Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Patricio Alejandro Hales Dib
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ACUERDOS DE COMITÉS Y PAREOS.
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EVENTUAL INTERVENCIÓN ELECTORAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EVENTUAL INTERVENCIÓN ELECTORAL.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECHAZO A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Duarte Leiva
- Pablo Lorenzini Basso
- Jorge Burgos Varela
- Adriana Munoz D'albora
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Paredes Fierro
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- German Becker Alvear
- Felipe Ward Edwards
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REESTRUCTURACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pablo Galilea Carrillo
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Cristian Monckeberg Bruner
- Roberto Delmastro Naso
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Antonio Kast Rist
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REGULACIÓN DE LA PRÁCTICA DE TATUAJES Y PIERCING.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Recondo Lavanderos
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Fernando Meza Moncada
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Guido Girardi Briere
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECHAZO A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.
- VII. INCIDENTES
- VOTACIÓN DE INFORME DE COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA.
- RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PSU.
- RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TALTAL. Oficios.
- DIFUSIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
- ALCANCE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ZONAS TURÍSTICAS DE LAS COMUNAS DE PANGUIPULLI Y FUTRONO.
- EVALUACIÓN DE SEGURIDAD EN BUSES DE PLAN TRANSANTIAGO. Oficio.
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- ALCANCES SOBRE EXPRESIONES DE PRESIDENTE VENEZOLANO RESPECTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, DON JOSÉ MIGUEL INSULZA.
-
EMISIÓN DE PAPEL MONEDA CON IMAGEN DE DON BERNARDO O’HIGGINS. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Olivares Zepeda
- ADHESION
- CAMBIO DE NOMBRE DE AVENIDA DE MELIPILLA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALDIVIA. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY N° 20.123, SOBRE REGULACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Raul Sunico Galdames
- Marcelo Diaz Diaz
- Gonzalo Duarte Leiva
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Manuel Monsalve Benavides
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ivan Paredes Fierro
- Jose Perez Arriagada
- Fulvio Rossi Ciocca
- Clemira Pacheco Rivas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Marcos Espinosa Monardes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Marcos Espinosa Monardes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Carlos Montes Cisternas
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Manuel Rojas Molina
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Nicolas Monckeberg Diaz
- German Verdugo Soto
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 116ª, en martes 9 de enero de 2007
(Ordinaria, de 11.04 a 14.34 horas)
Presidencia del señor Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Autorización a comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 11
- Permiso constitucional 11
- Acuerdos de Comités y pareos 11
- Réplica a alusión personal. (Artículo 34 del Reglamento) 12
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión especial investigadora sobre eventual intervención electoral 13
VI. Proyectos de acuerdo.
- Rechazo a expresiones del presidente de la república de Venezuela 40
- Reestructuración de la institucionalidad deportiva 43
- Regulación de la práctica de tatuajes y piercing 45
VII. Incidentes.
- Votación de informe de Comisión especial investigadora 47
- Resultados de la prueba de selección universitaria, PSU 48
- Reconstrucción de la iglesia de Taltal. Oficios 49
- Difusión del informe del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Oficios 50
- Alcance sobre construcción de centrales hidroeléctricas en zonas turísticas de las comunas de Panguipulli y Futrono 52
- Evaluación de seguridad en buses de plan Transantiago. Oficio 52
- Alcances sobre expresiones de presidente venezolano respecto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza 53
- Emisión de papel moneda con imagen de don Bernardo O’Higgins. Oficio 54
- Cambio de nombre de avenida de Melipilla. Oficios 54
- Información sobre autorización de uso de terrenos para ampliación de cementerio municipal de Valdivia. Oficios 55
- Fiscalización de cumplimiento de ley N° 20.123, sobre regulación de subcontratación. Oficios 56
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción. (boletín N° 4812-13) 59
2. Introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales. (boletín N° 4813-06) 68
3. Modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20. 087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral. (boletín N° 4814-13) 76
4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y a otros cuerpos legales. (boletín N° 4813-06) 85
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5. Concede amnistía en favor de personas que han infringido las disposiciones sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas. (boletín N° 4661-02) 85
6. Crea el Instituto de Propiedad Industrial y modifica otras disposiciones legales. (boletín N° 2469-03) 85
7. Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar. (boletín N° 4204-13) 86
8. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar. (boletín N° 4204-13) 89
9. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de Acuerdo entre Chile y Jamaica relativo a la supresión del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito el 9 de junio de 2006. (boletín N° 4736-10) 91
10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Ceroni, García y Ulloa, que establece una reforma constitucional que impide el traslado de un juez antes de completar dos años en su cargo. (boletín N° 4801-07) 93
11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Súnico; Díaz, don Marcelo; Duarte, Jarpa, Monsalve, Ortiz, Paredes, Pérez, Rossi, y de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, que autoriza la construcción de un monumento en memoria del ex alcalde de Talcahuano don Leocán Portus Govinden. (boletín N° 4802-24) 93
Pág.
12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal, Encina; y Espinosa, don Marcos, que modifica la ley N° 19.496, asegurando a los consumidores la exención de pago por interrupciones que indica, en los servicios de energía eléctrica. (boletín N° 4803-03) 95
13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal, Encina; y Espinosa, don Marcos, que crea un sistema de registro de compraventa de metales no ferrosos. (boletín N° 4804-08) 96
14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca; Espinoza, don Fidel; García, Insunza, Montes, Uriarte, y de la diputada señora Nogueira, don Claudia, que modifica disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto de otorgar mayor transparencia a la administración de condominios y participación en ella de sus copropietarios. (boletín N° 4805-14) 100
15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Galilea; Monckeberg, don Nicolás; Rojas, y Ulloa, que modifica la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, con el objeto de precisar la oportunidad en que se podrá rendir la prueba de absolución de posiciones. (boletín N° 4806-07) 101
16. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Galilea, Martínez; Monckeberg, don Nicolás; Verdugo, y de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de inhabilitar a jueces de policía local que tengan militancia política partidista, para conocer de infracciones relacionadas con la propaganda electoral. (boletín N° 4807-06 103
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones.
- Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual informa que presidirá la delegación oficial que representará al Estado de Chile en la ceremonia de cambio de mando Presidencial en la República de Nicaragua , entre los días 9 y 11 de enero en curso.
- Del Diputado señor Hales quien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días a contar del 25 de enero en curso, para dirigirse a los Estados Unidos.
2. Oficios
- De la Comisión de Salud por el cual solicita autorización para realizar una sesión especial, simultáneamente con la Sala el día jueves 11 de enero en curso, de 12 a 13,30 horas, con el objeto de recibir a una delegación de la Universidad de Harvard.
- De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, facultada por la Sala para recopilar antecedentes sobre el impacto de la acuicultura en diversos ámbitos, por el cual solicita el consentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 11 de enero en curso, de 11 a 14 horas para la elaboración del informe.
Contraloría General de la República:
- Diputado Meza, responsabilidad de la municipalidad de Loncoche en no funcionamiento de planta de aguas servidas.
- Diputada Turres, antecedentes de contratación del señor Patricio Morales Orellana, Jefe del Departamento de Actividad Física de Chile Deportes , Región de Los Lagos.
- Diputado Díaz, don Eduardo, presuntas irregularidades en Municipalidad de Freire.
- Diputado Delmastro, fiscalización a presuntas irregularidades de la empresa Ccgp Chile S.A., en la construcción de la cárcel de Valdivia.
- Diputado Estay, información respecto del llamado a concurso externo para llenar dos cargos administrativos en el INP de Victoria.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado Silber, información sobre carencia de proyectos de Sercotec para microempresarios de Til Til, Colina y Lampa.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Pacheco, información en formato digital de los contribuyentes morosos de los años 2005 y 2006, nivel nacional.
- Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, cambios en el funcionamiento adoptado por la Comercializadora de Trigo S.A., Cotrisa.
- Proyecto de Acuerdo N° 95, solicitud de condonación de intereses por atraso en el pago de contribuciones de bienes raíces. (05 ).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Mulet, restablecimiento de atención permanente del Servicio de Registro Civil e Identificación, ubicada en la localidad del El Tránsito, comuna Alto del Carmen, Tercera Región.
- Diputado Mulet, restablecimiento de atención permanente del Servicio de Registro Civil e Identificación y conexión en línea de éste en comuna de Freirina.
- Proyecto de Acuerdo N° 168, dictación de nueva normativa que haga efectiva el derecho a tener asesoramiento y defensa jurídica eficaz.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Silber, información sobre proyecto de asfaltado de camino que une Lampa y Til Til.
- Diputado Martínez, información sobre proyecto de construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en comuna El Carmen.
- Diputado Meza, insuficiente utilización de recursos asignados a la Región de La Araucanía. (reparación de los puentes Coliupulle y Añihuarraqui.
- Diputado Espinoza, don Fidel, construcción de segunda vía en camino que une aeropuerto el Tepual con Puerto Montt.
- Diputado Ortiz, información sobre obras en el Río Andalién.
- Diputado Egaña, información sobre ayuda gubernamental prometida a damnificados por temporales.
- Diputada Isasi, acerca de que la recuperación de la ruta 5 Norte es prioridad por sobre la ruta Huara-Colchane.
- Diputado Ulloa, reiteración de petición de traslado de plaza de peaje Chaimávida.
- Diputado Urrutia, solicitud se incorporen diversos proyectos en plan de obras públicas de la provincia de Cauquenes.
- Diputado Arenas, información sobre el proyecto de construcción de sistema de riego en la comuna de Victoria.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Proyecto de Acuerdo N° 224, 228 y 237, solicitud de envío a tramitación un proyecto de ley que elimine el 7% de cotización de salud que deben efectuar los pensionados.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami, Gumucio Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, el ministro de Justicia , señor Isidro Solís, y el ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Osvaldo Andrade.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Gabriel Ascencio.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.04 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 111ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 112ª, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 11 de enero en curso, de 12.00 a 13.30 horas, con el objeto de recibir a una delegación de estudiantes de posgrado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Asimismo, solicito el asentimiento de la Sala para aprobar la petición de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, facultada por la Sala para recopilar antecedentes sobre el impacto de la acuicultura en diversos ámbitos, de sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 11 de enero en curso, de 11.00 a 14.00 horas, con el objeto de elaborar su informe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el permiso constitucional solicitado por el diputado Patricio Hales para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 25 de enero en curso, a fin de dirigirse a los Estados Unidos de América.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE COMITÉS Y PAREOS.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario va a dar a conocer los acuerdos adoptados por los Comités parlamentarios, en reunión celebrada hoy, y los pareos registrados en Secretaría.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los Jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Leal, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Remitir a la Comisión de Agricultura, una vez que sea evacuado el segundo informe de la Comisión de Salud, el proyecto de ley que regula la rotulación de bebidas alcohólicas.
2. Rendir los siguientes homenajes:
a) Al ex diputado don Enrique Edwards, el miércoles 17 del presente.
b) A la poetisa Gabriela Mistral, el miércoles 24 de enero, y
c) Al ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, el miércoles 7 de marzo.
Se han registrado los siguientes pareos en la Secretaría de la Corporación:
Del diputado Renán Fuentealba con el diputado Rodrigo Álvarez y del diputado Juan Bustos con el diputado Roberto Delmastro.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Artículo 34 del Reglamento).
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En conformidad al artículo 34 del Reglamento, la diputada señora Isabel Allende me ha pedido que le conceda la palabra, porque su padre habría sido aludido injustamente en declaraciones vertidas por el presidente de Venezuela.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en efecto, he solicitado hacer uso de la palabra porque, tal como ocurriría con cualquier colega, he sido ingratamente sorprendida por las declaraciones formuladas por el presidente de Venezuela , Hugo Chávez , en las cuales ofende al Secretario General de la Organización de Estados Americanos , OEA, a mi juicio, en una forma difícil de calificar, tratándose de un primer mandatario.
Todos respetamos la libertad de expresión, y una de las funciones de la OEA es velar no sólo por el respeto de los derechos humanos, sino también por la libertad de expresión, pero la verdad es que todos hemos quedado sorprendidos con estas declaraciones, no sólo porque son injuriosas, sino que, además, porque aluden directamente al ex Presidente Allende , considerando sorpresiva la cercanía que habría tenido con José Miguel Insulza.
En primer lugar, rechazo categóricamente las declaraciones del presidente Hugo Chávez. Tengo entendido que la Cámara presentará un proyecto de acuerdo en tal sentido, el que -me imagino- será aprobado en forma unánime por la Sala, porque creo que lo menos que corresponde es rechazarlas. En segundo lugar, creo que no corresponde referirse al ex Presidente Allende y a su relación con José Miguel Insulza en los términos empleados por el presidente de Venezuela.
Por eso, he querido manifestar mi molestia por este tipo de declaraciones que, espero, no vuelvan a repetirse.
He dicho.
El señor DITTBORN.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, con todo el respeto que me merece la diputada Allende, creo que sus palabras se apartan absolutamente del Reglamento, porque no es ella la que ha sido aludida, sino su padre y el Secretario General de la OEA.
El Reglamento es claro al establecer que los diputados sólo pueden invocar el artículo 34 cuando han sido aludidos por la prensa, cuestión que en esta oportunidad no ha ocurrido.
Gracias, señor Presidente.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, yo puedo estar de acuerdo con lo manifestado por la diputada Isabel Allende...
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
¿Es cuestión de Reglamento, señor diputado ?
El señor MOREIRA.-
Sí, porque usted no ha respetado el Reglamento, señor Presidente ; así de simple. Lo único que quiero pedir es que la Mesa aplique el mismo criterio para todos.
No me refiero al fondo de lo expresado por la señora diputada, sino que la Mesa tenga el mismo criterio para todos los casos. Quiero pedir, con todo respeto, que no aplique la ley del embudo: lo ancho para la Concertación y lo angosto para nosotros.
Muchas gracias.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En todo caso, los Comités acordaron por unanimidad tratar un proyecto de acuerdo relacionado con las declaraciones hechas por el presidente de Venezuela.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , me gustaría conocer su opinión al respecto.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
A mí me pareció reglamentariamente atendible, aunque mi interpretación reglamentaria podría ser más laxa que la suya. Probablemente, un diputado de la UDI podría preguntarme si habría tenido el mismo criterio si su padre hubiera sido aludido injustamente.
A lo mejor, desde un punto de vista rigorista, fue un criterio equivocado, y pido disculpas por ello; sin embargo, desde el punto de vista humano, considero que es un criterio, no sé si loable, pero sí comprensible.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EVENTUAL INTERVENCIÓN ELECTORAL.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 1, de fecha 4 de abril de 2006, sobre “la eventual intervención electoral del Ejecutivo , sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias”.
Diputado informante es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 103ª, en 5 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por 30 minutos, el diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente , honorable Cámara, me corresponde informar sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
Tal como lo dijo el Presidente , el mandato a la Comisión se originó en un proyecto de acuerdo, de 4 de abril de 2006, que consistió en encargarle que investigara la posible utilización del Programa de Generación de Empleo con fines político-electorales.
El informe de mayoría fue aprobado esencialmente por diputados de la Concertación, y a pesar de los esfuerzos hechos para llegar a un informe de consenso, en una actitud armoniosa, la Comisión acordó que el informe de la Alianza, es decir, el de minoría, fuera anexado al informe que me corresponde entregar a la Sala, como un antecedente más, teniendo claro que el informe oficial es el que daré a conocer a continuación.
Son muchas las personas que fueron citadas a la Comisión, pero he considerado adecuado centrarme en las declaraciones que realmente nos permiten dar antecedentes más serios y que sirven de fundamento para las conclusiones que voy a dar a conocer.
Una de las declaraciones más reveladoras que consideró la Comisión fue la del alcalde de Quillota , señor Luis Mella , quien relató que, en el marco de la campaña electoral de 2005, específicamente el 6 de diciembre, recibió una llamada telefónica de un vecino de Quillota, que le informó que en un sector del cerro Mayaca , de Quillota, se estaban entregando cheques. Esto, por cierto, le causó extrañeza, y al día siguiente fue visitado por la persona que hizo el llamado, quien le exhibió uno de los cheques en cuestión, constatando el alcalde que había sido extendido por una suma idéntica al monto del sueldo que se pagaba en los PGE, esto es, la cantidad de 51.478 pesos.
Ante eso, el alcalde se contactó con el abogado de la municipalidad, con quien visitó a las dos personas que vivían en el cerro Mayaca que habían sido beneficiadas con los cheques señalados. Según su testimonio -afirmó el alcalde- se les había pagado por trabajos que no efectuaron.
Por otro lado, el alcalde menciona que tuvo acceso a uno de los contratos laborales, en el que se estipulaba que el servicio a prestar era de limpieza y desmalezamiento de varias calles de Quillota, en circunstancias de que como alcalde debería haber estar enterado de la prestación de tal servicio.
Luego de ese encuentro, el 7 de diciembre el alcalde se entrevistó con el fiscal del Ministerio Público, señor Pablo Bravo , quien le solicitó formalizar por escrito la denuncia de los hechos, trámite que el alcalde realizó, adjuntando el cheque mencionado y una fotocopia del contrato que había obtenido.
El alcalde dice claramente que en el escrito no hizo imputación de ningún delito en particular.
Respecto de los Programas de Generación de Empleo, el alcalde relata que el seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla , tenía la facultad de entregar los cupos de empleo directamente, sin requerir la aprobación de la gobernación ni de la municipalidad respectiva. Asevera que no había ningún Programa de Generación de Empleo en condiciones irregulares o en condiciones de mezclarse con algún tipo de campaña política.
El alcalde explica que en su dilatada experiencia ésta es la primera vez que se llevan a cabo Programas de Generación de Empleo sin conocimiento del municipio, al punto que se enteró con posterioridad a la ejecución de los mismos y que tenía total desinformación de dónde se llevaban a efecto dichos programas.
De toda esta situación informó al entonces intendente don Luis Guastavino , quien no manifestó ninguna reacción. Sin embargo, el 19 de diciembre, después de una conversación entre el intendente y el subsecretario del Interior de la época, don Jorge Correa , la máxima autoridad regional dispuso, por decreto, una investigación sumaria.
Con posterioridad, afirma que el fiscal de Quillota constató en terreno que los trabajos que supuestamente se estarían haciendo no se habían ejecutado, por lo que requisó las herramientas como una forma de probar los hechos denunciados.
¿Qué dice el alcalde respecto de los responsables de los Programas de Generación de Empleo? Dice que no tiene ninguna prueba de que el actual diputado señor Enríquez-Ominami haya estado directamente implicado en los hechos que se investigaron. Sólo sabe que gente de su comando sí participaba en ellos. Así, por lo demás, consta en el documento que entregó al fiscal.
Las personas que le exhibieron su contrato de trabajo manifestaron que don Luis Fernández no les había solicitado que votaran por el actual parlamentario, sino que trabajaran y hablaran bien de su persona.
En consecuencia, el alcalde afirma que no tiene ningún antecedente contra dicho diputado ni contra ningún otro.
Por su parte Víctor Huenufil , ex seremi de Gobierno de la Quinta Región, explicó el procedimiento que se utilizaba para los PGE, señalando que la intendencia tiene facultades para suscribir convenios con cualquier cartera ministerial, con el objeto de administrar los recursos de los Programas de Generación de Empleo, y que en 2001 se celebró un convenio entre la intendencia y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para hacer funcionar estos programas.
El 19 de octubre de 2001 el intendente don Raúl Allard creó el Comité ProEmpleo, con el objeto de administrar los recursos. Este comité era presidido por el intendente y contaba con un secretario ejecutivo, rol que cumplía en esa fecha el seremi del Trabajo y Previsión Social, señor José Manuel Mancilla. También conformaban dicho comité diversos secretarios regionales ministeriales: de Obras Públicas, de Economía, de Minería y Energía, de Vivienda y Urbanismo, etcétera.
El señor Huenufil dice que desde el año 2003 el seremi del Trabajo se hizo asesorar por el funcionario de la División de Desarrollo Regional, don Jaime Quiroz, con el objeto de administrar los PGE.
Los testimonios posteriores recogidos en la Comisión señalan que este comité jamás funcionó, y que, en definitiva, quien manejó todos los programas de empleo fue el entonces seremi del Trabajo junto con Jaime Quiroz.
Igualmente, informa que hubo una serie de irregularidades que determinaron que la Contraloría analizara los Programas de Generación de Empleo y que hubo diversas auditorías solicitadas por la Subsecretaría del Trabajo. A raíz de ellas, se aplicaron medidas estructurales o administrativas para mejorar la operatoria de los PGE.
Su declaración no menciona a ningún responsable de irregularidades en los PGE.
También tenemos la declaración del consejero regional por la provincia de Los Andes, señor Guillermo Hurtado.
Él dice que el informe que emitió la Contraloría a raíz de la investigación de los PGE tiene fecha 27 de julio de 2005 y que no se tuvo conocimiento de él durante mucho tiempo, porque se habría mantenido oculto.
A partir de ese informe, el fiscal del Ministerio Público, señor Torres, hizo una denuncia ante la justicia a fines de 2005.
El citado informe denuncia una serie de irregularidades, entre las cuales destaca que se contrataron particulares para los programas mediante trato directo, omitiéndose el acto administrativo que aprueba los respectivos convenios, y sin que previamente se haya dictado una resolución fundada que autorice esa modalidad excepcional.
Se agrega a las deficiencias anteriores la circunstancia de que el intendente suscribió convenios para los efectos indicados con sociedades de hecho, lo que representa un evidente riesgo para el interés fiscal, ya que tampoco se advierte que estos convenios hayan sido revisados por la asesoría jurídica.
Además, dice que la intendencia no exigió la presentación de garantías por parte de los ejecutores privados para el debido resguardo del interés público.
De su declaración, queda en evidencia una serie de irregularidades en la forma en que se contrataba a los actores que implementaban los PGE.
El consejero regional por la provincia de Valparaíso, señor Manuel Millones , afirma que la investigación que efectuó la Contraloría sobre los PGE arrojó como conclusión que se había arriesgado el patrimonio público, por la forma en que se contrataba y se implementaban los programas.
La Contraloría efectuó auditorías en todas las comunas con Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región.
Entre los documentos que acreditarían el uso de dichos programas con fines electorales se encuentra un correo electrónico enviado con fecha 29 de diciembre de 2005 por doña Jazmín Alfaro , secretaria del entonces seremi del Trabajo señor José Manuel Mancilla , que permitiría inferir que el Gobierno estaba informado de los cupos de empleo para utilizar en la campaña de 2005. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre el particular.
Afirma que existen suficientes testimonios para sostener que los PGE en la Región de Valparaíso y, en particular, en esa ciudad, fueron desviados a campañas políticas del bloque PS-PPD-PR, y que hasta la fecha no se ha sabido de personas que hayan trabajado en la campaña de algún parlamentario de la Democracia Cristiana.
En cuanto a lo sucedido en el cerro Mayaca , de Quillota, sostuvo que un grupo de personas contratadas en los PGE -alrededor de cincuenta- declaró no haber trabajado porque no les compraron las herramientas necesarias, pero que de todas formas se les pagó. Afirmó que una de ellas, de apellido Fernández , fue jefe de la campaña del diputado señor Enríquez-Ominami , pero no dio a conocer ningún antecedente que permitiera establecer algún tipo de responsabilidad de dicho parlamentario.
El ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , afirmó, en resumen, que en ningún momento los PGE se utilizaron para fines políticos ni menos para campañas parlamentarias, y que su relación con dirigentes políticos siempre fue fluida, pero en el sentido de que atendía sus preocupaciones en relación con las necesidades en materia de empleo de sus comunas, como se hace en todas partes del país.
Desmintió también la información de prensa según la cual se habían utilizado recursos de los PGE para financiar un circo con fines proselitistas, ya que esa actividad, según sostuvo, fue emprendida por algunos funcionarios públicos y pagada con fondos propios.
El ex intendente de la Quinta Región , señor Luis Guastavino , expresó que no le cabe la menor duda de que la administración de los Programas de Generación de Empleo ha adolecido de graves fallas, que en su calidad de intendente sólo pudo detectar cuando el sistema llevaba operando un buen tiempo. Dijo haberse enterado de la primera denuncia sobre la materia a raíz de la información que le proporcionó el alcalde de Quillota, don Luis Mella. Como consecuencia de ello, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para investigar lo sucedido y solicitó que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en la causa respectiva por fraude al fisco.
Agregó que los PGE estaban radicados en la seremía del Trabajo y que, en su calidad de intendente, debió firmar documentos varios relacionados con el tópico, pero que el ejecutor de los programas debe responder por la forma en que se realizaron.
Sostuvo que a medida que avanzaba la investigación, quedó de manifiesto que la seremía del Trabajo no podía seguir a cargo de los programas, máxime considerando que su titular, el mencionado señor Mancilla , había salido del servicio y aparecía como inculpado por la fiscalía.
Respecto de la responsabilidad de las diferentes autoridades que, de una u otra manera, estaban relacionadas con los PGE, afirmó que es pertinente recordar la jurisprudencia sentada por la Contraloría General de la República, que en 1961 dictaminó que es imposible exigir una absoluta prolijidad a ministros, intendentes, jefes de servicio, etcétera, en el sentido que encontrarse interiorizados del contenido de cada uno de los documentos que deben suscribir.
Insistió en que el seremi del Trabajo tenía plena libertad para actuar en materia de PGE y que, a su juicio, el control administrativo sobre ese funcionario recaía en el ministerio del ramo.
Por último, dijo que la justicia determinará si hubo responsabilidades penales en el manejo de los PGE, pero que, sin perjuicio de ello, no cabe duda de que funcionarios confeccionaron listas con personas que debían ser contratadas por razones de favoritismo político o de otra índole, a las cuales, en lugar de cumplir la función que les correspondía, en las elecciones pasadas les exigían trabajar en la campaña de un determinado candidato, procedimiento que, incuestionablemente, es inaceptable y condenable.
Compareció ante la Comisión el diputado señor Samuel Venegas , quien, a raíz de haber sido vinculado con la materia, en especial por algunos medios de comunicación, estimó necesario aclarar que no tiene nada que ver con los PGE y que jamás tuvo relación alguna con ellos.
Asimismo, concurrieron, entre otros, los senadores Baldo Prokurica , Antonio Horvath y Jorge Arancibia. El primero sostuvo que en la Octava Región los PGE fueron exagerados y que presentó querellas sobre el particular. El segundo denunció la forma como se trajo a chilenos desde Argentina con el objeto de que votaran en las mencionadas elecciones y anunció la presentación de las denuncias respectivas sobre el particular. El tercero sostuvo que, en relación con los PGE, presentó las respectivas querellas.
Asistieron, además, diferentes personeros, como el representante del Instituto Libertad y Desarrollo y abogados expertos en la materia, quienes dieron a conocer sus puntos de vista sobre la manera de mejorar los PGE.
Asimismo, concurrieron autoridades de Gobierno, como el subsecretario del Trabajo , señor Zarko Luksic , etcétera.
También se recibió la declaración del honorable diputado señor Jaime Mulet , quien, como se recordará, actuó como director ejecutivo de la campaña presidencial de la actual Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet. En la oportunidad, afirmó que, en su calidad de encargado de la campaña de la primera mandataria, responsabilidad que asumió en agosto de 2005 y terminó el 15 de enero de 2006, día de la segunda vuelta electoral, no visualizó ninguna situación que pareciera irregular en los equipos de trabajo que conformaban el comando de la abanderada de la Concertación.
Una de las declaraciones importantes la aportó el señor Hugo Meza , ex ejecutor de PGE en la Quinta Región , quien sostuvo que, a su juicio, fue utilizado como testaferro y engañado por el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región don José Manuel Mancilla y por el empresario señor Giuseppe Malatesta, con quien lo unió una amistad de doce años.
Agregó que su participación como ejecutor en los PGE se originó en el segundo semestre de 2005, cuando fue despedido de su trabajo en la empresa de combustibles Comar, oportunidad en la que el señor Malatesta le propuso postular como ejecutor de los aludidos programas de empleo, a lo cual accedió.
Aclaró que en octubre de 2005, el señor Malatesta y el entonces seremi del Trabajo lo citaron a una reunión para comunicarle que se había adjudicado el programa N° 246. En esa ocasión, el ex seremi le dijo que don Giuseppe Malatesta se haría cargo de “todo” porque era el verdadero ejecutor, pero que no podía tomar proyectos debido a que la Contraloría lo había objetado. Afirmó haber sido utilizado por Giuseppe Malatesta, quien manejaba todo. En suma, dado que el señor Malatesta se encontraba inhabilitado, el señor Hugo Meza aparecía a cargo desde el punto de vista legal.
Explicó que recién cuando estalló este asunto, a raíz de la denuncia hecha por el alcalde de Quillota don Luis Mella , se dio cuenta de lo que estaba pasando. Aclaró que hasta ese entonces se había limitado a firmar papeles y liquidaciones, de acuerdo con las instrucciones que le daba el señor Malatesta.
Sostuvo que tras la denuncia de dicho alcalde, el señor Malatesta lo integró a todas las reuniones, en las que Mancilla y aquél le especificaban lo que debía declarar ante la fiscalía. Aclaró que en esas reuniones también participaban los señores Lepe y Quiroz.
Afirma que en una de las reuniones en las que participó, junto a los señores Malatesta y Mancilla , se dijo que el señor Lepe era quien dirigía la marcha de los Programas de Generación de Empleo y que se habría ayudado a algunos parlamentarios con ellos. Menciona al diputado Marco Henríquez Ominami y Marco Antonio Núñez.
En definitiva, no aporta ningún antecedente que pueda probar efectivamente que ello fuese así.
Con posterioridad, explica que dentro de las distintas reuniones que tuvo a propósito de los Programas de Generación de Empleo, nunca, en todo caso, se reunió con un diputado o senador, ya fuera en el recinto del Congreso o en otro sitio. O sea, a pesar de haber explicado las menciones a algunos parlamentarios, afirma que jamás vio a ninguno de ellos en ningún tipo de reunión.
Por otra parte, tenemos la declaración del señor Giuseppe Malatesta, quien habría utilizado a don Hugo Meza. Explica, en el fondo, que nunca, a raíz de los Programas de Generación de Empleo, se reunió con algún parlamentario en la sede del Congreso o en otra parte, y que con don Hugo Meza eran socios.
La sociedad de hecho con don Hugo Meza tenía el siguiente modus operandi: la intendencia le daba un listado con las personas a las que debían contratar a plazo fijo y pagar su sueldo en el término estipulado.
Sólo se enteró de una eventual utilización de los dineros asignados a estos programas con fines de propaganda política cuando el alcalde de Quillota, don Luis Mella , hizo la denuncia pública sobre la materia. Fue entonces cuando recién se sintió “utilizado” por el señor Mancilla , aunque no en el sentido de contratar y pagar a activistas políticos, porque no le consta y jamás le planteó algo así. Nunca fue testigo de que alguno de los trabajadores incluidos en los Programas de Generación de Empleo a su cargo realizara actividades de tipo proselitista.
Explica que en una oportunidad tuvo que ir a Viña del Mar a efectuar un pago de los Programas de Generación de Empleo. Para tal efecto, la intendencia le proporcionó una lista de cien personas, las que, a su juicio, cumplieron realmente la labor para la que fueron contratadas.
El lugar designado para el pago fue La Casona. Ustedes saben, ?
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Señor Ceroni , le restan cuatro minutos del tiempo destinado al diputado informante.
El señor CERONI.-
No alcanzaría a terminar las conclusiones. Por lo menos, para ello necesito diez minutos más.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para prorrogar en diez minutos el tiempo destinado al diputado informante?
Acordado.
El señor CERONI.-
La Casona que se menciona sería sede de la candidata a la presidencia en aquel entonces, Michelle Bachelet , o del diputado Rodrigo González, lo cual es desmentido más adelante en una carta suya. En ella establece que en ese lugar, en definitiva, se encuentran diversas organizaciones, y que dentro de él está su oficina parlamentaria.
En todo caso, el señor Giuseppe Malatesta explicó que el pago a esas personas se materializó en una sala que hay al costado del inmueble principal, donde no advirtió la presencia de ningún político, y que el pago se realizó mediante cheques, por razones de seguridad.
Con estos antecedentes y otros que figuran en el informe escrito, la Comisión redactó sus conclusiones.
Queda claro que los hechos denunciados que dieron origen a la Comisión Investigadora ponen de relieve un conjunto de anomalías en la administración y ejecución de los Programas de Generación de Empleo; que ella, obviamente, tiene serios reparos acerca del comportamiento de algunos funcionarios públicos, cuyos casos han sido y son materia de investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República; que, a pesar de ello, la Comisión reconoce las iniciativas administrativas y judiciales que las autoridades gubernamentales, regionales y nacionales llevaron a cabo una vez conocidos los hechos; y que de las declaraciones escuchadas en el sentido que el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , habría utilizado las ventajas que le otorgaba el mal funcionamiento de los mecanismos de control de los planes de empleo y dada la confianza que en él depositó el intendente regional, se deduce que el ex seremi se habría aprovechado de ello, coordinándose con empresarios ejecutores de los proyectos y con otros actores políticos territoriales, como los señores Ricardo León y Edgardo Lepe , para que alguno de estos programas fueran destinados a labores distintas a las consideradas en los objetivos planteados en el decreto supremo N° l, de 2004, del Ministerio del Trabajo.
En definitiva, la Comisión ha arribado a la conclusión de que lo sucedido con los Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región se debe, en parte importante, a la falta de control y fiscalización en que incurrieron autoridades políticas de la intendencia y del gobierno regional, las que tenían la obligación de administrar estos asuntos con el cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
Por tal motivo, la Comisión atribuye responsabilidad política al intendente señor Luis Guastavino , amén de las administrativas que los órganos competentes le asignen.
La Comisión, sobre la base de la experiencia que entrega esta investigación, concluye que los parlamentarios de la Quinta Región deben tener especial cuidado y diligencia en la contratación de su personal, a fin de no verse afectados en irregularidades que puedan cometer.
La Comisión considera que, de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos del Programa de Generación de Empleo para contratar activistas políticos en algunas campañas parlamentarias, sin que se haya podido establecer, por la falta de antecedentes, carencia de medios y facultades de la Comisión, quienes son responsables o se vieron favorecidos con ello, por lo cual corresponde a la Contraloría General de la República y, en especial, a los tribunales de justicia determinar las responsabilidades personales que procedan.
Se deja constancia que en esta investigación no han sido mencionados parlamentarios de la Democracia Cristiana, ni tampoco involucrados en ningún tipo de irregularidades.
La Comisión, unánimemente, condena y deplora lo sucedido con los Programas de Generación de Empleos en la Quinta Región y solicita que se aplique el máximo rigor en el castigo de quienes resulten sindicados como culpables, especialmente si se trata de funcionarios públicos.
La Comisión hace un llamado a colaborar en la Quinta Región con la acción del Ministerio Público y de los tribunales, a los que compete esclarecer los hechos, determinar los delitos cometidos y procesar a los culpables, allegando antecedentes o poniéndose a su disposición, cualquiera sea su condición o fuero, de manera de agilizar la investigación y resolver a la mayor brevedad la situación procesal de los involucrados.
Hay una serie de propuestas para mejorar los Programas de Generación de Empleos, su metódica y procedimiento que pueden ser leídas.
En definitiva, la Comisión concluye que hay desvío de recursos a campañas parlamentarias, pero no hay ningún antecedente que permita inculpar o hacer responsable a algún parlamentario. En definitiva, la justicia tendrá que resolver las responsabilidades personales.
He dicho
.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar el extenso trabajo realizado por la Comisión a lo largo de treinta sesiones. Tuvimos la ocasión de recibir antecedentes y testimonios que nos permitieron avanzar en el tan difícil objetivo de acercarse a la verdad. Si bien valoro el clima y el consenso alcanzado en diversas materias, lamento que existieran otras evidentes motivaciones por parte de la Oposición que hicieron imposible, como le consta a todo el mundo y le constará hoy, presentar un informe apoyado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Investigadora.
Estoy convencido de que, como Cámara, perdimos una ocasión única de demostrar que es posible ser justos y rigurosos en el análisis sin que interfieran nuestras propias creencias o intereses.
Es importante también señalar que existe cierta información que no pudimos obtener por razones jurídicas. Esto rige tanto para el Consejo de Defensa del Estado, que se encuentra sujeto a una ley orgánica que le exige no entregar información sobre procesos en que intervenga, como para la investigación de la Fiscalía.
Nuestras conclusiones se basan en auditorías internas realizadas por la Subsecretaría del Trabajo y los informes de la Contraloría, además de antecedentes obtenidos por autoridades de la época y actuales, parlamentarios y diversas personas que los entregaron o rindieron testimonio.
En primer término, me referiré al modo de funcionamiento y administración de los programas de empleo.
Es evidente que existieron notables deficiencias en el manejo de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y administrados por la Intendencia, siendo el seremi del Trabajo una especie de secretario ejecutivo.
Pudimos constatar lo siguiente:
Falta de transparencia en la adjudicación de los proyectos; se priorizó el trato directo versus la licitación pública; no se evaluaron rigurosamente los antecedentes de los ejecutores, es decir, la idoneidad técnica y la solvencia económica, pues podían postular sociedades de hecho con el evidente eventual perjuicio fiscal; no se suscribieron los convenios pese a que se ejecutaron los proyectos; se traspasaron recursos de proyectos a contratistas, en circunstancias de que dichos proyectos ni siquiera estaban decretados en Santiago. En ocasiones, no se dictó resolución fundada respecto de tratos directos, que es un acto administrativo necesario, y muchos convenios no fueron revisados por la asesoría jurídica.
Además, no hubo control adecuado y seguimiento de la ejecución de los proyectos. Contribuyó a esto el hecho de que, desde 2002, los municipios no quisieron seguir a cargo de los proyectos, pues debían asumir los gastos relativos a su control, seguimiento en terreno y ejecución. La falta de control y de transparencia posibilitó que ocurrieran hechos graves como la suplantación de personas -en el caso de San Antonio eran reclusos- u obras que no se realizaron. Los recursos involucrados fueron importantes. Por ejemplo, el 2004, a Giuseppe Malatesta se transaron 462 millones de pesos, y a Fernando Valladares , 496 millones de pesos.
Cabe señalar que no se estableció el número de beneficiarios que el ejecutor se obligaba a incorporar en los proyectos. Tampoco se dispusieron los honorarios que debía cobrar el ejecutor. Hubo saldos que se gastaron en cosas ajenas. Todo esto motivó que no se les pagara a todos los trabajadores lo mismo.
¿Qué es lo más grave, a mi juicio, de todo esto? Que en 2003 hubo voces de alerta respecto de estas graves irregularidades, como la auditoría que efectuó ese año el Ministerio del Trabajo. Asimismo, el informe de la Contraloría, de 27 de julio del 2005, que ingresó a la intendencia el 15 de septiembre y que llegó a manos del intendente recién cuatro meses después. Es evidente la responsabilidad del intendente. Ahora, el responsable directo es quien, evidentemente, administró estos recursos: el ex seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla. La modalidad de contratación, la ejecución y el control financiero eran responsabilidad directa del intendente. Él delegó en el propio ejecutor la supervisión y el buen manejo del proyecto en terreno sin recurrir a otras instituciones públicas, a través del establecimiento de convenios de colaboración. José Manuel Mancilla -reitero- era, en la práctica, el administrador de estos recursos. Existen antecedentes de reuniones entre el señor Mancilla con los contratistas Malatesta y Hugo Meza , en las cuales habría participado también Edgardo Lepe.
Malatesta y Avendaño , además, habrían ejecutado programas de generación de empleo en Viña del Mar. Del mismo modo, Luis Fernández habría oficiado de capataz de proyectos desarrollados en Quillota.
El 30 de septiembre de 2004, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la intendencia le hizo ver al seremi de Gobierno Interior de la época, señor Víctor Huenufil , las deficiencias e irregularidades que existían. Éste era una especie de caja pagadora de los programas de empleo.
Respecto de la utilización de fondos de los programas de empleo para financiar actividades políticas, hay muchas declaraciones de alcaldes, de consejeros regionales y de contratistas en el sentido de que se usaron recursos en las campañas. De esas declaraciones me he formado la opinión de que el ex seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla , aprovechando la falta de control y la serie de deficiencias administrativas respecto de los PGE, se coordinó con ejecutores de proyectos, como los señores Meza y Malatesta -según el señor Meza , él sólo era el “palo blanco” del señor Malatesta, lo cual habría sabido el ex seremi- y con otros actores políticos territoriales como los señores Ricardo León y Edgardo Lepe , concejal y ex presidente regional del PS de la Quinta Región , respectivamente-.
Existen antecedentes aportados a la Comisión que indican que activistas políticos se habrían desempeñado como capataces de la ejecución de ciertos proyectos. Sin embargo, no hay ningún testimonio -ni siquiera de los senadores Arancibia y Romero , o del alcalde Mella - que señale que ex candidatos al Congreso tuvieran participación o hubiesen estado enterados de estos hechos. Sin duda alguna, las eventuales responsabilidades penales individuales deberán ser establecidas por la justicia.
¿Hubo mal uso de recursos públicos en campañas políticas? Me he formado la convicción de que sí. Si hubo parlamentarios implicados, no se desprende de los antecedentes que tenemos. La Comisión recomienda que todo parlamentario debe tener especial cuidado y diligencia en la contratación de su personal, a fin de no verse afectado por irregularidades o ilícitos que estos pudieran cometer.
Finalmente, me llama profundamente la atención de que hoy la Oposición llegue a conclusiones y haga afirmaciones que nunca se hicieron en la Comisión. No lo digo con el ánimo de ofender a nadie, sino sólo de ser riguroso y no basar conclusiones en el “creí que” o “pensé que”, porque eso no dice relación con la función que debemos desempeñar como Comisión Investigadora.
Digo esto, porque frente a la pregunta que se le hizo a los senadores Romero y Arancibia y al alcalde Mella -estoy hablando con los antecedentes que tuvo en vista la Comisión, no con los del fiscal del Ministerio Público-, en el sentido de que si sospechaban o tenían algún antecedente que involucrara directamente la participación de parlamentarios o de candidatos al Congreso en estos hechos ilícitos, ellos dijeron que no. Por eso, lamento que, a pesar del reconocimiento de que hubo traspaso de recursos públicos para financiar campañas políticas, no hayamos arribado a un informe unánime, lo cual habría contribuido a prestigiar más la labor del Congreso y también la eficiencia de las Comisiones Investigadoras.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , un distinguido ex presidente de la República dijo que Chile no es un país corrupto. Esa afirmación es una verdad a medias y, como toda verdad a medias, esconde una parte de la realidad. Y, como toda verdad a medias, es también una mentira a medias.
Es efectivo que Chile, de acuerdo con los estándares internacionales, todavía se mantiene en lugares relativamente bien ubicados en lo que se refiere a la corrupción. Pero hay señales clarísimas, indiscutibles, de que vamos por un muy mal camino, por un mal rumbo.
No tenemos tiempo, en esta ocasión, para analizar las declaraciones de destacados dirigentes de la Concertación, los señores Arriagada , Boeninger , Schaulsohn , Martner y otros, que han reconocido un mal manejo, un manejo abusivo delictual, incluso, de recursos públicos. Pero, es importante llamar la atención sobre este aspecto. Estamos viviendo un momento decisivo, crucial. Y, cuando uso la expresión “crucial” no es por mera retórica. Si no somos capaces de cambiar el rumbo, el sentido en que vamos, terminaremos mal. La descomposición en el manejo del aparato del Gobierno siempre termina mal y, finalmente, quien se perjudica es la democracia, es nuestro sistema político. En consecuencia, debemos luchar contra la corrupción con todas nuestras energías y convicción. Lamentablemente, la Concertación ha dado muchas muestras de que no oye lo que se le dice.
Hace aproximadamente nueve años, cuando hablábamos de economía y advertíamos que íbamos por mal rumbo -todavía nos mantenemos en primera línea en América Latina-, se nos decía que lo único que queríamos era crear un ambiente de odiosidad y causar problemas al país, y que la economía estaba muy bien. Pues bien, han pasado nueve años y este país, que era la estrella, en 2006 fue la octava economía de Latinoamérica con mayor crecimiento. Siempre habíamos sido los primeros en los últimos años. Por eso, amparándose nuevamente en las cifras que nos informan las mediciones internacionales, sostienen que en Chile no hay corrupción, que no somos corruptos. Efectivamente, todavía no hemos llegado a un nivel de descomposición que nos permita decir que Chile es un país corrupto. Pero es indiscutible que si seguimos avanzando en esta línea, vamos a terminar mal. Por eso, insisto, hay que enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción.
En cuanto al informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Intervención Electoral, hemos llegado a la incuestionable conclusión, después de recoger numerosísimas declaraciones de una enorme cantidad de personas que tuvieron participación en los hechos, que hubo delitos de malversación de caudales públicos, de fraude y de negociación incompatible. Conscientes de que esto no es materia de nuestro análisis, pero habiendo arribado a conclusiones tan determinantes, hemos sido extremadamente cuidadosos al consignarlas en nuestro informe. Lamento mucho que no hayamos concordado en ellas con los diputados de la Concertación.
Se ha dicho mucho que nosotros acusamos de manera irresponsable. No es así. Los antecedentes y los hechos descritos, suficientemente acreditados, conforman un sistema ilegal e indebido de aprovechamiento de fondos públicos para campañas electorales. En razón de que hemos sido extremadamente cuidadosos con nuestros colegas, a ninguno hemos acusado y no tenemos antecedentes para hacerlos responsables, pero sí dijimos que, conforme a los antecedentes recibidos y dada la relación que había entre las personas acusadas, muchas de las cuales están formalizadas por la justicia, “no puede descartarse que, a lo menos, algún conocimiento tuvieron de las irregularidades acreditadas”. A este punto queríamos llegar; nada más. Como pueden ver, no hay acusación, y no la hay, porque no podemos hacerlo y porque la Comisión no es un tribunal.
El informe de mayoría concluye: “Esta Comisión considera que, de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos…”. Decir que “se puede presumir”, es lo mismo que nada. Las conclusiones son contundentes: hubo desvío de fondos, hubo aprovechamiento de fondos que estaban destinados a un objetivo social en favor de campañas políticas. Y eso es intolerable e inaceptable, además de ser ilegal y, probablemente, delictual.
Por eso, nos molesta no haber logrado acuerdo. Y no se logró, porque el ministro del Interior , don Belisario Velasco , interfirió en las labores de esta Cámara de Diputados. El señor Velasco , abusando de su posición, influyó en los diputados de la bancada democratacristiana, impidiéndoles concordar con nosotros la redacción final del texto de las conclusiones. Habíamos avanzado bastante. Sin embargo, el llamado del ministro del Interior , interfiriendo nuestras atribuciones exclusivas, impidió ese acuerdo de mayoría. Los diputados democratacristianos integrantes de la Comisión tuvieron la lealtad de reconocer que el ministro del Interior los había llamado.
Pero el informe de mayoría tiene un “caramelo”. Y ese caramelo, a pito de nada, nos endulza dejando constancia que ningún candidato a diputado de la Democracia Cristiana fue acusado en el proceso de investigación, contrariamente a lo que ocurrió con algunos candidatos de otros partidos de la Concertación. Eso fue lo que permitió que se llegara al informe de mayoría, que es completamente insuficiente.
El informe en debate no sirve de nada al señalar que “se puede presumir”. Existen antecedentes muy categóricos y la justicia ha avanzado enormemente en la investigación. Hay más de 15 personas formalizadas; otras, han tenido importante responsabilidad política en las campañas de algunos candidatos de la Concertación y, de esas personas, algunas concurrieron a la Comisión y prestaron lealmente su reconocimiento. Hubo testimonios elocuentes de personas que dijeron que se habían sentido usadas, que se habían aprovechado de sus nombres. Otras, en cambio, a pesar de responsabilidades, sencillamente eludieron comparecer ante la Comisión.
Por eso, la Concertación, como coalición gobernante, debe decidirse a enfrentar la corrupción. Y tuvo la ocasión de hacerlo, sumándose a nosotros, para que de manera unánime hubiésemos arribado a conclusiones serias, responsables y contundentes, sin hacer cargos gratuitos a ninguna persona, porque no es nuestro propósito ni es nuestra manera de trabajar. Lamentamos que no haya aprovechado esta oportunidad.
Llamo a la coalición de Gobierno a tomar en serio el tema; de lo contrario, vamos a terminar causando un grave perjuicio a nuestro sistema político-institucional.
Por lo tanto, con el mérito de lo expresado, pido a los diputados presentes en la Sala que concurran a votar en contra del informe de mayoría y a favor del de de minoría, que presentamos en la comisión investigadora.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , por el bien de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, no es del todo pertinente constituir comisiones investigadoras cuando los temas en revisión ya están en manos del Ministerio Público y se inician las formalizaciones en tribunales. Estas instancias son mucho más rápidas y cuentan con mayores antecedentes que les permiten realizar una labor más efectiva que la nuestra, dado que muchas personas invitadas a las comisiones a entregar su testimonio no asisten, pues podrían afectarse sus procesos judiciales. Las comisiones investigadoras se justifican en la medida en que aportan a la evaluación y a la solución de problemas de interés social. Cuando ellas interfieren o se superponen a la acción de la Justicia, no se dispone de las condiciones básicas para ser bien escuchadas y entendidas como tales.
En todo caso, la Comisión Especial Investigadora sobre Intervención Electoral, presidida de manera muy adecuada, ponderada y objetiva por el diputado de Renovación Nacional , señor Francisco Chahuán , trabajó con seriedad y profesionalismo en la investigación de los hechos denunciados.
En la Comisión se concluyeron cuatro aspectos fundamentales, que me permiten discrepar de lo planteado por el diputado Eluchans.
En primer lugar, se concluyó que:
a) Las irregularidades existieron;
b) Se traspasaron recursos de los Programas de Generación de Empleo para financiar activistas de algunas campañas parlamentarias de la Quinta Región y que, en ningún caso, para la presidencial, como consta de los antecedentes recopilados en la Comisión;
c) Están involucrados ex funcionarios públicos y algunos militantes del bloque PS-PPD que perdieron el norte y sus principios en dichas acciones, y
d) Ellos están siendo formalizados por el Ministerio Público.
Esta situación debe ser reprochada por todos, pues, desde el punto de vista ético, se dañó a los más necesitados porque se usaron recursos destinados a los desempleados de la Región de Valparaíso, lo que expresa una profunda falta moral de quienes las realizaron, los cuales no merecen llamarse militantes de la Concertación, debido a que ésta nació para dar grandes luchas por la democracia, la equidad y la justicia. La Concertación no nació para hacer prácticas reñidas con la ética por la mera conveniencia electoral partidista.
Por ello, insisto en que las personas que participaron en esos hechos no merecen pertenecer a la Concertación, pues han dañado sus principios, sus valores y sus convicciones.
La Concertación está representada por quienes reprueban hechos ilícitos que comprometen el buen nombre de todos nosotros. Eso es inaceptable, porque lo que esperamos que en éste y en cualquier caso que se presente, siempre se aplicarán las sanciones que corresponden. Debe hacerse un juicio político, que es independiente del juicio legal.
Asimismo, también debo lamentar que, a pesar de los esfuerzos del Presidente de la Comisión , el diputado Francisco Chahuán , y de varios de nosotros por aprobar un informe único, no se haya logrado ese propósito debido a los típicos fines políticos y mediáticos de muchos representantes de la derecha, quienes insistieron en aprobar un texto con sus propias conclusiones y propuestas, el que, aparte de tener problemas conceptuales graves, hace afirmaciones falsas y temerarias, con generalizaciones respecto de situaciones puntuales y con especulaciones carentes de sustento real, que sólo obedecen a un afán de denostar, simplificar y acomodar a su conveniencia política la situación analizada, con lo que perdió, lo que lamento, la oportunidad de mostrar objetividad.
El informe presentado por el diputado Ceroni reconoce claramente hechos y actitudes irregulares de desvío de recursos de los Programas de Generación de Empleos para fines electorales, lo cual incluso ha sido reconocido por un editorial de “E1 Mercurio”, medio de comunicación que, como todos sabemos, no es de la Concertación ni le interesa el éxito de ésta.
Por ello, insisto en que la Derecha ha perdido la oportunidad de actuar con altura de miras. Se pudo haber aprobado sólo un texto de conclusiones, para lo que había que diferenciar hechos de evaluaciones políticas. No quisieron actuar de ese modo. Un problema grande no se enfrenta con miradas pequeñas.
Sin embargo, como militante de la Democracia Cristiana y como un firme defensor de la Concertación y de su obra, debo expresar también mi pesar y mi preocupación, pues la Concertación ha sido una alianza política buena para Chile y para su gente, por lo cual deben existir lealtades, confianzas y normas éticas que orienten nuestro accionar. Esas confianzas y esas normas éticas no se pueden quebrar por un afán electoral de tener más parlamentarios de tal o cual fuerza política o el deseo de perjudicar a un socio, como la Democracia Cristiana. Si militantes de partidos políticos, algunos con responsabilidades directivas, que son socios en una alianza política que comparte un ideario que aún tiene desafíos importantes para hacer de Chile un país más justo, solidario y humano, como la Concertación, se concertan o se organizan para perjudicar y destruir a otro socio con prácticas reñidas con la ética y los valores, es algo que no se puede hacer, pues se dañan las confianzas. Está demostrado en el mundo que el inicio de la decadencia lo producen el oportunismo y el relativismo político, que permiten transar las convicciones por las conveniencias personales y partidarias.
Algo de esto se vivió como germen en algunos distritos de la Región de Valparaíso, donde ciertos militantes del PS y del PPD perdieron el norte y realizaron acciones específicas para perjudicar a algunos aliados del pacto. Esas acciones repudiables, que son expresión de la pequeña política, han sido ejecutadas por individuos inescrupulosos y poco éticos, que nunca debieron haber entrado a la política ni menos a militar en partidos políticos de la Concertación con tradición histórica como el PS o el PPD que nació para derrotar a la dictadura. Es por ello que no considero a esos individuos como verdaderos militantes de partidos políticos de la Concertación ni han merecido serlo, pues las prácticas que parecen haber realizado no son éticas ni responden a ningún principio humanista progresista, sino que sólo a las conveniencias. Esas prácticas de algunos individuos nunca más deben volver a repetirse por el bien del país, de la política, de Concertación y de nuestros partidos.
Ciertamente que los pocos que ejecutaron esos hechos adolecen, además de los temas éticos y valóricos que he señalado, de miopía política, pues con su accionar sembraron un manto de dudas sobre la legitimidad de los procesos eleccionarios, lo que resulta absolutamente inconveniente. Tampoco deben pensar que de esa forma han obtenido un dividendo político, pues están muy lejos de la realidad, ya que sólo han hecho un gran daño a la política y a todos los políticos, puesto que la opinión pública, como lo señalan las recientes encuestas conocidas por todos, hace generalizaciones de que todos los políticos son ladrones y corruptos, lo cual es muy injusto y malo para todo el sistema político y para el país, pues no querrán incorporarse a la política elementos nuevos y buenos, lo que se transformará en una oda a la mediocridad en todos los partidos políticos.
Por ello, junto con sancionar a los implicados, que lo hará la justicia como corresponde, es necesaria la máxima responsabilidad y precisión al momento de realizar denuncias y acusaciones, pues las generalizaciones sólo aportan desprestigio a las instituciones, lo que no debe suceder, porque se deteriora la calidad de la política y de la democracia.
La Derecha también debe entender el peligro que implica intentar sacar dividendos políticos menores al insistir en generalizaciones en materia de corrupción que nos enlodan a todos. No hay ningún problema en identificar, transparentar, limpiar lo realmente malo que puede haber en diferentes partes, pero no podemos dañar a toda la institucionalidad política por hechos que tienen responsables individuales. Las generalizaciones son siempre malas. No todos los militares violaron los derechos humanos, pero costó mucho romper esa imagen respecto de la institucionalidad del Ejército.
Creo y estoy en política por principios, por valores, por convicciones que nunca se transan frente a las conveniencias, por lo cual es necesario que cada uno de nosotros ponga el máximo de energía y dedicación en el reclutamiento de nuestros colaboradores. Debemos ser especialmente responsables en esa tarea, pues el accionar de nuestros colaboradores es la proyección de nuestro actuar a los ojos de la gente; cuando ellos fallan, también fallamos nosotros, porque ellos están ahí por nuestras decisiones. Ésa debe ser parte de nuestra responsabilidad como actores políticos en el ejercicio de nuestros cargos, pues no resulta sostenible que la victoria seas del jefe y los errores del subalterno. La responsabilidad penal por los errores del subalterno o colaborador no es nuestra, pero sí lo es desde el punto de vista moral.
Por ello, convoquemos a personas que dignifiquen la política y no la ensucien, pues todos los países, también Chile, necesitan de una gran política. Eso espera la gente de nosotros; no espera abusos ni mal usos del poder. Por eso tenemos que volver a recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en la política. Chile está esperando que la Concertación y la Alianza practiquen una mejor política, con principios serios y responsables.
Para quienes estamos en la gran política, siempre existen oportunidades y también se pueden sacar lecciones de esos hechos, entre las cuales podemos señalar algunas que nos parecen fundamentales:
a) Mayor preocupación y responsabilidad de los partidos y de nosotros, los candidatos, respecto del accionar de los colaboradores, militantes y personas que participan en nuestras campañas;
b) Empadronamiento de nuestros promotores o activistas durante la campaña;
c) Asumir el pago de esos colaboradores como la ley lo establece;
d) No contratar o contactar matones o maleantes para proteger propaganda, pues con ello sólo se pone en riesgo la integridad física de quienes trabajan en las diferentes campañas;
e) No romper la propaganda entre candidatos, pues nos denigramos como políticos al dar una pésima señal a la comunidad, y
f) Necesitamos liderazgos capaces de motivar y de seducir al electorado sobre la base de principios e ideas. Por ello, no debiera estar permitido que los parlamentarios y candidatos entreguen donaciones o erogaciones de ninguna índole a personas y organizaciones, pues ello sólo genera clientelismo político y es una especie de cohecho solapado, con cara de solidaridad y beneficencia que no es tal.
Éstos y otros temas podrán ser abordados en la modificación de la ley electoral, para el bien de nuestra democracia y de nuestro país. Debemos recuperar el sentido del Congreso Nacional como el espacio privilegiado de la República para las grandes discusiones y desafíos del desarrollo nacional en todos sus ámbitos. En ese sentido, debemos librarlo del clientelismo y de esta especie de “macroasistencialismo” para ganar el apoyo de la gente.
Es necesario llevar a cabo éstos y otros cambios. Podemos hacerlos. He sido parte de los que han construido la Concertación. Sé lo que ella es y la he defendido siempre. Para defenderla hay que preservar la ética que la mueve y la justifica. Ha llegado el momento de explicitar normas éticas, por todos compartidas, para actualizar la confianza. Es algo necesario que debemos emprender todos los líderes de la Concertación.
En cuanto a mi partido, la Democracia Cristiana, espero que sea el más activo, el más claro y el más decidido actor de este proceso. Por mi parte, no evalúo intenciones; simplemente constato hechos. Mi partido ha sido perjudicado por lo ocurrido, pero más perjudicada ha sido la Concertación y el país. Debemos asumir posiciones colectivas, como partido y como coalición. Aprendamos de los errores. No dejemos espacios para que actúen los que desacreditan la política. Lo digo muy claro: no se puede decir que existan partidos involucrados en los hechos acaecidos. No obstante, los partidos son responsables de lo que hagan de aquí hacia adelante. Sabemos lo que ha ocurrido, por tanto, la inacción a futuro sería complicidad. Estoy seguro de que nadie se quedará mirando el techo, pues somos capaces de actuar en política sobre la base de principios y convicciones que permitan construir un país más humano y más justo. Ése debiera ser nuestro norte. No dejemos que los miopes sean nuestros guías. Alguno habrá pensado que a través de este actuar se pueden conseguir ventajas políticas. Tal vez se logre por un tiempo, pero al final el político miope y el oportunista destruyen todo lo que tocan.
Quiero terminar señalando, categóricamente, que todos aquellos seudoconcertacionistas y malos militantes de partidos políticos con historia, que llevan a cabo prácticas poco éticas, no han sido, de verdad, ni merecen ser militantes de los partidos de la Concertación. Quienes formamos parte de ella nos unimos para una tarea ética por el bien de Chile y de su gente y en eso nunca debemos claudicar. El país aún necesita a esa Concertación que quiere un Chile más justo, más humano y más solidario. Ésta es la motivación que debemos tener como conglomerado político. Ojalá que quienes han perdido el norte y han perdido sus valores, se retiren voluntariamente de la Concertación. Si no quieren irse por su propia decisión, deberemos buscar los mecanismos para sacarlos, pues denigran la política, deterioran la democracia y perjudican a Chile.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , la democracia es el sistema político que mejor responde a la naturaleza del hombre, pero, a la vez, es el que exige mayores virtudes cívicas tanto a gobernantes como a gobernados. Por esta simple pero contundente razón, si la corrupción comienza a generalizarse, tarde o temprano la sociedad podría terminar cuestionando a fondo la legitimidad de su sistema de organización política, con todas las implicancias que ello tiene. Porque hay que defender la democracia, hay que defender la transparencia y la probidad en la gestión de los gastos públicos, particularmente de los que van destinados a los más pobres de los pobres y a los cesantes.
No pretendo sostener que la corrupción es un fenómeno que sólo habita en el ámbito público. De hecho, existen innumerables prácticas corruptas en el sector privado que, si bien también son graves, no son de la misma entidad que las cometidas en el sector público. La corrupción que tiene lugar en el ámbito privado puede ser controlada y castigada por el Estado. Pero, como se pregunta acertadamente un estudioso del tema, el señor Mariano Grondona : “Si los mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, o comienzan a ser infiltrados por la corrupción, ¿quién puede controlar o castigar al propio Estado?”.
La corrupción es un cáncer. Si no se extirpa a tiempo, se extiende por todo el cuerpo social y gesta una verdadera cultura de la corrupción, a la que los ciudadanos honestos terminan por sumarse, hastiados de las dificultades y desventajas que implica rechazar prácticas y hábitos que la mayoría asume y de las cuales profita. La experiencia enseña que cuando ello ocurre, se cruza un umbral de difícil retorno.
Con lo señalado he querido exponer mi pensamiento y reflejar el ánimo con que asumí la tarea de presidir la Comisión Investigadora: intentar poner freno a futuro a las vergonzosas irregularidades -la justicia determinará si constituyen delitos- que nos correspondió investigar. Para esos efectos la Comisión remitió todos los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a fin de que determinen si hubo ilícitos penales e irregularidades de tipo administrativo, de modo que los responsables sean sancionados.
Lamento que finalmente hayamos llegado a una discusión en la que sólo podemos pronunciarnos por una de las visiones, la de la mayoría, y que la otra se omita, se niegue y se esconda. No vamos a resolver el problema de la corrupción en Chile con criterios de mayoría versus los de minoría. La fórmula para hacerlo es poner la verdad por delante, con la honestidad como estandarte y, sobre todo, con total disposición a reconocer los hechos tal como ocurrieron, sin importar si los responsables son de nuestro partido político.
Cabe preguntarse por qué llegamos a este nivel de corruptela. Para responder, considero pertinente reproducir las expresiones del ex senador José Antonio Viera-Gallo , publicadas en “La Tercera” el 10 de noviembre último, con el cual encabezamos nuestro informe de minoría. En ella, el señor Viera-Gallo hace la siguiente afirmación: “¿Cómo se pudo producir un desfalco tan prolongado en el tiempo, que comprometiera a tanta gente? Muchos deben haber sabido antes y callaron: operadores de alta y de poca monta. Miraron para el techo por conveniencia, por miedo, por indolencia o por cálculo.”
Estas conductas no constituyen acciones aisladas, sino que conforman, de acuerdo con lo señalado por otro destacado personero de la Concertación, una verdadera cultura o ideología de la corrupción. Es así que el ex diputado y ex Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn , en entrevista publicada por “El Mercurio” el pasado 10 de diciembre, expresó: “Creo que se inventó una ideología para dar sustento y legitimidad a la utilización de los recursos públicos para fines políticos.”
La Comisión realizó un exhaustivo trabajo. La presunta utilización de recursos de los Programas de Generación de Empleo en campañas electorales fueron los hechos de mayor notoriedad en la investigación. Pero no debemos olvidar que también se investigaron otras formas de intervención electoral, sobre las cuales se debe profundizar. Entre ellas, cabe mencionar el caso de Chiledeportes, que a las semanas explotó públicamente; del Indap; del Sence ; de la contratación a honorarios en períodos electorales -de 2004 a 2005 hubo un aumento de contratación de 66 por ciento-, del traslado de electores desde Argentina -sobre el particular la Comisión envió antecedentes a la Contraloría General de la República-, y de los fondos sociales Presidente de la República. La Comisión recabó muchos antecedentes que confirman la existencia de una red articulada y extendida de personas y mecanismos que tendrían por finalidad intervenir, con fondos públicos, en los procesos electorales.
El proyecto enviado por el Gobierno sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política es el mejor reconocimiento de que los hechos que investigó la Comisión realmente se produjeron, ya que pretenden regular esas situaciones y conductas. Nadie puede pensar que el Gobierno califica de conductas prohibidas hechos que nunca ocurrieron. Desde la perspectiva de enfrentar la verdad y de proponer medidas para que no se repitan estos hechos, considero que la tarea de la Comisión se ha cumplido, más allá de las justificadas diferencias que existan entre la Alianza y la Concertación respecto del informe.
Finalmente, cabe destacar el reconocimiento público, categórico, audaz y valiente que hicieron algunos diputados de la Concertación, que reconocieron que hubo intervención electoral y desvío de fondos para las campañas políticas parlamentarias. Lamentablemente, creemos que ese reconocimiento categórico no se expresa en el informe de mayoría.
Me sentí particularmente honrado de presidir la Comisión sobre hechos tan sensibles en nuestra región, y fue esa misma responsabilidad la que me llevó a presentar un proyecto de acuerdo junto a otros parlamentarios de la Alianza por Chile.
Ahora depende de otros determinar si hubo irregularidades o ilícitos penales. Chile nos está mirando. De nosotros depende que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir y que haya probidad en la gestión de los recursos públicos.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El seño CERONI.-
Señor Presidente , a raíz de este tema y de las conclusiones de la comisión investigadora, debemos enorgullecernos por la forma en que se trabajó en ella, porque se hizo en forma muy armoniosa. Lamento no haber podido concluir en un informe unitario. Pero, tal como lo explicó el diputado Eluchans , lo que nos separó fue algo muy pequeño.
También quiero decir que el informe que presentamos hoy fue suscrito por los parlamentarios de la Concertación presentes en la ocasión, es decir, los señores Fuetealba , Meza , Quintana , Rossi , Súnico, Vallespín y quien habla, porque estamos convencidos de ello. El documento deja claro, en aras de la seriedad, que de los antecedentes se puede presumir el desvío de fondos de los Programas de Generación de Empleo hacia campañas parlamentarias.
Creo que ese reconocimiento es doloroso, porque estamos diciendo que es un desvío de fondos a campañas parlamentarias de la Concertación. Por lo tanto, aquí queda claro que nadie en la Concertación ha querido ocultar algo. Pienso que el país sabe eso. La conclusión de la Concertación es en aras de la verdad. Nadie pretende ocultar la verdad o que quede en un rincón.
Evidentemente, cuando se habla de presumir es porque la comisión investigadora no conoce todos los hechos como para ser categórica. Puede haber antecedentes en este capítulo que aún no se han terminado de analizar -porque está en manos de la justicia- y, a lo mejor, podría haber conclusiones diversas. Por eso, en aras de la seriedad, la conclusión es que se presume el desvío de fondos.
También en aras de la verdad, se deja constancia de algo que no es un dulce, como lo expresó el diputado Eluchans en relación a la Democracia Cristiana. Desde ningún punto de vista, como lo dijo él, es producto de la intervención del ministro del Interior , sino de los hechos. Incluso, el consejero regional señor Manuel Millones , de la provincia de Valparaíso, declaró que en el tema de los Programas de Generación de Empleo jamás se ha mencionado que se hayan beneficiado parlamentarios de la Democracia Cristiana.
Como consecuencia de querer expresar la verdad, uno concluye que en las campañas de la Democracia Cristiana, desde ningún punto de vista se presume que se haya podido utilizar algún recurso en forma irregular. La Democracia Cristiana no firmó el informe porque haya pensado que fuera un dulce. Firmarlo significa estar de acuerdo con él, porque había un compromiso de honor.
Es importante decir que éste no es un país corrupto. Cuando decimos que la política es corrupta todos nos estamos empañando. No acepto eso. No habito en un país corrupto ni soy un político corrupto, así como no conozco en esta Cámara a ningún parlamentario que lo sea. ¿Alguien que está acá conoce a alguno?
(Aplausos).
Más allá de lo que digan los medios de comunicación, quien más sabe esto es la propia ciudadanía y lo refleja en su votación. Si somos corruptos, no vota por nosotros en las elecciones.
Evidentemente, eso no significa que no haya actos de corrupción. Por supuesto que los hay. Mientras estemos entre seres humanos habrá corrupción no sólo en la política, sino en la empresa privada, en los negocios y donde sea. ¿Acaso no conocen los actos de corrupción en la empresa privada, los que perjudican a consumidores, a la ciudadanía entera cuando la estafan con los productos y con los precios? La corrupción y la inmoralidad están en todas partes. Lo importante es que en la política estamos tomando todas las medidas. Ahí están los proyectos de ley de la Presidenta Michelle Bachelet para evitar los actos de corrupción, y cada vez vamos a tomar más medidas, con el apoyo de la Alianza por Chile y de la Concertación.
También quiero decir que aparecen en tela de juicio parlamentarios del Partido Socialista y del PPD. Pero, antes de emitir cualquier opinión al respecto, prefiero que este capítulo termine, y será transparente y verdadero cuando la justicia dictamine. No caigamos en tirar piedras a las personas mientras no tengamos todos los antecedentes.
Soy abogado y tengo la formación de tal, así como muchos parlamentarios. Para mí, el principio de inocencia es fundamental, y mientras no se pruebe que alguien cometió hechos ilícitos, es inocente.
Espero que todos los parlamentarios que estén en situaciones complicadas salgan airosos del tema relacionado con el uso de los Programas de Generación de Empleo, que tanto dolor nos ha causado.
Creo que esto ha sido un final positivo de la comisión. Llamo a la Cámara a apoyar el informe. No porque haya otro que nos separe tan poco del otro vamos a votar en contra, porque significaría que estamos en contra de todo lo positivo del informe. A lo menos, ha sido suscrito por los parlamentarios de la Concertación. Por supuesto, tengo plena confianza que dichos parlamentarios son personas de honor, y si lo han suscrito, van a apoyarlo plenamente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente , nos corresponde hoy pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
Quiero iniciar mi intervención, y como una forma de reflejar la médula del trabajo de esta Comisión, leyendo un extracto de la respuesta del alcalde de Quillota , señor Luis Mella , al señor fiscal investigador de la Intendencia de la Quinta Regón y que se encuentra en el informe en la página 98, en su Anexo 1. Señala:
“El 7 de diciembre de 2005 se acercó a mí una persona cuya identidad desconozco, portando el cheque serie CM 3877765, del Banco del Estado de Chile, sucursal San Antonio N° 1360, de Viña del Mar Oriente, correspondiente a la cuenta corriente 23600042882, por la suma de $ 51.478.-, girado a la orden de doña Mercedes Calderón General, explicándome que tal cheque le fue pagado a esta señora por un trabajo que nunca ejecutó y a cambio del favor político de votar en las pasadas elecciones parlamentarias por el candidato a diputado del Distrito N° 10, hoy diputado , señor Marco Enríquez-Ominami Gumucio ”.
Ese hecho concreto, comprobable, avalado por un alcalde de la propia Concertación, que de acuerdo a lo que señala el diputado Jaime Mulet -en página 32 del informe- “es una persona seria y responsable” por lo que “su denuncia debe haberse fundado en antecedentes de carácter grave”, es un ejemplo entre cientos y tal vez miles de casos que dan cuerpo a la intervención electoral más desvergonzada y grotesca de que tengamos memoria.
Esto no es una conjetura, hipótesis o suposición; éste es un caso concreto, con una persona de carne y hueso.
La cantidad entregada a la señora Mercedes Calderón de $ 51.478 pesos era para otra persona y, por cierto, para otra cosa.
Estos casos se repiten en los diversos testimonios y antecedentes que recogió la Comisión, con precisión respecto de quienes recibieron y quienes hicieron los pagos y también de donde procedían los dineros utilizados.
A veces el despojo se realiza bajo otras modalidades pero en el fondo la misma estructura inmoral: “Fondos públicos destinados a los más necesitados de nuestro país son robados para ir a parar a campañas electorales”.
Estas denuncias motivaron esta Comisión, y hoy se encuentran acreditadas no sólo por la Comisión, sino mediante investigaciones judiciales y periodísticas.
Estos hechos han tenido suficiente difusión y no utilizaré mi restringido tiempo en abundar sobre ellos.
Me referiré eso sí a la inexplicable actitud de algunos diputados de la Concertación y a las conclusiones del informe de mayoría que resultan evidentemente insuficientes, a la luz de los hechos acreditados.
Las conclusiones del informe y en lo referido a los PGE señalan que: “Se puede concluir que en algunas comunas de la Quinta Región existió presuntamente un uso inadecuado de fondos públicos destinados a los PGE”.
Reitero “presuntamente un uso inadecuado de fondos públicos”.
También señala el informe que: “de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos de los PGE para contratar activistas políticos en algunas campañas parlamentarias, sin que se haya podido establecer quienes son responsables o se vieron favorecidos con ello”.
Sin embargo, y también en las conclusiones, se señala en forma categórica y sin titubeos que: “en esta investigación no han sido mencionados parlamentarios de la Democracia Cristiana, ni tampoco involucrados en ningún tipo de irregularidades”.
Entonces, por descarte, realizando un esfuerzo para comprender este laberinto, podemos señalar que:
1.- El desvío de fondos se produce principalmente en la Quinta Región;
2.- No favoreció a los candidatos de la Democracia Cristiana, a lo menos, en la Quinta Región, y
3.- Los operadores políticos que cometen las fechorías son jefes de campaña de determinadas y conocidas candidaturas.
¡Por favor! ¿Qué necesitan los diputados de la Concertación para dejar de presumir y afirmar que los desvíos de fondos favorecieron a los candidatos del Partido por la Democracia y del Partido Socialista?
¿Qué más de lo que todos hemos sabido?
Lo que falta no son sentencias judiciales ni mayores antecedentes; lo que se requiere es una pequeña cuota de coherencia, que les permitiría reconocer y concluir que los beneficiados fueron los entonces candidatos señores Marco Enríquez-Ominami , doña Laura Soto , Rodrigo González, Marco Antonio Núñez y Samuel Venegas. Y esto por simple deducción de lo señalado por ellos mismos, pero oblicuamente.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ?
Me señalan que el tiempo restante le corresponde al diputado René Manuel García. Por tanto, le pido redondear la idea.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Muy bien, señor Presidente.
¿Cuál es el problema de decirlo derechamente?
El diputado Fuentealba , miembro de la Comisión Investigadora, en la sesión del jueves pasado señaló que: “le resultaba imposible asumir que en estas actividades, impropias o contrarias a la probidad, esos funcionarios actuaran a nombre propio. Todos sabemos que nuestros secretarios actúan ejerciendo la influencia que les da su posición de tal, y en nuestra representación. A pesar de que las iniciativas que emprendieron en relación con el manejo de los Programas de Generación de Empleo sean personales, no tuvieron ningún control ni fiscalización por sus empleadores en el desempeño de sus tareas. Actuaron con total y plena autonomía, como merecedores de la confianza de sus jefes”. Continúa señalando el diputado Fuentealba : “me cuesta aceptar que los parlamentarios no supieron lo que hacían sus empleados; y eso no los exime del hecho de que debieron saber. Por consiguiente, los parlamentarios tampoco están exentos de responsabilidad política, pues no prestaron el debido cuidado y atención, ni fueron debidamente diligentes en orden a supervisar, fiscalizar y controlar los actos de sus empleados, toda vez que dichos actos, directa o indirectamente, los iban a comprometer”.
Hoy esos parlamentarios, que a través de sus funciones se vieron involucrados en acciones impropias relativas a los PGE, en que se desviaron recursos fiscales a campañas políticas, deben dar una explicación a las miles de personas modestas, a las que si estaban destinados los recursos. Esas modestas personas si necesitaban esos recursos y fueron despojadas de esos dineros que les correspondían y merecían.
Este informe, el de mayoría, es una expresión fiel de la “ideología de la corrupción”, esa que reconoce, ¡pero hasta ahí no más!, que nunca responsabiliza a nadie, que pretende dejar las cosas en una nebulosa que permita ocultar la verdad y a quienes asaltan la caja de los fondos públicos que son de todos los chilenos y preferentemente de los más humildes.
Sin embargo, el diputado Renán Fuentealba en intervención efectuada durante Incidentes en sesión realizada la semana pasada, nos señala que los parlamentarios beneficiados con estos desvíos de recursos hacia sus campañas no pueden estar exentos de responsabilidad política por no haber ejercido los suficientes controles, y deben darle una explicación a las personas modestas, a las que estaban destinados estos recursos.
Por eso, el informe de mayoría hay que rechazarlo por hipócrita y por consagrar un estado de podredumbre moral inaceptable.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , qué pena tener que intervenir en una sesión en que se confirma el mal uso de los recursos destinados a los chilenos más pobres; qué irritante resulta conocer, en los últimos días, declaraciones y testimonios de brigadistas y connotados dirigentes de partidos políticos de la Concertación, quienes dan a conocer cómo operaba el sistema para usar la plata de los cesantes; que desilusionante resulta confirmar que en la última campaña parlamentaria y presidencial se desviaron fondos públicos para ser utilizados en campañas políticas.
Después de conocerse el año pasado hechos de corrupción tan o más graves que los que motivaron esta Comisión, probablemente los chilenos hayan perdido su capacidad de asombro y no puedan aquilatar su gravedad.
Una intervención electoral pocas veces vista, desde el retorno a la democracia, que cobra particular relevancia si consideramos lo estrecho del resultado en las últimas dos elecciones y una utilización de los recursos de los chilenos más pobres, aquellos que viven el drama del desempleo, para campañas políticas.
Creo que es importante despejar si estas denuncias de irregularidades surgen de la Alianza o de la Concertación.
Usted, diputado Sule, tendrá que reconocer -como todos los otros diputados que están en esta Sala-, que todas estas denuncias surgen de ustedes mismos. ¿O acaso se olvida del escándalo de Correos de Chile, denunciado por Soledad Lazcar?, ¿De las indemnizaciones, denunciadas por Carlos Cruz , o de los gastos reservados, denunciados por Schaulsohn o Martner? ¿O la existencia de una pandilla o camorra, denunciada por el senador Flores?
Aquí no hay nada distinto. La denuncia proviene de un alcalde democratacristiano, cuya hermana perdía una elección parlamentaria.
Quiero detenerme en ese punto, porque lo natural sería valorar el gesto. Pero cabe preguntarse si estas denuncias se hacen por convicción. Claramente, no puedo juzgarlo, pero, evidentemente, le resta legitimidad, pero no credibilidad, porque se han confirmado los hechos de que se han llevado a cabo con fines electorales o después de derrotas internas.
Lo lamentable es cómo terminan dichas denuncias: con fotos donde aparecen todos sonriendo, tomados de las manos, ofreciendo integrar a los denunciantes a la directiva, o derechamente silenciándolos o expulsándolos.
Estimados colegas, digo esto a aquellos que quieren escucharme y dignificar la actividad política. Evitar que se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos con los fondos de los Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región, y otros hechos de corrupción, requieren voluntad política.
Por eso, es una pésima señal que en el Gobierno nadie asuma la responsabilidad por las irregularidades que se cometen. ¿O ustedes creen que es una señal clara a favor de la transparencia el que los funcionarios públicos se mantengan en sus puestos, aún cuando son denunciados por fraude al mismo Estado que dicen representar? ¿Es una señal clara a favor de la transparencia el que algunos diputados corran a retirar sus firmas de comisiones investigadoras porque los llama un ministro de Estado ? ¿Es una señal clara que el llamado del ministro del Interior cambie el contenido de una Comisión autónoma del Congreso Nacional, cuya función es investigar? ¿Es una señal clara y de transparencia que quienes aparecen implicados en estos hechos, por las declaraciones de sus propios brigadistas, puedan votar e incidir sobre un informe que les afecta?
Con una mano en el corazón, tendrán que reconocer y compartir conmigo que son pésimas señales; el resto, son sólo cuñas del segundo piso.
¡A mi Gobierno se entra y se sale con las manos limpias! ¡Pongo las manos al fuego porque en mi campaña no se utilizaron recursos del Estado! Y otras frases por el estilo.
Esas afirmaciones siempre han sido puestas en duda por ustedes mismos.
En la última sesión de la Comisión, el diputado Fernando Meza afirmó: “Hay cosas que aquí se han dicho que son indesmentibles. Ha habido intervención electoral y mal uso de los recursos públicos. En el fondo de nuestro corazón, todos estamos convencidos de que ha sido así.
Se ha dado un paso.
Un informe reconoce algo que hemos venido denunciado durante años: que existe y ha existido una tremenda intervención del Estado en las campañas políticas.
Pero, sabiendo esto, ¿por qué se han negado a legislar? Por una razón muy sencilla: porque otros diputados serían más beneficiados que ustedes en el financiamiento de sus campañas, cosa que Schaulsohn dice que no es así. Los empresarios apuestan a caballo ganador, porque sus campañas son mucho más millonarias que las nuestras.
¿Qué es lo que está en juego en todo esto, queridos colegas de la Concertación, que se ríen con las frases del ex diputado y ex presidente del PPD , Jorge Schaulsohn ? Ni más ni menos que la legitimidad de nuestra democracia y la calidad de los servidores públicos. Es lógico que se discuta la legitimidad de las elecciones y la representatividad de quienes son elegidos en estas condiciones, porque intervenciones electorales como la efectuada durante las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias afectan las reglas del juego en una democracia.
Pero no quiero entrar en la discusión un tanto mezquina, en cuanto a que si no hubiera mediado esta intervención los beneficiados habrían obtenido más o menos votos o habrían sido o no electos. Lo verdaderamente grave es que para algunos el fin sigue justificando los medios.
Queridos colegas, mantener el poder y conservar las mayorías, ¿justifica la utilización de dineros que están destinados a los chilenos más pobres y que sufren el drama del desempleo? Claramente, no; menos aún cuando han sido los propios gobiernos de la Concertación, con su demagogia laboral también en períodos de elecciones, los que han aprobado normas que han condenado a miles de chilenos a sufrir los efectos de un desempleo crónico. Comparto plenamente lo afirmado por el diputado Tarud en El Mercurio de Valparaíso: “Ya basta; las campañas hay que ganarlas sin recursos del Estado.”.
Escuchemos lo que han dicho públicamente los propios diputados de la Concertación, integrantes de la Comisión.
Nuestro amigo, el diputado Fulvio Rossi , declaró públicamente que hubo, efectivamente, uso de platas públicas que, en vez de ir a los PGE, fueron a campañas parlamentarias. ¿A cuáles campañas parlamentarias se refería nuestro amigo, el diputado Rossi ? No lo sabemos, pues el informe de mayoría no determinó responsables políticos.
El diputado Patricio Vallespín afirmó: “Hubo traspaso de recursos en los programas de empleo para financiar activistas políticos que participaron en el ámbito de las campañas parlamentarias.”. Eso está muy bien espectrado. ¿A qué campañas parlamentarias se refería el diputado Vallespín ? No lo podemos saber porque el Gobierno impidió que figuraran en el informe los nombres de los beneficiados.
El actual subsecretario del Trabajo , Zarko Luksic , dice que es injustificable e impresentable que los recursos destinados a programas destinados a servir a la gente más pobre de Chile y con dificultades para acceder al mercado laboral fueran empleados en campañas parlamentarias. ¿A cuáles campañas parlamentarias se refiere el subsecretario del Trabajo? Reitero, el informe de mayoría no lo consigna; se reconoce que hay desvío de fondos públicos hacia campañas políticas pero, paradójicamente, todo el país, menos el Gobierno y algunos diputados de la Concertación, saben a cuáles.
¿No es razonable, entonces, lo que prudentemente señala el informe de minoría, en el sentido de que no se puede descartar el conocimiento de los parlamentarios de la Quinta Región investigados por estos hechos, menos aun cuando la justicia avanza aceleradamente y todos los días recaba testimonios y arriba a conclusiones muy importantes en la investigación? Hay cerca de quince formalizados, entre ex seremis, concejales, jefes de campaña y diputados. Sin embargo, la Cámara concluye que no es posible determinar la responsabilidad política de quienes se vieron beneficiados con estos planes. Da pena hablar de estos temas; da pena escuchar los testimonios de personas modestas que fueron en busca de empleo y que fueron, lamentablemente, utilizadas.
Andrés Rojas, un obrero de Calle Larga. ¿Qué dice cuando lo interroga la Policía de Investigaciones? “Me pidieron colocar y sacar palomas de propaganda de Michelle Bachelet y del doctor.”.
Verónica Puebla reconoce haber firmado un contrato para un supuesto empleador, Hugo Meza , que nunca se presentó ante ella, empezando esa misma tarde a repartir los volantes de propaganda política para la señora Michelle Bachelet y para el doctor.
La temporera Rosario Muñoz dice que el presidente político del comando de Michelle Bachelet y del doctor le habían ofrecido trabajar en un puerta a puerta, repartiendo volantes y haciendo propaganda a la candidata.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que no hay responsables políticos en estos casos?
Quiero terminar reflexionando respecto de dos hechos. El primero, el desprestigio creciente de nuestra labor parlamentaria. Como siempre, creo que hay que hablar con la verdad y decir que no hubo por parte de la Concertación actitudes obstructivas durante el trabajo de la Comisión; es más, existió un espíritu de colaboración. No se puede decir lo mismo de dos diputados que están siendo objeto de una investigación, que fueron invitados a la Comisión y que, lamentablemente, nunca concurrieron. Pero, debo lamentar lo denunciado públicamente por un parlamentario de la Democracia Cristiana, en cuanto a que habría recibido un llamado del ministro del Interior para que influyera en el contenido de un informe, cuestión que, finalmente, terminó sepultando el éxito de la investigación.
Creo -lo digo públicamente- que el Presidente y la actual Mesa de nuestra Corporación han realizado una gran labor en la conducción de la Cámara, destacándose por su imparcialidad y por defender la autonomía y la dignidad de la labor parlamentaria. Por eso, le pido a usted, señor Presidente , y a quien le suceda que nunca más guarden silencio frente a presiones públicas como ésta, cada vez más frecuentes, que están afectando nuestra imagen.
El segundo punto dice relación con el escándalo de los Programas de Generación de Empleo, en el marco de la “ideología de la corrupción”, denunciada por uno de ustedes, uno de sus amigos, uno de los fundadores de la Concertación, uno de los amigos del ex Presidente Lagos , uno de los amigos de la Presidenta Bachelet.
¿Acaso para alguno de ustedes es una novedad lo que confiesan Boeninger , Schaulsohn , Arriagada , Tironi , Martner , Hormazábal y tantos otros? ¿Acaso no concuerdan con Boeninger, en cuanto a que dentro del Estado existe una generalización de prácticas indebidas y de corruptelas crecientemente difundidas? ¿Es lógico que ustedes -como dice Schaulsohn-, que son los beneficiados con esta ayuda, no supieran que, muchas veces, se utilizaban los Programas de Generación de Empleo para agarrar plata y pagar a las personas para que trabajaran por sus candidatos? ¿Alguien podría pensar que alguno de ustedes, que ocupan y han ocupado altos cargos en la Concertación, no sabía que este tema se ha conversado y discutido a alto nivel y que el dinero fiscal ha sido vital para la supervivencia de los partidos de la Concertación? ¿Por qué nadie ha salido a desmentir a Eugenio Tironi , que hace más de un mes, en el diario “El Mercurio”, les hace una grave acusación, cuando dice que ustedes respaldan los proyectos del Ejecutivo a cambio de que éste coloque a alguno de sus operadores, y que este pacto de reciprocidad es conocido por todos en la Concertación? No tengo tiempo -sólo me restan tres minutos- para seguir citando a sus camaradas y compañeros.
Señor Presidente , honorable Cámara, quedan formuladas estas preguntas, y serán los tribunales de justicia los que tendrán la última palabra. Se determina que hubo desvío de recursos hacia campañas políticas, pero después de meses de investigación los diputados que suscriben el informe de mayoría -todos de la Concertación- no pueden advertir a cuáles campañas beneficiaron, pese a existir más de quince funcionarios formalizados.
No se inquieten. Me he preocupado, durante toda mi intervención, de citar sólo a las personas que tienen la calidad de camaradas o compañeros suyos. Espero que no los expulsen. Tampoco citaré el informe de minoría, que espero que sea aprobado por la Cámara, al rechazarse el informe del Ministerio del Interior.
Para mantener esta ley mordaza, que ustedes han aprobado con discusión inmediata, en la política chilena, me he preocupado de no mencionar a ninguno de los diputados que aparecen beneficiados con los PGE y que son investigados por la justicia. Y no los voy a citar porque, a estas alturas, el país los identifica y los conoce.
Ustedes ya pueden respirar tranquilos. No importa que los recursos del Estado no lleguen a los chilenos más pobres; lo que importa es que la Presidenta aumente el número de adherentes, y tienen la esperanza de mantenerse en el poder. Los que denuncian la corrupción están suficientemente amenazados, y el objeto de enlodar a toda la clase política está cumplido. ¡Qué consuelo! Les da lo mismo que para muchos servidores públicos de distintos sectores sea cada vez más difícil mantenerse alejados de sus profesiones y de sus familias, sacrificando muchas cosas por dedicarse a esta actividad que algunos de ustedes y sus gobiernos se han preocupado de ensuciar y desprestigiar. Será cada vez más difícil conseguir que jóvenes profesionales, honestos y preparados, lleguen al servicio público, porque, al final, son colocados en el mismo saco con aquellos operadores que arrancan de los tribunales con pasamontañas.
Hace algunos días, a propósito de las graves irregularidades que vive el país, el cardenal Errázuriz nos decía que permanecer mucho tiempo en el poder crea grandes problemas de desgaste y falta de ideas; se corre el riesgo de hacer mal uso del poder, por ejemplo, con el dinero, con la corrupción.
Al parecer, este tema y las advertencias que provienen de distintos sectores no inquietan a la Presidenta , pues califica estos hechos como pequeños. Allá ella, nosotros tenemos un deber que cumplir.
A lo mejor, como dice Tironi, Bachelet será la primera presidenta mujer y la última de la Concertación, pero, créanme, no es lo que más nos importa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , el 19 de diciembre de 2006, el jefe de bancada de Renovación Nacional envió una carta al Presidente de la Corporación , en la que pide que los diputados que aparecen involucrados en el Programa de Generación de Empleo se inhabiliten cuando se vote el informe de la Comisión Investigadora. La carta ni siquiera fue contestada.
El artículo 5B de la ley N° 18.918 dice que los miembros de cada Cámara no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos.
De acuerdo con esa norma, los parlamentarios aludidos tienen la gran oportunidad de demostrar al país que están por la transparencia y por que este asunto se aclare de una vez por todas.
En consecuencia, pido formalmente que esos señores diputados se abstengan de votar el informe.
Las leyes que hacemos en el Congreso Nacional rigen para todos los habitantes del territorio. Ningún parlamentario está exento de cumplirlas, sobre todo cuando se trata de regular conductas parlamentarias.
Me parece increíble que se oculten los nombres de los involucrados, que no voy a mencionar ahora, aunque todos los conocen, pero, desde el punto de vista ético, tienen la obligación de abstenerse, tal como señalan la ley y el código de conducta parlamentaria.
Tengo en mi poder una carta de doña Denise Maura Morales , que dice lo siguiente: “Debo señalar que hace bastante tiempo a la fecha soy militante del Partido Socialista. Señalo que he obtenido tres cupos pagados para trabajar en la campaña de Michelle Bachelet, dos eran para militantes socialistas y uno para un militante del Partido por la Democracia”.
Dichos cupos pagados consistían en entregar los trípticos de la señora Bachelet. Indica que era requisito fundamental que dichos cupos estuvieran inscritos en la Oficina Municipal de Información Laboral (Omil).
Esta declaración está en tribunales y en Investigaciones. Como ésta, hay 24 declaraciones más.
Por lo tanto, pido que no nos pongamos coraza y que seamos honestos con la gente que nos está escuchando. ¿Alguien aquí cree que si entregaban propaganda de un parlamentario no entregaban de la señora Presidenta , o era desconocido el tema? ¡Por favor!
Actitudes como ésta son las que desprestigian a la clase política, cuando los propios parlamentarios, a pesar de ver la basura y la mugre, siguen barriendo para adentro de la casa. Cuando se barre para adentro de la casa hay un problema muy grande: la mugre sigue quedando en la casa. Hay que barrer la casa de adentro hacia fuera, para limpiarla.
Hoy, los parlamentarios involucrados se someten a una prueba de fuego. Esperamos que tengan la hombría y la conciencia de reconocer que efectivamente están nombrados y que, para darle transparencia al proceso anticorrupción y no estar más en boca de nadie, van a abstenerse voluntariamente en la votación del informe.
(Manifestaciones en las tribunas)
Ésa es la gente que traen acá para que pifien. Meten la mano a la cartera para ganar las elecciones. Las elecciones no se ganan con la plata de los más pobres, se ganan con votos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que seremos los primeros en estar atentos a todos los signos de corrupción para detenerla. Sin embargo, cuando se utiliza este tema para buscar dividendos políticos, ponemos en riesgo la institucionalidad del país.
Así ha quedado claramente establecido en la última encuesta CEP, en la que se produce una paradoja. Cuando se le pregunta a los encuestados si creen que en Chile hay corruptos, el 80 por ciento responde que muchos o algunos; sin embargo, cuando se les pregunta si alguna vez en el año han concedido una prebenda, sólo el 10 por ciento responde afirmativamente. Lo más grave es que todas las instituciones de nuestro país están puestas en duda.
Debemos abordar este tema con mucha seriedad y responsabilidad. Aún más, como jefe de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, me corresponde hacer la defensa de mi amigo, el diputado Samuel Venegas , elegido como independiente y que luego se incorporó a nuestro partido, de lo cual estamos orgullosos. El fue atacado cuando estaba aquejado de una delicada enfermedad.
Se dijo que en los Programas de Generación de Empleo de la comuna de San Antonio, una de las que tiene los índices de cesantía más altos de la región, los trabajadores no habían tenido empleador, que en las nóminas aparecían nombres de gente que estaba detenida, incluso fallecida.
Voy a dar lectura a la carta que me envió el señor Juan Carlos Manríquez, abogado encargado de la defensa del diputado Samuel Venegas.
Dice: “Con fecha 22 de diciembre de 2005 comparecí en representación del honorable diputado don Samuel Venegas Rubio.
Pedí copias de la investigación para conocer el resultado de la orden de investigar de la Bridec N° 864, del 5 de diciembre de 2006. En la carpeta que tengo en mi poder consta que las cuatro afirmaciones hechas por la prensa respecto del honorable diputado don Samuel Venegas por el Programa de Generación de Empleo de San Antonio son inefectivas; por lo tanto, no se le puede relacionar de modo alguno con supuestas irregularidades o desvíos de fondos públicos para activismo de las campañas a su favor entre octubre y diciembre de 2005.
En efecto, primero, de los 150 trabajadores consultados, todos son cesantes, imponentes del INP y cuentan con empleador registrado. El oficio N° 9505, del INP, así lo prueba.
Segundo, todos esos trabajadores tienen cotizaciones declaradas y pagadas por su empleador, salvo 11 casos en los que hay atraso de una deuda.
Tercero, no se emplearon personas detenidas. El oficio N° 5474, de Gendarmería, dice que ninguna de las 150 personas de la nómina del Programa de Generación de Empleo de San Antonio estuvo detenida entre octubre y diciembre de 2005.
Cuarto, -se refiere a una acusación ignominiosa-, dice que: no se emplearon o usaron nombres de personas fallecidas. Los 150 consultados estaban vivos entre octubre y diciembre de 2005. En el oficio N° 164, del Registro Civil , consta que don Luis Villavicencio murió en julio de 2006, siete meses después del término del Programa de Generación de Empleo.
Todos los entrevistados ratifican que sus empleadores les pagaron sus sueldos en efectivo, en recintos privados. Dicen que no hicieron activismo político entre octubre y diciembre de 2005 y que no tuvieron contacto con el honorable diputado don Samuel Venegas.”
He señalado, con hechos indesmentibles, que en una forma ignominiosa se han hecho cargos falsos, bajo la premisa del famoso refrán que dice miente, miente, que algo queda.
Como jefe de la bancada del Partido Radical Social Demócrata señalo nuestra clara adhesión y respeto a la labor del diputado Samuel Venegas.
He dicho.
El señor KAST.-
Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 1, de 4 de abril de 2006, sobre la eventual intervención electoral del Ejecutivo , sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RECHAZO A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Según lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, en primer lugar, sobre tabla, el proyecto de acuerdo N° 266.
El señor Prosecretario le va a dar lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 266, de los señores Duarte, Lorenzini, Burgos; señora Muñoz, doña Adriana; señores Ulloa, Paredes, Jarpa, Becker, Ward y Vargas:
“Considerando:
Que la libertad de expresión constituye uno de los principios esenciales del régimen democrático; por tanto, su defensa constituye una tarea ineludible para todos los ciudadanos de espíritu democrático en el mundo.
Que Chile ha tomado conocimiento de los injuriosos conceptos vertidos por el Presidente de Venezuela, don Hugo Chávez, a propósito de las declaraciones en defensa de la libertad de expresión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), don José Miguel Insulza.
Que, frente a los inaceptables términos empleados por el Presidente de Venezuela, que rompe con todas las normas diplomáticas y formas de comportamiento universalmente aceptadas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Canciller de Chile que represente al Gobierno de Venezuela el más categórico rechazo a las expresiones insultantes del Presidente de Venezuela , don Hugo Chávez, en contra del señor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , con estupor, Chile ha sido testigo de las expresiones vertidas por el Presidente de la República de Venezuela , señor Hugo Chávez , relacionadas con las declaraciones que, en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, que sostiene que la libertad de expresión y de prensa son componentes esenciales de la democracia, ha emitido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza.
No cabe duda que las palabras del Presidente Chávez denigran no sólo a quien las emite, sino que también al pueblo de Venezuela, que él representa.
La labor internacional de José Miguel Insulza nos llena de orgullo a los chilenos. Su defensa de la libertad de expresión es coherente con nuestra tradición republicana y democrática.
Por eso, con el patrocinio de parlamentarios de todas las bancadas, hemos presentado este proyecto de acuerdo que llamo a aprobar, en respaldo del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , más allá de las diferencias políticas, no estamos por aceptar la conducta del Presidente Chávez , que más de una vez se ha metido en asuntos chilenos. Antes se burló de Chile, durante el Gobierno del Presidente Lagos, cuando dijo que soñaba con bañarse en el océano Pacífico. Ahora último ha promovido la construcción de bases militares en Bolivia, pero muy cerca de su frontera con nuestro país.
Discúlpenme, pero, a mi juicio, Chávez se ha convertido en un patán de Latinoamérica.
Independientemente de los juicios que podamos tener sobre el desempeño del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza , cuya postulación todos apoyamos como una cuestión de Estado, por lo que representa que un chileno sea una autoridad en ese foro internacional además de aprobarse el proyecto de acuerdo por parte de la Cámara, el Gobierno debería retirar al embajador de Chile en Venezuela, porque el agravio que se ha inferido es para toda Latinoamérica.
Las expresiones del secretario general de la OEA sólo han tenido el propósito de fortalecer la libertad de expresión y de prensa, en aras de la democracia.
A mi juicio, los términos vertidos por el Presidente Chávez responden a la actitud en contra del Estado de Chile de algunos parlamentarios de la Concertación, que se han transformado en embajadores de Venezuela, que han viajado a expensas del “mecenas”. Son los mismos que pretenden, encabezados por el senador Navarro , concurrir al cambio de mando en ese país.
Por último, ojalá la Presidenta de la República , de una vez por todas, rechace, en nombre de todos los chilenos, la actitud grosera y agraviante del Presidente Chávez de abrazarla en reuniones internacionales.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar que las últimas palabras del diputado Moreira me parecen una falta de respeto con la Presidenta de la República.
Ya la UDI nos tiene acostumbrado a este tipo de actitudes machistas y a otros comentarios impropios. Francamente, el hecho de que siga haciendo comentarios sobre la Presidenta de la República en su condición de mujer, es inaceptable.
(Aplausos)
Le pido a la UDI que supere su arcaísmo y su retrógrada actitud respecto de este tipo de conducta.
Ahora, en cuanto al fondo del proyecto de acuerdo, repruebo las declaraciones de Chávez; son inaceptables e impropias. Sin embargo, no le corresponde actuar al Gobierno de Chile, porque no estamos hablando de José Miguel Insulza en su condición de nacional, sino de alto dignatario de un organismo internacional y, por lo tanto, es la OEA quien debe reaccionar frente a las agresiones que ha recibido su máximo representante. Insisto en que no es Chile quien debe tomar medidas. El Gobierno ha dicho lo que tiene que decir y será el Consejo Permanente de la OEA, que ya ha sido convocado, el que deberá pronunciarse al respecto. Lo demás es desconocimiento e ignorancia sobre cómo funciona la diplomacia y cómo tienen que conducirse las relaciones exteriores entre los países.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BUSTOS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente , en primer lugar, condeno en la forma más categórica las expresiones insultantes de Hugo Chávez , quien no actúa como debe hacerlo un jefe de estado. Él ha insultado a varios jefes de estado de América Latina y su actitud, permanentemente, es intervencionista.
Pero este proyecto de acuerdo, como lo señaló el diputado Marcelo Díaz , sencillamente no procede. José Miguel Insulza es funcionario internacional, no depende del Gobierno de Chile y, por lo tanto, no le corresponde hacer una reclamación o protesta ante el gobierno de Venezuela.
En consecuencia, por ser este proyecto de acuerdo absolutamente improcedente, me voy a abstener en su votación.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En votación.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
REESTRUCTURACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
El señor prosecretario va a dar lectura al Proyecto de acuerdo N° 252.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 252, de los diputados señores Martínez, García, don René Manuel; Galilea, Sepúlveda, don Roberto; Monckeberg, don Cristián; Delmastro, Jaramillo, Kast, Cardemil y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica.
“Considerando:
Que la población chilena mantiene una alta tendencia al sedentarismo, como lo muestra una encuesta nacional efectuada por el Ministerio de Salud, donde se revela que éste alcanza al 89,1%.
Que, además, existen elevadas cifras de obesidad, a tal punto que la prevalencia es del 7% en menores de seis años de edad, el 17% en escolares de Primer Año Básico y más del 25% en adultos y adultos mayores.
Que lo más peligroso de aquellos guarismos radica en el hecho de que, en la medida que los niños y los jóvenes crecen, la actividad física -si no se adquirió el hábito en los primeros años- se va deteriorando.
Que el causante de dicha problemática es el escaso tiempo dedicado a la actividad física, principalmente en los establecimientos educacionales.
Que el deporte tiene un rol privilegiado como factor que ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, cuya influencia además, resulta ser un paliativo frente a diferentes problemas de la sociedad moderna, algunas de cuyas secuelas son la delincuencia, la drogadicción y las crisis familiares.
Que, por tanto, el deporte debe ser componente fundamental de la estrategia de desarrollo del país.
Que es importante tener una política nacional, que atienda de manera directa y eficaz la necesidad de la población de realizar actividad física y deportiva, así como la capacidad de generar espacios de participación cada vez más crecientes, recogiendo para ello la realidad de cada comuna y los diferentes ámbitos y disciplinas que involucra.
Que es imprescindible optimizar los recursos públicos del deporte, para que efectivamente cumplan los objetivos y finalidades que se persiguen.
Que es función de las municipalidades realizar actividades relacionadas con el deporte y la recreación, las cuales, según lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18.695, podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, para lo cual, además, pueden, de acuerdo con la Constitución Política de la República, constituir corporaciones o fundaciones.
Que, por su naturaleza, las municipalidades están sometidas a la supervisión permanente de organismos de control y fiscalización, como la Contraloría General de la República, además de las acciones que pueden ejercer los ministerios respectivos, el Concejo y la comunidad en general.
Que la propiedad de los recintos deportivos, mayoritariamente, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2006, el 32,3% de ellos pertenece a las municipalidades, seguido por el 22,6% de los establecimientos municipalizados y el 16,25% de los colegios particulares.
Que tal situación permite observar que la política deportiva del país tiene dos componentes claramente definidos: el ámbito municipal y el educativo, que, en conjunto, involucra el 70% de la propiedad de los espacios, además de disponer de los profesionales habilitados para la conducción e implementación técnica del proceso deportivo.
Que la estructura del deporte chileno requiere modificaciones profundas, destinadas a mejorar la enseñanza de los fundamentos deportivos y físicos, facilitar el acceso de la población a actividades deportivo-recreativas y aumentar su participación.
Que el proceso formativo, planificado y evaluado, con profesionales especialmente preparados para ello, se produce en las instituciones educacionales, donde, no obstante su importancia, las horas establecidas en los programas de estudio para su ejecución son insuficientes.
Que el deporte masivo debe ser administrado en el lugar más cercano a la comunidad, donde sus cultores puedan acceder fácilmente, reciban la asesoría técnica competente, conozcan en terreno la realidad, hagan las inversiones que correspondan y apliquen estándares de monitoreo y evaluación permanentes.
Que se debe tener en cuenta las circunstancias por las que atraviesa el máximo organismo rector del deporte nacional.
Que cabe destacar la disposición de la Presidenta de la República para buscar las mejores alternativas para el desarrollo deportivo del país.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que reestructure la institucionalidad existente en la política deportiva del país, en el sentido de que el deporte formativo se radique en los establecimientos educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media, y el deporte para todos, en las municipalidades. Asimismo, que el traspaso esté vinculado a metas de gestión, tanto cuantitativas como cualitativas, claramente establecidas y conocidas por toda la comunidad, además de la obligatoriedad de rendir cuenta pública anual de su cumplimiento y de la inversión de los recursos recibidos, !os que ingresarán acotados para el financiamiento exclusivo de las actividades deportivas planificadas y provendrán del actual fondo para el deporte formativo que administra el Instituto Nacional de Deportes de Chile y del presupuesto regional, en un porcentaje proporcional a la cantidad de habitantes y a la matrícula escolar. Igualmente, que establezca en cada municipalidad un Fondo para el Desarrollo Deportivo -al objeto de que todas las organizaciones deportivas legalmente constituidas de la comuna puedan presentar proyectos-, que estará constituido por representantes del consejo local de deportes, de los encargados de deportes de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica existentes en la comuna, del coordinador comunal de educación extraescolar y del director o encargado de deportes de la municipalidad.”
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
REGULACIÓN DE LA PRÁCTICA DE TATUAJES Y PIERCING.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 254, de los diputados señores Rojas, Recondo, Estay, Hernández, Lobos, Meza, Sepúlveda, don Roberto; Girardi, de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y del diputado señor Sabag.
“Considerando:
Que los tatuajes y el uso de pirsines son cada vez más populares en adolescentes y menores de edad. En la actualidad, no existen estudios para determinar la frecuencia de su uso ni sus complicaciones. Se conoce el riesgo de transmisión de agentes virales como el VIH-Sida, el VHB y el VHC e infecciones secundarias a la realización del tatuaje o inserción del pirsin.
Que decenas de personas concurren a las ferias artesanales y locales de todo el país para insertarse pirsines o hacerse tatuajes, práctica que sólo se permite en locales establecidos y con estrictas normas de higiene.
Que, para muchas personas de toda edad, se trata de una moda, pero no así para otras. Son decenas de usuarios que todos los días se perforan o se tatúan alguna parte de su cuerpo, incluso impensadas.
Que cada día aumenta la cantidad de menores de edad que se tatúan o se colocan algún pirsin en alguna parte de su cuerpo, sin autorización de sus padres y menos en su compañía.
Que las inexistentes medidas de higiene podrían tener graves consecuencias, como contagio de hepatitis o de una bacteria más virulenta y que, al estar con las defensas más bajas, a la persona le dé una septicemia, con ‘shock’ séptico y muera.
Que, en la actualidad, no existe un reglamento claro para la fiscalización y el funcionamiento de estos locales establecidos para tatuajes y pirsines. El Ministerio de Salud no proporciona ningún tipo de fiscalización a estos locales, así como tampoco a los menores de edad se les exige una autorización que acredite el consentimiento de sus padres.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Salud que, dentro de sus atribuciones, dicte un Reglamento tendente a regular los establecimientos y el personal autorizado para realizar tatuajes y pirsines. Dicha normativa deberá contener, a los menos:
La prohibición de realizar esta práctica en locales no autorizados por el Servicio de Salud.
Los menores de dieciocho años de edad deberán tener autorización del padre, de la madre o del representante legal para llevar a cabo estas prácticas.
Cualquier establecimiento que incurra en faltas a este Reglamento será sancionado con la clausura definitiva y el decomiso del instrumental necesario para realizar tatuajes o pirsines.”
El señor BURGOS.-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , este proyecto se explica por sí solo. Hoy somos testigos de la lamentable moda de los tatuajes y del piercing entre nuestra juventud -uno puede respetarla o no- que está trayendo consigo bastantes problemas, especialmente, de salud pública, cuando se actúa con el debido cuidado ni la protección respectiva.
Fundamentalmente, pedimos que el Ministerio de Salud asumo la responsabilidad fiscalizadora en ese sentido y también planteamos que, de una vez por todas, los padres se hagan responsables del cuidado de sus hijos, puesto que es frecuente que ellos se hagan tatuajes y se coloquen piercings en su cuerpo. Para eso, proponemos que los menores de edad cuenten con la autorización de sus padres para ese efecto, porque con las perforaciones pueden contagiarse con algunas enfermedades como el sida.
Este requerimiento lo hacemos al Ministerio de Salud y esperamos que lo apoye toda la Sala.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , quiero insistir en que nos encontramos ante un problema de salud. Los lugares donde se realizan los tatuajes y se hacen las perforaciones para los piercing, práctica que está de moda y que es respetable para mucha gente, deben estar reglamentados -como en los países más adelantados- y fiscalizados en cuanto a sus condiciones sanitarias mínimas. El virus de la inmunodeficiencia adquirida y el de la hepatitis C y D pueden contagiarse con la realización de estas prácticas en lugares y con instrumental inadecuados.
Además, en España pude comprobar, cuando no existía reglamentación, que gran cantidad de jóvenes con tatuajes se veían impedidos de acceder a instituciones como las fuerzas armadas. En Chile ocurre lo mismo y a muchos jóvenes les cuesta continuar su vida ciudadana normal como consecuencia de decisiones incorrectas.
Un viejo adagio chino dice que la imbecilidad del hombre se mide por la cantidad de yerros que comete. No quisiera que esta sentencia fuese parte de las razones que fundan el proyecto, porque las consideraciones son eminentemente sanitarias. No queremos más riesgos de transmisión de agentes virales ni infecciones secundarias como consecuencia de la práctica de tatuajes y perforaciones (piercings) en la piel ni jóvenes arrepintiéndose luego de este tipo de intervenciones. Estamos por las libertades, pero también queremos salud. Por eso, esperamos que el ministerio del ramo clausure todos los locales que se dediquen a estas prácticas y que no reúnan las condiciones sanitarias mínimas.
Por una mejor salud para nuestros jóvenes y para nuestro pueblo, pedimos la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
VOTACIÓN DE INFORME DE COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , voy a dar lectura a una carta del 19 de diciembre de 2006 dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados , diputado señor Antonio Leal Labrín , y que a la fecha no ha sido contestada, porque nos parece importante que de su texto quede constancia en la versión de esta sesión.
“Valparaíso, 19 de Diciembre de 2006
Señor
Antonio Leal Labrín
Presidente Cámara de Diputados
PRESENTE
De mi consideración:
Se encuentra en las tablas que tratará la Cámara de Diputados esta semana la discusión y votación del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
Como es de público conocimiento, la investigación realizada por la Comisión señalada concluye, tanto en su informe de mayoría como de minoría, la relación indesmentible entre actos de intervención electoral y las campañas de candidatos que hoy son diputados e integran esta Cámara. Varios de ellos, incluso, son objeto de investigaciones judiciales referidas a estos hechos.
Lo anterior determina que los diputados que se encuentran en la situación descrita tengan un interés personal y directo en la discusión y en el resultado de la votación del informe y, en consecuencia, su participación se encuentra prohibida legal y reglamentariamente.
En efecto, el artículo 5° B, de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en su inciso primero señala que: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 7° del Código de Conductas Parlamentarias, que se tiene como parte de nuestro Reglamento, establece que son deberes fundamentales de los diputados: “Abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que favorezca, en lo personal, sus intereses o los de su cónyuge, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o de su socio en una empresa.
En seguida, el inciso cuarto de la misma letra señala: “Cuando, en virtud de lo anterior, un diputado estimare que hay motivo para separarse del conocimiento de un asunto, deberá comunicárselo al Presidente de la Corporación.”
En virtud de lo señalado, solicito a usted requiera a la diputada Laura Soto González y a los diputados Rodrigo González Torres , Samuel Venegas Rubio , Marco Enríquez-Ominami Gumucio y Marco Antonio Núñez Lozano para que se inhabiliten de participar en la discusión y votación del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.
De no acceder los diputados señalados a lo anterior, ya sea en forma expresa o porque no estime usted requerirlos al respecto, solicito que se suspenda el conocimiento del informe mientras no se pronuncie la Comisión de Conductas Parlamentarias respecto de los alcances de la inhabilidad que los afecta, en conformidad a las normas citadas.
Esperando una favorable acogida a esta petición, saluda atentamente a usted,
Alfonso Vargas L.
Jefe Bancada de Diputados
Renovación Nacional.”
Quiero dejar expresa constancia de que, revisada la votación del informe de la Comisión especial investigadora sobre la eventual intervención electoral del Ejecutivo , constaté que la diputada y los diputados referidos en la carta participaron en ella, lo que nos parece reñido con las disposiciones de la ley orgánica del Congreso Nacional y del Código de Conductas Parlamentarias.
He dicho.
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PSU.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente , el domingo recién pasado fueron conocidos por todo el país los resultados de la prueba de selección universitaria, PSU, 2006.
Una vez más, los resultados dejaron en evidencia la tremenda brecha que existe entre educación pública y privada. En 2006, el puntaje promedio de las pruebas de matemáticas y lenguaje separaba en 115 puntos a los colegios particulares de los públicos. Lamentablemente, hoy la diferencia alcanza a 125 puntos. Es decir, la brecha aumentó. Puede que se dé como explicación que este año postularon alrededor de 30 mil alumnos más, como consecuencia de las becas que entregó el Ministerio de Educación; pero esa no sería suficiente razón para justificar dicho aumento.
Mejorar la calidad de la educación es clave para mantener niveles de crecimiento y de productividad, sobre todo en un mundo globalizado, y Gobierno y Oposición coinciden en que esa tarea es deber de todos.
El Gobierno, desde la década de los 90, se ha empeñado en llevar adelante una reforma educacional, con un costo de casi 2,5 billones de dólares, cerca del 3 por ciento del PGB. Con ese fin, ha implementado numerosos programas, como los de las 900 Escuelas y Enlaces, la jornada escolar completa, la evaluación docente, la subvención diferenciada, etcétera. Sin embargo, los resultados de las pruebas Simce y PSU evidencian que estamos estancados y que, en algunos aspectos, retrocedemos.
Pero no sólo esas mediciones demuestran que la calidad de la educación no ha mejorado. Las movilizaciones estudiantiles de mayo de 2006, fueron manifestaciones de insatisfacción que convencieron al Ministerio de Educación y al Ejecutivo de que había que colocar a la educación dentro de las primeras prioridades, ya que, hasta ese momento, la Presidenta había dado señales de que esta materia no era para ella una preocupación primordial. Ése es el mérito de las movilizaciones estudiantiles de 2006.
Una de las debilidades estructurales del sistema de educación de nuestro país es la brecha entre la del sector público y del privado. De los cien mejores colegios, únicamente dos son municipales. Las cifras son realmente impactantes. Es imposible lograr el desarrollo que todos anhelamos con estos resultados, dado que el 90 por ciento de nuestros estudiantes asisten a colegios municipalizados.
El cambio de la prueba de aptitud académica por la Prueba de Selección Universita-
ria, destinado a medir más conocimientos que aptitudes, lo que es más equitativo, llevó a pensar que produciría un mejoramiento en los resultados, debido a que los factores socioeconómicos gravitarían menos. Sin embargo, la cifra de mejores puntajes nacionales de los colegios municipalizados ascendió a 294 en 2004, a 254 en 2005 y a 227 en 2006. Es decir, entre 2004 y 2006 hemos retrocedido en 23 por ciento.
La municipalización iniciada hace veinticinco años está haciendo crisis por la falta de recursos de las municipios, los que, además, son meros buzones, pues no tienen atribuciones para incentivar a los buenos profesores, ya que tienen que aceptar y financiar los acuerdos entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación.
Por eso, creo imprescindible no seguir debatiendo y alargando la solución. Sabemos que ya entregó sus resultados el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que formó la Presidenta. Esperamos que de esos resultados salga algo concreto para que iniciemos de una vez por todas el rescate de nuestra educación pública, de nuestra educación municipalizada, que parte por entregar más recursos a las municipalidades, mayor flexibilidad, subvenciones diferenciadas por alumnos y no por escuelas, más recursos para los buenos profesores y para premiar a los establecimientos que tengan mejores resultados.
Por ello, los resultados de las PSU que se han dado a conocer nos deben hacer meditar para que, de una vez por todas, podamos mejorar la calidad de nuestra educación.
He dicho.
RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE TALTAL. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , mi región y el país han sido testigos hace unos días de un hecho bastante lamentable que afectó a Taltal. Se trata de una tragedia para quienes estamos ligados a esa comuna. Un incendio, cuyas causas se están investigando, destruyó la iglesia San Francisco Javier , patrimonio religioso de la comuna. Las imágenes de este hecho que transmitió la televisión chilena a lo largo del país fueron patéticas. Desapareció toda una historia religiosa de Taltal, dado que esta iglesia fue inaugurada en 1890. Ciertamente, la comunidad taltalina perdió un patrimonio incalculable.
Esa tragedia ha hecho que este pueblo, que tiene un gran corazón, se una para iniciar los contactos con todos los organismos y la gente ligada a Taltal, así como con las empresas y otras instancias, para allegar recursos destinados a reconstruir su iglesia. Ante este lamentable hecho, hemos hecho las gestiones correspondientes para que ciertas empresas ligadas al desarrollo económico de la ciudad, especialmente del sector minero, puedan cooperar.
Por su parte, el alcalde, señor Guillermo Hidalgo , está conformando un grupo para reunir los recursos necesarios para esas obras. Lamentablemente, esa intención positiva del alcalde ha postergado otros proyectos que van en beneficio directo de la comunidad, como sucede específicamente con la actividad cultural de Taltal.
La congoja que no sólo afecta al alcalde y a los parlamentarios que representamos a Taltal, sino que a toda la comunidad, lo que nos impele a pedir el envío de un oficio a la Presidenta de la República , para que, de acuerdo con sus atribuciones, destine los recursos necesarios de los fondos que estime pertinentes para la reconstrucción de la iglesia San Francisco Javier de Taltal.
Esperamos contar con el apoyo de la Presidenta de la República, para que esos recursos frescos financien la labor que va a encabezar el alcalde de esa comuna, la cual necesita mantener los niveles de progreso y desarrollo que ha alcanzado hasta el día de hoy y que queremos mejorar.
Además, solicito el envío de mi intervención al alcalde y a los concejales de la comuna de Taltal.
Como siempre, nos ponemos a disposición para hacer lo mejor a favor de nuestra gente del norte chileno.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DIFUSIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , uno de los principales problemas que observamos y que las personas nos plantean es la falta de aplicación de las leyes, lo que redunda en abusos que no podemos aceptar, razón por la cual usamos nuestra facultad de fiscalización en Incidentes, con el objeto de que se nos informe sobre las medidas que toma el Gobierno para vigilar y asegurar una buena gestión en las diversas áreas de desarrollo.
En esta ocasión, quiero felicitar a la ministra del Sernam , señora Laura Albonoz Pollmann , por la información que nos ha enviado, relacionada con el documento sobre “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, Cedaw.
En mi constante búsqueda de nuevas formas de representar adecuadamente los intereses ciudadanos del siglo XXI, estoy participando en un diplomado que realiza la Fundación Dumont Suiza sobre derechos humanos y políticas públicas. Esta mirada, que se focaliza en nuestra cultura actual, en los derechos económicos, sociales y culturales, es la forma de analizar, promover y realizar políticas sociales que respondan adecuadamente a las demandas de la gente.
De ahí la importancia de conocer el informe del Cedaw, del 25 de agosto de 2006, sobre el comportamiento de nuestro país respecto de este tema.
Revisaré lo que señala bajo el título “Aspectos positivos” y, específicamente, lo que figura en el capítulo denominado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”, aspectos necesarios para avanzar en nuestro trabajo destinado a construir una sociedad sin discriminación.
En relación con los aspectos positivos, el informe del Cedaw dice: “El Comité felicita a la primera mujer que ejerce la Presidencia del país por el nombramiento de un gabinete formado en un 50% por mujeres, así como por el logro de un 48,4% de mujeres que ejercen la jefatura de los departamentos del Estado y el 50% de las gobernaciones.”
Más adelante, el Comité felicita al estado parte, Chile, por las reformas administrativas emprendidas desde su segundo y tercer informes periodísticos en 1999, y las siguientes reformas y cuerpos legales: las modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a otras leyes relacionadas con el delito de violación, incluida la violación conyugal, las modificaciones al Código del Trabajo, a la ley sobre abandono de familia y el pago de pensiones alimenticias, a la ley orgánica constitucional de Enseñanza; dictación de la ley que establece procedimientos y penas por los actos de violencia en el hogar, de la que crea los tribunales de familia, de la ley al acoso sexual laboral y de la nueva normativa de matrimonio civil. Nuestro país ha avanzado mucho en legislar sobre áreas que permiten crecer en el ámbito social. Por lo demás, en estos momentos tenemos una Presidenta de la República cuya principal preocupación es la protección social.
El Comité manifestó su preocupación por la significativa diferencia salarial entre el hombre y la mujer, lo que se manifiesta en el hecho de que sólo el 39,7 por ciento de las mujeres trabajadoras de bajos ingresos tienen contrato de empleo, lo que representa una considerable desventaja en el marco del sistema de seguridad social en Chile.
Asimismo, el Comité expresó su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con la salud reproductiva de la mujer en Chile. En ese sentido, le sigue suscitando preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su salud y su vida, así como el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna. Son temas que no podemos dejar en el abandono y que debemos llevar a la discusión aunque haya diferentes opiniones al respecto.
El Comité exhorta al estado parte, Chile, a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y lleve a cabo una campaña nacional tendiente a informar y educar correctamente a los funcionarios de la administración pública y al público en general acerca de la Convención, su Protocolo Facultativo y el Comité.
Sería muy importante que todas las organizaciones no gubernamentales tengan conocimiento de este informe.
Por lo expuesto, pido que se envíe copia de mi intervención a mis colegas parlamentarios, como un llamado de atención, para que revisen el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con mayor detenimiento, a fin de que legislemos en consecuencia para el mundo mejor que todos queremos; al intendente de la Región Metropolitana y a la Asociación Chilena de Municipalidades, para que difundan dicho informe, y a la ministra del Sernam. La idea es que juntos cumplamos las metas que diseñamos los países que creemos en las Naciones Unidas.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ALCANCE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ZONAS TURÍSTICAS DE LAS COMUNAS DE PANGUIPULLI Y FUTRONO.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , represento a un distrito del sur de Chile del que forman parte Panguipulli y Futrono, pertenecientes a la provincia de Valdivia. Son comunas privilegiadas desde el punto de vista del desarrollo turístico en la nueva Región de Los Ríos. En Panguipulli existen siete lagos. Son bellos patrimonios del sur de Chile. Por tanto, no es sorpresa que la industria turística -sin chimenea que comienza a perfilarse- esté iniciando inversiones en esos lugares.
Sin embargo, en forma paralela, surgen apetitos de orden económico de grandes empresas, que quieren aprovechar este privilegio de la naturaleza para instalar centrales hidroeléctricas de pasada. En Panguipulli existen cuatro proyectos en ese sentido. Está claro que debemos producir para que el país crezca y avance; pero, ¡cuidado!, para ello no tenemos que destruir nuestros bienes naturales. Por el contrario, debemos hacer posible que todos los chilenos conozcan la belleza de esos lugares, sus ríos, sus montañas, sus lagos.
La gran rentabilidad económica que genera una central hidroeléctrica produce apetitos comerciales. Se sabe que existen cinco proyectos en Panguipulli y dos en Futrono. Imaginemos lo que implica construir centrales hidroeléctricas en zonas de termas. En Coñaripe, Paillaifa y Liquiñe existen muchos centros termales que son visitados durante todo el año por miles de turistas nacionales y extranjeros. Quizás cuántos proyectos más de construcción de centrales hidroeléctricas de pasada se presentarán en los próximos meses, en el evento de que se aprueben los proyectos ya mencionados.
Los representantes de las empresas hidroeléctricas señalan que los proyectos deben considerar los aspectos social y medioambiental para que sean rentables. Ello demuestra que finalmente se busca el beneficio económico. No tengo dudas de qué les interesa a dichas empresas. Futrono y su lago Maihue -conocido hace algún tiempo por la desgracia ocurrida en él- es un lugar espectacular, que también genera el apetito comercial de las empresas hidroeléctricas.
Quiero llamar la atención sobre lo expuesto, que me preocupa como representante del distrito N° 54, al que pertenecen las comunas señaladas. Dejo claro que apoyaré lo que la ciudadanía de Panquipulli y de Futrono decida. Sin perjuicio de ello, creo mi obligación dar a conocer esta situación. Chile tiene un patrimonio natural de belleza que debemos preservar. De lo contrario, las futuras generaciones nos juzgarán.
He dicho.
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD EN BUSES DE PLAN TRANSANTIAGO. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.-
Señor Presidente , quiero llamar la atención respecto de una situación que afecta a los cerca de cinco millones de usuarios del Transantiago: las condiciones de seguridad de los buses, principalmente de los articulados. En ellos se observan condiciones que no se condicen con un buen servicio, muchas de las cuales atentan contra la seguridad de los pasajeros. En primer lugar, hay escasa visibilidad del círculo deslizante de los buses largos, lo que es un peligro, ya que, por ejemplo, al doblar en una esquina, los pasajeros pueden caer con mucha facilidad. Tampoco existe límite de velocidad máxima. No basta con capacitar a los choferes. Los buses corren como los de antes y no cuentan con una alarma que permita saber que han excedido el límite de velocidad. Tampoco disponen de barandas o manillas en las cuales los pasajeros puedan afirmarse. A ello hay que agregar que se disminuyó mucho el número de asientos, por lo cual el gran número de pasajeros que van de pie queda en situación de mucho peligro.
En relación con la materia señalada, quiero informar sobre dos casos que me correspondió conocer debido a que se trata de mujeres de Quinta Normal, una de las que comunas que represento en la Cámara.
La señora María Leiva , de 66 años, sufrió una fractura flexocompresiva en su columna, debido al movimiento de oscilación del bus al pasar a exceso de velocidad sobre un lomo de toro. Estuvo hospitalizada cerca de una semana, y desde el día 28 de noviembre hasta hoy permanece postrada en su casa.
La señora Laura Fuentes , de 62 años, domiciliada en Santa Inés 01674, sufrió una fractura en la vértebra lumbar N° 1. También se encuentra postrada. El accidente ocurrió el 10 de noviembre y estuvo hospitalizada 21 días en el Instituto Traumatológico. En dicho centro asistencial se nos dijo que llegan cerca de tres casos de esa gravedad al mes.
Imaginen la real dimensión del problema. La situación de esas pacientes es tan grave que no sabemos si algún día llegarán a recuperarse.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Transportes para que encargue a un equipo de expertos una evaluación de las condiciones de seguridad en esos buses y para que, en conjunto con el Ministerio de Salud, nos informen sobre la real magnitud del problema desde el punto de vista de la salud y que, al tenor del resultado de los estudios, se nos entreguen soluciones para que los pasajeros del transporte público de Santiago se desplacen en condiciones de seguridad aceptables.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Pascal y de los diputados señores Sabag , Sule y De Urresti.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ALCANCES SOBRE EXPRESIONES DE PRESIDENTE VENEZOLANO RESPECTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, DON JOSÉ MIGUEL INSULZA.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en primer lugar, lamento los dichos del Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez , porque insultó en forma muy grosera a quien fuera ministro del Interior en nuestro país, don José Miguel Insulza , hoy secretario general de la OEA. Lo trató de pendejo. Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa, en primera acepción: “Pelo que nace en el pubis” y en las ingles; en segunda acepción: “Hombre cobarde y pusilánime”; en tercera acepción: “Hombre tonto, estúpido.”.
Me parece que don Hugo Chávez se ha excedido en sus palabras; ha deshonrado a la propia Venezuela, noble nación que nos entregó como hijo de nuestra patria a don Andrés Bello. Lamento que se haya referido en esos términos a un hombre tan culto y tan importante como José Miguel Insulza , quien fue ministro del Interior y que, además, tuvo uno de los gestos más cristianos que he visto en la política chilena en los últimos 30 años: impedir que al general Pinochet lo procesaran y permaneciera en Londres; le dio trato digno a un ex jefe de Estado , aunque Pinochet no tuvo un comportamiento similar con José Miguel Insulza , hombre que ha prestigiado a la política chilena hasta tal punto que hoy ocupa un altísimo cargo a nivel latinoamericano.
EMISIÓN DE PAPEL MONEDA CON IMAGEN DE DON BERNARDO O’HIGGINS. Oficio.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero recordar que la numismática chilena nos trae a la memoria a insignes ciudadanos que han dejado una huella profunda en la historia nacional. Es así como en el billete de 20 mil pesos está la figura de don Andrés Bello, distinguido venezolano avencindado en Chile que tuvo el mérito de redactar el Código Civil en 1855, que, aunque con algunas modificaciones, rige hasta hoy.
En el billete de 10 mil pesos aparece la figura de uno de nuestros más notables héroes, don Arturo Prat, nacido en Ninhue, comuna que tengo la honra de representar.
En el billete de 5 mil pesos tenemos a nuestra poetisa y primer premio Nóbel de Chile, Gabriela Mistral. En el billete de 2 mil pesos está la figura de don Manuel Rodríguez. En el billete de mil pesos, la de don Ignacio Carrera Pinto.
En la moneda de 500 pesos aparece el rostro del cardenal Raúl Silva Henríquez , que tanto contribuyó a la reconciliación entre los chilenos y a la recuperación de la democracia. En la moneda de cien pesos aparece el escudo nacional, y recién en la moneda de 50 pesos aparece nuestro héroe nacional y padre de la patria, don Bernardo O’Higgins Riquelme. También en las monedas de 10, de 5 y de 1 peso también aparece la figura del padre de la patria.
Quiero hacer notar que en el papel moneda de mayor valor aparece un venezolano avecindado en Chile, a quien se le otorgó la nacionalidad por gracia. La de menor valor la ocupa el padre de la patria. Me parece que es una negligencia culpable que tenemos el deber de hacer ver, por lo que significa don Bernardo O’Higgins Riquelme para Chile, nacido en Chillán, hombre que entregó todo para que nuestra nación fuera lo que es hoy: un país que se apronta a cumplir 200 años de vida independiente.
Me parece que a tres años del bicentenario de nuestra nación es menester recordar a Bernardo O’Higgins, por lo cual pido que se oficie al ministro de Hacienda , a fin de que instruya al director de la Casa de Moneda para que tome las medidas tendientes a que se emita un billete que lleve la imagen del padre de la patria, don Bernardo O´Higgins. Asimismo, pido que se oficie a las autoridades correspondientes para que se estudie la posibilidad de que sus restos sean trasladados a la provincia de Ñuble, donde nació y donde tendrá el respeto y homenaje de todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Carlos Olivares.
CAMBIO DE NOMBRE DE AVENIDA DE MELIPILLA. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en Melipilla hay una avenida llamada Las Torres, por las torres de alta tensión que hay en ella.
Un grupo de representantes del Partido Comunista de la zona hicieron presente la necesidad de que en Melipilla exista una calle con el nombre de Gladys Marín. Ello, porque fue una mujer con voluntad democrática, con compromiso social y con una consecuencia, reconocida no sólo por quienes formábamos parte de sus simpatizantes desde un punto de vista político, sino por todo el mundo.
Una mujer que luchó por los más pobres y los más desposeídos, que se la jugó por el pueblo, que fue consecuente con sus ideas y que hasta el último minuto luchó por un Chile democrático, solidario e igualitario.
Considero de gran importancia la petición de los representantes del Partido Comunista al municipio de Melipilla , en orden a cambiar el nombre de “Avenida Las Torres” por “Avenida Gladys Marín.”
Gladys Marín fue durante tres períodos diputada de la República , en 1965, en 1969 y en 1973; luchó por los derechos humanos en una época en que Chile estaba bajo una dictadura en la cual muchos de nosotros no teníamos derecho a hablar por estar en el exilio; se la jugó por miles de mujeres como yo, y como otras, para tener los espacios que hoy hemos logrado; por último, obtuvo el premio “ Elena Caffarena ”, otorgado a las mujeres destacadas de nuestro país. En 2005, fue postulada al Premio Nóbel de la Paz.
Por eso, pido que se oficie al alcalde de Melipilla, don Fernando Pérez, y al concejo, a fin de que estudien la posibilidad de cambiar el nombre de avenida Las Torres por avenida Gladys Marín.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al secretario político comunal de Melipilla , señor Luis Arce Silva.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALDIVIA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , en los últimos días he tomado conocimiento de la solicitud de ampliación del cementerio municipal de Valdivia por parte de su municipio, para lo cual se propone eliminar la cancha municipal número dos, utilizada especialmente por la comunidad de la población Menzel y del sector Corvi , lugar populoso donde muchas entidades deportivas semana a semana cumplen sus compromisos y donde históricamente han jugado. Los clubes River Plate , Unión Juvenil y otras organizaciones deportivas juegan habitualmente en dicho terreno.
No corresponde ampliar un cementerio a costa de eliminar espacios públicos y deportivos que son utilizados por un importante sector de nuestra ciudad de Valdivia.
Los dirigentes deportivos del Ucodeval, Viejos Crack, Canadela y de otras organizaciones del deporte valdiviano han hecho ver la inconveniencia de dicha medida. Todos estamos de acuerdo en que el cementerio municipal se ha hecho estrecho, pero su ampliación no debe ser a costa de los espacios donde cada semana se realizan actividades deportivas, ni del bienestar de muchos habitantes de ese populoso sector.
La ampliación del cementerio debe hacerse con una visión de futuro, con terrenos más apropiados donde enterrar a nuestros deudos, pero no en desmedro de complejos deportivos que de por si son escasos. En Valdivia existen otras alternativas, como es el parque cementerio Los Laureles, donde la Municipalidad y el Serviu, a través de la empresa público-privada Valdicor, tienen propiedad sobre esos terrenos. En dicho sector debe enfocarse la construcción de cementerios municipales y no quitar espacios públicos.
Con ello, se atentaría gravemente contra los deportistas de Valdivia, a quienes se les deben asegurar lugares públicos para realizar sus practicas. Además, los fines de semana la única actividad es jugar fútbol.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda, a fin de que informe a esta Cámara cuál es la reserva de terreno de la cancha denominada Municipal Dos, especialmente de la cancha Félix Gallardo, del mismo complejo deportivo, y contigua al gimnasio Gil de Castro.
Asimismo, solicito que se oficie a la ministra de Salud , y por su intermedio a las autoridades sanitarias correspondientes, a fin de que informen si existen las autorizaciones correspondientes para realizar la ampliación de dicho camposanto en pleno corazón de la ciudad y si existe la posibilidad de buscar una alternativa en otros terrenos.
Como diputado, siempre voy a defender el deporte, a quienes lo practican y los espacios públicos y recreativos que se han ido constituyendo en Valdivia.
Además, pido enviar copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos número 15, población Menzel, don Francisco Vásquez , y a los presidentes de los clubes deportivos River Plate y Unión Juvenil, y a los dirigentes de las ligas Ucodeval, Viejos Crack y Canadela de la ciudad de Valdivia, adjuntando copia íntegra de mi intervención.
He dicho.
El señor PÉREZ Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY N° 20.123, SOBRE REGULACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , el próximo domingo 14 de enero entra en vigencia la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
La nueva ley subsana graves abusos que se cometen especialmente en algunas empresas subcontratistas, conocidas como enganchadoras. Queda claro en ella que en las empresas que se limitan a la intermediación el empleador es el dueño de la obra, del campo productor o del packing, estas dos últimas, en el caso de frutas o verduras, de manera que se haga solidariamente responsable de los problemas que se puedan suscitar. Hago hincapié en que las trabajadoras y los trabajadores temporeros son especialmente afectados por el inescrupuloso proceder de las llamadas enganchadoras, en el distrito que represento.
Pero, tanto o más importante que la generación, formulación y aprobación de la ley es garantizar su cumplimiento, y es aquí donde quiero llamar la atención de las autoridades del Ejecutivo que corresponda.
En las últimas semanas, he recibido diversas denuncias en las comunas de Rengo, Codegua, Malloa , Graneros , Machalí , Coinco y Olivar. Es necesario que la Dirección del Trabajo de la Sexta Región aplique un severo plan de fiscalización, con monitoreo diario de resultados; es indispensable que aumente la capacitación e información a las trabajadoras temporeras, no sólo sobre sus derechos, sino también sobre las formas de hacer las denuncias necesarias sin temor a represalias como, por ejemplo, ser despedidas o no ser contratadas por otros patrones, ya que, muchas veces, éstos se pasan el dato, produciéndose una negativa general que afecta a los trabajadores que “se atreven a defender sus derechos, denunciando sus casos”.
Hoy día, en muchas empresas, siguen existiendo condiciones inadecuadas de trabajo para temporeras y temporeros. Siguen sin baños adecuados, sin condiciones de seguridad y salud para el desarrollo de sus labores, sin comedores mínimamente dignos, etcétera. Estas condiciones están garantizadas por ley desde hace mucho tiempo; sin embargo, se siguen burlando. Por eso, es necesario aumentar el número de fiscalizadores y mejorar los sistemas de control, pues los existentes hoy son absolutamente insuficientes.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República , al ministro del Trabajo y Previsión Social y al director del Trabajo de la Sexta Región , a fin de solicitarles una solución urgente a esta situación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando el texto de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.34 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción. (boletín N° 4812-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
I. ANTECEDENTES
Una de las primeras acciones de mi Gobierno fue la conformación del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia. Este tuvo por tarea elaborar un diagnóstico de la situación y posibles insuficiencias en materia de protección a la infancia, para luego proponer un conjunto de políticas y medidas idóneas que implementaran un sistema de protección a la infancia. La Presidencia de este Consejo, como sabemos, la ejerció de manera dedicada y destacada Jaime Crispi Lago , a quien, como homenaje póstumo, le dedicamos este esfuerzo en beneficio de los niños y niñas chilenos.
En el informe “El Futuro de los Niños es Siempre hoy”, entregado por el Consejo Asesor, se señala que la etapa del desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años es considerada desde la biología y ciencias cognitivas como el período más significativo en la formación del individuo. En esta etapa se estructuran bases fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la personalidad que acompañarán al individuo por el resto de su vida, y que se consolidarán y perfeccionarán en sucesivas etapas del desarrollo.
El informe agrega que actualmente en nuestro país el hogar en que una persona nació, es uno de los mejores predictores del lugar en la estratificación socioeconómica que la persona ocupará en la vida adulta. Por lo mismo, en la medida en que el acceso de los seres humanos a los recursos requeridos para un adecuado desarrollo desde etapas tempranas de vida está diferenciado por elementos socioeconómicos, la reproducción intergeneracional de la desigualdad de oportunidades se mantendrá.
El informe señala, asimismo, que muchos de los procesos formativos básicos de los seres humanos están fuertemente influidos por experiencias tempranas en la vida. Como dejan de manifiesto las investigaciones acerca del impacto que generan sobre las oportunidades de vida de las personas y el bienestar social, intervenciones de políticas públicas en distintos momentos de la vida, el impacto de los programas de apoyo a las competencias y capacidades de las personas dependen crucialmente de qué tan temprano se desarrollen. Parte importante del desarrollo económico y social de nuestro país depende de cómo se apoye a los niños y niñas en sus etapas tempranas.
Ahora bien, en octubre del año 2006 y luego del trabajo desarrollado por el Comité de Ministros de Infancia, compuesto por las carteras de Justicia, Educación, Salud, Vivienda, Hacienda, Secretaria General de la Presidencia , Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de la Mujer y Planificación, en base al informe del Consejo Asesor, anuncié la creación del Sistema de Protección Integral a la primera Infancia, Chile Crece Contigo, que tiene por principal objetivo la disminución de las brechas de desigualdad que actualmente persisten en nuestro país.
II. CHILE CRECE CONTIGO, SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
El Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia , denominado Chile Crece Contigo, acompañará a los niños, niñas y a sus familias, desde la gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el nivel de transición menor o prekinder. La puerta de entrada a este sistema será el primer control de embarazo en el sistema público de salud.
Chile Crece Contigo proveerá a los niños y niñas acceso a los servicios y prestaciones que atiendan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en cada etapa del ciclo vital, en la primera infancia. Adicionalmente, se contribuirá a generar condiciones básicas en el entorno psicoemocional y físico en que se desenvuelven niños y niñas, de manera de favorecer su desarrollo armónico e integral.
La implementación y puesta en marcha de este Sistema requiere generar una red de servicios públicos y programas debidamente coordinados, especialmente en el nivel local, en función de los destinatarios finales de la intervención –los niños y sus familias– de manera de asegurarles un conjunto de prestaciones y servicios sociales básicos, en las dimensiones antes señaladas.
Dada la multidimensionalidad del desarrollo infantil temprano, es necesario disponer de intervenciones simultáneas en las distintas dimensiones que influyen en el desarrollo de los niños y niñas, de manera oportuna y pertinente a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
La detección temprana de rezagos del desarrollo y de los factores de riesgo, tanto biológicos como psicológicos y sociales, permitirán apoyar a cada niño y niña de acuerdo a sus requerimientos específicos y aprovechar las ventanas de oportunidades que se presentan en distintos momentos de la primera infancia.
Los niños y niñas forman parte de una familia, cuyas características y dinámica propia de interrelaciones influyen positiva o negativamente en las oportunidades que tienen los niños para desplegar sus potencialidades y capacidades. A su vez, las familias se encuentran insertas en comunidades, cuyas características y dinámicas también impactan de manera positiva o negativa las posibilidades de un desarrollo pleno de la vida familiar. Por último, las políticas públicas, como parte del contexto cotidiano de las comunidades y familias del país, tienen un papel destacado que jugar en la provisión de las mejores oportunidades posibles para las familias y las comunidades que conforman nuestro país.
Es en este juego de interrelaciones donde los niños y niñas crecen, conocen el mundo que los rodea, aprenden a confiar, desarrollan sus destrezas básicas y despliegan sus capacidades y habilidades.
Por todo lo anterior, este Gobierno ha considerado que lo adecuado es la implementación de un sistema de protección integral de la primera infancia que combine virtuosamente la multiplicidad de apoyos que cada uno de los niños, niñas y sus familias requieren durante las primeras etapas de la vida. No se trata de satisfacer necesidades puntuales de cada uno de ellos, sino políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de todos los niños y niñas.
La implementación del sistema que se propone requiere de un gran esfuerzo de las diversas instituciones que ofrecen servicios y prestaciones a los niños y niñas, acostumbradas a intervenciones sectoriales (salud, educación, vivienda, por ejemplo) de amplia extensión en cuanto a cobertura, pero no necesariamente concentradas en los mismos niños y niñas, que requieren apoyos simultáneos y oportunos. No es posible tener éxito en esta tarea, si no se fomenta y fortalece un efectivo trabajo intersectorial, donde el eje prioritario de la gestión deberá estar en el nivel local, que es el espacio de las políticas públicas que se relaciona directamente con los niños, niñas y sus familias. Apoyar decididamente la gestión local permitirá avanzar en el cumplimiento de las metas que la implementación del sistema de protección integral de la primera infancia le pone al país.
Dado lo estratégico que es toda inversión que se realice en la primera infancia, los desafíos que enfrenta la instalación del sistema de protección integral de la infancia, son de gran envergadura e importancia para el desarrollo de nuestro país. El propio nombre que se le ha dado al sistema propuesto lo señala. Chile crecerá en la medida que sus niños y niñas más pequeños tengan las mejores oportunidades que el país les pueda ofrecer. Y para esto, los niños y niñas necesitan de un acompañamiento personalizado a lo largo de este período de la vida, que sea provisto por los diferentes actores que participan de este proceso. En primer lugar, sus propias familias, que a su vez necesitan de un apoyo especial. En segundo lugar, los territorios y comunidades que deben acoger y atender las necesidades de sus miembros más pequeños. Y por último, las instituciones públicas que en el nivel local trabajan en pos del desarrollo infantil.
III. CONTENIDOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.
1. Meta al 2010.
Chile Crece Contigo considera apoyos diferenciados a todos los niños, niñas y sus familias. Es posible identificar acciones de carácter universal, destinadas a toda la población de primera infancia que es atendida por el sector público de salud en los centros de atención primaria de salud y en las maternidades; y otras dirigidas especialmente a los niños y niñas que presentan mayores vulnerabilidades y que pertenecen a hogares del 40% más pobre del país.
La instalación progresiva del sistema propuesto tendrá una expresión territorial, incorporando paulatinamente un determinado número de comunas, que permitirá incorporarlas a todas en el año 2010.
De esta manera, al comenzar el año 2010, la totalidad de los niños y niñas que en ese año nazcan en el sector público de salud, estarán cubiertos por el sistema de protección integral a la primera infancia.
2. Programa educativo.
En forma inmediata, y a partir de este año 2007, se ofrecerá un programa educativo a través de los medios de comunicación masiva (privilegiando la radio y la televisión), que considere la información y educación a los adultos, preferentemente las madres y padres, sobre buenas prácticas en el cuidado y promoción del desarrollo de los niños y niñas, y acerca de sus necesidades de desarrollo en cada una de las etapas del ciclo vital de la primera infancia, y un espacio educativo dirigido específicamente a los niños y niñas, que les ofrezca actividades que favorecen sus habilidades motoras, cognitivas y sociales, de acuerdo a las necesidades propias de su edad.
3. Sitio web.
De manera de complementar la iniciativa anterior, se creará un sitio Web que ofrecerá información en línea acerca de las necesidades de desarrollo de los niños y niñas en cada una de las etapas de la primera infancia, se dispondrá de especialistas en línea que puedan atender consultas acerca del desarrollo infantil y hacer recomendaciones acerca de pautas de crianzas y modalidades de apoyo. Al mismo tiempo, el sitio Web incorporará material didáctico y propuestas de actividades que los niños y niñas puedan desarrollar en sus espacios cotidianos, que apoyen su desarrollo. Servirá adicionalmente de espacio de participación infantil en el que los niños y niñas puedan expresar sus ideas, sus necesidades y sus propuestas.
4. Guía de embarazo y parto.
También, a partir de este año, se incorporará como actividad especial del primer control del embarazo, la entrega a cada madre de una guía del embarazo y el parto, que incluye información sobre el proceso de embarazo y nacimiento, organizada por semanas de gestación. Se trata de información útil al proceso que las madres, padres y las familias empiezan a experimentar con el embarazo y la llegada de un hijo o hija, tanto en lo que se refiere al proceso de embarazo, los cambios biológicos y psicológicos que se producen en la madre, sus necesidades de apoyo por parte del entorno donde se desenvuelve, sus derechos laborales, incluyendo consejos prácticos y orientaciones de acción en cada una de las etapas del embarazo y el nacimiento de su hijo o hija.
5. Atención humanizada del parto.
Adicionalmente, en apoyo a la implementación del sistema, se incorporará la atención humanizada del parto, lo que significa respetar los derechos de las madres y los recién nacidos durante todo el proceso. También toda madre podrá ser acompañada en el trabajo de parto y nacimiento por su pareja, familiar o persona afectivamente significativa. Además, tendrá derecho a ser respetada en su intimidad, a ser informada del tratamiento que se le brinda, y a adoptar la postura física que le sea más cómoda, y a expresarse libremente respecto a lo que necesita.
6. Entrega de material educativo.
Asimismo, se ha estimado necesario incorporar como prestación adicional al control de salud de los niños menores de 3 años de edad, un material educativo para la familia que entregue información sobre los cuidados de salud necesarios para el desarrollo infantil. Al mismo tiempo, este material será complementado por una guía del desarrollo de los niños y niñas organizada por etapas de su ciclo de vida, recomendaciones de apoyo al desarrollo psicomotor y afectivo, y un conjunto de pruebas mínimas a cumplir en cada etapa, que le permitan a las madres y padres observar el desarrollo de sus hijos e hijas y anticiparse a posibles rezagos.
7. Cobertura de salas cunas y otras modalidades. Metas al 2010.
Al año 2010, Chile Crece Contigo asegurará disponibilidad de sala cuna o modalidades equivalentes para todos los hijos e hijas de madres que trabajan, buscan trabajo o estudian de los hogares del 40% de menores ingresos y para aquellos que, no perteneciendo a este segmento socioeconómico, presenten necesidades especiales de atención o situaciones de vulnerabilidad especial (casos en que la madre sufra depresión, algún accidente o enfermedad grave, necesidades especiales del propio niño o niña).
En el mismo período, el sistema garantizará cobertura de modalidades de jardín infantil de jornada extendida (adecuada a los requerimientos de las jornadas laborales de las madres o padres) para los niños y niñas de madres que trabajan, fuera del hogar. Asimismo, se garantizará cobertura de modalidades de jardín infantil de jornada parcial para los hijos e hijas de madres que no trabajan fuera del hogar, pertenecientes a los hogares del 40% de menores ingresos.
Asimismo, Chile Crece Contigo garantizará que la educación parvularia que reciban los niños y niñas sea de calidad acreditada. Para ello se dispondrá de un mecanismo de acreditación y certificación de la calidad de todas las modalidades de atención parvularia y en todos los niveles considerados, el que, además, fiscalizará el cumplimiento de los estándares de calidad definidos a todos los prestadores, sean éstos públicos o privados.
8. Acceso preferente.
Con el fin de apoyar las múltiples dimensiones que influyen en el desarrollo infantil, el sistema de protección integral a la primera infancia considera otorgar acceso preferente de las familias a la oferta de servicios públicos que éstas requieran de acuerdo a sus necesidades de apoyo al desarrollo de sus hijos e hijas (nivelación de estudios, apoyo a la inserción laboral dependiente o independiente, mejoramiento de las viviendas – condiciones de habitabilidad – atención de salud mental, apoyo a la dinámica familiar, asistencia judicial, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil, entre otras).
La implementación global del sistema Chile Crece Contigo, se llevará a cabo de forma gradual, para cubrir todas las comunas entre el 2007 y el 2010, entendiendo que su implementación incluye todas las prestaciones detalladas anteriormente para los grupos de niños y niñas que residen en las respectivas comunas.
La gradualidad señalada se expresa en la incorporación al sistema en el año 2007 de 100 comunas, llegando de esta manera, al inicio del año 2010, a una cobertura del total de niños y niñas que nazcan en dicho año.
9. Programa de apoyo al desarrollo biosicosocial.
También se implementará un programa de apoyo al desarrollo biosicosocial en todos los consultorios de atención primaria de salud en las comunas seleccionadas, para los niños y niñas menores de 2 años, incluyendo el período de gestación.
10. Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil.
Para los niños y niñas que en el curso de su desarrollo sean diagnosticados con algún tipo de rezago, se implementará un Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el que permitirá que se generen iniciativas locales pertinentes a las necesidades especiales de los niños y niñas, que los apoyen a ellos y a los adultos significativos de manera que superen oportunamente los rezagos diagnosticados. Por ejemplo, modalidades de estimulación temprana en los consultorios o centros comunitarios, atención de especialistas para niños y niñas con necesidades especiales. Estas modalidades deben permitir hacer un seguimiento personalizado a la superación de los rezagos identificados.
Adicionalmente, se dispondrá de ayudas técnicas tanto para los niños y niñas con necesidades especiales (discapacidad), como implementos que las familias y/o los centros de atención infantil requieran para adecuar los espacios cotidianos de los niños a sus necesidades de apoyo. Fonadis implementará un programa especial para estos efectos.
11. Fondo concursable de iniciativas para la infancia.
Con el fin de apoyar la diversidad de necesidades del desarrollo infantil, en las comunas seleccionadas, se creará un Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia, priorizando entre ellas el deporte, la cultura, la infraestructura y equipamiento comunitario dedicado a los niños y niñas, iniciativas que favorezcan la participación infantil, entre las principales.
12. Rol del municipio.
El Sistema de protección integral a la Primera Infancia , es un sistema de gestión descentralizada, con base local, fuertemente asentado en la Municipalidad, a partir de los servicios que hoy existen y funcionan en las comunas, bajo su administración y coordinación.
De ahí que en la implementación global del sistema, a partir del año 2007, tendrán un papel de la mayor importancia los centros de atención primaria de salud, ya que la incorporación de los niños y niñas al sistema ocurrirá a partir del primer control del embarazo. La amplia cobertura que alcanza la atención primaria de salud a través de los programas de salud de la mujer y del niño, garantiza y asegura que el funcionamiento del sistema propuesto cuenta con los recursos institucionales necesarios para su adecuada operación.
De otro lado, en una parte importante de las Municipalidades, funcionan entidades de apoyo a la infancia de la comuna (oficinas municipales, oficinas de protección de derechos, redes locales a favor de la infancia, entre otras) que podrán servir de base a la implementación de Chile Crece Contigo.
Sin embargo, las entidades señaladas, tanto aquellas relacionadas con la atención de salud como las propiamente municipales, requieren de apoyos especiales para la gestión en red que es indispensable para la buena operación del sistema propuesto. Por esta razón, se ha considerado la creación de un Programa de Fortalecimiento Municipal que se implementará en las comunas seleccionadas.
Dicho programa deberá considerar el desarrollo de modalidades de capacitación y formación de los recursos humanos que se relacionan directamente con los niños, niñas y sus familias, en materias de desarrollo infantil.
13. Sistema de información en línea.
Para efectos de llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de los niños y niñas integrados a Chile Crece Contigo será necesaria la implementación de un sistema de información en línea, adscrito al Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado por la ley Nº 19.949, que permita registrar las características principales del proceso de desarrollo de cada niño o niña cubierto por el sistema de protección integral, desde la gestación, los apoyos recibidos por parte de las distintas instituciones y servicios intervinientes en el proceso, las necesidades especiales de atención que requieran de una derivación entre instituciones, y las mediciones periódicas de los avances en el proceso de desarrollo infantil temprano.
14. Observatorio de Infancia.
Por otra parte, la gestión del sistema de protección integral a la primera infancia requiere de una herramienta de carácter permanente de información y análisis sobre la situación de cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas, el monitoreo de las políticas de infancia, así como de la elaboración de propuestas y recomendaciones para su fortalecimiento y articulación.
Para lo anterior, se creará un Observatorio de Infancia que contará con el apoyo de un panel de expertos, para fortalecer la coordinación entre las instituciones académicas y de la sociedad civil con el sector público, mediante el aporte de conocimientos e información actualizada y pertinente que guíen la toma de decisiones. El funcionamiento de este panel de expertos, permitirá asegurar la transparencia y autonomía del Observatorio para el desarrollo de sus funciones. Dicho panel de expertos estará compuesto por representantes del mundo académico, empresarial, de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos multilaterales, que trabajen en materia de infancia.
El Observatorio emitirá todos los años un informe acerca de la situación de los derechos de los niños y de las políticas públicas que será entregado al Parlamento, al Consejo de Ministros de Infancia , u otra instancia de coordinación.
IV. AGENDA LEGISLATIVA, CHILE CRECE CONTIGO.
Para una adecuada instalación y gestión del Sistema de protección integral a la primera infancia se requiere de medidas administrativas y de medidas legislativas. Las primeras han sido señaladas más atrás. Sobre los cambios legislativos, nos referiremos enseguida.
Nuestra legislación en materia de protección a la maternidad y paternidad requiere de perfeccionamientos, en orden a favorecer el proceso de apego de los niños y niñas desde su nacimiento a las figuras adultas significativas, especialmente sus madres y padres.
Para estos efectos, proponemos una agenda legislativa para Chile Crece Contigo, que incluye iniciativas legales en materia de derechos de protección de la maternidad, adopción, discapacidad y regulación y automaticidad de los subsidios únicos familiares.
Este “paquete legislativo” está compuesto por mociones en actual tramitación legislativa, a las que se le formularán indicaciones del Ejecutivo y se le pondrán urgencias, y la presentación de un mensaje legislativo.
Los aspectos que aborda este paquete legislativo, son los siguientes:
1. Partos prematuros.
Para el caso de los partos prematuros, proponemos modificar el Código del Trabajo incorporando el derecho de la madre trabajadora a traspasar automáticamente al período postnatal los días no utilizados del prenatal.
Esta medida permitirá a la madre un mayor contacto y debido cuidado de su hijo o hija, utilizando su derecho a pre y post natal a cabalidad.
En esta línea daremos urgencia a la moción (Boletín Nº 1309-13) que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, cuyo texto representa fielmente el alcance que tiene este derecho, así como las consideraciones médicas necesarias para otorgarlo.
La moción es de los Ex diputados Francisco Bayo , Rodolfo Seguel , Marina Prochelle y Ramón Elizalde y el Diputado Roberto León.
2. Traspaso del pre al post natal.
Enseguida, queremos avanzar decididamente en otorgar el derecho a las mujeres trabajadoras para poder traspasar hasta las tres primeras semanas del descanso y subsidio prenatal al subsidio y descanso postnatal, cumpliendo con requisitos que resguarden tanto la salud de la madre como la del niño o niña.
A objeto de proteger los derechos de la madre, su decisión requerirá de una expresión de voluntad expresa de su parte, de la autorización médica, del conocimiento del Sindicato de Trabajadores respectivo u otra organización representativa de los trabajadores en caso que no hubiere sindicato y de la visación por parte de la Dirección del Trabajo.
3. Post natal para hijo que nace con discapacidad.
La discapacidad es un hecho que involucra y afecta a toda la familia, más aún cuando la persona que la posee es un hijo o hija recién nacido.
Por ello el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia considera consagrar el derecho a un año de postnatal para la madre trabajadora que da a luz a un niño o niña con discapacidad.
De esta manera damos tranquilidad a numerosas madres para enfrentar el cambio y desafío, para ellas y sus familias, de criar y educar a un hijo o hija con discapacidad.
Compartimos así, la preocupación planteada en este sentido por la Honorable Cámara de Diputados, a través de su Proyecto de acuerdo Nº 138-C de agosto del 2006.
4. Derecho a amamantar de madres trabajadoras, aunque no haya sala cuna.
Por el avance en materia de protección a la infancia que significa, daremos urgencia a la moción del actual senador Alejandro Navarro , y de la diputada Isabel Allende y de los ex diputados señoras Fanny Pollarolo , Marina Prochelle , Martita Wôrner y señores Rubén Fajardo , Anibal Pérez , Ezequiel Silva y Edmundo Villouta (Boletín Nº 1758-13-1).
Este proyecto de ley, en actual tramitación en el H. Senado, instaura el derecho a amamantar de las madres trabajadoras, aún cuando no exista sala cuna en la empresa en donde se desempeña, modificando el artículo 206 del Código del Trabajo.
5. Cambios en materia de adopción.
Por otra parte, debemos perfeccionar la legislación que protege a los hijos e hijas adoptivos, con el objeto de asegurar el derecho a licencia y subsidio postnatal para madres y padres adoptivos independientemente de la edad del niño o niña adoptado, y que el ejercicio del postnatal sea un derecho desde el momento en que efectivamente los padres se hacen cargo del cuidado del niño o niña, y no desde cuando exista la sentencia definitiva de adopción.
Para cumplir con estos objetivos estamos proponiendo modificaciones a la ley de adopción y al artículo 200 del Código del Trabajo.
V. CONTENIDO DEL PRESENTE PROYECTO DE LEY.
El presente proyecto de ley tiene dos aspectos fundamentales.
1. Susceptibilidad para declaración de adopción.
Sin perjuicio de las modificaciones en materia de adopción que van como indicaciones a la moción ya señalada, el presente proyecto aborda un tema específico que completa dichas propuestas.
Esta propuesta consiste en establecer un plazo no mayor de dos meses para que un niño o niña pueda ser declarado susceptible de adopción, si no le proporcionan atención personal o económica. La ley, en la actualidad, establece un plazo de cuatro meses.
2. Cambios al subsidio familiar.
Por otra parte, en el marco de la creación de un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño y su familia desde la gestación, el cual persigue como objetivo último asegurar igualdad desde la partida, protección y condiciones de equidad en el desarrollo de los niños y niñas, en el presente proyecto se ha incluido la modificación del sistema de otorgamiento del Subsidio Familiar, regulado por las leyes N°s 18.020 y 18.611.
Actualmente, este beneficio de carácter asistencial se otorga conforme a lo dispuesto en la ley N°18.611.
Dicha norma establece que en el mes de diciembre de cada año, mediante decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de Hacienda y del Interior, se definen los trece marcos presupuestarios regionales para el gasto en subsidios familiares del año siguiente y se distribuyen entre las regiones del país los cupos de nuevos subsidios familiares a otorgar en todos los meses del período febrero a noviembre siguiente, fijándose un número constante para cada región. A su vez, en enero del año siguiente, los Intendentes, mediante resolución, deben distribuir entre las comunas de sus respectivas regiones el número de nuevos subsidios a conceder en cada mes del período febrero a noviembre, número que también debe ser constante.
El proyecto modifica las normas que regulan el acceso al subsidio familiar, eliminando el establecimiento de cupos mediante marcos regionales de cupos máximos mensuales, permitiendo así que los subsidios se otorguen durante todos los meses del año.
Junto a este gran avance, y con el objeto de garantizar el derecho y el acceso automático al subsidio único familiar a todas las embarazadas y los niños y niñas, desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad, que cumplan con los requisitos de acceso a este subsidio, estamos presentando una modificación a la ley N°18.020.
Por todo lo anterior, en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular el siguiente proyecto de ley, a fin de que sean consideradas por ese Honorable Senado
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Reemplázase el inciso primero del Nº 2 del artículo 12 de la ley Nº 19.620, por el siguiente:
“2. No le proporcionen atención personal o económica durante el plazo de dos meses. Si el menor tuviera una edad inferior a un año, este plazo será de treinta días.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la publicación de la presente ley, las siguientes modificaciones a la ley N°18.611:
1) En el artículo 1°, deróganse los incisos segundo y siguientes.
2) Reemplázase el artículo 3° por el siguiente:
“Artículo 3º.- Los subsidios familiares a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a las normas de la ley Nº 18.020, serán otorgados por los alcaldes a los causantes y beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en dicho cuerpo legal, de acuerdo con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de Hacienda y Planificación, a quienes obtengan en el respectivo instrumento que evalúe su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se establezca en dicho reglamento, sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.
Asimismo, los alcaldes deberán publicar en la forma y oportunidad que se establezca en el reglamento, la nómina de beneficiarios.”.
ARTÍCULO TERCERO.- Reemplázase el inciso primero del artículo 3° bis de la ley Nº 18.020 por el siguiente:
“Tendrá derecho a subsidio familiar, la mujer embarazada que reúna los requisitos señalados en el artículo 3° de la ley Nº 18.611.”.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; OSVALDO ANDRADE LARA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; CLARISA HARDY RASKOVAN , Ministra de Planificación ; LAURA ALBORNOZ POLLMANN , Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; ISIDRO SOLÍS PALMA , Ministro de Justicia ”.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N°3.063, de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales. (boletín N° 4813-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, al Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, como asimismo algunas adecuaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y a las Leyes N° 15.231 y N° 18.287, relativas a Juzgados de Policía Local. Todo esto, a fin de establecer determinadas precisiones y correcciones que resultan necesarias de introducir en estos cuerpos legales, principalmente a consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.033, conocida durante su tramitación como “Rentas Municipales II”.
I. ANTECEDENTES.
La mencionada Ley N° 20.033, publicada en el Diario Oficial del 1° de julio de 2005, introdujo modificaciones a diversos cuerpos legales, entre otros, a la Ley sobre Impuesto Territorial, a la Ley de Rentas Municipales, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a las normas sobre Patentes Acuícolas y sobre Patentes Mineras, a la Ley sobre Bebidas Alcohólicas y a la Ley sobre Juzgados de Policía Local.
Estas modificaciones legales tuvieron como principales objetivos:
-Racionalizar el beneficio de la exención al impuesto territorial;
-Disponer que el Fisco y demás órganos públicos deben pagar contribuciones de bienes raíces respecto de los inmuebles de su propiedad, recursos que serán destinados al Fondo Común Municipal;
-Eliminar exenciones para diversos bienes raíces particulares;
-Modificar el mecanismo de reavalúos de los bienes raíces, y establecer una gradualidad en la aplicación del reavalúo de bienes raíces urbanos y agrícolas;
-Contemplar en la ley un aporte fiscal directo al Fondo Común Municipal;
-Disponer un aumento de la sobretasa a pagar por los sitios eriazos, y establecer una multa para las “propiedades abandonadas”;
-Destinar íntegramente a los municipios el importe de las multas aplicadas por los Juzgados de Policía Local, antes destinado al Servicio Nacional de Menores, pasando esto último a ser cubierto por el tesoro público;
-Incorporar en la ley un conjunto de normas para fortalecer la transparencia y la probidad en la labor de las municipalidades, y otras para modernizar su gestión;
-Establecer un mejoramiento en el nivel remuneracional de alcaldes y concejales;
-Modificar el destino de las patentes de acuicultura, pasando a ser ahora de beneficio regional y municipal;
-Introducir modificaciones en el pago de los derechos municipales por aseo, y
-Modificar algunos aspectos de las Patentes municipales de Alcoholes.
No obstante lograrse la mayor parte de los objetivos buscados, la entrada en vigencia de la Ley N° 20.033 ha provocado algunos efectos no previstos por el Ejecutivo y el Legislativo, en particular, un incremento de los recursos propios de las Municipalidades menor al esperado y, en algunos casos, una disminución de éstos.
Al respecto, algunos municipios y, en especial, por la Asociación Chilena de Municipalidades, han efectuado diversos planteamientos que apuntan a corregir la situación descrita, pues ella resulta contraria a uno de los objetivos centrales de la mencionada normativa, que era el aumento de los recursos municipales. Lo anterior ha motivado la formulación del presente proyecto de modificaciones legales.
Además de corregir la situación antes mencionada, esta iniciativa legal tiene características de “ley miscelánea” en materia de ingresos municipales, ya que propone varios ajustes y adecuaciones a la aplicación de ciertos derechos de beneficio municipal, con el objeto de mejorar su operación, aplicación y transparencia. Asimismo, introduce otros cambios que implican rebajar la carga burocrática de los contribuyentes de patentes municipales y entregar a las autoridades mayores facultades para un mejor control de los aportes que las municipalidades deben hacer al Fondo Común Municipal.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Como se ha señalado, el presente proyecto de ley introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, las que se materializan en la forma que se explica a continuación:
1. Ley 17.235, sobre impuesto territorial.
En el caso de este cuerpo normativo, las modificaciones consisten, por una parte, en adecuaciones formales destinadas a suprimir las referencias a los “Cuadros Anexos N° 1 y N° 2”, los cuales fueron reemplazados por un Cuadro Anexo único por la citada Ley N° 20.033.
Las más sustantivas, dicen relación con la reposición de algunas entidades en la nómina fijada para las exenciones al Impuesto territorial, y que habían quedado excluidas; disponiéndose al efecto -en el artículo 1° transitorio- que estas adecuaciones tendrán la misma vigencia de las modificaciones sobre tal materia, que en su oportunidad introdujo la mencionada Ley N°20.033 en la Ley sobre Impuesto Territorial.
2. Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
Las principales modificaciones en este texto legal, son las siguientes:
a) Se introduce el criterio de la frecuencia en la extracción de residuos sólidos domiciliarios con el objeto de fijar tarifas diferenciadas en este servicio, para efectos de vincular de forma más adecuada el monto a pagar por el usuario con el costo del servicio para los municipios (cobro asociado a la calidad del servicio).
b) Se disminuye de 225 UTM a 100 UTM el tope máximo de avalúos de las propiedades de aquellos contribuyentes que quedan automáticamente exentos del pago de extracción de basuras, con el objeto de favorecer, particularmente, a las personas del segmento más pobre de la comuna.
c) Se elimina la obligación de los contribuyentes de patentes comerciales de presentar anualmente ante la municipalidad una declaración de capital propio.
En su reemplazo se establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá remitir a la respectiva municipalidad, por medios electrónicos y dentro del mes de mayo de cada año, información sobre el capital propio declarado por cada contribuyente, su Rol Único Tributario y el respectivo código de la actividad tributaria.
Esta adecuación busca aliviar la carga burocrática de los contribuyentes y, además, asegurar la veracidad de la información que éstos remiten a la municipalidad para calcular el monto de las patentes comerciales.
d) Para efectos de evitar futuros endeudamientos por aportes al Fondo Común Municipal, se elimina la posibilidad de celebrar convenios para proceder al servicio de la deuda, y en su reemplazo se faculta a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para que solicite al Servicio de Tesorería que se proceda al descuento de las sumas adeudadas, de las respectivas remesas de anticipos de dicho Fondo, en la formas y plazos que dicha Subsecretaría determine.
Para poder ejercer esta facultad, se establece la obligación de las municipalidades de informar trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en las condiciones, formatos y medios que ésta determine, respecto a la recaudación de los ingresos que deben aportar al Fondo Común Municipal. De no cumplirse con esta obligación la Subsecretaría mencionada solicitará al Servicio de Tesorerías que se abstenga de efectuar las remesas por anticipos del Fondo Común Municipal, mientras la municipalidad morosa no remita la información requerida.
Junto a lo anterior y con el objeto de evitar futuras deudas por el referido concepto, se establecen sanciones frente a futuros incumplimientos a la obligación de efectuar aportes al Fondo Común Municipal.
En este sentido, se faculta a la mencionada Subsecretaria para que informe al Servicio de Tesorerías, sobre los montos que debieran haber enterado las municipalidades al Fondo Común Municipal, con el objeto que esta entidad coteje esa información con los recursos que efectivamente se percibieron, y en caso que verifique diferencias entre lo informado y lo realmente percibido, deberá comunicar dicha situación a la Contraloría General de la República, entidad que una vez verificado el procedimiento establecido en el proyecto, realizará una denuncia al Tribunal Electoral competente, por notable abandono de deberes del alcalde de la municipalidad morosa.
Con el mismo objetivo que las anteriores medidas, además se tipifica como delito la falta de aporte al Fondo Común Municipal, en las condiciones que se indica en el proyecto.
e) Respecto a los derechos que la municipalidad puede cobrar por la extracción de arena, ripio u otros materiales desde pozos lastreros, se modifica el actual sistema que establece un derecho anual de un monto equivalente al 5% del avalúo fiscal del inmueble respectivo, asimilando el valor al de la extracción en bienes nacionales de uso público.
Esta modificación tiene como objetivo revertir un efecto no deseado de la Ley 20.033, ya que en la práctica la norma del 5% del avalúo ha afectado de manera importante los recursos que los municipios percibían por concepto de este derecho.
f) Se modifica el derecho por concepto de publicidad que pueda ser vista u oída desde la vía pública, eliminándose la limitación que se impuso a través de la Ley de Rentas II, que sólo permite el cobro a las empresas de publicidad que realizan esta actividad publicitaria y fija en tres años la vigencia del valor que las municipalidades pueden cobrar.
En la práctica, la norma aprobada por la Ley 20.033 ha afectado de manera significativa los recursos que los municipios percibían por concepto de este derecho, ya que sin haber sido un objetivo del legislador, ha derivado en el “no pago” de derechos de publicidad en algunos casos, fundamentalmente cuando la publicidad emplazada en terrenos privados de manera directa por particulares o empresas (no de publicidad).
El proyecto propone, en cambio, asimilar el cobro de derechos por publicidad que pueda ser vista u oída desde la vía pública, al aplicable por publicidad efectuada en la vía pública.
3. Ley N° 19.104, que reajusta remuneraciones de los trabajadores del sector publico y dicta otras normas de carácter pecuniario.
En el Artículo 9º de la Ley 19.104, publicada el 7 de diciembre de 1991, se faculta al Ministro de Hacienda para exceptuar, entre otras entidades de la Administración del Estado, a las Municipalidades, del límite máximo de 40 horas extraordinarias diurnas al mes por cada funcionario, en el caso de circunstancias especiales en que puedan necesitar que determinado personal trabaje un mayor número de horas extraordinarias.
Esta normativa no se condice con la autonomía financiera que la Constitución Política asegura a dichas entidades locales, por lo que se modifica el mencionado artículo, estableciéndose que la referida facultad quede radicada en las propias municipalidades.
4. Facultad del Servicio de Tesorerías para celebrar nuevos convenios de pago para el pago de deudas por aporte al Fondo Común Municipal.
Acogiendo una propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que planteó un mecanismo para solucionar el problema de algunas municipalidades del país que se encuentran morosas en sus aportes al Fondo Común Municipal, se autoriza -mediante el artículo 2° transitorio de este cuerpo legal- al Servicio de Tesorerías, para celebrar convenios de pago de las deudas devengadas con anterioridad de la publicación de la ley, que podrá beneficiar a las municipalidades morosas que tengan o no convenio anterior vigente, previa autorización de los respectivos Concejos Municipales y la presentación por parte de la correspondiente municipalidad morosa de una propuesta que contenga plazos y condiciones para proceder al pago de la deuda y que incluya los análisis financieros que justifiquen la oferta.
Se reconoce la facultad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de establecer plazos y condiciones para el pago de la deuda, previa evaluación de la capacidad financiera del municipio deudor, estableciéndose la condonación total de intereses acumulados y la actualización de la deuda en Unidades Tributarias Mensuales.
En consecuencia, y en mérito de lo expuesto, vengo en remitir a la consideración del H. Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda:
1. Elimínase, en el inciso primero del artículo 2°, la expresión “N° 1”.
2. Suprímese, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “N° 1”.
3. Sustitúyase, en el inciso tercero del artículo 27, la expresión “que se señalan en el Cuadro Anexo N° 2”, por la frase “fiscales y municipales en los cuales, por razones inherentes a sus cargos, estén obligados a residir funcionarios públicos o municipales, en la forma que se señala en letra A) del Párrafo I del Cuadro Anexo”.
4. Introdúcense las siguientes modificaciones al Cuadro Anexo que contiene la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial:
a) Incorpórase en el número 1) de la letra A) del Párrafo I., a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: “En todo caso, dicho artículo no será aplicable a las propiedades fiscales en las cuales, por razones inherentes a sus cargos, estén obligados a residir funcionarios públicos.”.
b) Incorpórase en el número 2) de la letra A) del Párrafo I., a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: “En todo caso, dicho artículo no será aplicable a las propiedades municipales en las cuales, por razones inherentes a sus cargos, estén obligados a residir funcionarios municipales.”.
c) En el número 10) de la letra B) del Párrafo I., reemplázase la expresión “Assosiated” por “Associated”, e intercálase, a continuación de la palabra “Universities”, la expresión “Inc.”.
d) En el número 13) de la letra B) del Párrafo I., reemplázase la expresión “Bienes raíces” por la palabra “Terrenos”; e incorpórase, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase final: “en la forma y plazos establecidos en dicho cuerpo legal.”.
e) En el número 14) de la letra B) del Párrafo I., intercálase la preposición “de” antes de la frase “Voluntarios de los Botes Salvavidas”, y suprímese la palabra “Cuerpo” que antecede a la expresión “de Socorro Andino”.
f) Reemplázase el número 15) de la letra B) del Párrafo I., por el siguiente:
“15) Bienes raíces ubicados en las Comunas de Porvenir y Primavera, de la Provincia de Tierra del Fuego de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.149, como asimismo los ubicados en los límites de la zona territorial de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena indicada en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 18.392.”.
g) Intercálase en el número 16) de la letra B) del Párrafo I., la expresión “comuna de” entre las palabras “la” e “Isla”.
h) Agrégase a la letra C) del Párrafo I., el siguiente N° 8), nuevo:
?8) Sedes sociales de instituciones de Socorros Mutuos.?.
i) Reemplázase el encabezado de la letra D) del Párrafo I., por el siguiente:
“D) Los Bienes Raíces de propiedad de las siguientes instituciones, siempre que cuenten con personalidad jurídica vigente, que estén destinados al fin de beneficencia establecido en sus estatutos y no produzcan renta por actividades distintas a dicho objeto.”.
j) Intercálase en el número 3) de la letra D) del Párrafo I., la conjunción “o” después de la palabra “indigentes”.
k) Reemplázase el número 5) de la letra D) del Párrafo I., por el siguiente:
“5) Sociedad Protectora de Animales Benjamín Vicuña Mackenna.”.
l) Agrégase a la letra D) del Párrafo I., el siguiente N° 6), nuevo:
“6) Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de San Carlos, respecto de su propiedad ubicada en la Comuna de San Carlos, calle Maipú N° 702.”.
m) Reemplázase el encabezado de la letra A) del Párrafo II., por el siguiente:
“A) Los Bienes Raíces de propiedad de las siguientes instituciones, siempre que cuenten con personalidad jurídica vigente, que estén destinados al fin de beneficencia establecido en sus estatutos y no produzcan renta por actividades distintas a dicho objeto.”.
n) Agréguese a la letra A) del Párrafo II, el siguiente N° 5), nuevo:
“5) Protectora de la Infancia.”.
ñ) Reemplázase el número 1) de la letra C) del párrafo II., por el siguiente:
“1) Industrias mineras ubicadas en el Lago General Carrera, en la comuna de Puerto Cisnes y en la Isla Puerto Aguirre de la Provincia de Aysén.”.
o) Incorpórase en el número 2) de la letra A) del Párrafo III., a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase final: “en la forma y plazos establecidos en dicho cuerpo legal.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:
1. Reemplázase el inciso primero del artículo 6°, por el siguiente:
“Artículo 6°.- El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser diferenciado para aquellos que requieran mayor frecuencia para la extracción o conforme a programas ambientales que incluyan, entre otros, el reciclaje.”.
2. Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 7º, el guarismo “225” por “100”.
3. Introdúcense en el artículo 24, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en el inciso primero, la palabra “junio” por “mayo”.
b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, el Servicio de Impuestos Internos aportará por medios electrónicos a cada una de las municipalidades que corresponda, dentro del mes de mayo de cada año, la información del capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes.”.
c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
“En la determinación del capital propio a que se refiere el inciso segundo de este artículo, los contribuyentes podrán deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido por la o las municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentran ubicados. El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este inciso.”.
4. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 25, por los siguientes:
“Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar dentro del mes de mayo de cada año, en la municipalidad correspondiente, una declaración en que se incluya el número total de trabajadores que laboran en cada una de las sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial.
Sobre la base de la declaración antes referida y los criterios establecidos en el reglamento, la municipalidad receptora determinará y comunicará, tanto al contribuyente como a las municipalidades vinculadas, la proporción del capital propio que corresponda a cada sucursal, establecimiento o unidad de gestión empresarial. En virtud de tal determinación, las municipalidades en donde funcionen las referidas sucursales, establecimientos o unidades, calcularán y aplicarán el monto de la patente que corresponda pagar en cada caso, según la tasa o tasas vigentes en las respectivas comunas.”.
5. Sustitúyese en el artículo 33, la referencia a la “Ley N° 17.105.-” por “Ley N° 19.925”.
6. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 39 bis, por los siguientes incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo señalado, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo estará facultada para solicitar al Servicio de Tesorerías que proceda a descontar dichas deudas de las respectivas remesas por anticipos del Fondo Común Municipal, descuento que se efectuará en los términos que determine la referida Subsecretaría, aplicando los reajustes e intereses legales correspondientes.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá determinar para cada municipalidad, a partir del informe trimestral a que se refiere el artículo 60, los recursos que le correspondería haber enterado al Fondo Común Municipal. Este cálculo deberá ser informado al Servicio de Tesorerías dentro del mes siguiente al del vencimiento del trimestre respectivo.
Una vez recibido el informe señalado en el inciso anterior, el Servicio de Tesorerías deberá cotejar dicha información con los recursos efectivamente enterados por cada municipalidad y deberá informar a Contraloría General de la República respecto de aquellas que muestren una diferencia entre el monto informado por la referida Subsecretaría y el ingreso efectivo, para que el organismo contralor ejerza las facultades fiscalizadoras que establece su ley orgánica. Copia de dicho informe se remitirá a las municipalidades afectadas.
En caso de establecerse por la Contraloría General de la República que no se ha cumplido con el aporte correspondiente al Fondo Común Municipal, y esta situación no haya sido corregida al mes siguiente de recibida la observación correspondiente, el alcalde de la municipalidad respectiva incurrirá en causal de notable abandono de deberes, conforme a lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y dicha entidad deberá efectuar la denuncia respectiva al Tribunal Electoral Regional competente.
Si una municipalidad incurriese, por segunda vez en el mismo período alcaldicio, en no pago del aporte al Fondo Común Municipal, la Contraloría General efectuará la denuncia ante el Tribunal referido, aunque la situación haya sido regularizada, y deberán aplicarse, además, las sanciones establecidas en el artículo 237 del Código Penal, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 41:
a) Reemplázase el numeral 3.-, por el siguiente:
“3.- Extracción de arena, ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso público, o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad particular.”.
b) Sustitúyense los incisos primero y segundo del numeral 5.- por el siguiente inciso primero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y siguientes, a ser incisos segundo y siguientes, respectivamente:
“5.- Los permisos que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública, o que sea vista u oída desde la misma, en conformidad a la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad. El valor correspondiente a este permiso se pagará por anualidades, según el valor establecido en la respectiva Ordenanza Local.”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 60:
a) En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “a la Tesorería General de la República” por “el Servicio de Tesorerías”; y agrégase entre las expresiones “Fondo Común Municipal” y “del ingreso”, la conjunción “y”;
b) Intercálanse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto, a ser incisos quinto y sexto, respectivamente:
“Para dichos efectos, las municipalidades deberán informar trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en las condiciones, formatos y medios que ésta determine, respecto de la recaudación de recursos a que se refieren los números 2, 3 y 6 del inciso tercero del artículo 14 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. La información correspondiente deberá ser enviada a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente de terminado el respectivo trimestre.
En caso de incumplimiento de esta obligación, el Servicio de Tesorerías, a solicitud de la Subsecretaría, se abstendrá de efectuar las remesas por anticipos del Fondo Común Municipal, mientras la municipalidad respectiva no cumpla con la obligación establecida en el inciso anterior.”.
c) En el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso quinto, sustitúyese la expresión “la Tesorería General de la República” por “el Servicio de Tesorerías”.
Artículo 3°.- Incorpórase, en el inciso final del artículo 9º de la Ley N° 19.104, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En el caso de los organismos cuyos funcionarios perciban la asignación establecida en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, la excepción a la limitación referida se dispondrá mediante un decreto alcaldicio fundado.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Las adecuaciones introducidas a la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, por el artículo 1° de la presente ley, tendrán la misma vigencia que las modificaciones efectuadas a dicha ley por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 20.033, de 2005.
Articulo Segundo.- Facúltase al Servicio de Tesorerías para celebrar, por una sola vez, nuevos convenios de pago o reliquidar aquellos vigentes, conforme a lo dispuesto en el presente artículo, para el pago de la deuda por aportes al Fondo Común Municipal, respecto de las municipalidades que, a la fecha de publicación del presente cuerpo legal, tengan deudas pendientes por ese concepto, en los plazos y condiciones que determine la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, previa evaluación de la capacidad financiera de la municipalidad deudora. En todo caso, los plazos que se aprueben deberán considerar que el pago máximo anual de cada municipalidad no supere el 5% de la suma entre los ingresos propios permanentes y los ingresos percibidos por concepto del Fondo Común Municipal, ambos del año 2005, comparación que debe hacerse en moneda de igual valor.
La reliquidación de los convenios anteriores en ningún caso generará derecho a la devolución de cuotas ya pagadas de los mismos.
Para los efectos indicados en el presente artículo, las municipalidades morosas deberán presentar dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley, una propuesta de pago, que contenga los plazos y condiciones para el cumplimiento de su obligación, debiendo incluir un análisis financiero de su capacidad de pago. Esta propuesta deberá contar con la aprobación del respectivo concejo municipal.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo tendrá la facultad de aprobar o modificar la propuesta de la municipalidad morosa, previa evaluación de la capacidad financiera de la misma.
En los convenios de pago se condonará el total de intereses devengados, debiendo procederse a la liquidación de la deuda, reajustándola en conformidad a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha del vencimiento y la de la presentación de la propuesta a que se refiere el inciso tercero, y expresándola en Unidades Tributarias Mensuales, o en la unidad de reajustabilidad que la reemplace, a la fecha de celebración del convenio.
Las cuotas que se pacten en los referidos convenios serán descontadas por el Servicio de Tesorerías de las respectivas remesas del Fondo Común Municipal, y de ser éstas insuficientes, de los ingresos correspondientes por concepto de impuesto territorial, de impuesto de transferencia de vehículos con permiso de circulación, o de derechos de aseo.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; BELISARIO VELASCO BARAONA , Ministro del Interior ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA LEY N° 17.235, SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL, AL DECRETO LEY N° 3.063 DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES Y A OTROS CUERPOS LEGALES
Mensaje N° 325-354
Este proyecto de ley no implica gasto fiscal.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
3. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral. (boletín N° 4814-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, presento a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce modificaciones al Libro V del Código del Trabajo, reformado por la ley Nº 20.087.
I. ANTECEDENTES.
El Gobierno fijó desde sus inicios, como una de sus prioridades, velar por los procesos de implementación y consolidación de la nueva justicia laboral y previsional. Para ello se aprobaron tres cuerpos legales de gran importancia, los que establecen normas que apuntan precisamente a los objetivos señalados.
En primer lugar, la Ley N° 20.022, que crea jueces especializados. En segundo término la ley N° 20.023, que modifica el sistema de ejecución de los títulos ejecutivos previsionales. Finalmente, la ley N° 20.087, que establece nuevos procedimientos del trabajo, y la N° 20.022, en lo relativo a los nuevos tribunales laborales, las que deberán entrar en vigor el día 1º de marzo del próximo año 2007.
De esta manera, aún cuando las leyes N°S 20.023 y 20.087 fueron aprobadas durante el año 2005, su plena puesta en marcha y su consolidación corresponderán al actual período gubernamental. Por ello, mi Gobierno ha considerado necesario practicar una revisión exhaustiva de las normas aprobadas, con el fin de asegurar la eficacia y oportunidad en el funcionamiento de esta nueva justicia, constituyéndola así en un hito relevante dentro de las políticas públicas del sector trabajo y seguridad social, así como de aquéllas de justicia.
La efectividad de los derechos laborales y de seguridad social - que preocupa especialmente a mi Administración- se traduce en la búsqueda constante de elementos que perfeccionen las relaciones laborales y establezcan los debidos marcos de protección a los trabajadores, tanto en su calidad de tales, cuanto en la de ciudadanos, lo que pasa necesariamente por un sistema de administración de justicia laboral eficiente y eficaz.
Con el propósito de efectuar la señalada revisión, en lo que a su parte procedimental se refiere, se conformó al efecto un grupo de expertos vinculados a los ámbitos judicial, académico, gubernamental y de práctica de la litigación, tanto en la defensa de los trabajadores como de los empleadores. Este grupo desarrolló su trabajo siguiendo la metodología del originario Foro de la Reforma Procesal Laboral y Provisional, la que demostró ser adecuada.
Con dicha metodología, el grupo abordó el estudio de propuestas de perfeccionamiento de los procedimientos regulados por la ley Nº 20.087, especialmente en lo relativo al procedimiento monitorio, aplicable a las controversias de cuantías más pequeñas, correspondientes a los trabajadores de menores recursos, el cual requiere de una especial celeridad. Las diversas propuestas de modificación mantienen, en todo caso, el modelo y los principios rectores del procedimiento contenidos en dicha ley, los que siguen de cerca el espíritu de las demás reformas introducidas recientemente en otros ámbitos de la administración de justicia, basadas en principios tales como la oralidad, inmediación, y concentración.
Los perfeccionamientos que el presente proyecto propone se orientan a permitir a los demandantes de justicia laboral ver satisfechas a plenitud y en forma oportuna sus expectativas de solución jurisdiccional, logrando así la efectiva tutela de los derechos, tanto de trabajadores como de empleadores en sede jurisdiccional. Ello resulta indispensable para lograr un modelo de relaciones laborales que presente mayores niveles de equidad.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Tal como ya se ha expresado precedentemente, el proyecto de ley que presento a vuestra consideración busca esencialmente mejorar el procedimiento laboral regulado por la ley Nº 20.087, que sustituye el Libro V del Código del Trabajo, perfeccionando aquellos aspectos que han motivado ciertas inquietudes por parte de diversos actores vinculados tanto al mundo del trabajo, como a los operadores del sistema.
En este contexto, las reformas que se proponen se orientan principalmente a los siguientes aspectos:
1. Profundizar los principios de celeridad y concentración, que resultan claves para la oportuna resolución del conflicto, la que viene exigida por la naturaleza de los derechos que se reclaman en sede laboral.
2. Reforzar el principio de inmediación que inspira todo el proceso, entregando al juez del trabajo las herramientas que le permitan conocer directamente y a cabalidad la controversia que debe resolver.
3. Evitar potenciales dificultades e incertidumbres que algunas de las normas aprobadas podrían producir en la tramitación de los procedimientos.
4. Introducir reformas a los procedimientos monitorio y de reclamación de multas, con el fin de simplificarlos y darles un carácter más breve y expedito.
Para el Ejecutivo , a partir de estos objetivos, las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley, resguardarán de mejor forma los principios en los que se basa el nuevo procedimiento laboral y darán a las partes mayor certeza y más garantías de enfrentar un juicio equitativo y justo.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El perfeccionamiento del proceso de modernización de la justicia laboral que se pretende llevar adelante pasa, necesariamente, por detectar aquellos elementos que puedan conspirar, precisamente, en contra de los principios fundantes del nuevo procedimiento. De ahí que este esfuerzo normativo está dirigido principalmente a implementar mecanismos que permitan hacer efectivos los principios en los que se funda el nuevo sistema, realizando al efecto las precisiones necesarias para que, tanto en su letra como en su espíritu, las normativa procesal laboral resulte plenamente entendible para todos los actores involucrados vinculados al mundo del trabajo, y por la ciudadanía en general.
Inspirado en esta filosofía, la propuesta que se somete a Vuestra Consideración, discurre sobre los siguientes ejes temáticos:
1. Principios formativos del procedimiento.
En primer lugar, se modifica el artículo 429, en el sentido de establecer que las resoluciones relativas al rechazo de prueba inconducente, deben ser fundadas, como una forma de garantizar de mejor manera el derecho a la defensa de las partes de las partes.
2. Reglas comunes al procedimiento.
Enseguida, las modificaciones introducen precisiones a determinados conceptos para su más exacta comprensión, así como algunas normas destinadas a optimizar la aplicación, de los principios de celeridad e inmediación.
Específicamente las normas que se modifican son:
-En el artículo 436, se elimina la referencia a la tabla de emplazamiento, a fin de privilegiar la celeridad del juicio, y evitar dilaciones innecesarias, considerando que los actuales medios de comunicación no justifican la prolongación de los plazos que dicha tabla contempla.
-Para extender la gratuidad de las notificaciones por aviso publicadas en el Diario Oficial a aquéllas que soliciten las Inspecciones del Trabajo, en los casos en que les corresponde actuar como denunciante, se modifica el artículo 439.
-Se agrega un nuevo artículo 439 bis, por el que se establece la posibilidad de decretar diligencias sin necesidad de exhorto para efectuar diligencias en territorios jurisdiccionales distintos, pero próximos entre sí. Ello busca fortalecer el principio de celeridad.
-Se modifica el artículo 444 con el fin de subsanar un error de texto evidente, consistente en la referencia que se hace al demandado en circunstancias que se trata del demandante.
3. Procedimiento de aplicación general.
En esta materia, las modificaciones apuntan esencialmente a agilizar el procedimiento, eliminando actuaciones innecesarias tales como la ratificación de la demanda y de su contestación, así como a perfeccionar la redacción y proponer nuevos textos que reflejen de mejor manera el carácter tutelar del derecho del trabajo.
Las modificaciones que se introducen son concretamente las siguientes:
-Para que la contestación de la demanda sea siempre escrita y deba presentarse con al menos 5 días de anticipación a la audiencia preparatoria, se modifica el artículo 452. Esta modificación permitirá al demandante tener conocimiento previo de las defensas del demandado, como asimismo al juez, facilitándole la proposición de bases de conciliación. Adicionalmente, el mecanismo propuesto contribuye a agilizar el desarrollo de la audiencia preparatoria.
-Se modifica el artículo 453, con las siguientes finalidades: eliminar las diligencias de ratificación de la demanda y su contestación; explicitar que solo será apelable la resolución que acoja las excepciones de incompetencia, caducidad o prescripción; y de modificar las reglas relativas a la prueba documental, haciéndolas más acorde al principio de oralidad.
4. Cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos ejecutivos laborales.
A continuación, se modifica el artículo 468, a fin de explicitar la facultad del ejecutado de reclamar del incremento aplicado por el juez al saldo de la deuda.
5. Procedimiento de tutela.
Enseguida, se modifica el artículo 489, inciso final, de manera de explicitar la posibilidad que tiene el demandante en orden a entablar, en el mismo juicio, la acción de tutela laboral y la acción por despido injustificado, indebido o improcedente, esta última como subsidiaria de aquella.
Con esta modificación se apunta a evitar la duplicidad de procesos entre las mismas partes, esto es, primero una acción de tutela y luego un procedimiento de aplicación general, considerando especialmente que aquella se somete a la tramitación de este último, salvo puntuales excepciones, resguardándose de esta manera que el volumen de ingreso de causas a la judicatura se mantenga dentro de parámetros habituales.
6. Procedimiento monitorio.
El procedimiento monitorio laboral, que fuera incorporado a la ley N° 20.087 por moción parlamentaria, busca entregar un importantísimo instrumento a los trabajadores cuyos créditos son de escaso monto, así como a las trabajadoras y trabajadores amparados por el fuero que les concede el artículo 201 del Código del Trabajo, permitiéndoles obtener con celeridad el pago de lo adeudado por sus empleadores, o, a lo menos, premunirse de un título ejecutivo para su cobro.
Este nuevo procedimiento recoge la función prejudicial que históricamente han desempeñado las Inspecciones del Trabajo en la búsqueda de conciliación entre las partes frente a reclamos de los trabajadores formulados a raíz del término de sus contratos de trabajo.
Sin embargo, el diseño con que fue en definitiva aprobado este procedimiento, que lo torna engorroso y largo, imposibilita el logro de los objetivos buscados a través de su instauración. Es por ello que resulta urgente introducirle reformas importantes tendientes a recuperar su razón de ser.
En consecuencia, el presente proyecto de ley introduce las siguientes modificaciones a este procedimiento especial:
a. Recoge la experiencia de la Dirección del Trabajo en materia de conciliación entre trabajador y empleador al momento del término del contrato de trabajo, pero desvincula procesalmente el comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo, del procedimiento monitorio en sede judicial. De tal manera, ante la persistencia del desacuerdo entre las partes, ya sea total o parcial, el conciliador de la Inspección del Trabajo no queda obligado a remitir de oficio los antecedentes al tribunal competente, sino que deba ser el propio trabajador quien interponga la demanda.
b. No obstante lo anterior, se genera un incentivo para requerir la intervención prejudicial conciliadora de las Inspecciones del Trabajo, puesto que para utilizar este procedimiento se requiere acompañar a la demanda copia del acta levantada por el funcionario conciliador de la Inspección del Trabajo.
Con todo, se exime de este requisito al trabajador o trabajadora separados ilegalmente, con infracción al artículo 201 del Código del Trabajo.
c. En sede judicial se mantiene el elemento esencial y característico de todo procedimiento monitorio, denominado por la doctrina “inversión del contradictorio”, consistente en que la sola demanda acompañada de sus antecedentes fundantes habilita al juez para acoger o rechazar las pretensiones, de plano, resolución que puede ser objeto de impugnación por cualquiera de las partes, ante el mismo tribunal, no procediendo ningún otro recurso. Ello, dado que tal impugnación produce el efecto de dar inicio a un juicio declarativo.
d. A fin de dar a este procedimiento la especial celeridad y concentración que deben caracterizarlo, se establece que dicho juicio se tramitará en base a una sola audiencia de contestación y prueba.
e. Finalmente, en materia de notificaciones, se precisan las formas en que deben realizarse estas, tanto por las Inspecciones del Trabajo, como por el Tribunal.
7. Procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas
El procedimiento regulado en la Ley N° 20.087 para reclamar de las resoluciones de la Dirección del Trabajo, introduce importantes mejoras en relación al procedimiento aún vigente contenido en el antiguo artículo 474. En efecto, favorece el acceso de los ciudadanos a la justicia, al eliminar la obligación de consignar un tercio del monto de la multa para formular dicho reclamo y establecer expresamente la posibilidad de apelar de la sentencia. Asimismo, define con claridad el tribunal competente, al disponer que la demanda deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción; y, por último, da certeza al infractor multado acerca del plazo que tiene para demandar, el que será de 15 días hábiles.
Sin embargo, la mencionada ley, mantiene en este caso la doble audiencia, cuestión que no se justifica, dada la naturaleza de la controversia planteada. Es por ello que se ha estimado necesario introducir, también, algunas modificaciones a este procedimiento, con el fin de simplificarlo y evitar un recargo de trabajo inútil a los nuevos juzgados del trabajo.
Así, se propone un nuevo procedimiento, más breve, mediante el cual, admitida la reclamación a tramitación, el juez deberá citar a las partes a una única audiencia de contestación y prueba, en la que además deberá dictarse la sentencia definitiva.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
1) Modifícase el art. 429, de la siguiente manera:
a) Agrégase, en el inciso primero, antes de la expresión “aquellas que considere inconducentes”, la frase “, mediante resolución fundada,”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, en su segunda oración, la disyunción “o” por la conjunción “y”.
2) Elimínase la oración final del inciso 6º del artículo 436.
3) Introdúcese un nuevo artículo 439 bis, del siguiente tenor:
“Artículo 439 bis. En las causas laborales los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín , La Granja, La Pintana, San Ramón , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda , Lo Espejo , San Bernardo , Calera de Tango , Puente Alto , San José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.
Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.
La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.”.
4) Reemplázase el término “demandado” del inciso tercero artículo 444, por la expresión “demandante”.
5) Reemplázase el artículo 452, por el siguiente:
“Art. 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.
La contestación deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta.
La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que esté íntimamente ligada a ella.
La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con la demanda.”.
6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 453:
a) Reemplázase su número 1), por el siguiente:
“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el Juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y las excepciones, si éstas hubieren sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.
A continuación el Juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las excepciones, en su caso.
Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el Tribunal deberá pronunciarse de inmediato, respecto de las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo, de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.
Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.
La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción, deberá ser fundada y solo será susceptible de apelación aquella que las acoja.
Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.
Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.
b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.
c) Intercálase en el primer párrafo de su actual número 5, después de la palabra “resolverá” y antes de la preposición “en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto del número 5, por el siguiente:
“La prueba documental podrá ser ofrecida en la demanda o su contestación o durante la audiencia preparatoria, debiendo impugnarse conforme lo establecido en el numero 2 del artículo 454 y podrá acompañarse hasta cinco días antes de la audiencia de juicio.”.
7) Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:
“Art. 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.
El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.
La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.
8) Agrégase, en el inciso primero del artículo 487, la siguiente frase final, sustituyéndose el actual punto por una coma:
“salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 489.”.
9) Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:
“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata este párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se tratare de la acción por despido injustificado, indebido o improcedente, la que deberá interponerse subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.
10) Sustitúyese en el artículo 496, la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala”, por la siguiente: “el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el párrafo tercero del presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.
11) Reemplázase el artículo 497, por el siguiente:
“Art. 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.
Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.
La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.
Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan, tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier otros que estimen pertinentes.
Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.
12) Sustitúyese el artículo 498, por el siguiente:
“Art. 498.- En caso de que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.
Sin perjuicio a lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo Tercero del presente Título.”.
13) Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:
“Art. 499.- Si no se produjese conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que el reclamado no concurra al comparendo, el trabajador podrá interponer demanda ante el Juez del Trabajo competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.
La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este Código.
Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.
14) Reemplázase el artículo 500, por el siguiente:
“Art. 500.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, las acogerá inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.
Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde su notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.
La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.
En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación extemporánea.
Presentada la reclamación dentro de plazo, el Juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y prueba, la que deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación.
Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo establecido en el artículo 462.”.
15) Reemplázase el artículo 501, por el siguiente:
“Art. 501.- Las partes deberán asistir a la audiencia con todos sus medios de prueba y, en caso de comparecer a través de mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad de transigir.
La audiencia tendrá lugar con solo la parte que asista.
El juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los numerales 1, 2, 5, 6, y 7 del artículo 459.”.
16) Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:
“Art. 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo establecido en la letra a) del artículo 477. La sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso alguno.”.
17) Sustitúyense los actuales incisos 4º, 5º y 6º del artículo 503, por los siguientes:
“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.
El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los numerales 1, 2, 5, 6, y 7 del artículo 459.
En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el artículo 502 del presente Código.”.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo Transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley, seguirán sustanciándose conforme el actual procedimiento, hasta la dictación de la sentencia definitiva.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; OSVALDO ANDRADE LARA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; ISIDRO SOLÍS PALMA , Ministro de Justicia ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL
TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO LABORAL
Mensaje N° 455-354
1. El proyecto de ley perfecciona el procedimiento laboral regulado por la ley N° 20.087, que sustituye el Libro V del Código del Trabajo, profundizando los principios de celeridad, concentración e inmediación. Asimismo, elimina potenciales dificultades e incertidumbres que algunas de las normas de la ley N° 20.087 podrían producir en la tramitación de los procesos, e introduce reformas a los procesos monitorio y de reclamación de multas, con el fin de simiplificarlos y darles un carácter más breve y expedito.
2. El presente proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales. (boletín N° 4813-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que concede amnistía en favor de personas que han infringido las disposiciones sobre reclutamiento de las fuerzas armadas. (boletín N° 4661-02).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial y modifica otras disposiciones legales. (boletín N° 2469-03).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar. (boletin N° 4204-13-1)
?Honorable Camara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. la Presidenta de la República , que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar.
Cabe hacer presente que S.E. la Presidenta de la República hizo presente la urgencia, con calificación de suma, para el despacho de este proyecto de ley.
A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió la señora Subsecretaria de Previsión Social, doña Lyssette García Bustamante , y el Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Esta iniciativa de ley se origina en las medidas -36- anunciadas por S. E. la Presidenta de la República con el objeto de beneficiar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Como lo señala el propio Mensaje, la asignación familiar es un beneficio provisional cuyo objeto es ayudar a la mantención de las personas que viven a expensas del beneficiario.
Las medidas propuestas no hacen otra cosa que reconocer una realidad que resulta mayoritaria en nuestra sociedad, que la madre asume el cuidado personal de sus hijos e hijas menores de edad, madre que si bien hoy puede solicitar el pago directo de las asignaciones familiares, por sus hijos menores, dicho derecho, a juicio del Gobierno, requiere de un mayor grado de reconocimiento normativo que garantice el ejercicio de esa facultad.
Asimismo, la iniciativa de ley incorpora, como causantes de asignación familiar, a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que la idea matriz o fundamental del proyecto es regular el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares causadas por hijos menores que vivan con ella, sin que se requiera contar con la voluntad del beneficiario, e incorpora como causantes de asignación familiar a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por Vuestra Comisión en un artículo permanente y uno transitorio.
III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, el artículo 1° del proyecto de ley en informe requiere para su aprobación de quórum calificado, conforme lo dispuesto en los artículos 19 número 18 y 66 de la Constitución Política de la República.
IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió a la señora Subsecretaria de Previsión Social , doña Lyssette García Bustamante , y el Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de vuestra Comisión el artículo transitorio del proyecto en informe debe ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
VI. DISCUSIÓN GENERAL.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión de fecha 19 de diciembre en curso con el voto favorable de la Diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Bertolino , Recondo y Salaberry.
Durante su discusión general, la señora Subsecretaria de Previsión Social señaló que esta iniciativa cuenta con dos propuestas a saber:
En primer término, establece que los beneficiarios de la Asignación Familiar pueden, a través de la madre, cobrar directamente del empleador del marido el beneficio, en tanto ella así lo requiera aún sin el consentimiento del trabajador. Las razones de esta propuesta radica en el hecho de que el trabajador que percibe los montos de este beneficio no siempre los hace llegar en forma de mantención a su familia, sea por dilapidación o negligencia, por lo que a lo menos estos montos -que sustancialmente no son cuantiosos- al Estado le interesa que lleguen a sus destinos.
En segundo lugar, el proyecto preceptúa que se extienda el beneficio a menores en situación de riesgo y bajo régimen de protección social. En realidad, explicó la Subsecretaria, este beneficio se aplicaba a este grupo, pero con las modificaciones a la ley de tribunales de familia, cambiaron las concordancias legales necesarias para operar su pago, por lo que sin perjuicio de aún así pagarse ocasionalmente, se requiere esta modificación para reguilarizar la presente situación.
Por su parte, las señoras y señores Diputados manifestaron su posición favorable respecto del proyecto, compartiendo los objetivos señalados por la señora Subsecretaria, en cuanto la iniciativa de ley importa una adecuación normativa a la nueva legislación de menores y tribunales de familia.
VII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
No hubo en el seno de vuestra Comisión opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general.
VIII. DISCUSIÓN PARTICULAR.
Vuestra Comisión, en su sesión ordinaria celebrada el mismo 19 de diciembre del año en curso, sometió a discusión particular el proyecto de ley adoptándose los siguientes acuerdos respecto de su texto:
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
1) En las letras g) de los artículos 2° y 3° sustitúyese la frase “...lo establecido en el N° 4 del artículo 29 de la ley N° 16.618” por “…una medida de protección dispuesta por sentencia judicial.”.
2) En su artículo 7°:
a) Agréganse, en los incisos segundo y tercero a continuación de los respectivos puntos apartes (.) que pasan a ser comas (,), la frase siguiente: “no requiriendo para ello el consentimiento del beneficiario.”.
b) Agrégase el siguiente inciso cuarto nuevo: “Los empleadores y las entidades pagadoras de las asignaciones familiares, no podrán rechazar las solicitudes a que se refieren los incisos precedentes.”.
-Puesto en votación, fue aprobado por cuatro votos a favor, ninguno en contra, y una abstención.
Artículo Transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.
-Puesto en votación fue aprobado por cuatro votos a favor, ninguno en contra, y una abstención.
IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
No existen disposiciones en tal situación.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
1) En las letras g) de los artículos 2° y 3° sustitúyese la frase “...lo establecido en el N° 4 del artículo 29 de la ley N° 16.618” por “…una medida de protección dispuesta por sentencia judicial.”.
2) En su artículo 7°:
a) Agréganse, en los incisos segundo y tercero a continuación de los respectivos puntos apartes (.) que pasan a ser comas (,), la frase siguiente: “no requiriendo para ello el consentimiento del beneficiario.”.
b) Agrégase el siguiente inciso cuarto nuevo: “Los empleadores y las entidades pagadoras de las asignaciones familiares, no podrán rechazar las solicitudes a que se refieren los incisos precedentes.”.
Artículo Transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.
-o-
Se designó diputada informante, a doña Adriana Muñoz D’Albora.
Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 2006.
Acordado en sesión de 19 de diciembre del presente año, con asistencia de las Diputadas señoras Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , y de los Diputados señores Alinco , Berttolino , Meza , Recondo , Saffirio y Salaberry.
Asimismo, asistió el Diputado señor Rossi en reemplazo del Diputado señor Aguiló.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Secretario Abogado de la Comisión ”.
8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar. (boletín Nº 4204-13)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1. Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3. Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
4. Se designó diputado informante al señor Von Mühlenbrock, don Gastón.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto las señoras Lysette García , Subsecretaria de Previsión Social y Mónica Segura, Asesora de la Subsecretaría de Previsión Social, y el señor Francisco del Río , Asesor del Ministerio del Trabajo.
El propósito de la iniciativa consiste en regular el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares causadas por hijos menores que vivan con ella, sin que se requiera contar con la voluntad del beneficiario, e incorpora como causantes de asignación familiar a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
El proyecto en informe comprende un artículo permanente y uno transitorio.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 15 de mayo de 2006, señala que la iniciativa en estudio tiene un costo fiscal para el año 2006 de $ 65.705 miles y para el año 2007 de $ 131.409 miles, por la incorporación de los menores como causantes de asignación familiar, esto es, 3.453 nuevos causantes.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo transitorio aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo transitorio del proyecto se establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006 se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Cardemil, don Alberto ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Tratado y acordado en sesión del día 3 de enero de 2007, con la asistencia de los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Becker, don Germán ; Cardemil, don Alberto , Dittborn, don Julio ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Sunico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 3 de enero de 2007.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
9. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo entre Chile y Jamaica relativo a la supresion del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomaticos y oficiales, suscrito el 9 de junio de 2006. (boletin N° 4.736-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y sin urgencia, acerca del proyecto aprobatorio del acuerdo internacional celebrado entre Chile y Jamaica, con el objeto de eximir a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales del requisito de visa para ingresar al otro país.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Previamente a entrar al fondo del tratado en informe, se hace constar, para los efectos reglamentarios, lo siguiente:
1° Que el tratado internacional en trámite no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado, y tampoco de aquellas que deban ser conocidas por la H. Comisión de Hacienda.
2° Que el proyecto fue aprobado por unanimidad de los HH. Diputados presentes, señora Allende Bussi , doña Isabel , y señores Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Forni Lobos, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Verdugo Soto, don Germán ; Quintana Leal, don Jaime ; Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ).
3° Que Diputado Informante se designó al H. Diputado Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Este tipo de tratado se fundamenta en el alto interés de los Gobiernos celebrantes de fomentar el desarrollo de las respectivas relaciones bilaterales y facilitar el ingresar al territorio del país de nacionales del Estado contraparte, sin necesidad de visado de sus pasaportes, cuando estos documentos de identificación internacional tienen la calidad de diplomáticos u oficiales.
En términos generales, cabe consignar que dichos pasaportes los Gobiernos los conceden a quienes desempeñan funciones o cargos de alta dignidad o responsabilidad nacional o cuando cumplen misiones oficiales en el exterior; situaciones en las que la supresión del trámite de visa permite a sus portadores ingresar libre y rápidamente al país, sin las demoras que suele ocasionar el cumplimiento de dicho trámite.
En el plano interno, la legislación de extranjería, contenida en el decreto ley Nº 1.094, de 1975, y en el decreto supremo Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, exige como regla general la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional, a menos que en acuerdos internacionales, como el que se informa en este acto, se haya convenido suprimirlo.
Por último, cabe consignar que, en los últimos años, Chile ha suscrito Acuerdos internacionales, con estos mismos propósitos, con Bulgaria, Croacia, Costa Rica, El Salvador , Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel , Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica y Turquía, entre otros países.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL ACUERDO.
1. Los nacionales de Chile y de Jamaica, titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos y vigentes, podrán ingresar o salir del territorio de la otra Parte sin necesidad de visa pudiendo permanecer hasta el término de noventa días, prorrogables por las autoridades competentes de cada país, lo que será también aplicable a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y representaciones consulares que sean titulares de dicho tipo de pasaportes (artículos I y II).
2. Las supresión de visa no exime a los titulares de los referidos pasaportes de su obligación de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en relación con la entrada, permanencia y salida de los territorios de las respectivas Partes (artículo III).
3. Cada uno de los Gobiernos se reserva el derecho de impedir el ingreso, en forma discrecional, cuando consideren inconveniente la entrada al país de una persona considerada “indeseable” o declarada “persona non grata” (artículo IV).
4. Cualquiera de las Partes podrá, por motivos de seguridad nacional, orden público o salud pública, suspender la aplicación de este Acuerdo, suspensión que deberá ser notificada por escrito a la otra Parte por la vía diplomática. Además, las Partes se comprometen a admitir nuevamente a sus nacionales en sus respectivos territorios, sin necesidad de trámites o gastos adicionales (artículos V y VIII).
5. Para los efectos de este Acuerdo, las Partes intercambiarán modelos de sus pasaportes válidos y documentos de viaje, lo mismo que de sus modificaciones y se informarán mutuamente de los cambios de legislación en lo que respecta a la entrada, permanencia y salida de extranjeros (artículos VI y VII).
6. La vigencia de este acuerdo internacional será indefinida, a menos que cualquiera de las Partes le ponga término, dando aviso escrito, con tres meses de anticipación (artículo IX).
7. La entrada en vigor se producirá sesenta días después de la fecha de la última notificación, mediante la cual una de las Partes comunique a la otra, por vía diplomática, el término de los trámites internos de aprobación correspondientes (artículo X).
IV. DECISIÓN DE LA COMISIÓN.
A) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito del principio de reciprocidad internacional que orienta las disposiciones del acuerdo en informe y considerando su importancia para el estrechamiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los Gobiernos de Chile y Jamaica, la Comisión decidió proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje.
B) Texto del artículo único del proyecto de acuerdo que la Comisión propone a la H. Cámara:
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Jamaica sobre Supresión de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales”, suscrito el 9 de junio de 2006, en Kingston, Jamaica.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 2 de enero de 2007, con la asistencia del señor Diputado Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); de la señora Diputada Allende Bussi , doña Isabel , y de los señores Diputados Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Forni Lobos, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Quintana Leal, don Jaime , y Verdugo Soto, don Germán.
Sala de la Comisión, a 2 de enero de 2007.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Ceroni , García y Ulloa.
Reforma constitucional que impide el traslado de un juez antes de completar dos años en su cargo. (boletín N° 4801-07)
“Considerando:
1. Que el inciso cuarto del artículo 80. de la Constitución Política establece que “la Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría”;
2. Que muchas veces los jueces no están ni dos años en el cargo, cuando son trasladados;
3. Que resulta de toda lógica que los jueces permanezcan, al menos por dos años en el cargo, antes de ser trasladados a otro de similar categoría, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase en el inciso cuarto del artículo 80. de la Constitución Política, a continuación del, punto que sigue a la expresión “a otra cargo de igual categoría” lo siguiente: “No obstante, el traslado de los jueces requerirá al menos dos años de permanencia en el mismo tribunal”.
Moción de los diputados señores Súnico; Díaz, don Marcelo ; Duarte , Jarpa , Monsalve , Ortiz , Paredes, Pérez , Rossi , y de la diputada señora Pacheco , doña Clemira.
Autoriza la construcción de un monumento en memoria del ex alcalde de Talcahuano don Leocán Portus Govinden. (boletín N° 4802-24)
1. Fundamentos: En general, no resulta frecuente que en vida los personajes públicos reciban homenajes que reconozcan la trayectoria en una determinada materia. Esta afirmación escapa a la figura de don Leocán Portus Govinden , quién recientemente fue reconocido por el Consejo Municipal de Talcahuano y, por unanimidad, declarado hijo ilustre en tributo a su ejemplo de servidor publico que ha dedicado su vida a Talcahuano y su gente.
Leocán Portus nació el Antofagasta y ya en 1942, con tan sólo 19 años, llegó a Talcahuano para trabajar en la pesca artesanal. Cinco años después fue electo presidente del sindicato profesional de pescadores de San Vicente y luego vino su meteórica carrera en servicio de la Comuna. Fue elegido presidente del Consejo Zonal de Pesca y vicepresidente nacional de la Confederación de la Pesca Artesanal. Por su vocación de servicio, prontamente hizo suyos los postulados y doctrina de la Falange Nacional, ingresando a ella el año 1946, partido que lo postula para Regidor en la Comuna de Talcahuano, siendo electo y posteriormente reelecto en forma consecutiva durante cinco periodos y luego, cuando alcanza la primera mayoría, comienza a ocupar el cargo de Alcalde de la 1. Municipalidad de Talcahuano. En el año 1963 fue elegido Alcalde , luego de lo cual continuó sirviendo a la comunidad desde el municipio, con sucesivas reelecciones en los años 1967 y 1971. En 1973, durante la desoladora tragedia que se abatió sobre nuestro país, fue designado como Alcalde , cargo al que renunció voluntariamente al año siguiente, con el reconocimiento de las autoridades y de la comunidad. Una vez reinstaurada la democracia, en 1991, fue designado Alcalde de Talcahuano por el expresidente Patricio Aylwin , cargo que mantuvo hasta el día de su muerte
Desde su llegada al puerto chorero desde Antofagasta en la década del cincuenta, del siglo recién pasado, Leocan Portus fue capaz de dedicar su esfuerzo y trabajo con perspectiva de los problemas colectivos, primero como dirigente de los pescadores artesanales, luego como Regidor y finalmente como Alcalde de la comuna.
Las calles y rincones de Talcahuano tienen la huella imperecedera de las obras que este hombre publico impulso para su querida comuna. Vecinos y vecinas de Talcahuano reconocen a Leocan como un gran servidor publico. Obras y políticas públicas como la salud municipal o el manejo ambiental dan cuenta de una gran gestión edilicia en los últimos años.
Es por estas razones que se pretende, mediante la siguiente iniciativa, autorizar eregir un monumento en su memoria en su querida comuna, homenaje sencillo, que no se compara con las muestras de sincero respeto y agradecimiento que más de diez mil personas rindieron recientemente al gran lobo de mar, Leocan Portus , concurriendo desde los más distintos lugares de la ciudad puerto a rendir el ultimo homenaje a su líder por más de cincuenta años
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley
Artículo 1°.- Autorízase la erección de un monumento en memoria del ex Alcalde don Leocán Portus Govinden
Artículo 2°.- El monumento se erigirá en la comuna de Talcahuano.
Artículo 3°.- Las obras se financiarán mediante la realización de colectas públicas, las que se efectuarán en todo el país, en las fechas que la comisión especial determine, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 4°.- Créase un fondo con el mismo objeto señalado en el artículo anterior, el que estará constituido, además, por donaciones y aportes privados.
Artículo 5°.- Créase una comisión especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un Senador, un Diputado , un representante del Ministro de Educación , un representante de la Municipalidad de Talcahuano y el Director del Museo Nacional de Bellas Artes.
El Senador y el Diputado serán nominados por las respectivas Cámaras.
La Comisión deberá constituirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 6°.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público de proyectos, fijar sus bases y condiciones y resolverlo.
b) Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con el alcalde de la respectiva municipalidad y con el Consejo de Monumentos Nacionales.
c) Organizar la realización de las colectas públicas a que se refiere el artículo 3°.
d) Administrar el fondo” creado por el artículo 4°”.
Moción de los diputados señores Leal, Encina y Espinosa.
Modifica la ley N° 19.496, asegurando a los consumidores la exención de pago por interrupciones que indica, en los servicios de energía eléctrica. (boletín N° 4803-03)
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 63, 20) de la Constitución Política de la República, y
Considerando:
1. La ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, contempla en su Título II, párrafo 5, una normativa que regula la responsabilidad por incumplimiento en la prestación de servicios a los usuarios.
2. Conforme al artículo 25 del mencionado cuerpo legal, el que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.
Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.
El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.
3. Sin embargo, la disposición citada es insuficiente, pues no considera la situación que se produce con el robo de cables de electricidad, telefonía o televisión por cable, circunstancia que aunque es justificable, pues no podría ser imputada al proveedor, le genera un enriquecimiento injusto e indebido al continuar percibiendo los pagos por servicios que no se otorgan.
4. Cuando se sustrae, roba o hurta material de cobre de cualquier tipo de sistema domiciliario, ya sea telefónico, eléctrico, etcétera, evidentemente va incluido el corte parcial o total del suministro correspondiente, lo que afecta directamente al usuario.
Pero las empresas de suministro público o domiciliario no pueden traspasar los costos del servicio en los usuarios cuando el suministro haya estado suspendido como consecuencia de la comisión de esos delitos. Es preciso imponer a las empresas de suministro público o domiciliario la obligación de reponer el servicio al usuario y de no cobrarle por el suministro mientras está suspendido por efecto de este tipo de problemas.
Las empresas que tienen como responsabilidad el suministro público, a cambio de una contraprestación pecuniaria por parte del usuario, no pueden persistir en el cobro de servicios suspendidos y deben reponer el servicio al más breve plazo.
Con una normativa que asegure que las empresas correspondientes sigan proveyendo los servicios de manera adecuada, se va a consagrar un verdadero estimulo para que tomen más medidas de protección, como la contratación de seguros más eficientes por robo o la instalación subterránea de los tendidos eléctricos o de telefonía.
5. Por otra parte, es preciso asegurar a los consumidores plazos fácilmente exigibles para obtener la reposición del servicio. Para tal efecto, proponemos establecer un plazo perentorio de reposición, contado desde que se efectúe la denuncia a la empresa correspondiente, y la aplicación de multas para el caso de incumplimiento por parte del prestador de los servicios.
6. Finalmente, se incorpora en este proyecto la situación de la televisión por cable, que no está considerada en el artículo 25 de la ley N° 19.496, de manera de aplicar el aforismo jurídico conforme al cual donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 25 de la ley N° 19.496:
1. Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del vocablo “teléfono”, las expresiones “, televisión por cable”.
2. Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “interrumpido”, lo siguiente “, por cualquier causa”.
3. Agrégase el siguiente inciso cuarto:
“Además, el proveedor deberá reponer el servicio en el plazo de máximo de 48 horas contados desde la denuncia que le formule el consumidor. El incumplimiento del plazo, sin justificación, por el prestador del servicio, le hará incurrir en multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales. Se tomará especialmente en consideración para la determinación de la multa, el número de horas que exceda la plazo establecido para la reposición y la cantidad de usuarios afectados por la interrupción del suministro.”
Moción de los diputados señores Leal, Encina; y Espinosa, don Marcos.
Crea un sistema de registro de compraventa de metales no ferrosos. (boletín N° 4804-08)
“Considerando:
1. Que el aumento del precio del cobre a nivel internacional ha provocado en el ámbito interno una bonanza económica, seguida de un afán delictual que se inspira en obtener ganacias rápidas con la venta de cables de cobre robados, a buen precio de mercado, lo que ha causado pérdidas por más de US$ 14 millones a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas durante este año.
Este delito se ha disparado en los últimos meses, principalmente como consecuencia del alto precio alcanzado por el metal, que, en lo que lleva del año, promedia US$ 3,04 la libra.
Según el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo , sólo entre enero y octubre los robos de cables de las líneas eléctricas se han incrementado en 160% comparado con todo 2005. “Son 300 toneladas robadas directamente de los postes y 80 robadas a empresas contratistas directamente de los camiones”.
El mayor problema que generan los robos de cables apunta al corte de servicio eléctrico en diversas zonas del país, especialmente en áreas rurales del sur y áreas periféricas de Santiago.
Para las firmas de telecomunicaciones, el escenario no es muy distinto. Según Telefónica, sólo a septiembre de este año la compañía debió devolver a sus clientes por concepto de corte de servicio unos $800 millones.
A estas cifras hay que agregarles los menores ingresos para la compañía del menor consumo como consecuencia del corte de servicio y los alrededor de US$ 10 millones que proyecta, hacia diciembre, gastar en la reposición de los cables robados.
En el caso de Telefónica del Sur, desde la empresa aseguran que gastarán a diciembre $ 126 millones por concepto de reposición de cables robados.
La reventa del kilo del metal después de procesar cuesta entre $ 3 mil y $ 4 mil. Para contener estos robos, el ejecutivo aseguró que están trabajando conjuntamente con Carabineros y, además, con el Gobierno.
Según la ministra de Minería y Energía , Karen Poniachik , una consecuencia importante de este delito apunta no sólo al peligro que implica cometerlo -en lo que va del año, las empresas eléctricas contabilizan 28 muertos-, sino también a que “se pone en peligro la seguridad energética de todo el país”.
2. Que las diversas alternativas legislativas que actualmente dicutimos en el Congreso Nacional van en dirección a esquemas antiguos y anquilosados como la mayor penalización y la tipificación de nuevos delitos o la creación de nuevas agravantes de la responsabilidad penal, como un remedio para cada enfermedad social, cuando lo acertado, a nuestro parecer,es descinsentivar la comisón de ilícitos, pues cuando el crimen no paga, es más problable que no se cometa.
La cadena de comercialización de los efectos del delito inevitablemente termina en la venta a través del comercio establecido, quien asume una complicidad sin mayores riesgos.
3. Proponemos una nueva normativa que tiende a evitar la compra y venta de metales no ferrosos, sin regulación, de manera de establecer un estricto control que sin caer en la punición en boga, termine con la conducta ilícita que daña en mayor grado a las zonas más pobres del país.
4. Un problema que nos preocupa, como legisladores, es el alcance social del daño. El robo de cables afecta a las empresas de electricidad, telefonía y televisión por cable, pero éstas lo traspasarán finalmente a los consumidores, pues es un costo de producción.
En este aspecto, que las empresas destacan, es que de mantenerse los mismos niveles de robos, este tema podría influir en las fijaciones tarifarias de los próximos años. Tanto las eléctricas como las compañías de telefonía fija dominantes en sus áreas se ven sometidas a procesos tarifarios que consideran diversos factores, entre los que se encuentra el costo de operación. Desde Telefónica han planteado que el tema puede reflejarse en las cuentas de los usuarios, ya que su proceso de tarificación se avecina en 2008.
Recientemente Telefónica Chile señaló que está preocupada por el aumento en el robo de cables de cobre y pidió al Gobierno poner mayor énfasis en combatir este delito que está afectando también al sector eléctrico.
El delito del robo de cables de cobre ha tenido un explosivo aumento por el alza en el precio del metal, del que Chile es el principal productor mundial.
Hace unas semanas, nuestro país anunció aumentos en las sanciones para los ladrones de cable de cobre, que han dejado sin servicio telefónico y eléctrico a miles de chilenos.
“Al final del año habremos gastado al menos 10 millones de dólares sólo en reposición de cables que nos roban. Esto es por lo menos cuatro veces más de lo que gastamos en años pasados”, dijo a la prensa el gerente general de Telefónica Chile, José Molés.
Se empezó el año 2006 con 250 robos por mes, pero estamos terminando con unos 800 robos mensuales. La mayoría de ellos se produce en los sectores de menores ingresos de Santiago y deja sin servicio telefónico a miles de personas.
Según estimaciones de Telefónica, al menos 500.000 clientes de su servicio de telefonía fija han resultado afectados por los robos. Sólo para dar una idea de la magnitud del daño que se está provocando, Telefónica afirma que en agosto sen quedó sin cables de cobre en sus almacenes por las reposiciones que tuvieron que hacer. Hubo casos en que a las horas de ser colocados, volvían a ser robados.
5. Los autores estimamos que una normativa que tienda a terminar con la comercialización de cobre y otros metales de origen dudoso impedirá o pondrá freno a los mencionados ilícitos.
Por la anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Las personas naturales o jurídicas, titulares o responsables de comercios y locales, y quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, tales como desarmaderos, chatarrerías, barracas de metales y depósitos, cualquiera fuere su denominación, deberán llevar un libro foliado y rubricado por la autoridad encargada de otorgar la patente comercial, en el que deberán asentarse conforme a las actividades desempeñadas, los datos precisados en el art. 8 de la presente ley. Quedan expresamente exceptuadas las compañías mineras explotadoras de yacimientos de minerales no ferrosos y productoras primarias de estos minerales.
Artículo 2°.- Se entiende por “metales no ferrosos” a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal; conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, niquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros.
Artículo 3°.- Los comercios y/o locales citados en el artículo 1° que no cumplan con las exigencias impuestas en la presente ley en el plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de su publicación serán clausurados en forma inmediata, hasta tanto acrediten el cumplimiento de dichas exigencias. La clausura será apelable únicamente con efecto devolutivo ante el juzgado de Policía Local correspondiente.
La medida de clausura a la que se refiere la presente ley será dispuesta por la autoridad comunal o el intendente regional del lugar donde se disponga la medida.
Artículo 4°.- Los titulares o responsables de las actividades citadas en el artículo 1° deberán entregar al organismo fiscalizador tributario, al momento de proceder al timbraje de boletas, facturas o guías de despacho, copia del libro de registro hasta la fecha de la última revisión.
Artículo 5°.- Créase el “Registro de control de comercios vinculados a la comercialización e industrialización de metales no ferrosos y otros”. En dicho Registro deberán constar los datos de los titulares o responsables de las actividades establecidas en el artículo 4°. El incumplimiento o negligencia de los deberes de registro, conservación y mantención en el local comercial, dará lugar a la aplicación de sanciones, que según el caso, impondrá el Juez de Policía Local del lugar, las que irán desde multa equivalente a 2 Unidades Tributarias Mensuales hasta 20 unidades tributarias mensuales, y en caso de reincidencia se decretará la clausura.
Artículo 6°.- Deberán inscribirse en el Registro creado en el artículo anterior, dentro del plazo que determine el reglamento, las personas naturales y jurídicas que realizaren las actividades de carácter comercial y/o industrial previstas en el artículo 1°. La falta de inscripción en el Registro será sancionada con la clausura de los comercios y/o locales citados.
Artículo 7.- Los establecimientos dedicados a la comercialización e industrialización de metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados: puros, elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables o sus desechos, sean estos establecimientos de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos, barracas de fierro, chatarrerías y todo otro que realice actividad similar cualquiera fuere su denominación, deberán hacer constar en el libro mencionado en el artículo 1° los siguientes datos:
a) Nombres, apellidos, cédula nacional de identidad y domicilio particular y en su caso, comercial del vendedor y/o comprador de los bienes referenciados en el primer párrafo del presente artículo.
b) Modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y datos registrales –cuando resulte procedente– del bien comercializado, detallando asimismo fecha, número y monto del recibo expedido con motivo de la operación comercial efectuada. En todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descrito –en cuanto a peso, características y estado– en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito.
c) Constancias de transporte, con datos sobre la empresa transportadora y/o fletera, copias de la facturación por ese servicio y obligatoriedad de que dicha empresa tenga registración comercial.
Artículo 8.- La constatación de las obligaciones de registración fijadas en las disposiciones precedentes estará a cargo de los organismos fiscalizadores competentes.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Álvarez-Salamanca ; Espinoza, don Fidel ; García , Insunza , Montes, Uriarte , y de la diputada señora Nogueira, don Claudia.
Modifica disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto de otorgar mayor transparencia a la administración de condominios y participación en ella de sus copropietarios. (boletín N° 4805-14)
Fundamentos del proyecto.
La Ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, publicada el 16 de Diciembre de 1997, aplicable a los condominios definidos en su artículo 2º, ha establecido en su Tìtulo II las normas que regulan la administración de los condominios, permitiendo la participación universal de los respectivos copropietarios, cuando se reúnan en asambleas, sean éstas ordinarias o extraordinarias, de acuerdo a las materias que deban tratar, según lo establece el artículo 17 del citado cuerpo legal.
Y, por otra parte, su artículo 21 dispone que la asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un Comité de Administración, que tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deban ser materia de asamblea extraordinaria, pudiendo también dictar normas que faciliten el buen orden y administración del respectivo condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad pertinente a quienes infrinjan las obligaciones de la ley y del citado reglamento, lo que constituye otra forma de participación de los propietarios de los condominios.
No obstante estas interesantes modalidades participativas en la referida gestión, se ha podido observar, durante los casi diez años de vigencia de esta ley, que en diversos condominios regidos por la misma, sus respectivos comités de administración han sido objeto de virtuales apoderamientos por parte de grupos determinados de copropietarios, que en el ejercicio de sus correspondientes cargos, han excedido las atribuciones que en virtud de la representación legal de las asambleas pertinentes se les confiere, impidiendo, a través de diversas acciones y maniobras, una legítima alternancia en el acceso a conformar estos comités.
Para subsanar estas situaciones, estimamos necesario modificar algunas disposiciones de la ley, que permitirán, por una parte, dotar de mayor transparencia a la administración de los condominios, y por otra, otorgar más participación a los copropietarios en dicha gestión.
En este orden de ideas, consideramos que debe modificarse el inciso quinto del artículo 20, efectuando una precisión a la sanción que allí se establece, y asimismo establecer una sanción pecuniaria para el caso de extravío del Libro de Actas por parte de cualquiera de los miembros del Comité de Administración.
De igual forma, se estima necesario introducir un nuevo inciso, en virtud del cual se establezca la obligación de remitir copias de las actas de asamblea a todos los copropietarios para su conocimiento, en un plazo de 30 días, contados desde la celebración de la respectiva sesión.
Por otra parte, consideramos que debe modificarse la posibilidad de que los comités de administración puedan ser reelegidos indefinidamente, como lo contempla el artículo 21 de la misma ley, sino que como máximo, por un solo período consecutivo más.
Asimismo, se hace necesario agregar un nuevo inciso a dicho artículo, estableciendo que las asambleas de copropietarios deben fomentar al máximo la participación activa de sus miembros, de manera que todos tengan la posibilidad de integrar los comités de administración o comisión revisora de cuentas, que mediante este mismo proyecto se establece.
Finalmente, estimamos pertinente agregar un inciso final al artículo 23, en virtud del cual se contemple la existencia de una comisión revisora de cuentas, compuesta por tres copropietarios, designados para tal efecto por la asamblea, y que durarán un máximo de dos años en sus cargos, para que no coincida plenamente con los miembros del comité de administración, pudiendo ser reelegidos por un período consecutivo más.
En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase la Ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en la forma que a continuación se indica:
1. En el inciso quinto de su artículo 20, reemplázase la expresión: “La infracción a esta obligación” por “El incumplimiento de esta obligación”
2. En el artículo 20, intercálase un nuevo inciso sexto, pasando el actual sexto, a ser séptimo, del siguiente tenor: “El extravío del Libro de Actas por parte de cualquiera de los miembros del Comité de Administración, será sancionado con una multa de entre cinco y diez unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia”.
3. En el mismo artículo 20, agrégase un nuevo inciso octavo, del siguiente tenor: “Copia de las actas que se mencionan en este artículo, deberán ser remitidas a todos los propietarios para su conocimiento, en un plazo máximo de treinta días, contados desde la celebración de la asamblea respectiva”.
4. En el artículo 21, sustitúyese el texto de la oración “sin perjuicio de poder ser reelegido indefinidamente”, por el siguiente: “pudiendo ser reelegido hasta por un período consecutivo más”.
5. En el mismo artículo 21, agrégase un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor: “Las asambleas de copropietarios deben fomentar al máximo la participación de sus miembros, de manera que todos tengan la posibilidad de integrar los comités de administración o comisiones revisoras de cuentas”.
6. En el artículo 23, agrégase un inciso sexto nuevo, del siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en cada condominio existirá una comisión revisora de cuentas, compuesta por tres copropietarios designados por la asamblea, que durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos hasta por un período consecutivo más, y que tendrán las facultades que en esta materia contemple el respectivo reglamento de copropiedad.”
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Galilea ; Monckeberg, don Nicolás ; Rojas , y Ulloa.
Modifica la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, con el objeto de precisar la oportunidad en que se podrá rendir la prueba de absolución de posiciones. (boletín N° 4806-07)
Fundamentos del proyecto.
La Ley Nº 18.101, que contiene las normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, fue modificada mediante la promulgación de la Ley Nº 19.866, publicada el 11 de Abril de 2003, cuyo objeto fue abreviar la tramitación de los juicios que se derivan del incumplimiento de los contratos de arrendamiento, a fin de evitar mayores perjuicios para los propietarios de bienes raíces urbanos, que deseen solicitar la restitución de los mismos, en razón de dichos incumplimientos.
De esta forma, en la actualidad se contemplan una serie de normas de procedimiento que han transformado este tipo de litigios en juicios de carácter sumarísimo, que en gran medida han cumplido con el objeto perseguido, esto es, evitar la dilación injustificada de los juicios respectivos, mediante la interposición de incidentes u otros recursos destinados a dicho propósito.
En este orden de ideas, es del caso destacar que el artículo 8º Nº 3 de la citada ley establece que en la demanda deberán indicarse los medios de prueba de que pretende valerse la demandante, y en el Nº 6 del mismo artículo 8 se señala que en caso de no producirse avenimiento total, el juez establecerá los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban ser acreditados, procediendo de inmediato a la recepción de la prueba ofrecida en la demanda y la contestación. En el caso de estimarse que no existen puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban ser acreditados, el tribunal citará de inmediato a las partes para oír sentencia.
No obstante que en nuestro concepto, la redacción de estos preceptos resulta absolutamente clara e inequívoca, se han suscitado sin embargo, diferencias de interpretación, por parte de diversos tribunales, en lo que respecta a la prueba consistente en la absolución de posiciones, específicamente la oportunidad en que debe rendirse.
Este medio probatorio se encuentra contemplado en el artículo 385 del Código de Procedimiento Civil como la obligación de todo litigante para que, fuera de los casos expresamente previstos en la ley, deba declarar bajo juramento, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, contestada que sea la demanda, y hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y antes de la vista de la causa en segunda.
Al tenor de lo expuesto precedentemente, se ha interpretado en muchos juicios de esta naturaleza que, pese a que la prueba debe rendirse en una misma audiencia, se debe otorgar a los comparecientes una segunda oportunidad para absolver posiciones, en caso de no comparecer a la primera citación, lo cual implica llevar a cabo otras audiencias, situación que a la postre dilata artificiosamente el procedimiento, lo que obviamente no se compadece con el espíritu del legislador.
Para evitar este tipo de interpretaciones disímiles, consideramos necesario precisar en el artículo 8 Nº 6 de la ley ya citada, que la absolución de posiciones deberá llevarse a cabo en la misma audiencia de contestación y prueba, para el caso de que el demandante así lo hubiere requerido y acompañado el pliego de posiciones respectivo.
En el evento de que la rendición de este medio probatorio sea solicitada por el demandado en la audiencia de contestación y el demandante no hubiere comparecido personalmente a la misma, se le citará para dicho efecto a una audiencia extraordinaria a realizarse dentro de los 5 días siguientes, pudiendo absolverlas en dicha oportunidad su apoderado, si asistiere y contare con poder suficiente para tal efecto.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el Nº 6 del artìculo 8º de la Ley Nº 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, intercalando después de su inciso primero, el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente :
“Si el demandante hubiere ofrecido y solicitado como medio de prueba la absolución de posiciones del demandado y hubiere acompañado el pliego respectivo, ésta se llevará a cabo en la misma audiencia. Si la rendición de esta confesión fuere solicitada por el demandado, acompañando el pliego pertinente y el demandante no hubiere comparecido personalmente, se le citará para esto solo efecto a una audiencia extraordinaria, a realizarse dentro de los 5 días siguientes, pudiendo en dicho caso absolverlas su apoderado, si asistiere y contare con poder suficiente para tal efecto”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Galilea , Martínez ; Monckeberg, don Nicolás ; Verdugo , y de las diputadas señoras Rubilar , doña Karla y Valcarce , doña Ximena.
Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de inhabilitar a jueces de policía local que tengan militancia política partidista, para conocer de infracciones relacionadas con la propaganda electoral. (boletín N° 4807-06)
Fundamentos del proyecto.
La Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece en su artículo 144 que el conocimiento de las infracciones que en la misma disposición se enumeran, corresponderá al Juez de Policía Local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley N° 18.287, y siempre que éste fuere abogado. En caso contrario deberá ocurrirse al Juez de Policía Local abogado de la comuna más cercana.
Entre las infracciones contempladas en el citado artículo 144, se contempla la que señala el artículo 126 del mismo texto legal, esto es, realizar propaganda electoral en contravención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 32, vale decir la que se efectúa con pinturas o carteles en muros públicos y privados, y en este último caso sin autorización de sus propietarios, poseedores o meros tenedores, como asimismo de los componentes y equipamientos urbanos que se señalan y mediante elementos que cuelguen sobre la calzada o que se adhieran a los tendidos eléctricos, telefónicos, de televisión u otros de similar naturaleza.
El inciso segundo del mismo artículo 126 dispone que cualquier persona podrá concurrir ante el Juez de Policía Local competente, para que ordene el retiro o supresión de los elementos de propaganda a que se refiere el inciso anterior.
No obstante, la jurisdicción que la referida ley entrega a los jueces de policía local para sancionar estas conductas, es del caso señalar que muchos magistrados titulares de estos tribunales tienen la calidad de militantes de partidos políticos, en incluso ocupan cargos de dirigentes de los mismos, lo que obviamente les resta imparcialidad para juzgar hechos como los descritos.
A este respecto, cabe señalar que el artículo 7° de la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto Supremo N° 307 del Ministerio de Justicia del año 1978, impone a los jueces de policía local la obligación de prestar el juramento prevenido en el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, haciéndoles aplicable lo dispuesto en el artículo 323 bis del mismo código, esto es, la obligación de efectuar una declaración jurada de patrimonio.
No les impone, sin embargo, las prohibiciones que el artículo 323 del mismo código contempla para los funcionarios del Poder Judicial , en especial las establecidas en sus números 2° y 3°, esto es, de no tomar en las elecciones populares o en los actos que las precedan más parte que la de emitir su voto personal y de no mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político.
Al tenor de lo expuesto precedentemente, se hace necesario en nuestro concepto establecer en la Ley N° 18.700, la obligación de todo juez de policía local, que pertenezca a un partido político, de inhabilitarse para conocer y fallar aquellas infracciones contempladas en el artículo 126 de la misma ley.
Para tal efecto, consideramos que debe agregarse un artículo 144 bis a la referida ley, que disponga esta obligación.
En mérito a las consideraciones ante expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, agregándose el siguiente artículo 144 bis:
“Artículo 144 bis: El Juez de Policía Local que tuviere la calidad de militante de un partido político, debe declararse inhabilitado para conocer y fallar de las infracciones contempladas en el artículo 126 de la presente ley.”