Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
-
PRECISIONES A DECLARACIÓN DE PRENSA SOBRE PROYECTO ATINENTE A REQUISITO DE RESIDENCIA
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Carlos Gonzalez Marquez
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
-
INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRECEPTOS EN COMISIONES MIXTAS. CONSULTA A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS
- ANTECEDENTE
-
CONVENIO ENTRE CHILE Y URUGUAY PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN DE EMPRESAS DE NAVEGACIÓN AÉREA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
-
CONVENCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA PROHIBIR E IMPEDIR IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA ILÍCITAS DE PROPIEDAD DE BIENES CULTURALES. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
- ANTECEDENTE
-
DEROGACIÓN DE MONOPOLIO POSTAL POR EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sebastian Pinera
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Mario Papi Beyer
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- SESIÓN SECRETA
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Erwin Arturo Frei Bolivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Erwin Arturo Frei Bolivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Erwin Arturo Frei Bolivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Erwin Arturo Frei Bolivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Navarrete Betanzo
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Laura Soto Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Vodanovic Schnake
- ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOCOROMA Y ZAPAHUIRA (PRIMERA REGIÓN). OFICIO
-
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE EN NOVENA Y DÉCIMA REGIONES. OFICIO
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- ADHESION
- Ricardo Navarrete Betanzo
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Francisco Prat Alemparte
- Enrique Larre Asenjo
- Sergio Paez Verdugo
- Gabriel Valdes Subercaseaux
-
POLÍTICA DE GOBIERNO EN RELACIONES CON FUERZAS ARMADAS. RÉPLICA A SENADOR SEÑOR SIEBERT
- INTERVENCIÓN : Erwin Arturo Frei Bolivar
- INTERVENCIÓN : Hugo Ortiz De Filippi
- INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA ZONA DEL CARBÓN. OFICIO
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCION DE LOS HH. SENADORES SEÑORES NICOLAS DIAZ SANCHEZ, HUGO ORTIZ DE FILIPPI, MARIO RIOS SANTANDER, MARIANO RUIZ ESQUIDE JARA y HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY, N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Hugo Ortiz De Filippi
- Hernan Vodanovic Schnake
- Mario Enrique Rios Santander
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Nicolas Diaz Sanchez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCION DE LOS HH. SENADORES SEÑORES NICOLAS DIAZ SANCHEZ, HUGO ORTIZ DE FILIPPI, MARIO RIOS SANTANDER, MARIANO RUIZ ESQUIDE JARA y HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY, N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES.
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 326ª, ORDINARIA
Sesión 9ª, en miércoles 7 de julio de 1993
Ordinaria
(De 16:20 a 19:19)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA......................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN..........................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................
IV. CUENTA............................................................................................
Precisiones a declaraciones de prensa sobre proyecto atinente a requisito de residencia
Incorporación de nuevos preceptos en Comisiones Mixtas. Consulta a Comisión de Constitución.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (se aprueba en general y particular).
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio entre Chile y Uruguay a fin de evitar la doble tributación de empresas de navegación aérea de ambos países que operen en sus territorios (se aprueba en general y particular).
Consulta de la Sala a Comisión de Constitución sobre compatibilidad de disposiciones de "Convención sobre medidas para prohibir e impedir importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales" (se aprueba informe de Comisión).
Consulta de la Sala a Comisión de Constitución acerca de la admisibilidad de moción del señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que deroga el artículo 2° del DFL N° 171, de 1960 (vuelve a Comisión para informe complementario).
Sesión secreta.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian).
Energía eléctrica para Socoroma y Zapahuira (Primera Región). Oficios (observaciones del señor Lagos).
Declaración de zona de catástrofe en la Novena y Décima Regiones. Oficio (observaciones de los señores Díez y Navarrete).
Política de Gobierno en relaciones con Fuerzas Armadas. Réplica a Senador señor Siebert (observaciones de los señores Frei (don Arturo), Siebert y Ortiz).
Incentivos tributarios para zona del carbón. Oficio (observaciones del señor Cantuarias).
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 42 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 53a, ordinaria, en 19 de mayo del presente año, que no ha sido observada. El acta de la sesión 1a, de la presente Legislatura Ordinaria, en 1° de junio del año en curso, se encuentra en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Once de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira la urgencia que hizo presente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.- El de Bases de los Procedimientos Administrativos.
2.- El que establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad pública.
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero al undécimo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que transforma el Instituto Profesional de Santiago en Universidad.
2.- El que transforma el Instituto Profesional de Osorno en Universidad.
3.- El que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
4.- El que reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos.
5.- El que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial del matrimonio y otros cuerpos legales que indica.
6.- El que crea la Escuela Judicial.
7.- El que fija el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
8.- El que establece beneficios por gracia para personas exoneradas en período que señala.
9.- El que dicta normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.
--Quedan retiradas las urgencias, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Calificado de "Suma Urgencia").
Uno de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y otro de la de Hacienda, que inciden en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, atinente a normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. (Calificado de "Simple Urgencia").
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Díaz, Ortiz, Ríos, Ruiz-Esquide y Vodanovic, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 1° transitorio de la ley N' 19.039, sobre privilegios industriales.
--Pasa a la Comisión de Economía.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
PRECISIONES A DECLARACIÓN DE PRENSA SOBRE PROYECTO ATINENTE A REQUISITO DE RESIDENCIA
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Deseo aclarar algunos conceptos referidos a una declaración de prensa que hice en el día de hoy, en la cual afirmo: "...como igualmente, según lo conocido por la prensa, la inhabilidad parlamentaria correspondiente de quienes pretendan presentar proyectos con su firma cuyo objetivo es favorecer a parientes.".
Ocurre que, según la información oficial de "El Mercurio", del viernes 2 de julio, dos señores Senadores habrían presentado un proyecto de reforma constitucional en lo referente al tema de la residencia.
A mí me pareció -como he estimado siempre- indispensable cuidar permanentemente el prestigio del Senado y la acción de sus miembros. Y consideré inoportuno que uno de los firmantes, vinculado a un pariente consanguíneo suyo en primer grado, apareciera en la prensa patrocinando tal iniciativa, aun cuando este último no esté inscrito todavía, por lo que no podemos presumir que ello se materializará. Y esto, que la Constitución no señala clara y taxativamente como elemento de inhabilidad, desde mi punto de vista sí lo es respecto de quienes formulan iniciativas que se relacionan directamente con familiares.
Se me ha indicado -así me lo dijo también el mismo señor Senador- que no se ha presentado proyecto alguno, lo que significa que ese medio de prensa informó mal. En ediciones posteriores del diario no figura un desmentido; de manera que pensé que realmente era así. Pero como se me ha hecho saber que ello no es efectivo, quedo conforme y muy tranquilo. Espero que el Senado también.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente , iba a pedir la palabra después de la Cuenta; pero se me expresó que el Honorable señor Ríos quería dar algunas explicaciones.
Al oírlas, puedo aceptarlas sólo en parte, pues me resultan absolutamente insatisfactorias, razón por la cual deseo referirme a la materia en forma expresa, y no en términos de algo de orden personal.
Tengo mucho aprecio y cariño por todos los señores Senadores , y en particular por el Honorable señor Ríos , con quien se produce la controversia en este caso específico. Su Señoría, con toda razón y derecho, dio una conferencia de prensa el día de hoy, en la que se mostró partidario de determinada tesis jurídica para defender el requisito de la residencia, en el concepto que tiene del mismo, con el cual no todos concordamos en la Cámara Alta. El señor Senador considera la residencia como sinónimo de habitar, de tener habitación o morada en el lugar al que se pretende representar. En esta Sala hemos sostenido una lata discusión al respecto. Algunos Honorables colegas han manifestado que se trata de un requisito que no debiera existir, y otros, lo contrario. Entre estos últimos hay quienes sustentan un concepto distinto de residencia, pero no por ello voy a criticarlos o a negarles el derecho a expresar sus opiniones políticas o en el plano jurídico-legislativo.
Lo grave es que en la declaración del Honorable señor Ríos se formulan apreciaciones que terminan por descalificar a otro Senador que, modestamente, tiene una opinión diferente de la suya, y que no la sostiene -ni puede presumirse que lo haga- por defender intereses personales o familiares. La alusión de Su Señoría apunta -de ello no cabe la menor duda, después de escuchar su aclaración- directamente a mi persona, pues no hay duda de que el único que estaría en la condición de pariente de un posible candidato es el Senador que habla, como lo reconoce al decir que habría tomado su decisión después de leer la información oficial de "El Mercurio". Ignoro si dicho medio de prensa tiene la calidad de vocero oficial de las cosas en las cuales todos debemos creer, si es que efectivamente el diario publicó tales expresiones.
El Senado sabe que no he patrocinado proyecto alguno, pero que sí he participado en la discusión sobre el tema -y seguiré haciéndolo, por no sentirme inhabilitado para emitir juicios jurídicos sobre materias de interés general en el país-, el que no puede vincularse a una persona determinada. El requisito de la residencia no afecta sólo a un pariente mío: involucra todo un planteamiento jurídico en cuanto a si éste debe o no debe exigirse, y las condiciones en que ello ha de hacerse respecto de quienes se sometan a la decisión de la soberanía popular.
Por lo tanto, tampoco estoy inhabilitado para formular declaraciones, emitir opinión al respecto o firmar iniciativas, si adoptare una decisión en tal sentido. Aclaro que no la he tomado, ni he suscrito proyecto alguno. Pero le digo francamente al señor Senador , con todo el aprecio y el cariño que le tengo, y, al mismo tiempo, por defender mi honor como persona y como Senador, que no puedo aceptar que Su Señoría exprese lo siguiente, a mi juicio, gravísimo: "Los que creemos en esto, convencidos que representamos a la inmensa mayoría de los chilenos, manifestamos la voluntad de mantener la norma y por cierto, haremos ver a los tribunales correspondientes, la falta de cumplimiento de ella, como igualmente, según lo conocido por la prensa, la inhabilidad parlamentaria correspondiente de quienes pretendan presentar proyectos con su firma cuyo objetivo es favorecer a parientes.".
Tales expresiones son inaceptables. Nadie en este Hemiciclo me puede atribuir una conducta que pueda considerarse como prevaricación, en favor de alguien cercano a mí.
Por lo tanto, espero que el Honorable señor Ríos no haya pretendido hacer esa aseveración respecto de mi persona. Al mismo tiempo, quiero dejar establecido con claridad que el hecho de discrepar de otro señor Senador no me puede llevar a hacer ese tipo de afirmaciones, que hoy día rechazo y procedería igualmente el día de mañana, si Su Señoría se viere afectado por declaraciones semejantes.
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , seré muy breve.
En primer lugar, para los efectos de aclarar bien los conceptos que se han emitido, es efectivo -el Senado es testigo de ello- que defiendo y defenderé siempre todos aquellos aspectos referidos a la libertad que los hombres y mujeres de nuestro país tienen para expresar opiniones respecto de los distintos problemas existentes en él. Y, obviamente, dentro del ámbito de esta Corporación, esos principios constitucionales adquieren mayor importancia y trascendencia.
Lo anterior significa que no estoy planteando una situación referida a la inhabilidad de una persona para manifestarse públicamente frente a un asunto determinado. En ese sentido, el Honorable señor Zaldívar -por quien tengo también mucha estimación- puede estar tranquilo. El tema importante era y es otro. Si señalé que El Mercurio dio a conocer en términos oficiales algunas expresiones, la única publicación oficial de ese medio es la de las versiones correspondientes a las sesiones del Senado, y nada más. El resto son informaciones periodísticas sujetas, obviamente, a interpretaciones, desmentidos o modificaciones, según el caso.
Efectivamente, en mi declaración empleé el término "parlamentario" para referirme, de modo general, a todo el Parlamento, sea que se trate de Diputados o Senadores . Y por alguna razón, uno de mis Honorables colegas -concretamente el Senador señor Zaldívar - se sintió aludido por tal expresión. Pero este tema -terminaré pronto mi intervención, señor Presidente , porque no deseo complicar la vida del Senado, del Honorable señor Zaldívar , ni la mía- no es el más importante de la discusión propiamente tal; se refiere a una mera situación.
Es obvio y lógico que el requisito de la residencia (como otros aspectos, que se debaten en momentos en que se lleva a efecto la inscripción de candidaturas para integrar el Parlamento) debió analizarse con anterioridad, de modo profundo y acabado, a fin de entregar al país normas que permitan al Congreso actuar como le corresponde y con tranquilidad.
El hecho es que el diario "El Mercurio" señaló en ediciones anteriores la existencia de problemas con determinados candidatos; y que el Honorable señor Zaldívar aparece declarando que, junto con el Senador señor Fernández , presentará un proyecto de ley, el cual está siendo hoy discutido. Y ello, por lo que afirma Su Señoría, no corresponde a una situación oficial y real. Antes, eso no fue desmentido. Pero en razón de que ahora sí lo ha sido, las cosas están ya claras, y le doy explicaciones al Senador señor Zaldívar .
Queda en evidencia que nuestro interés (particularmente el mío) no está en debilitar la posición de las personas, ni mucho menos, sino en discutir cuestiones más trascendentes y profundas, que nos permitan desarrollar las funciones que nos son propias y sobre las que, permanentemente, se centra la atención del país.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , solidarizo con el Senador señor Zaldívar. Y no porque Su Señoría lo necesite, sino porque veo que aquí están en juego dos puntos muy importantes.
En primer lugar, la relación que ha existido en estos tres años entre los Senadores de las distintas bancadas se ha fundado en el más profundo de los respetos. Pienso que seguirá siendo así, y que las presentes circunstancias no alterarán dicho clima.
En segundo término, ante una situación como la que se plantea, el Honorable señor Zaldívar está fuera de toda duda. Se trata de un político chileno de figuración mundial, que fue presidente de la Internacional Demócrata Cristiana ; de un hombre que exhibe una larga, consistente y transparente trayectoria política. Y, en consecuencia, sobre ninguna de sus actuaciones puede cernerse sombra alguna. Todo ello ha quedado demostrado en una prolongada carrera pública, en términos de su imagen política y de su acción personal.
Me parece que en este momento tenemos la obligación de exteriorizar estos conceptos, coincidiendo con el Honorable señor Ríos en asegurar que no existe duda alguna respecto del proceder del Senador señor Zaldívar en este asunto.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , en el clima de respeto en que se ha planteado el tema, me parece conveniente señalar ciertos hechos.
El proyecto presentado sobre el requisito de residencia que se exige a los candidatos a integrar el Parlamento está suscrito por el Honorable señor Papi y por el Senador que, habla, y es, naturalmente, materia de controversia. En mi propia bancada, un gran amigo y distinguido colega, el Senador señor Díaz , sostiene sobre él una opinión distinta. No se trata de un asunto de partidos o de dogmas; la cuestión es ver qué interesa al país.
En los debates realizados al respecto, hemos podido probar que nunca en la historia de Chile (salvo en el siglo pasado, y en éste, solamente a partir de la constitución de 1980) se impuso tal condición, y por eso hemos señalado que la responsabilidad fundamental debe recaer en los electores. Pero, repito, el tema suscita controversia, y las opiniones expuestas muestran legítimas discrepancias.
Lo que quiero subrayar es que, ante este tipo de desacuerdos, no debe caerse en descalificaciones. Agradezco, en nombre de los Senadores democratacristianos, las cariñosas y merecidas palabras de adhesión del Honorable señor González para con nuestro camarada el Senador señor Zaldívar . Creemos que Su Señoría, como cualquier otro integrante de esta Corporación, puede opinar sobre la materia en comento y participar en su discusión, por cuanto incluso nuestro Reglamento establece, en el artículo 8° (junto con la normativa destinada a evitar que se mezclen intereses personales con preceptos de carácter general), que la prohibición de promover, debatir o votar asuntos que interesen personalmente a los Senadores, "sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge y sus colaterales", no regirá "en negocios de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones," o en otros asuntos de que trata ese cuerpo reglamentario.
Estamos, por consiguiente, frente a un tema controvertido, pero lícito. Incluso, debemos recordar, a propósito del reciente pacto celebrado entre Renovación Nacional la UDI con la UCC -desde el punto de vista democrático, me alegra que se haya logrado, pues aporta mayor claridad a las opciones políticas-, que personeros de las dos primeras colectividades han señalado, legítimamente, que tendrán que abordar ese aspecto.
Sin embargo, creo que la cuestión no debe analizarse a propósito de una situación coyuntural, sino que ha de dársele carácter permanente. Requiere que resolvamos en conciencia y con fundamento si el requisito de residencia tiene o no justificación. Y lo que se decida no debe servir sólo para la próxima elección, sino que hay que traducirlo en una norma definitiva.
No cabe duda de que la polémica entre Senadores es parte de la democracia. Pero en esta situación particular respaldamos plenamente a nuestro camarada el Senador señor Zaldívar , pensando que una controversia así debe tener lugar en el Senado, como de costumbre, con altura de miras.-
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente , agradezco las expresiones de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, y las del Honorable señor Ríos en su segunda intervención para darme, muy lealmente, las explicaciones del caso. Tengo que valorarlas, y desde ya las acepto en el entendido de que estamos frente a una discusión política en la cual tenemos libertad para ejercer nuestro derecho, lo que hacemos tomando un compromiso con el interés general, antes que con la defensa de posiciones particulares. Acaso hubiera sido más conveniente evitar este debate. No fue provocado por el Senador que habla. Lo creí necesario en un momento dado, y pienso que con las aclaraciones hechas es suficiente.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRECEPTOS EN COMISIONES MIXTAS. CONSULTA A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor OTERO.-
¿Me permite la palabra, señor Presidente, sobre otro tema?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , propongo que la Sala adopte un acuerdo en orden a pedir informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acerca de la situación planteada en un proyecto de ley determinado, y que puede repetirse en otros.
Una Comisión Mixta está estudiando los desacuerdos producidos entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de cierta iniciativa de ley. El Ejecutivo , en uso de sus atribuciones privativas, presentó ante esa Comisión indicación para agregar un nuevo precepto, cuyo contenido nunca ha sido motivo de conflicto y que no figura ni en el proyecto de la Cámara de Diputados ni en el del Senado.
Me parece que el asunto debe analizarlo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no sólo con miras a solventar esta situación particular, sino en forma genérica, a fin de saber si el procedimiento se ajusta o no estrictamente a la Constitución.
Mis dudas nacen por una razón muy simple: se trata de una disposición nueva, no incluida en ninguno de los dos textos, y, por consiguiente, no se discutió en este Hemiciclo. Se presentó directamente a la Comisión Mixta. Con ello se estaría omitiendo el trámite en las correspondientes Comisiones y en las Salas de ambas Corporaciones. No justifica eso el hecho de que los señores Parlamentarios, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, hayan expresado sus aspiraciones de que esta norma se convierta en realidad. El caso es que no la propuso el Ejecutivo ante ninguna de las dos ramas del Parlamento, ni -repito- está incluida en los respectivos textos. Por lo tanto, el precepto a que me refiero no ha sido ni puede ser motivo de desacuerdo alguno. Y la Comisión Mixta tiene por única función ocuparse en aquellos puntos en que ha surgido discrepancia.
Por tales razones, propongo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emita pronunciamiento concretamente acerca de esa materia, para evitar cualquiera discusión a su respecto. Considero que el tema es jurídicamente discutible, y corresponde a la citada Comisión informar sobre el particular.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , quiero reclamar del cumplimiento del Orden del Día. Hemos visto dos puntos que, por cierto, son impropios de esta parte de la sesión. Se ha despejado uno, felizmente, en los términos ya conocidos. Pero la observación hecha por el Honorable señor Otero corresponde discutirla más bien en reunión de Comités, no en la Sala.
Por consiguiente, solicito que se inicie el tiempo del Orden del Día.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , no quiero repetir en la Sala la discusión que sostuvimos con el Senador señor Otero , en la Comisión de Trabajo, sobre el tema. Al examinar los antecedentes, no veo que él figure en la Cuenta, y, por lo tanto, no puede debatirse en este momento.
Por tratarse de un asunto de interés, considero importante despejar las dudas que el Honorable señor Otero expuso sobre el particular. Y ya que hemos sido incapaces de satisfacerlas (a pesar de haber mostrado antecedentes, pautas, informes y otros documentos), no me preocuparía proceder a su análisis, pero ello debería hacerse en su oportunidad, en reunión de Comités y en los términos genéricos debidos. Eso me parece perfectamente razonable. No es pertinente debatirlo en esta ocasión, por lo que respaldo la sugerencia del Honorable señor Navarrete .
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , tengo entendido que las intervenciones que precedieron a la mía tampoco se refirieron a asuntos del Orden del Día de la Cuenta. No son los Comités los que piden informe a las Comisiones, sino la Sala. Y la oportunidad adecuada para hacerlo es precisamente ésta. Como sólo se trata de solicitar un informe, cuyo resultado desconocemos, me parece que esto ni siquiera es materia de debate, porque es bueno que los Senadores estemos ilustrados de manera cabal, nada menos que por la Comisión de Constitución, sobre un procedimiento de esta naturaleza. Y si se han aceptado las intervenciones anteriores, que eran igualmente ajenas a la Cuenta, cabría la misma conducta respecto de mi proposición, en la que sí es procedente una resolución de la Sala.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En realidad, desde el punto de vista reglamentario, una cuestión como la que se ha suscitado corresponde que se trate durante el Tiempo de Votaciones.
Propongo que se vea en la próxima sesión.
Así queda acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 7a, en 30 de junio de 1993.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 9a, en 7 de julio de 1993.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Esta iniciativa, en segundo trámite, tuvo su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , está calificada de "Suma Urgencia" y tiene rango de ley orgánica constitucional, por lo cual requiere para su aprobación de los votos favorables de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, según lo que establece el artículo 63, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
La iniciativa consta de un artículo único, y la Comisión propone a la Sala, de acuerdo con la disposición del artículo 127 del Reglamento del Senado, que se discuta en general y particular a la vez. Asimismo, sugiere aprobar el proyecto con algunas enmiendas que detalla en su informe y que se encuentran insertas en el texto aprobado por la unanimidad de sus miembros.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido (26), de que emitieron pronunciamiento 27 señores Senadores.
CONVENIO ENTRE CHILE Y URUGUAY PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN DE EMPRESAS DE NAVEGACIÓN AÉREA
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Oriental del Uruguay para evitar la doble tributación por los ingresos que perciban las empresas de navegación aérea de Chile y del Uruguay que operen en ambos países, suscrito en Montevideo el 23 de marzo de 1992, el cual se encuentra informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 47°, en 4 de mayo de 1993.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 8°, en 6 de julio de 1993.
Hacienda, sesión 8°, en 6 de julio de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En la discusión general y particular, ofrezco la palabra.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , este Convenio elimina la doble tributación entre Chile y Uruguay únicamente en materia de transporte aéreo, mediante el sistema de exención recíproca, con el propósito de que las empresas aéreas chilenas y uruguayas tributen sólo en sus respectivos países.
Lo anterior afecta a las empresas de transporte aéreo domiciliadas en Chile que operen en el Uruguay, y a aquellas domiciliadas en el Uruguay que lo hagan en Chile, las cuales pagarán, exclusivamente al Gobierno de su país, todo impuesto directo que grave la renta o las utilidades y el capital o el patrimonio, o que sea complementario o adicional dé impuestos que graven la renta o las utilidades y el capital o patrimonio. Esta norma se aplicará igualmente a los impuestos patrimoniales que graven a las aeronaves y los bienes muebles puestos a su servicio.
En Chile, el Convenio se aplicará específicamente al Impuesto sobre la Renta, y en el Uruguay, al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, al Impuesto a las Comisiones y al Impuesto al Patrimonio. Sus disposiciones se extenderán también a los tributos de naturaleza análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y a los que se añadan a los actuales o los sustituyan.
Se aplicará exclusivamente a los beneficios, ingresos, rentas o utilidades obtenidas dentro del giro propio de las empresas aéreas o de sus actividades vinculadas y al capital o patrimonio aplicados al mismo giro o actividades.
Comprenderá a las personas naturales o sociedades de cada Estado en que tengan su domicilio, residencia o lugar de estadía habitual. El domicilio se verificará en aquel Estado en que la persona tenga una vivienda permanente o donde mantenga sus centros de intereses vitales.
La entrada en vigor se producirá a la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación, en conformidad a las disposiciones internas de ambos países.
Para los efectos impositivos, se aplicará a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se realice el canje de los instrumentos de ratificación.
Su duración será indefinida; pero las partes podrán denunciarlo, por la vía diplomática, seis meses antes del término del año calendario de que se trate.
Cabe hacer presente que Chile ha suscrito tratados relacionados con la doble tributación con Singapur y Estados Unidos. Además, ya se encuentra en trámite de aprobación otro convenio suscrito con Uruguay, relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de los dependientes del personal diplomático.
La Comisión, por estimar que el Convenio es muy conveniente para aumentar los negocios, especialmente el tráfico aéreo entre Chile y Uruguay, le dio su aprobación. Pido al Senado proceder en la misma forma.
Debo manifestar que la Comisión de Hacienda también emitió un informe -tal vez sería bueno que alguno de sus miembros lo explicara-, en el cual recomienda, igualmente, acogerlo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
CONVENCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA PROHIBIR E IMPEDIR IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA ILÍCITAS DE PROPIEDAD DE BIENES CULTURALES. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta formulada por la Sala acerca de la compatibilidad de las disposiciones de la "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales", con las normas de la Constitución Política de la República.
--Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Consulta: Sesión 47a, en 31 de marzo de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 8a, en 6 de julio de 993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Comisión de Constitución absolvió la consulta que se le formulara sobre la constitucionalidad de las normas de la Convención mencionada.
En su oportunidad, la Comisión de Relaciones Exteriores informó favorablemente, por la unanimidad de sus miembros, el proyecto de acuerdo aprobatorio de ese instrumento internacional. El Senado, en sesión de 31 de marzo de 1992, lo envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de que ella lo analizara y se pronunciara acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
La Comisión de Constitución deja constancia de que solicitó la opinión del profesor de Derecho Constitucional señor Enrique Evans de la Cuadra, y de que coincidió con el planteamiento de ese experto en cuanto a que la Convención no vulneraría los preceptos de los números 23°, 24° y 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental, siempre que en nuestra legislación se regulen las materias que detalla en las letras a) a d) consignadas en las páginas 3 y 4 de su informe.
Agrega que "El criterio anteriormente expuesto, se funda, por una parte, en las reiteradas remisiones que la Convención hace al derecho interno de los Estados Partes, por lo que no parece posible que ella opere con la obligatoriedad jurídica de un tratado internacional, sin la dictación de normas legales complementarias, como las ya señaladas y, por otra, en que los preceptos constitucionales aludidos facultan expresamente al legislador -y sólo a él- para establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes; para contemplar limitaciones y obligaciones al derecho de propiedad, que deriven de su función social, y para regular o limitar las garantías constitucionales.".
En esa forma la Comisión de Constitución -en informe suscrito por los Senadores señores Fernández, Otero y Vodanovic- absolvió la consulta planteada por la Sala.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Del informe se deduce que la Convención -acogida por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero sin que aún haya sido aprobada por el Senado-, pese a no vulnerar la Carta Fundamental, no puede ser aplicable mientras no exista la correspondiente legislación interna.
Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar el citado informe, el cual deberá ser considerado cuando la Convención se someta al análisis de la Sala.
Acordado.
DEROGACIÓN DE MONOPOLIO POSTAL POR EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la admisibilidad de una moción del Senador señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que deroga el artículo 2° del DFL N° 171, de 1960.
--Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Consulta:
Sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 8a, en 6 de julio de 1993.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El señor Secretario dará la respectiva información.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Comisión de Constitución expresa en su informe que el señor Presidente del Senado declaró inadmisible la moción señalada, por estimarla inconstitucional, y que la Sala, frente a dudas manifestadas a ese respecto, acordó solicitar su pronunciamiento.
En definitiva, la Comisión, después de examinar las disposiciones legales de la iniciativa contenida en la moción del Senador señor Piñera, concluyó que ella incide en materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República . El acuerdo se adoptó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables señores Vodanovic ( Presidente ), Fernández y Otero.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , la ley orgánica del antiguo Servicio de Correos y Telégrafos -DFL N° 171, de 1960-, cuyo texto definitivo se fijó por decreto N° 5.037, de 1960, del Ministerio del Interior, en el inciso primero del artículo 2° establece el monopolio del Estado, por intermedio del Correo, para la admisión, transporte y entrega de los objetos de correspondencia, señalando que son tales las cartas, tarjetas postales sencillas y con respuesta pagada, papeles de negocios, diarios e impresos. Y en el inciso segundo del mismo artículo, contempla cuatro excepciones a dicho monopolio estatal. Posteriormente, por el DFL N° 10, de 1981, se creó la Empresa de Correos de Chile y se estatuyó que ella es la sucesora legal del Servicio de Correos y Telégrafos.
La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha declarado que la norma que estableció el monopolio postal en beneficio del Servicio de Correos y Telégrafos -organismo fiscal, integrante de la Administración Pública- se encuentra vigente y que su titular es la actual empresa de Correos de Chile. Y es este monopolio -declarado vigente, repito, en la jurisprudencia administrativa- el que el proyecto de ley presentado propone derogar.
El informe de la Comisión de Constitución plantea que tal iniciativa legal no se ajustaría a la Constitución Política, por incidir en atribuciones de una empresa del Estado y el otorgamiento de éstas, en virtud del artículo 62, N° 2°, de la Carta Fundamental, es materia propia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Considero que el informe aludido no se ajusta a la normativa constitucional. El monopolio que el DFL N° 171 -en su texto definitivo fijado por el decreto N° 5.037- reconoce en beneficio de la actual Empresa de Correos de Chile (sucesora del Servicio de Correos y Telégrafos) constituye no una obligación o función de dicha empresa -que se encarga de transportar y entregar correspondencia, tarea que el proyecto mencionado no modifica de manera alguna-, sino la prohibición de que particulares o terceros puedan desempeñar esa actividad. Eso es lo que representa un monopolio: el impedimento a todas las personas de realizar cierto trabajo, el cual se reserva sólo para el Estado. Y reitero que no se trata del otorgamiento de una facultad, sino de una prohibición para el sector privado.
El artículo 62, N° 2°, prescribe que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.". Nada de esto hace el proyecto de ley en trámite, pues éste se limita a remover la prohibición o impedimento de los particulares para desarrollar esta actividad económica.
Por ello, señor Presidente , manifiesto mi opinión contraria a lo sostenido en el informe de la Comisión de Constitución, y votaré en contra de él.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente , quiero hacer algunas reflexiones sobre la materia, porque, según los datos que tengo a la vista -espero no estar equivocado en alguno de ellos- me parece que ya no existiría el monopolio de que se trata.
Ahora bien, deseo llamar la atención del Honorable Senado sobre lo siguiente: la ley 18.016 autorizó al Estado para desarrollar actividades empresariales de determinada manera. Al facultar al Presidente de la República para que dicte disposiciones con fuerza de ley, entre otras materias referentes precisamente al Servicio de Correos y Telégrafos -facultades que posteriormente fueron ampliadas por la ley 18.518, de junio de 1986-, está otorgando atribuciones al jefe del Estado en lo referente al antiguo servicio de Correos y Telégrafos; pero él, mediante un decreto con fuerza de ley, no puede prorrogar una facultad que implique un monopolio, porque ello afecta la garantía constitucional establecida en el N° 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Eso podría hacerse por ley expresa de quórum calificado.
Por consiguiente, las normas sobre monopolio no estarían vigentes, a mi entender, ya que el antiguo Servicio de Correos y Telégrafos se extinguió, siendo reemplazado por una empresa del Estado creada en virtud de un decreto con fuerza de ley. Y, además, tanto la ley delegatoria como la que prorrogó las facultades del Presidente de la República son posteriores a la vigencia de la Constitución del 80, la cual prohíbe que las garantías por ella consagradas puedan ser cercenadas por un decreto con fuerza de ley.
Por esas razones, señor Presidente y Honorables señores Senadores , considero que no se halla vigente la norma monopólica establecida en la antigua legislación que amparaba a un servicio que se extinguió, y que la nueva entidad creada por un decreto con fuerza de ley no pudo contemplar una facultad que cercena o contraviene lo prescrito en el N° 21° del artículo 19 de la Constitución.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , a mi juicio, lo planteado por el Honorable señor Thayer es sumamente interesante. En realidad, comparto íntegramente el raciocinio de Su Señoría, en el sentido de que las normas sobre garantías constitucionales no pueden ser modificadas en virtud de una facultad delegada en el Presidente de la República , porque ello lo prohíbe de manera explícita el artículo 61 de la Ley Suprema.
En todo caso, el problema se ha suscitado sobre la base de una jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que, contrariamente a lo planteado acá, ha considerado que las disposiciones sobre el monopolio legal del Servicio de Correos y Telégrafos se encuentran vigentes. Y, en esa perspectiva, estimo que dicho aspecto debería ser analizado en profundidad en la Comisión, porque el informe mismo no se hace cargo de los antecedentes expresados en la Sala.
Por tal razón, podría ser preferible devolver la materia en debate a la Comisión de Constitución, para que ella, a la luz del análisis de las normas contenidas en el artículo 61 de la Constitución, considere tal asunto y a la vez lo planteado acá, en cuanto a que esto no incide ni dice relación a facultades del servicio público, sino con impedimentos o prohibiciones respecto de particulares para desarrollar una actividad empresarial vinculada con el transporte de correspondencia.
Por ello, señor Presidente , insisto en que la cuestión debería ser reestudiada por la Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la Sala.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, en mi concepto, el tema es de suma importancia, por cuanto incide en facultades del Senado respecto de determinadas materias.
En reiteradas ocasiones hemos dicho que la Constitución nos limita en muchos aspectos. Pero creo peligroso que nosotros exageremos esas limitaciones y de alguna manera disminuyamos nuestras facultades. Señalo esto, porque en el informe de la Comisión echo de menos un verdadero análisis de las razones por las cuales se llegó a determinada conclusión. En él hay una parte expositiva -por así decir-, se hace referencia a un detenido estudio respecto de la consulta formulada y se llega a un resultado. Pero no figuran los considerandos ni los motivos que condujeron a ello.
Por lo tanto, adhiero a lo solicitado por Sus Señorías en el sentido de que resulta conveniente enviar nuevamente la materia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que exponga -ojalá con la mayor amplitud posible- las razones que tuvo para llegar a su conclusión que, desde luego, no comparto; pero, en todo caso, debo suponer que sus integrantes tuvieron muy buenos argumentos para ello, y me gustaría conocerlos.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , accidentalmente yo no estaba presente en la Comisión cuando se elaboró el informe. Y lamento disentir de la conclusión unánime a que llegó el resto de sus integrantes, por una razón de jerarquía constitucional. Creo que en esto debemos tomar en cuenta que el N° 16° del artículo 19 de la Carta dice que "Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.".
Me parece que la Constitución de 1980 derogó la disposición de la Ley Orgánica del Servicio de Correos y Telégrafos, fijada en 1960, tanto más cuanto que esa misma ley establece que la prohibición de repartir correspondencia y objetos no se aplicará respecto de aquellos que la Dirección General de Correos autorice que queden exentos del monopolio fiscal. Evidentemente, toda esa legislación no sólo está obsoleta, sino derogada por el texto expreso de la Carta Fundamental, la cual dice que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida. Necesitaríamos una ley que declarara que este tipo de actividad es contrario al interés público; también ello se requeriría para el monopolio de cualquier empresa del Estado si es contrario al interés público.
Por lo tanto, señor Presidente , la aplicación de la letra del texto constitucional nos indica que debemos tener en cuenta primero la derogación de la Ley Orgánica del Servicio de Correos y Telégrafos y, luego, el hecho de que, cuando se dictó la disposición del decreto con fuerza de ley N° 10, de 1981, ya estaba derogado el monopolio de Correos. Creo que éste es el tema de fondo que debe ocupar el informe de la Comisión.
No conozco el proyecto de ley presentado por el Senador señor Piñera . Porque la derogación del artículo correspondiente del decreto con fuerza de ley N° 171 se produjo por el solo imperio de la Carta de 1980. Lo dispuesto en ese cuerpo legal debe entenderse derogado en la medida en que se contraponga con aquélla. Y, ciertamente, la actual normativa constitucional no autoriza el tipo de monopolio consagrado en esa disposición legal.
Por tales razones, soy partidario de que el asunto en análisis sea enviado nuevamente a la Comisión de Constitución, para que se resuelva expresamente si la norma contemplada en la moción del Senador señor Piñera se encuentra o no derogada por Constitución de 1980.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , en verdad el informe solicitado a la referida Comisión fue para resolver si era constitucional o no el proyecto presentado por un determinado señor Senador. No corresponde al Senado de la República ni a su Comisión de Constitución pronunciarse acerca de si se encuentra o no se encuentra derogada una ley, o si procede o no procede establecer un monopolio mediante un decreto con fuerza de ley. Estas son materias que escapan de la competencia de esta Corporación. Y, sobre el particular, me gustaría mencionar algunos ejemplos. En la Corte Suprema hubo una gran división jurisprudencial respecto de si aquellas leyes dictadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1980 quedaban o no quedaban derogadas por ésta y a quién le correspondía emitir el dictamen correspondiente. Dicho tribunal, en fallos divididos, estableció en algunos casos que ello no era materia de un recurso de inaplicabilidad, sino que constituía un asunto que debían conocer en el fondo los jueces de letras, los que debían pronunciarse sobre si la ley estaba o no estaba derogada por la nueva Constitución. Hubo otros fallos de mayoría también que sostuvieron lo contrario, en el sentido de que como era la Corte Suprema la que tenía competencia para declarar inaplicable una ley, no podía revocar dicha facultad y que tal abrogación -por el hecho de ser contraria a los términos de la actual Constitución- podía dar origen a un recurso de inaplicabilidad, el cual debía ser resuelto por ese Alto Tribunal.
Afortunadamente, hoy día la jurisprudencia se ha uniformado y hay unanimidad en cuanto a que la Corte Suprema conoce -y es exclusiva y excluyente en esta materia- de los recursos de inaplicabilidad que se plantean cuando una ley, que se supone vigente y promulgada con anterioridad a la Carta de 1980, entra en conflicto con las disposiciones de esta última. Por consiguiente, ni el Senado ni menos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pueden hacer un análisis exhaustivo para ver si la norma está o no está derogada, o si fue bien o mal dictada. Estas son materias que le corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia, o al Tribunal Constitucional en la medida en que se encuentre en trámite de ley.
Lo único que se pidió a la Comisión fue que determinara si el proyecto podía ser o no de iniciativa de un parlamentario, sin calificar si la ley estaba o no estaba derogada.
Porque, en mi opinión, de acuerdo con los argumentos esgrimidos aquí, la Comisión de Constitución habría incurrido en un gravísimo error de apreciación y se habría atribuido facultades que no tiene al decirle a un señor Senador : "Mire, no presente iniciativas pidiendo la abrogación de leyes ya derogadas". Eso implica simplemente sostener un criterio inadecuado y que no corresponde a los derechos de los Honorables colegas, mi menos a las atribuciones de una Comisión. El único órgano encargado de resolver si está o no está derogada una ley es precisamente la Corte Suprema.
Luego, el planteamiento hecho a la Comisión fue el siguiente: "Señores, en este tipo de cosas -suponiendo que existe ley; no nos pronunciamos sobre si se encuentra o no se encuentra derogada, ni tampoco si fue bien o mal dictada-, ¿puede un parlamentario tener iniciativa en la materia?". En ese sentido -y solamente en ese sentido- se pronunció la Comisión. Y como todas las materias son discutibles en Derecho, los miembros de ella que estábamos presentes en ese momento estimamos, por unanimidad, que la materia era de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , criterio jurídico que puede ser objetado por quien lo estime conveniente. Pero lo que no puede ser discutido en la Sala es que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estaba impedida de pronunciarse sobre la vigencia de la ley, porque eso es algo que no le corresponde.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Seré muy breve, señor Presidente .
Sólo quiero decir que concuerdo en que el asunto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero especificando que el punto que he planteado debe ser esclarecido por ella.
Respeto la opinión del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, pero disiento de Su Señoría en cuanto a que al Senado no le compete emitir juicio acerca de si la disposición que establece un monopolio, lo que propone derogar el proyecto, está vigente o no. ¡Cómo no lo va a poder hacer! No puede entrar a resolver el tema de motu proprio, por antojo; pero, si se presenta una iniciativa en tal sentido, debe examinar qué leyes confirma y cuáles deroga.
Por tal motivo, estimo conveniente que el asunto vuelva a la referida Comisión, para que emita también un pronunciamiento sobre ese punto.
Nada más, señor Presidente .
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente , comparto lo dicho por el Senador señor Otero en cuanto al encargo que la Sala hizo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la interpretación que efectúa el informe. Personalmente, pienso que corresponde a lo que en estricto Derecho procede, de acuerdo con el artículo 62, número 2°, de la Constitución Política. Para mí, al menos, el alcance de esta norma es claro desde el punto de vista jurídico. Basta leerla. Dice: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:" "2° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;".
En el caso que nos ocupa, se dictaron las leyes y decretos correspondientes.
Sin embargo, la argumentación que ahora se plantea apunta en otro sentido. Ya no se pretende determinar si la moción presentada por un señor Senador es admisible o inadmisible, sino que se intenta resolver si la disposición que ella propone derogar está vigente o no.
Lo anterior me obliga a rebatir la tesis del Honorable señor Díez , quien, para abonar su posición, cita el artículo 19, número 21°, de la Constitución Política, que en su párrafo segundo establece: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común", etcétera. Y luego, para sostener que una empresa del Estado no puede efectuar una actividad monopólica, menciona el número 16°, párrafo tercero, de la misma disposición de la Carta.
A mi juicio, el Honorable señor Díez hace una mala relación de las normas, pues la recién citada no corresponde al tema que nos ocupa; ella se refiere al derecho a la libertad de trabajo y no al derecho a desarrollar una actividad empresarial, contenido este último en el número 21° del mismo artículo 19.
Más aún: Su Señoría olvida la disposición quinta transitoria de la Carta Fundamental, que dispone lo siguiente: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.".
En el caso que nos ocupa, el artículo 2° del DFL N° 171, de 1960, ley orgánica del Servicio de Correos y Telégrafos, está en vigor; no ha sido derogado, aunque sí pretende hacerlo ahora una moción parlamentaria.
El señor DÍEZ .-
¡El número 16°, señor Senador, tiene relación con el tema!
El señor ZALDÍVAR .-
No, Su Señoría, porque la libertad de trabajo no tiene nada que ver con las empresas del Estado. Ese número se refiere a la libertad individual de trabajo y no permite resolver el punto de si la Empresa de Correos puede mantener o no el monopolio que una ley le entregó en su momento, ley que está plenamente vigente de acuerdo con la disposición quinta transitoria recién mencionada. Para modificar esa situación, habría que derogarla, y en ese sentido es correcta la moción que el Senador Piñera ha presentado para derogar el artículo 2° del DFL N° 171.
Con todo, creo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cumplió su tarea al declarar que tal iniciativa era inadmisible, tal como lo hizo en su oportunidad el Presidente del Senado . Por eso, considero que, en ese sentido, el Honorable señor Otero tiene razón al fundamentar su posición.
El otro tema lo podemos estudiar más adelante. Aquí ya se han esbozado tesis diferentes sobre el particular. Unos estiman que en conformidad con el número 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental lo que prima es la libertad de trabajo; otros,, en cambio, pensamos que prevalece el número 21° del mismo precepto constitucional, relativo a las empresas del Estado, vinculado con la disposición quinta transitoria de la Carta.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA .-
Señor Presidente , quiero expresar que, como autor de la moción de que se trata, tras haber sido ésta declarada inadmisible por la Mesa, pedí recabar la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; pero no para que ésta determinara si la norma que plantea derogar la moción ya está derogada o no, ni tampoco para que resolviera si la iniciativa es o no admisible, sino con el fin de que emitiera una opinión sobre el fondo del asunto.
A mi juicio, el informe evacuado por dicho organismo no aborda el aspecto relevante del problema, el fondo del mismo. Sin duda, la admisibilidad de las mociones parlamentarias es, jurídica y legalmente, un tema discutible. Prueba de ello, señor Presidente , es que otros proyectos también han suscitado controversia. Por ejemplo, uno relativo al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo fue declarado improcedente por la Mesa, porque, a juicio de ella, de la Secretaría, incursionaría sobre impuestos. Sin embargo, si hubiera abordado ese aspecto, la iniciativa no podría haberse generado en el Senado, como ocurrió, sino en la Cámara de Diputados, tal como lo dispone expresamente la Carta Fundamental. Y, por otro lado, pese a que nunca un impuesto puede tener asignación específica, el proyecto señalaba una.
Por lo tanto, hay razones y argumentos que pueden utilizarse tanto en un sentido como en otro, pero, señor Presidente, lo que importa es ver cuál es el fondo, el argumento que más pesa o predomina.
El que los tribunales o la Corte Suprema determinen si está vigente o derogado el artículo en cuestión es un problema que compete a las partes que eventualmente entren en litigio. Si una persona desea realizar un trabajo y se ve impedida de hacerlo a causa de la ley del Servicio de Correos, el invocar el número 16° del artículo 19 de la Constitución para pedir que se declare derogado el precepto respectivo de dicha normativa es una decisión que sólo depende de las partes en litigio. El Senado no es parte de él, porque no distribuye ni intenta distribuir correspondencia, ni ha presentado reclamo alguno ante un tribunal. Pero sí le compete, y particularmente a su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, emitir opinión sobre el fondo del asunto.
Con respecto al mismo, me voy a referir a dos materias.
Se puede argumentar que la ley de Correos está derogada, o que, no estándolo, se puede presentar una moción parlamentaria para derogarla. Como en este caso existe controversia, voy a efectuar una breve alegación en ambos sentidos.
A mi juicio, es indudable que el número 16°, párrafo tercero, del artículo 19 de la Constitución, al establecer que "Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas", permite afirmar que el trabajo de distribuir correspondencia puede ser desarrollado por una persona y no necesariamente por una empresa. Sin embargo, el artículo 2° del DFL N° 171 lo impide.
En consecuencia, por mandato de la disposición fundamental recién citada, dicho precepto debería estar derogado, pero en la práctica no ha ocurrido así: dos dictámenes de la Contraloría General de la República -que llevan los números 14.362 y 398- en el hecho han ratificado la vigencia de tal precepto. Y por lo tanto, si bien se puede sostener que desde el punto de vista conceptual el artículo está derogado, en la práctica él continúa en vigor, pues hasta el momento ninguna empresa o persona puede desarrollar la labor que en nuestro país está reservada en exclusividad a Correos de Chile.
Ahora bien, señor Presidente , si por un momento supusiéramos que el artículo 2° no está derogado, cabría atenerse a la disposición quinta transitoria de la Carta Fundamental, citada por el Senador que me precedió en el uso de la palabra, que establece lo siguiente: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución". De manera que, si el artículo 2° fuera contrario a la Ley Fundamental -es lo que sostengo-, evidentemente que éste no sería aplicable en el caso en cuestión.
Por otra parte, dejando de lado .el asunto de si la norma está vigente o derogada, si bien las facultades del Congreso pueden interpretarse con distintos criterios, pienso que no deberíamos escoger siempre la interpretación más restrictiva.
Mi intención, señor Presidente , es permitir que la actividad de distribución de correspondencia se desarrolle libremente, como ocurre en todos los países del mundo.
En este caso particular, la moción que presenté (suponiendo que el artículo mencionado no estuviera derogado) no incide en la organización, ni en las funciones, ni en las atribuciones de la Empresa de Correos de Chile. Lo único que hace es posibilitar también que particulares realicen tal actividad.
Por todo lo anterior, tengo la impresión de que el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no fue al fondo del asunto. Y, si bien señala que hubo un detenido estudio de la consulta, echo de menos los argumentos en los cuales se fundó su conclusión. Porque ésta aparece bruscamente, sin que exista posibilidad, o de estar de acuerdo con ella, o de rebatirla en función de las propias consideraciones contenidas en el documento.
En síntesis, señor Presidente , creo que, como Senado, debe preocuparnos el tema de fondo, por lo cual sugiero que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vuelva a conocer del asunto para que se pronuncie sobre dos materias distintas. Y al decir "se pronuncie" estoy requiriendo su opinión, no su fallo. En primer lugar, debería emitir opinión acerca de si el artículo 2° del DFL N° 171, que es el que otorga el monopolio a la Empresa de Correos de Chile, está vigente o no a la luz de la Carta Fundamental de 1980. Si estimara que está derogado, se abriría un camino legal. Ahora, si considerara que se encuentra en vigor, me interesaría mucho conocer su juicio, con argumentos de fondo, respecto de si es admisible o no una iniciativa parlamentaria que, sin alterar la estructura, organización, funciones o atribuciones de esa Empresa, sólo pretendiera permitir que el sector privado también pudiera realizar la actividad de distribución de correspondencia.
Con todo, señor Presidente , pienso que el precepto en cuestión estaría derogado, aunque en la práctica no ha ocurrido así, como lo demuestran los dos dictámenes de la Contraloría mencionados. En todo caso, creo que lo importante es buscar una solución al problema y no quedarnos en la argumentación jurídica. Si la norma no estuviera derogada y no pudiera presentarse una moción parlamentaria, no quedaría ningún camino posible. Pero existen opiniones que apuntan a que la disposición no estaría vigente, y otras que indican que sí sería admisible una iniciativa parlamentaria sobre el particular. Sin embargo, la situación actual no puede ser enmendada de acuerdo a lo que plantea el actual informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por eso, señor Presidente, sugiero que el asunto vuelva a ese organismo, con el objeto de que se pronuncie sobre los dos aspectos indicados, para mejor resolver.
Muchas gracias.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra.
El señor CALDERÓN.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón, quien la solicita por primera vez.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente , no tengo reparos a que el asunto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aunque concuerdo con ella en el sentido de que se trata de una materia exclusiva del Presidente de la República que dice relación con atribuciones de una empresa del Estado.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , lamento tener que intervenir por segunda vez, pero lo hago en defensa de los mismos principios que me llevaron a hacer uso de la palabra en el día de ayer, cuando nos referimos a la interceptación de las comunicaciones.
Me parece que existe un deseo demasiado casuístico de eludir la aplicación de los principios fundamentales del Derecho. La letra mata; es el espíritu el que hace del Derecho algo vivo y en progreso.
La Constitución establece en forma imperativa que "Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida". El reparto de la correspondencia es una clase de trabajo y, por lo tanto, no puede ser prohibido. De manera que la norma que instaura el monopolio de la Empresa de Correos de Chile impide una clase de trabajo, por lo que ella estaría derogada por la Carta Fundamental.
El precepto de la Constitución que asegura "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen", dice relación con el mismo espíritu y corresponde a la misma letra: el derecho a realizar cualquier actividad, el derecho a comunicarse libre y privadamente y el derecho a trabajar.
Esta Constitución Política, señor Presidente, ha sido muchas veces vapuleada, pero pocas veces comprendida en cuanto a la intensidad con que protege la libertad y los derechos de las personas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, al abocarse al estudio de la consulta de la Sala, se encontró con una disposición legal que, evidentemente, al establecer un monopolio, no reglamenta una actividad, sino que la prohíbe. Y esta prohibición fue derogada por la Carta Fundamental; es decir, no lo fue sólo por una ley posterior, sino por el principio de la jerarquía constitucional.
Creo que la Comisión, al hallarse con un caso como el de la especie, no puede manifestar que carece de facultades para opinar respecto de si esa disposición legal está derogada, invocando que dicha atribución corresponde a los tribunales de justicia.
Señor Presidente, los tribunales de justicia resuelven contiendas entre partes, y los Senadores tenemos libertad para opinar sobre cualquier materia que diga relación a la aplicación de leyes que no resuelvan este tipo de contiendas.
Nosotros no somos parte de una contienda. Entonces, cuando el Senado se encuentra con una disposición legal basada en una normativa derogada, puede decirlo con propiedad. De modo que puede declarar la inadmisibilidad de un proyecto de ley cuando éste no tenga objeto, debido a que la disposición que afecta ya fue derogada.
Los tribunales de justicia deberán resolver las contiendas que se produzcan entre las partes en cuanto a si es efectiva o no tal derogación, y tendrán como antecedente la opinión del Senado sobre el particular. De otra manera, debería dictarse una ley para cada derecho constitucional, al no querer admitir el principio esencial del Derecho: que la Carta Fundamental se basta a sí misma en la aplicación racional de sus disposiciones. Cuando ella dispone que hay libertad para trabajar, ¡hay libertad para trabajar y quedan derogadas todas las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, etcétera, que impidan ejercer tal derecho! Esto significa que la Constitución rige in actu; no está sometida a decretos leyes o decretos con fuerza de ley dictados con anterioridad a su vigencia. Esta es la primacía de la Carta Fundamental en cuanto a la oportunidad en que debe aplicarse.
Al parecer, molesta el nuevo espíritu de la Constitución, basado en los derechos y en la libertad de las personas. En este sentido los tribunales han sido muy contradictorios: a veces, ante recursos de protección, reconocen el imperio de la disposición constitucional, pero, en otras ocasiones, no lo reconocen.
Señor Presidente , por tratarse de una materia discutible, pero que, a mi juicio, incide en la aplicación integral de la Carta Fundamental -sujeta a su letra y a su espíritu, y no a mil disposiciones de índole socialista dictadas con anterioridad a su promulgación, las que, evidentemente, fueron derogadas por ella-, solicito a la Sala que acuerde enviar de nuevo la consulta sobre la admisibilidad a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque se trata de un tema de fondo que va mucho más allá de la moción presentada por el Senador señor Piñera .
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La Mesa está un poco paralogizada. Por una parte, se siente con la conciencia muy tranquila al ver que su decisión de declarar inadmisible la moción del Honorable señor Piñera -la adoptó la Mesa y no la Secretaría, como se dijo- cuenta con el apoyo unánime de la citada Comisión.
Y, por otra, la moción propone iniciar un proyecto de ley derogatorio del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 171, de 1960. Pero aquí se alega que ese precepto estaría derogado. De modo que si ya lo está, sería inoficioso pedir su derogación.
Ahora bien, con todo el respeto que merece el Senado, considero que no nos corresponde declarar si una disposición está o no derogada, porque la Constitución entrega esa función a la Excelentísima Corte Suprema
Además, la disposición quinta transitoria de la Carta Fundamental dispone:...
El señor DÍEZ .-
Que no sean contrarias a la Constitución. Si la disposición legal está derogada, no puede ser contraria.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
..."y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.".
Por consiguiente, la Carta Fundamental contempló la situación de normas que se mantenían vigentes y que podían ser modificadas posteriormente a través de la ley. Pero como, a juicio de la Mesa, la facultad para presentar los correspondientes proyectos compete exclusivamente al Presidente de la República -por motivos que fueron explicados en su oportunidad-, no hay razón para que la consulta vuelva a la Comisión.
El señor DÍEZ.-
¿Por qué no aprueba que vuelva a la Comisión, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR .-
¡No, señor Presidente!
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Me gustaría aprobarlo, para dar una salida al problema.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , si lo aprobamos, podríamos contar con otro informe sobre el fondo del asunto de la vigencia de las disposiciones legales contrarias a la Constitución, lo cual es muy importante, porque puede iluminar la jurisprudencia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No creo que la jurisprudencia se ilumine demasiado con los informes de Comisión, sobre todo cuando el evacuado en una semana puede ser contradictorio con el de la siguiente.
El señor DÍEZ .-
Yo no tengo ese complejo, señor Presidente .
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No me agrada que la jurisprudencia cambie de una semana a otra.
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , me alegro de que la Mesa haya declarado estar un poco paralogizada, porque pensaba que yo podría ser el único confundido.
Aquí, efectivamente, más allá de discutir el informe de la Comisión, estábamos entrando a debatir la moción que el señor Presidente declaró inadmisible. Sobre esta materia se consultó a la Comisión, la que evacuó un informe categórico que unánimemente respalda la decisión del señor Presidente .
Por consiguiente, cabe pronunciarnos sobre dicho informe, o bien acordar que la materia vuelva a la Comisión. El único fundamento para esto último fue señalado, si mal no recuerdo, por el Senador señor Urenda , en cuanto a que en el informe está la conclusión, pero no los considerandos; o sea, falta conocer los fundamentos que determinaron llegar a esa conclusión.
En lo demás, estimo que esta discusión es inconducente -no digo inútil o innecesaria; por el contrario, creo que en muchos aspectos ha sido muy esclarecedora- y desconozco adonde nos llevará. Aquí no se trata de discutir el fondo de la moción cuya admisibilidad o inadmisibilidad, que provocó todo este debate, fue zanjada por el señor Presidente del Senado y respaldada unánimemente por la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , en primer lugar quiero felicitarme por constatar la permanencia de los principios expresados entre ayer y hoy en la Sala, porque siempre esta continuidad es deseable. Y yo espero seguir manteniendo más adelante esa misma coherencia.
En segundo lugar, deseo valorar lo que ha hecho el señor Presidente, en ejercicio de sus atribuciones.
Ahora bien, en el ánimo de no perjudicar la legítima aspiración de un señor Senador para contribuir en la tarea legislativa, no tengo inconveniente en que la Comisión especializada entregue más luces sobre el particular. Sin embargo, creo que el trámite respectivo ya se ha cumplido debidamente.
Consideremos que el hecho de enviar nuevamente el asunto a la Comisión de Constitución, que trabaja con acuciosidad y tiene la necesidad de informar importantes proyectos pendientes, significará continuar atosigándola. Además, por lo que el Senador señor Otero planteó, veo que será necesario evacuar un informe más adelante respecto de otro aspecto, interesante, pero ¿para qué, si sobre estas materias no existe una verdad absoluta?
El señor Presidente ha llegado a una convicción; la Comisión respectiva, a la suya, y lamento que no haya estado en ese momento presente el Honorable señor Díez , que la integra -con méritos suficientes-, para haber entregado ahí sus luces. Empero, las Comisiones funcionan independientemente de las personalidades. Entonces, tenemos la opinión del señor Presidente y la de la Comisión especializada; tenemos el texto expreso de la Ley Fundamental; tenemos normas que establecen que si un particular se siente afectado por una disposición inconstitucional, puede recurrir ante los tribunales. Siendo así, dediquémonos en el Senado a legislar y no a hacer academia ni a caer en excesos.
Por otro lado, el Senador señor Díez ha expresado con gran elocuencia que la letra mata y el espíritu es lo que da vida al Derecho. Pero, en la interpretación de las leyes, intervienen jueces, tratadistas y no médium, porque el problema de interpretar adecuadamente el espíritu lleva a una serie de dificultades, y existiendo canales apropiados para que la letra y el espíritu sean interpretados, debe mantenerse la idea de recurrir oportunamente a los tribunales.
Respecto de la Carta Fundamental, que con tanto ahínco defiende el Honorable señor Díez , deseo expresar que, a menos que haya error de trascripción, el informe de la Comisión viene firmado por el Senador señor Fernández , y al parecer es el mismo que en su calidad de Ministro del Interior firmó el decreto supremo que promulgó la Constitución Política. Esto me hace suponer, fundadamente, que algún conocimiento posee de la letra y el espíritu de la Carta Fundamental quien ha integrado la Comisión, la que, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el informe.
En síntesis, considero que procede atenerse a la resolución del señor Presidente , por cuanto ya cumplió a cabalidad con las exigencias necesarias para el debido respeto a cada uno de nosotros, a fin de no perjudicar nuestro papel legislativo.
El señor URENDA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , en primer lugar, lo que discutimos es de trascendental importancia, y no puede sostenerse que sea una pérdida de tiempo analizar mejor una materia que incide en la interpretación de la Constitución y en las facultades del Senado.
En segundo término, el fundamento de mi anterior intervención -no quise entrar al fondo del asunto- supone que los informes, además de llegar a una conclusión, deben basarse en algo. Pero nos encontramos con que el informe de la Comisión es muy breve, de unas pocas páginas, y en éstas hay sólo siete líneas destinadas a una conclusión, no encontrándose presente ningún fundamento, sino solamente una simple expresión de un principio.
El problema es determinar si un monopolio corresponde o no a una atribución de una empresa del Estado, y ello no puede resolverse argumentando que, por tratarse de atribuciones de dichas instituciones, no se puede intervenir.
Por otro lado, sin el ánimo de ir al fondo, espero que la Comisión lo analice mejor, y mediante una clara exposición nos dé las razones que tuvo para llegar a una conclusión determinada.
El concepto de que un monopolio pueda corresponder a una atribución de una empresa del Estado, puede conducir a los absurdos más grandes. Por ejemplo, si exageramos la nota y consideramos la creación de un organismo estatal destinado a ejercer la medicina, podríamos establecer que el monopolio de la medicina en Chile corresponde a una atribución de dicho organismo, y que, por ende, el Parlamento no tiene facultades para derogarlo, porque sería actuar en contra de la Constitución. Una cosa son las atribuciones o funciones de una empresa del Estado, pero otra distinta es el monopolio que allí se establece.
En consecuencia, vuelvo a insistir en que el asunto sea nuevamente estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de modo que explique por qué la materia en análisis corresponde a una atribución de una empresa del Estado, en circunstancias de que, en mi criterio, es algo mucho más importante que establecer un monopolio, que igualmente se puede consagrar respecto de cualquier organismo estatal y en relación con otras actividades.
Por ello, creo que no es una pérdida de tiempo, sino un aporte valioso para las funciones del Parlamento el que esto se analice con la debida profundidad. No me satisfacen unas pocas líneas que contienen una afirmación sin fundamento alguno.
He dicho.
El señor PIÑERA.-
Me parece muy bien.
La señora SOTO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La había solicitado antes el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
No tengo inconveniente en que intervenga primero la Senadora señora Soto, con la venia de la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO .-
Señor Presidente , en realidad aquí se ha confundido la discusión, lo que podría llevarnos a una situación sin límites, porque no es la moción lo que se encuentra en debate, sino un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, corresponde votarlo hoy, ya que el Presidente de la Corporación , en uso de sus facultades, declaró inadmisible la moción, y eso está a firme. Lo único que se ha hecho es pedir un informe para una mayor claridad.
El señor PIÑERA .-
No la declaró inadmisible.
La señora SOTO.-
Entiendo que sí lo hizo.
El señor PIÑERA .-
No es así. El señor Presidente solicitó el informe para poder emitir luego su declaración.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tal vez, la solución sería tomar nota del informe -porque éste ya fue válidamente emitido y viene respaldado por la unanimidad de los firmantes- y solicitar a la Comisión que, si lo tiene a bien, lo complete con los fundamentos que sirvieron de base a su conclusión. Pero el tema de fondo no se puede revisar enteramente; ya fue resuelto por el Presidente de esta Cámara y por la Comisión, la cual, consultada precisamente respecto de lo decidido por la Mesa, lo estimó acertado.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA .-
Cuando se planteó este tema, pedí que fuera estudiado por la Comisión de Constitución antes de un pronunciamiento de la Mesa. En estricto rigor, Su Señoría ha anticipado una opinión, pero no ha resuelto como Presidente del Senado . Eso sólo puede hacerlo una vez conocido el informe. De lo contrario, éste habría sido irrelevante.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No me parece que haya sido ésa la situación, señor Senador. Lo que ocurre es que la Sala tiene derecho a consultar a una Comisión, para esclarecer una materia, y, lógicamente, la Mesa no se va a oponer nunca a ello.
En todo caso, estimo que seguir discutiendo este punto, sin que existan un informe contradictorio o nuevos antecedentes, y sólo por el mero afán de alegar, no es serio. Eso me preocupa.
Si los señores Senadores desean, podríamos votar el informe. A mi juicio, lo mejor sería acoger la sugerencia de algunos señores Senadores en el sentido de que el texto en análisis sea completado con los razonamientos que justifican su conclusión final. Porque conclusión tiene. La Comisión define el problema.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Lamentablemente, la forma y el contenido del debate nos obligan a precisar ciertas materias.
En la Comisión no se discutió si el cuerpo legal de que se trata está derogado o no; si se pueden o no se pueden imponer monopolios. He escuchado aquí alegatos que habrían sido brillantes con ocasión de un recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema, y que han sostenido, con muy buenas razones, que la normativa aludida se halla derogada por la Constitución. Personalmente, puedo tener esa misma idea y participar de tales argumentaciones, pero otra cosa es determinar en un informe si una ley está vigente o no lo está, pronunciamiento que jamás se solicitó a la Comisión.
Es muy importante señalar que para todos nosotros -y, especialmente, para el Senador que habla- la Carta Fundamental es algo que debe respetarse absolutamente. Creo que en mi trayectoria personal y profesional he demostrado tal respeto. He sido el primero en entablar un recurso de protección en nuestro país, precisamente para defender las garantías constitucionales. De tal manera que soy un gran defensor de la Constitución. Prueba de ello son los recursos de inaplicabilidad deducidos, en mi calidad de abogado, ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en los que sostengo que la validez de la Constitución prima sobre la de cualquier otra norma legal, y que, por lo tanto, existe una derogación tácita si la ley contraria es anterior e inaplicabilidad si la inconstitucionalidad se produce con posterioridad a la vigencia de la Carta.
Sin embargo, tales aspectos son ajenos al informe en derecho que estamos debatiendo. Y eso es lo que resulta imprescindible precisar, porque, de lo contrario, cualquier consulta a una Comisión va a terminar en un pronunciamiento sobre asuntos que escapan a la competencia del Senado. ¿Cuál es la manera de saber que una norma está derogada? A través de los tribunales de justicia, por medio de una acción de certeza que, consecuencialmente, llevaría el recurso de inaplicabilidad. Y la única autoridad que, de acuerdo con la Constitución, puede resolver con valor legal a ese respecto es la Corte Suprema, y, todavía, con una salvedad -personalmente, he propuesto que se cambie-: que su fallo sólo se aplica al caso respectivo, de modo que la ley queda vigente para los demás.
En consecuencia, ¿qué atribución podría tener el Senado para declarar en un informe en derecho que el artículo en cuestión está derogado? Si hubiéramos entrado a ese análisis, y hubiéramos llegado a la conclusión de que sí lo estaba, habríamos tenido que proceder como señalaba el Senador señor Zaldívar -si no me equivoco- y decir al autor de la moción: "Señor Senador, no puede presentarla, porque no puede derogar lo que ya está derogado". ¿Y qué efecto práctico podría sobrevenir? Si el día de mañana una persona, basándose en tal informe, realiza una acción propia de Correos de Chile, y es demandada por la Empresa, ¿quién va a decidir si el texto legal está o no está derogado? La Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y será ella la que habrá de determinar si existe o no el monopolio, o si es lícito o no el monopolio.
No corresponde al Senado pronunciarse sobre estas materias, que son propias de las partes. A los miembros de la Comisión se nos pidió algo claro y preciso. Nadie nos solicitó que dictamináramos si mediaba o no mediaba una derogación. Y si se nos encomendara el estudio de ese punto, sería el primero en señalar que el análisis pertinente sólo podría ser considerado como una mera apreciación personal de sus miembros -el mismo cometido podría ser cumplido por cualquier estudio jurídico-, sin más alcance que el de un informe en derecho. Lo que se nos pidió fue resolver sobre si el señor Presidente del Senado podía o no declarar inadmisible la moción, cualquiera que fuera su mérito. Esa era la pregunta. Y la Comisión, por unanimidad, la contestó, sin entrar a debatir respecto de las otras argumentaciones que aquí se han expuesto, que son muy atendibles, muy valiosas, pero ajenas al informe que se requirió.
Ahora, si se desea solicitar mayores antecedentes acerca de los fundamentos de la conclusión a que llegamos, personalmente, como Senador firmante del informe, no veo inconveniente alguno para ello. Perfectamente podremos dar las razones que tuvimos en vista al respecto con los Honorables señores Fernández y Vodanovic , este último Presidente de la Comisión . Pero no se nos puede pedir que extendamos el pronunciamiento a algo que no es propio de nuestra competencia: determinar si el cuerpo legal de que se trata está o no está vigente; si es lícito o no es lícito que exista un monopolio por parte de Correos de Chile.
De acuerdo con mi formación jurídica, creo que el artículo respectivo está derogado y que no pueden establecerse monopolios en favor de las empresas estatales. Sin embargo, ello no puede comprometer la opinión del Senado. Y si éste emitiera una opinión sobre el particular, ella sería muy respetable, pero carecería de todo valor legal dentro del ordenamiento jurídico de la República.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
Nos gustaría saber qué propone la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , habiéndose expresado todos los argumentos, creo que corresponde a Su Señoría declarar si es o no es admisible el proyecto de ley. De optar por la segunda posibilidad, se termina el debate. A mi juicio, sólo la declaración de admisibilidad permitiría entrar a discutir la procedencia de lo que se plantea y si la norma a que se alude está derogada o no.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El debate ha sido muy interesante. He escuchado con atención y respeto los diversos argumentos, algunos de los cuales, en parte, se tuvieron en cuenta en la oportunidad en que se conoció de la moción. Esta ha sido declarada inadmisible. Y el informe que nos ocupa, aunque no es explicativo lato sensu, confirma esa decisión. Además, he oído buenas razones en el sentido de que no corresponde dar por derogado el artículo a que se hace referencia. De manera que no tengo otra alternativa que mantener la determinación que señalo.
No veo inconvenientes, sí, en vista del intercambio de opiniones que ha tenido lugar, en que se pida a la Comisión que complete su informe, lo cual no significa que deba revisarse el pronunciamiento que se ha emitido.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente , por mi parte, no existe objeción alguna. Creo que las Comisiones pueden estudiar todo lo que estimen pertinente, conforme a lo que se les encomiende. Lo que no cabe -y en eso estoy de acuerdo con el Senador señor Otero - es pretender que el Parlamento cuenta con la facultad de definir si una disposición está derogada o no. Ello sería muy grave, pues esa materia no es propia del Poder Legislativo.
El señor DÍEZ .-
Nadie está pidiendo eso, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR .-
Lo hago presente porque he escuchado que en caso de entenderse derogada la disposición no correspondería tramitar el proyecto de ley. Me parece que ése es un camino erróneo. La Comisión puede estudiar si hay contradicción o no, etcétera, y pueden emitirse todos los informes necesarios, pero lo anterior no conlleva la obligación a que me refiero ni tampoco un efecto jurídico como el que se ha planteado.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La Mesa manifiesta su plena conformidad con lo expresado por el Senador señor Zaldívar . No corresponde al Senado, ni en Sala ni en Comisiones, declarar derogaciones de leyes.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ .-
Como la Comisión tiene que fundamentar su informe, podría decir que, de acuerdo con el texto de la Carta Fundamental, no es función exclusiva del Estado repartir correspondencia, y reproducir, sobre esa base, el número 16° del artículo 19. ¿Es inconstitucional que el Senado exprese que tal disposición está vigente? ¡El asunto es tan claro como eso!
El señor ZALDÍVAR .-
Sería, simplemente, una opinión, tan válida como la de cualquier jurista.
El señor DÍEZ .-
Ciertamente. Pero la Comisión puede darla. ¡Si copiar un artículo de la Constitución significa violar el sistema jurídico, ello implica que hemos llegado ya al colmo de la discusión bizantina de los problemas!
Creo que la Comisión debiera completar su informe, para que el Senado conozca cuáles son sus facultades cuando se presentan mociones tendientes a modificar o a derogar normativas anteriores o posteriores a la Constitución, si están en contra o no de sus disposiciones. Es bueno que la Corporación disponga de un informe jurídico al respecto. Y éste no es igual al que pueda evacuar cualquier estudio de abogados, porque se halla respaldado por la tradición y el peso de esta rama del Parlamento. Eso, por un lado.
Además, no se trata de un informe que establezca derechos permanentes a favor de las partes.
En lo personal, actúo como Senador, no como abogado ni como juez. Soy legislador. Y no pretendo la aplicación de lo que diga, pero sí conformar mi apreciación para cuando, con motivo de mi oficio, debo analizar iniciativas legales que tienen que ver con problemas jurídicos. En tal caso, no puedo decir: "Estoy imposibilitado de pronunciarme sobre esta materia; sólo puedo llevarla a la Corte". Porque esa reacción proviene del instinto de abogado y de parte, y no del de legislador, que adquirí ya hace muchos años.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Excúseme, señor Senador, pero sucede que la Ley Orgánica del Congreso y el propio Reglamento del Senado facultan al Presidente de la Sala o de la Comisión respectiva para determinar si una materia es admisible o no lo es.
El señor DÍEZ.-
No es a eso a lo que me he referido, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Entonces, los informes jurídicos pueden ser muy interesantes, y servir de base a doctrinas, textos y, eventualmente, sentencias, pero la Mesa no puede aceptar que ellos, por la vía de concluir que están derogadas algunas disposiciones, de acuerdo con una interpretación determinada de la Carta, alteren la atribución que he señalado.
El señor DÍEZ .-
Nadie lo pretende, señor Presidente . No hemos pedido ni siquiera revisar la declaración.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR .-
Deseo hacer una aclaración. Las expresiones que hace un momento escuchamos del Senador señor Díez pueden llevar a situaciones muy graves, puesto que podría pretenderse que, a través de los informes de nuestras Comisiones, cabe interferir causas pendientes o la iniciación de juicios, o determinar la vigencia de leyes, lo que no corresponde al Senado.
El señor DÍEZ .-
¡Dios nos libre de eso, señor Senador!
El señor ZALDÍVAR .-
Si no ha sido ésa la intención de Su Señoría, me alegro. De todas formas, quiero aclarar el punto.
Si el día de mañana la Comisión de Constitución hace presente que un artículo, de una normativa cualquiera, está derogado, eso va a tener para mí el mismo valor -y así debe ser para todos- que una declaración similar proveniente de un jurista ajeno al Senado. No es algo que a ella le corresponda. Y lo digo con todo respeto. De modo que en ese aspecto tiene razón el Honorable señor Otero , ya que el definir la vigencia o no vigencia de una determinada disposición compete sólo a los tribunales de justicia.
Por tal motivo, creo que pueden hacerse todos los informes que se desee, pero debemos precisar cuál es su alcance.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , seré muy breve. Y doy excusas por intervenir nuevamente. No pretendo que esta Corporación se avoque causas pendientes o haga revivir procesos fenecidos, sino que cada vez que ejerza su función, ya sea para tratar un proyecto de ley o una indicación, tenga libertad al interpretar el Texto Fundamental. Y eso debe hacer la Comisión en su informe: interpretar las normas constitucionales que omitió.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, lamento tener que referirme otra vez a esta materia, pero la verdad es que una de las intervenciones anteriores me obliga a ello.
No sé si las palabras traicionan, pero considero que en esta Corporación todos hablamos en nuestra calidad de Senadores, si bien algunos pueden gozar de una mayor tradición legislativa que otros. No obstante, la interpretación de la Constitución y la ley es igual para todos nosotros y los juicios que formulemos son, asimismo, todos respetables.
Aquí se nos plantea que emitamos anticipadamente una opinión de mérito sobre el texto de un proyecto. Distinta sería la situación si se nos hubiera enviado la moción del Honorable señor Piñera para ser informada por la Comisión, que en ese caso, al analizar el fondo, podría haber entrado a determinar si la iniciativa es necesaria, y en la medida en que la disposición sobre la cual recae esté derogada o no; si es constitucional; si existe monopolio, y si éste, de existir, es ilegal. Sin embargo, pretender que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento debe pronunciarse sobre el fondo cuando se le consulta acerca de una materia de forma, relacionada estrictamente con una facultad del Presidente de la Corporación , no me parece lógico ni adecuado.
Por consiguiente, creo que, tal como lo expresó el Honorable señor Zaldívar , el informe de la Comisión puede ser explicitado en cuanto a las conclusiones a que llegó, pero sin extenderse a otros elementos, como el de si la norma legal a que se alude está o no está derogada, si procede o no procede el monopolio, si éste es lícito o no lo es.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, quedará a firme, primero, la declaración de inadmisibilidad del proyecto decidida por la Mesa, y segundo, la circunstancia de que no se busca una nueva resolución de la Comisión, sino que ésta complemente su informe, sin alterar el resultado, con la argumentación necesaria para acreditar la conclusión a que llegó.
--Así se acuerda.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se suspende la sesión por 10 minutos.
--Se suspendió a las 18:10.
--Se reanudó a las 18:24.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 18:24 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de los señores Pedro José Vejar Vejar y Guillermo Enrique Sierra y de doña Jenny del Carmen Polanco Arias.
--Se reanudó la sesión pública a las 18:30.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Frei (don Arturo):
PLANES DE INVERSIÓN DE EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
"Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, reiterándole que recabe del señor Presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado un informe amplio y fundado referente a los siguientes aspectos:
"1.- Planes de inversión de corto, mediano y largo plazo para el uso de todos los recursos puestos a disposición por la ley, desglosados por grandes áreas técnicas y financieras.
"2.- Características de las inversiones y su orientación en cuanto propendan realmente a modernizar la empresa y a resolver definitivamente su situación de actual falencia.
"3.- Cronograma e implementación del plan de modernización y sus obras específicas de la Empresa en su conjunto, como también por zonas geográficas y áreas técnicas.
"4.- Información sobre el avance en la formación de las sociedades que explotarán el servicio de carga, a fin de evaluar el impacto en la solución de endeudamiento institucional.
"5.- Información acerca de los estudios existentes sobre la infraestructura y su uso, interactuando servicio de pasajeros otorgados por la empresa y trenes de carga en manos de los privados asociados con Ferrocarriles.
"6.- Información sobre las dotaciones de personal que serán necesarias para la Empresa en la nueva etapa, con cronograma específico que prevea las adecuaciones que deberían introducirse.
"7.- Finalmente, información acerca de los criterios que se adoptarán para disponer los aportes que se harán en las empresas filiales de carga, abordando aspectos de la naturaleza de los mismos, sus valorizaciones y técnicas utilizadas para tales fines.".
INQUIETUDES DE COMUNIDAD DE OCTAVA REGIÓN
"Al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , solicitándole lo siguiente:
"1.- Que se garantice a la comunidad de la Octava Región que los dos requisitos básicos definidos por el Centro EULA -impedir el flujo cero del río Biobío y realizar un estudio adecuado de la migración de los peces- serán debidamente cumplidos.
"2.- Que se informe acerca de programas concretos de ahorro de energía, los que, según fuentes calificadas, serían equivalentes al volumen que producirá Pangue.
"3.- Que se informe respecto de si se va a otorgar alguna nueva merced de agua para la construcción de otras centrales hidroeléctricas, como las contempladas en la serie de ENDESA.".
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE MUNICIPALIDAD DE HUALQUI (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Subsecretario del Interior , solicitándole financiar con Fondos Sociales los siguientes proyectos presentados por la Ilustre Municipalidad de Hualqui:
"1.- Mantención de calles de circulación de movilización colectiva: $ 5.700.000.
"2.- Instalación red de alumbrado público en tres sectores de Hualqui: $ 7.205.568.
"3.- Extensión red electricidad Talcamávida: $ 1.512.318.
"4.- Compra de vehículo todo terreno para equipamiento municipal: $ 10.000.000, con aporte municipal de $ 3.500.000.
"5.- Implementación equipo de comunicación para escuelas rurales: $ 1.000.000.
"6.- Compra de ambulancia todo terreno para Posta de Talcamávida: $ 12.000.000.".
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Subsecretario del Interior , solicitándole financiar con Fondos Sociales los siguientes proyectos presentados por la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, provincia de Nuble, de la Octava Región:
"1.- Construcción de Sede Comunitaria Población Blanca Correa (San Gregorio, comuna de Ñiquén).
"2.- Construcción de Sede Social Ñiquén Estación (comuna de Ñiquén).".
Del señor Jarpa:
CONDONACIÓN DE DEUDAS POR PARCELAS "CORA"
A Su Excelencia el Presidente de la República , solicitándole que, si lo tiene a bien, proponga al Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se condonen la totalidad de las deudas pendientes, vigentes o morosas, correspondientes a contribuciones de bienes raíces y saldos de precios de parcelas provenientes del proceso de reforma agraria, respecto de aquellas personas que sean propietarias de hasta dos parcelas, siempre que las trabajen directamente y que la mayor parte de su ingreso provenga de la actividad silvoagropecuaria, condiciones que podrían ser comprobadas a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario y del Servicio de Impuestos Internos.".
Del señor Navarrete:
DEFENSAS PARA BORDES DE CANAL SANTA ANA (NOVENA REGIÓN)
"Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , manifestándole mi preocupación por los continuos accidentes derivados de la falta de defensas en los bordes del canal de regadío Santa Ana, en la comuna de Lautaro.
"Está de más señalar la urgente necesidad de contar con estas obras, evitando así nuevas muertes de niños de sectores aledaños y el grave riesgo de accidentes que representa en general esta carencia para todos los pobladores del lugar.
"Desde ya, hago presente al señor Secretario Regional mi permanente disposición para realizar cualquier gestión que esté a mi alcance, a fin de contar prontamente con estas protecciones, cuya ausencia ha costado la vida de varios pequeños que jugaban o transitaban por las inmediaciones del señalado canal.".
Del señor Romero:
AUMENTO DE ARANCELES EN PENSIONADOS DE HOSPITALES DE SAN FELIPE Y DE LOS ANDES
"Al Director del Servicio de Salud San Felipe-Los Andes y a los Directores de los hospitales de ambas ciudades, en los siguientes términos:
"TEMA: El excesivo aumento del arancel del pensionado diario de ambos hospitales. En el pensionado A, de 5.000 pesos diarios a 26.920 pesos. Pensionado B, de 2.500 pesos diarios a 25.900 pesos.
"Además, un aumento de la garantía de ingreso de 100.000 a 200.000 mil pesos.
"Se solicita que informen acerca de su efectividad y a los motivos que se tuvieron para decretar el alza de los aranceles, y que la medida sea reconsiderada, en atención a la realidad socio-económica de la zona de Aconcagua.".
ELIMINACIÓN DE TARIFAS DE LARGA DISTANCIA EN ÁREA PRIMARIA (QUINTA REGIÓN)
"Al señor Presidente de la Compañía de Teléfonos de Chile, a fin de que confirme la proposición que ha presentado la CTC a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en orden a que las tarifas de larga distancia dentro de un área primaria no se consideren como tales en el futuro, como sería el caso de Limache-Olmué; Quillota-Calera; La Ligua-Cabildo, y Los Andes-San Felipe.".
-De la señora Soto:
IRREGULARIDADES DE CONTRATISTAS CONTRA TRABAJADORES PORTUARIOS
"A los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Minería, en los siguientes términos:
"He recibido en audiencia a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Portuarios, COTRAPORCHI, quienes se quejaron de las irregularidades que algunos contratistas cometen con sus trabajadores. En particular, hacen referencia al trabajo marítimo de empresas que ellos denominaron "de maletín", que conculcan los derechos laborales, pagan sumas irrisorias como remuneraciones y (lo que es gravísimo) no dotan de implementos de seguridad a los trabajadores que laboran en el muelle.
"Aseveran que una de estas empresas "de maletín" es la NAUTILUS, cuyo representante legal es el señor José Maldonado Yac. Ha sido reiteradamente favorecida, según expresan los dirigentes, con la adjudicación de una propuesta de ENAMI para el transporte de cobre.
"Esta misma empresa ha abandonado los trabajos últimos, por problemas económicos, y los trabajadores denunciantes debieron terminar las faenas abandonadas sin que por esta labor reciban una suma adicional en sus remuneraciones."
"Por lo expuesto solicito instruir a quien corresponda para los efectos de la fiscalización de los derechos de los trabajadores de la empresa NAUTILUS.".
Del señor Vodanovic:
ENVIÓ DE PROYECTO SOBRE MEJORAMIENTO ECONÓMICO A PARADOCENTES DE CORPORACIONES MUNICIPALES
"A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional , en los siguientes términos:
"Es un hecho público y notorio, por las numerosas notas de prensa que han aparecido al respecto, que el Gobierno se encuentra estudiando una iniciativa legislativa destinada a mejorar la situación laboral de quienes prestan servicios como paradocentes en establecimientos educacionales dependientes de las Corporaciones Municipales.
"Esta situación ha creado importantes expectativas entre quienes se beneficiarían con las disposiciones en estudio. Lamentablemente, el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley que resulte del trabajo realizado por el Ejecutivo en la señalada materia aún no se ha producido, lo que ha generado natural inquietud a los interesados.
"En consecuencia, solicito información sobre la fecha de presentación ante el Parlamento de la referida iniciativa legislativa para su tramitación.".
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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical-Socialdemócrata,...
El señor NAVARRETE.-
No haremos uso de nuestro tiempo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
... que no hará uso de él.
A continuación, corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
La señora FREI.-
El Honorable señor Arturo Frei hará uso de la palabra. Por tanto, solicitamos reserva de nuestro tiempo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Así se hará, señora Senadora.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOCOROMA Y ZAPAHUIRA (PRIMERA REGIÓN). OFICIO
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , Honorables colegas, los presidentes de las Juntas de Vecinos de los poblados de Socoroma y Zapahuira (ubicados a 121 kilómetros, el primero, y a 107 kilómetros, el segundo, al interior de Arica, provincia de Parinacota), en representación de sus habitantes, me han solicitado intervenir ante las autoridades de Gobierno para procurar la solución del grave problema de falta de suministro eléctrico, tanto público como domiciliario, que los afecta.
Se trata de comunidades de chilenos que afrontan climas y condiciones de vida muy adversas. El sistema eléctrico actualmente existente se halla en muy mal estado, y a menudo no funciona, debido a su antigüedad y a la falla de los motores, además de su baja potencia.
Es así como, ante varias gestiones y diligencias de los interesados, a partir de 1990 a la fecha, se ha logrado obtener los fondos por parte de la autoridad central, en atención al presupuesto, características técnicas y especificaciones de los trabajos por realizar.
Al efecto, la Empresa Eléctrica de Arica S.A. me ha informado, por oficio N° 458, de 1° de junio de 1993, sobre el presupuesto, con detalle de los trabajos por efectuar, que asciende a 23 millones 708 mil 994 pesos para la localidad de Zapahuira, y a 8 millones 287 mil 297 para el poblado de Socoroma.
Por su parte, el señor Jorge del Fierro, sectorialista del SERPLAC de Arica, me ha informado, por oficio N° 149, de fecha 6 de junio recién pasado, que dicho proyecto se encuentra con financiamiento aprobado. No obstante -agrega-, no se ha podido iniciar, debido a que la EDELNOR -Empresa Eléctrica del Norte- no se interesa en administrar la explotación del servicio, ya que no le resulta rentable. La municipalidad está legalmente impedida de hacerlo, y los beneficiarios no han logrado organizarse para tales efectos. Ello tiene paralizado el proyecto, y no hay alternativa viable de solución para los afectados.
Por lo expuesto, y en atención a que el Ejecutivo ha proporcionado, los recursos necesarios para la instalación de la línea y equipos para el suministro eléctrico, solicito que se oficie en mi nombre al señor Ministro del Interior , con los documentos que pongo a disposición de Secretaría, a fin de que instruya al señor Gobernador de la provincia de Parinacota para que transitoriamente resuelva dicho problema disponiendo la implementación de una pequeña oficina que se haga cargo de la cobranza del consumo, mientras con más detenimiento se encuentra otra solución, quizá legislativa, ante situaciones similares.
Ruego al señor Presidente solicitar que se me informe sobre el curso de esa petición.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Todavía queda tiempo al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE EN NOVENA Y DÉCIMA REGIONES. OFICIO
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la zona sur -en especial la Novena Región- se ha visto asolada por temporales durante las últimas semanas, los que no sólo han ocasionado daños materiales, sino también algunas desgracias personales.
Desafortunadamente, el fenómeno climático no ha terminado. En la Novena Región, miles de personas han quedado sin hogar. Decenas de mijes de hectáreas están cubiertas por las aguas; algunas, desde hace varias semanas, y seguramente permanecerán así un tiempo más.
Las condiciones climáticas no han mejorado. Los lagos han ido subiendo su caudal mucho más allá del máximo invernal, lo que hace presumir que los valles de la costa, tanto el de Cautín como el de Cholchol, verán nuevamente sus terrenos inundados.
Lo anterior ha provocado una situación que puede equipararse a la pérdida del trabajo, agravada por la pérdida de los ahorros.
Debo recordar que en la Novena Región existen más de 60 mil pequeñas propiedades agrícolas. De manera que los pequeños y medianos campesinos -comunidades mapuches, pequeños propietarios descendientes de colonos y asignatarios de la reforma agraria- no sólo han perdido sus posibilidades para este año, sino también sus ahorros.
Por hábito, los campesinos guardan su producción de trigo y la van moliendo mes a mes, a fin de que no se azumague la harina. Entonces, muchos han perdido la alimentación. También se ha malogrado la última cosecha de papas. Y otro tanto sucede con quienes sembraron remolacha.
Lo anterior, hace la situación bastante más difícil de lo que a primera vista parece, pues habrá que ayudar y alimentar a familias enteras por un período mucho mayor al que permanezcan en refugios municipales o fiscales. Porque, aun cuando pase la inundación y vuelvan a vivir en sus tierras, para recuperar sus bienes, preparar la tierra y reiniciar sus trabajos se van a encontrar sin ingresos ni ahorros.
Lo ocurrido equivale a una catástrofe social muy profunda. En consecuencia, creo que el Gobierno debe prever los tiempos que pueden venir. No podrá aducir sorpresa ante la crecida de los lagos y la inundación de los valles, como tampoco frente al estado de indigencia en que van a quedar muchas familias campesinas.
Por ello, estimo conveniente -y así lo solicité al señor Ministro del Interior - la dictación de un decreto que declare zona de catástrofe a la Novena Región, en aplicación de la Ley N° 16.282, que da facultades al Gobierno para efectuar cambios de ítem en la Ley de Presupuestos para llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio a los damnificados; permite aumentar los ítem de Obras Públicas, lo que serviría para rehabilitar las decenas de puentes y kilómetros de caminos afectados (seguramente se deberán reconstruir con trazados más altos y mayor peralte que los actuales), lo que no puede emprenderse, ni siquiera respecto de los caminos vecinales, con las disponibilidades ordinarias del presupuesto del Ministerio del ramo; posibilita el traspaso de recursos a las municipalidades, y a éstas, modificar su presupuesto para enfrentar la catástrofe; otorga atribuciones al Estado para hacer donaciones y conceder subsidios; y establece que el Presidente de la República , al decretar la zona de catástrofe, dispone de un amplio abanico de medidas que puede adoptar: condonar impuestos, contribuciones e intereses, eximir del pago de contribuciones, prorrogar aun ciertas deudas pendientes de las instituciones del Estado. Es decir, todo esto puede realizarse bajo el imperio de esa ley, que modificamos en el actual período legislativo, haciéndola aún más precisa. Porque ni siquiera es necesario determinar las comunas que hayan sido afectadas, sino simplemente los lugares o sectores de comunas respecto de los cuales se aplicará la ley. De manera que se logra una inversión muy focalizada.
Señor Presidente , espero que el Gobierno, en vista de que el temporal ha seguido en la última semana, reconsidere su punto de vista y proceda a dictar el decreto supremo que declare zona de catástrofe a la Novena Región. A mi juicio, resulta muy difícil proveer de alimentación -aun cuando tendrá que hacerse- a personas que viven en territorios muy aislados, prácticamente sin medios de comunicación. Y señalo al Senado, por ejemplo, que, pese a vivir a 14 kilómetros de Villarrica, no tengo posibilidades de llegar a mi casa en la semana, porque el camino está cortado. La única manera de hacerlo es mediante tractores, ya que -repito- los caminos se hallan realmente imposibles de transitar. De modo que pretender repartir alimentos a través de la Oficina Nacional de Emergencia durante largo tiempo a una población de cierta cuantía y repartida en toda la zona, en la práctica es imposible. Lo que se debe elaborar es un sistema de subsidio a la extrema pobreza, transitorio, dado por las municipalidades en forma expedita. Y esto también lo permite la ley N° 16.282.
Por tal motivo, solicito oficiar, en mi nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República , haciéndole ver la profundidad y proyección que puede tener la catástrofe en la zona sur, a fin de que, sobre la base de los informes correspondientes, adopte las medidas que la ley vigente le autoriza.
El señor NAVARRETE .-
¿Me permite un minuto, Honorable colega?
El señor DÍEZ.-
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE .-
Señor Presidente , me alegra mucho escuchar la intervención del Honorable señor Díez , que demuestra sus preocupaciones respecto a esta materia. Y debo señalar que comparto la visión que Su Señoría tiene de lo que está ocurriendo en la Novena Región.
Es cierto que los acontecimientos más críticos se hallan radicados en la circunscripción que el señor Senador representa (es decir, la zona sur de la Novena Región); pero también lo es que el problema alcanza, además, a Purén, Lumaco y Los Sauces, de la provincia de Malleco, y Galvarino , de la provincia de Cautín. Debo señalar que me comuniqué hoy con dirigentes de organizaciones comunitarias, sociales, de esa zona, quienes me informaron que sigue lloviendo intensamente, lo que hace suponer que la catástrofe vivida en la Novena Región en el último tiempo puede agravarse.
Entonces, mi intervención tiende no sólo a expresar mi satisfacción y agrado por las palabras del Senador señor Díez , sino a sumarme a la petición formulada por Su Señoría, a fin de que, ya sea por la vía de la ley N° 16.282, o bien, mediante otros procedimientos administrativos y legales de que disponga el Gobierno, se destinen los recursos necesarios para paliar en parte la crítica situación que ahí se vive. Y así como se ha recurrido en auxilio de otros conciudadanos, que ciertamente lo merecían, como consecuencia de catástrofes de este tipo, solicito que en esta oportunidad pueda hacerse lo mismo respecto de la Novena Región.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La intervención del Honorable señor Navarrete me induce a realizar algo que reglamentariamente no corresponde. Si la Sala lo permite, intervendré desde la testera.
La provincia de Valdivia, separada de la parte sur de la Novena Región sólo por el capricho de algunas autoridades, pero no por accidentes geográficos, en estos momentos vive dramáticas circunstancias debido a la inclemencia de la lluvia: las aguas han inundado valles y casas y desbordado cauces.
El viernes y sábado últimos recorrí la zona, particularmente la de Los Lagos, y constaté que Antilhue se encuentra aislado desde hace ya más de una semana y con dificultades para el suministro de alimentos; además, el camino al lago Riñihue se halla cortado. Es decir, esas poblaciones están abandonadas, y es realmente muy difícil que los trabajadores campesinos puedan sacar sus productos y recibir abastecimientos, ya que -repito- todos los caminos han desaparecido.
Por consiguiente, si la Sala lo tiene a bien acogerlo, formularía el mismo planteamiento del Senador señor Díez respecto a esta zona, porque igualmente se encuentra afectada por la violencia del temporal, que aún continúa. Como en estas condiciones la situación puede volverse extremadamente grave, se requiere tomar medidas -y lo puedo decir con seguridad, ya que he estado allá- muchísimo más ágiles, concretas y de mayor envergadura que las hasta ahora adoptadas. De modo que -repito: si el Senado lo autoriza- quiero agregar mi nombre a la solicitud planteada por el Honorable señor Díez , a la que han adherido diversos señores Senadores .
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , que el nombre del Honorable señor Lavandero también se incluya. Con el señor Senador recorrimos la zona y conocimos la situación; y, aun cuando se halla ausente de la Sala, no tengo dudas de que comparte los juicios que he emitido.
El señor NAVARRETE .-
Señor Presidente , no obstante tratarse de un Honorable colega de la Oposición, quiero que se agregue el nombre del Senador señor Prat , que en esta materia -creo- concuerda, al igual que yo, con la inquietud expresada aquí.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
También debe sumarse el nombre del Senador señor Larre , junto a quien hemos trabajado.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Díez, en conformidad con el Reglamento, con las adhesiones de los Senadores señores Navarrete, Lavandero, Prat, Larre, Páez y Valdés, respecto de las zonas que se indicaron.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Ha terminado el tiempo al Comité Renovación Nacional. Como se acordara, corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Arturo Frei.
POLÍTICA DE GOBIERNO EN RELACIONES CON FUERZAS ARMADAS. RÉPLICA A SENADOR SEÑOR SIEBERT
El señor FREI (don Arturo) .-
Señor Presidente , ayer, en la hora de Incidentes, el Senador señor Siebert se refirió al tema militar, señalando una serie de afirmaciones que quiero rechazar y lamentar en nombre de los Senadores democratacristianos.
Las palabras de Su Señoría fueron inoportunas y extemporáneas, ya que las emitió en esta Alta Tribuna el mismo día en que el Presidente de la República invitaba al Comandante en Jefe del Ejército para analizar temas delicados de interés nacional y que, como todos sabemos, aún mantienen heridas abiertas y profundas que separan a la sociedad chilena.
¿Qué explicación puede dar a los chilenos el señor Senador de su afirmación de que el Gobierno trata al Ejército como un cuerpo extraño a la Administración del Estado cuando todos los partidos políticos, no sólo los de la Concertación de Partidos por la Democracia, sino también su propio partido, Renovación Nacional, y la UDI, han sido informados y consultados por el Gobierno en relación al tema dramático que hoy nos preocupa y de todos conocido? Específicamente, para hacer frente a las dificultades entre militares y civiles, el señor Senador sostiene que no existe una contraposición entre civilidad y Fuerzas Armadas. Pero, al mismo tiempo, crea -o pretende crear- una antinomia entre civilidad y partidos políticos, especialmente de aquellos que considera tradicionales.
Existe una clara contradicción en las palabras del señor Senador , ex general de Ejército -es decir, en retiro-, y hoy miembro de un partido político: o la civilidad existe o no. Si no existe, es una ficción, una extrapolación indebida; si existe, ella puede estar separada tanto de las Fuerzas Armadas como de los partidos políticos. Entonces, lo lógico sería concluir que los partidos políticos, en especial los de mayor envergadura y apoyo popular (los tradicionales, al decir del señor Senador ), deben realizar esfuerzos para orientarse a una mayor participación popular en su seno (a una democratización interna) y a un mejor servicio a la comunidad. Pero lo mismo vale para las Fuerzas Armadas. Los institutos armados deben hacer un esfuerzo para lograr un mejor diálogo, una mayor vinculación a las tareas diarias de la comunidad nacional.
No cabe, entonces, denigrar ni a los partidos políticos ni a las Fuerzas Armadas,
Así como los partidos no pueden sentirse confortables por el solo hecho de que han sido formados por el pueblo y mantenidos por el sufragio de la ciudadanía, pensando que por ello todas y cada una de las acciones están a priori legitimadas, tampoco las Fuerzas Armadas pueden entender que todas y cada una de sus acciones se encuentran a priori legitimadas. La legitimidad de origen no implica la legitimidad de ejercicio. Por tanto, deben examinarse las acciones de los partidos políticos y las de las Fuerzas Armadas en su identidad propia, caso a caso, no ideologizar el debate. Se verá, entonces, que hay acciones corregibles y otras no aceptables de ambas instituciones, así como también que la mayor parte de ellas sirven al país y a su gente.
La tentación de convertir a un partido político en un grupo de presión y de poder dentro del Estado no es muy diferente de la que puede llevar a institutos armados a constituirse en grupos de presión y de poder dentro del Estado. Para todos, civilidad, partidos políticos y Fuerzas Armadas, vale el Padre Nuestro : "Y no nos dejes caer en la tentación".
¿Cree el señor Senador que con sus afirmaciones sin fundamento, tocantes a la gestión de los señores Ministro de Defensa y Subsecretario de Guerra , va a lograr los grandes objetivos que la sociedad chilena aspira alcanzar y que, de una u otra manera, por nuestras altas investiduras, debemos ayudar a encontrar o promover, objetivos nacionales que no dudo de que el Ejército de Chile también aspira lograr?
Señor Presidente , mi ánimo y convicción, y también el de los Senadores demócrata-cristianos, es no continuar en polémicas estériles, en odiosas recriminaciones mutuas. Todo esto nos lleva a un camino sin salida y a la pérdida de valiosas energías como nación. Debemos poner fin a esta espiral descendente y, por el contrario, buscar, como lo ha hecho en el día de ayer Su Excelencia el Presidente de la República al invitar al señor Comandante en Jefe del Ejército , soluciones reales a los problemas pendientes, que den tranquilidad al país y nos permitan a todos construir una democracia estable y un país unido.
He dicho.
El señor SIEBERT.-
Pido la palabra.
El señor ORTIZ.-
El señor Senador ha sido aludido.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , la verdad es que hice uso de una facultad que me permite intervenir en el Senado. En consecuencia, expresé mi opinión, y ella se dirigía fundamentalmente a formar conciencia acerca de los problemas que, desde mi perspectiva, de alguna manera entorpecen las relaciones entre las Fuerzas Armadas -particularmente el Ejército- y el Gobierno. No me anima otro espíritu que contribuir con estos juicios a esas buenas relaciones.
Si algún Parlamentario de la Democracia Cristiana (Partido de Gobierno) se ha sentido dolido por mis expresiones, debo señalarle que las opiniones vertidas en el Senado debemos escucharlas y respetarlas. Di a conocer mi parecer, y no he tenido -repito- otro norte que contribuir con ello a sentar conciencia sobre el tema y a mejorar esas relaciones.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que el tema ha quedado en el nivel que corresponde al Senado.
Al Comité Demócrata Cristiano aún le resta tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.
El señor FREI (don Arturo).-
Me alegra escuchar las expresiones del Senador señor Siebert, que no son similares a las contenidas en su discurso.
Creo que en esta Alta Tribuna, si se desea tratar un asunto tan delicado como aquel a que el señor Senador se refirió en el día de ayer -el mismo que he abordado hoy- debe ser en una sesión especial y con altura de miras, por ser un tema de país, de debate o de interés nacional, respecto del cual el Senado no puede estar ausente; pero él no puede ser analizado como algo político o propio de partidos políticos.
A mi juicio, la reunión de ayer del jefe de Estado , que ha dado un gesto a toda la ciudadanía, y el comportamiento del señor Comandante en Jefe del Ejército , nos indican que el camino seguido por el Gobierno y por el Presidente Aylwin es el correcto.
Por lo tanto, si el Senado desea debatir el tema con altura de miras, no me cabe la menor duda de que los Senadores democratacristianos estaremos dispuestos a ello.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , me complace que la discusión se desarrolle en el mejor de los niveles, como normal y tradicionalmente sucede en esta Corporación. Sin perjuicio de ello, no deseo dejar pasar un par de aseveraciones del distinguido colega el Senador señor Arturo Frei .
En primer lugar, lo que un señor Senador diga en su intervención a uno le puede parecer bueno o malo; pero entrar a calificarlo en duros términos lo considero inconveniente. Y no creo que sea adecuado que en el futuro se usen expresiones como "inoportunas y extemporáneas" para referirse a las palabras del Honorable señor Siebert , dichas con el mejor de los propósitos y utilizando términos que se condecían con la realidad que se observaba en ese momento y que aún se aprecia.
En segundo término, todos tenemos interés en buscar soluciones reales a los problemas pendientes. Es más: hace poco escribí un artículo que apareció publicado en el diario La Tercera relativo a "reconciliación para todos", significando con ello que no queremos una reconciliación sesgada.
Debo recordar que los Senadores de Renovación Nacional estuvimos llanos a colaborar en la modificación de algunas leyes que permitieran agilizar ciertos procesos que resultaban odiosos para un sector importante de la comunidad nacional. Y queremos mantener ese mismo criterio -tenemos obligación de expresarlo en esta Sala-; pero no podemos estar enterados anticipadamente de las reuniones que se celebrarán privadamente entre personeros de Gobierno -en este caso, Su Excelencia el Presidente de la República - y el señor Comandante en Jefe del Ejército . Nosotros hablamos de acuerdo con lo que ocurre. Y lo que sucedía en ese instante era lo que en forma precisa y clara señaló el Senador señor Siebert .
Por ello, solicitamos cordialmente al Honorable señor Arturo Frei que retire de su intervención la parte que resulta ofensiva e hiriente.
He dicho.
El señor PÁEZ .-
Perdón, señor Presidente , pero en ella no hay nada ofensivo o hiriente.
El señor ORTIZ .-
Se dijo que sus palabras eran "inoportunas y extemporáneas".
El señor PÁEZ .-
Pero esos términos no son ni ofensivos ni hirientes.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Creo que no debiéramos insistir en un debate de esa especie. Además, los respectivos tiempos han terminado.
Por lo que la Mesa ha podido apreciar, no hubo de parte del Senador señor Arturo Frei sino una consideración respetuosa y tranquila. Así lo ha interpretado también el Senador señor Siebert, como deduzco de su asentimiento.
Por ello, sería conveniente desde punto de vista que pasáramos a otro tema.
El señor FREI (don Arturo).-
¡El Honorable señor Ortiz está nervioso porque va a la reelección...!
El señor ORTIZ.-
¡Yo no he tenido los problemas internos de Sus Señorías...!
El señor DÍAZ.-
¡Parece tener mala memoria el señor Senador ...!
El señor VALDÉS (Presidente).-
El siguiente turno corresponde al Comité Independiente de 6 Senadores.
El señor HUERTA.-
No haremos uso de él, para dar un poco de reposo y calma a los ánimos.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Me parece un laudable propósito.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA ZONA DEL CARBÓN. OFICIO
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , el carbón ha vuelto a ser noticia y, una vez más, con hechos desalentadores y preocupantes. A las millonadas pérdidas económicas sufridas por la Empresa Nacional del Carbón y la Carbonífera Schwager en los últimos años -categórico testimonio de la crisis que afecta al área carbonífera, zona donde se hallan sus yacimientos-, se suma ahora el anuncio de nuevos despidos que afectarán a más de 500 trabajadores de la segunda y a un número todavía indeterminado de la primera.
Una vez más, repetimos en esta Sala que la crisis del sector no es sorpresiva sino que viene arrastrándose desde hace años, sin que hasta ahora las autoridades hayan adoptado las medidas necesarias para revertir sus graves efectos sociales en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota. En efecto, ha habido preocupación y se han tomado medidas. En el Senado hemos aprobado algunas iniciativas legales y entregado los recursos para financiarlas. Sin embargo, como dijimos en su debida oportunidad, tales medidas, además de tardías e incluso erradas, son claramente insuficientes. ¡Poco y tarde, señor Presidente , para los mineros del carbón!
Desde hace más de dos años venimos insistiendo en la necesidad de adoptar algunas providencias excepcionales para enfrentar la grave crisis, y sólo hemos recibido respuestas negativas del Gobierno. Dichas proposiciones apuntaban hacia dos ámbitos: primero, a la actividad carbonífera, para lo cual propusimos focalizar el subsidio compensatorio aprobado por el Parlamento hacia las centrales termoeléctricas, las únicas capaces de aumentar sus volúmenes de compra y, con ello, permitir la salida de los stocks de carbón existentes y la continuidad de los procesos productivos de ENACAR y de Carbonífera Schwager; y segundo, a los trabajadores del carbón que han perdido sus empleos, respecto de los cuales sugerimos la adopción de mecanismos tributarios que estimularan, sin ningún costo para el Estado, la instalación de nuevas actividades productivas que permitieran absorber dignamente la mano de obra cesante en la zona carbonífera.
Ninguna de tales medidas fue acogida por las autoridades y, en cambio, se ha perseverado en un subsidio compensatorio que no altera en nada los efectos de la crisis y en una reconversión laboral de papel que no se ha traducido en ninguna empresa nueva para el área de Arauco, Coronel y Lota. Muchos de los dirigentes sindicales vinculados a la Concertación, que en su oportunidad rechazaron nuestras proposiciones y se sumaron a las gestiones del Gobierno, únicamente por motivaciones políticas, hoy tratan de dar explicaciones e intentan desesperadamente recuperar el tiempo perdido.
Los resultados de la Agencia de Reconversión Laboral son simplemente incalificables. Las autoridades han llegado al extremo de invocar como logros de dicha entidad las diversas obras viales y portuarias proyectadas a partir de 1988, y que, por lo mismo, nada tienen que ver con la reconversión laboral del carbón, sino con los requerimientos propios de la actividad forestal existente en la zona. Para colmo, algunas de las obras ejecutadas por Vialidad evidencian serios problemas de calidad, según denuncias de los propios Parlamentarios de la Concertación que representan la zona. Asimismo, una obra proyectada por el sector privado, cual es el puerto de Coronel, debió enfrentar numerosos obstáculos, como los provenientes de algunos personeros locales del conglomerado oficialista (que objetaron la aprobación del plano regulador comunal ante la Contraloría) e incluso de autoridades regionales, que en su oportunidad impugnaron también las modificaciones a dicho plano regulador con débiles argumentos.
Una vez más, afirmamos que la solución de la crisis del sector pasa por la focalización del subsidio compensatorio hacia las centrales termoeléctricas y por la generación de nuevas actividades productivas. Esto último exige una política de incentivos tributarios que estimule la iniciativa privada en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota, porque si no empleamos los incentivos requeridos, el nuevo empresario preferirá instalarse en aquellas áreas geográficas que poseen mejores condiciones de mercado y, ciertamente, Tirúa , Contulmo u otras comunas, por citar algunas, se encuentran muy lejos de competir, en la misma Región, con Concepción o Talcahuano. Mientras las autoridades continúen postergando tales incentivos tributarios, las miles de familias que viven de la actividad seguirán sometidas a la angustiante incertidumbre que sufren desde hace meses.
En el curso de 1991, el Gobierno propuso al Congreso Nacional diversos incentivos tributarios y aduaneros especiales para las comunas de Porvenir y Primavera , los que fueron plenamente respaldados por todas las bancadas parlamentarias, pese a que la población involucrada no superaba los 6 mil 672 habitantes. En el caso de la zona del carbón, se encuentran comprometidas más de 100 mil personas y 15 mil trabajadores, quienes hasta ahora no tienen ninguna certeza acerca de la suerte que correrán en el futuro. De ahí que no nos convenzan los pobres argumentos que el Gobierno esgrime para negar similares incentivos a la zona del carbón.
El mecanismo tributario ha demostrado ser un instrumento idóneo y eficaz para estimular el desarrollo económico en otras áreas geográficas del país, como lo demuestran la realidad de los extremos norte y austral. Se impone, entonces, la dictación de una ley que contemple incentivos tributarios y aduaneros para la instalación de nuevas empresas en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota, que utilicen mano de obra e insumos locales, asegurando la preservación del medio ambiente y una utilización racional de los recursos naturales existentes en ellas. La iniciativa correspondiente, que requiere del patrocinio del Ejecutivo y cuya urgencia debe ser la de "Suma", tiene que contemplar, a lo menos, la exención del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta a las utilidades devengadas o percibidas por las nuevas empresas; la exención del impuesto territorial consignado en la ley N° 17.235 a los bienes raíces destinados al giro de dichas empresas; la exención de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aduaneros, incluyendo la tasa de despacho establecida en el artículo 190 de la ley N° 16.464, y los impuestos señalados en el decreto ley N° 825, de 1974, para sus importaciones; el tratamiento de exportación, para los efectos tributarios previstos en el decreto ley precedentemente citado, las mercancías nacionales que adquieran' las empresas para el desarrollo de sus actividades; y, en el caso de ventas y servicios realizados por ellas a otras radicadas dentro de los límites geográficos ya indicados, la exención del impuesto al valor agregado (IVA) establecido en el referido decreto ley.
En sesión de 12 de mayo de 1993, solicité a la Presidencia del Senado oficiar al señor Ministro del Interior , con el objeto de requerir el patrocinio constitucional del Ejecutivo para un anteproyecto que elaboré en tal sentido, oficio que aún no ha sido contestado. Pedí que se le remitiera a ese Secretario de Estado , en atención a que con bastante anterioridad me había entrevistado con él, en su calidad de Vicepresidente de la República , para formularle tal planteamiento, que en su oportunidad se comprometió a hacer analizar y responder, cosa que todavía no ocurre.
En el día de ayer, el señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía "sugiere" en Concepción que ENACAR debe despedir más mineros; y en las últimas horas se anuncia en la misma ciudad el próximo cese de 540 trabajadores en la Carbonífera Schwager. Y mientras se hacen desesperados intentos en la Región que represento en el Senado, se juega a la indiferencia en Santiago.
Excúsenme, Honorables colegas, la vehemencia de mis palabras. Pero, simplemente, no puedo ocultar mi indignación por la forma en que las autoridades han conducido esta grave crisis social. ¿Acaso se nos está invitando a que paralicemos la provincia de Arauco y las comunas de Lota y Coronel? ¿Es que la única forma de que las autoridades enmienden el curso de sus decisiones es imitando el ejemplo de Arica?
¡Si sólo de esa manera se pueden obtener las resoluciones necesarias para superar la crisis, entonces así actuaremos!
Mientras tanto, solicito que se reitere mi oficio al titular de la Cartera de Interior, a fin de que dé una respuesta -ojalá positiva- al anteproyecto de ley que le remitimos en su oportunidad.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
El señor FREI (don Arturo) .-
Y también en mi nombre, señor Presidente .
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador.
El último turno corresponde al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
No hará uso de él.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:19.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCION DE LOS HH. SENADORES SEÑORES NICOLAS DIAZ SANCHEZ, HUGO ORTIZ DE FILIPPI, MARIO RIOS SANTANDER, MARIANO RUIZ ESQUIDE JARA y HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY, N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES.
Considerando que:
1° Al dictarse la ley N°19.039, que estableció normas aplicables a los privilegios y protección de los derechos de propiedad industrial; se tuvo como propósito, entre otros, establecer un régimen de patentabilidad de los medicamentos que impidiera respecto de los productos que se comercializan en el mercado la aplicación de normas que alteren bruscamente las condiciones en que el consumidor puede obtenerlos.
2° El artículo 31 de la misma Ley define en forma clara lo que debe entenderse por invención; esto es, comprensiva tanto de un producto, un procedimiento, o cualquiera relacionada con ellos.
3° Por su parte, resulta coherente suponer que el artículo primero transitorio al referirse a las patentes de invención, entiende la palabra “invención” en los mismos términos señalados precedentemente,
4° En el corto espacio de tiempo que la Ley 19.039 lleva vigente, han surgido interpretaciones distintas con respecto a las categorías de patentes que están reguladas por el artículo primero transitorio mencionado.
5° Igualmente, se discute el alcance que tienen las palabras medicamentos de toda especie>> contenidas en el mismo artículo.
6° Los Tribunales de Justicia haciendo una interpretación restrictiva del artículo primero transitorio de la Ley 19.039, han dictaminado que las patentes denominadas “de procedimiento” no se encuentran comprendidas entre aquellas a que se refiere dicho artículo y por el contrario reconocen validez de las que fueron otorgadas en conformidad al artículo 4°, letra f) del Decreto Ley 958, de 1931, sobre propiedad industrial, actualmente derogado.
7° Aprovechando esta interpretación, existen interesados en torcer el espíritu que ha tenido el legislador al dictar la norma transitoria. Y es así, como mediante la protección que hoy, gracias a esta interpretación, se puede invocar para que un procedimiento, se logra en definitiva proteger un producto, lo que es evidentemente contrario a lo señalado por la ley.
8° Ese sentido dado al artículo 1° transitorio puede generar consecuencias imprevisibles y negativas para el desarrollo presente y futuro de la industria farmacéutica nacional y para el adecuado abastecimiento, en cantidad y precio de los medicamentos para el consumidor.
9° Mediante este subterfugio se le da, en el hecho; y en lo referente a los medicamentos efecto retroactivo a la ley 19.039 sobre privilegios y protección de los derechos de propiedad industrial. Efecto que el legislador procuró evitar.
10° Es necesario modificar la actual redacción del artículo primero transitorio de la ley 19.039, para dejar establecido, en forma definitiva, de que la intención del legislador es de que ningún medicamento disponible hoy en el mercado quede afecto a las regulaciones de ésta, ni de otra ley; sino, en los términos establecidos en el mismo artículo.
Venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo primero transitorio de la Ley 19.039:
a) Intercálese entre las palabras “invención” y “sobre”; entre comas (,) la expresión “en los términos en que ésta se define en el artículo 31”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo: “Las patentes de procedimiento dictadas bajo el amparo del Decreto 958, de 1931, y que se refieran a medicamentos de toda especie, a preparaciones farmacéuticas y sus preparaciones y reacciones químicas no podrá hacerse valer en ninguna causa o trámite relacionado con patentes de invención. Se entenderá como medicamentos de toda especie a los productos finales a sus componentes y a las materias primas utilizadas en su elaboración”.
(FDO): HUGO ORTIZ DE FILIPPI, HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, MARIO RIOS SANTANDER, MARIANO RUIZ-ESQUIDE JARA, NICOLAS DIAZ SANCHEZ, SENADORES.