Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Roberto Delmastro Naso
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LEY SOBRE JORNADA LABORAL DE CUARTELEROS DE COMPAÑÍAS DE BOMBEROS.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANUNCIOS DEL GOBIERNO ARGENTINO SOBRE ENVÍOS DE GAS. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Mulet Martinez
- Fulvio Rossi Ciocca
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Antonio Leal Labrin
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Mario Venegas Cardenas
- Gonzalo Duarte Leiva
- Carolina Goic Boroevic
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Gabriel Silber Romo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcelo Forni Lobos
- Sergio Correa De La Cerda
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Julio Dittborn Cordua
- Felipe Salaberry Soto
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Marcela Cubillos Sigall
- Rene Aedo Ormeno
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Masferrer Pellizzari
- Pablo Galilea Carrillo
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Aedo Ormeno
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Amelia Herrera Silva
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANUNCIOS DEL GOBIERNO ARGENTINO SOBRE ENVÍOS DE GAS. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jose Antonio Kast Rist
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Olivares Zepeda
- Ivan Paredes Fierro
- Patricio Vallespin Lopez
- German Verdugo Soto
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Antonio Leal Labrin
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Walker Prieto
- Carolina Goic Boroevic
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Rene Aedo Ormeno
- Gonzalo Duarte Leiva
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Montes Cisternas
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Robles Pantoja
- Eduardo Saffirio Suarez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 51ª, en miércoles 19 de julio de 2006
(Especial, de 18.36 a 21.22 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Tratamiento de proyecto de ley sobre jornada laboral de cuarteleros de compañías de bomberos 9
V. Objeto de la sesión.
- Anuncios del gobierno argentino sobre envíos de gas. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, sobre jornada laboral de los cuarteleros de las compañías de bomberos. (boletín N° 4129-13) (S) 49
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de Suecia. (boletín N° 4325-10) 49
3. Moción de los diputados señores Errázuriz, Kast, Martínez, Olivares, Paredes, Vallespín, Verdugo y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que fija edad mínima para postular a un premio Nacional. (boletín N° 4352-04) 52
4. Moción del diputado señor Errázuriz, que modifica la ley N° 15.718, que creó el Instituto de Chile. (boletín N° 4353-04) 53
5. Moción de los diputados señores Ascencio, Araya, Burgos, Ceroni, Leal, Silber, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Soto, doña Laura, que modifica la ley N° 16.665, sobre reconstitución de inscripciones en registros de Conservadores de Bienes Raíces. (boletín N° 4354-07) 53
6. Moción de los diputados señores Meza, Aedo, Duarte, Girardi, Jarpa, Montes, Palma, Robles, Saffirio y Sepúlveda, don Roberto, que regulariza los excedentes de costos de los planes de las Isapres. (boletín N° 4355-11) 55
7. Moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag, Venegas y Walker, que modifica el Código del Trabajo resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones. (boletín N° 4356-13) 56
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 1° de agosto de 11,30 a 13 horas para continuar la investigación por irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Alemán por el cual comunica que procedió a constituirse y eligió como Presidente al diputado señor Latorre y como Vicepresidentes a los diputados señores Bustos, Delmastro, Jiménez, Sule y la diputada señora Turres, doña Marisol.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistió, además, la ministra de Minería , doña Karen Poniachik.
-En misión oficial estuvieron ausentes los diputados señores Claudio Alvarado y Eduardo Saffirio.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 18.36 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 1 de agosto próximo, de 11.30 a 13.00 horas, para continuar con la investigación de las irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la errónea identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General.
Acordado.
TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LEY SOBRE JORNADA LABORAL DE CUARTELEROS DE COMPAÑÍAS DE BOMBEROS.
El señor LEAL ( Presidente ).- Solicito el acuerdo de la Sala para tratar en la sesión de mañana, sin que sea informado por la comisión respectiva, el proyecto de ley sobre jornada laboral de los cuarteleros de las compañías de bomberos, que acaba de ser aprobado por unanimidad en el Senado.
La petición fue formulada por varios señores diputados, entre ellos, el señor Jorge Ulloa, y permitiría cumplir los compromisos contraídos con Bomberos al respecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANUNCIOS DEL GOBIERNO ARGENTINO SOBRE ENVÍOS DE GAS. Proyectos de acuerdo.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Esta sesión ha sido motivada por una presentación suscrita por 46 señoras diputadas y señores diputados, con el objeto de analizar y debatir las implicancias sobre los anuncios del gobierno argentino en relación con el gas y los combustibles en general.
A ella fueron invitados el ministro de Relaciones Exteriores , señor Alejandro Foxley, y la ministra de Minería , señora Karen Poniachik.
El ministro de Relaciones Exteriores , quien concurrió ayer a la Comisión de Hacienda y esta mañana, a la Sala con motivo de haberse debatido el tratado de libre comercio con la República Popular China, envió una carta y conversó con el Presidente de la Cámara , para hacer presente que en estos momentos está reunido con la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet, para preparar la documentación de la reunión del Mercosur, a la cual asisten la Primera Mandataria y el ministro. Por esa razón, no puede estar presente en la sesión.
Sin embargo, se encuentra en la Sala la ministra de Minería, señora Karen Poniachik, a quien agradecemos su presencia.
En el tiempo previo de 15 minutos contemplados en el artículo 74 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , un grupo de más de 40 diputados pedimos esta sesión especial de la Cámara para analizar la situación que afecta al país, a raíz del incumplimiento de la República Argentina, en el abastecimiento de gas natural comprimido y de los problemas planteados respecto de los combustibles en general.
Como presidente de la Comisión de Minería y Energía, y como miembro de ella durante años, junto a otros parlamentarios, hemos sido testigos privilegiados de cómo se ha abordado esta problemática desde que se desencadenó la crisis durante el año 2004, época en que era Presidente de la República el señor Ricardo Lagos y, en Argentina, Néstor Kitchner , actual mandatario de ese país.
Antes que todo, quiero contextualizar el debate y recordar algunos hechos de la historia reciente entre ambos países.
Es por todos sabido que recuperada la democracia, los gobiernos de Chile y de Argentina hicieron un gran esfuerzo por formar lo que se llamó la alianza estratégica entre ambos, y las relaciones entre nuestros países llegaron a un altísimo nivel de confianza y reciprocidad.
Ello no sólo permitió terminar con los antiguos y graves problemas limítrofes, sino, además, suscribir un protocolo de integración energética, el que, entre otras cosas, establecía la “no discriminación respecto de los consumidores afectados, cualquiera que sea la ubicación geográfica de éstos.” Incluso, el Congreso Nacional aprobó un tratado de integración minera con Argentina. Ustedes podrán apreciar en algunos recortes de prensa que exhibo cómo se testimonió en los medios de comunicación algunos de esos hechos y el entusiasmo que imperaba.
Lo anterior no habría sido posible sin una política de Estado en el manejo de las relaciones internacionales, la cual, con la colaboración activa de la Oposición y con la diplomacia parlamentaria, fue vital, por ejemplo, para la solución de las disputas de límites.
Quiero consignar claramente que fue el país completo el que sostuvo una política exterior de entendimiento pleno con Argentina, la que permitió lo anterior y promovió, entre otras cosas, la integración gasífera entre ambos Estados.
Como se puede observar en el gráfico que se exhibe en estos momentos, todos apreciaron la posibilidad de traer gas natural comprimido de allende Los Andes. Nadie se opuso, pues parecía un buen negocio para las partes, de manera que se construyeron siete gasoductos: dos en el norte grande, dos en la zona central y tres en el sur, con el propósito de abastecer centrales termoeléctricas y consumidores residenciales. Nadie se opuso ni vislumbró siquiera la posibilidad de que nuestros vecinos no cumplieran sus compromisos con empresas chilenas, garantizados por contratos e instrumentos de derecho internacional.
Los problemas comenzaron en 2004, año en el cual -como se puede apreciar en el cuadro que observan en estos momentos- se iniciaron los recortes arbitrarios y el trato discriminatorio, que no fueron provocados por decisiones de las empresas, sino gubernamentales de la República Argentina.
Durante 2005, la situación continuó, lo que era absolutamente previsible, ya que la política de subsidio del gas doméstico argentino también implica una disminución en las inversiones del sector privado en aquel país, de manera que, por ende, cayeron las reservas en relación con la producción de gas.
En el transcurso de este año la situación se agravó con los hechos conocidos de más reciente data, particularmente con la decisión -una vez más unilateral, arbitraria y discriminatoria del gobierno argentino- de traspasarnos el mayor precio que ese país le debe pagar por el gas a Bolivia, para mantener subsidiado, ahora por Chile, el precio del gas doméstico.
A lo anterior se sumó el anuncio de autoridades argentinas de cobrar por el combustible para vehículos motorizados con patente extranjera un valor distinto al interno de Argentina, a saber, el equivalente al valor del país de origen de la patente.
¿Cómo se ha enfrentado la situación que se arrastra ya por dos años? ¿Qué se ha hecho y se debe seguir haciendo desde la perspectiva energética? ¿Cómo cuidar a los consumidores chilenos de gas, especialmente a los residenciales?
Quiero detenerme un momento y mostrarles algunos antecedentes de los que dispone la Comisión de Minería y Energía que me parecen fundamentales para la discusión, los cuales han sido entregados por actores relevantes del sector.
En la siguiente transparencia aparecen consignados dos hechos muy importantes.
Chile, al no poseer reservas relevantes propias de hidrocarburos, requiere, necesariamente, acuerdos de abastecimiento con terceros países, diversificar fuentes de combustible y tecnologías de generación eléctrica y desarrollar fuentes propias de combustible.
La experiencia vivida con Argentina demostró que, junto con acceder a los beneficios económicos y ambientales del gas natural, Chile quedó en una situación de fragilidad al no tener desarrollada la infraestructura que, por la vía de combustibles alternativos, le asegurara la continuidad de operación de sus centrales eléctricas y al no contar con mecanismos efectivos que permitieran forzar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país proveedor.
El gas argentino permitió invertir 5.500 millones de dólares en infraestructura de gasoductos, centrales eléctricas y redes de distribución, amparados en el protocolo energético suscrito con Argentina en 1995. El gas natural también permitió alcanzar enormes beneficios económicos y ambientales y se convirtió en un insumo clave en la generación eléctrica, que hasta la crisis argentina contribuía al 70 por ciento de la energía producida en el sistema interconectado del norte grande y al 20 por ciento del sistema interconectado central.
La crisis económica argentina y la fijación de bajos precios de electricidad y gas, a partir de 2002, derivaron en el desincentivo de inversiones de producción de gas y en el aumento explosivo de la demanda interna en Argentina.
En vez de aplicar restricciones proporcionales, el gobierno argentino optó por privilegiar el mercado interno y decretó restricciones a las exportaciones de gas a Chile.
En fin, en el actual contexto el flujo de gas argentino debiera continuar decreciendo.
Las inversiones, que aparecen en la siguiente transparencia, en la zona norte corresponden a más de 1.700 millones de dólares; en la zona central, a más de 2 mil millones de dólares; en la zona austral, a 1.700 millones de dólares, en redes de distribución, en 10 centrales termoeléctricas, en gasoductos, etcétera.
Los beneficios que trajo a Chile el uso de gas natural fueron la diversificación del riesgo hidrológico, particularmente en la zona central; menor inversión en centrales eléctricas, comparado con la hidráulica o centrales a carbón, y la disminución de costos de energía eléctrica y combustible para usuarios.
Se pueden observar también los ahorros de más de 600 millones de dólares en el Sistema Interconectado del Norte Grande y de 1.500 millones de dólares a los usuarios del Sistema Interconectado Central; reducción de la emisión de contaminantes en reemplazo de generación con carbón, fundamentalmente emisión de particulados de ácido sulfúrico y de monóxido de carbono; aporte al plan de descontaminación de Santiago; ventajas específicas en aplicaciones industriales, como automatización de procesos, disminución de costos de operación, etcétera.
El gas fue un insumo clave -y lo sigue siendo- para el abastecimiento eléctrico, particularmente del sistema interconectado del norte grande, donde actualmente la capacidad instalada depende en un 57 por ciento del gas, y en el sistema interconectado central, en un 22 por ciento del gas, en relación al 11 por ciento del carbón, a 60 por ciento de generación hidroeléctrica y a 7 por ciento de otros combustibles.
Es importante también saber que las reservas, en relación con la producción en Argentina, caen sostenidamente. Podemos ver que en 2006 las reservas siguen disminuyendo y la producción prácticamente se mantiene igual, de manera que cada día se dificulta más el abastecimiento y la exportación de gas de Argentina a nuestro país.
En la siguiente transparencia se puede apreciar, con mucha claridad, el gas disponible de Argentina para Chile. Si se mantiene la curva de crecimiento de los consumos boliviano, brasileño, argentino y chileno, veremos que la situación se agrava particularmente en el período 2007-2008, fundamentalmente ante el creciente consumo, como señalé, de Brasil y Argentina y la limitada producción en Bolivia, lo que explica la sucesiva restricción.
¿Qué puede hacer Chile? ¿Cuáles son las opciones de suministro? En el corto plazo, se dependerá de opciones tales como diesel, gas natural licuado o regasificado en barco, turbinas de emergencia, swaps energéticos con países vecinos, etcétera, que es lo que se ha estado haciendo. Pero en el largo plazo vamos a tener que tomar decisiones importantes. La zona central se va a poder abastecer con energía de los ríos australes, con minihidráulicas, con carbón y con gas natural licuado; el norte, con carbón, gas natural licuado y gas natural regional, fundamentalmente del concierto latinoamericano.
Cualquiera de estas medidas requiere, al menos, de tres años para su implementación.
Si revisamos la siguiente transparencia, vamos a ver las proyecciones. La energía hidroeléctrica de los ríos australes permitiría general potencialmente 8 mil megavatios, con un costo de alrededor de 35 a 45 dólares el magavatio hora. Los antecedentes aparecen allí.
El proyecto Baker-Pascua se acota a 2.400 megavatios, en los términos que señala la gráfica.
La producción a carbón tiene un costo de desarrollo aproximado entre 55 y 65 dólares por megavatio, con abatimiento de emisiones de partículas y SOX, y un precio que se ha mantenido entre 40 y 70 dólares la tonelada en los últimos años. Requiere ubicación, acceso a puerto, agua, estar aislado de la actividad humana, por la contaminación que produce, y otra serie de antecedentes.
El gas natural licuado es otra alternativa y tiene un costo aproximado de entre 55 y 75 dólares el megavatio hora con un precio de entre 4 y 7 dólares el millón de BTU.
Actualmente, en el mercado de Estados Unidos el precio es de 6 dólares el millón de BTU, pero se calcula que el precio posterior a 2010 será de 4 ó 5 dólares el millón de BTU.
Ésa es la solución del GNL, gas natural licuado, que nos permite la planta de regasificación o de licuefacción instalada en Quintero.
El gas natural regional es seguir recurriendo al gas boliviano, argentino o peruano, y no hay que desecharlo, porque si tenemos las plantas licuefactoras va a ser perfectamente posible, con ese verdadero seguro, recurrir al gas natural regional, ya sea boliviano, argentino o peruano.
La siguiente transparencia muestra un mapa de Sudamérica donde aparecen las principales reservas.
Hay otras opciones más caras de suministro eléctrico, por ejemplo, gasificación de carbón; las renovables, que son muy importantes, y la nuclear, que tiene un rango de precio parecido a la anterior. Por último, diesel o fuel oil que es tremendamente caro y gas natural comprimido en los términos que señalé.
Termino con los dos proyectos de GNL que son absolutamente necesarios.
Por último, la relación de propiedad que existe entre los grupos dominantes de la industria del gas en Chile y, particularmente, una integración vertical y horizontal entre el gas natural domiciliario residencial y su sustituto, el gas licuado, al que me referiré en el tiempo que me otorgue mi bancada.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra la ministra de Minería y Energía , señora Karen Poniachik.
La señora PONIACHIK ( ministra de Minería y Energía ).-
Señor Presidente , antes de referirme a las implicancias de los recientes anuncios del gobierno argentino, quiero explicar lo que estamos haciendo en el marco de nuestro programa de seguridad energética.
Como el señor Presidente sabe, estamos impulsando un ambicioso pero realista plan de seguridad, con miras a diversificar la matriz energética, tanto en términos de insumos como de países a los cuales compramos; a lograr mayores grados de autonomía y a conseguir un uso eficiente e inteligente de la energía.
Quiero retomar algo que dijimos en la mañana en conjunto con la Asociación de Empresas Eléctricas, cuando lanzamos el proceso de licitación de suministro para los distribuidores de los clientes regulados. Chile, al igual que muchos países del mundo, enfrenta un importante desafío, el cual se debe abordar en conjunto, sector público y sector privado, gobierno y ciudadanía transversalmente, ya que el tema energético es tremendamente importante para todos. Necesitamos energía para seguir creciendo, para nuestras ciudades, para nuestros hogares, para el transporte, para las empresas. Por eso, porque todos necesitamos la energía, es importante abordar en conjunto este desafío.
En cuanto al tema que nos convoca, quiero señalar que desde que firmamos el acuerdo de cooperación económica N° 16, de 1991, se han suscrito diversos protocolos relacionados con el suministro de gas e hidrocarburos desde Argentina; cada uno para un contrato específico y para un gasoducto específico.
En 1995, un nuevo protocolo llamado “Normas que regulan la interconexión gasífera y suministro de gas natural”, absorbe los protocolos anteriores y liberaliza totalmente el comercio de gas entre ambos países. Desde entonces y en el marco de estos acuerdos, se otorgaron autorizaciones equivalentes a 34 millones de metros cúbicos día.
El gas que proviene desde Argentina llega a Chile a través de siete gasoductos localizados en tres cuencas: la cuenca noroeste, la cuenca Neuquén y la cuenca austral. Tenemos dos gasoductos en la Segunda Región, Norandino y Gas Atacama; en la Región Metropolitana, Gas Andes; en Concepción, Gas Pacífico; y tres en la zona austral, que principalmente proveen de gas a la empresa Methanex.
Con la llegada del gas natural, a partir de 1995, se puede apreciar cómo cambia radicalmente la matriz de energía primaria. El gas natural en 1996, representaba un 8 por ciento de nuestra matriz y, principalmente, correspondía a la producción de Enap, en Magallanes. En 2004, el gas natural, que en un 80 por ciento era importado, representaba el 24 por ciento de nuestra matriz de energía primaria. ¿Para qué se usaba el gas que llegaba de Argentina? El 40 por ciento en generación eléctrica; el 32 por ciento en insumo para producir metanol en la empresa Methanex; el 14 por ciento, en uso industrial; 8 por ciento en el proceso productivo de la Enap y el 6 por ciento en uso residencial comercial. Esto es, tomando como escenario 22 millones de metros cúbicos día, que es lo que se tenía a finales de 2003 y comienzos de 2004.
El siguiente mapa muestra las distintas cuencas: noroeste, Neuquén y Austral, y muestra los distintos usos que se dan al gas en las diferentes zonas de Chile. Esta información corresponde a 2004, cuando todavía no comenzaban los recortes de gas desde Argentina.
En el norte, 5,3 millones de metros cúbicos día, principalmente para generación eléctrica para la Gran Minería y para las ciudades.
En el centro, Neuquén. La mayor parte del consumo, incluidos Santiago y Valparaíso, está dedicada a la generación eléctrica; en segundo lugar, a los usos industriales, y sólo el 14 por ciento, equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos día, al sector residencial-comercial.
En el sur, la cuenca Austral. El ciento por ciento del consumo está destinado a Methanex.
Quiero repasar los hitos en nuestra relación gasífera con Argentina.
En 2002, con la ley de emergencia, se devalúa el tipo de cambio, se pesifica la economía y se congelan los precios y las tarifas internos del sector energético.
El siguiente hito importante se ubica en marzo de 2004, cuando, a través de la resolución N° 265 y de la disposición N° 27 de la Secretaría de Energía, se suspende el otorgamiento de nuevos permisos de exportación. Esto es muy importante, porque uno de los aspectos que se ha enfatizado en este debate tiene que ver con el futuro de algunos permisos de exportación que se vencen a partir del próximo año.
En el marco de dicha resolución, se otorga prioridad al consumo interno de gas en Argentina por sobre la exportación, aun cuando existieran permisos vigentes. Es decir, en esa fecha comienzan las restricciones a las exportaciones de gas desde Argentina.
En junio de 2004, a través de la disposición N° 659, de la Secretaría de Energía, y gracias a una importante negociación que hicieron ambos gobiernos durante el primer semestre de ese año, se eliminaron los “cortes inútiles”. Antes de esa fecha, debido a los cambios que se habían realizado en marzo de 2004, lo que no se usaba en Argentina, se perdía, práctica conocida como “cortes inútiles”.
A partir de junio de 2004, además de eliminar los “cortes inútiles”, se establecieron nuevos mecanismos para fijar restricciones diarias y se fijaron tarifas al gas redireccionado.
Otra serie de medidas, adoptadas desde 2004, apuntaron a la fijación de un impuesto a la exportación de gas natural equivalente al 20 por ciento del precio convenido en boca de pozo. Esto es muy importante, porque tiene que ver con el reciente anuncio de la autoridad argentina en relación con imponer una retención o impuesto a las exportaciones de gas.
Ese mismo año se fijó un fideicomiso al transporte de gas, que se traduce en que un porcentaje se invierte justamente en obras de transporte en el sector argentino.
Llegamos así al acuerdo de Argentina y Bolivia, de 29 de junio de 2006, que lleva al anuncio de la autoridad argentina de que se aplicaría un impuesto o retención a las exportaciones de gas. En esa fecha, en Buenos Aires se enunció un nuevo acuerdo gasífero entre Argentina y Bolivia para establecer un nuevo régimen y estructura de precios en el comercio de gas entre ambos. Antes, las empresas argentinas compraban el gas a Bolivia en forma directa, pero mediante ese nuevo acuerdo, es la Empresa Nacional de Energía S.A., Enarsa -empresa estatal argentina-, la que compra el gas en forma directa a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia , a un precio de 5 dólares el millón de BTU. En ese acuerdo, se estipula que las exportaciones a través del único gasoducto existente, aumentarán desde los actuales 5,5 millones de metros cúbicos al día, a 7,5 millones de metros diarios a finales de este año. Ese límite se explica porque es el máximo cupo de ese gasoducto, pero se deja abierta la posibilidad de que Bolivia, mediante la construcción de un nuevo gasoducto, siga proveyendo gas a Argentina, hasta llegar a los 27,7 millones de metros cúbicos diarios.
Es importante destacar en este acuerdo, que fue anunciado por los presidentes Kirchner y Morales en Buenos Aires, a fines del mes pasado, se flexibiliza una cláusula referida a las exportaciones de gas argentino a terceros países.
En el acuerdo entre Argentina y Bolivia de 2004, firmado por los presidentes Kirchner y Mesa, se establecía que las exportaciones de gas natural desde Argentina a cualquier tercer país desde la zona norte no podrían superar el promedio de los flujos observados durante los 90 días previos al acuerdo. Es decir, no podían superar los 5,2 millones de metros cúbicos diarios.
Esa cláusula se liberaliza considerablemente en el acuerdo suscrito a finales de junio. Se establece que las exportaciones de gas natural desde Argentina a cualquier tercer país, en todo su territorio, no podrán superar los volúmenes actualmente autorizados.
Como dije al comienzo de la presentación, los volúmenes actualmente autorizados son de 34 millones de metros cúbicos diarios, que es prácticamente el doble de lo que efectivamente recibimos.
¿Cuál es la situación actual tras el reciente acuerdo entre Argentina y Bolivia? Argentina traspasará el aumento de los precios del gas -lo que ellos llaman sobreprecio- a las exportaciones de gas que van desde Argentina a Chile, Uruguay y Brasil, y que esto lo hará vía una retención o impuesto. Este impuesto o retención no afectaría las exportaciones procedentes de Tierra del Fuego, que ascienden a 3,4 millones de metros cúbicos/día, en consideración a que por el lado argentino ese sector es zona franca, en la cual no se pueden imponer este tipo de tributos.
Para estimar el sobreprecio a ser compensado a través de un alza en las retenciones, se parte de la base de que Enarsa, la empresa estatal argentina, comprará el gas boliviano a 5 dólares el millón de BTU y lo venderá al mercado local en 1,5 dólares el millón de BTU. Así, el monto mensual a ser compensado, que corresponde a la diferencia que va desde 1,5 a 5 dólares -es decir, 3,5 dólares-, varía entre 26 millones y 28 millones de dólares mensuales, dependiendo del volumen efectivamente enviado desde Bolivia hacia Argentina, es decir, de si son 5,5 millones o 6,5 millones de metros cúbicos diarios.
Para determinar el valor del impuesto o retención se tomará también en cuenta el volumen de gas exportado desde Argentina a Chile, Uruguay y Brasil, el que varía considerablemente de acuerdo a la época del año -es decir, a la estacionalidad- y a la disponibilidad interna en Argentina.
¿A qué me refiero con las variaciones de estacionalidad? En invierno, Argentina prioriza el uso doméstico, ya que, debido a las bajas temperaturas, se usan mayores volúmenes de gas para calefacción en los hogares y, por lo tanto, hay una considerable menor disponibilidad de gas para exportar.
En invierno, el promedio de exportación es hoy de 10 millones a 12 millones de metros cúbicos/día, en verano, de 15 millones a 18 millones de metros cúbicos/día. Esto lo señalo en relación con lo que decía respecto de que la autoridad argentina ya en 2004 había congelado el otorgamiento de nuevos contratos, y los vigentes vencen entre el 2007 y el 2023.
Volviendo a la fórmula de cálculo de este impuesto o retención, quiero poner en antecedentes de los señores diputados que en la actualidad, en promedio, los importadores chilenos pagan entre 2,5 y 2,8 dólares por millón de BTU en frontera.
El precio en frontera se descompone en el precio del gas en boca de pozo -es decir, el precio convenido entre el importador chileno y el exportador argentino-, el impuesto del 20 por ciento, que ya está vigente desde el 2004 y se aplica al valor en boca de pozo, pagos de fideicomiso a los que hicimos alusión, que también se decretaron en 2004, y transporte a la frontera, que, como dije, está entre 2,5 dólares y 2,8 dólares por millón de BTU.
Aún el Ministerio de Economía de Argentina no ha dictado la resolución que determinará el monto y el procedimiento del nuevo tributo, razón por la cual me parece aventurado hacer cálculos precisos sobre el impacto que esta nueva decisión tendría en cada uno de los contratos. Podremos entregar montos y cifras más específicos en cuanto conozcamos el texto final de dicha resolución.
En cuanto a los efectos de los cortes de gas, como dije, han sido variables en volumen dependiendo de la estación del año, es decir, si estamos en invierno o verano, y de la asignación que imponen las autoridades a los exportadores.
En Argentina, el alto crecimiento de la demanda interna de gas, que se calcula en 7 millones de metros cúbicos día por año y la falta de nuevas inversiones en exploración y producción, se traducen en una menor disponibilidad de gas para ser exportado. En el futuro, habrá menor disponibilidad de gas si se efectúan nuevas inversiones en Argentina para ampliar la capacidad de su transporte desde la cuenca neuquina hasta Buenos Aires.
Por otra parte, podremos tener una mayor holgura si aumentan los envíos desde Bolivia a Argentina en el marco del nuevo acuerdo.
Ahora bien, me voy a referir a los recortes de gas desde el 2004 en adelante y cómo han afectado a los distintos sectores residencial, industrial, generación, transporte y petroquímico.
Al respecto, los envíos efectivos de gas desde el 2004 hasta mayo de 2006 -en junio bajaron, pero no hemos compilado oficialmente las cifras, por eso no las tengo-, más o menos se han mantenido estables con fuertes caídas en los meses de mayo y junio, debido al frío en ese país y con aumentos en el suministro desde septiembre hasta febrero.
En cuanto a la evolución de envío, hay una fuerte caída en la cuenca Neuquén, a partir de marzo de 2005, pero con una situación bastante estable en la Cuenca Austral.
En relación con los porcentajes de recorte de suministro por mes a nivel nacional y los de las cuencas Noroeste, Neuquén y Austral, en general ha estado bastante estable en el envío de gas, con excepción del 2005, época en que sufrió fuertes cortes que afectaron a Methanex.
En cuanto a los efectos del corte de gas en el sector eléctrico, hubo un incremento en los costos marginales de generación para las empresas que usan gas para generar, los cuales no han sido traspasados a los usuarios, considerando que el precio de la electricidad está regulado y que en el procedimiento y en la fórmula matemática de fijación establecida en la ley, el factor precio del gas juega una incidencia mínima.
Sin embargo, en el sector industrial sí ha tenido efectos, aunque prácticamente todas las industrias que tienen la posibilidad de usar gas natural han instalado sistemas duales que les permiten utilizar insumos sustitutos o alternativos, como el diesel o fuel oil, han visto incrementado sus costos en el corto y mediano plazo.
En el sector residencial, que es el tercer uso que se da al gas natural, no ha habido impacto alguno.
Para hablar de los impactos, es importante considerar que las empresas nos han dicho que están dispuestas a pagar más por el gas argentino, traspasando lo mínimo posible ese aumento de costo a los precios finales, pese a que tienen la posibilidad de usar insumos sustitutos o alternativos al gas natural.
En esta diapositiva aparece un ejemplo de una central típica en el Sistema Interconectado Central, Sic, de 370 megavatios. Allí podemos apreciar las simulaciones que hicimos con los precios de hoy. El costo de generar electricidad con gas natural durante un mes es de 5 millones de dólares; con diesel, 30 millones de dólares, y con carbón, 8,3 millones de dólares, aproximadamente. En este caso, vemos cómo la generación con diesel, sustituto al cual pueden acceder las empresas de generación que vean recortado el suministro de gas, es seis veces más cara que la generación con gas natural. La generación con carbón es 1,8 veces más cara. A ello se agrega, como señaló el diputado Mulet, el impacto ambiental que se produce al operar con carbón o diesel.
En el siguiente cuadro aparecen los precios actuales de los distintos insumos, medidos en millón de BTU. Respecto del gas natural, podemos ver los precios en Chile, a partir de los precios en frontera, que están entre 2,3 y 2,8 el millón de BTU. Luego, en términos del transporte, el costo del gas natural en Chile es de 3,38 dólares el millón de BTU. El del carbón, de 2,95 dólares el millón de BTU. Es un precio que fluctúa de acuerdo con la disponibilidad de carbón en los mercados internacionales. El del petróleo diesel es de 13,3 el millón de BTU. El del fuel oil, que es el petróleo combustible que usan las empresas, es de 8,3 dólares el millón de BTU y el del gas licuado de petróleo, que conocemos como gas de balón, de 22 dólares el millón de BTU.
Reitero, aunque suba el precio del gas natural, las empresas en general nos han dicho que prefieren seguir comprándolo. Recordemos que las que compran acá son empresas privadas, que tienen contratos con los proveedores argentinos. Ellas nos han dicho que, aunque sea más caro, prefieren comprar gas natural a precios mayores, que tener que recurrir a los sustitutos que existen para la generación eléctrica de empresas y hogares.
Acciones del Gobierno.
Como consecuencia de los cortes registrados en 2004, se generó una gran incertidumbre respecto de las futuras inversiones en generación, lo que provocó un importante rezago en la disponibilidad de capacidad instalada. Esta situación fue subsanada con la ley corta 2, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en mayo de 2005. Asimismo, como consecuencia de lo sucedido en 2004, el Gobierno impulsó el proyecto de GNL en Quintero que, hacia fines de 2008, nos permitirá reemplazar en su totalidad el gas que proviene de Argentina.
Por último, en el marco de los cortes habidos en 2004, conceptualizamos y estamos implementando un activo, ambicioso y muy realista plan de seguridad energética, que apunta a diversificar nuestra matriz en términos de insumos y proveedores, a lograr mayor independencia o autonomía para no tener que depender de los insumos que importamos y de la fluctuación de sus precios y a promover un uso eficiente e inteligente de la energía.
Quiero referirme al contexto mundial. Es importante señalar que el desafío energético que tenemos en Chile es un problema de carácter mundial. Existe un nuevo orden en las relaciones internacionales. Ya no es norte, sur, este y oeste; capitalismo versus comunismo, sino que se habla de la relación y la interacción entre países productores, de tránsito y consumidores. El connotado analista internacional Thomas Friedman escribió sobre el paradigma en boga en The First Law of Petropolitics, donde señala cómo los distintos países se relacionan a través de los hidrocarburos.
¿Qué ha pasado en el mundo? Una creciente demanda de insumos, especialmente de hidrocarburos por parte de China e India. La insuficiente capacidad instalada para procesarlos y distribuirlos se traduce en una alta volatilidad en los precios, lo que sumado a factores geopolíticos sobre los cuales leemos regularmente en los periódicos, como son los conflictos en el Medio Oriente, los problemas producidos entre Rusia y Ucrania, y además, a los riesgos de desastres naturales, ponen en una situación aún más compleja el escenario de precios.
Esta situación ha golpeado a todos los países del mundo, especialmente a los consumidores. Tanto es así, que en la Cumbre de los Países del G8, realizada el fin de semana en San Petersburgo y sobre la cual todos ustedes habrán leído, el tema número uno en la agenda fue, precisamente, la seguridad energética.
En enero, el Presidente Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, lanzó su iniciativa energética para reducir lo que él llamó “su adicción al petróleo importado”, a través de una serie de acciones tendientes a lo mismo que estamos impulsando nosotros: mayor diversificación, autonomía y eficiencia. Lo mismo sucede con la Unión Europea, que publicó su Libro Verde sobre energía, que apunta precisamente a tener que depender menos de los insumos importados.
Algunos países que están en la misma situación de dependencia que nosotros son: Brasil, Italia, Alemania, Francia, España y Canadá.
¿Cuál es el diagnóstico en Chile? Nuestro país importa hoy tres cuartas partes de los insumos de su matriz energética en la forma de petróleo, gas y parte importante del carbón que consumimos. Esto nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios y a las interrupciones en el suministro, en un momento en que estamos registrando crecientes cortes en el abastecimiento de gas natural, y donde las variables climáticas y medioambientales influyen directamente en la energía disponible en el Sistema Interconectado Central, en el que el 55 por ciento de la capacidad instalada corresponde a energía hidráulica; las variables comerciales relativas a los problemas económicos de Gas Atacama, logísticos y técnicos complican la situación en el Sistema Interconectado del Norte Grande y han producido el rezago en las inversiones al que hacíamos alusión, producto de las incertidumbres que se produjeron en materia de gas.
¿Cuál es el contexto para la acción sobre la cual estamos impulsando todas estas iniciativas?
Primero, un excelente marco regulatorio, uno de los mejores del mundo, según lo dictaminó el banco de inversión de Wall Street Bear Stearns, al momento en que se dictó la ley corta 2, que estableció los fundamentos para el desarrollo energético del país. Los cambios en las leyes corta 1 y 2 han generado los incentivos para que los privados inviertan en proyectos eléctricos y subsanen los problemas que se han producido como consecuencia del rezago en las inversiones. De hecho, un catastro reciente realizado por la Corporación de Bienes de Capital estableció que hay 89 proyectos de generación y transmisión en carpeta, por 13 mil millones de dólares.
Segundo, nuestro decidido compromiso vía nuestro programa de gobierno, las señales políticas y las acciones institucionales y regulatorias que estamos impulsando para garantizar y asegurar el suministro de energía. Como dijo la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, la seguridad energética tiene un costo. Sin embargo, la falta de energía tiene un costo aún mayor. Chile debe utilizar todos los recursos de que dispone para la generación eléctrica, incluyendo hidráulicos, eólicos y geotérmicos. El país no puede darse el lujo de no usar estos recursos.
¿Qué estamos haciendo en el marco de nuestro plan de seguridad energética que, como dijimos, fue conceptualizado y diseñado a partir de la situación de los recortes de gas de Argentina?
Proyecto GNL en Quintero, al cual ya hice mención;
El proceso de prospección de gas por parte de la Enap en Magallanes y un impulso a los contratos de exploración y operación petroleros, CEOPs, que otorga el Ministerio de Minería.
Al respecto, han llegado decenas de solicitudes de empresas internacionales, especialmente norteamericanas -canadienses y estadounidenses- para explorar gas y petróleo en Chile. Considerando que el Estado tiene la propiedad exclusiva de los hidrocarburos, pueden postular en virtud de los denominados contratos de exploración y operación petroleros. De hecho, ya otorgamos un CEOPs en Pica para una empresa canadiense que está prospectando gas;
Una tercera línea de acción, muy importante, que lanzamos esta mañana en conjunto con la industria, son las licitaciones de suministro de las distribuidoras. Esto es tremendamente importante y se consagró en la ley corta 2. Antes, las generadoras construían sus centrales y luego vendían la energía al sistema. Ahora, en cambio, las distribuidoras licitan bloques de suministro, que se los adjudican las generadoras que, luego, construyen las respectivas centrales. El primer bloque, en el cual hay un enorme interés por invertir, se licita en octubre de este año para abastecer el suministro a partir del 1° de enero de 2010, y es por 2.020 MW;
En el marco de la ley corta 2, estamos por aprobar el reglamento del artículo 102 bis, que apunta a que el operador del SIC haga un uso racional y cuidadoso de los recursos hídricos, con miras a usarlos cuando las condiciones hidrológicas sean adversas;
Un catastro para la localización de turbinas de respaldo.
Si el próximo es un mal año hidrológico, es muy probable que tengamos que recurrir a la instalación de turbinas de respaldo. De hecho, ya estamos trabajando en conjunto con las generadoras y con el Cedec para estudiar dónde instalar las turbinas en el caso de que sean necesarias;
Estímulo a la disminución de la demanda, también consignado en la ley corta 2, lo cual crearía incentivos entre las generadoras y los consumidores para ahorrar energía;
Mantener la coordinación con Argentina a través del Comité Binacional Ad-hoc, especialmente en lo que respecta a la negociación del acuerdo tripartito de swap con Brasil y Argentina, que nos permitirá recurrir a los excedentes de gas o electricidad de Brasil para redireccionar gas a Chile desde Argentina;
Fortalecer el programa país eficiencia energética, que hemos venido desarrollando en conjunto con diversas empresas para ver cómo podemos hacer un uso eficiente de la energía en residencias, empresas, grandes mineras y espacios públicos;
Resolver la situación logística del diesel en el sistema interconectado del Norte Grande, (Sing).
Como dije, allí hay un problema sobre el cual se ha informado profusamente en la prensa, y apreciamos el esfuerzo del Consejo Minero que hizo una prueba para operar con diesel durante cuatro días, gracias a lo cual pudimos detectar dónde están los cuellos de botella en materia de almacenamiento, transporte y descarga, para hacer las inversiones que se requieren;
Dictación de la norma de emisión para centrales térmicas que usan combustibles fósiles. El comité de ministros de la Conama ya aprobó dar prioridad a esa norma;
También, a cargo de la Conama y de la Comisión Nacional de Energía, confeccionar un catastro de áreas factibles para la instalación de centrales a carbón y gas, y
A mediano plazo, una política de Estado para el desarrollo hidroeléctrico, a fin de hacer un uso racional de las cuencas y para el desarrollo de las energías renovables no convencionales.
Hemos recibido sendos proyectos por parte de las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara para promover un desarrollo más activo de este tipo de energía, que incluye la eólica, la geotérmica y también la minihidro para poder cumplir con el compromiso de que el 15 por ciento de la nueva capacidad instalada, de aquí al 2010, corresponda a este tipo de energía.
Una materia en la que estamos embarcados activamente es la política de Estado para el desarrollo de los biocombustibles: etanol y biodiesel. Hemos formado un grupo público-privado, en conjunto con los ministerios de Agricultura y de Transportes y Telecomunicaciones y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, para dar un impulso importante a los biocombustibles. Tenemos un enorme potencial no sólo energético, sino que también existe la posibilidad de dar un uso alternativo a muchos de nuestros cultivos.
Reitero lo que la Presidenta Bachelet ha señalado durante los últimos días, en el sentido de que Chile cuenta con una política energética sólida y estable.
El programa de Gobierno se focaliza principalmente en la seguridad del abastecimiento. Creemos que el sistema regulatorio genera, a través de las leyes corta 1 y 2, los incentivos necesarios para la inversión.
El esfuerzo del Gobierno se centra en la transición, es decir, de aquí a 2009, considerando que a partir de 2010 el sistema operará normalmente, en el marco del proceso de licitación de suministro, y que es necesario tomar medidas en este período de transición, para lo cual ya estamos trabajando en el emplazamiento de turbinas de respaldo.
El Sing es un escenario complejo, debido a los problemas a que he hecho mención. Estamos trabajando en conjunto con las empresas generadoras y con las compañías mineras para evaluar qué medidas hay que tomar, adicionales a las que he señalado.
Por último, estamos trabajando activamente en conjunto, Gobierno, sector privado y ciudadanía, con miras a hacer frente a este enorme desafío que tenemos, que apunta a la diversificación, a la autonomía y a una mayor eficiencia energética.
Gracias, señor Presidente.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , ante todo, lamento la inasistencia del ministro Foxley , pues habría sido muy útil que antes de su viaje a Argentina la Presidenta de la República hubiera escuchado nuestra opinión respecto de lo que está pasando en materia energética.
Felicito al diputado Mulet por su iniciativa de pedir esta sesión especial.
Creo que la exposición de la ministra ha sido bastante completa, pero ahora corresponde que hablemos del país real, del problema de la crisis del gas y de cómo se ha generado.
Lamentablemente -creo que la exposición de hoy no es una excepción-, el Gobierno ha tenido nula capacidad de autocrítica en relación con su manejo de la política energética, en particular, los gobiernos de Frei y de Lagos. Pero en este Gobierno tampoco se advierte, por lo menos hasta la fecha, una actitud distinta.
Las justificaciones han sido de lo más variadas, y una de las principales excusas que se han dado es que el problema del gas es entre empresas privadas. En estricto rigor, eso es verdad: se trata de contratos entre privados. Pero, tras la decisión de invertir 5 mil 500 millones de dólares estaba la confianza de un Gobierno que les aseguró que esa inversión estaría resguardada por un Acuerdo de complementación económica, suscrito en 1991, y por un Protocolo adicional de integración gasífera y suministro de gas natural, suscrito en 1995. Ambos acuerdos son tratados internacionales y, en consecuencia, leyes de la República que deben ser cumplidas.
El aval del Gobierno chileno hizo que empresas privadas construyeran gasoductos, centrales de generación eléctrica que funcionan a gas y redes de distribución, que han permitido que muchos chilenos utilicen una fuente de energía más barata y más limpia.
El beneficio social de esto es indiscutible. La introducción de gas natural a nuestro país generó un beneficio social de 150 millones de dólares, sólo en 2002, por concepto de menor contaminación ambiental y menor costo del combustible. Produjo, además, un mayor nivel de competencia en el sector energético que fue en directo beneficio de los consumidores, y también un mejoramiento en los estándares del servicio. La rentabilidad de las empresas del sector está regulada y limitada por la Ley del Gas, y ellas están obligadas a informar semestralmente a la Comisión Nacional de Energía. Es decir, estamos en presencia de un mercado altamente regulado.
Por eso, la situación que vivimos desde 2004 de reiterados incumplimientos del protocolo suscrito por los gobiernos chileno y argentino, está afectando con mucha fuerza a nuestros compatriotas; está afectando la confianza de los inversionistas y a los clientes industriales y, por ende, terminará impactando en la clase media de los chilenos más modestos. Por eso, no nos gusta la falta de autocrítica que el Gobierno ha demostrado en esta materia.
La decisión adoptada por el Gobierno del Presidente Frei fue política: se definió una matriz energética que convirtió a Argentina no en el más importante, sino en el único suministrador de gas natural de Chile. Y ésa fue una señal muy clara para el sector privado. ¿Fue acertada esa decisión? ¿Hubo aprensiones en esa época respecto de los convenios que se suscribían? Desde el punto de vista expresado, fue claramente una decisión acertada, pese a que el entonces ministro de Energía , señor Alejandro Jadresic , planteó el dilema -o, como él lo definió, la gran discusión- de si convenía invertir más caro o más barato, pero invertir en seguridad. Lo que no podemos creer a estas alturas es que nunca nadie hubiera advertido al Presidente Frei que era necesario no poner todos los huevos en la misma canasta.
Revisando la historia, me encontré con declaraciones de algunos expertos en defensa, quienes en 1988 manifestaban sus aprensiones relacionadas con la celebración de convenios con Argentina en esta materia. Señalaban que lo ideal era diversificar el sistema energético, porque un eventual acuerdo gasífero, como el comentado, nos dejaría en una situación de suma vulnerabilidad. Pero esas aprensiones también se manifestaron durante la negociación del acuerdo.
En 1995, cuando el Presidente Frei firma el acuerdo, diversos expertos hicieron ver la necesidad de proyectar el negocio a más largo plazo y diversificar las fuentes energéticas, por el riesgo que significaba depender prácticamente de un solo país, que no es precisamente respetuoso de sus compromisos internacionales. El Presidente Frei hizo caso omiso a esas advertencias y firmó el protocolo.
Lo que resulta más increíble son las declaraciones del propio senador vitalicio Eduardo Frei , en marzo de 2004. Posteriormente, la misma autoridad que firmó el protocolo señala textualmente: “No nos podemos entregar a una energía que no es nuestra. Chile no puede hipotecar todo su parque energético mirando solamente al gas.” Resulta a lo menos curiosa la opinión de quien, con su firma, nos dejó en esta situación. Así como no es bueno no ser autocrítico, tampoco lo es tratar de bajarle el perfil al problema.
Quiero refrescar la memoria de los señores diputados.
Como señaló el honorable diputado Mulet, los problemas no parten en 2004, sino en 2002, cuando Argentina dicta la Ley de Emergencia Económica. Desde esa fecha y sin interrupciones, el suministro de gas natural se ha visto sujeto a restricciones y discriminaciones que han derivado en la crisis que vivimos.
En febrero de 2002, fueron los propios trabajadores argentinos los que cortaron la llave de paso de gas hacia Chile, confirmando la situación de vulnerabilidad en que nos encontrábamos. Y aquí empieza lo más grave. Desde 2002 hasta la fecha, prácticamente nunca se ha escuchado por parte de la Presidenta , ni de los presidentes ni de ninguna autoridad que en ese contrato internacional exista el principio de la no discriminación.
Cuando la Presidenta de la República , en la entrevista del domingo de Televisión Nacional, se refirió a este tema, nos pareció estar escuchando a la ministra de Energía de Argentina justificando las restricciones impuestas por su país al nuestro, y no a la Presidenta de Chile , defendiendo con claridad y firmeza un principio tan básico como el contenido en este acuerdo.
Alejandro Jadresic , entonces ministro vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía , definió este principio como el que los usuarios de Chile y Argentina tengan el mismo tratamiento. Sin embargo, los gobiernos de Argentina y de Bolivia se las han arreglado para generar cada vez más problemas al gobierno chileno.
Las empresas argentinas no han sido las que han incumplido el contrato. Ha sido el gobierno argentino el que ha impuesto todo tipo de obstáculos para que no puedan hacerlo.
Señores diputados, con una mano en el corazón, ¿era previsible que esto ocurriera? Claro que lo era. ¿Se olvidaron del incumplimiento de Argentina de otros fallos internacionales que nos tuvieron al borde de una guerra? ¿Era necesario decírselo o recordárselo? ¿Era un invento de la prensa o de la Oposición? Fueron ustedes mismos, los partidarios del Gobierno, los que advirtieron al Presidente Frei y a sus colaboradores sobre la ingenuidad de celebrar un convenio con Argentina.
María Isabel González , secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, en marzo de 2004 declaró: “todos nos creímos el cuento de Argentina. Hemos pecado de ingenuos al creer que estábamos en un vecindario más confiable.”
En 2002, la Comisión Nacional de Energía cuestionó, en un informe, el papel preponderante del gas en la matriz energética nacional. Sin embargo, el ministro de Economía de la época, Jorge Rodríguez , no consideró ese informe y reconoció mucho tiempo después -más bien tarde- que el 2003 sabía que la situación sería complicada. Pero se seguía comunicacionalmente bajando el perfil al tema.
Un año después de que el ministro se diera cuenta de que la situación era complicada, declaró en los diarios que no había temores por el suministro de gas. Lo patético es que un mes después tuvo que cambiar su apreciación al decir que reconocía que el gas argentino era más malo de lo que creía.
Luis Sánchez Castellón , ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señaló que el suministro de gas no estaba en riesgo y con toda tranquilidad aseguraba que, pese a la crisis con Argentina, los contratos serían ininterrumpibles. ¡Qué equivocado estaba! ¡Hoy no hay contratos ininterrumpibles!
Lo más insólito es que la realidad superó la pauta oficial del Gobierno. Tan sólo dos semanas después, el propio Sánchez Castellón declaraba que podíamos ser afectados debido a la evolución de esta situación.
Ha habido muchos viajes, mucho diálogo, pero de sordos, porque mientras Chile habla de integración, Argentina nos responde con restricciones. Todos somos testigos de los resultados de los viajes a Argentina. Cada vez que una autoridad chilena viaja a ese país a solicitar, casi con clemencia, que se cumplan los acuerdos suscritos, al regreso las maletas vienen cargadas con más impuestos, más restricciones y más discriminaciones.
El último viaje no fue la excepción. La diferencia es que triplicar el precio de los combustibles para los vehículos con patente chilena en la frontera es francamente una provocación.
Ésta no es sólo una crítica de la Oposición. De hecho, me he limitado a citar sólo lo que los miembros de la Concertación han declarado. El diputado Jorge Tarud , respecto de un viaje de la ministra de Relaciones Exteriores , Soledad Alvear, señaló que Chile no puede vivir con la incertidumbre de que Argentina pueda disminuir aún más el flujo de gas. No sé lo que conversaron la canciller chilena con su par trasandino, Rafael Bielsa , pero lo que veo es que se necesitan resultados concretos que, hasta la fecha, no se han logrado.
Fernando Villegas , conocido columnista, respecto de los viajes de Soledad Alvear dijo que mientras Soledad actuaba su penoso rol en el transcurso de un viaje que, además, nunca debió haber celebrado luego de tres desaires de Bielsa, Argentina cortaba en un 40 por ciento adicional los flujos de gas hacia Chile.
No voy a dedicar ni un minuto a analizar los resultados de la Comisión Técnica Bilateral que se formó entre ambos países para enfrentar la crisis.
No sabemos lo que han planteado las distintas autoridades que han viajado, pero algo ha pasado. No sé si por un problema de forma o de fondo, después de cada viaje retrocedemos en lugar de avanzar.
Por eso, vemos con pánico lo que pueda resultar del viaje que esta semana hará la Presidenta Bachelet . Más aun, si el tenor de nuestra postura sigue siendo la de una cautela irritante y no la de un país que cree tener la razón, de acuerdo al derecho internacional, y reclama legítimamente sus derechos.
Tiene que haber un cambio de actitud. No somos nosotros quienes incumplen los acuerdos, sino ellos.
Voy a citar nuevamente al columnista Fernando Villegas : “No se trata de declararle la guerra a nadie, ni de cortar o enfriar relaciones con nadie; pero sí de abandonar, de una vez por todas, la amplia y fácil avenida de las flaquezas y obsecuencias inconducentes.”
Estamos ante un problema de la mayor envergadura y como país no hemos hecho nada desde el punto de vista jurídico. ¿A qué se debe eso? A que, tal como expresó en su minuto el anterior ministro de Economía , “Nosotros hemos privilegiado, en esta situación de crisis con Argentina, el minimizar los costos y hemos dejado en segundo término el tema jurídico, porque en una crisis uno no se puede poner extremadamente legalista.”
En esa época, la Concertación hablaba de primer y segundo término; ahora habla de agenda corta y de agenda larga, pero nosotros sabemos que todo se traduce a la agenda corta, porque la larga nunca se cumple.
Le pido al Gobierno que cambie de actitud. Nuestro país puede exigir el cumplimiento de los protocolos, pero no se ha hecho nada desde el punto de vista jurídico. Además, le pido que aborde el problema con algún nivel de autocrítica, porque es lo que el país necesita si realmente queremos resolver el problema del gas.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En nombre de la diputada señora Carolina Goic y del diputado señor Rodrigo Álvarez, la Mesa saluda la presencia en las tribunas del alcalde de la comuna de Torres del Paine, señor Fernando Paredes, y de una delegación del consejo de la región de Magallanes y Territorio Antártico Chileno.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud.
El señor TARUD .-
Señor Presidente , si bien la diplomacia tiene muchas vías para manifestar malestar y siempre se puede recurrir a los organismos internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, es absolutamente necesario actuar con realismo, especialmente cuando se quiere dirigir las relaciones exteriores del país con una política de Estado.
Afortunadamente, la Constitución Política entrega esa tarea a la Presidenta de la República , no al Congreso Nacional, que sólo es un coadyuvante de la gestión presidencial en esa materia. Digo afortunadamente, porque respecto de varios temas hemos visto actitudes irresponsables de parlamentarios de distintos sectores del espectro político -debo reconocerlo-, no sólo de la Alianza por Chile.
A esos parlamentarios, especialmente a algunos senadores de la Oposición, les digo que frente a este problema del gas con Argentina deben ser más responsables, porque cuando el presidente Kirchner visitó nuestro país, se reunió con el Presidente del Senado , el Presidente de la Cámara de Diputados y los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Corporaciones, ocasión en la que el Presidente del Senado le planteó derechamente el problema que nos generaba el incumplimiento argentino de los protocolos de 1995 y la posibilidad de que nuestro país recurriera a algún organismo internacional para que solucionara las diferencias. Frente a tal planteamiento, la actitud del presidente Kirchner fue absolutamente desusada para lo que se espera de un jefe de estado, pues nos amenazó. Dijo lo siguiente: “Ustedes tienen todo el derecho a acudir donde quieran, pero mientras tanto, yo les corto todo el gas.” Y aquellos senadores que hoy llaman al Gobierno a ponerse los pantalones, a golpear la mesa, a retirar al embajador, en ese momento se quedaron pálidos y mudos. Podían haber reaccionado dignamente, pero no lo hicieron.
No acuso a la Oposición de intentar llevarnos a una crisis energética, porque no quiero creer que ése sea su objetivo. Prefiero pensar que esa actitud de algunos senadores de la Alianza por Chile se debe a su falta de experiencia en estas materias, porque nunca han hecho el trabajo diplomático de un Estado. Pero si ustedes buscan que el Presidente de Argentina , golpeando mesas, retirando embajadores, etcétera, nos cause daño, cuidado, que pueden lograrlo, y sería gravísimo para nuestra economía y energía. Hay que ser realistas. La situación del gas que tenemos es real hoy día.
El contrato que se ha hecho entre Bolivia y Argentina, por 6 millones de metros cúbicos, es sólo hasta fin de año, porque Brasil va a pedir más producción de los 29 millones de metros cúbicos que recibe hoy. Bolivia sólo puede producir 35 millones de metros cúbicos, y ahí está la capacidad máxima. Por lo tanto, en enero Argentina podría tener una situación interna difícil, incluso puede llegar a una crisis energética con la electricidad.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso a todo lo que dicen algunos senadores de la Alianza por Chile? ¿Y después qué? ¿Van a proponer que enviemos a las Fuerzas Armadas a invadir Buenos Aires? ¡Por favor!
Está bien que emitan opiniones. Estamos en democracia: es válido. Todos podemos tener nuestras opiniones, pero dejemos que la Presidenta de Chile maneje las relaciones internacionales con políticas de Estado. Debemos ser responsables y cuidadosos.
Entiendo lo que es la legítima política y también lo que es oposición, pero, por favor, los llamo a ser cuidadosos y responsables en una materia que puede afectar a las industrias y a la gente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , una primera actitud que uno podría tener frente a lo que ocurre hoy es decir que era imposible prever, que toda la culpa la tiene Argentina, que no teníamos nada que hacer. Sin embargo, esa actitud, aparte de falsa, sería muy perjudicial en el futuro.
Si bien es cierto que Argentina tiene una gran responsabilidad en todo lo que ha ocurrido, nosotros también estamos pagando parte de nuestros errores.
Llama la atención que hace algunos años, cuando se inician las negociaciones comerciales entre los sectores privados chileno y argentino, el Gobierno no participara en ellas. Quizás el sector privado adelantó demasiado las negociaciones comerciales. Pensamos que la ansiedad, probablemente, de una buena oportunidad de negocios, los llevó a que el protocolo con Argentina, el Gobierno chileno lo firmara una vez que las negociaciones estaban prácticamente terminadas. Lo obvio era que las negociaciones comerciales se hicieran más de la mano entre el sector privado y el sector público.
Lo anterior, en todo caso, no justifica que finalmente el protocolo que se firmó se haya hecho con una tremenda falta de prolijidad. Basta revisar los acuerdos comerciales en esta materia y compararlos con el protocolo en cuestión. No existe claridad respecto de los mecanismos de solución de controversias; es mala o teórica la cláusula que se refiere a eso; no determina plazos de apelación ni la comisión arbitral ni cuál es panel de apelación ni los plazos de los mismos.
¡Qué gobierno firma un acuerdo comercial de esa naturaleza! Entiendo que el sector privado, de alguna forma, llevó la cosa a una velocidad demasiado rápida, pero también es cierto que el Gobierno no puede permitirse estas licencias. El Gobierno se dio cuenta de que la cláusula arbitral era mala dos años después, cuando empezaron las restricciones de gas.
Quiero decir con franqueza que si esa cláusula hubiese sido precisa en la solución de controversias, probablemente nos habríamos evitado muchos de los problemas actuales.
En esto tengo que contradecir al diputado señor Tarud . No es falta de realismo sostener que recurrir a organismos internacionales, como la OMC, Organización Mundial de Comercio, puede ser una solución expedita. Basta ver el ejemplo entre Argentina y Uruguay. ¿Qué hizo Uruguay cuando Argentina le puso barreras para que los camiones que están construyendo la planta de celulosa en Uruguay pudieran transitar libremente? Se fue a la Corte de la Haya y ganó catorce votos contra uno. Ese mecanismo está en vías de solucionar un conflicto. Uruguay no pensó en todos los argumentos que ha dado el gobierno argentino.
Probablemente, Chile debió haber seguido el mismo camino, pero siempre y cuando hubiésemos actuado con mucha más prolijidad.
A estas alturas hay que enfocarse en las soluciones. Ya tenemos un problema, tenemos que tratar de salir adelante, y creo que es clave que se ponga mucha atención en lo que el Congreso piensa respecto de lo que tienen que ser los límites a los cuales Chile no puede ceder.
En este sentido, los camiones que están construyendo la planta de celulosa en Uruguay pudieran transitar libremente? Se fue a la Corte de la Haya y ganó catorce votos contra uno. Ese mecanismo está en vías de solucionar un conflicto. Uruguay no pensó en todos los argumentos que ha dado el Gobierno argentino.
Probablemente, Chile debió haber seguido el mismo camino, pero siempre y cuando hubiésemos actuado con mucha más prolijidad.
A estas alturas hay que enfocarse en las soluciones. Ya tenemos un problema, tenemos que tratar de salir adelante, y creo que es clave que se ponga mucha atención en lo que el Congreso piensa respecto de lo que tienen que ser los límites a los cuales Chile no puede ceder.
En ese sentido es clave preparar una presentación ante la OMC, porque existen argumentos legales de sobra. Hoy, muchos productos están llegando a Chile -no es propiamente un dumping-, con el beneficio de menor costo como consecuencia de la artificial rebaja de un insumo en la producción, como es la energía. Entonces, este recurso debe ser preparado y utilizado con firmeza en la negociación de lo que queremos conseguir.
Es clave también no cometer errores en la contradicción de las posiciones. No queremos un gobierno que tenga una posición dura con un ministro y amigable con otro. Si analizamos la experiencia o la estrategia que
se ha seguido en esta materia, desde el gobierno de Frei hasta la fecha, siempre han dicho: “Solucionemos amigablemente el conflicto” y no hemos recurrido a ninguna instancia, de ninguna naturaleza, porque creemos que de esa forma podemos ser más eficientes. El resultado hasta la fecha ha sido un tremendo fracaso.
El último fracaso ocurrió hace pocas semanas. Aquí escuchamos a la ministra de Minería y Energía decir que el Gobierno ha centrado toda su estrategia en el proyecto GNL con una inversión millonaria, en la cual también está participando una empresa estatal.
¿Cuál fue la reacción del Gobierno y de sus parlamentarios ante el mayor impuesto establecido por Argentina?: “Vamos a la regulación de tarifas.” ¡Eso, cambiemos las reglas del juego!
Por su intermedio, señor Presidente , le pregunto a la ministra : ¿Es eso indiferente para quienes están invirtiendo en el proyecto estrella del Gobierno como es GNL? ¿No creen acaso que esos inversionistas temblaron y pensaron por un minuto en qué país se estaban metiendo donde, a la primera restricción de gas, al primer impuesto argentino, le dicen, en vez de ponerse firme con los argentinos, que hay que ponerse firme con las empresas nacionales? Francamente, ésa es una muy mala señal.
Por eso, de ahora en adelante, queremos una sola voz en el Gobierno que defienda los intereses del país que están muy bien especificados en el proyecto de acuerdo -no quiero detallarlos- y que en este viaje se rompa la mala experiencia habida hasta la fecha. Ojalá que a la vuelta del Mercosur tengamos buenas noticias, porque sólo esperamos el bien de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , entiendo que esta sesión, más que para buscar las causas de la situación en que estamos, es para encontrar soluciones.
Quiero contestar brevemente algunos de los comentarios del colega Forni .
En primer lugar, las empresas invirtieron porque había un negocio floreciente. Han ganado 3 mil millones de dólares en siete años. Han comprado el gas a precios irrisorios y el no traspaso de los costos del mayor precio del gas a los consumidores se debe a que han ganado mucho.
En estos siete años también hemos tenido beneficios para la salud, por mencionar otro ejemplo. Al no existir fuentes contaminantes, como hubo en el pasado, gracias al gas, hemos mejorado la salud de la población. Por consiguiente, aquí debemos ver la perspectiva que tenemos por delante y de qué forma enfrentamos este problema.
Es un hecho que las reservas de gas en Argentina posiblemente van a seguir disminuyendo hasta su total inexistencia si no hay incentivos mayores para que los productores de gas exploren nuevos yacimientos. Es un hecho de la causa que debemos tener presente.
Nuestra vulnerabilidad en materia energética ha transformado una cuestión de carácter comercial, en cualquier sociedad o economía que no sea la nuestra, en político. Luego, nuestro desafío es hallar la forma de que este asunto sea comercial y no una cuestión política que nos mantenga dependientes de nuestros vecinos.
¿Qué debemos hacer? Sin duda, explorar nuevas fuentes energéticas, como las mencionadas por la ministra y el diputado Mulet : el carbón, la hidroeléctrica, la geotermia, la eólica, el gas natural licuado, el etanol y -¿por qué no?- a través de la energía nuclear.
Hay formas de salir de este problema. En consecuencia, quiero plantear algunas conclusiones sobre esta materia.
A mi juicio, el Estado debe jugar un rol subsidiario. Debe intensificar y promover la exploración de más recursos energéticos y para ese fin, he aquí algunas medidas concretas:
l. Crear, por ejemplo, un fondo de garantía para la exploración de la geotermia y la energía eólica principalmente, que son las que representan más potenciales en nuestra geografía;
2. Entregar concesiones de exploraciones sin pago por dos años, con devolución de parte o del total de lo invertido, en caso de que esas exploraciones no tengan éxito en la búsqueda de nuevos yacimientos y de fuentes energéticas;
3. Licitar fondos para explorar fuentes nuevas de energía no convencional, de manera que los privados que quieran invertir en el futuro en este tipo de fuentes, puedan hacerlo con seguridad de que los fondos de su inversión serán proveidos por el Estado y que serán devueltos si, posteriormente, de la exploración el resultado es positivo, y
Por último, es responsabilidad del Estado asegurar a la ciudadanía una diversificación de la materia energética, de manera que el abastecimiento de energía, ya sea para uso domiciliario o industrial acabe con nuestra vulnerabilidad política y comercial actuales y nos permite decidir sobre nuestro futuro sin estar mirando a nuestros vecinos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , quedé muy contento después de escuchar la intervención del diputado Mulet : completa, clara, sincera, y el completísimo y extenso discurso de la ministra, que muestra lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se hará respecto de este tema.
El diputado Forni ha dicho -es una lástima que no esté presente en la Sala que el país real es el que ve él. Me llama la atención, porque no creo que los electores que votaron por la Presidenta Bachelet , por cuarta vez por un candidato de la Concertación, sean fantasmas, gnomos; son habitantes de carne y hueso, de sectores populares, de clase media, que pensaron, y siguen pensando, estoy seguro, que la Concertación va a resolver mejor sus problemas y a defender mejor sus derechos.
Aquí no ha habido improvisación de parte del Gobierno. Se ha dicho eso majaderamente, como que los problemas que tenemos como Argentina nadie los veía venir, como que nada se estuviese haciendo al respecto. La ministra fue muy explícita en señalar que hay un plan nacional de seguridad energética que, básicamente, contempla, entre otras cosas, eficiencia, sustentabilidad y seguridad. Incluso, ahora estamos discutiendo en la Comisión una materia que es fundamental para diversificar nuestra capacidad energética, porque, seamos claros, los problemas de Chile se originan porque dependemos del combustible o de la energía de otros países. No somos autosuficientes en ese sentido.
Además, hay un proyecto relacionado con un incentivo a la generación de energía renovable no convencional. Esperamos que sea tramitado prontamente; haya indicaciones del Ejecutivo , y se promulgue como ley. Ojalá que lleguemos al 15 por ciento de energía renovable no convencional. Es el objetivo para el 2010 de la Presidenta de la República .
Entonces, me llama profundamente la atención cuando se desconoce que este problema es mundial. Le digo al diputado Monckeberg -por su intermedio, señor Presidente - que este tema no se inventó en Chile, sino que preocupa a Estados Unidos. Preocupó también al Grupo de los Ocho, el cual incluso dispuso que la seguridad energética es un problema fundamental por tratar. Vemos lo que pasa en Irán, donde están usando como argumento el enriquecimiento de uranio para tener energía cuando se acaben los combustibles fósiles.
El entorno es muy importante para hablar con seriedad. Nadie abrió la boca, como dijo el diputado Mulet , cuando el gas argentino era baratísimo y se ofertó a Chile y los empresarios estaban felices. Los distribuidores, que compraban el gas a 1.6 dólares el millón de BTU estaban también felices, porque cobraban a sus clientes un precio fijado según el gas licuado. Durante mucho tiempo se cobró un gran sobreprecio.
Por eso, se ha dicho tanto por el canciller como por la ministra -ésa es una sentencia cierta y más clara que nunca-, primero, que el suministro de gas natural domiciliario no está cuestionado y, que el precio de dicho gas no debiera variar, porque durante años ha tenido un sobreprecio increíble.
Me llama más la atención de la posición de la UDI, pues, mientras el diputado Dittborn expresa que el Gobierno debe regular y fijar los precios, el diputado Nicolás Monckeberg dice que eso espantaría a los inversionistas, porque les cambiaría las reglas del juego.
La Presidenta ha dicho que se recurrirá al Tribunal de la Libre Competencia y al Fiscal Nacional Económico para investigar lo que pedimos en el proyecto de acuerdo que vamos a presentar; es decir, lo que interesa a todos los chilenos, a la señora que usa el calefón o que prende el quemador de su cocina. Vamos a pedir que la ministra de Economía y el Fiscal Nacional Económico investiguen si existen los adecuados niveles de competencia en el negocio del gas residencial. Especialmente debieran fiscalizar los grados de integración vertical u horizontal del negocio, como lo demostró el diputado Mulet . Ése es el tema de fondo; el resto es populismo.
¿Vamos a declarar la guerra a Argentina debido a esta situación? La única conclusión que saco es que el neopopulismo kirchnerista es muy parecido al populismo chavista y me da bastante pavor imaginarme a Hugo Chávez en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , que .............. es la Concertación. Tiene al país en una encrucijada muy difícil y no hemos escuchado todavía ninguna palabra o frase de sus partidarios que diga algo así como “nos pudimos haber equivocado”; “confiamos demasiado en un vecino en el cual no debimos haber confiado tanto”; “a lo mejor fue un poco imprudente haber basado la matriz energética en una sola fuente”; “puede ser que nos hayamos enceguecido con un gas barato y hoy estamos pagando ese precio”. No se ha dicho frase alguna, de parte de quienes nos han gobernado durante dieciséis años, en el sentido de que se pudieron haber equivocado. ¿Es mucho pedir eso? La soberbia parece inundarlo todo, porque han dicho que “no hay que politizar el tema”; a continuación, que “las relaciones exteriores son política de Estado” y, finalmente, la frase que siempre aparece cuando están en problemas: “Todos somos responsables”. O sea, diluyen la responsabilidad entre todo el país y nos inhiben de opinar, porque es una política de Estado.
Cabe hacer notar que el diputado Tarud -quien tampoco se encuentra en la Sala-, hace algunos días, a la salida de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos acusó -a los diputados de la Oposición- de querer sacar las metralletas en relación con este tema.
Es lamentable que este grupo humano, que nos gobierna hace ya mucho tiempo, tenga esta tamaña ......... y falta de autocrítica para reconocer que en este tema, al menos, así como en muchos otros, se han equivocado profundamente. Se han equivocado porque el negocio del gas -aunque quieran hacernos creer que es entre privados-, como cualquier otro, tiene un marco jurídico muy importante: el protocolo firmado por los gobiernos de ambos países, en 1995. Ese protocolo, que debió asegurar dos aspectos, cantidades estables de gas y precio estable, no ha sido capaz de garantizar ninguno.
Respecto de cantidades, nos ofrecieron hasta 34 millones de metros cúbicos diarios. ¿Cuánto nos entregan hoy? Diez millones de metros cúbicos diarios. En cuanto a precio, nos han subido 20 por ciento a través de un impuesto discriminatorio y, aunque la ministra no se atrevió a decir ahora cuánto es el próximo aumento, en la Comisión de Relaciones Exteriores la ministra fue más específica y, por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle que no es audaz sostener que el precio de 2,3 dólares por millón de BTU, va a sobrepasar los 4 -así lo señaló en la Comisión y espero no ser infidente-, lo que significa un aumento del orden del 70 u 80 por ciento. Por lo tanto, estamos ante un problema serio y, en tal virtud, le pido al Gobierno que acelere el desarrollo de fuentes energéticas alternativas, que es lo único que nos va a permitir negociar en mejor pie con Argentina.
Por último, no insistan en la idea de que no debemos politizar el tema, de que es política de Estado o de que todos somos responsables, sino que asuman, de una vez por todas, la responsabilidad que tienen.
He dicho.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en conformidad al artículo 10 del Reglamento.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la expresión antiparlamentaria, vertida por su señoría, será retirada del Boletín de Sesiones.
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , quiero hacerme cargo de la pregunta que se formulara el diputado Marcelo Forni y que él se respondió afirmativamente.
Para Chile fue positivo comprar gas a Argentina; de eso, no hay duda. Firmar un tratado y establecer una relación privilegiada con nuestro vecino durante catorce años nos permitió ahorrar, entre privados y Estado, 9 mil millones de dólares, lo que no se habría logrado si hubiésemos utilizado otro tipo de combustible durante esta época.
Por lo tanto, la compra de gas, el tratado y los convenios comerciales suscritos con Argentina durante el gobierno del Presidente Frei, y la política que han llevado adelante las empresas para importar gas desde el país vecino, han permitido que Chile tenga un suministro de 25 millones de metros cúbicos diarios, lo que se ha traducido en una tremenda capacidad de ahorro, en utilidades para las empresas y en generación eléctrica de menor costo para los usuarios.
Las empresas suscribieron un contrato por 25 millones de metros cúbicos; hoy recibimos poco más de 7 millones.
¿Argentina tiene reservas de gas? Sí, las tiene, porque es un país gasífero. Lo que ocurre es que se está acabando la explotación de pozos de gas, y si no se realizan nuevos estudios de prospección ni existe una mayor explotación de pozos en profundidad, es porque el gobierno argentino no ha resuelto un tema de mercado: no hay inversiones, porque no existe el estímulo de precios adecuados. Si esto sigue así, Argentina dejará de ser exportador de gas, y la prueba más fehaciente es que está pagando el doble del costo de producción al comprar actualmente gas a Bolivia.
¿A qué debemos aspirar con las negociaciones? ¿Podríamos pensar que parte de ese aumento no redundará en la economía chilena o que no será de costo de los chilenos? Sin duda que no, porque así va a ser.
Pero, aunque el precio que revelaba el diputado Dittborn se haga efectivo, debemos tener presente que el gas seguirá siendo el combustible incomparablemente más barato para la generación de electricidad y para consumo industrial y residencial. Por lo tanto, tendremos que seguir comprando gas argentino hasta el último día.
El diputado Dittborn dijo que durante 14 años se ha comprado a 2,5 y 2,8 dólares y que ahora se va a pagar entre 4 y 5 dólares; pero yo le respondo que las empresas han vendido el millón de BTU entre 14 y 18 dólares. Por lo tanto, durante estos años, han tenido utilidades fabulosas, gigantescas, gracias a la compra de un combustible barato que ha sido vendido no a su costo, sino en función del precio de referencia, que es el gas licuado.
Deberíamos aspirar, aunque el costo sea más alto, a una mayor cuota de exportación de gas desde Argentina, cuestión que incluso permite el acuerdo que suscribió con Bolivia, que la autoriza a exportar hasta 34 millones de metros cúbicos.
El Gobierno ha tenido una política responsable cuando ha aumentado la diversificación de la matriz energética, como no lo ha hecho, seguramente, ningún otro país. Y lo hemos hecho juntos, porque las leyes corta 1 y 2, son fruto del trabajo consensuado entre Ministerio de Minería y de Energía y el Congreso Nacional, entre la Concertación y la Oposición, para incentivar la inversión privada.
Si las cosas estuvieran tan mal como lo señala el diputado Dittborn , no tendríamos los 89 proyectos de generación y transmisión por 14 mil millones de dólares, que es lo que ha ingresado a la Conama, con miras a inversiones futuras.
Fíjense en los siguientes datos: el 60 por ciento de la generación de energía eléctrica es hídrica, recurso natural que tenemos que explotar, y no gas argentino; gas puro, 6 por ciento; gas y otros combustibles, 22 por ciento; carbón y otros combustibles, 12 por ciento. Tenemos una matriz muy diversificada y debemos profundizarla.
Con un crecimiento económico del 6 por ciento, necesitamos un aumento anual de 450 megavatios, alrededor de 5 mil megavatios en los próximos 10 años.
El debate es cómo proyectar una política energética más sólida y con mayor autonomía. Debatir sobre Argentina, no tiene sentido.
Dado que el precio del petróleo va a seguir alto, debemos apuntar a nuestros recursos hídricos. Con más centrales -de las cuales soy partidario- construidas con tecnología que no dañe mucho el medio ambiente, podríamos generar 2.000 megawatt, junto con las centrales hidroeléctricas australes. También debemos apuntar al gas natural licuado (GNL), que podría reemplazar fácilmente los siete millones de metros cúbicos que recibimos desde Argentina, y a la energía renovable. Respecto de esta última, el senador Orpis , el diputado Mulet y quien habla, hemos presentado un proyecto de ley para hacerla viable. Por último, hay que entrar en la discusión de la energía nuclear, aunque no soy partidario de ella.
En definitiva, hay que diseñar una política estratégica que nos evite dificultades futuras. Debemos tener una matriz energética muy diversificada y muy sólida para garantizar el desarrollo económico de Chile.
Se ha actuado con extrema responsabilidad y debemos seguir haciéndolo, pero juntos, porque el tema energético es político y no politiquería.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , para entender la gravedad de lo que esta pasando hay que remontarse a la época de la Unión Soviética, que, a través de la empresa Gasprom, tenía el monopolio de las exportaciones de gas hacia Europa. Países como Finlandia y Eslovaquia, obtenían el ciento por ciento de su gas de la Unión Soviética; Hungría , el 70 por ciento; Polonia , el 60 por ciento; Alemania , el 45 por ciento; Ucrania , el 40 por ciento, e Italia y Francia, el 25 por ciento.
Nunca, en la historia de esas exportaciones, la Unión Soviética usó el gas como arma política, ni siquiera en los peores momentos de la guerra fría, pese a la cercanía con varios de los países mencionados.
Hoy existe gran revuelo porque el ex canciller alemán se une a un consorcio germano-ruso, que pretende construir un ducto bajo el mar Báltico que llevaría gas a Alemania, dejándola en posición privilegiada respecto de otros países de la Unión Europea.
Bolivia nos está cobrando, de hecho, un tributo por el gas que nos entrega Argentina. ¡Las moléculas de gas no tienen nacionalidad; se juntan en el ducto y todas son iguales!
A la luz de la Organización Mundial de Comercio, se deben estudiar las medidas compensatorias a que Chile tiene derecho por el tributo que Bolivia nos ha impuesto a través de Argentina, que sólo es un vehículo de cobro. Deben analizarse medidas como el cobro de aranceles y peajes especiales a productos bolivianos en tránsito, etcétera. Este problema se resolverá sólo cuando el beneficio del tributo sea inferior al costo de la medida para Bolivia.
La clave para responder a Bolivia está en adoptar medidas que no convengan a nuestro vecino altiplánico; así dejará de utilizar a Argentina como vehículo de cobro de tributos para Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , todos estamos de acuerdo en que nuestro principal desafío es tener una matriz energética autónoma.
Cada vez que ocurre una situación que afecta al país, los dirigentes de la UDI culpan al Gobierno. Es cierto, en algunas podrá haber responsabilidades gubernamentales, pero en este caso -y así lo han reconocido- era muy difícil no importar gas desde Argentina, porque era un proceso conveniente y necesario para nuestro país.
El diputado Forni nos dice que todo se hizo en el contexto de los privados. Sin embargo, la gente de la UDI se olvida de que quien obtuvo la primera mayoría en la última elección de su comisión política, participó activamente en el proceso de compra de centrales eléctricas en Argentina. Y en ese contexto se gesta la posibilidad de importar gas desde Argentina. Lamentablemente, ese proceso, de un día para otro, terminó con las empresas en manos de los españoles. A ellos se les olvida que existe una relación directa entre lo que ocurrió en ese momento, cuando se firma ese protocolo, y la presencia de intereses chilenos que actuaban activamente en el mercado energético argentino. Es esa presencia chilena en Argentina, con intereses muy relevantes, la que hace confiable para muchos y conveniente para Chile iniciar la importación de gas.
Han sido catorce años tremendamente beneficiosos para todos; catorce años tremendamente beneficiosos para los usuarios de los sectores industrial y residencial, que han podido contar con gas en distintos puntos del país.
Con el diputado Forni estuvimos escuchando en la Comisión de Minería los antecedentes de los distribuidores de gas. No sé si escuchamos algo distintos, porque los privados señalaron que no les parecía conveniente recurrir a procedimientos judiciales y contenciosos para hacer frente a la situación que se vive con Argentina. Lo dijeron ellos; los mismos que han firmado los contratos.
También afirmaron que en el proceso de negociación o de conversaciones con Argentina han acompañado armónicamente al Gobierno de Chile en todos los contactos y pasos que ha dado.
Agregaron que están en condiciones de asimilar en parte importante un aumento sustancial en el costo de importación del gas; incluso, a pesar de asimilarlo, podrían no tener necesariamente que aumentar el precio del gas, por lo menos el residencial.
El representante de Gas Valpo señaló que los clientes residenciales pagan 43 y los industriales, seis. Ésa es la relación. O sea, estamos ante una situación que, en mi opinión, amerita abordarse con mucha más tranquilidad, de manera de estudiar la forma de actuar como país en nuestra relación con Argentina.
Tengo la impresión -con esto termino- de que al gobierno y a la oposición no les sirven para nada los discursos beligerantes hacia el gobierno argentino. A mi juicio, se debe esperar el momento para actuar a través del responsable de llevar la política internacional, cual es el Gobierno de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , en primer lugar, aquí se ha planteado un escenario según el cual estaríamos viviendo una crisis energética, lo que a mi juicio es absolutamente falso. Chile no vive una crisis energética. La energía está asegurada porque el país ha diversificado las fuentes que componen la matriz energética y, además, cuenta con una ley corta 2 -todos los sectores políticos concurrimos a su aprobación- que permite hacer inversiones a largo plazo.
A mi juicio, es superimportante plantearlo, porque si bien existe una crisis con Argentina en materia de gas, hay que dimensionarla en su justa medida.
Quiero ser muy claro en cuanto a que debemos exigir a los argentinos el cumplimiento del respectivo protocolo.
Los empresarios que concurrieron a la Comisión expresaron que les interesa más asegurar el suministro que el precio, porque éste, como señaló el diputado Latorre , representa una parte muy menor de la tarifa final para los consumidores industriales y residenciales. Es importante recalcar que los representantes de las empresas reconocen esa realidad. Por eso, uno no sabe a quiénes representan los parlamentarios de la derecha al formular sus planteamientos.
Este negocio ha significado ingresos por 6 mil millones o 7 mil millones de dólares, pero ahora se quiere responsabilizar al gobierno de lo ocurrido, en circunstancias de que hace lo que corresponde. Lo hacen la Presidenta Bachelet, la ministra Poniachik y el ministro Foxley, tal como antes lo hizo el Presidente Lagos, como lo reconocen los empresarios, que tienen un contacto más directo con la Alianza por Chile.
Reitero que es importantísimo recalcarlo, porque lo que se ha hecho es lo que corresponde desde un punto de vista de un país que quiere contar con una matriz diversificada y de largo plazo.
La situación también debe ser analizada desde el punto de vista de qué se quiere asegurar. Es cierto que las empresas han hecho una inversión que deben recuperar a largo plazo.
Queremos que los argentinos cumplan con los protocolos firmados, con los acuerdos suscritos durante los años en que nos han exportado su gas. Pero también queremos que se transparenten el tremendo beneficio que ha significado su uso para el país y las ganancias que han obtenido las empresas.
En ese sentido, es muy importante señalar que aquí se han planteado muchas falacias, como que el precio del gas argentino incide en las tarifas de los clientes residenciales, en circunstancias de que toda la vida se han calculado sobre la base del precio del gas licuado, no en el costo de la materia prima, que es el gas natural.
Entonces, se han hecho verdaderos escándalos por los diarios al plantear que se le van a traspasar esos costos a la señora que prende el calefón de su casa, en circunstancias de que eso es una mentira, una falacia. Debemos fijar un camino de acción que permita demostrar nuestro desagrado por la actitud argentina, pero no exigir lo imposible a un gobierno que está haciendo todo lo posible. Los empresarios privados reconocen que ha sido buena la actitud del gobierno para mantener el suministro, porque carecer de él sería lo peor que le podría pasar al país. El gas más caro es el que no existe.
Por lo tanto, el gobierno está haciendo lo que corresponde, y espero que la derecha entienda que éste no es un tema político menor o para hacer un festín, sino un asunto serio. La Presidenta Bachelet , tal como lo hizo en su momento el Presidente Lagos con la planta de gas natural licuado, ha planteado el seguro que debe tener Chile, ya que esto es lo único que garantiza una política correcta, que es lo que han hecho los gobiernos de la Concertación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , cuando escucho afirmaciones que dicen que esto no es un tema político, siempre me pregunto: entonces, ¿qué es político? ¿La educación? Se nos responde que eso no es político. ¿Las relaciones internacionales? Se nos vuelve a decir que eso no es político. ¿Los temas de salud? También se nos da la misma respuesta.
¡Por favor! Estamos en una Cámara que tiene el derecho, desde la oposición, a exigir responsabilidades políticas, no de Argentina, sino de nuestro gobierno.
Cuando se discutía sobre los protocolos, recuerdo que ante ciertas voces de expertos y de algunos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que advertían que tuviéramos cuidado y que no atáramos tan fuertemente nuestro futuro al humor, siempre inestable, de Argentina, una autoridad de la Concertación de la época dijo algo así como: “No creo en las Casandras de la oposición; ésta es una solución definitiva y total del problema energético, en una alianza estratégica con Argentina”. Repito: “solución definitiva y total del problema energético, en una alianza estratégica con Argentina”.
La autoridad de la época no sabía de gas, no sabía de alianzas y tampoco sabía de mitología.
En la mitología griega, Casandra era una princesa troyana, hija de Príamo, que fue víctima de una maldición: siempre dice lo que va a pasar, pero nunca le cree la autoridad. Ésa fue la maldición del dios Apolo.
Una vez más Casandra dijo la verdad, anunció lo que iba a pasar. Voces claras dijeron que era un error atar tan fuertemente nuestro futuro a Argentina. Por supuesto que es un negocio interesante, pero es un error hacerlo. Y nuevamente Casandra , la oposición, tuvo razón, como también la tuvo hace cuatro años cuando señaló que había gérmenes de corrupción o que estábamos desarrollando una política débil hacia Argentina y hacia Bolivia o que en materia de gas, situación agravada por una ley eléctrica muy equivocada, íbamos a terminar con graves problemas para toda nuestra población.
Incluso, se lo dijeron terceros que no tenían ninguna relación con la Alianza por Chile. Hoy, en varias comisiones recordábamos la ocasión en que la Federación de Trabajadores del Petróleo dijo, aquí mismo, en 2003, que antes de tres años íbamos a tener serios problemas por el gas con Argentina.
Por eso ahora decimos sin ninguna duda a la señora Juanita que en los próximos doce meses va a pagar más por sus cuentas de electricidad y de gas. Ya empezamos a tener señales en tal sentido. He escuchado a la ministra decir en dos programas de radio que las empresas no van a traspasar el aumento al público. Hoy ha dicho que van a traspasar lo mínimo posible. Y algunos diputados afirmaban que la mayor parte no se va a traspasar. Lo señalado indica que es obvio que se va a traspasar ese costo. En consecuencia, no sigamos ocultando la realidad. La señora Juanita , que probablemente vive en alguna de las casas Chubi o pitufas, también herencia de un gobierno equivocado en vivienda y en electricidad, como fue el del presidente Lagos , va a terminar pagando más.
Por último, nuestra economía va a pagar mucho más. Así que tengámoslo claro y digámoslo: pagaremos al menos un millón de dólares más. ¡Por favor! Eso lo paga nuestra economía, nuestras posibilidades de desarrollo y de crecimiento. ¿Creen que ese hermosísimo plan de contingencia es gratis? ¿Creen que podemos implementar esas medidas, que son correctas, en forma gratuita? Evidentemente, los va a pagar la señora Juanita , que me está escuchando. Por eso tenemos el derecho moral a exigir una respuesta.
Vamos a pagar más a un socio. ¡Qué gran aliado! ¡Qué gran socio! ¡No cumple los contratos, no nos manda gas, se ríe de nosotros y, encima, le pagamos más! ¡Ése es nuestro aliado estratégico! Por eso tenemos el derecho moral y la autoridad para exigir una explicación política, porque tenemos un gobierno de continuidad.
Por eso no nos pueden hablar sólo de la parte linda. La ley eléctrica del 2004, la ley corta 2, fue elaborada entre todos nosotros, recuerdo intervenciones de muchos colegas;, pero también tienen que asumir la responsabilidad por el diseño de una malla eléctrica y por una ley eléctrica inicial que produjo la mayor parte de estos errores.
Por eso no podemos aceptar frases como: “No hay crisis”. ¡Espero no tener que vivir en este país cuando haya realmente una crisis! Si no estamos en crisis, ¿por qué se estudian estas alternativas, esta inversión apresuradísima, muy urgente y necesaria, y este enorme plan de gas natural licuado? Si no estamos en crisis, hagamos esto un poco más lento, con más meditación.
Nos dicen que estamos involucrados en una alianza estratégica. Para una alianza estratégica, como para bailar tango, aun cuando prefiero bailar cueca, se necesitan dos, y aquí no tenemos nuestra pareja de baile.
Por último, nos dicen que tuvieron reuniones provechosas y optimistas con las autoridades argentinas. ¡Pero de yapa, veinticuatro horas después, nos suben la bencina en las zonas fronterizas! ¡Les pido por favor que no se reúnan más con las autoridades argentinas, porque temo lo que pasará en el futuro con las cuentas del agua, del cine y de todas las demás! ¡Si en las reuniones provechosas y optimistas no nos avisan que veinticuatro horas después van a subir todos los precios de los combustibles en las zonas fronterizas, lo que afectará a las regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima, sencillamente tenemos claro que la autoridad argentina no quiere decirnos la verdad mirándonos a los ojos!
¿Qué debemos hacer al respecto? Hay que reconocer los errores políticos, que no son de este gobierno, pero sí de la misma Concertación. Debemos pensar en nuevas inversiones, en otras energías y en el gas de Magallanes; pero es importante decir la verdad a los chilenos: las cuentas van a subir. También debemos tener una actitud firme con los argentinos y decirles que están transgrediendo normas internacionales y que no respetan principios de no discriminación. Finalmente, debemos elaborar un plan social para la señora Juanita , puesto que próximamente lo va a pasar mal debido a que deberá pagar más por consumo de luz y de gas.
Aunque nos digan que estamos profetizando cosas equivocadas, aunque nos vuelvan a decir que somos Casandra, la Sibila de Cumas, el Oráculo de Delfos o cualquier versión antigua o moderna de profeta, queremos decirles claramente que tienen que asumir una responsabilidad política, debido a su imprevisión o a su debilidad, porque el pueblo chileno va a tener problemas en los próximos doce meses.
Por eso, duele ver a la Presidenta erigirse en un verdadero paladín de las tesis argentinas en una entrevista del domingo recién pasado, en la que explicaba por qué eso debe pasar, para volver a adoptar el mismo papel horas después respecto de las tesis bolivianas. La verdad es que no necesitamos una defensora de los gobiernos extranjeros, pero sí de una Presidenta que defienda a la señora Juanita . Que el ex Presidente Lagos , que salió en defensa de la actual Mandataria , le diga cómo evitar el grave problema social que vamos a vivir.
Repito, no necesitamos una Presidenta que de explicaciones, sino una que defienda a todos los chilenos ante injustos cometidos de gobiernos anteriores, ante una política mal planificada, ante la imprevisión y la debilidad. He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , lamento que el debate se transforme a ratos en un diálogo de sordos y en un intento menor para sacar ventajitas políticas. También deploro que el diputado Álvarez se haya sumado al estilo populista de varios parlamentarios de la UDI, al tratar de escarbar en el resentimiento y crear falsas expectativas, como si fuera posible que Chile no vaya a sufrir los efectos de una crisis energética global.
Esto lo digo responsablemente, porque el diputado Dittborn piensa que a pesar de que el precio del petróleo ha subido desde 24 dólares a 70 dólares en alrededor de tres o cuatro años, no tendremos que pagar más por ese combustible, en circunstancias de que no producimos más del 3 por ciento de lo que consumimos.
Aquí hay una cuestión de fondo, ya que la oposición deberá sumarse en algún momento a una política de Estado sobre la materia en este período presidencial, porque, de lo contrario, vamos a transitar por un camino muy peligroso.
A diferencia de algunos parlamentarios, sostengo que nuestra debilidad energética y los desafíos que tenemos en ese campo son nuestra principal debilidad geopolítica. En consecuencia, debemos hacernos cargo de eso y del cambio de tendencias que se ha producido en esta materia, ya que la actual matriz energética del mundo está en crisis, lo que explica los coletazos que estamos sufriendo.
Al respecto, George Bush señala que no quiere que Estados Unidos siga dependiendo del petróleo, mientras que Al Gore dice que se debe tener cuidado con el cambio climático, por lo que hay que se deben establecer otras políticas de energía; el gobierno de Suecia indica que sus vehículos no van a consumir petróleo de aquí a nueve años, porque van a desarrollar etanol como combustible; Brasil , a través de Petrobras, tiene un plan de inversiones muy agresivo, de más de 8 mil millones de dólares, para ganar posición en América Latina y garantizar su matriz energética.
En este sentido, la oposición también debe hacerse cargo de esta responsabilidad, ya que, como dijo el diputado Latorre , cuando se firmaron estos acuerdos con ese país, Chile tenía una posición de equilibrio, que era respaldada por Endesa en Argentina. Además, había una confianza ciega en el mercado.
Parte de los problemas que estamos viviendo se debe al fracaso de la visión neoliberal en materia energética y a otras causas. Hoy, el mundo no opera con la lógica del libre mercado. Convenzámonos de eso; de lo contrario, vamos a cometer más errores. En la actualidad existe una tendencia global mucho más conservadora, que lleva a los países a prever déficits energéticos y a definir políticas muy duras y agresivas para garantizar su seguridad energética. Eso es lo que debemos hacer en Chile. Parte del problema con Argentina se debe a que no tenemos una posición de equilibrio. Debemos generar un contrapeso. ¿Cómo podemos generarlo? Primero, con el proyecto de GNL desarrollado por la Enap. La Oposición criticó a ese proyecto y señaló: “Que la Enap no se meta en eso”, o “¿cómo la Enap va a entrar en el negocio?” Sin embargo, de aquí a dos o tres años ese proyecto puede ser una fuente de contrapeso esencial.
Otra fuente de contrapeso es el proyecto Aisén. Debemos generar todas las condiciones para que se ejecute.
Asimismo, debemos garantizar el plan de inversiones presentado por la ministra, porque no está asegurado. Las empresas están atrasadas en sus planes de inversión y en sus ejecuciones y están cometiendo errores en la presentación de sus proyectos. Además, sobre esa base, piden que se bajen ciertas exigencias en los marcos ambientales, que es lo que está haciendo la central Guacolda . Si se accediera a ello, vamos a tener una fila de parlamentarios de los sectores agrícolas quejándose por la lluvia ácida que va a afectar los recursos de las zonas que representan. ¿Eso es lo que queremos?
Seamos sensatos, canalicemos una buena decisión y asumamos que Chile no ha tenido una política energética eficaz desde hace mucho tiempo. Debemos hacernos cargo de eso. La Concertación también debe asumir que ha tenido debilidades en esta materia. No obstante, ahora tenemos tiempo para reaccionar y para desarrollar proyectos energéticos. Se requiere el apoyo estratégico del Estado para desarrollar la investigación en biocombustibles, la geotermia y otras energías no renovables que no son convencionales.
Por lo tanto, es prioritario que garanticemos el plan de inversión que ha planteado el Gobierno.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , el país atraviesa por un cuadro de inestabilidad en el suministro de gas y, por ende, de inestabilidad energética. Dicho cuadro afecta el suministro de gas residencial y comercial, que es de alrededor de 1,7 millones de metros cúbicos diarios, y la producción eléctrica. En consecuencia, se afecta el desarrollo productivo del país.
Chile importa el 72 por ciento de su matriz energética y consume alrededor de 48 mil gigavatios hora, con una potencia instalada de 12 mil megavatios. En el Sistema Interconectado del Norte se consumen 3.600 megavatios, de los cuales el 99 por ciento es de generación térmica: carbón y ciclo combinado, gas natural o diesel. Dicho sistema abarca desde Arica hasta Taltal . El norte recibe 6,6 millones de metros cúbicos por día. Por lo tanto, se ha visto afectado gravemente por la escasez de suministro de gas, en especial durante el invierno, lo que provoca grave incertidumbre y obliga a las generadoras a utilizar carbón o diesel. Con ello, el costo se incrementa de 40 a 200 dólares el megavatio hora, esto es, cuatro veces más.
Con el gas natural el país ha ahorrado alrededor de 600 millones de dólares en el Sistema Interconectado del Norte Grande desde 1997 a 2004, y 1.500 millones de dólares en el Sistema Interconectado Central.
La minería consume el 33 por ciento de la energía eléctrica, esto es, 16 mil gigavatios. El 10 por ciento del costo del cobre es energía.
El país depende del gas argentino. Se consumen más de 20 millones de metros cúbicos al día y alrededor de 8 mil millones de metros cúbicos al año. El gas que falta es caro, pero la energía que falta es más cara aún.
El protocolo de 1997, firmado entre Chile y Argentina, donde se establecen las normas que regulan la interconexión gasífera y el suministro de gas, inició la construcción de los gasoductos y una inversión de 5.500 millones de dólares en nuestro país.
La crisis financiera de Argentina de 2001 y 2002, la pérdida de convertibilidad y las medidas del gobierno para impedir el incremento de precio de los servicios básicos, incluido el gas, provocó un aumento de la demanda de gas interna de Argentina, una sustitución de la energía por gas y un desincentivo de las inversiones en exploración. Eso ha provocado también que hoy Argentina tenga gas sólo para ocho años. Con esos antecedentes, ¿qué podemos negociar con ese país?
En 2004 comenzó la desviación del gas, disminuyendo el envío a Chile. Argentina dictó la resolución N° 264, mediante la cual suspendió las exportaciones de los excedentes de gas natural. Se restringió la exportación de gas a Chile, por lo que se incumplió el artículo 7° del Protocolo Sustitutivo, en el que se establece el principio de no discriminación, es decir, que en el caso de déficit de gas, los cortes debían ser proporcionales al suministro. Creo que el Gobierno fue débil al permitir estas conductas.
El 29 de junio de 2006, Néstor Kirchner y Evo Morales firmaron un convenio de venta de gas -Argentina consume alrededor de 7,7 millones metros cúbicos diarios- y le aumentó el precio de 3,2 a 5 dólares el millón de BTU, lo que equivale a 30,3 metros cúbicos de gas natural. Por consiguiente, a partir de 2007 se van a indexar los precios de acuerdo con el precio internacional del petróleo y del gas, y se agregó una cláusula para no poder redistribuir gas a terceros países, entre los cuales está Chile.
Aquí se ha transgredido el derecho internacional y a la OMC. El Gobierno también ha sido débil en este aspecto.
Pido al Gobierno que disminuya la incertidumbre en el suministro de gas, que asegure el gas residencial y comercial, que equivale sólo a 1,7 millones de metros cúbicos diarios, y que los nuevos impuestos al gas no sean retroactivos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , hemos escuchado argumentos a favor y en contra, pero quiero reforzar lo planteado por el diputado Insunza , en el sentido de que nuestra política energética no es algo que podamos abordar con frases cliché o livianas, sino con la seriedad y la altura de miras con que el país espera que en esta Cámara abordemos la materia.
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo en Argentina se toman medidas de un día para otro, en forma muy fácil, y todos sabemos las implicancias que tendrán en ese país. Por ello, entendemos no sólo cuánto nos afectan a nosotros, sino por qué no se pueden adoptar dichas medidas en el contexto internacional. Por lo tanto, en esto hay que ser muy responsables.
Se nombró a Magallanes en varias ocasiones, especialmente en la exposición que realizó la ministra de Minería y Energía. En este breve tiempo, sólo quiero reforzar el rol que cumple la Empresa Nacional del Petróleo en nuestra política energética.
Hemos sido testigos de anuncios que todos celebramos, como las exploraciones en los yacimientos de gas del lago Mercedes, y del interés de muchas empresas transnacionales que quieren invertir en la zona. Al respecto, nuestra preocupación radica en cómo fortalecer a una empresa del Estado, de modo que las inversiones sean correctas, y anticipar los problemas que puedan surgir, a fin de no perder, como Estado, el control sobre la explotación del gas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En el tiempo del comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , el problema de fondo no es la política exterior, sino la escasez energética, en torno a la cual ha girado el debate del G8 en los días previos.
Al respecto, es necesario que asumamos que el gas tiene un rol importante en nuestra matriz energética. ¿Que fue una buena o una mala decisión? Probablemente, como se ha dicho aquí, fue buena, y hasta hoy sigue siéndola, por economía, por efectos ambientales, en fin. Ha sido el camino correcto, pero, como en todo camino, existen riesgos y hay que enfrentarlos.
El diputado Leal dijo que han sido 9 mil millones de dólares los que se han ahorrado en estos años como consecuencia de la incorporación del gas a nuestra matriz energética. Sin embargo, la situación cambió en Argentina, porque está procurando solventar sus necesidades de abastecimiento energético interno. Ante esa situación y las actitudes de sus autoridades, que hemos considerado desafortunadas, los gobiernos de la Concertación han aplicado las medidas adecuadas y hecho los planteamientos que corresponden. Así, en su momento, se representó diplomáticamente al gobierno argentino el problema que estaba generando la crisis del gas. Eso es lo que corresponde que haga un gobierno; eso es política responsable: decir las cosas donde hay que decirlas y a través de los mecanismos adecuados. En la actualidad, contamos con un mecanismo de coordinación que nos permite administrar la crisis del gas. Estamos en una crisis, pero no energética; en Chile no hay crisis energética, sino de gas, y tenemos que avanzar en su solución.
Aquí se le pide al Gobierno que invoque los protocolos, que recurra a la OMC, que se retire del Mercosur, etcétera. ¿Por qué los privados no han adoptado medidas judiciales en función de los contratos, ni en Chile, ni en Argentina, ni ante ningún organismo internacional? Porque sigue siendo un buen negocio; porque hasta hoy, incluso con las alzas, el gas es un estupendo negocio para los empresarios chilenos.
La histeria, el uso fácil del lenguaje chovinista, populista y nacionalista de la Derecha sólo busca cinco minutos de televisión. Es bueno decirlo, porque eso no corresponde a una política de Estado. Una política de Estado se refleja en lo dicho por la Presidenta de la República : el desafío de Chile, hoy, es lograr su independencia energética. Ésa es la tarea que tenemos todos los chilenos y que está conduciendo la Presidenta de la República .
No se puede pretender, como lo hace la Derecha -me sorprenden las declaraciones de los diputados que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores-, que la relación con nuestros vecinos se conduzca a patadas y con amenazas. Así no se llevan las relaciones exteriores; así no se dirige la política exterior de un país. A nada nos conduce el descontrol y la neurosis que la Derecha nos ofrece como camino. Los gobiernos serios son aquellos que dicen las cuestiones que se deben decir donde hay que decirlas. Por eso, nuestra Presidenta de la República se reunirá, en los próximos días, con los jefes de Estado de esos países y hará los planteamientos que tiene que hacer.
Finalmente, llamo a la Derecha a ser responsables y patriotas, por cuanto lo que está en juego es nuestra política exterior y nuestra seguridad energética.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En el tiempo del comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, quiero decir que concordamos plenamente con las palabras de la ministra Poniachik, en el sentido de que el aumento del precio del gas, por parte de Argentina, no nos pone frente a una crisis, sino ante un desafío.
La situación que hoy vivimos ha puesto en evidencia nuestra importante dependencia energética del exterior, y en el caso del gas natural, de un solo país proveedor.
Como todos sabemos, este combustible no existe localmente y las dificultades políticas y económicas externas se reflejan en la disponibilidad de importación desde países cercanos. Se entró en una suerte de inclinación por la monodependencia, en lugar de apostar por la diversificación de las fuentes de abastecimiento. Los temores actuales encuentran aquí una de las explicaciones del problema, ya que es complejo establecer el grado de dificultad que el suministro presentará en el futuro. Lo que sí está claro, es que hay un quiebre en las confianzas y un desafío que el país debe enfrentar.
Dicho desafío se centra en la seguridad de suministro incorporada a las señales de precios, la importancia de la diversificación de la matriz energética y de proveedores dentro y fuera del país, las reservas de seguridad, la multilateralidad, los sistemas de seguimiento de mercados y de contingencias, la utilidad de los swaps energéticos y la necesidad de ajustes en la normativa interna para facilitar los acuerdos internacionales.
El Presidente Lagos planteó algunas iniciativas, como traer gas licuado desde el exterior y la implementación del programa País Eficiencia Energética, dependiente del Ministerio de Economía, que busca una asociación público-privada de consumo eficiente de energía.
Ante la situación actual, nuestro Gobierno reconoce explícitamente la vulnerabilidad del sistema eléctrico, la mala calidad del gas trasandino y el comportamiento poco transparente del gobierno de Kirchner, que ensombrece los propósitos integradores de ambos países, por cuanto se ha generado un clima de desconfianza. Tardíamente se reacciona cuando es poco lo que puede hacerse, fuera de adoptar un plan de contingencia para superar la coyuntura.
En consecuencia, el Gobierno deberá, en primer lugar, asegurar la energía para que el país siga funcionando, pero, al mismo tiempo, tendrá que conseguir que el sector productivo consuma de manera más eficiente y en armonía con el medio ambiente, lo que implica un cambio tecnológico y cultural.
Lamentablemente, en Chile aún no hay conciencia real de los problemas medioambientales y se sigue contaminando de manera irresponsable.
Para el período 2006-2008 ya se han fijado algunas actividades: la discusión de una ley de eficiencia energética, la elaboración de un programa de regulación, normas, certificación, reconversión de edificios y parque industrial e innovación tecnológica, al cual es fundamental agregar la educación y la sensibilización de la población en todos los niveles.
En síntesis, el Gobierno deberá continuar impulsando el desarrollo, cuestión que implica velar por la diversificación del abastecimiento energético, facilitar el ingreso de nuevas alternativas competitivas, el desarrollo de la energía geotérmica y las centrales hidráulicas e iniciar la discusión respecto de las centrales nucleares.
En suma, los radicales pensamos que en el marco de una estrategia de desarrollo distinto, el desafío al cual hoy nos enfrentamos, la política energética nacional, debería considerar los siguientes ejes: Reorientar la política de relaciones internacionales en función de una mayor y mejor integración con países que tienen disponibilidad energética, como Bolivia, Venezuela y Argentina; recuperar el rol estratégico del Estado en la planificación, inversión y construcción de la matriz energética nacional; diversificar la matriz energética con la incorporación de otros recursos abundantes, como el carbón, o la construcción de centrales hidroeléctricas de pasada y la prospección de fuentes alternativas, como las energías geotérmica, solar, eólica y otras.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , después de escuchar con mucha atención a los colegas de Izquierda y a la señora ministra, podemos concluir satisfechos que el único error que cometió el Gobierno es haber dejado la llave de paso al lado argentino, porque allá cierran cuando quieren.
La cuestión se ha centrado, y se dice, en que éste es un problema de izquierda o uno de derecha, como si no fuera de todos los chilenos.
Si esta situación se llega a solucionar, espero que la señora ministra y los diputados de Izquierda digan: “Todos los chilenos y todos los diputados cooperaron en la solución.”. Porque cuando se trata de algo grave, el problema es de la derecha, de la UDI, de Renovación Nacional, etcétera. ¡Claro, ahí es problema nuestro! Cuando ellos se ven acorralados, nos echan la culpa. Pero cuando hay éxitos, sólo les corresponden a ellos. Eso lo está captando la gente, pues lo está viendo.
También podemos concluir en esta sesión que nos estamos adelantando en esta materia, porque ayer la Presidenta de la República dijo que en dos años más se solucionará el problema energético.
En consecuencia, me gustaría saber sobre la base de qué programa su excelencia la Presidenta de la República nos dice que en dos años no vamos a tener más problemas.
Me gustaría tener una bola mágica para saberlo, porque, a lo mejor, estamos perdiendo el tiempo con esta discusión. Quizás tienen la solución en la mano y no la han querido dar a conocer.
¿Cuál ha sido el error de Chile? Que jamás ha exigido el principio de reciprocidad. Con Argentina no sólo existe el problema del gas. Para ir a ese país se debe sacar un seguro especial que Chile no exige; además, si una persona viaja más de seis veces al año a Argentina, su nombre aparecerá en rojo en el computador de las aduanas, porque la toman como sospechosa. ¡Y nos quejamos de un problema que se veía venir desde hace mucho tiempo!
En verdad, no tenemos solución. Curiosamente, los diputados de la izquierda están felices porque las casas tendrán gas. La gente podría estar “calentita”, pero como no tendrá trabajo, tampoco dispondrá de dinero para comprar gas, que se necesita para las empresas que producen y dan empleo en este país. Entonces, no nos ceguemos y digamos que se trata de un problema de izquierda o de derecha, porque debemos analizarlo con seriedad y responsabilidad. Sin duda, la principal responsabilidad la tienen quienes gobiernan. Ellos han defendido con mucha fuerza que la conducción de las relaciones exteriores le corresponde al Gobierno, entonces, que lo haga bien y no nos deje empantanados en el problema que hemos tenido durante el último tiempo.
Se dice que las cuentas no van a subir, pero ello ocurrirá. Curiosamente, cuando el Gobierno quiere “sacarse el pillo”, le dice a la empresa privada, como ha tenido tantas utilidades, que baje sus precios, que no cobre más, porque ahora le toca perder plata. Ésa no es la solución. La empresa privada toma sus cosas y se manda a cambiar. Seamos honestos. El Gobierno es el que debe estudiar cómo va a suministrar gas.
Además, no todas las empresas son de personas de Derecha. De hecho, las principales son españolas y están avaladas por el Partido Socialista, pero se afirma que gente de la Derecha es dueña de las empresas telefónicas, bancos y concesionarias. Además de tenernos sin gas, están vendiendo el país. ¡Qué curioso! Capaz que también se culpe a la derecha de ello.
Entonces, digamos las cosas por su nombre. ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Qué le exigirá Chile a Argentina? ¡No nos dejemos pisotear más, porque este país no está para eso! Cuando una nación firma un Tratado, debe respetarlo, y quien no lo hace, falta a su palabra. La misión del Gobierno es que respeten la palabra empeñada y su firma en estos convenios internacionales.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, creo que hemos tenido un buen debate. Sin embargo, hay que refrescar la memoria de algunos señores diputados.
El Tratado de Integración con Argentina se discutió en la época en que todos pensábamos que las buenas relaciones con ese país permitían no sólo la integración gasífera, sino también la minera, y fui el único parlamentario que, por otras razones, votó en contra de su aprobación. Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y la Concertación se pronunciaron favorablemente. Entonces, después de la guerra, todos son generales.
A algunos parlamentarios les ha faltado una visión más de país. Si se revisa con seriedad y prolijidad la discusión que se llevó a cabo en esa ocasión, no me cabe la menor duda de que nadie previó lo que se iba a producir a partir de 2004. De manera que debemos ser muy responsables. En ese sentido, ésta es una responsabilidad de país.
Por eso, a mi juicio, la oposición y el Gobierno deben enfrentar juntos esta difícil situación. Entiendo que tenemos la principal responsabilidad, pues estamos gobernando, y si la oposición no nos acompaña, podemos salir adelante, aunque esta situación no es de responsabilidad directa del Gobierno.
Por último, quiero señalar algunas cosas muy relevantes para los consumidores residenciales.
Como se puede observar en el gráfico que los señores diputados observan, la línea roja corresponde al costo promedio del balón de gas licuado y la azul al de gas natural comprimido, que es lo que reciben los consumidores durante los últimos años.
El precio de venta promedio que pagan los usuarios es 10,6 dólares por millón de BTU.
El precio de venta promedio que pagan los consumidores residenciales fluctúa entre 20 dólares -cifra que cobra Intergas en el sur- y 31,8 dólares por millón de BTU, que cobra Gas Sur en el centro de algunas ciudades. Es decir, existe una gran diferencia.
¿Qué significan estas cifras? Que los consumidores residenciales pagan hace mucho tiempo tarifas que superan los 20 dólares por millón de BTU, en circunstancias de que el costo del millón de BTU era de 1 ó 2 dólares y ahora va a llegar a 4 ó 5 dólares.
En la distribución de energía, particularmente de gas natural comprimido residencial, los consumidores han pagado más de diez veces el valor de costo de las empresas que lo suministran. Por esa razón, y no otra, los diputados Dittborn , Lorenzini y quien habla planteamos la posibilidad de regular el precio y al sector, dada esa tremenda diferencia. Esa es también la razón de las empresas para no subir el valor del gas residencial en los próximos meses, no obstante esta brusca variación de precios.
El proyecto de acuerdo que presentamos señala que es fundamental que el Ministerio de Economía y las autoridades pertinentes investiguen los grados de integración en la industria del gas domiciliario, por ejemplo, entre Metrogas y el proveedor de su producto sustituto - Gasco , Abastible-; al parecer habría verdaderas integraciones verticales y horizontales. Nadie ha hecho referencia a ello, a pesar de que se indica en el proyecto de acuerdo, que espero sea aprobado.
Solicitamos que se investigue este hecho para defender no sólo a las empresas, sino que, especialmente, a los consumidores residenciales que mes a mes pagan su cuenta.
Sin duda, es necesario diversificar la matriz energética para tener seguridad en esta área y promover una política de ahorro de energía y uso eficiente de la misma.
En todo caso, hay que ser consecuente en la vida, y eso demando de los diputados de la UDI y de Renovación Nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al primero.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 164, de los señores Mulet, Rossi, Encina, Valenzuela, Leal, Sule, Venegas, don Mario; Duarte, de la señora Goic, doña Carolina, y de los señores Latorre y Silber.
“Considerando:
Que, desde hace más de dos años, el Gobierno de la República Argentina ha tomado una serie de medidas que, en los hechos, implica incumplimiento en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) a las em-
presas chilenas, afectándolas en forma gravosa, como también a los consumidores del país, además de mantener incertidumbre en el abastecimiento de ese combustible;
Que, con ello, ha violado reiteradamente el cumplimiento de sus compromisos comerciales suscritos con empresas y el Estado chileno;
Que, lo anterior, se ha visto continua y sucesivamente agravado, ya que, de la discriminación en el volumen de gas entregado se pasó a la del precio, pues al impredecible volumen de gas se le han aplicado tributos discriminatorios; y
Que la situación es tan grave que, incluso, la República Argentina acaba de decretar que los vehículos con patentes extranjeras en sus zonas fronterizas tendrán el precio del combustible de su país de origen, si es más caro que el interno.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Manifestar su más profundo malestar por los continuos y reiterados cambios en las reglas del juego que la República Argentina hace en materia energética, lo que constituye un inaceptable trato discriminatorio a empresas y consumidores chilenos;
2. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
a) El Gobierno de Chile adopte todas las acciones que el marco de los acuerdos suscritos con la República Argentina le permiten y el derecho le otorga para revertir la situación, no descartando ninguna de las medidas que el Derecho Internacional le confiere para defender los intereses del país, y
b) Se refuercen todas aquellas iniciativas gubernamentales tendentes a aminorar los efectos de los incumplimientos contractuales trasandinos, tales como los programas de promoción de energías limpias o de eficiencia energética, como, asimismo, haga presente el trámite de urgencia a las mociones que existen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para viabilizar legalmente el uso de energías limpias.
3. Requerir al Ministro de Economía que defina las bases que permitan un desarrollo sano y competitivo del sector gas en Chile, y
4. Instar al Fiscal Nacional Económico a fin de que investigue si existen los adecuados niveles de competencia en el negocio del gas residencial. Deberá fiscalizar, especialmente, los grados de integración vertical u horizontal del negocio.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va dar lectura al proyecto de acuerdo N° 165.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 165, de los diputados señores Forni, Correa, Barros, Monckeberg, don Nicolás; Álvarez, García, don René Manuel; Dittborn, Salaberry, Cardemil, de la señora Cubillos, doña Marcela, y de los señores Aedo, Palma, Masferrer, Galilea y Vargas.
“Considerando:
Que el conflicto del gas, provocado por el Gobierno argentino, se ha traducido en restricciones del suministro y la aplicación de impuestos discriminatorios, más la reciente decisión de las autoridades transandinas de extenderlos a otros combustibles, como la bencina para vehículos con patente chilena en la frontera. Sin duda, esto afecta gravemente las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina. Las acciones de las autoridades chilenas sólo han pretendido ‘desgasificar’ las relaciones bilaterales entre ambos países, lo que no ha prosperado y, una vez más, la diplomacia nacional fracasa, como producto de la ingenuidad en su relación con su par argentino.
Que esta ingenuidad diplomática demostrada por los gobiernos de la Concertación de los Partidos por la Democracia, que lamentablemente ha perjudicado seriamente la economía del país, es el resultado de no haber considerado elementos esenciales en el momento de firmar algún tipo de acuerdo con la República Argentina. Uno de ellos, es la inseguridad jurídica a la que se ve expuesto Chile, por la absoluta inobservancia del principio de no discriminación contenido en el Protocolo Gasifero de 1995.
Que es incomprensible las razones del Gobierno para no considerar las prácticas del vecino país, que, sin duda, hacían previsible el incumplimiento de sus compromisos con Chile.
Que, cuando se suscribe un convenio internacional, la política exterior debe, en primer lugar, privilegiar los intereses nacionales por sobre cualquier otra cosa. Es por ello que no se entiende el porqué no se ha logrado establecer con el Gobierno argentino un dialogo dirigido en esa dirección y no haber ejercido las acciones de Derecho Internacional que a Chile competen, protegiendo de esta forma los intereses nacionales.
Que, al profundizar en esta crisis, el Gobierno argentino ha establecido nuevos impuestos a la exportación de gas natural -ya anunciados, pero aún no decretados-, derivados de:
El Acuerdo de suministro de Argentina y Bolivia, que supone un alza del 56% en el precio del gas boliviano exportado a ese país, el que será traspasado a Chile a fin de que los cargadores chilenos paguen el sobrecosto total asociado a la diferencia entre el valor de compra acordado con Bolivia y el precio interno argentino.
La Aduana argentina, que estaría analizando incrementar la base de cálculo de las retenciones del 20% que afecta a las exportaciones de gas natural -que rigen desde 2004-, y aplicar esta medida con efecto retroactivo. Cálculos preliminares indican que, de implementarse esta medida con efecto retroactivo, el costo país, como producto del cambio de criterio de la Aduana, sería aproximadamente de trescientos cincuenta millones de dólares.
El impuesto al valor agregado (IVA) sobre los fideicomisos que se encuentran constituidos para la ampliación de la capacidad de transporte en Argentina, que afectaría a los cargadores chilenos sin poder hacer uso de esta mayor capacidad.
Nuevas restricciones introducidas por la autoridad argentina, que dificultan el uso del mecanismo de los Swaps de gas natural con combustibles alternativos por parte de cargadores chilenos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1. Exija al Gobierno argentino, sin renunciar a ninguna vía, el cumplimiento del principio de ‘No Discriminación’ que contiene el tratado, de forma que la demanda residencial/comercial de Chile tenga una protección idéntica a la de los clientes de dicho sector en Argentina.
2. Comprometa al Gobierno argentino a que los impuestos de retención sean iguales para todos los países clientes, no permitiendo así un trato discriminatorio.
3. La Cancillería chilena evalúe el uso de todos los mecanismos diplomáticos e internacionales para exigir el respeto y el cumplimiento de los acuerdos y los contratos existentes con Argentina y la no discriminación arbitraria hacia Chile.
4. Demande al Gobierno argentino terminar con las alzas de impuestos a las exportaciones del combustible que pretenden, por esa vía, subsidiar a los consumidores argentinos frente a los aumentos en el precio del gas boliviano.
5. Obligue, por todos los mecanismos jurídicos necesarios, que las retenciones del 20% que afectan a las exportaciones de gas natural argentino hacia Chile -y que rigen desde 2004- se mantengan en el monto ya pagado por este concepto.
6. Imponga la no aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los fideicomisos que se encuentran constituidos para la ampliación de la capacidad de transporte de gas hacia Chile, que afectarían a los cargadores nacionales sin poder hacer uso de esta mayor capacidad. Establecer ese impuesto significaría un gravamen adicional al que se aplicará para cubrir el sobrecosto del gas boliviano.
7. Requiera al Gobierno argentino de no promulgar en forma unilateral disposiciones que sigan aumentando las restricciones y los gravámenes ya impuestos a los productores exportadores de gas y que, por el contrario, cualquier modificación que afecte a este sector se realice en conjunto con las autoridades chilenas correspondientes.
8. Que el Gobierno implemente un programa real y efectivo de ahorro energético a los mayores consumidores de Chile.
9. Informe a la Cámara de Diputados sobre las medidas tendentes a impulsar el desarrollo de nuevas formas de generación de energía, entre ellas, la energía nuclear, con la finalidad de abandonar la dependencia actual existente, en este sentido, con otros países.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Hay dos diputados que no han votado.
Se agregarán los votos de los señores Vargas y Espinoza, que no alteran el resultado de la votación.
Se ha rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 166.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 166, de los diputados señores Aedo, don René; García, don René Manuel; señora Herrera, doña Amelia; y señores Sepúlveda, don Roberto; Errázuriz, don Maximiano y Jaramillo, don Enrique:
“Considerando:
Que, hoy día, el país atraviesa por un cuadro de inestabilidad en el suministro de gas, por ende, en una inestabilidad energética que afecta al gas residencial, comercial e industrial, lo que, en consecuencia, redunda en la generación eléctrica y en el desarrollo productivo del país, y
Que la disminución del suministro de gas, especialmente en el norte de Chile, como consecuencia de las dificultades que ha tenido Chile con el Gobierno de la República Argentina, ha afectado a las empresas generadoras y ha aumentado en forma importante sus costos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, con carácter de urgente:
1. Disminuya la incertidumbre en el suministro de gas natural;
2. Asegure el suministro de gas residencial y comercial;
3. Establezca que los nuevos impuestos de gas de importación no adquieran el carácter de retroactivos;
4. No imponga restricción ni impuesto a la transferencia de gas por territorio argentino y que permita los Swaps;
5. Prorrogue los nuevos permisos de exportación de gas que tienen vencimiento;
6. Determine mecanismos transparentes de precios en relación con los del gas proveniente de Argentina y Bolivia;
7. Exija que cualquier modificación del precio y restricciones de gas deberán ser consultadas con las autoridades chilenas.
8. Disponga una matriz energética, implementando facilidades para instalar GNL en el norte de Chile y una matriz hidráulica en el sur del país.
9. Lleve a cabo negociaciones de gas con Bolivia -que tiene grandes reservas de gas-, sin comprometer la soberanía del mar.
10. Instituya un protocolo de integración energética regional.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.22 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de julio de 2006.
Con motivo de la Moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Incorpórase en el Código del Trabajo el siguiente artículo 152 bis, nuevo:
“Artículo 152 bis.- Tratándose de los trabajadores de los Cuerpos de Bomberos que vivan en dependencias de su empleador, les será aplicable la norma contenida en el inciso segundo del artículo 149 de este Código.
El descanso entre jornadas diarias podrá ser interrumpido cuando estos trabajadores deban concurrir a un acto de servicio o emergencia relacionado con sus funciones, debiendo el empleador compensar adecuadamente ese lapso otorgando un tiempo de descanso en la jornada diaria siguiente.
Tratándose de los cuarteleros conductores de los Cuerpos de Bomberos que no vivan en dependencias de su empleador, su jornada de trabajo no podrá exceder de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esa jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella. Con todo, dicho descanso podrá ser interrumpido en los mismos casos y bajo las mismas condiciones previstas en el inciso anterior.”.”.
Adjunto la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo que modifica el “Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de Suecia”. (boletín. Nº 4325-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y sin urgencia, aprobatorio del tratado internacional que modifica el “Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Suecia”, promulgado en el orden interno por el decreto supremo N° 1.369, de 1995, y publicado en el Diario Oficial del 22 de diciembre del mismo año.
La modificación de dicho Convenio tiene por objeto principal actualizar sus disposiciones conforme a los cambios introducidos en la legislación chilena o sueca respecto de los beneficios de seguridad social que pueden impetrar los trabajadores nacionales de Chile o Suecia adheridos a los respectivos regímenes previsionales.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos reglamentarios se hace constar:
1° Que las disposiciones del acuerdo internacional en trámite inciden en el ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores, chilenos y suecos, por lo que su aprobación requiere de quórum calificado, al tenor del inciso segundo del Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política.
También se hace constar que este tratado no contiene normas de rango orgánico-constitucional ni de aquéllas que deban ser conocidas por la H. Comisión de Hacienda.
2° Que el proyecto fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes, señores: Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Flores, don Osvaldo , y Quintana Leal, don Jaime , y Tarud Daccarett, don Jorge .
3° Que Diputado Informante se designó, por la misma unanimidad, al H. Diputado don Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Büchi .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1° El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha informado que dentro de la política que ha animado al gobierno de Chile en los últimos períodos, se encuentra el interés de otorgar una protección previsional a los trabajadores que por diversos factores han debido emigrar desde nuestro país, Por ello se han suscrito, principalmente en la última década, numerosos convenios de seguridad social con otros Estados.
Agrega que dentro de este espíritu general, y teniendo presente la existencia de una numerosa colonia de chilenos residentes en Suecia (42.396), es que el 13 de marzo de 1995, Chile y Suecia celebraron el Convenio cuya actualización los Gobiernos han decidido en las materias que se pasan a reseñar. Cabe hacer notar que los suecos residentes en el país, eventualmente beneficiarios de estas normas internacionales, son 1430.
^@#@^2° Los Convenios de Seguridad Social, como el que se modifica, permiten que los trabajadores de los países que los celebran puedan reconocer los períodos de cotización previsional efectuados en conformidad a las leyes internas respectivas. En el caso de Chile, específicamente, se hace posible la aplicación de la legislación relativa a prestaciones de salud, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; nuevo sistema de pensiones administrado por las AFP y el INP. En Suecia, se hace posible la aplicación de análoga legislación.
III. RESEÑA DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONVENIO DE 1995.
El articulado de estos Convenios es, en lo sustancial, el mismo en todos ellos. Los principios jurídicos en que se fundan han sido universalmente reconocidos y reiterados en los diversos tratados bilaterales vigentes en el país.
Las modificaciones que se introducen al Convenio vigente, inciden en lo sustancial, en las materias siguientes:
1° A su aplicabilidad se agrega el “seguro de cesantía”, en el caso de Chile, y, en el caso de Suecia, se agregan:
-el “seguro por enfermedad con compensación por enfermedad y compensación por actividad”;
-las “pensiones de garantía y pensiones de jubilación basadas en los ingresos”, y
-las “pensiones de sobrevivencia así como la “subvención de sobrevivencia para hijos” (artículo 1).
2° Se agrega una norma que dispone que en caso que una Institución competente chilena requiera un examen médico adicional en el otro Estado Contratante y que sean de su exclusivo interés, dicho examen será financiado de acuerdo con la legislación chilena, mecanismo aplicable a los trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual (artículo 2).
Según lo señalado por la Subsecretaria de Previsión Social, señora Lisette García Bustamante , esta disposición significará en la práctica, que en el evento que algún compatriota deba asumir dicho costo, este variará entre un 0% y un máximo de 20% del valor y no como hasta ahora, en que el costo siempre es de un 50%.
3° Se agregan nuevos componentes y formas de cálculo a las nuevas nomenclaturas de pensiones de compensación por garantías, comprendidos los beneficios otorgados con ocasión de la violación a los derechos humanos o de la violencia política durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, los cuales no serán considerados como pensiones y no afectarán la pensión de garantía de las pensiones suecas (artículo 3).
La misma señora Subsecretaria indicó que esta modificación permitirá que nuestros compatriotas radicados en Suecia y que perciben pensiones reparatorias, no sean afectados por descuentos a los beneficios previsionales otorgados por la legislación sueca.
4° Se agrega una norma que permite a los beneficiados por la legislación sueca, ser considerados imponentes del régimen provisional que administra el Instituto de Normalización Provisional (INP) (artículo 4).
La señora Subsecretaria informó que esta modificación permitirá que las personas que se encuentren aseguradas debido al trabajo que ejercen o a la pensión que perciben, conforme a la legislación sueca, puedan ser consideradas como actuales imponentes del régimen previsional que les corresponda en Chile, para acceder a beneficios de acuerdo a las leyes que regulan los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y
5° Se contempla una norma especial de vigencia de este nuevo acuerdo, en virtud de la cual la aplicación de estas modificaciones no reducirá los beneficios concedidos a una persona ante de su entrada en vigor, manteniéndose los beneficios según hayan sido fijados conforme al Convenio en actual vigencia (artículo 5).
IV. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO.
Al término de su estudio, la Comisión decidió proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de Suecia, firmado en Estocolmo, Suecia, el 13 de marzo de 1995”, suscrito en la misma ciudad, el 12 de diciembre de 2005.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 18 de julio de 2006, con asistencia del H. Diputado Jorge Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); Allende Bussi , doña Isabel ; Alvarez - Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Forni Lobos, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Flores, don Osvaldo , y Quintana Leal, don Jaime .
Sala de la Comisión, a 18 de julio de 2006.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Kast , Martínez , Olivares , Paredes, Vallespín , Verdugo y de la diputada señora Ximena Varcarce .Fija edad mínima para postular a un premio nacional. (boletín N° 4352-04)
“Considerando:
1. Que un Premio Nacional constituye un galardón que debe representar la culminación de largos años dedicados, exitosamente, a una especialidad determinada;
2. Que, sin perjuicio de los méritos que debe ponderar el jurado al otorgarlo, un mínimo de edad debe ser un requisito objetivo para postular a dicho premio;
3. Que si bien es cierto, puede ocurrir que una persona comience muy temprano a cultivar una disciplina determinada y, por tanto, siendo relativamente joven pueda considerarse que ya tiene méritos suficientes, es preferible fijar en los 50 años la edad mínima para postular a un Premio Nacional, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Para postular a un Premio Nacional, será requisito indispensable tener a lo menos 50 años de edad el día en que dicho premio se discierna por el jurado.
Moción del diputado señor Errázuriz .
Modifica la ley N° 15.718, que creó el Instituto de Chile. (boletín N° 4353-04)
“Considerando:
1. Que la ley N° 15.718, de 1964, cuya última modificación tuvo lugar en 1982, creó el Instituto de Chile, constituido por las academias chilenas de la Lengua, de la Historia, de Ciencias, de Ciencias Sociales, de Medicina y de Bellas Artes;
2. Que se hace necesario introducirle modificaciones que, si bien pueden aparecer como formales, son necesarias para evitar que el Instituto pueda verse perjudicado. Así, por ejemplo, no basta la renuncia de un consejero sino que ésta debe ser aceptada por el directorio para que produzca efecto. Del mismo modo, es conveniente establecer que aún vencido el plazo de tres años que duran los directores, mientras no se verifique una nueva elección continúan en sus cargos y pueden adoptar acuerdos válidos. De igual forma, es importante señalar que en caso de que el Instituto reciba una herencia, deberá hacerlo con beneficio de inventario, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguiente modificaciones a la ley N° 15.718, de 1964, que crea el Instituto de Chile:
1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 5° por el siguiente:
“Los consejeros delegados durarán tres años en el cargo y podrán ser designados para nuevos períodos sucesivos. No obstante, mientras no se efectúe una nueva elección, seguirán en sus cargos y podrán adoptar acuerdos válidos. Cesarán en sus funciones directivas por renuncia aceptada por el directorio, por remoción dispuesta por la academia respectiva y por inasistencia a cinco sesiones consecutivas o quince en el período de un año calendario sin causa justificada, a juicio del Consejo.
2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 8° por el siguiente
“El presidente del Instituto de Chile tendrá la representación legal de este organismo y estará especialmente encargado de ejecutar los acuerdos, del Consejo y facultado para delegar sus atribuciones, salvo la del número 1, del artículo 10, en funcionarios de su dependencia.
3) Sustitúyese la letra b) del artículo 12 por la siguiente:
“b) Donaciones, herencias o legados con que se le beneficie. En el caso de las herencias, éstas deberán ser aceptadas siempre con beneficio de inventario, y”
Moción de los diputados señores Ascencio , Araya , Burgos , Ceroni , Leal , Silber , Walker , y de las diputadas señoras Carolina Goic y Laura Soto . Modifica la ley Nº 16.665, sobre reconstitucion de inscripciones en registro de conservadores de bienes raices. (boletín N° 4354-07)
Antecedentes.
La ley Nº 16.665 establece un procedimiento para la reconstitución de inscripciones en registros de Conservadores de Bienes Raíces. Asimismo, hace extensiva esa normativa para todos los registros señalados en el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales y da normas para la reconstitución de escrituras públicas.
Pues bien, cuando se verifican sucesos lamentables, como la ocurrencia de un incendio en la oficina de un Conservador, las consecuencias que siguen de ese hecho suelen ser catastróficas, especialmente cuando guardan relación con las inscripciones de pequeñas propiedades raíces.
En efecto, generalmente, estos hechos suceden en localidades pequeñas donde los respectivos oficios no cuentan con todas las medidas de seguridad de las que sería deseable disponer para la protección de registros de esta naturaleza y, como hemos señalado, se afecta con estas situaciones muy sensiblemente a personas de escasos recursos que tienen en su propiedad raíz el único patrimonio. Así se ha suscitado, por ejemplo, en el caso de la comuna de Quinchao, donde el incendio del edificio de servicios públicos emplazado en Achao ha provocado la pérdida de la documentación que guarnecía en el Conservador de esa localidad.
Ahora bien, aún cuando la ley Nº 16.665 establece un procedimiento de reconstitución que no está exento de complejidades y costos, entendemos su necesidad por la relevancia de dar certeza jurídica.
Sin embargo, creemos necesario que tal como se ha legislado recientemente para situaciones excepcionales, como lo fue el caso de la ley Nº 20.094, o el proyecto recientemente despachado por esta Cámara de Diputados que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales (Boletín Nº 3.804-14) en este caso preciso, cual es la reconstitución de inscripciones de dominio de pequeñas propiedades, resulta atendible eximir del pago de los derechos arancelarios del Conservador respectivo, de manera de facilitar el proceso de regularización de las propiedades. Máxime cuando los usuarios del sistema no tienen ninguna responsabilidad en la pérdida de las inscripciones respectivas.
Atendido lo anterior, se ha estimado, con un afán sistemático que la norma transitoria propuesta fije como límite para esta exención el mismo valor que para una propiedad significa su exención del pago de contribuciones. En otros términos, se trata de propiedades habitacionales hasta un monto de avalúo de $ 14.655.788 y de bienes raíces agrícolas hasta un avalúo de $ 5.306.642. (Los valores antes mencionados están en pesos al 1° de enero del 2006).
Todo lo anteriormente señalado se refuerza por el hecho de que, por regla general, las instituciones que tienen por objeto la asistencia jurídica gratuita de los sectores con menos recursos, operan con privilegio de pobreza sólo dentro del contexto de un trámite judicial.
Atendidas todas las consideraciones señaladas precedentemente, y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República, es que venimos en formular el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Agrégase un inciso segundo al artículo 19° de la ley N ° 16.665, que dice lo siguiente.
“Sin perjuicio de lo anterior, las reconstituciones, inscripciones o anotaciones que se efectúen en los oficios de Notarios, Conservadores y Archiveros , con motivo de la aplicación de la ley Nº 16.665, estarán exentas del pago de los derechos arancelarios que correspondan, cuando se trate de propiedades habitacionales o bienes raíces agrícolas que se encuentren exentos totalmente del pago del impuesto territorial a que se refiere la ley Nº 17.325.”
Moción de los diputados señores Meza , Aedo , Duarte , Girardi , Jarpa , Montes , Palma , Robles , Saffirio y Roberto Sepúlveda .Sobre regularizacion de excedentes de costos de los planes de Isapres. (boletín N° 4355-11)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República, lo previsto por la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que el sistema de salud chileno es de libre competencia.
2. Que dicho sistema puede ser utilizado por el cotizante tanto en el área publica como en la privada.
3. Que el descuento legal es de un 7% del sueldo imponible del cotizante, el cual puede variar cuando el cotizante solicita un programa de mayor valor al que estipula la ley N° 19.381.
4. Que debido al pago de bonos, bonificaciones y otros emolumentos, los excedentes de este 7% son descontados por las Isapres o Fonasa .
5. Que Según el Artículo 32 Bis, de la ley N° 19.381, éste regula que toda vez que se produjeren excedentes de la cotización legal en relación con el precio del plan convenido, en los términos a que se refiere el inciso siguiente, esos excedentes serán de propiedad del afiliado e inembargables, aumentando la masa hereditaria en el evento de fallecimiento, a menos que el afiliado renuncie a ellos y los destine a financiar los beneficios adicionales de los contratos que se celebren conforme al artículo 39 de esta ley.
Para los efectos de determinar los excedentes a que se refiere este artículo -agrega el inciso segundo-, se considerará como cotización legal la percibida por la Institución y aquélla que haya sido declarada, aun cuando no se haya enterado efectivamente.
Los excedentes que se produjeren incrementarán una cuenta corriente individual que la Institución deberá abrir a favor del afiliado, a menos que el cotizante renuncie a ella y prepacte con la Institución de Salud Previsional que los eventuales excedentes que se produzcan durante la respectiva anualidad sean destinados a financiar un plan de salud que otorgue mayores beneficios.
El inciso cuarto añade que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, el saldo acumulado en la cuenta corriente podrá ser requerido por el afiliado o beneficiario sólo para los siguientes fines:
1) Para cubrir las cotizaciones en caso de cesantía;
2) Copago, esto es, aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado;
3) Para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato, y
4) Para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias.
El inciso quinto agrega que las partes establecerán los mecanismos necesarios a fin de determinar el modo cómo se utilizarán los excedentes.
A su turno, el inciso sexto prescribe que al momento de celebrarse el contrato de salud o en sus sucesivas adecuaciones anuales, el monto de los excedentes a destinar a la cuenta corriente individual no podrá ser superior al 10% de la cotización legal para salud, calculada sobre el monto promedio de los últimos tres meses de la remuneración, renta o pensión, según sea el caso, sin perjuicio del tope legal establecido.
Por su parte, el inciso séptimo señala que los fondos acumulados en la cuenta corriente se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y devengarán como mínimo el interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6°, de la ley N° 18.010. El reajuste y el interés deberán ser abonados cada seis meses en la cuenta corriente por la respectiva Institución de Salud Previsional. Por su parte, la institución podrá cobrar al afiliado por la mantención de la cuenta corriente, siempre y cuando el saldo de ésta sea positivo.
En seguida, el inciso octavo establece que, con todo, cuando por cualquier causa se ponga fin a un contrato, la institución deberá entregarle al afiliado, en un plazo máximo de 30 días contado desde el término, una liquidación en que se detalle el monto de lo acumulado en la cuenta abierta por ella a su favor, debidamente actualizado. Igual liquidación deberá ser puesta en conocimiento del afiliado con a lo menos 60 días de anticipación al cumplimiento de la anualidad, a fin de que éste elija el destino que dará a sus excedentes en el próximo período, debiendo dejarse expresa constancia en el contrato de su decisión.
Los excedentes producidos durante la respectiva anualidad que no sean utilizados por cualquier causa, se acumularán para el período siguiente.
El inciso final añade que en el evento en que se ponga término al contrato de salud y el interesado se incorpore a otra Isapre, deberán traspasarse dichos fondos a la respectiva Institución de Salud Previsional. Si el interesado decide, a partir de ese momento, efectuar sus cotizaciones en el Fondo Nacional de Salud, los haberes existentes a su favor deberán ser traspasados a dicho fondo.
Que, en la práctica algunas Isapres se niegan a incorporar estos excedentes en la cuenta de libre disposición del cotizante y lo “obligan” a aceptar un convenio que “entrega mayores beneficios a cargo de estos excedentes que se produzcan durante el periodo de cotización.”
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese en la ley Nº 19.381, la parte final del inciso 5º del artículo 32 bis, pasando el punto aparte a constituir punto seguido, lo siguiente:
“En todo caso, se prohíbe pactar la renuncia anticipada y permanente a la devolución de los excedentes, los que siempre deberán ser utilizados para los fines indicados en este artículo.”
Moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Araya , Ascencio , Díaz del Río, Mulet , Ojeda , Olivares , Sabag , Venegas y Walker . Modifica el Código del Trabajo resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones. (boletín Nº 4356-13)
I. INTRODUCCIÓN:
El principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres goza de una larga historia de reconocimiento jurídico a nivel supranacional. Este principio fue reconocido por primera vez en un tratado internacional, en la parte octava del Tratado de Paz de Versalles , de fecha 28 de junio de 1919. Posteriormente, tuvo un especial reconocimiento en el Preámbulo del Tratado que constituyó la Organización Internacional del Trabajo en el año 1940 y de ahí en adelante ha sido reiteradamente reconocido en una serie de pactos y convenciones internacionales, entre los que destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948; el Convenio Nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 29 de junio de 1951, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de fecha 19 de diciembre de 1966.
En el ámbito del derecho comunitario europeo el principio de igualdad de remuneraciones o de retribución tiene un reconocimiento expreso en el artículo 141 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). El inciso 1 del art. 141 TCE establece textualmente que: “Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor”.
II. DISCRIMINACIÓN EN CIFRAS:
Numerosos estudios muestran la discriminación laboral entre hombres y mujeres y específicamente en sus remuneraciones.
En ella se advierte que las mujeres perciben, en promedio, un 75,1% del ingreso de los hombres. Según la encuesta de remuneraciones y costos de la mano de obra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al año 2001, la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres alcanza al 31,1%, es decir, por cada $ 1.000 que gana un hombre, una mujer gana $ 689 por igual trabajo, lo que es a todas luces injustificado.[1] La encuesta refleja, asimismo, que en algunos sectores de la economía, la relación de porcentaje de ingreso es menor, como ocurre en el comercio y los servicios de utilidad pública en que sólo llega a un 55,2% y 61,5%, respectivamente.[2]
Con respecto a la variable etárea no existen estudios que permitan llegar a tener una visión global de la discriminación en las remuneraciones. No obstante, la Investigación “Jornada de Trabajo en el Sector Comercio”, realizada por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo , muestra que en el caso de los hombres el promedio de ingreso de los menores de 30 años es de $ 187.051 y en los mayores de esa edad alcanza a $ 271.503.
Chile presenta leves avances en políticas contra la discriminación en materia de remuneración de la mujer, destacó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La tasa de participación femenina en el mundo laboral crece sostenidamente, pero persisten problemas discriminatorios
La razón principal de la disparidad de ingresos estaría provocada por el inferior capital humano de la mujer y las trayectorias intermitentes de su carrera profesional, sin embargo, la disparidad de género en la educación se reduce y en muchos casos la escolaridad de mujeres supera la de los hombres.
En general todos los países a nivel mundial consignan adelantos en materias de ingresos de las mujeres comparados a los de los hombres. En América Latina los mayores avances tuvieron lugar en Paraguay, con un 19% de mejoramiento; Colombia , con 14%; y en niveles más modestos figuran Chile, con 5%, y Ecuador con 1%, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La hora de la igualdad en el trabajo”.
Sin embargo, el análisis entrega un minucioso detalle de las situación de discriminación que aún perdura, pese a que las mujeres representan cerca del 45% de los trabajadores de comercio y el 49% en el ámbito profesional y técnico.
En consideraciones de carácter global sobre las causas de esta situación, el informe de la OIT puntualiza que se estima como factor determinante de las desigualdades de remuneración por razón de sexo, la restricción o la prohibición legal (en algunos países) de que la mujer trabaje en horas extraordinarias o con horario nocturno.
Otro factor está relacionado con la idea que la contratación de mujeres implica un costo alto.
En estos costos -de acuerdo con el estudio- se incluyen las prestaciones de protección de la maternidad; el ausentismo supuestamente mayor de las mujeres; su menor disposición para trabajar horas extra; su compromiso e interés menores para con el trabajo y una movilidad más restringida en relación con la de los hombres.
Sin embargo en una visión más allá de estos argumentos, el estudio indica que la discriminación de la mujer en el ámbito laboral pasa asimismo por una “falta general de comprensión de la diferencia entre los conceptos igual remuneración por trabajos iguales o similares, e igual remuneración por trabajos de igual valor”.
Estos elementos constituyen factores negativos “que perpetúan de alguna forma la desigualdad en materia de remuneración”. Incluso -agrega el documento- las tasas salariales y las escalas de sueldos desiguales, una vez establecidas, pueden aplicarse para desfavorecer los niveles de ingresos de las mujeres.
III. EL CONVENIO 111 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO:
El Convenio N° 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo y ocupación, de fecha 25 de junio de 1958, ratificado por Chile con fecha 20 de septiembre de 1971, especifica la noción de discriminación en el desarrollo de un trabajo subordinado, señalando en su artículo 1 que ésta comprende: “a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”.[3]
Esta definición es importante, pues en ella se aclara que, para estar comprendida dentro de los términos del Convenio, la discriminación debe tener la consecuencia de anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato. No se trata tan sólo de evitar la discriminación a fin de garantizar a todas las personas la posibilidad de obtener empleo, sino también evitar las dificultades que pudieran afectar a los trabajadores para obtener un empleo mejor a ascender a otro de jerarquía superior. Se adopta, por lo tanto, como criterio las consecuencias objetivas de las medidas discriminatorias, situación que permite afirmar que las discriminaciones indirectas y fenómenos tales como la segregación profesional están dentro del ámbito de aplicación del Convenio.
IV. DERECHO CHILENO.
1. No discriminación laboral en la Constitución:
En términos generales, son tres las normas constitucionales que fijan el marco a partir del cual se estructura el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en Chile. En primer lugar, debe hacerse referencia al artículo 1º de la Constitución, con el que comienza el capítulo de las Bases de la Institucionalidad, el cual dispone que: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Esta norma es indudablemente de gran importancia, puesto que fija una línea conductora sobre la materia al establecer un concepto prescriptivo de la persona, como ser libre e igual.9 Por su parte, el mismo artículo 1º en su inciso final establece el deber del Estado de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. En segundo lugar, corresponde citar el artículo 19 N° 2 de la Constitución, el cual, dentro del capítulo referido a los derechos y deberes constitucionales, asegura a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados, no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley (inciso 1). Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias (inciso 2)”.
Ahora bien, debe tenerse en consideración que el principio de igualdad no precisa qué es lo que es igual, sino que va directamente al resultado, es decir, lo que es igual debe ser tratado igual, a contrario sensu, lo que no es igual puede ser tratado desigualmente. De este modo, el principio de igualdad ante la ley corresponde, junto con su sentido tradicional de generalidad de la ley, a una igualdad sustantivamente justa, esto es, que admite diferencias fundadas en motivos razonables o plausibles.11
En el plano estrictamente laboral, la Constitución reconoce expresamente el derecho a la no discriminación en su artículo 19 N° 16. Esta disposición establece que se asegura a todas las personas:
“La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. Como señala Costa,12 del tenor de este precepto se pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre la prohibición de discriminación y el derecho a la libertad de trabajo, pues esta prohibición aparece como una clara protección de aquella libertad. Por otra parte, cabe destacar que el artículo 19 N° 16 inciso 3 de la Constitución particulariza el principio de igualdad del artículo 19 N° 2 en materia laboral. Como señalan acertadamente Lizama y Ugarte , pese a su ubicación en la geografía constitucional, dentro del numerando 16 del artículo 19, no cabe duda que esta disposición no es más que una manifestación particular del principio jurídico de igualdad (artículo 19 N° 2), cuya incorporación en el citado número de la libertad de trabajo se explica más bien por la materia que, en rigor, por su contenido. De esta manera, el numeral 16 fija una regla fundamental, toda vez que le otorga rango constitucional al principio de no discriminación en materia laboral y, por lo tanto, todas las normas de nuestro sistema jurídico deben ajustarse a esta disposición, sin perjuicio que, además, considera a la discriminación laboral como un ilícito a nivel constitucional. Asimismo, el artículo 19 N° 16 amplía el alcance de esta prohibición de discriminación al extenderla no sólo a la ley y a las autoridades públicas, sino que también a los particulares, lo que es naturalmente propio de las relaciones jurídicas a que da lugar el trabajo subordinado. Finalmente, debe destacarse que el constituyente ha entendido ampliamente el derecho a la no discriminación, lo que se manifiesta en la circunstancia de no haber introducido una enumeración o enunciación de criterios de diferenciación injustificados o arbitrarios, sino que ha excluido, con bastante acierto, cualquier motivo o criterio que no se base en la capacidad o idoneidad personal, esto es, prohíbe cualquier criterio de diferenciación carente de fundamentación objetiva y razonable, sin perjuicio de que la ley pueda exigir, en determinados casos, la nacionalidad chilena o ciertos límites de edad. De esta manera, el constituyente nacional ha dado un paso adelante frente al método seguido por el Convenio 111 de la OIT y por otros instrumentos internacionales, en los que la prohibición de discriminación va estrechamente asociada a la enunciación explícita de criterios de diferenciación prohibidos, tales como la religión, el sexo o la raza.
Debemos recordar que nuestro país ha ratificado el Convenio N° 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, de 1951, por lo que, considerando lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución y lo recién expuesto, no cabe duda sobre el reconocimiento y obligatoriedad de este principio y de la necesidad de concretar más profundamente en la práctica las obligaciones que la ratificación de este instrumento internacional conlleva.
2. No discriminación en el Código del Trabajo:
El artículo 2 del Código del Trabajo en su nueva redacción -luego de las últimas modificaciones legales- concretiza la prohibición de discriminación en el trabajo consagrada en la Constitución Política y declara, en su inciso 2, que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. A continuación, el inciso 3 define los actos de discriminación como aquellas “distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato” en el ámbito laboral. Pero esta redacción no ha solucionado el problema ni solucionado las cifras, que revelan la desigualdad.
En el fondo, creemos que se requiere el reconocimiento expreso de este derecho.
Este derecho consagrado en la legislación internacional, y nacional en sus ámbitos constitucional y legal, se encuentra carente de garantías efectivas, concebidas como dispositivos jurídicos efectivos para corregir tal discriminación.
Esta situación genera claramente una desprotección, falta de tutela, o más bien, la impunidad del discriminador laboral por género. Tenemos un derecho sin dispositivo jurídico de protección, y al decir de un antiguo jurista, “un derecho sin tutela es un hazmerreír jurídico”.
Esto viola el artículo 2 del Convenio N° 100 de la OIT, dispone que: “1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 2. Este principio se deberá aplicar por medio de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios.”
Es por ello que pensamos que debería estar consagrado expresamente el derecho de los trabajadores a una igual remuneración sin distinción de sexo, con criterios claros para establecer tal discriminación (cargo, igualdad de condiciones, o funciones de la misma naturaleza), como derecho individual y colectivo, sancionarlo así con la multa residual del art. 477 del Código del Trabajo.
Asimismo, se establece la obligación del empleador de informar acerca de los cargos y números de personas que los desempeñan, a efectos de facilitar la prueba de las denuncias e infracciones.
Por lo tanto , venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Agrégase el nuevo Artículo 62 bis del Código del Trabajo:
Artículo 62 bis.- “En materia de remuneraciones deberá aplicarse el principio de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor.
Para estos efectos, todo empleador con cinco o más trabajadores deberá mantener un registro escrito que consigne los diversos cargos o funciones ejercidos por sus trabajadores, designando el número de personas que los desempeñan y señalando los nombres de quienes actualmente los ejercen.
Este registro estará a disposición de cualquiera de sus trabajadores y del inspector del trabajo competente”.