Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Javier Hernandez Hernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- DESARCHIVO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ELIMINAR FACULTAD DE INDULTAR.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Raul Sunico Galdames
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- FACULTAD A COMISIONES PARA SESIONAR FUERA DE LA SEDE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Modificación del artículo 203 del Reglamento.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Manuel Rojas Molina
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO EN MATERIA DE BONIFICACIÓN AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Duarte Leiva
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Eugenio Tuma Zedan
- INDICACIÓN
- FACULTAD A COMISIONES PARA SESIONAR FUERA DE LA SEDE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Modificación del artículo 203 del Reglamento.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUMENTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LA LEY N° 19.968. (Votación).
- DEBATE
- CONTROL DEL TRANSPORTE TURÍSTICO POR SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Recondo Lavanderos
- Pablo Galilea Carrillo
- Gonzalo Arenas Hodar
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Osvaldo Palma Flores
- Alfonso Vargas Lyng
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Amelia Herrera Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LA LEY N° 19.968. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- DETENCIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS EN BARCELONA. Oficio constitucional.
- DEBATE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE LA COMUNICADORA Y FOLCLORISTA DE PUERTO MONTT DOÑA MAFALDA MORA ACUÑA. Oficio.
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE TEMPORAL EN PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN Y DE ARAUCO. Oficios.
- CUESTIONAMIENTO A CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BICENTENARIO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
- FALTA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE ILLAPEL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
- RETRASO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE SAN FELIPE. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE ESTAFA COMETIDA POR EMPRESA DE TURISMO DE VALPARAÍSO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- PETICIÓN PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INCUMPLIMIENTO POR AUTORIDADES ARGENTINAS DE COMPROMISOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL. Oficio.
- PATROCINIO DEL EJECUTIVO A MOCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE MATERNIDAD EN ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- HOMENAJE A LA COMUNICADORA Y FOLCLORISTA DE PUERTO MONTT DOÑA MAFALDA MORA ACUÑA. Oficios.
- HOMENAJE : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO A INTEGRANTES DE COMITÉ VILLA SAN BERNARDO, COMUNA DE FRESIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS. Oficios.
- DETENCIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS EN BARCELONA. Oficio constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Claudio Alvarado Andrade
- Roberto Delmastro Naso
- Marcelo Diaz Diaz
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Ivan Moreira Barros
- Jorge Tarud Daccarett
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Maria Isabel Allende Bussi
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Rosauro Martinez Labbe
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Sergio Bobadilla Munoz
- Julio Dittborn Cordua
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Felipe Ward Edwards
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Sergio Bobadilla Munoz
- Julio Dittborn Cordua
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Felipe Ward Edwards
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Aguilo Melo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Ramon Farias Ponce
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Raul Sunico Galdames
- Marcelo Diaz Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Manuel Monsalve Benavides
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 47ª, en martes 11 de julio de 2006
(Ordinaria, de 11.09 a 14.49 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Autorización a Comisión Especial para sesionar simultáneamente con la Sala 11
- Desarchivo de proyecto de reforma constitucional para eliminar facultad de indultar 11
- Permiso constitucional 11
V. Orden del Día.
- Facultad a Comisiones para sesionar fuera de la sede de la Cámara de Diputados. Modificación del artículo 203 del Reglamento 13
- Modificación del Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. Primer trámite constitucional. (Continuación) 30
VI. Proyectos de acuerdo 42
- Aumento de Tribunales de Familia y modificación de procedimiento de la ley N° 19.968. (Votación) 43
- Control del transporte turístico por Servicio Nacional de Turismo 44
VII. Incidentes.
- Detención de ciudadanos chilenos en Barcelona. Oficio constitucional 47
- Homenaje en memoria de la comunicadora y folclorista de Puerto Montt doña Mafalda Mora Acuña. Oficio 48
- Medidas para paliar efectos de temporal en provincias de Concepción y de Arauco. Oficios 49
- Cuestionamiento a construcción del puente Bicentenario por el ministro de Obras Públicas 50
- Falta de suministro de agua potable en la comuna de Illapel. Oficio 51
- Retraso de construcción de consultorio de salud familiar en comuna de San Felipe. Oficios 51
- Antecedentes sobre estafa cometida por empresa de turismo de Valparaíso. Oficio 52
- Petición para tratar proyecto de acuerdo 53
- Reconocimiento a los funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Oficio 53
Pág.
- Incumplimiento por autoridades argentinas de compromisos de suministro de gas natural. Oficio 54
- Patrocinio del Ejecutivo a moción sobre protección de maternidad en ámbito de la educación superior. Oficios 55
- Estudio de factibilidad para construcción de aeródromo en la Región Metropolitana. Oficios 55
- Homenaje a la comunicadora y folclorista de Puerto Montt doña Mafalda Mora Acuña. Oficios 56
- Investigación por incumplimiento de contrato a integrantes de Comité Villa San Bernardo, comuna de Fresia. Oficio 57
- Información sobre concesión de construcción de establecimientos hospitalarios. Oficios 58
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. (boletín N° 4321-07) 60
2. Modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (boletín N° 4322-07) 69
3. Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Viña del mar, Chile, el 26 de enero de 2006. (boletín N° 4323-10). 75
4. Oficio de S. E. la Presienta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana, y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. (boletín N° 4321-07) 79
5. Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple” para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (boletín N° 4322-02) 79
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “modificación al Párrafo 4 de las Reglas de Financiación, anexas a los Estatutos de la Organización Mundial de Turismo, adoptada mediante resolución 422 (XIV), de 2001, en la decimocuarta Asamblea General de la Organización”. (boletín N° 3896-10) 80
7. Segundo informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en el proyecto que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Corporación con el objeto de permitir que las comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede de la Cámara de Diputados. (boletín N° 4200-16) 80
Pág.
8. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en dos proyectos de reforma constitucional que establecen la obligatoriedad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición. (boletines N°s 3682-07 y 1737-07) 82
9. Moción de los diputados señores Forni, Alvarado, Delmastro, Díaz, don Marcelo; Egaña, Jarpa, Moreira, Tarud, Uriarte, y de la diputada señora Allende, doña Isabel, que establece una excepción a la inhabilidad establecida en el artículo 54, letra b), de la ley de bases de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al Servicio Exterior. (boletín N° 4313-06) 90
10. Moción de los diputados señores Jiménez, Accorsi, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, Farías, Sule y Súnico, que establece una reforma constitucional que elimina el N° 7 del artículo 57 de la Carta Fundamental, permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado. (boletín N° 4314-07) 91
11. Moción de los diputados señores Leal, Encina, Martínez y Rossi, que modifica la ley General de Servicios Eléctricos para fomentar el desarrollo de energías renovables no convencionales. (boletín N° 4315-08) 92
12. Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Bobadilla, Dittborn, Lobos, Norambuena, Uriarte, Ward, y de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 18.168, de telecomunicaciones, para establecer medidas de publicidad e información en la instalación de antenas de telefonía. (boletín N° 4316-15) 99
13. Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Bobadilla, Dittborn, Lobos, Norambuena, Uriarte, Ward, y de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley general de urbanismo y construcciones, para establecer un límite máximo de altura de las antenas de telefonía móvil. (boletín N° 4317-14) 100
14. Moción de los diputados señores Jiménez, Aguiló, Enríquez-Ominami, Farías y Sule, que dictas normas que protegen a los deudores hipotecarios obligados a contratar seguro de desgravámen, estableciendo que el riesgo se asume por toda la vida del asegurado sin importar su edad. (boletín N° 4318-03) 101
15. Moción de los diputados señores Sunico, Díaz, don Marcelo; Espinoza, Latorre y Monsalve, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, eximiendo de responsabilidad al conductor y otro por infracciones al transporte de carga. (boletín N° 4324-15) 103
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Palma, don Osvaldo, por el cual solicita el desarchivo del proyecto, del cual es autor, sobre “reforma constitucional para eliminar la facultad de indultar en los casos establecidos en el artículo 32 N° 16, de la Constitución Política de la República, archivado el 20 de agosto de 2002 (boletín N° 2173-07).
- Del diputado señor Sunico quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de julio en curso para dirigirse a Estados Unidos.
- Del jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Hernández reemplazará en forma permanente al diputado señor Rojas, en la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa.
2. Oficios:
- De la Comisión Especial Investigadora Encargada de Recopilar los Antecedentes Relativos a Intervención Electoral, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 13 de julio, de 11 a 13 horas, para informar sobre la materia.
Contraloría General de la República:
- Diputado Quintana, licencias médicas a funcionarios despedidos de Municipalidad de Vilcún.
- Diputado Becker, irregularidades del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Novena Región.
- Diputado Álvarez-Salamanca, pagos por cursos de capacitación de los profesores municipalizados de la comuna de Constitución.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Jarpa, instalación de sede de Escuela de Carabineros en Chillán.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Enríquez-Ominami, información de ese Ministerio con medios de comunicación.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Alvarado, instalación de retenes sector Alto de Castro, Rilán, islas Chelín y Quehui.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Jarpa, financiamiento para construcción de pasarela en sector Las Rosas, de Chillán.
- Diputado Martínez, cobros indebidos y situación de deudores de agua potable en Comuna El Carmen.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Galilea, cultivo de cerezos en provincia General Carrera.
- Diputado Ceroni, problema de endeudamiento de pequeños y medianos agricultores.
- Diputado Alvarado, proyecto financiado por el Fondo de Innovación Tecnológica, ejecutado por la Universidad Austral de Chile.
- Diputado Delmastro, problemas que afectan a los apicultores del sur del país.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Delmastro, pensión de vejez de don Luis Candia Garrido.
- Diputado Von Mühlenbrock, petición de jubilación de don Juan de Dios Bazaes Ramírez.
Municipalidad de Maipú:
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, hechos delictuales en villas de Maipú.
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, fiscalización al comercio ambulante ilegal en el sector céntrico de la comuna de Maipú.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Raúl Sunico.-
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Isidro Solis, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 42ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 43ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a la intervención electoral para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 13 de julio, de 11 a 13 horas, para informar sobre la materia, que fue lo que acordamos como modo de operar.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
DESARCHIVO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ELIMINAR FACULTAD DE INDULTAR.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala se accederá a la petición del diputado Osvaldo Palma para proceder al desarchivo del proyecto, del cual es autor, sobre reforma constitucional para eliminar la facultad de indultar en los casos establecidos en el artículo 32, N° 16, de la Constitución Política de la República, archivado el 20 de agosto de 2002.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Raúl Súnico para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 9 de julio en curso, a fin de dirigirse a Estados Unidos de América.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , una vez más, quiero pedir a la Mesa que la Comisión de Régimen Interno resuelva el tema de los permisos constitucionales.
En este caso, la razón de pedir votación no es para impedir el viaje del diputado Súnico, sino para evitar que se alteren los quórum con un viaje que, probablemente, durará menos de treinta días. Se piden treinta días, aun cuando se sabe que no se viajará durante todo ese tiempo, con el solo efecto de alterar los quórum durante el período en que el diputado estará ausente, que pueden ser cuatro, cinco o seis días.
La Cámara debe encontrar una solución a esta cuestión; es decir, no alterar los quórum durante viajes que, claramente, duran menos de treinta días. La Mesa y la Comisión de Régimen Interno tienen la responsabilidad de velar por esta situación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Aguiló para plantear un asunto reglamentario.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , es razonable el planteamiento del diputado Dittborn , pero cuando los viajes son por más de quince días y existe la probabilidad de que, por la pérdida de un vuelo o cualquiera otra razón, se exceda de treinta días, si no se pidió permiso puede hacérsele efectiva la causal de destitución del cargo. Ha ocurrido en el pasado; es parte de la historia de la Cámara.
Si el viaje dura tres o cuatro días, no tiene sentido pedir permiso constitucional; pero si se sabe que es por un plazo superior a quince días, implica un riesgo no pedirlo.
La Mesa debería tomar en consideración este criterio, tanto para diputados de Gobierno como de Oposición.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señores diputados, no hay debate sobre la materia. Aquí hay un asunto constitucional, pues la Carta Fundamental establece que si el viaje es por más de treinta días se debe pedir permiso constitucional.
Vamos a conversar al respecto en la Comisión de Régimen Interno.
Ahora, si un diputado sale sin permiso constitucional y, por razones involuntarias, se enferma, etcétera, y no puede regresar antes de treinta días, se verá enfrentado a dificultades.
Tiene la palabra el diputado García por un asunto reglamentario.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , esto nunca se había visto antes. Quiero que me aclare, con precisión, lo siguiente: Si un diputado debe ausentarse del país por más de treinta días durante la semana distrital o cualquier día en que la Cámara no sesione, ¿tiene usted facultad para autorizarlo?
Si fuese así, los diputados son muy honrados al solicitar ese permiso a la Sala, porque perfectamente podrían pedírselo a su Presidente .
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Sólo en la semana distrital, cuando están suspendidas las sesiones de la Cámara.
En votación la petición de permiso constitucional solicitada por el diputado Raúl Súnico para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de julio en curso.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Barros
-Se abstuvieron los diputados señores:
-La Mesa saluda la presencia en la tribuna de honor de una delegación de senadores de la Comisión de Política Exterior del Consejo de los Estados Suizos, encabezada por su presidente , el senador Philipp Stäheilen , y acompañada por el embajador de Suiza en Chile, señor André Régli .
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
FACULTAD A COMISIONES PARA SESIONAR FUERA DE LA SEDE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Modificación del artículo 203 del Reglamento.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de acuerdo que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Corporación, con el objeto de permitir que las comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede de la Cámara de Diputados.
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno , Administración y Reglamento es el señor Gonzalo Duarte.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Régimen Interno, boletín N° 4200-16. Documentos de la Cuenta N° 7, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de acuerdo, originado en moción de las diputadas señores Isabel Allende y Carolina Tohá , y de los diputados señores Renán Fuentealba , Carlos Abel Jarpa , Tucapel Jiménez , Antonio Leal , Roberto León , Fernando Meza , Jaime Quintana y Roberto Sepúlveda , que modifica nuestro Reglamento con el objeto de permitir que las comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede de la Cámara de Diputados.
Como se expresó en el primer informe, la idea matriz de la iniciativa dice relación con la posibilidad de que las comisiones puedan actuar con mayor flexibilidad, y para ello se busca crear el expediente reglamentario que les permita, mediante acuerdo, sesionar en otro lugar del territorio nacional, sin que estén obligadas a hacerlo sólo en el edificio sede en Valparaíso.
Se persigue reponer la norma que permitía el desplazamiento de las comisiones a cualquier lugar del territorio nacional, pues ello facilitaba la tarea de reunir antecedentes, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y adoptar acuerdos sin tener que esperar una ratificación posterior, cuestión que en estos años se ha demostrado como inherente al buen desempeño de estos distintos órganos de trabajo especializados.
Durante la discusión en general se valoró la idea de restablecer la posibilidad de que las comisiones puedan sesionar fuera del edificio sede, igualando su condición con la que actualmente tienen, reglamentariamente, las comisiones del Senado. Se destacó el hecho de que ello constituye un impulso extraordinario para acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía en general y estimular la participación del resto de las regiones.
Algunos diputados, sin embargo, manifestaron una opinión distinta sobre este asunto, en el sentido de que el Congreso Nacional es un poder del Estado que ejerce sus funciones en forma centralizada y que esta nueva modalidad no está encaminada a facilitar el trabajo legislativo, pues la mayor parte de los desplazamientos que se realizan son hacia la capital del país, lo cual en nada fortalece la participación del resto de las regiones. Sostuvieron que aunque el Senado tenga una forma de funcionamiento distinta a la de la Cámara de Diputados, respecto a la labor de comisiones, ésta no es la única diferencia, ya que también las hay en otros ámbitos del trabajo legislativo.
Finalmente, es necesario recordar que la iniciativa fue discutida y aprobada en general por el pleno de la Corporación en su sesión 36ª, celebrada el miércoles 14 de junio del año en curso.
Durante su discusión en particular, el diputado señor Manuel Rojas formuló una indicación cuyo objeto es obligar a que las decisiones que adopten las comisiones durante las sesiones que celebren fuera de la sede del edificio de la Corporación, en Valparaíso, deben ser ratificadas con posterioridad en la primera sesión que se realice en dicho recinto.
Durante el debate de la indicación se argumentó que ella contraviene la idea que inspira a la modificación reglamentaria, por cuanto establece, en los hechos, un tipo de sesiones de menor categoría, desde el momento en que los acuerdos adoptados en éstas deben tener un trámite de ratificación. Se afirmó que en ese esquema nada se habría avanzado en relación con lo existente y, por el contrario, burocratiza aún más el trabajo de las comisiones.
Se señaló además que, frente a una disposición de esta naturaleza, lo único que se logrará es que los integrantes de la comisión respectiva valoren poco los acuerdos alcanzados en su seno en las sesiones celebradas fuera de su sede, pues nada asegura que los mismos sean convalidados con posterioridad.
Por su parte, algunos diputados partidarios de apoyar la indicación formulada plantearon que con ella se subsana el hecho de que un número reducido de parlamentarios pueda circunstancialmente adoptar acuerdos que no representen las mayorías que componen estos organismos de trabajo y que, en muchos casos, pueden tener implicancias jurídicas o políticas de diversa índole. Afirmaron que el proceso de ratificación, en el edificio del Poder Legislativo, cumple, por una parte, con la exigencia de que los acuerdos se adopten en el lugar que por ley está fijado como su sede y, por otra, con que dichos acuerdos se logren con total independencia de los intereses locales que puedan alterar la imparcialidad de las resoluciones.
Cerrado del debate, se sometió a votación la indicación del diputado Rojas , rechazándose por 4 votos a favor y 8 en contra.
Para los efectos reglamentarios, en este segundo trámite se rechazó la indicación tendiente a eliminar, en el inciso segundo que se agrega al artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la expresión “y adoptar acuerdos”.
En consecuencia, en mérito de las razones expuestas, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo único.- Agréganse en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados los siguientes incisos segundo y tercero:
“Por acuerdo de la mayoría de sus miembros, las Comisiones podrán constituirse, sesionar y adoptar acuerdos en cualquier parte del territorio nacional, debiendo dar cuenta trimestralmente de la realización de estas sesiones a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Con todo podrán sesionar en una ciudad distinta de aquélla en la que la Cámara de Diputados celebre sus sesiones, sólo en días en que ésta no se reúna.”
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , para la UDI es lamentable que la indicación del diputado señor Manuel Rojas haya sido rechazada, puesto que pretendía establecer concordancia con una disposición constitucional. El Congreso Nacional no es un órgano descentralizado, sino centralizado y, en consecuencia, debe funcionar donde está instalada su infraestructura física, que es la sede que hoy ocupamos.
La Cámara de Diputados tiene su sede en Valparaíso, de manera que no nos parece una señal correcta que sus Comisiones puedan sesionar y adoptar todo tipo de decisiones en lugares distintos a éste.
Reitero que la propuesta del diputado señor Rojas pretendía hacer concordante la disposición legal, que establece que la sede del Congreso Nacional está en la ciudad de Valparaíso, con el hecho de que una Comisión no pueda adoptar acuerdos fuera de ella.
Durante años, las Comisiones han podido sesionar y adoptar acuerdos fuera de su sede, los cuales, con posterioridad, deben ser ratificados en la primera sesión que celebren en Valparaíso.
Ahora, el hecho de querer operar a través de Comisiones en ciudades distintas tiene un solo objetivo: trasladar una parte del Congreso a Santiago, sea por razones de comodidad, porque el Congreso Nacional fue instalado en Valparaíso por el Presidente Pinochet o por las que fueren. Lo que está claro es que se desea comenzar con un proceso de toma de decisiones en Santiago.
Me parece una mala señal, equívoca, y, si se quiere hacer mediante una vía indirecta, es mejor decirlo abiertamente. Si se pretende trasladar el Congreso Nacional, pónganse de acuerdo quienes lo desean, consigan los recursos fiscales y háganlo, pero no usen este subterfugio.
Por esa razón, vamos a seguir apoyando la propuesta del diputado señor Manuel Rojas, que es concordante con el funcionamiento del Congreso Nacional en la Quinta Región.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , la indicación del diputado señor Rojas nada tiene que ver con el espíritu de la moción que recoge este segundo informe.
La sede del Congreso Nacional se encuentra en Valparaíso. Eso está fuera de toda discusión; es así. Y el ejemplo más claro es que hoy estamos sesionado acá, en Valparaíso. La idea matriz de la iniciativa es facilitar el trabajo de las comisiones de la Cámara, tal como lo hace el Senado.
Hasta antes de la presentación de la moción podían sesionar fuera de la sede del Congreso Nacional en días distintos a los de las sesiones ordinarias de la Cámara. Eso facilitó la constitución de comisiones en regiones, lo cual fue muy apreciado por las organizaciones sociales, que tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con los parlamentarios y de presenciar sus sesiones públicas, lo que tiene un enorme valor para nuestra ciudadanía.
Lamentablemente, nuestra institución no es bien evaluada por la opinión pública. En parte, por responsabilidad nuestra, pero también porque la gente desconoce la función parlamentaria; desconoce cómo se tramitan los proyectos, que primero van a la Comisión, después a la Sala; que vuelven a Comisión, donde se presentan indicaciones; que vuelven a la Sala, que pasan después al Senado, etcétera. A mucha gente le parece que el trámite es demasiado lento, o bien no entiende los temas que se legislan en su momento.
¡Cuánto bien le haría al Congreso Nacional, que -repito- no goza de la mejor evaluación ciudadana, que las comisiones pudiesen sesionar en regiones! Eso lo acercaría a la gente y le permitiría un mejor funcionamiento.
Termino mis palabras recordándoles que la comisión que analiza el tratado de libre comercio con la República Popular China tiene fecha preestablecida para entregar su informe. Para cumplir a tiempo con su cometido, ha venido sesionando todos los lunes en Santiago, con la asistencia de 14 ó 15 parlamentarios por sesión. De no haberlo hecho así, no habríamos podido avanzar. Es decir, hemos sesionado los lunes, en Santiago, y los martes acá, en Valparaíso.
Con flexibilidad, como en el caso del ejemplo que he dado, se puede trabajar mejor; así podremos acercar el Congreso Nacional a las regiones y a la ciudadanía.
El argumento del diputado Ulloa es errado. Los autores de la moción no la hemos presentado con el subterfugio de trasladar el Congreso Nacional. A ella han adherido, y hoy lo hacen a esta posición, muchos diputados que no necesariamente están de acuerdo con el traslado de la sede legislativa. Repito, esta moción nada tiene que ver con el traslado del Congreso, sino con ser consistentes y coherentes con lo que hace el Senado y con lo que hacíamos hasta antes que una colega presentara este proyecto de acuerdo.
Les pido a los diputados que tengamos conciencia, que no confundamos los argumentos ni a la opinión pública y que seamos capaces de dar más flexibilidad para un mejor funcionamiento, más cercanía ciudadana y mayor transparencia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , me parece increíble esta discusión sobre un tema que deberíamos haber resuelto hace bastante tiempo. Está claro -tal como lo dijo la diputada Isabel Allende - que nadie quiere cambiar la sede del Congreso Nacional, desde acá, de Valparaíso. Eso lo estamos respetando.
Sin embargo, el Congreso pertenece y representa a todos los chilenos, y de acuerdo con los nuevos tiempos debe ser más dinámico y eficiente en su trabajo. El que las comisiones sesionen con toda la autoridad y competencia en regiones generará ese mayor dinamismo y permitirá que la tarea legislativa sea mucho más efectiva y eficiente, y tal como viene concebido el proyecto, esos objetivos se verán logrados, lo que en nada afectará -como se ha dicho- que la sede del Poder Legislativo permanezca en Valparaíso.
La indicación propuesta para que los acuerdos adoptados por las comisiones durante las sesiones que celebren fuera de la sede del edificio de la Cámara deban ser ratificados acá, en Valparaíso, es inaceptable. La idea es que las comisiones tengan plena autoridad, tal como la tienen cuando funcionan en la sede legislativa, con todas las facultades de obligar a estar presentes en las sesiones a los diputados que las integran y a las personas que citen.
Es una gran iniciativa y debiera ser apoyada con fuerza.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.-
Señor Presidente , muchos parlamentarios pensamos que un país descentralizado puede desarrollarse mejor. En nuestro caso, ícono de esta descentralización es la sede del Poder Legislativo en nuestra maravillosa ciudad de Valparaíso. Sin embargo, con la moción se pretende, si las comisiones funcionan fuera del puerto, trasladar el Congreso Nacional desde nuestra ciudad a Santiago.
Le pregunto a los diputados, sobre todo a la diputada Isabel Allende , dónde van a sesionar las comisiones de aprobarse esta iniciativa. Todos sabemos que, en su gran mayoría, lo harán en Santiago y no en regiones, como ha señalado ella.
Por lo tanto, a los diputados que quieren trasladar el Congreso Nacional a Santiago y centralizar el poder en la Región Metropolitana les pido que lo digan abiertamente y no sigan utilizando subterfugios ni trabajando de manera soterrada; díganle a los chilenos que no están de acuerdo con descentralizar nuestro país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , en lo personal, no tengo ningún problema con discutir el traslado del Congreso Nacional, en su mérito; siempre he estado abierto a esa posibilidad.
Entiendo que el proyecto no trata de eso; de manera que no es el tema. Sin embargo, encuentro curioso -por decir lo menos- el argumento esgrimido por la diputada Allende para hablar en favor del proyecto, cuyo objeto es permitir que las comisiones puedan celebrar sesiones en regiones. En efecto, el ejemplo que dio es que la Comisión de Relaciones Exteriores, que está estudiando el Tratado de Libre Comercio con China, ha funcionado muy bien en Santiago, pero no dijo que lo ha hecho sin necesidad de contar con el proyecto en estudio. O sea, de su argumentación no se concluye por qué es necesaria la iniciativa para que las comisiones funcionen en mejor forma fuera del edificio sede del Congreso Nacional.
Por otra parte, me preocupa el financiamiento del proyecto, porque su eventual aprobación redundará en un costo significativo debido al traslado de diputados, de secretarios de comisiones y de asesores a regiones. En el informe no veo ninguna estimación sobre el impacto que tendría en el presupuesto de la Corporación, sobre todo si esta modalidad se generaliza y se hace una práctica.
Por lo tanto, me gustaría que el diputado informante -en este momento no está en la Sala- o algún miembro de la Comisión diera a conocer si se discutió el impacto que tendría la aprobación del proyecto en el presupuesto de la Corporación, sobre todo si, como se pretende, se produce un funcionamiento masivo de las comisiones en regiones.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en efecto, la Comisión de Relaciones Exteriores ha funcionado bien en Santiago. Sin embargo, para que lo haga, se ha requerido adoptar un acuerdo ad referéndum, lo que me parece absurdo.
Es necesario hacernos cargo de las cosas en su mérito. Los autores del proyecto no hemos planteando el traslado del Congreso Nacional a Santiago, sino dar facilidades para el funcionamiento de la Cámara, de manera que las comisiones puedan sesionar en regiones.
Durante muchos años, fui parte de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, instancia que funcionó muy bien en regiones hasta que en la Cámara se registró una modificación reglamentaria que impidió proseguir con dicha práctica. Recuerdo que en diferentes oportunidades nos trasladamos a regiones, no todas las semanas, por cierto, sino cuando se requería, cuando era importante, cuando se trataba de asuntos que, en materia medioambiental, afectaban a la respectiva región. En ese entonces, el único costo que debía enfrentar la Cámara era el traslado del secretario, porque, como el colega Dittborn sabe, los diputados tenemos las facilidades para el traslado aéreo; por lo tanto, nos hacíamos cargo de nuestros gastos.
Fue muy positiva esa experiencia de sesionar fuera de la sede de Valparaíso, porque pudimos llegar directamente a diferentes lugares, lo que va en la línea de lo que proponemos en el proyecto. Por lo demás, es un procedimiento que se emplea en el Senado de la República. Hay que recordar que éste es un Congreso Nacional, que comprende a las dos cámaras.
Todo lo que pedimos es flexibilidad para sesionar en regiones; nada hemos dicho de trasladar el Congreso Nacional.
Por lo tanto, si los diputados, legítimamente, quieren oponerse, que lo hagan; pero llamo a que no usen un argumento errado. Los autores del proyecto no nos sentimos interpretados con su argumentación, porque nos están tergiversando.
Reitero: la sede del Congreso Nacional está en Valparaíso y nadie ha mencionado su traslado.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente , la moción que originó este proyecto de acuerdo surgió de una inquietud por la manera en que desarrollamos nuestro trabajo en el Congreso Nacional.
En la práctica, disponemos de dos tardes a la semana para el trabajo en las Comisiones. En ellas, solemos tener largas listas de proyectos que esperan ser discutidos, pero no hay tiempo para hacerlo. Muchas veces, en la Sala, las tablas no dan cuenta de la importancia de los temas que están esperando atascados en las comisiones, porque no se dispone del tiempo suficiente para trabajar.
Es en las comisiones donde realmente se discuten y modifican los proyectos, donde nos damos el trabajo de escuchar a la ciudadanía y los puntos de vista de cualquier chileno que tenga algo que aportar al debate de las materias que nos toca analizar.
Con la mano en el corazón, no creo que haya un solo parlamentario en el Congreso Nacional que pueda decir que el tiempo con que contamos para realizar nuestra labor sea suficiente; es extremadamente escaso. Cuando se intenta realizar sesiones especiales nos topamos con la dificultad de que los demás parlamentarios participan en otras comisiones, de las cuales también son titulares y a las cuales están obligados a asistir. Y cuando se buscan acuerdos para sesionar en días extraordinarios, como se hizo en el caso que mencionaba la diputada Allende , ello sólo se puede hacer si existe unanimidad en la comisión, pero los acuerdos que adopte no tienen ningún valor, porque cualquier diputado puede ponerlos en discusión al día siguiente.
En definitiva, nos estamos autoimponiendo una limitación a realizar un trabajo bien hecho.
Esto no tiene nada que ver con la discusión sobre si la sede del Congreso Nacional debe estar en Valparaíso o en Santiago. Si su sede fuera Santiago , el proyecto tendría el mismo valor. ¿Aceptaremos o no que las comisiones puedan funcionar en cualquier lugar los días en que no tengan sesiones ordinarias?
Si el Congreso Nacional estuviera ubicado en Santiago, estaríamos discutiendo este mismo tema, si se impidiera, por ejemplo, que los lunes una comisión pudiera hacer audiencias y adoptar acuerdos. Esto no tiene nada que ver con la sede del Congreso Nacional, que, por cierto, es un debate válido, pero no es el de hoy.
¿Por qué nos quejamos permanentemente respecto de que las urgencias del Gobierno nos impiden tramitar los proyectos realmente importantes? Porque no tenemos el tiempo suficiente para ello. Si dispusiéramos de más tiempo, el problema de las urgencias no sería tal.
Debemos empezar a hacernos cargo de los problemas y de la percepción pública de nuestro trabajo. Una de las maneras de enfrentarlo es generar las condiciones para que las comisiones tengan el tiempo necesario para trabajar, que se pueda hacer de tal manera que no se ponga en discusión la ubicación de la sede oficial del Congreso Nacional y que no se cite en forma simultánea a sesiones de comisiones y de Sala, sino que las comisiones acuerden sesionar en los días en que la Sala no funciona. Confío en que tendrán la sabiduría de hacerlo sólo cuando sea necesario y no simplemente por deporte.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , la intervención de la señora diputada me ahorra parte importante de lo que quería señalar.
Apoyo plenamente el objetivo que busca el proyecto de acuerdo al modificar el Reglamento, en especial porque hoy nos encontramos en una situación de menoscabo respecto del Senado. La diputada Allende se refirió claramente al punto hace un momento, a lo que se debe agregar que la Cámara cumple, no así el Senado, una función fiscalizadora. En reiteradas oportunidades, las comisiones deben cumplir funciones fiscalizadoras de determinados actos de Gobierno o, derechamente, deben constituirse en comisiones investigadoras.
Me parece muy relevante establecer en el Reglamento que las comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede sin requerir la unanimidad para ello.
Pongo un ejemplo de orden práctico. Enfrentamos un problema muy grave: el eventual cierre por etapas de la división El Salvador del yacimiento minero del mismo nombre, en la Región de Atacama. Obviamente, como presidente de la Comisión de Minería y Energía, pretendo que todos los miembros de la Comisión, en un proceso de evaluación que aún estamos realizando -no se trata de una comisión investigadora propiamente tal o con facultades investigadoras-, puedan desplazarse a la zona y conocer la realidad de una comuna y del campamento minero que se va a cerrar.
Creo que se han quedado en el pasado quienes ven detrás de esta iniciativa el intento de trasladar el Congreso a Santiago. Es un tema que hoy no está presente. Es cierto que lo intentamos hace algunos años, pero no está en la voluntad de las autoras y de los autores del proyecto volver atrás, sino hacer más regionalización o más desconcentración del Poder Legislativo, para llevarlo a otras regiones en caso de que sea necesario.
El fondo del asunto tampoco es el tema del dinero, de cuánto cuesta. Primero, debemos tener la facultad y, después, ver si hay o no recursos. Ojalá que no signifique más gastos. Como representante de una región, planteo la necesidad de que en algún momento, de ser necesario, comisiones del Congreso Nacional puedan estar presentes en mi región para tratar un determinado tema legislativo o algún otro que tenga que ver con el objeto de una comisión investigadora o con sus facultades investigadoras.
Creo que el proyecto de acuerdo es un avance notable, por lo que debiéramos aprobarlo hoy, pues no me cabe la menor duda de que es una manera de acercarnos a la ciudadanía e ir dejando atrás esa discusión añeja del traslado del Congreso, pues, en definitiva, nunca se produjo el ambiente necesario para un eventual traslado. En consecuencia, facilitemos la situación para movernos en los términos que señala la modificación del Reglamento.
Reitero: me interesa que la Comisión de Minería y, ojalá, otras puedan estar presentes en mi región cuando haya problemas, con la totalidad de sus miembros y no con uno o dos diputados. Me parece notable el avance que contiene el proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara, razón por la cual lo votaré a favor.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , felicito a los parlamentarios de la Concertación por haber reconocido que no es su intención trasladar el Congreso a Santiago y por haber señalado que ese tema ya no está en discusión, lo cual da mucha tranquilidad a la gente de regiones que creemos que el Congreso debe seguir funcionando en Valparaíso. (Por si alguien pudiera pensar que represento a la Quinta Región, debo aclarar que soy diputado por un distrito de la Novena Región).
Reitero, nos complace enormemente que toda la gente de la Concertación haya ratificado que el tema del traslado del Congreso ha quedado atrás, palabras que dan mucho alivio a nosotros, los regionalistas. Esperamos que esto se respete en el futuro.
Entrando de lleno al proyecto, creo que debiéramos establecer una disposición que impida sesionar cualquier día de la semana en Santiago, pues quienes han defendido a ultranza ese proyecto son los diputados de la capital. Señalo esto por una razón muy simple: es muy fácil que comiencen a citarnos los lunes y los viernes para asistir a sesiones de comisiones en Santiago, lo que nos obligará a viajar a la capital desde nuestros distritos.
Pienso que el Congreso y las comisiones deben de funcionar en Valparaíso, como siempre se ha hecho. ¡Ojo! No hay ninguna norma que impida que las comisiones trabajen en regiones; ninguna. Sería absurdo que alguien se opusiera a ello. Todos estamos de acuerdo con que así sea cuando la situación lo amerite. Pero no tiene porqué establecerse de esta forma, pues basta que una comisión lo pida a Régimen Interno, como se ha hecho siempre, para financiar los pasajes de los secretarios, de las secretarias y de los asesores de los diputados. Nosotros tenemos pasajes para ir y cada uno tiene su viático. Por lo tanto, el problema en discusión no está si será más caro o más barato. Lo que debemos tener es el criterio suficiente para, como lo dijo el diputado señor Mulet , ir al norte a ver un problema del cobre, o a Osorno, Temuco, Villarrica o Cunco si hay que analizar algún tema de la agricultura. Los parlamentarios no están atados a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para sesionar. Lo que se debe hacer es pedir la ratificación de la comisión que corresponda respecto de los acuerdos que se adoptaron en la sesión celebrada en la región.
También me gustaría que se considere cuántos diputados asisten a las sesiones de las comisiones investigadoras que se constituyen en terreno. He participado en sesiones de las comisiones de Vivienda y de Agricultura a las cuales han asistido sólo tres diputados. Si una comisión investigadora acuerda sesionar en alguna localidad del sur del país y concurren sólo tres diputados, no podría constituirse, lo cual sería una vergüenza para la Cámara de Diputados.
Reitero, nada impide que las comisiones sesionen en regiones. Como regionalista, me interesa mucho que las comisiones se constituyan en las regiones, pero no es conveniente crear este mecanismo. Los propios parlamentarios estamos diciendo que todo en el país se arregla mediante una ley. La verdad es que los países que tienen menos leyes son los que mejor están.
Creo que el proyecto no tiene ningún asidero, pues las tienen facultades para sesionar en provincias. Lo que debemos hacer son programas para que concurran a las provincias. El Senado lo hace. La Cámara de Diputados también puede hacerlo.
No nos emborrachen la perdiz al decirnos que el proyecto no tiene nada que ver con el traslado del Congreso Nacional. Como parlamentario de región me sentiría atropellado si el objeto del proyecto fuera facultar a las comisiones para sesionar sólo en Santiago. Creo que todas las regiones tienen derecho a que concurran a ellas las comisiones de la Cámara de Diputados cuando la situación lo amerita. Sólo basta que la Comisión de Régimen Interno autorice los viáticos correspondientes y con ello el problema estaría solucionado.
Me parece increíble haber perdido toda la mañana en un proyecto que no tiene ninguna importancia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , el diputado René Manuel García tiene toda la razón en calificar el debate del proyecto como una pérdida de tiempo. Algunos plantean que detrás de esta iniciativa hay una intención oblicua, la de ir consolidando la decisión de trasladar la sede del Congreso Nacional a Santiago, mientras que los autores de la moción se defienden manifestando que tienen buenas intenciones y que lo que quieren es flexibilizar y remover obstáculos para el mejor funcionamiento de la Cámara de Diputados. Como en todas las cosas de la vida, seguramente hay una mezcla de las dos intenciones. En algunos señores diputados debe estar la intención legítima y absolutamente loable de flexibilizar el funcionamiento del Congreso Nacional, mientras que otros señores diputados, también en forma legítima, querrán avanzar en el traslado de la sede del Congreso Nacional.
En todo caso, mi experiencia en la Cámara de Diputados me indica que el proyecto, al margen de cualquier intención que hayan abrigado sus autores, va a obstaculizar el trabajo de la Cámara de Diputados. Estamos ante la típica inclinación chilena a un exceso de legalismo y a dar una vuelta de más a una tuerca que, en definitiva, los hechos irán moviendo.
En su momento, planteé al Presidente y a la Mesa de la Cámara de Diputados que una propuesta como ésta va a generar más oposición que apoyo.
Aquí está involucrado un tema de derecho público, nos guste o no, cual es que la sede del Congreso Nacional está en Valparaíso. Al respecto existe una norma legal. Ésta no es cualquier institución pública: es un poder del Estado, el poder Legislativo, cuya función es la elaboración de las leyes. Por lo tanto, existe una situación de fe pública y de derecho público. Todos los congresos del mundo tienen una sede que valida sus decisiones. Los diputados no pueden reunirse en cualquier parte, tienen que sesionar en la sede del Congreso Nacional para tomar decisiones encuadradas en el derecho público que sean válidas respecto de su función, que, en este caso, es la legislativa. Por lo tanto, de este tema no nos podemos mover. Cualquier decisión en contrario, sin entrar al tema principal, que es la sede del Congreso, necesariamente va a ser debatida infinitamente y tiene el gran riesgo de evadir un problema y de entrar en un área gris que no le conviene a nadie.
¿Por qué no es bueno este cambio? El Congreso, la Cámara y las Comisiones tienen flexibilidad para funcionar. La diputada Isabel Allende decía con razón que el tratado de libre comercio con China se ha analizado fundamentalmente en Santiago y nadie se ha escandalizado por eso; a nadie se le ha ocurrido pedir la nulidad de esas sesiones. Se ha funcionado perfectamente bien de esta manera. Hay innumerables comisiones que funcionan en Santiago o en regiones y que han adoptado decisiones por unanimidad, con la sola ritualidad de tener que ratificarlas en otra sesión en Valparaíso. Esta cuestión no tiene nada de particular. Entonces, lo mejor es dejarlo como está mientras no se zanje la discusión principal sobre cuál será la sede del Poder Legislativo, es decir, si se ratifica Valparaíso , como es mi intención, o se cambia a otro lugar que no necesariamente debe ser Santiago, sino cualquier región o capital regional de Chile.
De todas maneras, la moción -le concedo todas las buenas intenciones del mundo- nos va a enzarzar en una discusión sin fin y hacer entrar a un área gris en materia de derecho público, la que, por definición, no debería tener nada de gris, sino ser muy blanca o muy negra, y le va a quitar flexibilidad al funcionamiento del Congreso, intención que, de forma inversa, dicen tener los autores de la iniciativa. Por lo tanto, nos vamos a oponer a ella.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , las comisiones se han constituido en regiones para tratar temas puntuales en más de una oportunidad. La diferencia está en los recursos que se requerirán si el proyecto es aprobado, porque, como bien dijo el diputado René Manuel García , hoy los parlamentarios podemos acordar trasladarnos a una región para tratar un tema específico, pero lo hacemos con los viáticos y los pasajes asignados para nuestras funciones y la Cámara sólo paga los viáticos de los secretarios. Con esta otra forma que se quiere implementar tendríamos un gasto adicional que puede ser muy oneroso, porque puede surgir la vocación de viaje de los parlamentarios de las distintas comisiones y empezar a legislarse y a reunirse más fuera del hemiciclo y de las comisiones de Valparaíso.
No me gusta la idea. Se comentaba que tenemos una agenda muy apretada y que nos falta tiempo para legislar, pero el jueves se trabaja medio día y el viernes también está disponible, por lo que no es problema incorporar esos días, si es necesario, aunque hay que reconocer que, como parlamentarios, nos debemos a nuestros distritos y necesitamos el tiempo suficiente para atender a nuestros electores.
¿Cuándo se podrían constituir las comisiones fuera del Congreso Nacional? En la semana legislativa se alterarían los quórum. Es más probable en la semana distrital, pero tendríamos el problema de falta de convocatoria y baja asistencia. Es imposible darle esta facultad a una Comisión conformada por trece miembros para que tal vez solamente participen cuatro. Obviamente, eso estaría alterando las mayorías; podrían influir las mayorías relativas por la circunstancia del viaje propiamente tal. Por lo tanto, creo que debe mantenerse la forma en que hoy se trabaja. Cuando la situación lo amerita, los parlamentarios, por acuerdo de la Comisión, pueden trasladarse sin irrogarle mayores gastos a la Corporación y no hacerlo como medida habitual establecida en el Reglamento, porque de ahí a legislar fuera del Congreso Nacional hay un paso, a lo que se sumaría la dificultad de algunos diputados para concurrir en determinadas fechas, por cuanto nuestros compromisos son muchos.
Por lo tanto, votaré en contra.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , como algunos diputados nos incorporamos hace sólo cuatro meses, le pregunté a mis pares si era primera vez que se discutía esta materia en la Sala, pues me llamó la atención esta discusión, yo diría casi de niño de educación prebásica. Plantear si queremos o no cambiar el Congreso Nacional y, a la vez, discutir respecto del deber que tenemos como parlamentarios de trabajar más en las comisiones, es mezclar dos cosas distintas, ya que la intención es totalmente diferente.
Ningún diputado nuevo está dispuesto a cambiar la sede del Congreso; funciona aquí en Valparaíso y aquí tiene que quedarse. Sin embargo, sí estamos dispuestos a trabajar y entregar más en nuestras respectivas comisiones. En ese sentido, al mismo tiempo que estamos en una comisión A, tenemos que asistir a una comisión B, o en la mañana, cuando debemos estar en sesión de Sala, también tenemos que atender comisiones. Por ejemplo, en este momento está sesionando la Comisión de Derechos Humanos y otras; el tiempo no nos alcanza para estar en todas ellas. De igual forma, muchas veces nos hemos constituido en terreno, como ha sucedido con la Comisión de Medio Ambiente, y financiamos nuestros pasajes y estadía con cargo a nuestra dieta. En eso no ha habido problemas, salvo que no podemos tomar acuerdos, por lo cual debemos reunirnos en esta sede para hacerlo. En consecuencia, el trabajo en terreno se convierte en una visita al lugar, para estar con la gente y conocer sus problemas, pero los acuerdos se deben tomar aquí, situación que resulta increíble.
Si somos responsables con nuestra función, tanto en la Corporación como en nuestros respectivos distritos, le estaremos respondiendo al país y avanzando con las leyes. Pero con el sistema de trabajo actual, sesionando en comisiones sólo los martes y miércoles en la tarde, avanzaremos poco.
En algunas de las comisiones de las que soy miembro se están conociendo proyectos que se presentaron hace dos años, lo cual es realmente alarmante. Si uno hiciera pública esta situación, de cómo se derivan las cosas y se avanza lentamente en muchos temas, sería muy preocupante.
En consecuencia, debemos buscar la manera de tener más tiempo para trabajar en comisiones, para sesionar en Santiago o en regiones y tener la facultad de adoptar acuerdos allí. Sería bueno que los diputados repararan en cómo nos ve la gente desde fuera de la Cámara, que piensa que debemos trabajar mucho más.
Por lo tanto, como me parece un buen planteamiento, anuncio que votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , con el respeto que merecen los autores de la moción, me parece que éste es un proyecto un tanto hipócrita, por cuanto lo que se pretende es debilitar el funcionamiento del Congreso Nacional en la sede del Poder Legislativo, que es Valparaíso.
No veo problema en que las comisiones funcionen fuera del Congreso -como de hecho ocurre- y que los acuerdos se ratifiquen en esta sede. Este proyecto no cambia en nada el actual funcionamiento de la Cámara.
Se esgrime como gran argumento que tenemos muchos proyectos atrasados, que se trabaja poco, sólo los martes, miércoles y jueves. Al respecto, les quiero decir a los colegas que los jueves se trabaja a media máquina en la Cámara de Diputados. Si los presidentes de las comisiones y los diputados miembros evalúan en forma responsable que tienen proyectos pendientes, es perfectamente posible trabajar acá los jueves en la tarde. Entonces, que las comisiones puedan trabajar en otros lugares me parece una muy mala excusa para lo que -repito -creo que se pretende finalmente: debilitar el funcionamiento en la sede del Poder Legislativo, que es Valparaíso.
Cito como ejemplo que durante muchos años he sido miembro de la Comisión Especial de Zonas Extremas, que ha funcionado en Punta Arenas, en Arica, en Puerto Williams, en Coihaique, en Antofagasta, en Chaitén. Lo hemos hecho estupendamente bien, hemos trabajado con la ciudadanía, hemos legislado y todos los acuerdos que hemos tomado se han ratificado aquí en Valparaíso. Eso es perfectamente posible.
También se citó como ejemplo lo que ha ocurrido con la comisión encargada del estudio del Tratado de Libre Comercio con China.
Por lo tanto, no debemos avanzar en este proyecto, porque estaríamos dando una muy mala señal.
Si la idea de fondo es trasladar el Congreso Nacional, sinceremos la iniciativa; que el Ejecutivo envíe el proyecto en ese sentido y aquí decidiremos democráticamente si corresponde su traslado.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , no hay discusión sobre el fondo del proyecto. Por supuesto, hay posiciones encontradas, pero el proyecto es bueno. La función fiscalizadora debe llegar a los lugares de mayor conflicto. De hecho, así ha sido en reiteradas oportunidades.
Los economistas siempre tendrán que velar por los costos. Es bueno que así sea, porque indirectamente esto podría transformarse en mayores gastos no establecidos en los ítem del presupuesto de la Cámara.
Sin discutir el proyecto, concuerdo con la posición del diputado Dittborn . Ese gasto debe insinuarse o agregarse un ítem de gastos de traslado de las comisiones, como se ha comentado. Aunque el costo sea mínimo, debe quedar establecido. Aquí faltó el informe financiero.
El diputado Dittborn -reitero que concuerdo con su posición- piensa que podemos llegar hasta la inconstitucionalidad dentro de nuestro régimen interno, porque el costo puede subir, puede no haber ítem o que se supla con algunos traslados de ítem, como se hace habitualmente. Pero se trata de una ley y, cuando hay gastos, se deben establecer. El presupuesto debe identificar a cuál ítem se cargan los gastos.
Por eso, mi posición también es mejorar el proyecto, pues debemos legislar bien.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GÓNZALEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , los diputados que anunciaron que votarán a favor el proyecto han argumentado, principalmente, que su objetivo es que las comisiones sesionen en las regiones.
Lo que hemos visto en la práctica del trabajo parlamentario durante los tres períodos en que el Congreso Nacional ha funcionado en la Región de Valparaíso es que las comisiones han podido concurrir a regiones, hacer visitas de fiscalización, realizar trabajos en terreno y no se ha requerido ningún proyecto de ley para ello. Simplemente, se cita a la comunidad, se conversa con la gente, se hacen las inspecciones, se toman los acuerdos y se ratifican en la Comisión cuando asume sus funciones en la sede del Congreso Nacional.
Me parece que el proyecto carece de objetivos reales. Además, contiene aspectos que podrían afectar su constitucionalidad. Por ello, tal como lo hicieron varios diputados, como la señora Laura Soto , hago reserva de constitucionalidad y con algunos diputados haremos las presentaciones que correspondan si el proyecto llegara a aprobarse.
Es importante mantener el principio de que el Congreso ha establecido su sede en la ciudad de Valparaíso y por eso anuncio mi voto en contra del proyecto.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , no voy a repetir los argumentos que hicimos valer en la sesión pasada. Sin embargo, me parece que estamos en una situación de grave inconstitucionalidad, y los diputados que aprueben el proyecto pueden ser acusables ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 60, inciso quinto, de la Constitución Política, “cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución,...”, y no cabe ninguna duda de que la institucionalidad está siendo alterada.
No se puede, por medio de un Reglamento, hacer un traslado encubierto del Congreso a Santiago. No nos engañemos. Puedo presumir la buena fe, como dice el Código Civil, pero claramente, cada cierto tiempo, se pretende llevar el Congreso a Santiago con el argumento de que las comisiones van a sesionar en regiones. De hecho, se ha trabajado de esa forma y nunca ha habido obstáculos para que en regiones funcione una comisión. Pero, en verdad, aprobar este proyecto significa que casi todas las Comisiones sesionen en Santiago.
Imagínense el caos que se producirá cuando tres comisiones, en un mismo momento, quieran constituirse en Santiago, en Valparaíso y en Arica. Hay que tener presente que los parlamentarios participamos en dos o tres comisiones y podemos estar en cualquiera de ellas.
Además, funcionar fuera de la sede del Congreso irroga un gasto importante que debe ser considerado, y pido que conste en acta esta argumentación, pues no sólo asistirá el secretario de la comisión, como se ha dicho; no es tan fácil, porque tendrá que instalarse todo el apoyo que necesitamos para sesionar, si de verdad queremos hacer un Congreso itinerante. Llamémosle así, para decir las cosas por su nombre.
Quiero señalar, con mucha claridad, que hago reserva de constitucionalidad, porque aquellos parlamentarios que hoy aprueben el proyecto pueden ser acusables constitucionalmente.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente , efectivamente, hoy estamos presenciando un nuevo intento soterrado de trasladar el Congreso Nacional desde el puerto de Valparaíso a Santiago.
El proyecto pretende el funcionamiento de las Comisiones fuera de este edificio, y lo cierto es que el Reglamento de la Cámara lo permite. Hoy las comisiones pueden sesionar fuera del edificio del Congreso Nacional, pero deben ratificar sus acuerdos en este edificio.
Por lo tanto, sostenemos que éste es un intento soterrado de dar el primer paso para el traslado definitivo de la sede del Congreso Nacional a Santiago. ¡Ya lo hizo el Senado! Esperamos que la Cámara no lo haga, porque la gente de las regiones merece que la respetemos.
Al respecto, quiero hacer un emplazamiento a fortalecer la descentralización y regionalización no sólo a los parlamentarios de esta región, sino a todos los que se han comprometido en ese sentido con sus electores, porque después muchos votan favorablemente iniciativas de esta naturaleza en el Congreso Nacional.
Los parlamentarios que no representamos Santiago debemos defender la regionalización y eso implica un “no” rotundo al traslado de la sede del Congreso, como también al funcionamiento de las Comisiones fuera de este edificio.
Algunos parlamentarios que participan en reuniones con el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización, Conarede , con el ministro del Interior , y se comprometen con la descentralización, luego en el Congreso Nacional -hipócritamente- votan a favor este tipo de iniciativas.
Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad, porque, a nuestro juicio, el proyecto es absolutamente inconstitucional. Es decir, si finalmente se aprueba y se despacha vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.
Por otra parte, le pedimos claramente a la Presidenta de la República que haga honor a los compromisos contraídos en este mismo puerto de Valparaíso en cuanto a que el Congreso Nacional permanecía en esta región del país.
Por tanto, hacemos un llamado a todos los parlamentarios que voten en conciencia, porque sus electores les van a reclamar el cumplimiento de sus compromisos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , quiero reafirmar lo que se ha dicho en esta discusión. Yo también soy de región y considero que ésta es “la primera patita de la cueca”, diputada Laura Soto .
Hasta ahora las comisiones que han funcionado fuera del Congreso lo han hecho perfectamente bien y aquí se ha ratificado su actuación, sin que haya habido dificultad alguna.
Presentar un proyecto como el que discutimos no me parece adecuado, como ya se ha dicho incansablemente. Es un disfraz para luego ingresar una moción a fin de trasladar la sede del Congreso a Santiago. Si se aprueba este proyecto, lo más probable es que todas las comisiones sesionarán en Santiago y ninguna en regiones. Entonces, al final, vamos a salir trasquilados. No lo vamos a lograr ni por uno ni por otro lado.
En consecuencia, por lo señalado y lo expuesto por varios miembros de mi bancada, rechazaré el proyecto cuya aprobación recomienda la Comisión de Régimen Interno.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , sé que todos los parlamentarios conocen bien el Reglamento de la Cámara, pero quiero recordar el artículo 230 y glosarlo muy someramente.
Dicho artículo dice:
“Las Comisiones Permanentes y Especiales podrán acordar trasladarse fuera del recinto de la Corporación en visitas inspectivas para el acopio de los antecedentes que requieran, y ni por asentimiento unánime se podrá acordar que dichas visitas revistan el carácter de sesión reglamentaria.”
El inciso segundo agrega: “Sin embargo, los miembros de una Comisión, en visita inspectiva, podrán adoptar todas las resoluciones inherentes al cumplimiento de las finalidades que dieron origen a la visita.”
“El Secretario de la Comisión hará una relación escrita de todo lo obrado, la que pondrá a disposición de los miembros de la Comisión.”
Y el inciso final señala lo más importante en relación con la materia: “Si no es observada al comenzar la sesión siguiente, se entenderá aprobada y se agregará al acta de dicha sesión.”.
Por ello, no hay ningún problema para sesionar en cualquier parte de Chile cuando existe unanimidad.
Por eso decimos a los colegas patrocinantes que esta moción está de más, y nos introduce en una situación de ambigüedad constitucional que no tiene sentido. Es darle una vuelta más a la tuerca.
Por eso, nos vamos a oponer a ella, porque crea más problemas que los que soluciona.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, adhiero a lo expresado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y dieron fundamentos para oponerse a este proyecto. Pero voy a agregar dos cosas.
En primer lugar, entre 1990 y 1992 algunas comisiones de la Cámara viajaron a regiones para integrar grupos específicos en temas puntuales y dar solución a problemas. O sea, está de más un proyecto para establecer que las comisiones puedan sesionar fuera del edificio sede.
En segundo lugar, la posición de las personas que están a favor de que las comisiones sesionen fuera del Congreso implica dar a la ciudadanía una señal distinta de acercamiento.
Creo que los ciudadanos ya tienen una pésima señal del Congreso. La opinión respecto de los parlamentarios es lamentable. Debemos hacer todo lo contrario para revertir esa imagen. Sesionar fuera de este edificio significará gastos, cuestión que la opinión pública no va a considerar adecuada.
Por otro lado, el trabajo de comisiones es para elaborar propuestas al país, al Gobierno. No se solucionan temas mediáticos, como la gente lo desea, a través de los parlamentarios. Por lo tanto, tampoco sería relevante juntarse en terreno, en regiones, con los ciudadanos.
Más allá de eso, estoy en absoluto desacuerdo con esta iniciativa que significa una pantalla para llevarse el Congreso a Santiago. En vez de proyectos como éste, deberíamos presentar iniciativas tendientes a otorgar mayores facultades a los parlamentarios, por ejemplo, para modificar la Constitución a fin de intervenir en las glosas e ítemes del Presupuesto de la Nación , y así dar una señal distinta a los ciudadanos, porque el trabajo que realizamos no es entendido.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Se ha renovado indicación del diputado Manuel Rojas, que fue rechazada en la Comisión, para eliminar en el inciso segundo que se agrega al artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados la expresión “y adoptar acuerdos”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo que modifica el
artículo 203 del Reglamento de la Corporación con el objeto de permitir que las comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede de la Cámara de Diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 1 abstención.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No alcanzamos a votar!
El señor LEAL (Presidente).-
Se repite la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO EN MATERIA DE BONIFICACIÓN AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje.
Hago presente que en la sesión anterior fueron rendidos los informes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda.
Asimismo, que estaban inscrito los diputados señores José Miguel Ortiz, Ignacio Urrutia, Mario Bertolino, Osvaldo Palma, Eugenio Tuma, René Alinco, Alberto Robles y las diputadas señoras Carolina Goic y Adriana Muñoz.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , durante su campaña, después de los comicios de diciembre, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer al país que implementaría treinta y seis medidas para cumplirse en los cien primeros días de gobierno. La primera tenía que ver con la falta de experiencia laboral de los jóvenes. Por eso se envió este proyecto, que ingresó el 28 de abril pasado al Congreso Nacional, que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje.
¿Cuál es el objetivo del proyecto?
En primer lugar, contribuir al diseño e implementación de mecanismos que permitan generar incentivos reales para la contratación e inserción laboral de los jóvenes menores de 25 años, en particular los que provienen de los segmentos más desprotegidos. Esa es una realidad que debemos enfrentar.
El articulo 57 de la ley N° 19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, establece una bonificación mensual de 40 por ciento de un ingreso mínimo mensual por aprendiz, durante los primeros 12 meses de vigencia del contrato, tendiente a compensar los costos de formación en la empresa. También otorga, por una sola vez, una bonificación adicional de hasta 10 UTM por aprendiz, destinada a financiar los costos de la enseñanza relacionada.
Vale decir, la iniciativa genera mayores y mejores oportunidades para que más de cuatro mil cien jóvenes puedan incorporarse al desarrollo económico y social del país, gasto que está absolutamente financiado, de acuerdo con lo que se señala en el informe financiero que los diputados tienen en su poder.
En segundo lugar, esta iniciativa tiene por objeto generar condiciones que permitan a estas chilenas y chilenos adquirir habilidades y competencias necesarias en las empresas, para aumentar sus oportunidades de empleo y su permanencia en el mercado del trabajo. En el fondo, su objetivo es dar capacitación de 12 meses, debidamente financiada, y asegurar, por un año, un empleo real y efectivo, que finalmente se transforme en un trabajo permanente en el tiempo.
El proyecto modifica el artículo 57 de la ley N° 19.518 y cumple los siguientes objetivos: ampliación del rango etario de los potenciales beneficiarios de esta bonificación; celebración del contrato de aprendizaje sólo por menores de 25 años de edad; fortalecimiento de la bonificación al contrato de aprendizaje; aumento de la bonificación de 40 a 50 por ciento del ingreso mínimo mensual por aprendiz. Además, contiene las normas de imputación del mayor gasto fiscal que irrogue la ley durante el año 2006, lo que se desglosa de la siguiente manera: bonificación del 50 por ciento de un ingreso mínimo mensual por aprendiz, 2.647 millones de pesos; bonificación por capacitación, 942 millones de pesos. Es decir, el proyecto incentiva el empleo y la capacitación de los jóvenes menores de 25 años, con un costo que bordea los 3.600 millones de pesos.
Debido a eso, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto.
Debemos dar una señal potente y demostrar que nos preocupan nuestros jóvenes, no sólo en los discursos, sino también en la práctica, dándoles la posibilidad de que se capaciten, adquieran las herramientas necesarias y se preparen para un empleo, lo que implica dar el puntapié inicial para la obtención de un trabajo permanente.
En consecuencia, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que aprobaremos en general y en particular el proyecto.
Finalmente, pido a la Mesa que, luego del cierre del debate, recabe la unanimidad de la Sala para votar la indicación presentada, a fin de que la iniciativa no vuelva a las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , se han hablado maravillas del proyecto, el que, a mi juicio, es una clonación de una moción presentada hace aproximadamente un mes y que fue rechazada -hecho que resulta al menos curioso-, precisamente, porque cambiaba una palabra. Sin embargo, en esta clonación enviada por la Presidenta de la República nuevamente viene incluida.
Si mal no recuerdo, durante la discusión del proyecto llevada a cabo la semana pasada, el diputado señor Fuentealba hizo una reclamación respecto del mismo punto. Para mayor claridad, decía que en el caso de menores entre 15 y 18 años, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse cursando cualquiera de éstas durante la vigencia del contrato. La discusión se centró en si era “educación básica y media” o “educación básica o media”, como era nuestro deseo. Al final, como no se aceptó nuestra propuesta, en orden a que fuera “básica o media”, la moción fue rechazada.
Por ello, para evitar que se vuelva a repetir esa situación, he presentado una indicación para reemplazar la conjunción “y” por “o”. Se trata de una modificación simple, que resuelve el problema anterior y permitiría aprobar prácticamente por unanimidad el proyecto. No obstante, anuncio que votaré en contra si se mantiene como está.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , el proyecto en discusión modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje, el cual forma parte de uno de los tantos programas con que hoy cuenta dicho Servicio para incentivar la generación de empleos directos y mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores. A él se suman otros, como Chile Solidario, Programa Pro Empleo, Reinserción Laboral, Empleo Directo, etcétera.
Se estima que para este año el Servicio cuenta con 71.125 cupos. El programa especial en debate cuenta con 4.100 cupos y está dirigido al segmento que enfrenta mayor cesantía y mayores dificultades para ingresar y mantenerse en el mercado del trabajo: el de los jóvenes menores de 25 años que enfrentan barreras en el mercado laboral por falta de capacitación y experiencia. Por lo tanto, no puedo más que felicitar a los autores de esta iniciativa y darles mi apoyo.
Se resguarda, además, el derecho de los trabajadores al establecer el requisito que sólo podrá ser reemplazado hasta un 10 por ciento sobre el promedio de los contratados durante un año. Se exige un esfuerzo al empleador en la contratación de trabajadores adicionales y su reemplazo utilizando la bonificación, lo que me parece adecuado, porque hay que resguardar el buen uso de los recursos fiscales.
Respecto de los menores de entre 15 y 18 años -tema que fue tocado por varios diputados- se presentó una indicación para velar por el cumplimiento de la obligación de los doce años de escolaridad, es decir, de la educación básica y de la media.
La indicación fue aprobada por unanimidad en la Comisión.
Luego, el diputado señor Fuentealba presentó otra que viene a perfeccionar la indicación anterior para que los jóvenes de entre 15 y 18 años puedan continuar sus estudios durante su permanencia en el programa y que puedan retomar en forma normal la actividad escolar, en marzo del año siguiente. No nos interesa alentar a un joven a trabajar en desmedro de completar su educación básica y media.
¿Qué puede hacer hoy un joven que no termina cuarto medio? Si hablamos de mejorar las condiciones de empleo y de romper los círculos de pobreza, debemos asegurarnos de que el padre de ese joven que se ve obligado a trabajar antes de tiempo también tenga trabajo y no sea el joven quien deba sustentar el hogar.
Quiero entregar un dato: En el programa del año pasado, menos del 2 por ciento de beneficiarios correspondían al tramo entre 15 y 18 años; o sea, sólo veinte jóvenes. Por lo tanto, representa una porción menor, una exepcionalidad; no es objetivo del programa este grupo etario. Por eso, lo que plantea el proyecto puede ser una alternativa, no sólo para generar un ingreso, sino también para asegurar que retomen sus estudios y completen la obligación escolar de doce años.
El Sence se ha comprometido con un aumento importante en la cobertura -la actual nos parece limitada para las necesidades que existen- y también en el seguimiento caso a caso para mejorar la implementación del programa en los años siguientes.
Además, se han corregido las coberturas de acuerdo con criterios de desempleo regional, sobre todo, de desempleo juvenil y equidad territorial, y se ha incorporado la promoción del programa para que, junto con las modificaciones que hoy se proponen y el aumento de cupos, se logren mejores resultados.
Por lo tanto, reafirmo lo planteado por el diputado señor José Miguel Ortiz , en cuanto al respaldo de la bancada de la Democracia Cristiana a esta iniciativa, y a la necesidad de aprobar, ojalá por unanimidad, la indicación presentada por el diputado Fuentealba , ya que cuanto más nos demoremos en aprobar esta iniciativa, tendrán que esperar mucho más cuatro mil cien jóvenes para ser beneficiarios de este programa.
Junto con plantear esta responsabilidad, llamo la atención de todos los colegas presentes en la Sala sobre la materia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión se relaciona con la bonificación al contrato de aprendizaje.
Aquí ha habido diversas intervenciones alabando esta iniciativa porque su finalidad es bastante buena. Sin embargo, hay desconocimiento y desinformación sobre la forma en que operan estos sistemas, puesto que se confunden los cupos con los empleos de verdad.
He preguntado a pequeños, medianos y grandes empresarios si contratarían a un trabajador sólo porque el Estado les va a pagar la mitad de su sueldo. Después de unos segundos de reflexión me respondieron que no, que no pondrían plata de su bolsillo para contratar a un trabajador que no necesitan. Por lo tanto, no se requiere inventar una bonificación con tal objetivo.
Lo que ocurre es que, muchas veces, aprobamos recursos para atender problemas de empleo y diseñamos el instrumento que resulta más fácil de utilizar. ¡Caramba que es fácil decirles a los empresarios que reemplacen trabajadores jóvenes por jefes de hogar, porque van a recibir un subsidio! En mi opinión, este instrumento no genera un solo empleo en el país. Lo que puede suceder es que se logre una formalización de los empleos para los efectos de obtener el subsidio, pero -como digo- no genera nuevos empleos.
A este programa se destinan, aproximadamente, cuatro mil millones de pesos; pero son alrededor de cuarenta mil millones de pesos los que se están destinando, mediante el mismo instrumento, a programas de generación de empleos para adultos, para todo el año y en todo el territorio nacional.
Tengo en mi poder un informe del departamento de Economía de la Universidad de Chile sobre estos programas, y aunque señala que es conveniente mantenerlos porque contribuyen en algo, dice que su impacto en la generación de empleos reales es relativamente modesto. Yo estaría de acuerdo con mantener este programa si no tuviéramos otra alternativa, pero estos cuarenta mil millones de pesos se podrían destinar a los microemprendedores -hay muchos-, para los cuales no hay recursos ni instrumentos.
En mi región, Sercotec recibe 200 millones de pesos al año, y tiene una demanda de más de mil millones. Hay miles de pequeños empresarios, jóvenes y adultos y jefes de hogar, que tienen buenas iniciativas, pero no cuentan con un instrumento de capital semilla que les ayude a emprender, resolviendo así no sólo su problema de cesantía, sino también el de otros.
Entonces, si me dicen que la Corfo o Sercotec no tienen más recursos para ellos, usemos la mejor alternativa. Éste puede ser un buen programa. Alguien podría decir que no es malo, que tiene elementos positivos, que ayuda; pero si existe una alternativa más eficaz para generar emprendimiento y trabajos para ayudar a los microempresarios y a las pymes, deberíamos revisar lo que estamos haciendo. A veces, existe la tendencia, especialmente en el sector público, a cumplir metas. Se cumplen las metas, se gasta el ciento por ciento de los recursos; pero en las poblaciones hay cesantía. Respecto del mundo rural, también existe incapacidad para satisfacer las demandas de los pequeños y medianos empresarios, en relación con sus iniciativas. Aquí tengo un informe del Sercotec sobre la Novena Región, donde sólo se pueden financiar 29 de 436 proyectos que están postulando a financiamiento. Los proyectos seleccionados dicen relación con la elaboración de mermeladas, con mercado asegurado; con la propagación de plantas de arándanos con fines comerciales; con pequeños proyectos de turismo; con fábricas de conservas, en Vilcún; con mueblería y fábrica de puertas, en Villarrica; con encadenamiento productivo, en Temuco; con caracoles, en Temuco e Imperial; con producción apícola, en Villarrica, y con construcción de un aserradero portátil en Angol. El costo total de estos proyectos es de 25 millones de pesos, es decir, el equivalente a la contratación de 25 jóvenes. Estamos gastando cuatro mil millones de pesos, negando los recursos que miles de pequeños emprendedores necesitan para financiar sus proyectos.
Si el ministro del Trabajo me dice que el Gobierno va a poner plata para los microempresarios, está bien, apruebo este programa; que se cumplan las metas, que se gaste la plata y no creemos ningún empleo verdadero. Pero si me dicen que no existe otra alternativa que usar la plata en este instrumento u otro, y tenemos un instrumento más eficaz, ¿por qué no lo usamos?
La creación del subsidio a la contratación de mano de obra coincidió con la inauguración de las obras viales concesionadas. ¿Quieren saber los señores parlamentarios quiénes fueron los primeros en utilizar ese subsidio? Las concesionarias, para contratar a cajeras y cajeros que deben cobrar los peajes. Si no hubiese existido este subsidio, ¿los peajes serían gratis? ¡No, señor! Lo que ocurre es que deben cumplir metas, el Gobierno quiere cumplir metas y se gasta la plata, sin que se coloquen los subsidios donde corresponde. Estamos poniendo los incentivos de manera equivocada.
Por eso, me alegro de que se haya presentado una indicación y que el proyecto vuelva a la Comisión porque es necesario debatir el fondo del tema. No sacamos nada con hacer un ejercicio de mentiras entre nosotros y decir que hemos cumplido metas, si en la realidad, en las poblaciones, en los barrios, en las villas y en el campo no se ha creado un solo empleo como consecuencia de la aplicación de este instrumento.
De manera que si lo que queremos es poner en el bolsillo de los empresarios recursos que no han pedido y que si lo hacen es sólo para sobrevivir, estamos entregando un subsidio a empresas ineficientes, que no son competitivas.
En resumen, este subsidio tiene una buena intención; es un tremendo anuncio, pero ineficaz en sus resultados prácticos: significa muchísima plata, pero no tiene efectos reales en la contratación de mano de obra, ni menos de jóvenes.
Por eso, anuncio que voy a apoyar la indicación que se presentó, principalmente para los efectos de que el proyecto vuelva a la Comisión para una segunda discusión, a fin de que podamos debatir con el Gobierno la manera de invertir en mejor forma estos recursos, que son escasos y que tanto necesitan miles y miles de emprendedores en todo el territorio nacional.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , cuando el proyecto se vio en la Comisión, yo me abstuve, y quiero explicar por qué.
En primer lugar, no tuvimos la suerte de contar con la presencia del ministro ni del subsecretario. Entiendo que el primero se encontraba en Ginebra, en una reunión de la OIT, y que el segundo, desgraciadamente, estaba en el Senado participando en la discusión del proyecto sobre subcontratación de mano de obra.
Por lo tanto, sólo pudimos discutirlo con los asesores. No tuvo la misma suerte la Comisión de Hacienda, a la cual, obviamente, sí pudieron concurrir el ministro y el subsecretario.
¿Por qué hago esta referencia? Porque, desgraciadamente, no nos fueron respondidas tres inquietudes que hicimos presentes durante el análisis del proyecto.
En primer lugar, quisimos saber cuáles y de qué tipo eran las empresas que recurrían a este subsidio de contratación de mano de obra. No tuvimos respuesta.
En segundo lugar, qué tipo de jóvenes accedían a este trabajo subsidiado, sus edades, preparación y el seguimiento que se les haría para saber si completaban los doce meses que establece la ley o si sólo trabaja-
ban uno o dos meses y después se trasladaban a otra empresa, y así sucesivamente. Tampoco tuvimos respuesta.
Por último, nos preocupó que se aumentaría de 1.200 a 4.100 el número de beneficiados. ¿Por qué? Porque los desempleados a nivel nacional menores de 25 años son 172.866. En 2005 se entregó este subsidio a 1.134 jóvenes, de un total de 1.200 que podían acceder a él.
Pero más preocupación nos produjo el hecho de que en la Comisión de Hacienda se informó que los criterios de distribución serían los siguientes: índice general de desempleo regional, índice de desempleo juvenil a nivel regional y comportamiento histórico del programa. En verdad, no tenemos información sobre el comportamiento histórico; pero, en todo caso, me quiero referir a los dos puntos anteriores.
Cuando solicitamos que se nos hiciera llegar el cuadro nacional de capacitación del Foncap, pudimos apreciar, por ejemplo, que en La Araucanía sólo fueron beneficiadas tres empresas que contrataron a tres mujeres, en circunstancias de que el desempleo en la región es de 9,1 por ciento y que la cantidad de desempleados juveniles es de 11.325, que equivale a 34 por ciento.
Pero si analizo, en ese mismo cuadro, la situación de la Séptima Región, veo que se beneficiaron 271 jóvenes, es decir, varios miles por ciento más. Y cuando veo los indicadores, me encuentro con que el índice general de desempleo -¡Oh, sorpresa!- es de 7,2 por ciento, dos puntos menos que en La Araucanía. Total de desempleo juvenil: 8.625, que equivale al 32 por ciento del total, que está por debajo del 34 por ciento existente en La Araucanía.
Entonces, la primera pregunta que surge es la siguiente: ¿Se está cumpliendo con lo que respondió el subsecretario o el señor Julio Salas , director del departamento, en el sentido de cumplir efectivamente con estos índices? En realidad, a primera vista, no.
Entonces, el motivo de mi abstención -que ratificaré hoy- es que desconozco quiénes son los 4.100 beneficiados, cómo se les selecciona y cuáles son las empresas que se benefician. Si se beneficia a 4.100 personas de un total de 172 mil desempleados, no se está dando cumplimiento a una de las 36 medidas que anunció la Presidenta de la República , en cuanto a que se buscaría un incentivo para disminuir ese alto 22 por ciento de desempleo juvenil.
Tengo dudas sobre este proyecto -espero estar equivocado-, porque siento que, a futuro, puede ser mal utilizado. De hecho, ya hemos visto cómo algunos recursos del Estado han sido mal utilizados y desviados. Más aun cuando no se nos dio respuesta a una inquietud tan elemental como saber cuáles son las empresas o los empleadores que acceden a este beneficio.
Por eso, por la falta de información y porque los propios integrantes de la Comisión de Trabajo hicieron presente su inquietud frente al escaso número de beneficiarios, teniendo en cuenta que con este sistema sólo aumentarán en tres mil los cupos que ya existen, mantendré mi abstención.
Ojalá pudiese tener la respuesta del señor ministro , presente en la Sala, sobre los resultados de este programa. ¿Cuáles son las empresas que acceden a él? ¿Qué pasa con las que accedieron? ¿Cuál es su resultado en capacitación y en permanencia laboral?
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , tal como vimos en la Comisión de Hacienda, este proyecto es importantísimo, porque va en la línea de defender al joven que quiere iniciar sus actividades laborales y que por lo general es desplazado por alguien que tiene experiencia o ha tenido algún contacto con el trabajo, ya que apunta a bonificar por parte del Estado a las empresas que lo reciban en su etapa de aprendizaje propiamente tal.
Quiero destacar una indicación propuesta en la Comisión de Trabajo, que avalo y suscribo plenamente, pues plantea que en el caso de menores entre 15 y 18 años, edad en que todos debieran estar en la educación media, deberán acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse cursando cualquiera de éstas durante la vigencia del contrato. En el fondo, ningún joven podrá ser contratado dentro de este programa si no ha culminado su educación básica y media o se encuentra cursando cualquiera de éstas, porque el Estado quiere que tenga un mejor estándar de vida en el futuro.
Con esta medida se cautela que los jóvenes deserten de la actividad escolar y se vayan al mundo del trabajo sin terminar su enseñanza básica o media. Es decir, si un joven que está cursando la enseñanza media quiere aprovechar la bonificación al contrato de aprendizaje, lo cierto es que debe terminar sus estudios durante la vigencia del subsidio que el Estado entrega a la empresa. No nos interesa fomentar el trabajo infantil ni tampoco que los jóvenes dejen de educarse para ir al mundo del trabajo. Para los mayores de 15 y menores de 25 años, habrá una bonificación por aprendizaje, pero los menores entre 15 y 18 años deberán acreditar los requisitos que mencioné. Por lo tanto, el incentivo es correcto y va en la línea que corresponde.
Otra situación que nos parece muy importante que sea considerada por el Ministerio de Trabajo, respecto de la cual estaremos atentos, es el criterio para asignar la bonificación. Sucede que los cupos son limitados y no alcanzan para todos los jóvenes que quieren ingresar al mundo del trabajo. Me gustaría que todos los jóvenes cesantes tuvieran acceso a esta bonificación. Por ello, es importante que el Ministerio del Trabajo tenga particular cuidado en cómo la distribuye.
Chile es un país heterogéneo y tiene distintas tasas de cesantía juvenil a lo largo de su territorio. En consecuencia, uno espera que los criterios de distribución de los cupos sean absolutamente objetivos en las regiones. Hay regiones como la Tercera, a que pertenece el distrito que represento, donde la tasa de cesantía no ha bajado de dos dígitos en los últimos cinco o seis años. Hoy, la comuna de Vallenar tiene la tasa de cesantía más alta del país. Por lo tanto, uno espera que este proyecto considere un referente objetivo para llevar a cabo dicha distribución. No sería justo que se asignen más cupos a regiones con poca cesantía y menos a regiones, como la Tercera, donde la tasa de desempleo es muy elevada. Por ello -reitero-, los parlamentarios de regiones vamos a estar muy atentos a cómo se asigna este beneficio.
Anuncio el voto favorable de la bancada Radical, porque consideramos muy importante la señal que está dando la Presidenta de la República en materia de contrato de jóvenes. La iniciativa va en la línea correcta, porque fomenta el trabajo de los jóvenes y no crea un incentivo perverso para que dejen de estudiar. Por el contrario, deja claro que deben acreditar haber culminado su educación básica y media o encontrarse cursando cualquiera de éstas durante la vigencia del contrato.
Por último, reitero, el Ministerio del Trabajo debe preocuparse de que la distribución de la bonificación sea justa en todas las regiones.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Están inscritos los diputados señores Ramón Barros, Andrés Egaña, Nicolás Monckeberg y René Alinco.
Solicito el acuerdo de la Sala para que sus intervenciones sean de cinco minutos y para prorrogar el Orden del Día por quince minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , los otros señores diputados no tuvieron límite de tiempo.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señor diputado , si no procediéramos de esta forma, la discusión y votación del proyecto tendría que quedar pendiente de nuevo.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , es muy interesante este proyecto, que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. Entre sus ideas matrices cabe señalar que aumenta de 21 a 25 años el rango de edad de los potenciales beneficiarios y aumenta el subsidio de 40 a 50 por ciento del ingreso mínimo mensual por aprendiz.
No hay duda de que la iniciativa es positiva, por cuanto viene a dar un impulso a la capacitación de jóvenes para que se integren a la fuerza laboral. Dicho segmento, junto con el de las mujeres, requiere de mayores esfuerzos e iniciativas para que se incorpore al mundo del trabajo, ya que las tasas de desempleo que los afectan siempre son muy superiores a las del resto. Probablemente, el acceso de los más jóvenes al mundo del trabajo se complica por su falta de capacitación y se discrimina por este motivo.
Ahora, el proyecto y el mecanismo que actualmente se aplica han sido bastante cuestionados por varios diputados que han hecho uso de la palabra, por cuanto no se estaría cumpliendo con el espíritu para el cual fueron creados, ya que las cifras de empleos producidos son bajas. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo debe adoptar algunas medidas respecto de un tema fundamental, cual es la difusión de estos programas. En la medida de que tengamos capacidad de difundir este mecanismo para ponerlo al servicio de la gente, se logrará lo que se persigue con la ley.
Según me han comentado, el mecanismo a través del cual se hace uso de estos beneficios es bastante engorroso y el principal temor -lo planteó el diputado señor Bertolino - es que al final hagan uso de ellos “los apitutados” de siempre. En este sentido, el Ministerio del Trabajo debe hacer una difusión mayor de esta modificación, para que la gente conozca sus beneficios y se puedan ir creando puestos de trabajo con un mecanismo lo menos engorroso posible.
Por último, se debe tomar en consideración si esta iniciativa afecta en alguna medida los compromisos surgidos a raíz de los tratados de libre comercio, ya que, sin duda, se estaría subvencionando la producción al disminuir sus costos con este tipo de ayudas del Estado. Éste es un punto que hay que tomar en consideración.
En todo caso, voy a votar a favor, pero se requiere una mayor difusión e información para que todos los actores tengan claro que existen estos beneficios, porque me parece que hoy se ocupan poco, porque también se sabe poco.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , es fundamental tener total claridad sobre los costos de los proyectos que se aprueban, a fin de evaluar después si los recursos están bien gastados. Por eso, en la sesión pasada pedimos un informe financiero complementario para saber cuánto cuesta al Estado la bonificación al contrato de aprendizaje. Sin embargo, el informe que llegó, lejos de aclarar las dudas, más bien las complicó y enredó.
Tengo cuatro preguntas concretas. A lo mejor, no son respondidas en esta sesión; pero, al menos, deberían aclararse en la Comisión de Hacienda si el proyecto vuelve a ella para su estudio.
En primer lugar, el informe financiero dice que los beneficiarios adicionales son 4.100 -lo dice el Ejecutivo y no yo-. En la página siguiente, cambian esa cifra y señalan que los adicionales son tres mil. Por lo que dijeron en la Comisión, entiendo que efectivamente los beneficiarios adicionales son tres mil. Sin embargo, el cálculo del primer cuadro lo hacen sobre la base al 4.100. Entonces, no se sabe cuál es el costo por empleo nuevo.
En segundo lugar, uno concluye que los costos de 2006 son menores, porque son menos los meses que se bonificarán. Sin embargo, no se especifica cuántos trabajadores nuevos, además de los 1.100 actualmente enrolados en Sence, serán bonificados en estos pocos meses que quedan de 2006. La cifra entregada es bastante alta. Entonces, uno podría concluir que, a lo mejor, a partir de agosto de 2006 el Gobierno está dispuesto a bonificar tres mil nuevos trabajadores por los meses que quedan. Insisto, la cifra es bastante alta.
En tercer lugar, en la página Nº 2 del informe financiero complementario se dice que esa cifra está compuesta por 12 meses de cobertura para tres mil beneficiarios, más una bonificación por capacitación de 10 UTM por trabajador, por una sola vez, que son poco más de 942 millones. Si fuera efectivo lo que plantea el Ejecutivo , llegaríamos al absurdo de que el año pasado, cuando se bonificaron a 1.100 trabajadores, se gastó lo mismo que se gastará el próximo año en bonificar 4.100. Entonces, obviamente esas cifras están mal expuestas y es urgente que sean aclaradas en la Comisión de Hacienda.
Por otra parte, más allá de cuántos sean los beneficiarios -comparto lo que dijo el diputado Bertolino respecto de que son muy pocos-, quiero pedirle al Ejecutivo que los recursos los distribuya bien, no sólo eligiendo bien las regiones donde se entregarán los beneficios, sino también la época del año, porque es fundamental que se analice bien el efecto estacional en el desempleo. Por ejemplo, es bastante sorprendente constatar que muchos fondos del Ministerio del Trabajo, del Fosis u otros, que bonificaron la contratación de mano de obra o incentivaron el empleo en algunas regiones, fueron entregados durante los meses de verano, cuando se produce un rendimiento ineficiente, por cuanto existe casi pleno empleo. Ello sólo beneficia al empresario o al gran propietario de fundo, quienes logran reducir sus gastos, mayor ahorro, debido a la bonificación de la contratación. Sin embargo, cuando ese mismo trabajador va a golpear puertas para recibir la bonificación, en invierno, cuando el desempleo por regiones es, por lo menos, 10 por ciento más que el del verano, no existen los recursos.
Entonces, si vamos a crear fondos en ese sentido, es imprescindible que se focalicen bien, no sólo en las regiones que más los necesitan, sino también en las estaciones del año en que más se requieren para reducir los efectos del desempleo estacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , en una sociedad democrática existen algunos principios básicos, como la participación, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la no discriminación y otros.
Ahora, si bien este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, no puedo dejar de manifestar mi inquietud y desaprobación sobre algunos aspectos. Sus disposiciones complementan o constituyen la “segunda patita” de las de aquel otro proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y el cumplimiento de la obligación escolar, que hace algunos días se trató en este hemiciclo.
A través de este proyecto el Parlamento legaliza el trabajo infantil que yo denomino “explotación infantil”.
Digo que son la “segunda patita”, porque el proyecto anterior -que acabo de mencionar-, que en ninguna parte se refiere al trabajo para niños, rige para aquellos jóvenes de entre 15 y 18 años, y el proyecto en debate rige para los jóvenes entre 18 y 25 años. Es decir, en una palabra, estamos condenando a los jóvenes entre 15 y 25 años a no tener las oportunidades que debiera darles una sociedad democrática.
Existen contradicciones, por ejemplo, el derecho a la educación o la obligatoriedad de ésta hasta cuarto año de enseñanza media y la jornada escolar completa. La mejor manera de capacitar a los jóvenes y futuros trabajadores es dándoles una buena educación y oportunidades para ello; pero eso, lamentablemente, no está ocurriendo.
Quiero hacer notar que, como diputado de la Concertación, creo en nuestra Presidenta Michelle Bachelet, en la lealtad hacia ella, pero eso no significa que no tengamos algunas diferencias. Lamentablemente, el Ejecutivo está presentando proyectos de ley que sólo favorecen a los grandes empresarios.
Es hora de que el Gobierno de la Concertación, de una vez por todas, legisle a favor de los más desposeídos, de los trabajadores. Ejemplos al canto. A los empresarios se los bonifica de diferentes maneras: en las zonas extremas, con el decreto ley N° 889, con el DFL N° 15, con el Programa Proempleo y, ahora, con una bonificación mensual de 50 por ciento de un ingreso mínimo mensual por aprendiz contratado.
Debemos terminar con eso.
Hago un llamado a los diputados que se dicen progresistas, que tienen historial en las luchas sociales, para que, de una vez por todas, nos ?pongamos las pilas? y legislemos para los pobres de Chile.
Apoyo lo que algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra plantearon en relación a que este proyecto vuelva a Comisión para que se profundice sobre su contenido con una nueva discusión, tomando como referentes valores y principios que, al parecer, lamentablemente, no han sido considerados.
Asimismo, propongo que la iniciativa también se discuta en la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa para ver cómo podría invertirse de mejor manera el dinero que se destinará al referido beneficio.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , como se ha expresado, estamos frente a un buen proyecto, porque, evidentemente, perfeccionar la bonificación al contrato del aprendizaje y facilitar a los jóvenes menores de 25 años un trabajo remunerado siempre será bienvenido.
Provengo de la Octava Región, donde campea la desocupación y a la cual pertenecen cuatro de las cinco comunas con mayor desempleo en el país. Por eso, a la luz de las cifras que se invertirán, lo que votaremos aparece pobre. Ello, porque la opinión pública presencia a diario una gran discusión respecto de qué se puede hacer con los millones de dólares que ingresan al país por el excelente precio del cobre. Y si le ponemos número a este proyecto, sobre el cual también se dijo en esta Sala que era una de las principales medidas de la campaña de la Presidenta Bachelet , porque apuntaba al desempleo, a los jóvenes, a la capacitación, vemos que aquí no se propone gastar más de seis y medio millones de dólares; es decir, casi nada frente a los millones y millones de dólares de que dispone el Fisco -reitero- debido al excelente precio del cobre.
Es importante dejar testimonio de que vamos a votar a favor del proyecto, como también de que nos parece que es insuficiente.
Por último, me referiré al planteamiento del diputado Bertolino .
Todos estos proyectos son importantes en la medida en que la comunidad esté informada, sepa quién se beneficia con ellos. Hoy, la tecnología permite lograr ese conocimiento.
Yo recorro muchas páginas web de los ministerios o de las instituciones públicas. A veces, esas páginas tienen mucho movimiento, pero poca información. Sería interesante que en la página web del Sence apareciera toda la información de los proyectos que aprobamos; cuáles se están aplicando en cada una de las regiones, de acuerdo a los criterios que establece la ley; qué industrias son beneficiadas y en qué términos, etcétera. Eso sería transparentar la información para que la opinión pública conozca cómo se están gastando los recursos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el ministro del Trabajo, señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE ( ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , la iniciativa que la honorable Cámara está conociendo tiene un objetivo central, cual es hacernos cargo de hombres y mujeres que no tienen empleo y a quienes les falta algo que para los empresarios es muy importante: experiencia laboral. A través de este proyecto se intenta estimular a los empresarios para que, por la vía de esta bonificación, puedan contratar a hombres y mujeres jóvenes sin experiencia laboral. Los honorables diputados advertirán que, de acuerdo con los datos que conocemos, el segmento en el que se expresa con mayor nitidez la ausencia de puestos de trabajo es precisamente en el empleo joven, particularmente en el de mujeres. Desde ese punto de vista, esta iniciativa amplía un instrumento que ya existe en nuestra legislación: la bonificación del contrato de aprendizaje.
Es verdad -según escuché- que la cobertura pudiera ser mejor en cuanto al número de personas que podrían beneficiarse; pero, quiero advertir que este proyecto implica un alto costo, porque, entre otras cosas, sin perjuicio de la bonificación propiamente tal, la capacitación de cada trabajador tiene un costo de 10 UTM.
Es verdad también que no hemos estado en condiciones de entregar un registro adecuado de los beneficiarios y de las empresas. Desgraciadamente -lo digo con franqueza-, en el Sence no tenemos un registro de las empresas que accedieron, menos aún de manera segmentada. No tengo ningún inconveniente en comprometer al Ejecutivo para que entregue esa información, una vez que opere el instrumento, porque es difícil hacerlo antes.
También se ha señalado que existen otros mecanismos de estímulo al empleo, con los cuales todos estamos de acuerdo. El diputado Tuma insistió mucho en generar por la vía del emprendimiento. Tiene toda la razón. No cabe ninguna duda de que por esa vía también hay que generar mecanismos adecuados de estímulo al empleo. En ese sentido, dentro de las 36 medidas de la Presidenta Bachelet se considera un fondo para el emprendimiento de cesantes mayores de cuarenta años, que fue aprobado porque no requería de iniciativa de ley.
Entonces, convengamos en que es necesario hacer un esfuerzo sistemático con un conjunto de instrumentos de empleo directo. Ayer, la Presidenta Bachelet anunció el aumento de la cobertura y de mecanismos de subsidio, algunos de los cuales provienen del gobierno del Presidente Lagos y otros se han instalado ahora, como la contratación de mano de obra de jóvenes en riesgo social, la ampliación del aprendizaje y -por qué no decirlo- empleos relacionados con inversión pública. Todos esos estímulos están orientados para que la empresa privada genere mecanismos de empleabilidad. Estamos de acuerdo en adoptar una actitud más estricta sobre la utilización de estas bonificaciones que, como señaló un señor diputado , deben usarse en momentos en que se requieran y no cuando el empleo es más pleno.
En definitiva, esta iniciativa va en la dirección de ampliar los mecanismos para que la empresa privada pueda, a través de una bonificación, generar empleo para un segmento particularmente vulnerable, como es el de mujeres jóvenes, respecto del cual las cifras indican niveles de desempleo altos.
Muchas gracias.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, le recuerdo que solicité que pidiera el acuerdo de la Sala para votar inmediatamente las indicaciones.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señor diputado , uno de los jefes de Comité presentó una petición en el mismo sentido.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para votar inmediatamente las indicaciones, de manera de no enviar nuevamente el proyecto a la comisión técnica.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe.
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , dado que el Ejecutivo entregó un informe financiero complementario, solicito que el proyecto también se envíe a la Comisión de Hacienda.
El señor LEAL ( Presidente ).-
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, esa decisión la debe adoptar la Comisión técnica o matriz.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1° N° 2 1. Del señor Urrutia“En el caso de menores entre 15 y 18 años, deberán acreditar haber culminado su educación básica o media o encontrarse cursando cualquiera de éstas durante la vigencia del contrato.”.
2. De los señores Duarte, Fuentealba, Latorre y Tuma “En el caso de menores entre 15 y 18 años deberán acreditar haber culminado su educación básica y media y encontrarse cursando cualquiera de éstas durante la vigencia del contrato, o acreditar su inscripción como alumno de dichos grados, en los primeros seis meses de su contrato.”.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor LEAL ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para tratar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 158, por el que esta Corporación solicita al Gobierno que haga llegar a su homónimo de España una nota diplomática respecto de la situación de tres jóvenes chilenos que se encuentran presos en Barcelona, y el proyecto de acuerdo N° 159, sobre los acuerdos adoptados entre los Gobiernos de Chile y Argentina en materia de energía?
El señor FORNI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , nuestra bancada da su acuerdo al proyecto de acuerdo N° 158, pero no al N° 159.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Entonces, ¿habría acuerdo para considerar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 158, de los diputados señores Chahuán y Sepúlveda, don Roberto; señora Rubilar, doña Karla; señores Jiménez y Farías, señora Herrera, doña Amelia, y señores Aguiló, Ascencio, Ojeda y Vallespín?
El diputado señor Fuentealba no da su acuerdo.
Ahora voy a recabar el acuerdo de la Sala para tratar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 159, de los diputados señores Mulet, señora Goic, doña Carolina; señores Duarte, Vargas, Fuentealba, señora Muñoz, doña Adriana; señores Álvarez, Pérez, Paredes y otros señores diputados.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra, señora diputada.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , sé que no es usual, pero le solicito que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala para el proyecto N° 158, porque se trata de jóvenes que se encuentran detenidos en España y considero que esta Corporación debe dar una señal al respecto.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Ya solicité el acuerdo de la Sala, señora diputada , pero no hubo unanimidad.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Diputado Chahuán, le ruego tomar asiento.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Diputado Chahuán, lo llamo al orden.
AUMENTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LA LEY N° 19.968. (Votación).
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 63.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón;
Forni Lobos Marcelo; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , le pido que recabe de nuevo la unanimidad para tratar el proyecto de acuerdo N° 158, que está firmado por toda la Comisión de Derechos Humanos.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señor diputado , se recabó la unanimidad en dos oportunidades y fue rechazada. Por ello, no se puede insistir.
CONTROL DEL TRANSPORTE TURÍSTICO POR SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 65, de los señores Recondo, Galilea, Arenas, Von Mühlenbrock, Palma, Vargas, García, don René Manuel, y señora Herrera, doña Amelia.
“Considerando:
Que Chile tiene un gran potencial de desarrollo en el área turística, que constituye un sector dinámico de la economía y que aporta ingresos y empleos importantes, especialmente para las zonas extremas.
Que el progreso presente y futuro de la actividad turística requiere de políticas que promuevan y fortalezcan su posición en los niveles nacional e internacional.
Que, en esta materia, el prestigio del país depende, en gran medida, de la aplicación de altos estándares de calidad y seguridad para los turistas, tanto en los hospedajes, los tours y las actividades, como en los medios de transporte contratados primordialmente para el traslado turístico.
Que, en marzo, la experiencia de doce turistas extranjeros que perdieron la vida en un accidente carretero en la zona de Lluta, en el norte del país, debido a que eran conducidos en un vehículo que no contaba con la certificación correspondiente, ha puesto en evidencia una situación irregular bastante habitual en la prestación de estos servicios.
Que, si bien corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecer las características técnicas exigibles a los vehículos que transitan en el territorio nacional, el Servicio Nacional de Turismo es la entidad que debe ejercer la facultad de regular, acreditar y fiscalizar las operaciones de los servicios dedicados al transporte de turistas, ya que, de acuerdo con el artículo 5°, número 14, del decreto ley N° 1.224, de 1975, que crea el Servicio Nacional de Turismo, a éste le corresponde calificar, registrar y clasificar las empresas, las entidades y los establecimientos que presten servicios turísticos, y, según el artículo 5°, número 23, dictar normas e instrucciones relativas a la actividad turística.
Que el Servicio Nacional de Turismo cuenta con oficinas regionales y locales en distintos puntos del país, lo que le da un buen nivel de cobertura para cumplir con las mencionadas facultadas y no afecta la accesibilidad para los operadores de servicios de transporte turístico. Asimismo, al contar con información permanente y actualizada de las actividades turísticas que se desarrollan, este servicio podría efectuar de mejor manera las tareas preventivas y fiscalizadoras que eviten la acción de servicios no autorizados o la exposición de los propios turistas a situaciones de riesgo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que fortalezca las funciones del Servicio Nacional de Turismo respecto del control de la actividad turística del país y dé a este servicio las atribuciones para la regulación, la autorización y la fiscalización del transporte turístico de pasajeros, incluyendo la acreditación de las personas naturales o jurídicas, que actualmente ejerce el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, manteniendo en dicho ministerio sólo las facultades correspondientes al control técnico de los vehículos que se utilicen para el transporte de turistas en el territorio nacional.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , es reconocido el gran potencial de desarrollo que ha alcanzado el turismo en nuestro país y el prestigio que se ha ganado debido a la calidad del servicio que presta a los turistas, todo lo cual lo ha ido transformando, día a día, en una industria que debemos cuidar si la queremos conservar, particularmente los diputados que representan regiones donde ese potencial es aún mayor.
Por eso, debemos preocuparnos de los servicios de transporte terrestre de pasajeros en el área turística, donde hay algún grado de confusión. Como a todos los vehículos que circulan en el país, sólo se les exige la revisión normada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que todos conocemos, es decir, técnica, mecánica y de protección al medio ambiente que debemos cumplir para poder circular por las carreteras y calles de Chile. Sin embargo, consideramos necesario facultar al Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, para que califique qué vehículos pueden transportar turistas, sobre todo en zonas en que se utilizan vehículos con tracción en las cuatro ruedas o que tienen características especiales.
El proyecto de acuerdo tiene por finalidad pedir a la Presidenta de la República que se fortalezcan las funciones del Servicio Nacional de Turismo en materia de control de la actividad turística de nuestro país y le entregue atribuciones para calificar los vehículos que se dedican al transporte de pasajeros en el área turística, mediante la entrega de un certificado distinto y adicional al del control técnico que entrega el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, espero que la Sala le dé su aprobación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , a primera vista, la fundamentación del proyecto de acuerdo resulta bastante razonable. Sin embargo, no me parece que el Servicio Nacional de Turismo, que cuenta con escasa presencia en el país, muy inferior a la del Ministerio de Transportes, deba transformarse en un organismo que otorgue certificados de control técnico a los vehículos que se utilizan para el transporte turístico.
Reitero, no me parece una buena solución, sin perjuicio de que debiéramos tener en cuenta la materia de fondo que aborda.
De aprobarse ese procedimiento y debido a la gran cantidad de comunas existentes en el país, no sería difícil que en algunas se facilitara la elusión del control técnico de ese tipo de vehículos, el cual, por ley, debe quedar en manos del Ministerio de Transportes.
Sus autores debieran considerar una fórmula distinta, pues no parece razonable que la fiscalización técnica de los vehículos de transporte turístico sea llevada a cabo por una oficina de turismo. En las zonas extremas, las oficinas de turismo sólo entregan información sobre la materia y no cuentan con personal suficiente, de manera que difícilmente podrían abordar otras tareas.
Reitero, me parece que no es un buen proyecto de acuerdo, razón por la que invito a los colegas a rechazarlo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
DETENCIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS EN BARCELONA. Oficio constitucional.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, en el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente , en virtud de lo que establece la letra a) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política, pido que se vote el envío de un oficio a la Presidenta de la República , con el objeto de darle a conocer la grave situación que afecta a dos chilenos detenidos injustamente en Barcelona. Hace 18 días están en huelga de hambre junto a la madre de uno de ellos, porque de acuerdo con los antecedentes de que disponemos, no se ha garantizado su legítima defensa ni el debido proceso.
Según la información con que contamos, debido a los graves y desafortunados acontecimientos ocurridos el 4 de febrero pasado, donde resultó malherido un oficial de la policía catalana, fueron apresados, sin evidencia alguna en su contra, dos chilenos y un argentino, y acusados injustamente de ese brutal atentado y se encuentran privados de libertad desde esa fecha.
Esos jóvenes no han tenido derecho a una legítima defensa, por lo que pedimos a la Presidenta de la República que manifieste la preocupación del Gobierno chileno por su situación.
Solicitamos a todos los diputados que solidaricen con la causa de esos tres compatriotas en huelga de hambre y se pronuncien respecto de sus derechos humanos, los cuales se están vulnerando en otro país.
Reitero, pedimos a la Presidenta de la República manifestar la preocupación del Gobierno chileno por la vulneración de las garantías que les asisten a esos chilenos de
acuerdo al derecho internacional, básicamente, el principio de inocencia.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En votación la petición del diputado señor Francisco Chahuán .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
HOMENAJE EN MEMORIA DE LA COMUNICADORA Y FOLCLORISTA DE PUERTO MONTT DOÑA MAFALDA MORA ACUÑA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , la radio y el folclor de nuestro país están de duelo, porque el fin de semana pasado perdimos con mucho dolor a una mujer símbolo. El sábado pasado, a los 83 años, murió la señora Mafalda Mora Acuña en Puerto Montt. La acompañaron en la hora de muerte su marido, don René Salinas , y sus hijos, Patricia , María Victoria y René , todos comunicadores y servidores públicos.
Mafalda Mora llegó a Puerto Montt en 1946, recién casada con el periodista y radiodifusor, don René Salinas Palacios . Juntos dieron vida y forma a la radio Reloncaví, emisora AM que convirtieron en parte importante del patrimonio cultural del sur.
Desde ese medio de comunicación, doña Mafalda, don René y sus tres hijos no sólo construyeron un puente que hasta hoy sigue uniendo por el aire a los habitantes de los sectores rurales y de las islas de las Décima y Undécima regiones, tan apartados de los adelantos tecnológicos de hoy, sino que también trabajaron intensamente en la difusión y promoción de la música chilena.
Mafalda Mora fue en vida un invaluable aporte a la cultura regional y nacional, pues se destacó en su labor de investigación, creación y difusión de música folclórica en Puerto Montt y en el resto del país. Además, constituyó un apoyo y una madrina para muchos artistas locales, y también para varios otros cultores musicales que llegaron a Puerto Montt desde distintas zonas del país.
La comunidad de Puerto Montt recuerda a doña Mafalda como una mujer generosa, que no escatimó nunca recursos ni trabajo para ayudar a los creadores y cultores de nuestra música.
Algunas de las obras que hacen recordar a doña Mafalda Mora y que retratan su trabajo de rescate y promoción de valores y cultura, son las siguientes:
El programa radial “Fiesta Chilena”, que se ha transmitido ininterrumpidamente durante 35 años a través de radio Reloncaví, una ventana diaria para la difusión de todas las formas y tipos de música nacional.
Por otra parte, la señora Mafalda tenía un espacio de mensajes que se transmite por esta misma emisora, siendo el medio más efectivo de información y comunicación para las familias y autoridades que viven en el campo y en las islas. Además, es importante resaltar que fue una de las creadoras del Festival del Mar, que, desde 1986, busca estimular la creación artística de autores y compositores de música de raíz folclórica, difundir y promocionar la historia, tradiciones y los entornos humano, geográfico y social que se relacionan con el mar.
La señora Mafalda Mora partió de este mundo mientras su querida radio Reloncaví sigue su camino de progreso y cercanía con la comunidad, con el sello característico de apertura y pluralismo que la familia Palacios Mora ha mantenido, con el esfuerzo diario que requiere cada una de las secciones de la emisora.
Su trabajo de investigación y difusión de nuestra cultura musical no sólo será recordado por la gente del sur, sino también por quienes, desde distintos puntos del país, agradecen su quijotesca cruzada de difundir y crear folclor criollo.
Ayer, lunes, en la iglesia de los padres jesuitas del colegio San Javier, con una misa a la chilena, fueron despedidos los restos de Mafalda Mora. Nos duele su partida, pero estoy segura de que su espíritu jovial, cordial y amistoso, seguirá con nosotros en el Festival del Mar y especialmente en los mensajes y en la fiesta chilena de la tradicional radio Reloncaví.
A don René Salinas , a sus hijos Patricia , María Victoria y René , un gran abrazo.
Agradezco la posibilidad de rendir homenaje, desde este hemiciclo, a una mujer símbolo que ha dejado huella en la historia y en la cultura de Puerto Montt.
Pido que mi intervención sea enviada a la radio Reloncaví.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se procederá en los términos solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE TEMPORAL EN PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN Y DE ARAUCO. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en estos momentos nuestra región está siendo fuertemente azotada por un temporal que ha provocado cortes de caminos, inundaciones gravísimas y dejado cientos de personas damnificadas. Casas de poblaciones enteras han quedado con un metro y medio de agua. Hay gente que lo está pasando muy mal.
En Talcahuano y otras comunas de las provincias de Concepción y de Arauco la situación es muy grave.
Pido que se oficie, con carácter de urgente, al ministro del Interior, a fin de que se declare zona de emergencia al menos las provincias de Concepción y de Arauco, porque la situación que se vive es extraordinariamente grave.
En Concepción se han desbordado los ríos; en Talcahuano, con la subida del mar se han inundado poblaciones; también ha habido crecidas de canales que están provocando graves problemas.
Junto con la alcaldesa señora Jacqueline Van Rysselberghe , hace dos meses concurrimos a conversar con el ministro de Obras Públicas , señor Bitrán, y con el subsecretario del Interior , con el propósito de señalarles las graves dificultades que produce no tomar prevención ni dotar de los recursos necesarios para que los esteros de Concepción -el señor Presidente de la Cámara los conoce muy bien- sean evaluados a fin de evitar la emergencia que hoy se vive. En este instante, la alcaldesa señora Van Rysselberghe se encuentra precisamente en esos lugares, tomando conocimiento de la terrible situación que viven los vecinos.
En similar condición se encuentra la comuna de Talcahuano. He pedido que se me informe sobre Hualpén. Por suerte, esta comuna todavía no está viviendo situaciones tan desesperantes.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán , para que responda a los requerimientos que, en su oficina, le hicimos junto con la alcaldesa de Concepción , señora Jacqueline van Rysselberghe .
Por último, reitero la petición de oficiar al ministro del Interior , a fin de que declare zona de emergencia al menos a las provincias de Concepción y de Arauco, por las graves dificultades que allí se están viviendo y por el drama humano que significa para cientos de familias la pérdida de sus viviendas y, para muchas de ellas, de lo poco que tenían.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
CUESTIONAMIENTO A CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BICENTENARIO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre la actitud, profundamente negativa, incluso displicente, del ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán , respecto de una importante obra de infraestructura: el puente Bicentenario sobre el canal Chacao .
No es posible aceptar hoy, por parte del señor ministro , que existan opciones distintas al viaducto sobre el canal de Chacao, por una razón muy simple: en 1997, el entonces Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , anunció al país que su gobierno tomaba la decisión de Estado de unir a Chiloé con el resto del continente y, a través de ese puente, integrar al sur austral del país.
Esa decisión de Estado del Presidente Frei fue ratificada en dos oportunidades por el Presidente Ricardo Lagos: primero, en 2001, cuando anunció los estudios financiados por el Ministerio de Obras Públicas para evaluar esa opción y, después, el año pasado, cuando señaló que, una vez adjudicada la concesión, aproximadamente en 2012 ó 2013 Chiloé contaría con ese puente.
Por esa razón, no deja de llamar la atención la reacción extemporánea e inadecuada del ministro señor Bitrán; extemporánea, porque la alternativa que propone en relación con transbordadores de última generación que fue a visitar a Noruega, fue una opción que se analizó en forma oportuna en el Ministerio de Obras Públicas, en el departamento de Concesiones, en las comisiones del Senado, y fue el ministerio el que desechó esa iniciativa por considerar que el país ya había tomado una decisión de Estado.
No es posible que cuando se adjudica un contrato de concesión que tiene claramente definidas las causales de término que el estado de Chile puede invocar, no se considere las tarifas en ninguna parte de ese contrato, aspecto que hoy argumenta el señor Bitrán; sólo se establece que, en una primera etapa, sería causal de término del contrato de concesión el hecho de que los estudios geológicos hubieran demostrado que la denominada roca “remolino” no permitiera dar sustento a uno de los pilares del puente. Eso quedó debidamente definido y, desde el punto de vista técnico, es posible llevar adelante la obra.
La segunda fase dice relación con que el costo final del proyecto no supere los 18 millones de unidades de fomento, es decir, alrededor de 600 millones de dólares que, de alguna u otra manera, es el límite establecido en un proyecto de ley que ingresó a tramitación en el Senado el Presidente Lagos en enero pasado.
Hoy se cuestionan la viabilidad económica de ese puente sobre el canal de Chacao y los montos que el Estado puede entregar como aval para los créditos de la constructora y, de esa forma, abaratar los costos financieros.
Pero en el pasado, en esta misma Sala, quienes participamos de la discusión de proyectos de ley que decían relación con el Metro de Santiago, con el de Valparaíso y con la extensión de la línea férrea de Temuco hacia Puerto Montt, aprobamos 1.500 millones de dólares para que el Estado pudiera actuar como garante de las obligaciones de esas empresas. Pero hoy, para Chiloé y para la gente del sur austral, el ministro cuestiona el aval del Estado por 600 millones de dólares.
Por eso, hoy, cuando leo la prensa y veo que el ministro empieza a cambiar de posición, pienso que estamos ante el reconocimiento de un error. Un ministro no puede, con sus opiniones personales, pasar por encima de decisiones de Estado ratificadas por dos mandatarios.
Solicito que se oficie a la Presidenta de la República con el propósito de pedirle que mantenga esa decisión de Estado, tomada por el Presidente Frei y ratificada por el Presidente Lagos , en orden a construir el puente Bicentenario sobre el canal de Chacao, para que, de esa forma, esas declaraciones extemporáneas, inoportunas y, hasta cierto punto, irresponsables, no generen dudas, confusión y frustración, no sólo en la gente del sur austral del país y de la provincia de Chiloé, sino también en el sistema de concesiones que Chile ha implementado con éxito en los últimos años.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
FALTA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE ILLAPEL. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de solicitar que se realice una fiscalización en Illapel, puesto que esa comuna, capital de la provincia del Choapa, de la Cuarta Región, se encuentra sin agua potable desde el viernes 7 recién pasado.
Según explicación de la empresa responsable, el corte se debió a fallas provocadas por problemas de la naturaleza. Sin embargo, Aguas del Valle, una empresa de gran envergadura, que suministra el agua potable a toda la Cuarta Región, no se ha preocupado con la debida eficiencia de enviar apoyo técnico para solucionar la falta de suministro de agua potable en la señalada comuna.
En consecuencia, pido que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios , con quien ya conversé personalmente, a fin de que disponga una fiscalización a fondo de la calidad del servicio de la empresa Aguas del Valle en la Cuarta Región, particularmente sobre las causas que provocaron el corte en el suministro de agua potable, durante cuatro días, en la comuna de Illapel.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RETRASO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE SAN FELIPE. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación tremendamente negativa que se vive en la comuna de San Felipe.
Hace cuatro años, en 2002, fueron aprobados 28 mil millones de pesos, en un convenio de programación para la inversión en salud, entre el gobierno regional de la Quinta Región y el Ministerio de Salud.
Durante estos cuatro años se han realizado múltiples inversiones hospitalarias y, por cierto, en atención primaria. Pero, al analizar la cartera de proyectos, con sorpresa descubrimos que hace cuatro años, la unidad técnica, que es la Municipalidad de San Felipe, responsable de enviar el proyecto para la construcción de un consultorio de salud familiar por la cantidad de 640 millones de pesos para atender a más de 60 mil personas en dicha provincia, no ha cumplido con la más mínima obligación de entregar este proyecto al Gobierno para su aprobación y posterior llamado a licitación. Son cuatro años de demora injustificables, lo que puede significar no acceder a estos cuantiosos fondos.
Por lo expuesto, solicito que se envíen los siguientes oficios:
1. A la ministra de Planificación para que nos haga llegar la información relativa a la tramitación de este proyecto, consultorio General Urbano Nº2 de San Felipe, según el sistema de evaluación de dicha cartera.
2. Al intendente de la Quinta Región, para que nos informe sobre el cumplimiento de lo establecido en el convenio de programación de inversiones Ministerio de Salud Gobierno Regional del año 2002.
3. Al ministro de Salud , a fin de que el subsecretario de Redes Asistenciales nos entregue información sobre la ejecución del proyecto Centro de Salud Familiar en todo el país; desde cuándo se aplica este modelo de atención, particularmente, cuántos centros de salud familiar ya han sido construidos para dar cumplimiento al plan Auge, y
4. Al alcalde de la Municipalidad de San Felipe para que nos informe sobre la determinación de retirar el proyecto para el diseño del consultorio General Urbano, financiado hace cuatro años y, además, sobre la tramitación de este proyecto desde 2002 a la fecha, sobre todo si existe la planificación para la confección del diseño, su licitación, el inicio de obras y, por cierto, cuándo se va a inaugurar.
Por otra parte, hemos iniciado una campaña pública, a la que llamo a adherir, especialmente a la gente de San Felipe, denunciando esta situación y exigiendo un nuevo consultorio ahora.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE ESTAFA COMETIDA POR EMPRESA DE TURISMO DE VALPARAÍSO. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , hasta hace algunos días, en el centro de la ciudad de Valparaíso funcionaba una agencia de viajes que ha desaparecido y que incurrió en graves delitos y faltas en perjuicio de los usuarios de sus servicios.
Esta agencia de viajes, denominada “Turismo Internacional”, ubicada en la calle Esmeralda de Valparaíso, vendió pasajes a numerosas personas de escasos recursos, muchos de ellos tenían que visitar a parientes gravemente enfermos y de mucha edad en el extranjero. Para ello, algunos debieron vender sus vehículos, pidieron créditos y entregaron sus pasaportes. Ninguno viajó. Se trata de alrededor de 50 ó 60 familias de Viña del Mar. Muchos pagaron a esta agencia cifras superiores al millón seiscientos mil pesos. Sin embargo, ninguno de sus derechos ha sido respetado. Aparentemente, la empresa habría quebrado, pero todos los indicios señalan que aquí hubo una gran estafa que podría estar reproduciéndose en otras partes del país con agencias informales que funcionan con este sistema.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que harán valer los afectados, a quienes vamos a otorgar apoyo jurídico, lo importante es analizar qué permitió a una agencia absolutamente informal -que ni siquiera daba boletas por sus prestaciones, sino sólo recibos de dinero- funcionar durante más de veinte años en el centro de Valparaíso a vista y paciencia de todos los organismos fiscalizadores. Aquí fallaron las instituciones.
Por ello, pido que se oficie al alcalde de Valparíso , al director del Servicio de Impuestos Internos , al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, al director del Sernac y a otros organismos responsables de fiscalizar estas materias, para que remitan a la Cámara de Diputados todos los antecedentes en relación con este caso, a fin de que nos impongamos sobre las causas que permitieron a la referida agencia constituir una asociación ilícita y cometer estafas y los ilícitos de propaganda y publicidad engañosa. Asimismo, que nos informen sobre las medidas que han adoptado una vez presentados los reclamos a la fiscalía correspondiente respecto de estos hechos que son de conocimiento público.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
PETICIÓN PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , me parece inaudito que la Sala de la Cámara de Diputados no haya dado la unanimidad para tratar el proyecto de acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Presidenta de la República que haga llegar una nota diplomática al gobierno de España respecto de la situación de dos jóvenes chilenos presos en Barcelona que iniciaron una huelga de hambre. Es un caso de derechos humanos. Dos jóvenes y la madre de uno de ellos llevan más de quince días en huelga de hambre y sus vidas corren peligro.
Hago un llamado a la Sala a fin de que en la sesión de mañana dé la unanimidad para tratar el proyecto de acuerdo N° 158, firmado por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. El proyecto relacionado con el suministro de gast, desde Argentina, que se contrapuso a éste, sin duda es importante para el país, pero no es de vida o muerte. No hablo en forma poética. La situación de esos chilenos es muy grave. Reitero, dos jóvenes chilenos y la madre de uno de ellos están en peligro de muerte. Sin embargo, un diputado no fue capaz de proceder con altura de miras, pensando en la vida, y no dio la unanimidad para tratar este proyecto de acuerdo.
Por lo expuesto, pido que mañana la Mesa recabe la unanimidad de la Sala para tratar en esa sesión el proyecto de acuerdo N° 158 de la Comisión de Derechos Humanos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Muy bien, señor diputado . A su petición adhieren los diputados que así lo indican.
RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA .-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero hacer una reflexión sobre lo que los parlamentarios hacemos en la hora de Incidentes. Habitualmente, en ese tiempo formulamos solicitudes, reclamos o denuncias respecto de diferentes situaciones que afectan a los electores de nuestros distritos o al país en general.
Nuestra labor legislativa requiere de apoyo, de asesorías, de estudios, de interpretación de datos, de comparaciones legislativas. Por ello, en esta oportunidad, quiero destacar el profesionalismo, disposición y atención deferente que siempre hemos encontrado en los funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, encabezados por su directora, la señora Soledad Ferreiro . Son miles de usuarios los que, de una u otra manera, mantienen contacto a diario con nuestra Biblioteca y, a través de ella, directamente con el Congreso.
Por eso, en mi nombre y en el de mi bancada, Renovación Nacional, solicito que se envíen las más cordiales felicitaciones a los casi 180 funcionarios que, día a día, hacen que nuestra labor legislativa sea mucho más fructífera. Mi gratitud es por todo el apoyo que a diario nos entregan.
También quiero decirle a estos funcionarios que no se desanimen cuando la crítica mal intencionada o destructiva pretenda paralizarlos, porque aquellos que los critican arteramente son los mismos que descalifican aun a sus propios colegas, son los soberbios de siempre que, lejos de realizar propuestas constructivas, sólo emiten opiniones destructivas.
A los funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional recurrimos a diario para que nos hagan los informes de prensa, las asesorías legales y las asesorías temáticas que nos permiten hacer un trabajo más acorde con lo que el país requiere.
Por eso, reitero, pido que se envíen nuestras felicitaciones y reconocimiento a aquellos abnegados funcionarios que nos ayudan en nuestro diario quehacer.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Denise Pascal y Carolina Goic , del diputado señor Fidel Espinoza y del que habla.
INCUMPLIMIENTO POR AUTORIDADES ARGENTINAS DE COMPROMISOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que, junto a varios diputados, entre ellos el colega Álvarez , de mi zona, solicitamos discutir en esta sesión, pero no hubo acuerdo. Sin embargo, la gravedad de la situación, especialmente para la región de Magallanes, amerita que me refiera a la materia. Los medios de comunicación han informado de las actitudes de nuestros vecinos argentinos respecto de la disminución de los envíos de gas, lo que ha ocurrido desde hace más de dos años. En efecto, la república Argentina ha tomado una serie de medidas que han implicado incumplimiento del suministro de gas natural comprimido a las empresas chilenas, afectando el abastecimiento y el normal desarrollo de los negocios que requieren este recurso natural, poniendo en incertidumbre el suministro de gas domiciliario. Aquí se ha violado, reiteradamente, el cumplimiento de compromisos comerciales suscritos con empresas y con el Estado chileno, lo que me parece de extrema gravedad.
Esta situación hoy se ve agravada, ya que a las irregularidades en el suministro se agrega la incorporación de tributos que en ningún momento estaban pactados ni conversados. A propósito de la discusión del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, planteé la situación de Puerto Natales en relación con Río Turbio. Muchos de sus habitantes cruzan la frontera para cargar combustible a mitad de precio. Esto se debe al impuesto específico que pagamos en nuestro país por el petróleo que, además, es refinado en la región de Magallanes y que los mismos magallánicos, que viven en Puerto Natales, adquirían en Río Turbio. La decisión unilateral, a días de haberse realizado el Comité de Frontera, donde se debió haber planteado, por lo menos, esta situación, me parece que no tiene calificativo. Sumado a esto, se establece un cobro para las personas que ingresen a Argentina por vía marítima o terrestre, el cual, junto con el costo adicional en el precio de los combustibles, encarecerá las actividades no sólo de la gente de Puerto Natales, sino también de quienes desarrollan actividades turísticas, de transporte de pasajeros y de carga.
Todas estas medidas provocan el repudio y malestar de la diputada que habla. Por tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que adopte todas las medidas necesarias que el marco de los acuerdos suscritos con Argentina le permitan y el Derecho Internacional le otorgue, para revertir esta situación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PATROCINIO DEL EJECUTIVO A MOCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE MATERNIDAD EN ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficios.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , quiero referirme a la moción que presenté junto con otros diputados de la Democracia Cristiana, el 6 de julio, que buscaba garantizar la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos en el ámbito de la educación superior. El proyecto fue declarado inadmisible por tratar temas que se relacionan con la seguridad social y por implicar recursos estatales, sobre todo en el caso de las universidades estatales.
El proyecto se orientaba a asegurar el derecho a una sala cuna; es decir, establecía la obligación de las instituciones de educación superior de contar con un espacio habilitado para el cuidado de niños entre cero y dos años, en el entendido de que hemos avanzado progresivamente no sólo en asegurar el resguardo de los menores, sino también en el derecho de las mujeres. Hoy lo consagra el Código del Trabajo para las mujeres que trabajan. Por eso, consideramos legítimo equiparar la situación y llamar a la equidad a las instituciones de educación superior, de manera que esto no sea un motivo para que las mujeres estudiantes vean mermado su rendimiento académico o tengan que congelar o interrumpir su educación superior.
También lo planteamos en términos de equidad de género, como un beneficio que pudieran tener los padres, en el entendido de que los hijos no solamente son responsabilidad de las madres.
Por la relevancia que tiene el proyecto, en representación de todos quienes lo suscribimos, pido oficiar a los ministros de Educación , del Servicio Nacional de la Mujer y del Trabajo, adjuntando copia de la moción, a fin de obtener el respaldo del Ejecutivo para esta propuesta y discutirla en esta Corporación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado que habla.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , quiero agradecer la rapidez y calidez con que el ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán , dio pronta salida a una amenaza grave para la calidad de vida de los habitantes de la comuna de El Monte. Me refiero a la posible construcción de un aeródromo en la zona. El mayor peligro no está sólo en la contaminación acústica y ambiental, sino en la pérdida de empleo que afectará a los cientos de campesinos que allí habitan.
El domingo, solicité una audiencia al señor ministro y accedió a recibirnos al día siguiente, junto al alcalde y sus dirigentes. En esa ocasión también nos acompañó la presidenta de la junta de vecinos, la señora Gisela Rosales Reyes .
Tras la reunión, los dirigentes se fueron menos preocupados de lo que estaban, pero aún inquietos.
El ministro de Obras Públicas se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para realizar en la zona el estudio de factibilidad correspondiente y complementarlo junto con el alcalde y las personas que están siendo afectadas por la situación descrita.
De lo anterior se puede desprender que hay una intención positiva del ministro de Obras Públicas de ver in situ la posibilidad real de construir el aeródromo.
El estudio durará un año, cuestión que nos mantendrá inquietos. Pero, nos tranquiliza el hecho de que se podrá hacer un macro estudio de la Región Metropolitana y se investigarán las diferentes zonas propuestas con anterioridad para el reemplazo del Aeródromo de Cerrillos.
Esperamos que dicho estudio demuestre el error que se está cometiendo en El Monte, zona de gran riqueza agrícola, en un país que queremos que se convierta en un agro exportador alimentario. Además, está la pavimentación de tierras agrícolas.
Pero no se trata sólo de la situación descrita, sino que la construcción de dicho aeródromo no aportará beneficios a la zona, pues los terrenos que se tendrían que expropiar son el sustento laboral de las personas que habitan la comuna y no generará empleo, pero sí contaminación.
Por eso, pido oficiar al general Rosende , director de la Dirección General de Aviación Civil, Dgac, para que remita a esta Cámara el estudio de las diez ubicaciones que se analizaron en nuestra región y en las aledañas y que plantea que por equis razones no se puede llevar a cabo la construcción del aeródromo en esos lugares y que sólo podría realizarse en El Monte.
Asimismo, oficiar al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap , a objeto de que nos envíen copia de las inversiones que ha hecho nuestro gobierno en esa zona durante los últimos cinco años, en apoyo al desarrollo de la agricultura del lugar y de los pequeños agricultores.
Además, pido enviar copia íntegra del texto de mi intervención al alcalde de la comuna de El Monte , señor Francisco Gómez , y a la presidenta de la junta de vecinos, señora Gisela Rosales Reyes .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Fidel Espinoza y de quien preside.
HOMENAJE A LA COMUNICADORA Y FOLCLORISTA DE PUERTO MONTT DOÑA MAFALDA MORA ACUÑA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , desde esta Cámara deseo rendir homenaje a una gran mujer que dejó de existir, a la edad de 83 años, el sábado 9 de julio pasado, en Puerto Montt: la señora Mafalda Mora Acuña , quien nos dejó un legado de enorme importancia para el desarrollo cultural de la Décima Región.
Su muerte significa mucho para el folclor chileno.
En 1946, la señora Mafalda llegó a la ciudad de Puerto Montt junto a su distinguido esposo, el señor René Salinas Palacios , periodista y radiodifusor, a quien nuestra región también le debe mucho. Desde ese entonces, la señora Mafalda Mora Acuña apoyó incansablemente a los artistas locales y en especial a la música tradicional chilena.
Inculcó siempre en sus hijos Patricia , María Victoria y René -connotados comunicadores y servidores públicos-, a quienes tengo el honor de conocer, los valores de su abnegada vida al servicio de la comunidad.
Sin duda, la radio Reloncaví de Puerto Montt, una emisora señera en la difusión y promoción de su pasión y trabajo al servicio de la gente, es el sello que grafica el trabajo de la señora Mafalda Mora .
La señora Mafalda fue la creadora del actual programa radial “Fiesta Chilena”, que por 35 años se ha escuchado en nuestra zona.
El reportero radial señor Washington Vera , un connotado comunicador social que trabaja desde hace 22 años en dicha emisora, ha señalado que la señora Mafalda fue una mujer generosa, porque no escatimaba ningún recurso para ayudar a cuanto artista local le presentaba un trabajo de música folclórica. Fue una mujer siempre dispuesta a ayudar, como muy bien lo ha señalado don Washington Vera .
El legado de la señora Mafalda Mora está lleno de premios y distinciones. En 2002, el gobierno regional la distinguió con el máximo premio del aporte a la cultura y, en 2004, el municipio de Puerto Montt la homenajeó, colocándole su nombre a una de las salas de la Casa del Arte Diego Rivera .
En nombre de toda la comunidad del distrito N° 56 que represento, de Puerto Montt, Calbuco y Maullín , que también vieron en ella a una gran mujer al servicio de la comunidad, hoy rindo este justo homenaje para que también lo reciban como corresponde sus hijos y su distinguido esposo, quienes siguen sirviendo a toda nuestra comunidad. Vayan para todos ellos un fraternal saludo desde este Congreso y nuestro más sentido pésame. Por cierto, sepan que el orgullo por el trabajo de la señora Mafalda los acompañará por siempre.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alberto Robles y de quien habla.
INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO A INTEGRANTES DE COMITÉ VILLA SAN BERNARDO, COMUNA DE FRESIA. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , el comité Villa San Bernardo , comuna de Fresia, constituido por una veintena de vecinos, desde 2001 está esperando los títulos de dominio que los hacen dueños de su propiedad. En ese año, el municipio de Fresia contrató los servicios de una abogada con el objeto de sanear el dominio de sus inmuebles; pero ello, hasta hoy, transcurridos cinco años, no ha ocurrido. Los antecedentes que han llegado a mi poder dan cuenta de que hubo honorarios pagados por más del 80 por ciento de los trabajos no realizados.
Por lo tanto, pido que se oficie a la contralora regional de la Décima Región, señora Priscila Jara , para que fiscalice si la Municipalidad de Fresia contrató servicios para el saneamiento y la legalización de esas propiedades. De ser efectivos los pagos, conocer qué acciones legales ha emprendido dicho municipio, desde esa fecha, para resarcir el daño causado a esas familias, porque, desde mi punto de vista, el grave incumplimiento de contrato que eventualmente existiría las ha afectado profundamente. De ser efectivo esto, es necesario conocer cuáles son las acciones legales que tomará el municipio con el fin de remediar la situación que afecta a esas familias, agrupadas en un comité presidido por don Arturo Villarroel , y en el cual actúa de secretaria la señora Ana Pasmiño Vargas .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , hace uno o dos días, nuevamente apareció en la prensa una información del subsecretario de Salud en cuanto a que el ministerio del ramo estaba pensando entregar en concesión la construcción de los hospitales de La Florida y de Maipú y la ejecución de las obras del futuro complejo Barros Luco y Exequiel González .
En este tema hay un aspecto extremadamente delicado, por dos motivos: Primero, si se entiende por concesión el hecho de que el privado construya un hospital y pueda, por un lado, recuperar su inversión y, por ende, obtener las utilidades pertinentes es una cosa; y, por otro, si se trata de obtener recursos a través de concesiones de parte de lo que un hospital desarrolla en función de los enfermos, parece muy grave.
Hay labores que dentro de un hospital público podrían ser desarrolladas por empresas externas, como la alimentación y la seguridad de los pacientes, el servicio de lavandería, el aseo, etcétera. Sin embargo, eso significaría que la dirección del hospital tendría que reembolsar la construcción del establecimiento con cargo al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, del Presupuesto.
Lo anterior significaría que el valor del plato de comida o la unidad de sábana lavada en un hospital público -en este caso, los de La Florida y Maipú - sería mucho más alto que en cualquier otro servicio público y tendríamos que entregar recursos a esos hospitales, con cargo al mencionado Subtítulo 22, para que puedan pagar la construcción del edificio. En
estas circunstancias, un director de hospital tendría que optar entre comprar medicamentos para sus pacientes o pagarle a la empresa constructora del establecimiento hospitalario.
La situación sería muy distinta si todo se realizara con cargo al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las cuales existen recursos que cada año aprueba el Congreso Nacional. De manera que todos sabemos la forma en que se financia esa partida: el Gobierno puede solicitar un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo o a otras instituciones privadas.
En innumerables ocasiones, he solicitado información acerca de la línea que seguirá el Gobierno en esta materia. Estoy en contra de la privatización de la salud pública. Creo que ella debe seguir siendo estatal, sobre todo si consideramos que en las arcas fiscales existen recursos suficientes para la construcción de hospitales mediante licitación internacional, sin tener que recurrir a la privatización de ninguna área de los hospitales públicos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Salud , a fin de que nos informen acerca de la decisión del Gobierno de licitar algunos establecimientos públicos de salud, cómo se van a pagar y si se realizó el estudio, incluido en la ley de Presupuestos, sobre la conveniencia de recurrir al sistema de concesiones en el área de la salud y de no ser así, en qué se gastaron esos recursos.
Debo decir que estuve presente en la subcomisión que trató este tema, y allí quedó claramente expresada nuestra posición favorable a que dicho estudio debía ser remitido a la Cámara de Diputados, lo que aún no ha ocurrido.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.49 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana, y refuerza las atribuciones preventivas de las policÍas. (boletín N° 4321-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley, destinado a modificar el Código Procesal Penal y el Código Penal en materia de seguridad ciudadana, y que refuerza las atribuciones preventivas de las policías.
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Pese a todos los avances que nuestro país ha logrado en materia de modernización de su sistema de enjuiciamiento criminal; de la eficiente gestión del Ministerio Público en la persecución penal; la variada legislación aprobada por todos los sectores políticos representados en el Congreso Nacional; y el reforzamiento humano y material de las policías, la ciudadanía da señales de temor subjetivo ante el actuar de la delincuencia, que hace necesario introducir mejoras en el sistema, destinadas a reprimir con mayor energía al delito y disminuir esa sensación de temor.
Por ello, el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Justicia, analizaron la forma en que las normas del nuevo proceso penal están siendo aplicadas, con el objeto de detectar aquellas situaciones que permitan que delincuentes habituales o peligrosos se encuentren en libertad o la recuperen fácilmente, y propongan aquellas modificaciones legales que den solución a esas falencias.
En el trabajo de análisis, se tuvieron a la vista los diversos estudios y planteamientos elaborados por el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública; se analizaron diversas mociones parlamentarias, de oposición y de gobierno, con el objeto de determinar cuáles eran los temas más sensibles y relevantes desde la óptica parlamentaria, de manera de poder sistematizar y refundir las distintas proposiciones en un solo texto legal, que diera respuesta eficaz y coherente a los problemas que como sociedad estamos enfrentando.
Entre las múltiples iniciativas analizadas y que se encuentran recogidas total o parcialmente en este proyecto, se encuentran, entre otras, las de los Boletines N° 4125, de los H. Diputados Ascencio , Burgos , Duarte , Saffirio y Walker ; N° 4233, de los H. Diputados Cardemil , Chahuán , Cristi , Dittborn , Forni , Monckeberg Bruner y Monckeberg Díaz , Sepúlveda , Uriarte y Vargas ; N°4243, de los H. Diputados Bertolino , Cardemil , Chahuán , Galilea , García , Martínez , Monckeberg Bruner , Rubilar , Sepúlveda y Valcarce; N° 4276, de los H. Diputados Godoy , Herrera , Vargas y Monckeberg Bruner ; N° 4274, de los H. Diputados Chahuán , Galilea , Monckeberg Bruner , Palma y Vargas ; N° 4279, de los H. Diputados Alvarez-Salamanca Bertolino , Chahuán , Delmastro , Galilea , Herrera , Monckeberg Bruner , Monckeberg Díaz y Sepúlveda ; N° 4287, de los H. Senadores Allamand, Espina, García , Kuschel y Prokurica; N° 4288, de los H. Senadores Allamand , Cantero , Espina, García y Prokurica; N° 4289, de los H. Senadores Allamand, Espina, García , Horvath y Prokurica y, N° 4293, del H. Diputado Walker .
El fenómeno de la delincuencia no es un problema político que pueda reducirse a una confrontación entre el Gobierno y la oposición. Este es un problema de Estado, en el que todos los sectores políticos, todos los poderes del Estado y la sociedad en su conjunto tienen deberes y responsabilidades. Sólo actuando mancomunadamente, teniendo como norte lo mejor para Chile y su gente, podremos dar soluciones adecuadas al fenómeno de la delincuencia, en el marco de la legalidad y el estado de derecho.
Sin lugar a dudas la delincuencia no se enfrenta y derrota exclusivamente con un eficiente y efectivo sistema de persecución penal. Es necesario ir a sus raíces para controlarla definitivamente, y el gobierno tiene un fuerte compromiso en esa materia.
Por ello, se ha enviado a tramitación ante ese H. Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y el Tráfico de Drogas, herramientas institucionales que permitirán trabajar en forma coordinada, sistemática y eficiente la elaboración de las políticas nacionales destinadas a la prevención del delito y del consumo de drogas, logrando una mejor focalización y racionalización en el uso de los recursos públicos destinados a la materia y, en consecuencia, mejores resultados en materia de prevención.
Estamos trabajando, también, en nuevos modelos de programas de prevención social y situacional, con sus correspondientes sistemas de evaluación, que permitirá elaborar estrategias adecuadas y eficaces en aquellos sectores que por su vulnerabilidad social están más expuestos a ser seducidos por la delincuencia.
El reforzamiento de los planes y programas de rehabilitación en materia de drogas y la lógica que subyace en el nuevo sistema responsabilizador y punitivo para jóvenes infractores de ley, se encuentran en sintonía con ello.
En consecuencia, el Gobierno cree que es indispensable dar respuestas complejas al fenómeno de la delincuencia, tanto en lo que dice relación con sus causas como con las deficiencias que el sistema de enjuiciamiento criminal pueda tener, y que impiden su adecuado control.
Naturalmente, es de esa segunda preocupación que el presente proyecto de ley se hace cargo.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración consta de cuatro artículos, que introducen modificaciones en el Código Penal, el Código Procesal Penal y consagran nuevas herramientas para el control preventivo que deben desarrollar las Policías.
1. Modificaciones al Código Penal.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración introduce dos modificaciones en el Código Penal.
La primera de ellas adecua las reglas sobre legítima defensa, poniendo término a una omisión que no la hacía procedente en materia de abusos de menores; y la segunda, establece un régimen especial de aplicación de penas para reincidentes en delitos graves.
a. Legítima defensa.
Desde el año 1992, la legítima defensa considera como una de sus hipótesis, impedir la comisión del delito consagrado en el inciso segundo del artículo 365 del Código Penal.
A la fecha de entrada en vigencia de esa enmienda a la circunstancia 6ª del artículo 10 del Código Penal, la disposición citada castigaba la violación sodomítica.
Sin embargo, la modificación introducida por la ley N° 19.617, de 1999, eliminó ese tipo penal, sancionando más duramente los abusos sexuales contra menores, y consagrando el delito de violación como uno solo, sin distinguir por el sexo de la víctima. En ese proceso legislativo no se modificó la eximente de responsabilidad de legítima defensa, suprimiendo la referencia que quedaba obsoleta, y reemplazándola por la de la violación de menores, establecida ahora en el artículo 362.
Este proyecto de ley se hace cargo de ese vacío, y propone agregar entre los delitos graves, que justifican la legítima defensa, la violación de menores.
b. Estatuto especial para reincidentes en delitos graves.
Una de las principales causas de la sensación de inseguridad se encuentra en el hecho de que un porcentaje importante de los delincuentes que cometen delitos graves son reincidentes en los mismos hechos.
Por ello, el presente proyecto de ley busca sancionar de manera más enérgica a aquellos que cometen delitos graves de manera reiterada.
Para estos efectos, se introduce un párrafo nuevo en el Código Penal, estableciendo reglas diferenciadas de aplicación de las penas para estos delincuentes, que obligan a un castigo más severo a partir de la primera reincidencia en delitos graves.
El nuevo párrafo propuesto parte señalando cuáles son los delitos graves, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 10 N° 6 del Código Penal, los que son considerados, para estos efectos, entre ellos, como de la misma especie.
En efecto, si la ley penal presume que respecto de los delitos a que se refiere el artículo 10 N° 6 del Código Penal concurre la legítima defensa, cualquiera que sea el daño que se infiera al delincuente, lo cierto es que ya tiene consagración legal una suerte de catálogo de los delitos que nuestra sociedad considera como los de mayor gravedad.
Es respecto de ese grupo de delitos, conformado por el secuestro y la sustracción de menores; la violación y la violación de menores (que se agrega en este proyecto de ley); el parricidio y el homicidio y, el robo con violencia o intimidación y el robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, que se aplicarán estas nuevas reglas especiales.
En síntesis, las nuevas reglas ordenan no considerar el grado más bajo de la pena asignada al delito cuando se trate de una reincidencia; las circunstancias atenuantes serán aplicables sólo cuando sean múltiples y no concurran agravantes; y excepcionalmente, y cuando concurran múltiples agravantes sin atenuantes, la pena será la inmediatamente superior en grado.
Adicionalmente, se consideran otras restricciones, todas las cuales tienen por objeto sancionar más duramente al reincidente, siempre dentro del marco penal establecido para el delito.
En esa línea, se hace inaplicable al reincidente la atenuante de reparar con celo el mal causado, ni la regla contenida en el artículo 68 bis, sobre atenuantes muy calificadas. Por lógica, tampoco se aplican las agravantes sobre reincidencia contenidas en el artículo 12.
2. Modificaciones al Código Procesal Penal.
El proyecto de ley propone trece modificaciones al Código Procesal Penal, todas ellas destinadas a reforzar las labores del Ministerio Público o las policías; a hacer más eficiente el proceso de persecución penal y, a asegurar de mejor manera la seguridad de la sociedad.
Todo ello, obviamente, sin alterar las reglas básicas del sistema procesal penal, ni alterar los principios que informan la Reforma Procesal Penal.
a. Control de Identidad.
En materia de control de identidad, sin alterar las reglas básicas sobre su procedencia, se explicita que las policías podrán revisar las órdenes de detención pendientes que puedan afectar a la persona controlada; y, que si del registro de sus ropas, equipaje o vehículo aparecen indicios de haber cometido un delito podrán proceder a su detención. También se les faculta expresamente para detener a quienes mantengan órdenes de detención pendiente.
La misma verificación de órdenes pendientes se establece para los casos en que una persona hubiere sido detenida en los casos de flagrancia del artículo 124.
b. Situación de flagrancia.
En materia de flagrancia, el Código Procesal Penal contiene, en las letras d) y e) del artículo 130, dos hipótesis que operan sobre la base de “el tiempo inmediato” a la comisión del delito.
La indeterminación de ese “tiempo inmediato” ha llevado a la existencia de interpretaciones diversas en cuanto a su extensión, lo que en último tiempo se traduce en la ilegalidad de la detención si el tribunal de garantía estima que éste ha sido excesivo.
Lo cierto es que el tiempo inmediato implica todo aquel en el que todavía puede apreciarse una conexión material directa e inmediata -huellas, instrumentos- entre el hecho producido y la persona o personas a quienes se imputa su comisión, de tal forma que tales circunstancias evidencien su participación en el hecho punible y, en consecuencia, la flagrancia puede extenderse a todo el tiempo que transcurra hasta que se produzca la aprehensión material del autor después de una persecución iniciada inmediatamente a continuación de apreciarse la comisión del hecho del hecho delictivo.
Para el inicio de tal persecución será normalmente necesaria la denuncia de los hechos a la policía, que deberá adoptar de inmediato el procedimiento respecto del imputado que se ha dado a la fuga. Para todo ello, el proyecto de ley incorpora una inciso segundo en el artículo 130, que consagra la mantención de la situación de flagrancia durante un período que se extiende hasta por doce horas.
Esta es, en todo caso, una norma complementaria de las reglas contenidas dentro del artículo 130, porque en definitiva, independientemente del tiempo transcurrido, no habrá flagrancia sin la concurrencia de los elementos materiales que exigen las hipótesis de ese mismo artículo.
c. Participación de los abogados asistentes del Fiscal.
El aumento del número de procedimientos y audiencias en que deben tomar parte los fiscales, hace necesario facultar a los abogados asistentes de éstos para participar, en plenitud de competencia, en la audiencia de control de detención, de manera que puedan formalizar la investigación en nombre del Ministerio Público y, solicitar las medidas cautelares que sean procedentes respecto del imputado.
De esta manera, el número de profesionales del Ministerio Público, en condiciones de formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares correspondientes, se incrementa sin mayor gasto, y se hace más eficiente y eficaz su accionar.
d. Ilegalidad de la detención.
De acuerdo con las estadísticas del propio Ministerio Público, el número de detenciones declaradas ilegales es porcentualmente pequeño; sin embargo, el que dicha declaración pueda incidir en causas por delitos graves, lesiona la política criminal del estado y produce desconfianza -a nuestro juicio injustificada- en la judicatura.
Por ello, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración propone hacer una distinción entre los ilícitos graves y aquellos que no lo son, para cuyos efectos se vale de la definición adoptada a propósito de la reincidencia.
Respecto de los delitos graves, se establece que la resolución que declara ilegal la detención es apelable; respecto de los demás delitos, la resolución es inapelable, pero se faculta expresamente al fiscal para formalizar y solicitar medidas cautelares.
e. Mantención de la detención mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que la declara ilegal.
Sumado a la apelación de la declaración de ilegalidad de la detención, el proyecto de ley dispone que el detenido no recuperará su libertad mientras la resolución que declaró la ilegalidad no se encuentre firme.
De esta forma, imputados eventualmente peligrosos, cuya detención se encuentra cuestionada, no saldrán en libertad mientras el tribunal de alzada no se haya pronunciado.
e. La prisión preventiva.
El Código Procesal Penal consagra la libertad como la regla general y la prisión preventiva como la excepción, haciéndola procedente sólo cuando la libertad representa un peligro para el ofendido o para la sociedad, o cuando es necesaria para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación.
El presente proyecto de ley no altera esas reglas; pero introduce precisiones que se estiman necesarias para una mejor defensa del interés social.
Para ello, y siguiendo el estándar establecido para la seguridad del ofendido y el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, establece que se entenderá que existe peligro para la sociedad en tres situaciones:
-Cuando los delitos imputados sean aquellos señalados en el artículo 78 bis del Código Penal;
-Cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere o no cumplido y,
-Cuando el imputado se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley.
Todas esas situaciones son las que contribuyen a incrementar la sensación de inseguridad, y dan cuenta de hechos graves o de sujetos que han hecho del delito una actuar constante.
Ahora bien, como la prisión preventiva debe seguir considerándose una excepción, corresponderá al juez ponderar otros antecedentes que le permitirán definir si, en definitiva, somete al imputado a prisión preventiva o, por el contrario, estima que pese a reunirse los requisitos indicados más arriba el imputado, de todos modos, no representa un peligro para la sociedad.
g. Denegación o revocación de la prisión preventiva.
De acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, la resolución que niega o revoca una prisión preventiva es apelable.
El presente proyecto naturalmente no innova en la materia; pero agrega una regla que nos parece importante.
En efecto, la resolución que niega o revoca una prisión preventiva no surte efectos respecto de la libertad del imputado mientras no se encuentre firme. Ello abre la posibilidad de una efectiva revisión por el tribunal de alzada, sin riesgo de fuga del imputado mientras se resuelven los recursos.
En todo caso, tratándose de delitos graves, el imputado cuya prisión preventiva se niega o se revoca quedará siempre sujeto a la medida cautelar del artículo 155 letra b), sin perjuicio de las reglas generales sobre revisión de medidas cautelares.
b. Otras modificaciones relativas a la prisión preventiva.
El proyecto del rubro incorpora otra modificación relativa a la prisión preventiva.
Esta impide que los permisos de salida que excepcionalmente puede conceder un juez al imputado, lo sean por tiempo indefinido, toda vez que ello podría resultar en una verdadera revocación de la prisión preventiva.
i. Nueva medida cautelar.
El proyecto de ley se hace cargo de una falencia del régimen de medidas cautelares, que tiene alto impacto en la sociedad.
En efecto, el actual catálogo de medidas cautelares personales no contiene una que permita enfrentar adecuadamente la situación de quienes cometen algún delito relativo a las normas de tránsito.
Por ello, se propone la incorporación de una nueva medida cautelar consistente en la prohibición de conducir vehículos a tracción mecánica o animal, para cuyos efectos, se procederá a la retención del carné, permiso o licencia de conducir, cuando se investiguen hechos constitutivos de cuasidelito, ejecutados por medio de vehículos mecánicos o a tracción animal.
j. Pruebas en la audiencia de determinación de pena del artículo 434.
La presentación de pruebas en la audiencia de determinación de penas del artículo 434 del Código Procesal Penal presenta dos inconvenientes.
El primero dice relación con su extensión, que no puede limitarse en razón de los derechos de defensa que corresponden a cada interviniente; el segundo, consiste en que el juez de garantía no necesariamente conoce de esas pruebas en la audiencia de preparación del juicio oral, de modo que respecto de ellas no existe ningún control sobre su pertinencia, sobreabundancia o legalidad.
Con el objeto de solucionar este segundo inconveniente, el proyecto establece que el auto de apertura de juicio oral deberá señalar cuáles son las pruebas que habrán de rendirse en la audiencia de determinación de pena.
k. Prueba anticipada.
De acuerdo con las actuales reglas del Código Procesal Penal, es posible solicitar prueba anticipada hasta la audiencia de preparación del juicio oral. Sin embargo, dado el tiempo que puede transcurrir entre dicha audiencia y el juicio oral, muchas veces resulta necesario solicitar prueba anticipada después de la audiencia de preparación.
Respecto de este punto, el proyecto establece la posibilidad de solicitar prueba anticipada con posterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral, precisándose que el tribunal ante el cual deberá rendirse es el tribunal oral correspondiente.
l. Protección de testigos y víctimas.
Finalmente, el proyecto introduce una modificación en materia de protección de testigos y víctimas.
Esa modificación consiste en ampliar el número de antecedentes que pueden omitirse para la debida protección de la víctima o testigo.
3. Otras normas.
El proyecto de ley agrega dos normas destinadas a hacer más eficiente la acción preventiva de la policía.
En primer lugar, se establece la obligación de las policías de mantener una base de datos, unificada y actualizada, de las personas que hubieren sido detenidas o que registren órdenes de detención pendientes, todo ello con los debidos resguardos y límites.
En segundo lugar, se faculta a las policías, a entrar en lugares cerrados y registrarlos, sin orden previa, cuando existan antecedentes suficientes de que en dicho lugar se estaría cometiendo un delito.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1) Sustitúyense, en el inciso segundo de la circunstancia 6ª del artículo 10, las expresiones “365, inciso segundo,” por “362”.
2)Intercálase, a continuación del artículo 78, el siguiente párrafo 4 bis, nuevo:
Ҥ 4 bis. Reglas especiales sobre la reincidencia
Artículo 78 bis.- Las penas que correspondan a los culpables de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 390, 391, 433, 436 y 440 de este Código, que hubieren sido condenados con anterioridad por delitos de la misma especie, se determinarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.
Para los efectos de este párrafo, los delitos señalados en el inciso anterior se consideran de la misma especie.
Artículo 78 ter.- Si la pena asignada al delito fuere sólo una indivisible, el tribunal aplicará precisamente aquella, salvo que hubiere dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, en cuyo caso podrá imponer la inmediatamente inferior en grado, en consideración a su número y entidad; pero si ésta fuere un grado de una pena divisible, no podrá imponerla en su mínimum.
Si la pena señalada al delito es un grado de una pena divisible, el tribunal la aplicará en su máximum, en la forma dispuesta por el inciso tercero del artículo 67, salvo que concurran dos o más atenuantes y ninguna agravante, en cuyo caso podrá recorrer toda su extensión al aplicarla.
Cuando la pena señalada por la ley consta de dos o más grados, bien sea que los formen una o dos penas indivisibles y uno o más grados de otra divisible, o diversos grados de penas divisibles, el tribunal no podrá aplicarla en el grado mínimo, cualquiera que sea el número de atenuantes que concurran.
En este caso, habiendo dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no aplicará el máximo de los grados asignados como pena al delito, excluido el mínimo, y si sólo quedare un grado de una pena divisible, no lo aplicará en su máximum.
Si por aplicación de lo dispuesto en los dos incisos anteriores sólo quedare una pena indivisible, el tribunal aplicará precisamente aquella, salvo que hubiere dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, en cuyo caso podrá imponer la inmediatamente inferior en grado, en consideración a su número y entidad; pero si ésta fuere un grado de una pena divisible, no podrá imponerla en su mínimum.
Cuando concurrieren dos o más circunstancias agravantes, y no hubiere atenuantes, el tribunal aplicará la pena inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley.
Artículo 78 quater.- Respecto de los delitos a que se refiere el artículo 78 bis, no serán aplicables la circunstancia 7ª del artículo 11; las circunstancias 15ª y 16ª del artículo 12, ni lo dispuesto por el artículo 68 bis.
Artículo 78 quinquies.- Las reglas especiales contenidas en este párrafo no se aplicarán respecto de aquellos culpables que hubieren sido condenados con anterioridad por delitos de la misma especie, cuando entre la fecha de cumplimiento de la condena anterior y la época de comisión del nuevo delito hubiere mediado un plazo superior a 5 o 10 años, según se trate de simples delitos o crímenes, respectivamente.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:
1) Reemplázase el inciso segundo del artículo 85, por el siguiente:
“Durante este procedimiento, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de ordenes de detención que pudieren afectarles. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, a quienes se sorprenda, a propósito del registro, con indicios de haber cometido un crimen o simple delito, así como a quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente.”.
2) Incorpórase, en el artículo 130, el siguiente inciso final, nuevo:
“Para los efectos de este artículo, el tiempo inmediato a la perpetración de un delito comprenderá todo el necesario para que la víctima pueda formular la denuncia a la policía y, conocida la ejecución de un delito y fugado el imputado, el tiempo que transcurra entre la comisión del delito y la captura del delincuente en virtud de la acción policial o de terceros, siempre que no hayan transcurrido más de doce horas.”.
3) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 132 por el siguiente:
“En la audiencia, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.”.
4) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 134, por el siguiente:
“La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada, así como cotejar la existencia de ordenes de detención que pudieren afectarle.”
5) Agrégase el siguiente artículo 138 bis:
“Artículo 138 bis.- Tratándose de los delitos contemplados en el artículo 78 bis del Código Penal, será apelable la resolución que declare la ilegalidad de la detención. Mientras dicha resolución no se encuentre ejecutoriada, no se pondrá en libertad al detenido.
En los demás casos la declaración de ilegalidad no será apelable, lo que no impedirá que el fiscal proceda a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que sean procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 132.”.
6) Reemplázase el inciso tercero del artículo 140, por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser sexto:
“Se entenderá que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados sean aquellos señalados en el artículo 78 bis del Código penal; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere o no cumplido, o cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley.
No obstante lo señalado en el inciso anterior, si el tribunal estimare que la libertad del imputado no resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, podrá así declararlo denegando la prisión preventiva.
En los demás casos, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.”.
7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 144, por el siguiente:
“Cuando el imputado solicitare la revocación de la prisión preventiva el tribunal podrá rechazarla de plano; asimismo, podrá citar a todos los intervinientes a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de los requisitos que autorizan la medida.”
8) Agréganse en el artículo 149, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“En todo caso, el imputado no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva.
Tratándose de los delitos señalados en el artículo 78 bis del Código penal, el imputado cuya prisión preventiva se niegue o revoque quedará siempre sujeto a la medida cautelar establecida en la letra b) del artículo 155, sin perjuicio de las reglas sobre sustitución de medidas cautelares establecidas en el artículo 145.”
9) Elimínase en el inciso quinto del artículo 150, la frase “o con carácter indefinido”.
10) Introdúcense en el artículo 155 las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en la letra f) la coma (,) y la letra “y” que suceden a la palabra “defensa”, por un punto y coma (;).
b) Reemplázase en la letra g) el punto aparte (.) por una coma (,) y la letra “y”.
c) Agrégase la siguiente letra h):
“h) La prohibición de conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Para tales efectos, se procederá a la retención del carné, permiso o licencia de conducir, cuando se investiguen hechos constitutivos de cuasidelito, ejecutados por medio de vehículos mecánicos o a tracción animal.”.
11) Sustitúyese la letra e) del artículo 277, por el siguiente:
“e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral y, en su caso, en la audiencia indicada en el inciso final del artículo 343 de este Código, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, y”.
12) Sustitúyese el inciso primero del artículo 280, por el siguiente:
“Art. 280. Prueba anticipada. Durante la audiencia de preparación del juicio oral o en audiencia especial citada para tal efecto, con anterioridad a la audiencia de juicio oral, también se podrá solicitar prueba testimonial anticipada conforme a lo previsto en el artículo 191. Esta prueba anticipada se rendirá ante el tribunal oral que corresponda.”.
13) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 307 por el siguiente:
“Si existiere motivo para temer que la indicación pública de los antecedentes relativos a su persona pudieren implicar peligro para el testigo u otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a dichas preguntas durante la audiencia.”.
Artículo 3°.- Sin perjuicio de las reglas contenidas en el Código Procesal Penal, las policías podrán, sin contar con autorización judicial o del fiscal, en su caso, ingresar en lugares cerrados y registrarlos, cuando existan antecedentes suficientes de que en dicho lugar se estaría cometiendo un delito, con la finalidad de impedir su ocurrencia o consumación, o para asegurar la integridad física o psíquica de sus moradores.
De dicho procedimiento deberá darse comunicación al fiscal inmediatamente terminado y levantarse un acta circunstanciada que será enviada a éste dentro de las 12 horas siguientes. Copia de dicha acta se entregará al propietario o encargado del lugar, si lo solicita.
Artículo 4°.- Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán mantener un banco de datos unificado y actualizado de personas que hayan sido detenidas, así como de aquellas respecto de las cuales se hubiere ordenado su detención. Dicho registro o banco de datos será de uso exclusivo de las policías, para los efectos de lo dispuesto del artículo 85 del Código Procesal Penal, y sus datos sólo podrán ser comunicados a los fiscales del Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública o a los tribunales, en el marco de una investigación o proceso judicial.
Los datos contenidos en el registro o banco estarán exentos de la obligación a que se refiere el artículo 22 de la ley N° 19.628, y podrán contener datos sensibles, tales como fotografías, huellas dactilares, características físicas, u otros que resulten útiles para la efectiva prevención policial del delito.
Serán eliminadas del registro o banco de datos, de inmediato, las detenciones declaradas ilegales, así como aquellas referidas a delitos cuya acción penal se encontrare prescrita. Las demás se eliminarán transcurridos dos años desde su cumplimiento.
Un reglamento del ministerio del cual dependan las policías determinará las características de este banco de datos, los antecedentes personales que contendrá y regulará su acceso y utilización.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Ministro del Interior ; VIVIANNE BLANLOT SOZA , Ministra de Defensa Nacional ; ISIDRO SOLIS PALMA , Ministro de Justicia ”.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (boletín N° 4322-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley, destinado a introducir modificaciones en diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros Chile.
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Carabineros de Chile, junto con la Policía de Investigaciones, tiene, por mandato constitucional, la función de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
La institución necesita que la mayor parte de su personal esté abocado al cumplimiento de dichas labores y, en especial a la prevención y represión de la delincuencia.
Por ello, el Gobierno ha estimado necesario relevar a Carabineros del cumplimiento de una serie de tareas no operativas, que deben realizar en virtud de normas contenidas en diversos cuerpos legales y que son de la más variada índole: notificaciones, otorgamiento de salvoconductos por mudanzas, las constancias que se realizan para efectos del seguro por daños materiales en accidente de tránsito y el obligatorio de accidentes personales y la fiscalización del cumplimiento de las normas sobre consumo y publicidad del tabaco.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración consta de nueve artículos, que introducen modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, el Código del Trabajo; el DFL 216, de 1931, que fijó la Organización del Registro de Empadronamiento Vecinal; la Ley N° 18.290, Ley de Tránsito; la Ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados; el DL 3.557, de 1980, del Ministerio de Agricultura, que establece disposiciones sobre protección agrícola; la Ley N° 18.755, que establece normas sobre organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero; y la Ley N° 19.419, sobre publicidad y consumo de tabaco.
1. Modificación al Código de Procedimiento Penal.
De acuerdo a las normas que el Código de Procedimiento Penal establece para las declaraciones de testigos, el juez debe extender orden de citación para cada persona que deba declarar como testigo en un juicio.
Según lo indica el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal, esta citación debe ser notificada por carta certificada. En casos excepcionales y por resolución fundada, el juez puede ordenar que la notificación se practique por cédula, en los términos que contempla el inciso segundo del artículo 196.
El artículo 196 del Código de Procedimiento Penal señala que el testigo que no compareciere a la citación, notificada en la forma prevista en el artículo antes indicado, será nuevamente notificado, esta vez por cédula, previo decreto judicial. En su inciso segundo, señala que la notificación la hará cualquier ministro de fe o empleado del tribunal comisionado por ello y, excepcionalmente y por resolución fundada, un agente de la policía.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración propone suprimir la posibilidad de encargar estas notificaciones a las policías.
2. Modificación al Código Procesal Penal.
El artículo 24 del Código Procesal Penal se refiere a los funcionarios habilitados para efectuar notificaciones de las resoluciones judiciales, señalando que éstas se realizarán por los funcionarios del tribunal que hubiere expedido la resolución, que hubieren sido designados para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuestas del administrador del tribunal.
En su inciso segundo, expresa que el tribunal podrá ordenar que una o más notificaciones determinadas se practicaren por otro ministro de fe o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de policía.
Con el proyecto se pretende eliminar a los agentes de policía como funcionarios habilitados para efectuar notificaciones en el nuevo proceso penal.
3. El Código del Trabajo.
El Capítulo II del Libro V del Código del Trabajo, regula el procedimiento a que deben someterse las causas laborales.
Dentro de esas normas están las relativas a notificaciones en el proceso laboral. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 430 del Código del Trabajo, la primera notificación al demandado debe hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído.
El inciso segundo de la disposición señalada agrega que esa notificación se practicará por un receptor o por un empleado del respectivo tribunal, designado para ello por el juez; y que, excepcionalmente y por resolución fundada, podrá ser practicada por Carabineros de Chile.
A su vez, el artículo 434 del mismo Código, indica que la sentencia definitiva de primera instancia, la resolución que recibe la causa a prueba y las resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes, se notificarán por cédula. De acuerdo con el inciso tercero de este artículo, esta notificación se practicará por los funcionarios a que se refiere el inciso segundo del artículo 430.
Con este proyecto se propone eliminar la posibilidad de que un funcionario de Carabineros sea comisionado para efectuar estas notificaciones.
4. El DFL 216, de 1931.
El DFL 216, de 1931, fijó la Organización del Registro de Empadronamiento Vecinal. Su texto fue sustituido por el artículo 2° de la Ley N° 19.866, que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos.
El artículo único del citado DFL, establece que el propietario u ocupante a cualquier otro título de una vivienda, para cambiar su domicilio, debe obtener un salvoconducto de la unidad de Carabineros correspondiente, que acredite el lugar de su domicilio actual y señale el lugar al cual se trasladará.
Para otorgar el salvoconducto, si quien deja el inmueble es el propietario, Carabineros le solicitará antecedentes que acrediten esa calidad, como el recibo de contribuciones de bienes raíces o de los servicios extendidos a su nombre. Si quien se traslada no es el propietario, debe presentar la autorización de éste o de quien hubiera recibido la tenencia del inmueble, o el recibo que acredite el pago de la renta de arrendamiento correspondiente al último mes, así como las constancias de encontrarse al día en el pago de los servicios con que cuenta el inmueble.
Estimamos que estas funciones pueden perfectamente ser entregadas a la municipalidad respectiva, que es lo que se propone en el presente proyecto.
5. La ley Nº 18.290, Ley de Tránsito.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Tránsito, en aquellos accidentes de tránsito que tienen como consecuencia lesionados , el conductor está obligado a dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata, para los efectos de la denuncia ante el tribunal correspondiente.
El artículo 184 de la Ley de Tránsito, dispone que si en un accidente sólo resultaren daños materiales y los conductores acudieren a dar cuenta a la Unidad de Carabineros del sector, dicha unidad hará constar el hecho en el Libro de Guardia, y sólo formulará la respectiva denuncia ante el Juzgado de Policía Local competente si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para conducir.
Ocurre en la práctica que quienes se ven involucrados en un accidente de tránsito de las características señaladas en ese artículo, concurren a las unidades de Carabineros con el sólo objeto de dejar constancia de los daños, para efectos de exigir de las compañías de seguro el pago de los mismos. Esta situación distrae los esfuerzos del personal de Carabineros.
Por ello, el presente proyecto de ley establece que para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá denunciar el siniestro mediante declaración jurada simple prestada ante la respectiva compañía aseguradora.
6. La ley N° 18.490, que establece un seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados.
De acuerdo con la Ley N° 18.490, todo vehículo motorizado que para transitar por las vías públicas del territorio nacional requiera de un permiso de circulación, debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes personales.
La ley indica, además, que respecto de este seguro, el pago de las correspondientes indemnizaciones se debe hacer bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la víctima.
Señala también que en caso de siniestro, el conductor o propietario del vehículo asegurado o sus representantes estarán obligados a dar aviso escrito a la entidad aseguradora dentro de treinta días. Además, debe dejar constancia inmediata en la unidad de Carabineros más cercana, de todo accidente en que participe el vehículo asegurado.
El artículo 22 de la ley Nº 18.490, señala en su inciso segundo que Carabineros de Chile otorgará un certificado en el cual se consignen los datos del accidente de tránsito, a solicitud de la entidad aseguradora, de un liquidador de siniestros, de la víctima del accidente, de un familiar u otro beneficiario del seguro.
Con el proyecto se propone relevar de esta función a Carabineros, entregándosela al tribunal competente y al Ministerio Público.
7. El D.L. Nº 3.557, de 1980, que establece disposiciones sobre protección agrícola.
El artículo 6° del DL 3557, señala que comprobada la existencia de una plaga, el Servicio Agrícola y Ganadero debe dictar una resolución que declare su control obligatorio, la cual debe notificarse por funcionarios del Servicio o de Carabineros de Chile.
El proyecto propone dejar a los funcionarios del SAG como encargados exclusivos de esa gestión.
8. La ley N° 18.755, que establece normas sobre organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero.
El artículo 19° de la citada ley, designa como funcionarios encargados de practicar las notificaciones de resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos regulados por esa ley, a funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y a Carabineros de Chile.
El proyecto deja entregada dicha labor solamente a los funcionarios del SAG.
9. La ley N° 19.419, sobre publicidad y consumo de tabaco.
Finalmente, el artículo 15 de la Ley sobre publicidad y consumo de tabaco señala como entidades fiscalizadoras del cumplimiento de dicha ley, a la Autoridad Sanitaria y a Carabineros de Chile.
Con el proyecto se quita esa función a Carabineros.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Suprímese en el inciso segundo del artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, la oración “,y, excepcionalmente y por resolución fundada, un agente de la policía”.
Artículo 2°.- Suprímese en el inciso segundo del artículo 24 del Código Procesal Penal, la oración “o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de la policía”.
Artículo 3°.- Suprímese en el inciso segundo del artículo 430 del Código del Trabajo, la oración “Excepcionalmente y por resolución fundada, podrá ser practicada por Carabineros de Chile.”.
Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo único del Decreto con Fuerza de Ley N° 216, de 1931, cuyo texto fue sustituido por el artículo 2° de la Ley N° 19.866:
1) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “unidad de Carabineros” por “municipalidad”.
2) Sustitúyese en el inciso segundo la palabra “Carabineros” por “la municipalidad respectiva”.
3) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
“Si no se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones precedentes, la municipalidad, a petición de cualquiera que tenga interés en ello, cursará la respectiva denuncia al juzgado de policía local correspondiente. La infracción será castigada con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.”.
Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 184 de le ley N° 18.290 por el siguiente:
“Artículo 184.- Si en un accidente sólo resultaren daños materiales, Carabineros formulará la respectiva denuncia ante el Juez de Policía Local competente sólo si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para conducir.
Para hacer efectivos seguros de daños a tercero o propios, el interesado deberá denunciar el siniestro mediante declaración jurada simple prestada ante la respectiva compañía aseguradora.”.
Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22 de la ley N° 18.490:
1) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A solicitud de la misma entidad aseguradora, de un liquidador de siniestros, de la víctima del accidente de tránsito o familiar o beneficiario contemplado en esta ley o de cualquier persona o institución beneficiaria del seguro, el tribunal competente o el Ministerio Público otorgará un certificado en el cual se consignen los datos del accidente de tránsito.”.
2) Derógase el inciso tercero.
Artículo 7°.- Suprímese en el inciso tercero del artículo 6° del Decreto ley N° 3.557, de 1980, la frase “o de Carabineros de Chile”.
Artículo 8°.- Suprímese en el artículo 19 de la ley N° 18.755, la frase “o de Carabineros de Chile”.
Artículo 9°.- Introdúcense en el artículo 15 de la ley N° 19.419 las siguientes modificaciones:
1) Suprímese la frase “y Carabineros de Chile”.
2) Reemplánzanse las palabras “fiscalizarán” y “denunciarán” por “fiscalizará” y “denunciará”, respectivamente.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Ministro del Interior ; VIVIANNE BLANLOT SOZA , Ministra de Defensa Nacional ; ISISDRO SOLIS PALMA , Ministro de Justicia ”.
3. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo de Asociacion Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Viña del Mar, Chile, el 26 de enero de 2006. (boletín N° 4323-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Viña del Mar, Chile, el 26 de enero de 2006.
I. ANTECEDENTES DEL ACUERDO.
Este Acuerdo debe entenderse como la coronación de un proceso que se inició con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México, en marzo de 1990, fecha a partir de la cual comienza a hacerse manifiesta la firme voluntad política de Chile y México por fortalecer las relaciones bilaterales, tanto en el plano político, como en los ámbitos económico y de cooperación cultural. Importantes logros reflejan lo intensa que ha llegado a ser la vinculación con ese país: la constitución de una Comisión Binacional, la firma de un Acuerdo de Complementación Económica (1992), que derivó más tarde en un Tratado de Libre Comercio (1998), además, de una amplia red de convenios que abarcan los más diversos ámbitos.
Estos importantes avances en la relación constituyeron los factores determinantes para que los Gobiernos de ambos países suscribieran este Acuerdo de Asociación Estratégica, que tiene por fin restablecer una asociación global amplia en todos los ámbitos del entendimiento bilateral, que incorpora en un solo instrumento las dimensiones políticas, de cooperación y económicas.
Además, por medio de este acuerdo, se canalizará el diálogo político, bajo los postulados de reciprocidad, interés común y la profundización de sus vínculos en todos los ámbitos de su aplicación, con miras a fortalecer la relación bilateral para actuar mancomunada y coordinadamente en el entorno regional y multilateral.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO.
El Acuerdo consta de un Preámbulo y diecisiete artículos, distribuidos en cinco Secciones denominadas respectivamente: Disposiciones Generales e Institucionales; Diálogo Político ; Cooperación; Relación Comercial, y Disposiciones Finales. Únicamente la primera sección está dividida en dos títulos, el primero relativo al “Objetivo y Ámbito de la Aplicación” y, el segundo, circunscrito al “Marco Institucional”.
1. Preámbulo.
En él se reconocen los fuertes vínculos políticos, económicos, sociales y culturales que unen a Chile y México y las políticas internas e internacionales de las Partes inspiradas en los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales y el principio del Estado de Derecho, antecedentes todos que permitieron arribar al Acuerdo.
2. Sección I. Disposiciones Generales e Institucionales.
a. Título 1. Objetivo y Ambito de Aplicación.
Bajo este título se encuentra el Artículo 1, que establece el objetivo y ámbito de aplicación del Acuerdo. Este señala: “fortalecer la relación bilateral mediante el establecimiento de una Asociación Estratégica en materia política, económica, comercial y de cooperación entre las Partes, basada en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación”.
Para lograrlo, según el numeral 2 de esa disposición, se promoverá la profundización del diálogo político sobre cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo; la cooperación internacional para el desarrollo que coadyuve al desenvolvimiento de capacidades humanas y al fortalecimiento institucional de áreas identificadas como prioritarias para ambas Partes, así como de terceros países; el fortalecimiento de la relación comercial a través de la plena ejecución del Tratado de Libre Comercio; la continuidad y el fortalecimiento de la colaboración bilateral en las áreas económicas, de innovación y negocios tecnológicos, entre otras; y elevar la participación de todos los sectores de la sociedad de ambas Partes en los programas que se desarrollen, de conformidad con los procedimientos internos de cada Parte.
b. Título 2. Marco Institucional.
Bajo este título se despliegan los Artículos 2 al 6, en los que, primeramente, se define el esquema operativo del Acuerdo, estableciendo un Consejo de Asociación, como órgano supremo, encargado de examinar las cuestiones importantes que surjan en el marco del presente Acuerdo y que está conformado por seis miembros (Artículo 2), que corresponderán a los encargados que cada Parte designe en cada una de las tres Comisiones Especiales: Asuntos Políticos, Cooperación y Libre Comercio (Artículo 5). Seguidamente se establece que el propio Consejo adoptará su reglamento interno y el ejercicio de su presidencia (Artículo 3). Más adelante se indica que las Comisiones Especiales serán los órganos ejecutivos del Acuerdo. Luego se indica la forma y naturaleza de las decisiones de las Comisiones de Libre Comercio, de Asuntos Políticos y de Cooperación (Artículo 4).
A su turno, el artículo 6, relativo al Foro de la Sociedad Civil, prevé que se “promoverá la organización de foros de la Sociedad Civil que comprendan las diversas expresiones manifestadas en ambos países, para incentivar el diálogo político, económico, cultural, educativo y social de México y de Chile”, y que éstos podrán ser conformados por empresarios, académicos, representantes de organizaciones sindicales y otras no gubernamentales representativas de la sociedad.
3. Sección II. Diálogo Político.
Esta sección está referida al “Diálogo Político”, cuyo objetivo es “fortalecer el diálogo entre las Partes en los temas propios de la relación bilateral, así como para actuar conjunta y coordinadamente en el entorno regional y multilateral, inspirados en principios, objetivos y valores comunes, para la defensa y promoción de la democracia; la protección y promoción de los derechos humanos; la libertad de las personas y el respeto al Estado de Derecho” (Artículo 7). Los mecanismos de dicho diálogo se establecen en el artículo 8, que puede presentar las siguientes modalidades: reuniones periódicas entre sus Jefes de Estado; reuniones periódicas de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo; reuniones periódicas entre otros Ministros; o reuniones de Comisiones Parlamentarias.
4. Sección III. Cooperación.
La Sección III, denominada “Cooperación”, abarca los artículos 9 al 12. el Artículo 9 consigna los objetivos generales que son:
a) Fortalecer la cooperación bilateral a nivel del sector público;
b) Definir y ejecutar proyectos o actividades de cooperación horizontal;
c) Impulsar la cooperación de las Partes con terceros países;
d) Identificar áreas de cooperación en las que México y Chile compartan capacidades e intereses en beneficio de terceros países;
e) Definir las áreas de cooperación prioritarias de interés mutuo, así como para el apoyo a terceros países.
A su vez, el Artículo 10 alude a la organización, estipulándose que la definición, coordinación e implementación de los programas y proyectos que se deriven de los objetivos establecidos por las Partes, será responsabilidad de los organismos nacionales para la cooperación internacional gubernamental de cada Parte. En el caso de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (Agci), y para México , la Secretaría de relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica. Estos organismos constituirán la “Comisión de Cooperación”, la que informará anualmente al Consejo de Asociación respecto de las prioridades definidas para la cooperación bilateral y con terceros países, así como de las actividades que se realicen y del ejercicio presupuestal del Fondo de Cooperación. Los acuerdos y decisiones que tome se adoptarán por consenso y sesionará de manera alterna en cada país, dos veces al año y podrá reunirse extraordinariamente.
Respecto de las modalidades de cooperación a desarrollar, a través de las cuales se implementarán los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión de Cooperación, éstas podrán consistir:
1. Asesorías;
2. Intercambio de expertos y funcionarios;
3. Pasantías;
4. Misiones de expertos de corto y mediano plazo;
5. Estudios;
6. Participación en organizaciones de reuniones técnicas;
7. Capacitación de recursos humanos;
8. Información/difusión; u
9. Otras que las Partes determinen de común acuerdo.
Igualmente, se establece que estas modalidades podrán también aplicarse con terceros países.
El artículo 11 ahonda la cooperación en otros ámbitos, considerando, entre otras las siguientes áreas: cooperación ambiental; cooperación laboral, cooperación de investigación; cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas; cooperación en el sector agropecuario; cooperación sobre derechos humanos y democracia; y, cooperación en el sector turístico.
El artículo 12 crea un “Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile”, destinado a financiar la ejecución de los proyectos y actividades que se definan a través de la Comisión de Cooperación y el cual contará con un presupuesto anual de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.000.000), aportando un millón (US$ 1.000.000) los Estados Unidos Mexicanos y un millón (US$ 1.000.000) la República de Chile. Las Partes, acuerdan, asimismo, revisar la dotación presupuestaria al finalizar el primer trienio de operaciones del Fondo, determinando su monto para los años subsecuentes, manteniendo la correspondencia del aporte en un 50% por cada Parte. La administración financiera del presupuesto del Fondo podrá recaer en una de las Partes o en un organismo internacional.
Del mismo modo, los programas, proyectos y actividades que financiará el Fondo serán definidos anualmente por la Comisión de Cooperación, previa elaboración de un programa de trabajo en el que se especifiquen las acciones y montos respectivos para su ejecución. La aprobación de proyectos y actividades a ejecutar, será una atribución de la Comisión de Cooperación.
5. Sección IV. Relación Comercial.
Esta sección alude, en su Artículo 13, a la Relación Comercial entre ambos países y consigna que ésta se regirá por lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, suscrito el 17 de abril de 1998, por lo que las Partes tendrán en consideración en ese ámbito el Tratado de Libre Comercio en la aplicación del presente Acuerdo.
6. Sección V. Disposiciones Finales.
Finalmente, la última sección, que contempla los artículos 14 al 17, establece las “Disposiciones Finales” del Acuerdo, que son aquellas usuales respecto a la entrada en vigor, las eventuales modificaciones y adiciones, la solución de controversias, y la terminación del Acuerdo.
En mérito de lo expuesto y considerando que las disposiciones de este Acuerdo de Asociación Estratégica constituye una valiosa e importante herramienta de política exterior, solicito a vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Viña del Mar, Chile, el 26 de enero de 2006.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Mensaje N° 71-354
El proyecto de acuerdo permite fortalecer la relación bilateral al establecer una Asociación Estratégica en materia política, económica, comercial y de cooperación entre las partes.
La Agencia de Cooperación Internacional (Agci) tendrá la responsabilidad de coordinar e implementar los programas y proyectos que se deriven de este acuerdo. Asimismo, se constituye un Fondo Conjunto de Cooperación de US$ 2.000.000 anuales financiado por partes iguales por ambos países.
Los gastos de administración para implementar los programas que se acuerden, se financiarán con cargo al presupuesto anual de la Agencia de Cooperación Internacional y no significa costos adicionales.
El mayor gasto fiscal par constituir el Fondo Conjunto de Cooperación se financiará con cargo a los recursos que se aprueben anualmente a la Partida Ministerio de Relaciones Exteriores en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Durante 2006 este proyecto no irroga mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana, y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. (boletín N° 4321-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional de Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (boletín N° 4322-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional de Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 5 de julio de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio de “la modificación al Párrafo 4 de las Reglas de Financiación, anexas a los Estatutos de la Organización Mundial de Turismo, adoptada mediante resolución 422 (XIV), de 2001, en la decimocuarta Asamblea General de la Organización.”.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6020, de 24 de enero de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
7. Segundo Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el Reglamento con el objeto de permitir que las Comisiones puedan celebrar sesiones fuera del edificio sede de la Cámara de Diputados. (boletín N° 4200-16)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de acuerdo originado en una moción de las Diputadas señoras Isabel Allende Bussi y Carolina Tohá Morales y de los Diputados señores Renán Fuentealba Vildósola , Carlos Abel Jarpa Wevar , Tucapel Jiménez Fuentes , Antonio Leal Labrín , Roberto León Ramírez , Fernando Meza Moncada , Jaime Quintana Leal y Roberto Sepúlveda Hermosilla , que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de permitir que las Comisiones de la Corporación puedan celebrar sus sesiones fuera del Edificio Sede de la Cámara de Diputados.
Aprobación general de la iniciativa
Como se expresó en el primer informe evacuado por la Comisión, la idea matriz de esta iniciativa dice relación con la posibilidad de que las Comisiones de la Cámara de Diputados puedan actuar con mayor flexibilidad y, para ello, se busca crear el instrumento reglamentario que permita, mediante acuerdo de estos órganos, que las mismas puedan sesionar en otro lugar del territorio nacional, sin que estén compelidas a funcionar solamente en el edificio de la Corporación en Valparaíso, cuestión que puede entorpecer las tareas que les son encomendadas.
En definitiva, se persigue reponer la norma que permitía el desplazamiento de las Comisiones a cualquier punto del territorio nacional, pues dicho instrumento facilitaba la tarea de reunir antecedentes, escuchar a las organizaciones civiles y adoptar acuerdos in situ, sin tener que esperar por una ratificación posterior de sus acuerdos, cuestión que en estos años se ha demostrado como inherente al buen desempeño de estos órganos de trabajo especializados.
Durante la discusión general, se valoró positivamente que se restablezca la posibilidad de que las comisiones puedan sesionar fuera de la sede de la Cámara de Diputados igualando su condición con la que actualmente tienen reglamentariamente las comisiones del Senado. Se destacó el hecho de que ello constituye un impulso extraordinario para acercar el trabajo legislativo y estimular la participación del resto de las regiones y, en sus desplazamientos a esas localidades, estos organismos tengan la representación de la Cámara de Diputados.
Algunos diputados manifestaron una opinión distinta del asunto. Sostuvieron que el Congreso Nacional es un Poder del Estado que ejerce sus funciones en forma centralizada. Estimaron que esta nueva modalidad no está encaminada a facilitar el trabajo legislativo, pues la mayor parte de los desplazamientos que realizan se hacen a la capital del país, y ello, en nada fortalece la participación del resto de las regiones. Precisaron que aunque el Senado tenga una forma de funcionamiento distinto a la Cámara de Diputados respecto a la labor de estos entes, ésta no es la única diferencia, ya que también las hay en otros ámbitos del trabajo legislativo.
Finalmente, es dable recordar que esta iniciativa fue discutida y aprobada en general por el Pleno de la Corporación, en su Sesión 36ª, celebra el miércoles 14 de junio del año en curso.
Discusión particular del proyecto
En el curso de la discusión general de esta iniciativa en la Sala, el diputado señor Manuel Rojas formuló una indicación cuyo objeto es obligar a que las decisiones que adopten las comisiones durante las sesiones que celebren fuera de la sede del Edificio de la Corporación en Valparaíso, deben ser ratificadas con posterioridad en una sesión que se realice en dicho recinto.
Durante el debate de la indicación propuesta, se argumentó que ello contraviene la idea que inspira la modificación reglamentaria, por cuanto establece, en los hechos, un tipo de sesión de segunda clase o categoría por cuanto los acuerdos adoptados en ellas deben tener un trámite de ratificación. Se afirmó que en ese esquema nada se avanza a lo actualmente existente y, por el contrario, se entraba y burocratiza aún más el trabajo de las comisiones.
Se señaló que frente a una disposición de esta naturaleza lo único que se logrará es que los integrantes de la Comisión respectiva valoren poco los acuerdos alcanzados en su seno en las sesiones celebradas fuera de su sede, pues nada asegura que los mismos sean convalidados posteriormente.
Por su parte, algunos diputados que se mostraron partidarios de apoyar la indicación formulada, plantearon que con ella se subsana el hecho de que un número reducido de parlamentarios puedan circunstancialmente adoptar acuerdos que no representen las mayorías que componen estos organismos de trabajo y que, en muchos casos, pueden tener implicancias jurídicas o políticas de diversa índole. Afirmaron que el proceso de ratificación en el edificio del Poder Legislativo, cumple, por una parte, con la exigencia de que los acuerdos se adopten en el lugar que por ley está fijado como su sede y, por la otra, con que dichos acuerdos se logren con total independencia de los intereses locales que puedan alterar la imparcialidad de las resoluciones.
Cerrado el debate, se sometió a votación la indicación, rechazándose por 4 votos a favor y 8 en contra.
Indicación rechazada
Para los efectos reglamentarios en este segundo trámite se rechazó la siguiente indicación:
Para eliminar en el inciso segundo que se agrega al artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados la expresión “y adoptar acuerdos”.
En consecuencia, en mérito de las razones expuestas y de los demás antecedentes que dará a conocer el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguiente:
Proyecto de acuerdo
“Artículo único.- Agréganse en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados los siguientes incisos segundo y tercero:
“Por acuerdo de la mayoría de sus miembros, las Comisiones podrán constituirse, sesionar y adoptar acuerdos en cualquier parte del territorio nacional, debiendo dar cuenta trimestralmente de la realización de estas sesiones a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Con todo, podrán sesionar en una ciudad distinta de aquélla en la que la Cámara de Diputados celebre sus sesiones, sólo en días en que ésta no se reúna.”.”.
-o-
Se designó diputado informante al señor Duarte, don Gonzalo .
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2006.
Acordado en sesión celebrada el día 5 de julio de 2006, con la asistencia del señor Leal, don Antonio ( Presidente ) y de los señores Pérez, don José (Segundo Vicepresidente ); Alvarado, don Claudio ; Becker, don Germán ; Duarte, don Gonzalo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Lorenzini, don Pablo ; señora Muñoz, doña Adriana ; Paredes, don Iván , Quintana, don Jaime ; Ulloa, don Jorge y Vargas, don Alfonso .
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario General de la Cámara de Diputados”.
8. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en dos proyectos de Reforma Constitucional que establecen la obligatoriedad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición. (boletínes N° 3682-07 y 1737-07) (S).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciados en dos mociones la primera de los Honorables Senadores señores Jaime Naranjo y Carlos Ominami , que establece la obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición de la educación parvularia ( Boletín N° 3.682-07), y la segunda, de los Honorables Senadores señora Frei y señores Ruiz-Esquide y Páez , y de los Ex Senadores señores Díaz y Hormazábal , que sustituye el inciso cuarto del número 10º del artículo 19 de la Carta Fundamental, estableciendo la obligatoriedad de la educación pre-básica (Boletín N° 1.737-07).
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CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) El objetivo del proyecto, determinado por el Senado en el primer trámite constitucional, es establecer la obligatoriedad y la gratuidad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición, propendiendo así a la igualdad de oportunidades y al fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los niños en su primera etapa de desarrollo.
2) Normas de quórum especial
De acuerdo a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política, el artículo único de este proyecto debe ser aprobado por las dos terceras partes de los Diputados en ejercicio, atendido que se trata de una reforma constitucional que incide en el capítulo III de la Carta Fundamental.
3) El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes.
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Durante el análisis de esta iniciativa, concurrieron a la Comisión el Senador Mariano Ruíz-Esquide Jara y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señor Rodrigo González López .
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I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
El proyecto de ley sometido a conocimiento de la Cámara, que refunde dos mociones originadas en el Senado, se fundamenta en la importancia de estimular el desarrollo intelectual, físico y social de los niños desde temprana edad, de manera que su ingreso a la vida escolar en la enseñanza básica se lleve a cabo en forma armónica.
Se destaca lo ventajoso de incorporar a los niños en edad preescolar a la educación pre-básica, como uno de los principales instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, de modo que, junto a sus familias, puedan romper el círculo de la pobreza.
Se hace una breve referencia a la evolución de la cobertura escolar chilena, expresando que los diversos gobiernos democráticos han ido generando las condiciones para que la educación sea cada vez más accesible para todos los sectores de la población.
Recuerda que en 1860 se sentaron las bases del sistema público de educación del nivel básico. Agrega que el 20 de agosto de 1920 se promulgó ley de Educación Primaria Obligatoria, que estableció la obligatoriedad de los niños de concurrir a las escuelas durante cuatro años, situación que aumentó, en 1929, a seis años y posteriormente, a ocho años al ampliarse la enseñanza básica hasta 8º grado.
Añade que, en mayo de 2003, como una forma de responder a los nuevos desafíos de la modernidad, nuestro país estableció constitucionalmente la enseñanza media obligatoria y gratuita. De este modo, acota, la obligatoriedad de doce años de educación para los niños y niñas de nuestro país se inscribe dentro de una reforma educacional destinada al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación que, entre otras cosas, ha implicado el establecimiento de la Jornada Escolar Completa, la implementación de diversos programas como el “Liceo para Todos”, y el aumento progresivo de la cobertura de la educación parvularia en sus diversos niveles.
Explican las mociones que uno de los hechos que ha tenido mayor impacto en las últimas décadas sobre el sistema educacional ha sido el aumento explosivo de las matrículas a nivel de la educación parvularia, ya que mientras en 1960, sólo el 2% de los niños tenía acceso a este tipo de educación, en 1966 dicho porcentaje había aumentado al 26%, siendo hoy más de quinientos mil menores los que asisten a algunos de los distintos niveles.
Se indica que el gran desarrollo de la educación parvularia se debe, entre otras cosas, a los cambios que ha tenido la organización familiar ya que, en la actualidad, ambos padres desarrollan actividades laborales dejando a sus hijos al cuidado de terceros; a la toma de conciencia de la importancia que tiene para el desarrollo de los menores el que asistan a un jardín infantil, y a la preocupación del Estado por responder a estos requerimientos. Asimismo, ha ayudado la reforma constitucional aprobada en 1999, que estableció que el “Estado promoverá la educación parvularia” (artículo 19, N° 10, inciso cuarto, de la Constitución Política).
Luego, se manifiesta que la ampliación de la cobertura de la educación parvularia implica, en última instancia, el goce de un derecho y el otorgamiento de un beneficio que el Estado chileno debe garantizar, más aún cuando su acceso se ve limitado por motivos económicos. En efecto, los padres de alrededor del 50% de los menores que asisten a un jardín infantil pertenecen al quintil de mayores recursos; en el caso del quintil más pobre, sólo lo hace el 23%.
Se afirma que, en este contexto, se hace necesario avanzar hacia la universalización de la atención educativa para los párvulos de entre 5 a 6 años, es decir, aquellos que pertenecen al segundo nivel de transición, cuyas matrículas durante el año 2002, alcanzaban alrededor de 275.000 menores, considerando que, según el Censo del mismo año, la población infantil entre 5 a 6 años alcanzaba a 557.352 niños.
Agrega que diversos estudios consideran una desventaja para los niños que ingresan al primer año de enseñanza básica el no haber asistido previamente a un jardín infantil, ya que a éstos se les entregan diversas destrezas y habilidades que les permiten una mejor adaptación y aprendizaje al iniciar sus estudios.
Indica que los especialistas concuerdan en que estos primeros años de estudios son muy importantes en el desarrollo cognoscitivo de los menores. En efecto, estudios recientes de las neurociencias sobre la infancia temprana indican que en esta etapa (5 a 6 años) se desarrollan procesos neurofisiológicos que configuran las conexiones y funciones cerebrales a niveles de velocidad y eficiencia de tal rapidez, que no vuelven a ser alcanzados en el resto de sus vidas. Este desarrollo no sólo es el resultado del despliegue de procesos biológicos genéticamente determinados, sino que es también el fruto de experiencias físicas, cognitivas y socio-emocionales.
Añade que, por lo anterior, los cimientos de la desigualdad educativa se gestan en la infancia. De este modo, plantea que extender la escolaridad es una consecuencia lógica y necesaria de la transformación del sistema educativo chileno. Expresan las mociones que garantizar trece años de acceso y permanencia en el sistema educativo representa la continuidad histórica del esfuerzo de generaciones por ampliar las oportunidades en un sistema en continua expansión.
Finalmente se manifiesta que lo anterior no es un camino fácil, ya que la obligatoriedad puede ser un mecanismo ineficaz si no se dan las condiciones para hacerla efectiva.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El proyecto de reforma constitucional aprobado por el H. Senado consta de un artículo único, que modifica el número 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, anteponiendo en el párrafo quinto, la expresión: “La educación parvularia en su segundo nivel de transición”, seguida de una coma (,) reemplazándose la letra “L” mayúscula del artículo “La” con el que se inicia el referido párrafo, por una letra “l” minúscula.”.
De esa manera, el proyecto aprobado por el Senado propone la obligatoriedad del denominado “segundo nivel de transición de la educación parvularia”, que corresponde a la fase inmediatamente anterior al ingreso a la educación básica.
III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
a) Discusión general.
Intervenciones en el seno de la Comisión.
a) El senador Mariano Ruíz-Esquide , uno de los autores del proyecto señaló que la idea de legislar sobre esta materia nació hace casi ocho años teniendo presente que la igualdad de las personas se debe respetar desde la más tierna infancia, atendido lo cual, a su juicio, resulta indispensable hacer obligatoria la educación parvularia y declararlo así en la Constitución Política de la República, para que sea garantizada bajo cualquier gobierno.
Explicó que en la Sala del Senado, cuando se aprobó en general el proyecto, se otorgó un plazo para presentar indicaciones con la intención de que se incorporara un artículo transitorio que estableciera un plazo -tres años- para hacer efectiva esta obligación, dando un tiempo para que se implementara el sistema. No obstante, al no presentarse tal indicación, el Presidente del Senado declaró aprobado en particular el proyecto. Se argumentó que la norma tenía un carácter declarativo, por lo que no procedía obligar ni al financiamiento ni a la implementación del sistema.
En cuanto al fondo de la iniciativa, explicó que existen estudios de educadores, neurólogos y psicólogos infantiles que demuestran que la mayor permeabilidad del cerebro del niño se produce durante los tres últimos meses de gestación, y que su mayor potencialidad la alcanza entre los cinco y los seis años de edad, fase clave y determinante para su rendimiento futuro, por lo cual los niños que no asisten a prekínder y a kínder, no recuperan lo no adquirido durante esa etapa, comenzando en ese momento la desigualdad, pues quienes han asistido a esos niveles de educación cuentan con diversas destrezas y habilidades que les permiten una mejor adaptación y aprendizaje al iniciar sus estudios escolares, comparado con el que no recibe atención parvularia.
Los últimos informes, continuó, han concluido que la existencia de este nivel educativo y de salas cunas guarda estrecha relación con los resultados más exigentes y altos obtenidos en la prueba Simce .
Consultado por algunos Diputados en relación a si el sujeto obligado por la norma que se propone incorporar sería el Estado o se trata de una exigencia para los padres de enviar a sus hijos a los centros de educación parvularia, señaló que la educación es una obligación de la sociedad y que, cuando en 1920 se promulgó la ley que estableció la educación primaria obligatoria, se generó un conflicto, especialmente en los campos, donde existía cierta resistencia a enviar a los niños a las escuelas. No obstante, con el transcurso del tiempo, se ha creado conciencia nacional de la importancia de acceder a la educación siendo, en la actualidad, unánime la opinión de que la educación de calidad determina en gran medida las oportunidades de desarrollo personal que tendrán las personas en el curso de su vida y que, en ese contexto, se encuentran en mejores condiciones quienes tuvieron la posibilidad de acceder a educación preescolar antes de ingresar a la educación básica. Por ello, agregó, es una obligación del Estado posibilitar la ampliación de la cobertura de la educación parvularia, especialmente para los sectores de menores ingresos cuyo acceso se ve limitado por motivos económicos.
b) El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señor Rodrigo González López , señaló que el Ejecutivo comparte el contenido de esta reforma constitucional porque se enmarca dentro de las políticas del Gobierno en torno al desafío para mejorar la educación, que constituye uno de los desafíos anunciados en la Cuenta dada al país el 21 de mayo pasado, por su Excelencia la Presidenta de la República .
El aumento de la cobertura de la enseñanza preescolar se relaciona con la efectividad en la estimulación cognitiva temprana para producir un impacto significativo en la madurez escolar en los niños, y permite obtener una igualdad de oportunidades entre los distintos sectores de la sociedad.
Recordó que el año 1999 se reformó la Constitución, estableciéndose como deber del Estado promover la educación parvularia. Por otra parte, a partir de abril de 2003, mediante ley Nº 19.864 -que modificó la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza-, se reconoció a la educación parvularia como un nivel educativo; otorgándose reconocimiento oficial a los establecimientos que lo imparten en la medida que cumplan los requisitos establecidos en la ley para operar como tales.
Hizo presente que, ha sido una preocupación constante de los gobiernos de la Concertación responder a los nuevos desafíos de la modernidad, dentro de los cuales está, como uno de sus pilares fundamentales el derecho a la educación de las personas. En ese contexto, en mayo de 2003, se estableció constitucionalmente la enseñanza media obligatoria y gratuita. La obligatoriedad de doce años de educación se inscribe dentro de un proceso de reforma educacional destinado al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, que entre otras cosas ha implicado el establecimiento de la jornada escolar completa y el aumento progresivo de la cobertura de la educación parvularia en sus diversos niveles. Así también, agregó, la ley de subvenciones en materia educacional es universal y permite que recursos fiscales, vía transferencia, sean destinados a los establecimientos particulares y municipales de enseñanza, por el servicio educacional prestado, con el objeto de ayudar a financiar su funcionamiento para el logro de sus objetivos. Actualmente, en el Congreso Nacional, se encuentra en tramitación el proyecto que permite aumentar el monto de la subvención para los establecimientos que atienden a niños con dificultades, la que podría extenderse a este nivel parvulario.
Si bien justificó la necesidad de avanzar hacia la universalización mediante la gratuidad de la atención educativa para los párvulos de entre cinco y seis años, es decir, para aquellos que pertenecen al segundo nivel de transición, manifestó tener dudas acerca de consagrar expresamente la obligatoriedad del segundo nivel de transición, pues podría significar el impedimento de ingresar a la educación básica sin aprobarlo previamente, frente a lo cual se debe tener presente que dicho nivel abarca preferentemente habilidades manuales que son difíciles de medir. Esa es la razón por la cual, la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza establece la no obligatoriedad de cursar este nivel para el ingreso al sistema escolar.
Por tal motivo, señaló, el Ejecutivo presenta una indicación para reemplazar el texto aprobado en el Senado, en el sentido de que el Estado financiará un sistema gratuito para el segundo nivel de transición, pero sin que éste sea obligatorio para el acceso a la educación básica.
Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por las mociones -refundidas en un solo texto en el Senado-, y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas individualizadas precedentemente, que permitieron a sus miembros formarse una idea de la conveniencia de contar con una norma que, a nivel constitucional, refuerce la idea de la necesidad de un financiamiento gratuito -por parte del Estado- para el segundo nivel de transición de la educación parvularia, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner , Laura Soto González , Marisol Turres Figueroa , Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards .
b) Discusión particular.
Durante la discusión del artículo único del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:
El texto de la reforma constitucional propuesto por el Senado era el siguiente:
“Artículo único.- Antepónese, en el párrafo quinto del número 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la frase:
“La educación parvularia en su segundo nivel de transición”, seguida de una coma (,), reemplazándose la letra “L” mayúscula del artículo “La” con el que se inicia el referido párrafo, por una letra “l” minúscula.”.
-El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir el texto propuesto por el Senado, del siguiente tenor:
Para reemplazar el artículo único, por el siguiente:
“Agrégase, en el párrafo cuarto del número 10° del artículo 19 de la Constitución Política, después de la frase “la educación parvularia” la expresión “y financiará un sistema gratuito para el segundo nivel de transición de dicha educación, sin que ésta constituya antecedente obligatorio para el ingreso a la educación básica.”.
Esta indicación, que reemplaza al texto aprobado por el Senado, tiene por objeto establecer que el Estado financiará un sistema gratuito para el segundo nivel de transición de la educación parvularia -que corresponde al nivel de kinder-, pero que dicho nivel no constituirá un antecedente obligatorio, es decir, no implicará prerrequisito para el ingreso a la educación básica. Esta última circunstancia es el elemento que -en el fondo- distingue el texto aprobado por la Comisión del despachado por el Senado.
La indicación no hace otra cosa que recoger la idea planteada a la Comisión por el Ejecutivo en cuanto que, por un lado, dentro del programa de Gobierno está expandir y otorgar mayor cobertura a la educación parvularia y, en ese sentido, el proyecto está en la línea coherente con la política general sobre educación e igualdad de oportunidades pero, por otro, mediante la indicación presentada no se transforma en obligatorio el cursar y aprobar dicho nivel de transición para acceder a la educación básica, atendido que se ha estimado que los niveles parvularios tienen que ver, preferentemente, con habilidades manuales que son difíciles de medir.
Sometida a votación la indicación, se aprobó por unanimidad (diez votos a favor). Por igual votación, se entendió rechazado el texto propuesto por el Senado.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Se rechazó por unanimidad el texto del proyecto aprobado por el Senado, del siguiente tenor:
“Artículo único.- Antepónese, en el párrafo quinto del número 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la frase:
“La educación parvularia en su segundo nivel de transición”, seguida de una coma (,), reemplazándose la letra “L” mayúscula del artículo “La” con el que se inicia el referido párrafo, por una letra “l” minúscula.”.
V. ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.
La Comisión acordó reemplazar el texto propuesto por el Senado por aquél que aparece en el acápite siguiente de este informe.
VI. TEXTO DEL PROYECTO TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.
PROYECTO
DE REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único.- Agrégase, en el párrafo cuarto del número 10° del artículo 19 de la Constitución Política, después de la frase “la educación parvularia” la expresión “y financiará un sistema gratuito para el segundo nivel de transición de dicha educación, sin que ésta constituya antecedente obligatorio para el ingreso a la educación básica.”.
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Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2006.
Se designó diputado informante al señor Pedro Araya Guerrero .
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 10 de mayo; 7 de junio y 5 de julio de 2006, con asistencia de los diputados señores Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), Jorge Burgos Varela (en reemplazo de Jaime Mulet Martínez) , Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz , Laura Soto González , Marisol Turres Figueroa , Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards .
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Forni , Alvarado , Delmastro , Marcelo Díaz , Egaña , Jarpa , Moreira , Tarud , Uriarte y de la diputada señora Allende.
Establece una excepción a la inhabilidad establecida en el artículo 54 letra b) de la Ley de Bases de la Administración del Estado. (boletín N° 4313-06)
1. Que, según lo dispone el artículo 2° de la Ley de Probidad Administrativa, se señala que no podrán ingresar a cargos de la Administración del Estado, “las personas que tengan calidad de conyugue, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan. Hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente inclusive.”
2. Que, compartiendo los criterios fundamentales de esta disposición, que sin duda permite fortalecer los principios de probidad y transparencia en la Administración del Estado, crean una distorsión en nuestro concepto injusta respecto de los funcionarios del Servicio Exterior. En efecto, cuando el personal de este Servicio es destinado a desempeñar su cargo fuera del país, ya sea en Embajadas, Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales o ha Consulados de Chile en el extranjero involucran necesariamente a su cónyuge e hijos, a modo de ejemplo la cónyuge asume labores de apoyo en la gestión de su marido en representación del país; los hijos además crecen y se educan en condiciones muy distintas a las que lo harían si permanecieran en Chile.
3. Que, esta experiencia, constituye para muchos jóvenes, un elemento decisivo a la hora de escogar su vocación profesional. Ellos conocen mejor que nadie la labor de un funcionario del servicio exterior y no hay ninguna razón aparente que justifique la posiblidad de desarrollo profesional en esta área, más aun cuando muchos de ellos conocen desde muy niños el sacrificio, la abnegación y la vocación de servicio público de los funcionarios del servicio exterior.
4. Que, este mismo costo-beneficio, implica que se fomenta la legítima inquietud de que personas ligadas por vínculo de consanguinidad o afinidad deseen ingresar al Servicio Exterior de nuestro país, con la ventaja adicional de conocer a la perfección las obligaciones inherentes al cargo, sin embargo debido a esta impedimento legal consagrado en el artículo 54 letra b) de la Ley de Bases esta posibilidad se ve truncada y en definitiva se pierde un valioso capital humano para desempeñar de manera competente y eficiente la representación de nuestro país en el extranjero.
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Agrégase en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, a continuación del punto (.), la siguiente frase: “Esta inhabilidad no será aplicable respecto del personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.”
Moción de los diputados señores Jiménez , Accorsi , Aguiló, Enriquez-Ominami , Espinosa , Farías, Sule y Súnico.
Reforma Constitucional que elimina el N° 7 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado. (boletín N° 4314-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que la Constitución Política de la República, en su artículo 57 N° 7, contiene una norma que impide a los dirigentes gremiales y vecinales ser candidatos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.
2° Que la referida prohibición no tiene antecedentes en la historia constitucional chilena, y fue introducida sólo en la sedicente constitución del año 1980, con un criterio que muy lejos de incentivar la participación ciudadana en el Congreso Nacional, ha tratado de impedir el acceso a los cargos de representación popular de personas ligadas a la actividad gremial y vecinal.
3° Que si analizamos históricamente las personas impedidas de optar a cargos de representación popular, y generamos un principio común que explique la ratio legis que hay detrás de la norma, nos encontraremos con que no pueden ser candidatos al parlamento los altos funcionarios del Poder Ejecutivo ( Ministros de Estado , Intendentes, Gobernadores, Subsecretarios, Alcaldes, entre otros) y los altos también funcionarios del Poder Judicial (Magistrados de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y jueces de letras) además de otras autoridades del Estado, como los fiscales del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los miembros del consejo del Banco Central y los oficiales pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad pública. En síntesis, lo que se busca es que no se generen incompatibilidades entre los tres poderes del Estado y los órganos constitucionales independientes, como el Ministerio Público o el Banco Central.
4° Que, como se aprecia, no se explica el que dentro de las prohibiciones se encuentren las personas que desempeñen un cargo directivo, de naturaleza gremial o vecinal, ya que en estos casos no se genera una incompatibilidad entre distintos poderes del Estado, ni nada parecido; muy por el contrario, existe -lo más probable- entre estas personas y los electores, un íntimo grado de confianza que precisamente constituye un capital político muy valioso a la hora de ejerce un cargo público de elección popular. Esta muy seguramente, ha sido la razón que la dictadura ni quiso explicitar, pero que en definitiva, la llevó a establecer tan absurda y esterilizante idea.
5° Que la eliminación de esta inhabilidad ha sido un tema ya tratado y respecto del cual existe un consenso y, por su parte, un compromiso del Ejecutivo, en cuanto a respaldar una iniciativa en tal sentido.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Elimínase del artículo 57 de la Constitución Política de la República, el numeral 7).
Moción de los diputados señores Leal , Encina , Martínez y Rossi .
Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para fomentar el desarrollo de energías renovables no convencionales. (boletín N° 4315-08)
“Vistos: Lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1. Que las energías renovables no convencionales (sol, viento, biomasa, del océano y otras) son un recurso abundante en el territorio nacional y constituyen un patrimonio valioso de nuestro país.
El interés en el uso de las energías renovables no convencionales (solar, eólica, oceánica, biogás y otras formas de biomasa) ha sido tradicionalmente poco, por una variedad de razones, entre otras, un desconocimiento de la magnitud del recurso, poca información sobre los beneficios potenciales de su uso y costos de inversión relativamente altos.
Los inventarios de tecnología propia para el aprovechamiento de las energías renovables del tipo señalado son limitados y se reducen a algunos dispositivos para el calentamiento de agua, mientras que para la generación de electricidad son prácticamente nulos.
La mayoría de los desarrollos tecnológicos para el uso de las energías renovables no convencionales que se han emprendido hasta ahora en el país son muy modestos, limitados principalmente por una visión estrecha de su potencial como fuente de negocio, una pobre vinculación entre la industria y los centros de desarrollo tecnológico, y escasos fondos para investigación, desarrollo y demostración. Pocos ejemplos se pueden citar de proyectos comerciales realizados con tecnología local o exitosamente apropiada.
Chile no cuenta con reservas petroleras, de las cuales depende fuertemente la economía nacional, éstas se importan.
Igualmente riesgoso es el deterioro del medio ambiente, lo que obliga a las generaciones presentes a tomar medidas de preservación, incluyendo un cambio en la base energética.
2. En el plano internacional, las tecnologías para la generación de electricidad con fuentes renovables de energía, llamada con frecuencia “electricidad verde”, han tenido avances significativos a lo largo de las últimas dos décadas: la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas se han mejorado, mientras que los costos de su ciclo de vida han disminuido y los mercados se han expandido. Por ejemplo, la capacidad mundial de aerogeneradores instalados es ahora superior a los 40,000 megawatts (MW), de unos 1500 MW que había instalados hace 15 años; las ventas globales de generadores fotovoltaicos (FV) ascienden en la actualidad a 300 MW anuales en un mercado que prácticamente no existía hace menos de 20 años.
3. El establecimiento de una Política Nacional de Energía Renovable es imprescindible si se pretende cambiar la situación actual hacia una en donde las energías renovables jueguen un papel relevante. El uso en gran escala de las energías renovables puede traer beneficios potenciales, más allá de los kilowatts y los kilowatts-hora, incluyendo una ruta alternativa de desarrollo, más benigna para el medio ambiente pero con las mismas metas de bienestar económico, estabilidad social y seguridad ambiental; seguridad energética; nuevos y más competitivos mercados energéticos y nuevas tecnologías energéticas. Entre otros beneficios potenciales, se pueden considerar los siguientes:
Macroeconómicos. Existen beneficios para la economía en su conjunto al producir paralelamente formas útiles de energía y nuevas tecnologías energéticas. Las energías renovables presentan la forma más efectiva desde el punto de vista costo para el suministro energético en zonas remotas, y se acercan cada vez más a la competitividad económica en aplicaciones conectadas a red e industriales, cuando se incluyen en el análisis todos los costos y beneficios asociados con las distintas alternativas. Las energías renovables ofrecen buenas oportunidades para la participación en los crecientes mercados para las nuevas tecnologías energéticas, lo cual permite la creación de nuevos empleos, la reactivación de industrias, y creación de nuevas formas del negocio energético.
De política industrial. Los requerimientos tecnológicos para la manufactura de las tecnologías de energías renovables están al alcance de las capacidades existentes de la industria nacional. Las inversiones de capital necesarias para construir las plantas de manufactura pueden ser accesibles para los inversionistas, aunque existe también capital foráneo listo para participar en este terreno.
Desarrollo rural y local. En la dimensión social, las energías renovables son a menudo la única posibilidad razonable de suministrar servicios de base energética a comunidades remotas, para mejorar su calidad de vida y facilitarles su desarrollo económico a través de proyectos productivos. La generación de electricidad en gran escala puede beneficiar a las comunidades rurales, las cuales pueden rentar sus tierras a los desarrolladores de proyectos con energías renovables, o convertirse en actores importantes del desarrollo regional creando empresas para la producción de energía.
Consideraciones de salud pública. El uso de las energías renovables puede ser un factor importante para mejorar la salud, al evitar las emisiones locales mediante la sustitución de energéticos convencionales; y al mejorar la calidad de los servicios en las clínicas rurales y dispensarios médicos donde aún no hay suministro eléctrico.
Diversificación y seguridad energética. La economía nacional depende en más de un 89% de combustibles fósiles, de origen extranjero, cuyo ocaso puede vislumbrarse en el curso de las próximas generaciones.
Limitaciones en el recurso, o factores de índole geopolítica, pueden afectar la seguridad en el suministro o la estabilidad en los precios, y crear condiciones de tensión que afecten el desarrollo nacional. Las energías renovables pueden ayudar a que el sistema de suministro energético dependa cada vez menos de los productos del petróleo y del gas natural, evitando con ello futuros problemas en la disponibilidad de estos recursos y la correspondiente a las tecnologías energéticas asociadas. Las energías renovables pueden ser un buen instrumento para ayudar al sector energético a expandir su capacidad y ofrecer un suministro confiable y seguro, ofreciendo a la vez un valioso instrumento para el desarrollo regional.
Desarrollo sustentable. Las energías renovables ofrecen buenos prospectos para el desarrollo sustentable. En la dimensión económica, el balance beneficio/costo puede ser favorable si las tecnologías de energía renovables se producen localmente. En la dimensión ambiental, las energías renovables prácticamente no producen emisiones contaminantes y pueden resolver problemas ambientales recurrentes; por ejemplo, el uso de la basura urbana como combustible para resolver el problema de la disposición final, o el uso de suelos desforestados para la producción de cultivos energéticos. En los sectores urbano e industrial, las energías renovables constituyen una “fuerza democratizadora” hacia la descentralización del suministro energético; los individuos y los negocios pueden generar su propia electricidad y producir agua caliente y otros servicios, y así contribuir financieramente a la creación de infraestructura tanto eléctrica como de otro tipo. Los proyectos más grandes de generación con renovables pueden atraer capital privado fresco para construir nueva capacidad de generación y desarrollar proyectos de cogeneración.
4. Los compromisos ambientales de Chile en el plano internacional van en aumento, aun cuando la contribución de nuestro país a las emisiones globales de CO2 por la quema de combustibles fósiles es todavía modesta. Nuestro país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Unfccc), y ratificó el Protocolo de Kyoto en el año 2005. Las energías renovables pueden ayudar a abatir el índice de intensidad de carbono de la economía nacional, lo que nos puede poner en buena posición para honrar sus obligaciones internacionales en materia ambiental y a beneficiarse de los mecanismos económicos derivados del Protocolo de Kyoto y de otros acuerdos internacionales.
5. El programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet señala en el capítulo sobre Fuentes Energéticas que: “Cuando los países crecen necesitan más energía, y energía eléctrica en particular. Chile enfrenta el desafío de garantizar y diversificar sus fuentes de energía. A pesar de la importancia de los programas de eficiencia energética y las fuentes de energía alternativa, el menor suministro de gas natural de Argentina hará necesaria la expansión de nuestra capacidad de generación eléctrica convencional.
Definiremos una Estrategia Nacional de Cuencas que permita identificar, en base a la mejor información científica, aquellas cuencas que se podrán intervenir, así como las que es de interés nacional preservar. Tomaremos en cuenta los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad y las comunidades de pueblos originarios.
Condicionaremos la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a los resultados de la Estrategia Nacional de Cuencas, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales del crecimiento de esta fuente energética convencional.
Exigiremos a las autoridades ambientales regionales administrar las cuencas atmosféricas, incorporando la compensación y transacción de emisiones para evitar un incremento de la contaminación, mediante el proyecto de ley de bonos de descontaminación.
Pondremos como meta que un 15 por ciento del aumento de generación eléctrica al Bicentenario se logre con energías renovables no convencionales, como eólica, biomasa o hidráulica de pequeña escala.
Fomentaremos la eficiencia energética para el sector productivo, residencial y comercial. Desarrollaremos un programa nacional de investigación y adaptabilidad del sector productivo al cambio climático, anticipando los mayores riesgos que pueda este problema ambiental global significar para nuestro país.”
6. Las Energías Renovables no Convencionales en Chile.- Se definen como Energías Renovables No Convencionales (Ernc) a aquellas que provienen de fuentes de energía renovables, excluyéndose a los grandes proyectos hidroeléctricos, principalmente aquellos con centrales de embalse. Estos últimos, si bien corresponden a fuentes renovables, son a la vez proyectos “convencionales” con amplio desarrollo internacional y nacional. Normalmente las Ernc tienen impactos ambientales considerablemente menores que las tecnologías tradicionales de generación eléctrica.
Dado lo anterior, entre las Ernc cabe incluir a las energías eólica, geotérmica, solar (solar termoeléctrica y fotovoltaica), de la biomasa (sólida, líquida y biogas), de los mares (corrientes marinas, mareas y olas) e hidráulica, esta última restringida a pequeñas centrales de pasada (debido a su bajo impacto ambiental). No existe un límite de tamaño internacionalmente consensuado bajo el cual se catalogue a los proyectos hidráulicos como no convencionales.
La ley chilena define como fuentes de Energías No Convencionales ENC la geotermia, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras fuentes determinadas por CNE. Tomando en consideración que los beneficios establecidos para ENC contemplados en las leyes Corta I y II beneficia a proyectos que no exceden los 20 MW, la Comisión Nacional de Energía (CNE) habitualmente considera como Ernc a los proyectos cuya capacidad instalada es inferior a dicho monto.
7. Marco regulatorio y modificaciones legales recientes.- Una de las características del marco regulatorio del sector eléctrico en Chile ha sido la neutralidad, en cuanto a las tecnologías y fuentes empleadas, debiendo todos los tipos de energías competir en similares condiciones. Luego no ha existido limitación alguna para utilizar Ernc, pero por otro lado su incorporación tampoco ha sido objeto de un tratamiento especial.
La ley N° 19.940 (promulgada en mazo de 2004, Ley Corta I), marca un hito para las Ernc en Chile, pues por primera vez se establecen beneficios especiales para éstas. Los aspectos de la Ley 19.940 que probablemente tendrán mayor impacto en el desarrollo de las ERNC en Chile corresponden a aquellos relacionados con la eliminación de algunas barreras de entrada que presentaba el mercado de generación, las cuales afectaban de mayor manera a los proyectos medianos y pequeños, con propietarios distintos a las empresas tradicionales, y con necesidad de conectarse a redes de distribución, características compartidas por muchos proyectos Ernc.
La Ley General de Servicios Eléctricos, mediante la Ley N° 19.940, incorporó los siguientes beneficios para las Ernc:
El derecho de todas los medios de generación, en forma independiente de su tamaño, propiedad y nivel de conexión a la red, a participar de las transacciones controladas por los Cdecs. Con ello todos los generadores, incluyendo los pequeños, tienen similares condiciones de acceso al mercado eléctrico: spot, venta a clientes libres o venta a empresas distribuidoras.
La creación de mecanismo de estabilización de precios de la energía para las centrales menores a 9 MW que vendan su energía en el mercado spot.
La obligación de los operadores de las redes de distribución de conectar las centrales de hasta 9 MW a sus redes. Ello complementa el acceso abierto a las redes de transporte establecido en la Ley Corta I,.
La exención del pago de peaje troncal que beneficia a las centrales que utilicen fuentes de energías no-convencionales (ENC). La exención será total para centrales menores a 9 MW y parcial, para centrales entre 9 y 20 MW.
Además, la Ley N° 20.018 (mayo de 2005, Ley Corta II) también incorpora elementos que afectan a las Ernc. Por una parte, la modificación del modelo tarifario para consumidores regulados, que permite establecer contratos de suministro de largo plazo entre generadores y distribuidores, otorga estabilidad a la remuneración de la energía en el periodo de los contratos. Con ello, las empresas tradicionales con contratos de largo plazo pueden incluir con menor riesgo en su carpeta a proyectos de generación intensivos en uso de capital y de bajos costos operacionales, como son los proyectos Ernc.
Por otro lado, el inciso 5º del artículo 96 ter incorporado por la Ley N° 20.018 a la Ley eléctrica, crea un mercado exclusivo para fuentes no convencionales, al otorgarles el derecho de suministrar, al precio traspasado a los clientes regulados, hasta el 5% de la demanda asociada a dichos clientes de las empresas distribuidoras. Este aspecto reconoce un tratamiento especial a las Ernc, pudiendo favorecer a pequeños generadores que tienen pocas posibilidades de participar en las licitaciones de suministro.
8. Experiencia internacional de fomento a Ernc.- De acuerdo al análisis de experiencias internacionales, la existencia de marcos regulatorios especiales para las inversiones con Ernc tiene una creciente difusión, en particular en países de mayor desarrollo que Chile. Sin embargo también están presente en países en desarrollo, tal es el caso de Brasil y México en el ámbito latinoamericano.
Existen distintos modelos de regulación destinadas a favorecer a los proyectos con energías renovables:
Modelos de precios garantizados:
En países desarrollados, principalmente europeos, se han implementado regulaciones que buscan garantizar que los proyectos con ER obtengan un ingreso garantizado, por un cierto período de tiempo, a efectos que éstos sean atractivos para los inversionistas privados. Habitualmente el precio que reciben es diferenciado dependiendo de la tecnología utilizada, y en algunos casos se incluyen restricciones al tamaño de los proyectos que pueden acceder al beneficio.
En estos modelos el mayor costo de promover tecnologías que no son competitivas en el mercado a los niveles de precios prevalecientes, es absorbida por los consumidores finales, los que deben pagar un mayor precio. Por cierto, el efecto sobre el precio final depende del diferencial de precio que se pague y el nivel de penetración que se pretenda alcanzar con las medidas.
Esta opción ha tenido un alto impacto en el desarrollo de inversiones, dado que la garantía de ingresos hace que el riesgo comercial del negocio prácticamente desaparezca. Los casos más conocidos de este tipo de regulación son el español y alemán, donde la penetración de las energías renovables, en particular la eólica es muy alta. Sin embargo, la oposición a este sistema plantea que no es eficiente pues no estimula la competencia y que, dada las dificultades para definir el precio garantizado, se puede sobrerentar muchos proyectos.
Modelos de participación o cuotas:
En este tipo de iniciativas el objetivo de política es una determinada penetración de las energías renovables en los porfolios de inversión de las empresas generadoras, o bien en las compras mayoristas de energía eléctrica.
A través de estos mecanismos, la definición final del precio por el cual se remuneran las energías renovables, estará mas vinculada al costo real de generación con estas tecnologías. En estos casos los generadores están obligados a que parte de sus ventas sean de proyectos con energías renovables, debiendo en caso contrario pagar una precio por la energía no ofertada con renovables a un fondo que administra la agencia reguladora. Un esquema de este tipo se aplica en Australia y en Inglaterra. Los detractores a este modelo plantean que es mucho menos eficaz que el modelo de precios garantizados.
Licitaciones especiales para energías renovables
Los mecanismos de licitación de suministros, son otra alternativa que se utiliza para promover las energías renovables no convencionales. Esta opción opera estableciendo cuotas de que deben ser cumplidas en el abastecimiento de la demanda.
Bajo estos esquemas, la responsabilidad puede caer tanto en los generadores que participan de las licitaciones, o por la vía de licitaciones especiales, en cuyo caso habitualmente se establecen precios superiores a los resultantes de las licitaciones con fuentes tradicionales. Un ejemplo de la aplicación de este tipo de instrumentos se encuentra en Brasil.
Otras opciones de fomento
Si bien los anteriores son los modelos regulatorios dominantes, habitualmente estos son complementados con otras medidas destinadas a favorecer inversiones con energías renovables, entre las que se cuentan:
Fondos para investigación y desarrollo
Subsidios directos a la inversión con límites de monto total para tecnologías específicas (Canadá)
Exenciones tributarios para la adquisición de equipamientos
9. Capacidad instalada en Chile.- A diciembre de 2005 la capacidad instalada para generación en los sistemas eléctricos de Chile alcanzó los 11.990 MW, de los cuales aproximadamente el 60% son plantas térmicas y el 40% plantas hidroeléctricas. La participación de las energías renovables no convencionales en la generación de electricidad es marginal (algo superior al 2%), constituida principalmente por centrales de biomasa (170 MW, incluidas las de la industria de la celulosa), hidroeléctricas menores a 20 MW (112 MW, entre Sing , SIC y Aysén) y un parque eólico (2 MW en Aysén).
10. La ley N° 20.018, tuvo la intención de promover la incorporación de medios de fuentes no convencionales, especialmente los ambientalmente amistosos, a la oferta energética nacional, pero no ha logrado dicho objetivo, pues esa normativa establece que los propietarios de medios de generación conectados al sistema eléctrico cuya fuente sea no convencional, tales como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la Comisión Nacional de Energía:
Tienen el derecho a ofertar en las licitaciones reguladas en los artículos 79.1 y siguientes, de la ley N° 20.018, en las condiciones establecidas en las respectivas bases, y
Tienen derecho a suministrar a los concesionarios de distribución hasta el 5% del total de demanda destinada a clientes regulados, al precio promedio de los precios vigentes para el suministro de generación-transporte, de acuerdo a sus contratos, ponderando los precios por el volumen del suministro.
De manera que, los propietarios de medios de generación no convencional cuentan con una reserva del 5% del total de demanda destinada a clientes regulados, que las concesionarias de distribución deben adquirir al precio promedio señalado en el inciso primero del artículo 96 ter. Tal condición ha sido establecida en forma clara por el tenor literal de la norma legal analizada.
Por ello, la propuesta es modificar la Ley General de Servicios Eléctricos, con la finalidad de hacer económicamente posible la incorporación de medios de generación eléctrica de fuentes no convencionales, adoptando alguna de las medidas que propone la abogada de la Sección Jurídica de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, señora Verónica Seguel Ilabaca , en su Informe sobre el Sentido de la norma contenida en el inciso quinto del Artículo 96 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos:
Eliminar del inciso quinto del Artículo 96 ter la referencia al precio promedio del inciso primero del mismo artículo, estableciendo una licitación aparte para la reserva del 5% entre los generadores de fuentes no convencionales, con competencia de precios entre ellos;
Adicionalmente, esperamos aumentar en el futuro la reserva actual del 5% a 10% o más, para permitir que opere la economía de escala respecto a estos medios de generación;
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería:
Elimínense en el inciso quinto del Artículo 96 ter, las expresiones “al precio promedio del inciso primero del mismo artículo,”.
Reemplázase el inciso final del artículo 96 ter, por el siguiente:
“Los procedimientos para dar cumplimento a lo establecido en este artículo darán lugar a una licitación aparte para la reserva del 5% entre los generadores de fuentes no convencionales, con competencia de precios entre ellos, de acuerdo a las normas y mecanismosestablecidos en la ley N° 20.018 para las licitaciones de empresas concesionarias.
Moción de los diputados señores Forni , Álvarez , Bobadilla , Dittborn , Lobos , Norambuena , Uriarte , Ward y de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marisol Turres .
Modifica la ley N° 18.168 de Telecomunicaciones para establecer medidas de publicidad e información en la instalación de antenas de telefonía. (boletín N° 4316-15)
1. Que, la instalación de antenas telefónicas ha sido y sigue siendo una materia de preocupación ciudadana, estas constituyen en sí una invasión al medio ambiente, sobre todo si se trata de zonas pobladas o urbanizadas donde el deterioro afecta, además, el valor de las viviendas y de los terrenos cercanos a la obra.
2. El impacto que la instalación de antenas produce en la vida o interés de las personas se agudiza debido a la falta de información oportuna y efectiva de la que dispone la comunidad antes de verse obligada a reclamar frente a hechos ya consumados.
3. Es sabido que le compete sólo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) del Ministerio de Transportes entregar la autorización para el levantamiento de una antena celular; al municipio sólo se le informa sobre su emplazamiento para que fiscalice si las obras cumplen con las normas legales que exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
4. Sin embargo, muchas veces las empresas comienzan las obras de instalación de una antena sin tener todos los permisos, o incluso sin tener ninguno, y después sólo se legaliza lo ya realizado.
5. En esta carrera desenfrenada por instalar antenas se sigue menospreciando a los vecinos, se les ofrecen arriendos de patios a particulares aprovechándose muchas veces de sus necesidades, incluso se instalan a velocidad increíble durante la noche, de manera que cuando los vecinos se levantan tienen frente a su casa una antena que no estaba al acostarse.
6. De todos los sectores se han alzado voces contra la indiscriminada instalación de antenas de celulares lo que hace imperiosa la necesidad de regular sobre los lugares y las condiciones para su ubicación, y establecer que primero el permiso de instalación debe pasar por el consejo municipal y el alcalde y luego por el Ministerio de Telecomunicaciones, no como ocurre hoy que después de finalizadas las obras recién el municipio puede fiscalizar.
7. Reflexionar y propiciar que se determine un marco legal adecuado para la operación y emplazamiento en forma segura y responsable de estas antenas es una de las banderas de lucha de los municipios.
PROYECTO DE LEY
Regula la instalación de servicios de telecomunicaciones.
Artículo Unico: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.168:
1. Agréguese, en el inciso primero del artículo 15 después de la frase “ operación de la concesión, lo siguiente:
“la dirección específica de las antenas y la existencia en el sector de otras antenas de iguales o similares características;”
2. Sustitúyase la siguiente frase, del inciso tercero del artículo 15: “...en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la provincia o de la región en que se ubicarán las instalaciones”, por la siguiente: “... en el Diario Oficial y en un diario comunal o, de no existir éste, de la capital de la provincia en que se ubicaran las instalaciones.”
3. Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 24 A, de la siguiente forma:
“En el caso de las antenas de telefonía móvil, los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones no podrán iniciar las obras de instalación ni sus servicios, sin que sus obras e instalaciones hayan sido informadas previamente al alcalde y el concejo municipal, y estas se regirán de acuerdo a la ordenanza municipal respectiva de acuerdo a lo establecido por el DFL N° 458 de Vivienda y Urbanismo”.
Moción de los diputados señores Forni , Álvarez , Bobadilla , Dittborn , Lobos , Norambuena , Uriarte , Ward y de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marisol Turres.
Modifica del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, para establecer un límite máximo de altura de las antenas de telefonía móvil. (boletín N° 4317-14)
“Considerando:
1. Que, la altura de las antenas de telefonía celular es una materia muy delicada que debe ser estudiada y normada de acuerdo a las necesidades y los efectos que podrían producir en la población.
2. Que es bien sabido que las antenas no respetan los límites establecidos por la ley sobre distancias y altura, vulnerando las leyes que regulan este tipo de actividad y pasando a llevar los derechos ciudadanos de los vecinos que solo pueden actuar frente a hechos consumados, sin tener mecanismos eficientes de salvaguardar su seguridad y las de sus familias.
3. Que, los más afectados por la instalación indiscriminada de antenas siguen siendo los miles de vecinos que conviven diariamente con este conflictivo tema. Sentados a la mesa en sus comedores o livings ven bastante de cerca antenas que les rodean, mantienen un sonido continuo durante su funcionamiento, afean y disminuyen el valor de sus propiedades, y permanecen muy cerca, abriéndoles todo tipo de temores frente a una posible caída, temblor (tan comunes en Chile) o a la gran cantidad de emisiones que entregan cada día.
4. Que, la altura de las antenas celulares debe ser regulada con le fin de proteger a la población de posibles efectos secundarios que éstas podrían generar. Por ello es fundamental exigir una altura mínima para su instalación.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase un nuevo inciso 6 en el artículo 116, en el DFL N° 458, de Urbanismo y Construcción:
“En el caso de la instalaciones de antenas de telefonía móvil, estas deberán cumplir con una rasante de 70 grados y tener una altura no superior a 26 metros. Esta será una torre monoposte u otra de menor impacto urbanístico por concesionario de servicio de telecomunicaciones, por kilómetro cuadrado. Será responsabilidad de la respectiva concesionaria ejecutar estas instalaciones con el menor impacto urbanístico y visual posible. La instalación de estas torres a que se refiere el articulo anterior deberá ser informada previamente al Concejo Municipal, y estas se regirán de acuerdo a la ordenanza municipal respectiva.”
Moción de los diputados señores Jiménez , Aguiló, Enríquez-Ominami , Farías y Sule.
Dicta normas que protegen a los deudores hipotecarios obligados a contratar seguro de desgravamen, estableciendo que el riesgo se asume por toda la vida del asegurado sin importar su edad. (boletín N° 4318-03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que el seguro de desgravamen, como cualquier seguro, supone una protección que, para el evento de fallecer el titular de una deuda, la aseguradora asume el pago de ésta en beneficio del acreedor. Este seguro de desgravamen cobra especial importancia tratándose de créditos hipotecarios, por cuanto los bancos y demás instituciones que financian operaciones de esta naturaleza, condicionan el otorgamiento del crédito a la suscripción de un contrato de seguro de desgravamen, entre otros. Como es lógico, la compañía de seguros, para obligarse, analiza el riesgo dependiendo, fundamentalmente, de la salud del asegurado y de la edad, pues la posibilidad de que ocurra el siniestro de la muerte, es más alta entre más elevada sea la edad de la persona asegurada.
2° Que la práctica bancaria, determina que sean los propios bancos quienes, a través de sus empresas coligadas, ofrezcan al deudor hipotecario la contratación de un determinado seguro, ya que operan sobre la base de economías de escala, en que las primas de los seguros resultan más bajas que si el propio deudor hipotecario lo contratase en forma particular.
3° Que las compañías de seguros, coligadas o no al negocio bancario, ofrecen contratos de adhesión; es decir, contratos respecto de los cuales el deudor hipotecario, en este caso, sólo puede aceptar o rechazar, pero de ningún modo negociar o al menos influir en alguna de las cláusulas del contrato. De este modo, las compañías de seguro, contemplan en sus contratos cláusulas que limitan la cobertura del riesgo, y lisa y llanamente dejan de responder, si el asegurado, persona natural, cumple 75 u 80 años de edad.
4° Que siendo un contrato de adhesión, y más aún un contrato respecto del cual las personas se ven en el imperativo de suscribirlo, es decir forzosos, corresponde al ente público influir en ellos de modo tal que se restablezca la igualdad que presupone una relación contractual. Es importante recordar al respecto, que el contrato es entendido como un acuerdo de voluntades, en que ésta se manifiesta en forma libre y espontánea, es decir, sin que exista vicio alguno que la pueda influir, tales como el error, la fuerza y el dolo. En la noción de contrato la autonomía de la voluntad reviste no sólo la mayor de las importancias, sino un presupuesto sin el cual no es posible concebir la existencia de un contrato, tanto así que hay ilustres autores que niegan al contrato de adhesión la naturaleza de tal, pues en estos casos no ha habido una voluntad libre y espontánea, y si a ello agregamos que hay contratos forzosos, la situación se vuelve aberrante y pugna con los más elementales principios de libertad e igualdad garantidos por la Constitución Política de la República.
5. Que el único remedio que se conoce para combatir la enfermedad que contamina al contrato y lo convierte en adhesión, es el dirigismo; esto es, el fenómeno mediante el cual el ente público -el legislativo, en este caso- dicta ciertas normas que buscan evitar que el contratante más fuerte se imponga al más débil, como ocurre, por ejemplo, en materia del contrato de trabajo.
6° Que a nuestro entender, por un lado encontramos al solitario deudor hipotecario, cuya única aspiración es que le otorguen un crédito para pagar su vivienda y condenarse hasta muy avanzados sus años a pagar sagradamente los dividendos. Por el otro, encontramos toda una industria que vende dinero, y que lucra otorgando préstamos (vendiendo dinero) a quienes construyen los inmuebles y a quienes pueden adquirirlos, merced a su capacidad de trabajo que les permite endeudarse. La industria no sólo está conformada por la Banca sino por las empresas coligadas a ella, dentro de la que encontramos a las compañías de seguro. Así, aseguradoras y bancos, por una parte, frente al deudor hipotecario, a quien como ya hemos referido, lo obligan a contratar un seguro, y aún le imponen las cláusulas, una de las cuales dispone que la compañía de seguros no cubre el riesgo de la muerte, si ésta se produce después de cumplidos 75 u 80 años de edad.
7° Que, como sabemos, en nuestro sistema jurídico, los herederos son los continuadores legales del causante, de modo que por sucesión por causa de muerte no sólo se heredan los activos sino además los pasivos, que de ser mayores que los primeros, se pagan con cargo a lo que se recibe, y salvo que se acepte con beneficio de inventario, se responde ilimitadamente por las deudas del causante; en palabras simples, los herederos deben seguir pagando los dividendos hasta saldar el crédito hipotecario.
8° Que al día de hoy, y fruto de las políticas bancarias de hace algunos años atrás, en que los créditos hipotecarios se otorgaban por 20 años, no eran muchas las posibilidades de llegar a los 75 u 80 años siendo deudor hipotecario, con lo cual las personas afectadas por estas normas eran muy pocas (suponía haber contraído la deuda después de los 55 años). Sin embargo, hoy las políticas bancarias -comerciales- han variado de modo tal que se ofrecen prestamos hasta por 40 años, con lo cual será usual llegar a los 75 e incluso a los 80 años siendo deudor de un crédito hipotecario, y entonces el haber pagado durante muchos años un seguro de desgravamen carecerá de todo sentido.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: las personas que otorguen pólizas de seguro de desgravamen, no podrán limitar la cobertura o exonerarse del pago del siniestro, al hecho de cumplir el asegurado una determinada edad. Toda norma que vulnere esta disposición se tendrá por no escrita.
Moción de los diputados señores Súnico, Marcelo Díaz , Espinoza , Latorre y Monsalve .
Modifica la ley N° 18.290, eximiendo de responsabilidad al conductor por infracciones al transporte de carga. (boletín N° 4324-15)
1. Fundamentos. La normativa vigente en materia de tránsito y transporte de carga terrestre supone el cumplimiento de una serie de normas técnicas conforme a las exigencias de la legislación general y especial [1] dictada por los órganos competentes. Es del caso tener presente que la normativa vigente considera como una infracción grave [2] la contravención a las normas que fijan el máximo de carga en vehículos de transporte [3], haciendo aplicable la responsabilidad al conductor y al propietario conforme al sistema de imputación solidaria que recoge la ley de tránsito en materia contravencional.
Si bien las tendencias modernas en general en materia de transporte (en sus diversas modalidades) tienden a la responsabilidad objetiva, nuestro sistema mantiene una estructura subjetiva con culpa presumida (en diversas hipótesis que regula la ley de tránsito). Contienen además, como se indico, la responsabilidad solidaria como fundamento general, admitiendo excepcionalmente la posibilidad que el tercero civilmente responsable pueda excusarse por infracciones en la materia [4].
Los hechos del mundo de la vida no siempre encuentran un punto de encuentro con el mundo del sistema, es un hecho notorio la frecuente infracción a la disposición citada en el primer párrafo de la presente propuesta legiferante. Desde este punto de vista, asumiendo las complejas relaciones que surgen en la actividad mercantil, existiendo las mas de la veces una cadena de agentes en que transportador, transportador efectivo, consignatario y propietario de la carga, surgen las siguientes interrogantes ¿quién debe responder en estos casos, el que comete o el que hace cometer?, ¿tiene el conductor del vehículo algún margen de decisión cuando este es un mero dependiente de un porteador?, el sistema de responsabilidad solidaria que pervive en la ley de tránsito no cumple con las exigencias de justicia en todos los casos, y en este punto las sucesivas modificaciones en la materia no ha alcanzado a la efectiva responsabilidad en lo relativo al transporte de mercancías, en que el conductor carece de un margen de decisión.
2. Ideas matrices. De esta manera se propone incorporar una nueva disposición (art. 175 bis) en la ley de tránsito (N° 18.290) que consagra el régimen de responsabilidad en materia de prohibiciones al máximo permitidos en vehículos de carga, estableciendo la posibilidad de exención de responsabilidad por el conductor, pues se encuentra en una posición dependiente frente al propietario de la carga, en quién queda -en definitiva- radicada la responsabilidad.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes, venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Incorpórese el siguiente artículo 175 bis de la ley N° 18.290.
Artículo 175 bis.- Sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos precedentes, tratándose de las infracciones previstas en los artículos 56 y 59 de la presente ley, estarán exentos de responsabilidad los conductores de los vehículos sancionados.
La misma exención podrá aplicarse al propietario del vehículo siempre que acredite que no es dueño de la carga.