Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE HACIENDA.
- PAREOS.
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Eugenio Tuma Zedan
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jaime Quintana Leal
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- V. FÁCIL DESPACHO
- MODIFICACIÓN EN PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- MODIFICACIÓN EN PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- DEBATE
- INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA. ACUERDOS DE COMITÉS
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTUDIO DEL COSTO DE VIDA POR REGIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Galilea Carrillo
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Patricio Vallespin Lopez
- Rosauro Martinez Labbe
- Roberto Delmastro Naso
- Claudio Alvarado Andrade
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Estay Penaloza
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Fulvio Rossi Ciocca
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL SIDA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Perez Arriagada
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTUDIO DEL COSTO DE VIDA POR REGIONES.
- VIII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR. OFICIOS.
- ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN COMUNA DE EL CARMEN. Oficio.
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Ximena Valcarce Becerra
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- PETICIÓN DE SUMARIO EN HOSPITAL “DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES” DE IQUIQUE. OFICIO.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE. OFICIO.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE LICITACIÓN DEL SERNAM DE LA PRIMERA REGIÓN. OFICIO.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- INFORME SOBRE PROYECTOS DE CHILEDEPORTES EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE. OFICIO.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE IQUIQUE. OFICIO.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE LEGALIDAD EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE VALDIVIA. OFICIO.
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRO DE RECLUSIÓN JUVENIL EN COMUNA DE TILTIL. OFICIOS.
- INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE EMPRESA AGUAS ANDINAS RESPECTO DE PROYECTO SOBRE SANEAMIENTO DE CUENCA DEL MAPOCHO. OFICIOS.
- INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES SANITARIAS EN COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN. OFICIOS.
- ALCANCES A EXEQUIAS DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET. NOTAS DE CONDOLENCIAS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 108ª, en jueves 14 de diciembre de 2006
(Ordinaria, de 10.41 a 14.09 horas)
Presidencia del señor Leal Labrín, don Antonio.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Prórroga de plazo a Comisión de Hacienda11
Pareos11
V.Fácil despacho.
Modificación en planta de oficiales de la Armada. Primer trámite constitucional11
VI.Orden del Día.
Adecuación de la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Primer trámite constitucional13
Inclusión de proyecto en la cuenta. Acuerdo de los Comités37
Autorización a Comisiones unidas de Educación y de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala37
VII.Proyectos de acuerdo.
Estudio del costo de vida por regiones38
Inclusión de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la campaña de prevención del sida41
VIII.Incidentes.
Antecedentes sobre concurso público en la corporación municipal de Viña del Mar. Oficios44
Antecedentes sobre programa de regularización de títulos de dominio en comuna de El Carmen. Oficio45
Petición de sumario en Hospital “doctor Ernesto Torres Galdames” de Iquique. Oficio46
Información sobre pago de factura del Servicio de Salud de Iquique. Oficio46
Investigación de licitación del Sernam de la Primera Región. Oficio46
Informe sobre proyectos de Chiledeportes en la provincia de Iquique. Oficio47
Investigación sobre licitación de proyecto de la gobernación provincial de Iquique. Oficio47
Información sobre legalidad en proceso de adjudicación de proyecto del Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Oficio48
Pág.
Rechazo a instalación de centro de reclusión juvenil en comuna de Tiltil. Oficios49
Información sobre política de empresa Aguas Andinas respecto de proyecto sobre saneamiento de cuenca del Mapocho. Oficios50
Información sobre Resoluciones sanitarias en comunas de la Sexta Región. Oficios50
Alcances a exequias del general Augusto Pinochet. Notas de condolencias51
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica. (boletín N° 472604)56
2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que modifica las leyes N°s 19.378 y 19.813, y concede otros beneficios al personal de la Atención Primaria de Salud. (boletín N° 463911)74
3.Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola. (boletín N° 377001)75
4.Oficio el H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto sobre otorgamiento de permisos para operación de casinos de juego. (boletín N° 470605)81
5.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que prorroga la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2006, para el año 2007. (boletín N° 470506)82
6.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción y con urgencia “simple”, que modifica la ley General de Telecomunicaciones ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad. (boletín N° 452115) (S)82
7.Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican. (boletín N° 392414)83
8.Segundo informe de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican. (boletín N° 392414)86
Pág.
9.Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaídos en los proyectos, iniciados en moción, que adecuan la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. (boletín N° 334507 y 395907)87
10.Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaídos en los proyectos, iniciados en moción, que adecuan la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. (boletín N° 334507 y 395907)115
11.Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (boletín N° 423403)128
12.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (boletín N° 423403)164
13.Primer informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que modifica la Planta de Oficiales de la Armada en los escalafones de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Litoral. (boletín N° 470302)166
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes documentos:
14.Resolución dictada con fecha 7 de diciembre del año en curso referida al artículo 116, del Código Tributario, Rol N° 6812006. (Oficio N° 564)169
15.Copia de la acción pública presentada por don Fernando Saenger Giaconi, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, y la resolución que ordena dar traslado para fines que indica, rol
N° 6152006. (Oficio N° 558)171
16.Copia del oficio de la Corte de Apelaciones de Temuco, requiriendo un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado, Rol N° 65906INA. (Oficio N° 574)173
17.Copia del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del N° 4 del artículo 1268, del Código de Comercio, que corresponde al antiguo artículo 24 de la ley de quiebras, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, Rol N° 65406 INA, que incide en la causa Rol N° 82722006, de la Corte de Apelaciones de Santiago. (Oficio N° 579)176
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios.
De la Comisión de Hacienda por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para prorrogar en 30 días el plazo otorgado, que vence el 15 de diciembre, para informar las medidas necesarias que tengan por objeto racionalizar la actual carga tributaria, optimizar el rendimiento fiscal, evitar la evasión, simplificar las disposiciones referidas a la pequeña y mediana empresa y focalizar los incentivos, según lo estipulado en el proyecto de acuerdo N° 35, de mayo del año en curso.
Contraloría General de la República:
DiputadoVargas, un pronunciamiento respecto de la imparcialidad de los fiscales nombrados en la investigación de Chiledeportes.
DiputadoAccorsi, informe sobre los proyectos de Chiledeportes que han sido objetados, los que presenten fallas administrativas y los que deben ser investigados.
DiputadoRoberto Sepúlveda, antecedentes respecto de la funcionaria señora Pamela Jofré Delgado.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Proyecto de Acuerdo N° 253, medidas sobre protección de recursos marinos.
Ministerio de Defensa Nacional:
DiputadoMartínez, otorgamiento de rol central a Padre de la Patria en conmemoración del bicentenario y traslado de sus restos al mausoleo familiar en Chillán Viejo.
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
Diputado Marcos Espinosa, plan de mitigación de malos olores de planta de tratamiento de aguas servidas en sector poniente de Calama. (1658 al 2086)
Proyecto de Acuerdo N° 199, modificación tarifaria del Metro en favor de los adultos mayores.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Pascal Allende Denise
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 103ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 104ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE HACIENDA.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Hacienda para prorrogar en 30 días el plazo otorgado, que vence el 15 de diciembre, para informar las medidas necesarias que tengan por objeto racionalizar la actual carga tributaria, optimizar el rendimiento fiscal, evitar la evasión, simplificar las disposiciones referidas a la pequeña y mediana empresa y focalizar los incentivos, según lo estipulado en el proyecto de acuerdo N° 35, de mayo de 2006.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PAREOS.
El señor LEAL (Presidente).-
Señores diputados, informo de los siguientes pareos: el diputado Eugenio Tuma con el diputado Francisco Chahuán , y el diputado Jaime Quintana con el diputado René Manuel García.
V.FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN EN PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la planta de oficiales de la Armada, en los escalafones de oficiales ejecutivos e ingenieros navales y del litoral.
Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Jorge Ulloa .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4703-02, sesión 103ª, en 5 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 108ª, en 14 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 13, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la Comisión de Defensa aprobó sin mayor debate una modificación propuesta por el Ejecutivo para disminuir el déficit de oficiales que existe en determinados escalafones de la Armada Nacional.
El proyecto en informe pretende otorgar mayor flexibilidad al comandante en jefe de la Armada en la conformación de la planta de oficiales superiores y jefes de su institución, a fin de disminuir el déficit existente en ciertos escalafones. Hoy éste alcanza a 136 oficiales ejecutivos e ingenieros navales, lo que corresponde al 10 por ciento, y de 54 oficiales en el escalafón del litoral, lo que corresponde al 19 por ciento, y su origen se debe a que la planta fijada para el grado de capitanes de navío actualmente es insuficiente para satisfacer las necesidades institucionales.
El natural flujo en el ascenso de los capitanes de fragata al grado superior ha llevado a que obligatoriamente se incluya en la cuota anual de retiros de la Armada a oficiales plenamente vigentes y con una vasta experiencia profesional. Por ello, es necesario entregar flexibilidad.
Para el cumplimiento de dichos fines, el proyecto en comento permite, cuando sea necesario, aumentar la cantidad de capitanes de navío del escalafón ejecutivo e ingenieros navales en no más de 20 oficiales hasta completar 120 plazas de dicho grado, y en el escalafón del litoral, hasta 4 capitanes de navío, completando 20 plazas en el mencionado grado.
El proyecto en informe propone modificar el artículo 2° del decreto con fuerza de ley (G) N°1, de 1998.
En atención a que el proyecto no reviste ningún costo adicional para el Estado, ya que el aumento en el número de capitanes de navío se va a suplir con un número menor de capitanes de corbeta y de fragata, según sea el caso, no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El texto del proyecto aprobado por la Comisión es el siguiente:
“Proyecto de ley:
Artículo único: Efectúense las siguientes modificaciones al artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1, de 1998:
1)Agrégase en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra A. Escalafones Ejecutivos e Ingenieros Navales, antes de la letra B Escalafón de Infantería de Marina, del mismo párrafo, el siguiente inciso:
“Cada vez que se requiera aumentar la cantidad de Capitanes de Navío sobre 100 y hasta 120 Oficiales, el número de Capitanes de Fragata y/o Capitanes de Corbeta deberá ser disminuido en el número que sea necesario para absorber el costo monetario que significa el aumento de Oficiales Superiores y por el mismo lapso.”.
2)Agrégase en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra D. Escalafón del Litoral, antes de la letra E Escalafón de Mar, del mismo párrafo, el siguiente inciso:
“Cada vez que se requiera aumentar la cantidad de Capitanes de Navío sobre 16 y hasta 20 Oficiales, el número de Capitanes de Fragata y/o Capitanes de Corbeta deberá ser disminuido en el número que sea necesario para absorber el costo monetario que significa el aumento de Oficiales Superiores y por el mismo lapso.”.”.
Este proyecto reitero, que no tiene un costo incorporado, resulta absolutamente necesario para otorgar la flexibilidad necesaria al mando superior de la institución, a fin de que pueda ejercer su rol de conducir los destinos de la Armada Nacional y mantener efectivamente la labor disuasiva que el Estado le ha encomendado.
Por eso, la Comisión de Defensa Nacional recomienda, por la unanimidad de sus miembros, aprobar este proyecto, de manera que pase de inmediato al Senado de la República.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señores diputados, por tratarse de un proyecto de Fácil Despacho, lo votaremos sin discusión, al término del Orden del Día.
Con posteiroridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que modifica la planta de oficiales de la Armada, en los escalafones ejecutivos e ingenieros navales y del Litoral.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Allende Bussi, Isabel ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Cardemil Herrera, Alberto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren . Maximiano ; Escobar Rufatt, Alvaro ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Moreira Barros, Iván ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Palma Flores, Osvaldo ; Pascal Allende, Denise ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Robles Pantoja, Alberto ; Rojas Molina, Manuel ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett , Jorge ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe .
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI.ORDEN DEL DÍA
ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar los proyectos de ley refundidos, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que interpretan el artículo 93 del Código Penal en materia de prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el Derecho Internacional, y que interpretan y adecuan la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Diputado informante de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletines N°s. 3345-07 y 3959-07, sesión 108ª, en 14 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 8 y 9, respectivamente, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el 31 de octubre, la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal. La resolución de la Cámara, acorde con lo que había señalado la Comisión de Derechos Humanos, se relaciona con la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Almonacid, que condenó al Estado chileno por no cumplir con el convenio suscrito y ratificado por Chile en 1990, que fija, precisamente, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, según el cual el Estado chileno debía adecuar su legislación a dicha Convención. La Corte Interamericana condenó a Chile en el caso Almonacid, por haber aplicado el decreto ley N° 2191, de amnistía, de 19 de abril de 1978.
Una vez aprobado en general por la Sala, el proyecto fue enviado nuevamente a las comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia.
En la Comisión de Derechos Humanos estuvieron presentes don Humberto Nogueira , profesor de derecho constitucional, y don Jean Pierre Matus , profesor de derecho penal. Ambos estuvieron contestes en que el proyecto de ley sobre interpretación del
artículo 93 del Código Penal era absolutamente constitucional y en que, además, se ajustaba a todas las normas internacionales sobre la materia suscritas por Chile, a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a la sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre el caso Almonacid.
El profesor Nogueira recordó que, de conformidad con la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1972, se había establecido que las violaciones a los derechos humanos no podían ser amnistiadas ni sujetas a prescripción. Lo mismo ocurre con la Convención de Ginebra, suscrita y ratificada por Chile, en 1950, que también señala que no es posible someter a prescripción o amnistía los crímenes de guerra.
De manera que, de acuerdo con dichas convenciones y con la Convención sobre tratados internacionales de Viena, ningún Estado puede anteponer su legislación interna a las disposiciones de un convenio internacional. Por lo tanto, todos los estados deben cumplirlas.
El profesor Nogueira señaló que una ley interpretativa es perfectamente constitucional, y está dentro de las facultades que tiene el Congreso Nacional de dictar leyes interpretativas de carácter general que den el verdadero sentido que debe tener una disposición, en este caso, el artículo 93 del Código Penal, en lo que se refiere a la amnistía, a la prescripción y al indulto que, necesariamente, deben entenderse desde la perspectiva de que no pueden aplicarse en los casos de violaciones a los derechos humanos.
El profesor Matus se expresó en el mismo sentido. Señaló que nuestra jurisprudencia, en general, tanto las sentencias de la corte de apelaciones como las de la Corte Suprema, indicaban que no correspondía aplicar el decreto ley de amnistía en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, la Comisión de Derechos Humanos aprobó el artículo único del proyecto que corresponde al texto refundido de las diversas mociones que se presentaron y que dice lo siguiente:
“Artículo único.- Fíjase el verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal que se establecen en el artículo 93 del Código Penal, en orden a que deberá entenderse que no será aplicable a los crímenes y simples delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en las normas imperativas de ius cogens, en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.”.
Después de ser probado por la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual estuvieron presentes don Enrique Cury , ex magistrado de la Corte Suprema, y don Axel Buchheister , en representación del Instituto Libertad y Desarrollo.
Para el profesor Cury esta disposición de carácter interpretativo cumple con los requisitos que debe tener una norma de este tipo y, por lo tanto, está dentro de las facultades que tiene el Congreso Nacional de fijar el verdadero sentido y alcance de una disposición.
Por otra parte, expresó que una ley interpretativa era lo más adecuado para cumplir lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana y se condecía también con los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.
Axel Buchheister , por el contrario, señaló que en Chile no se podía dictar este tipo de ley interpretativa y que estaba en contra del decreto ley de autoamnistía. Por lo tanto, mediante esta disposición se transgredía la regla sobre retroactividad más favorable de la ley y de la irretroactividad de la ley penal, lo cual fue contradicho por el profesor Enrique Cury , en el sentido de que el principio básico era de una ley interpretativa y que los principios respecto de los derechos humanos estaban por encima de cualquier otro tipo de consideración.
En virtud de ello y luego de una larga discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, fue aprobado el texto de la Comisión de Derechos Humanos por la mayoría de sus miembros.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Recuerdo a la Sala que en la primera discusión de este proyecto se acordó reenviarlo a la Comisión de Derechos Humanos, donde se le introdujeron algunas modificaciones, y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para una interpretación.
Tiene la palabra el diputado Felipe Ward .
El señor WARD.-
Señor Presidente, me referiré a algunos aspectos de carácter jurídico relacionados con el proyecto.
En primer lugar, la irretroactividad de la ley penal es un principio fundamental de derecho. Aquí la ley penal está entendida en un sentido amplio y no exclusivamente en cuanto establece los tipos penales y las penas. Se trata de un principio clásico del derecho penal, indubitado, de aplicación universal, que no admite excepción alguna y que ha sido fuente directa de normas constitucionales con el objeto de asegurar su vigencia práctica.
Nuestra Carta Fundamental lo consagra en el inciso séptimo del N° 3 del artículo 19, que asegura a todas las personas que ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Expresado de otra manera, en Chile, conforme a su normativa constitucional, los delitos sólo pueden ser castigados de acuerdo a la legislación vigente al momento de la perpetración del hecho, y ninguna ley, no importa cuál sea su objetivo, dictada con posterioridad, puede servir de base para castigar al presunto culpable, salvo que lo favorezca.
En segundo lugar, la inderogabilidad de una ley de amnistía. Como consecuencia de lo anterior, las leyes de amnistía son inderogables, y una ley que hiciere tal cosa sería inconstitucional, por infringir la garantía de la irretroactividad de la ley penal.
Si bien las leyes de amnistía pueden considerarse un perdón, ello sucede mediante un acto que tiene por objeto borrar la antijuridicidad del hecho punible. Es decir, todo delito supone un hecho que la ley ha decidido penar y la amnistía es una ley posterior que deja de penar ese hecho concreto, mediante la eliminación del soporte jurídico para aplicar el castigo.
Por ello, al derogarse la ley de amnistía, la base para penar estaría en la normativa derogatoria, que es necesariamente posterior a la perpetración del hecho, lo cual está explícitamente vedado por la garantía constitucional mencionada.
En cuanto a la posibilidad de la anulación de una ley de amnistía, esta figura no existe y nadie ha precisado en qué consistiría la nulidad o cuál sería la causal para derogarla y quién debería hacerlo. Mediante ley no es posible, por el principio ya señalado de la irretroactividad de la ley penal. Correspondería, entonces, a un tribunal, como en toda nulidad, pero no está claro a cuál y en virtud de qué facultad concreta.
En tercer lugar, interpretar una ley penal con efecto retroactivo es inconstitucional. Sabido es que la interpretación con efectos generales de una ley sólo compete al legislador. Así lo dispone el artículo 9° del Código Civil, que señala: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas a éstas pero no afectarán en modo alguno los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
Conforme a esta disposición, se entiende que la ley interpretada por otra siempre dijo lo que ésta consagra. Esta figura es muy discutible, constituye un potencial atentado a la seguridad jurídica y se puede prestar para injusticias. Por lo mismo, hay que restringir su uso a casos en que auténticamente el sentido de la norma es oscuro y nunca intentar utilizarla en perjuicio de alguien.
En todo caso, el principio anterior reconoce una gran excepción que es la ley penal, y ello en virtud del principio de la irretroactividad penal consagrado en la Constitución.
En cuarto lugar, la facultad de dictar leyes de amnistía y otorgar indultos está consagrada en la Constitución y no admite restricciones impuestas por ley. Hay sólo dos causales de extinción de la responsabilidad penal que están tratadas a nivel constitucional: la amnistía y el indulto.
El N° 16 del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone que son materia de ley las que “concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9°.
De la simple lectura de esa disposición, resulta que la facultad del legislador de dictar amnistía es amplia y no está sujeta a restricciones. La ley no puede imponer restricciones a la norma constitucional no previstas expresamente en la Carta Fundamental.
En cuanto al indulto, es igualmente claro, porque si bien se autoriza a la ley para dictar las normas con arreglo a las cuales el Presidente puede conceder indultos particulares, ello en ningún caso autoriza a excluir ciertos delitos de la facultad presidencial, puesto que en ninguna parte de la Carta Fundamental se prevé tal cosa, sino que únicamente regulan la forma de ejercerla.
En último lugar, el derecho internacional aplicable a Chile éste es un punto fundamental que también ha sido discutido en Comisión no proscribe la amnistía. Se ha hecho un lugar común decir que los crímenes en tiempo de guerra y de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. Lo que estamos haciendo en este momento es un análisis desde el punto de vista jurídico.
Sin duda, lo anterior constituye una tendencia evidente en el derecho internacional moderno, pero no significa que esté jurídicamente vigente en Chile ni menos que haya estado vigente en 1978, cuando se dictó el decreto ley N° 2.191, sobre amnistía, que extinguió la responsabilidad penal respecto de ciertos delitos.
En primer lugar, si ello fuera tan claro, no se entendería la necesidad que algunos plantean de derogar la ley de amnistía, de anularla o interpretarla, como sucede en el proyecto en comento.
En segundo lugar, porque Chile no ha ratificado tratado alguno que diga que tales delitos son inamnistiables e imprescriptibles. En efecto, hay dos convenciones internacionales que se refieren a la materia en términos precisos y concretos; primero, la Convención de Ginebra, sobre derecho de la guerra, que distingue entre guerra exterior, en las cuales no se admite la amnistía, y guerra interna, en las cuales no sólo no prescribe la amnistía, sino que sugiere su pronta aplicación una vez cesadas las hostilidades.
No puede caber duda alguna de que los sucesos de 1973 a 1978, época que abarca la amnistía, sólo pueden admitir, en el peor de los casos, la calificación de guerra interna, no estando prohibida sino, por el contrario, recomendada la dictación de una amnistía en conformidad con la convención señalada.
Segundo, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de 1968, que no permite la prescripción en caso alguno de los delitos a que se hace referencia, pero que no estaba ratificada por Chile al momento de cometerse los supuestos delitos y que, por lo demás, no lo ha sido hasta la fecha, encontrándose pendiente su aprobación por el Congreso Nacional.
En virtud de las disposiciones jurídicas que he comentado, en este acto hago reserva de constitucionalidad respecto de estos proyectos que han sido refundidos y espero que sea tramitada en conformidad a la legislación vigente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de la iniciativa que interpreta el artículo 93 del Código Penal.
Lo hago, en razón de los fundamentos que expresé en la Sala durante el primer trámite reglamentario, es decir, porque el artículo 93 del Código Penal se adecua a la legislación internacional, se recoge el espíritu que aplican los tribunales de justicia al no acoger la ley de amnistía vigente y se da respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado de Chile a no volver a aplicar el decreto ley N° 2.191 y establece que no se podrá argumentar la prescripción, la irretroactividad de la ley penal o cualquier otra causal excluyente de responsabilidad criminal.
El artículo único del proyecto fija “el verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal que se establecen en el artículo 93 del Código Penal, en orden a que deberá entenderse que no será aplicable a los crímenes y simples delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en las normas imperativas de ius cogens, el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.
El Código Penal, que data de 1874, no establece en forma explícita la exclusión de la extinción de la responsabilidad penal para los crímenes de lesa humanidad y de guerra, pero se entienden inamnistiables e imprescriptibles porque constituyen violación de los derechos humanos que, por ser universales y absolutos, tienen un tratamiento especial.
Los derechos humanos son anteriores al Estado, porque nacen con el hombre y son consustanciales a él. En consecuencia, el Estado no los crea, sino que los reconoce en la norma positiva y los ampara. Ellos están contenidos en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
El ius cogens deriva de conceptos jurídicos antiguos de un orden superior de normas jurídicas que las leyes del hombre o las naciones no pueden contravenir porque están destinadas a proteger la moral pública en ellas contenida, sea que hayan sido aceptadas en forma expresa por medio de tratados internacionales, sea que hayan sido incorporadas por la costumbre.
En consecuencia, la violación de esas normas afecta gravemente la conciencia moral de la humanidad y obliga, a diferencia del derecho consuetudinario tradicional, a la comunidad internacional como un todo, independientemente de su rechazo, reconocimiento o aquiescencia.
La Corte Internacional de Justicia precisa que los derechos básicos de la persona humana son parte del derecho internacional imperativo o normas de ius congens, que se transformaron en derecho positivo en la Conferencia de las Naciones Unidas.
En 1978, se entiende que el estado chileno se encuentra vinculado por las normas de ius cogens y por el derecho consuetudinario internacional en vías de codificación, que determinan los crímenes contra la humanidad, tanto en la Convención sobre desaparición forzada de personas como en la Convención contra el delito de genocidio y en otros tratados similares o análogos. Por lo tanto, la ley de amnistía debió considerar esos postulados y supeditarse a las obligaciones del Estado de Chile.
La doctrina emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al referirse al caso argentino, determinó: “Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de los autores”.
Por su parte, en 2004, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo que “cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto (…), los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal como ha ocurrido con determinadas amnistías y anteriores inmunidades”.
De lo dicho, se desprende que nuestro país esta inserto en el ordenamiento jurídico internacional y que, por tanto, no puede escapar de sus normas, sobre todo después de suscribir la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, en cuyo artículo 55 se dispone que la organización promoverá el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En consecuencia, no procede aplicar la amnistía cuando se trata de delitos contra los derechos humanos, como lo entiende el proyecto, porque dichos derechos son especiales, no asimilables al derecho común. Tampoco procede la aplicación de la autoamnistía, que se dictó para no dar cumplimiento a los tratados internacionales y favorecer a quienes la dictaron. Al respecto, cabe recordar que, por lo general, la amnistía se dicta en favor de los vencidos, no de los vencedores.
En suma, el proyecto busca que los derechos humanos alcancen su verdadero sitial, se inserten en nuestra legislación y se pongan a tono con la legislación internacional.
Los derechos humanos y su penalidad surgen de la naturaleza y exigencia del hombre y, por lo tanto, deben entenderse e interpretarse de esa forma en la disposición correspondiente. La interpretación de la norma positiva debe quedar incorporada a ella, con su irretroactividad, porque se entiende que está inmerso y latente el derecho consuetudinario, el ius cogens y, por tanto, incorporados a esa norma positiva del artículo 93. En consecuencia, no hay amnistía ni prescripción respecto de esa norma.
En virtud de las consideraciones precedentemente indicadas, anuncio mi voto favorable al proyecto porque, una vez que se convierta en ley de la República, permitirá que el país se ponga a la altura de legislaciones de países desarrollados y que cumpla con los tratados internacionales que indica el informe, que exigen el cabal respeto de las normas en materia de derechos humanos, así como su protección y amparo, lo que significa no acoger la amnistía, la prescripción ni institución alguna de las contenidas en el artículo 93 del código Penal, que responden al derecho común y no a una situación especial como la vinculada a los derechos humanos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad dio un salto tremendo desde el punto de vista espiritual y comprendió que lo más importante es la dignidad del hombre, lo que se concretó mediante la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita por muchos países, entre los cuales figura el nuestro.
Chile ha tenido la gran oportunidad de hacer valer siempre su humanismo y de rescatar que, por sobre todo, está la dignidad de las personas. Eso significa que ante la ocurrencia de delitos de lesa humanidad, se debe perseguir a sus hechores.
Los horrores de la guerra, en la que se llegó, incluso, a la práctica de brutales experimentos genéticos y a la fabricación de jabón con los restos de quienes eran considerados los enemigos, nos entregaron una dimensión tremenda de lo que se debe hacer en materia de derechos humanos.
En Chile también tuvieron lugar hechos muy cruentos, horrores inaceptables, persecución de campesinos que no tenían opción política, incluso. Algunos fueron quemados, otros lanzados al mar, ante estos hechos tan brutales, no podemos quedar indiferentes.
Es verdad que la sala penal de la Corte Suprema ha declarado que esos crímenes son imprescriptibles. Sin embargo, es más necesario que nunca, en especial ahora que se ha superado una era desde el domingo ha cambiado Chile que dejemos las cosas en su justo término.
Chile ha aprobado diversos tratados, entre ellos la Convención de Ginebra. El artículo 5.5 de su protocolo II, específicamente referido a los conflictos no internacionales, el cual fue acordado y suscrito por Chile en diciembre de 1977, señala que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”
O sea, puede decirse que el gobierno dictatorial de esa época tenía la posibilidad de dictar una amnistía, pero la amnistía no es la autoamnistía; no es aquello que produce repudio cuando los vencedores proclaman “¡Ay de los vencidos!”.
La disposición aludida no puede interpretarse en el sentido de que haya amnistía que vulnere el derecho humanitario, sino una que posibilite el término del conflicto y la liberación de quienes fueron detenidos o sancionados por el simple hecho de haber participado en él. De ninguna manera puede aplicarse la amnistía a aquellos que han vulnerado el derecho internacional humanitario, como lo ha reiterado permanentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto es clarísimo, tan claro como el agua. Así lo ha entendido la Corte Suprema. Pero ha habido otras interpretaciones, por lo cual es absolutamente necesario que se interprete de nuevo el artículo 93 del Código Penal, en el sentido de que en estos casos no puede haber prescripción, como asimismo que se investigue seriamente, no por tribunales militares, como ocurrió en la época que dejó secuelas de injusticia tremendas, que fueron advertidas a propósito del caso Almonacid, según se ha señalado en la Sala.
De acuerdo con el Código Civil, el Congreso tiene la facultad, y debe hacerlo. En consecuencia, el proyecto no sólo se ajusta plenamente a la ley positiva, sino que también a los tratados internacionales, a la doctrina y a los grandes principios que nos obligan a resguardar íntegramente los derechos humanos y la dignidad de las personas y, por supuesto, a promover la investigación y la persecución de los delitos de lesa humanidad.
Por lo tanto, votaremos a favor.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, voy a mantener la posición que sostuve en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto del proyecto que también estudió la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Sin duda, son loables las mociones presentadas con mucha anterioridad al fallo del caso Almonacid, en cuanto con ellas se persigue evitar la impunidad, que ha sido muy dañina para el país. En consecuencia, nadie podría decir que hay una mala intención o algo oscuro detrás del proyecto.
Si se revisa la jurisprudencia en relación con la violación sistemática de los derechos humanos, se pueden distinguir algunos períodos. Durante el primero, del 78 al 90, hubo una actitud vergonzosa. No es rara, porque en 1975 presenciamos que el presidente de la Corte Suprema ponía una banda presidencial al general Pinochet, cuando ni siquiera había una norma que lo dispusiera. El hecho sólo se justificaba con lo que había ocurrido en materia de derechos humanos. Está el texto del discurso; lo hemos citado un par de veces.
Por ende, hubo un acto de renunciamiento público de los más altos tribunales de la República a la hora de proteger los derechos humanos. Sus consecuencias son obvias.
Pero de 1991 hasta 1998 hubo cambios que están muy relacionados con la posición valiente del Presidente Aylwin , con posterioridad al informe Rettig.
A partir del 98, la Corte Suprema, a lo menos como regla general, y las cortes de apelaciones no han aplicado la amnistía. Es cierto que la Suprema no lo ha hecho por las consideraciones que están contenidas en el proyecto, pero sí las cortes de apelaciones.
Es decir, desde ese año, a lo menos, hay una jurisprudencia bastante unánime en el sentido de no darle el valor que se pretendió a la autoamnistía.
A mi juicio, debe debatirse si estamos en presencia de un proyecto interpretativo. Si fuera así, la futura ley aclararía el sentido y alcance de una ley y ello se entendería incorporado a la ley interpretada. Por consiguiente, de cumplir con el requisito de limitarse a una simple interpretación, regiría desde la fecha de la vigencia del decreto ley de amnistía. No tengo dudas.
Más allá de los cambios formales que han tenido las mociones originales, más allá de decir que el proyecto es interpretativo, o de que con él se busca fijar el sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal, surge la duda de si se modifica el artículo 93 del Código Penal.
Varias leyes permiten una doble lectura, lo que significa que algunos jueces se inclinen en uno u otro sentido. Ambas lecturas deben caber dentro de las normas para que resulte legítimo dictar una ley interpretativa que permita aunar criterios respecto de la buena doctrina, precisando, en ese caso, la opción que quiso que se aplicara el legislador.
En la moción del profesor Bustos , entre otros, a mi juicio, no estamos frente a un proyecto de ley interpretativo, ya que se excepciona de la norma general que señala la extinción de responsabilidad cuando hay amnistía o indulto, como decía el texto original, o se encuentra prescrita la acción penal o la pena.
La doctrina ha sido unánime en señalar que una norma interpretativa no es esa a la cual se le da el nombre por el legislador, sino aquella que efectivamente zanja un problema vinculado a los entendimientos diversos que puedan derivar de un texto legal determinado.
Dicho eso, uno tendría que abocarse a estudiar si, al ser dudoso el carácter interpretativo del proyecto, estamos ante uno de carácter modificatorio.
Desde esa perspectiva, surge el análisis del principio de legalidad y la prohibición de retroactividad. Cuando hablo de estos temas, intento seguir los mejores autores.
En el libro “Lecciones de Derecho Penal”, los profesores Juan Bustos y Hernán Hormazábal señalan, al referirse a la ley penal y al alcance del principio a las leyes procesales penales, que: “En materia procesal rige el principio general establecido” citan el Código Penal español, pero se trata de un principio general “conforme al cual ‘las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que dispongan lo contrario’. Esto significa que cualquiera que haya sido la fecha de la comisión del delito, el proceso se regirá por la ley vigente en el momento en que éste tenga lugar. Esto podría significar la alteración de las reglas procesales a aplicar al hecho delictivo cometido con anterioridad.
“Por ejemplo, en el momento de cometerse el delito las leyes procesales establecían la posibilidad de apelación en caso de no conformidad con la sentencia, sin embargo podría ocurrir que las nuevas leyes procesales establezcan una única instancia.”.
Agregan los autores, “en especial, se plantea la discusión en torno a la prescripción, empezando por su naturaleza material (penal) o procesal. El problema hay que resolverlo de un modo general y no sólo en relación a la prescripción, cualquiera que sea su naturaleza material o procesal, pues no sólo respecto de ésta puede presentarse el problema. Hay instituciones procesales, como hemos visto en la cita anterior, que están vinculadas a derechos individuales. Y es conforme a este parámetro como se ha de valorar la retroactividad o irretroactividad de la norma procesal. De esta forma, la irretroactividad de la ley procesal regirá plenamente si, de conformidad con lo dispuesto” cita el artículo pertinente del Código Penal español “es restrictiva de derechos individuales. Si así fuere, la nueva ley no podría regir hechos realizados con anterioridad a su entrada en vigor.”.
El profesor alemán Günther Jakobs , respecto del derecho sustantivo, plantea una tesis muy parecida al principio de legalidad y la prohibición de retroactividad.
En consecuencia, la resolución que se intenta con el proyecto es compleja. Tal es así, que el Gobierno, por alguna razón lo digo con respeto, no está representado en esta sesión. Y no lo está, porque desde que estudia alternativas más de fondo es público que ha pensado en la derogación o la nulidad y que está preparando un informe es porque no tiene certeza jurídica para proponer un proyecto de la naturaleza que nos convoca. Es cierto que la ministra Paulina Veloso , que concurrió a la Comisión de Constitución, dijo que el proyecto no contradecía su tesis, pero la sola ausencia de ministros nos demuestra que hay dudas al respecto. A juicio de los diputados de la coalición de gobierno, entre los que me encuentro, el tema es demasiado profundo como para resolverlo sin una visión general y una posición clara del Ejecutivo.
Por las razones señaladas, anuncio que me voy a abstener.
Por último, de la redacción del artículo único del proyecto se desprende que la extinción de la responsabilidad penal se extiende a todos los modos. Pienso que habría que limitarlo, porque incluso se contempla la muerte del condenado. Me parece que ese no es el objetivo y sería bueno corregirlo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, nos convoca la discusión de un proyecto de ley que pretende interpretar el artículo 93 del Código Penal.
¿Cuál es el fin fundamental de interpretar el artículo 93 del Código Penal? El propósito indisimulado, porque así lo han manifestado los autores de la moción, es evitar la aplicación de la ley de amnistía. Me parece que la pretensión es legítima, siempre y cuando, los caminos que para ello se elijan se encuadren en la Constitución y la ley.
Lamentablemente, quienes expresan que el proyecto prospere, han elegido un camino jurídicolegislativo equivocado.
A mi juicio, son cuatro los caminos, los que conocimos cuando se discutió, en comisiones y en Sala, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Almonacid.
Un camino es no hacer nada. Es el más eficaz e, indiscutiblemente, correcto desde el punto de vista jurídico y que, según veremos más adelante, beneficia cada día más la tesis de los que proponen el proyecto.
El segundo camino es anular la ley de amnistía. Éste es absolutamente improcedente. El profesor Enrique Cury , ex ministro de la Corte Suprema, manifestó en la Comisión de Constitución que era una solución impracticable, por cuanto no existe norma alguna que permita al Poder Legislativo anular la ley. En consecuencia, de concretarse el intento, adolecería de inconstitucionalidad, sin posibilidad de prosperar ante el Tribunal Constitucional.
El tercer camino es el de la derogación, que es legítimo, pero que choca con la irretroactividad de la ley penal, principio básico del derecho penal. En consecuencia, pudiendo derogarse, no tendría ningún sentido práctico. Por lo demás, así lo reconocieron, en su momento el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin , y su ministro de Justicia, don Francisco Cumplido .
El cuarto camino es el de la interpretación de la ley, que es el que eligieron los autores de la moción.
En mi opinión, no está en discusión la facultad que tiene el Poder Legislativo de interpretar la ley. Creo que eso es posible, pero debe enmarcarse en los principios básicos de lo que debe entenderse por interpretación de la ley, porque la puede hacer el Poder Legislativo y la debe hacer el Poder Judicial.
Desde este punto de vista, enfrentamos el aspecto fundamental, porque la interpretación de la ley que hacen el legislador y el juez son enteramente distintas.
¿Por qué me parece que el camino que se ha elegido, el de la interpretación de la ley por el Poder Legislativo, es equivocado? Por lo siguiente: se sostiene que el propósito de la interpretación de la ley sería que se recogieran las normas imperativas del derecho internacional, ius cogens; el derecho consuetudinario y los tratados internacionales.
Nosotros sostenemos que no es norma ius congens la de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de guerra, porque, de lo contrario, ¿por qué razón se habría suscrito especialmente una convención para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de guerra? ¿Y por qué razón la discusión de la ratificación de esa convención está pendiente desde hace tantos años en el Congreso?
Por lo tanto, nos parece que, amparado en esa norma, no es posible sostener que la interpretación recoge esos principios.
Sin embargo, hay otra cuestión fundamental. La interpretación de la ley que hace el legislador tiene por finalidad que la ley interpretativa se aplique desde sus inicios; o sea, quiere decir que cuando se dictó el artículo 93 del Código Penal en 1874 ya existía el propósito que recoge la ley interpretativa que estamos discutiendo. Me parece que esto es enteramente inaceptable, señor Presidente, porque está fuera de discusión que la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad y de guerra es un tema que en el derecho internacional se empezó a discutir recién en la segunda mitad del siglo XX, mientras que el Código Penal se dictó en 1874, es decir, a fines del siglo XIX.
Repito, desde el punto de vista jurídico, es totalmente inaceptable que se pretenda incorporar mediante una ley interpretativa lo que se discute en 2006 a lo que la ley estableció en 1874.
Por eso, considero que el Congreso no debe hacer nada en esta materia, y dejarla en manos de los tribunales de justicia, los que, como se dijo en la Sala hace algunos momentos, han ido cambiando su interpretación sobre la materia.
La diferencia entre la interpretación del legislador y la del juez es que, en el primer caso, el legislador tiene que tomar en consideración lo que pensó en el momento en que dictó la ley; en cambio, el juez tiene la obligación de recoger en su interpretación de la ley todo lo que dice el derecho positivo, en consonancia con la norma que se pretende aplicar.
No creo que forme parte de nuestro derecho la imprescriptibilidad de la ley penal respecto de delitos de lesa humanidad o de guerra.
Sin embargo, la interpretación de los tribunales debe ser la que les parezca más adecuada a la normal aplicación de la ley, en consonancia con nuestro derecho positivo. Serán ellos los que resolverán esta cuestión a través de los recursos pertinentes.
Me parece que si hoy, en 2006, se aprobara una norma interpretativa de una ley de 1874, en la práctica interferiría en los procesos judiciales que están en marcha. Por eso mi idea es que el Congreso Nacional no debe hacer nada al respecto y dejar que los tribunales de justicia cumplan su tarea.
Por ello, anuncio que votaré en contra del proyecto, porque me parece que es equivocado jurídica y legislativamente; a mi juicio, se ha elegido un mal camino para solucionar un problema, que es legítimo plantearlo, pero en la medida en que nos sometamos a nuestro ordenamiento jurídico.
Al igual que el diputado Ward , hago reserva de constitucionalidad respecto del proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez .
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, la discusión previa respecto de esta moción y la que tenemos hoy es de máxima importancia no sólo para lograr el objetivo planteado, cual es adecuar la legislación penal chilena a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que también para hacer efectiva la responsabilidad criminal de los autores de delitos de lesa humanidad o contra la humanidad.
Tal como se ha dicho, a mediados del siglo pasado en el mundo se reconoce, y nuestro país es parte de acuerdos internacionales sobre la materia, que los crímenes que tienen ciertas características, no pueden prescribir y que deben readecuarse las legislaciones nacionales para hacer realidad esta necesidad demandada por las Naciones Unidas y por cortes internacionales. Al respecto, hasta ahora Chile ha recibido una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una condena de la Corte Interamericana.
Básicamente, se trata de seis tipos de delitos, recordemos lo que ha pasado en nuestro país: el asesinato, el exterminio, entendido como la destrucción de parte de la población que comparte características políticas o ideológicas y son perseguidas por eso; la deportación, entendida como el destierro, el exilio o la relegación; la tortura, la violación y la desaparición forzada.
El informe Valech ha sido claro respecto de lo que pasó en nuestro país en relación con la tortura. Lo mismo sucede con el informe Rettig respecto de la desaparición forzada.
¿Quiénes los cometen? Particulares u organismos del Estado. Es muy clara la definición internacional; el cargo es irrelevante respecto de la exculpación o la disminución de la pena cuando los delitos de lesa humanidad o contra la humanidad son efectuados por agentes del Estado.
¿Quién es el sujeto pasivo? Fundamentalmente, la población civil en tiempos de guerra o en tiempos de paz.
Quiero contestar brevemente una afirmación que se ha hecho acá respecto de la existencia de la convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que entró en vigencia en 1970. Su
artículo 4° dice claramente que los estados firmantes, entre ellos, Chile, se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena no se aplique a los delitos contra la humanidad. Ciertamente, lo que estamos discutiendo está relacionado con dicho artículo.
Son muy pocos los países, fundamentalmente dictatoriales, que han hecho observaciones o no la han firmado. Creo que es el momento político e histórico para que demos la señal legislativa, según el artículo 4° de la convención y la ética y la moral básicas, y aprobemos esta moción para hacer posible la justicia y, a partir de ahí, la reconciliación y la paz en el país.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, el diputado Núñez , que me antecedió en el uso de la palabra, señaló que es fundamental que en Chile tengamos la posibilidad de adecuar la legislación chilena a los tratados internacionales.
Desde mi punto de vista, esa adecuación persigue un objetivo central: juzgar a los criminales que todavía andan libres caminando por las calles del país, como si nada hubieran hecho.
Seguramente, quienes emiten cierto tipo de comentarios jamás han sufrido en carne propia lo que es perder a un ser querido por una violación a los derechos humanos.
Señor Presidente, por su intermedio, le digo al diputado Eluchans que aquellos criminales encabezados por un teniente de Carabineros en Puerto Montt don René Villarroel, que asesinaron a mi padre en 1973, andan libres en dicha ciudad; van al mall con sus hijos y nietos y recorren sus calles como si nada hubieran hecho.
Las palabras del diputado de la UDI se dicen desde una perspectiva muy lejana a los hechos: no haber vivido en carne propia el hecho de no haber podido disfrutar de un padre por pensar diferente. Creo que nadie debe tener la posibilidad de quitarle la vida a otro por pensar distinto.
Es fácil decir en el Congreso Nacional que es mejor no hacer nada y dejar que los tribunales actúen, cuando, sin duda, el diputado Eluchans tiene el pleno conocimiento de que en este país los tribunales no actuaron. Los jueces se coludieron con el régimen militar para dejar que esos criminales siguieran cometiendo delitos; y mientras algunos se enriquecían durante el régimen del general Pinochet y compraban las empresas del Estado para el incremento de sus arcas personales, mientras algunos animaban cabarets en el sur del país, se cometían violaciones a los derechos humanos en las calles.
Me parece que la reconciliación con la cual nos llenamos la boca hablando no va a existir mientras no haya justicia total, mientras las personas que cometieron crímenes no sean juzgadas como cualquier ciudadano de este país, independientemente de que tengan sus conciencias podridas.
En Chile se vulneraron por muchos años los derechos humanos. No hubo respeto por los tratados que el propio país firmó.
Señor Presidente, cuando usted intervino dijo que ésta era una iniciativa loable. Yo la considero no sólo loable, sino trascendente para avanzar en algo esencial: la justicia. Para que una nación se reconcilie verdaderamente, tiene que haber justicia, más allá de los criterios jurídicos y legislativos que el diputado de la UDI planteaba como equivocados, y más allá de las reservas de constitucionalidad que él mismo adelanta.
Para que Chile avance, es importante que haya iniciativas legales como ésta, a fin de que quienes cometieron crímenes comparezcan ante los tribunales de justicia como cualquier ciudadano.
Es inaceptable que diputados, como Marcelo Forni que lamentablemente no está presente, hagan declaraciones en el sentido de que este tipo de iniciativas no son buenas para el país, que no es bueno para el clima de paz social que se ha generado insistir en un tema sobre el cual no hay pleno consenso. Por cierto que no lo hay, ya que hay un sector importante de chilenos que fueron cómplices del régimen de Pinochet que lo dejaron sólo y que recién aparecieron en el funeral que no quieren ese consenso para que exista una ley que obligue a los criminales a comparecer ante los tribunales. Eso no significa odio ni rencor; significa justicia. Repito, en un país no hay reconciliación si no hay justicia.
Es fácil señalar lo que dijo el diputado Marcelo Forni , ..... Aún está en la memoria de la ciudadanía lo que ocurrió con Mario Escudero en la campaña de ese mismo diputado, quien perdió la vida por el clima de violencia, por más que los tribunales después hayan dicho que fue un accidente. Es fácil decirlo.
Termino mis palabras resaltando el rol que ha tenido una parlamentaria en particular: la diputada Karla Rubilar , de Renovación Nacional. Hay que destacarlo, porque es de Oposición, pero en los temas de derechos humanos ha mostrado una consecuencia que alabo, como lo hicieron los familiares de los ejecutados políticos en la Comisión.
Es fundamental para Chile que el proyecto sea aprobado. Por cierto, los socialistas votaremos a favor.
He dicho.
Los puntos suspensivos corresponden a expresiones retiradas en conformidad al artículo 10 del Reglamento.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Forni , por una cuestión de Reglamento.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, por su intermedio, pido al diputado Fidel Espinoza que retire sus palabras respecto de mi actuación política.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Por lo demás el honorable señor Espinoza está de acuerdo. Así se procederá señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, se nota que las palabras del diputado Fidel Espinoza las dijo de corazón, pero no es bueno que para encontrar argumentos a fin de que un proyecto de ley sea aprobado, menoscabe la intervención de un diputado que no es de su partido. Si algún parlamentario quiere hacer el análisis de una iniciativa o de lo que fueron los derechos humanos en Chile, está bien, que lo haga, pero no por eso va a criticar lo que diga un adversario político, cuando lo único que ha hecho es un comentario respecto del proyecto en el contexto de los derechos humanos.
En ese sentido, también quiero hacer un comentario personal, así como lo hizo el diputado Espinoza . Todos sabemos que efectivamente se cometieron violaciones a los derechos humanos. Nadie lo ha negado. Ninguno de nosotros en la Oposición lo niega. De hecho, durante los últimos años, hemos dicho hasta el cansancio que, lamentablemente, esos hechos nublaron fuertemente la obra de las Fuerzas Armadas y de Orden. Para mí, ése fue un gran gobierno, pero las violaciones a los derechos humanos nublaron su gigantesca obra.
Pero hay algo que ningún gobierno de la Concertación hasta ahora ha hecho: un estudio claro sobre las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué han hecho? Sólo investigaciones desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Ninguna ha abarcado lo ocurrido con los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973. En ese sentido, debo señalar que tengo amigos y parientes cuyos derechos humanos fueron violentados fuertemente antes de esa fecha. Pero eso parece que no importa. Según la Concertación, no hubo violaciones de los derechos humanos en los gobiernos de Allende y de Frei Montalva. En nuestra opinión, sí las hubo. Amigos míos murieron en esos gobiernos. No puedo aceptar que aquí se plantee un juzgamiento para quienes violaron derechos humanos sólo a partir del 11 de septiembre de 1973, sin considerar lo sucedido con anterioridad.
El 10 de septiembre de 1973 el diputado Ceroni lo sabe, en la carretera panamericana en Parral, un extremista le quitó la vida a Memo Valdés a sangre fría. ¿Qué pasó con ese gallo? Nunca más se supo nada. ¿Qué fue lo que declaró a raíz de su crimen? “Da lo mismo, porque soy del gobierno, así que mañana salgo libre”. ¿Qué pasa con los derechos humanos de Memo Valdés? ¿Qué pasa con los derechos humanos de tantos agricultores y empresarios del país a quienes los gobiernos de Frei Montalva y de Allende les quitaron todo lo que tenían? A muchos amigos míos y a mis padres les quitaron los campos y todos sus bienes, los dejaron en la calle. Esas personas tuvieron que salir del país para tener alguna posibilidad de sacar adelante a su familia. Antes de que muchos socialistas y comunistas tuvieran que irse expulsados o como quiera llamarse en el gobierno de las Fuerzas Armadas, también muchos chilenos tuvieron que irse fuera del país en los gobiernos anteriores. Tengo primos hermanos viviendo en Argentina, en Costa Rica y en distintas partes, porque tuvieron que irse, ya que en Chile no tenían posibilidades de surgir, pues los gobiernos de Allende y de Frei Montalva les habían quitado todo. En consecuencia, no me vengan con el cuento de que las violaciones de los derechos humanos se produjeron desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Desde siempre se han cometido, toda la vida.
¿Por qué se llegó al 11 de septiembre de 1973? Porque el gobierno de Allende fue realmente desastroso y a las Fuerzas Armadas no le quedó otra alternativa que intervenir, después de que les habíamos tirado maíz no sé cuantas veces en las puertas de los recintos militares. Las violaciones de los derechos humanos han ocurrido siempre, no sólo en el gobierno militar. En el gobierno de Allende se violaron sistemáticamente los derechos humanos de muchos chilenos, especialmente de amigos y parientes míos. Así que no me vengan más con este cuento.
Si queremos reconciliación de verdad, dejemos todos los odios de lado, los de antes y después de 1973. De lo contrario, no podremos reconciliarnos. Con toda sinceridad, creo que van a pasar muchas generaciones antes de que en este país se produzca la reconciliación. El odio que vi en los funerales del general Pinochet, con gente abriendo champaña en la Plaza Italia, me demuestra que nadie quiere la reconciliación. Por el contrario, se quiere seguir escarbando sin parar en este tema.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, quiero llegar a entender esta iniciativa, que ha motivado argumentos y comentarios que escapan a lo que hoy estamos tratando. También quiero entender al diputado Burgos , quien manifestó que esta iniciativa es loable, pero respecto de la cual señaló: “No estoy convencido y, por lo tanto, me abstengo”. Es una aparente confusión, propia de la materia sobre la que estamos legislando. También quiero entender la intervención del diputado y jurista, don Edmundo Eluchans , quien ha hecho un destacado aporte en este trámite del proyecto. Nuestra tarea es discutir y analizar, sobre la base de comentarios serios y prudentes, más aún cuando se trata de materias de derecho penal.
Nuestro país ha participado en foros mundiales y ha suscrito tratados internacionales que dicen relación con el desarrollo y promoción de los derechos humanos. El inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política establece: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos...”. Por ello, con la aprobación de esta norma interpretativa, el Congreso Nacional no está haciendo otra cosa sino que cumplir con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política, que prescribe la obligación de promover estos derechos reconocidos en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales suscritos por Chile.
Se debe tener claro que con la dictación de esta norma interpretativa no se deroga una disposición vigente. Por el contrario, interpreta, conforme a los cánones modernos, un artículo del Código Penal que rige desde el siglo XIX, como muy bien señaló el diputado Eluchans . Por lo demás, esta interpretación ha sido aplicada por nuestros tribunales de justicia desde hace prácticamente una década, al establecer que no se aplica la amnistía en materia de delitos de guerra ni de lesa humanidad.
Por lo anterior, no puede alegarse que ésta es una nueva ley, que rige sólo para lo futuro y que no podría aplicarse a hechos que ocurrieron con anterioridad a su dictación. No hay una nueva ley, sino una interpretación de una norma antigua, conforme al espíritu que ha inspirado a nuestro país, por ende, al Congreso Nacional, al ratificar tratados y al suscribir compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Debemos ser consecuentes con la palabra que hemos empeñado en los distintos foros internacionales en los que hemos tenido activa participación. Y ésta no es sólo una idea personal, sino también la opinión de un grupo de abogados con quienes hemos comentado este trascendental proyecto.
Este es el momento oportuno para dar una interpretación a esa norma. No es bueno dejar al Poder Judicial la interpretación de la norma cada vez que se plantea la amnistía para delitos de lesa humanidad. Aun cuando debo reconocer que, desde hace algunos años, dicho Poder del Estado aplica esta interpretación, lo que, a mi juicio, es lo correcto, al contrario de lo que ha manifestado el diputado Edmundo Eluchans .
La labor del Congreso Nacional no sólo es modificar normas antiguas, sino también actualizarlas por la vía de la interpretación, haciéndolas coincidentes con el espíritu imperante en el país y en la comunidad internacional, especialmente, en lo que dice relación con las garantías fundamentales.
Por eso, es importante apoyar esta modificación, ya que se trata de una norma interpretativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, mi intención era referirme al proyecto, pero no puedo dejar de referirme a algunas expresiones que aquí se han vertido por algunos diputados.
Quiero aclarar que por más que intenten una y otra vez, nunca va a haber equivalencia moral ni la posibilidad de que ello ocurra, como se ha intentado hacer creer.
Un señor diputado aludió a las violaciones de los derechos humanos antes de 1973. Debo decir que, quieran o no, estábamos en un gobierno constitucional, en el cual no se secuestraba, no se hacía desaparecer personas, no se degollaba, no se quemaba viva a una persona, no se exiliaba, no se exoneraba. Por tanto, sería bueno que, de una vez por todas, los colegas de la Oposición entiendan que las peores violaciones de los derechos humanos que ha conocido la historia de este país se dieron, precisamente, a raíz del golpe militar de 1973. Es más, ni siquiera era necesario ¡entiéndanlo bien! ni siquiera era necesario, porque en menos de 24 horas tenían el poder absoluto. Pudieron haberse ahorrado las muertes, los secuestros, las desapariciones.
Pero no es sólo eso. No les bastó con asesinar, con ejecutar, con hacer desaparecer personas. Pusieron más de un cadáver en una misma tumba, y Augusto Pinochet dijo después que era por economía. Tuvieron que remover los restos para que los familiares de los detenidos desaparecidos como ocurre hasta hoy pudieran tener la posibilidad de saber donde están enterrados sus deudos.
Por lo tanto, es una vergüenza que todavía intenten defender lo ocurrido y que aún no sean capaces de reconocer lo más dramático que ha vivido la historia de nuestro país. Si alguna vez quieren hacer algo positivo por Chile, deben asumir verdaderamente el ¡nunca más!, ese ¡nunca más! que el general Cheyre tuvo la valentía de enfrentar, haciendo notar la responsabilidad que le cupo al Ejército. ¡Nunca más, romper el orden institucional! Por seria, por dura, por severa, por profunda que pueda ser una crisis política, no se justifica el rompimiento del orden institucional.
Es hora de no pretender justificar lo injustificable; es hora de que aprendan a romper con ese pasado que nos pesa, porque este país todavía tiene abierta la herida. Y es razonable que así sea, porque aún hay familiares que andan buscando los restos de sus familiares detenidos desaparecidos; porque todavía no se ha dado a conocer toda la verdad. Ello, porque en Chile, por años, hubo obstrucción y denegación de justicia; por años, no se ejerció la justicia. Si los jueces de la Corte Suprema de aquel entonces hubieran sido capaces de acoger los recursos de amparo, quizás se habrían salvado muchas vidas. A partir del año 1990, tampoco pudimos tener justicia.
Para terminar de decir la verdad de una vez por todas en esta Sala, debo señalar que sólo a partir de 1998, con la detención de Pinochet en Londres durante quinientos días, gracias a la acción del juez Garzón , empezamos a tomar más conciencia y, finalmente, cuando fue enviado a Chile tras una decisión política de Jack Straw, ministro del Interior de Inglaterra, sólo entonces los tribunales de justicia en Chile empezaron a acoger las querellas; sólo entonces comenzaron a abrirse las posibilidades para la aplicación de la justicia, porque hasta ese momento y por años, teníamos fiscales que se dedicaban a obstruir la justicia, como ocurrió con el fiscal militar.
Por tanto, creo que es hora de empezar a decir las verdades sobre los hechos que ocurrieron en este país. Sólo nos vamos a reencontrar en la medida en que todos asuman ese ¡nunca más! como lo hemos hecho nosotros, haciendo una autocrítica de los errores que quizás también cometimos; pero nunca asesinatos y violaciones de los derechos humanos.
Lo que nosotros deseamos es que aquellos civiles que estuvieron al lado del régimen dictatorial, aquellos que colaboraron, que acompañaron, que asesoraron, que instigaron el golpe militar, aprendan que solamente si asumen un ¡nunca más! es posible que nos reencontremos como sociedad. Pero eso no va a ocurrir mientras en este país se deniegue la justicia.
Quiero agregar algo más. Lo he dicho una y otra vez. Ha muerto Augusto Pinochet , en contra de quien habían abiertas más de trescientas causas. Lamento que no haya habido una sentencia condenatoria. Le habría hecho bien al país y a la sociedad. Habríamos demostrado que en un Estado de Derecho somos todos iguales ante la ley. Pero aquí hubo una persona que en forma sistemática rehuyó la justicia y se amparó en una supuesta inmunidad parlamentaria; finalmente, su defensa argumentaba su supuesta condición senil o gravedad, lo que impedía me refiero a lo que sucedió hace algunos años hacer justicia. Lo lamento por el país y por la justicia chilena.
Lo conversé ayer con el juez Garzón . La responsabilidad penal directa de Augusto Pinochet se extingue con su muerte; pero para aquellos que le siguieron, para aquellos que ejecutaron, para aquellos que cumplieron esas órdenes, para aquellos que efectivamente cometieron los crímenes, la justicia tendrá que continuar con su trabajo. Pero también debe seguir el proceso respecto de los dineros en el Banco Riggs, incluso en la parte que afecta a Lucía Pinochet y a Oscar Aitken , quien prestó su nombre para falsificar y de esa forma desviar la atención de las cuentas que tenía el propio Pinochet . Por lo tanto, tendrá que seguir operando la justicia, le guste a algunos o le disguste a muchos. Pero, francamente, no hay cómo justificar esos 28 millones de dólares.
Como he señalado desde la prensa española, espero que en este país la justicia se abra paso en el tema de los derechos humanos, pero también espero que lo haga respecto del caso Riggs, porque este país no puede silenciar la ruptura de, quizás, uno de los valores más altos que tenía la sociedad chilena, que era el que sus gobernantes no se enriquecen. Con ello se rompió una de las tradiciones republicanas más importantes para nosotros.
Por eso, si bien me ha dolido que finalmente no haya habido una sentencia condenatoria, espero que respecto de los derechos humanos y del Banco Riggs, la justicia continúe con su tarea. Más aún, espero que los parlamentarios de la Oposición no sigan inventando excusas para no dar su aprobación a la Corte Penal Internacional. Ya es hora de que sean capaces de demostrar que de verdad los derechos humanos les importan. Si es así, no hay justificación para no aprobar la Corte Penal Internacional que, como se ha dicho hasta el cansancio, su competencia no es retroactiva y sólo significa aplicar justicia cuando es denegada en el país de origen, es decir, en forma complementaria. Hasta ahora no hemos logrado los votos para el despacho de la iniciativa correspondiente, por lo que Chile no la ha podido ratificar, cuando precisamente es hacia allá donde marcha la humanidad, la que ha tomado conciencia de que los crímenes más graves no son ni amnistiables ni prescriptibles y que, por lo tanto, cuando los tribunales nacionales no pueden ni quieren ejercer justicia, se tiene que dotar a la humanidad de un instrumento para que los crímenes más graves no queden impunes.
Por lo tanto, haríamos bien en aprobar este proyecto, ya que fija el verdadero sentido y alcance de la extinción de la responsabilidad penal, a que se refiere el artículo 93 del Código Penal. Por cierto, tal como lo dispone el artículo único del proyecto, la amnistía no puede entenderse aplicable a los crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales ratificados por Chile.
Espero que el día de mañana también seamos capaces de aprobar la iniciativa relativa a la Corte Penal Internacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, evidentemente, este debate es muy importante, pero, muchas veces, nos enredamos en argumentaciones jurídicas.
Antes de hablar sobre el proyecto de ley propiamente tal, quiero referirme a las palabras del diputado Urrutia compañero de distrito y decirle que, si bien es cierto el caso de Parral que mencionó, relacionado con el asesinato de uno de los camioneros que participaba en el paro que en aquel tiempo causó tantos problemas al Gobierno de Allende, sería bueno recordar quién lo mató.
Se trataba de un transportista que venía del sur, conducía un camión con alimentos para abastecer a los chilenos durante el paro. El camionero fue detenido transcurridos dos días, en el mismo lugar y, durante la reconstitución de la escena, fue asesinado, pero por las fuerzas de orden, es decir, por Carabineros. Ese hecho quedó en la más absoluta impunidad. Ésa es la gran diferencia. No obstante haber sido asesinado por miembros pertenecientes a organismos del Estado, hasta el día de hoy no hemos sido capaces de hacer justicia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que lo que pretendemos con este proyecto de ley es que se haga justicia a los afectados por violación de los derechos humanos cometidos por personas que actuaron con el respaldo y la protección de todo el aparataje estatal. Ellos mataron, lesionaron y torturaron, lo que jamás ocurrió durante el Gobierno de Allende ya lo dijo la diputada Isabel Allende , y los que vivimos esa época como universitarios lo sabemos.
Además, estamos hablando de lograr que no se aplique nunca más esta amnistía inmoral, que no tiene sustento valedero. Desde el punto de vista jurídico, las amnistías pueden ser aceptables cuando tienen una base democrática, cuando después de ocurrido un conflicto interno, llega un nuevo gobierno y, para pacificar los ánimos, dicta una ley de amnistía, pero aprobada y despachada en una instancia democrática, como es el Congreso Nacional. En cambio, esta amnistía se gestó cuando se tenía poder absoluto, y fue dictada con el objeto de protegerse a sí mismo y a todos los que colaboraron en su accionar. Eso es algo que no podemos aceptar los que sabemos de derecho y los que queremos que se haga justicia.
La iniciativa que discutimos no debería asustarnos, porque su único objetivo es hacer justicia. No hemos podido anular la amnistía, por una serie de argumentos jurídicos, porque no nos corresponde y porque, además, es muy difícil lograrlo. Tal vez, podríamos derogarla, pero los efectos de ello serían muy cuestionables.
Aquí estamos frente a la posibilidad real de interpretar el artículo 93 del Código Penal, de manera que no se aplique ni la prescripción ni la amnistía a los casos de violaciones a los derechos humanos, lo que estaría en absoluta consonancia con los tratados internacionales que hemos incorporado a nuestra legislación.
A veces, me impresiona ver que, por un lado, se esté en contra de todo esto y, por otro, que se den argumentos jurídicos, que son interesantes, pero demasiado finos. Uno se pregunta, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A que se sepa la verdad? Pero, si la verdad ya la conocemos. ¿Acaso tememos que se haga justicia? Me parecería algo imperdonable.
Con la aprobación de este proyecto de ley estamos frente a la posibilidad real de que se haga justicia y de que se condene a las personas que, con el respaldo del aparataje del Estado, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, torturaron y mataron.
Lo que deberíamos hacer como Congreso Nacional es, simplemente, actuar con energía, no temerle a nada, lograr que aflore toda la verdad y que se condene a los responsables. Eso permitirá lograr una verdadera reconciliación nacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, obviamente, en lo que respecta a la parte jurídica, este proyecto de ley interpretativo no puede interferir en los procesos judiciales en actual tramitación. Y digo que no puede hacerlo porque nuestra legislación es muy clara.
Todos sabemos que este proyecto apunta, obviamente, al revanchismo, a la venganza y a mantener el odio en nuestro país. Cuando he conversado con algunos diputados con los cuales me siento cercano sobre situaciones personales que los han afectado, he sido el primero en reconocer y comprender su dolor. Pero así como los demás tienen derecho a defender sus convicciones, también lo tengo yo. Los que se acercan a mí para decirme que me felicitan por mi valentía y porque soy consecuente, son los mismos que, en actitudes matonescas, tratan de silenciarme e impedir que exprese libremente mi opinión a los medios de comunicación. Entiendo a los matones y sé cómo detenerlos. Pero no tengamos un doble discurso en esta materia.
Son efectivos muchos hechos dolorosos mencionados por los parlamentarios de la Concertación, pero son demasiado repetitivos. Los entendemos, pero si queremos avanzar debemos tener la convicción de que hay que dar las facilidades para ello. Digámoslo así: todas las concesiones que se han hecho en aras de mejorar la unidad perdida por problemas de derechos humanos no son reconocidas por la Izquierda; siempre quieren más, porque hay muchos señores que viven de esto.
El pronunciamiento militar golpe militar para los diputados de la Concertación no fue un capricho de las Fuerzas Armadas; fue exigido, y no sólo por quienes somos de Derecha y, de alguna manera, abrazábamos la causa de la libertad. No temo decir que soy de Derecha, pero no he visto que las mismas recriminaciones que diputados de la Concertación hacen a la Oposición se las hayan hecho a los democratacristianos. Les guste o no les guste con todo respeto, pero la historia es la historia, ellos también golpearon las puertas de los cuarteles. Sin embargo, como forman parte del Gobierno de la Concertación, no lo hacen. Su actuación refleja un doble estándar.
Escuché a la diputada Isabel Allende pronunciar un encendido discurso, pero jamás he escuchado en esta Sala reprochar y condenar los atropellos a los derechos humanos cometidos en los países con dictaduras marxistas. El libro negro del comunismo da cuenta de cien millones de víctimas inocentes asesinadas, degolladas, maltratadas, fusiladas por los regímenes marxistas. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Acaso algún diputado de la Concertación ha levantado la voz en defensa de los miles y miles de presos en Cuba y de los fusilamientos que desconocemos? Por eso, en el tema de los derechos humanos hay un doble estándar; los derechos humanos valen para los diputados de la Concertación, pero no para los demás.
No tengo empacho en decir que se atropellaron los derechos humanos, así ocurrió. Ustedes dirán que sólo ahora lo reconocemos. Por lo menos yo, no los conocí y no tengo problema alguno para decir que, tal vez, pecamos.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Pido respeto del diputado Fidel Espinoza , señor Presidente. Yo siempre he respetado su duelo. Sl principio de su intervención expresó su dolor y yo lo respeté. Le pido lo mismo.
El señor LEAL (Presidente).-
Continúe, señor diputado.
El señor MOREIRA.-
Yo siento cariño y voy a defender siempre al general Pinochet; yo creo que él fue un hombre honesto. Tuvo responsabilidad política, como también la tenemos en mayor o menor grado muchos quienes lo apoyamos, quizás por un pecado de omisión. No tengo problema en reconocerlo.
Quizás no nos preocupamos de averiguar lo que ocurría cuando nos dijeron que no pasaba nada; pero no tengo las manos sucias.
Si los tribunales de justicia no han aplicado sanciones no es por culpa de la Oposición ni porque haya dictadura. Estamos en democracia y los jueces han ejercido sus funciones de manera independiente.
Además, siempre he dicho que el primer requisito para que un magistrado llegue a la Corte Suprema en este país es haber metido preso a un militar o haber procesado a Pinochet.
Por último, aquí hay un doble estándar en todo sentido: se pide respeto para los derechos humanos de unos, pero no para los de otros.
Escuché al ministro Belisario Velasco que en la mañana, en una actitud humana, llamó a Lucía Pinochet para darle el pésame; sin embargo, el mismo día, trata a su padre de asesino, lo acusa de enriquecimiento ilícito, etcétera. Y habla de “dictaduras de Derecha”. O sea que la dictadura de Fidel Castro es especial, porque como es amigo de Castro, como tuvo o tiene todavía, no lo sé algún tipo de negocios en Cuba, ésa es una dictadura buena.
Nunca vamos a avanzar en la reconciliación, porque la Concertación vive del odio, de la venganza. Porque no usan el mismo discurso duro para atacar la corrupción de su propio gobierno. Se molestan cuando uno les dice que hay ladrones en la Concertación.
¡Qué raro! La otra vez dije exactamente lo mismo y algunos se ofuscaron. ¿Por qué algunos colegas democratacristianos, socialistas o radicales no se sintieron ofendidos? ¿Por qué no se usa la misma vara para medir todo? ¿De qué autoridad moral hablan?
Le guste o no le guste a la Izquierda, en Chile casi la mitad de los chilenos valora la obra gruesa del gobierno militar, a pesar de todos sus errores. Esa obra gruesa es la que va a permitir, no formar un partido pinochetista, sino que dar a los hechos el lugar que les corresponde.
A la gente se le olvidó la Unidad Popular; a la gente se le olvidó lo que pasó en el gobierno del Presidente Allende.
El señor ALINCO.-
¡...............!
El señor LEAL (Presidente).-
¡Llamo al orden a su señoría!
Usted tiene derecho a usar de la palabra y a entregar su opinión, pero no a decir esas expresiones.
La frase se retirará de la versión.
El señor MOREIRA.-
Yo entiendo......
El señor LEAL (Presidente).-
También se retirará esas expresiones de la versión.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MOREIRA.-
Entiendo la desesperación y la histeria de la Izquierda y de la Concertación, porque hemos demostrado que casi la mitad de los chilenos seguimos valorando una obra gruesa, que se va a multiplicar mirando el futuro, no quedándonos en el pasado, porque le guste o no le guste a la gente de la Concertación, tengan claro que vamos a ser gobierno y vamos a limpiar a este país de la gran corrupción que hay.
He dicho.
Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en conformidad al artículo 10 del Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el diputado Felipe Ward fundamentó su planteamiento en la irretroactividad de la ley penal como un principio básico del derecho. Y en eso estoy de acuerdo con él; pero olvidó algo importante. Que precisamente en el momento en que se cometieron los crímenes estaban sancionados por el Código Penal.
¿De qué ley irretroactiva estamos hablando? La ley irretroactiva es la que rige en el momento del delito, es decir, cuando se cometió asesinato, desaparición forzada de personas, tortura. Ésa es la ley que debe ser irretroactiva y es el principio básico penal, porque, naturalmente, no puede referirse a hechos anteriores que no eran delitos y convertirlos en delito en forma retroactiva.
Ése es el principio básico del estado de Derecho democrático. Por eso no hay retroactividad y sólo por excepción puede haberla. Es una regla, no un principio, cuando es más favorable al reo.
Por lo tanto, el decreto ley de autoamnistía planteó una retroactividad respecto de hechos anteriores.
En consecuencia, primero hay que considerar que desde que existe el estado en todo el mundo, las amnistías se dictan en beneficio de la paz social de los perdedores, nunca de los opresores, de los que han ganado. Es justamente al revés.
Por eso, como muy bien dice la Corte Interamericana, la autoamnistía es inválida en su origen, porque no es amnistía.
Si es una regla excepcional, especialísima, ¡cómo la vamos a aplicar! Es inválida en su origen. ¡No tiene validez! Más aún si se trata de violaciones a los derechos humanos.
La irretroactividad y también los derechos humanos constituyen principios básicos; por lo que las violaciones a los derechos humanos siempre deben ser castigados.
Entonces, ¿de qué habla el diputado Ward cuando plantea la irretroactividad? Si se llega a dictar una norma de nulidad o derogatoria de esa ley, además se le estaría dando ultraactividad a algo inválido. O sea, no sólo se le daría retroactividad, sino que ultraactividad, porque ya estaría derogada o anulada.
¿Dónde están los principios básicos de derecho penal o de derecho que se quieren defender? Es algo totalmente falso.
Después dice el diputado Ward que el proyecto es inconstitucional. El principio sustancial en relación a la amnistía, la prescripción y el indulto está en el Código Penal.
La Constitución lo único que establece es cuándo y dónde debe generarse una ley. Eso es totalmente diferente. No se está refiriendo a qué es la amnistía. El concepto de amnistía y sus efectos están en el Código Penal.
No sé de qué planteamiento jurídico habla el diputado Felipe Ward . No hay, por lo tanto, ni un problema de inconstitucionalidad ni de irretroactividad. Ninguno de los dos aspectos básicos, desde un punto de vista jurídico, están afectados por el proyecto de ley.
El diputado y gran amigo Jorge Burgos , y de alguna manera también el diputado señor Eluchans , expresaron que el proyecto de ley no es interpretativo. Veamos.
Hoy, en toda la doctrina y también en los tribunales se considera que las leyes nunca son totalmente claras, debido a lo cual es necesaria su interpretación, o sea, fijar su sentido y alcance. De otra manera, sería imposible la aplicación de un Código de 1874 cuando ahora se plantea algo que jamás se imaginó en esa época, como el error de prohibición. Es decir, actualmente sería imposible aplicar dicho Código, porque existen una realidad, teorías y principios diferentes.
Por lo tanto, la interpretación es siempre necesaria. La más válida es la de carácter teleológico, es decir, que de acuerdo con un punto de vista políticocriminal, se establezca qué se debe aplicar hoy.
En ese sentido, como legisladores tenemos una obligación.
El diputado Burgos preguntaba dónde está el problema, en circunstancias de que él lo señaló. Existen diferencias de criterio entre los tribunales de justicia y los jueces han señalado que la interpretación no es clara. Por eso, en muchas ocasiones no se ha aplicado la amnistía, y en otras sí.
En suma, existe un problema respecto del verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal que se establecen en el artículo 93 del Código Penal. No se trata de algo nuevo, porque ya en el siglo XVII existían problemas en relación con el derecho de gentes y, en general, de los derechos que afectan a la humanidad. Asimismo, en la época en que se redactó el Código Penal, también se tuvo en cuenta el problema del derecho de gentes.
Después del genocidio armenio, ocurrido a principios del siglo XX, se produjo una intensificación y de las formas interpretativas y del desarrollo del ius cogens en el campo del derecho internacional. Éste se ha aplicado siempre en el país, sin necesidad de tratados o de convenciones. O, ¿vamos a desconocer la existencia de esa rama del derecho?
En consecuencia, no es válido el argumento del diputado Eluchans .
El Código Civil dice que la interpretación rige desde el momento de la dictación de la ley interpretada, pero eso es una ficción, como muy bien expresó en la Comisión de Derechos Humanos el profesor Humberto Nogueira . En la práctica, nunca ha sido así. Se retrotrae al momento del origen porque no se podría hacer, por ejemplo, en 1974 o en 1990.
Eso es lo importante de la interpretación auténtica, porque se usa una para todos los casos.
En consecuencia, como es evidente, existe un problema interpretativo, porque no se puede aplicar la amnistía ante la existencia de un principio muy superior, como el de los derechos humanos, que es la base ética de cualquier estado de Derecho. A menos que los colegas de las bancadas de enfrente no quieran aceptar que los derechos humanos son la base ética de aquél. Al menos para mí, dicha base ética reside en los derechos fundamentales, en los derechos humanos.
Entonces, se debe interpretar en conformidad con lo que disponen los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental y también de acuerdo con lo que preceptúan los derechos fundamentales, los derechos humanos.
Es muy fácil decir que no se debe hacer nada. Eso dijeron muchos durante la dictadura, y ocurrieron las violaciones a los derechos humanos por todos conocidas.
En consecuencia, insto a los colegas de la Oposición a no continuar con la práctica de no hacer nada.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pensaba dar a conocer algunas reflexiones en relación con el proyecto.
Sin embargo, no puedo dejar pasar las palabras de algunos colegas de la UDI. Además, deseo hacer un comentario sobre el contexto histórico y la realidad que afecta hoy al país.
En diferentes oportunidades, se ha planteado la posibilidad de proceder a la derogación o a la interpretación de la ley de amnistía. En mi opinión, sobre el particular nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque en la Cámara hay quienes están a favor de la impunidad y otros que estamos en contra de ella. Ése es el fondo del asunto. Por lo tanto, nuestro camino es seguir presentando proyectos en ese sentido.
Un diputado de la UDI expresó que el camino que se sigue no es el correcto, por lo cual llamaba a tomar la vía de los tribunales de justicia. Pero, como no existe claridad sobre la materia, la resolución de los casos quedan a la interpretación de los respectivos magistrados, algunos de los cuales aplican la ley de amnistía y otros no.
En consecuencia, opino que los legisladores debemos mostrar el camino correcto a los jueces.
Estoy de acuerdo con lo expresado por los diputados señores Urrutia y Moreira , en el sentido de que el país está muy lejos de encontrar la reconciliación, y los acontecimientos del fin de semana pasado y de los primeros días de ésta me permitieron ratificar dicha convicción.
En ningún medio de comunicación manifesté lo que voy a dar a conocer en este momento, a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados: mi respeto por las hijas y por los hijos del general Pinochet y, de manera especial, por sus nietos y bisnietos. No celebré con champaña su fallecimiento. Sin embargo, los colegas de las bancadas de enfrente no podrán pedir que me cause tristeza la muerte de la persona que ordenó el asesinato de mi padre.
El aspecto que más llamó mi atención en los últimos días fue comprobar el odio que expresaban los asistentes a la Escuela Militar.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado señor Moreira que el domingo pasado no salí a la calle a celebrar, sino que permanecí tranquilo en mi hogar.
En mi opinión, las manifestaciones de odio se iniciaron en los adherentes al general Pinochet. Si ellos hubieran sobrellevado su duelo en forma tranquila, no se habrían producido muchos de los hechos posteriores. Con esto no quiero justificar a quienes celebraron con champaña.
Reitero que, a mi juicio, el fin de semana pasado quedó demostrado que el país se encuentra muy lejos de encontrar la reconciliación.
Soy de aquellos que confían en que algunos diputados de la UDI están convencidos de que nunca más deben repetirse los dolorosos hechos del pasado. Sin embargo, en mi opinión muchos de ellos hicieron un lavado de imagen durante todos estos años.
No creo en las Fuerzas Armadas, porque también llevaron a cabo un lavado de imagen. A mi juicio, si los acontecimientos se repitieran no creo que estén dadas las condiciones para ello, es decir, si volviera a producirse un golpe de Estado, ellas volverían a incurrir en prácticas como la tortura, el asesinato, el exilio, la exoneración y, en general, en todos los horrores que cometieron en el pasado. Eso es lo más grave, sobre todo pensando en el futuro de mis hijos. Como los diputados de la Oposición también son padres, los llamo a reflexionar sobre la materia.
Uno de los requisitos para encontrar la reconciliación es terminar con la impunidad.
A lo mejor, el proyecto de ley no es el camino correcto, como se ha dicho, pero es uno de los que se debe seguir para terminar con la impunidad y lograr justicia.
Además de hacer un reconocimiento a los integrantes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos que están en las tribunas, que siempre han participado en los debates de esta materia, debo decirles que los diputados de la Concertación vamos a hacer todo lo posible para terminar con la impunidad. Es nuestro deber con las víctimas y una deuda pendiente con sus familiares.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de ley que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Allende Bussi, Isabel ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Escobar Rufatt, Alvaro ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fuentealba Vildósola, Renán ; Goic Boroevic, Carolina ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Robles Pantoja, Alberto ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Walker Prieto , Patricio .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade, Claudio ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino , Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Melero Abaroa, Patricio ; Moreira Barros, Iván ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .
Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Becker Alvear, Germán ; Delmastro Naso, Roberto ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Isasi Barbieri, Marta ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Valcarce Becerra , Ximena .
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA. ACUERDOS DE COMITÉS
AUTORIZACIÓN A COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL (Presidente).-
Acaba de llegar un proyecto de su excelencia la Presidenta de la República que otorga beneficios a profesionales de la educación que indica, según el acuerdo a que se llegó con el Colegio de Profesores.
¿Habría unanimidad para incluirlo en la Cuenta de la presente sesión, de manera de iniciar su tramitación?
Acordado.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités.
El señor LEAL (Presidente).-
Se cita a reunión de comités.
Se suspende la sesión por dos minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Presidente).-
Continúa la sesión.
Los Comités parlamentarios acordaron, por unanimidad, que el proyecto que aumenta remuneraciones de profesores sea conocido por las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda.
Pido a los diputados de las Comisiones de Educación y de Hacienda el máximo de colaboración para tratar de incorporar el proyecto al final del Orden del Día de la sesión del próximo martes, en la mañana, a fin de no tener que convocar a sesión especial para el despacho de una iniciativa que es bastante acotada.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los profesores acordaron el proyecto hace tres meses. Por lo tanto, es inaceptable que nos lo envíen a última hora para discutirlo. Es una falta de respeto del Ministerio de Hacienda hacia el Congreso.
Es muy importante que la Mesa haga saber al ministro de Hacienda nuestra molestia. Es una vergüenza que se nos envíe un proyecto de tanta significación, que involucra mucha plata, para despacharlo en media hora.
El señor LEAL (Presidente).-
Señores diputados, la Mesa comparte plenamente la queja del diputado señor Montes . Por eso, esta mañana, al momento de ingresar el proyecto, le ha hecho presente la molestia al Gobierno, sobre todo al ministro de Hacienda, porque el retraso no es del Ministerio de Educación.
Concordamos en que no es una forma seria de legislar, menos cuando se trata de un proyecto de gran relevancia y que estaba acordado hace tres meses.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el próximo martes los sureños y los nortinos veremos con orgullo concretarse la creación de las nuevas regiones, y algunos vendrán a esa magna sesión. Pero también sesionarán simultáneamente con la Sala las comisiones de Salud y las Unidas de Hacienda y de Educación. Por lo tanto, estarán ausentes alrededor de veinte o treinta diputados, más los que habitualmente no asisten, y sería vergonzoso mostrarle a nuestra gente del sur y del norte una Sala semivacía en el tratamiento de proyectos de tanta importancia.
Si hubiese conocido antes la propuesta, me habría opuesto al acuerdo; lamentablemente, nuestra jefa de bancada optó por apoyarla.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, para tranquilidad del señor Jaramillo y de otros colegas, puedo asegurar que los diputados no van a estar ausente de la discusión de los proyectos que crean nuevas regiones. Por lo demás, se trata de conocer las modificaciones del Senado, no volveremos a discutirlos.
Si le parece a la Sala, se autorizara a las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala el próximo martes, 19 de diciembre, para conocer el proyecto que reajusta remuneraciones de los profesores.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
ESTUDIO DEL COSTO DE VIDA POR REGIONES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 238.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 238, de los señores Galilea, Isasi , doña Marta ; Vallespín , Martínez , Delmastro, Alvarado, Alinco, Estay, Sepúlveda, don Roberto, y Rossi.
“Considerando:
Que, en las últimas décadas, Chile ha presentado importantes períodos de crecimiento sostenido. Si bien hay consenso en torno al fuerte dinamismo experimentado por el país, existe la percepción de que éste no ha sido parejo en una dimensión territorial, por lo que es necesario lograr un crecimiento más armónico.
Que el proceso de internacionalización de la economía podría contribuir a que existan zonas del país más favorecidas, que haría que, en lo futuro, se ahonden aun más los actuales desequilibrios entre las regiones.
Que si bien hay consenso en torno al tema de la descentralización, éste se ha focalizado en una discusión de tipo institucional más que en abarcar los temas realmente importantes, como son el desarrollo económico y las disparidades regionales.
Que está presente la incógnita de si se alcanzarán ciertos niveles de equidad regional o, por el contrario, persistirán las actuales diferencias.
Que el tema de las migraciones es relevante: los diferenciales per cápita inducen una mayor migración, lo que puede ser eficiente desde el punto de vista de asignación de recursos, pero puede generar otros problemas, como la congestión de los servicios públicos, mayores niveles de desempleo, de marginalidad, entre otros, e incluso más, una acentuación de los actuales diferenciales de ingreso en el nivel regional.
Que las variables, como tamaño de la población, densidad poblacional, clima, distancia del centro del país, ingreso per cápita, entre otros, inciden directamente sobre el costo de la vida de una ciudad, según estudios empíricos realizados al respecto.
Que cada ciudad muestra un conjunto de variables muy distintas unas de otras, lo que explica las diferencias de costo en cada una de ellas.
Que el país no cuenta con una medición objetiva respecto de este costo en cada una de las regiones, teniendo que depender de estudios que, a juicio de distintos actores regionales, no reflejan la realidad.
Que, ante este escenario, surge la necesidad de entender cuáles son los factores determinantes del desarrollo regional, en particular, las diferencias de costo de las diferentes regiones del país.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Panificación que realice un estudio respecto del costo de la vida en las diferentes regiones del país, que permita focalizar mejor el gasto social y orientar las políticas públicas.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, el Ministerio de Planificación y Cooperación no cuenta con instrumentos para medir objetivamente el costo de vida por región. Es absolutamente necesario contar con estudios que reflejen las distintas realidades, para mejorar la focalización del gasto social y la orientación de las políticas públicas. Variables como densidad poblacional, distancia del centro del país, conectividad, clima, instalación de la empresa privada y otras, marcan diferencias.
Todos podrían pensar que Aisén y Magallanes tiene características similares. Sin embargo, no es así. Un insumo tan básico para la calefacción en la zona austral, como es el gas licuado, en Magallanes cuesta diez veces menos que en Aisén, que, a su vez, tiene la electricidad más cara del país. No olvidemos que en la estructura de egresos de una familia, la luz y el gas inciden absolutamente. También Arica, Iquique o Antofagasta , tienen realidades distintas a las de otras regiones.
Por lo tanto, pedimos el voto favorable de los señores diputados para aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, es de toda lógica y justicia que el costo de la vida se mida de acuerdo con las particularidades de cada región. Los factores que inciden en el costo de la vida en la zona centro son distintos a los de las regiones extremas del país.
El proyecto, al pretender mediciones objetivas del costo de vida, diferenciadas por regiones, obligará a desarrollar políticas que permitan focalizar adecuadamente el gasto social para mejorar la calidad de vida en las regiones, sobre todo en las zonas extremas del país.
Por eso, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, es cierto que no todas las regiones se desarrollan de igual forma. La variable ingresos es muy importante. En mi distrito, en la Región Metropolitana, las comunas rurales indiscutiblemente tienen diferentes costos de desarrollo. Por lo tanto, tenemos que planificar de manera distinta.
Sin embargo, pienso que existen instrumentos para diferenciar ingresos y costo de vida. Prueba de ello es la nueva ficha de familia, que permitirá diferenciar ingresos para focalizar mejor las inversiones sociales.
Si empezamos a tener instrumentos para cada región las zonas extremas tienen legislación especial y pronto Isla de Pascua y Juan Fernández tendrán su propio estatuto vamos a generar políticas sociales parceladas, que no van a permitir un desarrollo integral. Somos un país unitario y no misceláneo de regiones.
Estamos por la regionalización, pero estimamos que se debe hacer un estudio más amplio de lo que eso significa, y por el cambio real de los gobiernos regionales, para que tengan sus ingresos propios, un desarrollo integral a través del crecimiento de la región, políticas propias, elección directa de los consejeros regionales y otros temas.
Creo que lo que propone el proyecto no soluciona el problema de los costos de vida de las regiones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa la diputada señora
INCLUSIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL SIDA.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 239, de los señores Olivares, Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Sabag, Venegas, don Mario; Pérez, don José, y de las señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra.
“Considerando:
Que el uso del preservativo como método exclusivo de prevención es el foco de la octava campaña de prevención del virus VIH Sida, iniciada por el Gobierno.
Que no se han incluido las opciones de pareja sexual exclusiva y abstinencia, por tanto, no serán parte de los mensajes preventivos que estarán por dos meses en calles y medios de comunicación.
Que, de acuerdo con las palabras de la ministra de Salud: ‘Lo importante aquí es cómo se puede prevenir la infección por VIHSida, que, desde el punto de vista de la salud, tiene una respuesta: siempre usar condón’.
Que, frente a la exclusión de otros métodos de prevención en la campaña, la secretaria de Estado aseguró que el ministerio busca dar una respuesta sanitaria a esta enfermedad y no una solución valórica.
Que, en relación con el tema, declaró públicamente: ‘Se entiende que existan opciones personales, como la abstinencia sexual y la pareja única, que se adoptan por un conjunto de razones íntimas, totalmente válidas, no sanitarias. El ministerio proporcionará, también, información pertinente a quienes hayan adoptado esa legítima decisión’. Indicó, incluso, que ‘Se está trabajando para ver si se hace un afiche especial para ellos’.
Que la abstinencia sexual y la pareja única no son solamente ‘opciones personales’, ya que se ha demostrado que la aplicación de estas herramientas en las campañas de prevención del VIHSida han sido efectivas.
Que los mensajes de abstinencia y fidelidad, al parecer, han sido internalizados por la población. El porcentaje de mujeres entre quince y diecinueve años de edad que tienen relaciones sexuales ha pasado del 74% al 51%, y en los hombres el descenso ha sido del 68% al 42%. También ha bajado la cantidad de personas que tienen varias parejas sexuales. Según los especialistas, estas actitudes han frenado la expansión del VIHSida.
Que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de infección por el VIHSida en adultos han descendido en algunos países y los cambios en el comportamiento para prevenir la infección como una mayor utilización del preservativo, el retraso en la primera experiencia sexual y la reducción de parejas sexuales han desempeñado un papel decisivo.
Que, entre 1990 y 2001, Uganda ha disminuido en el 10% la tasa de infección por VIHSida. Sin duda, un éxito en el continente africano.
Que los expertos piensan que gran parte de este descenso se ha producido gracias a la estrategia ABC (abstinencia, fidelidad y uso del condón), promovida por el gobierno de los Estados Unidos de América en quince países, entre ellos Uganda .
Que la clave está en la estrategia ABC (abstain, be faithful, use condoms): continencia en los jóvenes, fidelidad de los adultos y preservativos si lo anterior no funciona, pero advirtiendo que pueden fallar. La campaña ugandesa demuestra que es posible cambiar los comportamientos para que la gente evite el riesgo de contraer el virus.
Que, según los casos, las estrategias de prevención deben dosificarse de distintas maneras. Con los jóvenes, ‘si no han iniciado la actividad sexual, la primera prioridad ha de ser alentar la continencia’ (A). En caso de que hayan iniciado la actividad sexual, ‘la manera más eficaz de evitar la infección es volver a la continencia o mantener la fidelidad mutua entre personas no infectadas’ (B). Si esto no basta, se puede ‘promover el preservativo’ (C), informando a los jóvenes de que reduce el riesgo de infección entre el 80% al 90%, a condición de que se use bien y, en todos los casos, previniéndoles de las consecuencias del uso incorrecto o esporádico.
Que estos últimos datos aparecen publicados en Situación de la epidemia de Sida, diciembre de 2005, informe anual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIHSida (Onusida) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, desde 1984, se han notificado alrededor de dieciséis mil casos de VIHSida en el país y han muerto por esta causa casi cinco mil personas.
Que el 85% de los hombres han sido los más afectados por el virus, mientras que, en el 95%, la vía más común de contagio ha sido la sexual. Si bien Chile ha logrado bajar la tasa de mortalidad anual por esta causa, no ha podido hacer lo mismo con los niveles de contagio, que aumentan al año entre el 5% al 6%.
Que, según Edith Ortiz , jefa de la Comisión Nacional del Sida (Conasida), la epidemia sigue y los grupos más vulnerables son las personas de entre veinte a veintinueve años de edad ‘ahí es donde se focaliza el crecimiento hoy’ y las dueñas de casa.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la:
1.ministra de Salud que incluya en la actual campaña de prevención del virus VIHSida las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), relativas a la estrategia ABC (abstinencia, fidelidad y uso del condón).
2.Ministra de Educación que, conjuntamente con la ministra de Salud, realice una campaña de prevención especializada para jóvenes menores de dieciocho años de edad.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la actual campaña contra el sida se focaliza exclusivamente en el uso del condón, lo cual, a nuestro juicio, nos parece un equívoco, por cuanto tiene un margen de error de entre el 5 y el 20 por ciento.
Por lo tanto, solicitamos que se sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que propone una campaña para prevenir el virus del sida basada en la estrategia ABC, esto es, abstinencia, fidelidad o pareja única y condón, en ese orden.
Sin embargo, las autoridades de salud han preferido utilizar sólo el tercer elemento para combatir el sida. No obstante, creemos que un Estado pluralista debe mostrar a los habitantes todas las opciones que existen para combatir este virus que atenta contra la vida.
Uganda siguió la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, y bajó el índice de infectados del 15 al 5 por ciento.
Por lo tanto, creemos que no es inteligente proponer una sola vía para solucionar este problema. Por eso queremos que se incorporen en esta campaña la abstinencia y la pareja única, que son los mejores y más certeros métodos para combatir este mortal virus.
No queremos que se elimine el condón, no somos tan reaccionarios como para pedir eso. Lo que queremos es que también se hable de la abstinencia y de la fidelidad, porque una campaña para prevenir el sida basada exclusivamente en el uso del condón podría traer efectos jurídicos negativos para el Estado, ya que personas que se infectaron a pesar de usar el condón porque se les dijo que era sinónimo de sexo seguro podrían demandar al Estado por indemnización de perjuicios.
Por eso, creemos prudente para el Estado de Chile que en esta campaña también se hable, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, de la abstinencia adecuada de la pareja única y del condón.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, esta iniciativa recoge una visión más integral del comportamiento sexual de la sociedad, especialmente de los grupos de más alto riesgo, a pesar de que el sida ha traspasado las fronteras de esos grupos, porque está atacando cada día más a las parejas heterosexuales y a grupos de menor riesgo.
Como señalan los fundamentos del proyecto, nos parece que las políticas de prevención del sida deben de ser dosificadas de manera distinta, de acuerdo con los grupos etarios y con las distintas realidades que se dan en la población. Por eso, a los jóvenes que no se han iniciado en la actividad sexual se les debe alentar la continencia más que la prevención, lo que se podría dejar para un grupo de mayor riesgo o vulnerabilidad. También debemos hacernos cargo de la diversidad de culturas, de religiones, de los elementos propios de los grupos de mayor o de menor vulnerabilidad.
Por consiguiente, creo que a nadie escapa el elevado criterio y la visión integral que debe tener un gobierno sobre la materia, pero percibimos que eso no lo ha entendido el actual Gobierno, que ha tenido una visión reduccionista y poco eficaz en el resultado final de esta campaña, basada en la alternativa única y excluyente del condón. No sirve de mucho que el Ministerio de Salud haga unos afiches en que se recomiende la fidelidad y la abstinencia para combatir el sida, porque esa publicidad no puede competir con los spots de televisión que sólo difunden el uso del condón para combatir el VIH.
En los gobiernos anteriores de la Concertación hubo una visión más integradora, por lo que resulta bueno sugerir al actual, ojalá por unanimidad de esta Corpotación, una visión más amplia, que recoja en mejor forma la realidad de nuestra sociedad, lo que hará más eficaz el combate en contra del sida y prevendrá de mejor forma el contagio a quienes pudieran estar en riesgo de infectarse.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, concuerdo absolutamente con el proyecto de acuerdo, pero considero que deberíamos agregar el uso del condón femenino a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que la pareja única no es una garantía para las mujeres de que no contraerán el sida y es muy difícil negociar el uso del condón con su marido, porque hay trabas culturales muy fuertes. Además, no siempre los maridos tienen pareja única.
El señor LEAL (Presidente).-
Señora diputada, debo recordarle que después de hablar en contra de un proyecto, usted está obligada a rechazarlo, de acuerdo con lo que señala el Reglamento.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa la diputada señora
Se abstuvo el diputado señor
VIII.INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, en la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social hubo un concurso público para 140 funcionarios de la salud que se traspasan de tres consultorios del Servicio Nacional de Salud a la Corporación Municipal.
El concurso fue llamado de acuerdo con ciertas bases, las cuales no fueron tomadas en cuenta, por lo cual se ha producido una situación de mucha confusión, mucho desánimo y descalificación del personal que actualmente labora en esos consultorios.
Entre otros vicios, dicho concurso ha presentado las siguientes situaciones:
En primer lugar, personas que participaron en el concurso eran parte de la comisión calificadora del mismo, y algunas de ellas quedaron seleccionadas como ganadoras del concurso.
En segundo lugar, la documentación de los exámenes sicológicos hechos a los funcionarios se encuentra adulterada. En algunos casos hay dos exámenes contradictorios para una misma persona.
En tercer lugar, se han producido situaciones en la cuales funcionarios con mejor nivel de calificación no fueron seleccionados, quedando aquellos que no reunían la calificación necesaria para ser elegidos.
En relación con esos hechos, la directiva de los funcionarios de la Corporación Municipal ha manifestado que la directora de salud del servicio también ha dicho que el concurso adolece de vicios que van a requerir su completa anulación.
Por ello, solicito que se oficie a la presidenta de la Corporación Municipal de Viña del Mar para que me remita todos los antecedentes que se tuvieron para calificar a las personas seleccionadas, y a la Contraloría Regional para que actúe de oficio e intervenga a fin de determinar si se cumplió con las normas legales elementales de ecuanimidad, de respeto al derecho y a la transparencia en la realización de ese concurso público que hoy ha explotado como un gran conflicto social en la comuna de Viña del Mar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN COMUNA DE EL CARMEN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, uno de los objetivos más importantes que tiene el país en el ámbito social dice relación con la regularización de los títulos de dominio de la población urbana y rural de las distintas comunas del territorio nacional.
En ese contexto, en marzo de 2004 se firmó un contrato de prestación de servicios entre la Municipalidad de El Carmen y la empresa Los Alerces S.A., rol único tributario N° 96.694.6202, denominado “Programa de Regularización de 180 Títulos de Dominios Urbanos Rurales Año 2003”, para cuya ejecución la empresa se obliga y compromete a ejecutar y realizar todos los trabajos y gestiones jurídicas, administrativas y técnicas necesarias. Es decir, la empresa Los Alerces S.A. tenía la obligación de realizar todas las acciones y actividades tendientes a lograr la regularización de las propiedades de esos vecinos.
Lo curioso es que hasta la fecha denuncian los vecinos no se ha cumplido el contrato. Es más, la empresa aludida ni siquiera ha devuelto los expedientes de gran parte de ellos, con el consiguiente perjuicio que eso conlleva.
Como es un programa o proyecto dirigido a personas de escasos recursos, el Estado dispone de medios para su financiamiento, los que se entregan a las municipalidades, en este caso, la de El Carmen.
Dado el tiempo transcurrido, el desconocimiento de los vecinos del estado del programa o proyecto y la inexistencia de los expedientes individuales, solicito que se oficie a la señora ministra de Bienes Nacionales, para que tenga a bien informar lo siguiente:
Monto total asignado a la Municipalidad de El Carmen para la ejecución del programa y fechas en que se ejecutó.
Aporte económico, si lo hubo, de la municipalidad al programa y en qué términos.
Nómina total de beneficiarios.
Existencia de los expedientes de cada uno de los vecinos beneficiarios.
Estado actual del Programa de Regularización de Títulos y las fechas estimadas en las cuales deberá estar regularizada la situación.
Además, solicito a la señora ministra incorporar, dentro del mismo proyecto o programa, a la totalidad de las personas en situación de regularización que participaron en esa oportunidad, toda vez que pertenecen al mismo grupo de las 180 ya indicadas, debido a que presentan las mismas características sociales; incluso, muchas de ellas son actuales beneficiarias de los programas sociales del gobierno. Se trata sólo de 30 personas que perfectamente pueden ser incluidas y que también son parte integrante de la organización denominada “Agrupación Despertar Carmelina”, entidad creada precisamente para, entre otros proyectos de bien comunitario, regularizar la situación de sus propiedades.
En la medida que avancemos en la dirección de solucionar definitivamente estas situaciones, mejoraremos la calidad de vida de nuestra población. Eso es lo que nos debe inspirar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de las diputadas señoras Marta Isasi y Ximena Valcarce y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Gabriel Silber.
PETICIÓN DE SUMARIO EN HOSPITAL “DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES” DE IQUIQUE. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi .
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, hace algunas semanas falleció un señor de apellido Garay . Su certificado de defunción consigna que murió de cáncer, en circunstancias de que los resultados de la biopsia indican que jamás tuvo esa enfermedad. Este hecho provocó el asombro de sus familiares y constituye un ejemplo de las irregularidades detectadas en el hospital Doctor Ernesto Torres Galdames del distrito que represento.
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que ordene la instrucción de un sumario interno en dicho centro hospitalario.
Agradezco al programa “En boca de todos” de Canal 13 por difundir estas irregularidades. Considero lamentable que el Gobierno, en una actitud centralista, dé solución a los problemas de las regiones, sobre todo de las extremas, sólo después de que son dados a conocer en programas de televisión.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de las diputadas señoras Ximena Valcarce y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y Tucapel Jiménez.
INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE. OFICIO.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie a la contralora general de la República interina, a fin de que informe respecto del pago de una factura que el Servicio de Salud de Iquique emitió para el financiamiento de un supuesto taller de capacitación. Gracias al programa “En boca de todos” de Canal 13 se supo que esos recursos se destinaron a financiar una despedida a la actual intendenta de la Primera Región. La Contraloría aún no se ha pronunciado al respecto. De hecho, el director de ese servicio de salud ya no está en su cargo debido a los antecedentes exhibidos en el referido programa de Canal 13.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Ximena Valcarce y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y Tucapel Jiménez.
INVESTIGACIÓN DE LICITACIÓN DEL SERNAM DE LA PRIMERA REGIÓN. OFICIO.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, en tercer lugar, pido que se oficie a la contralora general de la República interina, a fin de que investigue lo sucedido en relación con la licitación 1883-47-CO06, “Producción de Feria Emprende Sernam Primera Región.” Según las bases de los términos de referencia, en el punto de especificaciones técnicas, detalle técnico, fecha aproximada de entrega, el punto 1 señala: “Taller información ChileCompra, viernes 13 de diciembre de 2006, 08.30 horas.” A pesar de la fecha señalada, el taller mencionado se realizó el viernes 1 de diciembre. Al respecto hubo información en la prensa y en la televisión. De hecho, la directora regional del Sernam, señorita Irina Rossi Ciocca , dio una conferencia sobre este taller que ya se está realizando. Sucede que hasta ayer, en el portal de ChileCompra no figuraba adjudicada la licitación.
Se habla de transparencia y de las treinta medidas que la Presidenta de todas las chilenas y de todos los chilenos ha dicho que implementará, entre otras cosas, para que no exista nepotismo. Sin embargo, en mi distrito se está realizando un taller, promovido por la directora regional del Sernam, la señorita Irina Rossi Ciocca , que no figura adjudicado en el portal de ChileCompra. ¿Dónde está la transparencia?
Pido que la contralora general de la República interina se pronuncie a la brevedad en relación con esta situación.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Ximena Valcarce y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y Tucapel Jiménez.
INFORME SOBRE PROYECTOS DE CHILEDEPORTES EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE. OFICIO.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, en cuarto lugar, pido que se oficie al contralor regional de la Primera Región, a fin de que se pronuncie en relación con los proyectos de Chiledeportes que están cuestionados en la provincia de Iquique. Ha transcurrido más de un mes desde que hice presente esta situación al contralor regional, pero aún no tengo respuesta. Deseo que informe qué pasó con los recursos destinados a proyectos deportivos y si se ejecutaron en los barrios de mi distrito.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Ximena Valcarce y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y Tucapel Jiménez.
INVESTIGACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE IQUIQUE. OFICIO.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, en quinto lugar, pido que se oficie a la contralora general de la República interina, a fin de que investigue la adjudicación de la licitación N° 1706-80-LE06, “Organización de eventos ciudadanos”, pues en ella no se cumplió con algunas exigencias contenidas en las bases.
Una representante de una empresa consultora hizo presente esta irregularidad en la Gobernación de Iquique, razón por la cual la gobernadora se vio en la obligación de declarar desierta esa licitación. Lo más grave es que el señor que se la había adjudicado tenía problemas en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo es posible que se adjudique una licitación y se entreguen recursos a una persona que tiene problemas con Impuestos Internos? Antes de adjudicarse una licitación deben corroborarse los antecedentes y cotejarse los datos, en consideración a que hay involucrados recursos de todos los chilenos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Ximena Valcarce y María Angélica Cristi y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y Tucapel Jiménez.
INFORMACIÓN SOBRE LEGALIDAD EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE VALDIVIA. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al contralor regional de Los Lagos, a fin de que investigue y luego nos informe en relación con la legalidad de forma y fondo en relación con el tema “Presentación del Centro de Estudios Científicos de Valdivia”, tratado en la sesión N° 21, de 8 de noviembre de 2006, en el consejo regional de Los Lagos, Décima Región. Se trata de la presentación del proyecto presentado por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia al IV concurso “Creación de centros regionales de desarrollo científico y tecnológico del Gobierno de Chile, Conicyt .” En el gobierno regional, el 19 de octubre de 2006, se confeccionó la ficha EBI 300 686970 en relación con ese proyecto.
Un informe del abogado Sergio Toloza , asesor jurídico del consejo regional, contiene antecedentes que lo hacen concluir que los acuerdos adoptados por el Core en relación con el tema señalado serían ilegales. Como ejemplo de las ilegalidades señaladas en dicho informe se menciona la contradicción existente entre la aprobación del proyecto solicitada por el intendente, lo aprobado por el consejo regional y el certificado N° 307 emitido al respecto por el secretario ejecutivo del consejo regional. A ello, cabe agregar que el tema no estaba puesto en tabla, de acuerdo con lo que exige la ley. En relación con lo señalado, el intendente manifestó que solicitó “sólo un acuerdo de respaldo a la iniciativa que el señor Claudio Bunster ha planteado.” La idea era respaldar el proyecto, pues Concicyt establece como requisito contar con el respaldo del gobierno regional. Sin embargo, el consejo regional acordó establecer como condición para dar su apoyo que se trate de un solo proyecto. Si se presentaban dos, acordó que se consideraría en una próxima sesión. Por su parte, el secretario ejecutivo, con fecha 9 de noviembre, emitió el certificado N° 307, en el que expresa que el Core acordó aprobar por mayoría absoluta el aporte complementario al programa “Manejo centro regional de desarrollo científico y tecnológico”, código EBI 300 686970, por un monto de mil millones de pesos en un período de cinco años, que se entregarán a partir de 2007, con un desembolso anual de 200 millones de pesos.
Dicho certificado, por no representar lo que había ocurrido en dicha reunión, sería claramente ilegal.
Todo lo anterior infringiría los artículos 42, 45 y 52 del Reglamento del Consejo Regional. Asimismo, habría una infracción respecto de la decisión que se adoptó por mayoría del Consejo, ya que éste debe pronunciarse pura y simplemente sobre las precisas y concretas materias sujetas a su resolución, que, según el intendente, habría sido solicitar solamente un acuerdo de respaldo a dicha iniciativa, pero no incluía la aprobación de recursos financieros.
Por otra parte, en el informe jurídico se señala que el proyecto fue presentado a través de un escrito, el cual contó con el apoyo del intendente, cuyo objetivo era cumplir el requisito de contar con el patrocinio y apoyo financiero del gobierno regional. Sin embargo, hay que hacer presente según el abogado que el apoyo solicitado por las bases del concurso es del gobierno regional y no le corresponde al intendente dar su apoyo unilateral a un solo proyecto. Lo contrario, es otorgarse una facultad que no tiene.
En tal sentido, el intendente se excedió en sus atribuciones, infringiendo el artículo 2° de la ley N° 18.575. Además, habría habido una equívoca interpretación, entregada por el intendente al consejo regional, en el sentido de que sólo se podía patrocinar o apoyar un solo proyecto, en circunstancias de que en realidad, el consejo regional o el gobierno regional podían aprobar varios proyectos.
En consecuencia, se señala en ese informe jurídico que, aplicando estrictamente las bases en relación con el artículo 22 de la ley N° 19.175 y el pronunciamiento del consejo, del día 8 de noviembre pasado, el proyecto no habría cumplido con las exigencias señaladas en el Apartado 21, por la simple razón de que el viernes 3 de noviembre del 2006, a las 16.30 horas, no existía patrocinio ni aprobación de financiamiento por parte del gobierno regional.
En estas circunstancias, pido que se oficie al contralor regional de Los Lagos para que realice una investigación e informe acerca de la legalidad de forma y fondo en relación con dicho proyecto.
Además, pido que se adjunte el texto íntegro de mi intervención, con el objeto de que se pueda entender mejor lo que he expresado en esta Sala.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRO DE RECLUSIÓN JUVENIL EN COMUNA DE TILTIL. OFICIOS.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, en esta hora de Incidentes voy a hablar en representación de los habitantes de la comuna de Tiltil, en particular de los vecinos de los sectores Huertos Familiares y Santa Matilde , a quienes tengo el alto honor de representar en esta Cámara.
Hace un par de semanas, participé en una movilización junto a los diversos actores sociales que integran la comuna de Tiltil, encabezados por su alcalde , don Salvador Delgadillo ; dirigentes de juntas de vecinos, y concejales.
Dicha manifestación, bastante masiva, tenía por objeto hacer ver a nuestras autoridades del nivel central del Gobierno, particularmente al gobernador y a los integrantes del Ministerio de Justicia, nuestra negativa al proyecto de instalación de un centro de reclusión que tiene por objeto hacer aplicable la ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Como vecinos de la comuna de Tiltil no estamos en desacuerdo con la aplicación de dicha política, pero hay que reconocer que aquí no ha habido un criterio de equidad territorial, que ha sido la base de la política del gobierno central en estos últimos años.
Nos parece incomprensible que por ser nuestra comuna una de las más pobres de la Región Metropolitana, no obstante estar tan cerca de Santiago, sus habitantes deban soportar la carga de tener instalado allí el vertedero más grande de la Región Metropolitana, como es Lomas del Colorado, y también otro vertedero, actualmente en aprobación, en la misma zona; de ser nuevamente, por autorización del Servicio de Salud del año pasado, los receptores de los lodos de La Farfana, donde todos los riles sanitarios van nuevamente a la comuna de Tiltil; de tener el penal de Punta Peuco, para violadores de los derechos humanos, construido en una zona aledaña, al lado de cual se quiere emplazar el centro mencionado; de tener también dos relaves, el de Codelco y el de Angloamérica, que actualmente está en un proceso de expansión. Creemos que no es justo, ya que aquí no se está aplicando una política equilibrada. Queremos igualdad en la repartición de las cargas públicas.
Por ello, quiero hacer presente el descontento de los habitantes de la comuna de Tiltil y anunciar que realizaremos movilizaciones.
Por tanto, pido oficiar al ministro de Justicia, al director nacional del Servicio de Gendarmería, al gobernador, con el objeto de que nos informen cuáles fueron las razones que motivaron el emplazamiento del penal en dicha zona, en qué momento se tomó dicha determinación, quiénes integraron la comisión técnica, ya que sólo tuvimos conocimiento de ella de manera solapada y ya con los hechos consumados, sin ser informados desde el inicio respecto de las investigaciones para determinar cuáles eran los predios posibles para dicho emplazamiento. A la vez, hacerles ver que nos opondremos en todas y cada una de las etapas de aprobación del proyecto.
Asimismo, pido adjuntar copia íntegra de mi intervención a los miembros del concejo municipal de la comuna de Tiltil, al alcalde, y a los presidentes de juntas de vecinos de Huertos Familiares y del sector Santa Matilde .
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE EMPRESA AGUAS ANDINAS RESPECTO DE PROYECTO SOBRE SANEAMIENTO DE CUENCA DEL MAPOCHO. OFICIOS.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, quiero referirme a una situación que, a mi juicio, debiera causar sospecha.
Actualmente, en la comuna de Pudahuel se encuentra en estudio un gran proyecto de inversión referido al saneamiento de la cuenca del Mapocho. Se trata de un proyecto importante, de muchos millones de dólares. No obstante, los principales perjudicados serán nuevamente sus habitantes, quienes ya soportan los malos olores que provienen de La Farfana.
Veo con mucha preocupación que la empresa Aguas Andinas haya iniciado una campaña de difusión mediante la cual otorga una gran cantidad de premios, fondos concursables, paseos y viajes a los habitantes de la comuna de Pudahuel, a pesar de que dicho proyecto se encuentra en estudio en las instancias ambientales para la evaluación pertinente.
En materia de casinos de juego ocurrió una situación similar, ya que se ofrecía prebendas a los habitantes para ganarse la buena voluntad de los vecinos hacia el proyecto. Lo mismo está sucediendo hoy en la comuna de Pudahuel a propósito del proyecto de responsabilidad social de dicha empresa.
Por tanto, pido oficiar al director de la Conama, al superintendente de Servicios Sanitarios y a la ministra Secretaria General de la Presidencia, que tiene a su cargo la evaluación de dichos proyectos, para que informen respecto de la política emprendida por la empresa Aguas Andina.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES SANITARIAS EN COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN. OFICIOS.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, quiero resaltar los graves problemas que sufren diversas comunidades, urbanas algunas y rurales la gran mayoría, que no tienen aún, en pleno siglo 21, acceso a los servicios básicos, como agua potable y alcantarillado. Entre ellas, localidades como Las Lomas, villa Violeta Parra , villa Margaret , las tres de San Francisco de Mostazal, a poca distancia donde hoy se pretende emplazar un nuevo casino de juegos. Reitero: no cuentan con acceso ni solución sanitaria, por lo cual están expuestas a graves focos infecciosos que encarecen el costo de vida de las personas, pues deben destinar recursos para enfermedades que bien se pueden erradicar, aplicando medidas estructurales que no tendrían otra finalidad que proporcionar condiciones de calidad de vida mínimas a las personas.
Esas comunidades han sido representadas por el municipio, a través del gobierno regional, mediante la presentación de proyectos para conseguir recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero fueron rechazados y postergados, por lo menos, en dos oportunidades. En pleno radio urbano de la comuna de Graneros, en la población Colo Colo , hace más de 25 años que un grupo de diez familias no tiene conexión ni se ha considerado una solución sanitaria por parte de la autoridad comunal.
En lo referente al acceso al agua potable, en localidades como Guacarhue, La Estacada y Quinta de Tilcoco, son muchas las familias que al no tener acceso real a soluciones de este tipo, no pueden hacer uso de sus subsidios habitacionales, debido a lo cual tampoco pueden construir sus viviendas, perdiendo, en muchos casos, este beneficio tan anhelado y por el cual han trabajado las personas más pobres de la región.
Estos ejemplos se repiten, en forma dramática, en todo el distrito. Las empresas sanitarias cobran sumas estratosféricas por extender las redes de conexión. Resulta curioso que, a pesar de ser una de las más pujantes en el rubro de las exportaciones, en esa región aún no se resuelvan problemas como los mencionados, con lo que se perjudica no sólo a las personas, sino también a la industria agrícola que está expuesta a ser afectada por las aguas de riego contaminadas con desechos. En estos días hemos conocido la grave contaminación que afecta al río Cachapoal.
Por lo tanto, pido que oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, al intendente regional, a fin de que nos informen sobre las soluciones sanitarias relacionadas con las poblaciones mencionadas.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
ALCANCES A EXEQUIAS DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET. NOTAS DE CONDOLENCIAS.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, transcurrido un par de días del funeral del general Augusto Pinochet , ex comandante en jefe del Ejército y ex Presidente de la República, nos embargan muchos sentimientos que resultan difíciles de expresar, y cierta sensación de pena, dudas e incertidumbre, sobre todo, por el futuro de nuestro país, por los años que han pasado desde el término del gobierno militar y la instauración de la democracia y por todo lo ocurrido en estos días.
Por cierto, me sorprendió la actitud de la Presidenta de la República. Un ministro dijo que había cumplido con lo que un primer mandatario debe hacer en una situación que podría resultar muy conflictiva por las pasiones y sentimientos encontrados que produce. La Presidenta dijo que había garantizado el orden, la seguridad y la normalidad, con el convencimiento de que su rol como Presidenta significaba velar por el bien de todos en el país. Ha dicho también, en innumerables ocasiones, que ella es la Presidenta de todos los chilenos. Al respecto, siento que es Presidenta de los que quiere ser Presidenta, no de todos los chilenos, porque ha dejado de lado a un gran sector de compatriotas que sólo quisieron velar y honrar al general, ex comandante en jefe del Ejército y ex Presidente de la República.
Esos chilenos querían mucho más; querían un funeral de Estado, querían honores, querían izar sus banderas a media asta. Así los expresaron decenas de miles de chilenos en las calles. Sintieron que faltó un gesto de esa Presidenta que dice representar a todos los chilenos. Pero los gestos siempre son para ellos, para la Concertación, para Allende, para los vándalos que hacen desórdenes. Al parecer, éstos tienen prioridad sobre la gente de bien que apoyó al general Pinochet y que demostró ser mucho más ordenada, con excepción de una persona, caso que recorrió todo el país y el mundo. Todo esto versus los cientos de vándalos que causaron destrucción, que en el último tiempo han colocado bombas en La Moneda, que sólo aparecen una vez en la prensa y a quienes nunca les pasa nada. Considero que la Presidenta cometió un grave error al referirse en forma subjetiva a la historia de Chile y darle un corte absolutamente radical.
Hace un instante, escuchamos a la diputada Isabel Allende hacer un enardecido recuento de lo que para ella es la historia. ¿Hasta cuándo vamos a conocer la historia de un solo lado? La historia de Chile no se puede seguir escribiendo con la mano y borrando con el codo. La Concertación ha hecho todo lo posible por borrar la historia. Gracias a Dios, dentro de ese sector todavía hay personas sensatas. Por ejemplo, están las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza , que dijo que Pinochet dejó una huella en Chile y en Latinoamérica. En esa línea, precisó que cuando se recuerda el golpe de 1973, normalmente se tiene la idea de que el país marchaba en plena alegría y entusiasmo en la dirección del socialismo, pero que eso no era así, porque éramos una sociedad profundamente dividida y el gobierno era minoría. Agregó que si bien un porcentaje importante de la mayoría opositora no quería esa clase de golpe, la mayoría estaba contra el gobierno, y que ésa era la realidad. Eso es lo que dice el propio ex ministro del Interior, José Miguel Insulza , lo que, obviamente, contrasta con las expresiones del actual ministro del Interior, que se refirió al ex general Pinochet como un dictador que se enriqueció, y otras cosas. La Presidenta no cuestionó en ningún momento esas expresiones; más bien las acató.
Es muy difícil que algún día logremos la reconciliación si empezamos a contar la historia a partir de 1973 y olvidamos la historia pasada. Además, después de leer las declaraciones del ex ministro Insulza he recibido mucha correspondencia, entre ella, de muchos jóvenes que, aunque parezca increíble, se han tomado la molestia de estudiar la verdadera historia de Chile.
Hay un libro que se llama “Desde las cenizas”, escrito por un autor estadounidense, que empieza por recordar la historia desde mucho antes. Afortunadamente, hay historiadores que son de uno y de otro lado y unos más objetivos que otros. También está la historia de Gonzalo Vial, que fue mi profesor de historia en la universidad y que sigue escribiendo. Por ejemplo, para no citar cosas que podrían ser subjetivas, recuerda cuando el general Pinochet asumió la dirección del golpe militar, en 1973, a última hora, sin haberlo planeado. Es probable que no lo haya hecho para no perder su cargo; pero, de hecho, su decisión impidió la división de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, una guerra civil. Según el general Prats , una guerra civil habría costado 500 mil vidas; sin embargo, era impulsada con mucho entusiasmo por guevaristas, miristas, por los del Mapu, por los de la IC y por los del PS, muchos de los cuales merecen nuestro respeto porque perdieron la vida. Pero hay otros que son grandes personalidades y que hoy dicen que se equivocaron. En eso, el general Pinochet no se equivocó.
De manera que la historia se sigue escribiendo de distintas formas; pero hoy, cuando ha muerto el general, vuelven a surgir las divisiones, se dice que no merecía que se le rindieran honores, que se debería haber efectuado un funeral chiquitito y más o menos rápido, sólo para salir del paso, y que debemos agradecer al Gobierno que haya permitido que se le rindieran honores militares y que los regimientos izaran la bandera a media asta.
Pero no ocurrió lo mismo con los humildes pobladores y con los partidos de la Alianza por Chile que también quisieron izar la bandera a media asta, pues les pasaron un parte y les ordenaron bajarla. Dicen que hay libertad de expresión y que ésta es lo más importante. Pero, ¿por qué hay libertad de expresión para los vándalos de la Alameda y no para quienes querían honrar al general Pinochet? ¿Por qué no se le dio permiso a ese 43 por ciento de chilenos que lo apoyaron en octubre de 1988? ¿Por qué no los dejaron expresarse? La verdad es que la tolerancia, el respeto a las diferencias, el derecho a expresarse, son derechos que le corresponden no sólo a la Concertación, sino también a todos nosotros.
Las manifestaciones para honrar a los muertos que no son de su agrado, simplemente deben ser acalladas o disminuidas a la más mínima expresión.
¿Por qué nosotros en la Cámara permitimos que ellos fueran a los actos en conmemoración del Presidente Allende y no les pusimos problemas? ¿Por qué permitimos que se hicieran los funerales de Gladys Marín sin poner problemas para que la sesión se retardara? Porque somos distintos, porque somos personas más generosas y tolerantes.
¿Por qué no pudimos conseguir que la Cámara no sesionara esa mañana, de manera de poder asistir a los funerales del general? Los parlamentarios que tenían ciento por ciento de asistencia la perdieron.
Se ha llegado a absurdos tan increíbles como que la Presidenta se disculpara con la prensa por las manifestaciones de los pinochetistas que estaban enojados con los españoles que dicen cualquier cosa, como el juez Garzón . Con razón están enojados con la prensa. ¿Por qué se disculpa con la prensa y no se disculpa con los carabineros a quienes sus vándalos de banderas rojas atacaron a piedrazos en las calles y resultaron heridos en las manifestaciones frente al monumento de Allende? No, hay que disculparse con la gente que dos o tres personas de la Derecha han denostado.
Hay una cadena grande de venganza, que persiste luego de la muerte del general: la negación de un funeral con honores de ex presidente, la declaración del ministro del Interior, la autorización a los sectores de extrema Izquierda para realizar el homenaje paralelo a Allende.
El homenaje a Allende debe haber sido para agradecerle, porque gracias a él tuvimos a Pinochet; o para recriminarle que por su culpa hubo un gobierno militar; pero no, había que hacerle un gran homenaje.
Hubo sanciones a los privados por izamiento de la bandera, persecución mediática, presión al Ejército para castigar al nieto por decir la verdad. A lo mejor, hay consenso en que el nieto del general Pinochet se saltó el conducto regular y deliberó, pero lo que dijo fue una verdad del porte de una catedral. Es su nieto y dijo la verdad absoluta: que había una persecución de un juez que buscaba intereses personales todos sabemos que se refería al juez Guzmán y que el general Pinochet liberó a Chile del comunismo y del marxismo, expresión que no le gustó a la ministra de Defensa. Dijo la verdad. Obviamente, hay una persecución política.
En todo caso, debe ser bien difícil llamarse Augusto Pinochet y pasar inadvertido. Pero bien hizo él y el presidente de nuestro partido así lo dice, al hablar desde el corazón; tenía derecho a hacerlo. ¿Por qué no dejarlo? Por lo demás, harto lo han herido.
¿Qué pasó con la gente? Que salió a la calle como nunca el Gobierno pensó que iba a salir. Desbordaron las calles, y habrían sido muchos más si no hubiera sido día de trabajo y si en las poblaciones no los hubieran asustado con la amenaza de que les iban a pegar y si hubiésemos estado en un lugar más grande, con más espacio, sin tener que esperar más de diez horas para poder ver por una décima de segundo su féretro y despedir al general Pinochet .
No cabe duda de que en la Concertación están heridos y sorprendidos, porque creían que éramos un sector muy minoritario, como señalaban a la prensa algunos parlamentarios y ministros.
No somos un sector minoritario; seguimos siendo casi la mitad de Chile, tal como en octubre de 1988.
El pinochetismo despertó, porque la gente está ansiosa de un líder que diga la verdad, diferente de los líderes de la Concertación.
La pregunta que me hago es: ¿qué va a pasar en Chile el día que muera Fidel Castro ? ¿Qué honores le van a rendir? Porque Castro es más famoso que Pinochet como bueno en el mundo. Miren las contradicciones, los dobles estándares, supuestamente Castro es bueno y el general Pinochet es malo.
¿Cuánta gente ha muerto, cuántos abusos a los derechos humanos ha habido en Cuba? ¡Dios mío! Si es una cosa increíble, ya se dijo antes acá, más de cien millones han caído muertos, abusados, atropellados por culpa del comunismo en los últimos cien años.
Pero a Fidel Castro le van a poner alfombra roja, lo van a celebrar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es comunista.
¿Por qué tanto odio al general Pinochet? Porque fue un líder de Derecha.
La Presidenta dice que lo que dividía a los chilenos era la figura de Pinochet. Bueno, nosotros también tenemos memoria y le recordamos que el clima de violencia, al que se refirió cuando dijo su discurso, se instaló en el país antes del 11 de septiembre de 1973, tras años de sembrarse el odio y el resentimiento.
Voy a recoger las palabras de la diputada Isabel Allende . Nosotros no tenemos susto de decir nunca más, no queremos que nunca más pase esto en Chile, pero tampoco queremos que nunca más haya una Presidenta que con sus ideas de izquierda, con sus ideas marxistas disimuladas, disfrazadas, vuelva a producir los odios y los resentimientos que se produjeron a fines de la década del 60. Lo recuerdo perfectamente bien, porque tenía edad suficiente para recordarlo. Ahí empezó el problema, no en 1973.
La verdad es que lamento que haya muerto gente injustamente, pero también siento a los militares y a la gente de las Fuerzas Armadas que está siendo injustamente procesada, acusada en procesos eternos, gastando todos sus pocos recursos en defenderse, sufriendo, sin saber qué les pasará el día de mañana. Hay cientos de militares inocentes, que estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada y que hoy están pagando culpas por órdenes que, a lo mejor, ni siquiera fueron del general Pinochet, como yo creo. A mi juicio, muchas malas órdenes no emanaron del general Pinochet, y no cuestiono el hecho de que algunas personas hoy estén procesadas y condenadas, porque creo que lo merecían, pero por culpa de esos dos, tres, cuatro o cinco, hay cientos de personas cuestionadas, entre ellos el propio general Pinochet, con cuatrocientas causas pendientes.
Ojalá el país tenga la grandeza de entender que cualquier causa que haya afectado al general Pinochet no tiene por qué pagarla su familia. Hay otros dictadores en el mundo cuyas familias nunca han sido cuestionadas. ¿Por qué va a tener que pagar la familia lo que supuestamente se le adjudica al general Pinochet? ¿Por qué sus hijos y sus nietos? Ellos no tienen nada que ver.
Tampoco tienen mucho que ver los militares que hoy están procesados y espero que los procesos de presuntas violaciones a los derechos humanos los tratemos en Chile. ¿Por qué tiene que ir la diputada Isabel Allende corriendo a buscar al juez Garzón para que venga de nuevo a crear problemas en nuestro país? ¿Por qué no resolvemos nosotros los chilenos nuestros asuntos? ¿Por qué no tenemos la grandeza de enfrentar la realidad, la verdad, desde el principio y hasta el final y resolver de una vez por todas los temas de derechos humanos? De esa manera podremos vivir en un país en paz, en tranquilidad, que se preocupe de los reales problemas de los chilenos y que no siga una Concertación que continúa alimentándose de lo que fue el gobierno militar.
Hoy somos muchos los chilenos que rendimos homenaje al ex Presidente Pinochet y ex comandante en jefe del Ejército. Creemos, más allá de los errores cometidos que no negamos que gracias a él este país es lo que es y no cayó en un comunismo marxista, como era la idea de la Unidad Popular de esos años.
Solicito que se haga llegar una nota de condolencias, con copia de mi intervención, a la familia del general Pinochet, en especial a su viuda, señora Lucía Hiriart de Pinochet .
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Se enviará lo solicitado por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.