Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- Karla Rubilar Barahona
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL A LA 115ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL, CELEBRADA EN GINEBRA.
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 19.995, SOBRE AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO.
- INTEGRACIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- German Becker Alvear
- Julio Dittborn Cordua
- Gonzalo Duarte Leiva
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Pablo Galilea Carrillo
- Enrique Jaramillo Becker
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Recondo Lavanderos
- Alberto Robles Pantoja
- Fulvio Rossi Ciocca
- Maria Antonieta Saa Diaz
- INTEGRACIÓN
- INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL A LA 115ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL, CELEBRADA EN GINEBRA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Carlos Montes Cisternas
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Ivan Paredes Fierro
- Jaime Quintana Leal
- INDICACIÓN
- DEBATE
- REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE TARJETA ADULTO MAYOR MULTIVÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Denise Pascal Allende
- Adriana Munoz D'albora
- Amelia Herrera Silva
- Gabriel Silber Romo
- Samuel Venegas Rubio
- Patricio Walker Prieto
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE LOS TELÉFONOS MÓVILES EN RECINTOS PENITENCIARIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Jaime Mulet Martinez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Rene Aedo Ormeno
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE TARJETA ADULTO MAYOR MULTIVÍA.
- VII. INCIDENTES
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOBRE PUBLICAM S.A. Oficios. (Artículo 51, N° 1, letra a).
- DEBATE
- CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAESA, DE CHILOÉ. Oficios.
- MAYORES RECURSOS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL, PAMMA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ÍTEM PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficios.
- CAMBIO DE DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- COBROS POR PRESUNTAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE EN VILLARRICA. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Gonzalo Duarte Leiva
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- SOLUCIÓN MÉDICA A PACIENTE DE HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Gonzalo Duarte Leiva
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- AUMENTO DE RECURSOS PARA OBRAS DE VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- AUMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN PROVINCIAS DE VALDIVIA Y OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A ESCRITOR JOSÉ TEIGUEL TEIGUEL. Oficios.
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOBRE PUBLICAM S.A. Oficios. (Artículo 51, N° 1, letra a).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 94ª, en miércoles 8 de noviembre de 2006
(Ordinaria, de 10.40 a 14.00 horas)
Presidencia de los señores Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Informe de la delegación del Congreso Nacional a la 115° Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrada en Ginebra11
Integración de comisión especial investigadora del cumplimiento de la ley N° 19.995, sobre autorización y fiscalización de los casinos de juego12
V.Orden del Día.
Regulación de la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Primer trámite constitucional13
Sustitución del artículo 443 del Código Penal. Primer trámite constitucional17
VI.Proyectos de acuerdo.
Ampliación y extensión de beneficios de Tarjeta Adulto Mayor Multivía38
Instalación de dispositivos controladores de los teléfonos móviles en recintos penitenciarios41
VII.Incidentes.
Solicitud de antecedentes a la Presidenta de la República sobre Publicam S.A. Oficios. (Artículo 51, N° 1, letra a)43
Cortes de energía eléctrica por empresa de electricidad Saesa, de Chiloé. Oficios44
Mayores recursos para programa de asistencia y modernización de la minería artesanal, Pamma. Oficio45
Información sobre ítem presupuestario de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Oficios45
Cambio de director regional de Vialidad de la Sexta Región. Oficios45
Cobros por presuntas instalaciones domiciliarias clandestinas de agua potable en Villarrica. Oficios46
Solución médica a paciente de hospital regional de Temuco. Oficio46
Aumento de recursos para obras de vialidad en la provincia de Osorno. Oficio47
Aumento de recursos presupuestarios para la recuperación de suelos degradados en provincias de Valdivia y Osorno. Oficio48
Reconocimiento a escritor José Teiguel Teiguel. Oficios50
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en los siguientes proyectos:
Tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauce. (boletín N°426607).
Modifica el Código penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano. (boletín
N° 426707)51
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia dictada en los siguientes casos:
2.Rol N° 5152006, sobre recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, presentado por don FranciscoSepúlveda Hernaiz.55
3.Rol N° 6332006, referido al proyecto de ley que concede bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales que indica. (boletín
N° 406405)75
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación.
De la diputada señora Rubilar, doña Karla, por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto que “modifica los artículos 397 y 398, del Código Penal, en relación con el contagio de enfermedades” (boletín N° 4364-07).
2.Oficios.
Contraloría General de la República:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, irregularidad en sumario a profesionales y ascensos en carrera funcionaria en Instituto de Seguridad Pública, y destino de fondos asignados para mejorar gestión.
Ministerio de Interior:
Diputado Espinosa, don Marcos, creación de unidad de salud mental en Calama ante aumento de suicidios juveniles.
Diputada Isasi, terrenos enajenados en Iquique a Corporación de Desarrollo Humano, y subsidios otorgados a la misma.
DiputadoDelmastro, aumento de desaparición de jóvenes en el país.
DiputadoSafirio, pavimentar calles, localidad de Pillalelbún.
DiputadoEgaña, instalación de Comisaría en comuna de San Pedro de la Paz, VIII Región.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, mejorar iluminación de población Santiago, comuna Estación Central.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, deterioro en calle Los Clarines, frente al N° 648, comuna de Cerrillos.
DiputadoMonckeberg, don Nicolás, arreglar camino entre Comiyabún y Paredones, comuna de Ñiquén; financiamiento para instalar agua potable en sector Los Sauces, comuna San Nicolás y agilizar recursos para Comité de Agua potable Hernán Brañas.
Diputado Barros, garantías para que comunidad exprese su opinión a construcción de emisario de aguas servidas en Pichilemu.
DiputadaSepúlveda, doña Alejandra, retén móvil para sectores rurales donde opera Plan Cuadrante.
DiputadoChahuán, ubicación exacta de antena de radiocomunicaciones de Carabineros en la población Borinquen.
DiputadoJaramillo retén móvil de carabineros para Futrono.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Proyecto de Acuerdo N° 177, protocolo que regula suministro de gas natural procedente de la República Argentina.
Proyecto de Acuerdo N° 223, rechazo a prueba nuclear efectuada por República de Corea del Norte.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Proyecto de Acuerdo N° 65, facultades al Servicio Nacional de Turismo para control del transporte turístico.
Ministerio de Defensa Nacional:
Oficios pendientes. A disposición de los señores diputados. (6855/4091/1)
Ministerio de Obras Públicas:
DiputadoJaramillo, construcción del Cuerpo Militar del trabajo en comuna de Corral.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
DiputadoEgaña, irregularidades en Caja de Crédito Prendario de Concepción.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, antecedentes de empresa contratista “Inspecciones y Proyectos Ltda.”
Diputado Correa, sobre presuntas irregularidades en la Caja de Compensación Los Héroes, en la provincia de Curicó.
DiputadoGarcía, ejecución de Programas Proempleo y Puente en Curarrehue.
Diputado EnríquezOminami, modificación de sistema de pensiones por capitalización individual.
DiputadoMonckeberg, don Nicolás, cotizaciones pendientes de doña Eufrosina Arias Muñoz.
Programa de Empleo en Arica. a disposición de los señores diputados. (1527)
Ministerio de Salud:
DiputadoKast, sobre plaga de moscas que afecta al hospital El Pino, de Los Morros.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, funciones que ha desempeñado el Dr. Juan Quintana Bustos en ese Ministerio.
DiputadoBurgos, construcción de hospital Salvador Infante.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
Diputado Barros, reparación de Avenida 18 de Septiembre, comuna de Chépica.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
DiputadoRobles, proyecto de ley sobre creación de direcciones regionales del adulto mayor.
DiputadoSilber, sobre saneamiento de la cuenca de Santiago, presentado por la Empresa Aguas Andinas S.A.
Ministerio de Planificación y Cooperación:DiputadoGarcía, postulación a proyecto de riego 168, comunidad indígena Juan Blas Aburto, de Loncoche.
DiputadoDelmastro, entrega de tierra a comunidades indígenas en comuna Lanco.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, el senador Hernán Larraín.
Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió la diputada señora Carolina Goic Boroevic.
Diputada en misión oficial señora Amelia Herrera Silva.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 89ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 90ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL A LA 115ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL, CELEBRADA EN GINEBRA.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado señor Carlos Abel Jarpa , a fin de que rinda el informe de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 16 y el 18 de octubre del año en curso.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en nombre de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial realizada en Ginebra, Suiza, integrada por los senadores José Antonio Coloma , Presidente, y Nelson Ávila , y por la diputada señora María Antonieta Saa y los diputados Felipe Salaberry y quien habla, paso a informar sobre los puntos tratados en dicho evento.
Sólo voy a hacer un resumen del extenso y preciso informe que elaboró la secretaria de la delegación, señora Jacqueline Peillard.
Los dos puntos de emergencia propuestos para ser tratados en la asamblea fueron, primero, las explosiones nucleares realizadas por Corea del Norte y, segundo, la construcción de un muro en la frontera con México, acordado por el Presidente de los Estados Unidos de América. Sometidos a votación, se resolvió que el punto de emergencia a tratar debía ser la situación de Corea del Norte.
Debo resaltar que en la redacción de este punto participó activamente nuestra colega María Antonieta Saa. En síntesis, se refiere a la necesidad de evitar los experimentos con armas nucleares y que los países cumplan el tratado de no proliferación de armas nucleares.
Como ustedes saben, una de las comisiones permanentes es la de Paz y Seguridad Internacional, en la cual participaron el senador Juan Antonio Coloma y quien habla. Se analizó el tema del terrorismo que atenta contra la paz mundial y, en relación con la seguridad internacional, se trató lo relacionado con la energía y los problemas que puede suscitar su transporte. La comisión terminó su cometido con 28 considerandos y 33 puntos. Uno de los más importantes se refiere a la creación de un fondo en beneficio de las víctimas de los atentados. En el análisis de los problemas relativos a la energía, me tocó participar junto con el senador Juan Antonio Coloma. Señalamos que una de nuestras preocupaciones era, precisamente, cómo obtener una energía cuyo abastecimiento esté asegurado, que sea lo menos contaminante posible y a un bajo costo.
Éstas fueron las materias tratadas en la comisión de Paz y Seguridad Internacional.
En la segunda comisión permanente participó nuestra colega María Antonieta Saa. En ella se discutió el desarrollo sustentable y el desarrollo y crecimiento experimentado por los diversos países durante el último milenio. Se analizó la preocupación que deben tener los gobiernos para terminar con la indigencia y para superar la pobreza.
El trabajo realizado por esta comisión permanente generó 25 considerandos y 39 puntos, entre los cuales el más importante es el relativo a la creación de un fondo de estabilización, con el 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto, a fin de cumplir las metas del milenio.
Nuestra colega María Antonieta Saa señaló que le parecían insuficientes los temas planteados en las Naciones Unidas relacionados con la pobreza, dando a conocer lo que nuestro país ha hecho, precisamente, para ir en ayuda de los indigentes y de las personas afectadas por la extrema pobreza. Se refirió al programa Chile Solidario, gracias al cual más de 100 mil familias han logrado superar su situación de indigencia, llegando a límites de mínima pobreza. En el ámbito de la salud, se refirió al Plan Auge, y en lo relativo a la educación, a la reforma constitucional en virtud de la cual la enseñanza es obligatoria y gratuita hasta los 21 años.
Con respecto a la comisión de Democracia y Derechos Humanos, participó en ella el senador Nelson Ávila y el colega Felipe Salaberry. El cometido de esa comisión se plasmó en 14 considerandos y 18 puntos. Uno de los más importantes fue el relativo a la creación de un manual de derechos humanos. Asimismo, hubo especial preocupación por el desaparecimiento de personas. En este tema, intervino el senador Nelson Ávila , que se refirió a la situación ocurrida en nuestro país, relacionada con los detenidos desaparecidos, con las fosas clandestinas y con los esfuerzos que está haciendo la justicia, los cuales hasta ahora han sido insuficientes para lograr encontrar sus restos. Asimismo, señaló que, a su juicio, era muy importante la creación de una Corte Penal Internacional. Al respecto hay un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, estando pendiente su discusión en el Senado.
Por su parte, el diputado Felipe Salaberry se refirió a los esfuerzos realizados para reforzar el respeto por los derechos humanos. Mencionó la Comisión de Verdad y Reconciliación Comisión Rettig, la Comisión Valech, sobre los torturados y la Mesa de Diálogo. Asimismo, se refirió a la aprobación de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ésa fue la participación de nuestros parlamentarios en las comisiones permanentes de la Asamblea y ésos son, en síntesis, los puntos tratados en la 115° Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial.
He dicho.
-Aplausos.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 19.995, SOBRE AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO.
El señor LEAL (Presidente).-
Propongo integrar la Comisión Especial Investigadora que deberá evaluar las disposiciones de la ley N° 19.995, sobre autorización y fiscalización de los casinos de juego, con los diputados señores Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Germán Becker, Julio Dittborn, Gonzalo Duarte, Francisco Encina, Pablo Galilea, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini, Carlos Recondo, Alberto Robles, Fulvio Rossi y la diputada señora María Antonieta Saa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, de origen en moción, que establece normas sobre crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Fernando Meza.
Antecedentes:
Segundo Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales, y Medio Ambiente, boletín N° 2696-12, sesión 86ª, en 12 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente me ha encomendado informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, acerca del proyecto originado en moción de los ex diputados señores Leopoldo Sánchez y Mario Acuña , que establece normas sobre la crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos.
La iniciativa pretende normar la responsabilidad los dueños de estos animales ante los daños eventuales que puedan ocasionar, como sucede en otras legislaciones a nivel mundial, dentro de un contexto de protección de la integridad física de las personas.
Hay que destacar la importancia de legislar sobre esta materia, en atención al aumento de ataques de perros a personas, con consecuencias ampliamente conocidas por la opinión pública y en razón de que ha crecido el interés por adquirir y adiestrar perros de ciertas razas para defenderse de la delincuencia.
Cabe recordar que, de acuerdo con el primer informe de la Comisión, sólo en la Región Metropolitana alrededor de treinta mil personas sufren mordidas anualmente. A lo largo y ancho de Chile, se producen cada año más de cien mil mordeduras; de ellas, el 50 por ciento por perros potencialmente peligrosos, ocasionando lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de personas. Entre estos perros, sin ánimo de satanizarlos, se encuentran los rottweiler, los pit bulls y los dogos argentinos.
El proyecto no está en contra de la tenencia de estos perros, sino que apunta a que los amos sean responsables de su crianza y tenencia.
Para materializar esta idea matriz, durante el primer trámite reglamentario se aprobaron muchas disposiciones. Por ejemplo, se numeraron las razas de perros que se consideran peligrosos potencialmente, cualquiera sea su edad y se establece la obligación de que sus dueños los inscriban en un registro público, para que obtengan un carné que acredite y les autorice a realizar su adiestramiento, crianza y tenencia.
Los propietarios de estos perros deberán adquirir un seguro de responsabilidad civil, porque no es justo que cada vez que un perro muerde a una persona ésta tenga que cubrir los gastos médicos ocasionados por la mordida, porque hasta ahora no se exigía seguro por los daños que pudieren ocasionar estos animales.
El proyecto también establece normas sobre albergue para estos perros, que deben ser adecuados y seguros, para que no se fuguen a la vía pública con el consecuente peligro para la integridad de las personas.
Es frecuente ver a los amos paseando a sus perros sin correa ni bozal. El proyecto determina que un reglamento establecerá la obligación de sacar a sus mascotas con correa y bozal, de manera de asegurar la integridad física de las personas ante un eventual ataque.
Además, se especifica que todas las disposiciones anteriores se aplicarán a las personas naturales y jurídicas que se dedican a la crianza y adiestramiento de los perros.
Varias asociaciones, veterinarios y otras personas han escrito a los miembros de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, con el objeto de que no dejemos pasar algunas consideraciones importantes a la hora de promulgar este proyecto, de manera que no perjudique la tenencia de perros que no son potencialmente peligrosos.
Por ejemplo, el artículo 5° del proyecto señala que se facultará al juez de policía local para que disponga el sacrificio, mediante métodos indoloros, de los perros que constituyan un inminente o grave riesgo para la salud e integridad de las personas. Ojalá el Senado disponga que no sólo se faculte al juez de policía local, sino que sea una persona entendida en la materia la que disponga el sacrificio de estos animales.
Por último, respecto de las sanciones sobre quienes contravengan las normas del proyecto, en este segundo trámite reglamentario se aprobaron varias indicaciones.
En primer lugar, se reemplazó el artículo 1°, con el propósito de especificar los criterios que permiten considerar a un perro potencialmente peligroso.
¿Cuáles son estos criterios? Que los perros hayan atacado a personas o a otros animales; que a juicio de la autoridad sanitaria muestren un comportamiento agresivo; que hayan sido adiestrados por sus amos para la defensa y el ataque; que pesen más de 35 kilos, cualquiera sea su edad; que pertenezcan a determinada raza.
Finalmente, se incorpora un nuevo artículo, a través del cual se consideran sanciones privativas de libertad y pecuniarias, diferenciadas según si se ocasionare la muerte de la persona o se la afecte con lesiones graves o leves. La pena pecuniaria, que puede llegar a cien unidades tributarias mensuales, puede ser cambiada por trabajos para la comunidad, según lo determine el juez de garantía o el tribunal oral.
Los perros potencialmente peligrosos representan una parte del problema que ocasionan estos animales en nuestro país. En este caso en particular, sería bueno recordar a la Sala que en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente hay cinco proyectos pendientes relacionados con estas materias.
La iniciativa se circunscribe específicamente a un hecho muy puntual: establecer normas sobre la crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos.
Entre los cinco proyectos de ley que mencioné figura uno del diputado señor Enrique Estay , que se relaciona con la situación de los perros vagos, aspecto que también constituye una preocupación ciudadana.
En el informe que los honorables colegas tienen sobre sus escritorios, aparece en detalle el contenido del proyecto. En consecuencia, no me resta más que llamar a la Sala a aprobarlo, si lo estima pertinente, con el objeto de poner fin a lo menos en parte a la alarma pública debido a los más de 100 mil ataques que ha sufrido la ciudadanía a causa de la acción de ese tipo de animales.
Insisto en que la iniciativa no apunta en contra de los animales, sino de los amos irresponsables cuyo descuido posibilita la ocurrencia de esos ataques.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, como expresó el diputado informante, señor Fernando Meza , la iniciativa no apunta en contra de la tenencia de ciertos perros potencialmente peligrosos, sino a entregar una señal en relación con la responsabilidad que debe existir en quienes tienen ese tipo de canes.
El proyecto responde a un problema real: la peligrosidad y gravedad que eventualmente puede significar el ataque de ese tipo de perros.
Los autores de la iniciativa y quienes adherimos a ella, no estamos en contra de los perros, pero, a mi juicio, se debe reconocer un hecho: esos perros no son mascotas de compañía, sino que su tenencia responde a la necesidad de contar con algún resguardo ante la elevada cantidad de delitos y de atentados contra la seguridad que se cometen en la actualidad.
En verdad, me siento casi autor del proyecto, originado en moción de los ex diputados señores Leopoldo Sánchez y Mario Acuña. Nos propusimos sacarlo adelante, a fin de dar una señal clara a la comunidad sobre la necesaria responsabilidad que debe existir para la tenencia de ese tipo de animales. No queremos estigmatizar raza alguna, sin perjuicio de lo cual creo necesario aclarar que las mencionadas en el proyecto son potencialmente peligrosas desde su nacimiento, y todo depende de quienes los críen y de la forma como se desarrollen. Según algunos estudios, como el realizado por el departamento de Psicología de la Universidad de California, se ha podido establecer que quienes tienen esa clase de canes presentan condiciones personales muchas veces asociadas a niveles de peligrosidad.
En mi opinión, es necesario dar una clara señal en cuanto a la responsabilidad que debe existir en relación con la tenencia no sólo de ese tipo de perros, sino, en general, de cualquier mascota.
En otro orden de cosas, también es necesario abordar el problema que representan los perros vagos, porque no es posible que se repitan caso como el ocurrido en Antofagasta, donde tuve que presentar un recurso de protección a fin de poner coto a ese problema tras la muerte de un niño atacado por una jauría de canes vagos. Según la normativa legal vigente, la responsabilidad en la materia recae en el servicio de salud correspondiente y en las respectivas municipalidades.
La iniciativa puede ser perfeccionada. Al respecto, muchos diputados hemos recibido correos electrónicos con propuestas sobre la materia, incluso de instituciones asociadas al cuidado y tenencia de perros. En muchos de dichos correos se sostiene que tal vez la solución al problema pasa por impedir la reproducción e internación al país de perros de las razas indicadas.
El artículo 2° establece la creación de un registro público en el cual deberán ser inscritos los perros de las razas cuestionadas. A lo mejor, en un comienzo será difícil que los tenedores de esos animales quieran inscribirlos en dicho registro. Por eso, reitero, el proyecto apela a la responsabilidad de quienes deseen tener perros potencialmente peligrosos. En el inciso segundo se establece que, al momento de su inscripción, los dueños deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil por los daños que el perro pueda ocasionar a terceros.
El artículo 3° dispone que los perros potencialmente peligrosos deberán ser albergados en instalaciones seguras y resistentes, que impidan su huida. La norma se justifica, porque en la actualidad muchos ataques ocurren debido a que los perros saltan las rejas de la casa o asoman su cabeza por entre ellas y atacan a personas inocentes.
El artículo 5° establece que en caso de grave e inminente riesgo para la integridad y salud de la población, el juez de policía local correspondiente podrá disponer el sacrificio de perros mediante métodos indoloros.
Por su parte, el artículo 7° establece las sanciones para los infractores de la ley.
Reitero que el proyecto no tiene por objeto estigmatizar determinadas razas de perros o actuar en contra de su tenencia, sino que busca que los tenedores de dichos animales asuman su responsabilidad.
El proyecto puede ser perfeccionado, pero como se encuentra en su segundo trámite reglamentario, no podremos presentar indicaciones a fin de que vuelva a la comisión técnica. Por lo tanto, creo que lo mejor es aprobarlo y despacharlo al Senado, de manera que en el segundo trámite constitucional se le introduzcan las modificaciones que corresponda.
La iniciativa es una buena señal, en especial para quienes han sufrido lesiones graves debido al ataque de perros peligrosos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a la Sala que en materia de indicaciones, sólo es posible reponer las que han sido estudiadas por la Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente, deseo formular algunos comentarios en relación con el proyecto.
Su artículo 1° dispone lo siguiente: “Son perros potencialmente peligrosos y, en consecuencia, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, los siguientes:
“a) Aquéllos, cualquiera sea su raza, respecto de los cuales se acreditare que hubieren atacado a personas u otros animales.”
En ese sentido, me parece pertinente señalar que la acreditación de que dichos animales hubieren atacado a personas o bien a otros animales, por lo menos debería constar en alguna denuncia policial en la que quede claramente establecida la identidad del perro, la de sus dueños o tenedores y las circunstancias en que se produjo el ataque. Además, se deberían constatar las lesiones causadas por ese ataque.
En honor al tiempo, no obstante algunas indicaciones que deseo presentar al proyecto en discusión, quiero referirme en forma especial al texto de la letra d) del artículo en comento, que señala que también son perros potencialmente peligrosos “Aquellos perros que sin importar su raza ni edad, pesen más de 35 kilos”. Yo peso 64 kilos y no soy potencialmente peligroso.
(Risas)
Creo que debería suprimirse la letra d) del artículo 1°, porque no hace excepciones e incluye perritos tan nobles como los San Bernardo, los Terranova.
Comerciales aparte, pero ¿quién no anda con zapatos Hush Puppie ? Los Basset Hound , por problemas de la vida, tienden a ser obesos y pueden llegar a pesar más de 35 kilos.
Diputado Forni , ¿cuánto pesa usted?
(Risas)
Justamente, pido que se suprima la letra d) del artículo 1°.
Por último, y esto es lo más jugado, pretendo que se agregue un nuevo inciso final al artículo 1° en relación con una serie de excepciones. Así, se exceptuarían de la aplicación de las normas contenidas en la futura ley a los perros que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, porque no se exceptúan los perros que cumplen una función coauxiliar de la administración de justicia o de la seguridad ciudadana.
Los perros que presten servicios en brigadas antidelitos, los perros de búsqueda o rescate y los perros lazarillos o aquellos que asistan a personas con discapacidad también deberían quedar exceptuados.
En resumen, espero que estas indicaciones se tomen en cuenta en la instancia que corresponda. Si no es aquí, será eventualmente en el Senado.
En el nombre de Dios, de la Patria y de nuestros hermanos perros, he dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, la verdad es que, de acuerdo con lo conversado en la Comisión, el proyecto viene discutiéndose por largos años. Por muchísimo tiempo se ha postergado la toma de decisión sobre el tema.
Cada vez que se produce un hecho trágico, como es la muerte de una persona, que la ha habido, desgraciadamente, de adultos, jóvenes y niños, o alguien sufre lesiones graves a raíz del ataque de perros, se presenta un proyecto de acuerdo o se plantea la necesidad de legislar sobre la materia.
Por eso, quiero pedir a mis distinguidos colegas que, de una vez por todas, asumamos la responsabilidad. La comunidad espera de nosotros que seamos responsables y regulemos la crianza, la tenencia y el adiestramiento de perros, ya que no es otra cosa lo que se busca con el proyecto.
De ninguna manera se pretende ir en contra de los perros. Todos tenemos mascotas; nuestros hijos han tenido mascotas. Se trata de regular la crianza, la tenencia y el eventual adiestramiento de animales que, por un aspecto de su raza, y aquí no voy a entrar a la discusión conceptual de si es por genética o herencia, son agresivos.
Lo concreto es que hay demasiadas evidencias de las personas que han resultado con graves daños, incluso han perdido la vida, como consecuencia del ataque de perros de gran agresividad.
A los diputados de la Comisión nos han bombardeado con correos electrónicos para que digamos no al proyecto. Por eso, es una buena oportunidad para reiterar que no estamos en contra de los animales, menos contra los perros. Pero creemos que si la decisión de tener una mascota es voluntaria, por compra o regalo, es de responsabilidad del que la tenga que el animal no se constituya en un peligro o amenaza para el resto de la comunidad.
Por estas razones, solicito a los colegas que apoyen el proyecto, respecto del cual, desde ya, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señoras y señores diputados, he recibido, de parte de parlamentarios de diversas bancadas, Alejandro García Huidobro , Juan Bustos y otros, la petición de enviar el proyecto de nuevo a la Comisión, porque hay una serie de indicaciones.
Si las tratáramos en la Sala, sólo se podrían reponer las que han sido rechazadas en la Comisión.
Hay quince diputados inscritos.
¿Habría acuerdo para suspender el debate y acceder a esa petición?
Acordado.
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los proyectos de ley refundidos, de origen en mociones, que tipifican el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces, y que modifican el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletines números 4266-07 y 4267-07. Documentos de la Cuenta N° 1 de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, por mandato de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debo informar acerca de las modificaciones que este proyecto tuvo en su segundo informe.
En primer lugar, a sugerencia de varios diputados, entre ellos el señor Bustos , se introduce al artículo 443 del proyecto una modificación por la cual, en relación con los medios de comisión de los delitos, se mantienen los ya establecidos en el mismo artículo. El proyecto original se remitía en este aspecto al artículo 442 del Código Penal. La sugerencia de los diputados y de la Comisión, compartida y aprobada en forma unánime, fue que esa remisión al artículo 442 limitaba los medios de ejecución de los delitos y, por tanto, la disposición podría ser bastante impracticable. En otras palabras, la Comisión consideró que debían mantenerse todos los medios de ejecución que actualmente establece el Código para estos delitos.
La segunda indicación tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo. (Debo destacar que el Ejecutivo presentó indicaciones y las defendió; por consiguiente, la Comisión de alguna forma celebra esa contribución).
El Ejecutivo introdujo el siguiente inciso tercero al artículo 443: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”, con lo cual se reemplaza el inciso tercero del proyecto original que establecía: “En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado.”
Esta indicación fue acogida por la mayoría de la Comisión. Básicamente, reconoce también el principio de que al sustraerse material existen dos bienes jurídicos dañados. Sin embargo, a nuestro juicio por eso lo aprobamos, la escala de penas y la coherencia de las mismas se queda más fortalecida con esta indicación.
Al respecto, hubo una posición minoritaria de la Comisión en el sentido de que el artículo estaba de más y que había que eliminarlo. Por lo mismo, se rechazó la indicación del diputado Ascencio para suprimirlo.
Asimismo, se analizaron dos indicaciones adicionales. Una, de la diputada señora Amelia Herrera , y de los diputados señores Chahuán , Delmastro , Duarte , González , Hales , Saffirio , Roberto Sepúlveda , y Urrutia, en cuanto a incorporar ciertas regulaciones a las empresas de suministro público o domiciliario cuando se produzcan sustracciones de materiales.
Sin entrar a pronunciarse sobre el fondo de esa indicación, la posición mayoritaria de la Comisión fue que éste no era el cuerpo legislativo en el cual debía incorporarse su texto, dado que serían más bien regulaciones a las empresas proveedoras que nada tienen que ver con el delito de sustracción de materiales, establecido en el Código Penal, que permiten el servicio domiciliario. Por lo tanto, más que por una razón de fondo, porque la Comisión no entró a discutir el fondo de la misma, se sugirió, a los autores de la modificación, promoverla en otra iniciativa.
Finalmente, se rechazó una indicación que propuse y sobre la cual insistí; pero fue rechazada por la Comisión durante su primer y segundo informe.
En esa indicación sostengo que, para los efectos de la sanción, al igual como en el caso de robo con violencia, la presunción que existe de que se tenga como consumado ese delito desde que comienza su ejecución, es decir, desde el grado de tentativa, también se aplique a los casos de substracción o robo de cables y de materiales metálicos o de suministro de servicios. Hoy, cuando se produce ese delito, muchos de los sistemas de seguridad se activan antes de que se consuma y, por tanto, las sanciones que se aplican son muy bajas. Establecí esa presunción, la cual no fue acogida por la Comisión; pero quiero dejar constancia de ella para que, ojalá, se tenga en cuenta en la tramitación del proyecto en el Senado.
A modo de conclusión, el informe, en la gran mayoría de los casos, se aprobó por unanimidad; en otros, por mayoría y, a mi juicio, el proyecto de ley queda en condiciones de ser despachado y constituye una contribución clara a la fiscalización y sanción de un delito que ha aumentado enormemente en el país, cerca de 900 por ciento en los últimos tres años.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el honorable diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, a mi modesto entender, en la discusión en general hubo algunas cuestiones que no quedaron suficientemente claras.
No hay duda de que los autores de las mociones han tenido la buena idea de legislar sobre este asunto. Sin embargo, no puede decirse que no se ha legislado al respecto. Nadie puede sostener que en Chile es impune el robo de este tipo de elementos, pues está claramente tipificado; pero, obviamente, se requería modernizar una norma que adolecía de obsolescencia, atendido el progreso del país y las circunstancias actuales relacionadas con el suministro de los servicios públicos.
La primera precisión es que la idea original, que era muy bien intencionada, pero que, a nuestro juicio, adolecía de algunos problemas de técnica legislativa, pretendía establecer más bien una sanción casuística de ciertos hechos. En el exordio del informe se habla de tapas de alcantarillado o de cauces. Eso se eliminó y se optó por otro camino que me parece mucho más prudente desde el punto de vista de técnica legislativa. El proyecto fue enriquecido transversalmente y hubo voluntad de sus autores para no engolosinarse con una moción original y aceptar proposiciones. Además, en la sesión de ayer, el Ejecutivo presentó una buena indicación que salva uno de los problemas que planteó el diputado Ascencio , quien había optado por la supresión del inciso. Su indicación fue rechazada, es cierto, pero teniéndose a la vista también que la indicación del Ejecutivo rompía la lógica de una pena absolutamente más allá de lo normal, de lo que originalmente establecía.
En esa virtud, a mi juicio, es bueno hacer un intento pedagógico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sancionando con una pena que va de 541 días a cinco años. El juez, a partir del tipo penal que estamos modificando, si llega a la conclusión de que hay participación punible, podrá aplicar a los autores una pena de presidio que va desde un piso de 541 días a un techo de cinco años.
Por cierto, si concurren circunstancias agravantes o atenuantes, la pena podrá ser más alta o más baja; pero, en general, ese es el rango que establece el legislador. Y es la misma pena no hay modificación en esto, porque el artículo 443 actual remite su penalidad al artículo anterior, el 442, que establece que el robo en lugar no habitado, se castigará con presidio menor, en sus grados medio a máximo, o sea, de 541 días a cinco años. Es la misma pena.
Las modificaciones pretenden establecer con más precisión, como lo hace el artículo 443, los objetos del delito. Así, dispone que se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, porque el robo en sitios destinados a la habitación está sancionado en otros artículos. Es decir, se establece una condición más genérica respecto del lugar donde puede ocurrir el ilícito. Igual condición se señala en su inciso segundo, respecto del tipo de objeto que es materia de este delito. La enumeración actual del artículo 443 es más casuística. Por tanto, se corría el riesgo de que alguna figura quedara fuera por no estar considerada.
El inciso segundo del artículo 43, que se propone, establece: “Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como meramente ejemplar electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro”.
La novedad está en que se le agrega un inciso tercero que dispone: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo”. Es decir, a raíz del delito se produce una consecuencia social compleja, porque quien roba un cable sabe que va a interrumpir el servicio está dentro de las posibilidades reales la penalidad pasa al grado máximo que señalamos, es decir, de tres a cinco años. No es que se aumente la pena, sino que el juez está obligado, cuando el delito tiene esa consecuencia, a aplicarla en su grado máximo.
Se agrega, en un inciso cuarto nuevo, que también se aplican las mismas penas, es decir, de 541 días a cinco años, al que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas. Ya es una figura distinta del autor o del coautor material; es otro, es un tercero, que conociendo el origen de la especie o no pudiendo menos que conocerlo, transporta el objeto robado para, eventual, comercializarlo. Ese hecho, más allá del negocio y de la receptación, constituye un delito que tiene cierta penalidad.
Por último, en el inciso quinto nuevo, se agrega una cuestión de carácter procesal que señala: “La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o transportar los elementos sustraídos. Si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, su clausura definitiva”.
La Comisión rechazó una indicación de un grupo de diputados, la mayoría de la Comisión de Economía, que, a mi juicio, es muy interesante, por cuanto señala que las empresas de suministro público o domiciliario no pueden hacer “rebotar” los costos del servicio en los usuarios cuando el suministro haya estado suspendido como consecuencia de la comisión de los delitos en cuestión. Pensamos que la ubicación de una norma de esa naturaleza en el Código Penal no tenía lógica legislativa. Por eso, nuestro rechazo fue de forma y no de fondo y quedó abierta la posibilidad para que los autores de esta buena indicación presenten una moción en tal sentido.
El proyecto contribuye, aunque el tema central respecto de estos delitos seguirá siendo la impunidad. Podríamos aumentar brutalmente las penas, pero si de la acción preventiva de las policías y de la punitiva de los fiscales no se desprende una decisión clara y precisa de perseguir a las bandas, nada habremos sacado. El tema central sigue siendo la capacidad del Estado de perseguir; de las policías de entregar pruebas a los fiscales y, de éstos, de presentarlas ante los jueces para poner atajo a estos delitos que causan graves daños a los usuarios, particularmente de los sectores más pobres de nuestras grandes ciudades.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el proyecto en debate nos recuerda lo que ocurría en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX, con el hurto o robo de las piezas del ferrocarril, de los rieles, de los durmientes, etcétera, con los consecuentes accidentes graves, algunos con resultado de muerte.
Es cierto que el hurto o robo de cualquier cosa mueble está penado. Es decir, desde el punto de vista estrictamente penal, no se necesitaba este proyecto. Sin embargo, la realidad actual, que nos recuerda repito lo que ocurría en las vías de los ferrocarriles, amerita legislar sobre la materia. En la Comisión tuvimos muy en cuenta que el hurto o robo de cable del tendido eléctrico público o privado produce la paralización parcial o total del suministro del servicio, ocasionando graves perjuicios a los usuarios. Es más, algunas compañías que no tienen concesión sino que son de carácter voluntario, como hay muchas en nuestro país, frente a estos robos piensan suspender totalmente el servicio, ya que los costos de reposición de cable son sumamente altos.
Por eso, habida consideración de la gravedad que revisten estos delitos para los usuarios, estudiamos el tema y revisamos todos los aspectos de carácter técnico del proyecto, que traía determinadas enumeraciones sumamente casuísticas.
Cuando en materia penal se es demasiado casuístico pueden quedar impunes otras conductas o la enumeración puede contener menos elementos que los que se quedaron fuera de ella.
Desde esa perspectiva, planteamos hacer una revisión a fondo del proyecto, para lo cual sostuvimos conversaciones con el diputado Nicolás Monckeberg y con todos los miembros de la Comisión en forma transversal, que es lo que hacemos habitualmente.
Por lo tanto, a pesar de que se volvió a estudiar y se aprobó el proyecto en la Comisión, por las dificultades técnicas que se producen cuando se introducen nuevas formas delictivas, que no contradigan otras disposiciones del Código Penal, no constituyan una repetición exagerada o no impliquen restricciones o problemas de pena respecto de otras normas, nos dimos cuenta de que había que revisar una serie de aspectos, tal como se señaló en la Sala. Por eso se presentaron varias indicaciones, entre las cuales figura la referida al inciso tercero, relacionada con la pena que se aplicará.
Desde esa perspectiva, cuando se sustrae, se roba o se hurta material de cobre de cualquier tipo del sistema domiciliario, ya sea telefónico, eléctrico, etcétera, evidentemente va incluido el corte parcial o total del suministro correspondiente, lo que afecta al usuario, razón por la cual se dispuso una sanción mayor, pues establecer una pena de un grado más, evidentemente iba en contradicción del contenido mismo de la figura. En consecuencia, en la Comisión quedamos de acuerdo en aceptar el planteamiento del Ejecutivo, que estaba dentro del marco penal ya establecido, cual era que el juez no tuviera la posibilidad discrecional de recorrer todo el marco penal.
De esa manera, se conjugaba tanto la idea de la sustracción como la de la gravedad de la suspensión del suministro al usuario. Más aún, como también lo advirtió el Ejecutivo, en lo que estuvimos de acuerdo, porque ya lo habíamos planteado en la Sala, eso podía ocurrir aun cuando el hecho quedara frustrado, es decir, que ya se hubiesen cortado los alambres de cobre, pero que no se hubiese producido su apropiación porque en ese momento fueron descubiertos y, por lo tanto, el delito estaba en grado de tentativa. Eso no quedaba comprendido totalmente en la disposición anterior, y por ello es más adecuada la redacción que propuso el Ejecutivo.
También surgió en la Comisión otra alternativa: dejar esto al llamado concurso aparente de leyes, ya que en otras disposiciones de leyes especiales sobre la materia se establecen los delitos para los casos en que se produce interrupción del suministro de ciertos servicios, pero advertimos que siempre se exigía que existiera malicia, lo que a veces impedía aplicar el concurso aparente de leyes. En virtud de eso, quedamos de acuerdo en establecer la pena en su grado máximo cuando se produjera la suspensión del suministro del servicio público, fuese por delito consumado o frustrado.
Todos los miembros de la Comisión estuvimos de acuerdo en forma transversal en que había que arreglar la redacción del inciso primero del artículo 443 propuesto primitivamente, que señalaba que el robo de cosas de propiedad pública o privada, que se encontraren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, se sancionaría con la misma pena establecida en el artículo 442 del Código Penal, si el autor incurriese en cualquiera de las circunstancias señaladas en ese artículo. La referencia final al artículo 442 restringe considerablemente sus alcances y reduce en gran medida su utilidad, ya que esa norma dispone que se castigará con presidio menor en sus grados medio a máximo, si se produce con escalamiento, fractura de puertas interiores, armarios o si se usan llaves falsas, etcétera, es decir, cuando se utilizan medios para la comisión del delito propios de lugares cerrados. Sin embargo, el robo de alambres de cobre se comete en bienes nacionales de uso público o en sitios no habitados, es decir, en potreros o lugares abiertos, por lo que los medios a utilizar para su comisión tienen que adaptarse a esos lugares y no a los que se señalan en el citado artículo 442, que, como dije, se refiere al robo con fuerza en las cosas, que es propio de los delitos cometidos en lugares cerrados.
Por eso, la Comisión se acordó mantener la redacción primitiva del artículo 443 respecto de este delito especial que se comete en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, ya que permitirá proteger el servicio público y a los usuarios.
Lamentablemente, la Comisión rechazó una indicación presentada en la Sala, que obligaba a las empresas a reparar el suministro del servicio sin cargo a los usuarios. No obstante, consideramos que esa disposición debiera mantenerse y por ello la hemos presentado nuevamente, ya que beneficia a los usuarios, que es lo importante.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, voy a solicitar votación separada del inciso tercero, para ser consecuente con lo que sostuvimos ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Entendemos que éste es un buen proyecto, que apunta en la línea correcta, pero seguimos insistiendo en que, más que una cuestión de legislación penal, esto es un problema de resorte de nuestras policías y del Ministerio Público. A mi juicio, el tipo penal ya está suficientemente sancionado, sin perjuicio de que, como señaló el colega Juan Bustos , se han planteado algunas modificaciones que permiten mejorar la actual redacción de este artículo del Código Penal.
Quiero insistir en lo que dije en mi primera intervención, lo cual he seguido sosteniendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: la indicación presentada ayer por el Ejecutivo al inciso tercero, en el sentido de establecer que, “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo”, me parece un despropósito que no guarda relación con el tipo penal, básicamente, por dos razones: en primer lugar, porque la persona que extrae el tendido eléctrico, público o domiciliario, o corta algún tipo de suministro, el resultado obvio del tipo penal, que es la apropiación, va a producir el corte del suministro. En consecuencia, estamos penalizando lo que va a ocurrir si se concreta el delito; es decir, si la persona que trata de apropiarse de los cables del tendido eléctrico logra su objetivo, obviamente, va a haber corte de suministro.
En segundo lugar, creo que hay elementos que se deberían tener presentes en el momento de determinar la responsabilidad penal en relación con la culpabilidad, básicamente por el dolo de la acción que demanda el tipo. El artículo busca castigar la apropiación, en cualquier forma, de los elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público y domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía y cualquier otro. Es decir, el dolo consiste en la apropiación; no busca el corte del suministro, sino que éste es una consecuencia de aquélla. Por una mala figura que adoptó el Ejecutivo en cuanto a propiciar esta indicación, penaliza una consecuencia del delito que, a mi juicio, debería quedar en un concurso de leyes y ser penalizada conforme a si se establece o no este concurso con las leyes especiales que existen sobre electricidad u otras.
Un tercer tema que me preocupa es que la redacción va a producir confusión en la interpretación del inciso tercero, porque cuando se señala: “si con ocasión de algunas de las conductas señaladas en el inciso anterior…”, y el inciso anterior habla de la apropiación, se podría entender que tendrá aplicación solamente en el caso de que se produzca la apropiación y no cuando haya tentativa o frustración. Creo que la redacción del inciso no es todo lo precisa que debería ser. Antes bien, pienso que debería suprimirse, porque hay un problema de culpabilidad en el juicio de reproche que debería hacer el juez cuando se sigue el proceso penal, tema que está suficientemente resuelto con el concurso de leyes y con los tipos especiales que existen en las diversas legislaciones.
Por lo tanto, solicito votación separada de este inciso, que la Cámara rechace esto y se mantenga una estructura armónica en la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, valoro el desarrollo que ha tenido el proyecto y la forma en que se han ido decantando las proposiciones iniciales para mejorar su alcance. Sin embargo, hemos repuesto una indicación que presentaron los diputados Chauán , Delmastro , González , Hales , Sepúlveda y Urrutia, en el sentido de imponer a las empresas de suministro público o domiciliario la obligación de reponer el servicio al usuario y de no cobrarle mientras está suspendido por efecto de este tipo de problemas.
Entonces, pretendemos que estas empresas, que tienen como responsabilidad el suministro público, en caso de robo de cables u otros elementos, no sigan cobrando y que repongan el servicio rápidamente, porque siguen cobrando al menos el cargo fijo, a pesar de que no han arreglado el problema. Nos parece muy necesario incorporar la indicación de la mejor forma desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Un tema tan importante como éste amerita ser tratado nuevamente en la comisión, con la finalidad de aprobar un proyecto consistente. No basta con sancionar a los que roban cables, tapas de alcantarillado o cualquier otro elemento relacionado con suministro de servicios, sino que se debe asegurar que las empresas correspondientes sigan proveyendo los servicios de manera adecuada, con lo cual se estimulará a las empresas para que tomen más medidas de protección respecto de cada uno de estos elementos. No podemos permitir que siga el robo de cables. Las empresas deberán buscar la manera de asegurar protección. A su vez, la justicia debe actuar, como se dijo en el primer informe, para asegurar que quienes compran los elementos robados sean sancionados rápidamente.
Por eso, en primer lugar, hemos repuesto la indicación.
En segundo lugar, solicitamos que la Sala acuerde remitir el proyecto a comisión para perfeccionar técnicamente la manera de incorporar este concepto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero convencer a los señores diputados de que pongamos atención a la protección de los usuarios de los servicios de utilidad pública y resolvamos por unanimidad la posibilidad de reponer la indicación que protege, particularmente en el caso de la telefonía; de lo contrario, aprobaremos un proyecto de ley para defender a las empresas. Dicho de otra manera, debemos procurar que no le roben a nadie. No se trata sólo de proteger a las empresas. No podemos defender a las empresas y dejar desprotegidos a los usuarios. Por eso, presentamos una indicación con el diputado Chauán.
A propósito del planteamiento que formulé en la sesión anterior, debo decir que en esto hay tres actores: primero, los que delinquen, que deben ser castigados con más fuerza, es decir, el que roba y el que comete el delito de receptación, lo que provoca que el cobre robado se venda a vista y paciencia de todos. Segundo, la empresa víctima del robo y, tercero, el usuario del teléfono, al cual se le suspende el servicio por culpa del ladrón, pero ante lo cual la empresa no responde, no repone el cable y dice que prefiere perder al cliente. Pero, además, en el primer tiempo cobra el cargo fijo porque la cuenta está vigente, aunque el cliente no esté usando el teléfono.
Si no le cobraran el cargo fijo, igualmente se debería exigir que la empresa reponga el servicio, porque la dueña de casa que tiene contratado el servicio telefónico, que paga su cuenta, no es culpable. No lo robó ella. ¿Por qué se castiga al usuario? ¿Por qué la empresa no responde como cualquiera otra? Si a alguien le roban el empalme de electricidad y le cortan el cable que se conecta a la red de distribución de su domicilio, estoy casi seguro de que cualquiera empresa de distribución repone el cable del empalme. En el caso de la telefonía, eso no sucede.
Lo que corresponde es que el proyecto vuelva a la Comisión a fin de renovar la indicación, la cual no tiene nada que ver con algo político o partidario, sino que cuenta con un apoyo transversal.
Además, es razonable que se establezca en la normativa legal que el delincuente debe ser tratado con dureza y firmeza, y aplicarle una mayor sanción. Pero también debe existir responsabilidad desde el punto de vista empresarial, ya que la empresa sigue gozando de las platas que el usuario le está pagando por el servicio prestado y que le fue cortado por el robo de cables. En ese caso la empresa debe responder, porque el cable no fue robado desde el interior de la casa del usuario. Distinto sería si a éste le roban el aparato del teléfono desde el interior de su casa, porque ahí habría una responsabilidad directa del usuario; pero el cable la empresa lo instala en la calle, por eso debe responder por su robo.
Además, aquí hay un punto que es muy técnico, y es que las empresas telefónicas utilizan los postes para instalar los cables que conectan a las casas, lo que facilita su robo, porque no le producen ningún daño a la persona que los toma. La única solución sería que las empresas instalaran los cables subterráneamente, ya que de esa forma no estarían a la vista de los ladrones. Pero hay que reconocer que eso les sale más caro, y a las empresas no les conviene, porque les gusta la “ley del embudo”. Por eso, si quieren tener los cables a la vista para que se los roben, deben reponer el servicio a los usuarios cuando ello ocurre.
El diputado Burgos ha dicho muy bien que lo que aquí se necesita es una mayor eficiencia de parte de los servicios policiales y la persecución al delincuente de parte de los fiscales. De lo contrario, vamos a seguir votando proyectos que al final se transforman en leyes de la República, pero su contenido son puras promesas, esperanzas e ilusión, y nada concreto. Las leyes son normas escritas que necesitan que alguien cumpla lo que disponen, y si no hay persecución de parte de los fiscales, eficiencia policial, resguardo a los usuarios y protección a las empresas, vamos a seguir con un papel escrito, con un proyecto que ha sido aprobado por este Congreso con mucho entusiasmo para convertirse en ley de la República. Está nuestro compromiso de representar a la gente en sus demandas, y debemos enfrentarnos al ciudadano que nos interpela porque según él no hacemos nada para endurecer las penas contra el delincuente.
Esta indicación es una forma de endurecimiento contra el delincuente, pero necesitamos policías, fiscales y justicia eficientes. No basta con la actual ley. En ella debe ir incluida la siguiente disposición: “Las empresas de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión de este tipo de delitos.”.
Por tanto, pido a la Sala la unanimidad para que el proyecto vuelva a la comisión respectiva a fin de renovar la indicación, lo que permitirá dejar operativo el triángulo equilátero en los tres vértices: dureza contra el delincuente, defensa de la empresa agredida por el delincuente, y defensa y protección del usuario de parte de la empresa, ya que ésta no se puede encoger de hombros, dejando al usuario en el limbo.
Conversé sobre este punto con una autoridad de la empresa telefónica, y le manifesté cómo era posible que nosotros estuviéramos estudiando un proyecto para sancionar a quienes les roban los cables, mientras ellos se encogen de hombro diciendo que prefieren perder al cliente porque les roban una y otra vez los cables. Le dije por qué no los escondían para protegerlos, instalándolos bajo tierra. Es la única forma de evitar su robo. De lo contrario, habrá que establecer en la normativa legal la obligación a la empresa de reponer el servicio al usuario cuando éste sea víctima del robo de cables de algún servicio domiciliario. Eso es lo único que va a generar confianza en la legislación y en el estado de derecho de parte de la ciudadanía.
Por tanto, la solución está en que el proyecto vuelva a la Comisión respectiva con el objeto de que sea repuesta esta indicación.
Aquí no se trata de estigmatizar a las empresas ni de caricaturizarlas con mi intervención. Mi discurso no trata a las empresas de pulpos ni de abusadores. Pero debo aclarar que me sentiría en falta a mi conducta como representante ciudadano si no fuera capaz, por un lado, de proteger a las empresas a las cuales les roban y, por otro, al usuario, pues no lo podemos dejar en la indefensión. Si la empresa hoy no lo defiende, siento la obligación de hacerlo como su representante.
El diputado Delmastro suscribió con nosotros la indicación, pero no lo ha inspirado una decisión partidaria para confundir a los partidos políticos. En esto hay representantes ciudadanos de todos los partidos.
Por eso, invoco que sea esta Sala, en su conjunto, transversalmente, al igual como se firmó la indicación, la que dé la unanimidad para defender realmente a la empresa y al usuario. De lo contrario, cuando el proyecto sea ley de la República, si no contamos con una policía eficiente, le van a robar el cable a una empresa, que puede ser la telefónica; ésta le va a cortar el servicio al usuario afectado, el cual no podrá reclamar porque se le va a contestar que la ley señala que se debe sancionar al ladrón, pero no obliga a la empresa a reponer el servicio al usuario. No quisiera tener que dar explicaciones a ese respecto. Por tanto, debemos establecer la defensa al usuario.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, cuando uno lee el proyecto, echa de menos dos cosas: primero, la defensa al usuario. En eso concuerdo plenamente con el diputado Hales , porque es muy importante establecer en el articulado la defensa del usuario que ha sido víctima del robo de cables que conectan un servicio domiciliario a su casa, con el consiguiente corte del servicio por parte de la empresa. Por tanto, suscribo cada una de las palabras que él ha dicho y me parece muy pertinente dar la unanimidad para que se pueda renovar la indicación en ese sentido.
Pero hay un segundo punto que quisiera tocar el diputado Ascencio ya lo planteó en la Comisión, según consta de la lectura del informe, y tiene que ver con el inciso tercero del artículo único.
Si el legislador hubiese determinado que este tipo de falta debe ser sancionado con el grado máximo de la pena con que se van a tipificar estos delitos, debió haberse consignado en el inciso primero. Me llama la atención el tenor del inciso tercero, que dice: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”.
Lo que uno no tiene claro es si el robo de cables de suministro público de electricidad, de gas, de agua, de telefonía o de cualquier otro servicio, va a significar siempre el corte del servicio público, porque no es entendible que ello no se produzca cuando se roban elementos básicos para su suministro.
Por lo tanto, al tenor de lo que propone el proyecto, los jueces no tendrán otra opción que aplicar a los autores de tales sustracciones la pena en su grado máximo, en circunstancias de que, según entiendo, la ley les permite, en mérito de las razones que se someten a su consideración, flexibilizar el grado de la pena a aplicar. Por eso nuestra justicia, prácticamente en la mayoría de los casos, establece grados penales variables que el juez puede aplicar, dependiendo del ilícito cometido.
Estoy de acuerdo con la indicación presentada en la Comisión por el diputado señor Ascencio , puesto que no creo que el espíritu del proyecto sea sancionar en su grado máximo a todos los autores de esos robos. De lo contrario, estaríamos haciendo una mala ley y no cumpliría con el fin de hacer justicia. Los jueces carecerían de la posibilidad de dirimir qué ilícitos deben recibir mayor o menor pena.
Por lo tanto, solicito la reposición de la indicación presentada en la Comisión por el diputado señor Ascencio , a fin de votarla en la Sala, la cual propone suprimir el inciso tercero del artículo único, puesto que los argumentos que entregó, los cuales respaldo, son bastante lógicos.
Si uno analiza detenidamente la iniciativa se da cuenta de que no tiene sentido elaborar leyes que no queden bien plasmadas, de manera que mantener el inciso tercero parece absolutamente redundante, porque
reitero no creo que el espíritu de la Comisión haya sido aplicar a todos los autores de esos delitos la pena máxima y que los jueces no tengan la alternativa de aplicar distintos grados de penalidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente al diputado señor Robles que el inciso tercero se votará separadamente.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, las intervenciones de varios diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han aclarado y enfilado el proyecto hacia donde tiene que conducir.
Estoy absolutamente de acuerdo con que se debe sancionar el robo de cables eléctricos y de tapas de alcantarillados, pero el tema de fondo tiene que ver con la prestación del servicio de parte de las empresas que lo suministran: se debe determinar la forma en que la población no sufra las consecuencias de la interrupción del suministro a raíz de la sustracción de cables.
La primera responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios cuando ocurren dichas sustracciones es no cobrar a los usuarios el cargo fijo, a fin de no hacer más gravosa su situación.
Hace algún tiempo denuncié en esta Sala que empresas de suministro eléctrico de Valdivia demoraban meses en la reposición del servicio, aduciendo el robo de sus cables, en circunstancias de que deberían hacerse responsables de enfrentar esa situación.
El aumento de la pena en los casos señalados no impedirá el robo de cables y de tapas de alcantarillado. Lo que debemos analizar es de qué manera las empresas de servicio asumirán su responsabilidad de mantener el suministro constante, porque no pueden escudarse en la sustracción de cables para dejar de prestarlo, en especial cuando siguen cobrando el cargo fijo o por un servicio que no están prestando. Los usuarios no son los encargados de recurrir al Sernac o a los tribunales debido a la sustracción de los cables de una empresa de servicio. Se debe establecer la obligatoriedad para las empresas de mantener el servicio y de invertir en tecnología que permita satisfacer de manera permanente el suministro que están obligadas a prestar.
Aquí se han planteado ideas muy interesantes, que podrían ser objeto de análisis si el proyecto vuelve a Comisión. Por ejemplo, se ha señalado que el cableado se haga de manera subterránea, que se invierta en tecnología inalámbrica y que se establezcan metodologías o procedimientos que impidan la sustracción de cables, problema que no sólo es coyuntural, debido al alza del precio del cobre, sino que también se produjo en el pasado. De hecho, cabe recordar que la legislación del siglo anterior sancionaba la sustracción de cables telegráficos y la interrupción del servicio de ferrocarriles.
Creo que el aumento de la penalidad por esos ilícitos no es la solución al problema ni el camino correcto, sino una medida complementaria. Lo que debemos hacer es buscar, de manera clara y precisa, la forma en que las compañías sigan prestando servicio a pesar de los robos de que son objeto y que no interrumpan el suministro de la población, en especial de la gente más humilde, que de la noche a la mañana queda sin electricidad o sin teléfono. Por lo tanto reitero, debemos establecer disposiciones que obliguen a las empresas a reponer el servicio a tiempo y a invertir de modo más efectivo en la solución de los problemas, con el objeto de que asuman su responsabilidad de prestación de servicios.
Si el proyecto vuelve a la Comisión y es debatido nuevamente en la Sala, deberemos centrar la discusión en ese marco, con una visión completa respecto de la situación. No debemos irnos por el camino fácil de aumentar las penas para quienes cometen esos ilícitos. Obviamente, se debe sancionar a los reducidores de especies, pero hay que tener una mirada más inclusiva y determinar la responsabilidad de las empresas de servicios, a fin de asegurar a los usuarios, en forma permanente y continua, la obtención del servicio que cada empresa se ha obligado a prestar, como electricidad, televisión por cable o telefonía. Creo que esa es la forma de enfrentar la situación, de manera que esta discusión debiera radicarse en el seno de la Comisión.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, por las noticias me he informado que ayer, en Antofagasta, dos personas se electrocutaron mientras intentaban robar cables de cobre del tendido eléctrico. Por un kilo de cobre se paga alrededor de cuatro mil pesos.
Este proyecto de ley es muy importante en sí mismo, más allá de los aspectos que debemos proteger desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Quienes somos diputados de regiones, tanto del norte como del sur del país, sabemos que el cableado se extiende por muchos kilómetros para llegar a las diferentes poblaciones, ya que entre una y otra puede haber una distancia de doscientos kilómetros y, en el caso del norte, se trata de doscientos kilómetros de desierto. Y cuando roban esos cables obviamente, es imposible proteger doscientos o trescientos kilómetros de cables en medio del desierto, se le causa un daño económico a toda la comunidad, al conjunto de la región, y no sólo a la empresa.
Reitero que el proyecto es muy importante en sí mismo, porque es necesario tipificar de manera más específica los delitos y elevar las penas. Coincido con el diputado Jorge Burgos en que es perfectamente posible perseguir estos delitos con la legislación actual, pero si incorporamos normas más específicas y tipificamos mejor el delito, vamos a controlar en mejor forma una actividad que se ha vuelto cotidiana: el robo de cables del tendido eléctrico y de otros servicios.
Algunos colegas, particularmente el diputado Patricio Hales , han planteado incorporar en el proyecto una indicación tendiente a defender los derechos de los consumidores cuando se interrumpe alguno de los servicios básicos a causa del robo de los cables, cuestión que comparto en el fondo. Sin embargo, no corresponde que ello se incorpore en el Código Penal, puesto que, en este caso, no se establece un tipo penal, sino más bien una obligación de tipo comercial. En consecuencia, no corresponde incluir esa modificación en el Código Penal, pero sí podríamos hacerlo en la ley eléctrica o en la de defensa del consumidor.
El artículo 25 de la ley Nº 19.496 dice lo siguiente: “El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.
“Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.
“El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.”.
Por lo tanto, la propuesta contenida en la indicación ya está incorporada en el artículo 25 de esa ley, publicada el 7 de marzo de 1997. Por consiguiente, no sólo no corresponde incorporarla en el Código Penal, porque no tiene que ver con un tipo penal que se esté estableciendo, sino que se debe invocar la norma que ya existe para defender los derechos del consumidor. Es necesario que esa normativa se aplique efectivamente. Las organizaciones de consumidores y vecinales y las propias autoridades locales deben ser capaces de recurrir a ella para defender los derechos de los consumidores.
Comparto plenamente la afirmación de que, cuando se roba cable, se interrumpen los servicios, se daña a la comunidad y a la empresa y se produce un deterioro económico para el sector, para la ciudad y para la región afectada. Pero también se produce un efecto sobre el consumidor, por lo que se hace necesario proteger sus derechos. Insisto en que esa norma ya existe.
Por eso, propongo que nos atengamos a las características del proyecto, en el que estamos estableciendo tipos penales y normas más rigurosas, con una tipificación más específica y con penas más elevadas para el robo de cables de cobre y de tapas de alcantarillado, lo cual pone en peligro la vida de las personas. Hace algunos meses, el robo de una tapa de alcantarillado significó la caída de un niño en un pozo, hecho que puede ser perseguido por la legislación penal existente, independientemente de las normas que hoy estamos discutiendo.
En síntesis, considero que la propuesta presentada ya se encuentra incorporada en la ley aludida, por lo que pido que esa normativa se aplique para proteger los derechos de los consumidores y que comprendamos que las modificaciones que queremos introducir en el Código Penal tienden a impedir que los delincuentes sigan robando los cables eléctricos y las tapas de alcantarillado, que causan un daño enorme a la comunidad, particularmente a los más necesitados, a los más pobres del país, que son los más afectados por esos delitos.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Agradezco al diputado Antonio Leal por traernos a colación un artículo específico de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, que nos ayudará a la resolución del conflicto planteado.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo tiene su origen en una moción presentada por quien habla y por otros señores diputados.
Nadie está obligado a lo imposible. Cuando se cae un interruptor, se rompe un transformador o cuando un vehículo choca contra un poste del tendido eléctrico y lo derriba, indudablemente, la empresa correspondiente debe responder y restituir el servicio dentro de las próximas seis horas. Pero, por ejemplo, si cerca de Reigolil, a cincuenta kilómetros de la cordillera, casi en el límite con Argentina, alguien roba el cable del tendido eléctrico durante la noche, la empresa sufre un daño y, además, debe reponer ese material. Es decir, hay que advertir que cuando hay un robo, una fuerza mayor, indudablemente, la empresa afectada no está en condiciones de restituir rápidamente el servicio.
En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que, cuando el sistema eléctrico se cae y los consumidores quedan uno o dos días sin suministro eléctrico, la empresa está sobrepasando la ley, porque ésta señala claramente que el servicio debe reponerse durante las siguientes seis horas.
Aquí no hay ley del consumidor que valga. A quien debemos atrincar fuertemente es a la gente que compra las tapas de alcantarillado y los cables de cobre robados, porque ahí radica el problema. Me pregunto lo siguiente: la ley debe aplicarse, pero si la Policía de Investigaciones y Carabineros no descubre a las personas que compran ese cobre robado, ¿qué sacamos con aprobar estas normas? Para ser más drásticos, debemos considerar esta realidad.
Ya señalé en anteriores oportunidades que una de las revisiones que se deben hacer se refiere a Impuestos Internos, porque es necesario que este servicio conozca la situación de las personas que comercializan metales, para saber cuántos kilos compran y cuántos venden. Ésa es una forma de control efectivo. Si una persona compra cien kilos y después vende quinientos, ¿de dónde sacó los otros cuatrocientos? Ésa es la pregunta que nos debemos plantear.
No basta remitirse a la ley del consumidor, en la que todos estamos de acuerdo. El problema que debemos atacar no es ése. Queremos perseguir a las personas que roban cables eléctricos en general, objetos de cobre y tapas de alcantarillado, y eso se hace con un control férreo de parte de Carabineros, de la Policía de Investigaciones. Los reducidores son la principal lacra que afecta a las empresas de electricidad y de telefonía. Es tanta la desazón de estas empresas, que hoy están utilizando alambres de aluminio para subsanar el problema. Por lo tanto, debemos ser drásticos en relación con lo que he señalado.
Indudablemente, todos estamos de acuerdo en que hay que proteger al consumidor. Por eso, espero que el proyecto contribuya a que los usuarios cuenten siempre con los servicios de telefonía y de electricidad. Debido al robo de cables, muchas poblaciones han quedado sin señal de teléfono. Hace algunos días una señora de Santiago me comentó que los pobladores afectados saben perfectamente quiénes roban los cables, pero no se atreven a denunciarlos por miedo a represalias. Sería conveniente que se dispongan medidas para que esos pobladores entreguen, en forma anónima, los nombres de quienes cometen el ilícito. Poblaciones enteras han quedado sin los servicios de teléfono y de electricidad por culpa de personas que están haciendo un gran negocio debido al alto precio del cobre.
Vamos a votar favorablemente el proyecto y esperamos que, a la brevedad, se solucione este problema que afecta a los usuarios y a las empresas que prestan los servicios.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, sólo quiero hacer algunas observaciones.
Agradezco a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por haber recogido el espíritu de una indicación que presenté en su momento, con el objeto de eliminar del inciso tercero la disposición que aumentaba la pena en un grado cuando, con ocasión de alguna de las conductas señaladas en los incisos anteriores, se causaba la suspensión total o parcial del servicio. Cabe considerar que el corte de un cable casi siempre produce la interrupción del servicio. Por tanto, dar la posibilidad de que la pena establecida en los incisos anteriores, que va de 541 días a 5 años de presidio, pueda ser aumentada por el juez a 10 años en los casos en que el robo de cables produzca la suspensión del servicio, me parecía excesivo. La Comisión recogió el espíritu de la indicación que presenté y, a raíz de una proposición del Ejecutivo, estableció que si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso segundo se produce la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo, esto es, 5 años de presidio.
En verdad, el proyecto todavía no me convence. Nuestra tendencia es resolver los problemas mediante una ley; creemos que todo se soluciona con leyes. Tengo la impresión de que las cosas no son así.
Quiero tomar las palabras del diputado Leal , quien, además de haber aclarado que en la ley del consumidor figuran sanciones para las empresas que cortan los servicios injustificadamente, se refirió a un caso aparecido ayer en la prensa sobre tres personas que murieron electrocutadas cuando trataban de robar cables de una empresa. Hoy, a las personas que roban cables no les importa la pena que podamos establecer; ni siquiera les importa la muerte. Arriesgan absolutamente todo porque saben que robar tapas de alcantarillado hechas de cobre o robar cables de cobre es un gran negocio. Para ello arriesgan, incluso, sus vidas, como ocurrió ayer. Por lo tanto, a mi juicio, que se aplique una pena más o una pena menos no resolverá el problema. Vamos a seguir exactamente igual. El problema de fondo lo constituyen las personas que hacen el negocio. En ese sentido, voy a seguir la línea de argumentación del diputado René Manuel García. La venta de productos de cobre es un buen negocio debido al aumento del precio de este metal.
Quiero dar a conocer algunos datos sobre la exportación de chatarra de cobre refinado. Cabe aclarar que los cables, tapas de alcantarillado, tubos, etcétera, hechos de cobre, son transformados en desechos que luego se venden como chatarra para reciclar. Entre enero y octubre de 2005, se exportaron 10 millones de kilos de chatarra de cobre, contra 22 millones de kilos que se exportaron entre enero y octubre de 2006. O sea, la venta aumentó el doble. Las exportaciones de chatarra de cobre entre enero y octubre de 2005 alcanzaron un valor de 31 millones de dólares. Este año, las exportaciones han reportado ganancias por 136 millones de dólares. Por su parte, Codelco percibe 135 millones de dólares por concepto de exportación de ánodos gastados y otros materiales de desecho. Los desechos de cobre refinado se exportan a Corea, Filipinas , China, Reino Unido, Brasil , Taiwán, Bélgica y Holanda. Este año, dicho negocio reportó ganancias por 136 millones de dólares, en circunstancias de que el año pasado la cifra alcanzó los 31 millones de dólares. Lo más probable es que en 2004 se haya ganado mucho menos.
Como robar materiales de cobre es un buen negocio, han aparecido no más de veinte empresas que se dedican a la compra y exportación de esos productos. Para esos efectos, acumulan el material en sus bodegas luego de haberlo adquirido de estos “mini vendedores”; posteriormente, lo trasladan en un camión hasta un lugar más grande y, después, lo exportan. Es un procedimiento muy simple y fácil.
Insisto, aunque se aumenten las penas por este delito, seguirán existiendo ladrones dispuestos a arriesgar su vida, pues el negocio sigue siendo bueno en razón del buen precio del cobre y, fundamentalmente, de que existen empresas que exportan este material.
Chile no es productor de residuos de cobre, como tubos o cables. Por tanto ¿cómo es posible que hayan aumentado al doble las exportaciones de este material? ¿De dónde están saliendo estos desechos? Del robo que se está produciendo. Lo que deberíamos hacer es pedir a las autoridades que corresponda que dispongan las medidas pertinentes para que se termine con estas exportaciones. De esa forma, no habrá personas que pierdan su vida por robar cables, ni será necesario aumentar las penas para este delito.
Voy a dejar a disposición de la Mesa los antecedentes que he expuesto sobre exportaciones de chatarra de cobre refinado. En ellos figuran las veinte empresas que hoy exportan este material. No las quiero nombrar para no cometer ninguna injusticia, porque creo que lo que hay que hacer es terminar con este tipo de exportaciones. Codelco lo hace porque son otras las cosas que exporta, pero estas empresas que han aparecido están haciendo negocios por 5, 6 y 10 millones de dólares al año, que antes no llevaban a cabo. ¿De dónde ha salido este negocio? De los robos de las tapas de alcantarillado, de cables, etcétera. Con esto hay que terminar, y no aumentar las penas como lo hacemos en este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, no cabe duda de que, en cierta medida, el alto precio del cobre ha gatillado el apetito como se ha dicho aquí por el robo de cables.
Pero, hay algo inevitable que es consecuencia de este delito: la interrupción del suministro, que representa un drama para las familias, en particular, para las más vulnerables porque, así como se ha producido la muerte de algunas personas que intentaban robar cables, también es posible que se hayan producido lesiones graves o muertes no tengo las estadísticas del caso, debido a que los usuarios no pudieron pedir una ambulancia o llamar a los bomberos por carecer de línea telefónica.
¿Qué quiero decir con esto? Primero, que me parece inadecuado establecer en el inciso tercero del artículo 443 del Código Penal, que se propone sustituir en virtud del artículo único, lo siguiente: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”. Esto es inevitable, es parte del delito. Entonces, ¿cómo se va a aplicar la pena en su grado máximo? Me parece de absoluta injusticia y no podemos aceptarlo, razón por la cual había solicitado votar dicho inciso en forma separada.
Sin embargo, si el proyecto vuelve a comisión, se podría abrir un nuevo debate sobre la materia. Lo que ha dicho aquí el diputado Ascencio abre otras posibilidades; por ejemplo, para resguardar su patrimonio, las empresas podrían usar cableado bajo tierra y no en altura. Esto es, más o menos, como una señora que tiene alhajas finas y que va a comprar a la feria más popular con todas ellas puestas. Creo que lo menos que se puede decir es que esto sería una provocación.
Por eso, creo que hay que exigir a las empresas tal vez, no es el momento de hacerlo pero, por lo menos, hay que decirlo, que son tan ricas y que obtienen tantas utilidades, que instalen el cableado bajo tierra y no en forma aérea.
Por otro lado, nos pareció muy justa la presentación de una indicación para que las empresas descuenten de la boleta el servicio que ha quedado suspendido como consecuencia del robo de cables y para que lo repongan oportunamente. Sin embargo, creemos que eso nada tiene que ver con este proyecto, razón por la cual recomendamos que en este caso se aplique la ley del consumidor. Sabemos que dicha ley implicó muchos años de discusión y que es débil. Por eso, tal vez, sería el momento preciso para lograr que se tome conciencia de los derechos del usuario y dar mayor fuerza a la demanda hoy día, se puede presentar una demanda colectiva, para ejercer una acción mucho más fuerte. De esa forma, creo que iríamos por el camino correcto.
De manera que si una indicación en tal sentido hace que el proyecto vuelva a la Comisión, podríamos tener un nuevo debate sobre la materia. No tengo seguridad sobre esto, pero es probable que las grandes empresas tengan contratados importantes seguros y que no les importe el robo de cables, cuyo valor será recuperado, pero los usuarios no recuperaran los cobros indebidos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, hace algunos días presentamos una indicación que nos parecía que iba en el sentido adecuado, que tenía por objeto tipificar el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y sancionar el robo y receptación de cables de cobre y otros metales del mobiliario urbano.
¿Por qué creíamos que iba en la dirección correcta? Primero, porque consideramos que aquí existe un círculo pernicioso dado por el robo, por la venta y por la receptación de estos materiales de cobre. Segundo, porque si bien la Policía de Investigaciones y Carabineros hacían su pega, es decir, detenían a los delincuentes, éstos quedaban en libertad al día siguiente. Por lo tanto, considerábamos necesario tipificar tales delitos. Junto con lo anterior, señalamos que las empresas que prestaban servicios domiciliarios, tales como agua, luz, teléfono, fundamentalmente, y otros servicios básicos, estaban cometiendo un abuso al no reponer el servicio en el tiempo indicado en los respectivos reglamentos; es más, cobraban a los usuarios por el servicio que había sido interrumpido como consecuencia de los robos.
Por eso, a fin de terminar con estos abusos, pedíamos claramente, a través de la indicación que ha sido renovada en la Sala, que las empresas, en particular, las telefónicas, se comprometieran a no cobrar a los usuarios cuando por hechos sancionados por esta ley no pudieran prestar el servicio. Les quiero contar que en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, 10 mil familias quedaron completamente desconectadas cuando, hace algunos días, se produjo una lluvia bastante considerable. Lo mismo ocurrió en el sector de Forestal.
Por eso, vamos a aprobar esta indicación, que fue renovada en la Sala, porque las empresas no deben seguir abusando de los usuarios.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, creo que, de una forma u otra, las intervenciones que hemos escuchado así lo dijo hace un instante el diputado De Urresti , han intentado determinar cuál es el objetivo central del proyecto en debate.
Después de leerlo un par de veces, me da la impresión de que, si bien responde a algunas inquietudes que han quedado de manifiesto en las intervenciones de los colegas, no representa una solución para un problema que sí planteó en forma muy clara y bastante documentada el diputado Gabriel Ascencio.
Es evidente que mientras exista un poder comprador de cables de cobre robados, no solamente a las empresas de servicios sino que a cualquiera empresa que en su actividad utilice cobre que puede ser reciclado, mientras se mantenga esa posibilidad de compra por parte de un tercero y de reventa en el país o en el extranjero, estaremos ante un problema gravísimo que las empresas de servicios no están en condiciones de resolver satisfactoriamente.
En un seminario sobre telecomunicaciones que realizamos recientemente, en el cual participaron representantes de todas las empresas del sector, se entregaron las cifras de lo que en el presente año ha significado el robo de cables para algunas de ellas, y no estaba presente ninguna de las empresas eléctricas, que son las que sufren mayor daño. Sólo una de las empresas de telecomunicaciones planteó que este año el robo de cables le estaba significando cerca de tres mil millones de pesos.
La comercialización del producto robado nos permite darnos cuenta de que el problema es mayor de lo que parece, porque el robo hormiga de cobre está asociado también a problemas graves en nuestra sociedad. Hay mucha gente que roba para obtener como dijo alguien por ahí, a cuatro mil pesos el kilo la plata para drogarse. Entonces, este robo no sólo está asociado a delincuentes, sino también a gente con otro tipo de enfermedades, como la drogadicción.
Sería bueno aprovechar esta oportunidad para sancionar drásticamente a quienes forman parte de la cadena de comercialización de productos de cobre robados, quienes actúan en la más completa impunidad, sin que exista un control adecuado. En el proyecto no percibo cómo se pretende sancionar a quien compra lo robado, que ya no está tal como fue robado, porque después del proceso de refundición y comercialización no tiene mucho que ver con el producto original robado. No se determina el origen del producto que se está comercializando en una segunda o tercera venta, incluso al exterior. El proyecto puede ser bueno para resolver algunas situaciones, pero tiene una falencia en el control estricto, no al delincuente, al que roba, sino al comprador.
Desde el punto de vista político, siempre es interesante manifestarse en contra de las empresas de servicios, porque a la gente normalmente le gusta que uno hable en contra de empresas que no siempre brindan un buen servicio. Pero, en este caso particular, las empresas están sufriendo un daño que no alcanzan a resolver satisfactoriamente en beneficio de los consumidores y no se castiga en forma adecuada a quienes compran los productos robados.
Quiero hacer un alcance adicional, que no tiene que ver con el robo de cobre propiamente tal. Las personas que roban estos productos, muchas veces no se dan cuenta de que lo que intentan robar no es cobre, sino cualquier otro tipo de cable que está en la red, y rompen las fibras de vidrio. Entonces, el reemplazo de fibra de vidrio pasa a ser un tema recurrente en las empresas de servicios, lo que genera un daño tremendo a las comunicaciones y un costo aún mayor. En consecuencia, sería bueno aprovechar esta instancia para incorporar algunas ideas que permitan sancionar a quienes cooperan en la posterior comercialización del cobre robado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, la semana pasada iniciamos la discusión del primer informe de este proyecto; ahora discutimos el segundo. En la discusión anterior, algunos diputados señalaron en la Sala que el precio del cobre estaba a tres mil pesos. Ahora, su señoría nos comenta que el precio ha subido a cuatro mil pesos. Es decir, ha subido una “luca” en una semana. Insólito, por decir lo menos. Eso demuestra que el robo de cobre es un gran negocio.
Pero, como el que tiene cobre debe extraerlo principalmente de las minas para venderlo, al que no lo tiene no le queda otra alternativa que robarlo. Eso es lo que ha venido ocurriendo fuertemente desde que el precio del cobre subió. De ahí en adelante no han parado los robos, principalmente de los cables eléctricos, dejando a gran parte de la población sin suministros básicos.
Además, ya no sólo se roban los cables de cobre o de las instalaciones telefónicas; incluso se roban los medidores de agua potable y desentierran las cañerías, porque también tienen algo de ese metal.
Alguien preguntó por qué las grandes empresas no entierran los cables en vez de mantenerlos a la vista. Les voy a decir una cosa: los ladrones hacen hoyos y se roban los cables subterráneos, se lo roban todo, porque a cuatro lucas el kilo, el negocio es brillante. Da lo mismo que los cables vayan por arriba o por abajo, porque los van a robar igual. La única diferencia es que por arriba tienen que trepar y por abajo tienen que hacer hoyos con palas. A los ladrones les da lo mismo.
El proyecto es extremadamente necesario. Aquí se ha hablado mucho de presentar indicaciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar todas las indicaciones necesarias. Incluso, yo adherí a una de los diputados Chahuán , Hales y otros, para que las empresas suministradoras de servicios básicos fueran sancionadas por no reponer el material robado. Pero el honorable señor Leal ha señalado en su intervención que eso ya está sancionado en otra disposición. No corresponde incluir ninguna norma a ese respecto en el proyecto, porque ya existe. Entonces, no tiene ningún sentido insistir con la misma indicación presentada la semana pasada. Ésa es la razón por la cual la firmé de nuevo.
No sólo en el norte, sino en todo el país se espera con ansias este proyecto, porque es la única manera de que podamos frenar un delito que sigue aumentando.
No debemos extrañarnos si la próxima semana el cobre ya no está a cuatro, sino a cinco lucas. Ahí, con mayor razón los delincuentes van a seguir robando los cables de los servicios básicos.
Llamo a que aprobemos el proyecto tal como está, porque la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados ha hecho un gran trabajo para emitir su informe lo antes posible y en buena forma, a fin de que sea aprobado en el Senado y luego sea ley de la República.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, no cabe duda de que con el proyecto en discusión se ha hecho un gran trabajo.
En concordancia con lo planteado por otros colegas, soy partidario de la reposición de la indicación de los diputados señores Chahuán , Delmastro , Duarte , González , Hales , Saffirio , Sepúlveda , don Roberto , y Urrutia, y de la diputada señora Herrera , doña Amelia , porque no es posible que se siga cobrando a los usuarios por el suministro de un servicio que no se entrega. Estoy de acuerdo en que las empresas no son responsables del robo de cables, pero los usuarios son mucho menos responsables de ese ilícito y, por lo tanto, no tienen por qué pagar por un servicio contratado, pero que no se presta en forma eficiente.
Existen sectores donde hoy, lisa y llanamente, no llega el servicio telefónico porque las empresas, debido al incremento en el robo de cables, han optado por no reponer el servicio. Ellas argumentan que el seguro contratado les resulta muy caro y, por lo tanto, que no les sale a cuenta seguir pagándolo. En consecuencia, les resulta más fácil no reponer el servicio.
En San Bernardo , en Los Morros hacia la cordillera, por ejemplo, existen vastos sectores en los cuales la gente no cuenta siquiera con un teléfono público al cual echar mano para llamar a servicios de emergencia en caso de que sea necesario solicitar su auxilio.
Por lo tanto, es importante que las empresas hagan con responsabilidad las inversiones necesarias para afrontar el problema. Hoy, podemos aumentar las multas y las penas de cárcel, pero los robos seguirán mientras los cables estén al aire. En ese sentido, a mi juicio la solución pasa por la instalación de los cables bajo tierra, medida que se está adoptando en el sector oriente de Santiago, donde muchas comunas tienen todo su cableado bajo tierra, lo que, además de las bondades que representa desde el punto de vista estético, dificulta el robo. En consecuencia, no veo por qué no se puede adoptar ese procedimiento en sectores de menores recursos. A mi juicio, si las empresas sacaran cuentas de los montos que deben pagar por concepto de seguro y para la reposición del servicio, y ponderaran la ganancia que podría significar contar con usuarios en mayor cantidad y más conformes con el servicio prestado, concluirían en la conveniencia de hacer el cableado bajo tierra.
Pido que la indicación a que me referí sea repuesta. Asimismo, si procede, solicito que el proyecto vuelva a la comisión técnica, a fin de retomar la discusión en torno de dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que las empresas no deben cobrar por un servicio que no entregan, aunque la falta de suministro no sea responsabilidad de ellas, y en segundo lugar, que se estudie la posibilidad de que las empresas instalen todo su cableado bajo tierra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados reglamentariamente los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo único.
Corresponde votar el inciso primero del artículo único.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván ; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar el inciso tercero del artículo único.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Alvarado Andrade Claudio ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Montes Cisternas Carlos ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Paredes Fierro Iván ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena.
Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a una indicación renovada.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación renovada, suscrita por los diputados señores Hales , Montes , Bustos y Encina , y por los Comités señores Paredes y Quintana , para agregar el siguiente inciso final:
“Las empresas de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión de este tipo de delitos.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la indicación renovada.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende Bussi Isabel ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Becker Alvear Germán ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Silber Romo Gabriel ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Norambuena Farías Iván ; Olivares Zepeda Carlos ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Estay Peñaloza Enrique ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Soto González Laura.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE TARJETA ADULTO MAYOR MULTIVÍA.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 199,, de las diputadas señoras Vidal , doña Ximena ; Pascal, doña Denise ; Muñoz , doña Adriana , y Herrera , doña Amelia , y de los diputados señores Silber , Venegas, don Samuel ; Walker , Von Mühlenbrock y Delmastro.
“Considerando:
Que, en los últimos años, ha habido cambios muy importantes en materia social, en especial a favor de sectores habitualmente olvidados de las políticas públicas. Se aprecia que el segmento del adulto mayor ha sido objeto de un progresivo deterioro en las últimas décadas, básicamente a contar del cambio de sistema previsional, dejando una profunda huella en su calidad de vida. Sólo cabe recordar el daño que soportan miles de personas de este sector, expuestas a bajas pensiones como retribución a toda una vida de trabajo;
Que, en el transcurso de estos quince años, como forma de paliar las dificultades de este importante sector, los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han creado diversos programas en su ayuda, llegando al Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ha sido pionero en centralizar las políticas de Estado, dando unidad, coherencia y consistencia al actuar de las autoridades y facultades con respecto de los adultos mayores del país;
Que los adultos mayores deben ser prioridad fundamental para el proceder legislativo y administrativo, pues, en la subsidiariedad y en la ayuda a los más postergados y débiles de la sociedad, se llega a lo más hondo de la visión política y de la tarea al optar a cargos de elección popular;
Que, debido a ello, es necesario avanzar en la dirección correcta, asistiendo a los adultos mayores con más y mejores programas en los que, salvaguardando siempre su dignidad, se les promueva como ciudadanos y se les facilite la vida en contextos actualmente hostiles para ellos, como puede ser el transporte y los servicios públicos, y su vinculación con el sistema público de salud;
Que, en su programa de Gobierno, la Presidenta de la República manifiesta su intención de avanzar en el ámbito de la salud, en cuanto a contribuir en el tratamiento de las enfermedades catastróficas que destruyen este período de la vida y que llevan muchas veces al abandono. Un millón de personas viven con pensiones iguales o menores a las mínimas establecidas, por lo que la línea de la pobreza, en el caso de los adultos mayores, es especialmente sensible y aguda;
Que las políticas transversales en ayuda del sector del adulto mayor, ya sean autovalentes, ya sean con dependencia moderada o postrados, deben ir acompañadas de medidas prácticas que permitan aplicarlas y garanticen un acceso igualitario, justo y compatible con las exigencias actuales. Pensiones asistenciales mínimas garantizadas, mayor acceso a la salud, asistencia jurídica preferencial, programas de deportes, planes de vivienda especiales han sido enormes avances que deben ser profundizados y mejorados;
Que, en materia de transportes, por ejemplo, los adultos mayores que desempeñan pequeños trabajos para complementar sus escasas pensiones deben trasladarse, muchas veces, desde la periferia de la ciudad hacia sectores alejados, sufriendo los rigores de las alzas de locomoción. La creación de la Tarjeta Adulto Mayor Multivía (Tamm) ha sido de gran utilidad para los fines de transporte de este sector, no obstante sus limitaciones evidentes. Este beneficio, acaso uno de los más prácticos, concedido a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y la empresa públicoprivada, está restringido al cumplimiento de ciertos requisitos que una gran cantidad de adultos mayores no cumple.
La tarjeta Tamm se limita a un máximo de dos viajes diarios, además el horario para su utilización es de lunes a viernes, entre 09:30 y 17:30 horas, levantándose las restricciones durante sábados y domingos, todo lo cual la convierte en un derecho de gran calidad, pero muy restringido y acotado.
En los requisitos para postular se diferencia entre hombre y mujer, aplicando las edades para pensionarse, esto es sesenta y cinco y sesenta años de edad, respectivamente, no dando cabida, por ejemplo, a quienes se hubiesen acogido al régimen de pensión anticipada. Además, está la exigencia de percibir una pensión previsional, asistencial o algún tipo de jubilación.
Este requisito omite a miles de dueñas de casa, que, en el sector de los adultos mayores, es el que enfrenta más condiciones de pobreza, quienes, teniendo sesenta o más años de edad, no pueden acceder a la adquisición del beneficio de la tarjeta Tamm por no tener fondos previsionales.
La ampliación de beneficios a los adultos mayores y la facilitación de la calidad de ciudadano es una aspiración de un programa político común, y más aun, se postula que esta etapa debe tener una fuerte presencia del quehacer estatal en lo que no alcanza estar presente el propio adulto mayor o sus más cercanos parientes, por lo cual se propone este proyecto de acuerdo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra Secretaria General de la Presidencia que instruya al Director del Servicio Nacional del Adulto Mayor a fin de que adopte las medidas administrativas necesarias para modificar las obligaciones y los requisitos para obtener la Tarjeta Adulto Mayor Multivía (Tamm) en coordinación con la Empresa Metro S.A. respecto de lo siguiente:
1. Igualar para hombres y mujeres la edad mínima de sesenta años de edad para obtener el beneficio de la Tamm.
2. Extender el horario de operatividad del beneficio los días lunes a viernes, ampliándolo desde las 06:30 hasta las 22:30 horas.
3. Eliminar el requisito de poseer una pensión de cualquier carácter, con el fin de ampliar la cobertura a los adultos mayores que no cuentan con tal requisito.
4. Aumentar de dos a cuatro la cantidad de viajes diarios por persona.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene por objeto aumentar los beneficios para los adultos mayores. Creo que en la Cámara debemos hacernos cargo del costo que implica para ellos la locomoción.
La creación de la tarjeta multivía del adulto mayor ha sido para ellos de gran utilidad. Recuerdo que representan el 10 de la población del país y que va creciendo a pasos agigantados, al extremo de que en pocos años más será del 20 por ciento.
Los adultos mayores necesitan movilizarse, pero en este momento sólo cuentan con una tarjeta restringida de Metro. Por eso, el proyecto de acuerdo tiene por fin aumentar de dos viajes a cuatro viajes al día, en un horario extendido entre las 9.30 de la mañana y las 22.30 de la noche. Ahora es nada más que hasta las 17.30 de la tarde.
Además, la idea es que se iguale la edad mínima para obtener el beneficio de la tarjeta del adulto mayor, de 60 años para hombres y mujeres; se extiendan los horarios en los que puedan hacer uso de ella, de lunes a viernes, sin perjuicio de eliminarse el requisito de poseer una pensión de cualquier naturaleza, con el fin de ampliar la cobertura a adultos mayores que no lo cumplan.
Espero contar con el apoyo de todos y todas las diputadas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, me parece muy interesante el proyecto de acuerdo, fundamentalmente porque va en beneficio de un sector muy importante de la población.
La ampliación de los beneficios es bien racional. Es más, me llama la atención que los adultos mayores no puedan hacer uso de su tarjeta los sábados y domingos. Si el beneficio ya está concedido, ¿por qué no lo pueden utilizar los sábados y los domingos?
También me parece bueno eliminar el requisito de la pensión de cualquier naturaleza, porque muchos hombres y mujeres, especialmente dueñas de casa, no tienen pensión y requieren que se les facilite su transporte.
En consecuencia, como me parece interesante el proyecto de acuerdo, anuncio que lo aprobaré.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
Se abstuvo el diputado señor
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE LOS TELÉFONOS MÓVILES EN RECINTOS PENITENCIARIOS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 200, de las señoras Sepúlveda , doña Alejandra , y Goic, doña Carolina , y de los señores Mulet , Sabag , Venegas, don Mario ; Ojeda , Olivares , Araya , Díaz, don Eduardo , y Aedo.
“Considerando:
Que, el 15 de abril de 2006, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana interceptó una entrega de tres kilos de pasta base (PBC) y dos kilos de clorhidrato de cocaína, en el estacionamiento de un local de comida rápida ubicado en Lo Ovalle con Gran Avenida;
Que, en la diligencia, fue aprehendida la pareja integrada por Oscar Quinteros y Sandra Vera , de treinta y dos y treinta años de edad, respectivamente, quienes admitieron ser proveedores del estupefaciente entre los adictos de la población José María Caro ;
Que, poco después, Gendarmería allanó la celda de Francisco Maturana Cortés , incautando el teléfono celular con el cual había establecido comunicación para hacer el negocio;
Que el traficante Francisco Maturana Cortés es uno de los dieciséis responsables del narcotráfico y el crimen organizado que el Ministerio Público detectó en enero pasado, cuando diseñó su estrategia antidelincuencia.
Que esto representa una grave amenaza a la seguridad ciudadana y es inaceptable que personas encarceladas cuenten con la posibilidad de seguir operando y articulando bandas de narcotraficantes desde los propios recintos carcelarios;
Que esta situación podría resolverse con rapidez mediante la instalación de tecnología ya existente por ejemplo, en cárceles concesionadas y diversos organismos públicos, que permite distorsionar la señal de los teléfonos celulares, impidiendo que en los recintos penitenciarios se manejen bandas de delincuentes en el exterior utilizando la telefonía celular.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Justicia que destine los fondos necesarios para adquirir e instalar en las cárceles públicas dispositivos que tengan por función distorsionar las señales de los teléfonos celulares, tecnología actual existente, a fin de impedir que, en lo futuro, personas encarceladas cuenten con la posibilidad de seguir operando y articulando bandas de narcotraficantes en el exterior, desde los propios recintos carcelarios, utilizando la telefonía celular.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, considerando la fecha de su presentación, este proyecto se trata con algún desfase de tiempo.
El objetivo más importante en la lucha contra la delincuencia y, particularmente, contra la droga, es impedir o cortar los círculos del tráfico de estupefacientes.
Este proyecto de acuerdo surgió a raíz de que, el día 15 de abril pasado, la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana interceptó la entrega de tres kilos de pasta base y dos kilos de cocaína. Al seguir la investigación, se pudo establecer que las personas involucradas en el ilícito tenían relación con un traficante que estaba recluido en la cárcel. Así, desde el recinto penitenciario y a través de un teléfono celular, coordinaba y monitoreaba todas las acciones del negocio.
Dado que esto representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana, consideramos inaceptable que personas que se encuentran encarceladas cuenten con la posibilidad de seguir operando y articulando bandas de narcotraficantes desde los propios recintos carcelarios.
Con los avances tecnológicos, esa situación podría ser resuelta con relativa rapidez a través de la instalación de dispositivos que distorsionen las señales de los teléfonos celulares en las cárceles. De esa manera se impediría que desde el interior de ellas se pudieran manejar bandas de delincuentes.
Por eso, a través del proyecto de acuerdo se solicita al ministro de Justicia y a las demás autoridades pertinentes que se provean los fondos y se adopten las medidas necesarias para interceptar las señales de los teléfonos celulares en los recintos penitenciarios, a fin de que no pueda continuar la situación descrita que, evidentemente, es inaceptable.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, sólo quiero plantear una pregunta con respecto al proyecto.
Tengo entendido que existen los bloqueadores de teléfonos celulares en las cárceles públicas. ¿Es así?
El señor LEAL (Presidente).-
No, no existen; pero sí la prohibición de usar celulares, la cual no se cumple.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII.INCIDENTES
SOLICITUD DE ANTECEDENTES A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOBRE PUBLICAM S.A. Oficios. (Artículo 51, N° 1, letra a).
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, en virtud del artículo 52, número 1, letra a), de la Constitución Política, quiero solicitar a la Presidenta de la República información respecto de los ministerios y reparticiones públicas que habrían efectuado pagos a la empresa Publicam S.A. durante 2005 y lo que va corrido de este año.
Además, solicitar información al Servicio de Impuestos Internos sobre las empresas que habrían acompañado facturas de Publicam S.A. en sus declaraciones de impuestos, fechas y número de facturas timbradas a Publicam S.A., y la oficina del Servicio que realizó dicho timbraje.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En votación la solicitud del diputado señor Galilea.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Aprobada.
Se enviará el oficio en los términos solicitados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Cardemil Herrera Alberto ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Isasi Barbieri Marta ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAESA, DE CHILOÉ. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, quiero hacer presente un problema gravísimo que afecta a la provincia de Chiloé.
La empresa de electricidad Saesa (Sociedad Austral de Electricidad, S.A.) ha anunciado que el domingo 12 del presente efectuará un nuevo corte de luz entre Puerto Montt y Quellón que va a durar siete horas. Anteriormente, el 16 de julio realizó un corte de luz por nueve horas. Esta empresa debe ser la que tiene el mayor número de cortes de luz no programados en Chile. Es la única que suministra energía eléctrica en nuestra provincia y es absolutamente ineficiente. No hay excusa para esos cortes, por más que la empresa alegue que debe hacer mantenciones necesarias o mejoras. Pregunto a mis colegas con su venia, señor Presidente qué pasaría si en Santiago se cortara la luz durante siete o nueve horas. Sería un escándalo de proporciones; los ministros serían traídos aquí, al banquillo, etcétera; sin embargo, esa empresa corta la luz en la provincia de Chiloé y no pasa nada. Sigue haciendo su gran negocio, cobrando las cuentas abultadas sin problema alguno y a nadie le interesa mucho. Es una gran injusticia. Reitero: en julio hubo un corte por nueve horas y ahora anuncia un corte por siete horas, además de todos los cortes no programados.
Entonces, pido que se envíe un oficio a la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Energía con el objeto de que proceda a la fiscalización correspondiente y nos informe acerca de cuántos cortes de luz programados y no programados han sido detectados a la empresa Saesa , y si le ha aplicado algún tipo de multa o sanción por ese motivo.
Además, que, en otro oficio se pida a la ministra presidenta de dicha Comisión que deje sin efecto o impida este nuevo corte, aunque sea en un domingo. Ese día está toda la gente en su casa y quiere disfrutar, ¿cómo se la va a dejar siete horas sin luz?
Hace algún tiempo, el intendente actual, junto con el anterior, pidieron a los municipios que no aplicaran las multas de esa empresa, porque no cumplía con su compromiso de ejecutar los proyectos financiados por el Estado. El señor intendente corrió desesperadamente para conseguir que los alcaldes no cobraran esas multas que legalmente correspondían.
Asimismo, quiero que se envíe un oficio al intendente regional, señor Jaime Bertín , para que, con esa misma agilidad, impida el corte de luz programado por Saesa para este domingo, de modo que defienda a la gente de Chiloé que también merece que sus autoridades la defienda.
En definitiva, oficios para la Comisión Nacional de Energía y para el intendente regional, con el objeto de que impidan el corte de luz que Saesa tiene programado para la provincia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando.
MAYORES RECURSOS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL, PAMMA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que se evalúe la posibilidad de aumentar los recursos para el Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal, Pamma , de fuerte incidencia en la región. Además, deseo saber por qué se asignó un presupuesto de continuidad para un programa de alto impacto social.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE ÍTEM PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director de Vialidad para que nos informen de algunos ítem presupuestarios que nos parecen relevantes y que, en la Comisión de Obras Públicas, por unanimidad, consideramos que debieran ser fortalecidos para el año presupuestario 2007 y respecto de los cuales aún no se nos señala cómo se aplicaron durante el presente año y cómo lo harán el próximo. Nos interesa saber si por iniciativa de la Dirección de Vialidad esa partida presupuestaria no alcanza los montos que a la unanimidad de los parlamentarios de la Comisión de Obras públicas y de la Subcomisión Mixta de Presupuestos, nos parecen razonables.
Me refiero al ítem equipamiento y maquinarias, que resultan fundamentales para la aplicación del programa nacional de pavimentación básica de caminos rurales que desarrolla la Dirección de Vialidad y que la comunidad ha acogido con tremenda satisfacción. Para garantizar la mantención de estos pavimentos en necesaria la maquinaria adecuada, que no siempre está disponible en la administración de Vialidad.
Ojalá que podamos tener la información antes de la discusión final del presupuesto de la Nación para 2007.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
CAMBIO DE DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad para que nos informe las razones por las cuales se reemplazó, en forma bastante sorpresiva, al director de Vialidad de la Sexta Región, trasladándolo a funciones que el director nacional ha calificado de interés para el desarrollo y fortalecimiento de la ingeniería de la dirección central.
Los parlamentarios que representamos la Sexta Región y que conocemos la trayectoria ejemplar de ese funcionario de la dirección regional de Vialidad y que unánimemente hemos sabido apreciar en los últimos años, merecemos una explicación que cautele en buena forma la trayectoria, el respeto y el prestigio que se ha ganado entre nosotros en la Sexta Región, consideraciones que muchos podrían pensar que se verán afectadas con la medida.
Hago esta petición como reconocimiento al desempeño de un funcionario ejemplar en nuestra región.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
COBROS POR PRESUNTAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE EN VILLARRICA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios para que investigue lo que está pasando en la comuna de Villarrica, que me honro en representar en esta Cámara, con Aguas Araucanía, que viene realizando cobros, a través de una empresa contratista, por supuestas instalaciones clandestinas, aduciendo que existen bypass en los medidores de las instalaciones domiciliarias.
Notifican al cliente, lo citan para el día siguiente y le indican la multa que deberá pagar, con la exigencia del 50 por ciento al contado y el saldo en doce cuotas.
Los ciudadanos que han denunciado este hecho a los asesores de mi oficina parlamentaria de Villarrica, han manifestado que jamás han incurrido en esa anomalía y que nunca han visto a la empresa contratista, por orden de Aguas Araucanía, picando los terrenos en busca de esos bypass. Simplemente notifican.
Es necesario que la Superintendencia de Servicios Sanitarios tome cartas en el asunto y aclare esos cobros que están afectando a las vecinas y a los vecinos de Villarrica, que a todas luces son un poco raro, por decir lo menos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Duarte y Ojeda.
SOLUCIÓN MÉDICA A PACIENTE DE HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Salud, con el objeto de que investigue lo que sucedió con un paciente de la comuna de Gorbea.
Gilberto Fajardo Krauser , un joven de 26 años, casado y con hijas, fue bien diagnosticado de apendicitis aguda en el hospital de Gorbea. Con ese diagnóstico correcto, fue remitido al hospital de Temuco, en donde desvirtuaron el diagnóstico del hospital de Gorbea y devolvieron al paciente a su ciudad con el diagnóstico de gastroenteritis. Esta gastroenteritis, que no era tal, hace crisis a las 48 horas y el paciente, con riesgo vital, regresa al hospital de Temuco, donde, por fin, se le diagnostica peritonitis, con todas las consecuencias que ello acarrea.
El paciente estuvo más de tres meses internado en el hospital de Temuco. Luego, este joven, pequeño agricultor, trabajador del campo, sale de ese establecimiento de salud con una ileostomía, es decir, con una bolsa en el costado, que portó durante más de un año, en la cual realizaba sus deposiciones.
Todas esas incomodidades, todas esas atrocidades que se cometen a veces tienen que ver con la falta de interés de la gente que lleva el delantal blanco por cada uno de los pacientes que llegan a los hospitales. No es posible que se examine de una forma tan superficial y se diagnostique de una manera tan liviana una gastroenteritis, cuando en verdad era una apendicitis.
Ese paciente tiene en la actualidad una hernia abdominal realmente horrorosa, que le impide llevar una vida normal, que le ocasiona grandes dolores y dificultades, y que, además, como es fácil comprender, provoca grandes trastornos en su vida conyugal y familiar, debido a la tremenda depresión que lo afecta.
Lleva más de un año solicitando en los distintos establecimientos de salud de la Novena Región que algún especialista lo atienda y le opere esa malformación originada por el diagnóstico errado de los médicos.
Por lo tanto, solicito que se le solucione a la brevedad el problema a ese joven trabajador del campo, con el objeto de evitar consecuencias mayores, tanto psicológicas como orgánicas.
Finalmente, hago un llamado para que la gente que lleva el delantal blanco en todas las reparticiones de salud, que se dedica a trabajar con lo más preciado que tiene el ser humano, que es su salud, ponga no sólo sus conocimientos en lo que hace, sino también su corazón; que se hagan la idea de que están frente a su madre, a su padre, a su hermano, a su hija o su hijo, con el objeto de que agilicen y agudicen más los diagnósticos, para evitar que se sigan cometiendo irregularidades y negligencias que pueden ser fácilmente eliminadas.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Duarte y Ojeda.
AUMENTO DE RECURSOS PARA OBRAS DE VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, la Comisión Mixta de Presupuestos discutió durante la semana pasada el presupuesto en detalle destinado a obras de vialidad en la Décima Región, lo que me permitió comprobar una vez más la gran discriminación en contra de la provincia de Osorno.
En esa oportunidad estuvo presente el diputado Jaramillo , quien fue testigo de lo que solicité y de lo que dije. A su vez, el diputado Ojeda expresa que también está preocupado por los temas de Osorno.
En los documentos que entregó el Ministerio de Obras Públicas a la Comisión se señala que se otorgarán l.800 millones de pesos para los proyectos de vialidad que se realizarán en 2007 en la provincia de Osorno.
Solicité al señor ministro que me detallara la inversión que se hará en obras de vialidad en cada provincia. El ministro me respondió que no tenía los antecedentes en ese momento, por lo que espero que los haga llegar en los próximos días.
Sin embargo, sumé el monto de cada proyecto que se realizará en algunas provincias, lo que me permitió determinar que a Chiloé se entregarán 16 mil millones de pesos, lo que se puede justificar por el rechazo a la construcción del puente sobre el canal de Chacao; Llanquihue recibirá 11 mil millones; Valdivia , 6 mil millones, y a Palena, que tiene una menor cantidad de habitantes, se le ha asignado un presupuesto mayor que a la provincia de Osorno.
Le hice ver al ministro lo importante que era equilibrar el presupuesto para obras de vialidad, y le solicité la realización de una serie de obras en Osorno, que detallaré ahora, porque las actas no siempre reflejan todo lo que uno ha expuesto y la lucha que ha dado. Pedí específicamente que se pavimentara la tercera etapa del camino de Osorno a Trumao, que se incorporara el proyecto de ingeniería del camino PichilPichidamaDesagüe Rupanco; la pavimentación de la ruta Interlagos, cuyos proyectos de ingeniería están listos, entre Entrelagos y el Desagüe Rupanco y entre el Desagüe Rupanco y Nochaco; la pavimentación del camino U 500, por lo menos los primeros seis o siete kilómetros; la ampliación a doble vía del camino que une a Osorno con el límite con Argentina, que nosotros llamamos el compromiso de la binacional, que asumió en su campaña el ex Presidente Lagos y que ratificó la Presidenta Bachelet en enero de este año, obra que no está incorporada en el presupuesto respectivo; el primer tramo entre Osorno y el aeropuerto está incorporado en ese presupuesto, pero queremos un plan de desarrollo mucho más grande por el lado de Río BuenoLa Unión, al igual como lo solicita el diputado Jaramillo ; pero creemos que la caridad comienza por casa y que la provincia tiene que ser abordada en su integridad. Este es uno de los proyectos emblemáticos que nosotros queremos que se realice, por lo que insisto en esta petición.
También quiero insistir en el compromiso que asumió el ministro respecto de un convenio de programación que íbamos a realizar con los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas, y el gobierno regional, por cerca de 27 mil millones de pesos, que consideraba además las ampliaciones de las avenidas Manuel Rodríguez y Juan Mackenna , de Osorno, que conectará con el puente San Pedro. Asimismo, solicito incorporar 6 mil millones en el presupuesto de 2007 para las obras del puente San Pedro , porque las autoridades locales vienen diciendo desde hace dos o tres años que se va a construir ese puente, pero pasa el tiempo y, finalmente, no se construye. Esperamos tener el proyecto de ingeniería para diciembre.
Ésta es la única forma de equilibrar el presupuesto para obras de vialidad en la región y de ser justos con la provincia de Osorno.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de darle a conocer esta situación y pedirle un mayor equilibrio en el presupuesto para obras de vialidad en la región.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda y Jaramillo.
AUMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN PROVINCIAS DE VALDIVIA Y OSORNO. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, como ha dicho el diputado Javier Hernández , estuvimos presentes en parte de la discusión del Presupuesto de la Nación para 2007. Allí se hizo especial referencia al tema agrícola que, en gran medida, es la economía fuerte de nuestra región, y por qué no decirlo, de las provincias de Valdivia y de Osorno.
Hemos logrado algo que muchas veces no es valorado por la opinión pública o por nuestros representados en esta dura lucha de distribuir en mejor forma los recursos económicos de Chile. A veces hay muchas diferencias de opinión, porque nuestro país es muy diferente: tenemos el desierto en el norte; fértiles tierras en el centro, y lluvias permanentes en el sur.
Por lo tanto, quiero expresar mi satisfacción por el logro de haber aumentado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que estaba en alrededor de 260 mil millones de pesos, en prácticamente 20 millones de dólares más, es decir, cerca de 11 mil millones de pesos, lo que era una deuda del protocolo por el daño causado por el Mercosur, que se ha saldado por la Comisión de Agricultura cuando se estudió el presupuesto de la Nación.
Solicito que se envíe con urgencia esta intervención referente a la agricultura tradicional del sur de Chile, haciendo hincapié en que dichos fondos sean repartidos de la mejor forma. No tengo duda de que ése es el espíritu del Ministerio, pero espero que parte importante del beneficio se destine al ítem de recuperación de suelos degradados, que se vio mermado en la primera exposición del presupuesto. A ello deberían ir al menos 3 mil millones de pesos, debido al gran logro de este proyecto, que es muy requerido por pequeños, medianos y grandes agricultores.
Ese día también solicitamos, con el diputado Javier Hernández , que tomando en cuenta que los regadíos del sur son diferentes a los de la zona central, que no se considere pequeños agricultores a aquellos que tienen 12 hectáreas de riego básico, porque eso ya implica un mediano agricultor y el gran beneficio económico del Indap, que es para los pequeños agricultores, se va a los medianos. Por ejemplo, para el regadío de los pequeños agricultores se entrega como máximo 1.600.000 pesos, pero si se hace un proyecto para concursar ante la Comisión Nacional de Riego, puede aumentar en 10 ó 12 millones de pesos. Eso significa que el pequeño agricultor no puede optar. Si un pequeño agricultor posee 20 hectáreas si es buena tierra tiene un valor de 30 millones de pesos y Indap le entrega 1.600.000 pesos como máximo, tendría que vender la mitad de su predio para lograr un proyecto de riego que le cuesta 10 ó 12 millones de pesos, porque tendría que pagar el saldo de 1.600.000 pesos.
Es un tema un poco enredado, pero las autoridades del Ministerio de Agricultura tomaron debida nota en el momento preciso, en la discusión del presupuesto de la Nación.
En todo caso, quiero dejarlo reiterado como petición especial.
En suma, solicito que se entreguen 3 mil millones de pesos como mínimo para regadío a los pequeños agricultores dependientes del Indap, pero que de verdad sean pequeños y no medianos. Pienso que quienes tienen más de 8 hectáreas de riego básico son medianos agricultores, y tienen otras opciones para lograr el beneficio en la Comisión Nacional de Riego.
El saldo de esos beneficios económicos debería ir a Provesal, que es un proyecto del Indap para los microagricultores, aquellos que poseen un sitio y que no tienen otra opción en la vida que mantenerse en ese lugar, que no es mayor que una hectárea o una hectárea y media.
En relación con el programa de gobierno de la actual Presidenta, se ha dicho que la agricultura familiar tendrá un espacio para lograr insertarse en el mundo exportador. Me gustaría que me lo demostraran técnicamente, pero, a simple vista, no es posible si no damos el apoyo que quisiéramos a las familias que cuentan con muy poco. A veces, se trata sólo de un invernadero que les entrega Provesal. De allí comienza para ellos una historia de ser microempresarios.
Si damos posibilidades a quienes aún no las tienen, podríamos facilitar el crecimiento a los agricultores de escasos medios.
Solicito, entonces, que se oficie al Ministerio de Agricultura para que una vez más se tome nota de lo planteado, de lo cual a veces no queda en acta en la comisión de presupuesto; es decir, que no se deje de lado a los pequeños agricultores, que son aquellos que tienen menos de 8 hectáreas de riego básico.
El tiempo que resta a mi Comité, se lo cedo al diputado señor Fidel Espinoza.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Fidel Espinoza y de quien habla.
RECONOCIMIENTO A ESCRITOR JOSÉ TEIGUEL TEIGUEL. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, agradezco al diputado señor Jaramillo que haya otorgado parte de su tiempo a la bancada del Partido Socialista.
Mi intervención es para rendir un justo homenaje a un gran poeta y escritor fresiano, don José Teiguel Teiguel.
Nació en Chiloé en 1960. Estudió en el liceo politécnico de Castro y posteriormente en la Universidad Austral de Chile, donde obtuvo el título de profesor de castellano y filosofía.
Desde sus inicios en la docencia ha trabajado en Fresia, provincia de Llanquihue, y ha dejado muy bien puesto el nombre de la comuna, tanto por sus dotes de escritor como de poeta, además de profesor.
Es un poeta y narrador y durante gran parte de su vida ha dirigido talleres literarios para los estudiantes. Es muy querido dentro del alumnado fresiano y de la comunidad toda.
Ha seguido una tradición que comenzó en el sur en el taller literario Aumen , del cual fue uno de sus miembros. En ese tiempo, José Teiguel era el único narrador del grupo, el único cuentista y novelista de ese taller, formado por numerosos poetas.
La razón de este sencillo y humilde homenaje se debe a que ayer, ante una gran concurrencia de público en Fresia, don José Teiguel Teiguel deleitó a la comunidad literaria de Fresia y de la provincia con la segunda edición del libro “La Heredad del Pasto y el Agua”. Es un libro hermoso que el escritor ha puesto al servicio de la comunidad literaria del país y de la región.
Respecto de sus proyectos actuales, ha seguido manteniendo firme un trabajo en las áreas que le han dado pleno éxito en esta materia.
He querido aprovechar esta ocasión para rendir un merecido homenaje a un gran poeta, escritor, novelista y cuentista, pero por sobre todas las cosas, a un gran amigo fresiano, José Diógenes Teiguel Teiguel.
Pido oficiar, a través de quien corresponda, al director de la Daem de Fresia y a don José Teiguel Teiguel, adjuntando copia de mi intervención.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.00 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ANEXOS
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los proyectos de ley refundidos, de origen en mociones, que tipifican el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces, y que modifican el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg.
- Antecedentes:
- Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletines números 4266-07 y 4267-07. Documentos de la Cuenta N° 1 de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, por mandato de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debo informar acerca de las modificaciones que este proyecto tuvo en su segundo informe.
En primer lugar, a sugerencia de varios diputados, entre ellos el señor Bustos, se introduce al artículo 443 del proyecto una modificación por la cual, en relación con los medios de comisión de los delitos, se mantienen los ya establecidos en el mismo artículo. El proyecto original se remitía en este aspecto al artículo 442 del Código Penal. La sugerencia de los diputados y de la Comisión, compartida y aprobada en forma unánime, fue que esa remisión al artículo 442 limitaba los medios de ejecución de los delitos y, por tanto, la disposición podría ser bastante impracticable. En otras palabras, la Comisión consideró que debían mantenerse todos los medios de ejecución que actualmente establece el Código para estos delitos.
La segunda indicación tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo. (Debo destacar que el Ejecutivo presentó indicaciones y las defendió; por consiguiente, la Comisión de alguna forma celebra esa contribución).
El Ejecutivo introdujo el siguiente inciso tercero al artículo 443: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”, con lo cual se reemplaza el inciso tercero del proyecto original que establecía: “En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado.”
Esta indicación fue acogida por la mayoría de la Comisión. Básicamente, reconoce también el principio de que al sustraerse material existen dos bienes jurídicos dañados. Sin embargo, a nuestro juicio por eso lo aprobamos, la escala de penas y la coherencia de las mismas se queda más fortalecida con esta indicación.
Al respecto, hubo una posición minoritaria de la Comisión en el sentido de que el artículo estaba de más y que había que eliminarlo. Por lo mismo, se rechazó la indicación del diputado Ascencio para suprimirlo.
Asimismo, se analizaron dos indicaciones adicionales. Una, de la diputada señora Amelia Herrera, y de los diputados señores Chahuán, Delmastro, Duarte, González, Hales, Saffirio, Roberto Sepúlveda, y Urrutia, en cuanto a incorporar ciertas regulaciones a las empresas de suministro público o domiciliario cuando se produzcan sustracciones de materiales.
Sin entrar a pronunciarse sobre el fondo de esa indicación, la posición mayoritaria de la Comisión fue que éste no era el cuerpo legislativo en el cual debía incorporarse su texto, dado que serían más bien regulaciones a las empresas proveedoras que nada tienen que ver con el delito de sustracción de materiales, establecido en el Código Penal, que permiten el servicio domiciliario. Por lo tanto, más que por una razón de fondo, porque la Comisión no entró a discutir el fondo de la misma, se sugirió, a los autores de la modificación, promoverla en otra iniciativa.
Finalmente, se rechazó una indicación que propuse y sobre la cual insistí; pero fue rechazada por la Comisión durante su primer y segundo informe.
En esa indicación sostengo que, para los efectos de la sanción, al igual como en el caso de robo con violencia, la presunción que existe de que se tenga como consumado ese delito desde que comienza su ejecución, es decir, desde el grado de tentativa, también se aplique a los casos de substracción o robo de cables y de materiales metálicos o de suministro de servicios. Hoy, cuando se produce ese delito, muchos de los sistemas de seguridad se activan antes de que se consuma y, por tanto, las sanciones que se aplican son muy bajas. Establecí esa presunción, la cual no fue acogida por la Comisión; pero quiero dejar constancia de ella para que, ojalá, se tenga en cuenta en la tramitación del proyecto en el Senado.
A modo de conclusión, el informe, en la gran mayoría de los casos, se aprobó por unanimidad; en otros, por mayoría y, a mi juicio, el proyecto de ley queda en condiciones de ser despachado y constituye una contribución clara a la fiscalización y sanción de un delito que ha aumentado enormemente en el país, cerca de 900 por ciento en los últimos tres años.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el honorable diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, a mi modesto entender, en la discusión en general hubo algunas cuestiones que no quedaron suficientemente claras.
No hay duda de que los autores de las mociones han tenido la buena idea de legislar sobre este asunto. Sin embargo, no puede decirse que no se ha legislado al respecto. Nadie puede sostener que en Chile es impune el robo de este tipo de elementos, pues está claramente tipificado; pero, obviamente, se requería modernizar una norma que adolecía de obsolescencia, atendido el progreso del país y las circunstancias actuales relacionadas con el suministro de los servicios públicos.
La primera precisión es que la idea original, que era muy bien intencionada, pero que, a nuestro juicio, adolecía de algunos problemas de técnica legislativa, pretendía establecer más bien una sanción casuística de ciertos hechos. En el exordio del informe se habla de tapas de alcantarillado o de cauces. Eso se eliminó y se optó por otro camino que me parece mucho más prudente desde el punto de vista de técnica legislativa.
El proyecto fue enriquecido transversalmente y hubo voluntad de sus autores para no engolosinarse con una moción original y aceptar proposiciones. Además, en la sesión de ayer, el Ejecutivo presentó una buena indicación que salva uno de los problemas que planteó el diputado Ascencio, quien había optado por la supresión del inciso. Su indicación fue rechazada, es cierto, pero teniéndose a la vista también que la indicación del Ejecutivo rompía la lógica de una pena absolutamente más allá de lo normal, de lo que originalmente establecía.
En esa virtud, a mi juicio, es bueno hacer un intento pedagógico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sancionando con una pena que va de 541 días a cinco años. El juez, a partir del tipo penal que estamos modificando, si llega a la conclusión de que hay participación punible, podrá aplicar a los autores una pena de presidio que va desde un piso de 541 días a un techo de cinco años.
Por cierto, si concurren circunstancias agravantes o atenuantes, la pena podrá ser más alta o más baja; pero, en general, ese es el rango que establece el legislador. Y es la misma pena no hay modificación en esto, porque el artículo 443 actual remite su penalidad al artículo anterior, el 442, que establece que el robo en lugar no habitado, se castigará con presidio menor, en sus grados medio a máximo, o sea, de 541 días a cinco años. Es la misma pena.
Las modificaciones pretenden establecer con más precisión, como lo hace el artículo 443, los objetos del delito. Así, dispone que se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, porque el robo en sitios destinados a la habitación está sancionado en otros artículos. Es decir, se establece una condición más genérica respecto del lugar donde puede ocurrir el ilícito. Igual condición se señala en su inciso segundo, respecto del tipo de objeto que es materia de este delito. La enumeración actual del artículo 443 es más casuística. Por tanto, se corría el riesgo de que alguna figura quedara fuera por no estar considerada.
El inciso segundo del artículo 43, que se propone, establece: “Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como meramente ejemplar electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro”.
La novedad está en que se le agrega un inciso tercero que dispone: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo”. Es decir, a raíz del delito se produce una consecuencia social compleja, porque quien roba un cable sabe que va a interrumpir el servicio está dentro de las posibilidades reales la penalidad pasa al grado máximo que señalamos, es decir, de tres a cinco años. No es que se aumente la pena, sino que el juez está obligado, cuando el delito tiene esa consecuencia, a aplicarla en su grado máximo.
Se agrega, en un inciso cuarto nuevo, que también se aplican las mismas penas, es decir, de 541 días a cinco años, al que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas. Ya es una figura distinta del autor o del coautor material; es otro, es un tercero, que conociendo el origen de la especie o no pudiendo menos que conocerlo, transporta el objeto robado para, eventual, comercializarlo. Ese hecho, más allá del negocio y de la receptación, constituye un delito que tiene cierta penalidad.
Por último, en el inciso quinto nuevo, se agrega una cuestión de carácter procesal que señala: “La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o transportar los elementos sustraídos. Si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, su clausura definitiva”.
La Comisión rechazó una indicación de un grupo de diputados, la mayoría de la Comisión de Economía, que, a mi juicio, es muy interesante, por cuanto señala que las empresas de suministro público o domiciliario no pueden hacer “rebotar” los costos del servicio en los usuarios cuando el suministro haya estado suspendido como consecuencia de la comisión de los delitos en cuestión. Pensamos que la ubicación de una norma de esa naturaleza en el Código Penal no tenía lógica legislativa. Por eso, nuestro rechazo fue de forma y no de fondo y quedó abierta la posibilidad para que los autores de esta buena indicación presenten una moción en tal sentido.
El proyecto contribuye, aunque el tema central respecto de estos delitos seguirá siendo la impunidad. Podríamos aumentar brutalmente las penas, pero si de la acción preventiva de las policías y de la punitiva de los fiscales no se desprende una decisión clara y precisa de perseguir a las bandas, nada habremos sacado. El tema central sigue siendo la capacidad del Estado de perseguir; de las policías de entregar pruebas a los fiscales y, de éstos, de presentarlas ante los jueces para poner atajo a estos delitos que causan graves daños a los usuarios, particularmente de los sectores más pobres de nuestras grandes ciudades.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el proyecto en debate nos recuerda lo que ocurría en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX, con el hurto o robo de las piezas del ferrocarril, de los rieles, de los durmientes, etcétera, con los consecuentes accidentes graves, algunos con resultado de muerte.
Es cierto que el hurto o robo de cualquier cosa mueble está penado. Es decir, desde el punto de vista estrictamente penal, no se necesitaba este proyecto. Sin embargo, la realidad actual, que nos recuerda repito lo que ocurría en las vías de los ferrocarriles, amerita legislar sobre la materia.
En la Comisión tuvimos muy en cuenta que el hurto o robo de cable del tendido eléctrico público o privado produce la paralización parcial o total del suministro del servicio, ocasionando graves perjuicios a los usuarios. Es más, algunas compañías que no tienen concesión sino que son de carácter voluntario, como hay muchas en nuestro país, frente a estos robos piensan suspender totalmente el servicio, ya que los costos de reposición de cable son sumamente altos.
Por eso, habida consideración de la gravedad que revisten estos delitos para los usuarios, estudiamos el tema y revisamos todos los aspectos de carácter técnico del proyecto, que traía determinadas enumeraciones sumamente casuísticas.
Cuando en materia penal se es demasiado casuístico pueden quedar impunes otras conductas o la enumeración puede contener menos elementos que los que se quedaron fuera de ella.
Desde esa perspectiva, planteamos hacer una revisión a fondo del proyecto, para lo cual sostuvimos conversaciones con el diputado Nicolás Monckeberg y con todos los miembros de la Comisión en forma transversal, que es lo que hacemos habitualmente.
Por lo tanto, a pesar de que se volvió a estudiar y se aprobó el proyecto en la Comisión, por las dificultades técnicas que se producen cuando se introducen nuevas formas delictivas, que no contradigan otras disposiciones del Código Penal, no constituyan una repetición exagerada o no impliquen restricciones o problemas de pena respecto de otras normas, nos dimos cuenta de que había que revisar una serie de aspectos, tal como se señaló en la Sala. Por eso se presentaron varias indicaciones, entre las cuales figura la referida al inciso tercero, relacionada con la pena que se aplicará.
Desde esa perspectiva, cuando se sustrae, se roba o se hurta material de cobre de cualquier tipo del sistema domiciliario, ya sea telefónico, eléctrico, etcétera, evidentemente va incluido el corte parcial o total del suministro correspondiente, lo que afecta al usuario, razón por la cual se dispuso una sanción mayor, pues establecer una pena de un grado más, evidentemente iba en contradicción del contenido mismo de la figura. En consecuencia, en la Comisión quedamos de acuerdo en aceptar el planteamiento del Ejecutivo, que estaba dentro del marco penal ya establecido, cual era que el juez no tuviera la posibilidad discrecional de recorrer todo el marco penal.
De esa manera, se conjugaba tanto la idea de la sustracción como la de la gravedad de la suspensión del suministro al usuario. Más aún, como también lo advirtió el Ejecutivo, en lo que estuvimos de acuerdo, porque ya lo habíamos planteado en la Sala, eso podía ocurrir aun cuando el hecho quedara frustrado, es decir, que ya se hubiesen cortado los alambres de cobre, pero que no se hubiese producido su apropiación porque en ese momento fueron descubiertos y, por lo tanto, el delito estaba en grado de tentativa. Eso no quedaba comprendido totalmente en la disposición anterior, y por ello es más adecuada la redacción que propuso el Ejecutivo.
También surgió en la Comisión otra alternativa: dejar esto al llamado concurso aparente de leyes, ya que en otras disposiciones de leyes especiales sobre la materia se establecen los delitos para los casos en que se produce interrupción del suministro de ciertos servicios, pero advertimos que siempre se exigía que existiera malicia, lo que a veces impedía aplicar el concurso aparente de leyes. En virtud de eso, quedamos de acuerdo en establecer la pena en su grado máximo cuando se produjera la suspensión del suministro del servicio público, fuese por delito consumado o frustrado.
Todos los miembros de la Comisión estuvimos de acuerdo en forma transversal en que había que arreglar la redacción del inciso primero del artículo 443 propuesto primitivamente, que señalaba que el robo de cosas de propiedad pública o privada, que se encontraren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, se sancionaría con la misma pena establecida en el artículo 442 del Código Penal, si el autor incurriese en cualquiera de las circunstancias señaladas en ese artículo. La referencia final al artículo 442 restringe considerablemente sus alcances y reduce en gran medida su utilidad, ya que esa norma dispone que se castigará con presidio menor en sus grados medio a máximo, si se produce con escalamiento, fractura de puertas interiores, armarios o si se usan llaves falsas, etcétera, es decir, cuando se utilizan medios para la comisión del delito propios de lugares cerrados. Sin embargo, el robo de alambres de cobre se comete en bienes nacionales de uso público o en sitios no habitados, es decir, en potreros o lugares abiertos, por lo que los medios a utilizar para su comisión tienen que adaptarse a esos lugares y no a los que se señalan en el citado artículo 442, que, como dije, se refiere al robo con fuerza en las cosas, que es propio de los delitos cometidos en lugares cerrados.
Por eso, la Comisión se acordó mantener la redacción primitiva del artículo 443 respecto de este delito especial que se comete en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, ya que permitirá proteger el servicio público y a los usuarios.
Lamentablemente, la Comisión rechazó una indicación presentada en la Sala, que obligaba a las empresas a reparar el suministro del servicio sin cargo a los usuarios. No obstante, consideramos que esa disposición debiera mantenerse y por ello la hemos presentado nuevamente, ya que beneficia a los usuarios, que es lo importante.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, voy a solicitar votación separada del inciso tercero, para ser consecuente con lo que sostuvimos ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Entendemos que éste es un buen proyecto, que apunta en la línea correcta, pero seguimos insistiendo en que, más que una cuestión de legislación penal, esto es un problema de resorte de nuestras policías y del Ministerio Público. A mi juicio, el tipo penal ya está suficientemente sancionado, sin perjuicio de que, como señaló el colega Juan Bustos, se han planteado algunas modificaciones que permiten mejorar la actual redacción de este artículo del Código Penal.
Quiero insistir en lo que dije en mi primera intervención, lo cual he seguido sosteniendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: la indicación presentada ayer por el Ejecutivo al inciso tercero, en el sentido de establecer que, “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo”, me parece un despropósito que no guarda relación con el tipo penal, básicamente, por dos razones: en primer lugar, porque la persona que extrae el tendido eléctrico, público o domiciliario, o corta algún tipo de suministro, el resultado obvio del tipo penal, que es la apropiación, va a producir el corte del suministro. En consecuencia, estamos penalizando lo que va a ocurrir si se concreta el delito; es decir, si la persona que trata de apropiarse de los cables del tendido eléctrico logra su objetivo, obviamente, va a haber corte de suministro.
En segundo lugar, creo que hay elementos que se deberían tener presentes en el momento de determinar la responsabilidad penal en relación con la culpabilidad, básicamente por el dolo de la acción que demanda el tipo. El artículo busca castigar la apropiación, en cualquier forma, de los elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público y domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía y cualquier otro. Es decir, el dolo consiste en la apropiación; no busca el corte del suministro, sino que éste es una consecuencia de aquélla. Por una mala figura que adoptó el Ejecutivo en cuanto a propiciar esta indicación, penaliza una consecuencia del delito que, a mi juicio, debería quedar en un concurso de leyes y ser penalizada conforme a si se establece o no este concurso con las leyes especiales que existen sobre electricidad u otras.
Un tercer tema que me preocupa es que la redacción va a producir confusión en la interpretación del inciso tercero, porque cuando se señala: “si con ocasión de algunas de las conductas señaladas en el inciso anterior…”, y el inciso anterior habla de la apropiación, se podría entender que tendrá aplicación solamente en el caso de que se produzca la apropiación y no cuando haya tentativa o frustración. Creo que la redacción del inciso no es todo lo precisa que debería ser. Antes bien, pienso que debería suprimirse, porque hay un problema de culpabilidad en el juicio de reproche que debería hacer el juez cuando se sigue el proceso penal, tema que está suficientemente resuelto con el concurso de leyes y con los tipos especiales que existen en las diversas legislaciones.
Por lo tanto, solicito votación separada de este inciso, que la Cámara rechace esto y se mantenga una estructura armónica en la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, valoro el desarrollo que ha tenido el proyecto y la forma en que se han ido decantando las proposiciones iniciales para mejorar su alcance. Sin embargo, hemos repuesto una indicación que presentaron los diputados Chauán, Delmastro, González, Hales, Sepúlveda y Urrutia, en el sentido de imponer a las empresas de suministro público o domiciliario la obligación de reponer el servicio al usuario y de no cobrarle mientras está suspendido por efecto de este tipo de problemas.
Entonces, pretendemos que estas empresas, que tienen como responsabilidad el suministro público, en caso de robo de cables u otros elementos, no sigan cobrando y que repongan el servicio rápidamente, porque siguen cobrando al menos el cargo fijo, a pesar de que no han arreglado el problema. Nos parece muy necesario incorporar la indicación de la mejor forma desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Un tema tan importante como éste amerita ser tratado nuevamente en la comisión, con la finalidad de aprobar un proyecto consistente. No basta con sancionar a los que roban cables, tapas de alcantarillado o cualquier otro elemento relacionado con suministro de servicios, sino que se debe asegurar que las empresas correspondientes sigan proveyendo los servicios de manera adecuada, con lo cual se estimulará a las empresas para que tomen más medidas de protección respecto de cada uno de estos elementos. No podemos permitir que siga el robo de cables. Las empresas deberán buscar la manera de asegurar protección. A su vez, la justicia debe actuar, como se dijo en el primer informe, para asegurar que quienes compran los elementos robados sean sancionados rápidamente.
Por eso, en primer lugar, hemos repuesto la indicación.
En segundo lugar, solicitamos que la Sala acuerde remitir el proyecto a comisión para perfeccionar técnicamente la manera de incorporar este concepto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero convencer a los señores diputados de que pongamos atención a la protección de los usuarios de los servicios de utilidad pública y resolvamos por unanimidad la posibilidad de reponer la indicación que protege, particularmente en el caso de la telefonía; de lo contrario, aprobaremos un proyecto de ley para defender a las empresas. Dicho de otra manera, debemos procurar que no le roben a nadie. No se trata sólo de proteger a las empresas. No podemos defender a las empresas y dejar desprotegidos a los usuarios. Por eso, presentamos una indicación con el diputado Chauán.
A propósito del planteamiento que formulé en la sesión anterior, debo decir que en esto hay tres actores: primero, los que delinquen, que deben ser castigados con más fuerza, es decir, el que roba y el que comete el delito de receptación, lo que provoca que el cobre robado se venda a vista y paciencia de todos. Segundo, la empresa víctima del robo y, tercero, el usuario del teléfono, al cual se le suspende el servicio por culpa del ladrón, pero ante lo cual la empresa no responde, no repone el cable y dice que prefiere perder al cliente. Pero, además, en el primer tiempo cobra el cargo fijo porque la cuenta está vigente, aunque el cliente no esté usando el teléfono.
Si no le cobraran el cargo fijo, igualmente se debería exigir que la empresa reponga el servicio, porque la dueña de casa que tiene contratado el servicio telefónico, que paga su cuenta, no es culpable. No lo robó ella. ¿Por qué se castiga al usuario? ¿Por qué la empresa no responde como cualquiera otra? Si a alguien le roban el empalme de electricidad y le cortan el cable que se conecta a la red de distribución de su domicilio, estoy casi seguro de que cualquiera empresa de distribución repone el cable del empalme. En el caso de la telefonía, eso no sucede.
Lo que corresponde es que el proyecto vuelva a la Comisión a fin de renovar la indicación, la cual no tiene nada que ver con algo político o partidario, sino que cuenta con un apoyo transversal.
Además, es razonable que se establezca en la normativa legal que el delincuente debe ser tratado con dureza y firmeza, y aplicarle una mayor sanción. Pero también debe existir responsabilidad desde el punto de vista empresarial, ya que la empresa sigue gozando de las platas que el usuario le está pagando por el servicio prestado y que le fue cortado por el robo de cables. En ese caso la empresa debe responder, porque el cable no fue robado desde el interior de la casa del usuario. Distinto sería si a éste le roban el aparato del teléfono desde el interior de su casa, porque ahí habría una responsabilidad directa del usuario; pero el cable la empresa lo instala en la calle, por eso debe responder por su robo.
Además, aquí hay un punto que es muy técnico, y es que las empresas telefónicas utilizan los postes para instalar los cables que conectan a las casas, lo que facilita su robo, porque no le producen ningún daño a la persona que los toma. La única solución sería que las empresas instalaran los cables subterráneamente, ya que de esa forma no estarían a la vista de los ladrones. Pero hay que reconocer que eso les sale más caro, y a las empresas no les conviene, porque les gusta la “ley del embudo”. Por eso, si quieren tener los cables a la vista para que se los roben, deben reponer el servicio a los usuarios cuando ello ocurre.
El diputado Burgos ha dicho muy bien que lo que aquí se necesita es una mayor eficiencia de parte de los servicios policiales y la persecución al delincuente de parte de los fiscales. De lo contrario, vamos a seguir votando proyectos que al final se transforman en leyes de la República, pero su contenido son puras promesas, esperanzas e ilusión, y nada concreto. Las leyes son normas escritas que necesitan que alguien cumpla lo que disponen, y si no hay persecución de parte de los fiscales, eficiencia policial, resguardo a los usuarios y protección a las empresas, vamos a seguir con un papel escrito, con un proyecto que ha sido aprobado por este Congreso con mucho entusiasmo para convertirse en ley de la República. Está nuestro compromiso de representar a la gente en sus demandas, y debemos enfrentarnos al ciudadano que nos interpela porque según él no hacemos nada para endurecer las penas contra el delincuente.
Esta indicación es una forma de endurecimiento contra el delincuente, pero necesitamos policías, fiscales y justicia eficientes. No basta con la actual ley. En ella debe ir incluida la siguiente disposición: “Las empresas de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión de este tipo de delitos.”.
Por tanto, pido a la Sala la unanimidad para que el proyecto vuelva a la comisión respectiva a fin de renovar la indicación, lo que permitirá dejar operativo el triángulo equilátero en los tres vértices: dureza contra el delincuente, defensa de la empresa agredida por el delincuente, y defensa y protección del usuario de parte de la empresa, ya que ésta no se puede encoger de hombros, dejando al usuario en el limbo.
Conversé sobre este punto con una autoridad de la empresa telefónica, y le manifesté cómo era posible que nosotros estuviéramos estudiando un proyecto para sancionar a quienes les roban los cables, mientras ellos se encogen de hombro diciendo que prefieren perder al cliente porque les roban una y otra vez los cables. Le dije por qué no los escondían para protegerlos, instalándolos bajo tierra. Es la única forma de evitar su robo. De lo contrario, habrá que establecer en la normativa legal la obligación a la empresa de reponer el servicio al usuario cuando éste sea víctima del robo de cables de algún servicio domiciliario. Eso es lo único que va a generar confianza en la legislación y en el estado de derecho de parte de la ciudadanía.
Por tanto, la solución está en que el proyecto vuelva a la Comisión respectiva con el objeto de que sea repuesta esta indicación.
Aquí no se trata de estigmatizar a las empresas ni de caricaturizarlas con mi intervención. Mi discurso no trata a las empresas de pulpos ni de abusadores. Pero debo aclarar que me sentiría en falta a mi conducta como representante ciudadano si no fuera capaz, por un lado, de proteger a las empresas a las cuales les roban y, por otro, al usuario, pues no lo podemos dejar en la indefensión. Si la empresa hoy no lo defiende, siento la obligación de hacerlo como su representante.
El diputado Delmastro suscribió con nosotros la indicación, pero no lo ha inspirado una decisión partidaria para confundir a los partidos políticos. En esto hay representantes ciudadanos de todos los partidos.
Por eso, invoco que sea esta Sala, en su conjunto, transversalmente, al igual como se firmó la indicación, la que dé la unanimidad para defender realmente a la empresa y al usuario. De lo contrario, cuando el proyecto sea ley de la República, si no contamos con una policía eficiente, le van a robar el cable a una empresa, que puede ser la telefónica; ésta le va a cortar el servicio al usuario afectado, el cual no podrá reclamar porque se le va a contestar que la ley señala que se debe sancionar al ladrón, pero no obliga a la empresa a reponer el servicio al usuario. No quisiera tener que dar explicaciones a ese respecto. Por tanto, debemos establecer la defensa al usuario.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, cuando uno lee el proyecto, echa de menos dos cosas: primero, la defensa al usuario. En eso concuerdo plenamente con el diputado Hales, porque es muy importante establecer en el articulado la defensa del usuario que ha sido víctima del robo de cables que conectan un servicio domiciliario a su casa, con el consiguiente corte del servicio por parte de la empresa. Por tanto, suscribo cada una de las palabras que él ha dicho y me parece muy pertinente dar la unanimidad para que se pueda renovar la indicación en ese sentido.
Pero hay un segundo punto que quisiera tocar el diputado Ascencio ya lo planteó en la Comisión, según consta de la lectura del informe, y tiene que ver con el inciso tercero del artículo único.
Si el legislador hubiese determinado que este tipo de falta debe ser sancionado con el grado máximo de la pena con que se van a tipificar estos delitos, debió haberse consignado en el inciso primero. Me llama la atención el tenor del inciso tercero, que dice: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”.
Lo que uno no tiene claro es si el robo de cables de suministro público de electricidad, de gas, de agua, de telefonía o de cualquier otro servicio, va a significar siempre el corte del servicio público, porque no es entendible que ello no se produzca cuando se roban elementos básicos para su suministro.
Por lo tanto, al tenor de lo que propone el proyecto, los jueces no tendrán otra opción que aplicar a los autores de tales sustracciones la pena en su grado máximo, en circunstancias de que, según entiendo, la ley les permite, en mérito de las razones que se someten a su consideración, flexibilizar el grado de la pena a aplicar. Por eso nuestra justicia, prácticamente en la mayoría de los casos, establece grados penales variables que el juez puede aplicar, dependiendo del ilícito cometido.
Estoy de acuerdo con la indicación presentada en la Comisión por el diputado señor Ascencio, puesto que no creo que el espíritu del proyecto sea sancionar en su grado máximo a todos los autores de esos robos. De lo contrario, estaríamos haciendo una mala ley y no cumpliría con el fin de hacer justicia. Los jueces carecerían de la posibilidad de dirimir qué ilícitos deben recibir mayor o menor pena.
Por lo tanto, solicito la reposición de la indicación presentada en la Comisión por el diputado señor Ascencio, a fin de votarla en la Sala, la cual propone suprimir el inciso tercero del artículo único, puesto que los argumentos que entregó, los cuales respaldo, son bastante lógicos.
Si uno analiza detenidamente la iniciativa se da cuenta de que no tiene sentido elaborar leyes que no queden bien plasmadas, de manera que mantener el inciso tercero parece absolutamente redundante, porque reitero no creo que el espíritu de la Comisión haya sido aplicar a todos los autores de esos delitos la pena máxima y que los jueces no tengan la alternativa de aplicar distintos grados de penalidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente al diputado señor Robles que el inciso tercero se votará separadamente.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, las intervenciones de varios diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han aclarado y enfilado el proyecto hacia donde tiene que conducir.
Estoy absolutamente de acuerdo con que se debe sancionar el robo de cables eléctricos y de tapas de alcantarillados, pero el tema de fondo tiene que ver con la prestación del servicio de parte de las empresas que lo suministran: se debe determinar la forma en que la población no sufra las consecuencias de la interrupción del suministro a raíz de la sustracción de cables.
La primera responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios cuando ocurren dichas sustracciones es no cobrar a los usuarios el cargo fijo, a fin de no hacer más gravosa su situación.
Hace algún tiempo denuncié en esta Sala que empresas de suministro eléctrico de Valdivia demoraban meses en la reposición del servicio, aduciendo el robo de sus cables, en circunstancias de que deberían hacerse responsables de enfrentar esa situación.
El aumento de la pena en los casos señalados no impedirá el robo de cables y de tapas de alcantarillado. Lo que debemos analizar es de qué manera las empresas de servicio asumirán su responsabilidad de mantener el suministro constante, porque no pueden escudarse en la sustracción de cables para dejar de prestarlo, en especial cuando siguen cobrando el cargo fijo o por un servicio que no están prestando. Los usuarios no son los encargados de recurrir al Sernac o a los tribunales debido a la sustracción de los cables de una empresa de servicio. Se debe establecer la obligatoriedad para las empresas de mantener el servicio y de invertir en tecnología que permita satisfacer de manera permanente el suministro que están obligadas a prestar.
Aquí se han planteado ideas muy interesantes, que podrían ser objeto de análisis si el proyecto vuelve a Comisión. Por ejemplo, se ha señalado que el cableado se haga de manera subterránea, que se invierta en tecnología inalámbrica y que se establezcan metodologías o procedimientos que impidan la sustracción de cables, problema que no sólo es coyuntural, debido al alza del precio del cobre, sino que también se produjo en el pasado. De hecho, cabe recordar que la legislación del siglo anterior sancionaba la sustracción de cables telegráficos y la interrupción del servicio de ferrocarriles.
Creo que el aumento de la penalidad por esos ilícitos no es la solución al problema ni el camino correcto, sino una medida complementaria. Lo que debemos hacer es buscar, de manera clara y precisa, la forma en que las compañías sigan prestando servicio a pesar de los robos de que son objeto y que no interrumpan el suministro de la población, en especial de la gente más humilde, que de la noche a la mañana queda sin electricidad o sin teléfono. Por lo tanto reitero, debemos establecer disposiciones que obliguen a las empresas a reponer el servicio a tiempo y a invertir de modo más efectivo en la solución de los problemas, con el objeto de que asuman su responsabilidad de prestación de servicios.
Si el proyecto vuelve a la Comisión y es debatido nuevamente en la Sala, deberemos centrar la discusión en ese marco, con una visión completa respecto de la situación. No debemos irnos por el camino fácil de aumentar las penas para quienes cometen esos ilícitos. Obviamente, se debe sancionar a los reducidores de especies, pero hay que tener una mirada más inclusiva y determinar la responsabilidad de las empresas de servicios, a fin de asegurar a los usuarios, en forma permanente y continua, la obtención del servicio que cada empresa se ha obligado a prestar, como electricidad, televisión por cable o telefonía. Creo que esa es la forma de enfrentar la situación, de manera que esta discusión debiera radicarse en el seno de la Comisión.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, por las noticias me he informado que ayer, en Antofagasta, dos personas se electrocutaron mientras intentaban robar cables de cobre del tendido eléctrico. Por un kilo de cobre se paga alrededor de cuatro mil pesos.
Este proyecto de ley es muy importante en sí mismo, más allá de los aspectos que debemos proteger desde el punto de vista de los derechos del consumidor.
Quienes somos diputados de regiones, tanto del norte como del sur del país, sabemos que el cableado se extiende por muchos kilómetros para llegar a las diferentes poblaciones, ya que entre una y otra puede haber una distancia de doscientos kilómetros y, en el caso del norte, se trata de doscientos kilómetros de desierto. Y cuando roban esos cables obviamente, es imposible proteger doscientos o trescientos kilómetros de cables en medio del desierto, se le causa un daño económico a toda la comunidad, al conjunto de la región, y no sólo a la empresa.
Reitero que el proyecto es muy importante en sí mismo, porque es necesario tipificar de manera más específica los delitos y elevar las penas. Coincido con el diputado Jorge Burgos en que es perfectamente posible perseguir estos delitos con la legislación actual, pero si incorporamos normas más específicas y tipificamos mejor el delito, vamos a controlar en mejor forma una actividad que se ha vuelto cotidiana: el robo de cables del tendido eléctrico y de otros servicios.
Algunos colegas, particularmente el diputado Patricio Hales, han planteado incorporar en el proyecto una indicación tendiente a defender los derechos de los consumidores cuando se interrumpe alguno de los servicios básicos a causa del robo de los cables, cuestión que comparto en el fondo. Sin embargo, no corresponde que ello se incorpore en el Código Penal, puesto que, en este caso, no se establece un tipo penal, sino más bien una obligación de tipo comercial. En consecuencia, no corresponde incluir esa modificación en el Código Penal, pero sí podríamos hacerlo en la ley eléctrica o en la de defensa del consumidor.
El artículo 25 de la ley Nº 19.496 dice lo siguiente: “El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.
“Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.
“El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.”.
Por lo tanto, la propuesta contenida en la indicación ya está incorporada en el artículo 25 de esa ley, publicada el 7 de marzo de 1997. Por consiguiente, no sólo no corresponde incorporarla en el Código Penal, porque no tiene que ver con un tipo penal que se esté estableciendo, sino que se debe invocar la norma que ya existe para defender los derechos del consumidor. Es necesario que esa normativa se aplique efectivamente. Las organizaciones de consumidores y vecinales y las propias autoridades locales deben ser capaces de recurrir a ella para defender los derechos de los consumidores.
Comparto plenamente la afirmación de que, cuando se roba cable, se interrumpen los servicios, se daña a la comunidad y a la empresa y se produce un deterioro económico para el sector, para la ciudad y para la región afectada. Pero también se produce un efecto sobre el consumidor, por lo que se hace necesario proteger sus derechos. Insisto en que esa norma ya existe.
Por eso, propongo que nos atengamos a las características del proyecto, en el que estamos estableciendo tipos penales y normas más rigurosas, con una tipificación más específica y con penas más elevadas para el robo de cables de cobre y de tapas de alcantarillado, lo cual pone en peligro la vida de las personas. Hace algunos meses, el robo de una tapa de alcantarillado significó la caída de un niño en un pozo, hecho que puede ser perseguido por la legislación penal existente, independientemente de las normas que hoy estamos discutiendo.
En síntesis, considero que la propuesta presentada ya se encuentra incorporada en la ley aludida, por lo que pido que esa normativa se aplique para proteger los derechos de los consumidores y que comprendamos que las modificaciones que queremos introducir en el Código Penal tienden a impedir que los delincuentes sigan robando los cables eléctricos y las tapas de alcantarillado, que causan un daño enorme a la comunidad, particularmente a los más necesitados, a los más pobres del país, que son los más afectados por esos delitos.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Agradezco al diputado Antonio Leal por traernos a colación un artículo específico de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, que nos ayudará a la resolución del conflicto planteado.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo tiene su origen en una moción presentada por quien habla y por otros señores diputados.
Nadie está obligado a lo imposible. Cuando se cae un interruptor, se rompe un transformador o cuando un vehículo choca contra un poste del tendido eléctrico y lo derriba, indudablemente, la empresa correspondiente debe responder y restituir el servicio dentro de las próximas seis horas. Pero, por ejemplo, si cerca de Reigolil, a cincuenta kilómetros de la cordillera, casi en el límite con Argentina, alguien roba el cable del tendido eléctrico durante la noche, la empresa sufre un daño y, además, debe reponer ese material. Es decir, hay que advertir que cuando hay un robo, una fuerza mayor, indudablemente, la empresa afectada no está en condiciones de restituir rápidamente el servicio.
En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que, cuando el sistema eléctrico se cae y los consumidores quedan uno o dos días sin suministro eléctrico, la empresa está sobrepasando la ley, porque ésta señala claramente que el servicio debe reponerse durante las siguientes seis horas.
Aquí no hay ley del consumidor que valga. A quien debemos atrincar fuertemente es a la gente que compra las tapas de alcantarillado y los cables de cobre robados, porque ahí radica el problema. Me pregunto lo siguiente: la ley debe aplicarse, pero si la Policía de Investigaciones y Carabineros no descubre a las personas que compran ese cobre robado, ¿qué sacamos con aprobar estas normas? Para ser más drásticos, debemos considerar esta realidad.
Ya señalé en anteriores oportunidades que una de las revisiones que se deben hacer se refiere a Impuestos Internos, porque es necesario que este servicio conozca la situación de las personas que comercializan metales, para saber cuántos kilos compran y cuántos venden. Ésa es una forma de control efectivo. Si una persona compra cien kilos y después vende quinientos, ¿de dónde sacó los otros cuatrocientos? Ésa es la pregunta que nos debemos plantear.
No basta remitirse a la ley del consumidor, en la que todos estamos de acuerdo. El problema que debemos atacar no es ése. Queremos perseguir a las personas que roban cables eléctricos en general, objetos de cobre y tapas de alcantarillado, y eso se hace con un control férreo de parte de Carabineros, de la Policía de Investigaciones. Los reducidores son la principal lacra que afecta a las empresas de electricidad y de telefonía. Es tanta la desazón de estas empresas, que hoy están utilizando alambres de aluminio para subsanar el problema. Por lo tanto, debemos ser drásticos en relación con lo que he señalado.
Indudablemente, todos estamos de acuerdo en que hay que proteger al consumidor. Por eso, espero que el proyecto contribuya a que los usuarios cuenten siempre con los servicios de telefonía y de electricidad. Debido al robo de cables, muchas poblaciones han quedado sin señal de teléfono. Hace algunos días una señora de Santiago me comentó que los pobladores afectados saben perfectamente quiénes roban los cables, pero no se atreven a denunciarlos por miedo a represalias. Sería conveniente que se dispongan medidas para que esos pobladores entreguen, en forma anónima, los nombres de quienes cometen el ilícito. Poblaciones enteras han quedado sin los servicios de teléfono y de electricidad por culpa de personas que están haciendo un gran negocio debido al alto precio del cobre.
Vamos a votar favorablemente el proyecto y esperamos que, a la brevedad, se solucione este problema que afecta a los usuarios y a las empresas que prestan los servicios.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, sólo quiero hacer algunas observaciones.
Agradezco a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por haber recogido el espíritu de una indicación que presenté en su momento, con el objeto de eliminar del inciso tercero la disposición que aumentaba la pena en un grado cuando, con ocasión de alguna de las conductas señaladas en los incisos anteriores, se causaba la suspensión total o parcial del servicio. Cabe considerar que el corte de un cable casi siempre produce la interrupción del servicio. Por tanto, dar la posibilidad de que la pena establecida en los incisos anteriores, que va de 541 días a 5 años de presidio, pueda ser aumentada por el juez a 10 años en los casos en que el robo de cables produzca la suspensión del servicio, me parecía excesivo. La Comisión recogió el espíritu de la indicación que presenté y, a raíz de una proposición del Ejecutivo, estableció que si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso segundo se produce la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo, esto es, 5 años de presidio.
En verdad, el proyecto todavía no me convence. Nuestra tendencia es resolver los problemas mediante una ley; creemos que todo se soluciona con leyes. Tengo la impresión de que las cosas no son así.
Quiero tomar las palabras del diputado Leal, quien, además de haber aclarado que en la ley del consumidor figuran sanciones para las empresas que cortan los servicios injustificadamente, se refirió a un caso aparecido ayer en la prensa sobre tres personas que murieron electrocutadas cuando trataban de robar cables de una empresa. Hoy, a las personas que roban cables no les importa la pena que podamos establecer; ni siquiera les importa la muerte. Arriesgan absolutamente todo porque saben que robar tapas de alcantarillado hechas de cobre o robar cables de cobre es un gran negocio. Para ello arriesgan, incluso, sus vidas, como ocurrió ayer. Por lo tanto, a mi juicio, que se aplique una pena más o una pena menos no resolverá el problema. Vamos a seguir exactamente igual. El problema de fondo lo constituyen las personas que hacen el negocio. En ese sentido, voy a seguir la línea de argumentación del diputado René Manuel García. La venta de productos de cobre es un buen negocio debido al aumento del precio de este metal.
Quiero dar a conocer algunos datos sobre la exportación de chatarra de cobre refinado. Cabe aclarar que los cables, tapas de alcantarillado, tubos, etcétera, hechos de cobre, son transformados en desechos que luego se venden como chatarra para reciclar. Entre enero y octubre de 2005, se exportaron 10 millones de kilos de chatarra de cobre, contra 22 millones de kilos que se exportaron entre enero y octubre de 2006. O sea, la venta aumentó el doble. Las exportaciones de chatarra de cobre entre enero y octubre de 2005 alcanzaron un valor de 31 millones de dólares. Este año, las exportaciones han reportado ganancias por 136 millones de dólares. Por su parte, Codelco percibe 135 millones de dólares por concepto de exportación de ánodos gastados y otros materiales de desecho. Los desechos de cobre refinado se exportan a Corea, Filipinas, China, Reino Unido, Brasil, Taiwán, Bélgica y Holanda. Este año, dicho negocio reportó ganancias por 136 millones de dólares, en circunstancias de que el año pasado la cifra alcanzó los 31 millones de dólares. Lo más probable es que en 2004 se haya ganado mucho menos.
Como robar materiales de cobre es un buen negocio, han aparecido no más de veinte empresas que se dedican a la compra y exportación de esos productos. Para esos efectos, acumulan el material en sus bodegas luego de haberlo adquirido de estos “mini vendedores”; posteriormente, lo trasladan en un camión hasta un lugar más grande y, después, lo exportan. Es un procedimiento muy simple y fácil.
Insisto, aunque se aumenten las penas por este delito, seguirán existiendo ladrones dispuestos a arriesgar su vida, pues el negocio sigue siendo bueno en razón del buen precio del cobre y, fundamentalmente, de que existen empresas que exportan este material.
Chile no es productor de residuos de cobre, como tubos o cables. Por tanto ¿cómo es posible que hayan aumentado al doble las exportaciones de este material? ¿De dónde están saliendo estos desechos? Del robo que se está produciendo. Lo que deberíamos hacer es pedir a las autoridades que corresponda que dispongan las medidas pertinentes para que se termine con estas exportaciones. De esa forma, no habrá personas que pierdan su vida por robar cables, ni será necesario aumentar las penas para este delito.
Voy a dejar a disposición de la Mesa los antecedentes que he expuesto sobre exportaciones de chatarra de cobre refinado. En ellos figuran las veinte empresas que hoy exportan este material. No las quiero nombrar para no cometer ninguna injusticia, porque creo que lo que hay que hacer es terminar con este tipo de exportaciones. Codelco lo hace porque son otras las cosas que exporta, pero estas empresas que han aparecido están haciendo negocios por 5, 6 y 10 millones de dólares al año, que antes no llevaban a cabo. ¿De dónde ha salido este negocio? De los robos de las tapas de alcantarillado, de cables, etcétera. Con esto hay que terminar, y no aumentar las penas como lo hacemos en este proyecto.
He dicho.
- Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, no cabe duda de que, en cierta medida, el alto precio del cobre ha gatillado el apetito como se ha dicho aquí por el robo de cables.
Pero, hay algo inevitable que es consecuencia de este delito: la interrupción del suministro, que representa un drama para las familias, en particular, para las más vulnerables porque, así como se ha producido la muerte de algunas personas que intentaban robar cables, también es posible que se hayan producido lesiones graves o muertes no tengo las estadísticas del caso, debido a que los usuarios no pudieron pedir una ambulancia o llamar a los bomberos por carecer de línea telefónica.
¿Qué quiero decir con esto? Primero, que me parece inadecuado establecer en el inciso tercero del artículo 443 del Código Penal, que se propone sustituir en virtud del artículo único, lo siguiente: “Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”. Esto es inevitable, es parte del delito. Entonces, ¿cómo se va a aplicar la pena en su grado máximo? Me parece de absoluta injusticia y no podemos aceptarlo, razón por la cual había solicitado votar dicho inciso en forma separada.
Sin embargo, si el proyecto vuelve a comisión, se podría abrir un nuevo debate sobre la materia. Lo que ha dicho aquí el diputado Ascencio abre otras posibilidades; por ejemplo, para resguardar su patrimonio, las empresas podrían usar cableado bajo tierra y no en altura. Esto es, más o menos, como una señora que tiene alhajas finas y que va a comprar a la feria más popular con todas ellas puestas. Creo que lo menos que se puede decir es que esto sería una provocación.
Por eso, creo que hay que exigir a las empresas tal vez, no es el momento de hacerlo pero, por lo menos, hay que decirlo, que son tan ricas y que obtienen tantas utilidades, que instalen el cableado bajo tierra y no en forma aérea.
Por otro lado, nos pareció muy justa la presentación de una indicación para que las empresas descuenten de la boleta el servicio que ha quedado suspendido como consecuencia del robo de cables y para que lo repongan oportunamente. Sin embargo, creemos que eso nada tiene que ver con este proyecto, razón por la cual recomendamos que en este caso se aplique la ley del consumidor. Sabemos que dicha ley implicó muchos años de discusión y que es débil. Por eso, tal vez, sería el momento preciso para lograr que se tome conciencia de los derechos del usuario y dar mayor fuerza a la demanda hoy día, se puede presentar una demanda colectiva, para ejercer una acción mucho más fuerte. De esa forma, creo que iríamos por el camino correcto.
De manera que si una indicación en tal sentido hace que el proyecto vuelva a la Comisión, podríamos tener un nuevo debate sobre la materia. No tengo seguridad sobre esto, pero es probable que las grandes empresas tengan contratados importantes seguros y que no les importe el robo de cables, cuyo valor será recuperado, pero los usuarios no recuperaran los cobros indebidos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, hace algunos días presentamos una indicación que nos parecía que iba en el sentido adecuado, que tenía por objeto tipificar el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y sancionar el robo y receptación de cables de cobre y otros metales del mobiliario urbano.
¿Por qué creíamos que iba en la dirección correcta? Primero, porque consideramos que aquí existe un círculo pernicioso dado por el robo, por la venta y por la receptación de estos materiales de cobre. Segundo, porque si bien la Policía de Investigaciones y Carabineros hacían su pega, es decir, detenían a los delincuentes, éstos quedaban en libertad al día siguiente. Por lo tanto, considerábamos necesario tipificar tales delitos.
Junto con lo anterior, señalamos que las empresas que prestaban servicios domiciliarios, tales como agua, luz, teléfono, fundamentalmente, y otros servicios básicos, estaban cometiendo un abuso al no reponer el servicio en el tiempo indicado en los respectivos reglamentos; es más, cobraban a los usuarios por el servicio que había sido interrumpido como consecuencia de los robos.
Por eso, a fin de terminar con estos abusos, pedíamos claramente, a través de la indicación que ha sido renovada en la Sala, que las empresas, en particular, las telefónicas, se comprometieran a no cobrar a los usuarios cuando por hechos sancionados por esta ley no pudieran prestar el servicio.
Les quiero contar que en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, 10 mil familias quedaron completamente desconectadas cuando, hace algunos días, se produjo una lluvia bastante considerable. Lo mismo ocurrió en el sector de Forestal.
Por eso, vamos a aprobar esta indicación, que fue renovada en la Sala, porque las empresas no deben seguir abusando de los usuarios.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, creo que, de una forma u otra, las intervenciones que hemos escuchado así lo dijo hace un instante el diputado De Urresti, han intentado determinar cuál es el objetivo central del proyecto en debate.
Después de leerlo un par de veces, me da la impresión de que, si bien responde a algunas inquietudes que han quedado de manifiesto en las intervenciones de los colegas, no representa una solución para un problema que sí planteó en forma muy clara y bastante documentada el diputado Gabriel Ascencio.
Es evidente que mientras exista un poder comprador de cables de cobre robados, no solamente a las empresas de servicios sino que a cualquiera empresa que en su actividad utilice cobre que puede ser reciclado, mientras se mantenga esa posibilidad de compra por parte de un tercero y de reventa en el país o en el extranjero, estaremos ante un problema gravísimo que las empresas de servicios no están en condiciones de resolver satisfactoriamente.
En un seminario sobre telecomunicaciones que realizamos recientemente, en el cual participaron representantes de todas las empresas del sector, se entregaron las cifras de lo que en el presente año ha significado el robo de cables para algunas de ellas, y no estaba presente ninguna de las empresas eléctricas, que son las que sufren mayor daño. Sólo una de las empresas de telecomunicaciones planteó que este año el robo de cables le estaba significando cerca de tres mil millones de pesos.
La comercialización del producto robado nos permite darnos cuenta de que el problema es mayor de lo que parece, porque el robo hormiga de cobre está asociado también a problemas graves en nuestra sociedad. Hay mucha gente que roba para obtener como dijo alguien por ahí, a cuatro mil pesos el kilo la plata para drogarse. Entonces, este robo no sólo está asociado a delincuentes, sino también a gente con otro tipo de enfermedades, como la drogadicción.
Sería bueno aprovechar esta oportunidad para sancionar drásticamente a quienes forman parte de la cadena de comercialización de productos de cobre robados, quienes
actúan en la más completa impunidad, sin que exista un control adecuado. En el proyecto no percibo cómo se pretende sancionar a quien compra lo robado, que ya no está tal como fue robado, porque después del proceso de refundición y comercialización no tiene mucho que ver con el producto original robado. No se determina el origen del producto que se está comercializando en una segunda o tercera venta, incluso al exterior. El proyecto puede ser bueno para resolver algunas situaciones, pero tiene una falencia en el control estricto, no al delincuente, al que roba, sino al comprador.
Desde el punto de vista político, siempre es interesante manifestarse en contra de las empresas de servicios, porque a la gente normalmente le gusta que uno hable en contra de empresas que no siempre brindan un buen servicio. Pero, en este caso particular, las empresas están sufriendo un daño que no alcanzan a resolver satisfactoriamente en beneficio de los consumidores y no se castiga en forma adecuada a quienes compran los productos robados.
Quiero hacer un alcance adicional, que no tiene que ver con el robo de cobre propiamente tal. Las personas que roban estos productos, muchas veces no se dan cuenta de que lo que intentan robar no es cobre, sino cualquier otro tipo de cable que está en la red, y rompen las fibras de vidrio. Entonces, el reemplazo de fibra de vidrio pasa a ser un tema recurrente en las empresas de servicios, lo que genera un daño tremendo a las comunicaciones y un costo aún mayor. En consecuencia, sería bueno aprovechar esta instancia para incorporar algunas ideas que permitan sancionar a quienes cooperan en la posterior comercialización del cobre robado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, la semana pasada iniciamos la discusión del primer informe de este proyecto; ahora discutimos el segundo.
En la discusión anterior, algunos diputados señalaron en la Sala que el precio del cobre estaba a tres mil pesos. Ahora, su señoría nos comenta que el precio ha subido a cuatro mil pesos. Es decir, ha subido una “luca” en una semana. Insólito, por decir lo menos. Eso demuestra que el robo de cobre es un gran negocio.
Pero, como el que tiene cobre debe extraerlo principalmente de las minas para venderlo, al que no lo tiene no le queda otra alternativa que robarlo. Eso es lo que ha venido ocurriendo fuertemente desde que el precio del cobre subió. De ahí en adelante no han parado los robos, principalmente de los cables eléctricos, dejando a gran parte de la población sin suministros básicos.
Además, ya no sólo se roban los cables de cobre o de las instalaciones telefónicas; incluso se roban los medidores de agua potable y desentierran las cañerías, porque también tienen algo de ese metal.
Alguien preguntó por qué las grandes empresas no entierran los cables en vez de mantenerlos a la vista. Les voy a decir una cosa: los ladrones hacen hoyos y se roban los cables subterráneos, se lo roban todo, porque a cuatro lucas el kilo, el negocio es brillante. Da lo mismo que los cables vayan por arriba o por abajo, porque los van a robar igual. La única diferencia es que por arriba tienen que trepar y por abajo tienen que hacer hoyos con palas. A los ladrones les da lo mismo.
El proyecto es extremadamente necesario. Aquí se ha hablado mucho de presentar indicaciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar todas las indicaciones necesarias. Incluso, yo adherí a una de los diputados Chahuán, Hales y otros, para que las empresas suministradoras de servicios básicos fueran sancionadas por no reponer el material robado.
Pero el honorable señor Leal ha señalado en su intervención que eso ya está sancionado en otra disposición. No corresponde incluir ninguna norma a ese respecto en el proyecto, porque ya existe. Entonces, no tiene ningún sentido insistir con la misma indicación presentada la semana pasada. Ésa es la razón por la cual la firmé de nuevo.
No sólo en el norte, sino en todo el país se espera con ansias este proyecto, porque es la única manera de que podamos frenar un delito que sigue aumentando.
No debemos extrañarnos si la próxima semana el cobre ya no está a cuatro, sino a cinco lucas. Ahí, con mayor razón los delincuentes van a seguir robando los cables de los servicios básicos.
Llamo a que aprobemos el proyecto tal como está, porque la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados ha hecho un gran trabajo para emitir su informe lo antes posible y en buena forma, a fin de que sea aprobado en el Senado y luego sea ley de la República.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, no cabe duda de que con el proyecto en discusión se ha hecho un gran trabajo.
En concordancia con lo planteado por otros colegas, soy partidario de la reposición de la indicación de los diputados señores Chahuán, Delmastro, Duarte, González, Hales, Saffirio, Sepúlveda, don Roberto, y Urrutia, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, porque no es posible que se siga cobrando a los usuarios por el suministro de un servicio que no se entrega. Estoy de acuerdo en que las empresas no son responsables del robo de cables, pero los usuarios son mucho menos responsables de ese ilícito y, por lo tanto, no tienen por qué pagar por un servicio contratado, pero que no se presta en forma eficiente.
Existen sectores donde hoy, lisa y llanamente, no llega el servicio telefónico porque las empresas, debido al incremento en el robo de cables, han optado por no reponer el servicio. Ellas argumentan que el seguro contratado les resulta muy caro y, por lo tanto, que no les sale a cuenta seguir pagándolo. En consecuencia, les resulta más fácil no reponer el servicio.
En San Bernardo, en Los Morros hacia la cordillera, por ejemplo, existen vastos sectores en los cuales la gente no cuenta siquiera con un teléfono público al cual echar mano para llamar a servicios de emergencia en caso de que sea necesario solicitar su auxilio.
Por lo tanto, es importante que las empresas hagan con responsabilidad las inversiones necesarias para afrontar el problema. Hoy, podemos aumentar las multas y las penas de cárcel, pero los robos seguirán mientras los cables estén al aire. En ese sentido, a mi juicio la solución pasa por la instalación de los cables bajo tierra, medida que se está adoptando en el sector oriente de Santiago, donde muchas comunas tienen todo su cableado bajo tierra, lo que, además de las bondades que representa desde el punto de vista estético, dificulta el robo. En consecuencia, no veo por qué no se puede adoptar ese procedimiento en sectores de menores recursos. A mi juicio, si las empresas sacaran cuentas de los montos que deben pagar por concepto de seguro y para la reposición del servicio, y ponderaran la ganancia que podría significar contar con usuarios en mayor cantidad y más conformes con el servicio prestado, concluirían en la conveniencia de hacer el cableado bajo tierra.
Pido que la indicación a que me referí sea repuesta. Asimismo, si procede, solicito que el proyecto vuelva a la comisión técnica, a fin de retomar la discusión en torno de dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que las empresas no deben cobrar por un servicio que no entregan, aunque la falta de suministro no sea responsabilidad de ellas, y en segundo lugar, que se estudie la posibilidad de que las empresas instalen todo su cableado bajo tierra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados reglamentariamente los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo único.
Corresponde votar el inciso primero del artículo único.
En votación.
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
- Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar el inciso tercero del artículo único.
En votación.
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
- Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
- Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Ascencio
Mansilla Gabriel; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Paredes Fierro Iván; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
- Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a una indicación renovada.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación renovada, suscrita por los diputados señores Hales, Montes, Bustos y Encina, y por los Comités señores Paredes y Quintana, para agregar el siguiente inciso final:
“Las empresas de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión de este tipo de delitos.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la indicación renovada.
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
- Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena.
- Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
- Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Soto González Laura.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.