Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Ramon Barros Montero
- Patricio Melero Abaroa
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Rene Aedo Ormeno
- Pablo Lorenzini Basso
- Ivan Paredes Fierro
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Correa De La Cerda
- Cristian Monckeberg Bruner
- Carlos Olivares Zepeda
- Eugenio Tuma Zedan
- Manuel Monsalve Benavides
- Ivan Moreira Barros
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Guido Girardi Briere
- Ximena Valcarce Becerra
- Nicolas Monckeberg Diaz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gabriel Ascencio Mansilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Victor Perez Varela
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.
- DEBATE
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- APORTES A INICIATIVAS INTERNACIONALES CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA MUNDIAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE SUSTITUCIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- APORTES A INICIATIVAS INTERNACIONALES CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA MUNDIAL. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Estay Penaloza
- Felipe Ward Edwards
- Carlos Recondo Lavanderos
- Francisco Chahuan Chahuan
- Edmundo Eluchans Urenda
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Mario Bertolino Rendic
- Amelia Herrera Silva
- Juan Lobos Krause
- Pablo Galilea Carrillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REGULARIZACIÓN DE BORDES DE RÍOS Y ESTEROS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Estay Penaloza
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Recondo Lavanderos
- Francisco Chahuan Chahuan
- Juan Lobos Krause
- Edmundo Eluchans Urenda
- Pablo Galilea Carrillo
- Amelia Herrera Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
- VII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN LA COMUNA DE RETIRO. Oficio.
- ASFALTADO DEL CAMINO QUE UNE A CATILLO CON PARRAL. Oficio.
- INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR MUERTE DE NIÑA EN EL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE. Oficio.
- REPARACIÓN DE CAMINOS DE LOCALIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficios.
- SITUACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
- RECURSOS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE GUAITECAS. Oficios.
- REPOSICIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN AISÉN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCESIONES DE OBRAS VIALES. Oficios.
- MEDIDAS PARA ABORDAR SITUACIÓN PRODUCIDA POR EMPRESA PUBLICAM. Oficio.
- MEDIDAS PARA FORTALECER FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO REGIONAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- RECUERDO EN MEMORIA DE SEBASTIÁN ACEVEDO BECERRA , CON MOTIVO DE CUMPLIRSE VEINTITRÉS AÑOS DE SU INMOLACIÓN. Oficio.
- COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE EXPOSICIÓN DE TRABAJADORES A CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. Oficio.
- INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL EN HUELGA POR CIERRE DE MINA DE TRONGOL, EN CURANILAHUE. Oficios.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Carlos Olivares Zepeda
- Ivan Paredes Fierro
- Gabriel Silber Romo
- German Verdugo Soto
- Clemira Pacheco Rivas
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Patricio Vallespin Lopez
- Gabriel Silber Romo
- Gonzalo Duarte Leiva
- Pablo Lorenzini Basso
- Eduardo Saffirio Suarez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- Maria Isabel Allende Bussi
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- Clemira Pacheco Rivas
- Karla Rubilar Barahona
- Laura Soto Gonzalez
- Ximena Valcarce Becerra
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª.
Sesión 93ª, en martes 7 de noviembre de 2006
(Ordinaria, de 11.09 a 14.51 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Remisión de proyectos a Comisiones11
V.Orden del Día.
Aportes a iniciativas internacionales contra el hambre y la pobreza mundial. Tercer trámite constitucional13
Suspensión de sustitución de embarcaciones pesqueras artesanales. Tercer trámite constitucional26
Modificación de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Tercer trámite constitucional27
VI.Proyectos de acuerdo.
Creación de subsecretaría de Turismo43
Regularización de bordes de ríos y esteros46
VII.Incidentes.
Alcances sobre reunión interparlamentaria de educación superior48
Construcción de paso sobre nivel en la comuna de Retiro. Oficio49
Asfaltado del camino que une a Catillo con Parral. Oficio50
Instrucción de sumario por muerte de niña en el hospital Gustavo Fricke. Oficio50
Reparación de caminos de localidades indígenas de la comuna de Panguipulli. Oficios51
Situación de los servicios de agua potable rural en provincia de Ñuble. Oficio51
Recursos para suministro de energía eléctrica en comuna de Guaitecas. Oficios52
Reposición de subsidio a transporte marítimo de pasajeros en Aisén. Oficio53
Información sobre ejecución presupuestaria por concesiones de obras viales. Oficios54
Medidas para abordar situación producida por empresa Publicam. Oficio54
Medidas para fortalecer funcionamiento de comités de agua potable rural. Oficio55
Información sobre licitación y adjudicación de obras de reposición de pista atlética del estadio regional de Antofagasta. Oficios55
Recuerdo en memoria de Sebastián Acevedo Becerra, con motivo de cumplirse veintitrés años de su inmolación. Oficio57
Pág.
Complementación de antecedentes sobre exposición de trabajadores a contaminación radiactiva. Oficio57
Intervención gubernamental en huelga por cierre de mina de Trongol, en
Curanilahue. Oficios58
Adopción de medidas ante aumento de accidentes de tránsito en ciudad de Los Ángeles. Oficios59
VIII.Documentos de la Cuenta.
Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo. (boletín N° 462719)61
2.Permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica. (boletín N° 465305)70
3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la
urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo. (boletín N° 418607)77
4.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que establece una subvención escolar preferencial para niños socioeconómicamente vulnerables. (boletín N° 403004)78
5.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica.
(boletín N° 465305)78
6.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la
urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el artículo 23 del Código del Trabajo, estableciendo normas sobre descansos en tierra entre recalada y zarpe, para los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves de pesca. (boletín N° 403113)79
7.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que otorga permiso laboral por muerte de parientes que indica. (boletines N°s 413813 y 423613,
refundidos)79
8.Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, para agregar una nueva letra d) en el artículo 196, penalizando la adulteración del kilometraje odómetro de un vehículo. (boletín N° 413906)79
9.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo Especial en materia de Sobrevuelos de Aeronaves del Estado entre las Repúblicas de Chile y de Argentina”. (boletín N° 454110)85
Pág.
10.Moción de los diputados señores Montes, García, González, Olivares, Paredes, Silber, Verdugo, y de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira y Vidal, doña Ximena, que modifica la ley N° 19.884, estableciendo prohibición para que personas naturales o sociedades vinculadas al sector inmobiliario contribuyan al financiamiento de campañas políticas de carácter municipal. (boletín N° 464706)88
11.Moción de los diputados señores Vallespín, Silber, Duarte, Lorenzini y
Saffirio, que modifica la ley N° 18.290, estableciendo la obligatoriedad de circular permanentemente con luces encendidas en vías correspondientes a zonas rurales. (boletín N° 464815)90
12.Moción del diputado señor Tarud y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira; Rubilar, doña Karla; Soto, doña Laura; Valcarce, doña Ximena y Vidal, doña Ximena, que modifica la Constitución Política de la República estableciendo igualdad de género en la denominación de las autoridades. (boletín N° 464907)94
13.Moción de los diputados señores Montes, Ascencio, Egaña, Encina, Enríquez-Ominami, Jaramillo, Norambuena y Ulloa, que modifica la Constitución Política de la República autorizando a los municipios a asociarse para el otorgamiento de prestaciones sociales a sus funcionarios. (boletín N° 465007)95
14.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada del recurso Rol N° 5692006, sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, por ser contrario a la Constitución, y que incide en la causa que se sigue ante el Tribunal Tributario de la VI Dirección Regional de Rancagua del Servicio de Impuestos Internos, Rol 10.1272005. (Oficio N° 350)96
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
Del Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que el diputado señor Burgos reemplazará, en forma definitiva, al diputado señor Mulet, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2.Oficios:
De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación, para que se le remita, en reemplazo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto que “modifica la ley N° 18.918, para establecer la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados”, por corresponder a materias propias de su competencia. (boletín N° 450207).
Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual pone en conocimiento de la Corporación que, en conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, los días 22 al 25 de enero de 2007, se efectuará en Moscú, Federación Rusa, la XV Sesión del Foro Parlamentario Asia Pacífico (Appf), a la que asisten en misión oficial los diputados señores Ramón Barros Montero, Patricio Melero Abaroa, Marco Antonio Núñez Lozano, René Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso e Iván Paredes Fierro. (Oficio N° 273, de 21-12-006).
Del Presidente de la Cámara de Diputados mediante el cual comunica a la Sala de la Corporación que, en conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, se ha recibido la convocatoria a la V Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), que se realizará en la sede del Congreso de Colombia, en Bogotá, los días 19, 20 y 21 de noviembre, y que la delegación oficial estará integrada por los diputados señores Sergio Correa de la Cerda, Cristián Monckeberg Bruner, Carlos Olivares Zepeda, Eugenio Tuma Zedan y Manuel Monsalve Benavides. Asimismo, el Vicepresidente del foro, diputado señor Iván Moreira Barros participará además en el Comité Ejecutivo, que se reúne un día antes para finalizar los preparativos del encuentro. (Oficio N° 274, de 21-1-2006).
Del Presidente de la Cámara de Diputados a través del cual cumple con poner en conocimiento de la Corporación que, en conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, los días 6 y 7 de diciembre se efectuarán en Sao Paulo, Brasil, las reuniones del Parlatino de las Comisiones de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, a la que asistirá el diputado señor Guido Girardi Briere, y de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, con la participación de la diputada señora Ximena Valcarce Becerra y el diputado señor Nicolás Monckeberg Díaz.
El día 7 de diciembre se efectuará el XII Plenario de Directivas de Comisiones, con la asistencia de los diputados señores Francisco Encina Moriamez, Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Ignacio Urrutia Bonilla, Primer Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Gabriel Ascencio Mansilla, Segundo Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.
Los días 8 y 9 de diciembre, se llevará a efecto la XXII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, ocasión en que la delegación de la Cámara de Diputados estará integrada por diputados asistentes a las otras reuniones y el diputado señor Burgos, en su calidad de vicepresidente.
Participará en todas estas actividades el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Buchi, en su calidad de Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano.
Ministerio de Hacienda:
DiputadaGoic, situación contractual de trabajadores que prestan servicio en la Empresa Nacional del Petróleo.
DiputadaVidal, cobros excesivos por productos y servicios bancarios y financieros.
DiputadoMeza, necesidad de aumentar el gasto social.
Ministerio de Justicia:
Diputado Enríquez-Ominami, monto mensual en la mantención de los militares que cumplen condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera.
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Arenas, asignación de vehículo y aumento de personal policial para retén de localidad de Pailahueque.
DiputadaHerrera, Instalación de retenes de Carabineros en sectores críticos de Villa Alemana, Quilpué y Limache.
Ministerio de Agricultura:
DiputadoLatorre, políticas gubernamentales en favor de agricultura familiar campesina.
DiputadoJaramillo, información sobre proyectos de riego que han ejecutado Indap y la Comisión Nacional de Riego con cargo al Presupuesto del año 2006.
DiputadoSaffirio, inversión en obras de embalse, canales de regadío y pavimentos básicos en La Araucanía.
DiputadoHernández, fecha en que comenzará el Plan de Manejo de tejuelas de alerce en las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa.
DiputadoMonckeberg, don Nicolás, construcción de embalse La Punilla en provincia de Ñuble, Octava Región.
Ministerio de Bienes Nacionales:
DiputadoDelmastro, saneamiento de títulos de don Pedro Abraham Pérez Pérez.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
DiputadoChahuán, avance de investigaciones de desvío de fondos para beneficio a trabajadores marítimos y portuarios.
Diputado Rojas, cursos impartidos por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a trabajadores portuarios.
Fiscal Nacional Económico:
DiputadoDuarte, acciones de empresas sanitarias respecto de establecimiento de aportes financieros reembolsables.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Alvarado Andrade, Claudio
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, la ministra directora del Sernam, doña Laura Albornoz.
Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Carlos Kuschel y Víctor Pérez.
Con permiso constitucional estuvo ausente la diputada señora Carolina Goic.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 88ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 89ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Defensa Nacional de que se le remita el proyecto modificatorio de la leyN° 18.918, que establece la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por corresponder a materias propias de su competencia.
Hago presente que este proyecto modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en el mismo sentido indicado por su señoría, coincido en que ésta es una modificación a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, por lo que debe radicarse en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. No se trata de una materia específica de Defensa como para que deba tratarla la Comisión peticionaria.
El señor LEAL (Presidente).-
Si no hay unanimidad, el proyecto permanecerá en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, la letra a) del número 1 de la Cuenta, informa del inicio de la tramitación del proyecto que establece incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo, que será analizado por las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Hacienda. Pido formalmente que se envíe también a la de Ciencias y Tecnología.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, eso significa que el proyecto sería analizado por tres Comisiones, porque ya se acordó despacharlo a las de Economía y de Hacienda.
Propongo dejar sin efecto su envío a la Comisión de Economía, y enviarlo a la de Ciencias y Tecnología, además de la de Hacienda.
¿Hay acuerdo?
El señor ORTIZ.-
No, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor MONTES.-
Que se vote, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Araya Guerrero Pedro ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Galilea Carrillo Pablo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Meza Moncada Fernando ; Montes Cisternas Carlos ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Soto González Laura ; Tuma Zedan Eugenio ; Vidal Lázaro Ximena ; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Eluchans Urenda Edmundo ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Moreira Barros Iván ; Ortiz Novoa José Miguel ; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvieron los diputados señores:
Cristi Marfil María Angélica ; Estay Peñaloza Enrique ; Urrutia Bonilla Ignacio.
El señor LEAL (Presidente).-
En consecuencia, el proyecto será conocido por la Comisión de Ciencia y Tecnología y, en lo que corresponda, por la de Hacienda.
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, pido que el proyecto que figura en el N° 4 de la Cuenta, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales en los casos que indica sea remitido también a la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señora diputada, hay un acuerdo de Comités para que ese proyecto, cuya urgencia fue calificada de “suma”, sea tramitado sólo en la Comisión de Hacienda, debido a que se refiere a una materia de carácter eminentemente presupuestario.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en virtud de que la urgencia del proyecto fue calificada de “suma, está bien que se estudie en forma acelerada. Sin embargo, como la materia sobre la cual versa la iniciativa concierne no sólo a Hacienda, sino a Educación, porque permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales en los casos que indica, pido que se recabe la unanimidad para estudiarla en comisiones unidas de Hacienda y Educación.
El señor LEAL (Presidente).-
¿Habría acuerdo para remitir el proyecto a las comisiones unidas de Hacienda y Educación?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
APORTES A INICIATIVAS INTERNACIONALES CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA MUNDIAL. Tercer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley, de origen en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 4104-05, sesión 92ª, en 2 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, el proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a algunos desafíos asumidos por la comunidad internacional, a fin de derrotar la extrema pobreza y el hambre en el mundo. Por esa razón, otorga a la Presidenta de la República la facultad para hacer aportes, por un total de 5 millones de dólares anuales, a iniciativas internacionales de esa naturaleza. Dicha contribución se canalizará mediante un fondo de Naciones Unidas, cuyo directorio estará conformado por cinco miembros, entre los que se cuenta nuestro país.
La cooperación internacional es un aspecto importante, del cual Chile no puede desentenderse. Sin embargo, uno de las razones de nuestra bancada para oponerse a la iniciativa dice relación con la necesidad de fiscalizar que la entrega de aportes a organismos y agencias internacionales no se pierda en la burocracia internacional, dado que es obligación del Estado chileno velar por los recursos que entrega sean bien administrados.
Al respecto, durante los últimos años los programas de alimentación de Naciones Unidas han sido duramente cuestionados. Sólo a modo de ejemplo, cabe recordar que el año pasado se detectaron importantes irregularidades en el programa Petróleo por Alimentos, uno de cuyos implicados, lamentablemente, resultó ser el hijo del Secretario General de Naciones Unidas.
El Ejecutivo decidió dictar un decreto a fin de aumentar en 2 dólares la tasa de embarque de los vuelos internacionales, con el objeto de recaudar fondos para financiar la iniciativa en estudio. Sin embargo, dada la actual situación en materia de ingresos fiscales, ese aumento impositivo nos parece absurdo e innecesario. Además, resulta muy cuestionable que el país se obligue de manera indefinida a aportar 5 millones de dólares anuales a un fondo de Naciones Unidas cuya operatividad no ha sido probada, con el consecuente riesgo de que los recursos se pierdan en la burocracia internacional.
En consecuencia, anuncio que la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar en contra las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por el diputado Forni , la iniciativa parece súper loable. A cualquiera conmueve la dramática situación de pobreza que se vive en diferentes países, donde los niños mueren de hambre, como ocurre en Haití, país con el cual Chile ha colaborado mediante el envío de efectivos de sus Fuerzas Armadas y con cuantiosos recursos.
Pero la caridad debe empezar por casa. Por desgracia, el país, que podría encontrarse en una galopante vía hacia el desarrollo, todavía sigue siendo subdesarrollado y la pobreza no se ha superado. Más de 700 mil personas carecen de vivienda y muchos niños no reciben alimentación escolar, a pesar de que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb , cuenta con un presupuesto increíble, de alrededor de 140 mil millones de pesos al año. Asimismo, aún existen importantes niveles de cesantía, además de miles de problemas que se arrastran y que requieren de ayuda urgente por parte del Estado.
Sin afán de crear más polémica de la que existe en la actualidad, cabe preguntarse lo siguiente: si no existe capacidad para controlar los recursos que se invierten en el país para ir en ayuda de los más necesitados, ¿qué garantías nos pueden dar de que los fondos que se entregarán mediante el proyecto irán a paliar la pobreza en otros países, en circunstancias de que no se podrá tener control alguno sobre su utilización? Internamente algún control, bueno o malo, existe sobre el empleo de dineros públicos; pero en este caso, por tratarse de una iniciativa de carácter internacional, a mi juicio nada se sabrá sobre la eficacia y eficiencia del gasto.
Antes que todo, soy solidaria con la pobreza de los chilenos. En consecuencia, anuncio que voy a rechazar las modificaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, es probable que hasta el momento ningún diputado de la Concertación hubiera pedido el uso de la palabra porque se entendía que las modificaciones del Senado serían apoyadas en forma unánime. Sin embargo, para nuestra sorpresa, dos diputados de la Alianza por Chile han hablado en contra del proyecto. Por lo tanto, creo necesario dar a conocer un par de consideraciones para expresar nuestro apoyo.
En verdad, existe un cierto contrasentido al señalar que se trata de un proyecto loable, pero, después, anunciar que se va a votar en contra. Según entiendo, lo loable es lo positivo, lo que vale la pena apoyar, lo que motiva a los diputados, por ejemplo, a apoyar un proyecto de ley. En consecuencia, las cosas son loables o no. Por lo tanto, reitero, si alguien afirma que una iniciativa es loable, pero, acto seguido, señala que no obstante ese hecho, la va a votar en contra, existe un contrasentido, una cosa poco entendible.
Durante muchos años, en Chile, país que hemos construido entre todos también la gente de la Oposición, se han llevado a cabo denodados esfuerzos en pro de mejorar la situación económica de sus habitantes. Por cierto, aún existe una brecha importante por salvar, en particular para los chilenos que viven sumidos en la pobreza. Pero, en general, la situación del país es infinitamente superior a la que se vive en muchas partes del mundo, no sólo en África, sino más cerca, a 300 kilómetros o menos de nuestras fronteras, en naciones vecinas, en las cuales la población exhibe un nivel de pobreza que, de acuerdo con estándares internacionales, supera el 60 por ciento. En naciones que en otra época fueron muy importantes, hoy la pobreza alcanza a más del 40 por ciento de sus habitantes.
Por lo tanto, a mi juicio, en el mundo no se entendería que el país no contribuyera con 5 millones de dólares a fin de financiar el fondo para la lucha contra el hambre y la pobreza, y con razón, porque al hablar de globalización, se deben apreciar los beneficios que ella conlleva no sólo en materia económica, sino también en cuanto a solidaridad.
No es posible que un país como el nuestro, inserto en la estructura internacional y que con razón está contento por tener tratados internacionales multi y bilaterales con muchos otros países, a la hora de hacer una contribución mínima para la acción contra el hambre y la pobreza mundial, diga que no por razones domésticas. Eso no tiene justificación y no hablaría bien de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en la misma línea del diputado Burgos , me motiva decir que Chile vivió momentos difíciles en décadas pasadas, pero no en el momento actual, porque Chile está creciendo. Si bien es un país subdesarrollado aún, no tiene por qué abstraerse de lo que el mundo quiere con respecto a la pobreza que viven tantos seres humanos. Lamentablemente, creo que la Oposición se opone por oponerse. No quiere ser parte del movimiento internacional que busca superar la pobreza.
El aporte de que se trata es mínimo: es de cinco millones de dólares. No es para que Chile, luego que aceptó la globalización, que ha suscrito tratados internacionales, incluso con países del área AsiaPacífico, se margine. Chile está en condiciones de participar en una acción de solidaridad internacional, máxime si 79 países han ratificado la declaración sobre las fuentes innovadoras de financiamiento.
Además, la discusión general del proyecto ya tuvo lugar. Por lo tanto, hoy debemos pronunciarnos sobre la modificación del Senado, la que, por supuesto, aprobaremos, pues sólo se ha suprimido el inciso segundo del artículo único que facultaba al Presidente de la República para delegar en un ministro de Estado o en el embajador que determine la atribución de suscribir los documentos que procedan para efectuar los aportes. La discusión nuestra no puede ir más allá de esa modificación. No corresponde pronunciarnos si somos más ricos o más pobres ni tampoco determinar qué países merecen ser ayudados por nosotros, que felizmente caminamos hacia el desarrollo.
En la Comisión Especial de Presupuestos he participado en la discusión del presupuesto del próximo año y me ha agradado tremendamente saber cómo estamos creciendo. Eso no puede dejarse de lado para no apoyar a aquellos que merecen una manito de un país que hoy se siente en los primeros lugares del mundo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, quiero coincidir con lo que ha manifestado el diputado Jorge Burgos. Hay dos aspectos que son importantes de resaltar. Uno es la solidaridad y el otro es la migración por razones económicas. Este último es motivo de la construcción de un muro por parte de Estados Unidos en su frontera con México. Los mismos que criticaron el muro de Berlín están construyendo un muro que va a dividir al país del norte no sólo con México, sino que con toda Latinoamérica.
En ese sentido, quiero recordar algo que es muy importante respecto de cómo Chile ha ido mejorando sus condiciones socioeconómicas. El fin de semana, el día viernes, estuve en la ciudad de Chillán, precisamente en la entrega de tres salas cunas en diferentes jardines infantiles de Integra, en sectores de riesgo social como son Los Volcanes, Río Viejo y Vicente Pérez Rosales. Ahí recordaba que en el año 71, cuando regresé a la ciudad de Chillán como médico oftalmólogo, en la provincia de Ñuble la mortalidad infantil era de ciento cinco por mil, un cincuenta por ciento más que el promedio nacional. Creo que estas cifras señalan cómo todos, a través de diferentes políticas que se han mantenido en el tiempo, hemos logrado mejorar las condiciones de pobreza e indigencia.
En 1990, en la provincia de Ñuble el 54 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza y el 25 por ciento de indigencia. La Fundación Ayuda a la Comunidad tenía 42 centros abiertos que se usaban como comedores, que los atendían dos parvularias. Hablo de mi distrito, de la provincia de Ñuble, pero así se han ido mejorando las condiciones en el país.
Por eso, creo que podemos solidarizar con las naciones que tienen índices de pobreza y miseria, como es el caso de Haití. Además, debemos preocuparnos de los países vecinos.
El segundo punto por eso me referí al muro de Berlín se refiere a la solidaridad. Seguramente va a seguir aumentando la cantidad de personas, no sólo de países limítrofes como Perú y Bolivia, sino que también de Colombia y Ecuador, que emigran a nuestro país. Indiscutiblemente, esto nos debe preocupar. Por eso, para prevenir situaciones que pueden ser riesgosas para Latinoamérica, por la globalización, sin lugar a dudas debemos aprobar los cinco millones de dólares para la acción contra el hambre y la pobreza mundial.
En otras palabras, así como se ha globalizado la economía, globalicemos la solidaridad y preocupémonos de esas mil millones de personas en el mundo que viven sólo con dos dólares diarios.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, la verdad es que Chile se obligaría indefinidamente a aportar fondos a las Naciones Unidas para una labor respecto de la cual nadie se podría oponer, pero las garantías de que esos recursos vayan a llegar a los destinatarios no son claras. Conocemos la burocracia internacional y muchas veces los recursos han ido quedando en el camino y se han dejado de cumplir los objetivos que todos queremos.
Por otro lado, debemos tener presente aquello de que “la caridad comienza por casa”. Si hay pensiones asistenciales de 36 mil pesos y una larga lista de personas que ni siquiera han podido acceder a una de ellas, la verdad es que debemos cumplir las obligaciones con los nuestros. Lo mismo ocurre con los niños discapacitados, tanto mental como físicamente. Es preferible destinar los cinco millones de dólares a solucionar los problemas de esas personas.
Por eso, por muy loable que sea el objetivo del proyecto, hay necesidades en el país que son prioridades.
Voy a votar en contra; no por estar en contra del aporte que debemos hacer a otros países, sino porque nuestra primera obligación es justamente con los chilenos más pobres.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, como se ha dicho muchas veces en esta Sala, las Naciones Unidas, el 2000, tomó un acuerdo para reducir la pobreza en el mundo en 50 por ciento el 2015, y las estadísticas e informes que hemos recibido, en los últimos años, señalan justamente que esa meta no va a ser posible de alcanzar. En países como los de Latinoamérica y de África, ha aumentado en lugar de disminuir. Sin duda, en Chile tampoco hemos podido cumplir quizá con los sueños de nuestros antepasados de tener algún día un país sin pobreza.
El aumento de la pobreza en el mundo nos debe preocupar. Este proyecto apunta en esa dirección y es muy loable, pero aún en Chile tenemos tres millones de pobres, de los cuales hay más de quinientas mil personas en estado de indigencia; vale decir, que no pueden vivir sino gracias al subsidio que el Estado les da en diferentes formas y oportunidades, de modo que están sobreviviendo permanentemente sobre la base de subsidios.
Señor Presidente, me habría gustado mucho más que esos cinco millones de dólares hubieran sido destinados, por ejemplo, a un fondo de microcréditos. Días atrás recibió Mohamed Yunus el Premio Nobel de la Paz por haber incentivado en el mundo entero el microcrédito para los más pobres, permitiéndoles sobrevivir y, sobre todo, ser sustentables en el tiempo a través del emprendimiento propio.
Voy a votar en contra del proyecto más bien como una forma de dar una señal en el sentido de que si en Chile hay todavía problemas serios de pobreza, malamente puede estar donando fondos a un organismo internacional, los cuales, finalmente, se diluyen y no se sabe dónde van a parar.
En un futuro muy próximo vamos a presentar un proyecto de ley que institucionalice en el país el número de ONG que hoy están preocupadas de otorgar microcréditos a los más pobres, de modo que apunten en la dirección correcta, porque, finalmente, los subsidios o ayudas del Estado no resuelven el problema de la pobreza, sino que lo prolongan. Es posible que ése sea un mecanismo que pueda combatirla de manera eficaz y definitiva.
Reitero que voy a votar en contra de este proyecto de ley; sin embargo, estimo que deberíamos pensar y discutir más seriamente el tema de la pobreza en el país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, no pensaba hablar sobre la materia, pero después de oir los argumentos del diputado García-Huidobro y de otros, en cuanto a que no nos corresponde preocuparnos del hambre, la miseria, las pestes, el sida y las distintas calamidades que ocurren en el mundo, no me cabe más que reaccionar.
Aquí, no asumimos nuestra responsabilidad como país que es parte del mundo. No poder asumir la responsabilidad de apoyar a países lo vemos en televisión y en películas donde hay hambre, niños desnutridos, epidemias está la situación de Haití, por tener nuestros propios problemas, es un enfoque bastante restringido, limitado. Me parece que es tremendamente inconsistente decir que no podemos dar para solidaridad internacional cinco millones de dólares cuando, en Chile, a las empresas inmobiliarias se les está entregando una subvención de 440 millones de dólares este año. Aquí hay una absoluta desproporción y los que vivimos la experiencia de un tiempo muy negro de la historia del país y entendemos la importancia de la solidaridad, no tenemos la menor duda de que cinco millones de dólares es lo mínimo que podemos aportar para que haya un fondo internacional que permita ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
Criticar a las Naciones Unidas es lógico, válido; decir que a todos los organismos políticos internacionales les falta calidad y que deben progresar y ponerse a la altura de los temas actuales, de la globalización, es cierto; pero una cosa es que les exijamos calidad y otra que digamos que no existen, que no cumplen con su labor, que no ayudan a, por lo menos, paliar en parte los daños a las formas de desarrollo en distintas partes del mundo. Hay que fortalecer a las Naciones Unidas.
Es increíble que tengamos una Derecha tan primitiva que no entienda el rol internacional de un país, la solidaridad internacional y algo tan básico como aportar a un fondo internacional a lo menos cinco millones de dólares para ayudar a países que están en peor situación que el nuestro, que reciben ingresos de cien y ciento veinte dólares per cápita, en circunstancia de que aquí tenemos siete mil dólares per cápita. Lo mínimo que podemos hacer es asumir una responsabilidad sobre los problemas del mundo y ser solidarios como el mundo lo fue con nosotros cuando correspondía.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, a este proyecto, que tiene un muy bonito nombre: “Autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial”, quién podría negarse. Lo malo es su forma de tramitación. Creo que el Ejecutivo se equivoca. Todos sabemos que el Congreso Nacional funciona sobre la base de comisiones técnicas, con gente dedicada un poquito más a estudiar los problemas en distintas materias, en este caso, de relaciones exteriores, sobre el hambre y la pobreza en el mundo y cómo Chile puede solidarizar y entregar algunos recursos. Pero, aquí, como hoy parece que nadamos en plata que no le llega a la gente que realmente la necesita, no hay mejor sistema que remitir esta materia solamente a la Comisión de Hacienda, porque trata de recursos. ¿Quién va a fiscalizar? Nadie. Y, en el mundo, lamentablemente, tenemos ejemplos, igual que aquí, de cómo se pierde la plata. Sin ir más lejos, hace poco nos informamos de las dudas que había en cuanto a la aplicación de los recursos del programa Petróleo por alimentos en que se decía que estaba implicado uno de los hijos de Kofi Annan , Secretario General de la Naciones Unidas.
Entonces, comprendo a los colegas que no les guste entregar recursos cuando aquí tanto se necesitan. En deportes no más, las instituciones se pelean para que les entreguen algún recurso para un juego de camiseta o una pelota, y, más encima, esas platas se pierden. No se cómo hacen las cosas, pero tenemos 5 millones de dólares para ser solidarios.
La gente de Izquierda valora mucho el aporte, porque ellos están agradecidos. Me parece bien que lo estén, pero nosotros tenemos que velar también por la situación interna. Sin ir más lejos, faltan recursos en el sistema de salud primaria, que atiende a la gente más modesta, a los más pobres, a los inválidos, a los discapacitados, a los marginados de las grandes urbes y a la gente de los sectores rurales. Para darle salud a estas personas, el país destina un monto per cápita de 1.300 pesos mensuales, y nosotros nos damos el lujo de aportar 5 millones de dólares, sin siquiera saber cómo se van a gastar esos dineros, que es plata de todos los chilenos y no de la Concertación ni de la Presidenta de la República.
Comparto con quienes no están de acuerdo con el proyecto, no con el fondo, sino con la forma como se ha tramitado. Por eso, anuncio también mi voto en contra.
Hemos hecho mal las cosas y me parece que seguimos haciéndolas igual, y la Concertación no entiende cómo deben hacerse las cosas en un Estado democrático.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, después de escuchar al colega que me antecedió en el uso de la palabra, que durante estos 16 años entiendo ha integrado la Comisión de Relaciones Exteriores, me preocupa profundamente que se desvirtué la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial, poniéndola en contraposición con nuestras pensiones asistenciales, la carencia en la salud primaria, etcétera, etcétera.
En estos casi 17 años, por decisión personal, nunca he viajado a los grandes encuentros internacionales. En la Cuenta de hoy, figuran tres puntos relativos a nuestra participación internacional, como las convocatorias al Foro Parlamentario Asia Pacífico, al Foro Interparlamentario de las Américas y al Parlatino, reuniones a las que asisten parlamentarios de Oposición y de la Concertación. Los argumentos que se han esgrimido son de tal inconsecuencia, que me llevan a entender que, desde hoy, la Alianza no concurrirá más a las reuniones internacionales vinculadas a las Naciones Unidas. No creo que vuelvan a viajar si es que ponen en duda la forma en que se van a gastar los 5 millones de dólares que nuestro país aportará a la acción contra el hambre y la pobreza mundial que se canaliza a través de las Naciones Unidas. Pienso que se extralimitan.
No olvidemos que somos diputados de la República, y los mismos que integramos este poder autónomo del Estado, el lunes recién pasado, hace 8 días, en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, con parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, aprobamos por unanimidad la partida presupuestaria para el año 2007 del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa oportunidad, todos reconocimos que la perseverancia, la constancia y la efectividad de todo el equipo de la Cancillería habían hecho posible, a través de convenios, tratados y acuerdos comerciales, que nos insertáramos con alrededor del 75 por ciento de la comunidad mundial. Recordemos también que hay dos acuerdos que están en las últimas instancias. Pero lo más importante fue que concordamos en que el aporte del Estado al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores era poco. Por eso, me preocupan profundamente las inconsecuencias.
No es casualidad que nuestro ex ministro del Interior, José Miguel Insulza , haya accedido al alto cargo de secretario general de la Organización de Estado Americanos. Somos parte del mundo, somos parte de las Naciones Unidas. Durante mi vida he aprendido que cuando uno firma o, como en este caso, jura ante la ley ser parte de un poder del Estado, asume deberes y obligaciones. Uno de esos deberes y obligaciones es apoyar al Estado chileno en su papel de miembro de las Naciones Unidas. En la Comisión de Hacienda también se plantearon argumentos como los que se han dado en esta Sala; sin embargo, al final, se concluyó en que esta contribución era parte de nuestras obligaciones como país.
En el Senado se suprimió el inciso segundo del artículo único, autorizando que sólo al Presidente de la República, en representación del Gobierno de Chile, haga el aporte de 5 millones de dólares anuales que se convenga a iniciativas internacionales contra el hambre y la pobreza. El inciso suprimido facultaba al Presidente de la República para delegar en un ministro de Estado o en el embajador que determinara la atribución de suscribir los documentos para los aportes.
Como país que respeta su palabra, que respeta su firma y que respeta ser parte de Naciones Unidas, debemos aprobar la modificación del Senado.
El diputado señor Carlos Montes dijo que no pensaba hacer uso de la palabra, pero que después de escuchar los argumentos que aquí se han dado, tuvo que hacerlo, y lo hizo reconociendo la solidaridad que los chilenos recibieron en su oportunidad. A los que hablan de pensiones asistenciales, de salud primaria y de otras cosas les recuerdo que nuestro país está lleno de solidaridad internacional a través de instituciones de investigación, de salud, etcétera. Por eso, este es el momento de devolver la mano.
Por lo tanto, en nombre de bancada de la Democracia Cristiana, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda y tal como lo hicieron los diputados Renán Fuentealba y Roberto León en la Comisión de Relaciones Exteriores, anuncio nuestro voto favorable a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a las señoras y a los señores diputados que el proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional; en consecuencia, ya lo debatimos en la Sala, por lo que debemos circunscribir la discusión a las modificaciones del Senado de la República.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de mis colegas. Lamento profundamente el tono que ha tomado el debate, porque no tienen nada que ver las platas que podemos gastar en el país con las que queremos destinar a esos niños hambrientos. Mientras los escuchaba, recordaba un relato que hablaba de un señor que era tan pobre que recolectaba hierbas para comer. Mientras caminaba, desechaba las hojas malas y preguntaba: “¿Dios mío, habrá, alguien más pobre que yo?” Cuando miró hacia atrás, vio que venía otro señor recogiendo las hojas que él votaba. La enseñanza que nos deja este relato es que siempre hay alguien más pobre que uno.
En consecuencia, me siento mal cuando aquí se argumenta que no se deben entregar estos fondos si no existe una fiscalización que determine que los recibirán los verdaderos destinatarios. Estamos en condiciones de darlos. La muerte por hambre de miles de niños significa mucho más que esos 5 millones de dólares. Uno ve en África a esos niños desnutridos que no tienen qué comer. No tenemos la culpa de que en ese continente existan sinvergüenzas que se roban esas contribuciones, pero sí tendríamos la conciencia absolutamente intranquila si no tendiéramos una mano a esos miles y miles de niños que no tienen qué comer. Ésa es la realidad que estamos discutiendo aquí. Que las Naciones Unidas manden fiscalizadores para que se entreguen esos alimentos a sus destinatarios. Creo que éste es el fondo del problema. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Felizmente, el país está en condiciones de hacer esta contribución. Pregunto si con 5 millones de dólares, ¿vamos a mejorar las pensiones, la salud o las jubilaciones de la gente de nuestro país? Esto no significa nada en comparación con la tremenda ayuda que podemos dar a estos miles y miles de niños que están sin comer.
Señor Presidente, difiero de mis colegas de la Alianza, porque considero que gastando esos recursos en nuestro país estaríamos cometiendo una tremenda injusticia al dejar morir de hambre a mil o 2 mil niños que podríamos alimentar con esa plata. De eso tenemos que tomar conciencia, señor Presidente.
Lamentamos lo que está pasando en el mundo, lamentamos que haya esta hambruna y lamentamos que tengamos que dar esa plata, que, a lo mejor, se podría invertir en nuestro país; pero no podemos dejar desamparados a esos niños.
Por esos miles y miles de niños que no tienen que comer, quienes viven en condiciones de pobreza más extrema, votaré favorablemente el proyecto. Además, quedaré con mi conciencia tranquila al saber que bastará con apretar un botón en esta Cámara de Diputados de Chile para salvar vidas en lugares tan lejanos de nuestra patria.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, la verdad es que el diputado René Manuel García no logró convencerme con sus argumentos. No tendríamos esta discusión y todo sería muy simple si tuviéramos la seguridad absoluta de que estos recursos van a llegar a esos miles de niños que requieren de ayuda de otros países, porque, obviamente, todos queremos ayudarlos.
Por eso tampoco estoy de acuerdo con el diputado Burgos , quien dijo que no es concordante afirmar que se trata de una iniciativa loable; pero, al mismo tiempo, rechazarla, porque el problema es que estas platas no van a llegar a esos pobres, sino que a los burócratas del mundo, se van a repartir entre las miles de personas que van a profitar de cientos de proyectos, programas, oenegés, etcétera. Si en Chile no llegan los recursos a quienes corresponde, ¡cómo van a llegar a Biafra! Realmente, no entiendo.
Ésta es la única razón que tengo para rechazar la iniciativa.
También me extraña que el diputado Montes , quien es tan sensible ante la pobreza y una de las personas de la Cámara que mejor conoce el tema, nos acuse de poco sensibles por rechazar la iniciativa. Él sabe que en Chile hay una pobreza patente, que hay personas que tienen hambre y necesidades que debiéramos satisfacer urgentemente. Entonces, ¿por qué vamos a votar la plata en otras partes del mundo, donde no va a llegar a quienes corresponde, en circunstancias de que aquí, por último, podremos recuperar algo de ella? Es posible que no llegue el ciento por ciento de lo que se destine, pero nos conformamos con que llegue un porcentaje.
Además, quiero recordar que Chile está haciendo una obra solidaria desde hace mucho tiempo en Haití. Habíamos pensado que iba a ser por seis meses; después, que sería por un año; pero, finalmente, se cree que durará un año y medio. No estamos hablando de 5 millones ni de 10 millones de dólares, sino que de 95 millones de dólares, de lo cual Chile recibe un retorno de las Naciones Unidas, pero de todas maneras le cuesta al menos 10 millones de dólares anuales. La diferencia radica en que nosotros estamos viendo que los soldados chilenos están ahí, atendiendo a los haitianos y gastando bien esos 10 millones de dólares; es decir, estamos viendo que, al menos, no se está perdiendo el total de ese dinero.
Ningún diputado de nuestro partido se negaría a ayudar a un pobre del mundo, siempre que tuviese la seguridad de que esa persona va a ser beneficiada efectivamente. Ésa es la razón por la que no nos atrevemos a votarlo a favor, además de que, como aquí se ha dicho, la caridad empieza por casa; es decir, que primero tenemos que preocuparnos de que esos fondos lleguen a los necesitados de nuestro país en lugar de que se pierdan en el resto del mundo. No es una actitud egoísta o poco solidaria, sino que se trata simplemente de ser racional y realista.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, la verdad es que cuando vi en el Orden del Día que se iba a discutir este proyecto, estimé que era absolutamente innecesario intervenir porque resultaba obvio que se votaría favorablemente, debido a su carácter humanitario. Sin embargo, estoy realmente sorprendido y, hasta cierto punto, avergonzado de algunos argumentos que se han dado, con todo el respeto a la dignidad de los señores diputados que los han planteado.
Provengo de una vertiente humanista y cristiana, de manera que el valor de la solidaridad, la preocupación y el dolor que me produce lo que pasa a mi prójimo han sido y deben ser parte de mi vida cotidiana y de mi quehacer en la política.
Estamos hablando de entregar recursos para superar el hambre y, por qué no decirlo, para proteger la vida en lugares del mundo que, desgraciadamente, no cuentan con las bendiciones que nosotros, a Dios gracias, tenemos como país. Es cierto que en Chile tenemos problemas por resolver, pero nuestra realidad es significativamente mejor que la de muchos otros lugares del mundo, que nos impactan porque en ellos mueren no sólo niños y jóvenes, sino que también adultos por la insensibilidad de los países o de los hombres para combatir la pobreza, que gastan enormes fortunas en cosas que perfectamente podrían ser dejadas de lado.
Decidí intervenir porque nuestro país ha sido beneficiado con la solidaridad internacional en muchos momentos de su historia. Más aún, en estos momentos, en que estamos en bastantes buenas condiciones en el concierto latinoamericano, siguen llegando aportes de organizaciones internacionales para asuntos como el tema indígena en la región que represento y en materia de capacitación y perfeccionamiento de profesionales. ¿Vamos a tener una actitud mezquina de no aportar cinco millones de dólares, suma exigua e irrelevante en el presupuesto de nuestra nación?
Llamo con toda humildad a nuestros distinguidos colegas a no dejarnos influenciar por la coyuntura particular que estamos viviendo en el país y a permitir que inunden nuestro corazón y nuestra mente nuestros mejores valores de solidaridad.
He escuchado que aportar esos cinco millones de dólares implicaría dejar de atender temas importantes en nuestro país, como las pensiones, la salud y la educación. Eso tiene un nombre: demagogia y populismo. Nadie puede entender razonablemente que esa cantidad haga significativamente distinta la situación que estamos abordando.
Por lo tanto, llamo a mis colegas a analizar esto desde la perspectiva de que la solidaridad debe ser un principio que rija nuestras relaciones internacionales.
Por lo expuesto, votaré favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, como muchos que me antecedieron en el uso de la palabra, no creí necesario intervenir, pues sentí que el tema convocaría a todos los chilenos a sentir el hambre que existe en el mundo, pero después de escuchar las palabras de algunos diputados de la Alianza por Chile, especialmente de la UDI, quienes han demostrado lo primitivo que son y lo poco que conocen el hambre en el mundo, decidí hacerlo.
El diputado señor García ha dicho mucho de lo que yo quería expresar. Por un lado, vemos que parlamentarios de la Alianza hacen gargarismos con la solidaridad internacional y con la de nuestro país. Tal vez van a misa todos los domingos y a lo mejor comulgan, pero cuando hacen eso, ¿pensarán en el hambre en el mundo o en cómo mueren de sida los niños en África, o en qué está pasando en las guerras que están teniendo lugar en otros países? Creo que se les olvida. Y cuando llegan aquí con demagogia y populismo, dicen que están preocupados de esos cinco millones de dólares, que no son nada si los comparamos con las casas de La Dehesa que cuestan un millón de dólares cada una o 22 mil UF.
Se debe entregar ese monto de dinero para que la solidaridad se demuestre y que quien tenga que fiscalizar su uso sean otros, como Naciones Unidas. No pensemos que la Cruz Roja Internacional no debería existir si no cumpliera con su deber, como lo está haciendo.
Señor Presidente, creo que es preocupante que parlamentarios hayan dicho que Chile no debe dar ese dinero, cuyo monto es mínimo y tal vez una migaja de lo que necesitamos entregar para que haya solidaridad y los niños puedan obtener una atención digna.
Quiero decirle a los parlamentarios de la Alianza, especialmente a los que me antecedieron en el uso de la palabra y que dijeron que con ese dinero se soluciona la pobreza en Chile, que da vergüenza que ellos representen a nuestro país nacional e internacionalmente.
Llamo a los diputados que no tienen conciencia del significado de la solidaridad a que contribuyan a que niños tengan derecho a comer.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, haré algunas reflexiones muy breves. He decidido hablar sobre el proyecto después de escuchar a los máximos exponentes de la izquierda concertacionista, en particular al diputado Montes , con su arrogancia típica de no aceptar opiniones y determinaciones distintas. Hay algunos que se llenan la boca diciendo que son demócratas, pero no aceptan que tengamos opiniones distintas frente a un tema determinado. Invito al diputado Montes a preocuparse de los problemas de nuestro país antes que los del resto del mundo. Pondré un ejemplo: los deudores habitacionales están manifestando en distintos puntos del país sus necesidades y las demandas que hacen al Gobierno de la Presidenta Bachelet. El diputado Montes conoce bien el tema.
Lamentablemente, este Gobierno, en particular la izquierda concertacionista, sólo utilizan los problemas de los pobres, como el de los deudores habitacionales, y se preocupan de enviar recursos al resto del mundo que deberían estar orientados a solucionar los de nuestro país.
También invito al diputado Montes a preocuparse de programas como “Un Niño, una cama”, que desarrolla la fundación Integra con el aporte de particulares. Señor Presidente, por su intermedio, pregunto al diputado Montes cuántas camas podríamos comprar para los niños chilenos que no las tienen.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, la discusión del proyecto en su contexto la ha fijado perfectamente bien el diputado René Manuel García.
No se trata de discutir lo que dejamos de hacer si hacemos una contribución a Naciones Unidas, sino en qué forma Chile, en un proceso de globalización cada vez más creciente, que es parte de la comunidad internacional, recurre a la solidaridad con otros países.
Chile se ha caracterizado siempre por ser un país solidario. En catástrofes naturales y desastres en general, hemos ido en ayuda de países hermanos. Nuestro país ha estado presente en cada una de las iniciativas de Naciones Unidas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo.
Aquí se ha aducido que esta contribución, que es mínima en el contexto internacional, puede significar desatender necesidades en el país. Quisiera recordar a mis colegas de la Oposición muchos de los cuales representan en esta Cámara distritos rurales al igual que yo cómo es la solidaridad de la gente pobre cuando se trata de ayudar a otros pobres. Cuando se incendia una mediagua o se enferma un poblador o vecino, se recurre a nosotros para pedirnos la entrega de algún presente para la realización de un bingo o una actividad solidaria de parte de esa comunidad, pobre, modesta, de escasos recursos, en pos de la persona o familia que está pasando por una grave situación. De manera tal que no debemos salir con la excusa de los pobres, porque muchas veces ellos son más solidarios que nosotros, y nos han dado claros ejemplos de ello.
La segunda cuestión que está en discusión en forma velada es la desconfianza que se advierte respecto de Naciones Unidas. Quiero que la Oposición diga con todas sus letras que no le gusta Naciones Unidas, que no le gusta el foro multilateral que un país pequeño como Chile, con una población no gravitante, requiere precisamente para llevar a cabo sus postulados internacionales. No debemos dudar de una organización, que puede tener defectos, pero que durante sus más de cincuenta años de existencia ha demostrado solidaridad y preocupación por los más débiles, por la gente más necesitada. Ha llevado a cabo diversos programas y campañas en ese sentido. Cuando la Oposición aduce que en Chile vamos a dejar sin atención a más pobres o que vamos a desperdiciar esa plata en un organismo que no le da confianza, lo que está poniendo en duda es precisamente el valor, la actuación y el rol que juega Naciones Unidas en la acción humanitaria que le corresponde en el contexto internacional.
Dicho lo anterior, quiero referirme fundamentalmente a las modificaciones introducidas por el Senado y que hoy se someten a la consideración de esta Sala.
Me da la impresión de que la eliminación del inciso segundo del artículo único que aprobó la Cámara de Diputados en su momento va a dejar en letra muerta la concreción de dicho aporte, sobre todo, porque el Ejecutivo, mediante una indicación presentada en su oportunidad, retiró el financiamiento contemplado para reunir los 5 millones de dólares que el país iba a aportar a los diversos Fondos, Programas y Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Asumo pido que quede constancia de ello en la historia fidedigna de la ley que este proyecto se va a financiar con fondos del presupuesto nacional, lo que debe traer consigo la creación de la Partida correspondiente para que Chile contribuya, aparte de la contribución ordinaria, a los Fondos, Programas y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, para lo cual se debe establecer en el Presupuesto una partida específica de 5 millones de dólares anuales, la que se incrementará cada año de acuerdo a lo convenido, para el financiamiento del Programa de Naciones Unidas para la lucha contra la pobreza.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, después de la intervención del diputado Bobadilla , quiero hacer algunas precisiones.
Es importante que éste sea un lugar donde se discutan las diferencias y donde los distintos sectores puedan expresar sus puntos de vista. Reconozco la legitimidad que tiene la Unión Demócrata Independiente para hacer su planteamiento, aun cuando pienso que es absolutamente primitivo. Ello, porque dicho partido considera que no debemos ser solidarios con las personas que sufren hambre en el mundo, como ocurre en África y en otros lugares. Además, descalifica a los organismos internacionales porque no le gusta la forma que tienen de enfocar las cosas. Discrepo de esa posición, pero respeto su derecho a plantearla; ello no obsta a que cada vez que ello ocurra dé a conocer mis argumentos en contra.
Quiero decir, con mucha fuerza, que los seres humanos como decía un diputado que me antecedió en el uso de la palabra tenemos que ser cada vez más solidarios y no más egoístas. En el mundo hay niños y personas adultas que a diario mueren de hambre. Como decía el diputado René Manuel García , si esa plata va a permitir salvar a dos mil niños, se justifica su entrega. En el mundo hay enfermedades muy crueles, como el sida. Si ello va a permitir paliar en parte la enfermedad, la entrega de dichos recursos se justifica. En el mundo también ocurren catástrofes, frente a las cuales se necesitan organismos como Naciones Unidas, aun cuando pueda presentar grandes defectos y no estar actualizada respecto de la realidad. El desafío no es descalificar, sino exigir mayor calidad y superación.
Considero inconsistentes los argumentos que se han vertido en esta Sala y discrepo profundamente de ellos, sobre todo, cuando en el país se ha abierto una industria de construcción de casas cuyo valor fluctúa entre uno y 3 millones de dólares. Hace unos días el empresario señor Errázuriz anunció la construcción de viviendas de un valor aproximado a las 22 mil unidades de fomento, porque, según él, actualmente existe déficit de casas de ese precio, y que se levantan además con franquicias tributarias. Incluso, la UDI se ha opuesto al término de dichas franquicias tributarias. Por tanto, el Estado le está regalando el 10 por ciento de su valor. Por eso, considero que sus argumentos no son consistentes.
Quiero decir al diputado señor Bobadilla que tenemos que pensar en grande. De no ser así, no nos merecemos representar al país.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la siguiente manera:
El señor LEAL (Presidente).-
El Senado ha suprimido el inciso segundo del artículo único.
En votación la modificación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Becker Alvear Germán ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Delmastro Naso Roberto ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Moreira Barros Iván ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Salaberry Soto Felipe ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bertolino Rendic Mario ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Estay Peñaloza Enrique ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Isasi Barbieri Marta ; Monckeberg Bruner Cristián ; Turres Figueroa Marisol ; Vargas Lyng Alfonso.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
SUSPENSIÓN DE SUSTITUCIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES. Tercer trámite constitucional.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que suspende la sustitución de embarcaciones pesqueras artesanales, cuya urgencia ha sido calificada de “suma”.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín N° 4229-21, sesión 92ª, en 2 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, a mi juicio, las modificaciones introducidas por el Senado en nada cambian el espíritu de la propuesta solicitada al Ejecutivo por la Comisión. Es más, las precisiones que hace la perfeccionan y resguardan el espíritu de lo que era la moción, en cuanto a controlar el esfuerzo pesquero a fin de permitir que cada armador cuente con los medios para desarrollar su actividad.
Por lo tanto, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente las modificaciones, porque responden al espíritu de la ley y se orientan especialmente hacia la preocupación que hemos tenido, en orden a que dicha suspensión evita el aumento indiscriminado de embarcaciones que participan en dicha actividad, con el evidente detrimento de los pescadores artesanales que forman parte de ella. Votaremos favorablemente las modificaciones porque ratifican el espíritu y la letra de la propuesta aprobada anteriormente por esta Cámara.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la siguiente manera:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobadas.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Alvarado Andrade Claudio ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado a los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que establecen la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, penalizan el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias y otorgan competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de la pensión alimenticia de menores.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletines N°s 2600-18, 3093-18, 3619-18, sesión 88ª, en 18 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.
La señora ALBORNOZ (ministra directora del Sernam).-
Señor Presidente, hace menos de un año una mujer asumió por primera vez la Presidencia de la República de Chile, ocasión en que expresó, ante el Congreso Pleno, su profundo compromiso con la paridad entre hombres y mujeres, con igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada.
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer, impulsó con firme convicción este proyecto de ley, puesto que ha hecho suyo el compromiso de velar por una más justa distribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, lo que posibilitará mejores condiciones de desarrollo para nuestros niños y niñas.
El cuidado de los hijos por parte de la mujer y el abandono económico de sus progenitores es una realidad que la Comisión de Familia de esta Corporación ha asumido como prioritaria.
La especial perseverancia de esa Comisión sobre la materia permitió materializar, en 2001, una importante reforma a la ley de pensiones alimenticias, año en que las estadísticas evidenciaban la existencia de profundas inequidades.
En 2004, cada dos partos se presentaba una demanda de alimentos. Es decir, mientras 240 mil mujeres se transformaban en madres, otras 120 mil recurrían ante los tribunales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades económicas para con sus hijos e hijas.
Las dimensiones de esa realidad hacía necesario dotar a los Tribunales de Familia de nuevas orientaciones que les permitieran actuar en forma más expedita. Sin embargo, estimamos que la simplificación de los procesos que contuvo esa reforma no fue suficiente.
La entrega de apoyo inmediato, mayor transparencia en los juicios y la represión de toda maniobra fraudulenta fueron algunos de los objetivos perseguidos por algunas honorables diputadas y diputados, finalidades que fueron consideradas en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el Senado.
Cuando una mujer inicia un juicio para demandar alimentos para sus hijos generalmente ha pasado por un prolongado período de necesidad. Como esa situación debe subsanarse sin demora, el proyecto dispone que el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios junto con admitir la demanda a tramitación.
Asimismo, se pone término a la discriminación que obliga a la mujer a reunir documentos para demostrar los ingresos del padre de sus hijos e hijas, pues se establece que el demandado debe proporcionar los antecedentes para determinar su capacidad económica y su patrimonio, a fin de fijar el monto de la pensión con justicia y transparencia.
En el mismo sentido, la iniciativa reafirma el rechazo de toda forma de engaño y de maniobras que sistemáticamente han entorpecido la actuación de la justicia, especialmente cuando se investiga la capacidad económica de los demandados, comportamientos que deben ser erradicados. El fraude, el engaño, el ocultamiento de las fuentes de ingreso y la presentación de antecedentes falsos o manifiestamente inexactos e incompletos en los juicios de alimentos son intolerables e inadmisibles.
El proyecto rechaza enfáticamente dichas conductas y las sanciona penalmente hasta con tres años de privación de libertad, tal como lo hace con los terceros que proporcionen documentos fraudulentos.
En otro ámbito, sobre la base de la consideración de que ante el abandono no cabe solidaridad alguna, ni siquiera familiar, el proyecto sanciona con reclusión nocturna, hasta por quince días, a quien colabore en el ocultamiento del demandado, con el objeto de impedir la notificación de la demanda o la aplicación de cualquier medida destinada a obtener el cumplimiento forzado de sus responsabilidades parentales.
En otro orden de cosas, es bueno señalar que información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile da cuenta que alrededor del 60 por ciento de las órdenes de arresto decretadas con medidas de apremio por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias no se materializan. Por ello, el proyecto contempla la ampliación de las atribuciones policiales para arrestar al demandado moroso en cualquier lugar en que se encuentre y, de ser necesario, el ingreso a su domicilio con el mismo fin, medidas que aseguran mayor eficacia a la actuación policial.
En este mismo orden de ideas, la iniciativa se hace cargo de la necesidad de perfeccionar las medidas de apremio necesarias contra el abandono y el desapego y propone su ampliación, como la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses y la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Otro aspecto trascendental del proyecto es que permite a una niñamadre o a una adolescente embarazada realidad frecuente y apremiante en nuestro país iniciar la demanda de alimentos aunque no cuente con representante legal.
Me asiste la certeza de que estamos dando una señal y un mensaje que favorece al cumplimiento más transparente y espontáneo de las responsabilidades parentales, mediante un proyecto que surgió fruto de la iniciativa de varias señoras diputadas y señores diputados.
Por lo tanto, en nombre de todas las madres que sin ayuda alguna han formado a tantos ciudadanos y a tantas ciudadanas del país, solicito a la honorable Cámara la aprobación de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, sin duda al examinar el proyecto uno no puede dejar de valorarlo, porque aborda una materia que siempre ha causado dificultades: el pago de las pensiones alimenticias, obligación que muchos demandados tratan de burlar.
Valoramos la iniciativa, porque busca proteger el derecho que tienen los hijos de obtener la alimentación de parte de sus padres, lo cual constituye un deber moral y ético, más que legal. Sin embargo, hay que consagrar en las leyes todos los elementos que hagan posible que ello se haga efectivo. Desde esa perspectiva, hay que destacar que el proyecto dota a los tribunales de los instrumentos necesarios para averiguar la realidad sobre la situación económica de los demandados, puesto que en muchos casos resulta difícil averiguar sus ingresos o porque señalan que su situación les impide cumplir con la obligación que tienen con sus hijos. Por lo tanto, si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las instituciones de salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier otro organismo público o privado los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.
Asimismo, me parece destacable que la iniciativa facilita la prueba de los actos fraudulentos que se cometen para eludir la acción de la justicia sobre el patrimonio, lo cual se materializa cuando los demandados celebran compraventas o entregan bienes, en usufructo, en favor de terceros, para burlar el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimento a sus hijos, pues establece sanciones para los terceros que se presten para la comisión de dichos actos.
Por otra parte, dispone la retención por parte de la Tesorería General de la República de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Además, se disponen sanciones para los terceros encubridores de la situación patrimonial o el domicilio del demandado.
Resulta destacable que la iniciativa fortalece los instrumentos para hacer más efectivo el pago de los alimentos.
Por otra parte, tal como lo establece la ley, los jueces deben se más ágiles, porque en muchos casos se demoran demasiado en resolver las pensiones alimenticias y los alimentos provisorios. Se establece una norma mucho más estricta para que el juez, en tiempo mucho más breve, fije los alimentos provisorios y sea más ágil en la determinación de los alimentos definitivos. Muchas veces, los juicios se dilatan inútilmente y los jueces no dictan las resoluciones necesarias para proteger los derechos de los hijos, de los alimentarios, de la familia.
Todo lo que ayude a la competencia para resolver esas causas es positivo, en el sentido de que el alimentario tenga la posibilidad de elegir el tribunal en el que presente su demanda.
Asimismo, se dificultan las maniobras que realizan los demandados, quienes, si quieren que cese o se rebaje la pensión alimenticia, deberán presentar su demanda en el tribunal del lugar en que se encuentre el alimentario. Es decir, se trata de dar las facilidades al alimentario para defenderse de esas acciones.
Estas normas son muy positivas para la protección de los derechos de los hijos y de la familia, para que el responsable provea los alimentos necesarios.
Por lo anterior, anuncio que apoyaré entusiastamente este proyecto.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, coincido con las intervenciones que me han precedido, particularmente con la de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer.
Estamos en presencia de un buen proyecto, que era necesario, porque todos los antecedentes objetivos indican que el incumplimiento en la entrega de pensiones alimenticias y las consecuencias económicas, sociales y culturales que provienen de aquello son muy importantes y graves. En consecuencia, es obligación de los órganos colegisladores asumir que en la práctica existe un inconveniente real, por lo que es necesario dotar a los tribunales de instrumentos efectivos a la hora de perseguir coercitivamente el incumplimiento de una obligación no sólo legal, sino también moral.
También me parece muy positivo el hecho de haber refundido las mociones de parlamentarios de distintas bancadas para dar origen a este proyecto, así como haber enriquecido el debate realizado en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado con propuestas del Ejecutivo.
Lo bueno no es enemigo de lo perfecto, por lo que formularé una sola consideración que, quizás, podría ser resuelta con la intervención de la ministra del Sernam o de algún diputado, que se refiere a un inciso que ella consideró como importante. Desde el punto de vista del derecho, esa norma adolece de un inconveniente que sería bueno corregir en la Comisión Mixta, si fuese necesario y así lo considerara la Sala.
Me refiero al número 10) de las modificaciones del Senado, que se encuentra en la página doce del comparado, que modifica el artículo 18 de la ley que se pretende corregir y que agrega un nuevo inciso segundo, que expresa lo siguiente: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con…”. A continuación se especifica la pena que se aplicará. Debo reconocer que el inciso viene en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados.
Después de una revisión de ese texto, me parece que, a lo menos, falta una frase que debiera complementar esa redacción. Considero que debería decir: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas de…”. De lo contrario, se produciría una situación bastante compleja desde el punto de vista del derecho, ya que una persona podría colaborar con ese objetivo sin saberlo, y el tipo penal porque lo es, de alguna manera, queda en blanco, en la medida en que no hay una mayor objetivización de la conducta punible.
Si se opta por no señalar casos específicos o una enumeración ejemplar, incluso taxativa, de lo que constituye el acto punible en este caso, la colaboración en el ocultamiento, a lo menos debe incorporarse una frase que indique, de manera precisa, un dolo directo: “El que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas…”. Incluso, si se quiere ser más laxo, se podría agregar la siguiente expresión: “…no pudiendo menos que saber…”, que es una especie de dolo eventual. Lamentablemente, no se encuentra presente en la Sala el colega Juan Bustos , que podría ratificar o, eventualmente, rectificar mi apreciación; estoy abierto a cualquiera posibilidad.
En resumen, me parece que existe un problema jurídico complejo que después podría motivar situaciones también complejas en la aplicación de esta norma, porque insisto está demasiado en blanco. Insisto en que la colaboración debe ser ex profeso, precisa, a sabiendas de que se realiza un acto punible y reprochable, desde el punto de vista del derecho, para el ocultamiento, de tal suerte que no se sancione a una persona que, sin saberlo, realiza un acto de colaboración por un sentido de solidaridad.
Ésa es la única consideración que deseaba hacer. En el evento de que mi observación no fuera resuelta con las intervenciones posteriores, pido votación separada para la letra b) del número 10) de las modificaciones, que se encuentra en la página doce del informe comparado.
Respecto del resto del articulado, felicito a las autoridades de Gobierno, a la señora ministra y, particularmente, a su ministerio por haber apurado, después de mucho tiempo, la tramitación de un proyecto que es indispensable para la buena aplicación del derecho.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, ésta es una oportunidad muy interesante para discutir un proyecto que afecta a miles de mujeres de nuestro país, más aun si consideramos que la audiencia que tenemos hoy está representada fundamentalmente por madres, abuelas y, en general, mujeres.
También quiero recordar que el haber logrado la materialización de este proyecto de ley se debe a un esfuerzo muy importante y transversal de la Comisión de Familia. Desde el 2001, esta Comisión en dos oportunidades se ha abocado a modificar la ley de pensión de alimentos.
En esa oportunidad, a la Comisión asistieron muchas mujeres que entregaron testimonios que nos conmovieron y nos llevaron a elaborar el proyecto que el Senado aprobó en el trámite correspondiente. Muchas disposiciones contenidas en las modificaciones del Senado pueden parecer muy drásticas. De hecho, disposiciones como la que establece, en determinados casos, la cancelación de la licencia de conducir fueron rechazadas por algunos diputados. Sin embargo, el drama de los testimonios recibidos y la lentitud con que se tramitaban las pensiones de alimentos nos hicieron elaborar este proyecto.
Esta iniciativa se originó mucho antes del inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet , con la participación de diputadas y diputados de todas las bancadas.
Según el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, el 98 por ciento de las personas que piden pensión de alimentos son mujeres.
Entre los cambios a la legislación que propusimos en una primera etapa, cabe considerar la ampliación de las medidas de apremio por incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. En ese sentido, se modificaron las sanciones y se otorgaron instrumentos a los jueces para realizar gestiones tendientes a ubicar el domicilio del demandado. Asimismo, se fijaron montos mínimos de pensiones, que antes eran de 2.000 pesos o de 2.500 pesos, y se hicieron más rápidos y expeditos los trámites para cobrarlos. Estos cambios fueron de gran ayuda. No obstante, haber conseguido que se decretara orden de arraigo para quienes no pagaban los alimentos o que se dispusiera que lo mínimo que debe pagarse por pensión de alimentos es el 40 por ciento del ingreso mínimo no fue suficiente, porque nos encontramos con la típica situación de que el demandado no puede ser ubicado. En ese sentido, el padre, que debe responder por los derechos de sus hijos de alimentarse y tener una vida normal, evade esta gran responsabilidad.
Entre los proyectos discutidos por segunda vez, cabe señalar uno muy controvertido, que establece la incorporación en el Boletín Comercial de los casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Se trata de una iniciativa presentada por la entonces diputada Pía Guzmán , en la cual también participaron los diputados Cornejo , el entonces diputado Jaime Orpis y quien habla.
Posteriormente, se presentó otra iniciativa que establece una pena por el incumplimiento malicioso del pago de pensiones alimenticias. El objeto de dicho proyecto, originado en moción de los diputados Norambuena , Forni , Moreira , Salaberry , Recondo , Ulloa , Uriarte y del entonces diputado Ibáñez , es sancionar a quienes no pagan la pensión alimenticia pudiendo hacerlo.
Otro proyecto presentado sobre esta materia es aquel que otorga competencias al juez que corresponde al nuevo domicilio del alimentario, para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensiones alimenticias a menores. Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Maximiano Errázuriz , que no tuvo eco en las modificaciones del Senado al proyecto en discusión.
Alrededor del 40 por ciento de las pensiones de alimentos no se paga. Es decir, de cada cien mujeres que demandan dicha pensión, cuarenta no obtienen un peso para su mantención y la de sus hijos. Ello constituye una desigualdad inaceptable.
Alrededor de 170 mil familias no han podido hacer efectivo el derecho de conseguir pensión de alimentos para sus hijos. El problema se agrava en los sectores más modestos, ya que más del 70 por ciento de las causas por este concepto se tramita a través de las corporaciones de asistencia judicial. La mayoría de las madres tampoco tiene apoyo jurídico ni laboral. En muchos casos no pueden trabajar fuera del hogar, lo que les impide percibir un ingreso para alimentar a sus hijos.
Diversas situaciones agudizan el problema en torno a las pensiones de alimentos. Por ejemplo, más del 50 por ciento de las madres que demandan pensión alimenticia tienen hijos nacidos fuera del matrimonio. A veces, los padres de esos menores no pueden ser ubicados. Por otra parte, no podemos negar que el colapso experimentado por los tribunales de familia ha sido realmente dramático.
De acuerdo con la ley vigente, los alimentos provisorios deben ser decretados por el juez en un plazo de diez días. Debido al colapso de los tribunales de familia, ha habido casos en que han transcurrido meses antes de que un juez decrete su entrega. De hecho, durante los cinco primeros días de funcionamiento de estos tribunales, esto es, entre el 1 y el 5 de octubre de 2005, ingresaron casi 9 mil causas por pensión de alimentos, lo que constituyó el 35 por ciento del total de causas tramitadas.
El Senado ha propuesto una serie de modificaciones que ya habíamos planteado en la Cámara de Diputados y que en algunos casos se perfeccionaron. La primera de ellas es muy interesante: establece que la demanda se notifique en cualquier parte. Antes debía ser hecha sólo en el domicilio del demandado. Incluso, dispone que se notifique por cualquier medio, como el teléfono o el correo electrónico, con independencia del lugar en que se encuentre el demandado. Ello agiliza los trámites en forma impresionante. Mientras la notificación no se cumpla, la demanda está en punto muerto. Por eso, algunos padres abandonan su residencia e, incluso, la ciudad, a fin de no cumplir con la obligación que se le impondrá.
El problema más grave que se presenta es dar con el paradero del demandado. En virtud de esta futura ley, el juez podrá decretar una orden amplia para que la fuerza pública investigue su paradero. Asimismo, en los casos en que el tribunal decrete un apremio, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado. En consecuencia, ya no existirá la excusa de que no se pudo ubicar al demandado.
Respecto de los alimentos provisorios, que resuelven el problema que sufre la madre cuando recién queda sola con sus hijos, esta futura ley obliga al juez a pronunciarse sobre dichos alimentos en el momento en que conoce de la demanda respectiva, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado estuvieron de acuerdo en considerar mecanismos para perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que no se pronuncie sobre los alimentos provisorios cuando corresponda. La nueva ley sobre tribunales de familia establece que dicho pronunciamiento debe efectuarse en cinco días. Antes, el juez disponía de diez días para esos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, no será muy fácil que esta disposición se lleve a la práctica si no se aprueban pronto las modificaciones a la composición de los tribunales de familia, en virtud de las cuales se aumenta el número de jueces y de funcionarios, lo que permitirá agilizar los trámites.
Otro problema que se ha originado en la tramitación de pensiones alimenticias es el de establecer los ingresos del alimentante. Para la acreditación de dichos ingresos, es el demandado quien debe generar los antecedentes, cambiando el peso de la prueba. Ello estaba considerado en la ley anterior. No obstante, este aspecto es el que con mayor frecuencia genera problemas para determinar el monto de la pensión alimenticia. Por eso, se ha propuesto sancionar a quien presente documentos con información falsa. Es muy común que un padre, previamente a ser demandado, traspase la propiedad de sus bienes a terceras personas. De ese modo, puede argumentar que no tiene ingresos para pagar la pensión alimenticia, aunque los tenga con creces. Conocimos el caso de una madre, cuyo esposo, siendo multimillonario, no le daba un peso para sus hijos.
Asimismo, el Senado estableció que se sancione al tercero que proporcione al demandado documentos falsos en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica. Ello es distinto a lo que planteó el diputado Burgos respecto de las penas para sancionar al tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para impedir su notificación.
Por último, quiero referirme a la propuesta de establecer apremios para los alimentantes morosos. La idea original era incorporarlos en el Boletín Comercial. El diputado Felipe Ward presentó un proyecto en ese sentido. Sin embargo, hemos rechazado esa iniciativa no porque no estemos de acuerdo, sino porque consideramos que dicha medida podría ser aplicable sólo al segmento socioeconómico alto. Incluir en el Boletín Comercial a padres de sectores más modestos no les permitiría conseguir un empleo, en circunstancias de que es necesario que tengan trabajo para que puedan pagar la pensión alimenticia. Por eso, hemos rechazado esa iniciativa. No nos hubiéramos opuesto si esa sanción se hubiera impuesto sólo a alimentarios morosos pertenecientes al nivel socioeconómico alto.
Me alegro de que este proyecto haya sido aprobado en el Senado por unanimidad. Lamento que su tramitación en la cámara alta haya demorado dos años. Espero que se convierta en ley lo antes posible, a fin de ayudar a miles de madres que simplemente exigen el derecho de sus hijos de alimentarse y tener una vida digna, después de que han sido abandonados por su padre.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, creo que ya se ha dicho lo más importante respecto de este proyecto. Por eso, sólo voy a puntualizar algunos aspectos que considero dignos de destacar.
Para ir de lo general a lo particular, este proyecto contribuye de manera muy significativa a hacer justicia social, porque entrega instrumentos para que se cumpla la ley, en particular, en lo que dice relación con la responsabilidad de los padres por el cuidado de los hijos. Es así como se establece con claridad que la protección y el cuidado de los hijos y los gastos en que deban incurrir para educarlos, alimentarlos, vestirlos, etcétera, debe ser compartida por ambos progenitores. De manera que, tal como lo decía el diputado Burgos , la iniciativa tiene una dimensión social y cultural muy significativa.
Algunos aspectos de la iniciativa que considero importante resaltar.
Primero, es muy importante establecer que la no fijación oportuna de los alimentos provisorios constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez. Es necesario establecer, de alguna forma, sanciones cuando el juez no cumple con una obligación tan importante, como es fijar la alimentación provisoria.
Segundo se han dado muchos ejemplos relacionados con las formas de incumplimiento, el tribunal deberá ordenar al demandado que entregue antecedentes sobre su capacidad económica y patrimonial, que es algo fundamental.
Tercero, se establece una sanción que, incluso, puede llegar a los tres años de prisión, cuando no se entreguen los documentos requeridos, cuando no se haga la declaración jurada o cuando esto es lo más grave se falsifiquen documentos, práctica muy común a la cual se recurre para falsear la situación económica del demandado. Muchas veces, se llega a un arreglo también se establece una sanción para este caso entre el padre y el empleador para rebajar el sueldo del primero, entregándosele el resto de sus ingresos por otra vía, precisamente, para falsear la información sobre su capacidad económica real y, por cierto, sobre sus posibilidades de pagar la pensión alimenticia.
Cuarto, se sanciona tal como lo dijo la diputada María Angélica Cristi , éste es un tema muy importante el ocultamiento de las fuentes de ingresos. Como ya lo dije, se sanciona al tercero que colabore en el ocultamiento no sólo de los ingresos del demandado, sino que de su paradero. En reiteradas ocasiones, hemos recibido denuncias y reclamos incluso, en mi oficina parlamentaria de madres que durante años han tratado de que el padre sea notificado, con la complicidad de terceras personas que ocultaban su paradero, por lo que no arriesgaban pena alguna. Si bien existía una ley, ésta no era eficaz porque no cumplía con el objetivo para el cual se había dictado. Por eso, es importante este proyecto de ley. Incluso, el tercero que oculte el paradero recibirá la sanción de reclusión nocturna hasta por 15 días. Asimismo, será sancionado el tercero en este caso, podría ser el empleador que proporcione antecedentes falsos.
Quinto, se establecen algunos mecanismos que permitirán hacer más efectiva la responsabilidad del padre de pagar la pensión alimenticia. Tenemos, por ejemplo, la retención de la devolución anual de impuestos a la renta de los montos insolutos de las pensiones, la suspensión de la licencia de conducir y lo relativo a la patria potestad.
Sexto, está lo relativo al rol de las policías. Antes no tenían herramientas para hacer exigible este compromiso. Ahora, podrán arrestar al deudor de la pensión alimenticia en cualquier lugar.
Séptimo, otro aspecto importante que aquí no se ha mencionado. Era habitual que la madre menor de edad demandara, pero mediante un representante; no podía hacerlo en forma directa. En la actualidad, hay muchas madres adolescentes: entre 1.200 y 1.300, de 14 años; 3 mil, de 15 años, y un porcentaje muy significativo de madres menores de 18 años. En virtud de este proyecto, podrán hacer la demanda en forma directa para obtener su pensión alimenticia.
Por último, considero muy significativo, como una forma de prevenir y, de alguna manera, como un mecanismo inhibitorio del ocultamiento del paradero y del falseamiento de datos, que el demandado esté obligado a informar periódicamente todo cambio de domicilio, de empleador o de lugar de trabajo. Felicito a la ministra del Sernam y a todos los parlamentarios que participaron en la tramitación y discusión del proyecto, porque creo que apunta, precisamente como lo dije al comienzo de mi intervención, a que haya más justicia social y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, a que exista una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a que el cuidado de los hijos sea una responsabilidad compartida entre ambos progenitores, y no una tarea exclusiva de la mujer, como había estado asumido culturalmente en nuestro país durante siglos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda , comunico a la Sala que, aparte de ella, hay otros cuatros diputados inscritos.
Como el Orden del Día termina a las 13.20 horas, propongo que los cuatro diputados inscritos usen de la palabra por un máximo de cinco minutos, prorrogándolo para tales efectos por el tiempo que sea necesario.
Al finalizar el debate, hará uso de la palabra la ministra señora Laura Albornoz.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?
Acordado.
Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, ante todo, agradezco la presencia de las organizaciones de mujeres que han venido a apoyar este proyecto de ley.
Asimismo, felicito a nuestra ministra del Sernam, señora Laura Albornoz , y a los parlamentarios que hicieron posible esta iniciativa que estamos discutiendo en tercer trámite constitucional.
En este hemiciclo, mi preocupación siempre ha estado relacionada con la feminización de la pobreza, porque, sin duda, hoy día ésta tiene rostro de mujer. La ministra nos ha dicho que por cada dos partos que se producen en el país se presenta una demanda por pensión alimenticia. Creo que esto es de lo que debemos hacernos cargo como país; es la revisión que esperamos que se haga, no sólo por el Sernam, sino que a través de una política transversal de los distintos ministerios, de manera que podamos incorporar a la mujer a una vida plena, sobre todo, en el aspecto económico, a fin de poder terminar con este fenómeno social que hoy día nos está afectando.
En la actualidad, por realizar el mismo trabajo, una mujer gana 30 por ciento menos que un hombre, y ese porcentaje menos significa disminuir los recursos de la familia. Hoy día, el 40 por ciento de los niños y niñas nacen fuera del matrimonio, y la mujer debe criar y mantener a sus hijos en esa tremenda soledad.
La Cámara ha aprobado diversas mociones sobre esta materia, a fin de cooperar con las familias; pero, sin duda, este proyecto apunta a que la mujer, la familia, los niños, reciban este aporte justo y necesario que es la pensión alimenticia.
Entre las distintas situaciones que conocemos como diputados, si hay una complicada es que pasan meses y años después de que se presenta una demanda por pensión alimenticia antes de resolverse, lo que produce cansancio en la mujer que no recibe los alimentos provisorios.
Por eso, me alegro por los primeros artículos del proyecto, que tienen que ver con que el juez estará obligado a fijar los alimentos provisorios inmediatamente después de que se entreguen los antecedentes de la demanda. Eso es fundamental, porque hay madres que han esperado años para que los jueces fijen los alimentos provisorios para sus hijos.
En cuanto a la orden amplia de investigar el domicilio del demandado, quiero pedir a la ministra que ojalá se instruya a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile para que adopten una actitud distinta frente a los procesos, una actitud más proactiva, para ubicar al demandado, de manera que éste responda por su deuda con la familia. Sé de muchos casos donde al final, con la buena voluntad de Carabineros e Investigaciones, se encuentra al demandado, pero queremos que eso sea más institucionalizado y que, además, exista más personal encargado de investigar el paradero del alimentante y adoptar medidas para hacer efectivo los apremios.
Otra cosa que me alegra mucho es que no sea la mujer la que tenga que aportar antecedentes sobre los ingresos del padre de sus hijos. Esto es muy importante, porque mantiene la dignidad de la mujer en el proceso.
Espero que en esta búsqueda no exista engaño. Por eso, concuerdo con lo planteado por el diputado Burgos , en el sentido de acotar este proceso en términos de técnicas legislativas y precisar en mejor forma la pena para quienes incurren en el delito de ocultamiento.
Por eso, apoyamos el proyecto y desde la bancada de la Democracia Cristiana respaldamos a la ministra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sin duda nuestra sociedad se enfrenta a grandes cambios en materia de organización familiar. Si revisamos las cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil, nos damos cuenta de que existe una caída fuerte en el número de matrimonios que se realizan cada año en Chile.
Fíjense que en 2000, se celebraron sesenta y siete mil quinientos matrimonios; en 2005, cincuenta cuatro mil, casi quince mil menos. Ese mismo año nacieron doscientos cuarenta y tres mil niños, cien mil de ellos fuera del matrimonio. Estas cifras demuestran que al haber disminuido los matrimonios y aumentado el número de niños nacidos fuera de este vínculo, aumentarán las causas judiciales tendientes a regular la relación de los padres con los hijos, a las cuales, por supuesto, debemos agregar los hijos de matrimonios fracasados.
El primer llamado que debiéramos hacer a los padres es a responsabilizarse por los hijos que traen el mundo; sin embargo, sabemos que no siempre hay una actitud responsable, y quizás en la mayoría de los casos sea necesaria la acción de la justicia para establecer las debidas responsabilidades y obligaciones de los padres para con sus hijos.
Por su intermedio, señor Presidente, señalo a la señora ministra que este proyecto, que hoy examinamos en su tercer trámite constitucional, debiera ser uno de los más importantes de su mandato. Es una mixtura de distintas mociones, presentadas por colegas de distintas bancadas que, en definitiva, constituyeron un nuevo texto legal que perfecciona la legislación actual. Me parecen de gran importancia todas aquellas modificaciones relativas a la competencia de los tribunales en materia de pensiones, en especial aquellas que dan competencia al juez de familia del domicilio del alimentario, cuando se trata de modificar los montos y beneficios de las pensiones, de manera de facilitar la litigación al titular del derecho correspondiente.
Es meritorio también destacar los mecanismos propuestos para averiguar la situación económica del demandado y evitar actos y contratos fraudulentos para eludir la acción del demandante. Allí está bien claro lo relativo al embargo oficioso de devoluciones de impuesto por la Tesorería General de la República y la ampliación del concepto de encubridor del ocultamiento de bienes.
Hasta ahí estoy muy de acuerdo con el proyecto. Pero no me convence la disposición sobre apremio y arresto del demandado que acarrea una sanción penal al tercero que lo oculta. Eso me tiene un poco confundido, porque puede producirse una cadena en la búsqueda de culpables. No sólo hablamos de un tercero, sino de terceros, lo cual muchas veces deja de ser justo; pueden llamarse errores, pequeños ilícitos, pero no apremio para penarlo. Por eso, es importante el proyecto, con la salvedad señalada respecto del inciso segundo, nuevo, del artículo 18, que dice: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días”. Estoy en contra de esa disposición, a menos que un jurista me convenza en otro sentido.
De todos modos, estamos contentos por esta iniciativa, que sanciona de una vez por todas situaciones permitidas en la legislación anterior. En consecuencia, la bancada del Partido por la Democracia, con mucha fuerza, le dará su aprobación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, estamos muy contentos por el proyecto que modifica las normas sobre el cobro de pensiones alimenticias, porque, más allá de sus normas específicas, discutidas profundamente durante largo tiempo, se hace cargo de una triste realidad de nuestro país: miles de niños y jóvenes que carecen de los medios para cubrir sus mínimas necesidades de desarrollo.
Una regla básica del soporte y de la convivencia de nuestra sociedad es que los primeros responsables de satisfacer las necesidades de nuestros menores sean, como es lógico, sus propios padres.
Lamentablemente, la realidad que hoy se manifiesta en los juzgados de menores por el no pago de pensiones alimenticias es dramática. Son miles los padres que no sólo no cumplen con el deber de cooperar con los gastos de sus hijos, sino que, además, se burlan de las resoluciones judiciales tendientes a su cumplimiento.
Este proyecto apunta a mejorar las posibilidades de miles de niños que aspiran a mejores horizontes en la importante etapa de desarrollo en que se encuentran.
Éste no es un tema de mujeres ni de hombres; sino de la familia. Se trata de niños y niñas de Chile que tienen necesidades a las que queremos responder.
Me gustaría destacar dos cosas en la iniciativa: una, que responde a los requerimientos que los tribunales venían mencionando durante mucho tiempo. Una de las anteriores falencias hoy está considerada en el proyecto y ellos estiman que desde el punto de vista práctico, es decir, de lo que ocurre día a día, por medio del proyecto se está dando una respuesta adecuada. Muchas veces se dice que las leyes no surten efecto y se convierten en letra muerta. Sin embargo, el proyecto en estudio viene a solucionar los problemas de mucha gente que en las corporaciones de asistencia judicial se encontraba con murallas y sin respuesta a sus demandas.
Otra modificación destacable dice relación con que la madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo nacido o que está por nacer. A mi juicio, la posibilidad de que la madre pida pensión para el hijo que está por nacer habla de la forma en que, como sociedad, se reconoce que los niños tienen derechos desde el momento de su gestación, tema que con seguridad se abordará en diferentes iniciativas que en el futuro serán conocidas por el Congreso Nacional. A este respecto, la consideración del niño que está por nacer como un ser con derecho a pensión alimenticia que puede ser exigible por su madre, constituye un tremendo avance que debiera enorgullecernos como país.
En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a aprobar las modificaciones del Senado
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, como bien mencionó la diputada señora Karla Rubilar , por supuesto estamos contentos de que el proyecto llegue a puerto, porque, con seguridad, significará una luz de esperanza para miles y miles de mujeres que han debido pasar por momentos muy amargos para lograr que sus hijos obtengan una pensión alimenticia.
Como se recordará, el proyecto inició su tramitación en 2000 y, con posterioridad, se refundió con otras iniciativas de diferentes parlamentarios.
A continuación, paso a referirme a las principales modificaciones introducidas por el Senado.
En primer lugar, se faculta a la madre, cualquiera sea su edad, para solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. En la actualidad, la madre menor de edad es considerada incapaz y, en consecuencia, no puede demandar alimentos sin el consentimiento de su representante legal.
En segundo lugar, se establece que el demandado deberá informar al tribunal de todo cambio de domicilio, de empleador y lugar de trabajo. En caso de no dar cumplimiento a dicha obligación, se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales.
La modificación en comento entrega una señal de dureza a quienes no cumplan, a los “pillines” de siempre que, mediante el cambio de trabajo o de domicilio, evaden la acción de la entrega de alimentos para sus hijos y para las madres de éstos. Por lo tanto, es muy positiva, por cuanto gran parte de los juicios de alimentos se dilatan ante la imposibilidad de notificar y de hallar al demandado o a su empleador, en caso de decretarse la retención del monto de la pensión alimenticia.
En tercer lugar, se modifica la norma relativa a la oportunidad para decretar los alimentos provisorios, estableciéndose la obligación de hacerlo en el momento en que el juez admita la demanda a tramitación. La modificación permite que los alimentarios reciban la pensión desde el inicio del proceso. Además, se establece que el juez que no dé cumplimiento a la fijación oportuna de la pensión provisoria incurrirá en falta o abuso.
En cuarto lugar, respecto de los nuevos apremios que considera el proyecto en caso de no pago de las pensiones, el Senado mantuvo la medida aprobada en el primer trámite constitucional, relativa a solicitar a la Tesorería General de la República la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponde percibir a deudores de pensiones alimenticias. Asimismo, el Senado decidió suspender la patria potestad como apremio, y agregó el de la suspensión de la licencia de conducir del alimentante por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período. Sin embargo, se establece la posibilidad de interrumpir dicho apremio en los casos en que la licencia sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante.
Sin duda, esas modificaciones contribuyen a garantizar el pago de las pensiones alimenticias decretadas por el tribunal y a mejorar la situación actual, en que, no obstante la existencia de apremios, subsiste un alto nivel de incumplimiento en el pago de dichas pensiones.
Por último, esta legislación responde a la existencia de una crisis en la familia. En efecto, no sería necesario legislar si en el país la familia estuviese fortalecida. Por lo tanto, quiero aprovechar la presencia de la ministra del Sernam para insistir en la necesidad de establecer, en forma paralela a todo lo que estamos haciendo, políticas públicas que fortalezcan la familia, de manera de defender a las personas más vulnerables que han debido esperar tanto tiempo para que esta legislación sea una realidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, el proyecto es fundamental para comenzar a resolver las carencias existentes en materia de pensiones alimenticias, en especial la falta de pago, y de esa forma colaborar con tantos niños y niñas que sufren en carne propia esta situación.
En el proyecto se establece el principio de la inmediatez de los alimentos provisorios, en el sentido de que éstos pueden ser decretados una vez presentada la demanda en tribunales. Esa modificación es tremendamente importante para no dilatar la dictación de dicha medida. Además, se establece la posibilidad de perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que omita dicho pronunciamiento.
Otra modificación de enorme importancia, una vez que el proyecto sea ley de la República, dice relación con que el juez ordenará que el demandado acompañe todos los antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y su capacidad económica. En consecuencia, no será necesario que la madre o demandante tenga que acopiar y presentar ante el tribunal liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, contratos y demás documentos que justifiquen la capacidad económica del demandado.
Asimismo, es relevante la sanción, mediante tipos penales claros y precisos, para los profesionales en materia de ocultamiento de información, a fin de obstruir el conocimiento por parte de los tribunales de los ingresos que percibe quien tiene la obligación de proveer alimentos. En esta misma línea, es importante destacar que la sanción a quienes incurran en dichas prácticas se llevará a efecto dentro del mismo procedimiento, lo que permitirá enviar una señal potente a quienes pretendan crear defensas perfectas a fin de ocultar los bienes del alimentante.
Asimismo, el tercero que proporcione al demandado maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, será sancionado con las penas del artículo 207 del Código Penal.
A mi juicio, dicha disposición es tremendamente importante para consagrar de una vez por todas en nuestra legislación la transparencia y la obligación de acudir con los alimentos que pueden satisfacerse, y no incurrir en ocultamientos o búsqueda de subterfugios.
Por otro lado, se consagran nuevos apremios a los deudores, como la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Al respecto, es necesario integrar los diferentes sistemas de información que sirven para establecer la correspondiente devolución de impuestos, de manera que quienes deban alimentos, los paguen.
En la Cámara, se originó una discusión respecto de la sanción por el ocultamiento del demandado para impedir su notificación. En ese sentido, quiero aclarar lo importante que es sancionar esa conducta con el objeto de impedir la notificación. De esta forma, la conducta sancionada es aquella que busca obstruir la justicia directamente a través de una forma específica. Creo que es importante dejar establecido eso para la historia fidedigna de la ley y para consagrar que, de ahora en adelante, no tendremos el alto índice de imposibilidad de notificar.
Además, quiero destacar otro tipo de sanciones que van aparejadas para hacer más fácil y expedita la notificación. Primero, se sanciona con multas la no información del cambio de domicilio de la persona obligada a dar alimentos y de su empleador. Esto es tremendamente importante para encontrar a la persona que tiene que demandarse.
Por último, un tema no menor es la sanción del empleador que no retenga los alimentos.
Por eso, la bancada socialista va votar a favor de las modificaciones porque creemos que con ellas se avanza sustancialmente en la protección a los niños y niñas de nuestro país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, la aprobación de las modificaciones del Senado va a constituir una muy buena noticia para los niños y niñas y para las mujeres de Chile, la mayoría de las cuales está al cuidado de ellos.
Además de lo anterior, existe un punto de vista ético. El hecho de que en Chile el 12 por ciento de los niños que nacen cada año no esté reconocido por sus padres, es un gran pecado social, así como también que sus padres no contribuyan a la mantención de sus hijos.
El proyecto, precisamente, apunta a la defensa de los derechos de los niños y niñas de nuestro país. Sus padres tendrán la obligación ética y moral de hacerse cargo de ellos y de ellas.
Quiero destacar que en la Comisión de Familia de la Cámara, hace algunos años, logramos unas modificaciones a la ley que se suman al trabajo que se hizo ahora, absolutamente transversal y en equipo, lo que habla muy bien de los diputados y diputadas que la integramos.
Las medidas que se proponen, y que el Servicio Nacional de la Mujer ha acogido con mucha fuerza, ya las han destacado los colegas. Indudablemente, van a ayudar a que se paguen las pensiones alimenticias. Conocemos casos dramáticos, como el de la señora Adriana Pando , que públicamente lo ha expuesto, cuyo marido tiene una gran fortuna, pero ha evadido durante años la obligación de darles pensión a sus hijos.
Creo que cada uno de nosotros, diputados y diputadas, conocemos muchos casos, que realmente no tienen nombre, de la sinvergüenzura de eludir esa obligación y de dar una batalla legal con las madres para no alimentar a sus hijos.
Ahora, si hay ocultamiento, nada bueno hay detrás de él. Al respecto, debo decirle al diputado Burgos que esto debe quedar como está, ya que si se ocultó algo, es porque se está haciendo algo que no es correcto. Por eso el ocultamiento debe ser sancionado.
Por último, quiero destacar que estoy muy contenta en relación con la propuesta de la Comisión de Familia de suspender la licencia de conducir. Me acuerdo que cuando la planteamos en la Cámara, el ex diputado Pablo Longueira abrió los fuegos contra esa medida. Me alegro que haya cambiado de opinión y la haya aprobado en el Senado, porque esta sanción realmente va a doler, ya que muchos de los padres que no pagan la pensión alimenticia tienen dinero para la bencina de sus autos, pero no para alimentar a sus hijos. Me alegro que el Senado haya aprobado esta medida, ya que en la Cámara no la pudimos aprobar. Por el contrario, se produjo un gran escándalo.
Por otro lado, me alegro que en el Senado, junto con el Servicio Nacional de la Mujer, se haya perfeccionado el proyecto para que realmente sea una ley ejemplar.
Modificados los tribunales de familia con las mediaciones, esperamos que se borre el pecado social de que los padres y madres, que son responsables de traer sus hijos al mundo, también cumplan con alimentarlos, con cuidarlos, con tener ligazón de afecto con ellos.
Desde la Cámara, he contribuido para que ningún niño o niña del país quede sin protección, sin pensión alimenticia, sin cuidado de sus padres.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la de la siguiente manera:
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a las señoras y señores diputados que los números 1, 8, sus letras a,), b) y c), y el número 9 del artículo 1° y el artículo 2° requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, del voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio.
Corresponde votar las modificaciones del Senado, con excepción de la letra b) del número 10 del artículo 1°, cuya votación separada se pidió.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Alvarado Andrade Claudio ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la letra b) del número 10 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
La Mesa tiene dudas. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a repetir la votación, porque el sistema electrónico no funcionó.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado y despachado el proyecto.
-Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Duarte Leiva Gonzalo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Jaramillo Becker Enrique ; Silber Romo Gabriel ; Venegas Cárdenas Mario ; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvo el diputado señor Vallespín López Patricio.
El señor LEAL (Presidente).-
Agradecemos la presencia de la ministra del Sernam, señora Laura Albornoz.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 197, de los señores Estay , Ward , Recondo , Chahuán , Eluchans , Von Mühlenbrock , Bertolino , Herrera , doña Amelia ; Lobos y Galilea.
“Considerando:
Que la creación de una Subsecretaría de Turismo no es un gasto para el Estado, sino que es una inversión, porque al fomentar el turismo se favorece tanto a las grandes regiones como al país en general;
Que es evidente el centralismo, puesto que es en la capital donde está la mayoría de las agencias de turismo. Hay que pensar que la geografía nacional posee distintas características que deben ser bien estudiadas para ofrecer un turismo de calidad;
Que, por su gran diversidad geográfica, se justifica, en gran medida, fomentar el turismo de Chile, lo que permite ofrecer una gran variedad de escenarios naturales;
Que, gracias a la creación de una Subsecretaría de Turismo, los empleos que se generen por este concepto serían estables, prolongando la actividad turística con una buena promoción de la geografía del país en el mundo, para así atraer y cautivar a los visitantes extranjeros;
Que es evidente que el turismo ha ido adquiriendo más relevancia y se requiere de autoridades completamente dedicadas al tema y con mayor poder de decisión;
Que el tema turístico no debe tener menor relevancia que las entidades públicas, ya que genera cien millones de dólares al año, por lo que la creación de esta subsecretaría es de gran importancia para el crecimiento económico del país;
Que se deben concebir nuevas y mejores alternativas para el desarrollo de la economía, aprovechando las ventajas competitivas en el contexto internacional, orientadas a originar fuentes estables de recursos económicos que representen en lo futuro importantes oportunidades, más empleo y mayor dinamismo que las actualmente existentes, y
Que las diversas condiciones y potencialidades de Chile en cuanto a su amplia y diversificada oferta de atractivos naturales y a la variedad de posibilidades que el territorio posee en sus distintas regiones, la paz social, la estabilidad de su sistema democrático, institucional y económico, son condiciones que le permiten el desarrollo de una oferta internacional relevante en el mercado mundial del turismo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación de una Subsecretaría de Turismo, la que tendrá a su cargo la promoción y la distribución del turismo nacional, junto a la elaboración de políticas nacionales para todos los sectores involucrados en este ámbito.”
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo tiene la palabra el diputado Enrique Estay.
El señor ESTAY.-
Señor Presidente, por el presente proyecto de acuerdo no se persigue más que avanzar un paso siquiera en lo que debiera ser una cultura y una institucionalidad para el turismo en Chile.
Desde pequeños, los chilenos escuchamos decir que éste es un país con enormes potenciales turísticos por su diversidad geográfica, recursos naturales, innumerables atractivos, bellezas y demás condiciones que el Hacedor nos ha regalado y que, en consecuencia, debiéramos ocuparnos responsablemente y de manera seria en su desarrollo turístico. Lo mismo se ha expresado en prácticamente todos los programas de gobierno, tanto de los candidatos presidenciales de la Alianza como de la Concertación. Sin embargo, mientras se dan algunos tímidos avances en esta materia, como la difusión internacional de nuestros encantos, estamos aún muy lejos de lo que hacen otros países. No estoy pensando siguiera en el turismo europeo, sino de países más cercanos que han pasado por dificultades mayores que el nuestro y que, no obstante, han podido dar un impulso y un respaldo notable a su industria turística. Basta con cruzar algunos metros de nuestra frontera y cordillera para observar cómo Argentina crece turísticamente y nos saca cada día más ventajas.
Yo no quiero hablar mal y decir que no se ha hecho nada, porque tampoco sería totalmente justo, pero la verdad es que cuando uno conversa con las autoridades locales, con los empresarios y empleados del turismo, con los mismos turistas, tiene la sensación de que al país le falta aún mucho que hacer sobre esta materia.
La creación de una subsecretaría estatal no debe considerarse como un gasto más para el Estado, sino como otra inversión, más aún si por vía de impuestos, probablemente, se van a recaudar cifras mayores que el monto que puede irrogar un nuevo organismo. El turismo, por lo demás, es una industria no contaminante y que ya, de modo silencioso, nos genera 1.500 millones de dólares al año, comparable solamente con la venta proyectada para este año de nuestro producto estrella, el salmón. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el destino de los grandes montos que ingresan al país por concepto de importaciones, que suelen concentrarse en pocas manos, con aquellos generados por el turismo que cumplen con un sano rol redistributivo tanto regional como socialmente hablando. El turismo, sin duda, es una de las pocas y grandes actividades económicas que derrama sus beneficios por igual, entre ricos, clase media y pobres, y entre Santiago y regiones. Todos quienes se han involucrado en la hermosa tarea de abrir las puertas de Chile al mundo, recibiendo a los turistas con sus brazos cálidos y abiertos, requieren de respaldo organizado, institucionalizado, de una estructura superior a una simple oficina de turismo que les ayude a sostener la oferta, acrecentarla, mejorarla y hacerla cada vez más competitiva.
Entiendo que para algunos colegas, especialmente de la Alianza, puede existir cierta desconfianza y reticencia de que con esta subsecretaría podamos estar contribuyendo a crear mayor burocracia pública para la Concertación y cuyas reales intenciones se vean desvirtuadas posteriormente, como habría ocurrido o estaría ocurriendo en algunos otros organismos.
Tal vez éste no sea el mejor momento de votar esta iniciativa, pero, precisamente, sería sano para la democracia, y por el bien de Chile, que lo apoyáramos y solicitemos a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley en el más breve plazo que implemente la Subsecretaría de Turismo, con una planta de personal concursable y altamente calificada en el tema turístico, que coordine la promoción con los demás entes y servicios públicos implicados, y fije una política de turismo con participación de todos los entes involucrados en el rubro.
Señor Presidente, pido, por su intermedio, a mis colegas diputados presentes en la Sala que tengan a bien dar una señal positiva al país, votando, sin mezquindad, favorablemente este proyecto que, de ser acogido por la señora Presidenta, significará una voluntad y un compromiso verdadero por el turismo de Chile.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, lo importante es lo que reditúan los recursos que se invierten en promoción turística. Por esta vía, se recaudan alrededor de 100 millones de dólares, por lo que el aporte al producto interno bruto es bastante interesante.
Por tanto, pido aprobar el proyecto por unanimidad.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
REGULARIZACIÓN DE BORDES DE RÍOS Y ESTEROS.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ALVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 198, de los señores Estay , Von Mühlenbrock , Ward , Bertolino , Recondo , Chahuán , Lobos, Eluchans , Galilea y de la señora Herrera , doña Amelia.
“Considerando:
Que, durante muchos años, los bordes de ríos y esteros han sido sitios utilizados para diversas actividades, sin mayores regulaciones ni restricciones, ni fiscalización adecuada por los organismos responsables. De esta manera, los bordes ribereños se han convertido en verdaderos basurales y grandes focos de contaminación, además de ser ocupados por personas sin hogar, fundamentalmente porque esto les permite construir sus casas y trabajar en la agricultura para su subsistencia.
Que, año tras año, especialmente en la época invernal, una serie de problemas ocurre con estos asentamientos en los bordes de los ríos. Las familias que allí construyen sus hogares son víctimas de la destrucción de sus casas por desbordes o derrumbes, debido a los deshielos en primavera y verano, y como producto de las lluvias invernales y las crecidas de los caudales, así como de la humedad que traspasa algunos suelos. En algunos casos, las aguas suben a través de las capas freáticas, que actúan como vasos comunicantes en el traspaso de la humedad; la tierra funciona como una esponja que chupa el agua y luego sube por los muros. Todo esto por no haber sido construidas en terrenos aptos para viviendas dignas y seguras, situaciones que, claramente, se constituyen en riesgo para la salud y la vida de las familias que se instalan a vivir allí. Asimismo, en el caso de los basurales, éstos son arrastrados por las aguas, lo que produce alta contaminación o atascos que desbordan los ríos, causando desastres para, posteriormente, lamentar.
Que, por esta razón, mediante este proyecto de acuerdo, se solicita a S.E. la Presidenta de la República que, por intermedio de los Ministerios de Bienes Nacionales, como propietario de los bordes ribereños; de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, realice los estudios necesarios tendientes a regularizar los bordes de ríos y esteros públicos, a fin de que se puedan utilizar con la fiscalización y la regulación adecuada de la autoridad competente. Para esto, otorgar facultades fiscalizadoras a los municipios que se constituyen en territorios que sean bordes de ríos y esteros, además de concesiones por las autoridades competentes, para utilizarlos, si el terreno lo permite, en parques o de otro uso en bien de las comunidades.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, por intermedio de los Ministerios de Bienes Nacionales, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura, realice los estudios necesarios tendientes a regularizar los bordes de ríos y esteros públicos, velando de esta forma la situación en que se encuentran muchas familias del país y protegiendo el medio ambiente con un desarrollo sustentable de éstos.”
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, nunca se ha hecho un estudio profundo para regularizar la situación de los bordes de ríos y esteros. Los bordes ribereños son verdaderos basurales y están contaminados por desechos sólidos; los areneros, con la extracción de áridos, destruyen defensas fluviales y deterioran los cauces y, lo que es peor, familias sin hogar ocupan los bordes de ríos para instalar sus viviendas. Buscamos sanear las aguas, pero sin una fiscalización adecuada de los bordes de ríos y esteros, las seguiremos contaminando.
Por eso, solicitamos a la Presidenta de la República instruir a los ministerios de la Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Obras públicas para que dispongan la realización de estudios exhaustivos de regularización de los bordes de ríos y esteros a fin de convertirlos en parques y en áreas aptas para la agricultura y sanear las aguas para lograr un medioambiente sano y de desarrollo sustentable.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, comparto el proyecto de acuerdo y felicito a sus autores, porque durante años hemos tratado de conseguir mayor presupuesto para defensas fluviales. Sin embargo, no se trata de realizar esas obras en forma arbitraria o cuando necesidades puntuales, en momentos de emergencia, así lo ameriten, sino que deben existir estudios que objetivicen las construcciones para el uso racional de las riberas de ríos. Con los actuales niveles de construcción, los bordes de ríos se utiliza de manera más irracional.
Me gustaría que se incorporara en este proyecto de acuerdo al Ministerio de Agricultura, que mucho tiene que decir, sobre todo respecto de las zonas rurales y las tierras agrícolas ribereñas a los ríos, que hoy se encuentran desprotegidas. Durante las últimas emergencias se destruyeron muchos canales de regadío cercanos a las riberas de ríos y hoy el Estado está haciendo una tremenda inversión para repararlos.
Por eso, apoyamos este proyecto de acuerdo y pido que se incorpore al cumplimiento de sus objetivos al Ministerio de Agricultura.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para acoger la petición de la diputada señora Alejandra Sepúlveda de incorporar al Ministerio de Agricultura?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En consideración a que algunas diputadas y algunos diputados no alcanzaron a votar, se va a repetir la votación.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII.INCIDENTES
ALCANCES SOBRE REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).
Señor Presidente, en esta oportunidad deseo hacer una reflexión política a raíz del encuentro interparlamentario de educación superior, realizado en Montevideo, Uruguay , el mes recién pasado.
Mi motivación, para estar en este escenario, es mantener sintonía permanente con lo que piensan las chilenas y los chilenos para hacer mejores políticas públicas.
La reunión interparlamentaria de educación superior en la que participamos los representantes de las comisiones de Educación de cada parlamento nacional en el Parlamento Latinoamericano, fue compartida con la Unesco y con el Instituto Internacional Universitario. Constatamos que todos y todas estamos en constante preocupación, reflexión y acción en busca de mejores herramientas que nos permitan lograr más equidad y más calidad para nuestros pueblos.
Desde mi punto de vista, las manifestaciones de los “pingüinos” pusieron urgencia al proceso educativo, involucraron a más actores en él y develaron sus trabas y las oportunidades de hacer reformas, modificaciones y transformaciones para obtener la educación que necesitamos en el país. En consecuencia, los estudiantes chilenos están en el espacio protagónico que les corresponde.
Con respecto a otros países de la región, tenemos mayor cobertura; es decir, gracias a las políticas públicas que hemos desarrollado en los gobiernos de la Concertación, los estudiantes han logrado más acceso y mayor financiamiento.
Más allá de los diagnósticos y de las cifras que muestran éxitos mayores o menores, debemos poner el acento en dar un salto no al vacío, sino al desarrollo integral. Para lograrlo necesitamos voluntad política a fin de adecuar los marcos regulatorios a la realidad, en este caso, de la educación superior.
Más financiamiento, más cobertura y más calidad. Asegurar estos tres pilares es principalmente resorte del Estado, pero con la participación activa de las empresas, educadores, estudiantes y familia, además de todas las organizaciones sociales conectadas con el tema educativo.
¿Qué nos falta por hacer? Cumplir con las medidas legislativas y de implementación de las líneas de acción necesarias para el buen diseño de las políticas públicas en educación, que es la clave para no quedarnos atrás y subirnos al carro del progreso e inclusión que queremos.
Responsabilización. Es el desafío en el cual nos tenemos que poner las pilas. Este concepto se está implementando a nivel de la subvención educacional, pero es justo y necesario ir más allá en la responsabilidad. Para mí, la libertad y mis derechos van íntimamente ligados a mi responsabilidad, a mi familia, a mi trabajo y a mi sociedad, en la medida en que nos hagamos cargo de nuestros roles y tareas sin perder el sentido y por qué estamos en el lugar donde nos toca vivir y actuar.
La adaptación a la nueva cultura comunicacional y tecnológica es inevitable. Cuanto más nos acerquemos y menos nos alejemos, estaremos frente al cambio que soñamos a nivel cultural, que tiene que ver con la transformación de conductas para descubrir que la eficiencia y eficacia, por ejemplo, están íntimamente ligadas a la igualdad de oportunidades que queremos lograr.
Otro mundo es posible; por eso estamos en la política.
He dicho.
CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN LA COMUNA DE RETIRO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que insista al jefe del Departamento de Concesiones de ese ministerio respecto de la construcción de un paso sobre nivel en la comuna de Retiro, que queda sobre la ruta 5 Sur y que está exactamente en el cruce de Villa Seca.
El gobierno pasado se comprometió a realizar esa obra. Incluso, anunció que se terminaría en el lapso de doce meses, pero hasta el momento no se ha ejecutado, a pesar de que el jefe del Departamento de Concesiones envió un oficio, que llegó a mi poder.
Por lo tanto, solicito que se cumpla con ese compromiso y se realice la construcción de ese paso sobre nivel.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ASFALTADO DEL CAMINO QUE UNE A CATILLO CON PARRAL. Oficio.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, se está asfaltando el camino que une Catillo con Parral, pero va a quedar un tramo de tierra de algunos kilómetros entre lo que se asfaltará ahora y el pavimento ya existente.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que disponga que la Dirección de Vialidad tome las medidas para que ese mejoramiento vial llegue hasta el asfalto que ya existe en el sector de Villa Rosa.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo están indicando.
INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR MUERTE DE NIÑA EN EL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, quiero dar a conocer la gravísima situación que ocurrió en el hospital Gustavo Fricke , de Viña del Mar, y que afectó a la menor de 14 años Nathaly Andrea Silva Peña , quien falleció el 2 de noviembre en ese hospital, después de ser mordida por una araña de rincón.
Esta menor llegó cuatro días antes a dicho hospital, donde fue atendida muy someramente, por tres o cuatro minutos, por un médico, quien, debido a la gravedad, el dolor y del desmayo de esta niña en los pasillos del hospital, debió haber ordenado exámenes de orina y de sangre para determinar y diagnosticar el problema de salud que ella padecía. No obstante, sólo le entregó una receta, sin darle la atención debida.
Los padres volvieron ese mismo día al hospital con la niña, quien tampoco recibió la atención que correspondía. Pasaron prácticamente dos días, por lo que se venció el plazo en que se podía usar el antídoto para la araña de rincón.
Lamentablemente, la menor, una joven de apenas 14 años, de una familia muy modesta de Viña del Mar, falleció por falta de atención, por descuido y negligencia médica.
Por lo tanto, ante esta gravísima situación, pido oficiar a la ministra de Salud, con el objeto de que disponga la realización del sumario respectivo a la brevedad y con la mayor estrictez, de tal manera que no se eludan las responsabilidades médicas y funcionarias por una atención que probablemente impidió seguir con vida a esta joven, puesto que si se hubiese aplicado el antídoto en forma adecuada y oportuna, tal vez no hubiese fallecido y su familia y la comunidad de Viña del Mar no hubiesen tenido que vivir esta situación.
Aprovecho la oportunidad para dar mis condolencias a su familia y señalar que es muy importante que las autoridades médicas y el director del hospital tomen las medidas que corresponden en este caso.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así los indican.
REPARACIÓN DE CAMINOS DE LOCALIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, deseo informar sobre una interesante actividad que se realizó el viernes recién pasado en Panguipulli, donde se reunieron juntas de vecinos urbanas y rurales, que están a cargo del activo presidente de la Unión Comunal don Víctor Castillo. Por supuesto que se trataron temas que afectan a las distintas comunidades, porque la comuna de Panguipulli tiene la cualidad de estar constituida por varias localidades y pueblos, y como es una de las más grandes del país, sus problemas también son enormes.
Allí, la señora Elena Vásquez y otro dirigente, cuyo nombre no recuerdo, solicitaron la reparación de varios caminos de la comuna de Panguipulli, trabajos que no han sido realizados por Vialidad, porque se trata de territorios indígenas. Sin embargo, pareciera que los ejecutivos de Vialidad ignoran que esas obras se pueden realizar con fondos de construcción, habilitación y mejoramiento de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por la ley N° 19.253, ley Indígena, insertos en el presupuesto de Vialidad, que, sin mal no recuerdo, están en el ítem 31. Se trata de caminos de no más de medio kilómetro o un kilómetro de longitud, pero lo hago presente por haber notado la emergencia que están viviendo los vecinos.
Por ese motivo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Vialidad, a fin de que se dé urgencia a la reparación de los caminos de las siguientes localidades: Caricuicui Alto, Ñancul Alto , Pilinhue Alto y Hueninca , de la comuna de Panguipulli, para lo cual existen los fondos, a fin de favorecer a las comunidades indígenas, siempre tan postergadas en estas materias.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando.
SITUACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, comparto el desafío planteado por el Gobierno respecto del desarrollo agrícola y del sector rural en general. Es bueno que el tema esté en la agenda del país, aun cuando desearía que en algunas materias avanzáramos más rápidamente.
No obstante todas las dificultades, es posible el progreso de un amplio sector que es vital para el país. Prueba de ello es que he presentado varios proyectos de acuerdo que apuntan en esa dirección y que han contado con el respaldo transversal de la Cámara, lo que revela preocupación y compromiso de todos, más allá de las visiones particulares.
Es necesario avanzar hacia una reconversión de nuestros productos, en el sentido de encontrar cultivos que el mercado requiere y de darles mayor valor agregado. Además, es imprescindible desplegar una acción adicional orientada a mejorar la calidad de vida de la población, lo que implica políticas integrales de desarrollo que incluyan educación, salud, vivienda y, fundamentalmente, mejorar el acceso al agua.
En el sector rural, el servicio de ese vital elemento se estructura a partir de organizaciones denominadas cooperativas o comités de agua potable rural, APR, que son parte de un sistema que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Mediante dicho sistema, este organismo aporta los recursos para prestar asesoría y supervisión a los comités y cooperativas en materias contables, comunitarias y técnicas referidas a las instalaciones sanitarias. Además, colabora en la gestión de los diseños y obras para los sistemas de agua potable.
En nuestra región del Biobío, esa labor de asesoría y supervisión ha sido entregada a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbío , lo cual ha motivado una serie de problemas e inquietudes entre los vecinos cooperados e integrantes de comités de cada una de las comunas de Ñuble.
El primer problema es que las cooperativas y comités deben entregar a Essbío sus informe contables. La interrogante es: ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que ejerza una labor fiscalizadora, si además cumple un rol de asesoría? ¿Cómo puede asesorar y fiscalizar a la vez, más aún si se trata de una empresa privada?
En segundo lugar, si el Ministerio de Obras Públicas paga a Essbío para que preste un servicio de asesoría, ¿por qué esta empresa cobra a los comités, que en general son integrados por personas de escasos recursos?
El tercer problema es que los agricultores y vecinos no están conformes con la calidad de la asesoría; es más, la consideran derechamente de mala calidad. Lo más grave radica en que no existe fiscalización, ni menos evaluación de una empresa externa. El punto es que las consecuencias las tienen que asumir las propias cooperativas o comités y, en no pocas ocasiones, los propios afectados en forma individual.
El tema de fondo consiste en que se entrega una responsabilidad de asesoría a una empresa que es propietaria de gran parte de los servicios de agua potable urbana de la región. Es legítima y atendible esta interrogante: ¿Por qué no se contrata para tales efectos a una empresa estatal y no a una que tiene intereses comerciales evidentes en el sector y cuyos beneficiarios son sus accionistas?
Señor Presidente, son varias las interrogantes.
Mañana, en el Salón de Honor del Congreso Nacional se llevará a efecto un seminario sobre agua potable rural. Creo que es la oportunidad para abordar estas materias. No obstante, estimo prudente así lo solicito enviar oficio al ministro de Obras Públicas, con copia íntegra de mi intervención, para que informe la cantidad de recursos entregados por concepto de asesoría y supervisión a Essbío desde 2003, así como la evaluación del servicio entregado y la visión que tiene ese Ministerio respecto de la estrategia de fortalecer los comités y cooperativas de agua potable rural.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia íntegra del texto de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECURSOS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE GUAITECAS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, la comuna de Guaitecas, de la Región de Aisén, tiene un presupuesto municipal de alrededor de 480 millones de pesos anuales. Sin embargo, debe gastar alrededor de 96 millones de pesos, es decir, casi 20 por ciento de su presupuesto ocho millones mensuales, por concepto de combustible para generar energía eléctrica en la comuna.
En los últimos años, Guaitecas ha tenido un pujante desarrollo, producto de la actividad salmonera, y en la actualidad su población de industrias ha tenido un índice de crecimiento que hace fundamental solucionar el problema energético si queremos dar condiciones de vida a sus habitantes y a las empresas que se están instalando en la comuna. En la actualidad, no cuenta con alumbrado público y tiene sólo siete horas diarias de energía eléctrica, desde las 18 horas hasta la 1 de la madrugada.
Por lo tanto, se trata de una situación de absoluta inequidad, en la cual se ve que no todos los chilenos son iguales. Por ello, creemos que es absolutamente necesario que haya una mayor preocupación por parte del Estado para solucionar el problema energético.
Actualmente, la Comisión Nacional de Energía está realizando un estudio para implementar energía eólica, con un financiamiento que alcanzaría a los mil millones de pesos. Asimismo, se ha hecho una presentación a las autoridades del gobierno regional con el objeto de obtener recursos para la reposición de dos motores, los cuales permitirían seguir generando energía en las condiciones que hoy lo están haciendo a través de energía térmica, es decir, de petróleo. Sin embargo, esa petición aún no ha tenido los resultados que se esperan de parte de la Comisión Nacional de Energía, pese a ser tan importante para la comuna de Guaitecas.
Contradictoriamente, esta situación se presenta en una región donde el Estado está buscando una solución para el problema energético mediante la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Pero aún existen bolsones de carencias en este aspecto en importantes comunas de la región.
Por ello, pido oficiar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, a fin de que informe a la brevedad sobre los resultados de dichos estudios y la fórmula de solución para la producción de energía en la comuna de Guaitecas.
Además, oficiar a la autoridad regional a fin de que informe respecto del financiamiento para comprar dos motores de reemplazo de los que hoy tiene la municipalidad y que pasan constantemente con fallas, lo que incide en un reducido suministro de energía en dicha comuna.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
REPOSICIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN AISÉN. Oficio.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, por una mala decisión de la autoridad respectiva del anterior gobierno del Presidente Lagos, se perdió el subsidio que tenía el transporte marítimo de pasajeros y de carga en Aisén.
La población se trasladaba desde Chiloé a Quellón, a Puerto Montt y a Puerto Chacabuco en un moderno catamarán, un medio rápido y cómodo. Desde Melinca a Chacabuco se demoraba seis horas; desde Quellón a Melinca, una hora y media. Sin embargo, hoy no cuentan con dicho servicio de transporte de pasajeros, el cual ha sido reemplazado por barcazas que demoran treinta y siete horas desde Melinca a Chacabuco; ocho horas, a Quellón. Prácticamente, hay que multiplicar por cuatro el tiempo de traslado, que se realiza en condiciones realmente indignas.
Por ello, pido oficiar al ministro de Transportes, a fin de que estudie la posibilidad de reponer el subsidio que existía para el transporte marítimo de pasajeros. Esto no sólo afecta a la comuna de Guaitecas, sino a todo el litoral de Aisén, donde se encuentran las localidades de Melimollo, Puerto Aguirre, Caleta Andrade , Puerto Cisne, etcétera.
Se requiere en forma urgente un pronunciamiento de la autoridad respectiva sobre un tema tan importante como la conectividad en la región, que es fundamental para crear condiciones de desarrollo y la equidad de todos los chilenos en cuanto a las mismas condiciones de vida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCESIONES DE OBRAS VIALES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, pido oficiar a los ministros de Hacienda y de Obras Públicas para que informen sobre el cumplimiento efectivo y real de la ejecución presupuestaria por parte de las distintas direcciones del Ministerio de Obras Públicas y de la Coordinación General de Concesiones. Que se informe sobre las transferencias realizadas durante el año en el presupuesto de dicho Ministerio, indicando sus destinos. Especial interés reviste la información que se proporcione en relación con los montos destinados a prepagos u otros que no estaban considerados en el Presupuesto del año 2006 y que por la vía de dichas transferencias se destinaron a éste u otros fines.
Pido que esta información sea solicitada con la debida urgencia, a fin de tenerla presente en la discusión final del Presupuesto del año 2007.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
MEDIDAS PARA ABORDAR SITUACIÓN PRODUCIDA POR EMPRESA PUBLICAM. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, la comunidad nacional ha sido impactada por los antecedentes por todos conocidos respecto del accionar de la empresa Publicam , donde no sólo ha habido un manejo brujo con actores vinculados al ámbito político, sino que al parecer también se ha actuado en dicha forma con un conjunto de organizaciones del ámbito privado.
En ese sentido, para asegurar la transparencia de todo lo que se está investigando en esa materia es fundamental que el director del Servicio de Impuestos Internos no sólo realice una investigación respecto de cada una de las facturas entregadas por dicha empresa, sino que también haga la difusión de los antecedentes cuando los obtenga.
Por ello, pido oficiar al director del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que envíe la nómina de todas las organizaciones públicas y privadas que han recibido facturas de dicha empresa que se ha organizado para defraudar al fisco. Creo que es la mejor manera de abordar integralmente una situación que se puede estar repitiendo en otras empresas que estarían abusando de un sistema que está creando condiciones para operar en dicho sentido.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
MEDIDAS PARA FORTALECER FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe respecto del tipo de medidas que su cartera piensa desarrollar para fortalecer y apoyar el funcionamiento de los comités de agua potable rural.
Se han realizado inversiones significativas en distintas zonas para proveer de un servicio de agua potable de calidad, el que muchas veces por falta de apoyo y de asesoría de la instancia pertinente va decayendo en calidad y se deja de prestar el servicio que la gente espera para tener una mejor calidad de vida en el campo.
Solicito que el ministro me informe sobre el tipo de medidas que se están tomando, y si son insuficientes, se complementen con otras que aseguren a los comités de agua potable rural los mínimos necesarios para que su organización obtenga el servicio de agua potable de calidad que requiere la población.
Sobre el tema no se ha hecho todo lo necesario. Incluso, en mi zona he visto cómo los comités de agua potable rural finalmente se ven en la imposibilidad de tener la cantidad de fluor y la mantención que requieren los depósitos. Es necesaria una acción más pertinente y oportuna de la autoridad de Gobierno sobre la materia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO REGIONAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, dentro del escándalo suscitado con Chiledeportes, se ha conocido la situación producida en el contrato de adjudicación de la municipalidad de Antofagasta para la reposición de la pista atlética del estadio regional, obra financiada por el municipio, el gobierno regional y Chiledeportes.
Sobre la base de los antecedentes que manejo, es una situación absolutamente escalandosa. Espero que la Contraloría determine con claridad si es efectivo de no serlo, al menos que disipe las dudas al respecto que en esa licitación se pagó un sobreprecio y se favoreció a una empresa por sobre otra que ofrecía mejores condiciones de mercado.
La licitación, publicada por primera vez el 3 de marzo de 2006, en el portal de ChileCompra, sufrió varias modificaciones, tanto en su fecha de publicación como de postulación, puesto que se incorporó una serie de detalles no contemplados en el proyecto original. De las ocho empresas que postularon precalificaron cinco: Sociedad Comercial Impex Ltda., que primero ofreció la reposición de la pista atlética por un monto aproximado de 540 millones pesos y, en segunda instancia por 679 millones de pesos; Revestimientos Sintéticos S.A., que ofreció construirla por 507 millones de pesos; María Suárez Choppelo , Casa Matriz, que ofertó 625 millones de pesos; la empresa Cociva , con 624 millones de pesos, y la empresa Germán Villarroel Ramírez , que se adjudicó la obra por un monto de 682.803.857 pesos.
Por razones que desconocemos, el concejo de Antofagasta pidió información a Chiledeportes respecto de las empresas más recomendables desde un punto de vista técnico, luego de lo cual calificaron las empresas Germán Villarroel Ramírez y Sociedad Comercial Impex Ltda.
Llama profundamente la atención que Impex Ltda., adicionalmente a la reposición de la pista de recortán, haya ofertado la reposición de una cancha de pasto sintético de 4.418 metros cuadrados, con un costo aproximado de 100 millones de pesos. Sabemos que en general las obras públicas tienen una utilidad que varía entre 10 y 15 por ciento, de manera que resulta claro que en este caso algo no cuadra. ¿Por qué una empresa está en condiciones de ofertar la construcción de una cancha de pasto sintético de 100 millones de pesos? Sin embargo, lo más curioso es que la obra no se le adjudicó a Impex Ltda., sino a la empresa Germán Villarroel Ramírez , que no efectuó oferta similar alguna, que cobraba más caro y que tenía un mayor plazo para su ejecución.
El tema ha generado controversia en Antofagasta, motivo por el cual queremos que la Contraloría determine si se cauteló el efectivo uso de los recursos públicos, porque desde que asumí como diputado, al igual como en mi experiencia anterior, como ciudadano común, es primera vez que conozco de una licitación en la que una empresa está en condiciones de ofertar prácticamente la ganancia que va a recibir por la ejecución de una obra, situación que nos hace creer que existe sobreprecio. Al respecto, tengo entendido que hoy concejales de Antofagasta iniciaron acciones legales por el delito de presunto cohecho.
Por lo tanto, pido que se oficie al contralor General de la República, a fin de que disponga se realice una exhaustiva investigación respecto de la forma en que se determinaron los valores de la licitación referida, las razones que tuvo el municipio de Antofagasta para descartar a la empresa que ofrecía la construcción de una cancha de pasto sintético y se determinen los valores reales que se debieron pagar por esa obra.
Asimismo, nos ha llamado poderosamente la atención que este proyecto sea financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr , y que han sido priorizados y obtenidos los respectivos RS por parte de la Serplac de la Segunda Región.
Por ello, pido que se oficie a la intendenta de la Segunda Región, señora Marcela Hernando sabemos que no tiene responsabilidad en lo ocurrido, pues corresponde a una determinación del mandato anterior, a fin de que nos informe qué resguardos está tomando el gobierno regional para controlar la situación y determinar si son efectivos los valores de obras públicas que se están pagando en la Segunda Región. Además a la ministra de Mideplán, con el objeto de que instruya nos envíen todos los antecedentes que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del RS de este proyecto. Queremos saber qué criterio aplicó la Serplac en este caso, porque el valor de la reposición de la pista atlética del estadio regional de Antofagasta es muy superior al de obras similares llevadas a cabo en el país. Queremos saber cuál es el control que efectúa la Serplac respecto de las ofertas que se hacen y de los precios que proponen los municipios en las licitaciones. Asimismo, solicito que el Mideplán instruya un sumario administrativo, a fin de determinar si existió responsabilidad de funcionarios de esa repartición pública al momento de otorgar el RS de esa licitación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECUERDO EN MEMORIA DE SEBASTIÁN ACEVEDO BECERRA , CON MOTIVO DE CUMPLIRSE VEINTITRÉS AÑOS DE SU INMOLACIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, quiero tratar de expresar los sentimientos de un padre por sus hijos al hablar de un hombre que dio su vida por los que más amaba; deseo recordar a un militante comunista, Sebastián Acevedo.
Hace 23 años, como todos los días, a las 6.30 de la mañana, ese obrero de la comuna de Coronel se dirigía a su trabajo. A cincuenta metros de su hogar esperaba la locomoción colectiva y vio pasar una caravana de vehículos con personas armadas, quienes irrumpieron en su casa y, entre empujones y golpes, sacaron de su interior a sus hijos.
Sebastián y Elena , durante largos días buscaron a sus hijos, María Candelaria y Galo Fernando , detenidos por la Central Nacional de Inteligencia, CNI. Ningún trámite sirvió y nadie parecía saber dónde estaban. Desesperado, una tarde de noviembre de 1983, Sebastián roció su ropa con combustible y se quemó frente a la catedral de Concepción. “¡Que la CNI devuelva a mis hijos!, fueron sus gritos desesperados. Mientras el país no lograba reponerse del impacto, sus hijos dejaban de ser torturados y su paradero era conocido.
Ser capaz de comprender esos signos de amor es entender hasta dónde se puede amar.
La dolorosa muerte de Sebastián fue asumida por su familia, porque se cumplió con el rito de la muerte y se vivió el duelo. Sus familiares y amigos pueden visitarlo en el cementerio y venerar su memoria. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los detenidos desaparecidos, cuyas familias siguen buscando verdad y justicia.
El próximo 11 de noviembre se conmemorarán 23 años de la inmolación de Sebastián Acevedo. Si bien es un acto de amor el entregar su vida por los otros, también es un acto de denuncia contra la tortura.
Por mi cercanía con su familia, deseo expresar, desde esta tribuna, mi reconocimiento a todos ellos y enviar mi cariño y mis respetos a Elena, su mujer, así como a Galo y a María, sus hijos.
Con la esperanza de que en Chile nunca más exista la tortura, ¡honor y gloria a Sebastián Acevedo !
He querido recordar un hecho que ha quedado grabado en la memoria de la gente de Concepción y del país, de manera que pido que se envíe copia de mi intervención a su familia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE EXPOSICIÓN DE TRABAJADORES A CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, hace algunos días, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió, gracias a una petición de quien habla, un oficio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear que entrega información sobre los hechos que implicaron la contaminación radiactiva que habían sufrido trabajadores en el proceso de construcción de la planta Celco en Valdivia. En ese documento, el señor Roberto Hojman , presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, expresa, en el punto 2., lo siguiente: “Durante la construcción de la Planta de Celulosa de Valdivia, en particular en las faenas de control de calidad mediante gammagrafías, un grupo de 14 trabajadores profesionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes, superaron la dosis de radiación máxima que pueden recibir en un año de trabajo.”.
Esta situación es muy preocupante, máxime cuando se aprecia la situación que hoy ocurre con trabajadores irradiados en otra construcción de esa misma empresa en la localidad de Nueva Aldea.
El oficio no aclara plenamente la información solicitada por la Comisión, por lo que pido que se oficie nuevamente a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fin de que informe la fecha exacta de ocurrencia de los hechos denunciados, los nombres de todos los trabajadores implicados, su situación actual y el seguimiento médico de cada uno de ellos. Además, deseo saber si estos hechos se pusieron en conocimiento de la justicia. Si la respuesta es positiva, pido que informen qué ha ocurrido hasta el momento al respecto.
Es de la máxima importancia conocer esa situación, en especial hoy, en que se presentan, como nunca antes, casos de contaminación radiactiva de nuestros trabajadores. Empresas de esa magnitud deben ser responsables con sus trabajadores y no sólo remitirse a informarnos mediante oficios.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL EN HUELGA POR CIERRE DE MINA DE TRONGOL, EN CURANILAHUE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, quiero denunciar la situación que afecta a cincuenta mineros de Curanilahue, quienes desde el jueves 2 de noviembre se encuentran al interior de la mina de Trongol, ocho de los cuales han iniciado una huelga de hambre. Se trata de humildes trabajadores de una empresa contratista que prestaba servicios a la mina de Trongol, propiedad de Enacar, que cerró hace algunos meses por decisión del Gobierno, lo que determinará que, a partir del 30 de noviembre, queden cesantes.
Los más de doscientos mineros que trabajaban en forma directa para Enacar, en una lucha justa y valiente, negociaron con el directorio de la empresa, alcanzando un acuerdo que garantizó indemnizaciones y un puente de protección social para ellos y sus familias. Me alegro por ese acuerdo, porque da cuenta de una sociedad y de un Gobierno que efectivamente buscan resguardar socialmente a quienes el mercado no les entrega la protección social a que tienen derecho. Sin embargo, los cincuenta trabajadores que prestaban servicios a través de contratistas y sus familias quedaron abandonados. El cierre de la mina los condena a la cesantía. Se dice que no hay nada que hacer porque éste es un problema entre privados, entre la empresa contratista y los trabajadores.
No estoy dispuesto a aceptar esa explicación. Jamás el futuro de los trabajadores y de sus familias será una cuestión entre privados. Tengo la convicción de que nuestro país puede y debe dar protección social, especialmente a los más débiles, quienes necesitan de un Estado que garantice el respeto de sus derechos.
Señalo lo anterior ya que, en este caso en particular, el cierre de la mina de Trongol fue una decisión del Gobierno. Así se cerró una de las fuentes productivas más importantes de la comuna de Curanilahue, en una de las zonas más pobres de Chile, con las más altas tasas de desempleo, y no se consideraron las repercusiones negativas en su entorno social.
Entonces, me pregunto: ¿dónde está la responsabilidad social del Estado?
La pobreza y la cesantía no están presentes en nuestra zona por casualidad: es el resultado del fracaso del mercado como estrategia para lograr la integración social y también el de las debilidades de las políticas públicas para terminar con las desigualdades y la exclusión.
Mi compromiso es construir una sociedad donde el Estado tenga herramientas para proteger a los más débiles, que resguarde a las familias que el mercado no protege. En este contexto, pido oficiar al ministro del Interior para que el Gobierno intervenga, a fin de que los cincuenta trabajadores indirectos de Enacar que quedaron cesantes puedan ser escuchados y se establezca un compromiso para darles protección social, a través de una indemnización, o se establezca un programa de reinserción laboral. Además, solicito que copia de mi intervención sea enviada al ministro del Interior, a la intendenta de la Región del Biobío y al gobernador de la provincia de Arauco.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo señalan.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, quiero referirme a un artículo del diario “La Tercera”, publicado el domingo recién pasado, en que se hace referencia a la muerte de personas en accidentes de tránsito en diversas comunas del país.
Llama poderosamente la atención que en ese muestreo, que entrega una estadística por cada cien mil habitantes, la comuna con más alto porcentaje de accidentes de tránsito en Chile sea Osorno, seguida por Santiago y, en tercer lugar, por la ciudad de Los Ángeles, que me honro en representar en la Cámara de Diputados.
Existen variadas causas que explican esta realidad. Indudablemente, algunas de ellas son la falta de señalética adecuada, la irresponsabilidad de los conductores y una serie de otros factores. Sin embargo, un aspecto muy importante es el estado actual de los caminos.
En Los Ángeles, la que fue la Ruta 5 Sur aún no se repara, y es en ella en donde han ocurrido los accidentes fatales de mayor recurrencia en los últimos meses. Además, se produce una cantidad impresionante de tráfico de camiones pesados, debido a la gran cantidad de industrias instaladas en comunas de la provincia del Biobío, cercanas a la ciudad de Los Ángeles.
Es necesario tener en consideración estas cifras, a fin de tomar las medidas del caso y corregir aquello que hoy no están funcionando en buenas condiciones. Por ejemplo, el sistema de ambulancias está centralizado, por lo que, cuando ocurre un accidente en Los Ángeles, debemos pedir una ambulancia a Chillán, la que, obviamente, nunca llega a tiempo. De ahí que recobra mucha importancia lo que señalé en sesiones anteriores, en el sentido de que debemos tener una oficina en Los Ángeles de un organismo especializado como es la Siat de Carabineros. Además, es necesario mejorar los caminos y preocuparnos de dotar de ambulancias a los establecimientos de salud de esta ciudad, porque hoy no dispone de las que en realidad necesita.
Por consiguiente, para hacer presente esta situación y mi personal preocupación, a fin de encarar estos problemas y evitar que en años sucesivos volvamos a estar incluidos en ese ranking, en el que, lamentablemente, Los Ángeles figura en el tercer lugar de accidentes fatales, pido oficiar al ministro del Interior, al general director de Carabineros de Chile, al ministro de Obras Públicas, al director general de Vialidad, al director regional de Vialidad de la Octava Región y a la ministra de Salud, a fin de que dispongan las medidas necesarias para dar solución a los problemas señalados que afectan a Los Ángeles. El crecimiento de las industrias, especialmente en Nacimiento, traerá consigo un mayor número de camiones y de vehículos que transitarán por la ciudad. Espero que esa difícil situación sea corregida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado que preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.51 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Montes , García , González , Olivares , Paredes, Silber , Verdugo , y de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira y Vidal , doña Ximena.
Modifica la ley N° 19.884, estableciendo prohibición para que personas naturales o sociedades vinculadas al sector inmobiliario contribuyan al financiamiento de campañas políticas de carácter municipal. (boletín Nº 4647-06)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículo 1º, 19º y 63º numeral 20º de la Constitución Política de la República, en la Ley N° 19.884 y en el Decreto con Fuerza de Ley 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Considerando:
1. Que la ley N° 19.884 sobre transparencia, control y límites al gasto electoral estableció reglas básicas respecto del financiamiento de las campañas políticas, determinando las modalidades, procedimientos y prohibiciones para el otorgamiento de aportes a partidos y candidatos.
2. Que tales normas tienen por objeto promover un marco de transparencia y mínima equidad en la realización de los comicios electorales, aspecto elemental del juego democrático y que permite la libre expresión de todas las ideas y la información de los ciudadanos.
3. Que con el objeto de evitar influencias indebidas y colusión de intereses, la citada ley establece, en sus artículos 24 y siguientes, un catálogo de prohibiciones, las que, grosso modo, impiden efectuar donaciones electorales a organismos y empresas públicas; extranjeros sin derecho a sufragio y personas jurídicas que reciban subvenciones y aportes públicos, tengan contratos de provisión de bienes o se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas del Estado y sus organismos.
4. Que la lógica que inspira tales limitaciones es evitar que el financiamiento de las campañas electorales influya en el otorgamiento de subvenciones o aportes y en la suscripción de contratos, existentes o eventuales.
5. Que las normas aludidas están ideadas fundamentalmente para el ámbito presidencial y parlamentario, existiendo en el plano municipal diversas actuaciones en que la decisión afirmativa respecto de un permiso, o la mayor expedición en su trámite, pueden, también, constituir elementos distorsionadores, afectados por los aportes a campañas electorales.
6.Que, sin perjuicio de la existencia de otras actuaciones municipales de importancia, los permisos de edificación y de recepción de obras, por la magnitud de los montos involucrados, las complejidades de los mismos, las repercusiones para el entorno y los márgenes de subjetividad existentes en la aplicación de las normas locales, presentan características especiales que ameritan un tratamiento diverso, dejándolos enteramente a salvo de cualquier tipo de influencia que no sean las propias de las bondades técnicas de los proyectos.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Incorpórese en el Párrafo 4º del Título 2º de la ley 19.884, el siguiente artículo 27 bis:
“No podrán efectuar aporte alguno a partidos o candidatos que participen en elecciones de carácter municipal, sea directa o indirectamente, las personas naturales o sociedades de cualquier tipo que se encuentren tramitando ante las municipalidades permisos de aquéllos referidos en los artículos 116 y 145 del Decreto con Fuerza de N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, o los hayan obtenido en dos años precedentes; como asimismo sus directores, socios o accionistas, gerentes, administradores y representantes; las personas que tengan respecto de éstos la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive y las sociedades de las que tales sociedades o las personas señaladas en forma precedente formen parte.
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el párrafo 5°, la infracción a la prohibición anterior acarreará la nulidad de todas las gestiones realizadas en dicho procedimiento administrativo con posterioridad a la fecha de la donación.”
Moción de los diputados señores Vallespín , Silber , Duarte , Lorenzini y Saffirio.
Modifica la ley N° 18.290, estableciendo la obligatoriedad de circular permanentemente con luces encendidas en vías correspondientes a zonas rurales. (boletín Nº 4648-15)
“Considerando:
1) Los estudios internacionales demuestran, que una serie de medidas, referidas a la visibilidad de los automóviles, resultan eficientes para evitar accidentes y disminuir la magnitud de sus consecuencias.
La Organización Mundial de la Salud, y el Banco Mundial han elaborado en forma conjunta un Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito; Informe OMSWHO Ginebra 2004 , Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito presentó un examen detallado de los conocimientos sobre la magnitud, los factores de riesgo y las consecuencias de los accidentes de tránsito y sobre las formas de prevenir y disminuir sus repercusiones.
En este informe se establece: “Mejorar la visibilidad de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública ver y ser visto Ver y ser visto son requisitos fundamentales para la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. La escasa visibilidad desempeña, según este estudio, un papel central en tres tipos de choques: durante la noche, en los choques de vehículos de motor contra la parte posterior o lateral de otros que están parados o se desplazan lentamente, o contra bicicletas o peatones situados por delante de ellos en la vía; durante el día, las colisiones en ángulo o de frente; y en cualquier momento, las colisiones contra la parte trasera en condiciones de niebla.
El estudio señala varias medidas para mejorar la visibilidad:
Aunque en muchos países no es obligatorio, llevar encendidas las luces de circulación durante el día reduce la incidencia de choques diurnos en un 10%15%. Un estudio mostró que esta medida reduce en un 12% los choques, en un 20% las lesiones y en un 25% las defunciones.
Es igualmente eficaz encender las luces de circulación durante el día en el caso de los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas. En el estado australiano de Victoria, no ser lo bastante visible fue un factor que intervino en el 65% de las colisiones entre automóviles y vehículos motorizados de dos ruedas, y la única causa en el 21% de ellos. Según estudios realizados, las luces de circulación diurnas redujeron la incidencia de choques de motocicletas un 10%29% en Malasia; un 13% en los Estados Unidos; un 15% en Singapur; y un 10% en Europa.
La tercera luz de freno elevada reduce las colisiones traseras en un 15%50%.
La señalización luminosa de los camiones y sus remolques es a menudo insuficiente.
Investigaciones realizadas en Alemania revelaron que casi el 5% de las colisiones graves entre automóviles y camiones se debían a que éstos o sus remolques no eran lo bastante visibles por la noche, por lo que los conductores de automóviles no los veían girar en la carretera, cambiar de sentido o circular delante de ellos.
En muchos países de ingresos altos se exige que las bicicletas lleven reflectores y luces en la parte delantera, la posterior y las ruedas. Un estudio realizado en los Países Bajos reveló que el 30% de los choques de bicicletas se producen por la noche o en el crepúsculo, y que podrían evitarse si estos vehículos llevaran luces.
Los colores en prendas, accesorios y componentes de los vehículos pueden hacer más visibles a los peatones, los ciclistas y los vehículos no motorizados. En los países de ingresos altos se utilizan a menudo chaquetas reflectantes, pero son costosas y poco prácticas si el tiempo es caluroso, por lo que puede que no sirvan para muchos países de ingresos bajos o medianos. Otra posibilidad son las prendas o accesorios de color amarillo o naranja vivo.
Emplear colores similares en vehículos no motorizados (por ejemplo, en los marcos de las bicicletas o las ruedas y parte trasera de los rickshaws) puede hacerlos más visibles”.
2) Los estudios y la experiencia internacional, demuestran que particularmente la medida consistente en el uso de las luces encendidas durante la circulación de los vehículos, disminuye los accidentes y la magnitud de sus consecuencias.
El Swov, Instituto Holandés de Investigación para la Seguridad Vial Abril 2005 Luces diurnas (DRL) Daytime Running Lights ha establecido respecto del efecto del uso de luces diurnas, DRL:
“Los estudios en profundidad sobre accidentes han demostrado que ver al otro usuario de la carretera tiene relevancia en el 50% de los accidentes ocurridos por el día, y en el 80% de los accidentes en intersecciones o cruces. La percepción teórica y la observación explican el efecto de DRL principalmente debido al mayor contraste entre los vehículos y sus alrededores; esto aumenta la visibilidad de los vehículos y les hace más identificables. Un efecto adicional es que los vehículos con DRL se perciben más cercanos de lo que realmente están. Esto explica porqué existe menos riesgo en la aproximación y al cruzar una intersección.
DRL es una manera de ayudar a usuarios de la vía en su tarea visual de observación. Los estudios de DRL de los años 90 indicaron reducciones de 1015% (Elvik, 1996) y 822% ( Koornstra , 1993) en el número de accidentes de día en los cuales dos o más usuarios estaban implicados.
El estudio reciente encargado por la Comisión Europea implicó un análisis de 41 estudios del efecto para los coches y 16 estudios del efecto para las motocicletas (Elvik et al., 2003). Esto demostró que para los coches, DRL redujo el número de lesiones en accidentes de día un 312%, y para las motocicletas en un 510%. Para ambos resultados deberíamos mencionar que los resultados de cada estudio por separado difieren en gran medida. La reducción se refiere a accidentes de día en los que estaba implicado más de un usuario. Puede estimarse un mayor efecto sobre accidentes mortales.
3) Algunas dificultades de la implementación de la medida de obligatoriedad en el uso de luces diurnas DRL, nos llevan a proponer una gradualidad, que permita subsanar deficiencias avanzando progresivamente en esta medida de manera segura.
El uso de luces diurnas tiene algunas desventajas o dificultades según el Instituto Holandés de Investigación para la Seguridad Vial, en su informe de abril de 2005 sobre Luces diurnas, DRL
Si las luces se encienden, se utiliza más combustible. Un vehiculo con combustible eficiente que usa 6.7 litros por 100 kilómetros, con uso de luces diurnas tiene un consumo adicional del 3%, los coches con un consumo de 10 litros por 100 km el 2% más, y un camión de 33 litros por 100 un 1% más ( Etsc , 2003). Un mayor consumo de combustible causa una mayor emisión de los materiales que producen contaminación atmosférica. Esta dificultad se puede subsanar utilizando lámparas para luces diurnas especiales.
“Otra desventaja del uso de luces diurnas, DRL es que las luces se funden más a menudo porque son utilizadas más tiempo. Este problema es pequeño si se utilizan lámparas LED. Las baterías también pueden quedarse funcionando si uno se olvida de apagar las luces. Esto puede solucionarse montando un interruptor automático de luces diurnas (después de arrancar el motor las luces se encienden). Se puede instalar en los coches existentes (Schoon, 1991).
Hay también un problema con el deslumbramiento. El deslumbramiento se ha investigado extensivamente ( Koornstra , 1997; Hagenzieker , 1990). Los grados de deslumbramiento varían de un ligero destello hasta poder llegar a cegar. DRL puede causar deslumbramiento de día (especialmente molesto) cuando la intensidad de la luz es demasiado alta y la iluminación circundante está en un nivel relativamente bajo (también en la puesta del sol). La intensidad excesiva de las luces de cruce es debida a un ajuste incorrecto. De hecho esto no es un problema de DRL; el deslumbramiento es más severo por la noche. Las luces de cruce hoy en día están absolutamente bien ajustadas debido a la inspección periódica del vehículo y los sistemas incorporados que aseguran un ajuste automático de luces. El deslumbramiento no ocurre con las lámparas que se han desarrollado especialmente para la función de las luces diurnas”.
4) En Chile se encuentran identificadas las principales causas y la magnitud de victimas de los siniestros de transito.
Es importante considerar que avanzar en el principio “Ver y ser visto” constituye una opción estratégica y técnica que importa mejorar una variable de accidentabilidad que en muchas oportunidades se presenta acompañando a una causa principal de accidentabilidad
5) Se dispone, adicionalmente en nuestro país, una estimación de los costos sociales relacionados con siniestros de tránsito, y los costos sociales relacionados con las consecuencias de los siniestros de tránsito, (Año 2004). Las cifras corresponden a la información oficial entregada por Conaset
6) En síntesis.
Tal como se ha señalado, de acuerdo con los resultados del estudio del Swov, Instituto Holandés de Investigación para la Seguridad Vial abril 2005 Luces diurnas, DRL, Daytime Running Lights. Los porcentajes de la eficacia en la reducción del número de accidentes son de extraordinaria relevancia tanto respecto de accidentes fatales, accidentes con lesiones severas, y accidentes con lesiones leves.
Para Chile resulta indispensable, en atención al progresivo aumento de su parque automotriz, tomar medidas eficientes con el objeto de disminuir los accidentes de transito y el impacto social y económico de sus consecuencias, de entre estas medidas destaca el uso de luces diurnas, es por esto que venimos en proponer su uso, en las vías que se insertan en las zonas rurales de nuestro país, como un primer paso que nos permitirá avanzar de manera segura, superando las dificultades técnicas que se presentan, hasta llegar a la implementación de esta medida de manera generalizada.
En consecuencia, venimos en proponer a esta honorable Cámara el siguiente proyecto de ley que modifica el articulo 72 de la ley Nº 18.290, de tránsito.
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase el siguiente inciso tercero, al artículo 72 de la Ley Nº 18.290, de Transito:
“ARTÍCULO 72 inciso tercero.- Los vehículos motorizados, en todas sus categorías, deberán circular permanentemente con sus luces encendidas, en las vías correspondientes a zonas rurales”.
Moción del diputado señor Tarud y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel ; Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana ; Pacheco , doña Clemira ; Rubilar , doña Karla ; Soto, doña Laura ; Valcarce , doña Ximena y Vidal , doña Ximena.
Modifica la Constitución Política estableciendo igualdad de género en la denominación de las autoridades. (boletín Nº 4649-07)
“Vistos: La Constitución Política de la República de Chile, La Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. La Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, fue aprobada en 1979 por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por nuestro país en el año 1989.
En la mencionada convención, los Estados partes se comprometen a tomar todas las medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos garantizando a las mujeres la igualdad de condiciones para participar de las elecciones, en la formulación de políticas públicas y en organizaciones de la vida pública y política del país.
2. De acuerdo a la descripción de Cobo, el género es una categoría emergente para dar cuenta de la construcción social que ha transformado las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y políticas. El concepto de género no sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en desigualdad.
3. En Chile, los estudios realizados entre el 2003 y 2005 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), nos señalan que las mujeres tienen menores niveles de ingreso al mercado laboral, tiene menor remuneración, ascienden menos a puestos de poder en las empresas, se capacitan menos y que el 87% de ellas se desempeña en el sector servicios.
De hecho, si miramos nuestro Poder Legislativo veremos que en la Cámara de Diputados las mujeres ocupan sólo el 15 % de los escaños y en el Senado es el 5%.
4. En nuestro país, en todos los Programas de Mejoramiento de Gestión(PMG) de los servicios públicos se ha incorporado la dimensión de equidad de género como un elemento modernizador de la gestión pública. Se debe tener presente que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la equidad de género implica un trato equivalente para los hombres y las mujeres, acorde con sus respectivas necesidades, que puede incluir la igualdad de trato o un trato diferente, pero que sea considerado equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
5. Si vemos nuestra carta fundamental nos podemos dar cuenta que la generalidad de nuestras instituciones se encuentran masculinizadas en sus denominaciones, así hablamos del Presidente de la República, de los Diputados y Senadores, del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional, etc., situación que obviamente se reproduce en los textos normativos de jerarquía menor y con mayor razón en los documentos que emanan de los distintos estamentos del Estado.
6. Por todo ello consideramos que es un buen apoyo a los procesos de modernización de nuestro sector público y de nuestra sociedad en general, establecer al interior de nuestra Carta Fundamental definiciones y vocablos que den cuenta de una relación de igualdad entre los géneros colaborando de esta manera, por medio de modificaciones formales, a mayores grados de igualdad y equivalencia entre las personas que desempeñan cargos de dignidad pública.
Por todo lo anterior, los (as) diputados (as) abajo firmantes venimos en presenta el siguiente proyecto de Reforma Constitucional:
REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Modificase la Constitución Política de la República de modo que cada vez que sus normas se refieran a personas o a cargos en género masculino, ésta deberá, en lo posible, contemplar una expresión comprensiva de ambos géneros; como por ejemplo, la expresión “las personas”, o en su defecto, una extensión que la haga comprensiva de ambos, como “El (la) Presidente (a), o los (las) diputados (as).
Artículo transitorio.- Facultase a el (la) Presidente (a) de la República para promulgar el texto refundido una vez efectuadas las modificaciones que por esta ley se introducen”.
Moción de los diputados señores Montes , Ascencio , Egaña , Encina , Enríquez-Ominami , Jaramillo , Norambuena y Ulloa.
Modifica la Constitución Política autorizando a los municipios a asociarse para el otorgamiento de prestaciones sociales a sus funcionarios. (boletín N° 4650-07)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 118 al 122 y en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República, en la ley orgánica constitucional de Municipalidades y en la ley N° 19.754.
Considerando:
1. Que la ley N° 19.754, publicada en el Diario Oficial en Septiembre de 2001, facultó a los municipios del país para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios y cargas familiares, equiparando su situación a la de otra reparticiones públicas.
2. Que lo anterior resulta de gran utilidad para los trabajadores del sector permitiéndoles obtener servicios en el plano social, económico, recreativo cultural.
3. Que la naturaleza de estas prestaciones hace aconsejable que ellas sean ejecutadas en conjunto por dos o más municipios, lo que contribuiría a disminuir costos y hacer más eficiente su administración y control.
4. Que tal posibilidad estaba contemplada en el proyecto de ley respectivo particularmente en el inciso segundo del artículo 1° aprobado por el Congreso Nacional que señalaba, textualmente:
“En todo caso, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las municipalidades podrán asociarse en virtud de lo prescrito en el Párrafo 2” de! Título VI de la leyN° 18.695.”
5. Que, sin embargo, dicha disposición fue objetada por el Tribunal Constitucional, el que en los considerandos 7° al 10 de su sentencia, Rol333, del 2 de agosto del 2001 , expone que el otorgamiento de prestaciones sociales a funcionarios y jubilados excede la facultad de los municipios de asociarse para cumplir sus fines propios, prevista en el, entonces, artículo 107, inciso sexto de la Carta Fundamental.
6. Que luego de cinco años de funcionamiento de los Comité de Bienestar , la asociación entre las municipalidades ha demostrado ser imprescindible para un mejor funcionamiento del sistema.
7. Que, según lo expuesto, la incorporación de un precepto de naturaleza obliga a efectuar una reforma constitucional que amplíe a este objeto la posibilidad de los municipios de asociarse, tras lo cual podría agregarse a la ley N° 19. 754 una disposición similar a la objetada por Tribunal Constitucional.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen a presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Agréguese, en el inciso sexto, del artículo 118 de la Constitución Política de la República, entre la palabra “propios” y el punto seguido (.) que le sucede, la frase “y para el otorgamiento de prestaciones de bienestar social a sus funcionarios, sea en actual servicio o jubilados y sus cargas familiares.”
MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado a los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que establecen la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, penalizan el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias y otorgan competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de la pensión alimenticia de menores.
Antecedentes:
- Modificaciones del Senado, boletines N°s 2600-18, 3093-18, 3619-18, sesión 88ª, en 18 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.
La señora ALBORNOZ (ministra directora del Sernam).-
Señor Presidente, hace menos de un año una mujer asumió por primera vez la Presidencia de la República de Chile, ocasión en que expresó, ante el Congreso Pleno, su profundo compromiso con la paridad entre hombres y mujeres, con igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada.
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer, impulsó con firme convicción este proyecto de ley, puesto que ha hecho suyo el compromiso de velar por una más justa distribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, lo que posibilitará mejores condiciones de desarrollo para nuestros niños y niñas.
El cuidado de los hijos por parte de la mujer y el abandono económico de sus progenitores es una realidad que la Comisión de Familia de esta Corporación ha asumido como prioritaria.
La especial perseverancia de esa Comisión sobre la materia permitió materializar, en 2001, una importante reforma a la ley de pensiones alimenticias, año en que las estadísticas evidenciaban la existencia de profundas inequidades.
En 2004, cada dos partos se presentaba una demanda de alimentos. Es decir, mientras 240 mil mujeres se transformaban en madres, otras 120 mil recurrían ante los tribunales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades económicas para con sus hijos e hijas.
Las dimensiones de esa realidad hacía necesario dotar a los Tribunales de Familia de nuevas orientaciones que les permitieran actuar en forma más expedita. Sin embargo, estimamos que la simplificación de los procesos que contuvo esa reforma no fue suficiente.
La entrega de apoyo inmediato, mayor transparencia en los juicios y la represión de toda maniobra fraudulenta fueron algunos de los objetivos perseguidos por algunas honorables diputadas y diputados, finalidades que fueron consideradas en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el Senado.
Cuando una mujer inicia un juicio para demandar alimentos para sus hijos generalmente ha pasado por un prolongado período de necesidad. Como esa situación debe subsanarse sin demora, el proyecto dispone que el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios junto con admitir la demanda a tramitación.
Asimismo, se pone término a la discriminación que obliga a la mujer a reunir documentos para demostrar los ingresos del padre de sus hijos e hijas, pues se establece que el demandado debe proporcionar los antecedentes para determinar su capacidad económica y su patrimonio, a fin de fijar el monto de la pensión con justicia y transparencia.
En el mismo sentido, la iniciativa reafirma el rechazo de toda forma de engaño y de maniobras que sistemáticamente han entorpecido la actuación de la justicia, especialmente cuando se investiga la capacidad económica de los demandados, comportamientos que deben ser erradicados. El fraude, el engaño, el ocultamiento de las fuentes de ingreso y la presentación de antecedentes falsos o manifiestamente inexactos e incompletos en los juicios de alimentos son intolerables e inadmisibles.
El proyecto rechaza enfáticamente dichas conductas y las sanciona penalmente hasta con tres años de privación de libertad, tal como lo hace con los terceros que proporcionen documentos fraudulentos.
En otro ámbito, sobre la base de la consideración de que ante el abandono no cabe solidaridad alguna, ni siquiera familiar, el proyecto sanciona con reclusión nocturna, hasta por quince días, a quien colabore en el ocultamiento del demandado, con el objeto de impedir la notificación de la demanda o la aplicación de cualquier medida destinada a obtener el cumplimiento forzado de sus responsabilidades parentales.
En otro orden de cosas, es bueno señalar que información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile da cuenta que alrededor del 60 por ciento de las órdenes de arresto decretadas con medidas de apremio por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias no se materializan. Por ello, el proyecto contempla la ampliación de las atribuciones policiales para arrestar al demandado moroso en cualquier lugar en que se encuentre y, de ser necesario, el ingreso a su domicilio con el mismo fin, medidas que aseguran mayor eficacia a la actuación policial.
En este mismo orden de ideas, la iniciativa se hace cargo de la necesidad de perfeccionar las medidas de apremio necesarias contra el abandono y el desapego y propone su ampliación, como la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses y la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Otro aspecto trascendental del proyecto es que permite a una niña-madre o a una adolescente embarazada realidad frecuente y apremiante en nuestro país iniciar la demanda de alimentos aunque no cuente con representante legal.
Me asiste la certeza de que estamos dando una señal y un mensaje que favorece al cumplimiento más transparente y espontáneo de las responsabilidades parentales, mediante un proyecto que surgió fruto de la iniciativa de varias señoras diputadas y señores diputados.
Por lo tanto, en nombre de todas las madres que sin ayuda alguna han formado a tantos ciudadanos y a tantas ciudadanas del país, solicito a la honorable Cámara la aprobación de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, sin duda al examinar el proyecto uno no puede dejar de valorarlo, porque aborda una materia que siempre ha causado dificultades: el pago de las pensiones alimenticias, obligación que muchos demandados tratan de burlar.
Valoramos la iniciativa, porque busca proteger el derecho que tienen los hijos de obtener la alimentación de parte de sus padres, lo cual constituye un deber moral y ético, más que legal. Sin embargo, hay que consagrar en las leyes todos los elementos que hagan posible que ello se haga efectivo.
Desde esa perspectiva, hay que destacar que el proyecto dota a los tribunales de los instrumentos necesarios para averiguar la realidad sobre la situación económica de los demandados, puesto que en muchos casos resulta difícil averiguar sus ingresos o porque señalan que su situación les impide cumplir con la obligación que tienen con sus hijos. Por lo tanto, si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las instituciones de salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier otro organismo público o privado los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.
Asimismo, me parece destacable que la iniciativa facilita la prueba de los actos fraudulentos que se cometen para eludir la acción de la justicia sobre el patrimonio, lo cual se materializa cuando los demandados celebran compraventas o entregan bienes, en usufructo, en favor de terceros, para burlar el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimento a sus hijos, pues establece sanciones para los terceros que se presten para la comisión de dichos actos.
Por otra parte, dispone la retención por parte de la Tesorería General de la República de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Además, se disponen sanciones para los terceros encubridores de la situación patrimonial o el domicilio del demandado.
Resulta destacable que la iniciativa fortalece los instrumentos para hacer más efectivo el pago de los alimentos.
Por otra parte, tal como lo establece la ley, los jueces deben se más ágiles, porque en muchos casos se demoran demasiado en resolver las pensiones alimenticias y los alimentos provisorios. Se establece una norma mucho más estricta para que el juez, en tiempo mucho más breve, fije los alimentos provisorios y sea más ágil en la determinación de los alimentos definitivos. Muchas veces, los juicios se dilatan inútilmente y los jueces no dictan las resoluciones necesarias para proteger los derechos de los hijos, de los alimentarios, de la familia.
Todo lo que ayude a la competencia para resolver esas causas es positivo, en el sentido de que el alimentario tenga la posibilidad de elegir el tribunal en el que presente su demanda.
Asimismo, se dificultan las maniobras que realizan los demandados, quienes, si quieren que cese o se rebaje la pensión alimenticia, deberán presentar su demanda en el tribunal del lugar en que se encuentre el alimentario. Es decir, se trata de dar las facilidades al alimentario para defenderse de esas acciones.
Estas normas son muy positivas para la protección de los derechos de los hijos y de la familia, para que el responsable provea los alimentos necesarios.
Por lo anterior, anuncio que apoyaré entusiastamente este proyecto.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, coincido con las intervenciones que me han precedido, particularmente con la de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer.
Estamos en presencia de un buen proyecto, que era necesario, porque todos los antecedentes objetivos indican que el incumplimiento en la entrega de pensiones alimenticias y las consecuencias económicas, sociales y culturales que provienen de aquello son muy importantes y graves. En consecuencia, es obligación de los órganos colegisladores asumir que en la práctica existe un inconveniente real, por lo que es necesario dotar a los tribunales de instrumentos efectivos a la hora de perseguir coercitivamente el incumplimiento de una obligación no sólo legal, sino también moral.
También me parece muy positivo el hecho de haber refundido las mociones de parlamentarios de distintas bancadas para dar origen a este proyecto, así como haber enriquecido el debate realizado en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado con propuestas del Ejecutivo.
Lo bueno no es enemigo de lo perfecto, por lo que formularé una sola consideración que, quizás, podría ser resuelta con la intervención de la ministra del Sernam o de algún diputado, que se refiere a un inciso que ella consideró como importante. Desde el punto de vista del derecho, esa norma adolece de un inconveniente que sería bueno corregir en la Comisión Mixta, si fuese necesario y así lo considerara la Sala.
Me refiero al número 10) de las modificaciones del Senado, que se encuentra en la página doce del comparado, que modifica el artículo 18 de la ley que se pretende corregir y que agrega un nuevo inciso segundo, que expresa lo siguiente: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con…”. A continuación se especifica la pena que se aplicará. Debo reconocer que el inciso viene en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados.
Después de una revisión de ese texto, me parece que, a lo menos, falta una frase que debiera complementar esa redacción. Considero que debería decir: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas de…”. De lo contrario, se produciría una situación bastante compleja desde el punto de vista del derecho, ya que una persona podría colaborar con ese objetivo sin saberlo, y el tipo penal
porque lo es, de alguna manera, queda en blanco, en la medida en que no hay una mayor objetivización de la conducta punible.
Si se opta por no señalar casos específicos o una enumeración ejemplar, incluso taxativa, de lo que constituye el acto punible en este caso, la colaboración en el ocultamiento, a lo menos debe incorporarse una frase que indique, de manera precisa, un dolo directo: “El que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas…”. Incluso, si se quiere ser más laxo, se podría agregar la siguiente expresión: “…no pudiendo menos que saber…”, que es una especie de dolo eventual. Lamentablemente, no se encuentra presente en la Sala el colega Juan Bustos, que podría ratificar o, eventualmente, rectificar mi apreciación; estoy abierto a cualquiera posibilidad.
En resumen, me parece que existe un problema jurídico complejo que después podría motivar situaciones también complejas en la aplicación de esta norma, porque
insisto está demasiado en blanco. Insisto en que la colaboración debe ser ex profeso, precisa, a sabiendas de que se realiza un acto punible y reprochable, desde el punto de vista del derecho, para el ocultamiento, de tal suerte que no se sancione a una persona que, sin saberlo, realiza un acto de colaboración por un sentido de solidaridad.
Ésa es la única consideración que deseaba hacer. En el evento de que mi observación no fuera resuelta con las intervenciones posteriores, pido votación separada para la letra b) del numero 10) de las modificaciones, que se encuentra en la página doce del informe comparado.
Respecto del resto del articulado, felicito a las autoridades de Gobierno, a la señora ministra y, particularmente, a su ministerio por haber apurado, después de mucho tiempo, la tramitación de un proyecto que es indispensable para la buena aplicación del derecho.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, ésta es una oportunidad muy interesante para discutir un proyecto que afecta a miles de mujeres de nuestro país, más aun si consideramos que la audiencia que tenemos hoy está representada fundamentalmente por madres, abuelas y, en general, mujeres.
También quiero recordar que el haber logrado la materialización de este proyecto de ley se debe a un esfuerzo muy importante y transversal de la Comisión de Familia. Desde el 2001, esta Comisión en dos oportunidades se ha abocado a modificar la ley de pensión de alimentos.
En esa oportunidad, a la Comisión asistieron muchas mujeres que entregaron testimonios que nos conmovieron y nos llevaron a elaborar el proyecto que el Senado aprobó en el trámite correspondiente. Muchas disposiciones contenidas en las modificaciones del Senado pueden parecer muy drásticas. De hecho, disposiciones como la que establece, en determinados casos, la cancelación de la licencia de conducir fueron rechazadas por algunos diputados. Sin embargo, el drama de los testimonios recibidos y la lentitud con que se tramitaban las pensiones de alimentos nos hicieron elaborar este proyecto.
Esta iniciativa se originó mucho antes del inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet, con la participación de diputadas y diputados de todas las bancadas.
Según el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, el 98 por ciento de las personas que piden pensión de alimentos son mujeres.
Entre los cambios a la legislación que propusimos en una primera etapa, cabe considerar la ampliación de las medidas de apremio por incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. En ese sentido, se modificaron las sanciones y se otorgaron instrumentos a los jueces para realizar gestiones tendientes a ubicar el domicilio del demandado. Asimismo, se fijaron montos mínimos de pensiones, que antes eran de 2.000 pesos o de 2.500 pesos, y se hicieron más rápidos y expeditos los trámites para cobrarlos. Estos cambios fueron de gran ayuda. No obstante, haber conseguido que se decretara orden de arraigo para quienes no pagaban los alimentos o que se dispusiera que lo mínimo que debe pagarse por pensión de alimentos es el 40 por ciento del ingreso mínimo no fue suficiente, porque nos encontramos con la típica situación de que el demandado no puede ser ubicado. En ese sentido, el padre, que debe responder por los derechos de sus hijos de alimentarse y tener una vida normal, evade esta gran responsabilidad.
Entre los proyectos discutidos por segunda vez, cabe señalar uno muy controvertido, que establece la incorporación en el Boletín Comercial de los casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Se trata de una iniciativa presentada por la entonces diputada Pía Guzmán, en la cual también participaron los diputados Cornejo, el entonces diputado Jaime Orpis y quien habla.
Posteriormente, se presentó otra iniciativa que establece una pena por el incumplimiento malicioso del pago de pensiones alimenticias. El objeto de dicho proyecto, originado en moción de los diputados Norambuena, Forni, Moreira, Salaberry, Recondo, Ulloa, Uriarte y del entonces diputado Ibáñez, es sancionar a quienes no pagan la pensión alimenticia pudiendo hacerlo.
Otro proyecto presentado sobre esta materia es aquel que otorga competencias al juez que corresponde al nuevo domicilio del alimentario, para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensiones alimenticias a menores. Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Maximiano Errázuriz, que no tuvo eco en las modificaciones del Senado al proyecto en discusión.
Alrededor del 40 por ciento de las pensiones de alimentos no se paga. Es decir, de cada cien mujeres que demandan dicha pensión, cuarenta no obtienen un peso para su mantención y la de sus hijos. Ello constituye una desigualdad inaceptable.
Alrededor de 170 mil familias no han podido hacer efectivo el derecho de conseguir pensión de alimentos para sus hijos. El problema se agrava en los sectores más modestos, ya que más del 70 por ciento de las causas por este concepto se tramita a través de las corporaciones de asistencia judicial. La mayoría de las madres tampoco tiene apoyo jurídico ni laboral. En muchos casos no pueden trabajar fuera del hogar, lo que les impide percibir un ingreso para alimentar a sus hijos.
Diversas situaciones agudizan el problema en torno a las pensiones de alimentos. Por ejemplo, más del 50 por ciento de las madres que demandan pensión alimenticia tienen hijos nacidos fuera del matrimonio. A veces, los padres de esos menores no pueden ser ubicados. Por otra parte, no podemos negar que el colapso experimentado por los tribunales de familia ha sido realmente dramático.
De acuerdo con la ley vigente, los alimentos provisorios deben ser decretados por el juez en un plazo de diez días. Debido al colapso de los tribunales de familia, ha habido casos en que han transcurrido meses antes de que un juez decrete su entrega. De hecho, durante los cinco primeros días de funcionamiento de estos tribunales, esto es, entre el 1 y el 5 de octubre de 2005, ingresaron casi 9 mil causas por pensión de alimentos, lo que constituyó el 35 por ciento del total de causas tramitadas.
El Senado ha propuesto una serie de modificaciones que ya habíamos planteado en la Cámara de Diputados y que en algunos casos se perfeccionaron. La primera de ellas es muy interesante: establece que la demanda se notifique en cualquier parte. Antes debía ser hecha sólo en el domicilio del demandado. Incluso, dispone que se notifique por cualquier medio, como el teléfono o el correo electrónico, con independencia del lugar en que se encuentre el demandado. Ello agiliza los trámites en forma impresionante. Mientras la notificación no se cumpla, la demanda está en punto muerto. Por eso, algunos padres abandonan su residencia e, incluso, la ciudad, a fin de no cumplir con la obligación que se le impondrá.
El problema más grave que se presenta es dar con el paradero del demandado. En virtud de esta futura ley, el juez podrá decretar una orden amplia para que la fuerza pública investigue su paradero. Asimismo, en los casos en que el tribunal decrete un apremio, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado. En consecuencia, ya no existirá la excusa de que no se pudo ubicar al demandado.
Respecto de los alimentos provisorios, que resuelven el problema que sufre la madre cuando recién queda sola con sus hijos, esta futura ley obliga al juez a pronunciarse sobre dichos alimentos en el momento en que conoce de la demanda respectiva, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado estuvieron de acuerdo en considerar mecanismos para perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que no se pronuncie sobre los alimentos provisorios cuando corresponda. La nueva ley sobre tribunales de familia establece que dicho pronunciamiento debe efectuarse en cinco días. Antes, el juez disponía de diez días para esos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, no será muy fácil que esta disposición se lleve a la práctica si no se aprueban pronto las modificaciones a la composición de los tribunales de familia, en virtud de las cuales se aumenta el número de jueces y de funcionarios, lo que permitirá agilizar los trámites.
Otro problema que se ha originado en la tramitación de pensiones alimenticias es el de establecer los ingresos del alimentante. Para la acreditación de dichos ingresos, es el demandado quien debe generar los antecedentes, cambiando el peso de la prueba. Ello estaba considerado en la ley anterior. No obstante, este aspecto es el que con mayor frecuencia genera problemas para determinar el monto de la pensión alimenticia. Por eso, se ha propuesto sancionar a quien presente documentos con información falsa. Es muy común que un padre, previamente a ser demandado, traspase la propiedad de sus bienes a terceras personas. De ese modo, puede argumentar que no tiene ingresos para pagar la pensión alimenticia, aunque los tenga con creces. Conocimos el caso de una madre, cuyo esposo, siendo multimillonario, no le daba un peso para sus hijos.
Asimismo, el Senado estableció que se sancione al tercero que proporcione al demandado documentos falsos en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica. Ello es distinto a lo que planteó el diputado Burgos respecto de las penas para sancionar al tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para impedir su notificación.
Por último, quiero referirme a la propuesta de establecer apremios para los alimentantes morosos. La idea original era incorporarlos en el Boletín Comercial. El diputado Felipe Ward presentó un proyecto en ese sentido. Sin embargo, hemos rechazado esa iniciativa no porque no estemos de acuerdo, sino porque consideramos que dicha medida podría ser aplicable sólo al segmento socioeconómico alto. Incluir en el Boletín Comercial a padres de sectores más modestos no les permitiría conseguir un empleo, en circunstancias de que es necesario que tengan trabajo para que puedan pagar la pensión alimenticia. Por eso, hemos rechazado esa iniciativa. No nos hubiéramos opuesto si esa sanción se hubiera impuesto sólo a alimentarios morosos pertenecientes al nivel socioeconómico alto.
Me alegro de que este proyecto haya sido aprobado en el Senado por unanimidad. Lamento que su tramitación en la cámara alta haya demorado dos años. Espero que se convierta en ley lo antes posible, a fin de ayudar a miles de madres que simplemente exigen el derecho de sus hijos de alimentarse y tener una vida digna, después de que han sido abandonados por su padre.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, creo que ya se ha dicho lo más importante respecto de este proyecto. Por eso, sólo voy a puntualizar algunos aspectos que considero dignos de destacar.
Para ir de lo general a lo particular, este proyecto contribuye de manera muy significativa a hacer justicia social, porque entrega instrumentos para que se cumpla la ley, en particular, en lo que dice relación con la responsabilidad de los padres por el cuidado de los hijos. Es así como se establece con claridad que la protección y el cuidado de los hijos y los gastos en que deban incurrir para educarlos, alimentarlos, vestirlos, etcétera, debe ser compartida por ambos progenitores. De manera que, tal como lo decía el diputado Burgos, la iniciativa tiene una dimensión social y cultural muy significativa.
Algunos aspectos de la iniciativa que considero importante resaltar.
Primero, es muy importante establecer que la no fijación oportuna de los alimentos provisorios constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez. Es necesario establecer, de alguna forma, sanciones cuando el juez no cumple con una obligación tan importante, como es fijar la alimentación provisoria.
Segundo se han dado muchos ejemplos relacionados con las formas de incumplimiento, el tribunal deberá ordenar al demandado que entregue antecedentes sobre su capacidad económica y patrimonial, que es algo fundamental.
Tercero, se establece una sanción que, incluso, puede llegar a los tres años de prisión, cuando no se entreguen los documentos requeridos, cuando no se haga la declaración jurada o cuando esto es lo más grave se falsifiquen documentos, práctica muy común a la cual se recurre para falsear la situación económica del demandado. Muchas veces, se llega a un arreglo también se establece una sanción para este caso entre el padre y el empleador para rebajar el sueldo del primero, entregándosele el resto de sus ingresos por otra vía, precisamente, para falsear la información sobre su capacidad económica real y, por cierto, sobre sus posibilidades de pagar la pensión alimenticia.
Cuarto, se sanciona tal como lo dijo la diputada María Angélica Cristi, éste es un tema muy importante el ocultamiento de las fuentes de ingresos. Como ya lo dije, se sanciona al tercero que colabore en el ocultamiento no sólo de los ingresos del demandado, sino que de su paradero. En reiteradas ocasiones, hemos recibido denuncias y reclamos incluso, en mi oficina parlamentaria de madres que durante años han tratado de que el padre sea notificado, con la complicidad de terceras personas que ocultaban su paradero, por lo que no arriesgaban pena alguna. Si bien existía una ley, ésta no era eficaz porque no cumplía con el objetivo para el cual se había dictado. Por eso, es importante este proyecto de ley. Incluso, el tercero que oculte el paradero recibirá la sanción de reclusión nocturna hasta por 15 días. Asimismo, será sancionado el tercero en este caso, podría ser el empleador que proporcione antecedentes falsos.
Quinto, se establecen algunos mecanismos que permitirán hacer más efectiva la responsabilidad del padre de pagar la pensión alimenticia. Tenemos, por ejemplo, la retención de la devolución anual de impuestos a la renta de los montos insolutos de las pensiones, la suspensión de la licencia de conducir y lo relativo a la patria potestad.
Sexto, está lo relativo al rol de las policías. Antes no tenían herramientas para hacer exigible este compromiso. Ahora, podrán arrestar al deudor de la pensión alimenticia en cualquier lugar.
Séptimo, otro aspecto importante que aquí no se ha mencionado. Era habitual que la madre menor de edad demandara, pero mediante un representante; no podía hacerlo en forma directa. En la actualidad, hay muchas madres adolescentes: entre 1.200 y 1.300, de 14 años; 3 mil, de 15 años, y un porcentaje muy significativo de madres menores de 18 años. En virtud de este proyecto, podrán hacer la demanda en forma directa para obtener su pensión alimenticia.
Por último, considero muy significativo, como una forma de prevenir y, de alguna manera, como un mecanismo inhibitorio del ocultamiento del paradero y del falseamiento de datos, que el demandado esté obligado a informar periódicamente todo cambio de domicilio, de empleador o de lugar de trabajo.
Felicito a la ministra del Sernam y a todos los parlamentarios que participaron en la tramitación y discusión del proyecto, porque creo que apunta, precisamente como lo dije al comienzo de mi intervención, a que haya más justicia social y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, a que exista una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a que el cuidado de los hijos sea una responsabilidad compartida entre ambos progenitores, y no una tarea exclusiva de la mujer, como había estado asumido culturalmente en nuestro país durante siglos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda, comunico a la Sala que, aparte de ella, hay otros cuatros diputados inscritos.
Como el Orden del Día termina a las 13.20 horas, propongo que los cuatro diputados inscritos usen de la palabra por un máximo de cinco minutos, prorrogándolo para tales efectos por el tiempo que sea necesario.
Al finalizar el debate, hará uso de la palabra la ministra señora Laura Albornoz.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?
Acordado.
Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, ante todo, agradezco la presencia de las organizaciones de mujeres que han venido a apoyar este proyecto de ley.
Asimismo, felicito a nuestra ministra del Sernam, señora Laura Albornoz, y a los parlamentarios que hicieron posible esta iniciativa que estamos discutiendo en tercer trámite constitucional.
En este hemiciclo, mi preocupación siempre ha estado relacionada con la feminización de la pobreza, porque, sin duda, hoy día ésta tiene rostro de mujer. La ministra nos ha dicho que por cada dos partos que se producen en el país se presenta una demanda por pensión alimenticia. Creo que esto es de lo que debemos hacernos cargo como país; es la revisión que esperamos que se haga, no sólo por el Sernam, sino que a través de una política transversal de los distintos ministerios, de manera que podamos incorporar a la mujer a una vida plena, sobre todo, en el aspecto económico, a fin de poder terminar con este fenómeno social que hoy día nos está afectando.
En la actualidad, por realizar el mismo trabajo, una mujer gana 30 por ciento menos que un hombre, y ese porcentaje menos significa disminuir los recursos de la familia. Hoy día, el 40 por ciento de los niños y niñas nacen fuera del matrimonio, y la mujer debe criar y mantener a sus hijos en esa tremenda soledad.
La Cámara ha aprobado diversas mociones sobre esta materia, a fin de cooperar con las familias; pero, sin duda, este proyecto apunta a que la mujer, la familia, los niños, reciban este aporte justo y necesario que es la pensión alimenticia.
Entre las distintas situaciones que conocemos como diputados, si hay una complicada es que pasan meses y años después de que se presenta una demanda por pensión alimenticia antes de resolverse, lo que produce cansancio en la mujer que no recibe los alimentos provisorios.
Por eso, me alegro por los primeros artículos del proyecto, que tienen que ver con que el juez estará obligado a fijar los alimentos provisorios inmediatamente después de que se entreguen los antecedentes de la demanda. Eso es fundamental, porque hay madres que han esperado años para que los jueces fijen los alimentos provisorios para sus hijos.
En cuanto a la orden amplia de investigar el domicilio del demandado, quiero pedir a la ministra que ojalá se instruya a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile para que adopten una actitud distinta frente a los procesos, una actitud más proactiva, para ubicar al demandado, de manera que éste responda por su deuda con la familia. Sé de muchos casos donde al final, con la buena voluntad de Carabineros e Investigaciones, se encuentra al demandado, pero queremos que eso sea más institucionalizado y que, además, exista más personal encargado de investigar el paradero del alimentante y adoptar medidas para hacer efectivo los apremios.
Otra cosa que me alegra mucho es que no sea la mujer la que tenga que aportar antecedentes sobre los ingresos del padre de sus hijos. Esto es muy importante, porque mantiene la dignidad de la mujer en el proceso.
Espero que en esta búsqueda no exista engaño. Por eso, concuerdo con lo planteado por el diputado Burgos, en el sentido de acotar este proceso en términos de técnicas legislativas y precisar en mejor forma la pena para quienes incurren en el delito de ocultamiento.
Por eso, apoyamos el proyecto y desde la bancada de la Democracia Cristiana respaldamos a la ministra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sin duda nuestra sociedad se enfrenta a grandes cambios en materia de organización familiar. Si revisamos las cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil, nos damos cuenta de que existe una caída fuerte en el número de matrimonios que se realizan cada año en Chile.
Fíjense que en 2000, se celebraron sesenta y siete mil quinientos matrimonios; en 2005, cincuenta cuatro mil, casi quince mil menos. Ese mismo año nacieron doscientos cuarenta y tres mil niños, cien mil de ellos fuera del matrimonio. Estas cifras demuestran que al haber disminuido los matrimonios y aumentado el número de niños nacidos fuera de este vínculo, aumentarán las causas judiciales tendientes a regular la relación de los padres con los hijos, a las cuales, por supuesto, debemos agregar los hijos de matrimonios fracasados.
El primer llamado que debiéramos hacer a los padres es a responsabilizarse por los hijos que traen el mundo; sin embargo, sabemos que no siempre hay una actitud responsable, y quizás en la mayoría de los casos sea necesaria la acción de la justicia para establecer las debidas responsabilidades y obligaciones de los padres para con sus hijos.
Por su intermedio, señor Presidente, señalo a la señora ministra que este proyecto, que hoy examinamos en su tercer trámite constitucional, debiera ser uno de los más importantes de su mandato. Es una mixtura de distintas mociones, presentadas por colegas de distintas bancadas que, en definitiva, constituyeron un nuevo texto legal que perfecciona la legislación actual.
Me parecen de gran importancia todas aquellas modificaciones relativas a la competencia de los tribunales en materia de pensiones, en especial aquellas que dan competencia al juez de familia del domicilio del alimentario, cuando se trata de modificar los montos y beneficios de las pensiones, de manera de facilitar la litigación al titular del derecho correspondiente.
Es meritorio también destacar los mecanismos propuestos para averiguar la situación económica del demandado y evitar actos y contratos fraudulentos para eludir la acción del demandante. Allí está bien claro lo relativo al embargo oficioso de devoluciones de impuesto por la Tesorería General de la República y la ampliación del concepto de encubridor del ocultamiento de bienes.
Hasta ahí estoy muy de acuerdo con el proyecto. Pero no me convence la disposición sobre apremio y arresto del demandado que acarrea una sanción penal al tercero que lo oculta. Eso me tiene un poco confundido, porque puede producirse una cadena en la búsqueda de culpables. No sólo hablamos de un tercero, sino de terceros, lo cual muchas veces deja de ser justo; pueden llamarse errores, pequeños ilícitos, pero no apremio para penarlo.
Por eso, es importante el proyecto, con la salvedad señalada respecto del inciso segundo, nuevo, del artículo 18, que dice: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días”. Estoy en contra de esa disposición, a menos que un jurista me convenza en otro sentido.
De todos modos, estamos contentos por esta iniciativa, que sanciona de una vez por todas situaciones permitidas en la legislación anterior. En consecuencia, la bancada del Partido por la Democracia, con mucha fuerza, le dará su aprobación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, estamos muy contentos por el proyecto que modifica las normas sobre el cobro de pensiones alimenticias, porque, más allá de sus normas específicas, discutidas profundamente durante largo tiempo, se hace cargo de una triste realidad de nuestro país: miles de niños y jóvenes que carecen de los medios para cubrir sus mínimas necesidades de desarrollo.
Una regla básica del soporte y de la convivencia de nuestra sociedad es que los primeros responsables de satisfacer las necesidades de nuestros menores sean, como es lógico, sus propios padres.
Lamentablemente, la realidad que hoy se manifiesta en los juzgados de menores por el no pago de pensiones alimenticias es dramática. Son miles los padres que no sólo no cumplen con el deber de cooperar con los gastos de sus hijos, sino que, además, se burlan de las resoluciones judiciales tendientes a su cumplimiento.
Este proyecto apunta a mejorar las posibilidades de miles de niños que aspiran a mejores horizontes en la importante etapa de desarrollo en que se encuentran.
Éste no es un tema de mujeres ni de hombres; sino de la familia. Se trata de niños y niñas de Chile que tienen necesidades a las que queremos responder.
Me gustaría destacar dos cosas en la iniciativa: una, que responde a los requerimientos que los tribunales venían mencionando durante mucho tiempo. Una de las anteriores falencias hoy está considerada en el proyecto y ellos estiman que desde el punto de vista práctico, es decir, de lo que ocurre día a día, por medio del proyecto se está dando una respuesta adecuada. Muchas veces se dice que las leyes no surten efecto y se convierten en letra muerta. Sin embargo, el proyecto en estudio viene a solucionar los problemas de mucha gente que en las corporaciones de asistencia judicial se encontraba con murallas y sin respuesta a sus demandas.
Otra modificación destacable dice relación con que la madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo nacido o que está por nacer. A mi juicio, la posibilidad de que la madre pida pensión para el hijo que está por nacer habla de la forma en que, como sociedad, se reconoce que los niños tienen derechos desde el momento de su gestación, tema que con seguridad se abordará en diferentes iniciativas que en el futuro serán conocidas por el Congreso Nacional. A este respecto, la consideración del niño que está por nacer como un ser con derecho a pensión alimenticia que puede ser exigible por su madre, constituye un tremendo avance que debiera enorgullecernos como país.
En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a aprobar las modificaciones del Senado
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, como bien mencionó la diputada señora Karla Rubilar, por supuesto estamos contentos de que el proyecto llegue a puerto, porque, con seguridad, significará una luz de esperanza para miles y miles de mujeres que han debido pasar por momentos muy amargos para lograr que sus hijos obtengan una pensión alimenticia.
Como se recordará, el proyecto inició su tramitación en 2000 y, con posterioridad, se refundió con otras iniciativas de diferentes parlamentarios.
A continuación, paso a referirme a las principales modificaciones introducidas por el Senado.
En primer lugar, se faculta a la madre, cualquiera sea su edad, para solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. En la actualidad, la madre menor de edad es considerada incapaz y, en consecuencia, no puede demandar alimentos sin el consentimiento de su representante legal.
En segundo lugar, se establece que el demandado deberá informar al tribunal de todo cambio de domicilio, de empleador y lugar de trabajo. En caso de no dar cumplimiento a dicha obligación, se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales.
La modificación en comento entrega una señal de dureza a quienes no cumplan, a los “pillines” de siempre que, mediante el cambio de trabajo o de domicilio, evaden la acción de la entrega de alimentos para sus hijos y para las madres de éstos. Por lo tanto, es muy positiva, por cuanto gran parte de los juicios de alimentos se dilatan ante la imposibilidad de notificar y de hallar al demandado o a su empleador, en caso de decretarse la retención del monto de la pensión alimenticia.
En tercer lugar, se modifica la norma relativa a la oportunidad para decretar los alimentos provisorios, estableciéndose la obligación de hacerlo en el momento en que el juez admita la demanda a tramitación. La modificación permite que los alimentarios reciban la pensión desde el inicio del proceso. Además, se establece que el juez que no dé cumplimiento a la fijación oportuna de la pensión provisoria incurrirá en falta o abuso.
En cuarto lugar, respecto de los nuevos apremios que considera el proyecto en caso de no pago de las pensiones, el Senado mantuvo la medida aprobada en el primer trámite constitucional, relativa a solicitar a la Tesorería General de la República la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponde percibir a deudores de pensiones alimenticias. Asimismo, el Senado decidió suspender la patria potestad como apremio, y agregó el de la suspensión de la licencia de conducir del alimentante por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período. Sin embargo, se establece la posibilidad de interrumpir dicho apremio en los casos en que la licencia sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante.
Sin duda, esas modificaciones contribuyen a garantizar el pago de las pensiones alimenticias decretadas por el tribunal y a mejorar la situación actual, en que, no obstante la existencia de apremios, subsiste un alto nivel de incumplimiento en el pago de dichas pensiones.
Por último, esta legislación responde a la existencia de una crisis en la familia. En efecto, no sería necesario legislar si en el país la familia estuviese fortalecida. Por lo tanto, quiero aprovechar la presencia de la ministra del Sernam para insistir en la necesidad de establecer, en forma paralela a todo lo que estamos haciendo, políticas públicas que fortalezcan la familia, de manera de defender a las personas más vulnerables que han debido esperar tanto tiempo para que esta legislación sea una realidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, el proyecto es fundamental para comenzar a resolver las carencias existentes en materia de pensiones alimenticias, en especial la falta de pago, y de esa forma colaborar con tantos niños y niñas que sufren en carne propia esta situación.
En el proyecto se establece el principio de la inmediatez de los alimentos provisorios, en el sentido de que éstos pueden ser decretados una vez presentada la demanda en tribunales. Esa modificación es tremendamente importante para no dilatar la dictación de dicha medida. Además, se establece la posibilidad de perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que omita dicho pronunciamiento.
Otra modificación de enorme importancia, una vez que el proyecto sea ley de la República, dice relación con que el juez ordenará que el demandado acompañe todos los antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y su capacidad económica. En consecuencia, no será necesario que la madre o demandante tenga que acopiar y presentar ante el tribunal liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, contratos y demás documentos que justifiquen la capacidad económica del demandado.
Asimismo, es relevante la sanción, mediante tipos penales claros y precisos, para los profesionales en materia de ocultamiento de información, a fin de obstruir el conocimiento por parte de los tribunales de los ingresos que percibe quien tiene la obligación de proveer alimentos. En esta misma línea, es importante destacar que la sanción a quienes incurran en dichas prácticas se llevará a efecto dentro del mismo procedimiento, lo que permitirá enviar una señal potente a quienes pretendan crear defensas perfectas a fin de ocultar los bienes del alimentante.
Asimismo, el tercero que proporcione al demandado maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, será sancionado con las penas del artículo 207 del Código Penal.
A mi juicio, dicha disposición es tremendamente importante para consagrar de una vez por todas en nuestra legislación la transparencia y la obligación de acudir con los alimentos que pueden satisfacerse, y no incurrir en ocultamientos o búsqueda de subterfugios.
Por otro lado, se consagran nuevos apremios a los deudores, como la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Al respecto, es necesario integrar los diferentes sistemas de información que sirven para establecer la correspondiente devolución de impuestos, de manera que quienes deban alimentos, los paguen.
En la Cámara, se originó una discusión respecto de la sanción por el ocultamiento del demandado para impedir su notificación. En ese sentido, quiero aclarar lo importante que es sancionar esa conducta con el objeto de impedir la notificación. De esta forma, la conducta sancionada es aquella que busca obstruir la justicia directamente a través de una forma específica. Creo que es importante dejar establecido eso para la historia fidedigna de la ley y para consagrar que, de ahora en adelante, no tendremos el alto índice de imposibilidad de notificar.
Además, quiero destacar otro tipo de sanciones que van aparejadas para hacer más fácil y expedita la notificación. Primero, se sanciona con multas la no información del cambio de domicilio de la persona obligada a dar alimentos y de su empleador. Esto es tremendamente importante para encontrar a la persona que tiene que demandarse.
Por último, un tema no menor es la sanción del empleador que no retenga los alimentos.
Por eso, la bancada socialista va votar a favor de las modificaciones porque creemos que con ellas se avanza sustancialmente en la protección a los niños y niñas de nuestro país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, la aprobación de las modificaciones del Senado va a constituir una muy buena noticia para los niños y niñas y para las mujeres de Chile, la mayoría de las cuales está al cuidado de ellos.
Además de lo anterior, existe un punto de vista ético. El hecho de que en Chile el 12 por ciento de los niños que nacen cada año no esté reconocido por sus padres, es un gran pecado social, así como también que sus padres no contribuyan a la mantención de sus hijos.
El proyecto, precisamente, apunta a la defensa de los derechos de los niños y niñas de nuestro país. Sus padres tendrán la obligación ética y moral de hacerse cargo de ellos y de ellas.
Quiero destacar que en la Comisión de Familia de la Cámara, hace algunos años, logramos unas modificaciones a la ley que se suman al trabajo que se hizo ahora, absolutamente transversal y en equipo, lo que habla muy bien de los diputados y diputadas que la integramos.
Las medidas que se proponen, y que el Servicio Nacional de la Mujer ha acogido con mucha fuerza, ya las han destacado los colegas. Indudablemente, van a ayudar a que se paguen las pensiones alimenticias. Conocemos casos dramáticos, como el de la señora Adriana Pando, que públicamente lo ha expuesto, cuyo marido tiene una gran fortuna, pero ha evadido durante años la obligación de darles pensión a sus hijos.
Creo que cada uno de nosotros, diputados y diputadas, conocemos muchos casos, que realmente no tienen nombre, de la sinvergüenzura de eludir esa obligación y de dar una batalla legal con las madres para no alimentar a sus hijos.
Ahora, si hay ocultamiento, nada bueno hay detrás de él. Al respecto, debo decirle al diputado Burgos que esto debe quedar como está, ya que si se ocultó algo, es porque se está haciendo algo que no es correcto. Por eso el ocultamiento debe ser sancionado.
Por último, quiero destacar que estoy muy contenta en relación con la propuesta de la Comisión de Familia de suspender la licencia de conducir. Me acuerdo que cuando la planteamos en la Cámara, el ex diputado Pablo Longueira abrió los fuegos contra esa medida. Me alegro que haya cambiado de opinión y la haya aprobado en el Senado, porque esta sanción realmente va a doler, ya que muchos de los padres que no pagan la pensión alimenticia tienen dinero para la bencina de sus autos, pero no para alimentar a sus hijos. Me alegro que el Senado haya aprobado esta medida, ya que en la Cámara no la pudimos aprobar. Por el contrario, se produjo un gran escándalo.
Por otro lado, me alegro que en el Senado, junto con el Servicio Nacional de la Mujer, se haya perfeccionado el proyecto para que realmente sea una ley ejemplar.
Modificados los tribunales de familia con las mediaciones, esperamos que se borre el pecado social de que los padres y madres, que son responsables de traer sus hijos al mundo, también cumplan con alimentarlos, con cuidarlos, con tener ligazón de afecto con ellos.
Desde la Cámara, he contribuido para que ningún niño o niña del país quede sin protección, sin pensión alimenticia, sin cuidado de sus padres.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la de la siguiente manera:
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a las señoras y señores diputados que los números 1, 8, sus letras a,), b) y c), y el número 9 del artículo 1° y el artículo 2° requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, del voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio.
Corresponde votar las modificaciones del Senado, con excepción de la letra b) del número 10 del artículo 1°, cuya votación separada se pidió.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la letra b) del número 10 del artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
La Mesa tiene dudas. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a repetir la votación, porque el sistema electrónico no funcionó.
- Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado y despachado el proyecto.
-Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Duarte Leiva Gonzalo; Fuentealba Vildósola Renán; Jaramillo Becker Enrique; Silber Romo Gabriel; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvo el diputado señor Vallespín López Patricio.
El señor LEAL (Presidente).-
Agradecemos la presencia de la ministra del Sernam, señora Laura Albornoz.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N°14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Tercer trámite constitucional.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado a los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que establecen la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, penalizan el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias y otorgan competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de la pensión alimenticia de menores.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletines N°s 2600-18, 3093-18, 3619-18, sesión 88ª, en 18 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.
La señora ALBORNOZ (ministra directora del Sernam).-
Señor Presidente, hace menos de un año una mujer asumió por primera vez la Presidencia de la República de Chile, ocasión en que expresó, ante el Congreso Pleno, su profundo compromiso con la paridad entre hombres y mujeres, con igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada.
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer, impulsó con firme convicción este proyecto de ley, puesto que ha hecho suyo el compromiso de velar por una más justa distribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, lo que posibilitará mejores condiciones de desarrollo para nuestros niños y niñas.
El cuidado de los hijos por parte de la mujer y el abandono económico de sus progenitores es una realidad que la Comisión de Familia de esta Corporación ha asumido como prioritaria.
La especial perseverancia de esa Comisión sobre la materia permitió materializar, en 2001, una importante reforma a la ley de pensiones alimenticias, año en que las estadísticas evidenciaban la existencia de profundas inequidades.
En 2004, cada dos partos se presentaba una demanda de alimentos. Es decir, mientras 240 mil mujeres se transformaban en madres, otras 120 mil recurrían ante los tribunales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades económicas para con sus hijos e hijas.
Las dimensiones de esa realidad hacía necesario dotar a los Tribunales de Familia de nuevas orientaciones que les permitieran actuar en forma más expedita. Sin embargo, estimamos que la simplificación de los procesos que contuvo esa reforma no fue suficiente.
La entrega de apoyo inmediato, mayor transparencia en los juicios y la represión de toda maniobra fraudulenta fueron algunos de los objetivos perseguidos por algunas honorables diputadas y diputados, finalidades que fueron consideradas en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el Senado.
Cuando una mujer inicia un juicio para demandar alimentos para sus hijos generalmente ha pasado por un prolongado período de necesidad. Como esa situación debe subsanarse sin demora, el proyecto dispone que el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios junto con admitir la demanda a tramitación.
Asimismo, se pone término a la discriminación que obliga a la mujer a reunir documentos para demostrar los ingresos del padre de sus hijos e hijas, pues se establece que el demandado debe proporcionar los antecedentes para determinar su capacidad económica y su patrimonio, a fin de fijar el monto de la pensión con justicia y transparencia.
En el mismo sentido, la iniciativa reafirma el rechazo de toda forma de engaño y de maniobras que sistemáticamente han entorpecido la actuación de la justicia, especialmente cuando se investiga la capacidad económica de los demandados, comportamientos que deben ser erradicados. El fraude, el engaño, el ocultamiento de las fuentes de ingreso y la presentación de antecedentes falsos o manifiestamente inexactos e incompletos en los juicios de alimentos son intolerables e inadmisibles.
El proyecto rechaza enfáticamente dichas conductas y las sanciona penalmente hasta con tres años de privación de libertad, tal como lo hace con los terceros que proporcionen documentos fraudulentos.
En otro ámbito, sobre la base de la consideración de que ante el abandono no cabe solidaridad alguna, ni siquiera familiar, el proyecto sanciona con reclusión nocturna, hasta por quince días, a quien colabore en el ocultamiento del demandado, con el objeto de impedir la notificación de la demanda o la aplicación de cualquier medida destinada a obtener el cumplimiento forzado de sus responsabilidades parentales.
En otro orden de cosas, es bueno señalar que información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile da cuenta que alrededor del 60 por ciento de las órdenes de arresto decretadas con medidas de apremio por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias no se materializan. Por ello, el proyecto contempla la ampliación de las atribuciones policiales para arrestar al demandado moroso en cualquier lugar en que se encuentre y, de ser necesario, el ingreso a su domicilio con el mismo fin, medidas que aseguran mayor eficacia a la actuación policial.
En este mismo orden de ideas, la iniciativa se hace cargo de la necesidad de perfeccionar las medidas de apremio necesarias contra el abandono y el desapego y propone su ampliación, como la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses y la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Otro aspecto trascendental del proyecto es que permite a una niña-madre o a una adolescente embarazada realidad frecuente y apremiante en nuestro país iniciar la demanda de alimentos aunque no cuente con representante legal.
Me asiste la certeza de que estamos dando una señal y un mensaje que favorece al cumplimiento más transparente y espontáneo de las responsabilidades parentales, mediante un proyecto que surgió fruto de la iniciativa de varias señoras diputadas y señores diputados.
Por lo tanto, en nombre de todas las madres que sin ayuda alguna han formado a tantos ciudadanos y a tantas ciudadanas del país, solicito a la honorable Cámara la aprobación de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, sin duda al examinar el proyecto uno no puede dejar de valorarlo, porque aborda una materia que siempre ha causado dificultades: el pago de las pensiones alimenticias, obligación que muchos demandados tratan de burlar.
Valoramos la iniciativa, porque busca proteger el derecho que tienen los hijos de obtener la alimentación de parte de sus padres, lo cual constituye un deber moral y ético, más que legal. Sin embargo, hay que consagrar en las leyes todos los elementos que hagan posible que ello se haga efectivo.
Desde esa perspectiva, hay que destacar que el proyecto dota a los tribunales de los instrumentos necesarios para averiguar la realidad sobre la situación económica de los demandados, puesto que en muchos casos resulta difícil averiguar sus ingresos o porque señalan que su situación les impide cumplir con la obligación que tienen con sus hijos. Por lo tanto, si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las instituciones de salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier otro organismo público o privado los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.
Asimismo, me parece destacable que la iniciativa facilita la prueba de los actos fraudulentos que se cometen para eludir la acción de la justicia sobre el patrimonio, lo cual se materializa cuando los demandados celebran compraventas o entregan bienes, en usufructo, en favor de terceros, para burlar el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimento a sus hijos, pues establece sanciones para los terceros que se presten para la comisión de dichos actos.
Por otra parte, dispone la retención por parte de la Tesorería General de la República de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias.
Además, se disponen sanciones para los terceros encubridores de la situación patrimonial o el domicilio del demandado.
Resulta destacable que la iniciativa fortalece los instrumentos para hacer más efectivo el pago de los alimentos.
Por otra parte, tal como lo establece la ley, los jueces deben se más ágiles, porque en muchos casos se demoran demasiado en resolver las pensiones alimenticias y los alimentos provisorios. Se establece una norma mucho más estricta para que el juez, en tiempo mucho más breve, fije los alimentos provisorios y sea más ágil en la determinación de los alimentos definitivos. Muchas veces, los juicios se dilatan inútilmente y los jueces no dictan las resoluciones necesarias para proteger los derechos de los hijos, de los alimentarios, de la familia.
Todo lo que ayude a la competencia para resolver esas causas es positivo, en el sentido de que el alimentario tenga la posibilidad de elegir el tribunal en el que presente su demanda.
Asimismo, se dificultan las maniobras que realizan los demandados, quienes, si quieren que cese o se rebaje la pensión alimenticia, deberán presentar su demanda en el tribunal del lugar en que se encuentre el alimentario. Es decir, se trata de dar las facilidades al alimentario para defenderse de esas acciones.
Estas normas son muy positivas para la protección de los derechos de los hijos y de la familia, para que el responsable provea los alimentos necesarios.
Por lo anterior, anuncio que apoyaré entusiastamente este proyecto.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, coincido con las intervenciones que me han precedido, particularmente con la de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer.
Estamos en presencia de un buen proyecto, que era necesario, porque todos los antecedentes objetivos indican que el incumplimiento en la entrega de pensiones alimenticias y las consecuencias económicas, sociales y culturales que provienen de aquello son muy importantes y graves. En consecuencia, es obligación de los órganos colegisladores asumir que en la práctica existe un inconveniente real, por lo que es necesario dotar a los tribunales de instrumentos efectivos a la hora de perseguir coercitivamente el incumplimiento de una obligación no sólo legal, sino también moral.
También me parece muy positivo el hecho de haber refundido las mociones de parlamentarios de distintas bancadas para dar origen a este proyecto, así como haber enriquecido el debate realizado en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado con propuestas del Ejecutivo.
Lo bueno no es enemigo de lo perfecto, por lo que formularé una sola consideración que, quizás, podría ser resuelta con la intervención de la ministra del Sernam o de algún diputado, que se refiere a un inciso que ella consideró como importante. Desde el punto de vista del derecho, esa norma adolece de un inconveniente que sería bueno corregir en la Comisión Mixta, si fuese necesario y así lo considerara la Sala.
Me refiero al número 10) de las modificaciones del Senado, que se encuentra en la página doce del comparado, que modifica el artículo 18 de la ley que se pretende corregir y que agrega un nuevo inciso segundo, que expresa lo siguiente: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con…”. A continuación se especifica la pena que se aplicará. Debo reconocer que el inciso viene en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados.
Después de una revisión de ese texto, me parece que, a lo menos, falta una frase que debiera complementar esa redacción. Considero que debería decir: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas de…”. De lo contrario, se produciría una situación bastante compleja desde el punto de vista del derecho, ya que una persona podría colaborar con ese objetivo sin saberlo, y el tipo penal
porque lo es, de alguna manera, queda en blanco, en la medida en que no hay una mayor objetivización de la conducta punible.
Si se opta por no señalar casos específicos o una enumeración ejemplar, incluso taxativa, de lo que constituye el acto punible en este caso, la colaboración en el ocultamiento, a lo menos debe incorporarse una frase que indique, de manera precisa, un dolo directo: “El que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado a sabiendas…”. Incluso, si se quiere ser más laxo, se podría agregar la siguiente expresión: “…no pudiendo menos que saber…”, que es una especie de dolo eventual. Lamentablemente, no se encuentra presente en la Sala el colega Juan Bustos, que podría ratificar o, eventualmente, rectificar mi apreciación; estoy abierto a cualquiera posibilidad.
En resumen, me parece que existe un problema jurídico complejo que después podría motivar situaciones también complejas en la aplicación de esta norma, porque
insisto está demasiado en blanco. Insisto en que la colaboración debe ser ex profeso, precisa, a sabiendas de que se realiza un acto punible y reprochable, desde el punto de vista del derecho, para el ocultamiento, de tal suerte que no se sancione a una persona que, sin saberlo, realiza un acto de colaboración por un sentido de solidaridad.
Ésa es la única consideración que deseaba hacer. En el evento de que mi observación no fuera resuelta con las intervenciones posteriores, pido votación separada para la letra b) del numero 10) de las modificaciones, que se encuentra en la página doce del informe comparado.
Respecto del resto del articulado, felicito a las autoridades de Gobierno, a la señora ministra y, particularmente, a su ministerio por haber apurado, después de mucho tiempo, la tramitación de un proyecto que es indispensable para la buena aplicación del derecho.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, ésta es una oportunidad muy interesante para discutir un proyecto que afecta a miles de mujeres de nuestro país, más aun si consideramos que la audiencia que tenemos hoy está representada fundamentalmente por madres, abuelas y, en general, mujeres.
También quiero recordar que el haber logrado la materialización de este proyecto de ley se debe a un esfuerzo muy importante y transversal de la Comisión de Familia. Desde el 2001, esta Comisión en dos oportunidades se ha abocado a modificar la ley de pensión de alimentos.
En esa oportunidad, a la Comisión asistieron muchas mujeres que entregaron testimonios que nos conmovieron y nos llevaron a elaborar el proyecto que el Senado aprobó en el trámite correspondiente. Muchas disposiciones contenidas en las modificaciones del Senado pueden parecer muy drásticas. De hecho, disposiciones como la que establece, en determinados casos, la cancelación de la licencia de conducir fueron rechazadas por algunos diputados. Sin embargo, el drama de los testimonios recibidos y la lentitud con que se tramitaban las pensiones de alimentos nos hicieron elaborar este proyecto.
Esta iniciativa se originó mucho antes del inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet, con la participación de diputadas y diputados de todas las bancadas.
Según el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, el 98 por ciento de las personas que piden pensión de alimentos son mujeres.
Entre los cambios a la legislación que propusimos en una primera etapa, cabe considerar la ampliación de las medidas de apremio por incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. En ese sentido, se modificaron las sanciones y se otorgaron instrumentos a los jueces para realizar gestiones tendientes a ubicar el domicilio del demandado. Asimismo, se fijaron montos mínimos de pensiones, que antes eran de 2.000 pesos o de 2.500 pesos, y se hicieron más rápidos y expeditos los trámites para cobrarlos. Estos cambios fueron de gran ayuda. No obstante, haber conseguido que se decretara orden de arraigo para quienes no pagaban los alimentos o que se dispusiera que lo mínimo que debe pagarse por pensión de alimentos es el 40 por ciento del ingreso mínimo no fue suficiente, porque nos encontramos con la típica situación de que el demandado no puede ser ubicado. En ese sentido, el padre, que debe responder por los derechos de sus hijos de alimentarse y tener una vida normal, evade esta gran responsabilidad.
Entre los proyectos discutidos por segunda vez, cabe señalar uno muy controvertido, que establece la incorporación en el Boletín Comercial de los casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Se trata de una iniciativa presentada por la entonces diputada Pía Guzmán, en la cual también participaron los diputados Cornejo, el entonces diputado Jaime Orpis y quien habla.
Posteriormente, se presentó otra iniciativa que establece una pena por el incumplimiento malicioso del pago de pensiones alimenticias. El objeto de dicho proyecto, originado en moción de los diputados Norambuena, Forni, Moreira, Salaberry, Recondo, Ulloa, Uriarte y del entonces diputado Ibáñez, es sancionar a quienes no pagan la pensión alimenticia pudiendo hacerlo.
Otro proyecto presentado sobre esta materia es aquel que otorga competencias al juez que corresponde al nuevo domicilio del alimentario, para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensiones alimenticias a menores. Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Maximiano Errázuriz, que no tuvo eco en las modificaciones del Senado al proyecto en discusión.
Alrededor del 40 por ciento de las pensiones de alimentos no se paga. Es decir, de cada cien mujeres que demandan dicha pensión, cuarenta no obtienen un peso para su mantención y la de sus hijos. Ello constituye una desigualdad inaceptable.
Alrededor de 170 mil familias no han podido hacer efectivo el derecho de conseguir pensión de alimentos para sus hijos. El problema se agrava en los sectores más modestos, ya que más del 70 por ciento de las causas por este concepto se tramita a través de las corporaciones de asistencia judicial. La mayoría de las madres tampoco tiene apoyo jurídico ni laboral. En muchos casos no pueden trabajar fuera del hogar, lo que les impide percibir un ingreso para alimentar a sus hijos.
Diversas situaciones agudizan el problema en torno a las pensiones de alimentos. Por ejemplo, más del 50 por ciento de las madres que demandan pensión alimenticia tienen hijos nacidos fuera del matrimonio. A veces, los padres de esos menores no pueden ser ubicados. Por otra parte, no podemos negar que el colapso experimentado por los tribunales de familia ha sido realmente dramático.
De acuerdo con la ley vigente, los alimentos provisorios deben ser decretados por el juez en un plazo de diez días. Debido al colapso de los tribunales de familia, ha habido casos en que han transcurrido meses antes de que un juez decrete su entrega. De hecho, durante los cinco primeros días de funcionamiento de estos tribunales, esto es, entre el 1 y el 5 de octubre de 2005, ingresaron casi 9 mil causas por pensión de alimentos, lo que constituyó el 35 por ciento del total de causas tramitadas.
El Senado ha propuesto una serie de modificaciones que ya habíamos planteado en la Cámara de Diputados y que en algunos casos se perfeccionaron. La primera de ellas es muy interesante: establece que la demanda se notifique en cualquier parte. Antes debía ser hecha sólo en el domicilio del demandado. Incluso, dispone que se notifique por cualquier medio, como el teléfono o el correo electrónico, con independencia del lugar en que se encuentre el demandado. Ello agiliza los trámites en forma impresionante. Mientras la notificación no se cumpla, la demanda está en punto muerto. Por eso, algunos padres abandonan su residencia e, incluso, la ciudad, a fin de no cumplir con la obligación que se le impondrá.
El problema más grave que se presenta es dar con el paradero del demandado. En virtud de esta futura ley, el juez podrá decretar una orden amplia para que la fuerza pública investigue su paradero. Asimismo, en los casos en que el tribunal decrete un apremio, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado. En consecuencia, ya no existirá la excusa de que no se pudo ubicar al demandado.
Respecto de los alimentos provisorios, que resuelven el problema que sufre la madre cuando recién queda sola con sus hijos, esta futura ley obliga al juez a pronunciarse sobre dichos alimentos en el momento en que conoce de la demanda respectiva, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado estuvieron de acuerdo en considerar mecanismos para perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que no se pronuncie sobre los alimentos provisorios cuando corresponda. La nueva ley sobre tribunales de familia establece que dicho pronunciamiento debe efectuarse en cinco días. Antes, el juez disponía de diez días para esos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, no será muy fácil que esta disposición se lleve a la práctica si no se aprueban pronto las modificaciones a la composición de los tribunales de familia, en virtud de las cuales se aumenta el número de jueces y de funcionarios, lo que permitirá agilizar los trámites.
Otro problema que se ha originado en la tramitación de pensiones alimenticias es el de establecer los ingresos del alimentante. Para la acreditación de dichos ingresos, es el demandado quien debe generar los antecedentes, cambiando el peso de la prueba. Ello estaba considerado en la ley anterior. No obstante, este aspecto es el que con mayor frecuencia genera problemas para determinar el monto de la pensión alimenticia. Por eso, se ha propuesto sancionar a quien presente documentos con información falsa. Es muy común que un padre, previamente a ser demandado, traspase la propiedad de sus bienes a terceras personas. De ese modo, puede argumentar que no tiene ingresos para pagar la pensión alimenticia, aunque los tenga con creces. Conocimos el caso de una madre, cuyo esposo, siendo multimillonario, no le daba un peso para sus hijos.
Asimismo, el Senado estableció que se sancione al tercero que proporcione al demandado documentos falsos en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica. Ello es distinto a lo que planteó el diputado Burgos respecto de las penas para sancionar al tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para impedir su notificación.
Por último, quiero referirme a la propuesta de establecer apremios para los alimentantes morosos. La idea original era incorporarlos en el Boletín Comercial. El diputado Felipe Ward presentó un proyecto en ese sentido. Sin embargo, hemos rechazado esa iniciativa no porque no estemos de acuerdo, sino porque consideramos que dicha medida podría ser aplicable sólo al segmento socioeconómico alto. Incluir en el Boletín Comercial a padres de sectores más modestos no les permitiría conseguir un empleo, en circunstancias de que es necesario que tengan trabajo para que puedan pagar la pensión alimenticia. Por eso, hemos rechazado esa iniciativa. No nos hubiéramos opuesto si esa sanción se hubiera impuesto sólo a alimentarios morosos pertenecientes al nivel socioeconómico alto.
Me alegro de que este proyecto haya sido aprobado en el Senado por unanimidad. Lamento que su tramitación en la cámara alta haya demorado dos años. Espero que se convierta en ley lo antes posible, a fin de ayudar a miles de madres que simplemente exigen el derecho de sus hijos de alimentarse y tener una vida digna, después de que han sido abandonados por su padre.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, creo que ya se ha dicho lo más importante respecto de este proyecto. Por eso, sólo voy a puntualizar algunos aspectos que considero dignos de destacar.
Para ir de lo general a lo particular, este proyecto contribuye de manera muy significativa a hacer justicia social, porque entrega instrumentos para que se cumpla la ley, en particular, en lo que dice relación con la responsabilidad de los padres por el cuidado de los hijos. Es así como se establece con claridad que la protección y el cuidado de los hijos y los gastos en que deban incurrir para educarlos, alimentarlos, vestirlos, etcétera, debe ser compartida por ambos progenitores. De manera que, tal como lo decía el diputado Burgos, la iniciativa tiene una dimensión social y cultural muy significativa.
Algunos aspectos de la iniciativa que considero importante resaltar.
Primero, es muy importante establecer que la no fijación oportuna de los alimentos provisorios constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez. Es necesario establecer, de alguna forma, sanciones cuando el juez no cumple con una obligación tan importante, como es fijar la alimentación provisoria.
Segundo se han dado muchos ejemplos relacionados con las formas de incumplimiento, el tribunal deberá ordenar al demandado que entregue antecedentes sobre su capacidad económica y patrimonial, que es algo fundamental.
Tercero, se establece una sanción que, incluso, puede llegar a los tres años de prisión, cuando no se entreguen los documentos requeridos, cuando no se haga la declaración jurada o cuando esto es lo más grave se falsifiquen documentos, práctica muy común a la cual se recurre para falsear la situación económica del demandado. Muchas veces, se llega a un arreglo también se establece una sanción para este caso entre el padre y el empleador para rebajar el sueldo del primero, entregándosele el resto de sus ingresos por otra vía, precisamente, para falsear la información sobre su capacidad económica real y, por cierto, sobre sus posibilidades de pagar la pensión alimenticia.
Cuarto, se sanciona tal como lo dijo la diputada María Angélica Cristi, éste es un tema muy importante el ocultamiento de las fuentes de ingresos. Como ya lo dije, se sanciona al tercero que colabore en el ocultamiento no sólo de los ingresos del demandado, sino que de su paradero. En reiteradas ocasiones, hemos recibido denuncias y reclamos incluso, en mi oficina parlamentaria de madres que durante años han tratado de que el padre sea notificado, con la complicidad de terceras personas que ocultaban su paradero, por lo que no arriesgaban pena alguna. Si bien existía una ley, ésta no era eficaz porque no cumplía con el objetivo para el cual se había dictado. Por eso, es importante este proyecto de ley. Incluso, el tercero que oculte el paradero recibirá la sanción de reclusión nocturna hasta por 15 días. Asimismo, será sancionado el tercero en este caso, podría ser el empleador que proporcione antecedentes falsos.
Quinto, se establecen algunos mecanismos que permitirán hacer más efectiva la responsabilidad del padre de pagar la pensión alimenticia. Tenemos, por ejemplo, la retención de la devolución anual de impuestos a la renta de los montos insolutos de las pensiones, la suspensión de la licencia de conducir y lo relativo a la patria potestad.
Sexto, está lo relativo al rol de las policías. Antes no tenían herramientas para hacer exigible este compromiso. Ahora, podrán arrestar al deudor de la pensión alimenticia en cualquier lugar.
Séptimo, otro aspecto importante que aquí no se ha mencionado. Era habitual que la madre menor de edad demandara, pero mediante un representante; no podía hacerlo en forma directa. En la actualidad, hay muchas madres adolescentes: entre 1.200 y 1.300, de 14 años; 3 mil, de 15 años, y un porcentaje muy significativo de madres menores de 18 años. En virtud de este proyecto, podrán hacer la demanda en forma directa para obtener su pensión alimenticia.
Por último, considero muy significativo, como una forma de prevenir y, de alguna manera, como un mecanismo inhibitorio del ocultamiento del paradero y del falseamiento de datos, que el demandado esté obligado a informar periódicamente todo cambio de domicilio, de empleador o de lugar de trabajo.
Felicito a la ministra del Sernam y a todos los parlamentarios que participaron en la tramitación y discusión del proyecto, porque creo que apunta, precisamente como lo dije al comienzo de mi intervención, a que haya más justicia social y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, a que exista una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a que el cuidado de los hijos sea una responsabilidad compartida entre ambos progenitores, y no una tarea exclusiva de la mujer, como había estado asumido culturalmente en nuestro país durante siglos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda, comunico a la Sala que, aparte de ella, hay otros cuatros diputados inscritos.
Como el Orden del Día termina a las 13.20 horas, propongo que los cuatro diputados inscritos usen de la palabra por un máximo de cinco minutos, prorrogándolo para tales efectos por el tiempo que sea necesario.
Al finalizar el debate, hará uso de la palabra la ministra señora Laura Albornoz.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?
Acordado.
Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, ante todo, agradezco la presencia de las organizaciones de mujeres que han venido a apoyar este proyecto de ley.
Asimismo, felicito a nuestra ministra del Sernam, señora Laura Albornoz, y a los parlamentarios que hicieron posible esta iniciativa que estamos discutiendo en tercer trámite constitucional.
En este hemiciclo, mi preocupación siempre ha estado relacionada con la feminización de la pobreza, porque, sin duda, hoy día ésta tiene rostro de mujer. La ministra nos ha dicho que por cada dos partos que se producen en el país se presenta una demanda por pensión alimenticia. Creo que esto es de lo que debemos hacernos cargo como país; es la revisión que esperamos que se haga, no sólo por el Sernam, sino que a través de una política transversal de los distintos ministerios, de manera que podamos incorporar a la mujer a una vida plena, sobre todo, en el aspecto económico, a fin de poder terminar con este fenómeno social que hoy día nos está afectando.
En la actualidad, por realizar el mismo trabajo, una mujer gana 30 por ciento menos que un hombre, y ese porcentaje menos significa disminuir los recursos de la familia. Hoy día, el 40 por ciento de los niños y niñas nacen fuera del matrimonio, y la mujer debe criar y mantener a sus hijos en esa tremenda soledad.
La Cámara ha aprobado diversas mociones sobre esta materia, a fin de cooperar con las familias; pero, sin duda, este proyecto apunta a que la mujer, la familia, los niños, reciban este aporte justo y necesario que es la pensión alimenticia.
Entre las distintas situaciones que conocemos como diputados, si hay una complicada es que pasan meses y años después de que se presenta una demanda por pensión alimenticia antes de resolverse, lo que produce cansancio en la mujer que no recibe los alimentos provisorios.
Por eso, me alegro por los primeros artículos del proyecto, que tienen que ver con que el juez estará obligado a fijar los alimentos provisorios inmediatamente después de que se entreguen los antecedentes de la demanda. Eso es fundamental, porque hay madres que han esperado años para que los jueces fijen los alimentos provisorios para sus hijos.
En cuanto a la orden amplia de investigar el domicilio del demandado, quiero pedir a la ministra que ojalá se instruya a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile para que adopten una actitud distinta frente a los procesos, una actitud más proactiva, para ubicar al demandado, de manera que éste responda por su deuda con la familia. Sé de muchos casos donde al final, con la buena voluntad de Carabineros e Investigaciones, se encuentra al demandado, pero queremos que eso sea más institucionalizado y que, además, exista más personal encargado de investigar el paradero del alimentante y adoptar medidas para hacer efectivo los apremios.
Otra cosa que me alegra mucho es que no sea la mujer la que tenga que aportar antecedentes sobre los ingresos del padre de sus hijos. Esto es muy importante, porque mantiene la dignidad de la mujer en el proceso.
Espero que en esta búsqueda no exista engaño. Por eso, concuerdo con lo planteado por el diputado Burgos, en el sentido de acotar este proceso en términos de técnicas legislativas y precisar en mejor forma la pena para quienes incurren en el delito de ocultamiento.
Por eso, apoyamos el proyecto y desde la bancada de la Democracia Cristiana respaldamos a la ministra.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sin duda nuestra sociedad se enfrenta a grandes cambios en materia de organización familiar. Si revisamos las cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil, nos damos cuenta de que existe una caída fuerte en el número de matrimonios que se realizan cada año en Chile.
Fíjense que en 2000, se celebraron sesenta y siete mil quinientos matrimonios; en 2005, cincuenta cuatro mil, casi quince mil menos. Ese mismo año nacieron doscientos cuarenta y tres mil niños, cien mil de ellos fuera del matrimonio. Estas cifras demuestran que al haber disminuido los matrimonios y aumentado el número de niños nacidos fuera de este vínculo, aumentarán las causas judiciales tendientes a regular la relación de los padres con los hijos, a las cuales, por supuesto, debemos agregar los hijos de matrimonios fracasados.
El primer llamado que debiéramos hacer a los padres es a responsabilizarse por los hijos que traen el mundo; sin embargo, sabemos que no siempre hay una actitud responsable, y quizás en la mayoría de los casos sea necesaria la acción de la justicia para establecer las debidas responsabilidades y obligaciones de los padres para con sus hijos.
Por su intermedio, señor Presidente, señalo a la señora ministra que este proyecto, que hoy examinamos en su tercer trámite constitucional, debiera ser uno de los más importantes de su mandato. Es una mixtura de distintas mociones, presentadas por colegas de distintas bancadas que, en definitiva, constituyeron un nuevo texto legal que perfecciona la legislación actual.
Me parecen de gran importancia todas aquellas modificaciones relativas a la competencia de los tribunales en materia de pensiones, en especial aquellas que dan competencia al juez de familia del domicilio del alimentario, cuando se trata de modificar los montos y beneficios de las pensiones, de manera de facilitar la litigación al titular del derecho correspondiente.
Es meritorio también destacar los mecanismos propuestos para averiguar la situación económica del demandado y evitar actos y contratos fraudulentos para eludir la acción del demandante. Allí está bien claro lo relativo al embargo oficioso de devoluciones de impuesto por la Tesorería General de la República y la ampliación del concepto de encubridor del ocultamiento de bienes.
Hasta ahí estoy muy de acuerdo con el proyecto. Pero no me convence la disposición sobre apremio y arresto del demandado que acarrea una sanción penal al tercero que lo oculta. Eso me tiene un poco confundido, porque puede producirse una cadena en la búsqueda de culpables. No sólo hablamos de un tercero, sino de terceros, lo cual muchas veces deja de ser justo; pueden llamarse errores, pequeños ilícitos, pero no apremio para penarlo.
Por eso, es importante el proyecto, con la salvedad señalada respecto del inciso segundo, nuevo, del artículo 18, que dice: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días”. Estoy en contra de esa disposición, a menos que un jurista me convenza en otro sentido.
De todos modos, estamos contentos por esta iniciativa, que sanciona de una vez por todas situaciones permitidas en la legislación anterior. En consecuencia, la bancada del Partido por la Democracia, con mucha fuerza, le dará su aprobación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, estamos muy contentos por el proyecto que modifica las normas sobre el cobro de pensiones alimenticias, porque, más allá de sus normas específicas, discutidas profundamente durante largo tiempo, se hace cargo de una triste realidad de nuestro país: miles de niños y jóvenes que carecen de los medios para cubrir sus mínimas necesidades de desarrollo.
Una regla básica del soporte y de la convivencia de nuestra sociedad es que los primeros responsables de satisfacer las necesidades de nuestros menores sean, como es lógico, sus propios padres.
Lamentablemente, la realidad que hoy se manifiesta en los juzgados de menores por el no pago de pensiones alimenticias es dramática. Son miles los padres que no sólo no cumplen con el deber de cooperar con los gastos de sus hijos, sino que, además, se burlan de las resoluciones judiciales tendientes a su cumplimiento.
Este proyecto apunta a mejorar las posibilidades de miles de niños que aspiran a mejores horizontes en la importante etapa de desarrollo en que se encuentran.
Éste no es un tema de mujeres ni de hombres; sino de la familia. Se trata de niños y niñas de Chile que tienen necesidades a las que queremos responder.
Me gustaría destacar dos cosas en la iniciativa: una, que responde a los requerimientos que los tribunales venían mencionando durante mucho tiempo. Una de las anteriores falencias hoy está considerada en el proyecto y ellos estiman que desde el punto de vista práctico, es decir, de lo que ocurre día a día, por medio del proyecto se está dando una respuesta adecuada. Muchas veces se dice que las leyes no surten efecto y se convierten en letra muerta. Sin embargo, el proyecto en estudio viene a solucionar los problemas de mucha gente que en las corporaciones de asistencia judicial se encontraba con murallas y sin respuesta a sus demandas.
Otra modificación destacable dice relación con que la madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo nacido o que está por nacer. A mi juicio, la posibilidad de que la madre pida pensión para el hijo que está por nacer habla de la forma en que, como sociedad, se reconoce que los niños tienen derechos desde el momento de su gestación, tema que con seguridad se abordará en diferentes iniciativas que en el futuro serán conocidas por el Congreso Nacional. A este respecto, la consideración del niño que está por nacer como un ser con derecho a pensión alimenticia que puede ser exigible por su madre, constituye un tremendo avance que debiera enorgullecernos como país.
En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a aprobar las modificaciones del Senado
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, como bien mencionó la diputada señora Karla Rubilar, por supuesto estamos contentos de que el proyecto llegue a puerto, porque, con seguridad, significará una luz de esperanza para miles y miles de mujeres que han debido pasar por momentos muy amargos para lograr que sus hijos obtengan una pensión alimenticia.
Como se recordará, el proyecto inició su tramitación en 2000 y, con posterioridad, se refundió con otras iniciativas de diferentes parlamentarios.
A continuación, paso a referirme a las principales modificaciones introducidas por el Senado.
En primer lugar, se faculta a la madre, cualquiera sea su edad, para solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. En la actualidad, la madre menor de edad es considerada incapaz y, en consecuencia, no puede demandar alimentos sin el consentimiento de su representante legal.
En segundo lugar, se establece que el demandado deberá informar al tribunal de todo cambio de domicilio, de empleador y lugar de trabajo. En caso de no dar cumplimiento a dicha obligación, se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales.
La modificación en comento entrega una señal de dureza a quienes no cumplan, a los “pillines” de siempre que, mediante el cambio de trabajo o de domicilio, evaden la acción de la entrega de alimentos para sus hijos y para las madres de éstos. Por lo tanto, es muy positiva, por cuanto gran parte de los juicios de alimentos se dilatan ante la imposibilidad de notificar y de hallar al demandado o a su empleador, en caso de decretarse la retención del monto de la pensión alimenticia.
En tercer lugar, se modifica la norma relativa a la oportunidad para decretar los alimentos provisorios, estableciéndose la obligación de hacerlo en el momento en que el juez admita la demanda a tramitación. La modificación permite que los alimentarios reciban la pensión desde el inicio del proceso. Además, se establece que el juez que no dé cumplimiento a la fijación oportuna de la pensión provisoria incurrirá en falta o abuso.
En cuarto lugar, respecto de los nuevos apremios que considera el proyecto en caso de no pago de las pensiones, el Senado mantuvo la medida aprobada en el primer trámite constitucional, relativa a solicitar a la Tesorería General de la República la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponde percibir a deudores de pensiones alimenticias. Asimismo, el Senado decidió suspender la patria potestad como apremio, y agregó el de la suspensión de la licencia de conducir del alimentante por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período. Sin embargo, se establece la posibilidad de interrumpir dicho apremio en los casos en que la licencia sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante.
Sin duda, esas modificaciones contribuyen a garantizar el pago de las pensiones alimenticias decretadas por el tribunal y a mejorar la situación actual, en que, no obstante la existencia de apremios, subsiste un alto nivel de incumplimiento en el pago de dichas pensiones.
Por último, esta legislación responde a la existencia de una crisis en la familia. En efecto, no sería necesario legislar si en el país la familia estuviese fortalecida. Por lo tanto, quiero aprovechar la presencia de la ministra del Sernam para insistir en la necesidad de establecer, en forma paralela a todo lo que estamos haciendo, políticas públicas que fortalezcan la familia, de manera de defender a las personas más vulnerables que han debido esperar tanto tiempo para que esta legislación sea una realidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, el proyecto es fundamental para comenzar a resolver las carencias existentes en materia de pensiones alimenticias, en especial la falta de pago, y de esa forma colaborar con tantos niños y niñas que sufren en carne propia esta situación.
En el proyecto se establece el principio de la inmediatez de los alimentos provisorios, en el sentido de que éstos pueden ser decretados una vez presentada la demanda en tribunales. Esa modificación es tremendamente importante para no dilatar la dictación de dicha medida. Además, se establece la posibilidad de perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez que omita dicho pronunciamiento.
Otra modificación de enorme importancia, una vez que el proyecto sea ley de la República, dice relación con que el juez ordenará que el demandado acompañe todos los antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y su capacidad económica. En consecuencia, no será necesario que la madre o demandante tenga que acopiar y presentar ante el tribunal liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, contratos y demás documentos que justifiquen la capacidad económica del demandado.
Asimismo, es relevante la sanción, mediante tipos penales claros y precisos, para los profesionales en materia de ocultamiento de información, a fin de obstruir el conocimiento por parte de los tribunales de los ingresos que percibe quien tiene la obligación de proveer alimentos. En esta misma línea, es importante destacar que la sanción a quienes incurran en dichas prácticas se llevará a efecto dentro del mismo procedimiento, lo que permitirá enviar una señal potente a quienes pretendan crear defensas perfectas a fin de ocultar los bienes del alimentante.
Asimismo, el tercero que proporcione al demandado maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, será sancionado con las penas del artículo 207 del Código Penal.
A mi juicio, dicha disposición es tremendamente importante para consagrar de una vez por todas en nuestra legislación la transparencia y la obligación de acudir con los alimentos que pueden satisfacerse, y no incurrir en ocultamientos o búsqueda de subterfugios.
Por otro lado, se consagran nuevos apremios a los deudores, como la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Al respecto, es necesario integrar los diferentes sistemas de información que sirven para establecer la correspondiente devolución de impuestos, de manera que quienes deban alimentos, los paguen.
En la Cámara, se originó una discusión respecto de la sanción por el ocultamiento del demandado para impedir su notificación. En ese sentido, quiero aclarar lo importante que es sancionar esa conducta con el objeto de impedir la notificación. De esta forma, la conducta sancionada es aquella que busca obstruir la justicia directamente a través de una forma específica. Creo que es importante dejar establecido eso para la historia fidedigna de la ley y para consagrar que, de ahora en adelante, no tendremos el alto índice de imposibilidad de notificar.
Además, quiero destacar otro tipo de sanciones que van aparejadas para hacer más fácil y expedita la notificación. Primero, se sanciona con multas la no información del cambio de domicilio de la persona obligada a dar alimentos y de su empleador. Esto es tremendamente importante para encontrar a la persona que tiene que demandarse.
Por último, un tema no menor es la sanción del empleador que no retenga los alimentos.
Por eso, la bancada socialista va votar a favor de las modificaciones porque creemos que con ellas se avanza sustancialmente en la protección a los niños y niñas de nuestro país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, la aprobación de las modificaciones del Senado va a constituir una muy buena noticia para los niños y niñas y para las mujeres de Chile, la mayoría de las cuales está al cuidado de ellos.
Además de lo anterior, existe un punto de vista ético. El hecho de que en Chile el 12 por ciento de los niños que nacen cada año no esté reconocido por sus padres, es un gran pecado social, así como también que sus padres no contribuyan a la mantención de sus hijos.
El proyecto, precisamente, apunta a la defensa de los derechos de los niños y niñas de nuestro país. Sus padres tendrán la obligación ética y moral de hacerse cargo de ellos y de ellas.
Quiero destacar que en la Comisión de Familia de la Cámara, hace algunos años, logramos unas modificaciones a la ley que se suman al trabajo que se hizo ahora, absolutamente transversal y en equipo, lo que habla muy bien de los diputados y diputadas que la integramos.
Las medidas que se proponen, y que el Servicio Nacional de la Mujer ha acogido con mucha fuerza, ya las han destacado los colegas. Indudablemente, van a ayudar a que se paguen las pensiones alimenticias. Conocemos casos dramáticos, como el de la señora Adriana Pando, que públicamente lo ha expuesto, cuyo marido tiene una gran fortuna, pero ha evadido durante años la obligación de darles pensión a sus hijos.
Creo que cada uno de nosotros, diputados y diputadas, conocemos muchos casos, que realmente no tienen nombre, de la sinvergüenzura de eludir esa obligación y de dar una batalla legal con las madres para no alimentar a sus hijos.
Ahora, si hay ocultamiento, nada bueno hay detrás de él. Al respecto, debo decirle al diputado Burgos que esto debe quedar como está, ya que si se ocultó algo, es porque se está haciendo algo que no es correcto. Por eso el ocultamiento debe ser sancionado.
Por último, quiero destacar que estoy muy contenta en relación con la propuesta de la Comisión de Familia de suspender la licencia de conducir. Me acuerdo que cuando la planteamos en la Cámara, el ex diputado Pablo Longueira abrió los fuegos contra esa medida. Me alegro que haya cambiado de opinión y la haya aprobado en el Senado, porque esta sanción realmente va a doler, ya que muchos de los padres que no pagan la pensión alimenticia tienen dinero para la bencina de sus autos, pero no para alimentar a sus hijos. Me alegro que el Senado haya aprobado esta medida, ya que en la Cámara no la pudimos aprobar. Por el contrario, se produjo un gran escándalo.
Por otro lado, me alegro que en el Senado, junto con el Servicio Nacional de la Mujer, se haya perfeccionado el proyecto para que realmente sea una ley ejemplar.
Modificados los tribunales de familia con las mediaciones, esperamos que se borre el pecado social de que los padres y madres, que son responsables de traer sus hijos al mundo, también cumplan con alimentarlos, con cuidarlos, con tener ligazón de afecto con ellos.
Desde la Cámara, he contribuido para que ningún niño o niña del país quede sin protección, sin pensión alimenticia, sin cuidado de sus padres.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la de la siguiente manera:
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a las señoras y señores diputados que los números 1, 8, sus letras a,), b) y c), y el número 9 del artículo 1° y el artículo 2° requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, del voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio.
Corresponde votar las modificaciones del Senado, con excepción de la letra b) del número 10 del artículo 1°, cuya votación separada se pidió.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
- Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la letra b) del número 10 del artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
La Mesa tiene dudas. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a repetir la votación, porque el sistema electrónico no funcionó.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado y despachado el proyecto.
-Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Duarte Leiva Gonzalo; Fuentealba Vildósola Renán; Jaramillo Becker Enrique; Silber Romo Gabriel; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvo el diputado señor Vallespín López Patricio.
El señor LEAL (Presidente).-
Agradecemos la presencia de la ministra del Sernam, señora Laura Albornoz.