Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- Roberto Leon Ramirez
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO FRUSTRADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Raul Sunico Galdames
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Amelia Herrera Silva
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Delmastro Naso
- Gonzalo Duarte Leiva
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Eduardo Saffirio Suarez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INDICACIÓN
- PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO FRUSTRADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- V. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE COMUNA DE PUERTO DOMÍNGUEZ EN LA NOVENA REGIÓN. (Votación).
- DEBATE
- ENVÍO DE PROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY N°19.568, SOBRE RESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS Y ADQUIRIDOS POR EL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Eugenio Tuma Zedan
- Ramon Farias Ponce
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS PARA ACCEDER A DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DE SU SITIO WEB.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Enrique Estay Penaloza
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Patricio Vallespin Lopez
- Enrique Jaramillo Becker
- Laura Soto Gonzalez
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Carolina Goic Boroevic
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE COMUNA DE PUERTO DOMÍNGUEZ EN LA NOVENA REGIÓN. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RECONOCIMIENTO PREVISIONAL A TRABAJADORES DEL PLAN DE EMPLEO MÍNIMO Y DEL PROGRAMA OCUPACIONAL PARA JEFES DE HOGAR.
- CREACIÓN DE FONDO DEPORTIVO COMUNAL Oficio.
- INFORMACIÓN ACERCA DE PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASADA EN COMUNAS DE PANQUIPULLI Y DE RÍO BUENO. Oficios.
- AMPLIACIÓN DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN COMUNAS CARENTES DE ENTIDADES DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL (EGIS). Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- APRECIACIONES SOBRE DERECHO A USAR DE LA PALABRA EN INCIDENTES.
- APOYO A CONSTRUCCIÓN DE PEAJE A LA ENTRADA DEL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO CON PROFESORES. Oficios.
- CONCIERTO DE GRUPO INTI ILLIMANI EN VOLCÁN OSORNO.
- FISCALIZACIÓN DE LOCALES DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CALAMA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE RADICACIÓN DE HABITANTES DE CALETA COBIJA, EN TOCOPILLA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Robles Pantoja
- Enrique Accorsi Opazo
- Marcos Espinosa Monardes
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Delmastro Naso
- German Becker Alvear
- Ramon Farias Ponce
- Pablo Galilea Carrillo
- Jose Garcia Ruminot
- Guido Girardi Lavin
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Alfonso Vargas Lyng
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Amelia Herrera Silva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Pablo Galilea Carrillo
- Juan Lobos Krause
- Cristian Monckeberg Bruner
- Osvaldo Palma Flores
- German Verdugo Soto
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Juan Lobos Krause
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Osvaldo Palma Flores
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Marcelo Diaz Diaz
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Fernando Meza Moncada
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Pablo Lorenzini Basso
- Gabriel Silber Romo
- Samuel Venegas Rubio
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO FRUSTRADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 92ª, en jueves 2 de noviembre de 2006
(Ordinaria, de 10.37 a 14.01 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Pérez Arriagada, don José, y Burgos Varela, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Archivo de proyecto11
Envío de proyecto a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia11
V.Orden del Día.
Penalización del hurto falta en grado frustrado. Proposición de la Comisión Mixta12
Privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Primer trámite constitucional13
Sustitución del artículo 443 del Código Penal. Primer trámite constitucional18
VI.Proyectos de acuerdo.
Creación de comuna de Puerto Domínguez en la Novena Región. (Votación)42
Envío de proyecto para modificar la ley N° 19.568, sobre restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado43
Medidas para acceder a dictámenes de la Contraloría General de la República a través de su sitio web45
VII.Incidentes.
Reconocimiento previsional a trabajadores del Plan de Empleo Mínimo y del Programa Ocupacional para Jefes de Hogar. Oficio48
Creación de fondo deportivo comunal. Oficio49
Información acerca de proyectos de centrales hidroeléctricas de pasada en comunas de Panquipulli y de Río bueno. Oficios50
Ampliación de Fondo Solidario de Vivienda en comunas carentes de entidades de gestión inmobiliaria social (Egis). Oficios50
Apreciaciones sobre derecho a usar de la palabra en Incidentes52
Apoyo a construcción de peaje a la entrada del aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. Oficio54
Información sobre pago de deuda histórica del Estado con profesores. Oficios54
Concierto de grupo Inti Illimani en volcán Osorno. Oficios55
Fiscalización de locales que expenden bebidas alcohólicas en Calama. Oficios56
Antecedentes sobre radicación de habitantes de caleta Cobija, en Tocopilla. Oficios56
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos con urgencia “suma”:
1.Autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial. (boletín N° 410405)57
2.Suspende la sustitución de embarcaciones pesqueras artesanales (boletín
N° 422921)57
3.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que complementa la ley N° 19.950, estableciendo pena en caso de hurto falta en grado de frustrado. (boletines N° 386707 y 393107, refundidos)58
4.Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 36 de la ley N° 18.290, de tránsito, en la forma que indica. (boletín
N° 382315)64
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Robles, Accorsi, Espinosa, don Marcos; Meza, Jarpa, Sule y Venegas, don Samuel, que establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. (boletín N° 464024)72
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Delmastro, Becker, Farías, Galilea, García, Girardi, Jiménez, Vargas, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Herrera, doña Amelia, que modifica el Código Procesal Penal estableciendo diligencias prioritarias para la investigación de desaparecimiento de personas. (boletín N° 464107)74
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, donRoberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Galilea, Lobos, Monckeberg, don Cristián; Palma, Verdugo, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con el objeto de precisar obligación de denunciar ante el Ministerio Público. (boletín
N° 464206)76
8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, donRoberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Lobos, Monckeberg, don Cristián, Monckeberg, don Nicolás; Palma, Rojas y Verdugo, que modifica el Código penal con el objeto de tipificar como delito funcionario la falsedad de informe por parte de los funcionarios públicos. (boletín N° 464307)77
9.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, donRoberto, Chahuán, Álvarez-Salamanca, Becker, Bertolino, Galilea, García, Palma y Verdugo, que modifica la ley N° 18.046, con el objeto de aumentar el mínimo a repartir por las Sociedades Anónimas, de las utilidades líquidas de cada ejercicio. (boletín N° 464403)78
10.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Montes, Díaz, don Marcelo; Encina, Meza, Jiménez, Lorenzini, Silber, Venegas, don Samuel, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana, que establece prohibición para operadores de casinos de juegos de contribuir al financiamiento de campañas políticas. (boletín N° 464506)79
Pág.
11.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sabag, Araya, Díaz del Río, Mulet, Núñez, Ojeda, Olivares, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, diminuyendo índice de alcohol en la sangre para efectos de determinar el estado de ebriedad de los conductores. (boletín N° 464615)80
12.Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca del proyecto que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y mas efectiva persecución criminal (boletín N° 377818)83
13.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de los recursos de inaplicabilidad, su admisibilidad y de la resolución que ordena dar traslado de los Roles N° 5882006 y 5892006 referidos a inaplicabilidad respecto del artículo 96 del Código de Minería. (Oficio N° 354)87
14.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de los recursos de inaplicabilidad, su admisibilidad y de la resolución que ordena dar traslado de los Roles N° 5882006 y 5892006 referidos a inaplicabilidad respecto del artículo 96 del Código de Minería90
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones.
Del diputado señor León por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto de “reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 60, impidiendo la realización de lobby a favor de empresas extranjeras” (boletín N° 4621-07).
2.Oficios.
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para remitir al archivo, previo acuerdo del Senado, el proyecto que “sanciona al que funda o transforme metales sin justificar su procedencia y adquisición”, por cuanto se trata de una materia comprendida en el Boletín N° 432107, que se encuentra en segundo trámite en el Senado (boletín 438007).
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que le sea remitido, por una semana, el proyecto refundido que “interpreta el artículo 93 del Código penal en materia de prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el Derecho Internacional, e interpreta y adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, por ser materias de su competencia (boletines N°s 395907 y 334507).
Ministerio de Salud:
Diputado García-Huidobro, construcción de un nuevo hospital en Rancagua que permita atender la derivación del resto de los hospitales de la Región.
Diputado Bertolino, cantidad de camas habilitadas en Hospital de Vicuña.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre medidas para mitigar congestión vehicular en el AlamedaJotabeche.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Proyecto de Acuerdo N° 169, solicita en el Presupuesto de la Nación para 2007, se aumente la partida para el Fondo Nacional del Adulto Mayor.
Banco Central de Chile:
Proyecto de Acuerdo N° 204E, solicita la aplicación de salvaguardias a la importación de leche.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende Denise
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Ward Edwards, Felipe
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 87ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 88ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García para referirse a la Cuenta.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente, el punto 11 de la Cuenta señala: “Proyecto iniciado en moción de los Diputados señores Montes ; Díaz, don Marcelo ; Encina ; Meza ; Jiménez ; Lorenzini ; Silber ; Venegas, don Samuel , y de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz , doña Adriana , que establece prohibición para operadores de casinos de juegos de contribuir al financiamiento de campañas políticas.”
Al respecto, quiero aclarar si el epígrafe es correcto o no, ya que a lo mejor debió señalar que también las instituciones públicas, como el Fosis, Chiledeportes , etcétera, tienen prohibición de contribuir al financiamiento de campañas políticas. Es decir, podríamos aprovechar de agregar a esos organismos, con el fin de que esta materia sea mucho más transparente.
El señor LEAL (Presidente).-
Es un proyecto presentado por esos señores diputados, el que será discutido cuando corresponda, momento en el cual podrá hacer las indicaciones que estime convenientes y aportar toda su sabiduría.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Muchas gracias, señor Presidente, por aclarar mi duda.
ARCHIVO DE PROYECTO
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para archivar, previo acuerdo del Senado, el proyecto que “sanciona al que funda o transforme metales sin justificar su procedencia de adquisición”, por cuanto se trata de una materia comprendida en el boletín N° 432107, que refuerza las atribuciones de las policías, que se encuentra en segundo trámite en el Senado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de que le sea remitido por una semana el proyecto refundido que “interpreta el artículo 93 del Código Penal en materia de prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el derecho internacional e interpreta y adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, recientemente informado por la Comisión de Derechos Humanos, por tratar de materias de su competencia.
Propongo que la Comisión de Derechos Humanos analice las indicaciones, las vote y, posteriormente, envíe el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO FRUSTRADO. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre la aprobación de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que sancionan como delito el hurto hormiga, cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletines N°s 3867-07 y 3931-07. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos , quien explicará a la Sala lo que acordó la Comisión Mixta.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en verdad, no fui miembro de esa Comisión Mixta, pero me atrevo a intervenir, porque se trata de un proyecto bastante importante, que estuvo en discusión en la Comisión técnica durante mucho tiempo. Todos entienden que es una iniciativa necesaria para la labor de los fiscales. Se trata de un delito bastante común contra la propiedad, que ocurre en las tiendas, supermercados, etcétera.
En el informe de la Comisión Mixta, acordado por unanimidad, se señala que el punto en discusión era uno: la intención de tipificar como conducta punible la acción en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, como delito ejecutado, consumado, frustrado o tentativo.
Después de una larga discusión, se acordó establecer como la acción ilícita tipificada en esta ley el acto cuando está en grado de consumación o de frustración, pero no de tentativa. Se estimó por unanimidad que tipificar la tentativa como figura punible iba a crear una situación de bastante complejidad probatoria, debido a las características en que se realiza ese tipo de delito contra la propiedad, que normalmente es un hurto agravado sin violencia. En consecuencia, se sigue la regla general del Código Penal, que sólo excepcionalmente castiga la tentativa.
Me permito recomendar modestamente la aprobación del informe de la Comisión Mixta.
He dicho
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley que sanciona como delito el hurto hormiga, cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto aprobatorio del acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado el 23 de mayo de 1997, en Nueva York, por los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Carlos Abel Jarpa y Raúl Súnico , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4284-10, sesión 43ª, en 4 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primeros informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, sesión 88ª, en 18 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 10 y 11, respectivamente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptado el 23 de mayo de 1997, en Nueva York.
Ese tribunal tiene su sede en la ciudad de Hamburgo, República Federal de Alemania, sin perjuicio de que puede reunirse en cualquier lugar que estime conveniente, para los efectos de zanjar las controversias que se pudieran producir entre los Estados partes sobre la interpretación del derecho del mar.
Dicho tribunal está integrado por veintiún miembros, que son independientes, es decir, no pertenecen a ningún gobierno; representativos de los principales sistemas jurídicos del mundo, nominados conforme al principio de la distribución geográfica equitativa y elegidos entre las personas que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad, integridad y, sobre todo, por su reconocida competencia en derecho del mar.
Actualmente tiene cinco miembros de Asia, cuatro de América Latina y El Caribe, cuatro de Europa occidental y de otros estados, cinco de África, y tres de Europa oriental.
Quiero recordar a la Sala que en una controversia suscitada entre nuestro país y la Unión Europea con respecto a la explotación del pez espada, Chile recurrió al Tribunal Internacional manifestando su preocupación por el hecho de que aquella no estaría cumpliendo los principios sobre la conservación de esa especie, que es altamente migratoria.
Por su parte, la Unión Europea reclamó, a través del Gatt, ante la Organización Mundial de Comercio porque no se le deja utilizar los puertos chilenos. Por ello, se produjo una controversia paralela, por lo cual Chile y la Unión Europea acordaron solucionarla a través de una conversación consensuada.
El tratado fue aprobado el 23 de mayo de 1997 y está vigente desde el 30 de diciembre de 2001, cuando se recibió la ratificación del décimo país integrante del Tribunal.
Han ratificado este Convenio Arabia Saudita, Australia , Austria , Camerún , Croacia , República Checa , Eslovaquia , España , Kuwait , Líbano , Países Bajos y Noruega .
El tratado busca establecer los privilegios de los integrantes del Tribunal de acuerdo con los privilegios e inmunidades de que gozan los representantes de los organismos internacionales e intergubernamentales, tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a la cual está suscrito nuestro país.
Las inmunidades que consagra el tratado, como la inviolabilidad de los lugares en que se desempeña el Tribunal, permiten enarbolar su pabellón y exhibir su emblema en los vehículos oficiales. Además, hay inmunidades para los bienes del Tribunal.
Los beneficios que tienen los integrantes del Tribunal Internacional, sus funcionarios, consejeros, abogados y testigos no son personales, sino para que puedan ejercer sus funciones en forma eficiente e imparcial.
El mensaje establece que además hay facilitación para las comunicaciones, como también exenciones tributarias y arancelarias para los funcionarios del Tribunal, y deja claramente establecido que no son en beneficio propio, sino para desempeñar bien su labor, sobre todo en lo relativo a la Convención de los Derechos del Mar. Sin perjuicio de ello, también queda claramente establecido que los integrantes del Tribunal deben respetar las leyes de los estados partes y que es deber del Tribunal velar por que sus funcionarios cumplan las leyes y reglamentos de los países en que desempeñan su labor.
Reitero y creo que es la esencia del tratado, este instrumento legal permite al Tribunal tener la capacidad y la personalidad jurídica para tratar asuntos de derecho en los países partes.
Además, se establece claramente la solución de controversias que se produzcan en el ejercicio de los privilegios diplomáticos.
La Comisión escuchó al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso , quien recalcó lo que señala el tratado, en el sentido de que se busca que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, según lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pueda ejercer su labor respecto del uso y protección de los derechos del mar.
Después de haber escuchado al embajador señor Claudio Troncoso , la Comisión, bajo la presidencia del diputado señor Jorge Tarud , aprobó por unanimidad el artículo único del proyecto.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores solicita a la Sala la aprobación de la iniciativa en debate.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Súnico , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SÚNICO.-
Señor Presidente, en relación con las materias de competencia de la Comisión de Hacienda respecto del Acuerdo sobe los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, podemos señalar las siguientes disposiciones:
En el artículo 9 se establecen las exenciones tributarias que benefician al Tribunal, sus haberes, ingresos, bienes y otras operaciones y transacciones, entendiéndose que aquél no podrá invocar exención alguna por concepto de tasas que constituyan la remuneración de servicios públicos prestados. Igualmente, lo exime del pago de todo derecho de aduana.
En el artículo 10 se regula el reembolso de derechos o impuestos cuando se trate de compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados al uso oficial.
En el artículo 11 se libera del pago de toda clase de impuestos a los sueldos, emolumentos y prestaciones que perciban los miembros y demás funcionarios del Tribunal. En su párrafo 2 se alude al caso de los períodos de permanencia de miembros o funcionarios del Tribunal en el Estado en que desempeñan sus funciones y, al respecto, se prescribe que aquellos no serán considerados como períodos de residencia para los efectos de un impuesto que dependa de la residencia, si dichos miembros o funcionarios gozan de privilegios, inmunidades y facilidades diplomáticas.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de junio de 2006, señala que el Acuerdo no irroga gasto fiscal por cuanto implica exención de impuestos al Tribunal, cuyos miembros ya gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas en el ejercicio de las funciones del cargo, de acuerdo con el artículo 10 del Estatuto del Tribunal. En relación con los funcionarios y quienes intervengan en sus actuaciones, sólo implicará exención de impuestos en la medida en que sea necesaria la constitución del Tribunal en Chile por un tiempo considerable.
En el debate de la Comisión intervino el señor Claudio Troncoso , director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien resumió los alcances del Acuerdo internacional y confirmó la poca probable aplicación del Convenio en Chile dado que la sede del Tribunal ha sido fijada en la ciudad de Hamburgo, República Federal de Alemania, no obstante el carácter vinculante que tiene el instrumento internacional con todos los Estados Parte.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes del referido Estatuto. Asimismo, el artículo único del proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión técnica fue sometido a votación y fue aprobado por la unanimidad de sus miembros.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, el proyecto tiene por objeto otorgar personalidad jurídica al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, así como a sus miembros y bienes de que consta.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar creó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el cual estará encargado de conocer las controversias que surjan entre los Estados Parte respecto de la aplicación e interpretación de la Convención.
El Tribunal está formado por 21 miembros, independientes y representativos de los principales sistemas jurídicos del mundo. Son nominados conforme al principio de la distribución geográfica equitativa y elegidos entre las personas que gocen de la más amplia reputación, imparcialidad, integridad y reconocida competencia en materias relativas al derecho del mar.
El artículo 10 del Estatuto del Tribunal establece que sus miembros gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas, los que en doctrina se entienden otorgados para garantizar la independencia de los integrantes del Tribunal en el ejercicio de sus funciones oficiales.
El tenor de tales privilegios e inmunidades se encuentra señalado en el número 1 del artículo 11 del Estatuto, cuyo alcance está establecido en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, desde el año 1969, de la cual Chile es Estado parte.
El protocolo en cuestión viene a complementar todo lo relativo a las inmunidades que garantizan la independencia de los miembros del Tribunal; asimismo, a regular las normas relativas a los bienes de dichos órganos, así como las disposiciones relativas a las vías que se otorgarán a sus integrantes.
Dicho Tribunal constituye un órgano de vital importancia para Chile, ya que por ser un país costero se ve enfrentado a numerosas presiones por parte de la comunidad internacional en lo que se refiere específicamente a las normas de conservación que rigen en el país. Por ello, debe mantener una cooperación activa hacia dicho Tribunal, y el Acuerdo en cuestión constituye un gran elemento para que ello se produzca.
En virtud de lo anterior, la Unión Demócrata Independiente se va a sumar con su voto favorable a este proyecto de acuerdo internacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, quiero reafirmar lo señalado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Este Convenio se enmarca dentro de lo que es habitual en las relaciones del Estado de Chile con los organismos internacionales, en virtud de los cuales se otorga a los funcionarios y miembros del Tribunal Internacional del Derecho del Mar inmunidades y privilegios para actuar con independencia de los Estados parte de dicha Organización en acciones que dicen relación con las competencias y atribuciones que dicho Tribunal tiene.
Chile es un país relativamente pequeño, con una muy baja población, debido a lo cual su peso internacional precisamente se materializa en el ámbito multilateral. Como país con amplias costas en el Pacífico, ha sido iniciador de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y ha establecido doctrina en el campo internacional respecto del uso y jurisdicción de aguas más allá de las doce millas que el derecho internacional reconoce a los países ribereños de mar.
De manera tal que la acción de dicho Tribunal en el campo internacional el día de mañana va a permitir a Chile resolver con confianza los problemas que se susciten en el uso de sus aguas jurisdiccionales cuando éstas son pretendidas o reclamadas por otros Estados parte del Tribunal o de la Convención del Mar.
De manera tal que creo importante que nuestro país ratifique estas inmunidades y privilegios a los miembros del Tribunal, a fin de que puedan hacer su labor libre de toda presión y compromiso que pudiere derivarse de la acción de los Estados.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado el 23 de mayo de 1997, en Nueva York, por los Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauce y modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg .
Antecedentes:
-Moción, boletines N°s 4266-07 y 4267-07, sesión 42ª, en 22 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 5 y 6, respectivamente.
-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 91ª, en 31 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Araya , quien en esta oportunidad rendirá el informe.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, los proyectos de la referencia, originados el primero en una moción de las diputadas señoras Amelia Herrera Silva y Marta Isasi Barbieri y de los diputados señores Germán Becker Alvear , Mario Bertolino Rendic , Roberto Delmastro Naso , Pablo Galilea Carrillo, René Manuel García García , Nicolás Monckeberg Díaz y Alfonso Vargas Lyng , y el segundo en una moción de las diputadas señoras Marta Isasi Barbieri y Karla Rubilar Barahona y de los diputados señores Mario Bertolino Rendic , Pablo Galilea Carrillo, René Manuel García García , Nicolás Monckeberg Díaz , Gonzalo Uriarte Herrera , Ignacio Urrutia Bonilla , Alfonso Vargas Lyng y Germán Verdugo Soto .
Durante el análisis de estas mociones, la Comisión contó con la colaboración de las señoras Paulina Veloso , ministra secretaria general de la Presidencia, y María Ester Torres , abogada asesora del Ministerio de Justicia.
En atención a la similitud de ambas mociones, la Comisión acordó tratarlas en conjunto, con el objeto de refundirlas en un solo texto, que hoy se somete a la consideración de la Sala.
Ideas matrices o fundamentales.
Las ideas matrices de ambos proyectos se orientan, fundamentalmente, a reprimir el incremento del hurto o robo de tapas de alcantarillas o de desagües, cables o alambres de tendido eléctrico y, en general, de elementos constitutivos de redes de suministros de servicios públicos, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, alcantarillado o cualquier otro.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1° Que el artículo único del proyecto no tiene rango de ley orgánica constitucional o que requiera aprobarse con quórum calificado;
2° Que dicho artículo único no es de la competencia de la Comisión de Hacienda;
3° Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los asistentes a la Comisión: diputada señora Laura Soto y diputados Burgos , Cardemil , Eluchans , Monckeberg Díaz , Walker y quien habla, y
4° Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados.
Objetivos.
En primer lugar, la iniciativa contenida en el boletín N° 426607 apunta a introducir dos modificaciones al Código Penal, con el objeto de reprimir la sustracción de los elementos que se indican:
1°Tipificar como delito autónomo el robo de tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvia, y
2°Sancionar más duramente la receptación de alambres de tendido eléctrico, cables de servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones, televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles, tapas de alcantarillado, de cauces o desagües de aguas lluvia.
Antecedentes.
Los autores de la moción fundamentan su iniciativa, haciendo presente que el Código Penal no sanciona como delito específico el robo de tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvia, no obstante que este tipo de sustracción ha aumentado considerablemente y que la falta de estos elementos trae como consecuencia la desprotección de cauces y alcantarillas, con el consiguiente peligro de caída para las personas, lo que, incluso, ha causado la muerte de algunas de ellas.
Agregan que el artículo 443 del Código Penal sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo de 541 días a 5 años la apropiación de alambres de tendido eléctrico, cables de servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones o de televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de ferrocarriles, elementos que, en razón del elevado precio que ha alcanzado el cobre, han sido objeto de constantes y crecientes sustracciones, ocasionando grandes pérdidas a las empresas y serios problemas de abastecimiento eléctrico y telefónico.
A su vez, el artículo 456 bis A sanciona el delito de receptación, castigando al que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, o las compre, venda o comercialice en cualquier forma. Respecto de esta norma, hacen presente que quien promueve o incentiva la comisión de robos de tapas de desagüe o de alcantarillado y de cables y alambres son, precisamente, los receptadores, ya que ellos dan la seguridad al delincuente de obtener el provecho económico que buscan con sus latrocinios.
En razón de lo anterior, proponen tipificar el delito de robo de tapas de alcantarillado o de desagües, sancionándolo con la misma pena aplicable al robo de cables y alambres, pena que, igualmente, se aplicaría a los receptadores de estas especies.
En segundo lugar, el proyecto contenido en el boletín N° 426707 tiene por finalidad mejorar el control y la fiscalización del robo y receptación de alambres de tendido eléctrico, cables de los servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones o de televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles.
Con tal propósito introduce en el Código Penal las siguientes modificaciones:
1°Precisa que las especies objeto de los delitos mencionados pueden ser de propiedad pública o privada;
2°Sanciona como delito autónomo el transporte de las citadas especies;
3°Sanciona estos delitos como consumados, desde que se encuentren en grado de tentativa;
4°Permite el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados en la comisión de estos delitos y dispone la clausura definitiva del establecimiento de comercio en que se almacenaren, ocultaren o transformaren las especies sustraídas, y
5°Tipifica como nuevo delito el causar, maliciosamente, daño, destrucción o avería en instalaciones de servicios básicos de suministro de electricidad, gas, agua potable, alcantarillado o telefonía, y siempre que, como consecuencia de ello, se suspendiere el respectivo servicio.
Antecedentes.
Los patrocinantes de la moción hacen presente que en la actualidad se ha incrementado significativamente el robo y la receptación de metales, especialmente de cobre, todo ello motivado por el alto precio internacional alcanzado por algunos metales y facilitado por la baja sanción asignada a tales delitos, la escasa investigación y la falta de mecanismos suficientes para su prevención.
Por lo anterior, creen necesario replantear la situación jurídica penal de dichos ilícitos, proponiendo dentro del mismo marco normativo vigente modificaciones que permitan un efectivo y adecuado control de estos hechos y la correspondiente sanción a los responsables, la mayoría de los cuales, en la actualidad, no son procesados o, en el caso de recibir una condena, muy pocos las cumplen en forma efectiva.
Agregan que las normas que sancionan estos ilícitos, en el caso de robo de cables, consideran una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, y en el de receptación, presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales, sanción que en caso de reincidencia o reiteración se aplica en su grado máximo.
Discusión en general
La Comisión estuvo por discutir esta materia, y luego de formular algunas observaciones a los textos propuestos, concluyó que ambas iniciativas perseguían la misma finalidad, por lo que se justificaba refundirlas y tratarlas como una sola, manifestándose por unanimidad a favor de la idea de legislar sobre la materia.
Discusión en particular.
De conformidad con lo acordado por la Comisión, el diputado señor Monckeberg Díaz presentó una indicación sustitutiva de ambas mociones, del siguiente tenor:
“Artículo único. Sustitúyese el articulo 443 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 443. Con la misma pena señalada en el artículo anterior, se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, si el autor incurre en cualquiera de las circunstancias referidas en el artículo anterior.
Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.
En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio.
También se aplicarán las penas del artículo anterior a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas.
Los delitos a que se refiere este artículo se sancionarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.
La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos, transformarlos o transportarlos; si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se decretará, además, su clausura definitiva, oficiándose a la autoridad competente.”.
Después de un intenso debate, contenido en el informe que los señores diputados tienen en su poder, la Comisión acordó someter a la consideración de la Sala el siguiente texto:
“Artículo único. Sustitúyese el artículo 443 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 443.- Con la misma pena señalada en el artículo anterior, se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, si el autor incurre en cualquiera de las circunstancias referidas en ese artículo.
Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.
En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio.
También se aplicarán las penas del artículo anterior a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas.
La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o transportar los elementos sustraídos; si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, su clausura definitiva, oficiándose a la autoridad competente.”.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde que subió el precio del cobre, apareció un nuevo delito que antes no existía en nuestro país: los robos de cualquier artículo que contenga dicho metal, incluso cables, con un riesgo tremendo, incluso de perder la vida, como ha ocurrido a muchas personas que han muerto al intentar cometer este delito, porque para robarlos hay que subirse a un poste.
Este delito ha seguido creciendo fuertemente durante el último tiempo, sobre todo en zonas rurales. Al principio, partió muy fuerte en la Región Metropolitana, en los alrededores de Santiago, pero se ha incrementado en el resto del país. En el caso de la Séptima Región, que represento, es impresionante cómo ha aumentado el robo de cables de cobre. No sólo eso, hace unos días en una población de la comuna de Retiro se robaron todos los medidores de agua, porque tenían algo de cobre. Los funden y venden el metal en el mercado negro.
Aunque este delito está tipificado en el Código Penal, a sus autores no se les aplica un castigo proporcional al delito cometido, ya que la mayoría entra y sale del tribunal, como en una “puerta giratoria”; es decir, no hay una sanción ejemplarizadora que impida la recurrencia del delito.
Mientras el precio del cobre siga alto, el robo seguirá ocurriendo.
Felicito al diputado Nicolás Monckeberg , principal promotor de esta iniciativa, porque beneficiará a mucha gente de nuestra zona, que se perjudica enormemente al ser objeto de robos que afectan servicios básicos: se quedan sin agua, sin teléfono, sin luz, y a las empresas de nuestra zona les cuesta mucho reponer tales elementos. Frecuentemente pasa mucho tiempo sin que les restablezcan los servicios.
Apoyaremos con toda nuestra fuerza el proyecto, porque no tenemos ninguna duda de que va por la buena senda y significará mayor sanción para quienes cometen ese delito.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, este proyecto pareciera no tener la importancia política debida. Como decía nuestra colega, abogada señora Laura Soto , lo que falta en nuestro país es conciencia ciudadana adecuada. Si la tuviéramos, no nos veríamos en la necesidad de discutir estos proyectos, con nuevas modificaciones al Código Penal y a la legislación actual que cada vez más se preocupa de acotar el ámbito de acción de las distintas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico.
Existen normativas sobre la materia, en las cuales se enmarcan situaciones que se están discutiendo en este proyecto; sin embargo, ya sea por problemas de interpretación en los tribunales opinión muy personal, no la conversada con la diputada señora Laura Soto y el diputado Jaime Quintana , la penalidad correspondiente, por no existir situaciones nuevas, no se puede cambiar.
Por la recurrencia de este nuevo delito, es necesario destacar con mayor énfasis la necesidad de una nueva legislación.
No podemos justificar el robo de cobre con argumentos como el alto precio alcanzado en el comercio internacional, lo que para nosotros constituye un motivo de orgullo, y para otros, de satisfacción. Pero también se transforma en motivo de preocupación, pues su alto precio ya no constituye un pequeño negocio, sino uno muy interesante, como el reciclaje, la compra del metal en desuso para su fundición y comercialización, algo muy tradicional en los artesanos de antaño.
Pero eso hoy se ha convertido en la razón de que existan verdaderas organizaciones delictivas para su robo, fundición y comercialización. Esto quiere decir que estamos en presencia de verdaderas mafias, por las grandes cantidades de metal en el mobiliario urbano, en las instalaciones de servicios básicos, como la electricidad, el agua, el alcantarillado, la televisión, etcétera.
Para nadie es un secreto que estas organizaciones delictivas desmantelan las ciudades de las tapas de alcantarillado, de las rejas de recolección de aguas lluvia, de los cables telefónicos, de las redes eléctricas, de las instalaciones sanitarias, en fin, situación que afecta en gran medida a las poblaciones rurales, que siempre cuentan con menor defensa y a las personas que viven en zonas más apartadas. Muchas veces también este robo apunta a sitios históricos, en lugares públicos.
Lo anteriormente señalado acarrea molestias, no sólo por el hurto, sino porque muchas veces trae aparejado el corte del suministro del servicio básico, en ocasiones en largos períodos, debido a que no queda clara la responsabilidad de los prestadores de servicios. Aquí hay un punto central, porque el proyecto establece una modificación en la responsabilidad de los prestadores de servicios respecto de la administración de estas redes.
Esta situación no es menor; hemos conocido casos en que, como consecuencia del robo de redes, se pone en peligro el funcionamiento de servicios básicos para la población. Lo viví en una comuna de mi distrito, en el sector de Panguipulli, donde prácticamente un consultorio paralizó su atención. También ocasionó que la distribución de alimentos de colegios y escuelas, por el mal funcionamiento de la electricidad, sufriera enormes pérdidas. Casi siempre los más perjudicados son los sectores aislados de las ciudades, es decir, la zona rural.
Dentro del ámbito de acción de estos delincuentes se encuentran sitios y monumentos históricos. Viene a mi memoria el robo de las placas conmemorativas y hasta de las estatuas, como ocurrió, por ejemplo, en la vecina ciudad de Mendoza, Argentina, donde se robaron una estatua ecuestre de más de dos toneladas de metal, que recordaba el sitio donde se preparó el ejército libertador. Hicieron un buen negocio; sin duda. No hay respeto ni siquiera por los ilustres padres de la patria.
Por eso, el Partido por la Democracia apoya esta iniciativa, y espera que sea de utilidad para detener y castigar de mejor manera este delito, cuyo incremento creemos circunstancial debido al alto precio del metal rojo, principal fuente de exportación del país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando presentamos el proyecto, lo hicimos conscientes del problema que en la actualidad significa la compra de cobre o de cualquier otro metal apreciado.
La situación llega a tanto, que ayer y hoy en la mañana nos hemos enterado de las quejas de muchos deudos que, al concurrir al cementerio, comprobaron el robo de letras de cobre en más de 70 tumbas, además de cruces, algunas estatuas, etcétera. En suma, no existe respeto por nada.
En relación con la iniciativa soy autor de ambos proyectos refundidos, me pregunto si la Policía de Investigaciones y Carabineros se encuentran en tan malas condiciones que ha sido necesario legislar sobre la materia. Porque me parece increíble que después de la cantidad de cobre que se está robando en diferentes formas, como alambre, tapas, etcétera, no aparezca ninguno de los compradores. Ahí está el problema y no tanto en el que roba, porque si se castigara en forma drástica al reducidor y, en consecuencia, el ladrón no tuviera comprador, el problema sería mucho menor. Pero las policías no han pillado en ninguna parte a los reducidores.
Hoy en la mañana nos enteramos del robo de un camión con láminas de cobre, cargamento avaluado en más de 100 millones de pesos. ¿Dónde se esconde ese camión con 30 toneladas de cobre?
Entonces, en el Congreso Nacional podemos tramitar un sinnúmero de leyes, pero de nada sirven si no funcionan las instituciones encargadas de pesquisar y hacer el respectivo seguimiento. Por lo tanto, nada sacamos con hacer leyes y más leyes porque, no obstante sus muy buenas intenciones, no tendrán efecto práctico alguno.
Es fundamental la coordinación entre Investigaciones y Carabineros, a fin de pesquisar a quienes comercializan metales en forma ilícita.
Hace poco, acompañé a una persona en visita a una población de Santiago. Cuando quisimos hablar por teléfono, no pudimos hacerlo porque se habían robado las líneas telefónicas. Pregunté a una señora si conocía a los ladrones, y me respondió que en la población todo el mundo sabe quiénes roban los cables y quiénes los compran, pero que no se atreven a hacer nada por temor a meterse en un tremendo problema y ser víctimas de agresiones con cuchillos o de que apedreen sus casas.
En consecuencia, reitero, es mucho más grave la comercialización, porque si no hubiera compradores, no habría robos.
Asimismo, deseo expresar mi preocupación en otro sentido. En días pasados, leí una declaración formulada por el obispo de Talca, quien nos sacaba los ojos a los parlamentarios porque, según él, no habíamos modificado la ley que regula las tarifas en las cuentas de agua, de telefonía y de electricidad. Al respecto, con mucho respeto, porque soy católico, deseo expresar a monseñor que dichos precios se regulan por decreto. En consecuencia, el Congreso Nacional no tiene incidencia alguna en la fijación tarifaria. Deseo hacerlo presente, porque si dicho prelado expresa su opinión ante la población, lo más probable es que ella crea que los parlamentarios no tenemos intención alguna de modificar los respectivos decretos.
Por lo tanto, sería bueno oficiar al obispo de Talca a fin de hacerle presente esta situación, de manera que conozca cómo y quiénes fijan las tarifas del agua, de la electricidad y del teléfono.
En relación con esta materia, muchas veces ocurre que al conversar con personas en el campo, se quejan de que les roban la luz y los alambres, y, según ellas, los parlamentarios no hacemos nada ni presentamos proyecto alguno para solucionar el problema. Lo que ocurre es que la gente cree que todos sus problemas se pueden resolver dictando leyes. Incluso más, en Chile llevamos más de 20 mil leyes publicadas, en circunstancias de que en un país desarrollado como Estados Unidos de América, hace poco, después de doscientos años de vida independiente, con tremendo júbilo aprobaron la ley número dos mil.
Entonces, ¿por qué no dejamos que actúe el Código Penal? Ahí está la solución a todo, porque se encuentran totalmente especificados los delitos y sus sanciones. El mejor país no es necesariamente el que tiene más leyes, sino el que hace que ellas se cumplan.
En la gente existe una tremenda confusión, porque cree que todo se puede regular por ley, y así lo pide, en circunstancias de que en el caso en estudio, por ejemplo, la solución es tan sencilla como que Investigaciones y Carabineros detengan a los compradores de metal robado.
Por eso, repito, la solución no está en dictar más leyes, sino en hacer más efectiva la labor de las policías.
No sé que efecto tendrá el proyecto una vez que sea ley de la República, pero en nuestros distritos por lo menos podremos decir que sancionamos una iniciativa legal a fin de intentar poner fin a ese tipo de robo.
Vamos a aprobar el proyecto, porque al menos significará dotar de una nueva herramienta para luchar contra esta clase de ilícito.
Me gustaría que la Comisión de Constitución hiciera un estudio de todos los proyectos relacionados con materias similares e indicara cuántos de ellos se encuentran incorporados en el Código Penal. Puedo garantizar que el 90 por ciento de las materias incorporadas en esas iniciativas se encuentra sancionado en dicho código.
Reitero que aprobaré el proyecto, pero, en verdad, más que leyes, se necesita más efectividad, aumentar el número de Carabineros y controlar a los que comercializan metales. Asimismo, en lugar de dedicarse tanto a sacar parte a vehículos mal estacionados, los inspectores municipales podrían prestar su colaboración en esta materia. En forma especial, se necesita que la Policía de Investigaciones juegue un papel protagónico, porque es la institución llamada a resguardar el patrimonio de todos los chilenos, lo que, en parte, se logrará al impedir la compra de cobre de origen no claro.
Para terminar, el Servicio de Impuestos Internos debería fiscalizar por lo menos una vez al año a los compradores de metales, a fin de hacer claridad sobre cuánto compran y qué cantidad venden. Así, de manera muy fácil, se podría controlar dicho comercio ilegal que tanto perjuicio causa a compañías telefónicas y de electricidad, pero sobre todo a los usuarios, que permanecen meses y meses sin reposición de los respectivos servicios.
Por lo señalado, anuncio que votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, enviaremos la información del caso al obispo de Talca.
No obstante, recuerdo a su señoría que, sin perjuicio de que los diputados no tenemos facultades en materia de fijación tarifaria, en su momento modificamos el artículo 99 bis de la respectiva norma legal, a fin de permitir la existencia de subsidios compensatorios. Algo similar ocurrió en materia de electricidad, con el decreto que se aplicará con motivo del aumento del precio de dicho servicio.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, pedí oficiar al obispo de Talca porque es lamentable que emita una opinión sin tener los conocimientos suficientes.
El señor LEAL (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Esperamos que la tipificación del delito contenida en el proyecto del cual su señoría es autor, contribuya a su sanción.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, quiero hacer un par de reflexiones en relación con el proyecto.
En primer lugar, felicito a sus autores, porque la iniciativa precisa la figura delictiva contenida en el artículo 443 del Código Penal, dado que, como consecuencia de la interpretación doctrinaria jurisprudencial, no ha sido posible sancionar en forma eficaz ese delito.
Sin perjuicio de lo expresado, creo necesario señalar que la solución a este asunto no pasa por agravar las penas, como se pretende, sino que estamos ante un problema en materia de persecución policial y de actuación del Ministerio Público.
En mi opinión, no se trata de que ese delito haya aumentado debido al mayor precio del cobre, sino, quizás, debido a que las policías y, fundamentalmente, el Ministerio Público, no están haciendo una adecuada labor en cuanto a la necesaria persecución criminal.
Dicho eso, quiero referirme en forma breve al inciso tercero que se propone para el artículo 443 del Código Penal. Al respecto, tengo bastantes dudas, que en su momento discutimos en la Comisión de Constitución. Sobre el particular, creo que el connotado penalista, diputado Juan Bustos , va a encontrar algo de razón en mi planteamiento. Dicha disposición propone aumentar la pena en un grado cuando, a consecuencia de la sustracción, por ejemplo, de cables del tendido eléctrico, se causare la suspensión total o parcial del servicio.
Si se hace un análisis riguroso de la figura que se tipifica o de la suerte de agravante especial que se crea en el artículo 443, no cabe duda de que habrá un problema serio con el juicio de reproche, es decir, cuando el juez deba establecer la culpabilidad del sujeto que comete el delito.
Si se busca apropiarse de los cables para venderlos con posterioridad, el corte o suspensión del suministro eléctrico, total o parcial, es una consecuencia del delito. A mi juicio, como lo sostuve en la Comisión, no es un delito autónomo y por ello no puede sancionarse agravando la pena. Esto, en razón de que al hacerse el juicio de reproche o de culpabilidad, que es necesario por parte del juez en el momento de dictar sentencia, y revisar los otros elementos que constituyen la responsabilidad penal, como la antijuridicidad, el tipo penal, etcétera, se va a encontrar con que la persona que ha cortado los cables con el fin de robarlos ha cometido el dolo de apropiarse de ellos, no el de causar daño.
Creo que mi explicación es razonable, porque si se revisa el decreto con fuerza de ley que regula la cuestión eléctrica, nos encontramos con que existe un tipo penal distinto en el que se sanciona a aquel que cause daño en el tendido eléctrico y, como consecuencia de ese daño, se produzca la suspensión del servicio.
Por ende, creo que en este proyecto se mezclan dos aspectos absolutamente distintos, que no guardan relación en cuanto a la culpabilidad y a la pena que debiera aplicarse.
Por eso, pido que el inciso tercero se vote en forma separada, porque quiero reiterar la votación contraria que manifesté en la Comisión de Constitución, pues lo que se pena en un grado más es la suspensión del servicio, en forma total o parcial. Se sanciona una conducta que no cabe dentro del reproche de culpabilidad que deberá hacerse, en atención a que, más bien, es la consecuencia del delito, porque la pregunta lógica que se hará un juez será: ¿es posible que alguien se robe un cable del tendido eléctrico y a raíz de ese robo no se suspenda total o parcialmente el suministro eléctrico? Obviamente que no, porque si se saca el cable o una parte de él, se va a interrumpir el servicio.
Lo he dicho en reiteradas ocasiones. A la luz de la legislación que se propone, que tiene partes buenas, por ejemplo, aquella que castiga el robo tanto de la propiedad pública como de la propiedad privada, es necesario que el Ministerio de Justicia, de una vez por todas, remita al Congreso un proyecto de código penal que nos permita discutir adecuadamente todos los tipos penales que se dan hoy para definir una política criminal.
Las modificaciones a la receptación apuntan en la dirección correcta, en el sentido de dar mayor amplitud a este tipo penal para perseguir la responsabilidad de aquellos que comercializan los cables y que, en el fondo, como alguien lo dijo, son los que incentivan a la comisión de su robo.
Si el proyecto vuelve a la Comisión se puede intentar una mejor redacción en lo que se refiere al transporte de las especies sustraídas, porque, como lo sostuve en ella, más allá de sancionarlo como tal, a mi juicio, no constituye un tipo autónomo, sino que se puede considerar como una autoría o coautoría del delito. El mero transporte de las cosas robadas o hurtadas es parte de la coautoría y eventualmente de la autoría del delito que se sanciona en el artículo 443, y no veo sentido para sancionarlo como un tipo especial.
Sin perjuicio de lo anterior, creo que es una buena iniciativa, pues se clarifican algunos aspectos dudosos, fundamentalmente relativos a la jurisprudencia de los tribunales orales. Sin embargo, por las aprensiones señaladas, hay dos incisos, el tercero y el cuarto, que es necesario que la Comisión los vuelva a revisar.
Por otro lado, más que legislar, corresponde perseguir, porque ni Carabineros, ni Investigaciones ni el Ministerio Público están realizando el trabajo que les corresponde. La pena asignada a este delito ya es bastante alta, pero muchas personas no son condenadas porque generalmente la investigación policial no determina quiénes fueron los responsables.
En esa línea, lo más rescatable del proyecto es la modificación de la receptación, porque se perseguirá el robo de cables justamente hacia donde se incentiva la comisión del delito.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, quiero compartir parte de lo señalado por el diputado Pedro Araya . No participé en la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución, pero presenté otro muy similar que dice relación con el perfeccionamiento del delito de receptación.
Por eso, sólo quiero destacar la importancia que significa legislar sobre esta materia.
Es verdad lo que dijo el diputado René Manuel García , en el sentido de que no todos los problemas se solucionan con leyes. Pero es evidente que en el caso que nos ocupa no basta la efectividad policial. Es difícil que podamos tener un carabinero por poste. Es difícil, sobre todo en las zonas rurales, que se pueda controlar el robo de cables. Lo que sí podemos atacar de manera frontal es la receptación, el mercado informal donde se compran los cables de cobre, lo que lleva a muchos adolescentes y jóvenes, a veces para saciar un vicio, a subirse a un poste para sacarlos y mueren electrocutados, quemados, mutilados.
Me parece que el robo de cables eléctricos o de telefonía ha ido cundiendo. Ya no sólo se roban los cables, sino que también los medidores de agua potable, los transformadores, todo aquello que se pueda reducir. Por esta razón debemos ir al punto de fondo: cómo sancionamos adecuadamente la receptación.
En este sentido, si bien apruebo el proyecto, hay otro del diputado Gonzalo Uriarte sobre la receptación que me parece muy interesante y ojalá se pudiera incluir, sin perjuicio de los que están en el Senado sobre esta materia. Sería muy bueno que pudiéramos coordinar la acción legislativa con lo que se está haciendo allá.
En el Senado se encuentra en primer trámite constitucional un proyecto que propone agregar un nuevo artículo 443 bis al Código Penal, en el que se sanciona con la misma pena al que fundiere o transformare metales de cualquier tipo sin justificar suficientemente su procedencia o adquisición.
En consecuencia, para no encontrarnos posteriormente con una legislación incoherente, sería conveniente que las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado pudieran analizar esta materia en conjunto.
Creo que está ocurriendo algo muy grave. Muchas empresas están endosando parte del costo por el robo de cables a los usuarios. Tengo cartas de vecinos de la población Arturo Prat , de Llayllay, y de otras localidades rurales en las que me informan que en las cuentas se incluye el costo de reposición del cable. Si seguimos permitiendo esto, al final vamos a terminar con una situación muy lamentable.
Por otro lado, se ha empezado a usar cable alternativo del cobre. Se está utilizando aluminio con el riesgo que eso pueda significar.
Es verdad, no son muchos los condenados, porque es imposible pillar a las personas que se suben al poste, pero sí se sabe perfectamente, en cada comuna, quiénes se dedican a comprar el cable de cobre en el mercado secundario, y esto no está sancionado en forma adecuada.
La bancada de la UDI aprobará el proyecto, sin perjuicio de pedir a los miembros de la Comisión de Constitución que incorporen la iniciativa del diputado Uriarte sobre receptación y, además, que se coordine su trabajo con la Comisión de Constitución del Senado, de manera de obtener un proyecto razonable sobre la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, hay dos o tres indicaciones y lo más probable es que votemos en general el proyecto para que vuelva a la Comisión de Constitución.
A continuación, tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, hay que hacerse cargo de las diferentes observaciones. Por una parte, se plantea una serie de situaciones que están comprendidas dentro de los delitos de hurto y robo en general y, por otra, se hacen algunas modificaciones que, como ya señaló el diputado Araya , son cuestionables desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, la referida al inciso tercero del artículo 443 en debate, en cuanto establece el aumento en un grado respecto de determinadas consecuencias que son obvias y que se comprenden en el tipo legal. Eso va en contra de las reglas generales del Código Penal, que disponen que no se pueden aumentar las penas cuando existan circunstancias que están contenidas en el hecho penal que se lleva a cabo, que son parte necesaria e indisoluble de ese hecho. Por ejemplo, cuando se mata a alguien, evidentemente, se le dispara, se le rompen las vestiduras, etcétera, y, por lo tanto, no se va a plantear daño por esa consecuencia. Es decir, hay determinados aspectos que el hecho mismo lleva como consecuencia ínsita, ya están considerados en la pena y, por lo tanto, no se puede aumentar ésta en virtud de ellos. Por ejemplo, si se roban los cables de un servicio, éste se va a interrumpir, ya sea parcial o totalmente; por consiguiente, en la pena misma de apropiación de esos “elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario” como se dice en el inciso segundo, la consecuencia está comprendida por el propio concepto que se da al respecto en ese inciso. Si no fueran elementos constitutivos, la cosa sería diferente.
Además, en este inciso se da una enumeración de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, pero se termina con la expresión “o cualquier otro”. No se sabe a qué se refiere, porque no tiene sentido si se da una enumeración por vía ejemplar. Es contradictoria.
La norma del inciso tercero también va en contra de todas las reglas generales dispuestas en el Código Penal y, en consecuencia, no se puede establecer.
Asimismo, el inciso cuarto aparece contradictorio; va en contra de todos los principios en cuanto a participación. Los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal son sumamente amplios y en ellos se establecen todos los casos de complicidad y de encubrimiento; por lo tanto, esas conductas van a caer necesariamente en dichos artículos.
Del mismo modo, en el inciso primero hay una serie de aspectos técnicos referidos al “robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación”. Si el lugar no está destinado a habitación, evidentemente hay contradicción si se quiere comprender también a todos los casos de abigeato cuando se habla, simplemente, de cosas de propiedad pública o privada que se encuentren en sitios no destinados a la habitación. Muy diferente era la fórmula antigua del artículo 443, que establecía determinadas maneras de cómo realizar el hecho cuando se trataba de sitios no destinados a la habitación o de bienes nacionales de uso público, con lo cual quedaba claro y restringido a qué se estaba refiriendo el artículo y no entraba en contradicción con el robo o hurto en general, o con el abigeato.
Con esta redacción, muchos problemas de robo o de hurto quedarían en el artículo 443, porque constituirían una regla especial, con lo cual se entraría en un problema interpretativo sumamente discutible, sobre todo en virtud de las penas establecidas para el robo con fuerza en las cosas, etcétera.
De manera que, en ese sentido, en el texto del proyecto hay una serie de problemas técnicos que habría que arreglar. Sin perjuicio de aprobarlo en general, habría que hacerle una segunda revisión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, estamos todos de acuerdo en que éste es un problema de actualidad tremendamente grave en Chile. Los precios internacionales de los metales han hecho del robo de cables, quizás, el negocio ilegal más rentable del último tiempo. Cifras entregadas por la policía de Investigaciones nos dicen que este delito ha experimentado un incremento de 900 por ciento. Basta con recorrer sectores de la región Metropolitana, especialmente los más periféricos, como también de distintas comunas del país, para darnos cuenta de cómo han proliferado los locales en que se ofrece comprar metales y cables por kilo, por metro, a precios bastante rebajados. Uno se pregunta a quién le pueden comprar cable si no es a aquel que lo sustrajo ilegalmente.
Por tanto, hay que valorar, en primer lugar, el esfuerzo de la Comisión por sacar adelante esta iniciativa. También hay que decirlo soy autor de este proyecto, gran parte del apoyo que tuvimos provino de la Subsecretaría del Interior, cuyos representantes nos han manifestado que ésta es una prioridad para ellos.
En relación con el fondo del proyecto, quiero decir un par de cosas.
Se ha sostenido que no sería conveniente establecer una mayor pena cuando, como consecuencia de la sustracción de cables, se suspenda el servicio de electricidad.
Al respecto, esta fórmula no es nueva. Existe en relación con otros casos. Hoy, por ejemplo, una persona que sustrae o roba línea férrea del tren es sancionada, en primer lugar, por el robo mismo; pero también tiene una pena distinta, como hecho jurídico o tipo penal distinto, relacionada con la interrupción de la conexión férrea. Por tanto, se producen dos sanciones o penas diferentes; no por el mismo hecho, porque son bienes jurídicos distintos los que se están protegiendo. Por eso, el proyecto original establecía dos delitos: el corte del servicio básico en este caso, la electricidad o el teléfono, con una pena y, simultáneamente, la sustracción de cables. Como consecuencia de una discusión que sobre el particular sostuvimos en la Comisión, finalmente, llegamos al acuerdo de que era mejor establecer un tipo penal, pero con una agravante, en el caso de que además se cortara el servicio de electricidad o de teléfono.
Hay que tomar en cuenta que, en la práctica, son dos bienes jurídicos distintos los que se afectan. El primero es el derecho a la propiedad, porque el ladrón se está apropiando de algo que no es suyo. El segundo es el suministro del servicio o la conexión que está cortando, que también, a mi juicio, merece una sanción como agravante o independiente.
Por eso, no comparto, desde el punto de vista jurídico, las aprensiones que sobre ese inciso se han manifestado.
Se ha dicho, además, que podría ser un tanto inconsistente el hecho de sancionar especialmente a quien transporte material robado, el cual podría caber dentro de las figuras de encubrimiento o complicidad.
No tengo ninguna duda de que quien transporta material robado es, al menos, encubridor o cómplice del autor del robo. Pero ¿cómo buscamos una herramienta más eficaz para sancionar el mismo hecho penal? Hoy, la policía de Investigaciones o Carabineros no puede detener un vehículo que en su maleta transporte cable telefónico robado, de cobre, ni establecer ninguna diligencia, porque ni siquiera ha iniciado la investigación sobre quién lo robó. En Chile no existe comercio sin factura, menos de un material presumiblemente robado como es un cable usado de cobre. Por eso, planteamos tipificar como delito autónomo el que la persona no pueda acreditar debidamente, sea mediante factura o cualquier otro documento contable, la procedencia de los cables de cobre que transporta. Así estaremos empezando a desbaratar estas verdaderas redes que operan en este delito convicción que se han hecho Investigaciones, Carabineros y el Gobierno, que comienzan a tejerse, muchas veces, con menores de edad o con jóvenes drogadictos, que son los que se suben a los postes a cortar los cables. Después, los mismos compradores de esos cables se los revenden, probablemente fundidos por ellos mismos, a las eléctricas para que repongan lo que se les robó. Por lo tanto, debemos crear instrumentos que rompan esta red, que está causando millonarias pérdidas a los municipios y a las empresas eléctricas y telefónicas.
Por eso, defiendo la idea de sancionar el transporte de material robado, delito que se configuraría si el transportista no puede acreditar fehacientemente la procedencia de ese material.
Finalmente, voy a insistir en la Comisión en una indicación que, a mi juicio, es clave. ¿Por qué nadie ha podido frenar este delito? Los sistemas de alarma que tienen las compañías eléctricas y las telefónicas detectan habitualmente a la persona que está encumbrada en el poste antes del corte del cable. Por lo tanto, en el 80 por ciento de los casos no se alcanza a consumar el ilícito, por lo que se sanciona el delito en carácter de frustrado o tentativa. Por ende, las penas que se aplican son notoriamente bajas y la persona, habitualmente, no va a la cárcel.
Estuvimos comparando penas, y si para el robo con violencia se considera la tentativa; es decir, para los efectos penales se estima como consumado desde que se comenzó la ejecución del delito, no distingo por qué en este caso que nos convoca no se aplica el mismo presupuesto. O sea, cuando la persona sea sorprendida encaramada en el poste intentando cortar el cable se tenga, para los efectos de la sanción, como consumado el delito. De lo contrario, jamás podremos sancionar como es debido la comisión del delito, porque para la tentativa la pena es extremadamente baja.
El robo de cables colapsó a Argentina. Era tan rentable el negocio que incluso exportaban los cables. Por eso, hace muy poco, el presidente argentino adoptó una medida mucho más drástica y prohibió, por ley, la exportación de cable de cobre, porque no tenían como controlar su comercialización.Chile todavía puede parar el problema, pero pienso que Investigaciones, Carabineros y el Gobierno no tienen las herramientas para romper con esa red que insisto comienza a tejerse con ese niño, en la población, que corta el cable, y que termina con el sujeto que lo compra, lo funde y fabrica uno nuevo para venderlo después a las eléctricas.
Bienvenidas todas las sugerencias, pero aprobemos cuanto antes un proyecto que le dé más herramientas a los fiscalizadores y al Poder Judicial, que es el que debe sancionar.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, después de leer el informe y de escuchar el debate, me pregunto hacia dónde caminamos.
En el primer lugar de la tabla de la sesión de hoy, discutimos el proyecto que sanciona el hurto hormiga en los supermercados, para cuyo cometido hay nuevas técnicas. Ya no se trata de sacar una prenda; los más avezados elaboran bolsas con papel de aluminio para llevarse importantes cantidades de prendas de vestir. También hemos sido testigos, en los últimos días, del robo de teléfonos celulares. De los doce millones de celulares que hay en el mercado, alrededor de un millón 200 mil son aparatos robados. También hemos visto cómo se roban los medidores, los cables y, ahora, las tapas de alcantarillado. El día de mañana se van a robar los grifos, las señaléticas de tránsito o las soleras.
Respecto de la tendencia al hurto o al robo debemos reflexionar más. Está bien legislar para enfrentar el problema, pero también tenemos que gastar energía en buscar las causas que lo originan y enfrentarlas.
Los sistemas de venta que tienen los supermercados y los mall son de alto riesgo y una tentación al hurto hormiga, porque no cuentan con medidas de seguridad directa, como las que tiene un almacén de barrio, ya que el autoservicio es parte importante de las utilidades de las empresas de supermercado y de las del retail. Ellos no gastan en control; las personas se atienden solas, cada una busca la prenda y la lleva a la caja. Y como no gastan en control, no gastan en evitar el hurto. En La Florida, el 40 por ciento de la fuerza policial se dedica a cuidar para que no se produzcan robos en los dos mall de la comuna y en los supermercados, porque hay mucho riesgo. Le pregunto a esos empresarios qué parte de sus utilidades destinan a más control, para evitar el hurto hormiga. Ellos ganan mucho con la modalidad de venta que tienen, pero no aportan para controlar los riesgos que eso implica.
Con los bancos ocurrió algo similar y hubo que presionarlos fuertemente para que adoptaran una serie de medidas de seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia.
Hace poco, en televisión, se hizo un reportaje acerca de los robos en los estacionamientos subterráneos. Gran negocio, pero sin vigilancia alguna. El más afectado es el que está en la Plaza de Armas, debajo de la municipalidad de Santiago. A partir de esa denuncia que hiciera la fiscalía, se han empezado a tomar medidas. O sea, ganar mucho, pero sin invertir en medidas de seguridad.
Por lo tanto, una primera causa estaría en que no hay prevención del delito de parte de los gestionadores de las empresas.
En cuanto al robo de las tapas de alcantarillado, ¿cómo las sacan, si pesan 120 kilos? Y las sacan para venderlas como fierro. Gente de Aguas Andinas me contaba que les ponen soldadura para evitar abrirlas.
En consecuencia, junto a las medidas que propone el proyecto, es fundamental que las empresas adopten las propias y que asuman la prevención del delito también como parte de sus responsabilidades. Hay que exigirles que parte de la rentabilidad la destinen a estas medidas.
Sin embargo, algo está pasando en nuestra sociedad, que el valor social de la honradez es cada vez más relativo, y habrá que trabajarlo desde la familia, desde los colegios, desde los barrios. Hoy, si se tiene la oportunidad, parece ser natural tomar lo ajeno y eso, probablemente, tiene su origen en la familia. Hace muchos años, si un menor tomaba un lápiz que no le correspondía, el padre le tiraba la oreja y lo obligaba a devolverlo. Es un ejemplo simple, pero ocurría de esa manera. No obstante, eso no es tan así en la actualidad; o sea, la sanción de la familia, del barrio y de todos lados frente a los delitos y a los atentados en contra de la propiedad o de las personas es mucho menor, por lo que algo tendremos que hacer al respecto.
Recién conocí el caso de un joven que caminaba por la calle Walker Martínez y fue interceptado por dos jóvenes que venían saliendo de La Araucana, quienes le quitaron un bolso porque les pareció natural hacerlo. Pero esto les está significando una condena de cinco años y un día a esos dos jóvenes, porque Carabineros los detuvo cuando estaban cometiendo el delito.
Por lo tanto, la sociedad tendrá que hacer algo para que el valor de la honradez, del respeto a los demás, de la convivencia social readquiera mayor significado. No puede ser que lo único importante sea tener bienes, ganar plata, ser rico. Aquí es necesario poner al mismo nivel o a uno superior la colaboración, la convivencia y el respeto entre los seres humanos. Uno de los factores claves para lograrlo es la honradez.
Votaré a favor el proyecto, pero me parece que el problema es mucho más complejo, porque no podemos seguir aprobando leyes, ya no sobre las tapas de alcantarillado, sino respecto de otros productos, como grifos o medidores de la luz, que ya se están robando en muchos lados. También debemos atacar las causas de esto mediante la prevención directa de los delitos y, además, enfrentar las causas valóricas y de fondo que yacen en nuestra sociedad.
Reitero, aprobaré la iniciativa, pero tengo muy poca confianza que por esta vía logremos el gran avance que se plantea.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, hemos ido cumpliendo la agenda señalada por la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , ya que en los últimos días hemos aprobado proyectos que establecen duras sanciones a quienes cometen delitos.
Apoyaré esta iniciativa basada en dos mociones. No obstante, quiero dejar establecida en la discusión la responsabilidad de las empresas telefónicas. Incluso, quiero abrir este debate en la Comisión de Economía, porque es tremendamente peligroso que, a partir de la forma en que se ha debatido esta materia aquí, quede flotando la idea de que las telefónicas quedan liberadas de la responsabilidad contractual que tienen con el usuario, pues si a éste le roban el cable telefónico, queda sin servicio, porque la empresa telefónica no le responde. En cambio, si a la persona le roban el cable mediante el cual le suministran electricidad, la empresa distribuidora responde por el servicio; no le dice sólo que le robaron el cable, sino que lo arregla y le resuelve el problema. Lo mismo sucede si se contrata un pasaje en un bus para trasladarse a cualquier lugar de Chile, ya que si le roban las ruedas al bus, la empresa no le dice que tiene que esperar que los diputados aprueben una ley que aumente las sanciones a los ladrones de ruedas de buses para hacer el viaje.
En muchos de estos casos la empresa telefónica continúa cobrando el cargo fijo, que se estableció justamente para la mantención y provisión de las redes robadas, a pesar de que no está prestando el servicio.
Lo más grave es que del debate puede desprenderse que la preocupación de los legisladores y de la Cámara radica exclusivamente en aumentar el castigo a los ladrones. Quiero dejar claramente establecido que no exculpamos de responsabilidad a la empresa telefónica que se comprometió a entregar el servicio de telefonía, lo que no cumple e, incluso, obliga a pagar el cargo fijo, sosteniendo que se trata de un problema de fuerza mayor, porque se robaron el cable. Si aceptamos esto, ¿qué va a ocurrir con la empresa de televisión por cable cuando sea víctima de robos similares? ¿Le va a seguir cobrando al usuario como si estuviera recibiendo el servicio, porque los ladrones se robaron el cable y no puede responder? ¿Qué van a argumentar otros servicios públicos? ¿Qué va a ocurrir con el agua potable si se roban las cañerías? ¿Qué va a ocurrir con el servicio de alcantarillado?
¿Por qué en este caso no tocamos el tema de la responsabilidad que tiene la empresa Telefónica con sus usuarios? Esta compañía es la que brinda servicio de telefonía en los sectores populares, donde se están produciendo la mayor cantidad de robos de cable, porque están menos vigilados. La empresa castiga al usuario que ha sido víctima del robo de cable, ya que en esos casos mira para el cielo y pide al Congreso que apruebe una ley para castigar a los ladrones. No dice: “Como se está perjudicando al usuario que me ha pagado religiosamente, yo, que también soy víctima, asumiré el daño que están produciendo esos ladrones, por lo que le repondré el cable a mi cliente, para mantenerle el servicio.” Eso no sucede, porque la empresa castiga a quien está sufriendo el corte del servicio por esa acción delictual; no responde por el servicio contratado. La empresa goza de privilegios casi monopólicos.
Cuidado con esto, que no aparezca como una exculpación de las responsabilidades de la empresa que se comprometió a dar este servicio. Pregunto, si un ciudadano que contrató el servicio telefónico tiene un problema de fuerza mayor que le impide pagar la cuenta, ¿la empresa telefónica acepta su explicación y le mantiene el servicio? ¡No! La telefónica aplica no la ley que le obliga a ser responsable, sino la ley del embudo, porque dice: “Si el ciudadano tiene un problema de fuerza mayor que le impide pagar, le corto el servicio y le aplico las penas del infierno cuando se quiere poner al día”. En cambio, la empresa telefónica deja de cumplir con su obligación cuando se roban los cables, porque aduce que se trata de un caso de fuerza mayor, y nadie le puede cobrar indemnización alguna.
Me parece bien que castiguemos a los ladrones, pero me gustaría que hiciéramos lo mismo con las empresas telefónicas que no cumplen con los contratos que han firmado.
Por lo tanto, señor Presidente, dado que el tema está en directa relación con el funcionamiento de la economía, con la prestación de un servicio de utilidad pública y con los derechos del consumidor, que es la víctima de esta situación, pido que solicite a la Sala el envío del proyecto a la Comisión de Economía para que se conozca no sólo la sanción que se dará a los delincuentes, sino también el grado de responsabilidad que exigirá la autoridad de gobierno o esta ley a las empresas telefónicas que están castigando a sus usuarios que pagan sus cuentas, que son las víctimas de todo esto, mientras la empresa se abanica al momento del robo. Es más grave aún, pues como sucede con la receptación, que estimula a los ladrones a seguir robando cables, las empresas telefónicas hacen algo similar cuando dicen: “A mí no me importa que me roben los cables, porque le corto el servicio a los usuarios.”.
Reitero mi proposición de que la Sala apruebe el proyecto y después lo remita a la Comisión de Economía a fin de buscar, inteligentemente, de manera más reflexiva, además del modo de sancionar al delincuente, la protección del usuario frente a las compañías telefónicas.
A su vez, solicito que se cite al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Sergio Espejo .
El Ministerio y la Subtel no pueden quedar en el limbo respecto del tema. Creo que en esto hay dejación, abandono de parte de la autoridad. El ministro debería estar acá explicando cómo se asegura que las compañías telefónicas respondan frente a esta situación.
Además del estudio por la Comisión de Economía, solicito que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la hora de la fijación de los castigos y de la investigación, invite al ministro señor Espejo , de modo que cuando se integren las comisiones que fijan las tarifas telefónicas, haga sugerencias en el sentido de que en la ley no aparezcan sólo dos actores un ladrón que roba los cables y un usuario que queda sin servicio, sino un tercero que está argumentando fuerza mayor, en circunstancias de que el usuario nunca puede discutir lo mismo cuando no puede pagar la cuenta. Cuando le roban su dinero y no puede pagar, a Telefónica no le importa. Cuando a ésta le roban cables y no puede cumplir, pide que le dicten una ley para defenderse de los ladrones.
Así no puede funcionar bien el país. Eso no es economía de libre mercado; es ley del embudo. Y ya tenemos varias con las concesiones, con las isapres, con las empresas telefónicas en el caso de las antenas de celulares, para cuya instalación ni siquiera necesitan pedir permiso de edificación.
Cabe hacer notar que el ministro señor Espejo prometió que en agosto habría legislación al respecto. Incluso, le entregamos un proyecto de ley sobre la materia a él y a la ministra señora Veloso , con un artículo que exige permiso de edificación y que la Dirección de Obras revise si está conforme a la ordenanza. En la actualidad sólo notifican. El señor ministro no ha cumplido su promesa. ¿Cuándo va a venir con el proyecto que le entregamos en sus manos?
Ahora vamos a hacer una ley del embudo para salvar a las telefónicas cuando les roben cables.
Entonces, junto con este proyecto orientado a castigar a los ladrones, debe establecerse el derecho de no pago del servicio telefónico cuando un usuario pruebe que está afectado por razones de fuerza mayor cuando le roban, así como Telefónica argumenta lo mismo.
¡Mano dura y mano justa!
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Chahuán .
El señor CHAUÁN.-
Señor Presidente, este interesante proyecto, presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, merece el apoyo de la Sala, por cuanto en las distintas localidades del país este tipo de hurto se está transformando en un mal endémico.
En las comunas de Viña del Mar y Concón el robo de cables eléctricos y telefónicos se ha transformado en un verdadero calvario para los habitantes de distintas poblaciones, quienes quedan sin suministro de energía eléctrica y sin servicio telefónico, con todas las consecuencias que ello implica, como quedar a merced de la delincuencia e incomunicados, las que aumentan enormemente en caso de enfermedades graves y otras situaciones de emergencia.
Similar situación se da con respecto al robo de otros elementos de insumos de los servicios de gas y de agua potable.
Creemos que se debe dar una señal firme contra la delincuencia, por lo que estimo que la iniciativa va en el sentido correcto.
Hace unos meses concurrimos con el diputado Rodrigo González a las poblaciones de Reñaca Alto, donde había cerca de diez mil habitantes sin servicio telefónico por causa del robo abusivo de cables y, por lo tanto, incomunicados. Es más, hicimos la denuncia correspondiente, y cuando conversamos con personal de Carabineros y de Investigaciones, nos dijeron que los ladrones están identificados, pero que cuando los detienen quedan libres en un par de días.
Por lo tanto, es necesario dar más herramientas a la policía de Investigaciones y a Carabineros para sancionar duramente a quienes incurren en este delito. Además, creo que hay que terminar con dos círculos perniciosos: el hurto de cables y la compra de los mismos, porque mientras haya poder adquisitivo, va a seguir existiendo el robo. Si no sancionamos duramente tanto al que hurta como al que compra, el delito seguirá ocurriendo.
Por otra parte coincido con el diputado Hales , estamos frente a un abuso de las compañías telefónicas. Es un tema que debería abordarse en este proyecto, porque cuando los usuarios hacen las denuncias respectivas, Telefónica se demora dos meses o más en reponer el servicio; pero lo más grave es que sigue cobrando por la mantención. Es un tema que se debe investigar.
Enviamos un oficio a la Superintendencia para que exija una explicación. Si se produce el robo y la suspensión del servicio, no puede ser que se siga cobrando por su mantención.
Los usuarios claman por una solución legislativa, por lo cual pido a mis colegas parlamentarios que voten favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, se dice que no hay bien que por mal no venga, pero en este caso es al revés. Nos ha ido muy bien con el precio internacional del cobre y, por lo mismo, se ha producido una apetencia desbordante por adquirirlo, incluso ilegalmente.
Como se ha señalado anteriormente, muchas poblaciones han sido afectadas. Pienso que estamos legislando bien, aunque tengo algunos reparos.
Creo que es importante que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución para hacer un análisis más profundo del tema, sobre todo, porque las normas del Código Penal deben ser armónicas. Por eso, no es aconsejable apresurar su estudio. Hoy existe la necesidad de legislar sobre esta materia y debemos hacerlo bien.
Por otra parte, me parece muy interesante lo expresado por el diputado señor Montes . Él ha hablado, en cierta medida, como se hacía en el antiguo Congreso Nacional; es decir, tocando lo profundo del tema en cuanto a qué nos está sucediendo como sociedad. Pero, lamentablemente, hoy estamos enfrentados a una situación que afecta a toda la comunidad y a la cual debemos dar solución.
El robo específico hay que castigarlo, pero esa es una materia que está establecida en el Código Penal. Aquí se ha dicho que estos delitos afectan también a las empresas privadas y que sólo a ellas les compete resguardar sus intereses. No debemos olvidar que se trata de empresas que prestan un servicio a la comunidad y es ésta la que al final sufre las consecuencias.
Por tanto, la única forma de resguardar esos intereses es, por una parte, establecer una norma en el Código Penal, separada para que sea armónica y, por otra, reformar la ley del consumidor para exigir a las empresas que están obligadas a dar un servicio a la comunidad a descontar a los clientes la cantidad del servicio que han dejado de otorgar.
En Valparaíso y Viña del Mar conocemos denuncias de esta naturaleza. Las comunidades más pobres han sido las verdaderas afectadas por este tipo de delitos al quedar sin determinado servicio.
Por eso, pienso que esta materia requiere de un análisis profundo y debe ir separada del resto. No se puede establecer en el Código Penal normas que sancionen a las empresas. Debe hacerse en la ley del consumidor o en cualquier otra disposición. Eso lo debemos ver oportunamente.
En el inciso segundo del artículo único advierto un problema. Dice: “Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.”
Eso está incluido en la tipificación del delito, ya que el robo de los mencionados elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario en definitiva significa el corte del servicio.
Por lo expuesto, pienso que el proyecto debe volver a la Comisión, a fin de tener una discusión más profunda para lograr un acuerdo más legal, justo y proporcional.
Creo que el diputado Monckeberg y quienes le han acompañado ha recogido este sentir público, pero es preciso hacer bien las cosas. De manera que me pliego a lo dicho por el diputado Bustos , en orden a que el proyecto vuelva a la Comisión para tener un análisis más riguroso.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, he escuchado atentamente las opiniones vertidas en esta Sala durante el debate y he podido advertir que los puntos de vista son coincidentes, en especial, respecto de la señal que queremos dar a la opinión pública, en orden a que este Congreso Nacional está preocupado de legislar y penalizar aquellas acciones y conductas encaminadas a la comisión de delitos, como el hurto de cables, alambres, tapas de alcantarillado, señaléticas de tránsito, etcétera.
Sin embargo, comparto lo manifestado por el diputado señor Montes .
Claramente, existe un problema serio de convivencia en nuestra sociedad que debemos replantearnos. Creo que la democracia es la mejor forma de vida, pero debemos reconocer que hoy no se está cumpliendo un concepto fundamental que es la libertad responsable, lo cual trae consigo la necesidad de tomar medidas para penalizar la comisión de delitos, las que muchas veces no se cumplen porque no es fácil encontrar a los delincuentes. Por otro lado, están las conductas que se cometen a diario contra una sociedad tranquila y armónica.
Por ello, es necesario legislar para establecer una normativa que le permita a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles exigir a las empresas la instalación del cableado bajo tierra. Estamos en el siglo 21 y no es una exigencia muy difícil ni onerosa, independientemente que ello tenga que ver con el robo de cables, porque el día de mañana también se pueden robar las puertas y otras cosas. No se trata de eso. Me refiero a la contaminación visual de que estamos siendo objeto, sobre todo, cuando las distintas empresas que prestan servicios a la comunidad ganan lo suficiente como para realizar una inversión e instalar el cableado bajo tierra.
Recuerdo que durante la construcción de edificios en la Quinta Región, se produjeron explosiones en algunos lugares porque se encontraron con el gasoducto construido bajo tierra que recorre desde Los Andes hasta Concón . A raíz de ello, consultamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre la posibilidad de cambiarlos y nos encontramos con que no existía una normativa técnica donde se establecieran los requisitos para ello.
Por tanto, debemos legislar para castigar a aquellos que cometan esos delitos y penalizar esas conductas, pero también es importante buscar la forma de cambiar el cableado que va por aire. Así como se exige urbanizar para construir viviendas, también se debe incorporar la exigencia de que el cableado se haga bajo tierra y que el costo esté regulado por el Estado, de manera que las empresas no abusen cargándolo a los usuarios.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, debemos buscar la forma de evitar que los usuarios sufran las consecuencias cuando las empresas son objeto del robo de cables u otros elementos. Asimismo, debemos velar para que la ciudadanía advierta que el Congreso Nacional está preocupado de modernizar el país a través de medidas que inicialmente pueden tener un costo superior, pero que, a la larga, van a ir en beneficio de la población.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, este proyecto tiene una tremenda utilidad dada la situación que se ha vivido en distintos sectores de la comunidad chilena, especialmente en los barrios más modestos, donde el robo de cables, tapas de alcantarilla y otros bienes públicos ha sido un tema recurrente en el último tiempo.
Hace algunas semanas denunciamos en esta Sala lo que estaba ocurriendo en vastos sectores de Viña del Mar, en particular, en Reñaca Alto y en Forestal, donde miles de familias han quedado aisladas, sin comunicaciones telefónicas ni internet y sin posibilidades de acceder a servicios esenciales, aproximadamente durante dos meses. Las familias quedaron sin servicio, debido a robos reiterados de cables telefónicos.
Pero este proyecto debe ser mirado en forma integral. Tal como lo plantearon la diputada Laura Soto y los diputados Patricio Hales y Francisco Chahuán , debemos mejorarlo y potenciarlo porque, sin duda, los robos de cables no resultarían eficaces si quienes cometen el delito no contaran con redes de comercialización, con mayoristas y revendedores que tienen sistemas de transporte, de bodegaje y de almacenamiento que constituyen verdaderas redes delictuales. Son ellos, precisamente, los que consiguen las mayores utilidades, con el consiguiente daño a la comunidad.
Asimismo, resulta injusto que la población permanezca desconectada durante tanto tiempo, sin que las compañías estén obligadas a reponer en forma inmediata el servicio interrumpido. Es más, estas compañías siguen cobrando los costos fijos y la cuenta telefónica y los servicios que han resultado interrumpidos, quedando la comunidad en la más absoluta indefensión.
Por eso, en días pasados, junto con centenares de vecinas y vecinos de Forestal y Reñaca Alto, presentamos una demanda colectiva ante los tribunales de justicia, a fin de que se les restituyan los valores cobrados en las cuentas telefónicas a todos los ciudadanos que han sido perjudicados por los robos de cables y no se les hayan restituido los servicios correspondientes en forma oportuna. Tales compañías tampoco tienen servicio de vigilancia y de cuidado de su patrimonio, tarea que está encomendada a Carabineros y a otros servicios públicos. Por cierto, éstos deberían realizar una labor más amplia en este sentido, pero no deben ser los únicos encargados de cumplir tales funciones.
De manera que el proyecto debe ser complementado y profundizado, como lo plantearon el diputado Juan Bustos y otros colegas. En primer lugar, debería incorporar penas en otros aspectos, a fin de sancionar a las empresas que no repongan con la debida oportunidad los servicios que prestan a la comunidad; en segundo lugar, se debería exigir a dichas empresas la reposición inmediata de los servicios interrumpidos, que, no obstante, siguen cobrando en las respectivas cuentas; en tercer lugar, debería incorporar una agravante en las disposiciones del Código Penal que sancionan el delito de receptación. Además de constituir un ilícito, estos delitos afectan a toda la comunidad y ocasionan daño a la salud, a la seguridad y a la tranquilidad pública, impidiendo que estos servicios sean suministrados a vastos sectores de la comunidad.
Por eso, junto con otros diputados, presentaremos algunas indicaciones. Asimismo, pido que en su segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto sea complementado, incorporando en otras áreas de la legislación disposiciones que aborden el problema en su integridad. Aquí hay distintas responsabilidades civiles y penales que deben ser asumidas por las empresas, por la comunidad y por otros actores, de manera que podamos prevenir y evitar estos delitos, adoptando todas las medidas que resguarden el interés de la gente, que tenemos el deber de representar en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LEAL (Presiente).-
Solicito al asentimiento unánime de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra la diputada María Angélica Cristi y los diputados Gabriel Ascencio y Patricio Hales , a quien le restan cinco minutos de su primera intervención.
Con ellos cerraríamos el debate e, inmediatamente después, votaríamos los tres proyectos tratados en el Orden del Día.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en realidad, la diputada Amelia Herrera me adivinó el pensamiento, puesto que se refirió a lo mismo que iba a acotar sobre este proyecto.
Creo que nada sacamos con seguir legislando sobre robos que son de difícil detección, como el de cables. Lo mismo sucede con los graffities y con otros malos hábitos que se han instalado en nuestra sociedad, cuya pesquisa también resulta muy difícil. Es bueno que exista una ley que, por lo menos, produzca cierto temor en quienes llevan a cabo estos delitos; pero el problema de fondo es que debemos asumir que ha llegado la hora de utilizar el cableado bajo tierra. Es algo que no está incorporado en este proyecto; pero quiero decirles a los colegas que integran la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que es una tarea urgente, a la cual debe abocarse el Gobierno, de manera que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, dependiente del Ministerio de Transportes a lo mejor, no se requiere una ley sobre la materia pueda normar la instalación de un cableado de este tipo.
En la Región Metropolitana, el Transantiago está invirtiendo en una nueva infraestructura vial, pero a nadie se le ha ocurrido instalar los cables bajo tierra, alternativa que tendría un costo muy bajo, evitándose así los cables aéreos que, muchas veces, están instalados a más de dos metros de altura, lo que da origen a ciudades horribles y desordenadas. Además, quedan expuestos a este tipo de robos.
Por lo tanto, quiero llamar la atención, en cuanto a que resulta urgente realizar un estudio de modernidad, que apunte, precisamente, a terminar con lo que pretende el proyecto de ley en discusión y, al mismo tiempo, a beneficiar a la ciudad.
Como no dispongo de más tiempo para ahondar en la materia, dejo planteada esta idea, en particular, a los parlamentarios que integran la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra, por los cinco minutos que le restan, el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, antes de argumentar sobre la necesidad de sancionar a los ladrones, debemos entender que aquí hay tres actores: el usuario, el ladrón de cables y la empresa que presta el servicio. Esta última no aparece en el proyecto de ley.
Con el diputado Francisco Chahuán hemos preparado una indicación para incluir a este actor central que es, nada menos, la empresa telefónica, que en el proyecto queda liberada, como si toda la discusión debiera centrarse en las sanciones a los ladrones. Estamos totalmente de acuerdo con esto, pero la empresa telefónica debe reponer oportunamente el servicio interrumpido; no puede seguir eludiendo su responsabilidad. Es muy dura cuando el usuario no cumple; lo castiga cuando no paga. Además, debe intervenir la autoridad.
Como me gusta estudiar estas materias, recurrí una vez más a la Oficina de Informaciones de la Cámara, a fin de pedirle una lista de las normativas relacionadas con la materia. Pues bien, una de las dos seleccionadas es el decreto ley N° 1.762, con su última modificación, de 20 de octubre de 1982. Voy a leer sólo parte del artículo 6°, que dice que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones recordaba que el ministro Espejo no cumplió su promesa ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre en materia de antenas telefónicas que están afectando a los ciudadanos y depreciando el valor de sus propiedades, tendrá la obligación de dictar las normas técnicas de telecomunicación y controlar su cumplimiento.
¿Queremos sancionar y castigar a los ladrones? Sí. ¿Queremos sancionar más duramente a los que dejan sin servicio a los ciudadanos? Sí, pero, además, queremos que la autoridad cumpla su tarea, y ni el ministerio ni la Subsecretaría la cumplen.
La letra k) del artículo 6° dice: “Requerir de las entidades que operen en el ámbito de las telecomunicaciones y de cualquier organismo público los antecedentes e informaciones necesarios para el desempeño de su cometido, los que estarán obligados a proporcionarlos,”.
Por su parte, la letra l) dispone: “Aplicar las sanciones administrativas que establece la Ley General de Telecomunicaciones.”
En segundo lugar, los incisos primero y segundo del artículo 25 de la ley N° 19.496, del Ministerio de Economía, sobre protección del consumidor, señalan:
“Artículo 25.- El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.
Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.”
Me pregunto: ¿a cuál de las empresas telefónicas que dejaron sin servicio a los usuarios, cuyos ejecutivos se encogieron de hombros, diciendo: “a mí me robaron el cable”, han sancionado?
El día de mañana, en cualquier otra empresa de servicio, van a utilizar el mismo argumento para no cumplir con sus usuarios. Los consumidores tenemos la obligación de cumplir con lo que nos comprometimos; sin embargo, los encargados de las empresas proveedoras se encogen de hombros, le echan la culpa a otros y no responden.
En este proyecto debemos incorporar a todos los actores: el usuario la gran víctima, el ladrón, para que sea duramente castigado, con mayor pena, con mayor sanción, y la empresa telefónica, que debe ser sancionada cuando deja de prestar el servicio con el argumento de que le robaron los cables.
Las dos normas que señalé con anterioridad vuelven a fundamentar la petición que hago formalmente, en el sentido de que la materia que nos convoca no sólo debe ser abordada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino también por la de Economía, que defiende al consumidor y tiene interés en que esa defensa quede establecida a partir de un análisis que perfeccione esta norma y no libere a las empresas telefónicas de sus responsabilidades.
En la indicación planteamos la obligación de mantener el servicio y la imposibilidad de que la telefónica cobre cuando le han robado los cables.
He dicho.
El señor Presidente de la Cámara saluda a una delegación de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, que se encuentra en la tribuna de honor, encabezada por el Excelentísimo Presidente Adjunto, Honorable Obed Bapela , y el embajador de Sudáfrica en Chile, señor Víctor Zazeraj .
También saluda al embajador de Nueva Zelanda en Chile, señor Nigel Tyfe , y a los demás integrantes de la delegación de dicha embajada, presentes en las tribunas.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, a pesar de que los últimos discursos son perfectamente adecuados al proyecto que nos convoca el diputado Patricio Hales hizo un gran discurso, que complementa muy bien lo dicho por las diputadas señoras María Angélica Cristi y Amelia Herrera , referidos fundamentalmente a la responsabilidad de las empresas privadas, debo decir, bajo mi responsabilidad y no comprometiendo más que mi opinión, que estoy completamente en desacuerdo con el proyecto, aun a riesgo de la condena comunicacional que pueda acarrearme, porque, al final, busca la solución más fácil y representa exactamente lo que hemos estado haciendo en los últimos quince años: Cada vez que conocemos un hecho delictual, que comunicacionalmente es atractivo, lo discutimos en la Corporación, en un proyecto de ley. Si no es constitutivo de delito, creamos el delito; si es delito, aumentamos la pena, metemos presos a los culpables y luego nos olvidamos de ellos. Ésa es la típica forma de reaccionar en la Cámara de Diputados.
Después, aparecemos en los medios de comunicación diciendo que con el aumento de las sanciones y teniendo más personas hacinadas en nuestras cárceles hemos resuelto el problema. En los últimos quince años, de veinte mil personas privadas de libertad en los recintos carcelarios, hoy llegamos 45 mil, gracias a nuestras leyes.
Algunos podrán decir: ¡qué bueno!, ¡está bien!; otros, como yo, a pesar de que nadie duda que es bueno que los ladrones estén presos, creemos que debemos revisar profundamente lo que entendemos por política criminal.
Ahora, hay un proceso de revisión del Código Penal. Lo dijo la diputada señora Laura Soto y lo saben todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuyo objetivo es establecer en él todo lo que se relaciona con prevención, sanciones, condenas y rehabilitación.
A mi juicio, debiéramos esperar a ver qué haremos con la política criminal en Chile; cómo vamos a trabajar ese tema desde una perspectiva global, de manera que no sigamos como hasta ahora, en que cada vez que se nos presenta un problema repito que comunicacionalmente es atractivo, entonces lo enfrentamos como lo estamos haciendo ahora.
Éste es un problema serio. El Presidente de la Corporación, diputado señor Antonio Leal , me explicaba la gravedad que representa, sobre todo para el sector minero, el hurto de los elementos que contienen cobre, fundamentalmente cables. A ello, se agrega el hurto de las tapas de alcantarillado.
Estoy de acuerdo en que ese hecho puntual, coyuntural, es gravísimo; nadie lo puede negar. El punto central, a mi juicio, es otro: ¡hasta cuándo seguimos aumentando las penas y seguimos metiendo más gente en la cárcel! Lo que debemos hacer es resolver el problema penitenciario, que es una vergüenza para el país, y ocuparnos de la rehabilitación, tema en el que no hacemos absolutamente nada. Esos temas también tienen que ver con la seguridad ciudadana.
A mi juicio probablemente algunos compartan mi posición, la mejor política criminal en cualquier país del mundo es una buena política social, pero nunca hablamos de eso. En realidad, nos vamos por la solución más fácil.
Este proyecto condena a los ladrones a una pena privativa de libertad que va desde 541 días a cinco años, según explicaban los expertos en derecho penal; pero, si aplicamos lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único, es decir, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio, la pena se puede aumentar a diez años de privación de libertad.
¿Qué coherencia tiene esa disposición con el sistema criminal chileno? ¡No tiene ninguna coherencia!
Insisto, quiero llamar la atención sobre eso. No se trata de que el tema sea comunicacionalmente atractivo y salgamos en la radio, en la prensa escrita y en la televisión, sino de hacer las cosas bien.
Los discursos repito de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Amelia Herrera y del diputado Patricio Hales apuntan en la dirección correcta, pero tengo la sensación de que este proyecto, tal como está, al final no sirve de nada. Seguimos aumentando las penas, los criminales siguen siendo los mismos, al final al pasar el tiempo los encontramos igual por nuestras calles y no resolvemos nada. Salimos una noche en la tele y al día siguiente todo sigue igual.
Por eso, no estoy de acuerdo con este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
- Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces, y modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Rojas Molina Manuel ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Robles Pantoja Alberto ; Sule Fernández Alejandro .
El señor LEAL (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución para su segundo informe.
¿Habría unanimidad para enviar el proyecto, además, a la Comisión de Economía, en conformidad con la petición formulada por el diputado señor Hales ?
No hay acuerdo.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
1. Del señor Ascencio , para suprimir el inciso tercero.
2. Del Ejecutivo, para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:
“Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”.
3. Del señor Burgos , para suprimir el inciso final.
4. De la señora Herrera y de los señores Chahuan , Delmastro , Duarte , González , Hales , Saffirio , Sepúlveda , don Roberto , y Urrutia “Las empresa de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión es este tipo de delitos.”.
V. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE COMUNA DE PUERTO DOMÍNGUEZ EN LA NOVENA REGIÓN. (Votación).
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 191.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
ENVÍO DE PROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY N°19.568, SOBRE RESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS Y ADQUIRIDOS POR EL ESTADO.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 192, de los diputados señores Chahuán , Jiménez , Tuma , Farías , Hales y Sule , y de la diputada señora Soto, doña Laura.
“Considerando:
Que el artículo 1°, de la ley N° 19.568, publicada el 23 de julio de 1999, dispuso la restitución o indemnización de bienes confiscados y adquiridos por el Estado mediante diferentes decretos leyes, dictados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 que en dicho texto legal se individualizan, en virtud de los cuales se declaran disueltas diversas organizaciones, otorgando igual derecho a quienes perdieron el dominio de sus bienes por acto de autoridad ejecutado después de esta última fecha y que así haya sido establecido por sentencia judicial ejecutoriada, dictada con anterioridad a la vigencia de esta ley .
Que el artículo 8° de esta ley hace procedente el pago de indemnización, cuando no fuere posible la devolución de los bienes a que se refiere el artículo 1°, sean muebles o inmuebles, debido a su destrucción, modificación significativa u otra circunstancia que impida jurídica o materialmente su restitución, todo lo cual debió haberse hecho valer en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, según lo preceptúa su artículo 7°.
Que, no obstante la existencia de esta disposición, cabe señalar que, en el caso de pérdida, destrucción o modificación significativa de bienes por actos de autoridad ejecutados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, para que ella se hiciera efectiva en el plazo contemplado en el artículo 7°, se requería igualmente que se hubiere dictado una sentencia judicial que expresamente declarare que dicha pérdida patrimonial se debió precisamente a la circunstancia antes señalada.
Que muchas personas afectadas por esta situación, ya sea por desconocimiento, falta de recursos, haberse encontrado fuera del país u otras circunstancias similares, no estuvieron en condiciones de ejercer las acciones judiciales pertinentes, destinadas a obtener una sentencia declarativa de esta naturaleza, lo que les impidió acceder a las indemnizaciones establecidas por la referida ley.
Que, por una parte, a fin de reparar esta situación, se estima de toda justicia modificar la ley para eximirla del requisito de autoridad ejecutado con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, mediante una sentencia judicial declarativa ejecutoriada, al objeto de acceder a una indemnización, reemplazándose dicha exigencia por otro tipo de medios comprobatorios idóneos, y, por otra, otorgar un nuevo plazo excepcional para dicho objeto, delegando en la potestad reglamentaria las condiciones en que esta modificación legal operará.
Que, por el hecho de irrogar un gasto fiscal, la modificación legal que se impetra le corresponde, en lo que respecta a su origen, a S.E. la Presidenta de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política de la República.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.568, al objeto de eximir del requisito de exhibir una sentencia judicial ejecutoriada, que haya declarado la pérdida, la destrucción o la modificación significativa de bienes por actos de autoridad ejecutados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, para que las personas afectadas por este tipo de situación puedan acceder a las indemnizaciones que dicho cuerpo legal contempla, reemplazando esta exigencia por otros medios comprobatorios idóneos, y otorgar un nuevo plazo de carácter excepcional para este mismo objeto, todo ello de acuerdo con un reglamento que fijará las condiciones en que la modificación legal operará y que para dicho efecto se dictará.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, tal como se señala en la fundamentación del proyecto de acuerdo, con fecha 23 de julio de 1999 se publicó la ley N° 19.568, que en su artículo 1° dispuso la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado, en virtud de diferentes decretos leyes dictados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.
Según el artículo 8° de la mencionada ley, procede el pago de indemnización cuando no fuere posible la devolución de los bienes, debido a su destrucción, modificación significativa u otra circunstancia que impida jurídica o materialmente su restitución, todo lo cual debió haberse hecho valer en el plazo de un año, contado desde la publicación de la citada ley.
Sin embargo, para acreditar la imposibilidad de devolución, los afectados debían contar con una sentencia judicial que expresamente lo declarare, a fin de tener derecho a la indemnización.
Muchas personas, por desconocimiento, falta de recursos, encontrarse fuera del país en calidad de exiliadas u otras razones calificadas, no estuvieron en condiciones de ejercer oportunamente las acciones judiciales que dicha ley exige como requisito previo, lo que les impidió acceder a esta indemnización.
Por esta razón, consideramos de toda justicia que el Gobierno envíe un proyecto para modificar la citada ley, con el fin de dar, por una parte, la alternativa de acreditar la imposibilidad de efectuar la restitución material de bienes confiscados mediante otros medios idóneos que reemplacen la sentencia judicial exigida y, por otra, conceder un nuevo plazo para recibir una indemnización fiscal para tales efectos.
Pido a los colegas que den su aprobación a este proyecto de acuerdo porque, como ya expuse, viene a hacer justicia a muchas personas que, por las razones expresadas, no pudieron obtener la indemnización fiscal ante la imposibilidad de ejercer las acciones judiciales previas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
De nuevo no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo número 192.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
MEDIDAS PARA ACCEDER A DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DE SU SITIO WEB.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo número 194, de los señores Martínez , Estay , Sepúlveda, don Roberto ; Vallespín, Jaramillo ; señora Soto, doña Laura ; señores Bertolino , Galilea ; señora Goic, doña Carolina , y señor Vargas.
“Considerando:
Que el acceso a la información es un tema de la mayor relevancia para la sociedad, tanto para garantizar una participación informada de la ciudadanía como para la transparencia y la probidad que se exigen a los órganos del Estado.
Que la información completa, transparente y oportuna es el elemento de juicio más importante al que debe tener acceso todo ciudadano para ejercer su derecho a tomar parte en las decisiones públicas y llevar un correcto proceso de control de las mismas.
Que el país ha venido haciendo esfuerzos para avanzar en el acceso a la información, así como también algunas instituciones del Estado, como el Poder Legislativo y, particularmente, el Poder Judicial, al cual puede acceder cualquier ciudadano vía Internet y conocer sus resoluciones.
Que dicha situación no es generalizada en otros organismos del Estado, cuya labor es esencial para el correcto funcionamiento de la gestión pública, como la Contraloría General de la República, responsable de la fiscalización de los servicios sometidos a su control y de la correcta interpretación que debe darse a las normas en materias de su competencia.
Que, no obstante la obligatoriedad para los servicios públicos de ceñirse estrictamente a los dictámenes que dicho organismo de control emite, así como la importancia de la jurisprudencia administrativa que dicta para la gestión pública, su contenido no está íntegramente a disposición de la ciudadanía, a excepción de usuarios que han contratado el servicio que les permite el acceso total a los dictámenes, así como a las bases de datos de legislación y de normativa contable.
Que, actualmente, la Contraloría General de la República sólo permite al público en general, a través de su página web, un acceso restringido a una cantidad limitada de jurisprudencia consistente en extractos de algunas temáticas relevantes.
Que dicha situación resulta contraria al principio de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado, así como del derecho de acceso a la información pública, particularmente en cuanto a las facilidades que éste debe dar a los dictámenes de la Contraloría General de la República, únicos medios que pueden hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias sujetas a su control y fiscalización.
Que, en la medida que la ciudadanía conozca el alcance exacto de las disposiciones jurídicas en materias de orden administrativo, podrá ejercer un mayor control de la marcha de los servicios públicos. Asimismo, los funcionarios de dichos servicios podrán cumplir su labor con mayor conocimiento y propiedad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Contralor General de la República que disponga las medidas necesarias para permitir a la ciudadanía, a través de su página web, el acceso íntegro a los dictámenes que ese organismo de control emita, a excepción de aquellas materias que por ley sean calificadas como reservadas.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, sin duda, la información completa, transparente, oportuna es el más importante elemento de juicio al que debe tener acceso todo ciudadano para ejercer su derecho a tomar las decisiones públicas y poder llevar un correcto proceso de control de las mismas.
Es justo reconocer que el país ha venido haciendo esfuerzos para avanzar en el acceso a la información. Así lo han hecho algunas instituciones del Estado, como el Poder Legislativo y, particularmente, el Poder Judicial, al cual puede acceder todo ciudadano vía internet e incluso conocer de sus resoluciones. Lamentablemente, dicha situación no es generalizada en otro organismos del Estado, cuya labor es esencial para el correcto funcionamiento de la gestión pública, como la Contraloría General de la República, responsable de la fiscalización de los servicios sometidos a su control y de la correcta interpretación que debe darse a las normas en materia de su competencia.
Se ha dado la paradoja de que no obstante la obligatoriedad para los servicios públicos de ceñirse estrictamente a los dictámenes que dicho organismo de control emite, así como la importancia de la jurisprudencia administrativa que contiene para la gestión pública, su contenido no está íntegramente a disposición de la ciudadanía, a excepción de los usuarios que han contratado el servicio, el que les permite, además del acceso total a los dictámenes, a las bases de datos de la legislación y de la normativa contable. Para el público general se permite, a través de la página web del organismo, un acceso restringido a una cantidad limitada de jurisprudencia, consistente en extractos de algunas temáticas relevantes.
Esta situación, en mi opinión, es contraria al principio de transparencia y publicidad de los actos de la administración del Estado, así como el derecho de acceso a la información pública, particularmente en cuanto a las facilidades que éste debe dar a los dictámenes de la Contraloría, únicos medios que pueden hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias sujetas a control y fiscalización.
El proyecto busca, precisamente, que la Contraloría General de la República disponga las medidas para permitir a la ciudadanía, a través de su página web, el acceso íntegro a los dictámenes que ese organismo de control emite, a excepción de aquellas materias que por ley puedan ser clasificadas de reservadas.
En la medida que la ciudadanía conozca el alcance de las disposiciones legales en materia de orden administrativo, podrá ejercer un mayor control de la marcha de los servicios públicos. Asimismo, los funcionarios de dichos servicios podrán cumplir su labor con mayor conocimiento y propiedad. Pienso, por ejemplo, en aquellos servidores públicos de municipalidades pequeñas, en los jefes de educación, de salud, de finanzas, personal que tiene que tomar permanentemente decisiones en materias complejas y no siempre dispone de la información actual, oportuna y completa.
Ese es el sentido del proyecto y creo que sus efectos nos servirían a todos. Por eso, solicito a mis colegas su aprobación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, seré muy breve. Sólo deseo felicitar al autor de este proyecto extraordinariamente interesante. Si se pudiera materializar, los efectos que ha señalado el diputado Martínez podrían ser sumamente beneficiosos para el desarrollo del país.
Por eso, todos debiéramos votarlo a favor; ojalá por unanimidad.
Reitero mis saludos y felicitaciones al diputado Martínez , porque su proyecto de acuerdo es uno de los pocos que pueden tener un efecto excepcional para la vida democrática de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII.INCIDENTES
RECONOCIMIENTO PREVISIONAL A TRABAJADORES DEL PLAN DE EMPLEO MÍNIMO Y DEL PROGRAMA OCUPACIONAL PARA JEFES DE HOGAR.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi .
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, hace un par de meses, esta Cámara de Diputados, a través de un proyecto de acuerdo, acordó solicitar a la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca el reconocimiento previsional de los años trabajados por hombres y mujeres en el Plan de Empleo Mínimo, PEM, y en el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, Pojh , y que incluya, además, el pago de las correspondientes asignaciones familiares.
La iniciativa se fundamentó en el hecho de que, debido a la grave crisis económica del país durante las décadas de los 70 y de los 80, el Estado, a fin de mitigar el desempleo existente, creó los planes de empleo conocidos como PEM y Pojh , concebidos como solución transitoria y de emergencia, en espera de un mejoramiento de la realidad laboral.
Asimismo, el decreto ley N° 603, de 1974, reguló la organización de esos planes de empleo a través de las distintas municipalidades, estableciendo una remuneración equivalente a un tercio del ingreso mínimo, la que no sería imponible ni renta para ningún efecto legal, ni tampoco otorgaría calidad de empleado del Estado a quien desempeñare estos trabajos. Ello reafirmado por el artículo 46 del decreto supremo N° 1, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El proyecto de acuerdo consideró también que, sin embargo, reconociendo que la propia ley estableció que las remuneraciones de los antiguos trabajadores del PEM y del Pojh no eran imponibles ni constituían renta en ningún sentido, es de justicia que el Estado asuma la responsabilidad de la actual deuda provisional de dichos trabajadores, quienes, por razones ajenas a su voluntad, y por un problema de generación de empleos en el país, no pudieron acceder a la justa y necesaria previsión social, derecho reconocido en la Constitución Política de la República.
Además, la inmensa mayoría de esos trabajadores pertenecen a familias de los grupos más pobres y vulnerables de Chile, muchos de los cuales están en edad de jubilar y ni siquiera tienen, incluso, los meses mínimos requeridos de cotizaciones para acceder a pensiones mínimas.
Todos estos argumentos son absolutamente válidos para pedirle a la Presidenta, señora Michelle Bachelet , un proyecto de ley que establezca el reconocimiento previsional de los años trabajados por hombres y mujeres en el Plan de Empleo Mínimo, PEM, y en el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, Pojh .
No obstante, mientras la Mandataria no dé señales acerca de que esto se hará realidad, nadie puede aprovecharse de la necesidad de la gente para intentar sacar provecho. Quiero denunciar lo que está ocurriendo en Iquique, donde incluso se instaló una oficina para inscribir a gente a cambio del pago de 2.800 pesos por carpeta. Es una tremenda irregularidad, porque se están aprovechando, mediante un proyecto de acuerdo aprobado por todos nosotros, para estafar a mucha gente que piensa que ése es un proyecto de ley.
Desde esta tribuna, señor Presidente, hago un llamado a la gente para que no pague por ninguna inscripción ni tampoco crea que porque se aprobó un proyecto de acuerdo, el beneficio ya está otorgado.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y señores diputados que así lo están manifestando.
CREACIÓN DE FONDO DEPORTIVO COMUNAL Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia no se encontraba en la Sala el diputado inscrito en primer lugar, razón por la cual pido la unanimidad de la Cámara para ofrecer nuevamente la palabra a dicho Comité.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, hoy, deseo plantear una iniciativa personal en relación con la propuesta de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , sobre reformulación de las políticas deportivas y de Chiledeportes.
Quiero manifestar mi apoyo a las medidas que la Presidenta ha tomado y señalar que le he enviado una carta en el sentido que debemos avanzar en una reformulación a fondo de dichas políticas públicas, y que sólo mediante esa reformulación vamos a poder continuar con la tarea que ella se ha propuesto, en cuanto a sancionar todo tipo de irregularidades, pero, sobre todo, a lograr que los fondos públicos asignados al deporte alcancen a quienes deben llegar y, especialmente, a los sectores más desfavorecidos de la comunidad.
En primer lugar, el deporte debe ser política de Estado; formar parte del sistema educativo y de la cultura de una nación, además de asegurar una vida saludable. Por eso, el Estado debe intervenir activamente en estimularlo y apoyarlo para que llegue, en especial, a los sectores más vulnerables, a los establecimientos educacionales y al deporte amateur.
En segundo lugar, la política deportiva debe descentralizarse y desarrollarse prioritariamente en los territorios y comunas, permitiendo que, masivamente, hombres y mujeres de todos los sectores sociales y de todas las edades practiquen en forma regular, frecuente, alguna actividad deportiva.
La descentralización es también un instrumento fundamental para evitar cualquier forma de corrupción, de mala utilización y desperdicio de los recursos públicos invertidos. Con ello se asegura el control social y directo de los recursos por parte de la propia comunidad deportiva, y se estimula la colaboración activa y creativa de los clubes y grupos deportivos de los sectores privado y público, conjuntamente con las políticas deportivas.
Propongo que el municipio sea el principal órgano del Estado, impulsor, estimulador y encauzador de la actividad deportiva.
Para ello, propongo crear un fondo deportivo comunal en cada municipio de Chile, administrado por una corporación local, donde coparticipen el municipio y las organizaciones deportivas y educativas junto a sectores privados ligados al deporte o que puedan colaborar con él.
La forma específica de ese fondo deportivo y de la corporación local debe ser flexible y adecuada a la realidad de los municipios y comunidades locales. Asimismo, deben ser priorizados los municipios con menos recursos, asegurando que la distribución sea equitativa y alejada de todo criterio político, utilizando una fórmula semejante a la que se usa para el fondo común municipal.
Proponemos, además, que el 50 por ciento de los fondos deportivos públicos sean distribuidos descentralizadamente, a través de los municipios, y que el 25 por ciento de estos fondos sean asignados a los gobiernos regionales para que, de manera transversal y colectiva, vayan al desarrollo de iniciativas intercomunales.
Por último, debe establecerse un programa, semejante al de la jornada escolar completa, para incrementar los fondos de inversión para infraestructura deportiva en los establecimientos educacionales, procurando reunir hasta seis horas semanales de actividad deportiva.
Para terminar con los cuoteos y acomodamientos políticos en Chiledeportes y en otras instituciones públicas, es necesario que, además de los concursos que plantea la Presidenta Bachelet , se midan las aptitudes y capacidades de los profesionales y la calidad de los proyectos que se presenten.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República en los términos que he planteado en mi intervención.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN ACERCA DE PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASADA EN COMUNAS DE PANQUIPULLI Y DE RÍO BUENO. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en los últimos días, en el sur de Chile, específicamente en la provincia de Valdivia y en el distrito 54, que represento en esta Cámara, se han hecho notar comentarios que tiene que ver con la factibilidad de los proyectos de centrales hidroeléctricas de pasada. Esas noticias han causado confusión en la ciudadanía, especialmente, en las comunidades del lago Neltume y de Coñaripe, comuna de Panguipulli, y de Pilmaiquén, comuna de Río Bueno.
Allá se habla mucho de esas centrales hidroeléctricas de pasada, proyectos muy interesantes para producir energía; pero la ciudadanía no tiene conocimiento de ellas. Tienen sólo noticias; saben de algunas llamadas telefónicas de ciertas empresas y de la elaboración de ciertos estudios, que no han sido presentados a la autoridad local, todo lo cual genera confusión en la comunidad.
La provincia de Valdivia ya fue conmovida por el impacto ambiental ocasionado en las aguas del Río Cruces por la planta de celulosa de Celco. No sé si tendrá la culpa o no de los estragos producidos en ese río, cercano afluente del Valdivia o del Calle Calle. Por eso, la ciudadanía llama, a través de este diputado, a que se les informe para terminar con la confusión.
Por lo tanto, pido que se oficie ministro de Minería y Energía y al superintendente de servicios eléctricos para que nos digan qué está pasando con esos proyecto de centrales hidroeléctricas de pasada en las comunas de Panguipulli y de Río Bueno.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
AMPLIACIÓN DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN COMUNAS CARENTES DE ENTIDADES DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL (EGIS). Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor MULET.-
Señor Presidente, deseo hablar en el tiempo de la Democracia Cristiana, que en Incidentes está antes que el Partido Socialista para hacer uso de la palabra.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristian no hay nadie inscrito.
El señor MULET.-
Pero puede pedir la unanimidad de la Sala…
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se puede pedir, señor diputado, pero es preferible la inscripción oportuna para no tener estos contratiempos.
El señor MULET.-
Señor Presidente, entiendo que, correspondiéndole el tiempo a mi bancada y estando yo presente en la Sala, no requiero inscripción previa. ¿Es así, señor Secretario?
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Señor diputado, el jefe de bancada entrega siempre un listado con el nombre del diputado que hará uso de la palabra y el tiempo que se le asigna para tal efecto.
El señor MULET.-
Señor Presidente, para mayor claridad, deseo que el Secretario me informe si puedo hacer uso de la palabra en el tiempo de mi bancada, aunque no me haya inscrito. Le recuerdo que estoy presente en la Sala y mi bancada no tiene diputados inscritos para Incidentes.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Si no hay inconveniente de parte de los diputados presentes en la Sala, puede hacer uso de la palabra.
El señor MULET.-
Señor Presidente, no se me ha respondido la pregunto de fondo. Para no volver a cometer el error, ¿puedo hacer uso de la palabra en el tiempo de mi bancada, sin estar previamente inscrito?
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Puede hacerlo, porque la Sala es soberana; pero, en lo sucesivo, vamos a exigir, para un mejor ordenamiento, que se entregue oportunamente a la Mesa el listado con los nombres de los diputados que harán uso de la palabra en Incidentes, con la firma del jefe de bancada. Ese es el procedimiento habitual.
El señor MULET.-
Señor Presidente, sé que ese es el procedimiento habitual…
La señora SAA, doña Antonieta .-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para un tema de Reglamento, tiene la palabra la diputada señor Antonieta Saa .
La señora SAA (doña Antonieta) .-
Señor Presidente, ¿la inscripción previa está dispuesta por el Reglamento o es un acuerdo de los Comités?
Si un Comité no inscribió diputados y en el tiempo que corresponde a su bancada está presente en la Sala un colega de ese partido, pienso que bien puede hacer uso de palabra.
Por lo tanto, pido que se me aclare la duda, para no estar ignorante de los procedimientos de la Cámara en Incidentes.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Aquí está establecido que corresponde a los Comités distribuir el tiempo a través de sus jefes de bancada. Así está consignado y por eso se usa esta modalidad.
La señora SAA (doña Antonieta) .-
Gracias por la información, señor Presidente.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, deseo abordar en esta oportunidad una situación que me parece compleja y que dice relación con la construcción de viviendas sociales, particularmente en la comuna de Vallenar, que me honro en representar en esta Cámara.
El nuevo sistema habitacional impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet nos tiene a todos muy esperanzados, ya que ha dispuesto el aumento de recursos destinados a la vivienda social y la ampliación de sus dimensiones. También ha dispuesto nuevos subsidios para el mejoramiento del entorno de esas viviendas y para reparar viviendas antiguas. En fin, nos tiene muy entusiasmados.
Ese sistema habitacional obliga a que la demanda se organice a través de entidades de gestión inmobiliaria social, las Egis, que están autorizadas, para el efecto, por el Serviu. Una vez organizada la demanda, las Egis se encargan de presentar los correspondientes proyectos a los concursos regionales para obtener los recursos y empezar a construir.
La duda que tengo es qué pasa en las comunas en donde no existen o no funcionan las Egis, que son entidades intermedias que actúan como un verdadero brazo del Serviu para que se ejecuten las viviendas sociales programadas. O qué pasa si cierto municipio, que también puede actuar como una Egis, no promueve una política habitacional en una determinada comuna. Nos encontramos en una situación obviamente compleja y difícil.
Hace alrededor de dos o tres años que no hay ningún proyecto de construcción de viviendas sociales en la comuna de Vallenar, lo que es tremendamente alarmante. Según me han informado las autoridades de ese organismo, hay más de tres mil personas inscritas en los registros del Serviu para postular a viviendas sociales, pero no ha habido propuestas o proyectos del municipio o de la Egis correspondiente.
Reitero, nos encontramos en una situación bastante compleja y difícil, porque en dos o tres años no se ha hecho ningún proyecto de vivienda social, lo que implica que no se da solución a los cientos y cientos de familias que requieren de esas viviendas sociales o de esos subsidios.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y al director nacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que me señalen con absoluta claridad qué debemos hacer cuando los municipios no actúan como Egis o cuando no hay Egis privadas, distintas de los municipios, para generar nuevos proyectos de vivienda social, porque me preocupa lo que ocurre en la comuna de Vallenar.
Señor Presidente, el diputado señor Lorenzini me ha pedido parte del tiempo que corresponde a nuestro Comité, a lo cual, por cierto, accedo con mucho gusto.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
APRECIACIONES SOBRE DERECHO A USAR DE LA PALABRA EN INCIDENTES.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, solicito que el señor Prosecretario me señale dónde figura que se debe entregar previamente a la Mesa una lista con los nombres de los diputados que van a intervenir en Incidentes.
He sido Presidente de la Corporación, por lo que tengo muy claro que cuando un diputado solicita intervenir en Incidentes, se le tiene que otorgar el uso de la palabra cuando le resta tiempo a su Comité. Nosotros tenemos que solucionar los problemas al interior de la bancada si hay dos, tres o cuatro peticionarios.
Reitero, en ningún artículo del Reglamento figura que se debe entregar previamente una lista a la Mesa en que figuren los nombres de quienes desean hablar en Incidentes. Me parece que aquí se ha cometido un error, por lo que procederé a censurar la Mesa.
Por lo tanto, pido que se den las explicaciones que corresponden respecto del procedimiento que se ha adoptado hace algunos instantes con el diputado Mulet .
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Señor diputado, el artículo 115 dice que a los Comités les corresponde distribuir los tiempos.
El señor LORENZINI.-
Así es, señor Presidente.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Y, usualmente, los jefes de los Comités son los que entregan un listado.
El señor LORENZINI.-
No es así. Quiero que el señor Prosecretario lea la norma del Reglamento que establece que se debe entregar un listado previo con el nombre de los diputados que van a intervenir.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tengo entendido que es un acuerdo de los Comités, estimado colega.
El señor LORENZINI.-
No es acuerdo de los Comités. Yo soy Comité.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Voy a proponer en la próxima sesión de los Comités que establezcamos una norma para el mejor desarrollo de la sesión.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, usted ha faltado al Reglamento, asesorado por el señor Prosecretario.
Por lo tanto, quiero una explicación, ya que de lo contrario, procederé a censurar la Mesa.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El articulo 115, que acabo de mencionar, establece que los Comités deben distribuir el tiempo que les corresponde entre los diputados.
El señor LORENZINI.-
Solicito que el señor Prosecretario lea esa norma.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
“Artículo 115.
El derecho a usar de la palabra en los Incidentes corresponderá a los Comités, quienes lo ejercerán por un tiempo que se determinará de la siguiente manera:
a) Se establecerá un coeficiente fijo para cada Diputado, como resultado de dividir el total del tiempo que a la semana se destina a Incidentes por el número de Diputados que constituyan la Corporación.
b) Este coeficiente se multiplicará por el número de Diputados que integren el respectivo Partido o Comité.
c) Si un Partido tiene dos o más Comités, podrá administrar conjuntamente el tiempo que le corresponde.
d) El tiempo que resulte se dividirá por períodos iguales al número de sesiones que la Cámara acuerde celebrar a la semana, al comienzo de cada período legislativo, conforme a lo dicho en el artículo precedente.
e) Los Partidos o Comités podrán ceder o permutar el total o parte de su tiempo.”
El señor LORENZINI.-
En ninguna parte dice que los diputados que deseen hablar en esta parte de la sesión deben figurar en una lista escrita, señor Presidente.
Solicito que llame a reunión de Comités y que suspenda la sesión.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se cita a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
APOYO A CONSTRUCCIÓN DE PEAJE A LA ENTRADA DEL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, hace semanas, en diversos medios de comunicación de la Décima Región se dieron a conocer importantes antecedentes que guardan relación con un proyecto que creo que es sumamente necesario para la misma: la construcción de una segunda vía en el camino que une la capital regional con el aeropuerto El Tepual.
Es sabido por todos que dicho aeropuerto es el segundo con la mayor cantidad de pasajeros y de carga en el país, por lo cual se hace imperioso que en el futuro exista un proyecto de esa envergadura.
No obstante, muchos pregonábamos la intencionalidad de generar allí un proyecto con recursos fiscales que no irrogara mayores costos para los ciudadanos que se desplazan en esa ruta. Me refiero particularmente a los habitantes de sectores rurales de Puerto Montt: Lagunitas , Las Quemas y El Tepual aproximadamente 1.500 familias, y más de 4.500 familias de la comuna de Los Muermos, que forma parte del distrito que represento honrosamente.
Nos ha sorprendido la aparición de un proyecto de una entidad privada, la concesionaria Los Lagos, con intención de construir la doble vía. Sin embargo, ese proyecto contemplaba un peaje a tres kilómetros antes del aeropuerto, con lo cual esas 4.500 familias se iban a ver seriamente afectadas por utilizar ese camino.
En todo caso, en la semana en curso hemos tenido importantes avances con la concesionaria, que está dispuesta a instalar el peaje en el acceso del aeropuerto, con lo cual los habitantes mencionados no tendrán que asumir dicha carga. Por otro lado, la empresa se comprometió a construir una ruta asfaltada entre Puerto Varas y el aeropuerto El Tepual a través de la ruta Las Lomas.
Además, el proyecto es de enorme relevancia para descongestionar el tránsito en la capital de la Décima Región.
Esas aproximaciones al proyecto definitivo que la empresa entregará al ministro de Obras Públicas en las próximas horas constituye un avance importante para la Región.
Consideramos que es un proyecto muy relevante, pues no contraría los intereses de la ciudadanía de los sectores mencionados; por el contrario, al asfaltar la ruta Las Lomas se hace aún más relevante para el desarrollo de la Décima Región y para la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Bitrán , con el objeto de apoyar la iniciativa de construir un peaje a la entrada del aeropuerto El Tepual.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO CON PROFESORES. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en segundo lugar, en mis actividades de fin de semana conversé con la señora Graciela Aguilera , prestigiosa docente de la escuela Alemania, ex N° 1, de Puerto Montt.
Como muchos cientos de otros profesores, ha dedicado toda su vida a la enseñanza en nuestra región, y miles de alumnos han sido educados por ella. También han sido miles los maestros que han luchado para que, de una vez por todas, se resuelva la deuda histórica que el Estado tiene con ellos.
Hay que recordar que el Senado, en dos oportunidades el 5 de abril de 2002 y el 9 de noviembre de 2004 acordó, por unanimidad, solicitar al presidente de la época disponer que el Ministerio de Educación y las demás reparticiones públicas pertinentes escuchen al profesorado y a los municipios con relación al estudio y proposición de una solución definitiva, dentro de las posibilidades del erario, a la deuda del Estado con los profesores por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el artículo 40 del decreto ley N° 3.551, manifestándoles, además, su decisión de apoyo a la fórmula que se acordara.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda, con el objeto de que nos informen de los avances de este importante tema que tiene compungidos a miles de profesores del país, los que requieren una pronta respuesta.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CONCIERTO DE GRUPO INTI ILLIMANI EN VOLCÁN OSORNO.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en la Décima Región se ha generado una polémica inusitada, porque el prestigioso grupo musical internacional Inti Illimani , que durante el gobierno militar estaba integrado por exiliados políticos, va a realizar un concierto histórico el 11 de noviembre próximo, un hito relevante para la región, a los pies del volcán Osorno , que pertenece a la comuna de Puerto Varas, a la que represento en esta Cámara de Diputados.
El acceso al volcán estaba restringido a una elite. En la actualidad, la ruta de acceso está asfaltada casi completamente y están aprobados los recursos para continuar con el asfalto hasta los pies del volcán, lo que ha permitido que dicho acceso sea masivo.
El grupo Butalafquén , entidad cultural, presentó un proyecto al gobierno regional el que fue aprobado dentro del marco del 2 por ciento de recursos para cultura, asignados por ley, para la presentación del grupo Inti Illimani , a la cual asistirán dos mil alumnos de pocos recursos de la región.
Ese importante evento va a marcar un hito desde el punto de vista turístico, para que en otras naciones del mundo vean las bellezas de nuestra región. Lamentablemente, dos concejales de la UDI, con capacidad intelectual bastante limitada, de Puerto Montt y de Puerto Varas, han cuestionado en duros términos la realización del evento, aduciendo que la iniciativa constituye favores políticos para el grupo Inti Illimani , sin considerar que dicha presentación representa un impacto importante para la región desde todo punto de vista.
Quiero felicitar no sólo al grupo cultural que presentó esta iniciativa tan importante para la región, sino también al gobierno regional en la persona del intendente, al Director Nacional de Sernatur, institución involucrada en el proyecto, y a su directora regional, señora Javiera Ulloa , quien ha sido clave en la iniciativa.
Además, felicito la gran labor desarrollada por los empresarios hoteleros de Puerto Varas y de la región y por personal del Ejército y de Carabineros para la realización de dicho evento.
Reitero, el evento es muy importante para la región y para el turismo, y estamos seguros de que el 11 de noviembre, quienes han criticado su realización, tendrán que sumarse a los aplausos de esta gran iniciativa del Gobierno.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
FISCALIZACIÓN DE LOCALES DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CALAMA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, quiero denunciar dos problemas que afectan al distrito al cual tengo la honra de representar.
En primer lugar, dada la profunda inquietud que existe en los habitantes de la ciudad de Calama, solicito que se oficie a la Inspección del Trabajo, a la autoridad sanitaria respectiva, a la gobernación de la provincia de El Loa y a todas las autoridades que correspondan, que realicen en el más breve plazo una exhaustiva fiscalización a los lugares de expendio de cerveza, a cabarets y cafés denominados “con piernas” de la ciudad.
Como es sabido por todos, dada la gran cantidad de población flotante de la zona, especialmente ligada al rubro minero, ese tipo de locales ha proliferado de manera preocupante, a tal punto que su presencia resulta molesta para los habitantes de la ciudad. Pero no sólo su presencia causa molestia, sino todo lo que conlleva. En los sectores aledaños ha aumentado notablemente la delincuencia y los detenidos por ebriedad. Además, en esos locales hay muchas irregularidades, porque se transgreden muchas disposiciones legales, como contratación de menores de edad y de extranjeros sin documentación al día.
Por las razones anteriores, reitero mi solicitud de oficios a las autoridades mencionadas.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE RADICACIÓN DE HABITANTES DE CALETA COBIJA, EN TOCOPILLA. Oficios.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales para que se pronuncie respecto de un problema que afecta a habitantes de la caleta Cobija, cercana a la ciudad de Tocopilla, donde viven fundamentalmente personas vinculadas a la pesca artesanal.
Por ello, pido recabar información para saber a qué lugar serán trasladadas dichas personas, puesto que ya se les ha notificado que tienen que desalojar los lugares donde han instalado sus hogares y en muchos casos también su actividad laboral.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Robles, Accorsi, Espinosa, don Marcos; Meza, Jarpa, Sule y Venegas, don Samuel.
Establece feriado el 31 de octubre, día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes. (boletín N° 4640-24)
“Vistos:
Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
l°Que el país tiene un área de 292.260 millas cuadradas y una población levemente superior a los 15 millones. De acuerdo al censo de 2002, el 70 por ciento de la población mayor de 14 años se identificó como católica romana, y los evangélicos totalizaron 1.699.725 personas, es decir, el 15,1 por ciento de la población mayor de 14 años. En el censo, el término “evangélico” se refiere a todas las iglesias no católicas cristianas, con la excepción de la Iglesia Ortodoxa (griegos, persas, serbios, ucranianos, y armenios), la Iglesia de Jesucristo de los últimos Días (mormones), Adventistas del Séptimo Día, y Testigos de Jehová. Aproximadamente el 90 por ciento de los evangélicos eran pentecostales. También están presentes las iglesias protestantes tradicionales, incluyendo la wesleyan, luterana, evangélicos reformados, adventistas del séptimo día, presbiteriana, anglicana, y metodista.
Otras denominaciones registradas en el censo de 2002 fueron los testigos de jehová (119.455 personas), los mormones (103.735), judíos (14.976), cristianos ortodoxos (6.959), y musulmanes (2.894). Todas las demás religiones totalizaron 493.147 personas, es decir, un 4,4 por ciento. Los ateos y aquellos “indiferentes” a la religión constituyen aproximadamente el 8,3 por ciento (931.990) de la población mayor de 14 años. Los baha'is no fueron mencionados en el censo pero sus adherentes estimaron que el número de personas que practican esa fe alcanza a los 6 mil. También hay una pequeña población de budistas así como un número muy pequeño de miembros de la Iglesia de la Unificación.
Los grupos religiosos más grandes tienen una numerosa presencia en la capital del país; los católicos, pentecostales y otras iglesias evangélicas también fueron activos en otras regiones del país. Las comunidades judías locales estaban localizadas en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Valdivia, Temuco, Concepción, e Iquique (aunque no había una sinagoga en Iquique). Había mezquitas en Santiago e Iquique.
La personas indígenas constituyeron el 5 por ciento (780.000) de la población. De ese grupo, el 65 por ciento se identifica a sí mismo como católico, un 29 por ciento evangélico, y un 6 por ciento como “otra”. Las comunidades mapuches, que constituyen el 87 por ciento de los ciudadanos indígenas, continuaron respetando a sus líderes religiosos tradicionales (lonkos y machis), y la información anecdótica indicó un alto grado de sincretismo en la adoración y en la persistencia de prácticas de curación tradicionales. Muchos miembros de la población indígena consideraron esto más bien como una cuestión de carácter cultural que una práctica religiosa.
2°Que la Constitución garantiza la libertad de culto y, en la práctica, el gobierno generalmente respetó este derecho. Iglesia y el Estado están oficialmente separados.
La ley de Culto de 1999 incluye una cláusula que prohíbe la discriminación religiosa. No obstante, además de la Navidad y el Viernes Santo, hay cuatro festividades católicas que son celebradas como feriados nacionales: Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, y la Inmaculada Concepción.
La ley permite que cualquier grupo religioso obtenga personalidad jurídica de derecho público (amplio status religioso sin fines de lucro). Puede que el ministerio de Justicia no rechace aceptar una solicitud de registro, aunque puede objetar la solicitud dentro de un plazo de noventa días aduciendo que los prerrequisitos legales de inscripción no han sido satisfechos. El solicitante tiene, entonces, sesenta días para referirse a las objeciones presentadas por el ministerio o recusar al ministerio ante los tribunales. Una vez que una entidad religiosa ha sido inscrita, el Estado no puede disolverla por decreto. El semiautónomo Consejo de Defensa del Estado puede iniciar una revisión judicial; sin embargo, a ninguna organización que inscrita bajo la legislación de 1999 se le ha cancelado su registro.
Además, la ley permite a las entidades religiosas adoptar una carta y estatutos internos acordes a una organización religiosa más que a una organización privada. Puede establecer organizaciones afiliadas (colegios, clubes y organizaciones deportivas) sin registrarlas como corporaciones separadas.
Al término del periodo cubierto en este informe, 1.068 grupos religiosos y organizaciones relacionadas se habían registrado bajo la ley de 1999 y habían obtenido el derecho a estatus legal público. Esta cifra incluye a la iglesias Católica, Griega y Ucraniana Ortodoxa, una amplia variedad de iglesias protestantes (evangélica, luterana, metodista, pentecostal, anglicana, presbiteriana, bautista y episcopal), varios templos budistas, congregaciones religiosas, mezquitas islámicas, mormones, adventistas del séptimo día y testigos de jehová.
Los colegios deben impartir educación religiosa dos veces a la semana hasta la enseñanza media; la participación es optativa (con autorización de los padres). La educación religiosa en las escuelas públicas es casi exclusivamente católica. Enseñar el credo solicitado por los padres es obligatorio; sin embargo, la puesta en práctica es algunas veces más relajada y la educación religiosa en otra fe que no sea la Católica Romana es a menudo proporcionada por colegios dominicales y otras instancias. Las administraciones de las escuelas locales deciden cuántos fondos se gastan en enseñanza religiosa. A pesar de que el Ministerio de Educación aprobó el currículum para catorce otras denominaciones, el 92 por ciento de las escuelas públicas y el 81 por ciento de los colegios privados ofrecen educación religiosa basada solamente en la fe católica.
3°Que la política y las prácticas del gobierno contribuyeron generalmente a la libertad de práctica de religión.
La ley de Culto de 1999 garantiza a otras religiones y denominaciones el mismo derecho que posee la Iglesia Católica de tener capellanes en los hospitales públicos, prisiones y unidades militares. Las regulaciones hospitalarias continúan permitiendo específicamente a capellanes católicos en los hospitales y si un paciente lo requiere, a proveer acceso a capellanes y laicos de otras religiones. Había 35 capillas católicas, 39 capellanes católicos pagados y más de mil voluntarios autorizados a realizar actividades religiosas en el sistema carcelario. Las autoridades carcelarias establecieron dos puestos de capellanes cristianos evangélicos a nivel nacional y cada prisión tiene trabajadores pastorales evangélicos cristianos. Pastores no católicos informaron que su acceso a las cárceles y hospitales fue generalmente bueno durante el período cubierto en este informe.
La celebración de una misa católica marca frecuentemente los eventos públicos oficiales. Si el evento es de naturaleza militar, todos los miembros de las unidades participantes están obligados a asistir sin importar su religión.
4°Que el 26 de Diciembre de 2005 el Ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, firmó el decreto que instituye el 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, indicando que fue: “una forma de agradecer el aporte que estas iglesias han realizado en forma permanente y sostenida a nuestra historia, a la conformación de una patria más fraterna, solidaria y humana”. Agregó, además, que “declarar este día nacional, es una manera de relevar la significación histórica y social de estas expresiones de la fe cristiana en Chile, las hondas raíces de la cultura cristiana evangélica, que se remontan a la acogida de O'Higgins al reverendo Diego Thomson, hecho que abrió espacio al primer ámbito plural y de tolerancia en los inicios de nuestro joven país”.
5°Que la gran mayoría de los obispos, pastores, pastoras y miembros de las iglesias evangélicas sostienen que es necesario declarar el día 31 de Octubre festivo, dada la especial connotación que la fecha implica para quienes siguen la fe en cuestión. Las jornadas laborales, escolares y similares a las cuales todos (sin excepción e independientemente de la fe que se profese), estamos sometidos impiden que, precisamente, la población cada vez más creciente de personas adheridas al culto evangélico puedan abocarse por completo a celebrar y conmemorar el día que la autoridad declaró “Día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes”, impedimento que, a nuestro juicio, constituye una situación injusta y que amerita nuestra intervención como legisladores.
Por tanto,
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Establece feriado el 31 de octubre, Dia nacional de las iglesias evangelicas y protestantes
Artículo único: Declárese festivo el día 31 de Octubre, por motivo de conmemorarse el Día nacional de las iglesias evengélicas y protestantes.
Moción de los diputados señores Delmastro, Becker, Farías, Galilea, García, Girardi, Jiménez, Vargas, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Herrera, doña Amelia.
Modifica el Código Procesal Penal, estableciendo diligencias prioritarias para la investigación en casos de desaparecimiento de personas. (boletín N° 4641-07)
“Considerando:
1.Que, en Chile anualmente se presentan alrededor de 20 mil denuncias por presunta desgracia. Del total de casos, alrededor del 52% corresponde a hombres y el 48% a mujeres.
2.Que, el 29 de julio del año 2002, Carabineros de Chile crea una nueva dependencia orgánica denominada “Sección Encargo de Personas (SEP)”, cuya función es gestionar una base de datos que contenga las denuncias por presunta desgracia, a nivel nacional, con el propósito de contar con un registro único de personas perdidas.
3.Que, en junio de 2003, el Fiscal Nacional instruyó a los Fiscales adjuntos que al tomar conocimiento directamente de denuncias por presunta desgracia en las Fiscalías Locales, se derive al denunciante a concurrir a la correspondiente Unidad de Carabineros ubicada en la comuna donde desaparece la persona, de manera de incorporar el caso como encargo en el ámbito nacional.
4.Que, si bien es cierto que el país cuenta con una base de datos con un registro único de personas pérdidas, y Carabineros realiza el encargo de inmediato a todo el país, a través de su sistema computacional, reuniendo antecedentes sobre la persona extraviada y además se realizan las consultas correspondientes a la Central de Comunicaciones, Policía de Investigaciones, hospitales, Servicio Médico Legal y otras entidades relacionadas con hechos de ocurrencia policial o accidentes, esta medida no es suficiente, ya que un gran número de personas finalmente no es nunca ubicada.
5.Que, de acuerdo a las estadísticas que maneja Carabineros, a través de la Sección Encargos de Personas, en los primeros cinco días aparece el 41 por ciento de las personas; sin embargo, muchas de ellas no son nunca habidas, por lo que es dable suponer la ocurrencia de un delito. Ejemplo de ello es lo sucedido en Alto Hospicio, donde 14 menores desaparecieron de su hogar y la policía no investigó en profundidad por suponer que se trataba de casos de abandono de hogar. Finalmente, se comprobó que fueron asesinadas. Actualmente, en la X Región, hay numerosos casos de menores desaparecidos sin que se tenga la certeza de qué ha sucedido con ellos.
6.Que, dado que las diligencias decretadas en las primeras horas son fundamentales para la ubicación de las personas, este proyecto de ley propone que en conocimiento de una denuncia de presunta desgracia, la fiscalía correspondiente nombre un fiscal que en forma prioritaria investigue esta denuncia y, así, ordene con prontitud las medidas que correspondan.
Por tanto,
Venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese el Código Procesal Penal de la siguiente forma: Incorpórese en el artículo 84 el siguiente inciso segundo nuevo: “El Ministerio Público informado de una denuncia de presunta desgracia deberá designar un fiscal para que conozca del asunto y ordene en forma prioritaria las diligencias conducentes al esclarecimiento del caso”.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Galilea, Lobos, Monckeberg, don Cristián; Palma, Verdugo, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena.
Modifica ley N° 18.834, que contiene el estatuto administrativo, con el objeto de precisar obligacion que indica e incorporar un nuevo derecho de los funcionarios publicos. (boletín N° 4642-06)
Fundamentos del proyecto.
La ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, establece en su artículo 1º, que las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas de esta ley.
Por su parte, la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración Social, contiene en su artículo 54 la obligación que rige para todas las autoridades de la Administración del Estado y de los funcionarios públicos, sean de planta o a contrata, de dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.
Dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
El artículo 55 del Estatuto Administrativo, que enumera las obligaciones de cada funcionario, prescribe en su letra k), que deben denunciar ante el Ministerio Público, o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.
Consideramos que la obligación de denunciar los hechos de carácter irregular que se impone a los funcionarios, es un concepto demasiado amplio, que debe precisarse, para que se establezca que este deber de denunciar, comprende en forma explícita, los hechos que contravienen el principio de probidad administrativa, por lo que se hace necesario modificar dicha disposición en el tal sentido.
De igual modo, estimamos que así como el artículo 84 del mismo Estatuto Administrativo, contempla el derecho de los funcionarios a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma, debe contemplarse también, en forma explícita, el derecho del funcionario a no ser perseguido, hostigado, discriminado ni mal calificado en sus respectiva institución, por el hecho de haber denunciado infracciones al principio de probidad administrativa.
Para tal efecto, se requiere incorporar un artículo 84 bis a dicha ley, que establezca este derecho funcionario.
En virtud de las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase la ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, de la siguiente forma:
1. En su artículo 55, letra k), agrégase después del punto y coma final (;), que se reemplaza por una coma (,), la siguiente oración:
“especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad regulado por la Ley Nº 18.575”.
2. Agrégase un inciso tercero al artículo 84 de la Ley Nº 18.834, del siguiente tenor:
“Asimismo los funcionarios tendrán derecho, a no ser perseguidos, hostigados, discriminados o mal calificados en su respectiva institución, por el hecho de haber denunciado un hecho que contraviene el principio de probidad administrativa”.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Álvarez-Salamanca, Lobos, Monckeberg, don Cristián, Monckeberg, don Nicolás; Palma, Rojas y Verdugo.
Modifica CÓdigo Penal con el objeto de tipificar como delito funcionario la falsedad de informe por parte de los funcionarios públicos. (boletín N° 4643-07)
Fundamentos del proyecto.
Con fecha 23 de Septiembre de 1998, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley en esta Corporación, en virtud del cual se tipifica como delito funcionario la falsedad de informes por parte de los funcionarios públicos ante el Congreso Nacional. Lamentablemente, al momento de presentarse esta moción, dicho proyecto aún no se inicia su correspondiente debate, pese a que ha sido considerado como una eficaz herramienta de fiscalización, toda vez que en las conclusiones de dos comisiones investigadoras se ha recomendado su pronta discusión.
Estando plenamente de acuerdo con los fundamentos de ese proyecto, consideramos sin embargo que debe tipificarse como delito funcionario, toda falsedad en que incurran los funcionarios públicos en los informes que les corresponda emitir, sean verbales o escritos, y cualquiera sea el destinatario de los mismos.
Lo expuesto anteriormente cobra especial importancia, si se tiene presente las graves irregularidades con características de delitos, establecidas por la Contraloría General de la República en la gestión de Chiledeportes, que han sido conocidas por una conmocionada opinión pública al tiempo de ingresarse este proyecto, y que involucraron la emisión de informes falsos por parte de funcionarios de dicha repartición pública.
Las razones para distorsionar la verdad en los informes que han de expedir dichos funcionarios, pueden obedecer a diversas causas, como por ejemplo, motivaciones de carácter político-partidista, presiones o amenazas de parte de autoridades superiores o políticas, lealtades malentendidas, afán de ocultamiento de irregularidades en las que se puede o no tener una cuota de responsabilidad, y en general, diversas otras justificaciones de índole similar.
El funcionario que forma parte de la Administración Pública y que, por mandato de la ley o de disposiciones reglamentarias le corresponde informar asuntos del servicio, ya sea en el ejercicio de las facultades que el propio ordenamiento legal le confiere, o bien por delegación de funciones otorgada con arreglo a la normativa propia que lo rige, es un depositario de la fe pública, por cuanto lo que expresa en sus informes, se tiene por parte de sus destinatarios o auditores, en su caso, como la expresión fiel y genuina de la verdad.
El funcionario público debe asumir que su cometido no constituye el desempeño de cualquier empleo, sino que implica la materialización de una acendrada vocación de servicio público, y por lo tanto, en las tareas que debe cumplir, ejerce un mandato de confianza que le ha conferido la comunidad toda, a quien verdaderamente se debe.
Al distorsionar la verdad, en cualquier medida, dando por cierto algo que no lo es, se afecta gravemente el principio de probidad administrativa, ya que se erosiona la credibilidad pública de quienes, por mandato legal, están obligados a sustentarla y acrecentarla.
Nada justifica, por tanto, las “mentiras piadosas”, ni pueden existir razones de Estado, por muy poderosas que sean, que sirvan de pretexto para amparar la mendacidad del agente estatal.
El funcionario público debe demostrar probidad y honestidad en todos sus actos de gestión administrativa, por lo cual corresponde reprimir, con igual fuera que la corrupción y el tráfico de influencias, la falta de veracidad funcionaria, en todos sus niveles, y sea cual sea el grado jerárquico de quien está obligado a informar asuntos de su servicio. Las autoridades deben dar ejemplo a sus subordinados, sin ejercer presiones de ningún tipo, para que se oculte la verdad.
El Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en su artículo 13 exige al personal castrense “un acendrado culto por la verdad”, al punto que el artículo 370 N° 1 del Código de Justicia Militar, sanciona al militar que, sin cometer otro delito de mayor gravedad, diere, a sabiendas, un informe falso verbal o por escrito, sobre asuntos del servicio.
Nos parece injusto y discriminatorio circunscribir solo a dichos funcionarios que a la postre también forman parte de la administración estatal la penalización de la falta de veracidad, cuando se actúa a sabiendas de tal ilicitud, sea que el informe sea por escrito o simplemente se entregue verbalmente.
Por esta razón, consideramos que esta figura debe también contemplarse en forma expresa para los funcionarios públicos, cuando con dolo específico, manifestado en la expresión “a sabiendas”, incurran en falsedad de informe en asuntos propios de su cargo.
Asimismo, consideramos que en este caso también debe aplicarse el denominado “principio de subsidiariedad”, que consiste en que se debe sancionar la falsedad de informe, cuando el agente no haya perpetrado otro delito de mayor gravedad.
En razón de las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Incorpórase el siguiente artículo 193 bis al Código Penal:
“Artículo 193 bis: En las mismas penas señaladas en el artículo que antecede, incurrirá el empleado público que, sin cometer otro delito de mayor gravedad, diere a sabiendas un informe falso, de palabra o por escrito, sobre asuntos del servicio.”
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto, Chahuán, Álvarez-Salamanca, Becker, Bertolino, Galilea, García, Palma y Verdugo.
Modifica Ley N° 18.046, con el objeto de aumentar el mínimo a repartir por las Sociedades Anónimas de las utilidades líquidas de cada ejercicio. (boletín N° 4644-03)
Fundamentos del proyecto.
El artículo 79 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas establece que las Sociedades Anónimas Abiertas, salvo acuerdo diferente adoptado por la unanimidad de las acciones emitidas, deberán distribuir anualmente en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubieren acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
La referida disposición legal menoscaba los derechos de los accionistas minoritarios, ya que las utilidades líquidas generadas por las Sociedades Anónimas, y por lo tanto el derecho de disposición de las mismas, les pertenecen a los accionistas.
En la práctica los controladores de las Sociedades Anónimas poseen sobre el 50% de las acciones, ya sea en forma personal o por pacto de accionistas. Por lo tanto reparten o distribuyen entre sus accionistas el mínimo legal.
Lo anterior hace imposible a los accionistas minoritarios ejercer su derecho a disponer de las utilidades generadas por la Sociedad de la que es accionista, ya que los controladores utilizan el mínimo señalado, de un 30%, como un techo, repartiendo entre sus accionistas el referido mínimo.
En mérito de las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modificase el artículo 79 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, reemplazando la expresión “a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.” por la expresión “a lo menos el 50% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.”
Moción de los diputados señores Montes, Díaz, don Marcelo; Encina, Meza, Jiménez, Lorenzini, Silber, Venegas, don Samuel, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana.
Establece prohibición para operadores de casinos de juegos de contribuir al financiamiento de campañas políticas. (boletín N° 4645-06)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículo 1°, 19° y 63° numeral 20° de la Constitución Política de la República y en las leyes N°s 19.884 y 19.995.
Considerando:
1. Que la ley N° 19.884 sobre transparencia, control y límites al gasto electoral marcó un hito en este tema en el país, al configurar un estatuto básico respecto del financiamiento de las campañas y la relación entre el dinero y la actividad política.
2. Que dichas normas se orientan a procurar la libre participación de todas las fuerzas políticas en las contiendas electorales, a brindar a los ciudadanos la posibilidad de informarse adecuadamente sobre sus planteamientos, a establecer una mínima equidad respecto de los recursos con que cuentan las diferentes opciones y a que los electores puedan conocer el origen de los recursos de que disponen partidos y candidatos, minimizando con ello el riesgo de conflictos de intereses.
3. Que durante la tramitación de dicha ley se registró un interesante debate en torno a la conveniencia de que las empresas puedan hacer donaciones a las campañas políticas, como, en definitiva, se estableció.
Para algunos, ello no resulta recomendable, pues, a diferencia de las personas naturales, éstas no adhieren a una postulación en base a convicciones o principios, sino que siendo el objetivo esencial de la empresa el lucro, cualquier donación pudiera orientarse a la consecución de objetivos de tipo económico.
4. Que lo anterior resulta aún más complejo atendidas otras normas aprobadas.
En efecto, por una parte, las disposiciones vigentes contemplan aún espacios muy amplios a la reserva de información, constituyendo la publicidad de los antecedentes más una excepción que una generalidad.
En otro sentido, la existencia de incentivos tributarios genera poderosos estímulos para que sean las empresas y no las personas naturales las que contribuyan al financiamiento electoral.
5. Que, más allá de las normas contenidas en la ley respecto de la materia y las diversas posturas existentes acerca de la conveniencia de aportes institucionales a las campañas políticas, es posible establecer un criterio elemental en torno a que resulta negativo que ciertas actividades, en razón de su especial naturaleza y vinculación con decisiones de carácter público, se encuentren impedidas de realizar aportes a partidos o candidatos. Es el caso de los casinos de juegos, cuya regulación se estableció, con posterioridad, a través de la Ley N° 19.995.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 26 de la ley N° 19.884:
“Tampoco podrán efectuar aporte alguno a partidos o candidatos, sea directa o indirectamente, los operadores o sociedades operadoras a que se refiere la ley N° 19.995, sus directores, socios o accionistas, gerentes, administradores y representantes, las personas que tengan respecto de éstos la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive y las sociedades de las que los operadores o sociedades operadoras o las personas señaladas en forma precedente formen parte.
La infracción a lo dispuesto en el inciso precedente, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5° de la presente ley, será sancionado además, en el caso de los operadores y sociedades operadoras, con la revocación del permiso de operación.”
Artículo 2°.- Agréguese la siguiente letra p) al artículo 31° de la ley N° 19.995, reemplazándose el punto aparte con que culmina la letra o) por una coma (, ):
“p) Por infracción a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26 de la ley N° 19.884.”
Moción de los diputados señores Sabag, Araya, Díaz del Río, Mulet, Núñez, Ojeda, Olivares; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, disminuyendo índice de alcohol en la sangre para efectos de determinar el estado de ebriedad de los conductores. (boletín N° 4646-15)
Según datos de Carabineros en Chile mueren en Chile alrededor de 1700 personas cada año en siniestros de tránsito. En Chile muere una persona cada 9 accidentes el año 2006.
Los datos nacionales proporcionados por la CONASET, los fallecidos por accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol desde el año 1997 al 2000 presentó un aumento, descendiendo el año 2000 pero aumentando nuevamente el 2005.
Según cifras del Conaset, casi 200 hombres chilenos han muerto por accidentes de tránsito en 2004, teniendo como factor común el consumo de alcohol en conductores y peatones. En el año 2005 la cifra aumentó a 209.
Los principales resultados con respecto a las conductas de riesgo en el tránsito, indican que existen algunos grupos que sostienen comportamientos que los sitúan en una posición de mayor exposición a eventuales siniestros de tránsito.
En este sentido, los hombres incurren con mayor frecuencia, en comparación con las mujeres en conductas de riesgo, tendencia que se manifiesta con especial énfasis en una conducta tan riesgosa como el porcentaje de entrevistados que conduce bajo la influencia del alcohol.
Que otro grupo que se destaca por alta participación en conductas riesgosas en el tránsito está constituido por los jóvenes. El porcentaje de consumo de alcohol mientras se conduce, aumenta progresivamente con la edad, para alcanzar su peak entre los adultos jóvenes, después de lo cual disminuye hasta llegar a los adultos mayores, en donde este índice es muy bajo , constituyéndose este grupo como uno de los que manifiesta conductas más seguras asociadas al tránsito. El grupo atareo más afectado en el rango de fallecidos están entre los 19 y 33 años, de los cuales un 78% son varones y un 80% son de zona rural.
Otro dato interesante es que los días de mayor cantidad de accidentes de tránsito son los viernes, sábados y domingos. Además, los meses con mayor cantidad de accidentes son marzo, julio y agosto.
Veamos algunas cifras sobre Accidentados y Víctimas por regiones el año 2005:
La mayor cantidad de siniestros de tránsito causados por la presencia de alcohol se produjo en la XIII Región Metropolitana con un total de 1.064 sucesos, lo que representó el 29,47% del total en el territorio nacional.
Por su parte, la VIII Región del BioBio focalizó la mayor cantidad de víctimas fatales (75), seguida a continuación por lo ocurrido en la XIII Región Metropolitana y en la X Región de Los Lagos (61 cada una). En resumen, estas tres regiones concentraron el 53,83% del total de fallecidos por la causa citada anteriormente.
Por otro lado, el índice de morbilidad más elevado se registró también en la XIII Región Metropolitana, con una cifra total de 1.069 lesionados que abarcó el 23,09% del global de personas afectadas en siniestros de tránsito.
Finalmente, en la X Región de Los Lagos se registró el índice de severidad más alto con un global de 20,27 fallecidos por cada 100 siniestros relativos a la causa anterior.
La mayor cantidad de siniestros de tránsito causados por la presencia de alcohol se produjo por el estado de ebriedad de los conductores (índice de alcohol en la sangre igual o superior a 1 gr./l) con un total de 2.133 sucesos que representaron el 59,07% del global, mientras que el porcentaje restante se concentró en conductores bajo la influencia del alcohol (índice fluctuante entre 0,5 y 0,99 gr/l) y en peatones y pasajeros en estado de ebriedad.
De igual forma, la mayor mortalidad se concentró debido a conductores en estado de ebriedad, causa que totalizó 158 personas fallecidas y cuya cifra abarcó el 43,17% del total nacional.
En el último año de análisis, los siniestros de tránsito en los cuales se asoció como causa basal el consumo de alcohol en los participantes alcanzaron la no despreciable suma de 3.611 sucesos, dejando como consecuencia la pérdida de 366 vidas humanas y un global de 4.630 lesionados. En relación a las ponderaciones de tipo porcentual, los siniestros por esta causa abarcaron el 7,79% del total, los fallecidos por esta razón sumaron el 22,51%, mientras que el 9,69% de los lesionados se concentró en estos siniestros.
1
Del total de fallecidos, el 13% corresponde a la presencia de alcohol e el conductor. Entre algunos de los efectos provocados por el alcohol en la conducción se pueden mencionar los efectos sobre la función psicomotora y las capacidades del conductor, el alcohol también deteriora la capacidad de coordinación de movimientos y de atención de un individuo, la capacidad de calcular acertadamente distancias y velocidad de otros vehículos, también se ve seriamente afectada con el alcohol, efectos sobre la visión y efectos sobre el comportamiento y la conducta, perturbar la razón y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el control muscular ,provocar la pérdida del equilibrio, disminuir la agudeza visual y auditiva ,relajar y disminuir la ansiedad.
Es necesario reducir el número de personas que conducen automóviles en estado de embriaguez. Según la OMS, las medidas restrictivas más eficaces son: puestos móviles para verificar la sobriedad de quienes conducen, límites bajos de alcohol en la sangre, suspensión de la licencia para los infractores, y obligatoriedad de un curso para otorgar la licencia a los conductores novatos
Los límites de alcohol en la sangre son un aspecto fundamental para revertir estas cifras, muchos países, como por ejemplo, Costa Rica determinó el límite permitido de alcohol en sangre en 0,05%, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Canadá y Estados Unidos lo establecieron en 0,08%.
Cabe reducir entonces el límite que establece la legislación chilena, en su Ley de Tránsito N° 18.290.
Por lo tanto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Reemplácese el inciso segundo del artículo 115 b de la ley N° 18.290 la frase “igual o superior a 1,0 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo” por la siguiente frase “igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo”
Sustitúyase el inciso tercero del mismo artículo la frase “superior a 0,5 e inferior a 1,0 gramos por mil de alcohol en la sangre” por la fórmula “superior a 0,5 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre”.
PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO FRUSTRADO. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre la aprobación de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que sancionan como delito el hurto hormiga, cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletines N°s 3867-07 y 3931-07. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos, quien explicará a la Sala lo que acordó la Comisión Mixta.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en verdad, no fui miembro de esa Comisión Mixta, pero me atrevo a intervenir, porque se trata de un proyecto bastante importante, que estuvo en discusión en la Comisión técnica durante mucho tiempo. Todos entienden que es una iniciativa necesaria para la labor de los fiscales. Se trata de un delito bastante común contra la propiedad, que ocurre en las tiendas, supermercados, etcétera.
En el informe de la Comisión Mixta, acordado por unanimidad, se señala que el punto en discusión era uno: la intención de tipificar como conducta punible la acción en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, como delito ejecutado, consumado, frustrado o tentativo.
Después de una larga discusión, se acordó establecer como la acción ilícita tipificada en esta ley el acto cuando está en grado de consumación o de frustración, pero no de tentativa. Se estimó por unanimidad que tipificar la tentativa como figura punible iba a crear una situación de bastante complejidad probatoria, debido a las características en que se realiza ese tipo de delito contra la propiedad, que normalmente es un hurto agravado sin violencia. En consecuencia, se sigue la regla general del Código Penal, que sólo excepcionalmente castiga la tentativa.
Me permito recomendar modestamente la aprobación del informe de la Comisión Mixta.
He dicho
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley que sanciona como delito el hurto hormiga, cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley refundidos, de origen en moción, que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauce y modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg.
Antecedentes:
-Moción, boletines N°s 4266-07 y 4267-07, sesión 42ª, en 22 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 5 y 6, respectivamente.
-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 91ª, en 31 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Araya, quien en esta oportunidad rendirá el informe.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, los proyectos de la referencia, originados el primero en una moción de las diputadas señoras Amelia Herrera Silva y Marta Isasi Barbieri y de los diputados señores Germán Becker Alvear, Mario Bertolino Rendic, Roberto Delmastro Naso, Pablo Galilea Carrillo, René Manuel García García, Nicolás Monckeberg Díaz y Alfonso Vargas Lyng, y el segundo en una moción de las diputadas señoras Marta Isasi Barbieri y Karla Rubilar Barahona y de los diputados señores Mario Bertolino Rendic, Pablo Galilea Carrillo, René Manuel García García, Nicolás Monckeberg Díaz, Gonzalo Uriarte Herrera, Ignacio Urrutia Bonilla, Alfonso Vargas Lyng y Germán Verdugo Soto.
Durante el análisis de estas mociones, la Comisión contó con la colaboración de las señoras Paulina Veloso, ministra secretaria general de la Presidencia, y María Ester Torres, abogada asesora del Ministerio de Justicia.
En atención a la similitud de ambas mociones, la Comisión acordó tratarlas en conjunto, con el objeto de refundirlas en un solo texto, que hoy se somete a la consideración de la Sala.
Ideas matrices o fundamentales.
Las ideas matrices de ambos proyectos se orientan, fundamentalmente, a reprimir el incremento del hurto o robo de tapas de alcantarillas o de desagües, cables o alambres de tendido eléctrico y, en general, de elementos constitutivos de redes de suministros de servicios públicos, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, alcantarillado o cualquier otro.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1°Que el artículo único del proyecto no tiene rango de ley orgánica constitucional o que requiera aprobarse con quórum calificado;
2°Que dicho artículo único no es de la competencia de la Comisión de Hacienda;
3°Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los asistentes a la Comisión: diputada señora Laura Soto y diputados Burgos, Cardemil, Eluchans, Monckeberg Díaz, Walker y quien habla, y
4°Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados.
Objetivos.
En primer lugar, la iniciativa contenida en el boletín N° 426607 apunta a introducir dos modificaciones al Código Penal, con el objeto de reprimir la sustracción de los elementos que se indican:
1°Tipificar como delito autónomo el robo de tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvia, y
2°Sancionar más duramente la receptación de alambres de tendido eléctrico, cables de servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones, televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles, tapas de alcantarillado, de cauces o desagües de aguas lluvia.
Antecedentes.
Los autores de la moción fundamentan su iniciativa, haciendo presente que el Código Penal no sanciona como delito específico el robo de tapas de alcantarillado, de cauces o de desagües de aguas lluvia, no obstante que este tipo de sustracción ha aumentado considerablemente y que la falta de estos elementos trae como consecuencia la desprotección de cauces y alcantarillas, con el consiguiente peligro de caída para las personas, lo que, incluso, ha causado la muerte de algunas de ellas.
Agregan que el artículo 443 del Código Penal sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo de 541 días a 5 años la apropiación de alambres de tendido eléctrico, cables de servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones o de televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de ferrocarriles, elementos que, en razón del elevado precio que ha alcanzado el cobre, han sido objeto de constantes y crecientes sustracciones, ocasionando grandes pérdidas a las empresas y serios problemas de abastecimiento eléctrico y telefónico.
A su vez, el artículo 456 bis A sanciona el delito de receptación, castigando al que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, o las compre, venda o comercialice en cualquier forma. Respecto de esta norma, hacen presente que quien promueve o incentiva la comisión de robos de tapas de desagüe o de alcantarillado y de cables y alambres son, precisamente, los receptadores, ya que ellos dan la seguridad al delincuente de obtener el provecho económico que buscan con sus latrocinios.
En razón de lo anterior, proponen tipificar el delito de robo de tapas de alcantarillado o de desagües, sancionándolo con la misma pena aplicable al robo de cables y alambres, pena que, igualmente, se aplicaría a los receptadores de estas especies.
En segundo lugar, el proyecto contenido en el boletín N° 426707 tiene por finalidad mejorar el control y la fiscalización del robo y receptación de alambres de tendido eléctrico, cables de los servicios telefónicos, telegráficos, de radiocomunicaciones o de televisión o alambres de electricidad o comunicaciones de las empresas de ferrocarriles.
Con tal propósito introduce en el Código Penal las siguientes modificaciones:
1° Precisa que las especies objeto de los delitos mencionados pueden ser de propiedad pública o privada;
2° Sanciona como delito autónomo el transporte de las citadas especies;
3° Sanciona estos delitos como consumados, desde que se encuentren en grado de tentativa;
4° Permite el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados en la comisión de estos delitos y dispone la clausura definitiva del establecimiento de comercio en que se almacenaren, ocultaren o transformaren las especies sustraídas, y
5° Tipifica como nuevo delito el causar, maliciosamente, daño, destrucción o avería en instalaciones de servicios básicos de suministro de electricidad, gas, agua potable, alcantarillado o telefonía, y siempre que, como consecuencia de ello, se suspendiere el respectivo servicio.
Antecedentes.
Los patrocinantes de la moción hacen presente que en la actualidad se ha incrementado significativamente el robo y la receptación de metales, especialmente de cobre, todo ello motivado por el alto precio internacional alcanzado por algunos metales y facilitado por la baja sanción asignada a tales delitos, la escasa investigación y la falta de mecanismos suficientes para su prevención.
Por lo anterior, creen necesario replantear la situación jurídica penal de dichos ilícitos, proponiendo dentro del mismo marco normativo vigente modificaciones que permitan un efectivo y adecuado control de estos hechos y la correspondiente sanción a los responsables, la mayoría de los cuales, en la actualidad, no son procesados o, en el caso de recibir una condena, muy pocos las cumplen en forma efectiva.
Agregan que las normas que sancionan estos ilícitos, en el caso de robo de cables, consideran una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, y en el de receptación, presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales, sanción que en caso de reincidencia o reiteración se aplica en su grado máximo.
Discusión en general
La Comisión estuvo por discutir esta materia, y luego de formular algunas observaciones a los textos propuestos, concluyó que ambas iniciativas perseguían la misma finalidad, por lo que se justificaba refundirlas y tratarlas como una sola, manifestándose por unanimidad a favor de la idea de legislar sobre la materia.
Discusión en particular.
De conformidad con lo acordado por la Comisión, el diputado señor Monckeberg Díaz presentó una indicación sustitutiva de ambas mociones, del siguiente tenor:
“Artículo único. Sustitúyese el articulo 443 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 443. Con la misma pena señalada en el artículo anterior, se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, si el autor incurre en cualquiera de las circunstancias referidas en el artículo anterior.
Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.
En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio.
También se aplicarán las penas del artículo anterior a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas.
Los delitos a que se refiere este artículo se sancionarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.
La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos, transformarlos o transportarlos; si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se decretará, además, su clausura definitiva, oficiándose a la autoridad competente.”.
Después de un intenso debate, contenido en el informe que los señores diputados tienen en su poder, la Comisión acordó someter a la consideración de la Sala el siguiente texto:
“Artículo único. Sustitúyese el artículo 443 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 443.-
Con la misma pena señalada en el artículo anterior, se castigará el robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, si el autor incurre en cualquiera de las circunstancias referidas en ese artículo.
Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.
En los casos señalados precedentemente, la pena se aumentará en un grado, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio.
También se aplicarán las penas del artículo anterior a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, transportare cualquiera de las especies sustraídas.
La sentencia condenatoria por delitos de este artículo dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o transportar los elementos sustraídos; si dichos elementos fueren almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, su clausura definitiva, oficiándose a la autoridad competente.”.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde que subió el precio del cobre, apareció un nuevo delito que antes no existía en nuestro país: los robos de cualquier artículo que contenga dicho metal, incluso cables, con un riesgo tremendo, incluso de perder la vida, como ha ocurrido a muchas personas que han muerto al intentar cometer este delito, porque para robarlos hay que subirse a un poste.
Este delito ha seguido creciendo fuertemente durante el último tiempo, sobre todo en zonas rurales. Al principio, partió muy fuerte en la Región Metropolitana, en los alrededores de Santiago, pero se ha incrementado en el resto del país. En el caso de la Séptima Región, que represento, es impresionante cómo ha aumentado el robo de cables de cobre. No sólo eso, hace unos días en una población de la comuna de Retiro se robaron todos los medidores de agua, porque tenían algo de cobre. Los funden y venden el metal en el mercado negro.
Aunque este delito está tipificado en el Código Penal, a sus autores no se les aplica un castigo proporcional al delito cometido, ya que la mayoría entra y sale del tribunal, como en una “puerta giratoria”; es decir, no hay una sanción ejemplarizadora que impida la recurrencia del delito.
Mientras el precio del cobre siga alto, el robo seguirá ocurriendo.
Felicito al diputado Nicolás Monckeberg, principal promotor de esta iniciativa, porque beneficiará a mucha gente de nuestra zona, que se perjudica enormemente al ser objeto de robos que afectan servicios básicos: se quedan sin agua, sin teléfono, sin luz, y a las empresas de nuestra zona les cuesta mucho reponer tales elementos. Frecuentemente pasa mucho tiempo sin que les restablezcan los servicios.
Apoyaremos con toda nuestra fuerza el proyecto, porque no tenemos ninguna duda de que va por la buena senda y significará mayor sanción para quienes cometen ese delito.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, este proyecto pareciera no tener la importancia política debida. Como decía nuestra colega, abogada señora Laura Soto, lo que falta en nuestro país es conciencia ciudadana adecuada. Si la tuviéramos, no nos veríamos en la necesidad de discutir estos proyectos, con nuevas modificaciones al Código Penal y a la legislación actual que cada vez más se preocupa de acotar el ámbito de acción de las distintas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico.
Existen normativas sobre la materia, en las cuales se enmarcan situaciones que se están discutiendo en este proyecto; sin embargo, ya sea por problemas de interpretación en los tribunales opinión muy personal, no la conversada con la diputada señora Laura Soto y el diputado Jaime Quintana, la penalidad correspondiente, por no existir situaciones nuevas, no se puede cambiar.
Por la recurrencia de este nuevo delito, es necesario destacar con mayor énfasis la necesidad de una nueva legislación.
No podemos justificar el robo de cobre con argumentos como el alto precio alcanzado en el comercio internacional, lo que para nosotros constituye un motivo de orgullo, y para otros, de satisfacción. Pero también se transforma en motivo de preocupación, pues su alto precio ya no constituye un pequeño negocio, sino uno muy interesante, como el reciclaje, la compra del metal en desuso para su fundición y comercialización, algo muy tradicional en los artesanos de antaño.
Pero eso hoy se ha convertido en la razón de que existan verdaderas organizaciones delictivas para su robo, fundición y comercialización. Esto quiere decir que estamos en presencia de verdaderas mafias, por las grandes cantidades de metal en el mobiliario urbano, en las instalaciones de servicios básicos, como la electricidad, el agua, el alcantarillado, la televisión, etcétera.
Para nadie es un secreto que estas organizaciones delictivas desmantelan las ciudades de las tapas de alcantarillado, de las rejas de recolección de aguas lluvia, de los cables telefónicos, de las redes eléctricas, de las instalaciones sanitarias, en fin, situación que afecta en gran medida a las poblaciones rurales, que siempre cuentan con menor defensa y a las personas que viven en zonas más apartadas. Muchas veces también este robo apunta a sitios históricos, en lugares públicos.
Lo anteriormente señalado acarrea molestias, no sólo por el hurto, sino porque muchas veces trae aparejado el corte del suministro del servicio básico, en ocasiones en largos períodos, debido a que no queda clara la responsabilidad de los prestadores de servicios. Aquí hay un punto central, porque el proyecto establece una modificación en la responsabilidad de los prestadores de servicios respecto de la administración de estas redes.
Esta situación no es menor; hemos conocido casos en que, como consecuencia del robo de redes, se pone en peligro el funcionamiento de servicios básicos para la población. Lo viví en una comuna de mi distrito, en el sector de Panguipulli, donde prácticamente un consultorio paralizó su atención. También ocasionó que la distribución de alimentos de colegios y escuelas, por el mal funcionamiento de la electricidad, sufriera enormes pérdidas. Casi siempre los más perjudicados son los sectores aislados de las ciudades, es decir, la zona rural.
Dentro del ámbito de acción de estos delincuentes se encuentran sitios y monumentos históricos. Viene a mi memoria el robo de las placas conmemorativas y hasta de las estatuas, como ocurrió, por ejemplo, en la vecina ciudad de Mendoza, Argentina, donde se robaron una estatua ecuestre de más de dos toneladas de metal, que recordaba el sitio donde se preparó el ejército libertador. Hicieron un buen negocio; sin duda. No hay respeto ni siquiera por los ilustres padres de la patria.
Por eso, el Partido por la Democracia apoya esta iniciativa, y espera que sea de utilidad para detener y castigar de mejor manera este delito, cuyo incremento creemos circunstancial debido al alto precio del metal rojo, principal fuente de exportación del país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando presentamos el proyecto, lo hicimos conscientes del problema que en la actualidad significa la compra de cobre o de cualquier otro metal apreciado.
La situación llega a tanto, que ayer y hoy en la mañana nos hemos enterado de las quejas de muchos deudos que, al concurrir al cementerio, comprobaron el robo de letras de cobre en más de 70 tumbas, además de cruces, algunas estatuas, etcétera. En suma, no existe respeto por nada.
En relación con la iniciativa soy autor de ambos proyectos refundidos, me pregunto si la Policía de Investigaciones y Carabineros se encuentran en tan malas condiciones que ha sido necesario legislar sobre la materia. Porque me parece increíble que después de la cantidad de cobre que se está robando en diferentes formas, como alambre, tapas, etcétera, no aparezca ninguno de los compradores. Ahí está el problema y no tanto en el que roba, porque si se castigara en forma drástica al reducidor y, en consecuencia, el ladrón no tuviera comprador, el problema sería mucho menor. Pero las policías no han pillado en ninguna parte a los reducidores.
Hoy en la mañana nos enteramos del robo de un camión con láminas de cobre, cargamento avaluado en más de 100 millones de pesos. ¿Dónde se esconde ese camión con 30 toneladas de cobre?
Entonces, en el Congreso Nacional podemos tramitar un sinnúmero de leyes, pero de nada sirven si no funcionan las instituciones encargadas de pesquisar y hacer el respectivo seguimiento. Por lo tanto, nada sacamos con hacer leyes y más leyes porque, no obstante sus muy buenas intenciones, no tendrán efecto práctico alguno.
Es fundamental la coordinación entre Investigaciones y Carabineros, a fin de pesquisar a quienes comercializan metales en forma ilícita.
Hace poco, acompañé a una persona en visita a una población de Santiago. Cuando quisimos hablar por teléfono, no pudimos hacerlo porque se habían robado las líneas telefónicas. Pregunté a una señora si conocía a los ladrones, y me respondió que en la población todo el mundo sabe quiénes roban los cables y quiénes los compran, pero que no se atreven a hacer nada por temor a meterse en un tremendo problema y ser víctimas de agresiones con cuchillos o de que apedreen sus casas.
En consecuencia, reitero, es mucho más grave la comercialización, porque si no hubiera compradores, no habría robos.
Asimismo, deseo expresar mi preocupación en otro sentido. En días pasados, leí una declaración formulada por el obispo de Talca, quien nos sacaba los ojos a los parlamentarios porque, según él, no habíamos modificado la ley que regula las tarifas en las cuentas de agua, de telefonía y de electricidad. Al respecto, con mucho respeto, porque soy católico, deseo expresar a monseñor que dichos precios se regulan por decreto. En consecuencia, el Congreso Nacional no tiene incidencia alguna en la fijación tarifaria. Deseo hacerlo presente, porque si dicho prelado expresa su opinión ante la población, lo más probable es que ella crea que los parlamentarios no tenemos intención alguna de modificar los respectivos decretos.
Por lo tanto, sería bueno oficiar al obispo de Talca a fin de hacerle presente esta situación, de manera que conozca cómo y quiénes fijan las tarifas del agua, de la electricidad y del teléfono.
En relación con esta materia, muchas veces ocurre que al conversar con personas en el campo, se quejan de que les roban la luz y los alambres, y, según ellas, los parlamentarios no hacemos nada ni presentamos proyecto alguno para solucionar el problema. Lo que ocurre es que la gente cree que todos sus problemas se pueden resolver dictando leyes. Incluso más, en Chile llevamos más de 20 mil leyes publicadas, en circunstancias de que en un país desarrollado como Estados Unidos de América, hace poco, después de doscientos años de vida independiente, con tremendo júbilo aprobaron la ley número dos mil.
Entonces, ¿por qué no dejamos que actúe el Código Penal? Ahí está la solución a todo, porque se encuentran totalmente especificados los delitos y sus sanciones. El mejor país no es necesariamente el que tiene más leyes, sino el que hace que ellas se cumplan.
En la gente existe una tremenda confusión, porque cree que todo se puede regular por ley, y así lo pide, en circunstancias de que en el caso en estudio, por ejemplo, la solución es tan sencilla como que Investigaciones y Carabineros detengan a los compradores de metal robado.
Por eso, repito, la solución no está en dictar más leyes, sino en hacer más efectiva la labor de las policías.
No sé que efecto tendrá el proyecto una vez que sea ley de la República, pero en nuestros distritos por lo menos podremos decir que sancionamos una iniciativa legal a fin de intentar poner fin a ese tipo de robo.
Vamos a aprobar el proyecto, porque al menos significará dotar de una nueva herramienta para luchar contra esta clase de ilícito.
Me gustaría que la Comisión de Constitución hiciera un estudio de todos los proyectos relacionados con materias similares e indicara cuántos de ellos se encuentran incorporados en el Código Penal. Puedo garantizar que el 90 por ciento de las materias incorporadas en esas iniciativas se encuentra sancionado en dicho código.
Reitero que aprobaré el proyecto, pero, en verdad, más que leyes, se necesita más efectividad, aumentar el número de Carabineros y controlar a los que comercializan metales. Asimismo, en lugar de dedicarse tanto a sacar parte a vehículos mal estacionados, los inspectores municipales podrían prestar su colaboración en esta materia. En forma especial, se necesita que la Policía de Investigaciones juegue un papel protagónico, porque es la institución llamada a resguardar el patrimonio de todos los chilenos, lo que, en parte, se logrará al impedir la compra de cobre de origen no claro.
Para terminar, el Servicio de Impuestos Internos debería fiscalizar por lo menos una vez al año a los compradores de metales, a fin de hacer claridad sobre cuánto compran y qué cantidad venden. Así, de manera muy fácil, se podría controlar dicho comercio ilegal que tanto perjuicio causa a compañías telefónicas y de electricidad, pero sobre todo a los usuarios, que permanecen meses y meses sin reposición de los respectivos servicios.
Por lo señalado, anuncio que votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, enviaremos la información del caso al obispo de Talca.
No obstante, recuerdo a su señoría que, sin perjuicio de que los diputados no tenemos facultades en materia de fijación tarifaria, en su momento modificamos el artículo 99 bis de la respectiva norma legal, a fin de permitir la existencia de subsidios compensatorios. Algo similar ocurrió en materia de electricidad, con el decreto que se aplicará con motivo del aumento del precio de dicho servicio.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, pedí oficiar al obispo de Talca porque es lamentable que emita una opinión sin tener los conocimientos suficientes.
El señor LEAL (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Esperamos que la tipificación del delito contenida en el proyecto del cual su señoría es autor, contribuya a su sanción.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, quiero hacer un par de reflexiones en relación con el proyecto.
En primer lugar, felicito a sus autores, porque la iniciativa precisa la figura delictiva contenida en el artículo 443 del Código Penal, dado que, como consecuencia de la interpretación doctrinaria jurisprudencial, no ha sido posible sancionar en forma eficaz ese delito.
Sin perjuicio de lo expresado, creo necesario señalar que la solución a este asunto no pasa por agravar las penas, como se pretende, sino que estamos ante un problema en materia de persecución policial y de actuación del Ministerio Público.
En mi opinión, no se trata de que ese delito haya aumentado debido al mayor precio del cobre, sino, quizás, debido a que las policías y, fundamentalmente, el Ministerio Público, no están haciendo una adecuada labor en cuanto a la necesaria persecución criminal.
Dicho eso, quiero referirme en forma breve al inciso tercero que se propone para el artículo 443 del Código Penal. Al respecto, tengo bastantes dudas, que en su momento discutimos en la Comisión de Constitución. Sobre el particular, creo que el connotado penalista, diputado Juan Bustos, va a encontrar algo de razón en mi planteamiento. Dicha disposición propone aumentar la pena en un grado cuando, a consecuencia de la sustracción, por ejemplo, de cables del tendido eléctrico, se causare la suspensión total o parcial del servicio.
Si se hace un análisis riguroso de la figura que se tipifica o de la suerte de agravante especial que se crea en el artículo 443, no cabe duda de que habrá un problema serio con el juicio de reproche, es decir, cuando el juez deba establecer la culpabilidad del sujeto que comete el delito.
Si se busca apropiarse de los cables para venderlos con posterioridad, el corte o suspensión del suministro eléctrico, total o parcial, es una consecuencia del delito. A mi juicio, como lo sostuve en la Comisión, no es un delito autónomo y por ello no puede sancionarse agravando la pena. Esto, en razón de que al hacerse el juicio de reproche o de culpabilidad, que es necesario por parte del juez en el momento de dictar sentencia, y revisar los otros elementos que constituyen la responsabilidad penal, como la antijuridicidad, el tipo penal, etcétera, se va a encontrar con que la persona que ha cortado los cables con el fin de robarlos ha cometido el dolo de apropiarse de ellos, no el de causar daño.
Creo que mi explicación es razonable, porque si se revisa el decreto con fuerza de ley que regula la cuestión eléctrica, nos encontramos con que existe un tipo penal distinto en el que se sanciona a aquel que cause daño en el tendido eléctrico y, como consecuencia de ese daño, se produzca la suspensión del servicio.
Por ende, creo que en este proyecto se mezclan dos aspectos absolutamente distintos, que no guardan relación en cuanto a la culpabilidad y a la pena que debiera aplicarse.
Por eso, pido que el inciso tercero se vote en forma separada, porque quiero reiterar la votación contraria que manifesté en la Comisión de Constitución, pues lo que se pena en un grado más es la suspensión del servicio, en forma total o parcial. Se sanciona una conducta que no cabe dentro del reproche de culpabilidad que deberá hacerse, en atención a que, más bien, es la consecuencia del delito, porque la pregunta lógica que se hará un juez será: ¿es posible que alguien se robe un cable del tendido eléctrico y a raíz de ese robo no se suspenda total o parcialmente el suministro eléctrico? Obviamente que no, porque si se saca el cable o una parte de él, se va a interrumpir el servicio.
Lo he dicho en reiteradas ocasiones. A la luz de la legislación que se propone, que tiene partes buenas, por ejemplo, aquella que castiga el robo tanto de la propiedad pública como de la propiedad privada, es necesario que el Ministerio de Justicia, de una vez por todas, remita al Congreso un proyecto de código penal que nos permita discutir adecuadamente todos los tipos penales que se dan hoy para definir una política criminal.
Las modificaciones a la receptación apuntan en la dirección correcta, en el sentido de dar mayor amplitud a este tipo penal para perseguir la responsabilidad de aquellos que comercializan los cables y que, en el fondo, como alguien lo dijo, son los que incentivan a la comisión de su robo.
Si el proyecto vuelve a la Comisión se puede intentar una mejor redacción en lo que se refiere al transporte de las especies sustraídas, porque, como lo sostuve en ella, más allá de sancionarlo como tal, a mi juicio, no constituye un tipo autónomo, sino que se puede considerar como una autoría o coautoría del delito. El mero transporte de las cosas robadas o hurtadas es parte de la coautoría y eventualmente de la autoría del delito que se sanciona en el artículo 443, y no veo sentido para sancionarlo como un tipo especial.
Sin perjuicio de lo anterior, creo que es una buena iniciativa, pues se clarifican algunos aspectos dudosos, fundamentalmente relativos a la jurisprudencia de los tribunales orales. Sin embargo, por las aprensiones señaladas, hay dos incisos, el tercero y el cuarto, que es necesario que la Comisión los vuelva a revisar.
Por otro lado, más que legislar, corresponde perseguir, porque ni Carabineros, ni Investigaciones ni el Ministerio Público están realizando el trabajo que les corresponde. La pena asignada a este delito ya es bastante alta, pero muchas personas no son condenadas porque generalmente la investigación policial no determina quiénes fueron los responsables.
En esa línea, lo más rescatable del proyecto es la modificación de la receptación, porque se perseguirá el robo de cables justamente hacia donde se incentiva la comisión del delito.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, quiero compartir parte de lo señalado por el diputado Pedro Araya. No participé en la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución, pero presenté otro muy similar que dice relación con el perfeccionamiento del delito de receptación.
Por eso, sólo quiero destacar la importancia que significa legislar sobre esta materia.
Es verdad lo que dijo el diputado René Manuel García, en el sentido de que no todos los problemas se solucionan con leyes. Pero es evidente que en el caso que nos ocupa no basta la efectividad policial. Es difícil que podamos tener un carabinero por poste. Es difícil, sobre todo en las zonas rurales, que se pueda controlar el robo de cables. Lo que sí podemos atacar de manera frontal es la receptación, el mercado informal donde se compran los cables de cobre, lo que lleva a muchos adolescentes y jóvenes, a veces para saciar un vicio, a subirse a un poste para sacarlos y mueren electrocutados, quemados, mutilados.
Me parece que el robo de cables eléctricos o de telefonía ha ido cundiendo. Ya no sólo se roban los cables, sino que también los medidores de agua potable, los transformadores, todo aquello que se pueda reducir. Por esta razón debemos ir al punto de fondo: cómo sancionamos adecuadamente la receptación.
En este sentido, si bien apruebo el proyecto, hay otro del diputado Gonzalo Uriarte sobre la receptación que me parece muy interesante y ojalá se pudiera incluir, sin perjuicio de los que están en el Senado sobre esta materia. Sería muy bueno que pudiéramos coordinar la acción legislativa con lo que se está haciendo allá.
En el Senado se encuentra en primer trámite constitucional un proyecto que propone agregar un nuevo artículo 443 bis al Código Penal, en el que se sanciona con la misma pena al que fundiere o transformare metales de cualquier tipo sin justificar suficientemente su procedencia o adquisición.
En consecuencia, para no encontrarnos posteriormente con una legislación incoherente, sería conveniente que las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado pudieran analizar esta materia en conjunto.
Creo que está ocurriendo algo muy grave. Muchas empresas están endosando parte del costo por el robo de cables a los usuarios. Tengo cartas de vecinos de la población Arturo Prat, de Llayllay, y de otras localidades rurales en las que me informan que en las cuentas se incluye el costo de reposición del cable. Si seguimos permitiendo esto, al final vamos a terminar con una situación muy lamentable.
Por otro lado, se ha empezado a usar cable alternativo del cobre. Se está utilizando aluminio con el riesgo que eso pueda significar.
Es verdad, no son muchos los condenados, porque es imposible pillar a las personas que se suben al poste, pero sí se sabe perfectamente, en cada comuna, quiénes se dedican a comprar el cable de cobre en el mercado secundario, y esto no está sancionado en forma adecuada.
La bancada de la UDI aprobará el proyecto, sin perjuicio de pedir a los miembros de la Comisión de Constitución que incorporen la iniciativa del diputado Uriarte sobre receptación y, además, que se coordine su trabajo con la Comisión de Constitución del Senado, de manera de obtener un proyecto razonable sobre la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, hay dos o tres indicaciones y lo más probable es que votemos en general el proyecto para que vuelva a la Comisión de Constitución.
A continuación, tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, hay que hacerse cargo de las diferentes observaciones. Por una parte, se plantea una serie de situaciones que están comprendidas dentro de los delitos de hurto y robo en general y, por otra, se hacen algunas modificaciones que, como ya señaló el diputado Araya, son cuestionables desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, la referida al inciso tercero del artículo 443 en debate, en cuanto establece el aumento en un grado respecto de determinadas consecuencias que son obvias y que se comprenden en el tipo legal. Eso va en contra de las reglas generales del Código Penal, que disponen que no se pueden aumentar las penas cuando existan circunstancias que están contenidas en el hecho penal que se lleva a cabo, que son parte necesaria e indisoluble de ese hecho. Por ejemplo, cuando se mata a alguien, evidentemente, se le dispara, se le rompen las vestiduras, etcétera, y, por lo tanto, no se va a plantear daño por esa consecuencia. Es decir, hay determinados aspectos que el hecho mismo lleva como consecuencia ínsita, ya están considerados en la pena y, por lo tanto, no se puede aumentar ésta en virtud de ellos. Por ejemplo, si se roban los cables de un servicio, éste se va a interrumpir, ya sea parcial o totalmente; por consiguiente, en la pena misma de apropiación de esos “elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario” como se dice en el inciso segundo, la consecuencia está comprendida por el propio concepto que se da al respecto en ese inciso. Si no fueran elementos constitutivos, la cosa sería diferente.
Además, en este inciso se da una enumeración de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, pero se termina con la expresión “o cualquier otro”. No se sabe a qué se refiere, porque no tiene sentido si se da una enumeración por vía ejemplar. Es contradictoria.
La norma del inciso tercero también va en contra de todas las reglas generales dispuestas en el Código Penal y, en consecuencia, no se puede establecer.
Asimismo, el inciso cuarto aparece contradictorio; va en contra de todos los principios en cuanto a participación. Los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal son sumamente amplios y en ellos se establecen todos los casos de complicidad y de encubrimiento; por lo tanto, esas conductas van a caer necesariamente en dichos artículos.
Del mismo modo, en el inciso primero hay una serie de aspectos técnicos referidos al “robo de cosas de propiedad pública o privada, cuando éstas se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación”. Si el lugar no está destinado a habitación, evidentemente hay contradicción si se quiere comprender también a todos los casos de abigeato cuando se habla, simplemente, de cosas de propiedad pública o privada que se encuentren en sitios no destinados a la habitación. Muy diferente era la fórmula antigua del artículo 443, que establecía determinadas maneras de cómo realizar el hecho cuando se trataba de sitios no destinados a la habitación o de bienes nacionales de uso público, con lo cual quedaba claro y restringido a qué se estaba refiriendo el artículo y no entraba en contradicción con el robo o hurto en general, o con el abigeato.
Con esta redacción, muchos problemas de robo o de hurto quedarían en el artículo 443, porque constituirían una regla especial, con lo cual se entraría en un problema interpretativo sumamente discutible, sobre todo en virtud de las penas establecidas para el robo con fuerza en las cosas, etcétera.
De manera que, en ese sentido, en el texto del proyecto hay una serie de problemas técnicos que habría que arreglar. Sin perjuicio de aprobarlo en general, habría que hacerle una segunda revisión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, estamos todos de acuerdo en que éste es un problema de actualidad tremendamente grave en Chile. Los precios internacionales de los metales han hecho del robo de cables, quizás, el negocio ilegal más rentable del último tiempo. Cifras entregadas por la policía de Investigaciones nos dicen que este delito ha experimentado un incremento de 900 por ciento. Basta con recorrer sectores de la región Metropolitana, especialmente los más periféricos, como también de distintas comunas del país, para darnos cuenta de cómo han proliferado los locales en que se ofrece comprar metales y cables por kilo, por metro, a precios bastante rebajados. Uno se pregunta a quién le pueden comprar cable si no es a aquel que lo sustrajo ilegalmente.
Por tanto, hay que valorar, en primer lugar, el esfuerzo de la Comisión por sacar adelante esta iniciativa. También hay que decirlo soy autor de este proyecto, gran parte del apoyo que tuvimos provino de la Subsecretaría del Interior, cuyos representantes nos han manifestado que ésta es una prioridad para ellos.
En relación con el fondo del proyecto, quiero decir un par de cosas.
Se ha sostenido que no sería conveniente establecer una mayor pena cuando, como consecuencia de la sustracción de cables, se suspenda el servicio de electricidad.
Al respecto, esta fórmula no es nueva. Existe en relación con otros casos. Hoy, por ejemplo, una persona que sustrae o roba línea férrea del tren es sancionada, en primer lugar, por el robo mismo; pero también tiene una pena distinta, como hecho jurídico o tipo penal distinto, relacionada con la interrupción de la conexión férrea. Por tanto, se producen dos sanciones o penas diferentes; no por el mismo hecho, porque son bienes jurídicos distintos los que se están protegiendo. Por eso, el proyecto original establecía dos delitos: el corte del servicio básico en este caso, la electricidad o el teléfono, con una pena y, simultáneamente, la sustracción de cables. Como consecuencia de una discusión que sobre el particular sostuvimos en la Comisión, finalmente, llegamos al acuerdo de que era mejor establecer un tipo penal, pero con una agravante, en el caso de que además se cortara el servicio de electricidad o de teléfono.
Hay que tomar en cuenta que, en la práctica, son dos bienes jurídicos distintos los que se afectan. El primero es el derecho a la propiedad, porque el ladrón se está apropiando de algo que no es suyo. El segundo es el suministro del servicio o la conexión que está cortando, que también, a mi juicio, merece una sanción como agravante o independiente.
Por eso, no comparto, desde el punto de vista jurídico, las aprensiones que sobre ese inciso se han manifestado.
Se ha dicho, además, que podría ser un tanto inconsistente el hecho de sancionar especialmente a quien transporte material robado, el cual podría caber dentro de las figuras de encubrimiento o complicidad.
No tengo ninguna duda de que quien transporta material robado es, al menos, encubridor o cómplice del autor del robo. Pero ¿cómo buscamos una herramienta más eficaz para sancionar el mismo hecho penal? Hoy, la policía de Investigaciones o Carabineros no puede detener un vehículo que en su maleta transporte cable telefónico robado, de cobre, ni establecer ninguna diligencia, porque ni siquiera ha iniciado la investigación sobre quién lo robó. En Chile no existe comercio sin factura, menos de un material presumiblemente robado como es un cable usado de cobre. Por eso, planteamos tipificar como delito autónomo el que la persona no pueda acreditar debidamente, sea mediante factura o cualquier otro documento contable, la procedencia de los cables de cobre que transporta. Así estaremos empezando a desbaratar estas verdaderas redes que operan en este delito convicción que se han hecho Investigaciones, Carabineros y el Gobierno, que comienzan a tejerse, muchas veces, con menores de edad o con jóvenes drogadictos, que son los que se suben a los postes a cortar los cables. Después, los mismos compradores de esos cables se los revenden, probablemente fundidos por ellos mismos, a las eléctricas para que repongan lo que se les robó. Por lo tanto, debemos crear instrumentos que rompan esta red, que está causando millonarias pérdidas a los municipios y a las empresas eléctricas y telefónicas.
Por eso, defiendo la idea de sancionar el transporte de material robado, delito que se configuraría si el transportista no puede acreditar fehacientemente la procedencia de ese material.
Finalmente, voy a insistir en la Comisión en una indicación que, a mi juicio, es clave. ¿Por qué nadie ha podido frenar este delito? Los sistemas de alarma que tienen las compañías eléctricas y las telefónicas detectan habitualmente a la persona que está encumbrada en el poste antes del corte del cable. Por lo tanto, en el 80 por ciento de los casos no se alcanza a consumar el ilícito, por lo que se sanciona el delito en carácter de frustrado o tentativa. Por ende, las penas que se aplican son notoriamente bajas y la persona, habitualmente, no va a la cárcel.
Estuvimos comparando penas, y si para el robo con violencia se considera la tentativa; es decir, para los efectos penales se estima como consumado desde que se comenzó la ejecución del delito, no distingo por qué en este caso que nos convoca no se aplica el mismo presupuesto. O sea, cuando la persona sea sorprendida encaramada en el poste intentando cortar el cable se tenga, para los efectos de la sanción, como consumado el delito. De lo contrario, jamás podremos sancionar como es debido la comisión del delito, porque para la tentativa la pena es extremadamente baja.
El robo de cables colapsó a Argentina. Era tan rentable el negocio que incluso exportaban los cables. Por eso, hace muy poco, el presidente argentino adoptó una medida mucho más drástica y prohibió, por ley, la exportación de cable de cobre, porque no tenían como controlar su comercialización. Chile todavía puede parar el problema, pero pienso que Investigaciones, Carabineros y el Gobierno no tienen las herramientas para romper con esa red que insisto comienza a tejerse con ese niño, en la población, que corta el cable, y que termina con el sujeto que lo compra, lo funde y fabrica uno nuevo para venderlo después a las eléctricas.
Bienvenidas todas las sugerencias, pero aprobemos cuanto antes un proyecto que le dé más herramientas a los fiscalizadores y al Poder Judicial, que es el que debe sancionar.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, después de leer el informe y de escuchar el debate, me pregunto hacia dónde caminamos.
En el primer lugar de la tabla de la sesión de hoy, discutimos el proyecto que sanciona el hurto hormiga en los supermercados, para cuyo cometido hay nuevas técnicas. Ya no se trata de sacar una prenda; los más avezados elaboran bolsas con papel de aluminio para llevarse importantes cantidades de prendas de vestir. También hemos sido testigos, en los últimos días, del robo de teléfonos celulares. De los doce millones de celulares que hay en el mercado, alrededor de un millón 200 mil son aparatos robados. También hemos visto cómo se roban los medidores, los cables y, ahora, las tapas de alcantarillado. El día de mañana se van a robar los grifos, las señaléticas de tránsito o las soleras.
Respecto de la tendencia al hurto o al robo debemos reflexionar más. Está bien legislar para enfrentar el problema, pero también tenemos que gastar energía en buscar las causas que lo originan y enfrentarlas.
Los sistemas de venta que tienen los supermercados y los mall son de alto riesgo y una tentación al hurto hormiga, porque no cuentan con medidas de seguridad directa, como las que tiene un almacén de barrio, ya que el autoservicio es parte importante de las utilidades de las empresas de supermercado y de las del retail. Ellos no gastan en control; las personas se atienden solas, cada una busca la prenda y la lleva a la caja. Y como no gastan en control, no gastan en evitar el hurto. En La Florida, el 40 por ciento de la fuerza policial se dedica a cuidar para que no se produzcan robos en los dos mall de la comuna y en los supermercados, porque hay mucho riesgo. Le pregunto a esos empresarios qué parte de sus utilidades destinan a más control, para evitar el hurto hormiga. Ellos ganan mucho con la modalidad de venta que tienen, pero no aportan para controlar los riesgos que eso implica.
Con los bancos ocurrió algo similar y hubo que presionarlos fuertemente para que adoptaran una serie de medidas de seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia.
Hace poco, en televisión, se hizo un reportaje acerca de los robos en los estacionamientos subterráneos. Gran negocio, pero sin vigilancia alguna. El más afectado es el que está en la Plaza de Armas, debajo de la municipalidad de Santiago. A partir de esa denuncia que hiciera la fiscalía, se han empezado a tomar medidas. O sea, ganar mucho, pero sin invertir en medidas de seguridad.
Por lo tanto, una primera causa estaría en que no hay prevención del delito de parte de los gestionadores de las empresas.
En cuanto al robo de las tapas de alcantarillado, ¿cómo las sacan, si pesan 120 kilos? Y las sacan para venderlas como fierro. Gente de Aguas Andinas me contaba que les ponen soldadura para evitar abrirlas.
En consecuencia, junto a las medidas que propone el proyecto, es fundamental que las empresas adopten las propias y que asuman la prevención del delito también como parte de sus responsabilidades. Hay que exigirles que parte de la rentabilidad la destinen a estas medidas.
Sin embargo, algo está pasando en nuestra sociedad, que el valor social de la honradez es cada vez más relativo, y habrá que trabajarlo desde la familia, desde los colegios, desde los barrios. Hoy, si se tiene la oportunidad, parece ser natural tomar lo ajeno y eso, probablemente, tiene su origen en la familia. Hace muchos años, si un menor tomaba un lápiz que no le correspondía, el padre le tiraba la oreja y lo obligaba a devolverlo. Es un ejemplo simple, pero ocurría de esa manera. No obstante, eso no es tan así en la actualidad; o sea, la sanción de la familia, del barrio y de todos lados frente a los delitos y a los atentados en contra de la propiedad o de las personas es mucho menor, por lo que algo tendremos que hacer al respecto.
Recién conocí el caso de un joven que caminaba por la calle Walker Martínez y fue interceptado por dos jóvenes que venían saliendo de La Araucana, quienes le quitaron un bolso porque les pareció natural hacerlo. Pero esto les está significando una condena de cinco años y un día a esos dos jóvenes, porque Carabineros los detuvo cuando estaban cometiendo el delito.
Por lo tanto, la sociedad tendrá que hacer algo para que el valor de la honradez, del respeto a los demás, de la convivencia social readquiera mayor significado. No puede ser que lo único importante sea tener bienes, ganar plata, ser rico. Aquí es necesario poner al mismo nivel o a uno superior la colaboración, la convivencia y el respeto entre los seres humanos. Uno de los factores claves para lograrlo es la honradez.
Votaré a favor el proyecto, pero me parece que el problema es mucho más complejo, porque no podemos seguir aprobando leyes, ya no sobre las tapas de alcantarillado, sino respecto de otros productos, como grifos o medidores de la luz, que ya se están robando en muchos lados. También debemos atacar las causas de esto mediante la prevención directa de los delitos y, además, enfrentar las causas valóricas y de fondo que yacen en nuestra sociedad.
Reitero, aprobaré la iniciativa, pero tengo muy poca confianza que por esta vía logremos el gran avance que se plantea.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, hemos ido cumpliendo la agenda señalada por la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, ya que en los últimos días hemos aprobado proyectos que establecen duras sanciones a quienes cometen delitos.
Apoyaré esta iniciativa basada en dos mociones. No obstante, quiero dejar establecida en la discusión la responsabilidad de las empresas telefónicas. Incluso, quiero abrir este debate en la Comisión de Economía, porque es tremendamente peligroso que, a partir de la forma en que se ha debatido esta materia aquí, quede flotando la idea de que las telefónicas quedan liberadas de la responsabilidad contractual que tienen con el usuario, pues si a éste le roban el cable telefónico, queda sin servicio, porque la empresa telefónica no le responde. En cambio, si a la persona le roban el cable mediante el cual le suministran electricidad, la empresa distribuidora responde por el servicio; no le dice sólo que le robaron el cable, sino que lo arregla y le resuelve el problema. Lo mismo sucede si se contrata un pasaje en un bus para trasladarse a cualquier lugar de Chile, ya que si le roban las ruedas al bus, la empresa no le dice que tiene que esperar que los diputados aprueben una ley que aumente las sanciones a los ladrones de ruedas de buses para hacer el viaje.
En muchos de estos casos la empresa telefónica continúa cobrando el cargo fijo, que se estableció justamente para la mantención y provisión de las redes robadas, a pesar de que no está prestando el servicio.
Lo más grave es que del debate puede desprenderse que la preocupación de los legisladores y de la Cámara radica exclusivamente en aumentar el castigo a los ladrones. Quiero dejar claramente establecido que no exculpamos de responsabilidad a la empresa telefónica que se comprometió a entregar el servicio de telefonía, lo que no cumple e, incluso, obliga a pagar el cargo fijo, sosteniendo que se trata de un problema de fuerza mayor, porque se robaron el cable. Si aceptamos esto, ¿qué va a ocurrir con la empresa de televisión por cable cuando sea víctima de robos similares? ¿Le va a seguir cobrando al usuario como si estuviera recibiendo el servicio, porque los ladrones se robaron el cable y no puede responder? ¿Qué van a argumentar otros servicios públicos? ¿Qué va a ocurrir con el agua potable si se roban las cañerías? ¿Qué va a ocurrir con el servicio de alcantarillado?
¿Por qué en este caso no tocamos el tema de la responsabilidad que tiene la empresa Telefónica con sus usuarios? Esta compañía es la que brinda servicio de telefonía en los sectores populares, donde se están produciendo la mayor cantidad de robos de cable, porque están menos vigilados. La empresa castiga al usuario que ha sido víctima del robo de cable, ya que en esos casos mira para el cielo y pide al Congreso que apruebe una ley para castigar a los ladrones. No dice: “Como se está perjudicando al usuario que me ha pagado religiosamente, yo, que también soy víctima, asumiré el daño que están produciendo esos ladrones, por lo que le repondré el cable a mi cliente, para mantenerle el servicio.” Eso no sucede, porque la empresa castiga a quien está sufriendo el corte del servicio por esa acción delictual; no responde por el servicio contratado. La empresa goza de privilegios casi monopólicos.
Cuidado con esto, que no aparezca como una exculpación de las responsabilidades de la empresa que se comprometió a dar este servicio. Pregunto, si un ciudadano que contrató el servicio telefónico tiene un problema de fuerza mayor que le impide pagar la cuenta, ¿la empresa telefónica acepta su explicación y le mantiene el servicio? ¡No! La telefónica aplica no la ley que le obliga a ser responsable, sino la ley del embudo, porque dice: “Si el ciudadano tiene un problema de fuerza mayor que le impide pagar, le corto el servicio y le aplico las penas del infierno cuando se quiere poner al día”. En cambio, la empresa telefónica deja de cumplir con su obligación cuando se roban los cables, porque aduce que se trata de un caso de fuerza mayor, y nadie le puede cobrar indemnización alguna.
Me parece bien que castiguemos a los ladrones, pero me gustaría que hiciéramos lo mismo con las empresas telefónicas que no cumplen con los contratos que han firmado.
Por lo tanto, señor Presidente, dado que el tema está en directa relación con el funcionamiento de la economía, con la prestación de un servicio de utilidad pública y con los derechos del consumidor, que es la víctima de esta situación, pido que solicite a la Sala el envío del proyecto a la Comisión de Economía para que se conozca no sólo la sanción que se dará a los delincuentes, sino también el grado de responsabilidad que exigirá la autoridad de gobierno o esta ley a las empresas telefónicas que están castigando a sus usuarios que pagan sus cuentas, que son las víctimas de todo esto, mientras la empresa se abanica al momento del robo. Es más grave aún, pues como sucede con la receptación, que estimula a los ladrones a seguir robando cables, las empresas telefónicas hacen algo similar cuando dicen: “A mí no me importa que me roben los cables, porque le corto el servicio a los usuarios.”.
Reitero mi proposición de que la Sala apruebe el proyecto y después lo remita a la Comisión de Economía a fin de buscar, inteligentemente, de manera más reflexiva, además del modo de sancionar al delincuente, la protección del usuario frente a las compañías telefónicas.
A su vez, solicito que se cite al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Sergio Espejo.
El Ministerio y la Subtel no pueden quedar en el limbo respecto del tema. Creo que en esto hay dejación, abandono de parte de la autoridad. El ministro debería estar acá explicando cómo se asegura que las compañías telefónicas respondan frente a esta situación.
Además del estudio por la Comisión de Economía, solicito que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la hora de la fijación de los castigos y de la investigación, invite al ministro señor Espejo, de modo que cuando se integren las comisiones que fijan las tarifas telefónicas, haga sugerencias en el sentido de que en la ley no aparezcan sólo dos actores un ladrón que roba los cables y un usuario que queda sin servicio, sino un tercero que está argumentando fuerza mayor, en circunstancias de que el usuario nunca puede discutir lo mismo cuando no puede pagar la cuenta. Cuando le roban su dinero y no puede pagar, a Telefónica no le importa. Cuando a ésta le roban cables y no puede cumplir, pide que le dicten una ley para defenderse de los ladrones.
Así no puede funcionar bien el país. Eso no es economía de libre mercado; es ley del embudo. Y ya tenemos varias con las concesiones, con las isapres, con las empresas telefónicas en el caso de las antenas de celulares, para cuya instalación ni siquiera necesitan pedir permiso de edificación.
Cabe hacer notar que el ministro señor Espejo prometió que en agosto habría legislación al respecto. Incluso, le entregamos un proyecto de ley sobre la materia a él y a la ministra señora Veloso, con un artículo que exige permiso de edificación y que la Dirección de Obras revise si está conforme a la ordenanza. En la actualidad sólo notifican. El señor ministro no ha cumplido su promesa. ¿Cuándo va a venir con el proyecto que le entregamos en sus manos?
Ahora vamos a hacer una ley del embudo para salvar a las telefónicas cuando les roben cables.
Entonces, junto con este proyecto orientado a castigar a los ladrones, debe establecerse el derecho de no pago del servicio telefónico cuando un usuario pruebe que está afectado por razones de fuerza mayor cuando le roban, así como Telefónica argumenta lo mismo.
¡Mano dura y mano justa!
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Chauán.
El señor CHAUÁN.-
Señor Presidente, este interesante proyecto, presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, merece el apoyo de la Sala, por cuanto en las distintas localidades del país este tipo de hurto se está transformando en un mal endémico.
En las comunas de Viña del Mar y Concón el robo de cables eléctricos y telefónicos se ha transformado en un verdadero calvario para los habitantes de distintas poblaciones, quienes quedan sin suministro de energía eléctrica y sin servicio telefónico, con todas las consecuencias que ello implica, como quedar a merced de la delincuencia e incomunicados, las que aumentan enormemente en caso de enfermedades graves y otras situaciones de emergencia.
Similar situación se da con respecto al robo de otros elementos de insumos de los servicios de gas y de agua potable.
Creemos que se debe dar una señal firme contra la delincuencia, por lo que estimo que la iniciativa va en el sentido correcto.
Hace unos meses concurrimos con el diputado Rodrigo González a las poblaciones de Reñaca Alto, donde había cerca de diez mil habitantes sin servicio telefónico por causa del robo abusivo de cables y, por lo tanto, incomunicados. Es más, hicimos la denuncia correspondiente, y cuando conversamos con personal de Carabineros y de Investigaciones, nos dijeron que los ladrones están identificados, pero que cuando los detienen quedan libres en un par de días.
Por lo tanto, es necesario dar más herramientas a la policía de Investigaciones y a Carabineros para sancionar duramente a quienes incurren en este delito. Además, creo que hay que terminar con dos círculos perniciosos: el hurto de cables y la compra de los mismos, porque mientras haya poder adquisitivo, va a seguir existiendo el robo. Si no sancionamos duramente tanto al que hurta como al que compra, el delito seguirá ocurriendo.
Por otra parte coincido con el diputado Hales, estamos frente a un abuso de las compañías telefónicas. Es un tema que debería abordarse en este proyecto, porque cuando los usuarios hacen las denuncias respectivas, Telefónica se demora dos meses o más en reponer el servicio; pero lo más grave es que sigue cobrando por la mantención. Es un tema que se debe investigar.
Enviamos un oficio a la Superintendencia para que exija una explicación. Si se produce el robo y la suspensión del servicio, no puede ser que se siga cobrando por su mantención.
Los usuarios claman por una solución legislativa, por lo cual pido a mis colegas parlamentarios que voten favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, se dice que no hay bien que por mal no venga, pero en este caso es al revés. Nos ha ido muy bien con el precio internacional del cobre y, por lo mismo, se ha producido una apetencia desbordante por adquirirlo, incluso ilegalmente.
Como se ha señalado anteriormente, muchas poblaciones han sido afectadas. Pienso que estamos legislando bien, aunque tengo algunos reparos.
Creo que es importante que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución para hacer un análisis más profundo del tema, sobre todo, porque las normas del Código Penal deben ser armónicas. Por eso, no es aconsejable apresurar su estudio. Hoy existe la necesidad de legislar sobre esta materia y debemos hacerlo bien.
Por otra parte, me parece muy interesante lo expresado por el diputado señor Montes. Él ha hablado, en cierta medida, como se hacía en el antiguo Congreso Nacional; es decir, tocando lo profundo del tema en cuanto a qué nos está sucediendo como sociedad. Pero, lamentablemente, hoy estamos enfrentados a una situación que afecta a toda la comunidad y a la cual debemos dar solución.
El robo específico hay que castigarlo, pero esa es una materia que está establecida en el Código Penal. Aquí se ha dicho que estos delitos afectan también a las empresas privadas y que sólo a ellas les compete resguardar sus intereses. No debemos olvidar que se trata de empresas que prestan un servicio a la comunidad y es ésta la que al final sufre las consecuencias.
Por tanto, la única forma de resguardar esos intereses es, por una parte, establecer una norma en el Código Penal, separada para que sea armónica y, por otra, reformar la ley del consumidor para exigir a las empresas que están obligadas a dar un servicio a la comunidad a descontar a los clientes la cantidad del servicio que han dejado de otorgar.
En Valparaíso y Viña del Mar conocemos denuncias de esta naturaleza. Las comunidades más pobres han sido las verdaderas afectadas por este tipo de delitos al quedar sin determinado servicio.
Por eso, pienso que esta materia requiere de un análisis profundo y debe ir separada del resto. No se puede establecer en el Código Penal normas que sancionen a las empresas. Debe hacerse en la ley del consumidor o en cualquier otra disposición. Eso lo debemos ver oportunamente.
En el inciso segundo del artículo único advierto un problema. Dice: “Se sancionará igualmente con la pena del artículo anterior al que se apropiare, en cualquier forma, de elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro.”
Eso está incluido en la tipificación del delito, ya que el robo de los mencionados elementos constitutivos de redes de servicios de suministro público o domiciliario en definitiva significa el corte del servicio.
Por lo expuesto, pienso que el proyecto debe volver a la Comisión, a fin de tener una discusión más profunda para lograr un acuerdo más legal, justo y proporcional.
Creo que el diputado Monckeberg y quienes le han acompañado ha recogido este sentir público, pero es preciso hacer bien las cosas. De manera que me pliego a lo dicho por el diputado Bustos, en orden a que el proyecto vuelva a la Comisión para tener un análisis más riguroso.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, he escuchado atentamente las opiniones vertidas en esta Sala durante el debate y he podido advertir que los puntos de vista son coincidentes, en especial, respecto de la señal que queremos dar a la opinión pública, en orden a que este Congreso Nacional está preocupado de legislar y penalizar aquellas acciones y conductas encaminadas a la comisión de delitos, como el hurto de cables, alambres, tapas de alcantarillado, señaléticas de tránsito, etcétera.
Sin embargo, comparto lo manifestado por el diputado señor Montes.
Claramente, existe un problema serio de convivencia en nuestra sociedad que debemos replantearnos. Creo que la democracia es la mejor forma de vida, pero debemos reconocer que hoy no se está cumpliendo un concepto fundamental que es la libertad responsable, lo cual trae consigo la necesidad de tomar medidas para penalizar la comisión de delitos, las que muchas veces no se cumplen porque no es fácil encontrar a los delincuentes. Por otro lado, están las conductas que se cometen a diario contra una sociedad tranquila y armónica.
Por ello, es necesario legislar para establecer una normativa que le permita a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles exigir a las empresas la instalación del cableado bajo tierra. Estamos en el siglo 21 y no es una exigencia muy difícil ni onerosa, independientemente que ello tenga que ver con el robo de cables, porque el día de mañana también se pueden robar las puertas y otras cosas. No se trata de eso. Me refiero a la contaminación visual de que estamos siendo objeto, sobre todo, cuando las distintas empresas que prestan servicios a la comunidad ganan lo suficiente como para realizar una inversión e instalar el cableado bajo tierra.
Recuerdo que durante la construcción de edificios en la Quinta Región, se produjeron explosiones en algunos lugares porque se encontraron con el gasoducto construido bajo tierra que recorre desde Los Andes hasta Concón. A raíz de ello, consultamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre la posibilidad de cambiarlos y nos encontramos con que no existía una normativa técnica donde se establecieran los requisitos para ello.
Por tanto, debemos legislar para castigar a aquellos que cometan esos delitos y penalizar esas conductas, pero también es importante buscar la forma de cambiar el cableado que va por aire. Así como se exige urbanizar para construir viviendas, también se debe incorporar la exigencia de que el cableado se haga bajo tierra y que el costo esté regulado por el Estado, de manera que las empresas no abusen cargándolo a los usuarios.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, debemos buscar la forma de evitar que los usuarios sufran las consecuencias cuando las empresas son objeto del robo de cables u otros elementos. Asimismo, debemos velar para que la ciudadanía advierta que el Congreso Nacional está preocupado de modernizar el país a través de medidas que inicialmente pueden tener un costo superior, pero que, a la larga, van a ir en beneficio de la población.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, este proyecto tiene una tremenda utilidad dada la situación que se ha vivido en distintos sectores de la comunidad chilena, especialmente en los barrios más modestos, donde el robo de cables, tapas de alcantarilla y otros bienes públicos ha sido un tema recurrente en el último tiempo.
Hace algunas semanas denunciamos en esta Sala lo que estaba ocurriendo en vastos sectores de Viña del Mar, en particular, en Reñaca Alto y en Forestal, donde miles de familias han quedado aisladas, sin comunicaciones telefónicas ni internet y sin posibilidades de acceder a servicios esenciales, aproximadamente durante dos meses. Las familias quedaron sin servicio, debido a robos reiterados de cables telefónicos.
Pero este proyecto debe ser mirado en forma integral. Tal como lo plantearon la diputada Laura Soto y los diputados Patricio Hales y Francisco Chahuán, debemos mejorarlo y potenciarlo porque, sin duda, los robos de cables no resultarían eficaces si quienes cometen el delito no contaran con redes de comercialización, con mayoristas y revendedores que tienen sistemas de transporte, de bodegaje y de almacenamiento que constituyen verdaderas redes delictuales. Son ellos, precisamente, los que consiguen las mayores utilidades, con el consiguiente daño a la comunidad.
Asimismo, resulta injusto que la población permanezca desconectada durante tanto tiempo, sin que las compañías estén obligadas a reponer en forma inmediata el servicio interrumpido. Es más, estas compañías siguen cobrando los costos fijos y la cuenta telefónica y los servicios que han resultado interrumpidos, quedando la comunidad en la más absoluta indefensión.
Por eso, en días pasados, junto con centenares de vecinas y vecinos de Forestal y Reñaca Alto, presentamos una demanda colectiva ante los tribunales de justicia, a fin de que se les restituyan los valores cobrados en las cuentas telefónicas a todos los ciudadanos que han sido perjudicados por los robos de cables y no se les hayan restituido los servicios correspondientes en forma oportuna. Tales compañías tampoco tienen servicio de vigilancia y de cuidado de su patrimonio, tarea que está encomendada a Carabineros y a otros servicios públicos. Por cierto, éstos deberían realizar una labor más amplia en este sentido, pero no deben ser los únicos encargados de cumplir tales funciones.
De manera que el proyecto debe ser complementado y profundizado, como lo plantearon el diputado Juan Bustos y otros colegas. En primer lugar, debería incorporar penas en otros aspectos, a fin de sancionar a las empresas que no repongan con la debida oportunidad los servicios que prestan a la comunidad; en segundo lugar, se debería exigir a dichas empresas la reposición inmediata de los servicios interrumpidos, que, no obstante, siguen cobrando en las respectivas cuentas; en tercer lugar, debería incorporar una agravante en las disposiciones del Código Penal que sancionan el delito de receptación. Además de constituir un ilícito, estos delitos afectan a toda la comunidad y ocasionan daño a la salud, a la seguridad y a la tranquilidad pública, impidiendo que estos servicios sean suministrados a vastos sectores de la comunidad.
Por eso, junto con otros diputados, presentaremos algunas indicaciones. Asimismo, pido que en su segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto sea complementado, incorporando en otras áreas de la legislación disposiciones que aborden el problema en su integridad. Aquí hay distintas responsabilidades civiles y penales que deben ser asumidas por las empresas, por la comunidad y por otros actores, de manera que podamos prevenir y evitar estos delitos, adoptando todas las medidas que resguarden el interés de la gente, que tenemos el deber de representar en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LEAL (Presiente).-
Solicito al asentimiento unánime de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra la diputada María Angélica Cristi y los diputados Gabriel Ascencio y Patricio Hales, a quien le restan cinco minutos de su primera intervención.
Con ellos cerraríamos el debate e, inmediatamente después, votaríamos los tres proyectos tratados en el Orden del Día.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en realidad, la diputada Amelia Herrera me adivinó el pensamiento, puesto que se refirió a lo mismo que iba a acotar sobre este proyecto.
Creo que nada sacamos con seguir legislando sobre robos que son de difícil detección, como el de cables. Lo mismo sucede con los graffities y con otros malos hábitos que se han instalado en nuestra sociedad, cuya pesquisa también resulta muy difícil. Es bueno que exista una ley que, por lo menos, produzca cierto temor en quienes llevan a cabo estos delitos; pero el problema de fondo es que debemos asumir que ha llegado la hora de utilizar el cableado bajo tierra. Es algo que no está incorporado en este proyecto; pero quiero decirles a los colegas que integran la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que es una tarea urgente, a la cual debe abocarse el Gobierno, de manera que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, dependiente del Ministerio de Transportes a lo mejor, no se requiere una ley sobre la materia pueda normar la instalación de un cableado de este tipo.
En la Región Metropolitana, el Transantiago está invirtiendo en una nueva infraestructura vial, pero a nadie se le ha ocurrido instalar los cables bajo tierra, alternativa que tendría un costo muy bajo, evitándose así los cables aéreos que, muchas veces, están instalados a más de dos metros de altura, lo que da origen a ciudades horribles y desordenadas. Además, quedan expuestos a este tipo de robos.
Por lo tanto, quiero llamar la atención, en cuanto a que resulta urgente realizar un estudio de modernidad, que apunte, precisamente, a terminar con lo que pretende el proyecto de ley en discusión y, al mismo tiempo, a beneficiar a la ciudad.
Como no dispongo de más tiempo para ahondar en la materia, dejo planteada esta idea, en particular, a los parlamentarios que integran la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra, por los cinco minutos que le restan, el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, antes de argumentar sobre la necesidad de sancionar a los ladrones, debemos entender que aquí hay tres actores: el usuario, el ladrón de cables y la empresa que presta el servicio. Esta última no aparece en el proyecto de ley.
Con el diputado Francisco Chahuán hemos preparado una indicación para incluir a este actor central que es, nada menos, la empresa telefónica, que en el proyecto queda liberada, como si toda la discusión debiera centrarse en las sanciones a los ladrones. Estamos totalmente de acuerdo con esto, pero la empresa telefónica debe reponer oportunamente el servicio interrumpido; no puede seguir eludiendo su responsabilidad. Es muy dura cuando el usuario no cumple; lo castiga cuando no paga. Además, debe intervenir la autoridad.
Como me gusta estudiar estas materias, recurrí una vez más a la Oficina de Informaciones de la Cámara, a fin de pedirle una lista de las normativas relacionadas con la materia. Pues bien, una de las dos seleccionadas es el decreto ley N° 1.762, con su última modificación, de 20 de octubre de 1982. Voy a leer sólo parte del artículo 6°, que dice que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones recordaba que el ministro Espejo no cumplió su promesa ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre en materia de antenas telefónicas que están afectando a los ciudadanos y depreciando el valor de sus propiedades, tendrá la obligación de dictar las normas técnicas de telecomunicación y controlar su cumplimiento.
¿Queremos sancionar y castigar a los ladrones? Sí. ¿Queremos sancionar más duramente a los que dejan sin servicio a los ciudadanos? Sí, pero, además, queremos que la autoridad cumpla su tarea, y ni el ministerio ni la Subsecretaría la cumplen.
La letra k) del artículo 6° dice: “Requerir de las entidades que operen en el ámbito de las telecomunicaciones y de cualquier organismo público los antecedentes e informaciones necesarios para el desempeño de su cometido, los que estarán obligados a proporcionarlos,”.
Por su parte, la letra l) dispone: “Aplicar las sanciones administrativas que establece la Ley General de Telecomunicaciones.”
En segundo lugar, los incisos primero y segundo del artículo 25 de la ley N° 19.496, del Ministerio de Economía, sobre protección del consumidor, señalan:
“Artículo 25.-
El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.
Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.”
Me pregunto: ¿a cuál de las empresas telefónicas que dejaron sin servicio a los usuarios, cuyos ejecutivos se encogieron de hombros, diciendo: “a mí me robaron el cable”, han sancionado?
El día de mañana, en cualquier otra empresa de servicio, van a utilizar el mismo argumento para no cumplir con sus usuarios. Los consumidores tenemos la obligación de cumplir con lo que nos comprometimos; sin embargo, los encargados de las empresas proveedoras se encogen de hombros, le echan la culpa a otros y no responden.
En este proyecto debemos incorporar a todos los actores: el usuario la gran víctima, el ladrón, para que sea duramente castigado, con mayor pena, con mayor sanción, y la empresa telefónica, que debe ser sancionada cuando deja de prestar el servicio con el argumento de que le robaron los cables.
Las dos normas que señalé con anterioridad vuelven a fundamentar la petición que hago formalmente, en el sentido de que la materia que nos convoca no sólo debe ser abordada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino también por la de Economía, que defiende al consumidor y tiene interés en que esa defensa quede establecida a partir de un análisis que perfeccione esta norma y no libere a las empresas telefónicas de sus responsabilidades.
En la indicación planteamos la obligación de mantener el servicio y la imposibilidad de que la telefónica cobre cuando le han robado los cables.
He dicho.
El señor Presidente de la Cámara saluda a una delegación de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, que se encuentra en la tribuna de honor, encabezada por el Excelentísimo Presidente Adjunto, Honorable Obed Bapela, y el embajador de Sudáfrica en Chile, señor Víctor Zazeraj.
También saluda al embajador de Nueva Zelanda en Chile, señor Nigel Tyfe, y a los demás integrantes de la delegación de dicha embajada, presentes en las tribunas.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, a pesar de que los últimos discursos son perfectamente adecuados al proyecto que nos convoca el diputado Patricio Hales hizo un gran discurso, que complementa muy bien lo dicho por las diputadas señoras María Angélica Cristi y Amelia Herrera, referidos fundamentalmente a la responsabilidad de las empresas privadas, debo decir, bajo mi responsabilidad y no comprometiendo más que mi opinión, que estoy completamente en desacuerdo con el proyecto, aun a riesgo de la condena comunicacional que pueda acarrearme, porque, al final, busca la solución más fácil y representa exactamente lo que hemos estado haciendo en los últimos quince años: Cada vez que conocemos un hecho delictual, que comunicacionalmente es atractivo, lo discutimos en la Corporación, en un proyecto de ley. Si no es constitutivo de delito, creamos el delito; si es delito, aumentamos la pena, metemos presos a los culpables y luego nos olvidamos de ellos. Ésa es la típica forma de reaccionar en la Cámara de Diputados.
Después, aparecemos en los medios de comunicación diciendo que con el aumento de las sanciones y teniendo más personas hacinadas en nuestras cárceles hemos resuelto el problema. En los últimos quince años, de veinte mil personas privadas de libertad en los recintos carcelarios, hoy llegamos 45 mil, gracias a nuestras leyes.
Algunos podrán decir: ¡qué bueno!, ¡está bien!; otros, como yo, a pesar de que nadie duda que es bueno que los ladrones estén presos, creemos que debemos revisar profundamente lo que entendemos por política criminal.
Ahora, hay un proceso de revisión del Código Penal. Lo dijo la diputada señora Laura Soto y lo saben todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuyo objetivo es establecer en él todo lo que se relaciona con prevención, sanciones, condenas y rehabilitación.
A mi juicio, debiéramos esperar a ver qué haremos con la política criminal en Chile; cómo vamos a trabajar ese tema desde una perspectiva global, de manera que no sigamos como hasta ahora, en que cada vez que se nos presenta un problema repito que comunicacionalmente es atractivo, entonces lo enfrentamos como lo estamos haciendo ahora.
Éste es un problema serio. El Presidente de la Corporación, diputado señor Antonio Leal, me explicaba la gravedad que representa, sobre todo para el sector minero, el hurto de los elementos que contienen cobre, fundamentalmente cables. A ello, se agrega el hurto de las tapas de alcantarillado.
Estoy de acuerdo en que ese hecho puntual, coyuntural, es gravísimo; nadie lo puede negar. El punto central, a mi juicio, es otro: ¡hasta cuándo seguimos aumentando las penas y seguimos metiendo más gente en la cárcel! Lo que debemos hacer es resolver el problema penitenciario, que es una vergüenza para el país, y ocuparnos de la rehabilitación, tema en el que no hacemos absolutamente nada. Esos temas también tienen que ver con la seguridad ciudadana.
A mi juicio probablemente algunos compartan mi posición, la mejor política criminal en cualquier país del mundo es una buena política social, pero nunca hablamos de eso. En realidad, nos vamos por la solución más fácil.
Este proyecto condena a los ladrones a una pena privativa de libertad que va desde 541 días a cinco años, según explicaban los expertos en derecho penal; pero, si aplicamos lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único, es decir, cuando a consecuencia de la sustracción se causare la suspensión total o parcial del servicio, la pena se puede aumentar a diez años de privación de libertad.
¿Qué coherencia tiene esa disposición con el sistema criminal chileno? ¡No tiene ninguna coherencia!
Insisto, quiero llamar la atención sobre eso. No se trata de que el tema sea comunicacionalmente atractivo y salgamos en la radio, en la prensa escrita y en la televisión, sino de hacer las cosas bien.
Los discursos repito de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Amelia Herrera y del diputado Patricio Hales apuntan en la dirección correcta, pero tengo la sensación de que este proyecto, tal como está, al final no sirve de nada. Seguimos aumentando las penas, los criminales siguen siendo los mismos, al final al pasar el tiempo los encontramos igual por nuestras calles y no resolvemos nada. Salimos una noche en la tele y al día siguiente todo sigue igual.
Por eso, no estoy de acuerdo con este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala pena para delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces, y modifica el Código Penal en lo referente a delitos relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y metales del mobiliario urbano.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rojas Molina Manuel; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández Alejandro.
El señor LEAL (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución para su segundo informe.
¿Habría unanimidad para enviar el proyecto, además, a la Comisión de Economía, en conformidad con la petición formulada por el diputado señor Hales?
No hay acuerdo.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
1.Del señor Ascencio, para suprimir el inciso tercero.
2.Del Ejecutivo, para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:
“Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, se produjere la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.”.
3.Del señor Burgos, para suprimir el inciso final.
4.De la señora Herrera y de los señores Chahuan, Delmastro, Duarte, González, Hales, Saffirio, Sepúlveda, don Roberto, y Urrutia, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:
“Las empresa de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado, telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión es este tipo de delitos.”.