Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- Gonzalo Duarte Leiva
- Carolina Goic Boroevic
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL.
- RADICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- PASE ESCOLAR INTERREGIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Ramon Farias Ponce
- Jaime Quintana Leal
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Adriana Munoz D'albora
- Samuel Venegas Rubio
- Gabriel Silber Romo
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- German Verdugo Soto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MAYORES POTESTADES PARA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- German Verdugo Soto
- Eduardo Diaz Del Rio
- Manuel Rojas Molina
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- HOMOLOGACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Saffirio Suarez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gabriel Silber Romo
- Eduardo Saffirio Suarez
- Patricio Vallespin Lopez
- Adriana Munoz D'albora
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Gonzalo Duarte Leiva
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PLAN DE INVERSIÓN EN VIALIDAD Y TRANSPORTE EN CIUDADES INTERMEDIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alberto Robles Pantoja
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso De Urresti Longton
- Javier Hernandez Hernandez
- Manuel Rojas Molina
- Jose Perez Arriagada
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Delmastro Naso
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SISTEMA Y OFICINA PERMANENTE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS LEYES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Francisco Chahuan Chahuan
- Marcos Espinosa Monardes
- Hugo Orlando Robles Robles
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Claudia Nogueira Fernandez
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Lavin
- Jose Perez Arriagada
- Tucapel Jimenez Fuentes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SESIÓN ESPECIAL DE COMISIONES PARA CONOCER VÍNCULOS DE ORGANIZACIONES NEONAZIS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Marcelo Diaz Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- German Verdugo Soto
- Amelia Herrera Silva
- Marcelo Forni Lobos
- Manuel Rojas Molina
- Juan Lobos Krause
- Mario Venegas Cardenas
- Gonzalo Duarte Leiva
- Patricio Vallespin Lopez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE COMUNAS CONSIDERADAS COMO “ÁREAS DE FRONTERA INTERIOR” A PLAN ESPECIAL DEL COMITÉ INTERMINISTERIAL PARA EL DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Rojas Molina
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Quintana Leal
- Jaime Mulet Martinez
- Antonio Leal Labrin
- Rene Aedo Ormeno
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEFINICIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS EN ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Aedo Ormeno
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Francisco Chahuan Chahuan
- Amelia Herrera Silva
- Ximena Valcarce Becerra
- Karla Rubilar Barahona
- Jaime Mulet Martinez
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DE GENDARMERÍA DE CHILE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY N° 19.998.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Duarte Leiva
- Roberto Delmastro Naso
- Claudio Alvarado Andrade
- Rene Alinco Bustos
- Carlos Montes Cisternas
- Pablo Galilea Carrillo
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTO PARA OBRAS SANITARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Estay Penaloza
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Juan Lobos Krause
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Raul Sunico Galdames
- Felipe Kast Sommerhoff
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROPORCIONALIDAD EN PAGO DEL SISTEMA DE PEAJES LATERALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Enrique Jaramillo Becker
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Alfonso Vargas Lyng
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Mario Bertolino Rendic
- Eugenio Bauer Jouanne
- Pablo Galilea Carrillo
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE LA COMUNA DE PUERTO DOMÍNGUEZ EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Quintana Leal
- Mario Venegas Cardenas
- Rene Alinco Bustos
- Patricio Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- LUGARES DE VOTACIÓN PREFERENTES PARA DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Amelia Herrera Silva
- German Verdugo Soto
- Pablo Galilea Carrillo
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Alfonso Vargas Lyng
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Cristian Monckeberg Bruner
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- BENEFICIOS PARA DEUDORES HABITACIONALES SERVIU.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Amelia Herrera Silva
- German Verdugo Soto
- Roberto Delmastro Naso
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RETIRO PARCIAL DE FONDOS PREVISIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Amelia Herrera Silva
- German Verdugo Soto
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PASE ESCOLAR INTERREGIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE A LOS MINEROS Y A SU PATRONO SAN LORENZO.
- HOMENAJE : Marcos Espinosa Monardes
- HOMENAJE : Jaime Mulet Martinez
- HOMENAJE : Felipe Ward Edwards
- HOMENAJE : Antonio Leal Labrin
- HOMENAJE : Manuel Monsalve Benavides
- HOMENAJE : Rene Aedo Ormeno
- HOMENAJE A LOS MINEROS Y A SU PATRONO SAN LORENZO.
- VIII. INCIDENTES
- RENOVACIÓN DE SUBSIDIO PARA SERVICIO DE BARCAZAS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTES SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE EXTRACCIÓN, TRASLADO Y EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO EN ATACAMA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jaime Mulet Martinez
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUERTO EN COMUNA DE CALDERA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jaime Mulet Martinez
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- CUESTIONAMIENTO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- ADHESION
- Edmundo Eluchans Urenda
- Carlos Recondo Lavanderos
- Francisco Chahuan Chahuan
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Alvaro Escobar Rufatt
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- ESTADO DE AVANCE DE INVESTIGACIONES DE DESVÍO DE FONDOS DE PROCESO DE RECONVERSIÓN LABORAL DE EX TRABAJADORES PORTUARIOS. Oficios.
- ADHESION
- Joaquin Godoy Ibanez
- Carlos Recondo Lavanderos
- Pablo Lorenzini Basso
- Alvaro Escobar Rufatt
- Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Francisco Chahuan Chahuan
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- PRECISIONES SOBRE DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VIÑA DEL MAR. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN AL BANCO DEL ESTADO DE SERVICIO DE PAGO DE PENSIONES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- ADHESION
- Francisco Chahuan Chahuan
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- ANTECEDENTES Y PRECISIONES SOBRE EL PLAN TRANSVALPARAÍSO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- ADHESION
- Francisco Chahuan Chahuan
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- INFORMACIÓN SOBRE GASTOS RESERVADOS DEL INTENDENTE DE LA QUINTA REGIÓN Y PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- ADHESION
- Francisco Chahuan Chahuan
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- DESTINACIÓN DE MAYORES RECURSOS FISCALES A INVERSIONES SOCIALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INSTRUCCIÓN DE NUEVO SUMARIO EN CASO DE PUENTE LONCOMILLA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- ADHESION
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- ANTECEDENTES SOBRE SEGUROS DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS. Oficio.
- ADHESION
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- RENOVACIÓN DE SUBSIDIO PARA SERVICIO DE BARCAZAS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Claudia Nogueira Fernandez
- Ximena Valcarce Becerra
- Jose Ramon Barros Montero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Antonio Kast Rist
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Silber Romo
- Jorge Burgos Varela
- Gonzalo Duarte Leiva
- Guido Girardi Lavin
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Patricio Walker Prieto
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Gabriel Silber Romo
- Samuel Venegas Rubio
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Jorge Burgos Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 62ª, en jueves 10 de agosto de 2006
(Ordinaria, de 10.36 a 14.15 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Pérez Arriagada, don José, y Burgos Varela, don Jorge.
Presidencia accidental deOrtiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Prórroga de plazo a Comisión Especial Investigadora de intervención electoral11
Radicación de investigación en Comisión de Pesca, Acuicultura y Medio Ambiente12
Remisión de proyectos a Comisión de la Cultura y de las Artes13
V.Orden del Día13
VI.Proyectos de acuerdo.
Pase escolar interregional para estudiantes de educación superior14
Mayores potestades para Contraloría General de la República16
Homologación de plazo para entrega de licencias médicas20
Plan de inversión en vialidad y transporte en ciudades intermedias22
Creación de sistema y oficina permanente de evaluación del impacto de las leyes24
Sesión especial de comisiones sobre vínculos organizaciones neonazis27
Modificación del Estatuto Administrativo29
Incorporación de comunas consideradas como “áreas de frontera interior” a plan especial del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas31
Definición de viviendas básicas en ordenanza general de urbanismo y construcción33
Incorporación del personal no uniformado de Gendarmería de Chile a los beneficios de la ley N° 19.99837
Derogación de los aportes de financiamiento para obras sanitarias38
Proporcionalidad en pago del sistema de peajes laterales40
Creación de la comuna de Puerto Domínguez en región de La Araucanía43
Lugares de votación preferentes para discapacitados y adultos mayores45
Beneficios para deudores habitacionales Serviu48
Retiro parcial de fondos previsionales49
VII.Homenaje.
Homenaje a los mineros y a su patrono San Lorenzo54
Pág.
VIII.Incidentes.
Renovación de subsidio para servicios de barcazas en Décima Región. Oficios64
Antecedentes sobre aprobación de proyecto de extracción, traslado y embarque de mineral de hierro en Atacama. Oficios64
Antecedentes sobre construcción de puerto en comuna de Caldera. Oficio65
Cuestionamiento a la gestión de la Dirección de Vialidad de la Novena Región. Oficios65
Estado de investigaciones de desvío de fondos de proceso de reconversión laboral de ex trabajadores portuarios. Oficios66
Reconocimiento a la labor de la Biblioteca del Congreso Nacional. Oficio68
Precisiones sobre déficit presupuestario y gestión de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar. Oficio69
Antecedentes sobre adjudicación de licitación al Banco del Estado de servicio de pago de pensiones. Oficio69
Antecedentes y precisiones sobre el Plan TransValparaíso. Oficio70
Información sobre gastos reservados del intendente de la Quinta Región y presupuesto del Fondo de Desarrollo Regional. Oficios72
Destinación de mayores recursos fiscales a inversiones sociales. Oficios72
Instrucción de nuevo sumario en caso de puente Loncomilla. Oficio74
Antecedentes sobre seguros de autopistas concesionadas. Oficio75
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que introduce modificaciones al D.L. N° 3.475, de 1980, que contiene la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. (boletín N° 436905)76
2.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal y Tuma, que elimina toda forma de anatocismo en el sistema jurídico. (boletín N° 440803)76
3.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Allende, doña Isabel; Cristi, doña María Angélica; Nogueira, doña Claudia; Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Barros, Díaz del Río, Jarpa, Kast, y Sabag, que modifica normas de procedimiento en la leyN° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y deroga el artículo 234 del Código Civil. (boletín N° 440918)84
4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber, Burgos, Duarte, Girardi, Mulet, Olivares, Ortiz; Sepúlveda, don Roberto; Walker, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que establece derechos del consumidor y comercio electrónico (boletín N° 441003)89
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya, Díaz del Río, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag, Silber, Venegas, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra, que elimina la indemnización compensatoria del artículo 42 de la ley de concesiones de obras públicas. (boletín N° 441109)90
Pág.
6.Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que aplica multa a quien dé a conocer la identidad de agente encubierto. (boletín N° 4412079)91
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bustos y Burgos, que modifica la ubicación sistemática del delito de manejo en estado de ebriedad incorporando nuevo Título al Código Penal y aumenta la penalidad en hipótesis que indica. (boletín N° 441307)91
8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Arenas, Álvarez,
Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Norambuena, Urrutia, Von Mühlenbrock y Ward, que permite a las personas la portabilidad de los números telefónicos. (boletín N° 441409)94
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
De la bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que jefe de bancada es el diputado señor Lorenzini; subjefe, el diputado señor Duarte, y primer comité, la diputada señora goic, doña carolina.
2.Oficios
De las Comisiones Unidas de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, por el cual solicitan a la Sala de la Corporación que la investigación mandatada mediante proyecto de acuerdo N° 153C , para analizar antecedentes de impacto laboral y medioambiental de la actividad del sector salmonero en el país, especialmente en regiones Décima y Undécima y sugiera medidas para corregirlo, sea radicada exclusivamente en la Comisión de Pesca por encontrarse la Comisión de Recursos Naturales abocada a la investigación de las eventuales irregularidades de Codelco.
Contraloría General de la República:
Diputado Urrutia, información sobre recursos asignados a Chiledeportes de la Séptima Región.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, información sobre recontratación a honorarios a funcionario público o municipal acogido a jubilación por salud irrecuperable.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
DiputadoGalilea, información de volumen de exportaciones por productos y países de destino.
Ministerio de Defensa Nacional:
DiputadaPascal, macroestudio de impacto ambiental en la Región Metropolitana para construcción de aeródromo que inicialmente se construiría en zona agrícola de El Monte.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
DiputadoDelmastro, información sobre el reemplazo de la ficha CAS.
Ministerio Público:
DiputadoGarcía, información sobre investigación por homicidios de doña María Teresa Spuler y Ema Vidal Pinto, en la ciudad Loncoche.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (100)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Pascal Allende Denise
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se inició la sesión a las 10.36 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 57ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 58ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a la Cuenta.
El señor ROBLES .- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES .- Señor Presidente, ¿por qué no figura en la Cuenta de hoy el proyecto referido a la sede del Congreso?
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, como su señoría modificó ese proyecto, se entiende que ingresó recién. No se puede modificar una iniciativa después de haberse presentado a la Oficina de Partes. Por tanto, por tratarse de un nuevo proyecto, será informado la próxima semana.
El señor ROBLES .- ¿El miércoles, señor Presidente?
El señor LEAL (Presidente).- Se informará, de acuerdo con la Tabla, la próxima semana.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión especial investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a intervención electoral, de ampliar en cuarenta y cinco días el plazo original, que vence el 15 de septiembre, para emitir su informe.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, ¿la ampliación del plazo significa que la Comisión emitiría su informe a fines de octubre?
El señor LEAL (Presidente).-
Tendría plazo hasta el 30 de octubre.
El señor MONTES.-
En ese caso, no habría problema.
El señor LEAL (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
El señor FARÍAS.-
No, señor Presidente. Solicito que se vote.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, ayer se tomó un acuerdo en orden a que el presidente de la Comisión, el diputado señor Chahuán , informaría sobre las razones para ampliar el plazo. Me parece increíble la falta de seriedad, puesto que, a priori, están todos alineados.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, no se tomó un acuerdo en ese sentido, sino que un diputado solicitó una aclaración respecto de la petición.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, la petición de prórroga del plazo obedece a que antes de las modificaciones introducidas al Reglamento de la Cámara suponíamos que la Comisión tenía competencia para investigar hasta el 6 de diciembre del presente año, puesto que se excluían las semanas distritales. Sin embargo, con el establecimiento del nuevo cómputo para los plazos, su competencia termina el 15 de septiembre, razón por la cual consideramos importante y legítimo solicitar la ampliación para informar en 45 días corridos, de modo de finalizar nuestro trabajo el 30 de octubre.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada la petición.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Estay Peñaloza Enrique ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Goic Boroevic Carolina ; Herrera Silva Amelia ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Montes Cisternas Carlos ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Turres Figueroa Marisol ; Vallespín López Patricio ; Verdugo Soto Germán ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Allende Bussi Isabel ; Pascal Allende Denise .
Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Vidal Lázaro Ximena .
RADICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
El señor LEAL (Presidente).-
Las Comisiones Unidas de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos solicitan a la Sala que la investigación mandatada por el proyecto de acuerdo Nº 153C para analizar antecedentes del impacto laboral y medioambiental de la actividad del sector salmonero, especialmente en las regiones Décima y Undécima, y sugerir medidas para corregirlo, quede radicada en la de Pesca, por cuanto la de Recursos Naturales se encuentra abocada a la investigación de las eventuales irregularidades de Codelco en el derrame de relave proveniente de la División El Teniente y, además, porque sus horarios de funcionamiento son coincidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de la Cultura y las Artes para que se le remitan los proyectos que tratan sobre las materias que se indican a continuación, los cuales se encuentran radicados en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación:
a)Modifica la composición del jurado que otorga Premios Nacionales;
b)Modifica la ley Nº 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales;
c)Autoriza erigir un monumento en Valparaíso en memoria del dibujante don Renzo Peccheninno Raggi, “Lukas” ;
d)Modifica la ley Nº 19.169, en lo relativo a la composición del jurado que otorga el Premio Nacional de Periodismo;
e)Establece erigir un monumento a la cueca como danza nacional en la comuna de Arica;
f)Autoriza la construcción de un monumento en memoria del artista Roberto Matta Echaurren ;
g)Autoriza la erección de un monumento en Rancagua en memoria de don Oscar Castro Zúñiga ;
h)Sobre emblemas nacionales;
i)Establece que los libros y otros materiales educativos decomisados sean destinados a instituciones culturales y educacionales pagando éstas el derecho de autor;
j)Autoriza la construcción de un monumento, archivo y museo en memoria del geógrafo don Juan Steffen Hoffman ;
k)Establece la obligatoriedad de música folclórica al inicio de las transmisiones de medios de radiodifusión;
l)Lugar donde se erigirá el monumento en memoria de Pablo Neruda, a que se refiere la ley Nº 19.871;
m)Modifica la ley Nº 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, integrando al jurado un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes;
n)Fija edad mínima para obtener algún Premio Nacional;
ñ)Declara Día Nacional de la Biblia, y
o)Declara como Día Nacional de la Biblia el primer domingo del mes de septiembre de cada año.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
El señor LEAL (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, el tiempo del Orden del Día se destinará exclusivamente al tratamiento de proyectos de acuerdo.
Asimismo, acordaron, por unanimidad, reducir a dos las votaciones en cada proyecto, de modo que, de no alcanzarse el quórum correspondiente en la segunda votación, el proyecto se dará por rechazado.
También acordaron no hacer aplicable el artículo 165 del Reglamento durante las votaciones.
El señor ACCORSI .-
Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ACCORSI .-
Señor Presidente, si hay consenso, ¿se podría aprobar por unanimidad un proyecto de acuerdo?
El señor LEAL (Presidente).- Eso se solicitará en cada oportunidad; no lo podemos establecer como norma.
El señor DITTBORN .-
Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente, ¿la Mesa consideró la posibilidad de votar todos los proyectos al final, como se hace con el Orden del Día?
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, deberemos votarlos uno a uno, obligatoriamente, porque, en bloque, será muy difícil y complejo, ya que, en caso de no haber quórum, habrá que votarlos por segunda vez.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
PASE ESCOLAR INTERREGIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 100, de la señora Vidal , doña Ximena y de los señores Farías , Quintana , Espinoza, don Fidel ; la señora Muñoz , doña Adriana ; los señores Venegas, don Samuel ; Silber , la señora Goic, doña Carolina ; los señores Álvarez-Salamanca y Verdugo .
“Considerando:
Que, en los últimos tiempos, las grandes transformaciones del transporte público en ciudades como Santiago y Valparaíso ha traído inmensos beneficios a miles de chilenos, incorporando, como siempre, a los estudiantes, al hacer más breve el traslado de un lugar a otro;
Que uno de los segmentos que más utiliza los medios de transporte público son los estudiantes de Educación Superior, quienes, por razones obvias, no están en condiciones de generar ingresos, por lo cual es necesario tener una tarifa preferencial que les facilite el transporte y el traslado desde su residencia hasta el lugar en que realizan sus estudios;
Que, para ello está el pase escolar instrumento que acredita la calidad de alumno regular de Educación Superior Pública y Privada, que permite el traslado de los estudiantes para viajes habituales con motivo de estudio en cualquiera de los medios de transporte público de pasajeros de la región, incluidos microbuses, taxibuses, trolebuses y ferrocarriles de servicio metropolitano;
Que, no obstante lo anterior, el incremento de la cantidad de estudiantes de Educación Superior en los últimos años ha hecho que el pase escolar sea un elemento de enorme importancia y un aporte necesario del gremio del transporte de pasajeros a la educación chilena;
Que, sin embargo, cabe tener presente que muchos estudiantes que realizan sus actividades en establecimientos distantes de sus residencias y en otras regiones no pueden hacer uso del pase escolar, debido a que el reglamento vigente dispone que éste tiene un carácter eminentemente regional. Por tanto, un estudiante universitario que vive en Rancagua y realiza sus estudios en Santiago sólo podrá disponer de un pase escolar válido en la región en la que realiza sus estudios, es decir, en este caso, la Región Metropolitana, de Santiago, y sólo el pase escolar le permitirá su traslado de viajes habituales con motivo de estudio en cualesquiera de los medios de transporte público de pasajeros de dicho territorio, pero, en ningún caso, más allá, por lo que el traslado real se verá siempre dificultado y encarecido, causando gastos difíciles de costear, sobre todo para los estudiantes de menos recursos;
Que este vacío legal deja a muchísimos estudiantes sin la posibilidad de ocupar el pase escolar cuando el lugar de residencia es distinto del de los estudios y en otra región, como, por ejemplo, podría ser el caso de las ciudades de TalcaConcepción, RancaguaSantiago, RancaguaValparaíso, SantiagoValparaíso o TemucoValdivia, y
Que, en lo futuro, es necesario subsanar esta situación mediante la modificación del decreto que lo regula, estableciendo que el carácter regional del pase escolar transite hacia uno de carácter interregional, o que, para el caso del estudiante que viva en una región distinta de la que estudia, éste disponga de dos pases escolares, uno para cada región, acreditando por medios fehacientes su situación.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que modifique el decreto supremo N° 20, de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre el pase escolar, estableciendo un sistema que permita eliminar el carácter regional del pase escolar, o que posibilite la entrega de dos pases escolares para el uso del transporte público para los estudiantes de Educación Superior, cuando los traslados tengan como fin motivos estrictamente académicos y que el estudiante tenga residencia en una región distinta de la que realiza sus estudios, todo esto acreditado por medios fidedignos.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo pretende perfeccionar el uso del pase escolar, en este caso en favor de los estudiantes de educación superior.
No obstante los importantes avances en materia de transporte público, especialmente en las grandes ciudades como Santiago y Valparaíso, uno de los más grandes problemas en esta actividad en éste y en años anteriores ha sido el del pase escolar, del cual no escapan los estudiantes de educación superior, quienes, junto con los secundarios, son los que más utilizan esta franquicia. Estos estudiantes, al no tener ingresos, por razones obvias, deben tener una tarifa preferencial que les facilite el traslado desde sus residencias a sus casas de estudio y viceversa.
El pase escolar es un documento que acredita, para este caso, la calidad de alumno regular de educación superior pública o privada y que permite el traslado del alumno, por viajes habituales con motivo de estudios, en cualquier medio de transporte público de pasajeros de la región, incluidos microbuses, taxibuses, trolebuses y ferrocarriles de servicio metropolitano. Pero muchos estudiantes no tienen la posibilidad de usar el pase escolar cuando el lugar de residencia es distinto al de estudios, mejor dicho cuando uno de los dos lugares se encuentra en otra región. Por ejemplo, entre Talca y Concepción; Rancagua y Santiago ; Rancagua y Valparaíso ; Santiago y Valparaíso , o Temuco y Valdivia .
El proyecto pretende subsanar ese vacío por la vía de modificar el decreto que regula el beneficio, estableciendo un pase interregional o, en su defecto, que el estudiante que reside en una región distinta a la de su casa de estudio disponga de dos pases, uno para cada región, acreditando por medios fehacientes que su situación pertenece a la descrita.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
MAYORES POTESTADES PARA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 101, de los señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Verdugo , Díaz, don Eduardo ; Rojas , de la señora Sepúlveda , doña Alejandra ; de los señores Meza , Estay , Forni y Palma .
“Considerando:
Que, en su reciente Cuenta Pública elaborada en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143, de la ley N° 10.336, el Contralor General de la República ha denunciado que los dictámenes del organismo no se cumplen o se dilata su aplicación, lo que ocurre con mayor frecuencia en el sector municipal y, en menor proporción, tanto en los sectores centralizados como descentralizados de la Administración del Estado;
Que, asimismo, frente a las presentaciones a la Contraloría General de la República o en las actividades de control externo, la máxima autoridad de dicha entidad ha señalado que, en algunas ocasiones, ha observado que los ministerios, los servicios, las empresas públicas y las municipalidades a los que se requiere informes para atender esas peticiones o efectuar las auditorías y las inspecciones dilatan en exceso su entrega, incumpliendo las instrucciones impartidas al efecto, lo cual, a su vez, retrasa la emisión del dictamen o del informe de fiscalización;
Que, en dicha Cuenta Pública, el titular del organismo de control estima que es necesario restablecer la plena competencia de la Contraloría General de la República para fiscalizar la regularidad de las operaciones de todas las empresas del Estado, especialmente en lo que se refiere a las normas relativas al personal de esas entidades, sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a la Dirección del Trabajo;
Que, por otra parte, el Contralor General manifiesta que las autoridades respectivas no han acogido la gran mayoría de las sugerencias de reformas legislativas y reglamentarias que dicho organismo ha venido planteando en forma reiterada en años anteriores a través de su Memoria y Cuenta Pública, aun cuando ellas, para mejorar la normativa que rige a la Administración del Estado, tienden, precisamente, a dejar constancia de las falencias observadas;
Que, entre estas reformas, la misma autoridad estima procedente la modificación de ciertas disposiciones legales bajo cuyo amparo algunas empresas no proporcionan información a los organismos encargados de cautelar el debido uso y resguardo del patrimonio público;
Que la reforma más trascendental, según el Contralor General, es dotar de imperio las decisiones que adopte la institución en el cumplimiento de sus funciones, dejando así de constituir aquéllas meras recomendaciones que no contribuyen a evitar actos irregulares o ilícitos. Especialmente, es necesario en relación con la potestad disciplinaria, en caso de responsabilidad administrativa, toda vez que la falta de ella impide aplicar las sanciones directamente, lo que ha llevado a que irregularidades acreditadas en el sumario instruido queden impunes, con una sanción tardía o inadecuada a la gravedad de la falta, por carecer de potestad para aplicar medidas disciplinarias, sino tan sólo proponerlas, de acuerdo con el mérito de los sumarios administrativos que instruye, medidas que pueden ser acogidas o cambiadas por la autoridad respectiva. Así, entonces, resulta necesario dotar de facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República, siendo insuficiente el trámite de toma de razón en estos casos;
Que, en su artículo 98, la Constitución Política de la República contempla la institución definiéndola como un organismo autónomo que debe ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado, entre otras funciones, y la ley N° 10.336 reglamenta su organización y atribuciones;
Que la carencia del imperio que reclama el Contralor General en su Cuenta Pública ha sido definido tradicionalmente como la facultad que se otorga a los Tribunales para ejecutar lo juzgado, sin que las autoridades requeridas para tal efecto puedan calificar el fundamento o la oportunidad ni la justicia o la legalidad de la resolución que se trata de ejecutar, como expresamente lo establece el artículo 76 de la Carta Fundamental que sienta las bases del Poder Judicial;
Que, no obstante estar concebido este concepto para la institucionalidad judicial, se hace necesario establecer un mecanismo legal, a fin de dotar de imperio las decisiones que, dentro de sus facultades legales, adopte la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de introducir las demás modificaciones legales que propone, especialmente aquéllas que tienen por objeto restablecer la plena competencia general del organismo contralor para fiscalizar la regularidad de las operaciones de todas las empresas del Estado, las que deben estar obligadas, sin excepción, a proporcionar la información necesaria a los organismos encargados de cautelar el debido uso y resguardo del patrimonio público, y
Que, para tal efecto, se requiere que S.E. la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 65, N° 2, de la Constitución Política de la República, envíe al Congreso Nacional, en carácter de urgente, un proyecto de ley que remedie definitivamente esta situación, reclamada reiteradamente y desde hace varios años como lo afirma el Contralor General en su reciente Cuenta Pública, lo que permitirá contar con un organismo contralor y fiscalizador realmente eficaz.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional, en carácter de urgente, un proyecto de ley que modifique las disposiciones pertinentes de la ley N° 10.336, orgánica constitucional sobre Atribuciones de la Contraloría General de la República, al objeto de dotar a este organismo de imperio para sus decisiones, mediante un procedimiento legal que se establezca al efecto y, asimismo, incorporar a todos los organismos y empresas del Estado, sin excepción, a su competencia fiscalizadora.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, comparto los objetivos del proyecto, que pretende modificar la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, en la búsqueda de dotarla de nuevas facultades e incorporar a todos los organismos y empresas del Estado bajo su competencia fiscalizadora, tema que ha preocupado mucho a esta Cámara. Recordemos la dificultad que tuvimos de conocer los sueldos de altos cargos directivos de Codelco, o la reticencia de empresas públicas, como Televisión Nacional de Chile de entregar información. Por lo tanto, quiero poner énfasis en la necesidad de dotar de mayores potestades a la Contraloría, porque pareciera que hay dificultades para sancionar acciones contrarias a las disposiciones administrativas y reglamentarias que rigen a los funcionarios del Estado.
Experiencia relevante es una investigación que realizó esta Corporación y que terminó en una resolución de la Contraloría General de la República. Me refiero al spot publicitario del plan Auge, en el que el Estado gastó 600 millones de pesos, cuando el proyecto ni siquiera había ingresado a trámite legislativo. Todos recordamos el spot televisivo en que aparece el doctor Artaza , con una guagua en brazos, promocionando el plan Auge. La Contraloría hizo la investigación, se cumplieron todas las instancias, y el dictamen del contralor fue que los funcionarios involucrados en esos hechos, en particular el subsecretario de la Salud, hoy alcalde de Lo Prado, señor Gonzalo Navarrete , debían devolver al Estado los 600 millones de pesos que se habían gastado en forma ilegal. Sin embargo, pese a ese pronunciamiento, el tribunal de última instancia, donde participan el Contralor y dos abogados nominados por el Presidente de la República, dictó un fallo favorable a Gonzalo Navarrete y a otros funcionarios, en una votación dividida de dos contra uno.
Se dejaron de lado los elementos administrativos y de estricta aplicación de la ley que el contralor estableció, y en un voto que tuvo esencialmente una implicancia política, de dos abogados nombrados por el Presidente de la República, se revirtió el criterio de la Contraloría General de la República. Cualquiera sea el gobierno de turno, el Presidente de la República siempre tendrá dos abogados en el tribunal de última instancia que podrán pasar por sobre el criterio de la Contraloría, que siempre tendrá un voto de minoría, con lo cual muchos de los oficios de fiscalización que remitimos los parlamentarios y muchas de las acciones que pedimos a la Contraloría, quedarán en la nada. En consecuencia, se debe hacer la necesaria modificación.
Un grupo de parlamentarios presentamos el respectivo proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de manera que los abogados integrantes sean nombrados al menos con el acuerdo del Senado, para dar independencia al poder contralor y no dejarlo sujeto a la autoridad política, cualquiera sea, del sector político que sea y en el momento que sea.
Me permito agregar la evidencia empírica, el ejemplo de situaciones que nos ha tocado vivir y de otras que pueden venir, lo que aconseja aprobar el proyecto, a fin de fortalecer el poder contralor, que hoy está muy disminuido en sus recursos y en su capacidad resolutiva.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo va en la dirección correcta.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, la intención de los autores del proyecto de acuerdo, en especial la del diputado Roberto Sepúlveda , es otra, no la que mencionó el diputado señor Melero .
En consecuencia, pido que, si es posible, los autores de los proyectos de acuerdo sean quienes hagan uso de la palabra para hablar a favor.
El señor LEAL (Presidente).-
Señora diputada, el Reglamento establece claramente que hasta dos diputados pueden hablar a favor del proyecto y hasta otros dos lo pueden hacer en contra, por un tiempo total de diez minutos, dividido en mitades para quienes lo apoyen y para quienes lo impugnen.
Como el diputado Melero ocupó los cinco minutos para apoyar el proyecto de acuerdo, ahora corresponde ofrecer la palabra para hablar en contra.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, sólo pido respeto para quienes firmamos el proyecto.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en verdad, la intención del proyecto, en cuanto a dotar de más atribuciones a la Contraloría General de la República, es loable. Se han presentado muchos proyectos de esta naturaleza. Pero, a mi juicio, la forma en que lo planteó el distinguido diputado Melero , importa un renunciamiento a una acción propia de los legisladores. Buena parte de las cuestiones que señaló el colega se pueden concretar mediante iniciativas de los parlamentarios. De hecho, los ejemplos que señaló se pueden modificar con proyectos de ese origen.
En la Comisión de Constitución, más allá del hecho de que no hayamos llegado a acuerdo, se discute una iniciativa relacionada con la integración del tribunal de apelación de las resoluciones de la Contraloría.
En consecuencia, un proyecto de acuerdo de esta naturaleza, más allá de la intención que se tuvo al presentarlo, importa, reitero, un renunciamiento a las pocas atribuciones legislativas que tenemos los parlamentarios. Me parece un error renunciar a ellas y pedir al Ejecutivo que envíe a tramitación las respectivas iniciativas. Es más, hace una semana, diputados de la Concertación presentamos un proyecto de ley (se encuentra en la Comisión de Economía) que otorga más facultades a la Contraloría General de la República a la hora de investigar las cuentas corrientes bancarias de los organismos públicos, que hoy están limitadas al Banco del Estado. En algunas resoluciones, la Contraloría se inhibe de investigar cuentas corrientes de servicios públicos que operan con bancos comerciales.
Insisto, una serie de acciones, casi todas, pueden concretarse mediante iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, aprobar el proyecto de acuerdo, de alguna manera, significaría autoinferirnos un daño en nuestra función legislativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, concuerdo con las palabras del diputado Burgos respecto de que es necesario revisar la situación de la Contraloría para entregarle mayores atribuciones, pero pienso que hay que dar una mirada más profunda a la materia, sobre todo en relación con la preparación legal de los fiscalizadores.
No son pocas las oportunidades, me tocó vivirlo muchas veces como alcalde, en que la Contraloría General de la República emite un dictamen; pero, al recurrir a los tribunales de justicia, éstos resuelven todo lo contrario a lo que dictaminaba la Contraloría. Por lo tanto, se perdía tiempo y se presumía la culpabilidad de personas que finalmente no eran culpables y eran sobreseídas en los sumarios, etcétera.
Si bien es cierto el proyecto de acuerdo puede estar bien encaminado en su intención, considero que se debe dar una mirada diferente a la Contraloría, estudiar el tema de la preparación legal de las personas que fiscalizan, para que no sigan ocurriendo los hechos que hasta hoy usualmente suceden en las municipalidades, como los que me tocaron vivir en reiteradas ocasiones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Burgos
HOMOLOGACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 109, porque los proyectos de acuerdo, desde el 102 hasta el 108, han sido aprobados o retirados.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 109, de los señores Saffirio , García, don René Manuel ; Silber , Díaz, don Eduardo ; Vallespín ; de la señora Muñoz , doña Adriana , y de los señores Encina , Duarte , Meza y Pérez .
“Considerando:
Que la licencia médica es el derecho del trabajador a ausentarse o a reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona;
Que el artículo 11, del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que fija el Reglamento de autorización de las licencias médicas para la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), dispone plazos de tres y dos días hábiles para que los trabajadores de los sectores público y privado, respectivamente, entreguen al empleador el formulario de licencia médica que certifica un impedimento de salud para concurrir a su lugar de trabajo;
Que el plazo de entrega del formulario al empleador se cuenta desde el inicio del reposo, lo que, en muchos casos, es difícil de cumplir por el trabajador enfermo, debido a las dificultades que encuentra para acceder al médico tratante o al servicio de salud respectivo;
Que, si se considera que el inicio del reposo será el primer día hábil en que el trabajador estará ausente de su lugar de trabajo y que puede darse el caso que ese día por la tarde, o al día siguiente, pueda contar con el formulario extendido por el profesional competente, el plazo de dos días resultará insuficiente;
Que para los empleadores resulta poco práctico hablar de días hábiles, puesto que no tendrán claro si los dos días contarán hasta el fin de la jornada del segundo día o el inicio del tercer día. Esto causa perjuicios, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, con pocos trabajadores, cuando al trabajador no le ha sido posible comunicar de alguna forma al empleador que, por motivos de salud, está imposibilitado de acudir a su jornada laboral. Si se habla de horas, se fijará un límite que se cumple al inicio de una jornada, lo que permite al empleador planificarse, sabiendo que durante el tiempo establecido en la licencia no contará con una determinada persona, y
Que, por otra parte, no existe razón para que los trabajadores del sector privado cuenten con un día menos de plazo que los del sector público para el mismo trámite, pudiendo darse las mismas situaciones en ambos casos, independientemente de la vinculación laboral.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que fija el Reglamento de autorización de las licencias médicas para la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), con el fin de establecer un plazo legal de setenta y dos horas hábiles, contadas desde el inicio del reposo, para que los trabajadores de los sectores público o privado entreguen la licencia médica a sus empleadores.”
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación el proyecto de acuerdo.
Durante la votación.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, ¿por qué no hubo discusión?
El señor LEAL (Presidente).-
Porque nadie ha pedido la palabra, señor diputado.
Si usted quiere intervenir…
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Dittborn
PLAN DE INVERSIÓN EN VIALIDAD Y TRANSPORTE EN CIUDADES INTERMEDIAS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 110, de los señores Valenzuela , Robles , Jaramillo , De Urresti , Hernández , Rojas , Pérez , García, don René Manuel ; Delmastro y Palma .
“Considerando:
Que la calidad de vida y la competitividad de las ciudades son fundamentales para Chile, siendo el transporte y la facilidad de desplazarse adecuadamente por las ciudades un elemento esencial;
Que, en el centralizado sistema de inversiones, el gasto público en transporte se ha centralizado en el Gran Santiago vialidad estructurante, Metro, TranSantiago, semaforización en red, vías exclusivas, paraderos y, parcialmente, en Concepción y en el Gran Valparaíso;
Que, sin embargo, ciudades intermedias relevantes del país no han tenido la preocupación de la Secretaría Interministerial de Planificación de Transportes (Sectra) ni la prioridad inversional de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones para invertir y sostener sistemas rentables socialmente que mejoren sus graves problemas de transitabilidad y transporte. Son los casos de las ciudades del norte, Coquimbo , La Serena, las capitales del Valle Central ( Rancagua , Talca, entre otras), Temuco y las ciudades del sur, con los problemas de Puerto Montt. Son inversiones que escapan a la ‘escala municipal’ y que, además, el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones centraliza la competencia en esta dimensión de las políticas públicas, y
Que S.E. la Presidenta de la. República mostró preocupación en el área, sin dar a conocer, hasta ahora, los alcances de esta mayor inversión en mejoras a las condiciones de transporte en regiones.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
La Secretaría Interministerial de Planificación de Transportes (Sectra) informe sobre los planes de inversiones en cada región del país.
El Gobierno incorpore en el Presupuesto 2007 inversiones mínimas en transporte para las ciudades intermedias del país, como mejoramiento de vías estructurantes y modernización de sistemas de semáforos con Centros Operativos de Control como los existentes en Santiago y Concepción, financiados centralmente.
Dé a conocer el Plan de Transporte y Vialidad hacia el Bicentenario a las concentraciones urbanas sin inversión relevante como: Arica, Iquique , Antofagasta , Coquimbo , La Serena, Rancagua , Talca, Chillán , Los Ángeles , Temuco, Valdivia , Osorno , Puerto Montt.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, en muchas regiones existe incertidumbre sobre las licitaciones de proyectos de transporte público, lo que repercute en los empresarios, los seremis y la ciudadanía.
El proyectos de acuerdo pretende la transparencia en este ámbito con respecto a las ciudades que tienen entre 70 mil y 150 mil habitantes. Con esto se acabarán las especulaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, una de las cosas raras de nuestro modelo centralista es que hay políticas públicas para algunas ciudades, pero no hay portafolios sectoriales para cada una de ellas.
Por alguna razón, se sumó Concepción a este privilegio de Santiago, en que el Estado financia desde los ministerios respectivos el sistema de semáforos en red, la inversión para habilitar el Plan Transantiago, etcétera. Como en el país hay varias ciudades con más de 200 mil habitantes con problemas serios de congestión vehicular, la idea es que el Ministerio de Transportes brutalmente central informe si en los próximos cuatro años invertirá o no en esos centros urbanos que necesitan modernizar sus redes de transportes, que es una atribución del gobierno central y no de los municipios ni del gobierno regional.
Quiero aclarar que el proyecto de acuerdo se refiere al Presupuesto de 2007, por lo que es necesario modificarlo en ese sentido.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaremos el proyecto de acuerdo en los términos en que se presentó.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no podemos pedir que estas inversiones se incorporen en el Presupuesto de 2006.
El señor LEAL (Presidente).-
Se corregirá el proyecto, pero así fue presentado.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
CREACIÓN DE SISTEMA Y OFICINA PERMANENTE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS LEYES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al próximo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 111, de los señores Sule , Chahuán , Espinosa , Robles , Enríquez-Ominami, de la señora Nogueira, doña Claudia ; de los señores Escobar , Girardi , Pérez y Jiménez .
“Considerando:
Que la evaluación del impacto de la ley está asociada al control de gestión vinculado con la eficacia de la actividad legislativa y, en particular, con la función de fiscalización, que corresponde a la Cámara de Diputados. Un elemento central de la modernización del Estado lo constituye la eficacia en la gestión pública y la producción de resultados públicos. Por tanto, la evaluación del impacto de la ley es un instrumento necesario para el acercamiento del Poder Legislativo a la gente, a través de la calidad y la efectividad de las leyes aprobadas;
Que la modernización permanente del Estado demanda un Congreso Nacional con mayores funciones y atribuciones. Desde tal perspectiva, su rol activo en materia de monitoreo, control y evaluación del impacto de la ley constituye un aspecto de particular interés para mejorar su eficacia y verificar el cumplimiento de sus objetivos;
Que, en este contexto, el análisis de la eficacia de la ley se relaciona con el avance global de la modernización del Estado, del desarrollo de una ciudadanía informada y, en particular, con la legitimidad del Congreso Nacional. En suma, los desafíos emergentes de la modernización del Estado y de la sociedad, en general, se constituyen en indicadores sobre la pertinencia de la evaluación de la aplicación e impacto de la ley, y del papel del órgano legislativo en este proceso;
Que, desde el punto de vista del Congreso Nacional, su inserción en la modernización del Estado debe asociarse a la calidad y la efectividad de las leyes dictadas, en la creación de efectos e impactos para resolver los problemas públicos, asumidos en la dictación de toda ley como en el seguimiento y control de esos impactos en la sociedad;
Que, al ser el control y la fiscalización procesos legislativos que apuntan a los aspectos de procedimientos y de gestión, la evaluación corresponde a un proceso de carácter técnico-político, que va más allá que el simple ejercicio de registrar resultados. Dicha evaluación pretende explicar por qué un objetivo propuesto ha sido alcanzado o no. Es decir, aplicado al tema de la evaluación del impacto de la ley, se trata de constatar el cumplimiento de sus objetivos, de la gestión institucional y de la producción de impactos sociales;
Que el problema de leyes no aplicadas está vinculado al control de los procesos relacionados con su implementación. Ello debe insertarse en una matriz más global de evaluación, de carácter sistémico, que dé respuesta tanto a problemas de implementación como, muy en particular, al proceso de gestión e impacto social real de la ley dictada;
Que, por ende, al hablar de evaluación del impacto de la ley, es situarse en una perspectiva global orientada al análisis de los resultados y a los efectos directos e indirectos, positivos y perversos de su aplicación en un período dado. Ello significa considerar la evaluación como parte del campo de análisis de las políticas públicas, desde una perspectiva sistémica y como un proceso. Esto lleva al análisis del origen de la ley, de su formulación, del debate y la toma de decisión, la puesta en marcha y la gestión institucional, y, principalmente, a la producción de impactos, es decir, de los resultados esperados, deseados o no deseados del instrumento legislativo;
Que, correlacionado con los aspectos señalados, la evaluación del impacto de la ley es un elemento importante para contribuir a potenciar la gestión legislativa, frente a una ciudadanía democrática e informada, responsable de sus actos, interesada de manera positiva en la aplicación de las normas legales.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un sistema y una Oficina Permanente de Evaluación del Impacto de las Leyes, anexa a la Cámara de Diputados, con apoyo administrativo específico y relacionado con organismos externos de evaluación. Un sistema que, además, incluya el apoyo tanto de especialistas multidisciplinarios como de universidades.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, en muchos lugares que recorremos al visitar nuestros distritos, los ciudadanos reclaman que muchas veces no se cumplen las leyes que se aprueban, por lo que no producen los resultados que espera la comunidad. Muchos diputados hacemos una evaluación, pero no es sistemática. Por ejemplo, hace algunos años se estableció en 14 años la edad mínima para configurar la violación de una menor. Sin embargo, en estos momentos hay niñas menores de esa edad que, incluso, han quedado embarazadas y han sido madres. Entonces, como no hay evaluación de ley, no sabemos su impacto en nuestra sociedad.
Tal es el fundamento del proyecto de acuerdo. Es decir, se persigue la creación de un sistema y de una oficina permanente de evaluación del impacto de las leyes.
El señor LEAL (Presidente).-
Quiero hacer presente que en la modificación de la ley orgánica del Congreso se entregan facultades a las comisiones permanentes para evaluar y hacer seguimiento de las leyes.
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, no es precisamente para hablar en contra; pero ocurre que en el período legislativo anterior aprobamos un proyecto de acuerdo para constituir una comisión especial de evaluación del impacto de las leyes, la cual nunca funcionó.
No hay mejor evaluador de la ley que los propios parlamentarios, quienes vemos en nuestros distritos el impacto que genera cada una de las leyes que aprobamos.
La creación de esta comisión me parece una buena iniciativa. Sin embargo, solicito a la Mesa que nos informe por qué, después de haberse aprobado su creación, esa comisión nunca se constituyó.
El señor LEAL (Presidente).-
Efectivamente así es. Se creó una comisión que no funcionó, pero, a raíz de ello, incorporamos su creación en la nueva ley orgánica del Congreso. En realidad, más que solicitarla al Presidente de la República, es un trámite interno de la Cámara de Diputados que debemos resolver.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
No se alcanzó el quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
Se abstuvieron los diputados señores: Hales
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, tengo entendido que los diputados que están presentes en la Sala tienen la obligación de votar.
En estos momentos, hay mucho más de 22 diputados en la Sala. Entonces, estamos haciendo el ridículo, pues estamos en una sesión especial sólo para tratar los proyectos de acuerdo cuando hay más de 40 diputados en la Sala y sólo 22 están votando.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene toda la razón, señor diputado.
Reglamentariamente, todos los diputados presentes en la Sala están obligados a emitir su voto, salvo el Presidente de la Corporación.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, ¿cuál es la sanción para el diputado que está en la Sala y no vota?
El señor LEAL (Presidente).-
Será considerado ausente de la sesión.
Ruego a las señoras y a los señores diputados presentes en la Sala votar los proyectos de acuerdo.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, usted señaló que si un diputado no vota, se le considera ausente de la Sala. ¿Qué pasa si votó un proyecto anterior en la misma sesión?
El señor LEAL (Presidente).-
Se lo considera presente en la votación en que participó, pero no en la votación posterior.
SESIÓN ESPECIAL DE COMISIONES PARA CONOCER VÍNCULOS DE ORGANIZACIONES NEONAZIS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 112.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 112, de los señores Encina , Fuentealba , Leal , Enríquez-Ominami, Díaz, don Marcelo ; señora Muñoz , doña Adriana , y señor Pérez .
“Considerando:
Que, en Chile, es un hecho público y notorio la proliferación de grupos neonazis, denominación utilizada para referirse a grupos, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que continúan apoyando las ideas racistas, antisemitas y nacionalistas del Nacionalsocialismo de Adolfo Hitler;
Que, a partir de estos grupos radicales, ha habido una serie de acciones violentas al margen de la legalidad, con resultados de muerte, pues, hasta la fecha, se han cometido tres asesinatos, así como atentados a la integridad física y síquica de las personas. Esto, como consecuencia del ideario promovido por estas organizaciones;
Que, en fecha reciente, con mayor estupor, se ha conocido la participación en estas organizaciones de miembros activos de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, lo que ha generado sendas reacciones en las instituciones afectadas, y
Que, al tener en cuenta la historia reciente, es preocupante, ya que, a modo de ejemplo, fueron las temidas SS (Schiitzstaffel) las encargadas de las políticas de purificación de la raza (exterminio) durante el Tercer Reich, las que, en sus orígenes, se situaron en el contexto de las instituciones armadas y de la defensa nacional, lo que aparece como un patrón reiterado en estos hechos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a las Comisiones de Defensa Nacional y Especial para el Control del Sistema de Inteligencia del Estado que realicen una sesión especial a fin de recabar los antecedentes necesarios respecto de los vínculos de miembros de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública con organizaciones denominadas ‘neonazis’, que han conmocionado a la opinión pública durante las últimas semanas. En estas sesiones especiales, la Comisión deberá consultar, al menos, la opinión de los representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ejército de Chile, Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile.”
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
No se alcanzó el quórum requerido.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
El sistema no ha registrado el voto de varios señoras diputadas y señores diputados, por lo que se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
De nuevo no se alcanzó el quórum.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, exijo que se haga cumplir el Reglamento. Esto no puede seguir así. Hay alrededor de 45 parlamentarios en la Sala y han votado sólo 29. No me prestaré para esta chacota. Si no se cumple el Reglamento, me retiraré de la Sala, porque creo que estamos haciendo el ridículo ante el país con estas votaciones. Por eso, le pido que aplique el Reglamento o que dé por terminada la sesión.
El señor HALES.-
El Reglamento establece que es obligación votar.
El señor LEAL (Presidente).-
Las señoras diputadas y los señores diputados deben tener claro que si no votan, estarán cometiendo una irregularidad. Los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 160 del Reglamento establecen: “Cuando se utilice el sistema electrónico de votación, siempre que tomada una votación no resulte quórum, se repetirá. Si nuevamente resulta ineficaz, se llamará a los Diputados a la Sala durante cinco minutos.
“Ningún Diputado presente en la Sala, podrá excusarse de votar, salvo el Presidente.
“A los Diputados que no voten se les considerará como ausentes de la Sala, para los efectos del artículo 77.”
De acuerdo con este artículo, corresponde la aplicación de una multa.
El señor SULE.-
Señor Presidente, en ese caso, pido que nuevamente se vote el proyecto de acuerdo N° 111, porque sólo votaron 22 diputados.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, ese proyecto de acuerdo ya se votó.
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 112.
Pido a los diputados presentes que no se abstengan de votar.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bobadilla
Se abstuvieron los diputados señores:
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 115, de los señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Verdugo ; de la señora Herrera, doña Amelia ; de los señores Forni , Rojas, Lobos, Venegas, don Mario ; Duarte y Vallespín .
“Considerando:
Que, en su artículo 151, la ley N° 18.834 contiene las causales de extinción de responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, considerándose, entre ellas, la que se contempla en su letra b), esto es, haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 141, vale decir, que si existe un sumario administrativo en tramitación, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en la hoja de vida del funcionario la sanción que el sumario determine;
Que el artículo 152 de la misma ley dispone que la acción disciplinaria de la Administración del Estado contra el funcionario prescribirá en cuatro años, contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen;
Que, del análisis sistematizado de ambas disposiciones en el caso de un funcionario que haya cesado en sus funciones, respecto del cual aparezca que le cabe responsabilidad con posterioridad a dicho cese, pero antes que expire el plazo para que prescriba la acción disciplinaria pertinente, se puede concluir que no puede hacerse efectiva la citada responsabilidad, por haberse extinguido la misma con el solo mérito del cese de funciones;
Que tal situación no parece justa ni equitativa, si se tiene presente que en múltiples oportunidades las responsabilidades se detectan con posterioridad al cese de funciones de un funcionario, aun cuando no se haya iniciado el sumario administrativo pertinente y, por este solo hecho, el ex servidor queda en situación de impunidad, y
Que, para solucionar esta anomalía, se debe derogar la norma contenida en la letra b) del artículo 151 citado.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que derogue la norma contenida en la letra b) del artículo 151 de ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, a fin de establecer que no se extingue la responsabilidad administrativa de un funcionario público que ha cesado en sus funciones, quedando sujeto con posterioridad a dicho hecho a la acción disciplinaria correspondiente, dentro del plazo legal contemplado en el artículo 152 de la misma ley.”
El señor LEAL (Presidente).-
Respecto de este proyecto de acuerdo, la Mesa hace presente que no tiene sentido solicitar al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley, por cuanto se puede presentar como una moción parlamentaria.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, mediante este proyecto solicitamos a la máxima autoridad de la nación que envíe un proyecto de ley que modifique el artículo 151 de la ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, a fin de derogar la causal de extinción de responsabilidad administrativa por cese de funciones, contemplada en la letra b), por las razones que a continuación paso a exponer.
La referida disposición establece como causal de extinción de responsabilidad administrativa el cese de funciones de un servidor público afecto a dicho estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo legal. Vale decir, que si existe un sumario administrativo pendiente, el procedimiento debe seguirse hasta su término, y si éste arrojare sanción contra el funcionario que ya se alejó de sus funciones, sólo se dejará constancia de la sanción en la hoja de vida que se le llevaba en el respectivo servicio o institución a que pertenecía. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 152 del Estatuto establece que la acción disciplinaria prescribe en cuatro años desde el día que cometiere la falta o infracción que origina la responsabilidad pertinente.
Pero, ¿qué pasa si un funcionario público afecto al Estatuto ha cesado en sus funciones, pero antes de los cuatro años de prescripción de la acción disciplinaria y en dicho lapso se establece que le cabe responsabilidad en un hecho que contraviene el Estatuto? Simplemente, queda impune, porque el mero cese de funciones lo ha dejado exento de responsabilidad administrativa y, por ende, no se le puede aplicar una sanción ejemplarizadora.
Tal situación no nos parece justa ni equitativa, ya que en múltiples ocasiones las responsabilidades se determinan con posterioridad al cese de funciones de un trabajador, sea porque el sumario aún no se ha instruido o bien porque a esa fecha no se han establecido, lo cual, como ya indiqué, lo deja en la impunidad.
Para solucionar esta situación corresponde que la Presidenta de la República remita al Congreso un proyecto que derogue la norma ya descrita, con el fin de que el cese de funciones no constituya causal de exoneración de responsabilidad administrativa, quedando, en consecuencia, sujeto a la acción disciplinaria correspondiente dentro del plazo de cuatro años que contempla la ley.
A fin de evitar la impunidad que se produce por la forma en que está redactada dicha disposición, procede que aprobemos este proyecto de acuerdo que solicita a su excelencia la Presidenta de la República el envío de la iniciativa que se requiere para derogarla, lo que constituirá una señal poderosa de combate a la corrupción y a la falta de probidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Burgos
Se abstuvo el diputado señor
INCORPORACIÓN DE COMUNAS CONSIDERADAS COMO “ÁREAS DE FRONTERA INTERIOR” A PLAN ESPECIAL DEL COMITÉ INTERMINISTERIAL PARA EL DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 118, de los señores Espinosa, don Marcos ; Rojas , Meza , Pérez , Quintana , Mulet , Leal , Aedo , Jarpa y Sule .
“Considerando:
Que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, guiados por el principio de equidad y justicia social, han manifestado un creciente y permanente interés por las zonas aisladas y extremas, cristalizando parte de su labor por medio de la acción del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas y Especiales (Cideze), actualmente presidido por el ministro del Interior y dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Que, desde 1994, su principal función ha consistido en asesorar al Presidente de la República en el estudio, la formulación y la coordinación de políticas, planes y programas tendentes al desarrollo de las zonas extremas de Chile. A través de la acción del Cideze, se han logrado dinamizar algunos de los diversos instrumentos de fomento existentes para estos territorios aislados. Entre ellos, cabe mencionar las leyes: Arica 1 y 2 (1995 y 2000), Navarino (1985), Tierra del Fuego (1992), Austral 1 y 2 (1999 y 2004); decreto ley N° 889, que contempla la bonificación para la contratación de mano de obra (1975); decreto con fuerza de ley N° 15, que crea el Fondo de Fomento y Desarrollo de Regiones Extremas. Asimismo, el Cideze ha colaborado con intendencias regionales y gobernaciones provinciales para lograr la implementación de acciones concretas que se traduzcan en una mayor integración y desarrollo de las zonas aisladas. Se han propuesto estatutos especiales para la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández; la creación administrativa de la Región de AricaParinacota, así como también la implementación de planes de desarrollo para las provincias de Arica, Parinacota y Palena; la Undécima Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo; el Archipiélago de Juan Fernández y la comuna de Cabo de Hornos, en la Duodécima Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena;
Que el diseño e implementación de estos instrumentos y planes especiales han contribuido a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de los habitantes de las zonas aisladas y extremas del país, estimulando la inversión privada y orientando parte de la inversión pública a subsanar las carencias de estos territorios;
Que la labor actual de SubdereCideze en Zonas Extremas y Especiales se ha focalizado en la:
Primera Región, de Tarapacá, provincias de Arica y Parinacota;
Quinta Región, de Valparaíso, provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández;
Décima Región, de Los Lagos, provincia de Palena;
Undécima Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, yDuodécima Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena. comuna Cabo de Hornos;
Que, en un estudio elaborado por la División de Políticas y Estudios de la Subdere, en 2002, se esboza una definición del concepto. En la página web de dicha repartición pública, aparece un extracto del estudio donde se dice que ‘Se entenderá por Territorios Especiales todos aquellos que, en razón de sus desventajosas condiciones geográficas, sociales, productivas e institucionales, sean declarados de expreso interés nacional y, por ende, con directa responsabilidad del gobierno central. La definición es mayormente de carácter político, en el sentido de que, si bien reconoce la existencia de un fenómeno espacial, que por sus propias condiciones pudiera tener nominación de excepcional, nada significa si no representa, además, una zona de explícito interés del nivel central. En otros términos, se debe enfatizar que existiendo territorios que, cumpliendo objetivos parámetros de peculiaridad, necesitan del reconocimiento ‘político’ de tal para acceder a esta categoría: no existen territorios especiales ‘per se’. Asimismo, aun cuando tengan el apoyo de este reconocimiento de las autoridades directa o indirectamente involucradas, esto no será suficiente si no lo decreta el Ejecutivo’;
Que, por lo expuesto anteriormente, las Zonas Extremas y Especiales en las que se ha focalizado el trabajo de SubdereCideze puede ampliarse y considerar a otras regiones, provincias y comunas;
Que las Zonas Extremas y Especiales en las que se ha focalizado el trabajo de SubdereCideze no ha considerado en su totalidad la problemática sobre las fronteras interiores del país. Si se toma en cuenta que las ‘áreas de frontera interior’ son: General Lagos, Camarones, Colchane , Camiña , Huara , Pozo Almonte , Pica , Calama , Ollague , San Pedro de Atacama , Antofagasta (altiplano), Taltal (altiplano), Taltal (Paposo), Diego de Almagro (altiplano), Copiapó (altiplano), Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Paihuano , Montepatria , San Clemente , Chanco , Pelluhue , Empredado , Santa Bárbara , Los Alamos, Cañete, Contulmo , Tirúa , Curarrehue , Carahue , Teodoro Schmidt , Toltén , Corral, Mariquina , La Unión (costa), Maullín , Puqueldón , Queilén , Cochamó , Huailahué , Las Juaitecas , Aisén , Río Ibáñez, Lago Verde, Villa O'Higgins, Tortel , Natales , Torres del Paine, Porvenir, Timaukel , Navarino , Antártica , Laguna Blanca, San Gregorio , Punta Arenas (litoral), Río Verde, Isla de Pascua y Juan Fernández . Menos del 20% de estas cincuenta y ocho comunas, consideradas como ‘áreas de frontera interior’, han sido tomadas en cuenta en el trabajo del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas y Especiales;
Que la gran mayoría de estas ‘áreas de frontera interior’ han sufrido las consecuencias del aislamiento en el cual se encuentran, tales como carencias en materias administrativas, de recursos y de oportunidades;
Que el Estado, además de su responsabilidad en términos de asegurar la mayor equidad social, tiene una ineludible tarea en lo que podría denominarse la equidad territorial mínima necesaria, con el fin de asegurar un desarrollo más armónico y equitativo de los diferentes lugares que conforman la diversa y variada geografía de Chile. No se justifica el hecho de que sólo unas pocas comunas de las que se mencionan sean parte del trabajo del Cideze y otras no, y
Que, por su condición fronteriza, dichas zonas, además de las consecuencias de su aislamiento, son consideradas como ‘zonas estratégicas’ del país, lo que amerita un trato especial de parte del Estado.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que incorpore las comunas consideradas como ‘áreas de frontera interior’ al plan especial de desarrollo que se ejecuta a través del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas (Cideze), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).”
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvo el diputado señor
DEFINICIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS EN ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 119, de los señores Aedo , Sepúlveda , don Roberto ; Martínez , Chahuán , Herrera , doña Amelia ; Valcarce , doña Ximena ; Rubilar , doña Karla ; Mulet , Jaramillo y Pérez.
“Considerando:
Que el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 13 de abril de 1976, contiene la denominada ley General de Urbanismo y Construcciones;
Que su artículo 2° establece que dicha legislación, de carácter general, tendrá tres niveles de acción, distinguiendo en el segundo de ellos a la Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos;
Que su artículo 3° preceptúa que corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo proponer al Presidente de la República las modificaciones que la ley requiere para adecuarla al desarrollo nacional, correspondiéndole igualmente estudiar las de la Ordenanza General, para mantenerla al día con el avance tecnológico y desarrollo socioeconómico, las que se aprobarán por decreto supremo;
Que, mediante decreto supremo N° 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 5 de junio de 1992, se aprobó el texto de la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 168 del decreto con fuerza de ley N° 458 citado;
Que esta Ordenanza General contiene una serie de normas técnicas de carácter específico, sin que contemple una definición de ‘vivienda básica’, las que se han ido construyendo durante los últimos años en diversos sectores poblacionales del país;
Que el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General define como vivienda a toda edificación destinada al uso habitacional, y como vivienda unifamiliar, a la destinada a residencia de una familia con salida independiente a una vía de uso público;
Que, en este orden de ideas, cabe señalar que la vivienda representa parte fundamental del capital físico necesario para el normal desarrollo de la vida y, por ello, es la base concreta de distintas dimensiones de la vida humana: arraigo, protección, seguridad, intimidad, realización y, fundamentalmente, convivencia. Por lo mismo, el acceso a la vivienda asegura importantes cambios de índole personal y familiar, siendo condición básica para asentar la seguridad y libertad de los individuos;
Que el acceso a la vivienda es, entonces, un factor clave en procesos de superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y, por tanto, una prioridad de política pública;
Que, sin embargo, y como ocurre en la mayoría de las dimensiones del bienestar, no toda política asegura la adecuada atención de las necesidades, en este caso, las de habitar. En efecto, en las últimas décadas, se han dado no pocos casos en que la calidad de vida familiar y social de las personas se ha visto deteriorada al acceder a viviendas sociales que no cumplen mínimos estándares, cuyo modelo constructivo lesiona el capital humano y su ubicación profundiza la exclusión social;
Que, a fin de solucionar esta situación, se hace necesario modificar las disposiciones pertinentes de la referida Ordenanza General, de manera que sus habitantes tengan un acceso a la vivienda que garantice plenamente una óptima calidad de vida;
Que, para tal objeto, es necesario establecer una definición precisa de la vivienda básica, asegurando que su construcción tenga una superficie mínima de cincuenta metros cuadrados, permitiéndose su ampliación hasta una superficie de ochenta y cinco metros cuadrados;
Que se estima, de igual modo, que los conjuntos habitacionales conformados por este tipo de viviendas, además de contar con una superficie mínima de áreas verdes, con especies arbóreas en lo posible, no ostenten una línea de construcción enteramente uniforme, sino que su diseño contenga variabilidad en sus líneas, sin que ello afecte su estructura o superficie y que se edifiquen en zonas topográficamente adecuadas, que eviten desastres naturales e inundaciones y con las medidas de protección necesarias;
Que la construcción de viviendas básicas, extremadamente pequeñas, poco dignas, uniformes, dañan el patrocinio cultural y paisajístico, y constituyen a no dudarlo una inversión perdida para el Estado, porque son edificaciones que, con el pasar del tiempo, bajan de valor, provocando externalidades negativas del entorno, atentando la plusvalía, además de producir un natural desarraigo por parte de sus ocupantes;
Que los conjuntos de viviendas que superen las quinientas unidades deben contar con espacios suficientes para la instalación de servicios básicos, tales como atención de salud, educación, actividades de culto, actividades deportivas, recreativas y de seguridad para sus habitantes, y
Que, de esta forma, se logrará que las denominadas viviendas básicas, además de cumplir con su objetivo, aseguren una adecuada atención de la necesidad habitacional, partiendo, asimismo, con un mejoramiento en la calidad de vida de sus ocupantes.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga las modificaciones pertinentes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, al objeto de definir las viviendas básicas, asegurando una superficie mínima de las mismas de cincuenta metros cuadrados, ampliables a ochenta y cinco metros cuadrados, destinando en su conjunto una superficie mínima de áreas verdes, con especies arbóreas, en lo posible, y que su línea de construcción no presente un diseño uniforme, sino que haya variabilidad sin afectar su superficie, estructura y terminaciones. Asimismo, establecer que los conjuntos habitacionales de viviendas básicas que superen las quinientas unidades cuenten con los espacios suficientes para la implementación de servicios básicos poblacionales para la atención de salud, servicios educacionales, actividades de culto, deportivas y seguridad, mediante servicios policiales.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en favor del proyecto, tiene la palabra el diputado René Aedo .
El señor AEDO.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Presidenta de la República que disponga la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por ser de potestad reglamentaria, con el objeto de definir en ella lo que se entenderá por vivienda básica para garantizar una óptima calidad de vida.
Quiero decir también porque las palabras se las lleva el viento que después de los desastres ocurridos en la construcción de las viviendas “Chubi” y las “casas enanas”, hemos visto por los medios de comunicación a la Presidenta y a la ministra del ramo decir que se mejorará la calidad de la vivienda básica; por lo tanto, es importante que esto quede en la ley y en el reglamento.
La vivienda básica es el elemento físico y material esencial para el desarrollo de la vida de las personas y sus familias. Allí es donde se constituye y manifiesta la identidad de quienes la habitan. Además, contribuye al arraigo, protección, seguridad, intimidad, realización y fundamentalmente convivencia social, que son los elementos claves para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Con este proyecto de acuerdo se solicita a la Presidenta de la República que disponga la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de definir las viviendas básicas para asegurar que su construcción tenga una superficie mínima de 50 metros cuadrados, ampliable a 85; que en el lugar donde se construyan cuente con una superficie mínima de áreas verdes, que su diseño de construcción no sea uniforme, como panales de abejas; que se construyan en zonas topográficamente adecuadas a fin de evitar los desastres naturales y las inundaciones que vemos año a año, que no dañen el patrimonio paisajístico y cultural, porque muchas veces el emplazamiento de poblaciones produce externalidades negativas en el entorno; que cuando se construyan más de 500 viviendas se consideren espacios suficientes para la instalación de servicios básicos, por ejemplo, la atención de salud como consultorios, canchas deportivas y recreativas, además de retenes de Carabineros para la seguridad de los pobladores.
Este proyecto de acuerdo recoge lo que el país necesita.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, el discurso del diputado Aedo , que defiende el proyecto de acuerdo, es entusiasta, loable y cuenta con todo mi apoyo. Considero que la proposición está bien inspirada, porque tiene un valioso sentido social e interpreta el estado de ánimo de todos los diputados. Pero la modificación de la Ordenanza no es lo adecuado para lograr lo que se plantea.
Por otra parte, el señor diputado dice que hay que modificar la Ordenanza y consagrarlo en la ley, en circunstancias de que el texto del proyecto de acuerdo no indica modificar la ley, sino el reglamento.
El instrumento adecuado en todas partes, y lo que se ha hecho en la historia de Chile, son acciones directas o políticas habitacionales que se establecen previamente en una estrategia general para dar habitabilidad, porque no hay reglamento alguno que pueda resolver el problema habitacional en la profundidad que se necesita sobre la base de agregar un artículo en la Ordenanza, la cual es apenas un reglamento que dispone una serie de detalles que resultan bastante discutibles, incluso ha sido varias veces cuestionada.
Entonces, el buen ánimo e inspiración de los autores del proyecto de acuerdo deberíamos aprovecharlo para trabajar en algo más completo y profundo. En primer lugar, en discutir las políticas de suelo y la ocupación de los pericentros de las ciudades, en enfrentar el problema de la escasez del suelo el bien más escaso de la ciudad en desarrollo es el suelo; tenemos dificultades en ese ámbito, en definir negocios que beneficien a los pobres con el progreso de la ciudad, lo que lleva aparejado la implementación de infraestructura, la construcción del Metro y autopistas, entre otros.
En los cinco minutos que debo compartir con el diputado Duarte no alcanzo a fundamentar toda la idea, que da casi para un seminario de definición de la política habitacional. Mi propuesta, entre otras cosas, es plantear una fórmula en la que el Estado sea un gran gestor para ayudar a que los pobres hagan negocios con sus propios terrenos cuando la ciudad les da plusvalía. Hoy, eso se desperdicia cuando cae en manos de especuladores y terminan desarraigados, yéndose de las fuentes laborales de la ciudad.
Por tanto, propongo a los señores diputados realizar una jornada temática sobre política habitacional y no concentrarnos en el reglamento, que es como querer cambiar el reglamento del hospital para solucionar los graves problemas de salud o de alimentación. Puede ser una buena idea, pero no para este fin.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte .
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, me sumo a lo expresado por el colega Hales , en el entendido de compartir la inspiración de quienes patrocinaron este proyecto de acuerdo, por buscar una mejor solución habitacional.
Sin embargo, quiero complementar lo dicho con anterioridad. La aceptación de lo propuesto puede generar un efecto regresivo. Por ejemplo, podría detener todos los programas de renovación urbana en el centro de Santiago, cuyas viviendas en altura están por debajo de los 50 metros. En ese sentido, me parece necesario y pertinente impulsar un programa de diálogo y de trabajo de mayor envergadura.
Por tanto, desde ya anuncio mi disposición a votar en contra, sin perjuicio de reconocer que muchos de los considerandos del proyecto de acuerdo ya fueron asumidos por el nuevo Programa Habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda, el que, con seguridad, tendremos ocasión de conocer en una sesión próxima.
He dicho
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvieron los diputados señores:
Becker
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL NO UNIFORMADO DE GENDARMERÍA DE CHILE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY N° 19.998.
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 120, de los señores Duarte , Delmastro , Alvarado , Alinco , Montes, Galilea , Becker , Bertolino , García, don René , y Álvarez-Salamanca .
“Considerando:
Que la ley N° 19.998, publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 2005, otorgó una bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile perteneciente a las plantas de oficiales y de vigilantes penitenciarios;
Que, en consideración a que la bonificación por retiro, establecida en la ley N° 19.882, es de escasa aplicabilidad para quienes trabajan en condiciones especiales y propias de los recintos penitenciarios, esta ley vino a hacer justicia al citado personal;
Que, sin embargo, esta ley no incorporó al personal de las plantas de directivos, de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del mismo servicio, creando un régimen de desigualdad entre funcionarios de una misma institución, lo que, indudablemente, atenta contra la eficiencia de ésta;
Que dicho personal penitenciario cuenta con una vasta trayectoria institucional y se desempeña en todas las áreas que involucra el proceso administrativo carcelario;
Que la Asociación de Funcionarios, que representa al personal excluido en la ley, realizó diligencias en distintas instancias, logrando que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por unanimidad, solicitara al Ejecutivo una indicación que corrigiera la desigualdad antedicha;
Que, lamentablemente, durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo nunca envió la indicación solicitada, y
Que la desigualdad entre funcionarios de un mismo servicio se refleja en el momento del retiro, ya que un funcionario uniformado, con treinta años de servicio, recibe siete meses de indemnización, en tanto que el funcionario civil no percibe bonificación alguna, salvo que espere entre doce y quince años, y cumplir, entre otros, con un requisito de edad que para los hombres es de sesenta y cinco años, en tanto que para las mujeres es de sesenta años, para recibir la bonificación establecida en la ley N° 19.882.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades constitucionales, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que incorpore al personal de las plantas no uniformadas de Gendarmería de Chile a los beneficios establecidos en la ley N° 19.998, terminando con la injusta discriminación que afecta alrededor de mil funcionarios al término de sus carreras.”
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
DEROGACIÓN DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTO PARA OBRAS SANITARIAS.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto N° 122, de los señores Bobadilla , Norambuena , Estay , Isasi , doña Marta ; Lobos, Sabag , Egaña , Súnico , Kast y Cristi , doña María Angélica .
“Considerando:
Que la actividad de servicios de agua potable y de alcantarillado constituye un monopolio natural, regulado por el Estado, para actuar dentro de una determinada área, y es ahí donde la concesionaria sanitaria presta sus servicios en forma exclusiva y excluyente;
Que, como contrapartida a esta exclusividad, la empresa de agua potable y alcantarillado tiene la obligación legal de prestar un servicio inmediato a quien lo solicite, sin que pueda oponer otras condiciones más que las expresamente señaladas por la ley, por su reglamentación y por el respectivo decreto de concesión;
Que la legislación estableció, como un medio para cumplir con esta obligatoriedad, un procedimiento alternativo de financiamiento a favor de la concesionaria, que contempla la existencia del Sistema de Aportes Financieros Reembolsables (AFR), que permite a la empresa de servicios sanitarios financiar y solventar la ejecución de la infraestructura sanitaria necesaria para atender la demanda de servicio;
Que los AFR son cantidades determinadas de dinero u obras que tienen por objeto solventar la infraestructura que legalmente incumbe soportar al prestador, tales como la construcción de obras para el adecuado y obligatorio mandato de prestar los servicios públicos de agua potable y de alcantarillado en forma eficiente, garantizando la continuidad y la calidad de los mismos;
Que los prestadores de servicios sanitarios pueden exigir estos AFR a quienes soliciten ser incorporados como clientes o pidan una ampliación del servicio. Estos recursos serán posteriormente reembolsados al usuario, en un plazo no mayor a quince años, salvo excepciones, en dinero, en documentos, en acciones de la sanitaria, siempre que se cumplan los requisitos legales, o en cualquier otro procedimiento que acuerden las partes;
Que el aporte de financiamiento se celebra mediante la suscripción de un contrato, que, dada la condición de orden público de las normas que determinan su contenido, puede calificarse de contrato dirigido, pues la ley y la reglamentación sanitaria fija a las partes los elementos que éste debe contener, la oportunidad para hacerlo valer y la forma para solucionar las discrepancias, previo a la formación del consentimiento.
Que la existencia de la facultad de las empresas concesionarias de cobrar estos AFR se justificaría en que, efectivamente, dichas empresas pueden tener problemas de caja, pues sus tarifas son planas por un plazo de cinco años y la inversión comprometida por los planes de desarrollo son discretos, presentándose muchas veces desequilibrios que no pueden ser cubiertos con los flujos normales de recursos. Pero, como contrapartida a este argumento, las concesionarias postulan a la prestación del servicio sanitario conociendo las condiciones de la concesión, por lo que estos desequilibrios son parte de una situación previsible y solucionable a través del mercado formal de créditos;
Que el principal argumento para justificar la privatización de las empresas sanitarias fue la capacidad financiera de los nuevos operadores privados para desarrollar inversiones, en momentos que el Estado chileno, además, no tenía los recursos para desarrollar y mantener esta actividad, y
Que, dado lo anterior, resulta paradójico que las grandes empresas sanitarias deban recurrir a los usuarios para cubrir su déficit de caja. Además, es conocido que algunas empresas sanitarias utilizan esta facultad al objeto de hacer negocio, pues, al exigir el pago del AFR, inmediatamente ofrecen al usuario un pago anticipado a quince años, pero con un alto descuento a la tasa del mercado formal, lo que es la negación a la razón que se tuvo al crear esta forma de financiamiento, ya que si la empresa recurre al AFR es porque tiene problemas de financiamiento y difícilmente podrá ofrecer pagos anticipados a sus usuarios.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la derogación del Sistema de Aportes Financieros Reembolsables (AFR), de manera que éstos no sean aplicables a las obras sanitarias solicitadas a partir de 1 de enero de 2007 y que su costo sea financiado íntegramente por la empresa sanitaria, ya que es evidente que dichos aportes financieros no se justifican económicamente, como su objetivo original lo planteaba.”
EL señor BURGOS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla .
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene como único objetivo derogar una norma que está vigente desde cuando las empresas sanitarias eran estatales. Como sabemos, los servicios de agua potable y de alcantarillado constituyen un monopolio natural, regulado por el Estado, para prestar servicios en determinadas áreas y a quien lo solicite.
Cuando las empresas sanitarias estuvieron en poder estatal los recursos eran escasos y, por lo tanto, se generó la idea de los Aportes Financieros Reembolsables, con la finalidad de solventar con cargo a los usuarios parte de la infraestructura sanitaria.
La privatización de las empresas concesionarias se basó en el entendido de que cuentan con los recursos suficientes para desarrollar los proyectos de inversión que se requieren en dicha actividad. Por tanto, resulta paradógico que todavía estén utilizando esta facultad para pedir aportes a los usuarios, en circunstancias de que los proyectos deben ser financiados íntegramente por aquéllas y no por los potenciales usuarios del servicio.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvo el diputado señor
PROPORCIONALIDAD EN PAGO DEL SISTEMA DE PEAJES LATERALES.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 123, de los señores Martínez , Jaramillo , García, don René Manuel ; Egaña , Vargas , Monckeberg, don Nicolás ; Bertolino , Bauer , Galilea y Palma .
“Considerando:
Que la política vial implementada en el país ha permitido la construcción de modernas autopistas y carreteras, lo que ha traído efectos positivos para la población y, en general, para todas las actividades económicas, turísticas y de servicios;
Que es comprensible que el concesionario tenga los retornos correspondientes a la inversión realizada, con los márgenes de ganancia que le aseguran los plazos estipulados en los contratos y los sistemas tarifarlos o subsidios convenidos;
Que dicha circunstancia se ha traducido en instalación de plazas de peajes, tanto en la vía troncal nortesur como también en las entradas y salidas a las ciudades, incluso en lugares de acceso a vías laterales;
Que una cantidad considerable de personas residentes en comunas conectadas a través de las autopistas concesionadas necesitan trasladarse diariamente, por trabajo o estudio, a las capitales provinciales o comunales; por esa circunstancia incurren, a lo menos, en un doble pago: al ingreso a la ciudad donde está su fuente laboral o de estudio y al retorno a sus hogares;
Que tal situación impacta fuertemente en el presupuesto familiar. Según estimaciones, el costo de la vida se ve incrementado entre el 4% al 5%, tanto para quienes se trasladan en vehículos particulares como para aquellos que utilizan los medios de locomoción del transporte público;
Que esto constituye un encarecimiento de la vida de las comunas y las provincias, y un freno a la descentralización del país;
Que existe preocupación y molestia en la comunidad, al comprobar la aplicación de medidas que les afectan directamente, pero en cuya generación no han tenido la oportunidad de participar, lo que se contradice con los propósitos de darle a la comunidad mayores niveles de incidencia en las políticas públicas;
Que la necesidad de realizar un análisis de la situación existente en materia vial, para armonizar los contratos establecidos con un sistema proporcional y justo en los cobros tarifarios a la ciudadanía, que permitiera, por ejemplo, que sólo se pagara en los peajes troncales, en el acceso a las ciudades de destino dentro de la provincia, sin que deba volver a pagar en el momento de ingresar a su comuna o que un pago diario sirviera cuando el traslado sea en el interior de ella;
Que es perfectamente posible estudiar procedimientos compensatorios para garantizar los márgenes de ingresos del concesionario, a través, por ejemplo, de la ampliación del plazo de la concesión, y
Que la consistencia y la solidez de las políticas públicas viene dada por la percepción que el ciudadano tiene de las mismas y el sentido de justicia que les asigna.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al ministro de Obras Públicas, a fin de que disponga un estudio de la situación general del sistema de peajes laterales en el país, para establecer procedimientos que garanticen su proporcionalidad en el pago que realiza un ciudadano, particularmente cuando sea por traslado en el interior de la misma provincia. Asimismo, que para dicho estudio y las propuestas que se deriven, se considere la participación de la comunidad, representada por las autoridades locales de las comunas afectadas.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Pido la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo sin discusión.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo reconoce el éxito que ha tenido en el país el sistema implementado en la construcción de las modernas autopistas y carreteras, así como lo justo que resulta que el concesionario reciba los retornos correspondientes a la inversión realizada.
No obstante, se observan dificultades en algunas zonas, a raíz de lo cual se han llevado a cabo manifestaciones en las comunidades afectadas, como es el caso de Ñuble, donde existe desproporcionalidad entre el uso de la carretera concesionada y la tarifa que se cobra a los usuarios, situación que se da principalmente en los peajes laterales, ubicados al interior de la provincia, lo cual, en la práctica, se traduce en una restricción para el libre desplazamiento dentro de ella, un obstáculo para la interacción entre la capital provincial y las comunas que la integran y, lo peor del caso, un encarecimiento de la vida de las personas que diariamente tienen que trasladarse a las cabeceras de provincia por motivos de trabajo, estudio, trámite o enfermedades. Es lo que ocurre principalmente en la provincia de Ñuble, cuya capital, Chillán , concentra las principales actividades y servicios públicos.
El ejemplo más elocuente de ello es la reciente instalación y puesta en marcha de una plaza de peaje en el ingreso norte de la ciudad de Chillán, al costado sur del puente Ñuble . Quienes viven en las comunas del secano costero de esa provincia deben pagar peaje en la plaza ubicada en el sector de Cocharca, en la ruta entre la carretera longitudinal hacia el poniente. El cobro se inserta en las condiciones convenidas con la concesionaria en la carretera longitudinal, concesión que, en lo concerniente a la ruta que conduce a la ciudad de Chillán, rige sólo hasta el costado sur del río sobre el puente Ñuble . Es decir, el pago que deben efectuar en la plaza de peaje en el sector de Cocharca quienes se dirigen desde la ciudad de Chillán corresponde al uso de la carretera longitudinal por el tramo comprendido entre el puente sobre el río Ñuble y el cruce de Cocharca, extensión no superior a cuatro kilómetros. Aun más, quienes residen en las villas ubicadas al costado norte de dicho puente deben pagar peaje para dirigirse a Chillán por el solo hecho de atravesar el puente.
Ese ejemplo demuestra la necesidad de realizar un estudio en profundidad de la situación de los peajes laterales, principalmente de aquellos ubicados al interior de una misma provincia, con el objeto tal como lo señala el proyecto de acuerdo de que exista proporcionalidad en los cobros de los peajes emplazado previo a las vías alternativas y para que no se grave a los usuarios por pocos metros de uso. En resumen, queremos que exista un sentido de justicia en la aplicación de los cobros.
Consciente de que esa situación no sólo afecta a los vecinos de mi provincia, pido a mis colegas que aprueben el proyecto de acuerdo donde se plantea a las autoridades pertinentes estudiar la materia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvo el diputado señor
CREACIÓN DE LA COMUNA DE PUERTO DOMÍNGUEZ EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 124, de los diputados señores Tuma ; Díaz, don Eduardo ; Quintana , Venegas, don Mario ; Alinco , Walker , Jaramillo , Sule , Espinoza, don Fidel , y Palma .
“Considerando:
Que Puerto Domínguez es una localidad ribereña del lago Budi, que, en el transcurso de los años, ha ido generando una fisonomía social muy particular, como producto de una historia común también muy particular de sus habitantes, que se remonta a comienzos del siglo XX, con la llegada de Eleuterio Domínguez al llamado Monte Dorado (Cafulemu), quien usurpó las tierras a Pascual Coña y obtuvo, por parte del Fisco de Chile, en 1907, más de cuarenta y dos mil hectáreas. En esas tierras se asentó un centenar de familias que desarrollaron su economía basada en la agricultura y el comercio generado en torno al lago Budi;
Que, a consecuencia de la escasa productividad de las tierras, la inexistencia de industrias y que el comercio en torno al lago Budi ha ido disminuyendo, sus habitantes paulatinamente se han ido reconvirtiendo en torno a la actividad turística, que se visualiza como la gran oportunidad de desarrollo de Puerto Domínguez, atendida la belleza natural de sus paisajes, sus islas y numerosas especies, dentro de las que destacan los cisnes de cuello negro;
Que Puerto Domínguez se caracteriza por mantener una identidad cultural bien definida, no obstante estar conformada por diversos pueblos, fundamentalmente mapuches y en gran cantidad por descendientes de colonos de comienzos del siglo XIX. Asimismo, se distingue siempre desde el punto de vista cultural, porque sus habitantes reconocen en el pueblo mapuche la condición de pueblo original, lo que revela una comunidad respetuosa, armónica e integrada;
Que, también, y probablemente por las mismas características precedentemente anotadas, destaca la capacidad de organización de los habitantes de Puerto Domínguez, a diferencia de la comuna de Puerto Saavedra, a la cual pertenecen en la actualidad, pues existe una parte importante de organizaciones, tanto territoriales como funcionales, y todas se encuentran en estado activo, ya sea en su formalidad, ya sea en su acción, destacándose por ser altamente proponentes, organizadas, autónomas y proactivas;
Que, para los habitantes de Puerto Domínguez, una de las ideas fuerza que los alienta a convertirse en comuna tiene que ver con la sensación de retroceso respecto del auge económico que tuvieron en el pasado. Así, han constatado que antes contaban con más servicios públicos, con más tecnología (en relación con la época), con más comercio y, en definitiva, con más actividad y, obviamente, más trabajo. Asimismo, ven cómo su condición de aislamiento geográfico ha influido en el actual estado de retraso respecto de la capital comunal, que es Puerto Saavedra;
Que, al integrar más de noventa comunidades, juntas de vecinos y distintos comités, dieron origen a una organización con personalidad jurídica denominada Comité pro comuna de Puerto Domínguez;
Que, en el Concejo de Puerto Saavedra, este comité ha encontrado un amplio respaldo en su intención de formar una comuna propia y, en tal sentido, se ha generado un amplio apoyo en reuniones con alcaldes, concejales y legisladores de la zona;
Que, por todo lo anterior, cabe respaldar la iniciativa y deseos de la comunidad organizada en torno a un proyecto que, sin lugar a dudas, puede ser un puntal de desarrollo para los habitantes de Puerto Domínguez, y
Que, durante la legislatura pasada, se presentó el proyecto de acuerdo N° 669, de 13 de julio de 2005, mediante el cual se solicitó al Ejecutivo la creación de la comuna de Puerto Domínguez en la provincia de Cautín, de la Novena Región, de la Araucanía, que no alcanzó a ser visto por término del Período Legislativo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a los ministerios y autoridades competentes a fin de acelerar la entrega y recolección de información que permita analizar pormenorizadamente las posibilidades de crear la comuna de Puerto Domínguez en la provincia de Cautín, de la Novena Región, de la Araucanía, y, una vez concluidos los estudios, enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley correspondiente.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la comuna de Saavedra está constituía por dos localidades muy importantes. La mitad de su población vive en Puerto Saavedra y la otra en Puerto Domínguez. Ambas están separadas por un lago, pero para acceder a ellas se debe pasar por la comuna de Carahue.
Las dificultades de aislamiento y las condiciones propias de desarrollo turístico que tiene la zona de Puerto Domínguez, a la vez, la conformación de muchas comunidades indígenas con colonos, han determinado que tenga un proyecto de desarrollo un poco distinto del de la comuna de Saavedra. Asimismo, las comunidades que pertenecen a la vecina comuna de Teodoro Schmidt, han planteado también sus deseos de pertenecer a su territorio.
Por ello, los concejos de las comunas de Saavedra y de Teodoro Schmidt, con la presencia de concejales y alcaldes, tanto de la Unión Demócata Independiente como de Renovación Nacional, y de los partidos de la Concertación, unánimemente, han respaldado esta petición al Ejecutivo.
Representantes de la subdere han realizado dos visitas a la zona. Ello le ha dado una mayor viabilidad al proyecto de creación de la nueva comuna, el que hoy reúne un muy alto consenso en la región. Además, cuenta con el respaldo del Gobierno regional, de los dos parlamentarios del distrito y de los concejales y alcaldes.
De manera que queremos pedir a la Presidenta de la República que dé instrucciones para acelerar el pronto envío de un proyecto de ley para crear la comuna de Puerto Domínguez. Asimismo, que dé su respaldo a lo que en reiteradas oportunidades ha realizado la comunidad, como es un plebiscito, ampliamente difundido, con gran participación y con una votación casi unánime respecto de la creación de la comuna.
Por ello, también pedimos el apoyo de la Cámara de Diputados, reiterando un proyecto que presentamos el año pasado con el diputado Eduardo Díaz , el cual no alcanzó a verse en la Sala debido al término del período legislativo.
Es de justicia que el proyecto de acuerdo se apruebe por unanimidad, por cuanto en él se establece una petición de la comunidad, de todos los sectores políticos y de todas las comunidades indígenas que rodean la localidad de Puerto Domínguez.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a otro señor diputado que desee hablar a favor.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca
LUGARES DE VOTACIÓN PREFERENTES PARA DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 129, de la señora Herrera, doña Amelia ; de los señores Verdugo , Galilea , Becker , Bertolino , Vargas , Delmastro , García, don René Manuel ; Monckeberg , don Cristián y de la señora Isasi , doña Marta :
“Considerando:
Que, según el Primer Estudio Nacional sobre la Discapacidad en Chile, realizado en 2004, en conjunto con el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país viven dos millones sesenta y seis mil setenta y dos personas con un grado de discapacidad, es decir, el 12,9%. De éstas, novecientas diecisiete mil novecientas treinta y nueve tienen una dificultad moderada o severa. Por discapacidad moderada se entiende cuando una persona presenta una disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando, incluso, a requerir apoyo en labores básicas de autocuidado y superar con dificultades sólo algunas barreras del entorno. Discapacidad severa es aquella en que las personas ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo de una tercera persona y no logran superar las barreras del entorno;
Que, si el 12,9% de la población tiene algún grado de discapacidad, ello significa que, si se aplica ese porcentaje a la cantidad de electores, se tiene un millón sesenta mil ciudadanos con esta condición, de los cuales, casi el 50% tiene una discapacidad severa o moderada que les impide realizar sus actividades diarias, por lo que se concluye que, a lo menos, cuatrocientos noventa y tres mil electores tienen grandes dificultades para cumplir con su deber ciudadano;
Que, según el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política de la República, ‘es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional’;
Que, tanto las personas con discapacidad como los adultos mayores, por no contar con un acceso expedito y adecuado a los locales de votación, muchas veces porque su mesa se encuentra en los pisos superiores de los recintos de votación, o por las dificultades para transportarse, se sienten impedidos de participar en un proceso tan importante de la vida nacional corno lo son las elecciones, y
Que, otorgar facilidades a las personas con discapacidad y personas mayores para cumplir con su deber ciudadano es posible de lograr realizando un catastro de ellas, para, posteriormente, crear mesas ubicadas preferentemente en el primer nivel de los locales de votación.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que ordene a los organismos correspondientes realizar un catastro de las personas mayores y las personas con discapacidad inscritas en los registros electorales, al objeto de establecer registros de votación especialmente para ellas, ubicados en un lugar preferente en el primer nivel de los locales de votación.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, según el primer estudio nacional de la discapacidad en Chile realizado en 2004 por el Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis , en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, dos millones, 68 mil personas tienen algún grado de discapacidad, es decir, el 12,9 por ciento de la población. De ellas, 917.939 tienen una dificultad moderada o severa.
Discapacidad moderada es cuando una persona presenta una disminución o imposibilidad importante de su aptitud para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de autocuidado y supera con dificultades algunas barreras del entorno.
Discapacidad severa es cuando las personas ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo de una tercera persona y no logran superar las barreras del entorno.
El 12,9 por ciento de la población tiene algún grado de discapacidad, lo que significa que si aplicamos ese porcentaje a la cantidad de electores, tenemos que un millón, 60 mil ciudadanos están en esa condición. Es más, de ellos, casi el 50 por ciento tiene una discapacidad severa o moderada, que les impide realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, podemos concluir que, a lo menos, 493 mil electores presentan grandes dificultades para cumplir con su deber ciudadano.
Estimados diputados, estoy cierta de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues nuestra carta fundamental precisa que es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
Tanto los discapacitados como los adultos mayores, por no contar con un acceso expedito y adecuado a los locales de votación, porque sus mesas se encuentran en los pisos superiores o por dificultades para trasladarse, se sienten impedidos de participar en un proceso tan importante de la vida nacional, como son las elecciones.
A mi juicio, es posible otorgar facilidades a los discapacitados y a las personas mayores para cumplir con su deber ciudadano, si previamente se realiza un catastro de ellos para, posteriormente, crear mesas ubicadas en un lugar preferente del primer nivel de los locales de votación.
A través de este proyecto de acuerdo, solicitamos a la Presidenta Michelle Bachelet que ordene a los organismos pertinentes realizar un catastro de las personas mayores y discapacitadas inscritas en los registros electorales, con el objeto de establecer lugares de votación separados para ellos, ubicados en un lugar preferente en el primer nivel de los locales de votación.
Con esto insisto, estaremos colaborando al mejor cumplimiento de un acto de tanta importancia como es una elección popular y apoyando a las personas que, por algún grado de discapacidad, no pueden cumplir, como es su deseo, con sus deberes cívicos.
Por las consideraciones expuestas, llamo a mis colegas a aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, concuerdo plenamente con el espíritu que hay detrás del proyecto de acuerdo y, en ese sentido, felicito a sus autores. Debemos asumir, como sociedad, que hay ciudadanos que no obstante tienen dificultades físicas, también tienen derecho a desempeñarse en todos los ámbitos, no sólo en las votaciones, para lo cual es necesario darles facilidades.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la manera en que se enfoca el problema. Creo que en todos los locales de votaciones, haya o no personas discapacitadas o adultos mayores registrados en las mesas, se deben dar facilidades para que puedan desplazarse sin problemas. Y esto no sólo en los locales de votación, sino también en las escuelas, en los edificios públicos, etcétera, de acuerdo con las respectivas ordenanzas que, por lo demás, ha costado mucho que se cumplan.
Me parece que elaborar un catastro diferenciado, lo único que hace es discriminar y estigmatizar a personas que tienen los mismos derechos, pero distintas capacidades. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser más bien de integración que de separación y estigmatización.
Por eso, discrepo con este proyecto de acuerdo, porque he trabajado directamente con distintas organizaciones de personas discapacitadas, y siempre tratamos de integrarlas y no considerarlas distintas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya
Se abstuvieron los diputados señores:
Hales
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, algunos diputados no votaron.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, su voto no incide en el resultado de la votación.
BENEFICIOS PARA DEUDORES HABITACIONALES SERVIU.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 130, de la señora Herrera , doña Amelia y de los señores Verdugo , Delmastro y Álvarez-Salamanca .
“Considerando:
Que una gran cantidad de deudores de viviendas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) no ha podido pagar los dividendos;
Que, a pesar de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo instauró, dentro de su política social, un sistema especial de repactación de deudas para los deudores morosos y beneficios especiales para quienes se encontraren al día en el pago de su compromiso, dicho proceso, por las dificultades económicas de los eventuales beneficiarios, ha sido difícil de aplicar;
Que, por lo anterior, del total de deudores del Serviu, cerca del 60% se encuentra moroso, ya sea por la incapacidad de pago que le afecta al percibir ingresos insuficientes o ya sea por el problema de la cesantía que los afecta;
Que es de común ocurrencia en una misma población que un número importante de deudores son beneficiados con la condonación total o parcial de sus deudas y otros, a pesar de estar en las mismas condiciones, dicho beneficio no le es otorgado;
Que, desde 1992, existe el Programa ‘Vivienda dinámica sin deuda’, según el cual las familias deben reunir 10 UF (alrededor de ciento setenta mil pesos) y, luego, no pagan dividendos. A diferencia de los postulantes a viviendas Serviu, que pagan una cantidad de pie y reciben su vivienda a doce, catorce, quince y veinte años plazo. En muchos casos, la deuda se ha traspasado a los bancos privados, lo que afectaría a unas ciento cincuenta mil familias en el país, y
Que, actualmente, por mandato de la Sala, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados evacúa un segundo informe sobre el proyecto de ley relacionado con préstamos para vivienda, estableciendo la entrega de beneficios especiales para el caso (boletín N° 392414).
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades y en consideración a lo señalado, envíe al Congreso Nacional una indicación al proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda, que se indica, a los deudores habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del país.
Asimismo, como reconocimiento al esfuerzo realizado, aplique iguales beneficios a aquellos deudores que se encuentren al día en el pago de los dividendos, de manera tal que se utilice para el caso un criterio igualitario dentro de los programas de vivienda destinados a personas de bajos ingresos.
Igualmente, mientras se aplica la condonación de la deuda, considere la suspensión de las acciones legales que, eventualmente, se hayan iniciado en contra de los deudores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o de viviendas adquiridas por algún programa habitacional del Estado y mandatadas para su cobro a alguna entidad bancaria, financiera o empresa externa.
Distinga en los beneficios antes indicados, además, a las familias que han visto afectadas sus viviendas como consecuencia de las recientes lluvias, tanto en la Región Metropolitana, de Santiago, como en otras regiones del país, para cuyo efecto las Intendencias Regionales deberán elaborar un catastro pormenorizado de las viviendas dañadas.
Si el Ejecutivo no estimare pertinente hacerlo a través de una indicación al proyecto en comento, envíe a tramitación legislativa una iniciativa legal en dicho tenor, la que beneficiará a miles de jefas o jefes de hogar, preferentemente, de escasos recursos, que con esfuerzo han buscado tener una calidad de vida digna para ellos y su grupo familiar, la que en algunos casos se ha visto indudablemente menoscabada.”
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Como las señoras diputadas y los señores diputados saben, inmediatamente después de terminado el Orden del Día se rendirá homenaje a los mineros y a su patrono, san Lorenzo .
Por lo tanto, propongo tratar un último proyecto de acuerdo, el N° 131, y pasar a dicho homenaje.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
RETIRO PARCIAL DE FONDOS PREVISIONALES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 131, de la diputada señora Herrera , doña Amelia , y de los diputados señores Verdugo , Álvarez-Salamanca y Delmastro :
“Considerando:
Que la ley N°19.795 modificada por el decreto ley N° 3.500, sobre Inversión de los Fondos de Pensiones establece que: ‘Cada Administradora deberá mantener cuatro Fondos, que se denominarán Fondo de Pensiones Tipo B, Fondo de Pensiones Tipo C, Fondo de Pensiones Tipo D y Fondo de Pensiones Tipo E. Asimismo, la Administradora podrá mantener un Fondo adicional, que se denominará Fondo de Pensiones Tipo A;
Que la norma en comento establece, además: ‘Los afiliados hombres hasta 55 años de edad y las mujeres hasta 50 años de edad podrán optar por cualquiera de los Fondos mencionados en el inciso anterior. A su vez, los afiliados hombres desde 56 años de edad y las mujeres desde 51 años de edad no podrán optar por el Fondo Tipo A, respecto de los saldos originados en cotizaciones obligatorias y la cuenta de ahorro de indemnización;
Que, igualmente, indica: ‘Si al cumplir 56 años de edad, en el caso de los afiliados hombres, y 51 años de edad, en el caso de las mujeres, su saldo por cotizaciones obligatorias y su cuenta de ahorro de indemnización se encontraren en el Fondo Tipo A, éstos deberán traspasarse a cualquiera de los restantes Fondos dentro del plazo de 90 días. En caso de que el afiliado no opte por alguno de los Fondos Tipo B, C, D o E, en el plazo antes señalado, los saldos mencionados serán asignados al Fondo Tipo B en forma gradual, de acuerdo con lo establecido en el inciso sexto’;
Que, según informes emanados de la Superintendecia de AFP, todos los Fondos de Pensiones vienen registrando rentabilidades positivas, siendo los últimos meses de 2004 y la mayoría de 2005 los mejores desde que se implementó el sistema en septiembre de 2002, reflejando el fondo Tipo A mayor rentabilidad, llegando en febrero pasado al 4,23%. Si bien en lo que va de 2006, en algunos casos, las rentabilidades han sido negativas, ello no ha significado un menoscabo irreparable de los fondos o las ganancias percibidas con anterioridad;
Que el hecho de no poder asignar las cotizaciones previsionales obligatorias a un fondo o trama distinto del estipulado por la ley impide a las personas mayores de cincuenta y cinco años de edad, en el caso de los hombres, y de cincuenta y un años de edad, en el caso de las mujeres, obtener una rentabilidad mejor, con el consiguiente detrimento económico en el momento de jubilar;
Que muchas jefas o jefes de hogar, cotizantes de alguna de las Administradoras de Fondo de Pensiones, deben enfrentar el deterioro de su salud, ya sea por accidente o por enfermedad, situación que lleva muchas veces a los afectados o a su familia al no contar con un seguro para estos casos a desembolsar importantes sumas de dinero para pagar los gastos hospitalarios o médicos, más aun cuando la enfermedad o el accidente es grave o con riesgo vital;
Que, en innumerables casos, después de jubilar y tras años de trabajo y esfuerzo, las familias continúan arrendando casa, ya que sus ingresos mensuales no les han permitido, por diversas circunstancias, ahorrar lo suficiente para acceder a la vivienda propia, situación que se contrapone con el ‘ahorro obligatorio’ que, por efectos de los pagos previsionales, cada trabajador efectúa durante, a lo menos, cuarenta años, acumulando con ello fondos que les permiten pensionarse cumplida la edad;
Que, por tener sesenta y más años, las personas no son ‘objetos’ de crédito en las instituciones bancarias y financieras del país, trabando con ello aun más sus aspiraciones de obtener una vivienda propia para disfrutar y dejar como único legado a sus hijos, y
Que el decreto ley N° 3.508 no se refiere explícitamente al retiro parcial de los fondos previsionales obligatorios acumulados en sus cuentas individuales.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, al no irrogar gastos para el Estado, estudie el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que permita a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones mayores de cincuenta y cinco años de edad, previa autorización por escrito, destinar una parte de sus cotizaciones a cualquiera de los tramos establecidos por la ley N° 19.795, sobre Inversión de los Fondos de Pensiones, al objeto de permitir un incremento real de sus cotizaciones obligatorias y voluntarias.
En caso de enfermedad grave y con riesgo vital del afiliado, el retiro parcial, hasta por un monto no inferior al 19% o un porcentaje fijado por ley de los Fondos Previsionales acumulados a fin de solventar los gastos médicos u hospitalarios respectivos, siempre y cuando ello no signifique dejar en menoscabo económico a los eventuales beneficiarios, en caso de fallecimiento del cotizante. A las personas mayores de cincuenta y cinco años de edad, que no tengan casa propia y con un mínimo de veinte años de cotizaciones ininterrumpidas o treinta con lagunas y otros requisitos especiales que la Superintendencia de AFP determine para el efecto, puedan destinar del monto total de sus cotizaciones previsionales obligatorias un porcentaje para la adquisición de una vivienda nueva o usada, cuyo costo sería determinado en la propia normativa, monto que sería entregado de forma directa a la institución en la que adquiera el inmueble (cooperativa, empresa constructora, etcétera) una vez aprobada la venta respectiva. Esto permitiría a miles de chilenos de clase media que hoy no cuentan con una vivienda propia y que superan los sesenta años de edad, acceder a ella con mayor facilidad, logrando de paso la tranquilidad para sus años futuros y los de su grupo familiar.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, mediante este proyecto de acuerdo solicitamos a la Presidenta de la República que, en atención a que se trata de una materia de ley de su iniciativa exclusiva, estudie el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que permita, primero, establecer que un porcentaje de las cotizaciones previsionales pueda usarse para el pago de tratamiento de enfermedades graves.
La propuesta parlamentaria señala expresamente que, en caso de enfermedad que implique riesgo vital para el afiliado, éste podrá efectuar, por ley, el retiro parcial de los fondos previsionales acumulados a objeto de solventar los gastos médicos u hospitalarios respectivos, siempre y cuando ello no signifique dejar en menoscabo económico a los eventuales beneficiarios en caso de fallecimiento del cotizante.
Existen tratamientos médico hospitalarios que, en casos graves, requieren que los pacientes sean derivados a las unidades de cuidados intermedios o intensivos. Está claro que un día de permanencia en esas salas tiene un alto costo para las familias, que las lleva, incluso, a quedar endeudados, sin tener cómo solventar el gasto y a realizar un sinfín de actividades para pagar los abultados gastos que ello les conlleva.
Esta iniciativa legal no irrogaría gastos para el Estado. Es más, a mi juicio, una ley en tal sentido permitiría que los escasos recursos con que cuenta el sistema público de salud sean canalizados de mejor manera.
El segundo punto dice relación con la posibilidad de establecer, por la vía legal, que las personas mayores de 55 años que no tengan casa propia puedan adquirirla mediante el uso de parte de sus fondos previsionales.
En los considerandos señalamos que para postular al beneficio las personas deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos haber cotizado, a lo menos, durante veinte años, de manera interrumpida, o treinta con lagunas, y otros especialmente establecidos por la Superintendencia de Administradoras de Fondos Pensiones o, si lo prefiere el Ejecutivo, por el Ministerio del Trabajo.
La idea es que, del monto total de las cotizaciones previsionales obligatorias, un porcentaje determinado sea destinado para la adquisición de una vivienda nueva o usada, cuyo costo sería determinado en la propia normativa, monto que sería entregado de forma directa a la institución en la que adquiera el inmueble cooperativa, empresa constructora u otras, una vez aprobada la venta respectiva. Lo anterior permitiría, sin lugar a dudas, que miles de chilenos de clase media, que hoy no cuentan con una vivienda propia y que superan los sesenta años, accedan a ella con mayor facilidad, sin quedar con deudas, con lo que, de paso, lograrían la tranquilidad para sus futuros años y los de su grupo familiar.
En innumerables casos después de jubilar y tras años de trabajo y esfuerzo, las familias continúan arrendando, ya que sus ingresos mensuales no les han permitido, por diversas circunstancias, ahorrar lo suficiente como para poder acceder a la vivienda propia, situación que se contrapone con el ahorro obligatorio que, por efectos de los pagos previsionales, efectúa cada trabajador durante, a lo menos, cuarenta años, para acumular fondos que, cumplida la edad, les permiten pensionarse.
Uno de los problemas que deben enfrentar estas personas es que, por su edad sesenta y más años, no son sujeto de créditos en las instituciones bancarias y financieras del país, trabando así aun más sus aspiraciones de obtener una vivienda propia que disfrutar y dejar como único legado a sus hijos.
Ambas propuestas toman algunos resguardos para evitar un daño previsional a los eventuales beneficiarios. Espero que, además de que sea aprobada por la Sala, sea recibida de manera positiva por el Gobierno, pues lo que buscamos es el beneficio de miles de compatriotas en temas evidentemente sociales y humanos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, nadie podría discutir la justificación de múltiples necesidades que las personas, en particular los chilenos, tienen en el transcurso de la vida, como las que aquí se han mencionado, desde el punto de vista del acceso a la vivienda o de financiar la salud.
Pero plantear que se destine anticipadamente una parcialidad de los fondos previsionales con el fin de financiar objetivos distintos a los que constituyen la esencia de cualquier sistema previsional en Chile y en el mundo, que es la jubilación, a mi juicio, atenta contra el efecto esencial de lo que la pensión quiere proteger: tener un ingreso en una etapa de la vida en la cual se deja de trabajar.
Hoy, el país está ad portas de enfrentar una reforma previsional.
La Comisión Marcel ha hecho un conjunto de propuestas y un diagnóstico que arroja, entre otras conclusiones, que en Chile el promedio de vida de las mujeres es de 80 años y el de los hombres de 78 años.
Esta Cámara podrá entender el efecto de la proposición si hoy las pensiones son bajas: en el antiguo sistema, en promedio, 160 mil pesos y con el nuevo sistema de AFP, 300 mil pesos, sin considerar a quienes se jubilan anticipadamente. El hecho de dar a los fondos previsionales un destino distinto perjudicará, como consecuencia, más a las ya bajas pensiones que nuestro sistema previsional entrega.
Probablemente esto es lo que más anhela la gente, ya que en los distritos nos pide este tipo de acciones; pero creo que un manejo serio y responsable impide que se termine afectando su jubilación. Es más, en todos los sistemas previsionales del mundo es obligatorio, por esencia, destinar los fondos a financiar la pensión.
Entendiendo los objetivos y necesidades humanas que se presentan a través de este proyecto de acuerdo, creo que es totalmente inadecuado plantear el uso de los recursos previsionales con ese fin, porque significaría pan para hoy y hambre para mañana.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, comparto el objetivo que persigue el proyecto. Sin embargo, creo que con él se estaría desvistiendo un santo para vestir otro.
Ante situaciones catastróficas en relación con la salud, debe existir la solidaridad de parte del Estado para no comprometer los recursos de una persona. Con el proyecto de acuerdo se pone en riesgo su patrimonio y su futuro.
Por otra parte, con la gran reforma en marcha, que contempla la famosa cuenta de capitalización individual, la verdad es que el proyecto apunta en la dirección incorrecta, ya que no permitiría robustecer el sistema de pensiones.
Además, ayer se aprobó un proyecto sobre responsabilidad fiscal que tiene por objeto establecer un fondo adicional para que el Estado pueda solventar pensiones asistenciales. No sabemos su monto ni dimensión, pero su fin es financiar un sistema solidario, distinto a lo que persigue el proyecto.
Por eso, sin desconocer la buena intención de sus autores, creo que el proyecto no contribuye a lo que se busca, que es darles estabilidad y asegurarles salud a los adultos en el futuro, pero sin poner en riesgo su patrimonio y el de sus familiares.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LEAL (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvieron los diputados señores:
Becker
VI.HOMENAJE
HOMENAJE A LOS MINEROS Y A SU PATRONO SAN LORENZO.
El señor LEAL (Presidente).-
Señoras diputadas y señores diputados, corresponde rendir homenaje a los trabajadores de la minería.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa , quien solicitó rendir este homenaje.
El señor ESPINOSA, don Marcos (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas: en este hemiciclo, rindo homenaje a los esforzados trabajadores mineros, ya que hoy, 10 de agosto, se celebra a su santo patrono, San Lorenzo .
Hombres y mujeres hacen patria en lugares inhóspitos y día a día luchan con la roca, el tiempo y la lejanía de sus seres queridos, para el desarrollo y el mejoramiento económico del país.
San Lorenzo , a diferencia de otros santos patronos de gremios o profesiones, como San Pedro con los pescadores, San Lucas con los médicos, o San José con los carpinteros, no tiene una relación directa con el esforzado y peligroso trabajo minero. Sin embargo, el haberse desempeñado en su vida como tesorero o guardián de los bienes monetarios de la Iglesia Católica primitiva, y ocultado los tesoros materiales de ella abundantes en metales preciosos bajo tierra, permite hacer una analogía de su valor. San Lorenzo se enfrentó al omnímodo poder de Valeriano sin ningún temor, así como los mineros se enfrentan cada día a las poderosas fuerzas de la naturaleza con el paso decidido y la sonrisa a flor de labio.
En aquella época, Valeriano era el emperador de Roma y, al igual que sus predecesores, se caracterizaba por la codicia y el despótico ejercicio del poder. Según la leyenda, Valeriano concibió la idea de apoderarse de los tesoros de la Iglesia abundantes en oro y plata e hizo detener a Lorenzo para que se los entregara. Sin embargo, el futuro santo, a pesar de estar consciente de que su vida estaba en peligro, solicitó tres días para reunirlos, argumentando la abundancia de los mismos.
La primera tarea que asumió al recuperar su libertad fue juntar los tesoros materiales de la Iglesia y esconderlos a buen recaudo bajo tierra lejos del alcance del emperador. Posteriormente, reunió a los ancianos, a los pobres, a los desesperados, a quienes tenían en cuerpo y alma las evidentes marcas del dolor y el sufrimiento para presentárselos a Valeriano, al expirar el plazo, como los verdaderos tesoros de la Iglesia.
Cuando el emperador se enteró de que había sido burlado por Lorenzo enloqueció de rabia e impotencia. ¿Cómo un simple diácono podía atreverse a desafiar a un ser divino como él? La osadía de Lorenzo merecía un castigo ejemplar y lo condenó a morir en una parrilla ardiente. A pesar de la horrible sentencia, Lorenzo permaneció tranquilo y no reveló el lugar donde había escondido los tesoros que codiciaba Valeriano .
La leyenda cuenta que fue martirizado en una fría mañana de domingo, después de la salida del sol, y que murió dignamente, sin manifestar, en ningún momento, temor o arrepentimiento frente a sus verdugos.
No es improbable que los mineros, conocedores de estos hechos, hayan estimado que en su vida y en los trabajos que realizan tienen mucho en común con el santo patrono. Ellos también buscan, descubren, explotan, amasan y atesoran riquezas que generalmente no disfrutan o que disfrutan tangencialmente. Además, al igual que San Lorenzo , sufren, padecen y mueren en el desempeño de sus labores.
En el país, la minería y los trabajadores mineros, sean pirquineros, del salitre, del carbón o del cobre, han estado y están presentes, de manera irrefutable, en la historia de nuestra nación, en forma tal que impregnan transversalmente todas las clases sociales y otorgan a Chile su perfil, su estilo, su escala de valores y se subliman en el alma nacional. Desde la Colonia hasta hoy, la sociedad chilena ha marchado al compás de los recursos de su subsuelo. El fundamento y la columna vertebral de su economía es su actividad extractiva. Los hombres que descubren, extraen y procesan dichos recursos son los mineros. Estos míticos seres, que causaron el asombro de los viajeros y visitantes de nuestro territerio en el siglo pasado, con hazañas de poderío físico de verdaderos colosos, han aportado y continúan aportando a la riqueza y progreso del país una altísima y valiosa cuota de esfuerzo y abnegación, no siempre comprendida y valorada, y sí generalmente ignorada.
Chile entero está en deuda con sus trabajadores mineros. Por tal razón, creo que el mejor y más sincero homenaje que el país y nosotros los diputados podemos rendirles, es unir nuestras voluntades y esfuerzos para superar las discrepancias políticas. Por eso, hoy hemos presentado una moción para que el 10 de agosto de cada año se celebre el Día Nacional del Trabajador Minero.
En nombre de la bancada Radical Social Demócrata y en el mío propio, como diputado de una zona minera, quiero extender un cordial y fraterno saludo a todos los trabajadores del país que día a día laboran en esta fundamental área de negocios de Chile. Y no es para menos. Todos los chilenos debemos sentir y compartir un legítimo orgullo, porque el suelo bendito del país está colmado, de norte a sur, de riquezas y tesoros regalados por la madre naturaleza que permiten nuestro desarrollo económico y el reconocimiento como la primera potencia mundial en minería. Gracias a ello, cientos de miles de trabajadores prosperan y hacen realidad sus anhelos y sueños personales y familiares.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
A continuación, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Minería y Energía de esta Cámara, diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET (de pie).-
Señor Presidente, el casco que traigo conmigo uniforma y representa a todos los trabajadores, empleados y ejecutivos de las empresas mineras, como asimismo a los pequeños mineros y pirquineros. Es uno de los elementos de seguridad que todos deben usar en sus labores. En ese espíritu, quise, en forma simbólica, tenerlos presente en este homenaje.
Hoy es San Lorenzo , santo patrono de los mineros, como muy bien recordó el diputado Marcos Espinosa .
Pero, además, los mineros también son muy querendones de la virgen María , en sus expresiones de la Candelaria y de Andacollo, a quienes se encomiendan cuando inician las faenas mineras subterráneas o abiertas. Son muy creyentes, con fe en el más allá y, a veces, un poco crédulos de poder encontrar en sus piques, o laboreos a “El Dorado”, es decir, hacerse ricos al descubrir un gran yacimiento de oro, de plata o de cobre de muy alta ley.
Hoy, quiero resaltar el espíritu minero de Atacama, pero no sólo como diputado representante de esa zona, sino más bien como hijo de esa tierra donde nací y formé a mi familia, razón por la cual me identifico con Atacama.
La historia de Chile ha estado marcada por la actividad minera.
En el período prehispánico, la expansión del imperio inca, desde el norte hasta la Quinta Región, estuvo determinada por la búsqueda del oro. Posteriormente, no sólo el descubrimiento de estas tierras, sino también su proceso de conquista, estuvieron marcados por el deseo de encontrar riquezas mineras, particularmente, oro. Por eso vinieron los conquistadores españoles. Don Diego de Almagro recorrió miles y miles de kilómetros, junto a un puñado de españoles y hermanos indígenas de Perú, tras la búsqueda de oro y, por cierto, también para evangelizar a los habitantes de este nuevo territorio. Pero estaba presente el deseo, la lógica, de descubrir oro.
Durante la Independencia, fundamentalmente durante la reconquista española, parte importante de los recursos utilizados por los patriotas provino de yacimientos mineros de plata de la zona de Vallenar, en particular de la localidad de Agua Amarga. Incluso, posteriormente, ése fue uno de los primeros lugares en que, gracias a esos recursos, se emitió papel moneda.
Hacia 1851, el mineral de plata de Chañarcillo era uno de los más sólidos fundamentos de la riqueza de la República, pero también fue el centro de la revolución de 1859, cuando el empresario Pedro León Gallo , aburrido y molesto por el alza de impuestos a las exportaciones de metales establecida por los parlamentarios de la época con una sobrerepresentación de la zona agrícola, se levantó en armas y alcanzó a llegar un poco más al sur. Ésa fue una revuelta constitucional importante asociada a la minería.
¡Y para qué recordar la Guerra del Pacífico, nuestras relaciones con los hermanos bolivianos y peruanos, y sus consecuencias! ¿Qué había detrás?
¡Para qué recordar la revolución de 1891, que estuvo ligada al salitre y a cómo se invertían sus ganancias! La visión de Balmaceda y la de las mayorías en el Congreso Nacional se desencontraron fundamentalmente por cuestiones mineras!
Y así llegamos hasta la historia reciente y a la nacionalización del cobre, al acuerdo unánime del Congreso, en 1973, con sus implicancias y el hito que significó para el país ese verdadero remezón que se produjo hace poco más de treinta años. Antes, por cierto, se efectuó la chilenización del cobre, donde participó un gran ministro de Minería, padre del colega Patricio Hales , y que fue la antesala de la nacionalización cuyo aniversario recordábamos hace algunos días.
Por eso, hoy aprovecho esta oportunidad para homenajear simbólicamente a los trabajadores y traer a la memoria de mis colegas la trascendencia de la minería en el desarrollo económico del país.
Es cierto, somos menos los diputados representantes de distritos con influencia minera significativa: desde Tarapacá hasta la Sexta región; de alguna manera también en la Octava región. (Con esto no quiero ponerme en entredicho con el resto de los parlamentarios). Es importante tener presente esto en momentos de la negociación de los trabajadores con la empresa La Escondida.
En la última semana varios diarios han publicado que los trabajadores mineros ganan un tremendo sueldo: un millón de pesos o un millón 200 mil pesos, que los trabajadores niegan porque dicen que su sueldo base es de 500 mil pesos. Mi impresión es que no es más de un millón de pesos lo que ganan. Los conozco. Muchos son de Tierra Amarilla, de Vallenar, de Huasco mi región, de Copiapó, y se desempeñan en un sistema parecido al nuestro, bastante desagradable es lo que más complica a diputados de regiones y entre nosotros reclamamos: cuatro días en la faena minera y cuatro días en su casa. Ellos están condenados a eso; nosotros lo hacemos por vocación. Trabajan cuatro días seguidos, de doce horas cada uno, o siete días seguidos con igual número de horas, pero a tres mil o cuatro mil metros de altura. Además, no descansan, porque deben recorrer doscientos, quinientos o mil kilómetros para llegar a sus hogares.
Como decía, con motivo de esta negociación colectiva en medios de comunicación algunas personas aparecen diciendo que esos trabajadores son privilegiados. ¡Claro que lo son en cuanto tienen un bueno trabajo! Pero, ¡puchas!, se ganan muy bien su sueldo.
Por cierto, es necesario destacar no sólo a los trabajadores de la gran minería, sino también a los de la mediana y pequeña minería, a los pirquineros que trabajan con sus propias manos, todavía con sus lámparas de azufre y capachos. Incluso, hay mujeres que se meten en los socavones, y no pocas. En las zonas del diputado Leal y la mía, Copiapó , Vallenar y Atacama , es muy corriente verlas y hoy desde esta Cámara lo celebramos.
Las regiones mineras del norte de alguna manera sienten que hay una deuda con ellas, a pesar de que históricamente, desde antes de la Conquista, han sido fundamentales y determinantes para la economía del país.
Sienten que hay una deuda con ellos, porque no ven retribución desde el centralismo. Lo sienten los trabajadores y la gente de la zona de Antofagasta, de Copiapó, de Los Andes, de Rancagua.
Hace dos años o un poco menos discutimos un proyecto para establecer un royalty a las empresas mineras por la extracción del recurso natural no renovable, como son los minerales que yacen en el subsuelo y que, de acuerdo a nuestra legislación que no se cambió ni siquiera durante el gobierno militar, pertenecen al Estado. Lamentablemente, no lo logramos, porque la regalía que aprobamos no tuvimos alternativa fue parte del juego que tuvimos que aceptar, y el ministro de Hacienda de la época no tuvo voluntad política para que los recursos quedaran en las regiones mineras. A cambio, nos propuso la fórmula de asignarlos a innovación y desarrollo lo que está muy bien y un pedacito para las zonas mineras, pero un pedacito muy pequeño. Tan pequeño es, que en el año y medio que lleva de aplicación, ni siquiera ha quedado un poquito de ese pedacito en las zonas mineras. Por lo tanto, debemos insistir en un royalty verdadero, para que parte importante de los recursos quede en las zonas mineras.
También debemos insistir, con inteligencia y capacidad, para que todo nuestro cobre se funda y refine en Chile. Hoy exportamos materia subprima, no materia prima; exportamos concentrado de cobre, que se funde y refina en el extranjero, en la India, Australia o Japón . Tiene que ser así, porque la industria de fundición y refinación todavía está muy protegida en otros países. Si nuestro cobre lo exportáramos fundido y refinado, nos aplicarían barreras de entrada o sobrearanceles, y todo, porque no hemos sido capaces de exigir una verdadera libre competencia que nos permita competir en igualdad de condiciones.
En Chile tenemos espacio suficiente para instalar tres o cuatro fundiciones más aparte de Ventanas y Caletones, en las regiones Quinta y Sexta, respectivamente lo que implicaría generar, en el norte o en el centro, trabajo para 20 mil chilenos bien remunerados respecto de los demás, como ocurre en las fundiciones o refinerías de otros países.
Debemos tomar conciencia de la deuda que existe con el trabajador minero; de lo contrario, vamos a tener otra revolución de los “pingüinos”. ¡Si lo que está pasando con los trabajadores de la minera La Escondida, que cuenta con la simpatía de la gente de Antofagasta y Calama , después va a pasar con los mineros de Chuquicamata, de Andina o de El Teniente, cuando tengan que negociar!
La gente siente que existe una deuda de las empresas mineras, estatales y privadas. Y ese sentimiento se expresa en una negociación colectiva, de la manera que hoy está ocurriendo, pese a que hasta ahora se ha hecho en un ambiente de legalidad, obviamente. La sensación existe y debemos abordarla con inteligencia y con tiempo, para que en los demás minerales no se genere ese sentimiento.
Debemos insistir oportunamente en un royalty que deje las platas en las regiones mineras, porque el recurso cobre se agota, y cuando se van sólo quedan el hoyo y los silicosos, como dicen los viejos mineros.
Por último, saludo y doy las gracias al mundo minero, a la familia de la minería, a la gente de mi distrito, de Caldera, Vallenar , Tierra Amarilla, Huasco , Freirina , Alto del Carmen, Copiapó ; a la gente de Antofagasta; a la gente de la Quinta y la Sexta regiones, a las mujeres que no trabajan en la minería, pero que esperan a sus maridos que están siete o diez días fuera de la casa; a los hijos de mineros, que esperan por sus padres.
Los saludo a todos, porque en el día del minero, todos celebran.
Desde esta tribuna les rindo un sentido homenaje, invocando a San Lorenzo soy creyente por que les vaya muy bien, hoy y siempre.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, rinde homenaje el diputado señor Felipe Ward .
El señor WARD (de pie).-
Señor Presidente, el 10 de agosto de cada año se celebra el día del minero. Precisamente, hoy es ese día, en el que se interrumpen transitoriamente ciertas faenas extractivas para saludar y reconocer a todos los trabajadores de la minería.
Chile fue, es y será siempre un gran país minero, gracias a la bendición de contar con las reservas de cobre más importantes del mundo. Pero también tiene otras grandes riquezas, como oro, plata, fierro, manganeso y elementos no metálicos, que han posibilitado el crecimiento espectacular de la noble y sacrificada actividad minera, generado riqueza para sus trabajadores y el país.
En esta ocasión, deseo destacar en su real dimensión a los mineros artesanales, a los pirquineros, a los trabajadores de la minería y a los empresarios que, creyendo en el país, han desarrollado una industria que ha dado trabajo a tantos chilenos, a hombres y mujeres de las regiones del norte y del resto del territorio, que se han constituido en ejemplo para miles de jóvenes que ven, que con empuje y tesón, las metas se pueden alcanzar.
Me enorgullezco profundamente de representar al distrito N° 3, compuesto por Calama , María Elena , Ollagüe , San Pedro de Atacama y Tocopilla, tierra eminentemente minera. Conozco y reconozco el esfuerzo diario del minero y de su sacrificada familia y comprendo la angustia de un trabajo exigente y muchas veces riesgoso.
En nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en especial de los diputados representantes de distritos mineros, como Manuel Rojas, Iván Norambuena , Patricio Melero , Alejandro GarcíaHuidobro y Marcelo Forni , pido que se envíe este pequeño homenaje a todas las asociaciones y sindicatos mineros, que representan y encarnan el alma y temple del minero.
En los últimos diez años, las inversiones del sector se han incrementado considerablemente; un hito en el desarrollo minero de Chile. Nadie puede desconocer lo que han significado para el crecimiento del producto geográfico bruto, generando una gran cantidad de empleos, no siempre con las remuneraciones esperadas.
La actividad minera consume materias primas, combustible, energía y servicios, lo que redunda en un crecimiento muy alto. Por eso, la minería seguirá siendo una palanca de desarrollo que dará muchas satisfacciones al país.
Vaya mi reconocimiento y saludo a todos los mineros, sobre todo a los de la zona que represento en este hemiciclo, tierra de sol y cobre, cuya gente, como reza nuestro himno de Calama, “mantiene viva la luz de la lealtad”.
Espero que la minería siga entregando riqueza, bienestar y empleo a muchos chilenos, para que, con sus familias, se desarrollen donde quiera que se encuentren y sean herederos de la notable tradición y preciosa cultura minera.
Un especial y cariñoso saludo a los pequeños mineros, porque han conservado la llama de la actividad minera, que genera empleos y que ha sido capaz de mantener vivas a muchas localidades del norte, las que, de no haber sido por la minería, habrían desaparecido hace muchos años.
Finalmente, vaya también un reconocimiento a aquellos mineros que hoy se encuentran legítimamente luchando por mejores remuneraciones, a fin de que puedan satisfacer en forma justa sus aspiraciones.
Es el momento de reconocer, con hechos concretos y no con discursos, la entrega valiente y el aporte histórico del minero a la tradición nacional. Su ejemplo sincero y anónimo ha inspirado por generaciones a jóvenes de nuestra patria. La marca indeleble que la tradición minera ha dejado en nuestra brillante historia nacional es señal de la entrega generosa de su gente.
Dicen que la verdadera caridad no consiste en dar sino en darse y eso es, precisamente, lo que hace el minero día a día, de sol a sol. Darse y entregarse, fundirse y confundirse con la tierra que le entrega el mineral, con esa misma tierra que le da vida, historia y futuro a nuestra nación.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En representación del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL .-
Señor Presidente, en este 10 de agosto, día del patrono San Lorenzo y de la minería chilena, deseo saludar a todos los mineros de Chile: a los de Codelco, a los de Enami, a los de las empresas privadas y, en particular, a los de La Escondida, que viven un conflicto laboral, y decirles que estamos a su lado, porque sabemos cuán difícil es la actividad minera. Vaya también un saludo para la Confederación de Trabajadores Mineros y la Federación de Trabajadores del Cobre de Codelco.
A las mineras y mineros de Chile les digo que todos nos sentimos fuertemente emblematizados por el patrono San Lorenzo , diácono del Papa Sixto II y quien se dedicara, en aquella Roma , a recoger limosna para repartirla entre los pobres. Por ello, el emperador Valeriano , que perseguía a los cristianos de la época, lo apresó y le exigió que entregara al imperio las riquezas y los tesoros de la Iglesia. Lorenzo se presentó ante los romanos, acompañado de los pobres y de los enfermos, y les dijo que ellos eran el tesoro de Cristo. Ante eso, el Emperador Valeriano ordenó quemarlo vivo, y así se hizo.
Los mineros chilenos hicieron de San Lorenzo su patrono, por representar la defensa de la riqueza y los tesoros que no debían ser entregados al Imperio.
Por eso, en el día del minero rendimos también homenaje al patrono San Lorenzo .
En este día tan especial, muchos hombres y mujeres celebran el día del minero, en particular los que participan de la manifestación que realiza a esta misma hora, en La Serena, la Sociedad Nacional de Minería, encabezada por su presidente, para homenajear al trabajador minero.
La actividad minera reporta al país 35 mil millones de dólares por concepto de exportación y concentra, en este decenio, 15 mil millones en inversión. Los países mineros nos envidian, porque el 37 por ciento de nuestro cobre lo produce una empresa estatal, que sólo este año entregará, por concepto de excedentes de explotación, más de 6 millones de dólares al Estado. Codelco, desde su creación, ha entregado al país dos veces su valor presente; es decir, más de 35 mil millones de dólares.
En este saludo a los mineros, quiero referirme también a la pequeña minería.
Con el decreto N° 76, dictado por el Presidente Ricardo Lagos , se abrió una nueva fase para la pequeña y mediana minería, pues fijó los recursos permanentes que debe aportar para su fomento la Empresa Nacional de Minería. Además, dispuso que cuando los precios bajaran de 85 centavos de dólar la libra de cobre, automáticamente entraría en vigencia un subsidio, una tarifa para la pequeña minería, con el objeto de garantizar un piso. Con costos sustentados se asegura el desarrollo futuro de la pequeña minería.
Sin embargo, cuando los precios se ubican por sobre los 3 dólares la libra de cobre, como sucede en la actualidad, el desafío de la pequeña minería es contar con más plantas de electrowin, de electro-obtención.
Quiero anunciar a los pequeños mineros de El Salado, de Chañaral y de Diego de Almagro que con Enami hemos resuelto ampliar la planta de electro-obtención de El Salado en 30 mil toneladas más, en virtud del acuerdo entre la Enami y Codelco . De este modo, los pequeños mineros podrán entregar en El Salado, independientemente de cuánto se esté produciendo en estos momentos, mineral que será enviado a la planta de electrowin de El Salvador para ser procesado, la que cuenta con una capacidad de 200 mil toneladas.
No obstante, ello no basta. Además, debemos resolver problemas de funcionamiento de la Enami para que la pequeña minería aproveche los actuales precios, contrate más gente y, de ese modo, ayude a la región de Atacama a resolver el problema de desempleo, porque la pequeña minería está en condiciones de absorber parte importante de la generación de empleo. Para eso se requiere no sólo inaugurar la planta de electro-obtención en Vallenar, sino garantizar, al mismo tiempo, que la pequeña minería cuente con mayor aporte tecnológico. Enami debe colocar el acento en ese aspecto cuando el cobre tiene buen precio, para lograr que los pequeños mineros entren en una fase de desarrollo distinta de la que se encuentran hoy, con más tecnología, innovación y capacitación.
Al mismo tiempo quiero subrayar que los pequeños mineros requieren de mayor aporte de capital, de créditos. Con seguridad, en el país no existe sector alguno que pague sus deudas más puntualmente que la pequeña minería. Eso se debe a que cada vez que el pequeño minero entrega su producción a Enami se le descuentan los créditos o las tarifas sustentadas que se le han otorgado.
Por eso, pido al vicepresidente ejecutivo de la Enami, un brillante ingeniero comercial que está realizando una gran labor, el señor Óscar Landerretche , que se entreguen créditos a la pequeña minería, porque, a diferencia de lo que existe en otros sectores, no tiene posibilidades de acceder al crédito bancario. La Enami es la única que le presta plata, de manera que se necesita implementar una línea de capital de riesgo mucho más activa para la pequeña minería.
Quiero señalar que vamos a tener un gran instrumento para defender los derechos laborales, salariales, contractuales y provisionales para el 30 por ciento de trabajadores de la minería, conformado por quienes trabajan para contratistas y subcontratistas.
En la actualidad, hay un millón ochocientos mil trabajadores que laboran para contratistas y subcontratistas, situación que cada vez se torna más difusa, porque tanto las empresas del Estado como las privadas han externalizado trabajos, incluso en faenas que corresponden a la esencia de su actividad, situación que, a mi juicio, representa una violación de la ley. Codelco , Los Pelambres , Doña Inés de Collahuasi y La Escondida tienen trabajadores que cumplen faenas en el pique minero, quienes, por ejemplo, ganan cien, mientras que los trabajadores de empresas contratistas ganan 30 por hacer el mismo trabajo. Eso se debe corregir, porque no es posible que en faenas esenciales de la empresa se dé esa situación.
Esperamos que la ley sobre subcontratación salga del Tribunal Constitucional, que se reúne el próximo miércoles, como la aprobó el Congreso Nacional. Así quedará establecida la responsabilidad solidaria de las grandes empresas. Cuando los contratistas o subcontratistas violen la ley, no paguen las cotizaciones, las indemnizaciones, los salarios o cuando despidan arbitrariamente a sus trabajadores, no sólo responderán estos contratistas sino la empresa matriz. Los subcontratistas muchas veces desaparecen de la zona, cuando son sólo empresas fantasmas que posteriormente aparece en otra región minera trabajando con otro nombre. Así también la empresa matriz sabrá con qué contratista o subcontratista trabajará.
Los parlamentarios de Gobierno y de Oposición que representamos zonas mineras debemos plantear una exigencia en relación con el tema del royalty. Lo dijo muy bien mi amigo Jaime Mulet . No es posible que después de haber luchado por el royalty, que finalmente no fue tal, sino un impuesto específico de 5 por ciento a las utilidades operacionales de la minería, todavía no se apruebe el proyecto relativo al fondo de innovación en el Senado; que se haya designado una Comisión, que preside un destacado ex ministro del Gobierno del Presidente Lagos, para distribuir esos recursos en proyectos de innovación, pero sin ley, y que las regiones mineras no estén recibiendo absolutamente nada de estos beneficios.
Pedimos una sesión especial de la Cámara de Diputados para discutir este tema con el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco , a quien le dijimos: “Señor ministro, no somos partidarios de que guarde los recursos del royalty y los vaya colocando en innovación de manera parcializada en el tiempo. Queremos que los 300 millones de dólares que debe producir el royalty sean destinados directamente a innovación, tecnología, encadenamiento productivo, es decir, que sirvan para generar empleo en las regiones mineras y en el resto de las regiones del país.”
Deseo enviar un mensaje a mis amigas y amigos mineros, a la familia minera de El Salvador. Sé que están viviendo un momento de gran angustia. La minería es así: el mineral termina de pronto. Pero estoy absolutamente convencido de que, aun cuando Codelco ha anunciado que la línea de sulfuros y óxidos se cierra en 2008 ó en 2011, es perfectamente posible mantener a la División El Salvador en pie, porque se tiene que seguir explotando ese mineral. Hay dos millones de toneladas de cobre que se pueden explotar mediante la lixiviación in situ o de otras maneras. Hay yacimientos que pueden explotar los pequeños mineros. De hecho, descubrimos cuatro paños que Codelco está dispuesto a entregar a la pequeña minería en la quebrada Q M y en otros lugares. Además, tiene que haber una disposición de Codelco para explotar directamente Inca de Oro y San Antonio , lo que generaría 800 empleos en ambas explotaciones. Asimismo, Codelco debe preocuparse no sólo de sus mil ochocientos trabajadores y de sus familias, sino de los miles de trabajadores, de contratistas, de los profesores exijo que los profesores que han sido despedidos sean reintegrados a sus labores, de los alumnos, de los taxistas, de los comerciantes, porque ésta es una comunidad que tiene más de 60 años de vida, que le ha entregado mucho a la región de Atacama y al país, por lo que Codelco no puede desaparecer de esa región. Exijo a José Pablo Arellano , presidente ejecutivo de Codelco y al Gobierno de la Presidenta Bachelet una política clara para que Codelco siga explotando El Salvador y explote Inca de Oro y San Antonio ; abra nuevas mineras, colabore y abra yacimientos a la pequeña minería, para que así pueda seguir entregando, como la División El Salvador de Codelco, un gran aporte al desarrollo de la región de Atacama.
Feliz día a la familia minera de Chile.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve .
El señor MONSALVE (de pie).-
Señor Presidente, es para mí un orgullo rendir homenaje al minero, en representación de la bancada de diputados del Partido Socialista, hoy, 10 de agosto, día de San Lorenzo, patrono de la minería. Lo hago con emoción por su significado en el desarrollo social y económico de la patria. Sus esfuerzos y luchas han contribuido a moldear una sociedad con más derechos para los trabajadores. Sus marchas están reflejadas en la Cantata Santa María y sus luchas se recuerdan y forman parte de la historia en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Además, han contribuido a la prosperidad de nuestra nación. Sólo ayer se discutían en esta Sala los destinos de los excedentes generados por la venta de nuestro cobre. Allí está el resultado del trabajo de los mineros y la demostración de la importancia de la minería en el desarrollo de la nación, que tuvo su mayor manifestación con la nacionalización del cobre, llevada a cabo en el Congreso Nacional, como una labor de las fuerzas democráticas, proceso que se inició en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y se concluyó en el gobierno del Presidente Allende.
Los socialistas entendemos que la labor del minero hace que el país sea más próspero y avance en el campo social, por lo que consideramos de especial importancia el homenaje de hoy destinado a honrar a quienes, con su esfuerzo en el trabajo y en las luchas sociales, han permitido hacer de Chile un país mejor.
Sobre todo quiero hacer un reconocimiento particular a los mineros del carbón. Nací en la zona del carbón y en mi sangre circulan la historia y las luchas de los mineros. Sus sacrificios están plasmados en letras de fuego, no sólo en la memoria colectiva de Chile, sino también en los libros de Baldomero Lillo, escritor originario de Lota, y de Gonzalo Rojas, de Lebu. Su historia se sigue escribiendo hoy en las minas de Carvile, en Lebu, y también por los mineros de Trongol, de la comuna de Curanilahue, que están finalizando un acuerdo por el cierre de la mina.
En Lota, a casi 10 años del cierre de Enacar, se mantiene viva y orgullosa la cultura generada en la producción del carbón y reflejada en la película Subterra .
La labor que realizan los mineros requiere de entereza para enfrentar los riesgos de la explotación minera. Esta semana, en el pique Fortuna, de Lebu, se recordaba a los mineros fallecidos el 8 de agosto de 2005.
Permítanme hacer mención a un párrafo aparecido en el diario Renacer , de Arauco: “El toque de trompeta revivió en la memoria de muchos la trágica mañana de aquel lunes de invierno, cuando como de costumbre cerca de 60 trabajadores se dirigían a sus faenas de extracción de carbón, donde debido a los incompletos controles de seguridad se gatilló una detonación de proporciones registrada en la Estocada 18.”
La explosión de gas grisú se llevó consigo la vida de Ramón Huenul Rodríguez , Jaime Alarcón Casanova , José Muñoz Muñoz y Nelson Salas Solar .
En este homenaje quiero aprovechar de reiterar la necesidad de asegurar la protección social de sus familias.
La riqueza entregada al país con la producción de carbón, no dice relación con la pobreza presente en las comunas de Lota, Coronel, Curanilahue y Lebu . Por eso, debo decir que Chile está en deuda con los mineros y las comunas de la cuenca del carbón.
Es cierto que Chile crece con nuestros mineros, porque lo que hacen es esencial y parte de la historia de Chile. Así ha sido antes, así es ahora y así va a seguir siendo mañana.
Los mineros han hecho de Chile un país mejor. Es por ello que los socialistas hemos querido rendir este homenaje. La historia de nuestra patria es también la historia de la minería.
En el día del minero, un fraternal saludo y un abrazo a todos los mineros de Chile.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Aedo .
El señor AEDO (de pie).-
Señor Presidente, hoy, 10 de agosto, es el día de San Lorenzo, diácono protector de los tesoros de la Iglesia murió quemado por defenderlos, patrono de los mineros, protector de las riquezas de la tierra y de quienes laboran en ella para extraerlas.
Con ese espíritu sacrosanto saludo a todos los mineros de Chile, hombres y mujeres, trabajadores y empresarios que, en conjunto y con esfuerzo, realizan la importante labor de extraer riquezas minerales, principalmente cobre, oro, plata, hierro y molibdeno. Se trata de una actividad difícil y riesgosa que ha contribuido al desarrollo económico y social del país desde la época prehispánica y la Colonia, desarrollada en las minas de los aborígenes chilenos, en los lavaderos de oro de nuestros ríos, en el mineral de Chañarcillo, en las salitreras, hasta convertirse en lo que es hoy: una gran minería privada y estatal. En tal sentido, cabe destacar que el 56 por ciento de las exportaciones chilenas provienen de la minería.
A pesar de los altos precios que ha alcanzado el cobre, hay mineros que no están celebrando: los trabajadores y empresarios de La Escondida, quienes se encuentran enfrentados a una difícil negociación. Por su parte, los trabajadores del mineral El Salvador, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, se enfrentan a un irracional cierre de la empresa, en circunstancias de que ese mineral cuenta con reservas, con leyes de 0,48 por ciento, para más de veinte años. El Salvador ha enarbolado banderas negras para demostrar a la ciudadanía el rechazo a esta injusta medida.
También existen pequeños mineros que no celebran con júbilo. Enami, empresa del Estado, no obstante el excelente escenario de precios, en forma incomprensible e irracional, establece la “ley del panteón”, lo que permite expropiar y no pagar leyes inferiores a 1,1 por ciento, situación que perjudica a miles de pequeños mineros.
Finalmente, saludo a todos los mineros de Copiapó, Diego de Almagro , Chañaral y El Salvador. A ellos mi reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y capacidad, cualidades que nos permiten ser líderes mundiales en minería y motor del desarrollo económico y social de nuestro querido país.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Con esta intervención, se da por finalizado el homenaje a los trabajadores de la minería y a su patrono San Lorenzo .
VIII.INCIDENTES
RENOVACIÓN DE SUBSIDIO PARA SERVICIO DE BARCAZAS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor BURGOS (vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en estos días enfrentamos el cese del subsidio a la barcaza que comunica Niebla con Corral, comuna esta última que enfrenta un aislamiento histórico y que sólo depende de este medio de transporte para movilizar vehículos particulares y de empresas. Hace no más de tres semanas terminó este aporte del Ministerio de Transportes para fortalecer y ayudar a la conectividad de Corral. Su no renovación está condenando a los habitantes y las actividades productivas de la comuna al aislamiento.
Pido oficiar al ministro de Transportes, con copia al alcalde de Corral, para hacerle presente la necesidad de que se renueve ese subsidio y, además, se estudie la posibilidad de otorgarlo no como ahora anualmente, sino bianual o trianualmente, porque así, quienes ganen las licitaciones podrán entregar un servicio de calidad, dado que contarán con una proyección en el tiempo, con lo cual se superará la condición de aislamiento y el atraso en que se encuentra la comuna.
Asimismo, pido que el ministro estudie la entrega de subsidios al servicio de barcazas a isla del Rey, poblada localidad de la comuna de Corral que en muchas oportunidades ha quedado aislada y, por lo tanto, los pobladores limitados de acceder en forma segura a sus territorios y actividades productivas o salir de ella.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE EXTRACCIÓN, TRASLADO Y EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO EN ATACAMA. Oficios.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en la Región de Atacama existe una interesante iniciativa de desarrollo denominada “Concentraducto Proyecto Hierro Atacama”. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que fuera presentado a la Corema bajo el supuesto de tratarse de tres proyectos distintos: una faena minera ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, un puerto para el embarque de los concentrados en Caldera y un mineraloducto para transportar el hierro desde Tierra Amarilla hasta Caldera .
Hace pocas semanas, se dio a conocer un estudio que concluye que la cuenca del río Copiapó se está secando debido a que la cantidad de agua que se extrae de él y de su cuenca es mayor que la ingresada y, por lo tanto, con el tiempo se secará, lo que significará la muerte del valle de Copiapó.
Por eso, me llama poderosamente la atención el hecho de que la intendencia de la Región de Atacama haya autorizado el transporte de hierro desde Tierra Amarilla hasta Caldera , utilizando un elemento tan importante para la región como es el agua. No obstante que existen otras formas de traslado del mineral, como camiones, trenes, etcétera, se permite la utilización del agua para trasladar el hierro.
Asimismo, me llama la atención que la Corema de Atacama haya autorizado que gran parte de esa agua vaya a dar al mar, es decir, que sea desechada, lo que resulta absolutamente impensable en una zona como ésa.
Por eso, pido oficiar al ministro Secretario General de Gobierno, a la directora ejecutiva de la Conama, a la intendenta de la Tercera Región de Atacama, al director general de Aguas, al secretario ejecutivo de la Corema de Atacama, al director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin ; al director nacional del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca , y, por supuesto, al contralor regional de Atacama, para que informen sobre las razones que tuvieron para aprobar ese proyecto.
Asimismo, pido que que la Corema se pronuncie sobre la afectación que tiene la cuenca en este sentido.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Francisco Chahuán , Jaime Mulet y Alfonso De Urresti .
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUERTO EN COMUNA DE CALDERA. Oficio.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos explique por qué autorizó la construcción de un puerto en la comuna de Caldera, en una zona en que el plano regulador intercomunal no lo permite, pues está reservada a pescadores.
Asimismo, pido que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que me envíe copia del oficio en el que no acoge a trámite la construcción de ese puerto, dado que no está autorizado en el plano regulador.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Francisco Chahuán , Jaime Mulet y Alfonso De Urresti .
CUESTIONAMIENTO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay .
El señor ESTAY.-
Señor Presidente, a propósito de la tardía llegada del invierno y de la inclemencia que ha golpeado con rudeza el sur, particularmente las regiones Octava y Novena , debo referirme a algunas situaciones irregulares ocurridas desde hace algún tiempo en la Dirección de Vialidad de la Novena Región.
En primer lugar, hay un problema con las concesiones de las empresas encargadas de la conservación y mantenimiento de aproximadamente el 70 por ciento de nuestra red caminera rural, las denominadas globales. Según información entregada recientemente por el Seremi de Obras Públicas, de un total de ocho globales que operan en la región, cinco habrían sido nuevamente adjudicadas. Lo concreto es que, a la fecha, ninguna de ellas está operando.
Los señores diputados comprenderán la gravedad que implica, en medio del invierno, dejar a zonas completamente abandonadas, es decir, sin la asistencia de maquinarias y de personal encargado del despeje de caminos que aseguren la conectividad y transitabilidad de los habitantes, especialmente en la zona de Lonquimay. Es más, hace algunas horas, el alcalde de la comuna ha informado que más del 50 por ciento de los caminos de su comuna están intransitables y, por consiguiente, ese mismo porcentaje de esos sectores se encuentra en completo aislamiento.
En segundo término, he tomado conocimiento de que la Dirección de Vialidad de la Novena Región no ha utilizado la cantidad de 4 mil millones de pesos correspondiente a inversiones en infraestructura y puentes, lo que no sólo resulta sorprendente, sino que, además, exige perseguir las responsabilidades del caso.
¿Cómo se explica que la Dirección de Vialidad se dé el lujo de no utilizar recursos disponibles en una región como la Novena, que tiene la red caminera más extensa del país, con más de 9 mil kilómetros, en que la mayor parte está constituida por caminos de ripio y de tierra? ¿Cómo se explica que no se utilicen recursos disponibles en una zona en que gran parte de los ríos no tiene defensas ribereñas, en que el puente sobre el estero Ñancureo , ubicado en la comuna de Lonquimay, colapsó y, recientemente, ha debido ser reemplazado por un puente de tipo mecano? ¿Cómo se explica que los proyectos “se bajen” sin aviso previo y se paralicen las obras, como sucede con los trabajos de asfalto básico en el acceso a la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria, específicamente, vía Faja Buchacura?
¿Cómo es posible que después del avance del 70 por ciento en la ejecución de las obras en esta zona, la Dirección de Vialidad responda que no es posible continuar con estos trabajos porque la construcción de puentes y obras de ingeniería de mayor complejidad hacen necesaria una asignación especial de recursos, cuando tenemos información de que no se hará uso de la nada despreciable suma de 4 mil millones de pesos?
Por lo tanto, solicito se oficie al ministro de Obras Públicas con el fin de que explique por qué habiendo transcurrido el plazo de vencimiento de concesión de las denominadas globales, no se hicieron oportunamente las nuevas adjudicaciones, lo que significó que vastos sectores quedaran en franco desamparo; que disponga el cambio de fecha o de plazos de las concesiones, a fin de impedir que, en lo sucesivo, esos contratos cesen durante la época invernal; que disponga una investigación para determinar las responsabilidades por la paralización de las obras de asfalto de la conectividad con Selva Oscura, comuna de Victoria, vía Buchacura; que instruya una investigación en relación con el cumplimiento del Programa Cero, que detalla la planificación de inversiones de vialidad en la Novena Región para el presente año, y, según el cual, dejaría de invertirse la nada despreciable suma de 4 mil millones de pesos.
Además, pido se envíe copia de mi intervención a los alcaldes y concejales de las comunas de Victoria y Lonquimay .
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Edmundo Eluchans , Carlos Recondo , Francisco Chahuán , Renán Fuentealba y Álvaro Escobar .
ESTADO DE AVANCE DE INVESTIGACIONES DE DESVÍO DE FONDOS DE PROCESO DE RECONVERSIÓN LABORAL DE EX TRABAJADORES PORTUARIOS. Oficios.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
Aplausos.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, con motivo de la privatización y modernización de los puertos e infraestructura portuaria, en 1999 se produjo una enorme cesantía que afectó a los trabajadores de ese sector, lo que eufemísticamente se llama “proceso de desvinculación laboral”.
Por esa razón, el gobierno de la época y la Coordinadora Nacional de Trabajadores Marítimos Portuarios llegaron a un acuerdo de reconversión laboral y a un programa de jubilación e indemnizaciones. Para estos efectos, Sence , Fosis y algunos ministerios aportaron importantes recursos hablamos de cifras que superan los 10 mil millones de pesos, con el fin de entregarlos a los trabajadores que hubieren quedado sin trabajo, conforme a parámetros o requisitos objetivos. Lamentablemente, con el correr del tiempo, se descubrió que muchos de esos dineros habían sido destinados a quienes no reunían los requisitos exigidos y, a la inversa, muchos trabajadores que sí los cumplían no los recibieron. Por ese motivo, en 2005 la Cámara de Diputados encargó a una Comisión Investigadora que estudiara estos antecedentes, la cual estableció que efectivamente hubo desvío de fondos y que se causó perjuicio a trabajadores que sí cumplían con los requisitos, pues no recibieron los beneficios.
En las tribunas hay gente del puerto de San Antonio que ha venido especialmente a esta sesión y que han sido afectados con lo ocurrido.
En esta oportunidad quiero protestar por el grave atropello a los derechos de trabajadores muy modestos, lo que ha significado que haya familias viviendo en precarias condiciones.
Como les decía, la Comisión especial investigadora de la Cámara estableció que efectivamente se había producido este desvío de fondos, pero como no tiene facultades jurisdiccionales, solicitó a esta Corporación el envío de oficios al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, para que estudiara los antecedentes e interpusiera las acciones judiciales en contra de quienes resultaran responsables y al Contralor General de la República, para que ordenara la instrucción de los correspondientes sumarios. Tengo en mi poder copia de dichos oficios con los Nº 5981 y 5982, respectivamente, del 20 de diciembre de 2005.
Además, la Cámara de Diputados, a través de su Comisión Investigadora, determinó que existen fundadas sospechas de que aquí hubo un aprovechamiento político. Por ello creemos necesario que estos organismos, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República, informen acerca del avance de sus investigaciones, de sus sumarios y del inicio de las acciones judiciales.
La Cámara de Diputados no tiene información oficial respecto del avance de estos procesos. Por lo expuesto, solicito que se envíen oficios al Presidente del Consejo de Defensa del Estado y al Contralor General de la República para que nos informen del avance de estos procesos. Como digo, estamos frente a una situación de mucha injusticia y creo que los trabajadores portuarios, que han sido brutalmente violentados en sus derechos, merecen una respuesta nuestra.
He dicho.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Godoy, Chahuán, Recondo, Lorenzini, Escobar y González.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán , quien hará uso del tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, también me quiero referir a la grave situación hecha presente por el diputado Edmundo Eluchans y que debe tener pronta solución, como es el desvío de los fondos destinados a pagar los beneficios acordados a fines de 1999 entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores Portuarios, en el marco de la modernización y privatización de los puertos. Esos fondos tenían un destino absolutamente claro y específico: beneficiar a los trabajadores que quedarían cesantes como consecuencia del proceso de privatización de los puertos. Sin embargo, se pudo detectar que los recursos fueron recibidos por personas que no cumplían los requisitos exigidos para ser beneficiario, lo que motivó la formación de una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que finalmente estableció la existencia de una serie de irregularidades, algunas, incluso, constitutivas de delito.
La Comisión pidió a la Contraloría General de la República que instruyera los sumarios pertinentes en contra de los funcionarios públicos involucrados. Sin embargo, en nuestro concepto y en el de los propios ex trabajadores afectados algunos de ellos presentes en las tribunas, los sumarios administrativos se han dilatado demasiado en su tramitación y término, lo que podría afectar el inicio de eventuales procesos para establecer responsabilidades penales, pues cuando dichas acciones penales se ejerzan, los involucrados podrían invocar la prescripción como causal de extinción de la responsabilidad penal. Eso sería inaceptable, ya que agregaría un nuevo sufrimiento a los ex trabajadores portuarios, que se vieron afectados por las irregularidades cometidas.
Por lo expuesto, con el objeto de evitar mayores dilaciones, de que se respete irrestrictamente el principio de probidad funcionaria y se evite la repetición de sucesos similares, pido que se oficie, en mi nombre y en el del diputado Edmundo Eluchans , a la Contralora General de la República subrogante, a fin de que nos informe el estado de los sumarios instruidos y la fecha estimativa en que se dará a conocer su resultado; al presidente del Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que nos informe si dicha entidad ha presentado querellas por esta situación o si se ha hecho parte en los procesos penales que se hubieren iniciado al respecto, en virtud de lo requerido en las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre la Situación que Afecta a los Trabajadores Portuarios del País.
Muchos ex trabajadores portuarios cumplían los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiados con la reconversión laboral o con las indemnizaciones correspondientes, en el marco del proceso de modernización de los puertos. Sin embargo, siguen esperando. No es posible que funcionarios públicos hayan abusado en la aplicación de la ley y hayan entregado los beneficios a quienes no corresponde, y que los verdaderos beneficiarios sigan esperando.
Por ello, también pido que se oficie a la Presidenta de la República, nuevamente, a fin de informarle sobre las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre la Situación que Afecta a los Trabajadores Portuarios del País, y de hacerle presente que trabajadores de ese sector, que fueron perjudicados en sus derechos, siguen esperando una solución.
Aplausos.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Joaquín Godoy , Edmundo Eluchans , Pablo Lorenzini y Renán Fuentealba .
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Oficio.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, en segundo lugar quiero felicitar a nuestra Biblioteca por el trabajo que hace en acercar los ciudadanos al Congreso. Por un lado, apoya a las oficinas territoriales con capacitación a nuestros equipos de trabajo y material explicativo para ciudadanos como presentaciones y folletos y, por otro, a través de la organización y convocatoria a encuentros y seminarios con ciudadanos, expertos y nosotros.
Es de sumo valor que la Biblioteca haya comprendido que junto con el apoyo experto necesario para legislar, también es muy relevante para nosotros el apoyo en terreno y con los ciudadanos.
Y a propósito del apoyo experto, quiero terminar destacando lo valioso que fue para mí el trabajo de caracterización censal de las manzanas de Viña del Mar, realizado por el equipo de información territorial de la BCN.
Por eso pido oficiar a la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional a fin de hacerle llegar mis felicitaciones por el trabajo que esta biblioteca realiza.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Joaquín Godoy , Edmundo Eluchans , Pablo Lorenzini y Renán Fuentealba .
PRECISIONES SOBRE DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VIÑA DEL MAR. Oficio.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, en días recientes apareció en los diarios de la región una información preocupante respecto del déficit que presenta la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar, que ascendería a 500 millones de pesos, pero podría elevarse por sobre esa suma.
Esta situación tiene una agravante. Hace poco menos de tres semanas, el concejo municipal le concedió un incremento de fondos por un monto de 350 millones de pesos, supuestamente, para cubrir necesidades y déficit que ya presentaba dicha corporación.
Sin embargo, ahora se agrega esta nueva suma deficitaria, que ha provocado preocupación en todos los estamentos del municipio, especialmente en los que corresponden a esa entidad, que administra el municipio de Viña del Mar.
Por lo tanto, pido que se oficie a la alcaldesa de Viña del Mar, a fin de que nos allegue todos los antecedentes sobre este presunto déficit de 500 millones de pesos, o superior a esa cifra, y nos informe sobre las siguientes materias: a cuánto asciende el déficit realmente y por qué conceptos; nuevas contrataciones, especialmente de la planta de la administración central de esa corporación; contratos a honorarios, a contrata o cualquier otra modalidad contractual, que aparentemente se habrían incrementado en forma desmesurada durante este período; monto de las remuneraciones de cada uno de los funcionarios o personal contratado y fecha de inicio de sus funciones y, por último, respecto del estado de aplicación del régimen de jornada escolar completa y realización de obras de infraestructura educacional a cargo de la Corporación y de la Secretaría de Planificación de ese municipio, explicando el retraso de los proyectos de las escuelas Adriano Machado , Aldo Francia , Ecuador , Zenteno , Enrique Cárdenas , Gastón Ossa , Santa Julia y del liceo técnico profesional de Nueva Aurora.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN AL BANCO DEL ESTADO DE SERVICIO DE PAGO DE PENSIONES. Oficio.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, es sabido que al INP le corresponde hacer los pagos a los pensionados, particularmente a quienes reciben pensiones del antiguo sistema y pensiones asistenciales.
Sin embargo, el INP llamó a licitación pública, a nivel nacional, para traspasar este servicio de pago a algún otro organismo para que lo efectúe en todo el país.
Como resultado de esa licitación, entiendo que el INP adjudicó al Banco del Estado el servicio de pago de pensiones a nivel nacional y éste, adicionalmente, subcontrató a terceras empresas para que lo efectuaran en algunas zonas del país.
Por otra parte, las condiciones en algunos lugares son muy precarias y malas, particularmente en las comunas más pequeñas, en las cuales se pagan pensiones a personas que en su mayoría son de la tercera edad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Trabajo para que informe a esta Cámara lo siguiente:
1.Las condiciones y exigencias incorporadas en los requisitos solicitados en la licitación pública a que llamó el INP para realizar el servicio de pago de pensiones.
2.Las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato mediante el cual el Banco del Estado se adjudicó dicha licitación.
3.Si en el referido contrato se establece la posibilidad de que el Banco del Estado adicionalmente pueda subcontratar a terceros el servicio de pago de pensiones. Si ello es así, en qué circunstancias y con qué empresas ha subcontratado el referido servicio y en qué comunas lo está realizando a través de terceros.
Por último, quiero que el ministro del Trabajo adjunte copia del contrato que firmó el INP con el Banco del Estado, a fin de conocer los montos involucrados, cuánto paga el Instituto por el servicio de pago de pensiones y si es posible que el Banco del Estado subcontrate terceros para realizar dicho servicio y en qué condiciones.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Chahuán .
ANTECEDENTES Y PRECISIONES SOBRE EL PLAN TRANSVALPARAÍSO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy .
El señor GODOY.-
Señor Presidente, por todos es conocida la polémica que se generó por la puesta en marcha del Plan Transantiago y su posterior postergación.
El proyecto de transporte público propuesto por el Gobierno que prometía disminuir la contaminación, acortar los tiempos de viaje y modernizar el sistema en pocos días se tradujo en el aumento de los tiempos de espera, en la falta de locomoción en las poblaciones más pobres de la Región Metropolitana y en la protesta generalizada de los choferes, quienes desconocían las condiciones a través de las cuales se transportarían sus máquinas y cómo se harían efectivos los nuevos contratos.
El Gobierno, hay que ser claros, no aceptó. Primero, atribuyó el problema a los choferes, que no transportaban a la gente. Luego, enarboló la tesis de un boicot empresarial, para, finalmente, atribuir todo a un problema de gestión de los microbuseros. Entre tanto, miles de personas intentaban subir a un bus sin conseguirlo, lo que dio lugar al transporte pirata, ilegal e inseguro.
Hoy, vemos con incertidumbre que la Quinta Región vivirá exactamente la misma situación si el Gobierno y las autoridades locales se empecinan en poner en marcha forzada el Transvalparaíso.
A fines de mayo, hicimos saber nuestra inquietud al intendente de la Quinta Región, señor Iván de la Maza , a quien le presentamos veintitrés observaciones que daban cuenta de la falta de conocimiento respecto del nuevo sistema, por lo que solicitamos aplazar la entrada en vigencia del Transvalparaíso.
En presencia de los medios de comunicación, el propio intendente desdijo al seremi de Transportes, señor Mauricio Candia , asegurando que, habiendo dudas, todo proyecto puede ser aplazado.
El tema quedó planteado y acudimos al ministro de Transportes, quien, a pesar de todas las dudas respecto de las bases de la licitación, aseguró que el Transvalparaíso iba sí o sí. Entre las dudas razonables siguen estando las siguientes: el valor de las nuevas tarifas, la disminución de los tiempos de viaje, la disminución del parque rodante, la disminución de la contaminación; respecto del funcionamiento de un sistema modal de transportes, la construcción de terminales, y el porcentaje de propiedad de los buses de la concesionaria, por nombrar sólo algunas. Ninguna de estas preguntas ha sido resuelta. Es más, ante las inquietudes planteadas formalmente a las autoridades pertinentes, ninguna ha sido capaz de responder las consultas formuladas.
Frente a la polémica generada por nuestro cuestionamiento, la seremi del ramo se encargó de informar erróneamente a la opinión pública respecto del nuevo sistema, tratando de poner paños fríos a una situación que no reviste mayor comentario. El seremi ni siquiera supo responder a la pregunta de cuánto costaría el Plan de Transporte Metropolitano del Gran Valparaíso, TMV, en circunstancias de que desde 2004 el propio biministro Jaime Ravinet dijo que sería de 6 mil millones de pesos. Lo más increíble es que no existen estudios técnicos, ni económicos, ni ambientales ni sociales para saber cuál será el verdadero impacto que tendrá dicho plan en nuestra querida región.
Desde un comienzo, las autoridades han caído, de manera reiterada, en contradicciones y promesas que no se han cumplido, comenzando por el cronograma de la licitación.
Por lo tanto, presenté un estudio objetivo y detallado de las contradicciones y promesas incumplidas de lo que se supone será el nuevo sistema de transporte del Gran Valparaíso. Primero se prometió un sistema modal de transporte, pero, al consultarle al seremi, éste dijo que no se contemplaba en las bases. Sin embargo, en los medios de comunicación indicó que los ascensores y los troles estaban considerados. Recordemos que Merval está excluido.
De este mismo modo, en el diario “El Mercurio de Valparaíso”, del 20 de mayo pasado, dijo que “Se ha asegurado que bajarán las tarifas.” Eso es absolutamente falso, puesto que al eliminar la competencia, las tarifas que se cobrarán serán las máximas.
Respecto del tiempo de viaje, es falso que disminuya. Si una persona antes tomaba un bus desde Rodelillo hasta el plan de Valparaíso, llegaba a la avenida Pedro Montt , pero ahora será a la avenida Colón y, por lo tanto, en el caso de la gente mayor, deberá tomar dos locomociones para llegar a la primera de ellas o caminar.
También es falso que se trabajó mancomunadamente con las municipalidades, ya que, incluso, en el concejo de la municipalidad de Valparaíso, en cuatro sesiones, incluida la última, del 31 de mayo pasado, se deja entrever la queja absoluta de sus miembros, los cuales aseguran que no han sido considerados.
Por estas razones, solicito que se oficie al ministro de Transportes, don Sergio Espejo , con copia al seremi de Transportes de la Quinta Región, señor Mauricio Candia , respecto de las siguientes materias:
1.Contenido del Registro Regional de la Quinta Región, con inscripciones y cancelaciones de buses y de servicios de transporte urbano remunerado de pasajeros, al 30 de marzo de 2003.
2.Contenido del Registro Regional de la Quinta Región, con inscripciones y cancelaciones de buses y de servicios de transporte urbano remunerado de pasajeros, al 21 de noviembre de 2003.
3.Contenido del Registro Regional de la Quinta Región, con inscripciones y cancelaciones de buses y de servicios de transporte urbano remunerado de pasajeros, al 15 de junio de 2005.
4.Contenido del Registro Regional de la Quinta Región, con inscripciones y cancelaciones de buses y de servicios de transporte urbano remunerado de pasajeros, al 15 de marzo de 2006.
En cuanto a los antecedentes solicitados respecto del contenido del mencionado registro, que, conforme al decreto ley N° 212, de 1992, son públicos, se pide lo siguiente:
Placa única de los buses inscritos a las fechas indicadas.
Año de fabricación de los buses inscritos a las fechas indicadas.
Número de certificados de inscripción emitidos a las fechas indicadas.
Fechas de inscripción de los buses integrantes del Registro Regional de Servicios Urbanos, a las fechas ya indicadas.
Placa única de los buses cancelados a las fechas indicadas.
Año de fabricación de los buses cancelados del Registro Regional de la Quinta Región.
Placa única de los buses cancelados del Registro Regional de la Quinta Región.
Número y fecha de la resolución de los buses cancelados del Registro Regional de la Quinta Región.
Fotocopia de las resoluciones que autorizaron nuevos servicios urbanos en la región desde el 30 de marzo de 2003 a agosto de 2006.
Placas únicas de los buses de las flotas propuestas por las empresas que se adjudicaron las unidades de negocio que se señalan en la tabla, que conforman el listado de adjudicación definitivo, publicado en el Diario Oficial del lunes 24 de julio de 2006, que forma parte de la resolución exenta N° 1.271, de 10 de julio de 2006.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado señor Francisco Chahuán.
INFORMACIÓN SOBRE GASTOS RESERVADOS DEL INTENDENTE DE LA QUINTA REGIÓN Y PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. Oficios.
El señor GODOY.-
Señor Presidente, por otra parte, pido que se oficie al ministro del Interior, Belisario Velasco , a fin de que nos informe acerca de los montos e ítems de los gastos reservados asignados al intendente regional y del gasto mensual efectuado entre los años 2000 y 2006.
Asimismo, pido que se oficie al intendente de la Quinta Región, señor Iván de la Maza , para que nos informe en detalle sobre el monto total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre los proyectos aprobados y ejecutados, indicando los que no fueron asignados ni ejecutados entre los años 2000 y 2006.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Francisco Chahuán .
DESTINACIÓN DE MAYORES RECURSOS FISCALES A INVERSIONES SOCIALES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre responsabilidad fiscal, iniciativa de suma importancia para la economía y estabilidad del país.
El proyecto considera la creación de dos fondos: uno de Reserva de Pensiones y otro de Estabilidad Económica y Social. Además, entrega recursos adicionales al Banco Central por tres mil millones de dólares durante los próximos cuatro años. Por cierto, voté a favor de la creación de los dos fondos, pero en contra de la idea de entregar recursos al Banco Central por la cantidad indicada.
En esta oportunidad, en mi calidad de parlamentario de la Concertación, quiero explicar las razones de mi oposición a ello. Lo hice, en primer lugar, porque creo que aparte de responsabilidad fiscal, también debe existir, en la misma magnitud y proporción, responsabilidad social frente a nuestra ciudadanía. En segundo lugar, porque hemos pedido paciencia a nuestros electores en los años difíciles y en coyunturas críticas, y ellos han esperado y nos han apoyado.
Siempre hemos comprendido y respaldado al Gobierno en esas situaciones, no obstante que, muchas veces, los parlamentarios, como representantes de la ciudadanía, pagamos un precio político directo por ello. El Banco Central ha vivido 26 años con déficit, y entiendo que podrá seguir haciéndolo en el futuro. Para mí, la gente está primero.
Hoy, tenemos recursos y excedentes. El país vive una situación económica que nunca antes había vivido. Me parece, entonces, que debemos respaldar un aumento de las futuras pensiones y compensar las alzas de los combustibles. Pero tenemos que atender, hoy y no mañana, las necesidades de la gente más modesta. En mi distrito, existe un cúmulo de necesidades no atendidas.
Por ejemplo, es necesario ampliar la infraestructura del hospital de Illapel con un equipamiento por 60 millones de pesos, que hemos solicitado a la autoridad sanitaria correspondiente; que tenga un mamógrafo para que las mujeres de la provincia del Choapa no deba trasladarse 350 kilómetros a La Serena para hacerse un examen.
Queremos que el hospital de Salamanca cuente con nueva infraestructura, con un nuevo equipamiento y con especialistas que pueda realizar cirugías menores, a fin de evitar que la gente deba trasladarse a La Serena.
Necesitamos resolver los problemas de endeudamiento de los pequeños agricultores que los mantienen en Dicom, que les impiden acceder a nuevos créditos y salir de su situación de sobrevivencia.
Necesitamos recursos para los pequeños mineros y pirquineros. Hoy, cuando el precio del cobre ha alcanzado los altos niveles que todos conocemos, esos trabajadores, que se han sacrificado durante 30 ó 40 años, no cuentan con recursos para adquirir nuevo capital de trabajo, como herramientas, ni con asistencia técnica que les permita explotar nuevos yacimientos.
Necesitamos un subsidio adicional de 5 por ciento para los pequeños agricultores que se verán beneficiados con la construcción del embalse El Bato, porque debido a la estratificación hecha para el reembolso de ese costo, que no subsidia el Estado y que es equivalente al 20 por ciento del costo total de la obra, esos pequeños regantes no estarán en situación de devolver o pagar la parte que les corresponde.
Necesitamos apoyo para los pescadores artesanales, que se ven afectados por no tener el capital suficiente para explotar las áreas de manejo que en virtud de la ley de Pesca que aprobamos en 1990, les fueron adjudicadas para su exclusiva explotación. También necesitamos recursos para sus caletas y para que puedan desarrollar su actividad empresarial y comercial.
Necesitamos recursos para terminar el camino longitudinal interior, que corre paralelo a la Ruta 5 Norte, vía que atraerá turistas y promoverá el desarrollo de comunas como Los Vilos y sacará de su aislamiento a otras como Salamanca. Además, permitirá la interconexión entre Illapel , Combarbalá , Monte Patria, Ovalle y La Serena, tal como ocurría antes, con la carretera panamericana interior.
Necesitamos que se construya el embalse Las Trancas, en el río Cogotí, comuna de Combarbalá, y obras que permitan mejorar el riego en comunas como Canela y Punitaqui.
Necesitamos un plan de profundización de pozos en Canela, Punitaqui , Combarbalá y en los sectores rurales de Salamanca, Illapel y Los Vilos. Además, necesitamos que se construyan obras menores de riego en la comuna de Monte Patria.
Somos los parlamentarios quienes damos la cara y los que, muchas veces, recibimos las legítimas quejas y molestias de la ciudadanía por la demora en la solución de sus problemas. Muchas veces, lo hacemos con gusto, pero no somos masoquistas perpetuos.
Con nuestro voto en contra de la idea de allegar recursos al Banco Central en los próximos años, queremos llamar la atención de las autoridades de Hacienda para que sean más sensibles ante las legítimas demandas de la ciudadanía que representamos. Les pedimos que no se encapsulen, que escuchen a la gente y que atiendan sus peticiones.
Cuando nos corresponda discutir el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el próximo año, tendremos presente lo que hayan hecho durante estos meses sobre estas materias.
Para terminar, solicito que se envíe copia de mi intervención a los ministros de Hacienda y del Interior.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Pablo Lorenzini , Francisco Chahuán y del que habla.
INSTRUCCIÓN DE NUEVO SUMARIO EN CASO DE PUENTE LONCOMILLA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, comparto plenamente la profunda meditación del diputado señor Fuentealba . Algunos intervinimos ayer en el mismo sentido.
En esta ocasión quiero referirme al caso del puente Loncomilla .
El sumario que realizó el Ministerio de Obras Públicas y que envió a la Contraloría General de la República para que evaluara la eventual aplicación de sanciones, fue devuelto por el ente contralor. ¿Y sabe por qué? Por malo, por tonto y por insuficiente. Les dice a los señores del MOP que si les pidió un sumario, por lo menos hagan algo razonable. Y lo devuelve para que lo hagan de nuevo y pongan a alguien que sepa hacer las entrevistas, porque lo que le están diciendo es nada.
No voy a agregar mucho más porque el caso del puente Loncomilla suele herir muchas susceptibilidades, muchos se asustan; pero, a lo menos, que la Contraloría dictamine si todos son blancas palomas, porque ese organismo está para fiscalizar. Ya no es el diputado Lorenzini u otros como su señoría o el diputado Fuentealba , aunque tenemos derecho a fiscalizar. Aquí se trata de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que designe a un fiscal el nuevo ministro, que no es culpable, porque esto ocurrió antes, por el prestigio y transparencia del MOP, como sucede cuando hay cosas importantes, y entiendo que Loncomilla es importante sé que el diputado Ascencio también encuentra importante el puente sobre el Canal de Chacao, para que realice un sumario como es debido y entregue los antecedentes a la Contraloría.
La Constitución Política y nuestro Reglamento establecen que un ministro tiene que ser aplicado en sus deberes, y de no ser así, se podría interpretar que hay notable abandono de deberes, con todo lo que eso significa. Más aun, con los votos de su señoría y del diputado Fuentealba aprobamos la interpelación, que ya aplicamos con el ministro de Educación. Pero, en fin, confío en que el ministro Bitrán va a dar las instrucciones para que se realice el sumario.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Renán Fuentealba y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE SEGUROS DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS. Oficio.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, a continuación voy a referirme a la autopista del Itata, una de las 28 autopistas concesionadas que tenemos en Chile.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos envíe un detalle de los seguros tomados por las empresas concesionarias de las 28 autopistas. En la de Itata, el seguro no llega al 20 por ciento, como ocurre prácticamente con la mayoría de las autopistas del país. De manera que si sucede algo catastrófico, las autopistas concesionadas, entregadas por 20 ó 30 años, no tienen respaldo.
Hoy no hay seguro para la señora que conduce, para el señor almirante o para el señor edecán, porque si se le cruza un perro o un burro, no hay seguro.
En los recientes temporales vimos que las autopistas de La Serena y de toda la Cuarta Región están aseguradas por las compañías sólo en un 15, 20 ó 25 por ciento, cuando la obligación es que lo estén en el ciento por ciento. Cuando uno le presta algo a alguna persona, lo menos que le exige, cuando se lo entregue 30 años después, es que esté asegurado en el ciento por ciento.
Al parecer, alguien se estaría ahorrando voy a usar esta palabra para que nadie se enoje y no tengamos querella cientos de millones de pesos en pólizas de seguros.
Por eso, pido que el ministro Bitrán nos envíe una lista de las autopistas concesionadas, lo que dicen las cláusulas relacionadas con hechos catastróficos, indicando cuál es el seguro que tienen hoy las compañías.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Renán Fuentealba y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Leal y Tuma.
Elimina toda forma de anatocismo en el sistema jurídico nacional. (boletín N° 4408-03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los números 2 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
I.ANTECEDENTES GENERALES.
En términos Jurídicos, se define al anatocismo como “la acumulación de los intereses devengados al capital, al afecto de producción de nuevos intereses”[1] y, se añade, “el anatocismo legal exige que los intereses sean judicialmente reclamados.”
De este modo el préstamo de un capital entre dos personas (un deudor y un acreedor) lleva asociado un cobro de intereses en función del tiempo que se pacte para que el deudor pague el capital al acreedor. Este interés puede ser definido como “el precio por unidad de tiempo que se paga por el dinero recibido en préstamo y se expresa en porcentajes que se aplican al monto del crédito.”
La palabra Anatocismo proviene del griego “aná”[2] , reiteración, y “tokimós”[3], acción de dar a interés. De esta manera una interpretación más adecuada es que el Anatocismo es el cobro de intereses por sobre intereses ya vencidos y no pagados. Un ejemplo práctico es si una persona pide un crédito por $ 1.000 por lo que se cobra un interés de $ 100, si no paga deberá $ 1.100 entonces, el interés se calcula por sobre los $ 1.100. Si continua sin ser pagado, el monto de la deuda se va incrementando, generando ganancias al acreedor por sobre el interés.
II.EL ANATOCISMO EN CHILE.
En Chile las operaciones de créditos están normadas bajo la Ley Nº 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero en la que se calcula una tasa de interés corriente con el promedio de tasas de interés cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile por operaciones realizadas en el país. El cobro de la tasa de interés no puede superar el 50% de la tasa de interés corriente, ésta es una tasa de interés máxima convencional calculada mes a mes por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Los bancos e instituciones financieras que realicen operaciones en el país están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual mantiene un riguroso control en el sector.
En el sector comercial no existe una fiscalización permanente por alguna entidad, por lo que el Servicio Nacional del Consumidor, apoya a las personas ante el no cumplimiento de las Leyes con respecto a las operaciones de crédito y de esta manera, llevar el caso al juzgado de policía local que corresponda.
Con respecto a los préstamos de créditos entregados por las casas comerciales según la circular Nº 17[4] de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras del 28 de Abril del 2006, los emisores y operadores de tarjetas de crédito que cumplan ciertas condiciones deberán estar inscritos en un registro que lleva la Superintendencia quedando en tal caso sujetas a su regulación y fiscalización.
El artículo Nº 9 de la Ley Nº 18.010 expresa, en primer término, que podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la capitalización podrá hacerse por periodos inferiores a 30 días.
Según Wilfredo Yañez González “los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior se consideran interés para la aplicación del interés máximo convencional”[5] . Por último, expresa que los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporan a ella, a menos que se establezca expresamente lo contrario. Existen dos formas de capitalización de intereses: una que necesita un pacto expreso y otra que la ley presume: “La primera especie referida opera cuando las partes convienen explícitamente que los intereses devengados se agregaran al saldo de la deuda en la época del vencimiento o renovación del crédito o de cada una de sus cuotas, pasando así los intereses devengados a formar parte de un nuevo capital o saldo productivo de intereses. La única limitación radica en que los periodos de capitalización no pueden ser inferiores a 30 días. Si se infringe la norma comentada (capitalización por periodos inferiores a 30 días o efectuadas en fechas que no corresponden a vencimientos o renovaciones), la capitalización no produce efectos y las sumas capitalizadas siguen considerándose como intereses propiamente tales para los efectos de determinar si se ha excedido o no el interés máximo convencional.”[6] Un ejemplo sobre interés compuesto es el cálculo que se hace del valor de una cuota fija para un préstamo por un crédito de $100.000 pagados en 5 cuotas con un interés de un 2%.
1
De lo anterior se desprende que los vencimientos de los intereses van siendo pagados junto a la cuota y se recalcula el interés por el monto que queda, pero de manera que el monto de la cuota se mantenga fijo.
Siguiendo con la explicación de Yáñez “la segunda forma de capitalización tiene lugar cuando los intereses correspondientes a una operación vencida no han sido pagados, en cuyo caso ellos se incorporan al capital de la deuda, salvo pacto encontrario. Esta especie de capitalización es, pues, un elemento de la naturaleza de las operaciones de crédito de dinero por cuanto la ley la presume, requiriéndose convención en contrario únicamente cuando se quiere excluir su aplicación.”[7]
Para el caso en que el deudor se constituye en retardo de pago o mora se cobra una tasa de “interés corrientes por el retardo, salvo estipulación en contrario o que se haya pactado legalmente un interés superior”, así la tasa cobrada puede ser la máxima exigible sobre lo no pagado y además se puede hacer una cobranza extrajudicial por gastos que no debe a ser mayor de un “9%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento; 6%, y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento; 3%” según la Ley 19.659, que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales.
Conjuntamente con la ley antes señalada, el Anatocismo aparece tipificado en el Código Civil, Libro Cuarto de las Obligaciones en General y de los Contratos, Titulo XII de las Obligaciones en el Artículo Nº 1.559: “si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora esta sujeta a las reglas siguientes:
1ª Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
2ª El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo.
3ª Los intereses atrasados no producen interés.
4ª La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
Por último, en la Ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores dice en su artículo Nº 38 que “los intereses se aplicarán solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario.”
III. LEGISLACIÓN COMPARADA.
Del análisis de la legislación comparada, observamos que la mayoría de los países trata de evitarlo o por lo menos limitarlo bajo ciertas condiciones. Según María Encarnación Gómez Rojo la normativa pasa desde “la prohibición absoluta del anatocismo seguida por ejemplo en el BGB[8] alemán y la de la prohibición relativa, ya que en ella se autoriza el anatocismo según concurran determinadas circunstancias. Siguen esta tendencia el Código Civil holandés, francés y español, entre otros.”[9] establece la prohibición del interés compuesto con sanción de nulidad[10]
En Francia, en el Proyecto de Código Civil se preveía la fijación de un tasa legal de interés, lo que originó una ardua discusión entre los defensores de esta postura. Por lo que se puede distinguir varias etapas dentro del ordenamiento jurídico francés. Antes de 1789 el cobro de intereses estaba prohibido en cualquier caso, como así quedaba plasmado en la Ordenanza del comercio terrestre de 1673. De 1789 a 1804 los intereses podrían ser libremente estipulados y capitalizados. A partir de 1804 existe la posibilidad de que sean libremente estipulados, pero no capitalizados y, desde la promulgación de la Ley de 3 de Septiembre de 1807, no pueden ser capitalizados ni libremente fijados. Por tanto, los redactores del Código Civil francés de 1804 continuaron defendiendo la gratuidad del préstamo por naturaleza, debiéndose los intereses a través de una estipulación expresa, y distinguiendo la posibilidad de pactar intereses o de que estos fueron debidos de forma legal.
Además, el artículo Nº 1.154 establece tres disposiciones a favor del deudor: en primer lugar, para que corran los intereses de los intereses no basta que el acreedor requiera al deudor para que los pague, sino que es necesario que intente una acción especial ante los tribunales de justicia para obtener esta capitalización. Dicha capitalización sólo puede hacerse cuando se trata de intereses debidos por lo menos durante un año entero, de lo que se deriva que la capitalización no puede comenzar hasta la terminación del año y, por último, los intereses del capital sólo alcanzan a producir intereses cuando están vencidos. Siguiendo estas orientaciones francesas, el Código Civil español de 1889 precisaba que el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses. En este sentido, los intereses vencidos son susceptibles de capitalizarse (es decir, ser considerados como capital debido) y devengar nuevamente intereses (anatocismo). Este resultado se llega a producir por vía legal o convencional en virtud de lo dispuesto en el art. 1109. Por su parte, el BGB en sus artículos 248 y 289 establece la prohibición del interés compuesto con sanción de nulidad10. La legislación italiana también se refiere al anatocismo tanto en el art. 1.232 del Código Civil de 1865, que distinguía entre interés legal o convencional y entre intereses comerciales o no, como en el 1283 del Código de 1942 que ha reducido el límite de la suma de los intereses vencidos a partir del cual se puede reclamar judicialmente de un año a 6 meses a contar, en la mayoría de los casos, desde el día de la interposición de la demanda judicial reclamándolos.” En el contexto latinoamericano, analizadas las experiencias de Argentina, Bolivia, Colombia, México y Uruguay, encontramos que estos países siguen manteniendo normas que regulan el anatocismo. Cabe destacar que en ninguno de estos países este está prohibido totalmente, puesto que si bien en los Códigos Civiles de todos ellos se condena, siempre tienen excepciones que lo permiten en ciertas circunstancias. Además si bien se puede encontrar una gran similitud con las normativas que se revisan en Francia, la mayoría de estos países mantienen sus propias excepciones en las normas de las cuales es posible mantener el anatocismo.
1.Argentina
En Argentina existe una prohibición relativa del anatocismo puesto que en el Código Civil argentino en el articulo Nº 623 dice “No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.” Así si el deudor no tiene dinero para cancelar la deuda tendrá que capitalizarla por la suma del capital mas los intereses adeudados, permitiendo el anatocismo.
A través de la Ley Nº 25.239, del año 1999, artículo Nº 18, se permite cobrar interés sobre intereses. Esta dice: “en caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiese devengado, éstos, transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos en este artículo.”
2.Bolivia
Si bien el Código Civil y el Penal lo prohíbe, esta figura se encuentra permitida a través del Decreto Ley Nº 14.379 y por circular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El Código Civil artículo Nº 412 (prohibición del anatocismo) dice que “están prohibidos el Anatocismo y toda otra forma de capitalización de los intereses. Las convenciones en contrario son nulas”.
Por su parte, el Código Penal de Bolivia capítulo IX habla del delito de usura en el articulo Nº 360 y Nº 361, en donde en el primero define el delito de la usura y en el segundo la califica como usura agravada si existe algún tipo de Anatocismo.
En contradicción, la SVS a través de la circular Nº 499 del 2005 de la se reglamenta la tasa de interés señalando en el Articulo 6º que: “el Anatocismo esta prohibido salvo la existencia de las circunstancias previstas en el Articulo 800º del Código de Comercio.” Permitiendo de esta manera una forma de anatocismo.
Revisando el Código de Comercio en el Decreto Ley Nº 14.379, el Art. Nº 800 (Capitalización de Intereses) dice: “No se puede capitalizar intereses devengados y aún no pagados, salvo que ello se haya convenido con posterioridad a la celebración del contrato o cuando el acreedor demande judicialmente su pago. Empero en cualquiera de estos casos deben concurrir las siguientes circunstancias:
1)Que los intereses se adeuden por mas de un año; y
2)Que la mora en el pago del capital e intereses no sea imputable al acreedor.
Es nulo el pacto en contra de lo dispuesto en este artículo.
Las operaciones de los bancos y entidades de crédito, se sujetan, además, a lo dispuesto en el Titulo “Contratos y Operaciones Bancarias”.”
3.Uruguay
Si bien no se autoriza expresamente, se da la posibilidad de cobrar intereses sobre intereses en virtud del artículo 2.215 del Código Civil. Lo que se confirma con lo establecido por el artículo Nº 718 del Código de Comercio: “en las obligaciones comerciales, los intereses vencidos pueden producir intereses por una convención especial. En defecto de convención, los intereses devengados, por cada año corrido, pueden capitalizarse”. Se pueden capitalizar intereses devengados por menos de un año por medio de una convención entre las partes.
4.Colombia
En principio el anatocismo esta prohibido, tal como lo expresa el Título XXX del Código
Civil sobre mutuo o préstamo el articulo Nº 2.235:”se prohíbe estipular intereses de intereses.”. Este artículo fue declarado “Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-364-00 del 29 de marzo de 2000.”[11]
Por su parte, en el Código de Comercio el artículo Nº 886, sobre anatocismo, señala que “los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos.” Permitiendo de esta forma el anatocismo.
La Ley Nº 45, de 1990, acerca de normas relativas a las instituciones financieras, en el artículo Nº 65, de acusación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias, dice: “En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella.
Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.”
Esta misma norma, en su art. 4569, indica que “cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando comprendan sólo intereses.”
5. México
En México ante un escenario de altas tasas de inflación, el principio de capitalización de intereses ayudaba a contrarrestar la amortización acelerada del crédito. El Código Civil Federal dice en el artículo Nº 2.397 que “las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.”
El artículo Nº 363 del Código de Comercio establece, para las operaciones de préstamo mercantil, que “los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Las contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos”.
Finalmente, en el artículo Nº 68 de la Ley Federal de Protección al Consumidor actualizada al 6 de Junio del 2006 “únicamente se podrán capitalizar intereses cuando exista acuerdo previo de las partes, en cuyo caso el proveedor deberá proporcionar al consumidor estado de cuenta mensual. Es improcedente el cobro que contravenga lo dispuesto en este articulo.”
IV. NUESTRA PROPUESTA.
Estimamos que transcurridos 25 años desde que el gobierno militar rompió el sistema establecido desde la vigencia del Código Civil, en 1857, abriendo un nuevo rumbo en la orientación de la política financiera y especialmente en las operaciones de crédito de dinero, es necesario plantearse esta cuestión que incluso tiene reibetes éticos.
Después de todo lo expuesto, parece bastante patente que el anatocismo es una forma de usura. La usura supone la ruptura de la equidad que debe prevalecer en todo convenio cuya cuantificación dependerá del tipo de contrato de que se trate, del periodo histórico que se estudie y del ámbito civil o eclesiástico en el que el investigador se centre.
No se puede confundir sin más el cobro de un interés (entendido en el sentido de recibir más de lo que se dio sea excesivo o no) sin justificación en un contrato determinado o la estipulación de una elevación del interés para el supuesto de mora (pues en este caso se trataría de una cláusula penal) con el anatocismo, pues este instituto jurídico solamente puede tener lugar cuando una vez admitido el cobro de intereses se admite también que éstos, vencidos y no satisfechos, se unan al capital originario para producir nuevos intereses, bien legal o bien convencionalmente, de forma que solamente existe anatocismo si se exige el interés del interés del primitivo contrato, pero no si se exigen intereses respecto de un contrato nuevo y distinto, lo que jurídicamente se denomina novación.
La abolición de la norma del Código Civil que daba estabilidad al sistema trajo perniciosas consecuencias a quienes recurrían y recurren al empréstito de dinero en el sistema financiero, originando un elevado endeudamiento en la población y un enriquecimiento injusto aunque legal, de los operadores del sistema financiero.
Las oportunidades de consumo, especialmente de los grupos socioeconómicos de menores ingresos, están vinculadas a las oportunidades de crédito que obtengan del circuito comercial. A este respecto, a contar de la década de los 80, que coincide con la dictación de la ley 18.010, el acceso al crédito de consumo se ha expandido, progresivamente, como consecuencia del desarrollo económico y del acelerado crecimiento del sistema financiero chileno. Esto, significó que a Diciembre de 1995, un total de 1.4 millones de familias, habían contraído créditos de consumo en bancos y financieras y 1,2 millones de familias, directamente en casas comerciales, con una sostenida tendencia a aumentar en el resto de la década.
Sin embargo, la atractiva oferta de bienes y las facilidades de crédito, ha dado lugar a procesos de endeudamiento, entendido como una contratación de créditos, por encima de la capacidad de los ingresos del hogar, destinados al pago de deudas y compromisos financieros. De acuerdo a los montos de las deudas contraídas en el sistema financiero formal y los montos de ingresos promedios de los grupos socioeconómicos del país, se estima que los deudores del grupo AB, pueden pagar todas sus deudas en 5 meses, el grupo C1 en 16 meses, pero los grupos C2 y C3, donde se acumula el 69% de todas las deudas del consumo en Chile, solo podrían pagar el total adeudado en 28 y 26 meses respectivamente (6).
En diciembre de 2005, el Presidente del Banco Central estimó que las familias chilenas estaban endeudadas en una suma equivalente al 43 % de sus ingresos. El mismo informe, asimismo, señala que la deuda de los hogares tanto con entidades bancarias como de otras índoles creció en 16 por ciento durante los últimos 12 meses.
El Banco Central estableció como base de comparación para verificar el aumento del endeudamiento en la tasa registrada en el año 2000 cuando el pago de préstamos de cada hogar ascendió al 35 por ciento de sus ingresos.
Atendido el nivel de endeudamiento y a que gran parte de los chilenos pagan intereses sobre intereses, haciéndose más pobres con un crédito más caro, es imprescindible volver a la sana y legítima institución que prohibe el anatocismo.
Nuestra legislación se ha ido perfeccionando en este sentido, hasta antes de la última modificación de ley 18.010 (Ley N° 19.951 de 2004) se permitía la llamada cláusula de aceleración en virtud de la cual la falta del pago de una cuota podía hacer exigible el total de la obligación, incluyendo los intereses no devengados.
Esta cláusula es la que permitió a Eurolatina despojar impunemente de sus bienes raíces a cientos de chilenos.
Actualmente las disposiciones pertinentes de la Ley 18.010 señalan lo siguiente:
Artículo 1°- Son operaciones de crédito de dinero aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención...
Artículo 2°- En las operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital. Artículo 6º.- Interés corriente es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país...
No puede estipularse un interés que exceda en más de un 50% al corriente que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional.
El delito de “usura” sigue tipificado en nuestra legislación, pero ahora el máximo convencional no es un 10% sobre el interés “legal”, sino un 50% sobre el interés “corriente”. Este interés corriente y el máximo convencional lo determina mensualmente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se publica en el Diario Oficial dentro de la primera quincena del mes siguiente, y rige hasta la próxima publicación.
Existen diferentes tasas de interés corriente, según se trate de operaciones reajustables o no reajustables; en moneda nacional o extranjera; a más o a menos de 90 días; o según su monto. Las más usadas por el público son las operaciones a más de 90 días, en moneda nacional, no reajustables. En este tipo de operaciones la SBIF determina 3 tasas distintas de interés máximo convencional anual, según se trate de:
Operaciones inferiores o iguales a 200 UF
Operaciones entre 200 y 5000 UF
Operaciones superiores a 5000 UF
Para calcular el equivalente mensual de la tasa anual simplemente se divide por 12, lo que es matemáticamente erróneo, pues se trata de interés compuesto, en que se cobra intereses sobre intereses (anatocismo).
Para ilustrar el tema daremos un ejemplo de un caso de operaciones a más de 90 días y menores a 200 UF:
Tasa máxima convencional anual: 38.10%
Supuesta tasa mensual equivalente (Anual/12): 3.175%
Como los intereses son compuestos (anatocismo) la aplicación mecánica de esta supuesta tasa “equivalente” tiene el siguiente efecto:
2
Lo anterior representa un 59,00% de interés anual y un 20.90% anual más sobre la tasa máxima convencional. Esto es lo que buscamos evitar.
Finalmente, este proyecto armoniza nuestra legislación al reconocer como un inicio del término del anatocismo la norma del artículo 38 de la Ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, conforme al cual los intereses se aplican solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Derógase el artículo 9° de la ley N° 18. 010 y toda otra norma que pérmita estipular intereses de intereses, cualquiera sea la naturaleza de la operación.
Moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Allende, doña Isabel; Cristi, doña Angélica; Nogueira, doña Claudia; Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Barros; Díaz del Río; Jarpa; Kast; y Sabag.
Modifica normas de procedimiento en la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y deroga el artículo 234 del Código Civil. (boletín N° 4409-18)
FUNDAMENTOS
El 30 de agosto de 2004 se dicta la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia. El objetivo central de la nueva normativa fue dotar al sistema de administración de justicia, de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de conflicto para el cual el anterior sistema -disperso entre los juzgados de menores, los juzgados civiles, o los juzgados con competencia común, según el caso, carecía de una respuesta específica: el de naturaleza familiar.
El desafío asumido con la implementación de la ley, el 1 de octubre de 2005, consistió no sólo en aumentar la capacidad y celeridad del sistema para resolver conflictos, sino en ocuparse en el modo cómo lograrlo para que las decisiones sean socialmente adecuadas y percibidas como legítimas, de manera más transparente, sin intermediarios entre el juez y las partes, dentro de un enfoque interdisciplinario que busque acuerdos pacíficos y que considere la opinión de los niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, la nueva normativa creada por la ley 19.968 constituyó una respuesta dentro de un procedimiento que propone soluciones cooperativas y consensuadas acordes con el tipo de conflicto que se ventila, y cuyos principios que informan el procedimiento sean la oralidad, desformalización, concentración, inmediación, actuación de oficio, colaboración, y protección de la intimidad e interés superior del niño, niña o adolescente.
Considerando
Que, sin embargo, luego de 9 meses de su puesta en marcha, y al término de un exhautivo análisis que se contiene en un informe efectuado por la Comisión de Familia de esta H. Corporación, respecto del origen de la excesiva demora en la tramitación de las causas por parte de la nueva justicia de familia, sus integrantes, que concurrieron en su estudio y acuerdo, vienen en presentar una serie de modificaciones que tienen por objeto corregir errores de procedimiento que dificultan su uso, lo hacen excesivamente burocrático e inoperante, como, asimismo, deficiente en la aplicación práctica de los principios que lo informan y que tuvo en vista el legislador al crear los tribunales de familia.
CONTENIDO
1)Vida futura del menor:
Las normas que se propone derogar imponen obligaciones a los jueces, respecto de la decisión sobre la vida futura del menor, sin definir la ley apropiadamente de qué se trata ni la forma en que se puede atender a su cumplimiento. Además, por la amplitud del modo como se establece, incluso puede importar la abdicación ante los jueces de obligaciones que corresponden en primer lugar a los padres; los jueces sólo deberían conocer este tema cuando los menores puedan ser objeto de medidas de protección según las reglas generales. En este punto, se propone modificar las dos normas que contemplan la obligación citada, tanto en la ley N° 19.968 como en el Código Civil.
2)Concentración de la audiencia:
En la actualidad, el juez sólo puede suspender una audiencia durante su desarrollo, hasta por dos veces.
La modificación propuesta pretende dar mayores facultades al juez para suspender la audiencia, incluso en forma anticipada, por motivos fundados; la razón obedece a que muchas veces no se alcanzan a realizar las notificaciones necesarias, o no son recibidos los informes periciales solicitados, haciendo inútil la realización de ésta, lo que se sabe generalmente con antelación; por lo tanto, con la propuesta se evitaría el gasto innecesario de horas juez y la pérdida de tiempo para los interesados de concurrir al tribunal, si no es posible llegar a una conclusión satisfactoria para éstos, al no contarse con todos los elementos necesarios para el desarrollo de la audiencia.
3)Publicidad:
Conforme a las reglas imperantes en la mayoría de los cuerpos normativos modernos, y con el objeto de adecuar los principios de la reforma de la justicia de familia a los criterios que han iluminado las últimas modificaciones en materia constitucional y todas las reformas de las diferentes áreas de la administración de justicia, se hace necesario establecer la publicidad como un principio rector del procedimiento a seguir por los juzgados de familia, salvaguardando siempre las naturales excepciones que deben respetarse en atención a las especiales materias que deben conocer estos tribunales, y otorgando la debida protección a la intimidad de las partes o de los menores que puedan verse afectados.
En atención a lo expuesto, se propone establecer, dentro del párrafo que determina los principios que informan el procedimiento, el principio de la publicidad en los juzgados de familia, con el propósito de que sea la regla general en sus actuaciones pero respetando en su totalidad las normas ya establecidas acerca de la protección de la intimidad, al permanecer en el juez la facultad de decretar la reserva y prohibición de difusión de datos del proceso, cuando así lo estimare, mediante resolución fundada.
4)Asesoría Letrada:
La práctica forense ha demostrado que la actuación personal de las partes que mayoritariamente concurren a la justicia de familia, dificulta la presentación de sus pretensiones y causa gran demora y recarga de trabajo para el tribunal.
Por lo tanto, se debe incluir en la ley, como un principio que informa el procedimiento, la asesoría letrada, materia que está en consonancia con las normas constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, y del derecho internacional ratificado por nuestro país.
Sólo en casos de excepción, el juez podrá permitir la prescindencia de un letrado, siempre y cuando no implique el riesgo de restar imparcialidad a la labor del juez, ni menos obligarlo a asumir estrategias de defensa para alguna de las partes.
5)Archivo Provisional:
Se trata de modificar la institución del abandono del procedimiento, especialmente, en causas de protección y violencia intrafamiliar, con el objeto de incorporar la posibilidad de archivar los antecedentes.
En este punto, la idea es que no se produzcan los efectos propios del abandono del procedimiento (cosa juzgada), permitiendo revivir la causa, toda vez, que es de la naturaleza de muchos de los asuntos que se tramitan ante los tribunales de familia, el ser revisados constantemente. De esta forma, se hace más expedito desarchivar un expediente que iniciar un nuevo procedimiento una vez declarado su abandono. Muchas veces las audiencias fracasan por falta de notificación, o por falta de interés de los actores en proseguir su tramitación, aunque sea susceptible de continuarse, por lo que es mejor archivar que emitir una sentencia con efectos permanentes para las partes, además de que siempre subsiste la regla general del Código de Procedimiento Civil sobre el abandono del procedimiento.
No obstante lo anterior, se resguarda el derecho de las personas en los casos de mayor gravedad, obligando al juez a citar a una segunda audiencia antes de ordenar el archivo de los antecedentes.
6)Eliminación de la segunda fecha de audiencia:
Se trata de eliminar en forma definitiva la segunda fecha de realización de la audiencia preparatoria que exige la ley, por su falta de uso, eficacia y pertinencia.
La idea es eliminar la obligación que asiste a los jueces de tener que fijar, al recibir una causa, dos fechas para la realización de la audiencia preparatoria, medida que recarga inútilmente la agenda de los jueces sin que muchas veces haya necesidad, y postergando así la fijación de audiencias más próximas para los que sí lo necesitan de manera urgente.
7)Suspensión condicional de la dictación de la sentencia:
La ley concede al juez la facultad de otorgar el beneficio de suspender condicionalmente la dictación de la sentencia a un denunciado o demandado por violencia intrafamiliar, bajo ciertas condiciones establecidas en la propia ley, como una forma de incentivar a los primerizos a no reincidir; una de esas condiciones hace inoperante la concesión de este beneficio, esto es, que no exista alguna denuncia o demanda previa sobre los mismos hechos de violencia intrafamiliar, aunque sea en contra de otras personas.
Sin embargo, tal exigencia no parece razonable, al impedir la aplicación de un beneficio establecido para infractores primerizos sin que exista certeza jurídica de la comisión de los hechos denunciados o en qué se basa la denuncia o demanda; la práctica demuestra que suele suceder que la presentación de la demanda no siempre lleva a la continuidad del juicio sino que sólo tenía por objeto servir de instrumento de presión para el demandado. Por lo tanto, se pretende reemplazar tal exigencia por una más certera, como resulta ser la sentencia condenatoria previa, en que se tiene la convicción de que se ha proseguido un juicio, se han rendido los medios probatorios establecidos por la ley y ambas partes han tenido la oportunidad de ser escuchados por un tribunal imparcial.
8)Término del proceso:
Se trata de establecer y regular otras maneras de poner término al procedimiento, distintas de la sentencia ejecutoriada, con criterios de realidad y adaptación a los conflictos de familia.
Por las razones expuestas, las Diputadas y Diputados firmantes, integrantes de la Comisión de Familia, vienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968:
A. Derógase el numeral 7 del artículo 8°[1]
B.Agrégase un inciso segundo al artículo 11[2] del siguiente tenor:
“Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá suspender anticipadamente la realización de la audiencia por motivos fundados.”.
C.En el párrafo primero, del Título III, De los principios del procedimiento:
1.En el artículo 15 [3]:
a)Sustitúyese la expresión “Protección de la intimidad”, que encabeza la norma, por la palabra “Publicidad”.
b)Agrégase, a continuación del punto seguido que precede al título, la siguiente frase con que se incia el párrafo: “Las actuaciones del tribunal serán públicas. Con todo,” y reemplazando el artículo “El”, que sigue al punto (.), por la voz “el”.
2.Intercálase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:
“Artículo 16 bis.- Asesoría letrada. En los asuntos sometidos al conocimiento de los juzgados de familia, los comparecientes tendrán derecho a disponer de asesoría jurídica en la defensa de sus intereses.”.
D.En el párrafo segundo, del Título III, De las reglas generales: Reemplázase el artículo 18[4], por el siguiente:
“Artículo 18.- Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, la comparecencia de las partes se regirá por lo dispuesto en la ley
N° 18.120.”[5]
E.Sustitúyese el artículo 21[6] , por el siguiente:
“Artículo 21.- Archivo provisional. Si llegado el día de la celebración de las audiencias fijadas no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a ordenar el archivo de los antecedentes.
No obstante, previo a ordenar el archivo provisional, en los asuntos a que se refieren los números 8), 10), 12) y 13) del artículo 8º[7] , el juez citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia, bajo apercibimiento de continuar el procedimiento y resolver de oficio.”.
F.Derógase el inciso segundo del artículo 59[8] .
G.Sustitúyase, en la letra b) del artículo 97[9], las expresiones “denuncia o demanda” por “sentencia condenatoria previa”.”.
H.Incorpórase un nuevo inciso segundo al artículo 100[10] , pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:
“Podrá además terminar por acuerdo de las partes o a requerimiento de la víctima si la decisión de ésta fuere manifestada en forma libre y voluntaria y el juez así lo apreciare, previo informe del Consejo Técnico, y siempre que no existan antecedentes previos”.
Artículo 2°.- Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 234 del Código Civil[11].
Moción de los diputados señores Silber, Burgos, Duarte, Girardi, Mulet, Olivares, Ortiz; Sepúlveda, don Roberto; Walker, y de la diputada señora Goic, doña Carolina.Sobre Derechos del Consumidor y Comercio Electrónico. (boletín N° 4410-03)
“El país, desde 1997, dispone de un marco general de protección a los consumidores, el que se expresa en la Ley 19.496 y sus modificaciones, y en un conjunto de normativas, orientadas a mercados particulares. Resulta necesario continuar, en este sentido, en el esfuerzo de fortalecer el funcionamiento y competitividad de nuestra economía, la transparencia en la información disponible, y un adecuado equilibrio entre los distintos actores involucrados, tal como ocurre en las economías más avanzadas, donde esta mayor simetría en las relaciones se estima una plataforma indispensable para el buen funcionamiento de la economía.
El progresivo desarrollo del comercio electrónico obliga a buscar, con las peculiaridades del caso, esta misma transparencia y equilibrio en la información disponible a fin de facilitar el proceso de toma de decisión de los consumidores, por lo anterior resultaría un paso de importancia desarrollar la presente iniciativa, en virtud de la cual, los consumidores o usuarios dispondrán, en las paginas Web o Sitios de las empresas legalmente representadas en nuestro país que publiciten, desarrollen comercio electrónico y/o comercio convencional, un enlace (recall) el sitio del Sernac donde podrán acceder al conjunto de reclamos formulados por otros consumidores o usuarios respecto de un producto determinado y a las eventuales respuestas que las empresas hubiesen presentado a los referidos reclamos. De este modo se le dará un mayor dinamismo al mercado, estimulando la competitividad y facilitando las decisiones de los consumidores quienes dispondrán de una información mas acabada y transparente.
En consecuencia, venimos en proponer a esta honorable Cámara el siguiente proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
PROYECTO DE LEY:
Artículo Único.- Agrégase el siguiente artículo 32 Bis, a la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores:
Artículo 32 Bis.- Las empresas que en nuestro país realicen ventas, que presten servicios, y que dispongan de un sitio en Internet, desde donde, desarrollen publicidad, comercio electrónico y/o comercio convencional, deberán tener en estos, un enlace al sitio del Servicio Nacional de Consumidores, Sernac.
El Sernac, Recepcionará, ordenará y publicará los reclamos remitidos por los consumidores o usuarios, esta información será accesible desde el sitio de la empresa que los origine, para que así los reclamos puedan ser referenciados de manera discriminada es decir, a un producto o servicio determinado ofrecido por la empresa desde la cual se accedió. el Sernac de la misma manera deberá publicar las respuestas correspondientes a cada reclamo si estas existieran.
Moción de los diputados señores Araya, Díaz del Río, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag, Silber, Venegas, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra.Elimina la indemnización compensatoria del artículo 42 del la Ley de Concesiones de Obras Públicas. (boletín N° 4411-09)
“La Ley de Concesiones ha tenido por fin, mediante alianzas público privadas, dotar al país de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo.
Es del caso que el artículo 42 de la mentada ley establece el derecho de los concesionarios a reclamar judicialmente el pago de las multas impagas al Juez de Policía Local competente, en un monto exagerado, y que excede en su misma naturaleza, a los principios básicos de equidad.
El derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin previo auto expropiatorio. El espíritu de la disposición constitucional apela a prohibir el enriquecimiento sin causa o ilícito. Nadie puede enriquecerse sin un título que justifique la ganancia. La Ley de Concesiones establece que más allá de la indemnización, el usuario moroso debe pagar una “indemnización compensatoria”, establecida por ley, y ala cual el juez está obligado a condenar, que asciende nada menos a 40 veces la suma adeudada.
Así ocurre en un caso acreditado, en el cual los usuarios debían inicialmente la suma de 30.817 pesos, los que reclamados judicialmente quedaron en 606.450 pesos. Otro caso implicó la suma inicial de 656.350 pesos, los que reclamados judicialmente, ascendieron a 26.254.000 pesos. Otro caso tuvo como sanción final la suma de más de 160.000.000 de pesos.
Las ganancias de las concesionarias no justifican en los hechos un criterio tan desproporcionado. Parece que el Decreto con Fuerza de Ley ha establecido un enriquecimiento ilícito por ley, o que es una contradicción odiosa, que debe ser corregida.
Así lo han entendido los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Lamberto Cisternas, Mario Rojas, y el abogado Hugo Llanos, quienes en juicio, determinaron que la indemnización compensatoria establecida en la Ley de Concesiones puede “llegar a constituir un enriquecimiento injusto, desde que no responde a la existencia de un daño; particularmente si se tiene presente que previamente se ha ordenado el pago de la tarifa adeudada con reajustes e intereses, lo que significará compensación de la obligación y de la mora”
Otro aserto defendido por los ministros es que los jueces son utilizados como meros instrumentos de cobranza, juez boca de la ley, sin facultades de apreciar pruebas ni circunstancia alguna que fundamente el cobro de una indemnización, por mas compensatoria que pretenda ser, convirtiéndola, en el fondo, en una “multa privada”.
Asimismo, más allá de los principios del derecho constitucional, del derecho patrimonial civil, y de la jurisdicción, vemos poco criteriosa la indemnización compensatoria, toda vez que incentiva el cobro judicial, más que el cobro regular, por lo beneficioso de las primeras.
Por lo tanto, venimos en presentar el ss. Proyecto de Ley.
Suprímese en el artículo 42 del Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Obras Públicas .N° 164 de 1991, ley de Concesiones de Obras Públicas, la formula contenida entre la voz “hecho”, incluida la coma (“,”), hasta la voz “valor”.
Agréguese el ss. Nuevo inciso 3°. “Quien cometa el incumplimiento señalado en el inciso 1°, pagará una multa de 1 UTM a beneficio fiscal, siendo competente el Juzgado de Policía Local correspondiente al del domicilio del infractor.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Aplica multa a quien dé a conocer identidad de agente encubierto. (boletín N° 4412-07)
“Considerando:
1.Que el artículo 30.- de la ley N°20.000, de 16 de febrero de 2005, establece un mecanismo de protección a testigos, peritos, agentes encubiertos, reveladores, informantes y cooperadores eficaces;
2.Que el artículo 31 del mismo cuerpo legal sanciona con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo a quien proporcione información que permita descubrir la identidad de las personas citadas en el considerando anterior;
3.Que el inciso segundo del artículo 31.- sólo aplica multa al director del medio de comunicación social que difunda la identidad de la persona protegida, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ArtÍculo Único: Reemplázase el inciso segundo del artículo 31.- de la ley N° 20.000 por el siguiente:
“La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y una multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social se impondrá a su director la misma pena.”
Moción de los diputados señores Bustos y Burgos.
Modifica la ubicación sistemática del delito de manejo en estado de ebriedad incorporando nuevo título al Código Penal y aumenta la penalidad en hipótesis que indica. (boletín N° 4413-07)
“H. Cámara:
1.Historia legislativa y derecho comparado.- En la regulación actual del delito que en la legislación y doctrina comparada, específicamente en la alemana, se conoce como “puesta en peligro en el tráfico vial”, comprendido dentro de los “Hechos de peligro público”[1] , existían hasta hace poco a lo menos dos ámbitos normativos en la legislación chilena, en primer lugar, en el art. 121 de la derogada ley N°17.105, se tipifican varias hipótesis del delito de manejo en estado de ebriedad, y en segundo lugar, en el artículo 115 de la ley 18.290, sobre tránsito terrestre, se tipifica el delito de conducción de un vehículo bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes. Con las reformas introducidas por la ley 19.495 (nueva ley de alcoholes), y la N°20.068, modificativa de la ley de tránsito que incorpora el art. 196 C, que se propone enmendar por la presente iniciativa.
2.Problemática relacionada con estos delitos.- El problema sustancial, consiste en determinar en el caso fáctico particular, cuando una persona se encuentra manejando en estado de ebriedad y cuando se encuentra manejando bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes. Esto ha quedado entregado exclusivamente al criterio del tribunal y la jurisprudencia imperante, ya que como la ley no ha especificado que porcentaje de alcohol en la sangre significa ebriedad, y cual, sin estar ebrio, seria conducir bajo la influencia del alcohol.
Frente a este caos legislativo, el criterio de los tribunales a la fecha, es hacer suya las pautas que ha dado sobre el particular la Excelentísima Corte Suprema, que determinó que bajo un gramo por mil de alcohol en la sangre configura, la conducta de manejar bajo la influencia del alcohol. Sin perjuicio de lo anterior, la medicina legal, en algunos casos estima que se maneja en estado de ebriedad cuando el conductor registra 1.5 gramos por cada 1000 de alcohol en la sangre, y menos de este porcentaje sería bajo la influencia de bebidas alcohólicas [2].
A modo de aclaración y sin perjuicio de los matices que se puedan esbozar sobre este complejo tema, podemos destacar dos grandes corrientes jurisprudenciales opuestas:
a)Por una parte, se han pronunciado sentencias que consideran que, la alcoholemia por si sola no tiene el valor de plena prueba, aduciendo el argumento que “El tanto por 1000 del alcohol en la sangre de un individuo no es un índice seguro, cierto y absoluto, probatorio del estado de ebriedad del imputado. No es una verdad científica que un determinado tanto por 1000 de alcohol en la sangre demuestra que la persona se encuentre o no ebria. Los efectos del alcohol no son idénticos e iguales en todos los individuos: hay personas que pueden injerir una gran dosis de alcohol sin embriagarse, y también las hay que, después de absorber una cantidad pequeña de bebidas alcohólicas resultan en manifiesto estado de ebriedad. Ello depende, más que del alcohol ingerido, de factores personales o subjetivos del sujeto, de su resistencia y tolerancia ordinarias, de su actual estado de salud, de su habitualidad o abstinencia en el consumo de bebidas alcohólicas, etc. Por otra parte no es dable precisar como norma general y científicamente establecida, cual es el tanto por mil de alcohol en la sangre indicativo del estado de ebriedad. Es algo arbitrario y conjetural estimar que cualquier cifra superior a 1 por 1000 o a otra cantidad cualquiera compruebe el estado de ebriedad. En este terreno solo caben hipótesis y no pueden comprobarse soluciones definitivas y ciertas” (Fallos del mes, N° 124, pp. 24, sentencia 44.)[3].
b)Por otra parte, en la jurisprudencia nacional, se han dictado sentencias que consideran que la alcoholemia por si sola tiene el valor de plena prueba, esgrimiendo el argumento de que “si bien es verdad que el informe de alcoholemia no es una diligencia probatoria de preponderancia única para establecer el estado de temperancia en que se desempeña el conductor de un vehículo, tampoco lo es menos que ella, la señalada por excelencia en la Ley-artículo 111 inciso segundo de la ley de alcoholes vigente- con tal objeto y que, siendo así, debe estimarse procesalmente como una presunción fundada de enorme fuerza convictoria, cuyo merito deberá desvirtuarse por prueba contraria muy completa”. (Revista de derecho y jurisprudencia, tomo LX, segunda parte, sección cuarta, año 1962, pp.32)[4].
3° Ahora bien, adscribiendo a la tesis esbozada en la letra a), por lo absurda distinción que realizan las leyes 18290 y 17105, entre manejo bajo la influencia del alcohol y conducción en estado de ebriedad respectivamente, por las funestas consecuencias que trae al interprete la aplicación de algunas de estas hipótesis al caso concreto y fundamentalmente por la intensa afectación que esta actividad peligrosa importa para la salud y vida de las personas (sobre este punto nos referiremos en el siguiente numeral) es que venimos a proponer la siguiente iniciativa legislativa.
4° Un estudio relativo “Al siniestro de tránsito y victimas por causas año 2005” elaborado el año 2005 por la Comisión Nacional de seguridad de Tránsito tomando como fuente datos proporcionado por Carabineros de Chile, señaló que ese año, 2005, hubo un total de 46328 siniestros de tránsito, equivalente a 100%, de este universo, 2927 accidentes de tránsito, tuvieron como causa el alcohol en el conductor, como consecuencia de ésta, fallecieron 209 personas y 4062 personas sufrieron lesiones por esta causa. Es por esto que resulta evidente que corresponde a la esencia del derecho, entendido como orden próspero de convivencia humana y proteger la conservación de las bases de la subsistencia de la humanidad con los medios más enérgicos que él posee, es decir, los del derecho penal [5].
Pero además de la protección penal, es necesario que esta regulación sea unitaria, sistemática y orgánica, esto por la importancia de los bienes que se pretende tutelar.
3. Ideas matrices.- Con las modificaciones introducidas por la ley 20.068, al establecer una rebaja de la penalidad, en el art. 196 C de la ley de tránsito, ha llevado a que en la practica el Ministerio Público pueda hacer uso de las facultades que le franquea la ley -especialmente aplicación del principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio, etc.- para no perseverar en la persecución penal de este delito.
Por lo tanto, el objeto de este proyecto de ley, con la creación de un nuevo título del Código Penal, “De los delitos de peligro común”, en el cual se regula en forma exclusiva en el Código punitivo -y terminando con la distinción absurda entre conducción en estado de ebriedad y maneja bajo la influencia del alcohol- el delito de puesta en peligro en el tráfico vial por ingerir bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes y aumentado las penas en estas hipótesis delictivas, se pretende terminar con la desidia del Ministerio Público en cuanto a la persecución penal de este delito, y castigar en forma enérgica la conducción en estado de ebriedad, como hipótesis de puesta en peligro de la vida y la integridad física de las personas.
Es por eso que los diputados que suscriben, vienen en someter a la consideración de este Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. 1.°.- Agréguese en el Código Penal el siguiente Título XI de “Delitos de peligro común”, Párrafo I “Conducción en estado de embriaguez”:
Título XI “De los delitos de peligro común” Párrafo I “Conducción en estado de embriaguez”
Artículo 493-A.- “El que conduzca un vehículo motorizado en el tráfico, y no este en condiciones de conducir el vehículo con seguridad a causa de ingerir bebidas alcohólicas u otros medios de embriagantes, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y con multa de cinco a diez UTM. El juez deberá además, suspender la licencia de conducir, por el lapso de tres meses.
Sí la licencia de conducir es necesaria para el desarrollo o ejercicio del empleo del imputado o procesado, el juez deberá sustituir la pena de suspensión de ésta por trabajos comunitarios, siempre que sean voluntarios”.
Artículo 493-B.- “El que conduzca un vehículo motorizado en el tráfico, y a causa de ingerir bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes, y produzca lesiones de las contempladas en el artículo 397 N° 1 de este código a una o más personas, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y suspensión de seis a 24 meses de su licencia de conducir.
Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior se produzcan lesiones del artículo 397 N° 2 de este código, se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y suspensión de tres a seis meses de su licencia de conducir”.
Artículo 493-C.- “El que conduzca un vehículo motorizado en el tráfico, y a causa de ingerir bebidas alcohólicas u otros medios de embriagantes, produzca la muerte de una o más personas, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo y suspensión perpetua de su licencia de conducir”.
Art. 2.°.- Deróguese el art. 196 C.
Moción de los diputados señores Arenas, Álvarez, Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Norambuena, Urrutia, Von Mühlenbrock y Ward.Permite a las personas la portabilidad de los números telefónicos. (boletín N° 4414-09)
“La normativa vigente, le asigna al regulador la responsabilidad de asignar rangos de numeración telefónica a los operadores de redes telefónicas móviles y fijas, según las necesidades expresadas por éstos.
En este marco, es el operador quien ejerce como asignatario de la numeración y no al abonado telefónico. Los contratos de servicio telefónico, incluso, permiten a las empresas cambiar el número telefónico de un usuario, sin restricciones más allá de la oportuna notificación.
La asignación de la numeración está hoy radicada en las empresas, y se reconoce como una barrera a la competencia, toda vez que la pérdida del número constituye un costo para el cliente que desea cambiar de proveedor telefónico. La portabilidad del número, en el mediano plazo, elimina esta barrera.
Entonces, sería importante establecer la portabilidad del número telefónico por parte de los usuarios. De esta manera, se disminuyen las barreras y se aumenta el nivel de competitividad del sector.
Además, con el sistema de portabilidad del número telefónico que se propone se evita la inmovilidad en el mercado de la telefonía; ya que, por una pclrte, los usuarios podrán optar con libertad el servicio que mejor les parezca sin que esto signifique perder su número telefónico de red fija o celular, y, por la otra, las empresas telefónicas estarán obligadas a brindar un mejor servicio en el entendido que no tendrán capturados a los usuarios que prefieran mantenerse en determinada compañía por el sólo hecho de conservar su número telefónico. En consecuencia proponemos el siguiente,
PROYECTO DE LEY:
Articulo Primero: Agréguese a la Ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones las siguientes modificaciones:
1)Agréguese el siguiente inciso 3° al artículo 24:
“Sin perjuicio de lo anterior, y respecto a los planes de numeración de telefonía fija y celular, todo usuario tendrá derecho a conservar su número telefónico y a trasladarlo a otro concesionario de un mismo tipo de servicio telefónico. Los concesionarios de servicios telefónicos deberán establecer un sistema que permita al usuario portar consigo su número telefónico en caso que adhiera a otro servicio que provea un concesionario distinto del que está suscrito.”.
2)Agréguese el siguiente artículo 6° transitorio:
“Los concesionarios de servicios telefónicos deberán tener en funcionamiento el sistema de portabilidad del número telefónico respecto del cual se hace referencia en el inciso tercero del artículo 24 de la presente ley, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes de su entrada en vigencia.”.
Artículo Segundo: Agréguese a la ley N° 19.496 sobre Protección al Consumidor, un nuevo artículo 3° Quater, del siguiente tenor:
“Todo usuario de telefonía fija o celular, tendrá el derecho a conservar su número telefónico y a trasladarlo a otro concesionario de un mismo tipo de servicio telefónico.”