Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jaime Mulet Martinez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Claudia Nogueira Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Eduardo Diaz Del Rio
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES ESPECIALES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- RÉPLICA A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- V. ORDEN DEL DÍA
- SUPRESIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Olivares Zepeda
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE SUECIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- SUPRESIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL SOBRE AHORRO DE ENERGÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Manuel Rojas Molina
- Marisol Turres Figueroa
- Enrique Estay Penaloza
- Felipe Ward Edwards
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marcos Espinosa Monardes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CAMBIO DE FECHA DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Eduardo Diaz Del Rio
- Ximena Valcarce Becerra
- Rosauro Martinez Labbe
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Estay Penaloza
- Manuel Rojas Molina
- Fernando Meza Moncada
- Guido Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DE LA LEY RESERVADA DEL COBRE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Fulvio Rossi Ciocca
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Antonio Leal Labrin
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Monsalve Benavides
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Alvaro Escobar Rufatt
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL SOBRE AHORRO DE ENERGÍA.
- VII. INCIDENTES
- SUMARIO EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Sepulveda Hermosilla
- PROTECCIÓN PREVISIONAL PARA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO A LA JUNAEB. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE CONCESIONES Y ENAJENACIÓN DE TERRENOS EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- RETRASO EN ENTREGA DE SUBSIDIOS Y CRÉDITOS INDAP. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POSTA DE ADULTOS EN EL HOSPITAL ALBERTO HURTADO Y LICITACIÓN DE HOSPITAL DE LA FLORIDA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Duarte Leiva
- MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES POR CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- TERMINACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR CATRICO, DE VILLARRICA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS DE EMISIÓN DE GASES EN PLANTAS UBICADAS FUERA DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- ASFALTADO DE CAMINO DE LONCOCHE A CALAFQUÉN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- DISCRIMINACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE TRABAJOS EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TRAIGUÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- ELIMINACIÓN DE PROGRAMA DE RADIOEMISORA DE CALAMA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- ALCANCES SOBRE EXPRESIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- SUMARIO EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Oficio.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Lobos Krause
- Rosauro Martinez Labbe
- Ivan Norambuena Farias
- Osvaldo Palma Flores
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Julio Dittborn Cordua
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Sergio Correa De La Cerda
- Enrique Estay Penaloza
- Ivan Moreira Barros
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 58ª, en martes 8 de agosto de 2006
(Ordinaria, de 11.08 a 14.39 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Réplica a alusiones personales. Aplicación del artículo 34 del Reglamento11
Permisos constitucionales13
Autorización a comisiones especiales para sesionar simultáneamente con la Sala13
V.Orden del Día.
Supresión de funciones administrativas de personal de Carabineros de Chile. Primer trámite constitucional13
Modificación del convenio de seguridad social entre la República de Chile y el Reino de Suecia. Primer trámite constitucional38
VI.Proyectos de acuerdo.
Campaña publicitaria nacional sobre ahorro de energía41
Cambio de fecha de renovación de permisos de circulación43
Derogación de la ley reservada del cobre46
VII.Incidentes.
Sumario en contra de funcionarios del Instituto de Salud Pública. Oficio48
Protección previsional para manipuladoras de alimentos de empresas que prestan servicio a la Junaeb. Oficios51
Información sobre solicitudes de concesiones y enajenación de terrenos en región de Magallanes. Oficio52
Retraso en entrega de subsidios y créditos Indap. Oficio52
Información sobre programas gubernamentales para la pequeña agricultura. Oficio53
Antecedentes sobre construcción de posta de adultos en el hospital Alberto Hurtado y licitación de Hospital de La Florida. Oficios54
Modificación del sistema de pensiones por capitalización individual. Oficios54
Terminación de obras de agua potable rural del sector Catrico, de Villarrica. Oficio56
Flexibilización de normas de emisión de gases en plantas ubicadas fuera de la Región Metropolitana. Oficio56
Asfaltado de camino de Loncoche a Calafquén. Oficio57
Pág.
Discriminación en la asignación de cupos de trabajos en comunas de la provincia de Malleco. Oficios57
Mantenimiento y conservación de caminos rurales de Traiguén. Oficios58
Eliminación de programa de radioemisora de Calama. Oficios59
Alcances sobre expresiones de la ministra de Educación. Oficio59
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Proyecto iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. (boletín N° 439811)61
2.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de “discusión inmediata” para el despacho del proyecto sobre responsabilidad fiscal. (boletín N° 400005)83
3.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de “suma” para el despacho del proyecto que establece un régimen simplificado para determinar el impuesto a la renta de los micro y pequeños contribuyentes (pymes). (boletín N° 424603)84
Oficios de S.E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia calificada de “simple” para el despacho de los siguientes proyectos:
4.Exime a vehículos internados al país bajo el régimen de zona franca de extensión del cumplimiento de normas de emisión dictadas con posterioridad a su fecha de fabricación. (boletín N° 439203)84
5.Modifica la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral. (boletín N° 425006)84
6.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de “simple” para el despacho del proyecto que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables. (boletín N° 403004)85
7.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (boletín N° 432207)85
8.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en los proyectos que “establece como feriado el día 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen, en sustitución del feriado legal correspondiente de Corpus Christi, y en el que “establece el día 16 de julio de cada año como feriado regional en la Primera Región de Tarapacá, con motivo de la Fiesta Religiosa de la Virgen del Carmen de la Tirana”. (boletínes N° s 337906 y 386806)96
9.Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en los proyectos que otorgan permiso por muerte y nacimiento de parientes que indican. (boletines N°s 413813 y 423613)101
Pág.
10.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Barros, Bobadilla, García, Lobos, Martínez, Norambuena, Palma, Sepúlveda don Roberto y Von Mühlenbrock, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, estableciendo como infracción grave el no pago de peaje. (boletín N° 439915)109
11.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Monckeberg, don Cristian y Monckeberg, don Nicolás, que modifica el artículo 442 del Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar el delito de robo en un lugar no destinado a habitación. (boletín N° 440007)110
12.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Monckeberg, don Cristian; Monckeberg, don Nicolás y Sabag, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un menor. (boletín N° 440113)111
13.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Dittborn, Bauer,
Bobadilla, Correa, Estay, Moreira, Norambuena, Salaberry y Von Mühlenbrock, que modifica el artículo 494 del Código Penal, aumentando sanciones a conductores del transporte público colectivo que realicen hurtos dentro de sus funciones. (boletín N° 440207)112
Oficios de la Excma Corte Suprema mediante los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
14.Modifica diversas disposiciones del Código Procesal Penal, especialmente referidas a los delitos de hurto y robo (boletín N° 429207)113
15.Modifica el artículo 132 del Código Procesal Penal, con el objeto de asegurar la realización de la primera audiencia judicial en que comparecen los detenidos. (boletín N° 421607)116
16.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero. (boletín N° 362607)117
17.Oficio del señor José Luis Cea Egaña, Presidente del Tribunal Constitucional, por el cual remite, para fines pertinentes, copia de la sentencia pronunciada con fecha 4 de julio del presente año. (Rol N° 481)126
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones.
Del Diputado señor Mulet quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 7 de agosto en curso, para dirigirse en Visita Oficial a Quito, Ecuador.
2.Licencias médicas.
Licencia prenatal acompañado por la diputada señora Nogueira, doña Claudia, mediante la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un lapso de 42 días a contar del 6 de agosto en curso.
Licencia médica acompañada por el Diputado señor Díaz, don Eduardo, por la cual acredita que deberá permanecer en reposo durante un lapso de 7 días a contar del 7 de agosto en curso.
3.Oficios.
Del ex Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar quien, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del N° 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicita autorización para ausentarse del país entre los días 9 y 11 de agosto en curso para dictar conferencias en la República Dominicana y Colombia; los días 18 de agosto y 1 de septiembre para visitar Praga, Viena, Salzburgo y Oslo, y los días 5 y 8 de septiembre para dirigirse a Brasil, en Reunión de Naciones Unidas.
De la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a intervención electoral por el cual requiere el consentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 10 de agosto en curso, de 11 a 13 horas, para recibir información sobre la materia.
Contraloría General de la República:
DiputadoMartínez, asesoría de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bíobío, Essbio, a Comités y Cooperativas de agua potable rural.
DiputadoBertolino, municipio de la Higuera, Cuarta Región.
DiputadoBertolino, deuda de la municipalidad de La Higuera y créditos descontados por planilla a sus profesores y funcionarios.
DiputadoBertolino, deudas de municipalidad La Serena.
DiputadoHernández, sobre escuela 88 Canadá, Osorno.
DiputadoHernández, apelación Municipalidad de Osorno en resolución de propuesta pública: concesión del “Terminal de Buses de Osorno”.
DiputadoSepulveda, don Roberto, sobre contratación de funcionarios a honorarios en departamento de personal de la Municipalidad de Maipú.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, fiscalización en la Municipalidad de Estación Central en relación a cargos a contrata.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
DiputadaGoic, incumplimiento compromisos comerciales de Argentina y aplicación tarifa diferenciada combustible a consumidor extranjero.
Ministerio de Defensa Nacional:
DiputadaPacheco, disponibilidad transporte en emergencias.
Diputado Álvarez, marinos mercantes o tripulantes de cubierta titulados en Chile.
DiputadoEgaña, instalación de Comisaría de Carabineros en San Pedro de la Paz.
DiputadoRossi, denuncia amenaza de muerte contra su padre y campaña de desprestigio contra su persona por parte del alcalde de Iquique.
Ministerio de Agricultura:
DiputadoDelmastro, corte de árboles ribera río Iñaque, comuna de Máfil.
Diputada Pascal, cumplimiento de Empresa AgrícolaSuper Ltda. de resoluciones contra contaminación ambiental en localidad de la Manga, provincia de Melipilla.
DiputadoDíaz, don Marcelo, negociación de tenencia de tierra de crianceros de La Serena.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
DiputadoAlvarado, subvención señalada en DS 230, de 2005, a vecinos de Chonchi, provincia de Chiloé.
Municipalidad de Maipú.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, antecedentes de la empresa contratista “Inspecciones y Proyectos Ltda.”
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, los ministros del Interior (s), señor Felipe Harboe; de Justicia, señor Isidro Solís, y del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade.
Concurrió, además, el senador Hernán Larraín.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 53ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 54ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, ¿a qué materia corresponde la sentencia remitida, mediante oficio, por el presidente del Tribunal Constitucional, que figura en el último punto de la Cuenta?
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, debo informar que el oficio del Tribunal Constitucional, referido a la causa caratulada “State Street Bank and Trust Company con Inversiones Errázuriz Limitada y otros”, ha sido acogido a tramitación y que se ha decretado remitir copia del mismo y de dicha resolución a la Cámara de Diputados, a fin de que en el plazo de diez días haga sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
Se hará llegar al diputado Maximiano Errázuriz copia del recurso de inaplicabilidad que motivó su consulta.
RÉPLICA A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).-
El diputado señor Eugenio Tuma ha pedido hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, he pedido hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento, que establece la posibilidad de utilizar un tiempo de cinco minutos para una acción reivindicativa en favor del diputado cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad.
Ayer, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, María Carolina Herrera , declaró absuelto al senador Nelson Ávila por la querella por injurias y calumnias que el suscrito había presentado en su contra.
Dicho fallo no se funda en la veracidad de las afirmaciones del senador, sino en la convicción de la jueza de que Ávila hacía uso de un derecho a informar, aun cuando la información que poseía no fuera cierta y afectara el honor y el prestigio de otras personas; y debido a que el diputado que habla tiene el carácter de autoridad pública, su derecho a la honra tiene restricciones y límites.
Lamentablemente, en las informaciones de prensa sobre este fallo no queda suficientemente claro que las imputaciones que realizó el mencionado senador en su libro “La gran infamia” en contra de este diputado, quedaron total y absolutamente desmentidas en el curso del juicio oral que tuvo lugar ayer.
En primer lugar, el senador Ávila señaló que el diputado que habla figuraba en una de las fotos en que el señor Spiniak aparecería desnudo y que éstas habían sido acompañadas en el proceso en su contra. Sin embargo, en el juicio oral, la defensa del senador no probó la existencia de tales fotos y, por supuesto, mucho menos que quien aparecía en esas imágenes fuera este diputado. Esta declaración posteriormente fue aclarada en el tribunal por el querellado señor Ávila.
En segundo lugar, el senador señaló que yo había realizado gestiones ante la Conama en favor del empresario Jorge Rabié , por las cuales habría recibido 20 millones de pesos. En el tribunal dejé absolutamente en claro que jamás hice una gestión en la Conama; que nunca he visitado ese organismo; que no conocí ni conozco a sus autoridades, y que no he hecho gestión alguna en favor del señor Rabié. Por lo tanto, tampoco recibí dinero alguno.
En la misma inserción, publicada el 10 de abril de 2006, es decir, hace menos de 90 días, en el Diario Financiero y en otros medios, el señor Ávila reconoce que todo lo escrito en su libro se basó en la información errada que le entregó el señor Humberto Contreras , hoy procesado por los tribunales de justicia y con auto de procesamiento confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Precisamente, una de las querellas por la cual fue encargado reo es por el cargo que me formuló.
En tercer lugar, el senador Ávila , en inserción pagada en el Diario Financiero, publicada el mismo día, reconoce que don Jorge Rabié no ha participado en maniobra alguna para involucrarme en el caso Spiniak, más aún cuando es un hecho claro y evidente que, en este caso, no he tenido participación alguna. Agrega además que no existen elementos de juicio para sostener que haya incurrido en fraude tributario o en malas prácticas, como otorgar dádivas a un parlamentario.
En consecuencia, queda claro que no aparezco en la foto con Spiniak; queda claro que no recibí dádivas; queda claro que no participé con Rabié ni con nadie en complot alguno en su contra.
No es necesario decir que si Ávila declara públicamente, a través de inserciones o en un juicio oral abierto y transparente, que todo lo escrito relativo al señor Rabié era falso, también lo era lo que señaló respecto de quien habla, a quien involucraba, junto a Rabié, en sus publicaciones y declaraciones.
Se ha dicho también que el señor Claudio Spiniak habría sido uno de los principales financistas de mi campaña parlamentaria, lo cual es falso. Reconozco que en mi primera campaña, en 1993, recibí un modesto aporte del entonces gerente y próspero empresario como reconocimiento a nuestro vínculo comercial, puesto que yo era uno de los principales distribuidores de los productos Té Club, situación que no volvió a repetirse, ya que a partir de entonces me he dedicado prácticamente por entero a la actividad política.
Asimismo, debo consignar que, al presentar su libro, el senador Ávila declaró que lo había escrito porque no tenía ninguna posibilidad de que su honor fuera reivindicado en los tribunales. Es decir, tomó la justicia por sus propias manos. Agregó a lo anterior: “Una desazón profunda me impulsó a reaccionar con un texto que contiene mis presunciones acerca de lo que pudo estar detrás de estos hechos”. Es decir, el libro del senador fue escrito por su desconfianza en la justicia chilena, basándose en presunciones e informaciones que le entregaron terceros y que, a la postre, resultaron procesados por lo mismo.
Por último, debo dejar en claro que el fallo absolutorio del senador Ávila no se debió a que probó lo que expresó respecto del suscrito, sino a que la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía consideró que la intención del senador era informar y no injuriar, y que, colocados en un mismo nivel la libertad de información y el derecho a la honra de un parlamentario, primaba la libertad de informar sin límites por sobre el derecho al honor de un hombre público, aun cuando no hayan sido ciertas esas afirmaciones.
Esto sienta un precedente que impide que el buen nombre y el honor de los hombres públicos estén protegidos.
He dicho.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor LEAL (Presidente).-
Los Comités parlamentarios han acordado sugerir a la Sala que acceda a la petición del ex Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar para ausentarse del país entre los días 9 y 11 agosto en curso, para dictar conferencias en la República Dominicana y en Colombia, los días 18 de agosto y 1 de septiembre, para visitar Praga, Viena , Salzburgo y Oslo, con el mismo objeto, y los días 5 y 8 de septiembre, para dirigirse a Brasil, en reunión de las Naciones Unidas.
Si le parece a la Sala, se accederá la sugerencia de los Comités.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Jaime Mulet para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 7 de agosto en curso, para dirigirse en visita oficial a Quito, Ecuador.
El señor DITTBORN.-
Que se vote, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES ESPECIALES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a intervención electoral, para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 10 de agosto en curso, de 11 a 13 horas, para recibir información sobre la materia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 9 de agosto en curso, con el objeto de recibir información sobre la materia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
SUPRESIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde considerar, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Edmundo Eluchans.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 4322-07, sesión 47ª, en 11 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 7 de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Hago presente a la Sala que se encuentra presente el ministro del Interior subrogante, señor Felipe Harboe.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre este proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República.
Constancias reglamentarias previas.
La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones en diversos cuerpos legales para suprimir funciones de tipo administrativas de Carabineros de Chile.
Normas de carácter orgánico constitucional.
De conformidad con lo que establece el artículo 118 de la Constitución Política, corresponde aprobar con quórum orgánico constitucional el artículo 4° del proyecto.
Normas de quórum calificado.
No hay.
Normas que requieren trámite de Hacienda.
De acuerdo con lo prescrito en el Nº 4 del artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Comisión determinó que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes.
Antecedentes.
El mensaje hace presente que Carabineros de Chile, junto con la Policía de Investigaciones, por mandato constitucional, tiene la función de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
La institución necesita que la mayor parte de su personal esté abocado al cumplimiento de dichas labores y, en especial, a la prevención y represión de la delincuencia.
Por tal objetivo, se propone modificar diversas normas legales: el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, el Código del Trabajo, el decreto con fuerza de ley N° 216, de 1931, sobre organización y registro de empadronamiento vecinal; la ley N° 18.290, del Tránsito; la ley N° 18.490, sobre Seguro Obligatorio de Accidentes del Tránsito; el decreto ley N° 3.557, sobre protección agrícola; la ley N° 18.775, sobre Organización y Atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero, y la ley N° 19.419, sobre Publicidad y Consumo de Tabaco.
Ideas matrices o fundamentales.
El proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones en diversos cuerpos legales para suprimir funciones de tipo administrativas de Carabineros de Chile.
Discusión del proyecto.
Asistió a la Comisión el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, señor Jorge Claissac Schnake , quien reiteró los fundamentos del proyecto ya señalados, manifestando que el Gobierno considera que todos los medios con que cuenta Carabineros de Chile deben ser destinados a la prevención del delito, a garantizar el orden público y la seguridad pública interior, y no a trámites administrativos.
Además, concurrieron el general director de Carabineros, señor José Alejandro Bernales , y el director de personal, general inspector, señor Gustavo González , quienes manifestaron su posición a favor del proyecto y dieron algunos antecedentes que considero importante poner en conocimiento de la Sala.
Según las estadísticas, el 2005 se efectuaron 236 mil notificaciones de resoluciones judiciales, con un promedio diario de 925,5 carabineros dedicados a esas funciones.
Por aplicación del Código del Trabajo, se efectuaron 6.030 notificaciones, con un promedio diario de 234 carabineros.
Los salvoconductos otorgados con motivo de cambios de domicilio alcanzaron a 102.201, con un promedio de 178 carabineros.
Las constancias por daños en colisión de vehículos llegaron a 177.593, con un promedio diario de 54 carabineros.
Las constancias por seguro obligatorio de accidentes personales fueron 49.127, con un promedio diario de 628 carabineros.
Las notificaciones de resoluciones sobre control obligatorio de plagas llegaron a 7.139, con un promedio diario de 27,9 carabineros.
Todas estas cifras, según el general director y del general inspector, demostrarían lo acertada que resulta la propuesta del Gobierno.
La Comisión recibió también al director de la Policía de Investigaciones, quien dijo que están de acuerdo con la iniciativa.
Asimismo, el gerente de la Fundación Paz Ciudadana, señor Gonzalo Vargas Otte , manifestó en ella que algunas de las normas que se contemplan en este proyecto de ley pueden tener un impacto en el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia del sistema, pero que, en general, son secundarias en su impacto potencial.
A su juicio, algunas de las normas no tienen una evidencia empírica que permita evaluar cuál es la incidencia potencial de las modificaciones propuestas. Para tener una postura certera, habría que hacer un análisis caso a caso de acuerdo a la conveniencia práctica y a las ventajas comparativas que puedan tener cada una de las instituciones.
Insistió en que la Fundación Paz Ciudadana tiene más bien una mirada centrada en los aspectos de gestión.
Finalmente, señaló que no hay claridad sobre cuál es la carga de trabajo que esto significa; que la Fundación no tiene una postura dogmática, sino que más bien estima que debe hacerse un análisis caso a caso y, por tal razón, prefiere no pronunciarse ni a favor ni en contra del proyecto.
El abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Rodrigo Delaveau Swett , señaló que el proyecto cumple con el propósito de liberar a Carabineros de funciones administrativas y que, en definitiva, salvo un par de aspectos menores, daba su opinión favorable.
En el mismo sentido se manifestaron los profesores de derecho penal y procesal penal, respectivamente, señores José Luis Guzmán Dalbora y Raúl Tavolari Oliveros.
Votación general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el mensaje, y luego de recibir las explicaciones de los representantes del Ejecutivo y las opiniones y exposiciones de las instituciones y profesores de Derecho invitados, que permitieron a sus miembros formarse una opinión sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Díaz, don Marcelo , Eluchans , Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg, don Nicolás ; señora Turres y señores Walker y Ward.
Discusión particular.
El artículo 1º, que tiene como propósito introducir una modificación al Código de Procedimiento Penal, sometido a votación, se aprobó por ocho votos a favor y tres abstenciones.
El artículo 2º, que introduce una modificación al Código Procesal Penal, sometido a votación, se aprobó por nueve votos a favor y tres abstenciones.
El artículo 3º, que modifica el Código del Trabajo, también fue aprobado por nueve votos a favor y tres abstenciones.
Quiero hacer presente que estos tres artículos eliminan una frase contenida en una disposición que faculta encomendar a las policías el cumplimiento de trámites de notificación de resoluciones judiciales.
El artículo 4°, quizás, fue el que más polémica produjo en el debate de la Comisión, puesto que traspasa el trámite de obtención de salvoconducto a la municipalidad respectiva cuando se desea efectuar una mudanza desde un domicilio a otro.
Los diputados Leal, Monckeberg , don Nicolás, Ward y quien habla propusimos una indicación, que fue rechazada, que tenía por objeto suprimir, lisa y llanamente, el salvoconducto.
Como esa indicación no se aprobó y el Ejecutivo insistió en la necesidad de liberar a Carabineros de este trámite burocrático y administrativo que consume muchas horas de trabajo, finalmente fue aprobada por unanimidad la propuesta del Ejecutivo.
Pero quiero hacer presente que en estos momentos los diputados integrantes de la Comisión estamos tratando de obtener el consenso para una propuesta distinta a la del Ejecutivo y a la de suprimir el salvoconducto. En definitiva, se trataría de reemplazar el trámite del salvoconducto por un procedimiento muchísimo más sencillo. Lamentablemente, por la urgencia, esta indicación no podría volver a la Comisión. Por tanto, estamos trabajando y esperamos estar en condiciones de que se solicite la unanimidad para que sea votada en la Sala.
El artículo 5°, que fue aprobado por unanimidad, modifica disposiciones de la ley de tránsito, con el objeto de eliminar la obligación de dejar constancia ante Carabineros de daños materiales provocados en accidentes del tránsito.
El artículo 6°, que modifica el artículo 22 de la ley N° 18.490, que regula el seguro obligatorio para accidentes personales causados por la circulación de vehículos motorizados, se aprobó por unanimidad con una indicación de los diputados Araya y Soto, doña Laura.
El artículo 7°, que tiene por objeto modificar el inciso tercero del artículo 6° del decreto ley N° 3.557, sobre Protección Agrícola, fue aprobado, sin discusión, por unanimidad.
El artículo 8°, que propone modificar el artículo 19 de la ley N° 18.755, sobre organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero elimina funciones administrativas de Carabineros, fue aprobado, sin discusión, por unanimidad.
El artículo 9°, que tiene por objeto modificar el artículo 15 de la ley N° 19.419, sobre publicidad y consumo de tabaco, con la finalidad de sustraer a Carabineros de la obligación de fiscalizar el cumplimiento de la referida ley, se aprobó por 7 votos a favor; 2 votos en contra y 1 abstención.
Por último, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, el proyecto es interesante en la medida en que la policía se dedique al combate de la delincuencia más que a aspectos administrativos que le quitan gran cantidad de horas, ya que como sociedad queremos proteger a las personas de la acción de los delincuentes.
Por eso, estamos de acuerdo con la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, porque una vez que sea ley de la República significará que la policía uniformada deje de hacer las notificaciones que le encargan los tribunales, diligencias que perfectamente puede hacer un ministro de fe o un receptor judicial, según el caso. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un juez decide hacer alguna notificación en el marco del procedimiento penal, a fin de citar a algún testigo, o cuando se quiere notificar sobre alguna resolución, tareas que se encomiendan a Carabineros, en circunstancias de que esas gestiones, por supuesto muy importantes, pueden quedar en manos de los ministros de fe de los tribunales.
Asimismo, también existen notificaciones en materia laboral que se encargan a Carabineros, en especial la que dice relación con la presentación de una demanda, en circunstancias de que esa labor pueden cumplirla perfectamente bien los receptores judiciales.
Un aspecto discutible por los efectos contraproducentes dice relación con que al sacar a Carabineros de la función de notificar, quizás podría atentarse en contra de la necesaria agilidad de los procesos. Pero, a mi juicio, la actuación de los ministros de fe puede reemplazar en forma adecuada dicha labor efectuada hasta ahora por la policía uniformada, máxime si, desde los puntos de vista técnico y jurídico, ellos son competentes en la materia y quienes deben cumplir deberían haberlo hecho siempre con esas funciones.
En relación con la iniciativa de ley, aprobada por el Congreso Nacional, sobre control de consumo del tabaco, se estableció que su aplicación y control quedaría a cargo de Carabineros. Sin embargo, creo que es bueno que hayamos sacado a la policía uniformada de esa función, no obstante lo discutible que podría ser dicha medida, dado que algunos pueden pensar que esa importante ley quizás no tendrá real eficacia en la medida en que su aplicación no será controlada por Carabineros. A mi juicio, en esta materia existirá un fuerte control social sin perjuicio del que, además, existirá por parte de los organismos de salud y de la respectiva municipalidad, y creo que los restaurantes serán los primeros en aplicar las medidas para cumplir con la ley, porque, en caso contrario, los clientes tendrán derecho a reclamar y a presentar la denuncia correspondiente.
Por lo tanto, creo que es adecuado reemplazar el accionar de Carabineros, de manera que se dediquen a las labores que más interesan en materia de prevención del delito.
A mi juicio, las modificaciones al proyecto van en la línea correcta.
Otro tema importante que generó una interesante discusión, al cual se refirió el diputado informante, señor Eluchans , dice relación con la eliminación del salvoconducto. Al respecto, muchos pensamos que si bien puede aparecer como una institución un tanto añeja, en alguna medida sirve para combatir la delincuencia, dado que obliga a quienes se cambian de domicilio, en especial cuando arriendan, a contar con una autorización que acredite que han pagado las cuentas respectivas. Por eso, creo que es bueno mantener el salvoconducto, para lo cual se está buscando una solución consensuada, de manera de crear una alternativa distinta, a lo que estoy abierto. Por lo tanto, si entre todos logramos establecer una disposición que reemplace en forma adecuada a dicha institución, estaría dispuesto a aprobarla.
Una vez que sea ley de la República, esta importante iniciativa servirá para que Carabineros se dedique a lo más esencial, que es el combate contra la delincuencia para retirarlos de funciones que muchas veces son administrativas y burocráticas.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, anuncio que vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, trataré de ser muy breve y macollado como dicen los huasos, por lo que iré directamente a los puntos que explican en qué consiste este proyecto.
A través de esta iniciativa se pretende separar a funcionarios de Carabineros de numerosas tareas que hoy deben efectuar y que, a juicio del Gobierno compartido por los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pueden llevarlas a cabo perfectamente bien otros funcionarios civiles.
Si aprobamos este proyecto yo votaré que sí y recomiendo entusiastamente votar en ese sentido a los demás colegas, sacaremos a muchos carabineros de su tarea de notificaciones judiciales. Los tribunales, los jueces civiles y en lo penal, cuentan con receptores habilitados para practicarlas y son ellos quienes deben hacerlo. Hoy, por la vía de la excepción, es Carabineros quien está recargado con esa labor, lo que le impide concentrarse en lo que la gente necesita y pide, que es la prevención del delito.
Además, se les relevará de las notificaciones de los juzgados del trabajo. Actualmente, también por la vía de la excepción, son ellos quienes practican notificaciones en esta materia.
Asimismo, se excluirá a Carabineros de la función de otorgar salvoconductos cuando las personas se cambian de domicilio. Debido a una ley bastante antigua, dictada durante la primera presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo, se agregó en la normativa sobre arrendamientos dicha obligación.
También se los liberará de algunas notificaciones en materia de tránsito. Actualmente, en aquellos accidentes que tienen como consecuencia lesionados, el conductor está obligado a dar cuenta del hecho a la autoridad policial más cercana, para los efectos de la denuncia ante el tribunal correspondiente. Si bien esa tarea continuará en manos de Carabineros, se modificará lo siguiente: si en un accidente sólo resultaren daños materiales y los conductores acudieren a dar cuenta a Carabineros del sector, dicha unidad policial hará constar el hecho en el Libro de Guardia y sólo formulará la respectiva denuncia ante el juzgado de policía local competente si alguno de los interesados lo solicitare.
En la práctica, quienes se ven involucrados en un accidente del tránsito, concurren a las unidades de Carabineros con el solo objeto de dejar constancia de los daños, por lo que se suprimirá esta tarea y se la entregará a quienes corresponde: las compañías de seguros.
Igualmente, vamos a reformar el artículo 22 de la ley Nº 18.490, que regula el seguro obligatorio para accidentes personales causados por la circulación de vehículos motorizados, y vamos a descargar a Carabineros de esa labor para entregársela a las compañías de seguros que se dedican a este rubro.
Por último, los exoneraremos de algunas notificaciones que debe practicar el SAG, las cuales debieran efectuar los mismos agentes de ese organismo tan importante de sanidad vegetal y animal.
Estas normas apuntan en la dirección absolutamente correcta. No estamos hablando de detalles. Hoy, 236 mil notificaciones de resoluciones judiciales son practicadas por Carabineros, con un promedio diario de 925,5 carabineros y de 789.901 horas/hombre por día.
Por ejemplo, en 1995, las notificaciones en materia laboral fueron 6.030, con un promedio diario de doscientos treinta y cuatro carabineros, quienes trabajaron 15.766 horas/hombre por día.
Los otorgamientos de salvoconductos, con motivo de cambios de domicilio, ascendieron a 102.201, con un promedio diario de ciento setenta y ocho carabineros y un promedio de trabajo de 938 horas/hombre por día.
El número de constancias por daños en colisión de vehículos, para efectos de seguro, sumó a 177.593, con un promedio diario de cincuenta y cuatro carabineros y 616 horas/hombre por día.
Las constancias por seguro obligatorio de accidentes personales, alcanzaron a 49.127, con un promedio diario de seiscientos veintiocho carabineros y 1.366 horas/hombre por día.
Las notificaciones de resoluciones sobre control obligatorio de plagas, fueron 7.139, con un promedio diario de 27,9 carabineros y 16.587 horas/hombre por día.
En cuanto a la fiscalización de consumo y publicidad de tabaco, hay una cantidad importante de funciones que hoy son realizadas por carabineros.
Repito que no estamos hablando de detalles. Con este proyecto podremos descargar a Carabineros de la gigantesca tarea de realizar gestiones que efectúan muchos de sus funcionarios, con una carga importante de horas/hombre por día, que perfectamente pueden realizar civiles. Todos sabemos que nuestros representados, quienes nos eligieron diputados, nos reclaman todos los días por la inseguridad ciudadana. Necesitamos más carabineros dedicados a las tareas de prevención de la delincuencia y de aprehensión de los delincuentes. La iniciativa va en esa línea y la votaremos favorablemente.
Al respecto, han surgido algunas críticas, que he leído en editoriales de algunos medios, y escuchado algunas opiniones que no alcanzo a comprender. Se dice que debe mejorarse la gestión de Carabineros para tener un mejor indicador de seguridad pública y ciudadana, y, acto seguido, que carabineros perfectamente bien puede seguir realizando estos trámites. ¡Claro que sí! Pero eso les va a impedir concentrarse en la tarea que el país les está pidiendo. He tratado de entender el alcance de esas opiniones tal vez los huasos somos más lentos en la materia, pero no comprendo cómo esta ley no produciría un buen efecto concentrando a carabineros en lo que debe hacer: vigilar nuestras plazas, calles, las casas de nuestros vecinos, los lugares donde se reúne la comunidad, día y noche, y prevenir mejor, cual es, por esencia, la tarea constitucional y legal de una policía cuyo prestigio queremos mantener muy en alto.
Repito que vamos a votar que sí. Le hemos planteado al Gobierno que la agenda corta de seguridad ciudadana va en la línea correcta, pero que todavía se necesitan normas mucho más duras de prevención. Nuestros votos, esfuerzos y voluntad van en esa dirección, porque así estamos respondiendo a lo que la gente nos pide y necesita.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.-
Señor Presidente, todos sabemos que el tabaco en estos días es una verdadera epidemia. Solamente en Chile mueren, aproximadamente, catorce mil personas por causas relacionadas con el tabaco, y, en el mundo, alrededor de cinco millones de personas. Produce diferentes enfermedades graves. Por ejemplo, distintos tipos de cánceres, como el del aparato respiratorio, el gastrointestinal y del aparato urinario. Además, en aquellas mujeres fumadoras embarazadas, aumenta el riesgo de parto prematuro y de aborto.
Aprovecho de saludar a la Corporación de Laringectomizados de Chile que nos acompaña en las tribunas. Ellos son testigos vivientes de los problemas graves a la salud que presenta el tabaco.
Mediante este proyecto de ley se pretende dejar sin efecto una de las iniciativas más importantes que el Congreso Nacional aprobó hace poco tiempo, cual es la ley del tabaco en que se establece que tanto inspectores sanitarios como carabineros fiscalizarán el cumplimiento de la ley.
Ahora, sin mediar explicación alguna, el Ejecutivo envía en este proyecto de ley, que contiene la agenda corta contra la delincuencia, donde suprime la facultad de carabineros para fiscalizar el cumplimiento de la llamada ley antitabaco. Nos parece un despropósito; que se está en contra de la salud de las personas. No nos parece criterioso dejar sólo la fiscalización a cargo de inspectores sanitarios que, en primer lugar, son escasos; que, en segundo lugar, en este tipo de tareas no van a ser respetados y que, en último término, no hay dónde ubicarlos. Si en algún lugar se está infringiendo la ley antitabaco, las personas que quieran ejercer el control social no van a tener ningún medio disuasivo para lograr los propósitos.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que rechacemos este artículo 9º, para el cual, desde ya, pido votación separada para poder manifestarnos sobre esta cuestión tan importante.
Si creemos, y de verdad queremos, como el Ministerio de Salud, que en sus programas tiene previsto para el 2010 rebajar de 40 a 30 por ciento los fumadores en Chile, obviamente, tenemos que generar las condiciones adecuadas para lograr esa meta.
No quiero creer que el Ejecutivo, al poner este artículo, esté haciendo tabla rasa con el trabajo del Congreso Nacional. Muchas veces, nos hemos quejado porque hay un tribunal constitucional que tutela el trabajo de este poder del Estado y, sin embargo, ahora se descubre que Carabineros de Chile va a emplear mucho tiempo en fiscalizar esto tan importante cuando todavía la ley ni siquiera entra en vigencia. Es decir, quienes idearon esta disposición fueron muy “clarividentes”, al parecer, porque determinaron que Carabineros se distraería mucho en algo que todavía no empieza a hacer.
Las leyes son para cumplirlas. Por lo tanto, no creo que para la ley del tabaco deba haber marcha blanca, como dijo una autoridad del Ministerio de Salud. Cuando las leyes entran en vigencia, deben cumplirse. Por eso, pido al Poder Ejecutivo que limite las leyes antes de que entren en vigencia, sobre todo en este caso, en que la ley del tabaco va a traer tanto beneficio a las personas.
Si estamos por la salud, votemos en contra el artículo 9º, conocido como agenda corta contra la delincuencia, para el cual voy a pedir votación separada. De lo contrario, el día de mañana, con justa razón, van a decir que nuevamente ganaron las tabacaleras.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, éste es el segundo proyecto por el cual se pretende que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones se aboquen a sus funciones de prevención y represión de la delincuencia. Ésas son las funciones de los cuerpos policiales.
En una primera ley se logró un gran avance en esa perspectiva. Sin embargo, se cometió el error de incorporar en los códigos de Procedimiento Penal y Procesal Penal una disposición que establece que, excepcionalmente y por resolución fundada, los agentes de policía notificarán por cédula. Dicho recurso, que se suponía excepcional y que no iba a perjudicar las labores propias de Carabineros, en la práctica se ha transformado en habitual y general.
Por ello, este segundo proyecto de ley busca aumentar la capacidad de gestión de Carabineros, relevándolo del cumplimiento de una serie de funciones de carácter administrativo, que pueden ser muy importantes, pero que lo distraen de sus labores propias. La salud es un bien sumamente importante, pero no es deber de Carabineros cuidar la salud de la ciudadanía; son otros quienes deben hacerlo. Asimismo, son otros quienes deben otorgar los salvoconductos por mudanzas. Pienso que hay cierta confusión respecto de algunos de las obligaciones de las instituciones del Estado; en Carabineros están claros, y eso hay que resguardarlo.
Por eso, este nuevo proyecto releva a Carabineros del cumplimiento de una serie de funciones administrativas de la más variada índole, como son las que le impone el artículo 6º del decreto ley N° 3.557, sobre protección agrícola, o el artículo 24 del Código Procesal Penal, cuando señala, en su inciso, que el tribunal podrá ordenar notificar, en casos calificados “y excepcionalmente por resolución fundada, por un agente de policía”. El objetivo es salvaguardar las funciones fundamentales de las policías y restablecer las funciones propias de Carabineros.
Por lo expuesto, la bancada del Partido Socialista va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, la comunidad siempre pide más carabineros en las calles para prevenir y combatir la delincuencia. Por eso, me parece bien que a la policía uniformada se la releve del cumplimiento de una serie de labores administrativas, de modo que destine mayor cantidad de sus funcionarios a cumplir labores en las calles.
Sin embargo, me preocupa que se traspase a las municipalidades el otorgamiento de salvoconductos, sin que se les asignen los recursos para ello, porque, para cumplir esa función, tendrán que contratar personal, lo que les va a generar un gasto adicional. Nadie ha considerado la crisis económica que las afecta. Es más, es tal la crisis financiera, que algunos municipios pequeños ya anunciaron que, a partir del 1 de septiembre, van a rebajar los sueldos a los profesores.
Por eso, pido votación separada del artículo 4°, el que votaré en contra, porque en ninguna parte leo que se destinen recursos a las municipalidades para que cumplan con su nuevo labor de otorgar salvoconductos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de ley tiene por objeto orientar el accionar de Carabineros de Chile hacia labores de seguridad ciudadana, suprimiendo de sus funciones todas aquellas de índole administrativa, las que recaerán en los órganos estatales o comunales que determine la ley. Por ejemplo, su artículo 9° modifica el artículo 15 de la ley N° 19.419, sobre publicidad y consumo de tabaco, con la finalidad de sustraer a Carabineros de Chile de la obligación de fiscalizar su cumplimiento.
Al relevar a Carabineros de Chile de la función de fiscalizar el cumplimiento de la ley antitabaco, estamos desechando la existencia de un estado policial en las decisiones sanitarias. La Organización Mundial de la Salud desaconseja la intervención de las policías en la fiscalización del consumo de tabaco y de su propaganda.
En nuestro país tenemos variados ejemplos que justifican la necesidad de fortalecer el control ciudadano, el control social, en este tipo de cambios de conductas.
Actualmente, sobre el 43 por ciento de la población adulta y sobre el 30 por ciento de los menores de dieciocho años consumen tabaco. Con policías interviniendo en la fiscalización en el consumo no vamos a lograr mucho, pero sí con el cambio de conducta.
Por eso, aprobemos el artículo 9°, para que sean las seremis de Salud las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la ley sobre publicidad y consumo de tabaco. En la práctica, fiscalizar que no se venda tabaco a más de cien metros de los colegios; que no se consuma tabaco en lugares cerrados, como bares y restaurantes; que los establecimientos con más de cien metros cuadrados de superficie tengan espacios para no fumadores, es fácil, porque cualquier ciudadano puede hacer la denuncia ante el juzgado de policía local respectivo. Lo mismo, respecto de la venta de tabaco a menores de dieciocho años. Desde ya, hago un llamado a la ciudadanía a ser responsables en el cumplimiento de esta medida y no enviar a menores a comprar tabaco y, por cierto, a los vendedores, a no venderles.
Espero que la bancada del Partido por la Democracia vote favorablemente dicho artículo, para que el control ciudadano como lo dijo la subsecretaria de Salud y el aumento de fiscalización de las seremis hagan realidad una ley tan necesaria, como la que entrará en vigencia el 14 de agosto próximo, que restringe la propaganda y el consumo de tabaco, que ojalá disminuya a cero.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, éste es un proyecto largamente esperado por toda la ciudadanía.
En todas partes la gente reclama por la falta de carabineros, sobre todo en comunidades campesinas, por el abigeato. Por lo tanto, es fundamental quitarle a Carabineros funciones que no le son propias, que sólo los distraen de su función principal, cual es brindar seguridad ciudadana.
No me imagino a Carabineros como aquí se han desesperado algunos diputados, entrando a un restaurante a sacarle partes a los que están fumando. Esa no es su función. Serán otros los que fiscalicen si dichos establecimientos tienen sectores para fumadores y para no fumadores, tal como lo establece la ley. Lo mismo respecto de tareas administrativas. Los carabineros no están para oficiar de secretarios, de administrativos, porque hay miles de personas desocupadas en el país que pueden hacerlo. Esos carabineros no han tenido cursos de especialización en sus escuelas ni han debido pasar cuantiosos exámenes para terminar sentados en una oficina.
La labor de Carabineros como muy bien han dicho la mayoría de los diputados es estar en la calle, garantizar la seguridad de la gente y sacar adelante la tarea que es de todos de eliminar la delincuencia.
El proyecto nos va a beneficiar a todos, y nadie podrá decir que la Cámara de Diputados estuvo dividida por un proyecto de ley.
Ayer tomamos las banderas de lucha contra el cigarrillo. Yo no fumo, así que me da lo mismo; pero la mejor ley contra el cigarrillo es la propia fuerza de voluntad. Si las personas no la tienen, aunque les pongan mil vigilantes, mil carabineros que les saquen partes, igual seguirán fumando. Entonces, elaboremos un programa de educación, digámosle a las personas que fumar hace mal, etcétera.
Las estadísticas son brutales. El 30 por ciento de los jóvenes menores de quince años fuma y, de ese porcentaje, el 90 por ciento lo hace por “monería”, para creerse más grandes, para echar humo, para decir: “Ando con uniforme y estoy contra de lo establecido. Quiero fumar para que vean que soy rebelde.”
Por lo tanto, no tiene ningún asidero tener a Carabineros peleando con los estudiantes. De ser así, tendría que hacerlo con 150 mil chiquillos que andan fumando en las calles, más todo el resto de los adultos. ¡Eso me parecería simplemente increíble!
Cuando se aprueban este tipo de proyectos, aparecen datos curiosos. Mucha gente me ha señalado a lo mejor a algún diputado presente en la Sala también: “Señor diputado, sacaron una ley que prohíbe fumar.”.
Sin embargo, todos reconocen que ésta es una adicción, una enfermedad. Si es así, ¿quién vela por los derechos de los fumadores a rehabilitarse, a dejar de fumar, de modo que no se les sancione con partes? Es decir, si uno mira fríamente a situación, indudablemente lo anterior es razonable, porque si todo el mundo dice que se trata de una enfermedad, démosle la oportunidad para que se sanen.
Por eso, creo que debemos aprobar esta ley. La ciudadanía debe tener claro que no corresponde que el personal de Carabineros desempeñe funciones ajenas a las propiamente policiales. Si los mil quinientos carabineros que se contratarán, de acuerdo con lo anunciado por su excelencia la Presidenta de la República, siguen en funciones administrativas o sacando partes a los fumadores que infringen la ley, no van a tener poder ejecutar otras labores y el aumento esperado será claramente insuficiente. De hecho, ese aumento de carabineros es insuficiente para un país con trescientas y tantas comunas, porque equivale a disponer de dos carabineros y medio más por comuna.
Entonces, creo que debemos aprobar este proyecto para que luego sea ley de la República.
Los restaurantes deberán cumplir con la ley antitabaco y la gente deberá respetar los lugares asignados para los fumadores y los no fumadores. De ahí parte todo. No debería haber problemas en ese sentido, considerando que vivimos en un país civilizado. No deberían producirse problemas en los restaurantes con una superficie menor a 100 metros cuadrados, ya que éstos deberán declararse para fumadores o para no fumadores en su totalidad, pero sí los habrá en los de mayor metraje cuadrado, en que los lugares para fumadores deberán estar absolutamente destinados a los no fumadores.
Por lo tanto, quiero dejar muy en claro que Renovación Nacional votará favorablemente, porque es indispensable que Carabineros vuelva a realizar las funciones que le corresponden, para que no ande preocupado de un fumador, sino de combatir la delincuencia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos va en la dirección correcta. La propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet de liberar a Carabineros de ciertas funciones administrativas para destinarlos a servicios en la calle apunta a lo que nosotros pensamos que debiera ser el combate contra la delincuencia: una mayor presencia policial en las calles que nos permita recuperar los espacios públicos.
El proyecto dice relación con una ley que se encuentra vigente desde hace un par de meses, propuesta por la Presidenta Bachelet , que crea mil quinientos cargos de carabinero por año durante su mandato, hasta completar 6 mil nuevos funcionarios.
En ese sentido, el proyecto nos parece bastante conveniente, por cuanto termina con varias tareas que tenía Carabineros, entre las cuales se encontraba la obligación de notificar ciertas resoluciones judiciales que ordenaban los códigos de Procedimiento Penal, Procesal Penal y del Trabajo. Originalmente, esas notificaciones excepcionalmente podían ser hechas por carabineros, pero que, con el correr del tiempo, eso se transformó en lo usual. Hoy carabineros hace prácticamente todas las notificaciones, en circunstancias de que esa función debiera realizarla un funcionario del tribunal o algún receptor judicial. Con esta medida se liberará a un número importante de funcionarios policiales, ya que el general director de la institución manifestó que su personal efectúa alrededor de 300 mil notificaciones anuales.
Asimismo, el proyecto termina con las famosas constancias que exigen las compañías de seguros cuando ocurre un accidente de tránsito y existen seguros comprometidos. Esa constancia, que es la simple constatación del hecho acreditado en el libro de guardia de las comisarías, se lleva a la compañía de seguros correspondiente. Pero ese mero trámite implica distraer a un número importante de carabineros. Ahora, eso será una declaración jurada que deberá hacer el afectado directamente en la compañía de seguros.
Sin perjuicio de que el proyecto apunta en la línea correcta, creo necesario una mayor discusión en lo relativo a la supresión de la fiscalización de Carabineros del cumplimiento de la ley N° 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco. En ese sentido, pido votación separada para el artículo 9°, porque si queremos que funcione esa ley, habrá que hacer una fiscalización adecuada. Si sólo se radica en la autoridad sanitaria, como propone el proyecto, lo dispuesto en dicho precepto legal no será suficientemente fiscalizado, porque los inspectores de que dispone la autoridad sanitaria son muy pocos. Por ejemplo, en el caso de la Segunda Región, a la cual represento en este Congreso, se dispone de doce inspectores. Es prácticamente imposible que ellos tengan la capacidad técnica y operativa para fiscalizar todo lo que ocurre sobre esta materia.
Asimismo, y así lo sostuve en la Comisión, esto no va a demandar una mayor labor administrativa de Carabineros, toda vez que se trata de una fiscalización que se efectuará dentro de los patrullajes ordinarios que ellos realizan en las calles. No se va a requerir que Carabineros esté en el interior de una comisaría para recibir las denuncias, porque éstas se podrán cursar mientras Carabineros realiza su ronda habitual de control preventivo.
Anuncio mi voto en contra de este artículo, al igual como lo hice en la Comisión, porque si queremos que la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco se aplique de manera eficaz, necesitamos una fiscalización adecuada. La actual planta de la autoridad sanitaria no es suficiente para controlar su cumplimiento.
Ahora bien, si el Ejecutivo hace una propuesta distinta de fiscalización, como aumentar el número de inspectores sanitarios o los inspectores municipales, estaríamos dispuestos a liberar a Carabineros de esa función en el corto o mediano plazo. Sin embargo, como no tenemos estadísticas que nos permitan saber cuántos carabineros se requieren para fiscalizar el cumplimiento de esa ley, lo prudente parece ser que, en esta primera etapa, Carabineros fiscalice su cumplimiento efectivo.
Por último, felicito al Gobierno, porque, como dije al comienzo de mi intervención, este tipo de iniciativas son las que tenemos que impulsar en materia de seguridad ciudadana, ya que otorgan tranquilidad a la gente de que habrá mayor presencia policial en las calles y Carabineros estará dedicado a las tareas que le corresponden: la prevención y represión del delito.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, no quiero insistir en argumentos a favor de la aprobación del proyecto, que forma parte de las medidas destinadas a disminuir la delincuencia. Sólo quiero señalar lo importante que será trabajar, cuando se discuta la ley corta sobre seguridad ciudadana, en la prevención de la delincuencia y en la disminución de las condiciones que la generan, como la falta de oportunidades, la marginalidad, la desintegración de la familia, etcétera. Las cárceles están llenas, pero no hemos resuelto el problema de la delincuencia.
Entiendo la preocupación de los diputados Carlos Olivares y Pedro Araya. Durante mi período parlamentario me he caracterizado por dar una lucha muy dura para controlar el consumo de tabaco. Aprobamos el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que permitió adecuar nuestra legislación y aprobar la ley que regula las actividades relacionadas con el tabaco.
Todos queremos que la aplicación de sus normas disminuya el consumo de tabaco, sobre todo en los menores de edad, así como también los altos índice de morbilidad y mortalidad. Queremos que mejore la calidad de vida de las personas al trabajar o descansar en un ambiente libre de tabaco.
El elemento más importante para el cumplimiento de la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco es el control social. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no sean organismos policiales los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas antitabaco, particularmente la prohibición de fumar en determinados lugares, sino que se genere una cultura y una educación que nos permita respetarnos y que haga entender a la gente que los únicos beneficiados son sus familias, en especial sus hijos.
En Chile, pareciera ser que la ley es letra muerta si no la fiscaliza Carabineros. Eso no ocurre en Italia y España. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la policía no fiscaliza que se cumpla la ley antitabacos, pero a nadie se le ocurre fumar fuera de los espacios delimitados, en los que incluso han puesto extractores de aire. Tampoco se les ocurriría fumar en un restaurante en que está prohibido hacerlo; salen a fumar a afuera, no obstante que en ese país hay un alto nivel de tabaquismo.
Insisto, no vamos a resolver el problema del consumo de tabaco poniendo más carabineros para que vayan de bar en bar, de restaurante en restaurante, a fiscalizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, el hecho de eliminar esta obligación de sus funciones no impide que, por ejemplo, cuando haya una persona fumando en un restaurante en el que está prohibido hacerlo, su dueño, después de haberle pedido sin resultados que se abstenga de hacerlo, pueda llamar a Carabineros para que acudan al lugar a hacerse cargo de la situación. Lo otro, eso de que los carabineros deban ir de bar en bar, de restaurante en restaurante, para fiscalizar que se cumplan las disposiciones de la ley que regula las actividades relacionadas con el tabaco, no me parece eficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mejor, tal como ha señalado la propia OMS. Con medidas como ésa crearíamos un estado policial en materia de salud.
Reitero, debo ser una de las personas que más quiere que esa ley cumpla su objetivo, pero me parece que el camino no va por ahí. Además, en nuestro país la gente es en general bastante respetuosa de la legalidad vigente, así que veo muy poco probable que, habiendo restaurantes para fumadores, alguien vaya a fumar en uno en que está prohibido hacerlo o que tenga menos de cien metros cuadrados. Incluso, si se da el caso de que alguien lo haga, es también altamente probable que, frente al requerimiento del dueño, se inhiba de seguir haciéndolo, sin necesidad de que sea necesario distraer un carabinero para ello, el que, sin duda, estará preocupado de cumplir con su labor principal y prioritaria, esto es, la relacionada con la seguridad ciudadana y con la lucha contra la delincuencia.
Para concluir, quiero señalar que lo más importante en materia de medidas para disminuir el consumo de tabaco es que seamos capaces de fortalecer el control social, la educación, la prevención y los cambios culturales.
En consecuencia, no obstante entender la motivación de quienes plantearon reparos, hago un llamado a todos los colegas a aprobar el proyecto en su totalidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, sin duda, uno de los artículos más controvertidos del proyecto es el 9°, al que se han referido varios señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, que tiene por objeto sustraer a Carabineros de Chile de la facultad fiscalizadora que recientemente le dimos a través de la leyN° 19.419.
Me parece que hay argumentos a favor tanto para mantener a Carabineros en esa función, como para sacarlos de ella y puedan ser más eficientes en el control de la comisión de delitos en otras áreas, que son de mayor preocupación ciudadana.
La pregunta que debemos hacernos es si realmente consideramos determinante destinar carabineros a la fiscalización del cumplimiento de esa ley para disminuir el consumo de tabaco.
A ese respecto, quiero hacer una apuesta en el sentido de que otras medidas que se incorporan a esa ley serán más eficientes que la fiscalización que eventualmente podría realizar Carabineros. En un futuro no muy lejano podremos verificar si estoy o no en lo cierto.
Así, por una parte, hemos restringido casi totalmente la publicidad del tabaco, lo cual tendrá un efecto disuasivo muy importante; además, en las cajetillas vendrán advertencias mucho más elocuentes y grandes respecto del daño que produce consumir tabaco. Apostemos a que eso ayudará y contribuirá bastante a disminuir este mal hábito, tal como lo demuestra la evidencia recogida en otros países.
También hemos introducido en la ley N° 19.419 la obligación de incorporar planes de educación que ayuden a prevenir el consumo de tabaco desde la infancia, lo cual hoy no se hace, pero debería hacerse, ya que, sin duda, eso generará una mentalidad mucho más consciente de los daños que causa el tabaco.
Por último, apostemos también al control social, el que una sociedad más empoderada por la ley va a ejercer frente a quienes quieran vulnerarla. ¿Acaso no se sentirá mal el chileno o chilena que, por fumar en un lugar en que está prohibido, sea objeto de la condena inmediata de otros chilenos que le van a decir que apague de inmediato el cigarrillo?
Quienes somos fumadores soy uno de ellos hemos sentido ese control social, y créanme que es más disuasivo el enojo o la molestia de la persona que siente que se está afectando su propio espacio con humo y que reprocha la actitud del fumador. La ley del tabaco tiene elementos preventivos de educación; se elimina la publicidad a los cigarrillos, lo que requiere una campaña publicitaria que espero el Gobierno haga.
En la Comisión de Salud discutimos mucho la función de Carabineros en esta materia. En su momento nos pareció bueno darle esa atribución, pero cuando uno ve su actuación en otras áreas, como en el consumo de alcohol en la vía pública, en los locales clandestinos o ante la carencia de patentes de alcoholes, donde Carabineros ejerce esa función, desgraciadamente, las cifras no demuestran disminución.
Alguien podría decir: ¿No sería mucho peor si no estuviera Carabineros ejerciendo control? No sé; habría que verlo. Pero en una sociedad que hoy va adquiriendo hábitos culturales distintos, no creo que sustraer a Carabineros del control de esta norma no va a afectar la debida y efectiva aplicación de la ley del tabaco. Démonos un año de plazo, y si las cosas no funcionan bien, si vemos que los chilenos no han asimilado la ley como corresponde, tenemos siempre la facultad soberana del Congreso para hacer los cambios necesarios. Sería bueno tener una señal del Ejecutivo.
He conversado con el subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe , y me ha convencido en algunas líneas argumentales de que existe el compromiso de parte del Gobierno para reponer esta facultad de Carabineros en caso de que en un año la medida no tenga el efecto deseado.
Es bueno privilegiar y priorizar lo que esta ley busca: más carabineros en la calle en el control del delito. Dejemos en el control social, en la publicidad y en la educación el peso fuerte de la prueba para que los chilenos fumen menos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo con este proyecto, porque es como el dicho popular: pastelero a tus pasteles. Los carabineros han aprendido que su función es estar en la calle y no en las comisarías.
Quienes litigamos sabemos perfectamente bien que las notificaciones a veces no sólo son una carga para Carabineros, sino también para quienes participan, porque a veces no se hacen bien las cosas, pues no es la labor de ellos.
Si de verdad queremos combatir la delincuencia, subyace en la opinión de la Cámara que la prevención es lo más importante, y prevención significa carabineros en las calles y no en las comisarías. Dos mil carabineros distraídos cada día en 2005 es una barbaridad. Implica recursos, funciones, de todo.
Por lo tanto, esta iniciativa va absolutamente en la línea correcta.
Aquí ha habido un debate interesante respecto de la ley del tabaco. Concuerdo en que debe hacerse una adecuación cultural, de manera que las mismas personas sean capaces de defender sus derechos y su libertad. Efectivamente, como han señalado acá los miembros integrantes de la Comisión de Salud, hay que fortalecer la función de los inspectores sanitarios en el control de esta ley.
La otra cuestión en que se dio un debate interesante también en la Comisión fue la relativa a los salvoconductos. ¿Cómo? ¿También nos vamos a preocupar de proteger al arrendador? Esa función la considero de más.
Por otra parte, vale la pena abrir un debate respecto de una inquietud que algunos alcaldes han planteado sé que no le gusta a Carabineros, pero quizás sería el momento de volver a esa discusión, en el sentido de que las municipalidades tengan su propia policía municipal. Creo que el proyecto también va en esta misma línea, porque ayudaría a que muchos más carabineros estuvieran en las calles y no tengan que cumplir otras funciones.
Otro aspecto que se conversó, se debatió y respecto del cual se llegó a un acuerdo se refiere a las simples constancias que exigen las aseguradoras para certificar los accidentes de tránsito para los efectos del pago de seguros. Pienso que los interesados deberían hacer la denuncia respectiva a su compañía de seguros, eliminando la exigencia de la constancia en Carabineros. Eso también va en la línea que todos queremos.
En definitiva, sería bueno abrir un debate franco en cuanto a la proposición de algunos alcaldes de implementar una policía municipal. Además, hay que ver la manera de promover un cambio cultural, de modo que sean los propios usuarios quienes denuncien cuando se está infringiendo la ley del tabaco.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, obviamente este proyecto va en la dirección correcta de liberar a Carabineros de numerosas funciones administrativas que le impide dedicarse a la prevención de la seguridad inseguridad, mejor dicho y del orden.
En la Cámara hemos planteado varias veces la necesidad de eliminar funciones administrativas que podrían ser hechas por otras personas.
También hemos planteado en muchas oportunidades algo que no está en el proyecto: la forma de liberar a Carabineros del resguardo de la seguridad en eventos públicos que patrocinan los particulares. Sería muy importante que en los eventos que se realizan en los estadios u en otra serie de actividades públicas se hicieran cargo de la seguridad los empresarios, por ser los auspiciadores, para no ocupar al personal de Carabineros. Obviamente, en algunos casos, como en los partidos de fútbol de alto riesgo, habrá que seguir contando con su presencia, porque los guardias privados no la podrían reemplazar. Hay muchos eventos a los que Carabineros tiene que concurrir desatendiendo a sectores de alta peligrosidad. Incluso, cuando los delincuentes saben que Carabineros está en los estadios, se aprovechan para cometer delitos. Cuando hay fútbol en el Estadio Nacional, especialmente los domingos, la mitad de los Carabineros de la comuna de Peñalolén va al Estadio. Lo mismo ocurre cuando hay eventos musicales o de otro tipo. Faltó establecer en la ley la obligación de los empresarios de asegurar el resguardo de espectáculos públicos con guardias privados calificados por Carabineros.
El proyecto ha liberado a Carabineros de una serie de funciones administrativas, pero esto va a crear ciertos problemas en otras instituciones. Por ejemplo, el salvoconducto para cambiarse de domicilio tendrán que otorgarlo ahora las municipalidades, pero no les entrega a éstas ni los recursos ni el personal necesario. Este es el típico reclamo de las municipalidades: mayores funciones, pero sin la provisión de recursos. Cada vez asignan mayores funciones a los municipios, pero sin entregar los recursos correspondientes para cumplirlas. En muchas de las tareas, programas y proyectos que el Gobierno propone para que sean hechos directamente por los ministerios, las municipalidades deben colaborar y muchas veces éstas terminan haciendo la tarea.
En cuanto a la fiscalización de la ley del tabaco, en la Comisión en que se trató el proyecto repectivo, planteamos que la necesidad de que Carabineros actuara, pues, en caso contrario, la ley no tendría sentido. Ahora, si se propone que el cumplimiento lo fiscalicen cuarenta inspectores sanitarios en todo Chile, será imposible llevar a cabo esa labor. Debe buscarse un mecanismo de complementación.
Estoy de acuerdo en que no se puede dar a Carabineros la función de fiscalizar la no venta y el no consumo de tabaco, pues sería muy complicado, pero un carabinero que está actuando en el plan cuadrante puede ver perfectamente los lugares donde se vende tabaco a menores o la publicidad en la pared de un lugar prohibido para ello. Es decir, está bien que Carabineros no ayude en el control de la ley del Tabaco, pero sería bueno establecer que pueda colaborar, aunque haya otros funcionarios en esta gestión, por ejemplo, de las municipalidades.
Hemos promulgado una serie de leyes que no han pasado por la Comisión de Hacienda, porque no tienen costo, en circunstancias de que sí lo tienen. Como no se les da presupuesto, quedan sin fiscalización y son letra muerta. En el caso de la ley del Tabaco había que pensar en que tendría un costo y que sería necesaria su complementación con inspectores sanitarios o con quienes fueran, pero como no se analizó esa situación, es probable que dicha ley quede sin ser fiscalizada, al igual que la de alcoholes.
Al respecto, quiero hacer una referencia. Carabineros y los inspectores municipales son los encargados de fiscalizar la ley de alcoholes, pero no lo hacen porque carecen de tiempo. Por eso, nos enteramos a través de los medios de comunicación que los locales comerciales les venden alcohol a menores que incluso visten uniforme. Los carabineros sólo se pasean debido a que no pueden fiscalizar en todo Chile porque no dan abasto. Parece que ahora no se considera un delito vender alcohol a menores.
Esta situación se comprueba porque los juzgados manifiestan que no les están llegando partes por venta de alcohol a menores. Incluso, no se han podido clausurar locales donde operan dichas ventas debido a que no llegan los partes respectivos.
En general, está bien liberar a Carabineros de la función administrativa. Sin embargo, creo que esta iniciativa debiera haber impulsado con mayor energía la contratación de carabineros en retiro. Más aún, voy a relatar una instancia que puede parecer anormal o absurda. Me llegan muchos casos de carabineros que han hecho una excelente carrera, con el curso de suboficial y con muy buenas calificaciones, pero que, por una falla menor, son removidos de la institución. No puedo comparar eso con el caso de carabineros que han cometido delitos graves, pues muchas veces son hechos simples que podrían revisarse. A lo mejor, podría buscarse un camino para reincorporar a esa gente, para darle la oportunidad de volver a la institución y de esa manera incrementar el número de carabineros que pueden dar servicio a la comunidad.
Por otro lado, no puedo presentar indicación respecto del resguardo de la seguridad en eventos privados, pero es un tema que deberíamos tratar en el futuro. Ojalá se pueda reponer en un próximo análisis.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, más carabineros en las calles y menos en las comisarías, ése es el sentido del proyecto que hoy se discute en esta Sala.
A mi juicio, la iniciativa va en la dirección correcta, ya que su finalidad es buscar normativas que ayuden a mejorar la seguridad de las personas, para lo cual suprime funciones administrativas que realiza Carabineros y adecua la legislación a la contingencia de los delitos de connotación social, que nos exigen diversas líneas de acción políticosocial.
El proyecto de ley que aprobamos hace algunos meses, que aumentó en 6 mil plazas la dotación de Carabineros, y el que hoy estamos discutiendo, dan cuenta del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en lo relativo a la seguridad ciudadana. A veces, nos olvidamos con qué agilidad y efectividad se trabaja en el Congreso Nacional para despachar proyectos, originados en mensaje, que van en respuesta directa a los conflictos ciudadanos.
Según se expresa en el informe, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se originó un debate en relación con el artículo 4° del proyecto y también escuchamos al diputado Olivares referirse al artículo 9°, pero, más allá de las preocupaciones expresadas por los diputados respecto de la viabilidad de que las municipalidades se preocupen de la tramitación de los salvoconductos, me parece adecuado liberar a Carabineros de un trabajo administrativo que han realizado tradicionalmente, con el objeto de llevarlos más cerca de los lugares donde ocurren con mayor frecuencia los delitos y de prevenir y controlar mejor esos ilícitos. Esto podría suscitar resquemores y dudas, pero, sobre todo, da seguridad y confianza de que se está legislando como corresponde para enfrentar estos conflictos.
En cuanto a la fiscalización, tema que se ha debatido esta mañana, estimo necesario crear nuevos organismos para tal efecto, pero, sobre todo, reforzar a las instituciones creadas para ello.
Estoy en total y absoluto desacuerdo con lo expresado por el diputado Olivares en relación con el artículo 9°, porque tengo la convicción de que seremos capaces, desde nuestros distintos roles sociales, de cambiar nuestro switch mental y adaptarlo a los modificaciones que se estimen necesarias para avanzar concretamente en la defensa de la ciudadanía de la delincuencia, lo que también nos exige actuar con mayor diligencia y eficiencia y crear nuevas formas para contener la fuente de la violencia que atenta contra de nuestros proyectos de vida como seres humanos.
Por el derecho a vivir libre de delitos, apoyamos este proyecto, pues contribuirá a mejorar la seguridad que tanto anhelamos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, en Chile existe una especie de cultura en el sentido de que la fiscalización en muchas áreas debe hacerla Carabineros y que si esa institución no las realiza no funcionan. Esa es la razón de la indicación sobre el control de Carabineros. El ministro del Interior subrogante ha dicho que esto no afectará.
Estoy de acuerdo con el control social, pero estimo necesario tener la posibilidad de analizar la aplicación de la ley, porque, a nivel popular, sigue existiendo la cultura generalizada en el sentido de que la fiscalización debe ser efectuada por Carabineros.
Nosotros también propusimos indicación, que no fue aceptada, a fin de que los inspectores municipales pudieran fiscalizar. A mi juicio, de alguna manera van a hacerlo, porque basta que un particular formule una denuncia para que Carabineros intervenga.
Me alegro mucho de que estemos liberando a Carabineros de realizar funciones que a veces son más bien especiales, como las constancias que deben recibir para efectos del seguro por daños materiales en accidentes de tránsito. Las compañías aseguradoras cometen el abuso de no pagar los seguros si no se dejan las constancias en Carabineros.
En mi opinión si a Carabineros se le libera de efectuar funciones administrativas, como las que propone el proyecto, mejorará la seguridad ciudadana. En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de las normas sobre consumo y publicidad del tabaco, me reservo la posibilidad de evaluar esa medida y, de ser necesario, pedir su modificación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, todos somos actores en esta iniciativa, porque ¿quién de nosotros no ha sido consultado respecto de materias que dicen relación con la seguridad ciudadana?
Hoy se debate la denominada agenda corta en materia de seguridad ciudadana, por medio de la cual se pretende introducir, casi por consenso, una serie de modificaciones a cuerpos legales para suprimir, de una vez por todas, de la carga asignada a Carabineros, las funciones administrativas que no dicen relación directa con la prevención y la persecución de los delitos, y que restan eficiencia y efectividad a su labor.
En los tiempos que corren en nuestro país, en la ciudadanía hay una creciente sensación de inseguridad. A lo mejor, nosotros mismos, con una forma de hacer una política no constructiva, aceptamos demandas cada vez más personales y llevamos a cabo tareas que no son propias de los parlamentarios, con el objeto de lograr que una institución pública no distraiga recursos humanos, que son valiosos, en funciones que, si bien la ley podría contemplar como parte de su labor, no dicen relación directa con la tarea esencial que le entrega la Constitución Política: dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, cuestiones que hemos discutido con los juristas y diputados señores Guillermo Ceroni y Álvaro Escobar y la diputada señora Laura Soto.
Por eso, nos parece que las tareas no operativas que debe realizar Carabineros, que son de la más variada índole, como notificaciones, otorgamiento de salvoconductos por mudanzas, recepción de constancias para efectos del seguro por daños materiales en accidentes de tránsito y el obligatorio de accidentes personales y la fiscalización del cumplimiento de normas que corresponden a otros organismos, deben ser excluidas, de una vez por todas, de su ámbito de acción.
Es demasiado el tiempo y los recursos que la institución ocupa en funciones administrativas. Por ejemplo, como se señaló en la discusión, aspecto que comentamos con el diputado señor Jaime Quintana , Carabineros efectúa trescientas mil citaciones judiciales al año. ¡Cómo es posible! ¡Si Carabineros debe dedicarse a garantizar la seguridad pública y el orden público y no perder su tiempo con citaciones!
Aquí hay un tema de constitucionalidad. Esto no ocurriría si la norma de carácter excepcional de los artículos 196 del Código de Procedimiento Penal y 24 del Código Procesal Penal, no se hubieran convertido en práctica general. Al respecto, recuerdo a los señores diputados que ambas disposiciones procesales contemplaban la notificación por un funcionario del tribunal o por un ministro de fe. Sin embargo, Carabineros ha efectuado estas citaciones, a pesar de que esos artículos señalaban que en casos calificados y por resolución fundada podrían efectuarlas. En definitiva, se traspasó toda la tarea a Carabineros.
Nos parece acertado que, en materia de accidentes de tránsito, donde sólo se produzcan daños materiales, se elimine, de una vez por todas, la obligación de Carabineros de dejar constancia en el libro de guardia. Esta es otra tarea que no debería cumplir Carabineros, pues se deja constancia de lo ocurrido para exigir que se paguen los seguros comprometidos. Una declaración jurada del interesado ante la aseguradora eliminaría ese trámite burocrático, sería una carga menos para Carabineros, y agilizaría el cobro de seguros.
Queremos también que Carabineros no tenga la obligación de otorgar certificados en caso de accidentes personales otro trámite burocrático y se traspase la obligación al tribunal competente o al Ministerio Público.
Tampoco nos parece apropiado que Carabineros, en el caso de arrendamientos, tenga la obligación de otorgar salvoconductos para cambiarse de domicilio. Para ese objeto hay inspectores municipales. Esperamos que este trámite no se elimine, como lo plantearon algunas personas, ya que sin esa exigencia, se podrían cometer delitos.
Por último, estimo que nuestros juristas nos han dado una lección importante. Pese a que no soy abogado, he querido intervenir en la discusión, porque este proyecto es de todos nosotros, ya que habitualmente somos requeridos respecto del tema de la seguridad ciudadana.
Hay aspectos de fondo de la iniciativa al que ya se han referido nuestros médicos diputados, entre ellos, la fiscalización del consumo del tabaco en lugares no permitidos.
Sobre esta materia, contamos felizmente con la presencia del ministro del Interior subrogante, quien también fue subsecretario de Carabineros, persona de gran capacidad, y gran conocedor del proyecto. A él quiero consultar sobre las modificaciones que habría que introducirse al artículo 9º.
Finalmente, la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar en 40 minutos el tiempo del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, quiero referirme a dos temas.
El primero dice relación con la entrega de salvoconductos, una institución creada por el general Ibáñez , en 1931, y que se ha mantenido en nuestra legislación. Señalé esto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al ministro del Interior subrogante y creo que hay consenso en todos los parlamentarios: la ninguna necesidad de que sea Carabineros quien los entregue. Además, me parece burocrático que deba realizarlo la municipalidad y que haya que pagar por dicho trámite.
Por ello, con el diputado Eluchans y otros colegas hemos decidido presentar una indicación para convertir la entrega de salvoconducto en un acto privado, con información a la municipalidad, ya sea la de origen o a la cual se traslada. El acto mismo lo explicará el diputado Eluchans debe corresponder a una acción notarial de las partes intervinientes en el contrato de arrendamiento y no Carabineros, por cuanto lo está distrayendo de la adecuada vigilancia policial.
Por otra parte, con la entrega a Carabineros de la fiscalización del cumplimiento de la ley del tabaco, se estaría desvirtuando una parte del proyecto, cual es liberarlos de funciones de carácter administrativo.
En ninguna parte del mundo la policía cumple funciones administrativas. En Italia existen la policía tributaria, la policía municipal, que se ocupa del tránsito, y los carabinieris que están a cargo de la seguridad pública; pero ninguna se ocupa de los partes ni de notificaciones de ninguna naturaleza. Lo mismo pasa en Francia y en la mayor parte de los países europeos. Sin embargo, en Chile, tenemos el mal convencimiento de que Carabineros debe estar encargado de labores como las notificaciones de los tribunales, que no tienen nada que ver con su función.
Coincido plenamente con el diputado Patricio Melero , en cuanto a que el tema es más bien de cultura, de sanción social. Es más, no tengo duda alguna de que a partir del próximo 14 de agosto va a existir una fuerte presión social, un fuerte rechazo en los restoranes o en los lugares públicos par que no se fume en su interior. Recuerden que en este país se fumaba en los micros, en el cine, incluso en esta Sala. Eso ha cambiado no porque las personas se sientan vigiladas policialmente, sino porque han cambiado las culturas, la manera de aproximarse al tema y la comprensión de que, aun cuando fumar es un derecho, al mismo tiempo, hay que ejercerlo con respeto al derecho de los demás de aspirar un aire no contaminado.
Por lo tanto, lo que realmente se requiere es un trabajo cultural, de disciplina social, que Chile sin duda va a alcanzar como lo han hecho otros países. Además, la gente siempre podrá hacer las denuncias ante Carabineros y ante los tribunales. De manera que no se están desprotegiendo las normas creadas en materia del control del tabaco.
Quería puntualizar estos dos hechos, porque creo que se debe esperar mucho más de la conducta de la gente, más autodisciplina que represión y vigilancia y mayores libertades cada vez que avanzamos en normativas de esta naturaleza. Por cierto, espero que el ministro del Interior no defienda el salvoconducto, porque éste como digo es de la época del general Ibáñez. Mi amigo Cardemil lo defendió, pero no tiene mucha defensa seguir pensando que el salvoconducto es un elemento esencial de quienes están a cargo del orden en nuestra patria.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Felipe Harboe , ministro del Interior subrogante.
El señor HARBOE (ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, quiero agradecer las opiniones expresadas por cada uno de los diputados para fundamentar el proyecto.
De igual forma, agradecer el buen informe emitido por el diputado informante Edmundo Eluchans y recalcar un par de aspectos que me parecen relevantes.
En primer lugar, esta iniciativa tiene una larga historia. En 1998, esta Cámara aprobó un conjunto de modificaciones destinadas a disminuir las funciones administrativas de Carabineros de Chile, en muchas de ellas, se estableció la posibilidad de otorgar a Carabineros, en forma excepcional, cierto tipo de funciones. Sin embargo, el problema radicó en que la excepcionalidad planteada por esta Corporación en la práctica se tradujo, a través del Poder Judicial, en la regla general, lo que finalmente generó una sobreutilización del recurso policial.
En consecuencia, la modificación de 1998 tiene relación con las acciones posteriores. Hacia el 2003, cuando me correspondía estar en otras funciones, iniciamos un compromiso con la entonces Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, con el objeto de disminuir la cantidad de carabineros que cumplía funciones administrativas. En aquella oportunidad, hicimos un levantamiento e identificamos cerca de 2.300 funcionarios que cumplían funciones administrativas al interior de los cuarteles. En ese sentido, iniciamos año tras año, a través de la ley de Presupuestos, la incorporación de personal civil para reemplazar a estos carabineros, con el objeto de que cumplieran funciones operativas y preventivas en la calle. Es así como, después de tres años de aplicación de normas presupuestarias, de reemplazo de funcionarios policiales por administrativos civiles, más de 1.600 carabineros que estaban entonces en oficinas hoy se encuentran cumpliendo funciones en la calle.
Sin perjuicio de ello, entre estos 1.600 funcionarios policiales, que fue el compromiso original del Gobierno, y las actuales funciones administrativas, hay un conjunto de funciones que son imposibles de delegar en algún personal administrativo civil, toda vez que están radicadas en la ley. Por ello, ahora, luego de optimizar la planta institucional, debemos modificar aquellas obligaciones legales imposibles de delegar en algún personal civil.
En ese sentido, el compromiso de la Presidenta Bachelet durante su campaña, y que se hace realidad con este proyecto, era disminuir un conjunto de funciones administrativas, que de una u otra forma, distraían la función preventiva de Carabineros.
Es así como el proyecto contempla la disminución de nueve funciones administrativas que, si sumamos linealmente la cantidad de recurso humano, de horas hombre o de personal de nombramiento institucional que diariamente se aboca al cumplimiento de estas funciones, no son menos de dos mil funcionarios que diariamente deben cumplir este conjunto de funciones.
En consecuencia, las modificaciones propuestas en esta iniciativa constituyen un todo, potencian la presencia policial preventiva en la calle.
En segundo lugar, nos hacemos cargo de las consecuencias que conlleva este tipo de modificaciones, pero sin perjudicar a otros organismos.
Quiero detenerme en dos funciones que se debatieron con mayor profundidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En primer lugar, la que dice relación con el salvoconducto, en orden a que es una institución que data de 1931 y que, en verdad, no se justifica mantener a cargo de Carabineros. El informe de la policía uniformada cuantifica la cantidad de salvoconductos otorgados durante 2005, en 102.201, lo que significó la destinación de 938 horas/hombre diarias de personal. Si dicha cantidad se divide por el número de municipios, se comprueba que para ellos no significará una recarga considerable, toda vez que da un promedio a nivel nacional de 400 salvoconductos al año.
Conversé sobre este tema con los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, entidad que no manifestó reparos cuando se le informó sobre la cantidad de salvoconductos requeridos. Sin perjuicio de ello, existen otras funciones que también podrían haberse entregado a los municipios, como las notificaciones de las resoluciones de los juzgados de policía local, pero habida consideración de la opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades, en cuanto a la mayor recarga de tareas, dejamos esa materia para un estudio más profundo.
Uno de los principales puntos que se debatieron en la Comisión de Constitución es el relacionado con el monto del cobro por el salvoconducto. En ese sentido, como Ejecutivo, vamos a comprometer la tramitación de alguna iniciativa en orden a establecer un límite a los municipios para dicho cobro, para efectos de evitar que se afecte el derecho de trasladarse o de realizar cambio de domicilio.
El segundo aspecto y final al cual deseo hacer mención es el relativo a la ley que modificó la ley N° 19.419, en materias de publicidad y consumo del tabaco.
En general, en el país se acostumbra que respecto de las normas que establecen obligaciones, sea de servicios públicos o privados, se le otorgue la facultad fiscalizadora a la policía uniformada, pero sin entregarles los recursos correspondientes.
Por eso, junto con aumentar en los próximos cuatro años en 6 mil efectivos la dotación policial de Carabineros de Chile, se ha estimado conveniente sacar a la institución de la fiscalización de esa norma. Pero es necesario aclarar que está muy lejos del espíritu del Ejecutivo disminuir la capacidad fiscalizadora. Muy por el contrario, la experiencia internacional demuestra que un aspecto fundamental para el control de las normas antitabaco y de otras conductas que afectan la salud pública es el control social ciudadano, y cuando esa tarea se entrega a las instituciones policiales, se produce como efecto la inhibición del ciudadano. Además, nunca vamos a tener la cantidad necesaria de carabineros para fiscalizar los locales comerciales donde se puede consumir tabaco.
En suma, debemos avanzar en el control social y en una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía.
Como señalé, el proyecto de ley es de gran importancia para el Gobierno y para la ciudadanía, toda vez que apuntará principalmente a aumentar la presencia policial en las labores que la ciudadanía nos pide a nivel nacional, es decir, de seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Señoras diputadas y señores diputados ¿habría acuerdo para votar una indicación al artículo 4º del proyecto, que consiste en suprimir la función administrativa de Carabineros de Chile, presentada por todos los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
Acordado.
En votación general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular, con excepción de los artículos 4º, en el que debemos votar la indicación a que recién hice referencia, y 9º, respecto del cual se ha pedido votación separada.
El señor secretario dará lectura a la indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es para sustituir el artículo 4º del mensaje, y modificar el artículo único del decreto con fuerza de ley Nº 216, de 1931, cuyo texto fue sustituido por el artículo 2º de la ley Nº 19.866, por el siguiente: “El propietario u ocupante a cualquier título de una vivienda, para cambiar su domicilio, deberá comunicarlo a la municipalidad respectiva, mediante la entrega de una declaración jurada simple, en la cual se deje constancia del domicilio del cual se mudará y del lugar al cual lo hará. Esta declaración jurada deberá dejar constancia, además, de que el declarante no tiene impedimento legal, judicial ni contractual para efectuar la mudanza.
La aludida declaración, ya sea que quien la formule sea mero tenedor o propietario, deberá entregarse en la municipalidad respectiva, que procederá pura y simplemente a estampar un timbre de recepción en dicho documento, con lo cual este servirá como salvoconducto para todos los efectos legales. Si la mudanza se efectúa a una domicilio ubicado en otra comuna, una copia de esta declaración deberá entregarse además en la municipalidad correspondiente a esa otra comuna.”
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, hay un punto que no me queda claro. La indicación comienza señalando: “El propietario u ocupante”, de manera que puede ser uno u otro quien pida el salvoconducto. Por ejemplo, un arrendatario, que es un ocupante, puede pedirlo sin el conocimiento del propietario, y mudarse dejando impagas las cuentas.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, en virtud de la indicación se elimina el salvoconducto y se establece, en cambio, la entrega de una declaración jurada en la municipalidad respectiva.
El señor DITTBORN.-
Hoy el propietario debe autorizar la petición del salvoconducto. El cambio que plantea la indicación es que pueda pedirlo el ocupante sin el conocimiento del propietario, lo cual es un punto de fondo.
El señor LEAL (Presidente).-
Pido al señor Secretario que nuevamente dé lectura a la indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
“El propietario u ocupante a cualquier otro título de una vivienda, para cambiar su domicilio deberá comunicarlo a la municipalidad respectiva, mediante la entrega de una declaración jurada simple, en la cual se deje constancia del domicilio del cual se mudará y del lugar al cual lo hará. Esta declaración jurada deberá dejar constancia, además, de que el declarante no tiene impedimento legal, judicial ni contractual para efectuar la mudanza.
La aludida declaración, ya sea que quien la formule sea mero tenedor o propietario, deberá entregarse en la municipalidad respectiva, que procederá pura y simplemente a estampar un timbre de recepción en dicho documento, con lo cual éste servirá como salvoconducto para todos los efectos legales. Si la mudanza se efectúa a un domicilio ubicado en otra comuna, una copia de esta declaración deberá entregarse, además, en la municipalidad correspondiente a esa otra comuna.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación la indicación al artículo 4º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio.
Se abstuvieron los diputados señores:
Jaramillo Becker Enrique ; Mulet Martínez Jaime.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el artículo 9º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Araya Guerrero Pedro ; Chahuán Chahuán Francisco ; Duarte Leiva Gonzalo ; Goic Boroevic Carolina ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Mulet Martínez Jaime ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Venegas Cárdenas Mario ; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvieron los diputados señores:
Cristi Marfil María Angélica ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Valcarce Becerra Ximena.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE SUECIA. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que modifica el Convenio de seguridad social entre la República de Chile y el Reino de Suecia.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Pedro Álvarez-Salamanca.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 432510, sesión 48ª, en 12 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 51ª, en 19 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informo sobre el proyecto de acuerdo que aprueba las modificaciones al Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Suecia, vigente entre ambos países desde 1995, con el objeto principal de actualizar sus disposiciones conforme a los cambios introducidos en los últimos años, tanto en la legislación chilena como en la sueca, respecto de los beneficios de seguridad social que pueden impetrar los trabajadores nacionales de Chile o Suecia adheridos a los respectivos regímenes previsionales.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Estos convenios de seguridad social se insertan dentro de la política que ha animado al Gobierno de Chile en los últimos períodos, en orden a otorgar una protección previsional a los trabajadores que por diversos factores han debido emigrar desde nuestro país. Por ello se han suscrito, principalmente en la última década, numerosos convenios de seguridad social con otros Estados.
Los convenios de seguridad social, como el que se modifica, permiten que los trabajadores de los países que los celebran puedan reconocer los períodos de cotizaciones previsionales efectuados en conformidad a las leyes internas respectivas. En el caso de Chile, específicamente, se hace posible la aplicación de la legislación relativa a prestaciones de salud, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; nuevo sistema de pensiones administrado por las AFP y por el INP. En Suecia, se hace posible la aplicación de análoga legislación.
Las modificaciones que se introducen al Convenio vigente inciden, en lo sustancial, en las materias siguientes:
Entre los beneficios que se agregan debemos citar, en primer lugar, el seguro de cesantía, en el caso de Chile; y en el caso de Suecia, se agregan: el seguro por enfermedad con compensación por enfermedad y compensación por actividad; las pensiones de garantía y pensiones de jubilación basadas en los ingresos, y las pensiones de sobrevivencia, así como la subvención de sobrevivencia para hijos.
También se agrega una norma que dispone que, en caso de que una institución competente chilena requiera un examen médico adicional en el otro Estado contratante y que sea de su exclusivo interés, dicho examen será financiado de acuerdo con la legislación chilena, mecanismo aplicable a los trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual.
Se agregan nuevos componentes y formas de cálculo a las nuevas nomenclaturas de pensiones de compensación por garantías, comprendidos los beneficios otorgados con ocasión de la violación a los derechos humanos o de la violencia política durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, los cuales no serán considerados como pensiones y no afectarán la pensión de garantía de las pensiones suecas.
La señora subsecretaria indicó que esta modificación permitirá que nuestros compatriotas radicados en Suecia que perciben pensiones reparatorias no sean afectados por descuentos a los beneficios previsionales otorgados por la legislación sueca.
Se agrega una norma que permite a los beneficiados por la legislación sueca ser considerados imponentes del régimen previsional que administra el Instituto de Normalización Previsional chileno.
Esta modificación permitirá que las personas que se encuentren aseguradas debido al trabajo que ejercen o a la pensión que perciben, conforme a la legislación sueca, puedan ser consideradas como actuales imponentes del régimen previsional que les corresponda en Chile, para acceder a beneficios, de acuerdo a las leyes que regulan los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional.
Se contempla una norma especial de vigencia de este nuevo acuerdo, en virtud de la cual la aplicación de estas modificaciones no reducirá los beneficios concedidos a una persona antes de su entrada en vigor, manteniéndose los beneficios que hayan sido fijados conforme al convenio en actual vigencia.
Al término de su estudio, la Comisión decidió proponer a la Cámara de Diputados que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo que figura en el informe.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, complementando lo informado por el diputado señor Álvarez-Salamanca , quiero señalar que este Acuerdo es complementario al que se firmó entre la República de Chile y el Reino de Suecia el 13 marzo de 1995.
Al respecto, es necesario señalar que el Gobierno de Chile, en los últimos períodos, ha concretado el interés de otorgar protección previsional a los trabajadores que por diversos motivos debieron emigrar de nuestro país, lo que lo ha llevado a suscribir convenios de seguridad social con varios países, que establezcan la posibilidad de que nuestros compatriotas residentes en el extranjero puedan obtener los beneficios previsionales correspondientes al país en que residen, sin perder los que les puedan corresponder en Chile.
Con el transcurso del tiempo, prácticamente en los 11 años de vigencia del Convenio suscrito con Suecia en 1995, a raíz de peticiones de la comunidad de chilenos residentes en Suecia, se estableció la necesidad de modificar y actualizar el Convenio vigente, debido a las diferentes modificaciones legislativas llevadas a cabo en ambos países durante este lapso.
De manera que este Acuerdo modificatorio plasma tres materias extraordinariamente importantes: primero, el seguro de cesantía; segundo, la solicitud de exámenes médicos adicionales, y, tercero, una modificación para que los beneficios indemnizatorios otorgados por Chile a personas bajo las leyes N° 19.123,
N° 19.234, N° 19.980 y N° 19.992, con motivo de actos de violación a los derechos humanos o de violencia política, no sean considerados como ingreso, para los efectos de determinar el monto de la pensión de garantía que establece la legislación sueca.
Por último, el Acuerdo modificatorio del Convenio de Seguridad Social suscrito con Suecia en 1995, va a beneficiar a alrededor de 42 mil 400 chilenos establecidos en ese país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
El proyecto de acuerdo que modifica el convenio de seguridad social entre la República de Chile y el Reino de Suecia requiere, para su aprobación, del voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio, por contener materias de quórum calificado.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez- Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL SOBRE AHORRO DE ENERGÍA.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 93, del señor Rojas, de la señora Turres , doña Marisol ; de los señores Estay , Ward , Ulloa , Encina , Jiménez , Valenzuela , Sule y Espinosa, don Marcos.
“Considerando:
Que, durante los últimos años, las autoridades optaron por una mayor diversidad en la matriz energética del país mayoritariamente hidroeléctrica, lo que se tradujo en la incorporación de centrales térmicas y de ciclo combinado, algunas de las cuales utilizan gas natural como insumo;
Que, hasta mediados de los noventa, el 80% de la capacidad instalada del sistema interconectado central (SIC) correspondía a centrales hidroeléctricas y que, en la actualidad, sólo el 60% corresponde a centrales hidroeléctricas y el 40% a centrales térmicas. De éstas, aproximadamente el 25% son centrales de ciclo combinado. Esta política de mayor diversificación no fue errada en ningún caso, todo lo contrario, permitió incorporar mejor tecnología y diversificar la oferta, además de ser un resguardo frente a situaciones de sequía extremas como las vividas por el país en el pasado;
Que, sin embargo, el sistema continúa siendo vulnerable. En efecto, más del 60% del gas natural consumido en Chile el año pasado fue importado desde Argentina. En consecuencia, cualquier problema político en dicho país, como el suscitado en los últimos días, pone en riesgo el suministro de este recurso y cualquier decisión de política económica que tome la autoridad trasandina, como el impuesto a los hidrocarburos, puede afectar el costo del mismo;
Que la repercusión que ello podría tener en el país no es menor. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre el consumo total estimado de gas natural para el país durante 2002 que alcanzó a nueve mil doscientos millones de mt3, el 40% se destinó a la generación eléctrica, el 33% a la petroquímica, el 15% al uso industrial y el 5% al residencial. Se espera que el consumo total de gas natural crezca a una tasa anual promedio del 8% durante los próximos diez años;
Que, para el período 2002-2005, la tasa de crecimiento promedio del consumo de gas natural para generación eléctrica en Chile fue de alrededor del 16% anual, lo que significa que la demanda por gas natural argentino se duplica, aproximadamente, cada cinco años, y
Que, sin duda el problema energético de Chile debe ser internalizado por toda la sociedad. En la actualidad, las personas miran este problema como un elemento ajeno a la realidad local, es decir, existe en el inconsciente colectivo el concepto de que da lo mismo ahorrar o no energía eléctrica, ya que, de alguna manera, siempre los hogares tendrán el suministro necesario para satisfacer sus necesidades. Ello implica el despilfarro de energía con una absoluta falta de responsabilidad. Por esto, el Estado debe asumir un rol más activo en la educación de la población en materia de ahorro de energía e, incluso, analizar la posibilidad de premiar a aquellos hogares que utilicen responsable y eficientemente este recurso.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga de los recursos económicos necesarios a fin de llevar a cabo una campaña publicitaria de carácter nacional a fin de que la población tome conciencia de lo vital que es para el país el ahorro de energía.
Del mismo modo, estudiar los mecanismos para que el Estado entregue algún incentivo o subsidio a aquellas familias que utilicen eficientemente este recurso, es decir, cuando realicen un esfuerzo razonable en el hogar directamente relacionado con el ahorro energético, el Estado premie a este grupo familiar entregando un subsidio que permita complementar el pago de la cuenta de luz a través de tramos de ahorro en el consumo energético.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, pido apoyo para este proyecto, presentado por diputados de varias bancadas y cuyo autor es el diputado señor Rojas, que hoy no está presente, pues su objetivo fundamental es solicitar al Ejecutivo que realice una campaña publicitaria de ahorro de energía. Tales campañas han sido exitosas en Brasil y en Europa.
A veces, la matriz energética ha ahorrado hasta el 5 por ciento de su producción sólo gracias a tales campañas y a los incentivos entregados a las familias que ahorran energía. En este sentido, el Estado debería premiarlos, por ejemplo, entregándoles un subsidio que complemente el pago de la cuenta de luz.
Por lo tanto, como es un proyecto transversal y va en la dirección correcta, por cuanto estamos viviendo una crisis energética mundial, a la que se suma la actitud de las autoridades argentinas respecto del gas, pido a la Sala que lo apruebe.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
CAMBIO DE FECHA DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 94, de los señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Díaz, don Eduardo ; de la señora Valcarce , doña Ximena ; del señor Martínez ; de la señora Sepúlveda , doña Alejandra ; de los señores Estay , Rojas, Meza y Girardi.
“Considerando:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, todo vehículo que transite por calles, caminos y vías públicas en general estará gravado con un impuesto anual por permiso de circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva, de acuerdo con las tasas fijadas para cada tipo de vehículo, incluyendo en su letra a), a los automóviles particulares, los de alquiler de lujo, los de turismo o los de servicios especiales, los ‘station wagons’, los furgones, las ambulancias, las carrozas fúnebresautomóviles, las camionetas, las motocicletas y, en la letra b), N° 5, a los carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados hasta mil setecientos cincuenta kilógramos de capacidad de carga;
Que, el artículo 15 de este cuerpo legal, estatuye que la renovación de permisos de circulación se efectuará hasta el 31 de marzo de cada año, pudiendo pagarla en cuotas. La primera, dentro del período ordinario de renovación, y la segunda, dentro del mes de agosto, ajustándose su monto según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre los meses de febrero y junio, ambos inclusive, del año respectivo. El artículo 16 prohíbe renovar el permiso de circulación de un vehículo mientras no se acredite el pago total del impuesto del año anterior;
Que los vehículos descritos pertenecen en su gran mayoría a profesionales, técnicos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, en general, a personas que conforman la clase media del país, que los emplean como herramientas de trabajo necesarias para desarrollar sus respectivas labores;
Que, en el mes de marzo de cada año, estas personas deben incurrir en ingentes gastos derivados de la educación, correspondientes a las colegiaturas y matrículas de los establecimientos de enseñanza de sus hijos, lo que constituye una inversión, que, dada su enorme importancia, no es posible postergar;
Que, debido a ello, a muchos propietarios de vehículos no les resulta posible solventar el pago de la renovación de los permisos de circulación en el mes de marzo de cada año y, por ende, acogerse al sistema de pago en cuotas del mencionado tributo;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del decreto ley N° 824, los contribuyentes deben presentar su declaración anual de impuesto a la renta en el mes de abril de cada año y, en la eventualidad de que tengan derecho a devolución de los tributos pagados, ésta se produce siempre en el mes de mayo, lo que permite resarcir en parte los gastos incurridos en los meses anteriores y contar con los recursos necesarios para enfrentar este impuesto especial de circulación;
Que, en tal virtud y al objeto de que los propietarios de los vehículos ya descritos puedan pagar en forma efectiva el permiso de circulación obligatorio, conforme a las normas del decreto ley N° 3.063 y, asimismo, acogerse al sistema de pago en dos cuotas, resulta conveniente que la renovación de dicha autorización se haga en el mes de mayo de cada año y que su segunda cuota sea fijada para el mes de septiembre del año respectivo, y
Que, para tal efecto, es necesario modificar el N° 1 del inciso primero y la letra a) del inciso segundo, ambos del artículo 15 del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el N° 1 del inciso primero y letra a) del inciso segundo, ambos del artículo 15 del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, de manera que los permisos de circulación para los vehículos que en dichas disposiciones se determinan puedan efectuarse en el mes de mayo de cada año y, en la eventualidad de que los contribuyentes se acojan al sistema de pago en dos cuotas iguales, éstas se paguen dentro del plazo ordinario de renovación y la segunda, en el mes de septiembre del año respectivo.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, el propósito del proyecto es muy simple, pues, tal como establece su texto, la gran mayoría de las personas que poseen automóviles y vehículos de trabajo, especificados en el artículo 12 del decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales, pertenece a la clase media que debe afrontar inminentes gastos en marzo de cada año, derivados de la educación de sus hijos, correspondientes a las colegiaturas y matrículas, a los que necesariamente deben agregarse los textos y útiles escolares.
Dada la enorme importancia que representa para nuestra comunidad la inversión en la educación de nuestros hijos, no se pueden postergar esos desembolsos. Por esta razón, a muchos propietarios de esos vehículos no les es posible solventar el pago de la renovación del permiso de circulación en marzo de cada año, lo que, a su vez, les impide acogerse al sistema de pago en dos cuotas que permite la referida ley en su artículo 15.
Por otra parte, debe tenerse presente que en abril de cada año se efectúa la declaración anual de impuesto a la renta y para el evento de tener derecho a devolución de tributos pagados, ésta se produce siempre en la primera quincena de mayo. De esta forma, consideramos que debiera diferirse la renovación de los permisos de circulación de este tipo de vehículos para mayo de cada año y que su segunda cuota pueda ser pagada en septiembre del año respectivo. Para este efecto, se hace necesario modificar, mediante un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el número 1 del inciso primero y la letra a) del inciso segundo del artículo 15 del decreto ley N° 3.063, de manera que la renovación de los permisos de circulación de los vehículos cuyo tipo se describe en esas normas pueda efectuarse en mayo de cada año, y, en caso de acogerse al sistema de cuotas, la segunda pueda ser pagada en septiembre de cada año.
Creemos que una modificación de este tipo aliviaría en gran parte a la esforzada clase media del país, razón que me lleva a solicitar a mis distinguidos colegas que demos la aprobación a este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la honorable Cámara con respecto a este proyecto de acuerdo a partir de la experiencia de gestión de municipios cuyos recursos son limitados y cuya dependencia del fondo común municipal constituye parte sustantiva de su presupuesto y su funcionamiento.
No cabe duda alguna de que la solución planteada puede resolver un problema administrativo. Pero, de concretarse esta iniciativa, muchos municipios tendrán serios problemas de financiación durante el primer trimestre del año, cuestión que ya se vive hoy.
El flujo financiero de la gestión municipal durante enero, febrero y buena parte de marzo descansa y permite enfrentarlo sobre la recaudación de los permisos de circulación. Al cambiarse la fecha de cobro de los permisos de circulación es necesario alterar, por tanto, el modelo de funcionamiento del Fondo Común Municipal.
Por eso, voy a votar en contra este proyecto de acuerdo, a la espera de la reestructuración del Fondo Común Municipal que permita establecer flujos financieros razonables para los municipios.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
Se abstuvo el diputado señor
DEROGACIÓN DE LA LEY RESERVADA DEL COBRE.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 96, de los señores Accorsi , Valenzuela , Rossi , Núñez , Leal , Jarpa ; Espinosa, don Marcos ; Monsalve , Bustos y Escobar.
“Considerando:
Que la ley reservada del cobre dispone que el 10% de las utilidades obtenidas por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) se destinen directamente al presupuesto de las Fuerzas Armadas;
Que esta ley fue literalmente dictada, sin que a su respecto el país hubiera tenido la más mínima posibilidad de manifestar su aceptación o rechazo;
Que existe una conciencia generalizada en torno a que el presupuesto de las Fuerzas Armadas no puede seguir siendo objeto de un porcentaje de las utilidades de Codelco, ya que el monto de dicho porcentaje ha aumentado vertiginosamente durante los últimos años, a consecuencia del alza del cobre en los mercados internacionales. Entonces, lo que se destina al presupuesto de las Fuerzas Armadas es una cantidad exagerada de dinero, en consideración a los presupuestos destinados a otros sectores, como salud y vivienda, y
Que, bajo ningún respecto se pretende que las Fuerzas Armadas resulten perjudicadas en sus asignaciones presupuestarias, pero, al día de hoy, el país goza de una institucionalidad que permite, con altura de miras, debatir en el Congreso Nacional, año a año, con las garantías incluso de reserva que dispone el ordenamiento nacional, cuál es el presupuesto que se destina a la Defensa Nacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, haciendo uso de sus facultades exclusivas, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que, en lo sustancial, derogue la ley reservada del cobre y disponga que el presupuesto de la Defensa Nacional se tramite del mismo modo que el de los demás ministerios.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, ya en ocasiones anteriores hemos tratado este tema, y existe consenso mayoritario en el país de que todo debe ser transparente.
Hoy es la oportunidad de empezar a discutir el presupuesto de las Fuerzas Armadas en el Congreso Nacional. Aquí debe hacerse toda la discusión financiera y presupuestaria, como de cualquier otro ministerio. No podemos seguir con este sistema que, además, tiene algunas variables. Por ejemplo, con el actual precio del cobre, estamos ante un problema de financiamiento de las fuerzas armadas, porque prácticamente, su presupuesto se ha duplicado.
Entonces, reitero, creo que llegó la hora de discutir de una vez por todas el presupuesto de las Fuerzas Armadas, como el de cualquier otro ministerio.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene muy buenas intenciones, pero, claramente, constituye una señal bastante poco seria.
En primer lugar, como todos los señores diputados saben, en materia de defensa nacional debe haber una razonable posibilidad de que el Estado de Chile mantenga una defensa disuasiva. Hoy, los sistemas de defensa son muy caros, lo que significa que no se pueden adquirir de un momento a otro con presupuestos anuales. Por lo tanto, mientras no exista una alternativa distinta que permita asegurar en el largo plazo la adquisición de sistemas de defensa, no parece del todo serio postular una materia como ésta.
En el entendido de que este proyecto, sin duda, contiene una muy buena intención, hago un llamado a mis distinguidos colegas en cuanto a que no va en la dirección apropiada. Es más, todos hemos señalado que estamos dispuestos a conversar acerca de la posibilidad de modificar la ley, siempre y cuando tengamos una normativa clara que nos permita sustentar en el tiempo las adquisiciones de sistemas de defensa. A mi modesto entender, este proyecto da una señal profundamente equívoca y, además, me parece una muy mala señal para el Gobierno.
Por eso, llamo a votar en contra.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Estay
Se abstuvo el diputado señor
VII.INCIDENTES
SUMARIO EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, como parlamentario y médico, quiero referirme a un tema que me ha producido sentimientos de preocupación y de profunda decepción. Es muy difícil comprender y aceptar los hechos que a continuación expondré, ya que se está produciendo una injusticia con fuertes visos de persecución y de venganza política en un servicio que debiera ser un verdadero garante para la salud de los chilenos. Me refiero al Instituto de Salud Pública de Chile, ISP.
En ese organismo, por decisión de su dirección, en enero de este año, se inició un sumario en contra de tres profesionales de dilatada y limpia trayectoria de más de veinte años de servicio, utilizando como justificación el análisis de unas contramuestras de drogas que arrojaron resultados diferentes sólo en el porcentaje de pureza del estupefaciente indicado.
Primer contrasentido: las contramuestras se guardan para utilizarlas si hay dudas sobre la existencia de drogas en algún decomiso y no para destituir a profesionales, sobre todo cuando ellos diagnosticaron la presencia de cocaína que es lo realmente importante y suficiente para los procesos de estos delitos.
Cabe recordar que el ISP analiza las muestras de los decomisos de drogas incautadas por las policías y que dichos análisis son volcados en protocolos, los cuales son utilizados en los juicios a los que deben concurrir los profesionales responsables de esos análisis.
Segundo dato anómalo: el fiscal designado para este caso, señor Juan Ferruz , dos semanas antes de iniciar el sumario, fue ascendido de grado 8 a grado 5 sin mediar concurso público alguno, mostrando como único antecedente curricular, el hecho de ser amigo de la ex directora del ISP, Patricia Millas , quien abandonaba en pocas semanas más su cargo. De ese modo, se pasó a llevar a decenas de profesionales con muchos más años y currículo que el de este funcionario.
Durante el sumario, numerosos expertos demostraron, fehacientemente, que era absolutamente erróneo comparar dos muestras con métodos distintos, con la agravante de que el primer análisis se realizó con una muestra con alta humedad y que, seis meses después, estaba seca. No hay que ser experto para concluir que la concentración de cocaína sería mayor. Ése es el dato técnico; ésa fue la excusa.
Lo concreto es que, sin considerar los testimonios entregados por expertos incluso por la abogada fiscal Macarena Cañas acerca de las muestras en cuestión, se aseveró que, en un decomiso de 20 kilogramos de pasta base, la muestra no era obtenida con métodos que aseguraran su representatividad, pero que en los análisis realizados por los profesionales cuestionados se determinó la presencia de cocaína. Por su parte, la abogada del Ministerio Público, Lorena Rebolledo , aclaró que eventuales diferencias en la concentración de drogas no alteran en nada la pena impuesta ni menos la confirmación de la culpabilidad de los narcotraficantes.
Nada de esto fue tomado en cuenta y el fiscal antes mencionado, que no es abogado, sino un bioquímico que no tiene cabal conocimiento de la ley y no es experto en drogas, propuso a la actual directora la destitución de los profesionales.
Los profesionales afectados son los químicos farmacéuticos Rosa Vásquez Moya , José Jarpa Moreno y Elizabeth Armstrong González.
Me referiré específicamente a Elizabeth Armstrong , a quien conozco hace más de quince años. Se trata de una persona de reconocida experticia en drogas y que, además, preside la Asociación de Profesionales Nº 2 del Instituto de Salud Pública, desde el cual ha realizado numerosas denuncias sobre irregularidades y ha oficiado en innumerables oportunidades a la Contraloría General de la República para solicitar fiscalizaciones por hechos que, incluso, han significado la remoción de directores anteriores o la devolución de dineros obtenidos por sobresueldos. Es decir, ella constituye una piedra en el zapato para quienes no actúan en forma correcta y transparente.
Elizabeth Armstrong es magíster en salud pública; tiene numerosos diplomados en su especialidad y ha recibido distinciones del gobierno de los Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico. Fue consejera del Conace; presidió la Comisión de Drogas de la Asociación Chilena de Municipalidades cuando fue concejala de La Reina. Colaboró con el ex ministro del Interior del gobierno del Presidente Eduardo Frei , Carlos Figueroa , en los temas sobre el manejo que se hace de los precursores de la droga en el país y, desde que se inició la reforma procesal penal, hace tres años, ha concurrido en calidad de perito a cientos de juicios contra narcotraficantes, y según reconociera el Fiscal Nacional, señor Guillermo Piedrabuena , sus testimonios y los del resto de sus colegas sumariados han sido claves para el éxito de los fiscales, que han logrado condenar a los delincuentes.
Es triste e indignante lo que está sucediendo. La diferencia de resultados obtenidos se debe a que los decomisos no son homogéneos, ya que se utilizaron métodos de análisis distintos, no validados, y muestras en diferente estado. Sin embargo, fueron motivo suficiente para que la directora del ISP acogiera la propuesta de destituir a esos profesionales, que en los últimos tres años han declarado a cara limpia en contra de narcotraficantes, de frente a los inculpados y a los familiares y amigos de estos delincuentes, sin recibir protección alguna y ni un solo pago adicional a sus modestos sueldos de la administración pública.
¡Que gran contrasentido! Sobre todo si se considera que esos profesionales nunca habían sido sumariados por causa alguna y siempre habían estado calificados en lista 1 de distinción, es decir, tenían una intachable conducta profesional.
¡Estos funcionarios han arriesgado su vida! ¡Si señores, su vida! Y resulta que las puñaladas y los ataques a su honra y a su calidad profesional no vinieron de los narcotraficantes, sino del propio Gobierno de Chile, a través de una funcionaria de confianza de la Presidenta de la República, como es la directora del ISP, señora Ingrid Heitmann Ghigliotto.
¡Ése es el contrasentido!
Mientras la Presidenta visita consultorios y pregona el eslogan de “Tratémonos bien”, su gente de confianza utiliza ardides y resquicios para perseguir a personas que arriesgan su vida luchando contra la droga. ¡Qué buen trato!
Pero eso no es todo. Elizabeth Armstrong , en su calidad de presidenta de la Asociación de Profesionales Nº 2, denunció públicamente las pésimas condiciones técnicas en que desarrollaban su labor y que, por el atochamiento de muestras, en un momento se puso en peligro el éxito de muchos juicios, por lo que requerían mejores condiciones de trabajo. Esto también fue reconocido por el fiscal Piedrabuena , a mediados del año pasado, cuando afirmó que, en ese entonces, el ISP sólo contaba con tres peritos para todo el país dos de ellos están sumariados junto a su jefe y que el problema era del Gobierno, por no aportar el dinero necesario para contratar más profesionales y contar con una adecuada infraestructura.
Llegaron equipos nuevos, y lo primero que hicieron fue comparar muestras que habían sido realizadas en forma artesanal, castigando así, de manera injustificada, a quienes, con gran esfuerzo y con medios obsoletos, sacaban adelante su trabajo. Y lo sacaban adelante contra la voluntad de los directores de turno, pues ellos negaron sistemáticamente recursos para esta importante función.
Quiero destacar que casi un centenar de profesionales del ISP se atrevieron a firmar una carta de protesta por la destitución de los tres profesionales afectados. En la carta afirman lo siguiente:
“Los profesionales firmantes consideramos que el ISP no tiene las condiciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones y actividades asignadas por ley y reglamentos, lo que indica claramente que cada funcionario que aquí trabaja está sobrepasado por las decisiones de las autoridades correspondientes, que no se han preocupado de llevar a cabo una clara y definida política de calidad institucional.
“Por lo tanto, la destitución de los tres profesionales no se condice con la responsabilidad que deben asumir la dirección y directivos de nuestro instituto”.
Para respaldar esas erradas políticas institucionales, sobre todo en el análisis de presuntas drogas, lo primero que hizo la actual directora del ISP, señora Ingrid Heitmann , al asumir aduciendo falta de recursos fue retirar, como meta comprometida con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el objetivo de “Acreditar el Laboratorio de Sustancias ilícitas por normas 17025”. O sea, no le interesó mejorar la calidad de sus certificaciones.
Otro contrasentido. Exige calidad, pero niega los recursos para mejorarla y sanciona por una supuesta falla en los análisis.
En estos momentos, pese a estar solicitada su destitución, la profesional Elizabeth Armstrong González se encuentra en Iquique testificando en contra de narcotraficantes; es decir, sigue cumpliendo con su deber moral de luchar contra la droga, pese a que quieren destituirla de sus funciones y destruirla profesionalmente.
Estamos ante un caso de discriminación y persecución. Por la prensa, los propios fiscales han destacado la colaboración con la justicia y la entrega profesional de esos peritos.
Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué los sacan? ¿Acaso estos profesionales molestan a quienes faltan a la ética y a la transparencia? ¿Acaso el brazo del narcotráfico es tan poderoso como para buscar la eliminación de quienes colaboran con la justicia y los combaten con valentía? Las preguntas están formuladas.
Espero que la dirección del ISP y las autoridades de Salud corrijan esta injusticia y consideren los numerosos testimonios que indican que el sumario es injusto y arbitrario y que no se consideró que los resultados diferentes no inciden para nada en los juicios por narcotráfico.
Con la destitución sólo se está infligiendo daño por personas recién llegadas al ISP a profesionales que han dedicado una vida a la salud pública, trabajando en deplorables condiciones, pero cumpliendo con su deber.
Por lo expuesto, pido que se oficie al contralor General de la República para que informe acerca del uso y destino de los fondos que se entregaron a mediados del año pasado para ser utilizados en la contratación de más profesionales y técnicos para el análisis de presuntas drogas y en el mejoramiento de infraestructura y de laboratorios, ya que, al parecer, parte de estos fondos aún no son utilizados en los fines dispuestos, de acuerdo con la imperiosa necesidad, por cuanto se contrataron menos de la mitad de los profesionales requeridos oportunamente para los objetivos señalados.
Asimismo, solicito que dicho órgano contralor informe acerca del ascenso vertiginoso del funcionario Juan Ferruz.
Sólo pido que quienes sólo saben conjugar las palabras democracia, justicia y derechos humanos, pero que al momento de practicarlos actúan en forma autoritaria, injusta y vejatoria, no sigan atropellando la dignidad y los derechos de profesionales de dilatada trayectoria.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
PROTECCIÓN PREVISIONAL PARA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO A LA JUNAEB. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, quiero referirme a la situación laboral en que se encuentran las miles de manipuladoras de alimentos que prestan servicios en distintos establecimientos educacionales, contratadas por concesionarias que tienen relación comercial con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.
La Junaeb licita, por período de tres años, las raciones alimentarias para los estudiantes más pobres del país. Las empresas privadas que se adjudican el servicio contratan, a su vez, manipuladoras de alimentos. Sin embargo, esas mujeres son contratadas solamente por un período de diez meses, de marzo a diciembre, distinto al contrato de tres años que tienen las empresas que se adjudican la licitación. Por supuesto, esa relación laboral genera en ellas inestabilidad laboral; no saben si serán contratadas al año siguiente, a pesar, reitero, de que las empresas tienen asegurado tres años de contrato. Tampoco reciben pagos durantes los meses de enero y febrero; por ende, cuando son recontratadas, no cuentan con las cotizaciones previsionales correspondientes a esos meses, lo que se traduce en las consabidas lagunas para su jubilación. Es decir, ellas, sus familias y sus hijos están en la más absoluta desprotección.
Tratándose de un programa permanente del Estado, deberíamos dar el ejemplo y procurar buenas prácticas laborales y asegurar para esas mujeres un trabajo decente.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación, al ministro del Trabajo y Previsión Social, a la ministra del Sernam y al director nacional de la Junaeb, para que revisen las bases de licitación del programa de alimentación escolar que se elaboran para el llamado que se hará en las regiones Cuarta, Quinta, Novena , Duodécima y Metropolitana, y establezcan que las empresas concesionarias que se adjudiquen los contratos deberán velar, por lo menos, por el pago de las cotizaciones previsionales durante los meses de enero y febrero para las mujeres contratadas como manipuladoras de alimentos.
Se trata de ocho mil mujeres, sumadas las cinco regiones, que estarán involucradas en los contratos que serán licitados; 205 de ellas son de la Región de Magallanes. Por ello, considero que merecen una preocupación especial.
Las bases, de acuerdo con lo programado por Juaneb, deberían estar listas el 15 de agosto. Por lo tanto, mis peticiones de oficio tienen carácter de urgente.
En otras ocasiones, el Estado ha establecido requisitos especiales en las bases de licitación; por lo tanto, existe la posibilidad de actuar, a fin de asegurar mejores condiciones laborales para esas mujeres trabajadoras.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando.
INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE CONCESIONES Y ENAJENACIÓN DE TERRENOS EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales para que nos remita el detalle de las solicitudes de concesiones y ventas de predios fiscales en la Región de Magallanes, desde el año 2000 a la fecha, en particular las solicitudes de terreno efectuadas por la empresa Cifco y la fundación Ecoscience en isla Navarino, canal Murray y caleta Olla, especificando en cada uno de los casos cuál fue el trámite realizado a nivel regional, en particular en la Comisión de Concesiones Regionales.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando.
RETRASO EN ENTREGA DE SUBSIDIOS Y CRÉDITOS INDAP. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, estoy en absoluto acuerdo con lo solicitado por la diputada Carolina Goic para las trabajadoras que se desempeñan como manipuladoras de alimentos, que son consideradas temporeras porque no tienen un contrato anual de trabajo que les dé estabilidad. Por lo tanto, voy a estar pendiente de lo que se resuelva, porque cuando corresponda llamar a la licitación en la Sexta Región, haré la misma petición.
Señor Presidente, parte importante del presupuesto del Indap se destina a subsidios y créditos. Por lo tanto, es preciso que estos recursos estén siempre a disposición de los agricultores en forma oportuna.
La preocupación surge después de varias reuniones con agricultores de Chimbarongo, San Vicente y algunos funcionarios del Indap. Estos últimos nos dieron a entender, este fin de semana, que los programas de créditos y subsidios estaban vigentes, pero que, lamentablemente, a pesar de tener presupuesto, no tenían caja. Hoy, un área del Indap, que puede atender perfectamente tres o cuatro comunas, solicita alrededor de 60 millones de pesos y sólo le asignan diez. Tengo entendido que así está ocurriendo en todo el país.
La agricultura no funciona como una fábrica de zapatos, que puede obtener el crédito en cualquiera época del año, sino que tiene tiempos determinados y no puede esperar. Lamento que a los agricultores, cuando concurren a las oficinas del Indap, hasta cinco al mes, se les responda: “vuelva la próxima semana, entre los días 10 y 20, porque puede que tengamos caja”.
Esa es una muy mala señal, sobre todo cuando se trata de un presupuesto tan exiguo para cubrir las necesidades que existen; además, se está tramitando a la gente.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que agilice y adecue las fechas de entrega de caja al Indap, porque, tal como ha ocurrido en años anteriores, llega mucha plata en noviembre y diciembre, cuando ya no se puede sembrar. La oportunidad de caja permitirá que los agricultores puedan hacer sus siembras a tiempo.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, cuando la Presidenta de la República visitó, entre otras, las ciudades de Rengo y Coltauco, en la Sexta Región, para tomar contacto con algunos comités de agua potable rural, señaló que la próxima semana o la subsiguiente daría a conocer el anuncio, que estamos esperando, sobre el programa de la pequeña agricultura en sus cuatro años de gobierno.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Hacienda, con el objeto de que se apruebe el presupuesto que se está solicitando. Hoy existen muchos programas bastante interesantes que deben incorporar más recursos, tales como el que anunció el ministro de Agricultura la semana antepasada en relación con la recuperación de suelos dedicados al cultivo de maíz, que con seguridad permitirán reactivar este sector tan deprimido.
Por eso, ojalá que el ministro de Hacienda pueda aprobar la totalidad del presupuesto que se está pidiendo para el Ministerio de Agricultura, a fin de llevar a cabo las distintas iniciativas. Vemos con preocupación las restricciones que siempre coloca el Ministerio de Hacienda para concretar algunos programas importantes. Espero que ésta no sea la ocasión de ello.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POSTA DE ADULTOS EN EL HOSPITAL ALBERTO HURTADO Y LICITACIÓN DE HOSPITAL DE LA FLORIDA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, la atención hospitalaria de la zona suroriente de Santiago, que abarca a más de un millón de habitantes, presenta serias dificultades.
Durante los últimos días hemos visto a través de los medios de comunicación la insuficiente capacidad de atención de adultos de la posta del Hospital Sótero del Río.
Hoy existe un proyecto, aprobado y en plenas condiciones de iniciar su ejecución, para instalar una nueva posta de adultos en el Hospital Alberto Hurtado , de la comuna de La Pintana.
Por ello, pido oficiar a la ministra de Salud para que informe acerca del plazo de licitación y de puesta en funcionamiento de esta obra, que se necesita con mucha urgencia. De esa manera se paliaría en parte la difícil situación que se vive en La Florida, Puente Alto, San Joaquín , La Granja, San Ramón y La Pintana, que están a la espera de llevar adelante el proyecto anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet para construir el nuevo hospital de La Florida, a través del sistema de concesiones.
Asimismo, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que informe acerca del calendario de licitación del proyecto de concesión del hospital de La Florida, que también formó parte de los anuncios de la Presidenta Bachelet el 21 de mayo recién pasado, aspiración largamente sentida por nuestra comunidad. Esperamos que el ministro de Obras Públicas esté tan preocupado de llevar adelante el proyecto como lo ha estado respecto de otras materias en el último tiempo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo señalan.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES POR CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marco Enríquez-Ominami.
El señor ENRÍQUEZ-OMINAMI.-
Señor Presidente, por un cuarto de siglo el país ha estado sujeto a un sistema de pensiones por capitalización individual que ha producido un escenario de desamparo social gravísimo, que afecta con más fuerza a personas de la tercera edad.
En este contexto, resulta imperativo que la comisión que estudia la reforma al sistema previsional tenga la capacidad y la visión suficiente para no repetir los errores del actual sistema y propenda a la creación de uno que rompa de manera tajante y definitiva las desigualdades provocadas.
La premisa básica que debe guiar la reforma, y que, por lo demás, debiese ser el epicentro de cualquier sistema de seguridad social, es asegurar medios de vida dignos y suficientes para que todos los miembros de la comunidad puedan enfrentar las contingencias por pérdida de ingresos derivadas de la invalidez, vejez o muerte del jefe de familia.
Es un hecho de la causa que el actual sistema de seguridad social no ha sido capaz de cumplir con lo anterior. Por definición, la capitalización individual es un instrumento no solidario y, por lo mismo, extraño a la seguridad social. En efecto, es un mecanismo perverso que reproduce las desigualdades. Quienes a lo largo de su vida tienen capacidad de ahorro, lograrán algún nivel de respaldo; quienes ganan salarios o rentas insuficientes y sufren el flagelo de la cesantía, del empleo estacional, informal o precario, no generarán la acumulación necesaria.
La capitalización tiene un elemento de rigidez en cuanto proyecta hacia el futuro situaciones pretéritas. Así, los bajos niveles salariales que afectaron a los trabajadores en la primera década de funcionamiento del sistema y una tasa de cesantía que llegó a afectar a uno de cada tres chilenos en situación de trabajar, hoy se reflejan en niveles paupérrimos de ahorro. En 1998, el 84 por ciento de los afiliados, cotizantes y no cotizantes, de entre 35 y 40 años de edad generación pura del sistema, registraba menos de 5 millones de pesos en su cuenta individual. A su turno, los cotizantes de igual generación no estaban mucho mejor, por cuanto casi el 70 por ciento no había acumulado aún la cifra indicada, según se expresa en el boletín N° 144, de la Superintendencia de las AFP. El hecho concreto es que los resultados han sido deficientes y sus consecuencias son irreversibles en un mecanismo que privilegia las primeras etapas del ahorro.
Se propone más de lo mismo para superar el daño que está derivando del bajo nivel de acumulación de los afiliados. Para corregir los graves efectos de las “lagunas”, se sugiere obligar a los afectados a una sobrecotización, pero los proponentes olvidan que la baja densidad impositiva afecta principalmente a quienes tienen menor capacidad de ahorro y que la sobrecotización tardía no compensa a la que se dejó de hacer en el pasado, dada la importancia del factor oportunidad del ahorro en un sistema de capitalización.
Los niveles de insuficiencia de ahorro son tan altos que las únicas vías de solución parecen ser, para quienes no quieren entender el fracaso del sistema, una o más de las siguientes:
a)Seguir negándose a ver la realidad y, a través del juego de hipótesis falsas, consistentes en atribuir a los chilenos densidades de cotizaciones altísimas, salarios adecuados y rentabilidades de los fondos de pensiones también altísimas, concluir que sus pensiones supondrán tasas de sustitución importantes.
b)Escamotear las prestaciones ofrecidas a los chilenos aumentando los requisitos de acceso a las prestaciones, como se ha sugerido para las mujeres, o imponer nuevos y mayores niveles de ahorro.
Ninguna de esas alternativas es viable, dado que las generaciones que han partido con el sistema ya sufren un daño irreversible. Los trabajadores de temporada, los independientes, los informales y todos quienes han padecido y sufren la precariedad en sus empleos, no pueden solucionar sus carencias si se les exige un ahorro que no están en condiciones de soportar. Las mujeres no pueden obtener su necesario retiro anticipado del mundo del trabajo sin que se complemente su ahorro.
Se escuchan algunas propuestas parche que apuntan a aspectos no centrales, como rebajar los costos exagerados del sistema, mejorar la competencia o solucionar uno o más de sus aspectos secundarios, pero lo cierto es que la capitalización individual no está en condiciones de dar respuesta a los problemas de protección social de los chilenos.
La única solución es la solidaridad que llegue en ayuda de quienes la necesitan para superar sus insuficiencias de ahorro. Un fondo solidario redistributivo, con aportes del fisco y de los empleadores, podría hacer posible que cada chileno y chilena tenga una pensión para vivir con dignidad su vejez.
El Estado chileno se está haciendo cargo de la indigencia y de la insuficiencia del sistema, mientras las AFP hacen su negocio y obtienen utilidades que están por sobre lo normal de cualquier negocio.
De esta forma, resulta esencial un cambio de paradigma, el que sólo puede materializarse a través del reparto y de la capitalización colectiva. Este mecanismo permitirá crear un sistema universal en el plano de la población cubierta, un cuadro de contingencias amparadas integralmente, un régimen de prestaciones suficientes y una administración moderna, eficiente y de costo razonable, así como instancias de participación de los interesados que lo haga democrático y, lo que es más importante, una asignación del esfuerzo financiero solidario que logre una efectiva redistribución de ingresos hacia los sectores de menores recursos.
Pido que se remita copia de mi intervención al ministro del Trabajo y Previsión Social y al superintendente de Seguridad Social.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Fernando Meza.
TERMINACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR CATRICO, DE VILLARRICA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, he recibido una comunicación de un vecino de Villarrica llamado Adán Caniumilla Navarrete , a la sazón presidente del Comité de Agua Potable Rural del sector Catrico , de la comuna de Villarrica, Novena Región, que represento en la Cámara de Diputados.
En ella me hace presente las dificultades que está teniendo la gente de ese sector, sufridos campesinos que soñaron con el agua potable rural, que con los esfuerzos del Gobierno se ha conseguido financiar su implementación. Pero, a la fecha, los campesinos no saben cuál será el término de la marcha blanca, porque algunos arrangues domiciliarios han entregado agua una sola vez, con poca presión y por un período de dos horas, aunque, a veces, ni siquiera llega por ese tiempo. Además, sanitariamente no es utilizable.
Las obras se encuentran abandonadas desde el 20 de julio por la empresa constructora, ya que las personas que estaban a su cargo se fueron a trabajar a Villarrica, pero no se sabe en qué.
Falta fiscalización de las cámaras de corte de cada sector, las que se encuentran llenas de agua, tanto por filtración de tuberías o de aguas lluvia, y en algunos sectores hay filtración de tuberías y de llaves de medidor, y no se ha realizado la conexión eléctrica. Tampoco se han mejorado los caminos vecinales ni se han retirado los restos de tierra, piedras y rocas.
Por lo tanto, pido oficiar al intendente de la Novena Región de La Araucanía, con el objeto de que fiscalice lo que está sucediendo con las obras de agua potable rural del sector Catrico , en Villarrica.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Errázuriz , Arenas y de quien habla.
FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS DE EMISIÓN DE GASES EN PLANTAS UBICADAS FUERA DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero insistir en el drama que hoy tiene en ascuas a mucha gente de clase media propietaria de vehículos que no pueden pasar la revisión técnica.
Se deben adecuar y flexibilizar las normas de las plantas de revisión técnica que no están ubicadas en la Región Metropolitana, tal como, según se señala, se hizo en el caso de Codelco, cuyas normas se adecuaron para permitir las emisiones de la División El Teniente, relacionadas con los problemas de derrames de relaves, por todos conocidos.
Sin embargo, la sufrida clase media campesina, propietaria de vehículos con los que realizan trabajos muy necesarios para la economía familiar, no pueden obtener la revisión técnica, porque sus vehículos no logran cumplir con las emisiones de gases que se exigen para Santiago.
En consecuencia, pido oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para darle a conocer esta situación, en atención a lo solicitado por don Andrés Torres Sánchez , alias “ Pepe Grillo ”, vecino de Loncoche, una de las comunas afectadas, quien todos los días insiste con este diputado para tratar de solucionar ese problema.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Errázuriz , Arenas y Pérez.
ASFALTADO DE CAMINO DE LONCOCHE A CALAFQUÉN. Oficio.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, no siempre el flujo vehicular debe determinar la construcción de un camino. Lo señalo, porque hemos pedido hasta el cansancio que se efectúen las obras de asfaltado del camino que une Loncoche con Calafquén, que abre a esa comuna a la región lacustre.
El exitoso y serio gobierno del Presidente Lagos adquirió ese compromiso, pero hoy es desconocido por el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitrán. Si el ministro Bitrán hubiese ocupado el mismo cargo en 1890, el Presidente Balmaceda jamás hubiera inaugurado el viaducto Malleco , porque su construcción era muy cara. En estos momentos, los parlamentarios estamos sufriendo las consecuencias debido a que se desconocen muchos de los compromisos adquiridos por el Presidente Lagos, lo cual tiene muy afectada a la ciudadanía.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitrán , a fin de solicitar que se considere la obra de asfaltado del camino que une a Loncoche con Calafquén, lo cual terminaría con el drama de la gente de esa comuna.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Errázuriz , Arenas y Pérez.
DISCRIMINACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE TRABAJOS EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, quiero hacer presente lo que está sucediendo con los programas de generación de empleo del Fondo Social de Absorción de Cesantía, Fosac , que administra el Ministerio del Interior, a través de su Subsecretaría y del Departamento Fondo Social.
En el caso de la provincia de Malleco, los listados de las personas contratadas por esos programas fueron elaborados, según información que consta en la propia Subsecretaría del Interior, por la gobernación provincial de Malleco, con base en supuestos listados inscritos en las oficinas municipales de información laboral, Omil.
Hasta junio de 2006, según información disponible en la Subsecretaría del Interior, se han asignado cientos de programas de empleo en la provincia de Malleco, con un criterio que me lleva a tener fundadas sospechas sobre la politización de los mismos.
Hasta la fecha, en Angol, cuyo alcalde es de la Concertación, se han entregado 149 cupos. Sin embargo, en la comuna de Traiguén, donde su alcalde es uno de los pocos que pertenece a la Alianza por Chile en la provincia de Malleco, la cual tiene problemas de desempleo tanto o más graves que los de Angol, sólo se han asignado 16. A Ercilla, cuyo alcalde es socialista, se le asignaron 302 cupos; a Lumaco, 73; a Collipulli, 39 y a Los Sauces, 30. Es decir, existe una discriminación arbitraria y maliciosa en contra del gobierno municipal de la comuna de Traiguén, y tengo sospechas fundadas de que se debe exclusivamente a criterios políticos.
Se me han acercado varios dirigentes de las comunidades mapuches de la comuna para decirme que el Gobierno ha discriminado a las comunidades receptoras de cupos de generación de empleo. En su gran mayoría, estos se asignan a una o, a lo más, a dos comunidades mapuches de Ercilla, que son las llamadas comunidades conflictivas, porque han participado en tomas de caminos, de espacios públicos y en protestas frente a la municipalidad. Sin embargo, no se han asignado a la inmensa mayoría de las comunidades que son pacíficas y conformadas por personas de trabajo, de esfuerzo y que no andan presionando a la autoridad, ni mucho menos están involucradas en hechos que revisten caracteres de delitos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al subsecretario del Interior, con el objeto de que nos informe respecto de los criterios técnicos empleados en la comuna de Traiguén, donde sólo se han asignado 16 cupos del Fosac.
Además, que nos señale a qué comunidades mapuches pertenecen los más de 300 cupos entregados en la comuna de Ercilla, con el objeto de saber si se discrimina en contra de las comunidades mapuches pacíficas, que son la inmensa mayoría.
Pido, también, que se remita copia de mi intervención y del oficio al subsecretario del Interior, a los alcaldes de la comunas de Traiguén y de Ercilla y a sus concejales.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TRAIGUÉN. Oficios.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, quiero denunciar la grave situación que afecta a dos caminos rurales de Traiguén.
El primero es el de Traiguén a Pichipellahuén, por Rucatraro, que pertenece a la comuna de Traiguén. Ese camino se encuentra en muy mal estado por falta de roce y despeje de la faja, lo cual lo ha angostado considerablemente, además de no contar con una carpeta de rodados ni con cunetas, lo cual lo hace prácticamente intransitable en esta época, con la agravante de que es la única vía de comunicación que tienen comunidades mapuches de La Alianza, Paso Firme y El Aromo con el sector urbano de Traiguén, adonde van a comercializar sus productos los pequeños agricultores. Además, es la única vía que utilizan para asistir a clases los 31 alumnos de la escuela particular Rucatraro y los más de 70 alumnos de la escuela Corrientes Blancas.
Solicito que se oficie al director nacional de Vialidad, con el objeto de que nos informe cuáles son los programas de conservación y mantenimiento de dicho camino y cuándo se van a ejecutar.
El segundo es el camino que une Traiguén con La Unión y que con una longitud de 14 kilómetros es la única vía de acceso a la comunidad mapuche Unión Temulemu, conformada por más de 35 familias. Ese camino no cuenta con una carpeta de rodados y, por lo tanto en el invierno es prácticamente intransitable, con la agravante de que en el sector de la comunidad mapuche Unión Temulemu no hay posta rural ni escuela rural, razón por la cual sus habitantes deben ir necesariamente al centro urbano de la comuna de Traiguén.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director nacional de Vialidad, con el objeto de que nos informe cuáles son los planes de mantenimiento y conservación del camino TraiguénLa Unión y cuándo se van a ejecutar.
Pido que se remita copia de ambos oficios al alcalde de Traiguén y a los concejales de esa comuna.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las señoras diputadas y señores diputados que así lo indican.
ELIMINACIÓN DE PROGRAMA DE RADIOEMISORA DE CALAMA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.-
Señor Presidente, seré breve para denunciar una situación que me parece de la máxima gravedad. El jueves recién pasado, fui invitado a participar a un programa radial en Calama. Consultado respecto de la situación que afecta a la mina de Chuquicamata en relación con el derrumbe, manifesté críticas bastante duras en contra de la forma en que había actuado la minera estatal y sus máximos dirigentes. Mis críticas fueron duras, pero respetuosas y bastante sinceras.
Terminado el programa, no pasó más de una hora y las personas que estaban trabajando en la radio recibieron un llamado telefónico de una persona que se identificó como un periodista que trabajaba en la minera estatal Codelco Norte, y presionó a las personas que trabajan allí, a los dueños de esa radioemisora y al director del programa de tal manera que se vieron obligadas a terminar con el programa. Obviamente, denuncié esta situación en los medios de comunicación locales.
No voy a ampararme en el fuero para hacer denuncias que no soy capaz sostener fuera de esta Sala. Por eso, hoy uso esta tribuna porque quiero denunciar y hacer público a un atentado cierto y gravísimo contra la libertad de expresión.
La respuesta oficial de la minera estatal, específicamente de Codelco Norte, fue que ellos jamás estarían en contra de la libertad de expresión y que la persona que había hecho ese llamado telefónico no formaba parte de la empresa, pero yo estaba allí cuando esa persona se identificó y, efectivamente, forma parte de la estructura de personal de la empresa estatal.
Por lo tanto, solicito que se oficie a las máximas autoridades de Codelco Norte y al presidente ejecutivo de Codelco para, en primer lugar, informarles sobre esta situación, porque, aunque no forma parte de sus atribuciones estar al tanto de todo lo que ocurre, es necesario que sepan que esto sucedió. En segundo lugar, para que se inicie una investigación interna que logre acreditar si la persona que realizó la llamada telefónica forma parte de la estructura de la planta de Codelco, a fin de que esto no se vuelva a producir.
No es una situación nueva; es un secreto a voces en la ciudad más grande del distrito que represento, Calama , en el sentido de que ha ocurrido en otras oportunidades, pero hasta el momento se había callado. Llegó la hora de terminar con ese tipo de actitudes matonescas. De comprobarse la gravedad de esta situación, iniciaremos las acciones pertinentes.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
ALCANCES SOBRE EXPRESIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, en el diario “La Segunda” de ayer y con caracteres destacados se señala: “Ministra Provoste lanzó crítica a empresarios y mundo eclesiástico”. En “El Mercurio” de hoy, “Ministra Provoste abre polémica con los empresarios y la iglesia.” La ministra de educación Yasna Provoste dijo en la Universidad de Los Andes textualmente: “Nunca he visto a una autoridad del mundo eclesiástico golpeando la puerta de un ciudadano, preguntándole cómo está.”
No sé si la ministra Provoste alguna vez ha visto a alguna autoridad del mundo eclesiástico, no sé si ha visto a alguien del mundo eclesiástico, no sé si sabe lo que hace un sacerdote, un obispo o un pastor evangélico. Lo que sí sé es que la ministra Provoste ha inferido una injuria gratuita a las iglesias católica y evangélica, con una declaración desafortunada, emitida en el lugar más inadecuado: una universidad profundamente vinculada a la iglesia católica.
Solicito que copia de mi intervención se envíe al señor presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Alejandro Goic.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.39 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Estay, Barros, Bobadilla, García, Lobos, Martínez, Norambuena, Palma; Sepúlveda, don Roberto, y Von Mühlenbrock.Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, estableciendo como infracción grave el no pago de peaje. (boletín N° 4399-15)
“Considerando que:
1. Con la finalidad de mantener el buen estado de carreteras el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, implementó en nuestro país un sistema tarifa o pago de peaje.
2. A efectos de dotar al país de un moderno sistema de autopistas urbanas e interurbanas, aparte de construir, mantener, administrar y cobrar peaje en las carreteras fiscales, el Estado ha licitado varias obras de este tipo, tanto en regiones como en Santiago.
3. Para evitar la cancelación de seguros estatales, el funcionamiento expedito de las carreteras licitadas y su financiamiento, las empresas concesionarias se encuentran autorizadas por ley y demás condiciones contractuales al establecimiento de pórticos automatizados y plazas de cobro de tarifa.
4. Entre los sistemas de cobro vial señalados se cuentan los tradicionales peajes y otros de tipo automático, como los denominados 'TAG', que en términos prácticos, su pago depende de la buena fe y diligencia del conductor que cruce sus instalaciones.
5. Se ha hecho práctica en los sistemas de pago automatizado, que un porcentaje minoritario de conductores, no realizan el pago por concepto de uso de carreteras y caminos concesionados, sea porque no han adquirido el TAG o pase diario, o sencillamente porque no están dispuestos a cancelar por el uso de las señaladas obras viales.
6. El no pago de la tarifa o peaje en las carreteras fiscales y en las obras entregadas en concesión importa una contravención legal; un daño al sistema de concesiones y una situación de inequidad respecto de los conductores de vehículos motorizados que sí cumplen con su obligación legal.
7. Por lo anterior y en atención a que las vías, sean de administración privada o pública, con sistema de TAG y peaje se encuentran debidamente anunciadas, el no pago debe sancionarse como infracción de tránsito de manera similar a como se hace con quienes no respetan los signos y demás señales que rigen el tránsito público. Venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: “Establécese como nuevo numeral 2º del artículo 198 de la ley N° 18.290, en reemplazo del vocablo 'Eliminado' la siguiente norma: “Evadir el pago de tarifa o peaje en obra vial, de cuyo incumplimiento esté conociendo el Juzgado de Policía Local correspondiente.”
Moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Monckeberg, don Cristian y Monckeberg, don Nicolás.Modifica el Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar el delito de robo en un lugar no destinado a la habitación. (boletín N° 4400-07)
El Código Penal chileno sanciona con presidio mayor en su grado mínimo, es decir cinco años y un día a diez años, el delito de robo con fuerza en lugar habitado, y establece dicha pena, en consideración a los bienes jurídicos que son violentado por el sujeto activo del delito, son dos, a saber: La Integridad Física y la Propiedad.
Debido a lo anterior, es que la pena asignada al delito es mayor que la contemplada para el delito de robo con fuerza en lugar no habitado, ilícito en que sólo se vulnera el bien jurídico propiedad. En efecto, la pena asignada a este último tipo penal, corresponde a presidio menor en sus grados medio a máximo.
Atendido que nuestra Constitución Política considera el Bien Común como una finalidad del Estado, éste debe ser contemplado como Bien Jurídico a proteger en la generalidad de la reglamentación, incluso en la Punitiva.
Para la materialización de este fin, el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 1 de nuestra Carta Fundamental.
Lo anterior, se concreta en muchos frente, siendo uno de ellos la implementación de Salas Cunas, Consultorios, Establecimientos Educacionales, etc. con los que se beneficia la comunidad toda y, especialmente, los sectores más desposeídos.
Es por esto que la comisión del delito de robo en lugar no habitado debe ser sancionado de manera distinta, atendido a la finalidad de los recintos violentas, toda vez que el robo ocurrido en salas cunas, consultorios o establecimientos educacionales, afectan directamente a la comunidad beneficiada con el funcionamiento de dichos establecimientos, y no sólo a un particular afectado por el ilícito en comento.
Esto se funda en que el delito de robo en lugar no habitado puede violentar los bienes jurídicos Bien Común y Propiedad, si es cometido en algún lugar de aquellos señalados precedentemente, o sólo la propiedad si es en uno distinto, motivo por el cual las penas necesariamente debe ser distintas.
Con el objeto de dar solución a la falencia precedentemente señalada, tenemos el Honor de someter a la consideración de esta H. Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase como nuevo inciso final al Artículo 442 del Código Penal, el siguiente: a) “Si el delito precedentemente señalado fuere cometido en Salas Cunas, Servicios de Salud, Establecimientos Educaciones, Bibliotecas, o cualquiera de las dependencias de estos, o en cualquier otro recinto destinado al acopio, almacenaje, centro de distribución o de fines análogos, de materiales o mercaderías o insumos destinados a prestar servicios sociales, será castigado con presidio menor en su grado máximo”.
Moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Monckeberg, don Cristian; Monckeberg, don Nicolás y Sabag.Modifica el Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un menor. (boletín N° 4401-13)
Antecedentes.
Desde el año 2000 el número de adopciones, y solicitud de éstas, ha vivido un notable aumento. Una de las explicaciones que se da, es la entrada en vigencia de la Ley 19.620 de Adopción, en octubre del año 1.999, registrándose desde el año 2000 hasta el 30 de noviembre de 2005, un total de 2.883 adopciones tanto Nacionales como Extranjeras.
Esta Ley, introdujo un cambio radical en la regulación de este proceso, porque enfatiza el resguardo del interés superior del niño, niña y adolescente, por sobre los intereses de los adultos, por legítimos que estos sean, según lo señala el Sename.
La Ley en comento ha sido modificada en dos ocasiones, mejorándose las imperfecciones que ésta ha presentado.
No obstante ello, y a pesar de las diversas mejoras introducidas por esta Ley, a la adopción propiamente tal, y otras leyes que han reformando el Código del Trabajo, ni el Ejecutivo ni el Legislador –hasta ahora-, han notado que el actual Código no hace extensivo el permiso señalado por el Artículo 195 de este último, a la madre.
Es necesario tener presente que el actual inciso segundo del Artículo 195 del Código del Trabajo, que fue incluido por la Ley Nº 20.047 ( D. O. : 6-09-05), dice: “Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cuatro días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.” Es decir, y quizás por una redacción defectuosa del inciso en comento, no se consideró el permiso para la madre en caso de concedérsele la adopción de un hijo. Esto contraviene el ánimo de diversos países que en sus legislaciones avanzan cada día a una igualdad entre Padre y Madre en la crianza de los hijos, sobre todo, en España con la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.
Para corregir la falencia antes mencionada, es que tengo el Honor de someter a la consideración de esta H. Cámara, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúzcase la siguiente modificación al Código del Trabajo: a) En el artículo 195:
Intercálese en el inciso segundo, después del primer punto seguido (.), entre los vocablos “padre” y “que”, la expresión “o la madre”.
Moción de los diputados señores Dittborn, Bauer, Bobadilla, Correa, Estay, Moreira, Norambuena, Salaberry y Von Mühlenbrock.Modifica el artículo 494 del Código Penal, aumentando sanciones a conductores del transporte público colectivo, que realicen hurtos dentro de sus funciones. (boletín N° 4402-07)
“Que, en la actualidad existe un abuso reiterado y permanente por parte de un número no menor de señores conductores de la locomoción colectiva pública, quienes lucran indebidamente al trasladas al pasajero por menor valor que el señalado por la autoridad legal y la empresa, a cambio de no entregarles su boleto.
Que, también existen hechos de mayor gravedad, como en los casos en que los conductores cobran el boleto completo pero entregan otro distinto o revenden los boletos que les devuelven los mismos pasajeros. Todos estos hechos implican no solo un desmedro económico para la empresa como principal ente afectado, sino que también afecta los intereses del fisco, ya que por cada pasaje no vendido o revendido, el estado deja de percibir los impuestos correspondientes.
Que, acorde a lo anterior, una parte importante del transporte público colectivo en los próximos meses -esperamos- entrará en vigencia el Transantiago, a través del cual se busca evitar el manejo de dinero por parte del conductor con el uso de tarjetas de prepago denominada multivía, que por una parte desincentiva al delincuente común a robar en dichos medio de transporte, sin embargo, esto no evita que los hurtos continúen por parte de los señores conductores al aceptar y recibir dinero del pasajero que no haya cargado su tarjeta de prepago para su traslado a menor precio.
Que, es importante poner término a este tipo de prácticas que termina en hurtos que afectan como mencionamos antes, a las empresas y al fisco.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: agregase un nuevo numeral 22 al artículo 494 del Código Penal de la siguiente forma:
“Artículo 494 Nº 22º: El conductor de locomoción colectiva pública, que por persona autorizada o a través de algún medio tecnológico fehaciente fuese sorprendido revendiendo un boleto o no vendiéndolo o vendiendo otro distinto al debido o recibiendo dinero u otro incentivo por trasportar a personas que evaden su pago, se le aplicará adicionalmente una sanción equivalente a las suspensión de licencia de conducir profesional por el período de treinta días”