Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Ivan Moreira Barros
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A SOLDADOS-CONSCRIPTOS FALLECIDOS EN ANTUCO.
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE INTERVENCIÓN ELECTORAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO PARA CEREMONIA DEL 21 DE MAYO.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Clemira Pacheco Rivas
- Carolina Toha Morales
- Rene Aedo Ormeno
- Edmundo Eluchans Urenda
- Juan Lobos Krause
- Gabriel Silber Romo
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTEGRACIÓN
- Carolina Goic Boroevic
- Marisol Turres Figueroa
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Sergio Bobadilla Munoz
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Raul Sunico Galdames
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA EN LA CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- POSTERGACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.084, SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADOLESCENTES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA EN LA CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Marcelo Diaz Diaz
- Roberto Leon Ramirez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jorge Burgos Varela
- Denise Pascal Allende
- Manuel Rojas Molina
- Marisol Turres Figueroa
- Enrique Estay Penaloza
- Felipe Ward Edwards
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES CON EL OBJETO DE FACULTAR A LOS ALCALDES A FIN DE CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE EDIFICIOS CONSISTORIALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Ximena Valcarce Becerra
- Rosauro Martinez Labbe
- Guido Girardi Briere
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Amelia Herrera Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- REPARACIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS Y PROGRESIVAS EN PUERTO MONTT. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN PUERTO MONTT. Oficios.
- SITUACIÓN DE DEUDORES DEL INDAP DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN. Oficio.
- CONDONACIÓN DE DEUDAS A RETORNADOS. Oficio.
- INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA EN OFICINA DE DIPUTADO. PROTECCIÓN A CONSUMIDORES DE SERVICIOS. Oficios.
- COBROS ASOCIADOS A TARIFAS ELECTRICAS. Oficios.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO. Oficios.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Gabriel Silber Romo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE A PUERTO NATALES EN SU ANIVERSARIO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUAS SERVIDAS DE ZUDOC LARAPINTA, DE LAMPA. Oficios.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE CONCESIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- FISCALIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE BASURA EN SECTORES ALEDAÑOS A LA AVENIDA LO ECHEVERS. INFORMACIÓN SOBRE RAZONES DEL DESCUIDO DE ESA VÍA. Oficios.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL FISCO. Oficio.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Alfonso Vargas Lyng
- Amelia Herrera Silva
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Lobos Krause
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Sergio Correa De La Cerda
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Ward Edwards
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- Marcela Cubillos Sigall
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Lobos Krause
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Sergio Correa De La Cerda
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Ward Edwards
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 29ª, en jueves 18 de mayo de 2006
(Ordinaria, de 10.38 a 14.32 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
- Minuto de silencio en homenaje a soldados-conscriptos fallecidos en Antuco
IV. Cuenta 9
- Autorización a Comisión Especial sobre intervención electoral para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Integración de Comisiones de Reja y de Pórtico para ceremonia del 21 de mayo 10
- Archivo de proyectos 10
V. Orden del Día.
- Modificación del Reglamento de la Cámara en la creación de comisiones especiales 11
- Postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Segundo trámite constitucional 23
VI. Proyectos de acuerdo 47
- Modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades con el objeto de facultar a los alcaldes a fin de contratar empréstitos para la adquisición, construcción o remodelación de edificios consistoriales 48
VII. Incidentes.
- Reparación de viviendas básicas y progresivas en Puerto Montt. Oficio 51
- Información sobre tratamiento de aguas servidas en Puerto Montt. Oficios 52
- Situación de deudores del Indap de la provincia de Cautín. Oficio 53
- Condonación de deudas a retornados. Oficio 54
- Instalación de central telefónica en oficina de diputado. Protección a consumidores de servicios. Oficios. 54
- Cobros asociados a tarifas electrónicas. Oficios 55
- Fiscalización a empresa de transporte interurbano. Oficios 56
- Homenaje a Puerto Natales en su aniversario. Oficios 58
- Información sobre proyectos de agua servidas de zoduc Larapinta, de Lampa. Oficios 58
- Antecedentes sobre concesión de construcción de hospitales en la Región Metropolitana. Oficio 59
Pág.
- Fiscalización de depósito de basura en sectores aledaños a Avenida Lo Echevers. Información sobre razones del descuido de esa vía. Oficios 59
- Información sobre procedimientos de inversión del Fisco. Oficio 59
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que Aprueba la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, su Reglamento y su Protocolo, adoptados el 14 de mayo de 1954, en la Conferencia Intergubernamental de La Haya, y el Segundo Protocolo a dicha Convención, adoptado el 26 de marzo de 1999. (boletín N° 4213-10) 61
2. Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil. (boletín N° 4197-07) (S) 64
3. Segundo informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en la moción que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de regular la creación de comisiones especiales. (boletín N° 4195-16) 65
4. Moción de los diputados señores García, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea y Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que reforma la Constitución Política de la República estableciendo que decretos que regulen leyes deberán dictarse en el plazo de seis meses. (boletín N° 4207-07) 68
5. Moción del diputado señor Errázuriz, que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, permitiendo la reconsideración por la Sala, de un proyecto declarado admisible. (boletín N° 4208-07) 69
6. Moción de los diputados señores Lobos; Arenas; Barros; Bobadilla; Estay; Correa; Forni; Hernández; Ward, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, para establecer nuevos requisitos en la transferencia de vehículos. (boletín N° 4209-15) 70
7. Moción de los diputados señores Barros; Bobadilla, Estay; Forni, Hernández; Recondo; Rojas, Ward, y de las diputadas señoras Cubillos, doña Marcela y Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de establecer la obligatoriedad de un sistema de seguridad para buses interurbanos (boletín N° 4210-15) 71
8. Moción de los diputados señores Lobos; Arenas; Barros; Bobadilla; Correa; Estay; Forni; Hernández y Ward, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que modifica la ley N° 18.101, con el objeto de agilizar el procedimiento en los juicios de arrendamiento. (boletín N° 4211-07) 72
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a intervención electoral, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que la autorice a sesionar simultáneamente con la Sala, en forma extraordinaria los días jueves de 11 a 13 horas cuando las necesidades lo requieran.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Mexicano por el cual comunica que eligió como Presidente al diputado señor Sule, y como Vicepresidentes a los diputados señores Enríquez-Ominami, Jiménez y Moreira
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Ojeda, conveniencia de ampliar el edificio institucional de la Policía de Investigaciones de Osorno.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernandez, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Patricio Hales y Juan Carlos Latorre.
-Asistió, además, el ministro de Justicia , don Isidro Solís.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 14ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 15ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A SOLDADOS-CONSCRIPTOS FALLECIDOS EN ANTUCO.
El señor LEAL (Presidente).- En nombre de la Mesa, pido un minuto de silencio en homenaje a los soldados-conscriptos fallecidos hace un año en Antuco, como una forma de unirnos al dolor de sus familiares y a las exigencias de justicia de la comunidad nacional.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE INTERVENCIÓN ELECTORAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial Sobre Intervención Electoral para sesionar simultáneamente con la Sala los jueves, en forma extraordinaria, de 11.00 a 13.00, cuando las necesidades lo requieran.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .- Señor Presidente , es un poco ambigua la solicitud. ¿Quién califica “cuando las necesidades lo requieran”? Es mejor que cuando se produzca la situación lo pidan a la Sala, que es la que debe calificar lo excepcional y autorizar. En su defecto, que soliciten derechamente sesionar todos los jueves en forma simultánea con la Sala.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).- Señores diputados, la Comisión ya fue autorizada para sesionar los miércoles en forma simultánea con la Sala. Lo de los jueves es excepcional. Por eso señalan en su solicitud “cuando las necesidades así lo requieran”.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .- Señor Presidente , propongo que la Comisión solicite la autorización jueves a jueves y, cuando corresponda, se la concederemos.
El señor LEAL ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para la proposición del diputado señor Dittborn?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO PARA CEREMONIA DEL 21 DE MAYO.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Propongo integrar las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a su excelencia la Presidenta de la República Michelle Bachelet, el domingo 21 de mayo a las 10.00, con los siguientes diputados y diputadas:
Comisión de Reja: señoras Clemira Pacheco Rivas, Carolina Tohá Morales; señores René Aedo Ormeño, Edmundo Eluchans Urenda, Juan Lobos Krause, Gabriel Silber Romo, Alejandro Sule Fernández.
Comisión de Pórtico: señora Carolina Goic Boroevic, Marisol Turres Figueroa, señores Pedro Pablo Álvaréz-Salamanca Büchi, Sergio Bobadilla Muñoz, Álvaro Escobar Ruffat, Marcos Espinosa Monardes y Raúl Súnico Galdames.
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, el Comité de la UDI solicita que el diputado Bobadilla sea reemplazado por el diputado Estay.
El señor LEAL ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición con esa modificación.
Aprobada.
El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .- Señor Presidente , respecto del acto del domingo 21 de mayo, solicito a la Mesa que tenga a bien disponer que se cautele el cumplimiento de la reserva de los asientos asignados a los señores diputados en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Normalmente, se resguardan los asientos correspondientes a quienes están en las Comisiones de Reja y de Pórtico, pero a otros parlamentarios y a quien habla nos ha ocurrido que los asientos que nos reservan son ocupados por invitados ajenos al Congreso, por lo que hemos debido conminarlos a pararse para que nos podamos sentar. Eso se solucionaría fácilmente si el personal de Sala del Senado y de la Cámara estuviesen atentos para hacer cumplir la reserva de esos asientos. Normalmente, los asuntos protocolares se manejan muy mal.
Por lo tanto, solicito que su señoría, que tan bien lo ha hecho en diversas materias, tome los resguardos necesarios para que todos los señores diputados tengamos la oportunidad de participar en esa sesión como corresponde.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).- Señor diputado , plantearé su inquietud al Presidente del Senado , que es el encargado de la organización del Congreso Pleno.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, se encuentra pendiente el pronunciamiento de la Sala respecto de las siguientes peticiones de archivo formuladas por la Presidenta de la República. En cada caso el ministro Secretario General de la Presidencia indica las razones del archivo.
1. Crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal, debido a que no reunió el consenso y está sin movimiento desde 1999.
2. Modifica el sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, debido a que el Gobierno actual piensa regular el asunto en otro proyecto que enviará más adelante.
3. Introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas, debido a que no reunió consenso y el Gobierno actual piensa regular el asunto en otro proyecto que enviará más adelante.
4. Introduce diversas modificaciones a la ley N° 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, debido a que perdió actualidad.
5. Concede beneficio tributario a las donaciones a favor de la Fundación Padre Alberto Hurtado, debido a que se le otorgaron los beneficios por vía de la ley de Presupuestos.
6. Modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, en materia de recaudación de derechos por transferencia de vehículos motorizados, debido a que fue absorbido por el proyecto de ley de Rentas II.
7. Regula la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad chilena, debido a que no tenía respaldo y perdió su oportunidad.
8. Establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular, debido a que corresponde a otra época y hoy se opera por el tag en las vías concesionadas.
Si le parece a la Sala, se accederá al archivo de los proyectos señalados.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA EN LA CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde analizar el proyecto de acuerdo, en segundo informe reglamentario, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de regular la creación de comisiones especiales.
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno , Administración y Reglamento es el señor Germán Becker.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Régimen Interno, boletín N° 4195-16. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento paso a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de acuerdo originado en una moción suscrita por los diputados señores Antonio Leal , Jorge Burgos , José Pérez y Patricio Melero , que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de regular la creación de las comisiones especiales.
Además de este objetivo, se dispone el cumplimiento de una serie de requisitos para que su establecimiento tenga plena justificación, pues, de lo contrario, su proliferación, más que un aporte, redunda en el entorpecimiento de la labor de la Cámara de Diputados, principalmente cuando sus cometidos abordan aspectos propios de las competencias que se han fijado para las comisiones permanentes.
La iniciativa fue discutida y aprobada en general por la Sala en su sesión 25ª, celebrada el jueves 11 del mes en curso.
En esa oportunidad se valoró la oportunidad y necesidad de regular de mejor manera el mecanismo de creación de estos órganos de trabajo como una forma concreta de optimizar el funcionamiento de la Corporación, reconociéndose la importancia que tienen para la labor parlamentaria.
No obstante lo anterior, durante la discusión general se plantearon básicamente tres inquietudes.
En primer lugar, se rechazó la proposición de algunos diputados de bajar el quórum para la constitución de estas comisiones, de un medio a un tercio de los diputados en ejercicio.
En segundo lugar, se cuestionó la conveniencia de fijar requisitos de suyo restrictivos. Se sostuvo que la idea original del proyecto de prohibir que esas comisiones especiales puedan abordar temas que correspondan a asuntos propios de la competencia de las permanentes, coarta en demasía la facultad de los diputados y de la Sala.
En tercer lugar, se sostuvo la necesidad de incorporar un artículo transitorio que obligue a las comisiones especiales creadas en lo que va corrido de este período legislativo, a adecuarse a la nueva normativa.
Discusión particular.
La discusión de este segundo trámite reglamentario se centró en los tres aspectos fundamentales, que se plantearon en igual número de indicaciones formuladas durante el debate general habido en la Sala.
E1 primer punto se refiere al quórum necesario para aprobar la formación de estos órganos colegiados. Algunos diputados estimaron inconveniente elevar el número de diputados para su creación. Se argumentó que el requisito exigido en este caso es muy superior al que la Carta Fundamental fija para la formación de una comisión investigadora.
Dicha idea fue acogida en el debate general en la Sala, mediante una indicación presentada por la diputada señora Turres y los diputados señores Bertolino , Cardemil , Errázuriz , García y Ulloa , cuyo propósito es crear estas comisiones con el voto favorable de sólo un tercio de los diputados en ejercicio, al igual que las comisiones investigadoras.
En la Comisión se argumentó en contra de la citada indicación y se sostuvo que la situación de estas comisiones es radicalmente diferente a la de las comisiones investigadoras. Respecto de éstas, se recordó que ellas constituyen una de las formas en que se ejercen las facultades fiscalizadoras de esta Cámara. Como una manera de facilitar 1a tarea de las minorías, se concordó en un quórum menos exigente para su constitución.
Sin embargo, respecto de las comisiones especiales, por no tratarse de un tema político, se plantea un procedimiento que exige la firma de un tercio de los diputados para hacer la presentación, la que debe aprobarse con la concurrencia de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, a fin de evitar una proliferación excesiva de estas entidades.
En mérito de lo anterior, se acordó rechazar la indicación citada.
El segundo aspecto tratado dice relación con la competencia que se les puede asignar a las comisiones especiales y la relación que ella puede tener con las atribuciones de las comisiones permanentes.
En este punto, se recogieron las observaciones planteadas en la Sala para suprimir la prohibición de que estas comisiones puedan abocarse a cuestiones que importen invadir el ámbito propio de los órganos de trabajo regulares. Se insistió en que lo que diferencia a las comisiones especiales de las permanentes no guarda demasiada relación con las materias que unas y otras abordan, sino en el carácter excepcional y transitorio de las primeras, además de la especialización que ellas suelen tener.
En el mismo sentido, se consideró preferible requerir a los peticionarios que expliciten en la solicitud un plan de trabajo y la determinación de un cometido específico para la creación de estos órganos, antes que limitarlos en su competencia por la vía de la exclusión de materias.
Por otra parte, se argumentó que la línea divisoria que las separa de la competencia de las comisiones permanentes muchas veces no es tan clara y, por lo tanto, con la propuesta de impedir que los cometidos de las especiales recaigan sobre las de aquéllas, más que constituir una solución, abre una fuente de conflicto permanente que, además, carece de un procedimiento para su resolución.
En mérito de lo anterior, se acordó aprobar una indicación de las diputadas señoras Rubilar y Valcarce , y de los diputados señores Bertolino , Cardemil , García y Montes , que tiene por objeto suprimir, en el segundo de los incisos propuestos para el artículo 229, la oración “En ningún caso la competencia podrá comprender materias que correspondan a las Comisiones permanentes.”
De igual forma, se aprobó una indicación surgida en el seno de la Comisión que efectúa algunas correcciones formales a la redacción, señala en mejor forma el contenido de la solicitud para crear una comisión especial y establece como exigencia que, junto a la petición, se deberá proponer un programa de trabajo y señalar con precisión el objeto sobre el cual recaerá el estudio de dicho órgano colegiado, el que podrá referirse a una legislación o a una materia específicas.
E1 último aspecto tratado fue planteado en el debate general habido en la Sala y correspondió a una indicación formulada por el diputado Melero , que consiste en incorporar un artículo transitorio que obliga a las comisiones especiales creadas desde el 11 de marzo hasta la fecha a adecuar sus cometidos y plazo de duración a lo dispuesto en el artículo 229, que se sustituye por este proyecto.
Entendido el sentido de la citada indicación, que se explica por sí misma, fue aprobada por unanimidad.
Por las razones expuestas, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo único.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 229 del Reglamento de la Cámara de Diputados por los siguientes:
Las Comisiones Especiales se constituirán a petición de un tercio de los Diputados y siempre que dicha solicitud cuente con el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio. Se dará cuenta de la respectiva petición en la sesión más próxima y se someterá inmediatamente a votación, pudiendo hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado o diputados que sostengan la presentación y por igual período quienes la rechacen.
Estas Comisiones tendrán la composición, plazo y competencia que les fije la Cámara al momento de acordar su generación. El plazo para el cumplimiento de sus cometidos será de hasta seis meses, pudiendo prorrogarse dicho término, por una sola vez, con el acuerdo de la Sala por igual periodo. La solicitud para su constitución deberá proponer un programa de trabajo y precisar el objeto de su estudio, el que podrá referirse a una legislación específica o a la recopilación de antecedentes sobre una materia determinada, debiendo informar, en ambos casos, del resultado de su cometido. Si nada se señala respecto a su composición serán integradas con el mismo número que las permanentes. En lo demás quedarán sujetas a las normas del presente Libro .”
“Artículo transitorio.- Las Comisiones Especiales constituidas en el actual Período Legislativo deberán adecuar sus cometidos a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento, siéndoles aplicables lo dispuesto en el inciso tercero, en cuanto al plazo de su duración.”
Es cuanto puedo informar.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , la propuesta es un avance importante respecto de lo que había, porque se logra, en buena medida, que las comisiones especiales no tengan el carácter de comisiones permanentes, como de hecho estaba ocurriendo.
Me parece más adecuado que los plazos no sean renovables, sino a través de un nuevo proyecto de acuerdo, porque eso asegura que cada comisión especial trabaje para cumplir su cometido y permite mayor eficacia, cuestión que la Comisión de Régimen Interno no estimó razonable.
Por otra parte, me parece conveniente que la Mesa tenga facultades para proponer, de acuerdo con los Comités, comisiones para determinados aspectos muy necesarios, pero eso tampoco fue acogido.
Ahora solicito dos precisiones. En primer lugar, cuando se habla del plazo de seis meses, de acuerdo con el artículo 2º del Reglamento, no se computan los sábados, domingos, feriados legales y las semanas distritales, por lo tanto, ese lapso pasa a ser bastante mayor, casi nueve meses. Entonces, pido que el plazo sea de seis meses calendario, de tal manera que las comisiones especiales se centren en su objetivo y lo saquen adelante.
En segundo lugar, me parece importante que se haya aprobado el artículo transitorio. En consecuencia, sería bueno que a las comisiones especiales existentes se les fijara un plazo, porque no lo tienen y podrían demorarse mucho en cumplir su cometido. Ese plazo podría ser, por ejemplo, el 1° de julio, porque se les da el tiempo suficiente para definir su programa, su cometido y proponérselo a la Corporación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , tengo una duda respecto de las comisiones especiales. El diputado Montes solicitó que estén conformadas el 1° de julio. No me parece mala la idea, pero siempre que la Cámara también se agilice y tenga los funcionarios adecuados para conformar la comisión especial. Además, no sólo depende de una, dos o tres bancadas interesadas, sino también de que cada jefe de bancada disponga de dos o tres diputados para que participen en ella. Entonces, a veces dependerá de factores externos y no de la voluntad y de la capacidad para formar una comisión especial. Por lo tanto, habría que tener flexibilidad en ese tema.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señora diputada , eso va a depender de que las propias bancadas entreguen los nombres de los diputados para el funcionamiento de las comisiones especiales, como siempre ocurre. Naturalmente, la Mesa y la Comisión de Régimen Interno procuran que así sea y solicitan a las bancadas los nombres, hasta que las comisiones se constituyen.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , reitero que solicité dos precisiones. La primera, que se aclare si el plazo de seis meses se computa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Reglamento; la segunda, qué plazo tienen las comisiones especiales existentes para los efectos de acogerse al artículo 229 del Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , en cuanto al tema del plazo, el diputado Montes plantea que en el caso del artículo 2º el plazo es mucho más largo porque no se consideran los feriados ni las semanas distritales.
Al respecto debemos tomar un acuerdo, porque no sé si se refiere al artículo 2° del Reglamento o se van a considerar seis meses corridos. Es un tema que debe dirimir la Mesa.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Para clarificar, voy a leer dicho artículo 2°: “Los plazos que establece este Reglamento se entenderán de días completos, y su cómputo se suspenderá durante los días sábados, domingos y de feriado legal, con excepción de los que digan relación con la tramitación de las urgencias y de la Ley de Presupuestos.”
El señor MONTES .-
En la práctica, a la aplicación de este artículo se han agregado además las semanas distritales, lo que significa que el plazo es mucho mayor.
El sentido de mi observación es que éste sea más acotado, simplemente. Porque si hablamos de un año, con todo lo adicional, vamos a llegar a un año y medio.
Ahora, si no hay acuerdo, no insistiré, pero sería conveniente acotarlo.
El señor LEAL.-
Nos vamos a regir por el Reglamento, que no considera las semanas distritales.
Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Para compartir las indicaciones formuladas al proyecto de acuerdo -del cual soy uno de sus autores-, quiero preguntar al diputado informante o a su señoría si fue motivo de discusión en la Comisión de Régimen Interno el hecho de que para constituir una comisión especial se requiera el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio -o sea, sobre 60-, porque, para prorrogar el plazo en más de seis meses, el inciso correspondiente dice: “pudiendo prorrogarse dicho término, por una sola vez, con el acuerdo de la Sala por igual periodo.” Es decir, la prórroga se autoriza con la mayoría de los diputados presentes y la creación con la de los diputados en ejercicio.
Al respecto, quiero saber cuál fue la razón para no homologar, es decir, que en la creación se considere a los diputados en ejercicio y en la prórroga no.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , la idea central de establecer un quórum especial para la creación obedece específicamente a la idea de no formar tantas comisiones especiales, que finalmente terminan siendo inútiles.
En segundo lugar, respecto de la prórroga, como se trata sólo de la falta de tiempo para concluir un trabajo, se establece un menor quórum, es decir una exigencia menor.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Considero que la opinión entregada por el diputado Ulloa es bastante concluyente, pero me permito responderle al diputado Melero que la creación de una comisión constituye un acto mucho más importante y por eso se exige un quórum especial.
Posteriormente, la Sala evalúa el trabajo realizado por la comisión y, en atención al mérito, si hay necesidad de mayor tiempo para terminarlo, se concede la prórroga con un quórum distinto. Es otra instancia en que se expresa la voluntad de la Sala.
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , entiendo que se establece una doble exigencia: primero, para su creación se exige quórum calificado, y luego de seis meses, nuevamente se somete a votación, aunque con un quórum un poco menor, para que continúe con su trabajo.
Si creamos una comisión especial con votación de quórum calificado -es decir, parte importante de la Cámara decide crearla- se debe a que consideramos que es relevante e imprescindible y tendría que funcionar, al menos, durante todo el período parlamentario, que es de cuatro años.
Por lo tanto, debería haber mayor discusión sobre el tema. Efectivamente, si una gran mayoría se pronuncia por la creación de una comisión que requiere quórum especial, creo que tendría que existir por lo menos durante los cuatro años que dura el período parlamentario.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , quiero complementar lo que acaba de decir el diputado Ramón Farías .
En el proyecto de acuerdo N° 21, mediante el cual se crea la Comisión Especial de la Cultura y las Artes, propusimos específicamente su existencia para el período legislativo 2006-2010.
Entiendo que exista esta reacción a raíz de la proliferación de comisiones, como la de la Cultura y las Artes, la de Juventud y la de Deportes. Es razonable su regulación, puesto que 42 nuevos diputados ingresamos en el período legislativo 2006-2010, lo que significa la llegada de aire nuevo, que hay otra mirada y, por lo tanto, de algunos intereses que vienen directamente de la calle. Consideramos atendible la creación de estas comisiones.
En el caso específico de la Comisión de la Cultura y las Artes, el proyecto de acuerdo señalaba que dicha Comisión, con el objeto, entre otros fundamentos, de ser un interlocutor para el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes y de descongestionar la labor que pudiera estar realizando en esta materia la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, se proponía taxativamente para el período 2006-2010.
En esa ocasión, nadie habló ni votó en contra de la Comisión de la Cultura y las Artes. Nadie cuestionó su funcionamiento desde el 11 de marzo de 2006 hasta el final de este período con las competencias que se establecían taxativamente en el proyecto de acuerdo. No quiero que se ponga en entredicho su duración, y lo mismo es aplicable a las Comisiones de Deportes y de Juventud.
No podemos pretender que las comisiones creadas desde el 11 de marzo a la fecha se sometan a la norma que establece una duración de seis meses, prorrogable por igual período, porque -reitero-, en el caso de la Comisión de Cultura se aprobó, por unanimidad, que funcionara para el período 2006-2010.
Cuando hablé a favor de la creación de la Comisión de Cultura, señalé que por cultura entendía maneras de vivir juntos. Aquí, irónicamente, estamos lesionando maneras de vivir juntos. Por lo tanto, pido respetar lo que acordamos.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, creo que es muy importante aclarar de qué estamos hablando.
Es perfectamente posible que un señor diputado pida la constitución de una comisión permanente. Sin embargo, para eso no basta un proyecto de acuerdo. Se requiere modificar el Reglamento.
Una comisión permanente puede durar una o varias legislaturas, porque así está establecido en el Reglamento.
Las comisiones especiales, por Reglamento, tienen como misión abordar aspectos específicos de determinados temas. Por ejemplo, la Comisión Especial de Discapacidad está funcionando desde hace cuatro años. Ello, porque es el tiempo que ha demorado en debatir las modificaciones a la ley N° 19.284.
Es obvio que una comisión especial puede tener una durabilidad mayor en el tiempo, pero debe llegar a la Sala un informe en que se indiquen las razones para ello; pero no es permanente. A la Sala le corresponde evaluar si realmente la comisión está cumpliendo la tarea para la cual fue creada. Ése es el punto.
Ahora, existe la posibilidad de que un diputado proponga una modificación al Reglamento, con el objeto de que la comisión especial se transforme en una comisión permanente, pero ése es otro asunto, no el que estamos discutiendo. Aquí estamos buscando regular de mejor manera las comisiones especiales y definiendo su grado de competencia y tiempos de duración. Si alguien quiere constituir una comisión permanente, lo que me parece estupendo, habría que modificar el Reglamento.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , la Sala acordó que la Comisión de la Cultura funcionara a partir del año 2006 y hasta el término del período legislativo, 2010. No estoy cuestionando la idea de regular su creación, porque entiendo y comprendo lo señalado por el diputado Germán Becker en su informe. El problema radica en que formaba parte esencial del proyecto de acuerdo N° 21, que creó la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes, el hecho de que funcionaría durante todo este período legislativo.
Los fundamentos que se han hecho valer son atendibles, legítimos y valiosos para la convivencia en esta Sala y para ordenar nuestro trabajo. Lo que estoy diciendo es que las comisiones que se han creado a partir del 11 de marzo hasta la fecha, en particular la Comisión Especial de Cultura y de las Artes, fue concebida para funcionar hasta el 11 de marzo del 2010, y así fue sancionado en la Sala.
Sólo quiero saber cuándo se va a respetar lo que aquí acordado, reitero, por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala, pero no cuestiono los fundamentos que se han hecho valer, más que atendibles, respecto de la creación, competencias y plazos de duración de las comisiones especiales que se creen en adelante. Sólo manifiesto que la Sala, junto con la creación de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes, aprobó su funcionamiento durante el período legislativo comprendido entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , el diputado Escobar tiene toda la razón. En el proyecto de acuerdo por el cual se creó dicha comisión, se decía específicamente que funcionaría durante cuatro años. Eso es lo que está sancionado y, por lo tanto, tendrá que funcionar los cuatro años.
Lo que me preocupa de estas comisiones especiales que se crean es que, en la práctica, normalmente no hay salas disponibles donde puedan funcionar, ni diputados que quieran integrarla, ni secretarios, ni proyectos que analizar y, por lo tanto, son sólo una entelequia: tienen el nombre, pero nunca funcionan. Ése es el problema.
Si esta comisión especial funciona, no me cabe duda de que la Sala va a prorrogar por seis meses su mandato, y, si es necesario crearla de nuevo, lo hará. No hay problema. La dificultad radica en que no tiene proyectos de ley que analizar. No hay.
No sé qué proyectos sobre educación hay en estos momentos en la Comisión Especial de Cultura y de Las Artes, pero me consta que en la comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación no hay proyecto alguno sobre cultura que deba ser tratado. Desconozco a qué se abocarán algunas comisiones especiales, pero, si se justifican, estoy seguro de que en la Sala siempre primará la cordura y el criterio para aprobar su creación.
En ese sentido, me parece inoficioso seguir con la discusión sobre la Comisión Especial de la Cultura y de Las Artes, porque, como señaló el diputado Escobar , su funcionamiento se aprobó hasta el 2010. No creo que eso se pueda cambiar, de manera que lo único que nos interesa es que funcione.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , con el diputado señor Becker integramos la Comisión de Cultura en el período pasado. Por eso estimo que, para evitar este tipo de excepciones, debería presentarse un proyecto para otorgarle el carácter de comisión permanente, porque su actividad es constante, pues deberá hacerse cargo de las distintas manifestaciones artísticas que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el sector donde está ubicado El Pensador , en el segundo piso, en la mezzanina, en el salón plenario, etcétera, además de otra serie de actividades culturales de carácter permanente que ofrece el Congreso Nacional a la sociedad, como dos o tres certámenes muy importantes que se efectuaron el año pasado, en que la Comisión, entre otras actividades, debió elegir las mejores obras de pintores de todas las regiones.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, quiero referirme al origen de la creación de comisiones especiales.
Sabemos que las comisiones deben tratar diferentes materias, como es el caso de la Comisión de Educación. Por eso, encuentro razón a lo planteado por el diputado señor Escobar , en el sentido de que si la Sala aprobó la creación de una comisión especial, se debe respetar esa decisión.
Lamentablemente, en algunas comisiones no se tocan todos los temas que uno quisiera, debido a que no hay proyectos o porque el Ejecutivo le ha otorgado urgencia a alguna iniciativa que le interesa sea tratada antes que otras. Es el caso de la Comisión de Educación, que está atochada de trabajo, por lo que debe sesionar tres días a la semana.
Algunos preguntan por qué ocurre. El diputado señor Becker señaló que tal vez se debía a que no había iniciativas que tratar.
Por ejemplo, en el caso específico de la ley de Deporte, que tanto nos costó sacar adelante, no ha dado resultados, por lo que llegó el momento de modificarla. Por esa razón, pedí a la presidenta de la Comisión de Educación que dispusiera su estudio, pero hasta ahora eso no ha sucedido; Quienes queremos tratar algunas materias específicas nos vemos imposibilitados de hacerlo en las comisiones permanentes, lo que nos obliga a analizarlas en comisiones especiales.
Debemos ser claros frente al tema. Como algunos han señalado que no hay tiempo para tratar todos los proyectos, propongo que trabajemos más, el lunes en la tarde y el viernes en la mañana, a fin de asumir el compromiso de analizar los proyectos como corresponde. Quienes somos de regiones alejadas de la capital viajamos el lunes y perdemos el martes en la tarde, volvemos el jueves en la noche y perdemos el viernes.
En consecuencia, trabajemos más para desarrollar nuestra labor como corresponde; no sólo frente a los temas que nos interesan, sino a toda la comunidad.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , además de haberse generado en este debate una confusión conceptual sobre el rol de las comisiones especiales vis a vis las comisiones permanentes, a aquellos parlamentarios interesados en la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes, que ya aprobó esta Sala, se les va a crear un problema extraordinariamente delicado y que, debido a su inexperiencia, no han logrado comprender. ¿Por qué digo esto? Porque el Gobierno va a enviar a la Cámara de Diputados un proyecto marco, pendiente desde hace bastante tiempo, para crear una institucionalidad que cuide el patrimonio cultural del país.
La Cámara de Diputados tiene la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y su competencia no ha cambiado. Por lo tanto, la tramitación de ese proyecto se va a iniciar en dicha Comisión. Luego, los colegas de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes van a querer analizarlo. Por tanto, el proyecto va a ir a dicha Comisión Especial; luego, como se crea una institucionalidad que irroga gastos, también tendrá que tratarlo la Comisión de Hacienda.
Pero el proyecto no tendrá un trámite de dos semanas en cada Comisión, sino de por lo menos un año y medio. Esto, para tener claro de qué estamos hablando.
En la Cámara demoró dos años la tramitación del proyecto que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. No sé cuánto en el Senado.
No creo que mis colegas, frente a un proyecto de esta naturaleza, que es interesante, quieran esperar un año y medio o dos años, hasta que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes lo analice. Eso no va a cambiar, salvo que se haga lo que ha sugerido el Presidente de la Cámara , que es crear una Comisión de la Cultura y de las Artes permanente. De esa forma, la Comisión de Educación y Deportes sólo se dedicaría a analizar proyectos de su incumbencia.
Pero eso es otra cosa. Lo que aprobó la Cámara fue la creación de la Comisión Especial de Cultura y de las Artes, y, siendo así, estamos obligados a hacer lo que las leyes y reglamentos mandan y no lo que nosotros queremos; tampoco es una cuestión de interpretación a la pinta de cada uno. ¿Y cuál va a ser su mandato? Que la Comisión que va a analizar el proyecto sobre patrimonio cultural va a ser la Comisión de Educación. Quiero que mis colegas entiendan, porque eso va a pasar; no es una cosa de interpretación.
Pero también se va a producir una situación adicional. El Ejecutivo , por razones de eficiencia, va a tomar en cuenta a una sola Comisión, no a dos, en cuyo caso las autoridades del Ejecutivo van a ir a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y no a la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes. Además no van a estar dispuestas a esperar cuatro años y medio o cinco hasta que el Congreso la despache. Eso lo saben quienes han estado legislando todos estos años.
Por lo anteriormente expuesto, sugiero que mis colegas se atengan a la ley orgánica constitucional, al Reglamento de la Cámara y al sentido común. Si lo que se quiere es tener una comisión de Cultura, se debe modificar el Reglamento de la Cámara para aumentar en una las comisiones permanentes. Ése es el punto. No nos podemos ir por los lados. No podemos aplicar “a la chilena” soluciones elípticas, porque al final es el peor de los mundos. Una Comisión Especial de la Cultura y de las Artes va a terminar en nada. Eso va a ocurrir en la práctica.
Por lo tanto, invito al diputado Escobar y a mis colegas interesados en la cultura -enhorabuena han llegado a la Cámara diputados interesados en la cultura, además de los que ya había- a pelear para que se constituya una Comisión permanente de ese importante ámbito de la vida nacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , a pocas semanas de haber ingresado a la Cámara, me llamó mucho la atención el contrasentido que significaba que, por una parte, la Cámara estudiara la forma de fusionar algunas comisiones especiales porque había muchas y nos faltaba tiempo a quienes participamos en ellas para hacer bien la pega, y, que diariamente estemos votando proyectos de acuerdo, que crean comisiones especiales para que estudien temas interesantes, en circunstancias de que -como dije- no nos alcanza el tiempo para participar en todas las comisiones que quisiéramos.
Por ello, propongo que cuando exista especial interés por un tema y se quiera formar una comisión especial, primero, busquemos otros diputados que deseen trabajar en ella y, una vez armado el grupo, se haga una sugerencia concreta y se le otorgue un plazo de seis o nueve meses a la comisión para que estudie la materia.
Soy diputada por una región y los jueves vuelo a Puerto Montt a las 19.00 horas. Por lo tanto, ese día disponemos de algunas horas que podríamos dedicar al trabajo de comisiones. Si las comisiones funcionan sólo durante dos días y, muchas veces, simultáneamente con la Sala, no parece razonable seguir creando comisiones especiales si no nos alcanza el tiempo para participar en ellas. Por eso, deberíamos ponernos de acuerdo y ver quiénes quieren formar una comisión, si disponen de tiempo suficiente y el número de parlamentarios interesados en ella. Así, podríamos trabajar en esas comisiones los jueves en la tarde.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , si permanentemente estamos solicitando la creación de comisiones especiales y la honorable Cámara lo aprueba, significa que esas comisiones son importantes para la Corporación. No creo que se formen comisiones sólo por crearlas.
Asimismo, pienso que las comisiones especiales deberían absorber parte del trabajo que tienen las comisiones permanentes. El Presidente de la Cámara , don Antonio Leal , me explicaba que la Comisión de Educación es también de Cultura, Deportes y Recreación y, por eso, el proyecto que mencionó el diputado Aguiló deber ser conocido, por Reglamento, por la Comisión de Educación. Entonces, ¿para qué sirve la Comisión de la Cultura?
Por eso, quiero plantear que, si creamos comisiones especiales, los temas relacionados con tales comisiones sean derivados automáticamente a ellas, con el fin de hacer más expedito el trabajo de la Cámara de Diputados. De lo contrario, resulta absurdo crear comisiones con el único propósito de llevar un papelito al distrito y decirles a los deportistas o a los actores que formamos la Comisión de la Cultura. La idea de crear una comisión es para hacer más eficiente el trabajo parlamentario.
Por eso, primero, propongo que si hay que modificar el Reglamento, por ejemplo, para que la comisión de cultura sea permanente, habrá que estudiarlo. Segundo, si hay que modificar el Reglamento para que las comisiones especiales conozcan directamente los proyectos de ley relacionados con ellas, propongamos un cambio en ese sentido para hacer más expedito el funcionamiento de las comisiones, y que el acuerdo de crear una comisión especial no se transforme en un papelito que se va a mostrar a los clubes deportivos, a los sindicatos de artistas, etcétera.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , esta propuesta de modificación del Reglamento de los Comités y de la Comisión de Régimen Interno no nace de la pura y simple ocurrencia teórica, sino de una larga experiencia sobre la materia. En consecuencia, no es una idea que no haya sido pensada o madurada suficientemente antes de ser formulada.
Sin duda, cada vez que surge la idea de crear comisiones especiales, debería tomarse en cuenta que la mayoría de los asuntos que deben conocer tendrían que ser recogidos por las comisiones permanentes. Tal como dijo el diputado señor Rojas , suele ocurrir, por distintas razones, que una comisión permanente no le presta suficiente atención a determinada materia, pero la creación de una comisión especial no implica que, con ello, se van a arreglar las cosas. Eso no es así y, por tal razón, la Comisión de Régimen Interno ha propuesto estas modificaciones, que han sido estudiadas durante muchos años.
Veo las enormes energías y ganas que despliegan muchos colegas que están comenzando, y con toda la razón del mundo; pero no se puede olvidar la experiencia que hemos venido recogiendo durante tantos años.
Por ejemplo, si ponemos exigencias para crear una comisión especial y establecemos plazos, es por las innumerables falencias que hemos ido detectando a través de los años, y cuando establecemos un quórum distinto para facilitar la prórroga de su labor, lo hacemos sobre la base de una revisión histórica de lo que ha venido ocurriendo con las comisiones especiales. Nada puede ser peor para la Corporación y para los diputados que tener un importante número de comisiones especiales que arrojan cero resultado.
En esa perspectiva se enmarca el proyecto de acuerdo que la Comisión de Régimen Interno plantea a la Sala.
Reitero que, en muchas oportunidades, la idea de formar comisiones especiales tropieza con los porfiados hechos. No sólo no hay tiempo, sino que, en muchas ocasiones, deben ocuparse de materias que podrían ser consideradas por las comisiones permanentes. Ahora, cuando algunos diputados consideren que su comisión no está debatiendo un tema que no corresponde, basta con que, convencidos de ello, acuerden celebrar sesiones especiales para tratarlo. Así se evitaría crear comisiones especiales que, en vez de facilitar, entraban el proceso legislativo.
Por esa razón, considero que lo planteado por la Comisión de Régimen Interno recoge perfectamente la historia de lo que ha ocurrido y la forma en que podría solucionarse.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , no quiero ser majadero ni entorpecer esta discusión ni lo que propone la Comisión de Régimen Interno, en cuanto a organizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, sobre la base de la torpe y majadera experiencia de los hechos. Muchos llevan años en la Cámara.
Simplemente, quiero decir algo para que quede en acta. Presenté el proyecto de acuerdo N° 21, que apuntaba a crear la Comisión de la Cultura y las Artes. En él señalo las materias específicas que debería conocer y que funcionaría durante el período 2006-2010.
Honestamente, habría preferido que este debate se hubiera llevado a efecto el día en que se discutió la creación de esa comisión, pero no fue así.
Entonces, cuando aquí se exige decoro, honorabilidad, caballerosidad, respeto, pudor, recato y vergüenza, después de que un proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, en aras de ese decoro, simplemente quiero señalar que sería muy importante para nuestro futuro funcionamiento que se respetara lo que acuerda la Sala.
Si hoy la honorable Cámara decide que las comisiones creadas hasta la fecha deben acogerse a esta nueva forma de funcionamiento, no voy a poner problema alguno; voy a acoger la proposición de la Comisión de Régimen Interno y lo que aquí se sancione. Pero quiero que quede consignado en el boletín de sesiones que, en su momento, no se dio esa discusión, que se aprobó la creación de la Comisión de la Cultura y de las Artes para el período 2006-2010, con las competencias que se especificaban, y que, probablemente, se terminará desconociendo lo que, en su minuto, acordó la Cámara.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de regular la creación de comisiones especiales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
POSTERGACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.084, SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADOLESCENTES. Segundo trámite constitucional.
El señor LEAL ( Presidente ).-
A continuación, corresponde considerar, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto de ley, originado en mensaje, que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 4197-07 (S), sesión 27ª, en 17 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.
Concurrieron a la Comisión el señor Isidro Solís , ministro de Justicia ; la señora Verónica Baraona , subsecretaria de dicha cartera; la señora Paulina Fernández , directora del Servicio Nacional de Menores; el señor Eduardo Sepúlveda , Defensor Nacional; el señor Alfredo Bañados , director nacional de Gendarmería de Chile , entre otros.
En el mensaje, se hace presente que el Gobierno ha puesto la política pública sobre la infancia y la adolescencia en el centro de las prioridades. Fruto del consenso que existió, se aprobó en el Congreso Nacional la ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2005.
El mensaje señala que una preocupación fundamental de todos los intervinientes en el proceso de discusión de dicha ley fue contar con un sistema adecuadamente preparado para su aplicación. En efecto -explica-, la ley en cuestión ha previsto un sistema especializado de juzgamiento y sanciones para los adolescentes que infrinjan la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad.
Manifiesta que este sistema especializado se basa en una serie de disposiciones que exigen una respuesta muy fina del mismo, que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.
Asevera que la especialidad implica centros privativos de libertad diferentes y enfocados exclusivamente en los adolescentes, que posibiliten una intervención orientada a la plena integración social. Significa también que el procedimiento de persecución penal debe recoger las especificidades de la etapa adolescente considerando, por ejemplo, el lenguaje juvenil, con estándares que garanticen que las audiencias sean entendidas cabalmente por el adolescente imputado y se conviertan en parte de su proceso socioeducativo.
Finalmente, implica la especialidad de todos los actores del sistema de justicia, desde las policías hasta los jueces, pasando por fiscales, defensores, educadores de los centros y delegados de libertad asistida, todos los cuales han de estar capacitados tanto en los aspectos legales de esta crucial reforma como en, quizás aún más importante, los ámbitos criminológicos y de inserción social.
En definitiva, esto tiene que ser todo un sistema que realmente permita cumplir con el objetivo, no sólo de sancionar, sino también -y fundamentalmente- de reinsertar al infractor de entre catorce y dieciocho años de edad.
El ministro de Justicia nos explicó que existen notables avances en diversas áreas del proceso de implementación de la ley Nº 20.084, pero que también hay retrasos en la construcción de algunos centros semicerrados, por lo que se estableció que el inicio de la entrada en vigencia de esa ley, el próximo 8 de junio -según la norma vigente-, presentaría diversos problemas, pues no se contaría con la oferta suficiente de centros semicerrados en todas las regiones.
Además, hay otras áreas en que existe déficit, como, por ejemplo, en el área educacional de algunos de los centros existentes y en el tratamiento de rehabilitación de drogas en la mayor parte del país.
Asimismo, el ministro nos explicó que la implementación de esta ley ha significado trabajar muchos temas, como, por ejemplo, los normativos. En el fondo, se trata de que la legislación sea la adecuada para lo que significa la implementación de esta ley en materia reglamentaria, administrativa, de circulares, de convenios, de decretos y de funcionamiento de los distintos centros.
Incluso, se estableció una mesa de justicia penal adolescente, coordinada por el Ministerio de Justicia, en que se han creado diversas comisiones de trabajo. Una situación similar se ha producido en materia informática y estadística, aspecto que se ha logrado implementar.
La Defensoría Penal Pública nos informó que ha capacitado y especializado a sus defensores en cursos que se iniciaron el pasado 15 de marzo, los que tendrán una duración de dos meses.
El Poder Judicial también ha efectuado capacitación, de manera que su personal esté adecuadamente preparado para enfrentar la entrada en vigencia de esta ley. La Academia Judicial es la encargada de realizar los cursos de especialidad, incluso, los licitó a través de todo el país.
En cuanto al tema espacial y de infraestructura, nos informó que, a través de la Subsecretaría de Justicia, se han efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos para garantizar que se cuente con centros especiales para adolescentes en todo el país, que permitirán que éstos se encuentren totalmente separados de los adultos.
Falta por gastar -aunque están contemplados en el presupuesto del sector- cerca de 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un centro cerrado de privación de libertad en la Región Metropolitana.
Además, nos señaló que, por primera vez en nuestra historia, cuentan con un centro cerrado por región. En total, son diecisiete centros, exclusivos para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal. En este momento, se está en fase de diseño de un nuevo centro para la Región Metropolitana, que vendrá a complementar los actualmente existentes.
Los antecedentes sobre lo que se ha avanzado son conocidos, especialmente a través del informe del Senado, porque el de la Cámara de Diputados es muy escueto.
¿En qué áreas tenemos déficit? En la que tiene que ver con la infraestructura de los centros semicerrados, que es fundamental. Naturalmente, sin ella, la ley no puede funcionar de manera adecuada.
El plan de inversiones en centros semicerrados contempla lo siguiente: a junio de 2006, habrá un total de cinco centros en la Primera, Décima , Undécima y Duodécima regiones.
En enero de 2007, se agregarán siete centros más en la Segunda, Cuarta , Quinta , Sexta y Décima regiones, y en la Metropolitana, en Calera de Tango, un centro femenino.
En mayo de 2007, se agregarán al circuito dos centros más en las regiones Séptima y Novena . Adicionalmente, en noviembre de 2007, en la Región Metropolitana, se contará con otros centros semicerrados para varones. Los dos centros restantes están sujetos a aspectos técnicos en la Tercera y Octava regiones.
En materia de centros semicerrados, a junio de 2006 solamente habrá cinco. Es decir, tendremos un gran déficit en todas las otras regiones. Eso hace muy difícil implementar la ley sobre responsabilidad penal juvenil.
No sólo en el área anterior hay déficit. También lo hay en educación. Actualmente funcionan 12 escuelas en centros privativos de libertad, de 17 que tendrían que haber. Explicó el ministro , que la oferta es insuficiente, toda vez que no contempla todos los niveles educativos. Hay poco interés en esta materia. ¿Qué alternativa hay en estudio para solucionar este problema? Una adecuación legal para que el Mineduc cuente con una subvención especial que otorgue un incentivo adicional a los sostenedores educacionales, puesto que, tal como está la situación, los distintos establecimientos educacionales o sostenedores no se interesan por cumplir con todo un programa educacional para la reinserción social de estos jóvenes.
Asimismo, se piensa en modalidades a través del programa Chile Califica o que directamente el Sename asuma la oferta de los centros donde no se cuente con sostenedores interesados en impartir la educación, lo que es necesario.
Otro tema muy importante es el tratamiento de rehabilitación del consumo de droga, y ahí tenemos otro déficit. Durante el año 2006, explicó el ministro , se están ejecutando nueve proyectos. Siete financiados por el Sename y dos por el Conace, con una cobertura de 460 plazas y con un costo total de 471 millones de pesos, en las regiones Primera, Segunda, Quinta , Sexta , Octava , Décima y Metropolitana. Faltan más dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y/o abusivos de drogas.
Allí hay una gran falla y debemos tener en cuenta que la ley establece en su artículo 7º que el juez estará facultado para establecer como sanción accesoria a las penas señaladas, siempre que sea necesario en atención a las circunstancias de los adolescentes, la obligación de someterlos a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. Es decir, el juez puede ordenar que se le rehabilite, que se le someta a tratamiento, pero tenemos un gran déficit en ese sentido.
Según estudios realizados por el Sename y el Conace, de los infractores de la ley penal entre los 14 y los 17 años de edad, un 70 por ciento presenta consumo de drogas ilícitas, y dentro de este porcentaje, un 50 por ciento es consumidor de varias sustancias adictivas. Es decir, los infractores a la ley penal adolescente, en un gran número, son consumidores de drogas ilícitas y, por lo tanto, van a necesitar rehabilitación.
Por todo esto, se ha propuesto la postergación de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084. Así, en definitiva, en su artículo 1º transitorio se propone reemplazar la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, con lo cual su entrada en vigencia sería el 8 de junio de 2007.
En el Senado se incorporó el siguiente artículo 4º transitorio, nuevo: “Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.” La idea es que la Cámara de Diputados y el Senado cuenten con información cabal sobre el avance de la implementación de la ley N° 20.084, de manera de tener todo preparado para su aplicación el 8 de junio de 2007.
El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, en los términos propuestos por el Senado.
La Comisión deja constancia de que el proyecto no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o que requieran ser aprobadas con quórum calificado ni que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto cuyo objetivo único es postergar por un año la entrada en vigencia de una importante reforma, que permitirá enfrentar un problema que afecta a nuestra sociedad: la infracción a la ley penal por parte de adolescentes.
Todos estamos contestes en que el actual sistema mediante el cual se da tratamiento punitivo y se rehabilita a los adolescentes infractores de la ley penal es malo porque es decimonónico y funciona mal. Todo demuestra que la determinación del discernimiento no tiene lógica alguna desde el punto de vista de la rehabilitación y del efecto punitivo que se persigue. Por ello, hubo consenso en la necesidad de reformar el sistema.
Habla bien de los gobiernos de los Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Table y Ricardo Lagos haber puesto este tema en el debate y, después de largas tramitaciones y de presentar preproyectos, haber acordado, a mediados del año pasado, una reforma sustancial y estructural al sistema. Durante muchos años se dijo que había que cambiarlo, pero no se hizo nada. Sin embargo, en esos dos períodos presidenciales se tomó la decisión política, estructural y de financiamiento destinada a ese propósito.
Ahora, postergar la entrada en vigencia de una ley como ésta no es una buena noticia. Por tanto, no cabría sostener que el presente proyecto es positivo. No obstante, las informaciones que en las comisiones técnicas han dado el ministro de Justicia y la subsecretaria de esa cartera, la directora del Servicio Nacional de Menores y los representantes de Gendarmería indican que dicha postergación es indispensable, a fin de que la ley se aplique en un régimen de funcionamiento correcto.
Se creyó, de buena fe, que la ley podría comenzar a regir a contar del 8 de junio próximo, pero las dudas que se manifestaron respecto de algunas construcciones y de ciertos cursos de acción demostraron que ello no será posible, y no es bueno que una reforma de esta magnitud entre a la vida del derecho con una mano amarrada o caminando a medias. Ello no obsta reconocer con honestidad que tampoco es bueno que al momento de determinar su entrada en vigencia en el plazo original del 8 de junio próximo -que todavía está vigente-, se haya errado en el diagnóstico -de buena fe-, por temas de constructibilidad y de disposiciones financieras. Por eso, es conveniente que quienes deben hacerse cargo de la implementación de este cuerpo legal sean capaces de decir que es preferible que se aplique de forma completa y no a medias. Esta situación es parecida a lo que ocurrió cuando se suspendió por seis meses la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Santiago, y, hoy, todos coincidimos en que fue una buena decisión, haciendo salvedad de lo ocurrido, porque estamos en un buen momento desde el punto de vista de la seguridad pública. Eso lo ha tenido presente el Ministerio de Justicia y el Gobierno al pedir esta postergación.
Este proyecto apunta a la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que en el país hablamos poco acerca de estos temas cuando no estamos cerca de una campaña electoral. Ahora estamos lejos. Entonces, el tema de la seguridad es menos “marquetero”; pero, como es importante, siempre hay que aludirlo.
Ayer, el Ministerio del Interior entregó un buen informe sobre denuncias de delitos de mayor connotación social, que dice -textualmente-: “La tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (Dmcs) -todos sabemos cuales son: homicidios, robos con fuerza, etcétera-, correspondientes a enero-marzo de 2006, registra una baja de -1,6 por ciento (de 605,94 a 596,47 casos cada 100 mil habitantes) en comparación con igual trimestre del año anterior.” Es decir, con el trimestre móvil, no con el inmediatamente anterior. Ésa es una muy buena noticia de lo que pasa en el país con la seguridad ciudadana.
A su vez, el Conace acaba de entregar una encuesta sobre prevalencia en el consumo de drogas. Si uno mira los cuadros comparativos -es bueno hablar con información- respecto de la evolución en los últimos años de la prevalencia de las tres drogas que más se consumen en nuestra sociedad, marihuana, pasta base y cocaína, podrá apreciar que el consumo de marihuana durante 2000 y 2004 se ha mantenido, el de pasta base también registra una situación similar y el de cocaína, incluso, una baja. No todos los países pueden contar, después de implementar durante de 6 ó 7 años un plan estratégico, que las tendencias de consumo o prevalencia empiezan a detenerse.
Entonces, si uno considera que en el segundo trimestre hay una baja en los delitos de mayor connotación social en la prevalencia del consumo, si empezamos a discutir un tema muy importante desde el punto de vista orgánico cuál es un nuevo Ministerio Público o un Ministerio del Interior en una versión más de seguridad pública, si evaluamos ciertas buenas cifras de los cuadrantes con la necesidad de mayor gestión de los mismos, uno se da cuenta de que, como Estado, como sociedad, estamos empezando a dar ciertos pasos que indican resultados concretos de mejoría en un tema central de la cotidianeidad de los chilenos, que es la seguridad pública. Desde esa perspectiva, hay un tema también muy importante que es el ingreso en régimen de esta ley, porque todos sabemos que en Chile tenemos un problema con los menores infractores. Hay un alza en la comisión de delitos y tenemos una ecuación casi perfecta, según algunos datos, entre consumo de droga e infracción delictual de menores.
Por ejemplo, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, cuyos datos no han sido discutidos por nadie, revela en una muestra hecha en la zona sur de Santiago porcentajes altísimos de relación entre consumo de droga y acto delictual.
Todo indica que si no estamos en condiciones de entregar a un menor infractor primerizo la oportunidad de rehabilitarse, por ejemplo, a través de cursos adecuados -de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, no estamos bien preparados para eso-, es preciso postergar la puesta en marcha del sistema de responsabilidad penal de los adolescente. No nos podemos hacer los lesos. No vamos a sacar a los menores del delito por el simple hecho de llevarlos a un sistema cerrado, semi cerrado o de libertad asistida. Si esos jóvenes no tienen capacidad para reinsertarse, estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque nadie en el país entenderá que el problema de los jóvenes infractores o delincuentes -como otros los denominan- es un problema de la sociedad. Por ende, esta postergación, que obviamente es una novedad, una mala noticia para quienes trabajamos en este proyecto, es indispensable desde el punto de vista de apostar a un buen camino, al mismo que estamos siguiendo como Estado, cual es empezar a derrotar la inseguridad ciudadana.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , como se sabe, en el Código Penal se establece que el menor de 16 años, y el mayor de 16 y menor de 18 años, está exento de responsabilidad penal, a menos que conste que ha obrado con discernimiento.
Como la delincuencia es una de las más graves lacras de nuestra sociedad y, lamentablemente, los jóvenes entre 14 y 18 años, representan uno de los mayores porcentajes por acciones delictivas, cuando el año pasado se discutió y aprobó en este Congreso Nacional, el proyecto de ley N° 20.084, hubo mucha satisfacción en toda la ciudadanía, puesto que, con la dictación de la ley, se atacaba ese serio problema.
Nosotros la consideramos adecuada, porque dispone que los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años tendrán un tratamiento especial, que no sólo se refleja en las penas establecidas, sino también en varios procedimientos que la normativa contempla. Por ejemplo, que la justicia penal para los adolescentes -así llama la ley a los jóvenes de entre las referidas edades- deberá ser especializada, que las policías deberán capacitarse, y que para el cumplimiento de las penas deberán construirse centros especiales semicerrados, etcétera. Todo esto, que es muy positivo y vino a llenar un vacío legal, se discutió largamente. Asimismo el artículo 1° transitorio, donde se estableció que la ley entraría en vigencia dentro del plazo de seis meses después de su publicación. Aunque en ese entonces no era diputado , supe que, inquiridas al respecto las autoridades de gobierno y de Justicia de la época, éstas dieron las seguridades más plenas de que la ley estaría en aplicación dentro de ese plazo de seis meses.
Sin embargo, poco tiempo antes de cumplirse, nos enteramos de la triste noticia -como la llamó el diputado Burgos - de que no podrá entrar en vigencia, porque no se han cubierto requerimientos en cuanto a educación y preparación de los jueces, de las policías, y a la construcción de los centros semicerrados.
En consecuencia, mi la bancada repudia enérgicamente esta postergación y levanta su voz de protesta por esta nueva negligencia de los gobiernos de la Concertación, particularmente del gobierno del Presidente Lagos. Aquí se discutió el asunto, que era de la mayor trascendencia, y se dieron las seguridades de que en el plazo de seis meses entraría en vigencia la normativa.
La ley se publicó días antes del proceso eleccionario de diciembre. No quiero hablar de buena o de mala fe -como dijo el diputado Burgos -, pero aquí, realmente, hubo aprovechamiento político por la cercanía de las elecciones, lo cual nos parece grave y censurable. Por eso, reitero, la bancada de la UDI repudia y protesta por esta postergación.
Este repudio y esta protesta la vamos expresar a través de algunos votos en contra del proyecto y de abstenciones. Yo, particularmente, me voy a abstener, porque si esta iniciativa llega a rechazarse, nos vamos a encontrar con la insostenible situación de que debe entrar en aplicación la ley y eso no es posible.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, hay quince diputados inscritos para hacer uso de la palabra. El Orden del Día termina a las 12.50 y con ello se cierra el debate, por lo que los señores diputados que no hayan hecho uso de la palabra deberán solicitar a la Mesa la inserción de sus discursos en el Boletín de Sesiones.
Por lo tanto, propongo prorrogar el Orden del Día hasta las 13.20, que cada diputado haga uso de la palabra por cinco minutos y, posteriormente, cerrar el debate.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , este proyecto inició su tramitación el 6 de agosto de 2002. Tres años y ocho meses tardó en ser despachado por el Congreso Nacional, en octubre de 2005.
En el entretanto, más de seis veces la bancada de Renovación Nacional pidió públicamente que se calificara la urgencia para la tramitación del proyecto, porque la urgencia la estaban dando las cifras sobre el constante incremento de la delincuencia juvenil.
Sin embargo, hoy, este proyecto se ha transformado en el modelo más auténtico de lo que puede ser una actitud negligente del Ejecutivo. Para ir más lejos, el propio legislador la consagra en la Constitución cuando habla de negligencia inexcusable al describir las causales de acusación constitucional en contra de un ministro. Nada puede ser más negligente e inexcusable que lo que aquí hemos visto.
La primera diligencia que uno, como diputado , pide al Ejecutivo es que cuando presente un proyecto a tramitación tenga previstos los medios materiales y humanos que se requieren para que ese proyecto que aprobemos se ponga en marcha. Sin embargo, nada de eso ocurrió aquí. Fueron muchas las veces que desde este mismo escaño pedí al Ejecutivo que diera garantías de que esta iniciativa se implementaría adecuadamente. La directora del Sename, el ministro Bates y el ministro de Hacienda , muchas veces, señalaron: “No se preocupen, está todo contemplado.” Y no sólo lo dijeron aquí, sino también públicamente. El ministro Bates , en noviembre de 2005, a pocos meses de que la ley entrara en vigencia dijo, textualmente: “Cuando en junio próximo comience a regir la nueva ley, el Estado habrá invertido 41 mil millones de pesos en recintos para que se cumplan las sanciones privativas de libertad, 3 mil millones de pesos para contratar fiscales, jueces y miembros de los tribunales orales, y 9.600 millones de pesos para rehabilitar a los jóvenes.”
No sé cuánta plata se ha gastado hasta la fecha. Lo único que consta es que no se ha gastado lo que dijeron que se iba a gastar.
Obviamente, esta realidad es muy distinta a la que informó hace una semana el actual ministro de Justicia . De los diecisiete centros de reclusión semicerrados, que es el corazón de esta reforma, porque es lo que permite la rehabilitación real de los jóvenes, hoy sólo hay cinco, de los cuales tres ya estaban funcionando cuando se aprobó la reforma. Hay nueve centros que sólo están en proyectos. Faltaban tres semanas para que esto entrara en vigor y ni siquiera se habían hecho los planos de la mayoría de ellos.
En cuanto a rehabilitación de drogas, solamente existe el 10 por ciento de lo que se dijo que se necesitaba. En todo caso, lo considero insuficiente, aún cuando se hubiese cumplido la meta.
En capacitación, lo mismo; no hay un solo curso de capacitación al personal que debe ser monitor de libertad vigilada.
Sin embargo, cuando hoy nos presentan el plan de recuperación, ya nos están reconociendo que muchos de los centros de reclusión semicerrados se van a implementar a partir de enero de 2007. Y, lo que es peor, hemos tenido la mala noticia, a diferencia de lo que nos dijo la directora del Sename en su momento, que en muchas regiones va a operar un solo centro. Me pregunto cómo un joven puede rehabilitarse si debe dormir a 300 kilómetros de donde vive. No hay rehabilitación posible.
Sin embargo, es necesario conocer a los responsables, y pareciera que nadie quiere reconocer el error ni responder por él.
Me preocupa que esta negligencia se haya producido a sabiendas. El ministro Bates , cuando dijo públicamente, a dos meses de entrar en vigencia la ley, que su materialización se estaba implementando sin ningún problema, sabía que ello era imposible, porque no existía posibilidad alguna de terminar las construcciones comprometidas. Lo mismo hizo la entonces directora del Sename , cuando dijo públicamente que se estaban implementando los centros semicerrados en las regiones, sabiendo que no se iba a cumplir. Ellos engañaron al país y lo hicieron, seguramente, porque estábamos en período de elecciones.
Hasta la fecha, nadie había dado alguna explicación en circunstancias que faltaban semanas para la entrada en vigencia de la ley. Ahora nos enteramos de que la reforma no se implementará.
Es difícil impedir la suspensión de la entrada en vigencia de esta reforma, porque todos sabemos que, tal como está el proceso, no funcionará. Sin embargo, es mucho más difícil avalar con nuestro voto esta negligencia histórica, máxime si, a la fecha, nadie se ha hecho responsable del error ni ha querido reconocerlo, cuando los ministros de entonces decían que todo estaba al día, sabiendo que no era así. Y día a día la delincuencia juvenil aumenta.
Nosotros vamos a votar en contra de esta modificación legal, porque muchas de las cosas planificadas no se han cumplido y no veo que tengamos un Gobierno que priorice poner freno a la participación juvenil en la comisión de delitos.
Finalmente, si el proyecto se aprueba, será una muy buena noticia para aquellos que abusan de los menores, incitándolos a cometer delitos que, después, quedan en la impunidad, pero muy mala para las miles de víctimas de la delincuencia, ya que nadie les responde.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , la ley N° 20.084, sobre sistema de responsabilidad penal juvenil es muy buena. Fue estudiada durante mucho tiempo, porque el tema es complejo.
Legislamos teniendo en vista que se cometían grandes injusticias con los jóvenes. Una de las más evidentes es la existencia del discernimiento para declarar si un joven, de entre 16 y 18 años, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo y si, en definitiva, es o no responsable.
Como señalé en la Comisión, el discernimiento afecta mayoritariamente a los infractores más pobres, a aquellos que no tienen padres ni suficiente dinero para contar con la defensa de un buen abogado. Durante el ejercicio de mi profesión pude constatar que muchos infractores jóvenes pobres eran declarados con discernimiento y se les aplicaban penas iguales a las de los adultos, lo cual es muy grave. Pero lo más grave era que cuando se quería aplicar medidas de protección, surgía una confusión respecto de los jóvenes infractores y los que se deseaba proteger. O sea, el sistema era malo.
Sin embargo, en la discusión de la actual ley se tuvo en cuenta que el fin primordial es la rehabilitación de los jóvenes infractores, dándoles todas las oportunidades posibles. Por eso, tomó tiempo su tramitación; no es una materia fácil. Como reza el dicho popular, “Otra cosa es con guitarra.” No es fácil hacer bien las cosas.
Para aplicar la ley era necesario implementar, entre otros, centros semicerrados, asistidos por personal capacitado para rehabilitar realmente a los jóvenes infractores. No olvidemos que muchos de ellos, tal como manifestó el diputado Burgos , son drogadictos y delinquen para financiar su adicción. Pero también nos interesa que los jóvenes infractores prosigan sus estudios.
Por eso, saber que el sistema no está absolutamente terminado ha sido una pésima noticia. Lamentablemente, tenemos que aceptar esa situación. Si bien se han hecho grandes esfuerzos y se avanzó bastante, nos duele mucho tener que aceptar esta prórroga, pero es lo único que podemos hacer. De lo contrario, los jueces van a aplicar penas de adultos a los jóvenes infractores, después de someterlos a pruebas de discernimiento. Eso es muy grave.
Los diputados son personas razonables, con sentido social y que deben velar por el bien común de la sociedad. En este caso, el bien común no es votar en contra de la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084.
Anuncio mi voto favorable a esta postergación, porque no nos queda otra solución.
Sin embargo, por su intermedio señor Presidente , quiero pedir al ministro de Justicia que se comprometa con dos cuestiones prioritarias: que no se corran los cercos de los centros cerrados para habilitarlos como semicerrados, porque sería tremendo, ya que -como ya se dijo en la Sala- los menores quedarán desterrados, y que se estudie un proyecto que proteja a los niños, pues no sólo tenemos que preocuparnos de los infractores, sino que también debemos pensar en los otros niños, en esos que tenemos que cuidar antes.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , la ley sobre responsabilidad juvenil es de enorme importancia y trascendencia. Es producto de un trabajo serio que responde a dos dimensiones de un mismo problema: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger los derechos de los jóvenes y de los jóvenes infractores. No se trata sólo de una ley punitiva, pues también garantiza a estos últimos un trato adecuado para que respondan y encuentren el camino que les permita reincorporarse adecuadamente a la sociedad.
Coincido con el planteamiento de otros diputados de la Concertación, en el sentido de que no es bueno tener que votar favorablemente la postergación de la entrada en vigencia de una ley de tanta relevancia. No hubiésemos querido tener este debate; sin embargo, la realidad nos obliga.
Es importante que el tiempo de prórroga que estamos concediendo sea aprovechado intensamente para cumplir con las condiciones de base de la ley sobre responsabilidad juvenil eficaz, y para informar y socializar sus objetivos ante la opinión pública y la ciudadanía.
Agradezco la buena disposición de las autoridades del Ministerio de Justicia -con las que hemos conversado- para recorrer el país y visitar distintas comunidades, a fin de socializar al máximo los alcances de la ley, porque tenemos la sensación de que sólo es vista como el castigo que reciben quienes cometen un delito, sin revelar su otra dimensión, que es reinsertar a los menores infractores.
Tenemos que hacer un enorme esfuerzo como país para ampliar y ajustar nuestra mirada en este tema. Venimos saliendo de un proceso electoral importante, en el que hemos elegido diputados, senadores y Presidenta de la República . En la última década la agenda de seguridad ciudadana se ha transformado en un arma electoral arrojadiza que permite ganar puntos a los candidatos más duros, más severos, a los que ofrecen más penas y más castigos.
Como representantes de los ciudadanos, tenemos la obligación de analizar el problema con más profundidad, y eso significa incorporar la dimensión de oportunidades que aún no se brindan a los jóvenes, que están en la columna del debe en lugar de estar en la del haber.
Por ello, a partir de esta lamentable necesidad de postergar la entrada en vigencia de la ley, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de hacer un esfuerzo. En ese sentido, la creación de un comité de expertos puede ser de gran ayuda para abordar el problema como política de Estado, y así podremos todos colaborar activamente en disminuir la sensación de inseguridad que aqueja a la población. El diputado Burgos mencionó cifras que indican que la comisión de delitos disminuyó, y ese es un logro del conjunto de la ciudadanía y no sólo del Gobierno. Todos debemos hacer esfuerzos en esa dirección.
Por eso, hago un llamado a los colegas para que aprovechemos esta oportunidad y asumamos una lógica de Estado que permita que la ley sobre responsabilidad juvenil responda a las dos dimensiones que referí al comienzo de mi intervención: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger y garantizar los derechos de los jóvenes y los de los jóvenes infractores.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en relación con las bondades de la ley sobre responsabilidad juvenil ya se ha dicho bastante. Sin embargo, lo expresado por los diputados de la Alianza que me antecedieron en el uso de la palabra, los señores Eluchans y Monckeberg , me interpreta plenamente, en especial en lo relativo a nuestros reparos y repudio al aplazamiento de su entrada en vigencia y a la responsabilidad que en ello le cabe al gobierno del Presidente Lagos.
No puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacer referencia a las dos caras que podemos advertir en la comisión de un delito.
En efecto, no debemos considerar los delitos como simples estadísticas, porque detrás de ellos siempre hay personas: por una parte, la víctima y su familia, que también sufre las consecuencias, y por otra, los menores infractores y sus familias, que sueñan con la oportunidad de rehabilitar a sus hijos.
Por lo tanto, debemos tener presente que cuando planteamos mejorar el acceso a la justicia, de alguna manera ilusionamos a la gente, que quiere sentirse segura, porque piensan que ahora por la vía de la rehabilitación, sí disminuirá la delincuencia juvenil, aunque en algunos casos sea muy difícil.
Cuando se aprobó la ley, se aseguró que entraría en vigencia seis meses después de su promulgación. Como ello no ocurrirá, siento que estamos jugando con las ilusiones y las esperanzas de muchas familias: las de las víctimas de los delitos y las de los jóvenes que delinquen, muchos de los cuales se encuentran sumergidos en la drogadicción, en la delincuencia y no han tenido reales oportunidades.
Comprendo la imposibilidad material de que la ley entre en vigencia, porque no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerla efectiva, pero lo encuentro lamentable. Sin embargo, me parece más lamentable que todo el trabajo de la Comisión, en el cual colaboraron diputados de mi bancada -por lo que no es patrimonio del Gobierno, sino de todos los chilenos- se vea ensombrecido porque el Ejecutivo no hizo bien su pega.
No quisiera hablar más. Sólo debo hacer presente que mi voto de rechazo a este aplazamiento es una manera de decir a los responsables de esta mala decisión -quienes en el período electoral pasado ilusionaron al país con que íbamos a tener un mejoramiento de nuestra justicia penal para los jóvenes- que lo afirmado por ellos no era cierto, y esto se veía venir.
Considero que no se debe jugar con temas tan sensibles como éste, que involucra menores, familias, víctimas y jóvenes que necesitan una oportunidad.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , la bancada de diputados de la Democracia Cristiana apoyará la postergación de la ley Nº 20.084. Asimismo, reconocemos la valentía y la transparencia, en primer lugar, de nuestra Presidenta de la República , Michelle Bachelet ; en segundo lugar, del ministro de Justicia , Isidro Solís , y por último, de la subsecretaria de Justicia, Verónica Baraona , quienes se han visto enfrentados a la dificultad real y concreta de que la entrada en vigencia de esta ley el próximo 8 de junio genera un problema de aplicación. Han surgido hechos imprevisibles que no estuvieron al momento de discutir la ley, situación que expusieron latamente el ministro de Justicia con el director nacional de Gendarmería , como problemas en la construcción de centros semicerrados por no haber terrenos adecuados o no ajustarse a lo dispuesto en los planos reguladores de los municipios, lo que, sin duda, escapaba a las circunstancias que tenía contempladas el ministerio en algún minuto.
Por otra parte, también hay que decir que recién nuestro país está avanzando y tiene una norma técnica respecto de cómo deben enfrentarse los tratamientos para jóvenes infractores en materia de consumo de drogas, de lo que se habla mucho en nuestro país. Reitero: recién estamos contando con una norma técnica que permite establecer un cierto criterio para la atención de esos jóvenes.
La entrada en vigencia de esta ley confronta dos posiciones ideológicas sobre cómo combatir la delincuencia. Por un lado, la de quienes tienen la convicción de que el tema de la delincuencia se soluciona con penas más severas, construyendo más cárceles o enviando más gente a prisión; por el otro, el de quienes creemos que hay que atacar a la delincuencia en un sistema más global, con leyes como las que propone este sistema de responsabilidad penal juvenil, que al adolescente infractor se le trata en un todo, como una forma de buscar su reinserción social, a fin de que pueda reintegrarse a la sociedad.
Si uno revisa la información que entrega Gendarmería, el Ministerio Público o los propios tribunales de justicia respecto de los jóvenes infractores que terminan en nuestras cárceles o cumplen condenas, vemos que estos son de escasos recursos, que no han terminado su educación formal, que provienen de familias disgregadas, que han sido criados solamente por sus madres o por un familiar lejano y que no han tenido las oportunidades de otros jóvenes. Con esta ley de responsabilidad penal juvenil se establece un tratamiento integral.
En esa línea, el Congreso debe ser lo suficientemente responsable. Hemos escuchado las explicaciones del ministro de Justicia , quien asumió su cargo hace sólo 70 días, por lo que no podemos negarnos a postergar la entrada en vigencia de esta ley sólo para sacar ventajas políticas. Aquí está en juego el modelo de sociedad que queremos construir y cómo queremos enfrentar el problema de la delincuencia. Se hace necesario asumir que los jóvenes que tienen recursos y que terminan sancionados por esta ley en los centros cerrados en los semicerrados con alguna medida cautelar, puedan contar con los mecanismos necesarios que les permitan reinsertarse.
Reitero lo concerniente al tratamiento de los jóvenes consumidores de drogas, que es un tema no abordado en nuestro país; también nos encontramos con la dificultad, y así lo expuso en su minuto el ministro de Justicia y la subsecretaria, que no existen los programas educacionales que este Congreso impuso en la legislación para que los jóvenes terminen sus estudios formales. Son temas no menores, porque si un tribunal del juicio oral o uno de garantía determina que un joven debe terminar la educación formal en un centro de detención o, en su defecto, se le impone un tratamiento de drogas, pero no contamos con los medios apropiados, nuestras autoridades ministeriales al no dar cumplimiento a una orden judicial, incurrirán en desacato. Ése es un tema no menor en lo que se refiere al valor y la fuerza de las sentencias y su cumplimiento, a lo que están obligadas todas las personas del país, especialmente las autoridades políticas y públicas.
En esa línea, creo que se ha tomado una decisión correcta y serena, que ha permitido transparentar la información que existe y dar a conocer los problemas.
A nosotros, al igual como han dicho los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, nos hubiera gustado que esta ley entrara en vigencia en la fecha originalmente propuesta. Pero si no están los antecedentes y no se reúnen todos los requisitos necesarios, como los centros semicerrados, los programas de tratamientos de droga y, fundamentalmente, lo que se refiere a los programas educacionales, nos parecería una irresponsabilidad que entre en vigencia, ya que, en un breve plazo, se produciría el mismo colapso que hoy enfrentan los tribunales de familia.
Termino diciendo que es necesario que hoy el Congreso dé una señal clara respecto de lo que quiere hacer para combatir la delincuencia juvenil. En esa línea, la suspensión de la aplicación de la ley que establece responsabilidad a los adolescentes por infracciones a la ley penal, nos va a dar el plazo de un año para discutir otro tema que no ha resuelto el Congreso: la adecuación de nuestra legislación interna con los tratados internacionales que tienen que ver con la legislación penal para adolescentes y jóvenes.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .-
Señor Presidente , cuando me correspondió estudiar la ley que establece un sistema de responsabilidad a los adolescentes por infracciones a la ley penal realmente me alegré, porque estábamos en presencia de una legislación moderna en relación con el tema.
Lo mismo me ocurrió cuando tuvimos que implementar leyes tan importantes como las relativas al Tribunal Constitucional o con la interpelación de los ministros de Estado. A los nuevos diputados nos ha correspondido tomar conocimiento cabal de ellas y concluir que son legislaciones que dan un paso adelante.
En nombre de la bancada de Renovación Nacional, quiero decir que esta ley también da un paso adelante en ese sentido.
Establece un tratamiento especial para jóvenes adolescentes de entre 14 y 18 años con responsabilidad penal juvenil. Para ellos hay un sistema de sanciones distinto al de la regla general, porque la sanción privativa de libertad es inferior en un grado a la pena más baja asignada al delito específico.
También contempla un sistema diferenciado de sanciones privativas de libertad y no privativas de libertad, que se cumplen en régimen cerrado, semicerrado o con reinserción social, que es uno de los aspectos fundamentales de la ley, porque establece penas no privativas de libertad, como la prestación de servicios, la multa o la reparación del daño, que significan un avance en todo lo que dice relación con la responsabilidad penal juvenil.
La filosofía de esta ley, de tratar de reinsertar al adolescente en lugar de hacerlo cumplir su pena o sanción en la cárcel, es un avance que busca que el joven de entre 14 y 18 años pueda reinsertarse en la sociedad y dejar de ser un delincuente más al entrar en la edad adulta.
La justicia especializada es absolutamente notable, porque tiene jueces de garantía y jueces del tribunal oral, defensores, fiscales y policías que hacen un trabajo específico en materia de justicia penal juvenil.
La ley recoge la Convención de los Derechos del Niño, otorga al Sename una participación importante e, incluso, establece una exclusión a la participación directa de Gendarmería en la administración de los recintos carcelarios, ya que le otorga esa labor a policías externos.
En verdad, me alegro por todas esas cosas. Pero, como bancada de Renovación Nacional, sufrimos una decepción importante, porque era un anhelo de años que esta ley saliera adelante y fuera una realidad. Hoy, la alegría pasa a ser decepción por el atraso permanente en la puesta en marcha de los proyectos emblemáticos de los gobiernos de la Concertación. Éste es uno más.
Tenemos que estar contentos por lo que dijo el diputado señor Burgos , en cuanto a que están disminuyendo los delitos de mayor connotación social, lo que constituye una muy buena noticia. Asimismo, estamos contentos porque también disminuyó el consumo de droga.
Sin embargo, acá no está en discusión eso ni la ley de responsabilidad penal juvenil, sino que las cosas no se hicieron como corresponde. Los diputados del período legislativo anterior preguntaron si se necesitarían más tiempo que los seis meses que se establecieron para poner en marcha la ley, y la respuesta fue negativa. Por eso, es ahí donde queremos marcar el punto: las cosas no se hicieron como corresponde.
Hoy estamos viendo la postergación de la entrada en vigencia de esta ley por doce meses más; en definitiva, dieciocho meses en total. Eso lleva a Renovación Nacional a rechazar el proyecto de ley, no porque no queramos un sistema moderno, pues dicho sistema ya se encuentra implementado en cuanto a que la ley ya está dictada, sino porque se trata de un voto de repudio a la improvisación de los gobiernos de la Concertación en lo que dice relación con la implementación de los proyectos de ley, así como a la falta de responsabilidad para dar cuenta de la gestión.
Se hizo un estudio, se llevó adelante un proyecto de ley y se preguntó si su aplicación sería posible en seis meses; se respondió que esto saldría adelante, pero ahora vemos que no fue posible.
Por eso, la bancada de Renovación Nacional rechazará el proyecto que posterga en doce meses la entrada en vigencia de la ley penal juvenil.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , no me alegro de lo que está pasando con la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Cuando se discutió esta ley, cuya entrada en vigencia estamos prorrogando por un año, recuerdo que insistí con mucha fuerza en esta Sala y en la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de que el Ejecutivo asegurara en ese entonces su financiamiento. Ahí está la base de esta triste noticia.
Incluso, recuerdo que tuve más de una diferencia con los colegas de la Comisión de Constitución, quienes acordaron que el proyecto no fuera analizado por la de Hacienda. Al final, las consecuencias previstas se verificaron, y de la peor manera. Ahora, debemos postergar la entrada en vigencia de esta ley y, por el bien de todos, pasar algunas turbulencias comunicacionales.
He escuchado con mucha atención a los colegas juristas Monckeberg , Laura Soto , Díaz , Burgos y Eluchans . Creo que todos vamos a concordar en un final feliz. Hoy estamos un poco sentidos, porque las consecuencias previstas no fueron tomadas en cuenta. Pero estamos ante esta situación porque una comisión técnica, contra toda norma, le creyó a ojos cerrados lo dicho por funcionarios del Sename. Erraron -ése es el tema- cuando en la Comisión de Constitución decían que ese proyecto no significaba mayores gastos, ya que sólo se trataba de una redistribución interna de recursos.
¡Craso error! Pero no por eso nos vamos a involucrar en algo que prolonga en el tiempo el ardor de cara que hoy tenemos, y que es bueno pasarlo. Debemos postergar la entrada en vigencia de la ley; en caso contrario, empezará a operar la primera semana de junio con consecuencias nefastas, especialmente para los jóvenes afectados, pues no existen los programas alternativos.
Al terminar en la cárcel o en los centros cerrados, como se denominan estos establecimientos, podrán decir que la sociedad les entregó una lacra que no podrán superar el resto de su vida.
Sinceramente, creo que esto debe ser una lección para la Cámara de Diputados y no para quienes creímos tan fácilmente en ella o fuimos involucrados por un error, ni por el compromiso de llevar adelante las metas de Gobierno.
Cuando el Congreso Nacional pierde su capacidad de ser un contrapeso real al Ejecutivo , más allá de los asuntos político-partidistas, termina siendo un buzón que sirve para cualquier cosa, menos para legislar y crear mejores condiciones de vida para los chilenos.
Ese ardor de cara que todos los diputados estamos sintiendo nos induce a pensar que no debemos aprobar un mal proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.
El señor WARD.-
Señor Presidente , todos estamos de acuerdo –también recuerdo haberlo escuchado del ministro - en que esto es una mala señal que perjudica a la política, al trabajo en el Congreso Nacional y al país. Esta es una ley que beneficia a todos y, por ello, hay consenso en que lo que hoy día está ocurriendo no es algo positivo.
En la Comisión, tuvimos oportunidad de conversar con el ministro de Justicia , a quien le preguntamos qué razones existen para postergar la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Las explicaciones que recibimos tanto del ministro como de otras autoridades coinciden con los argumentos que ya se han hecho valer en otras ocasiones, como falta de infraestructura, demora en la capacitación y otros que son atendibles.
Siempre me gusta decir las cosas por su nombre y en esta oportunidad no haré una excepción. Comprendemos que hay razones que justifican esta postergación, pero, lamentablemente, toda postergación revela incumplimiento y en este caso lo ha habido, porque no estamos en presencia de un aplazamiento por razones de fuerza mayor, como una catástrofe ecológica, un terremoto o una inundación. Aquí ha habido demora y, si bien se han entregado algunos argumentos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no se ha asumido la responsabilidad, lo que criticamos y nos motiva a votar en la forma en que lo haremos.
No me interesa hacer una crítica política, porque el ministro asumió como tal el mismo día en que lo hice como diputado .
Tengo la sensación de que la nueva administración recibió una pesada mochila. Al mismo tiempo, hay un silencio culpable de muchas autoridades del anterior gobierno que hoy ocupan diferentes cargos, algunas privadas y otras públicas, pero no han respaldado posiciones que este Gobierno ha debido asumir como propias, en circunstancias de que no le corresponde.
Es importante recordar que en la Comisión preguntamos al ministro si existía la posibilidad de que el Gobierno asumiera un compromiso público, en el sentido de que ésta sería la única prórroga, y si el próximo año, en esta misma fecha y en este mismo lugar, podríamos estar discutiendo esto mismo. A mi juicio, la respuesta del ministro fue auténtica, pero insuficiente, porque no hay argumentos que permitan afirmar, en forma definitiva, que el próximo año no estaremos discutiendo exactamente lo mismo.
No es bueno que nos acostumbremos a las prórrogas, porque, como dije, hablan de incumplimiento y, si bien forman parte de la tradición de nuestro país, son nefastas y, en el caso de la ley cuya entrada en vigencia se pide postergar, las consecuencias son peores.
No estoy dispuesto a avalar conductas de administraciones que no son capaces de asumir su responsabilidad, ni a dar un cheque en blanco a autoridades políticas que no son capaces de respetar sus compromisos. Por ello, anuncio mi voto en contra de este proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia , señor Isidro Solís.
El señor SOLÍS ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , me gustaría centrar el debate en tres órdenes de ideas.
En primer lugar, precisar el sentido de esta ley, porque en el debate público se ha distorsionado lo que el Estado busca con su dictación.
Debemos tener claro que éste es un instituto jurídico nuevo, que tiene por finalidad básica crear una política pública en el campo de los menores infractores, que tienda básicamente a su rehabilitación.
Quiero hacer algunas consideraciones mínimas de derecho penal que explican el profundo sentido de esta ley.
Antes de la dictación de la ley N° 20.084, no existía en nuestro orden institucional, en la Constitución Política, en el Código Penal ni en ninguno de los cuerpos legales que establecen sanciones penales, una definición precisa respecto de los fines de la pena, es decir, de lo que busca la sociedad cuando finalmente decide aplicar el régimen penal a una persona. Esta ley sí lo hace, de manera que resulta extraordinariamente importante fijar con exactitud el nivel de desarrollo estatal con el cual vamos a aplicarla.
Cuando asumimos el derecho del Estado de castigar también estamos asumiendo compromisos estatales respecto de las personas a las cuales estamos sancionando.
Esta ley, que se aplica a menores adolescentes -algunos de ellos casi niños-, amplía el rango etario en el cual se puede aplicar el instituto penal, a jovenes de 14 a 16 años. Antes estaban sujetos a discernimiento desde los 16 hasta los 18 años. Por eso la ley es especialmente cuidadosa cuando crea las sanciones, y cuando las define establece finalidades específicas para ellas. Esta legislación no es punitiva ni sancionadora, pues su finalidad esencial es responsabilizar al adolescente, hacerlo entender la naturaleza de sus conductas y sus efectos y, al mismo tiempo, proporcionar un camino para que, en definitiva, salga del camino del delito, así como abortar las conductas infractoras, para evitar que se transformen en una carrera del delito. Por eso crea categorías de penas absolutamente distintas a las que se les aplican a los delincuentes adultos.
Estoy absolutamente de acuerdo con todos los diputados -incluido usted, señor Presidente - que han dicho que ésta no es una buena noticia. Por cierto que no lo es. Sin embargo, esta mala noticia nos llama a asumir, conjuntamente, la responsabilidad que tenemos, no sólo frente a los jóvenes, sino frente al país, acerca del buen funcionamiento de los institutos que creamos.
En segundo lugar, tampoco es justo que se cree la imagen de que aquí no se ha hecho nada. La ley establece sistemas para cumplir las penas de internación en regímenes cerrado y semicerrado en establecimientos penales correspondientes a la pena. En sus artículos 20 y 21 dispone la obligación de que cada uno de los operadores del sistema tenga una capacitación especializada en el manejo de los jóvenes y, finalmente, preceptúa la obligación de tener tratamientos complementarios y alternativos a la aplicación de las penas de internación o privativas de libertad.
Para quienes creen que no se ha hecho nada, quiero señalar que todos los establecimientos cerrados están construidos y en condiciones de operar el 8 de junio.
Por otra parte, me llaman la atención algunas intervenciones que he escuchado respecto de la capacitación, porque como representantes del Ministerio de Justicia tuvimos la oportunidad de intervenir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara y en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respecto de la materia, en las que entregamos material en el que se daba cuenta de los trabajos y se dejaba en claro los diversos mecanismos que operarán en esta ley.
En el caso de Carabineros, personalmente clausuré la jornada de preparación especial de 800 funcionarios que iban a estar en las primeras destinaciones a cargo del tratamiento con jóvenes. Además, la institución incorporó la capacitación pertinente a los cursos formativos generales del resto de sus 16 mil efectivos, a fin de que, incluso en la eventualidad de un contacto circunstancial con un joven, cualquier carabinero tenga la posibilidad de saber qué hacer.
Por su parte, el Fiscal Nacional informó que los 22 fiscales habían sido capacitados no solamente en la ley, sino también en los procedimientos de tratamientos de los jóvenes.
Asimismo, el Defensor Nacional explicó latamente que los cuarenta defensores habían sido especializados tanto en procedimiento como en interlocución con jóvenes.
En Gendarmería, los primeros 280 gendarmes ya fueron seleccionados, están listas sus destinaciones y fueron capacitados. Adicionalmente, entregamos el calendario. Hay una transparencia exacta que señala los días en que se realizarán las jornadas de capacitación en cada una de las regiones.
En ese momento, quisimos entregar una fotografía exacta y dijimos que si bien todas las jornadas de capacitación regional no estaban hechas, lo estarían el 8 de junio.
Además, anunciamos que se iba a realizar un primer gran programa de capacitación interinstitucional, con la participación de jueces, fiscales y defensores, a fin de hacer simulaciones de juicio que mostraran exactamente a cada participante cómo iba a funcionar el sistema. Esa jornada la inauguré en la Universidad Diego Portales y se clausura hoy.
Ha habido muchos avances; sin embargo, dimos cuenta responsablemente de la falencia del sistema, que es muy concreta. No se ha construido la totalidad de los centros destinados a la medida específica de internación en régimen semicerrado.
Por lo tanto, ¿qué informamos al Congreso? Que si la ley comenzaba a operar el 8 de junio con esa falencia iba a pasar una cosa extraordinariamente desgraciada, porque su artículo 16 define la modalidad de internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social, lo cual consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro privativo de libertad, sin otra definición. Por lo tanto, si no están construidos los centros semicerrados -en este momento, en operación en ocho regiones-, cuando los jueces decreten internación, se concretará en los centros privativos de libertad destinados al régimen cerrado. En consecuencia, vamos a poner en las mismas condiciones, seguramente con una política precaria de segregación, a niños de catorce años con eventuales delincuentes juveniles de diecisiete; a jóvenes que están sujetos a internación con modalidad de régimen cerrado, con la aplicación de tratamiento en el sistema, dentro o fuera de él, con jóvenes a los que, por disposición de los tribunales, se les va a aplicar régimen cerrado.
Eso nos parece una mala decisión, algo indeseable, porque la finalidad de la ley fue establecer un régimen de aplicación de penas que mirara básicamente a la recuperación del joven, a su reinserción social, a la no aplicación de contagio criminógeno. En definitiva, por la aplicación de una ley que no tiene todo su instituto completo, vamos a provocar ese mismo nivel de contagio criminógeno.
Por lo tanto, la finalidad de abortar tempranamente la carrera delictiva no se cumplirá.
El Gobierno, en ejercicio de su responsabilidad, considera necesario suspender la aplicación de la ley, fundamentalmente para garantizar que sus objetivos se cumplan.
En tercer lugar, es injusto y penoso respecto de la República dar la sensación de que si el proyecto no entra en vigencia como ley vamos a vivir como un pueblo sin ley. Eso no es efectivo, porque seguirá operando el actual mal sistema. Pero no significa que puedan disminuir los niveles de seguridad, pues la normativa no aumenta las penas a los jóvenes, sino que las disminuye. Establece que a todo joven considerado culpable y condenado, se le aplicará la pena que le habría correspondido si hubiera sido mayor, disminuida en un grado, ventaja que no van a tener los jóvenes que durante un año sean sometidos al régimen de discernimiento. Por lo tanto, lo que seguirá operando durante un año es que efectivamente los menores de entre 16 y 18 años estarán sujetos a la declaración de discernimiento, que no es un buen sistema, pero que, al menos, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, opera. Los menores de entre 14 y 16 años seguirán sujetos a la autoridad de los juzgados de menores para recibir las medidas de seguridad que esos tribunales hasta hoy decretan.
Lo que estamos diciendocon mucho dolor es que no va a operar efectivamente una ley con una finalidad específica, y es que estos jóvenes tengan, a cargo del Estado, un camino de rehabilitación y de reinserción. Necesitamos un año para que este sistema entre a operar con éxito; de lo contrario esos jóvenes van a ser condenados a un mal sistema que no estaba en el espíritu del legislador al momento de aprobar la normativa.
Por eso, me llama la atención que hoy los profetas del desastre se transformen en los promotores del desastre. Votar en contra del proyecto es votar por la aplicación de una norma que va a obligar a que muchos jóvenes -que en el espíritu profundo de la ley no deberían ir al contagio criminógeno- durante un año estén condenados al régimen cerrado, donde no deberían estar.
Hemos asumido, de cara al país, la responsabilidad de suspender la aplicación de esta norma legal. Quienes estorben la aprobación del proyecto, tengan claro que lo que están buscando en definitiva es, en primer lugar, generar efectos indeseables desde el punto de vista de la política criminal y del contagio criminógeno respecto de los jóvenes, y, en segundo lugar, durante un año, generar al Estado una pequeña crisis.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, creo que las palabras del ministro han agotado en cierta medida las argumentaciones.
No cabe duda que éste es un proyecto que está dirigido a proteger a nuestra juventud.
Frente a las dudas y al malestar que tenemos por la postergación de la entrada en vigencia de la ley, tenemos que aprovechar el tiempo en profundizar y mejorar la preparación para cuando comience a operar.
Es importante lo que señaló el ministro en torno a la capacitación. Al respecto, pido que los fondos estén expresamente asignados a la capacitación de los funcionarios, quienes deberán estar en contacto directo con los jóvenes infractores de la ley.
La postergación de la entrada en vigencia de la ley es una oportunidad para capacitar e implementar la gran reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil.
Me parece importante destacar la comisión, formada por expertos, que estará encargada de hacer un seguimiento a la implementación de esta ley. Se debe buscar la oportunidad y la capacidad efectiva para que la información sea entregada mensualmente a los parlamentarios y a los jueces, en cada una de las jurisdicciones donde se va a aplicar esta ley, y no esperar tres meses.
Hay que aprovechar la ocasión para poner en el centro de la discusión los efectos de la aplicación de una ley tan importante, a fin de comprometer al Ministerio a una serie de otras reformas -y espero contar con el concurso de la Oposición-, en temas fundamentales de justicia que están pendientes. Me refiero a la adecuación de nuestra legislación interna a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es tremendamente importante que pongamos el acento en ello y en la necesidad inmediata de la ratificación del Tribunal Penal Internacional. Son elementos que es bueno incorporarlos en una discusión seria sobre la materia, especialmente cuando uno escucha a la Oposición tan interesada en sacar adelante los proyectos de justicia.
Por lo tanto, mi voto será favorable a la iniciativa en discusión. Pero, que esto nos sirva de experiencia para no tener más retrasos, y que esta prórroga sea una alternativa, una oportunidad para mejorar y seguir capacitando a quienes van a tener la responsabilidad de llevar a efecto esta reforma.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar la transparencia con que el señor ministro ha reconocido la responsabilidad que le corresponde al Gobierno en esta materia. Ha sido muy valiente al decir que el Gobierno no ha cumplido con lo que se había comprometido el año pasado, que era la implementación de la reforma procesal penal juvenil.
Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo resolver el problema? En su oportunidad estuvimos todos de acuerdo con el proyecto de ley, trabajamos durante mucho tiempo en él y lo votamos favorablemente. Me convencieron de que a los jóvenes menores de 18 años no había que llamarlos “delincuentes”, sino “infractores de la ley penal”, y de muchas otras cosas positivas de este proyecto.
Pero resulta que hoy estamos dando un paso atrás. Estamos en problemas, porque fuimos testigos de un Gobierno al que le encantaban los anuncios emblemáticos y los proyectos a media. Entonces, no nos debe llamar la atención de que, ahora, el actual haya tomado la decisión de postergar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal juvenil. ¿Por qué no nos debe llamar la atención? Porque pasó lo mismo con la infraestructura de la reforma procesal penal en Santiago, con el colapso en los tribunales de familia, con el retraso en el proyecto de la concesión de cárceles, y con tantos otros como los que me mencionan, incluso, algunos diputados de la Concertación.
¿Y quién tiene ahora el problema? La Presidenta Bachelet y el ministro de Justicia Isidro Solís , quien no tiene ninguna responsabilidad en el tema, pero debe escuchar las quejas de los señores parlamentarios.
¿Por qué nos preocupa el problema de fondo? Porque desde hace mucho tiempo, se requiere contar con un sistema especial de justicia penal para adolescentes. Éste no es un planteamiento nuevo. Quienes estaban en el Congreso Nacional hace doce o dieciséis años, saben que desde el gobierno del Presidente Aylwin nuestro país iba a contar con un sistema de justicia procesal penal juvenil, así lo señaló en su primer mensaje presidencial, lo que, por lo demás, también consta en el primer programa de gobierno de la Concertación.
Estimados parlamentarios de la Concertación, ¿saben cuánto se demoró el Gobierno en enviar este proyecto al Congreso? ¡Doce años! Durante los diecisiete años del gobierno militar estuvo en la mente de muchos y después se demoraron doce años en presentarlo. Luego se demoraron tres años en despacharlo. ¿Saben ustedes cuántas veces el gobierno pasado calificó la urgencia a la tramitación del proyecto -porque el mecanismo de las urgencias es otro show comunicacional-? ¡Veintisiete!
Un proyecto puede ser bueno o malo, puede ser críticado, en algunos casos, porque es muy garantista y, en otros, porque es muy retribucionista, o porque tiene altas o bajas penas, pero lo cierto es que, en este caso, la ley es mucho mejor que lo que había. ¿Qué había? Un menor de dieciocho años, por regla general, era declarado inimputable y, en consecuencia, quedaba en libertad. Falla la seguridad ciudadana. Si era declarado imputable y procesado tenía que regirse por el sistema penal de los adultos. Falla. Incluso, contraviniendo principios del derecho internacional. Eso es lo que vamos a prorrogar por un año más. Eso es lo que debemos entender. Ésa es la gravedad de la decisión que vamos a tomar hoy: durante un año, más jóvenes chilenos, primerizos, ni siquiera delincuentes avezados, van a tener que entrar a escuelas del delito. En la Comisión de Constitución diputados de todos los sectores plantearon en innumerables oportunidades este tema.
¿Había o no recursos para implementar el nuevo sistema? La subsecretaria de Hacienda señaló, el 8 de junio, que el proyecto no generaba costos fiscales y que, en caso de ser necesario, se incluiría en la ley de Presupuestos de la Nación.
Por un sentido de responsabilidad, me voy a abstener. En forma permanente los parlamentarios de las bancadas de la Concertación nos piden actuar con responsabilidad, en circunstancias de que la responsabilidad principal en estos problemas la tiene el Gobierno, que es el que maneja el poder y los recursos.
En consecuencia, espero que en un año más no sea necesario pedir una nueva postergación para la entrada en vigencia de esta ley, tremendamente importante para el país, porque establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, existe pleno consenso acerca de que esta ley conlleva un cambio radical respecto de lo que existe en nuestro país, tan radical como el que ha significado la reforma procesal penal.
Por eso, resulta sumamente sorprendente que algunos parlamentarios estén en contra de la postergación de la entrada en vigencia de esta ley y, más sorprendente aún, que el diputado Forni cite la época de la dictadura, en circunstancias de que en ese entonces lo que se hizo fue matar a jóvenes, muchos de los cuales pasaron a formar parte de los detenidos desaparecidos. A mi juicio, es muy lamentable apelar a ese período para plantear algún argumento que justifique el rechazo a la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084.
La Concertación se ha preocupado de este tema. Desde 1996 en adelante, comenzó a hacer seminarios a lo largo del país, con participación de jueces de menores, de diferentes organizaciones sociales y de las ONG que se dedican a esta materia, con el objeto de hacer una reforma profunda respecto de lo que existe en Chile, que perjudica enormemente a los jóvenes, tanto en el sentido de dejar a algunos libres como de dejar a otros con delincuentes, lo que significa, por lo tanto, que esos jóvenes no puedan tener una inserción social.
Desde 1996 en adelante, se realizó una gran cantidad de seminarios y de discusiones para configurar el proyecto de ley, el cual ingresó a tramitación en el Congreso Nacional en 2002, donde estuvo hasta 2005, año en que fue sancionado como ley de la República. Durante ese período, muchos sostenían que era necesario apresurar su despacho, pero sin considerar que se trataba de una iniciativa sumamente importante y vital para el país, no simplemente de un tema retributivo o de aplicar la represión, lo que habría sido sumamente sencillo: establecer para los jóvenes las mismas penas del Código Penal. Pero no era ése el objetivo. Por ello, tuvo lugar una amplia y profunda discusión, porque se trataba de que, junto con la sanción, se estableciera la posibilidad de inserción social de los jóvenes, con el objeto de cortar su carrera criminal. Sólo así -lo ha demostrado la experiencia de diferentes países-, cuando se pone atención en la juventud, es posible lograr que los índices de criminalidad desciendan, porque en esa etapa de la vida se inicia la actividad criminal.
Por eso, había que plantear el proyecto sobre la materia sumamente compleja, que considerara los aspectos social, educativo, de salud y del combate a las drogas. No era un tema fácil, sino, reitero, sumamente complejo, porque sólo en la última instancia se aplicaba la internación cerrada. Pero lo más básico y lo más importante dice relación con la libertad asistida, con la libertad asistida especial y con los establecimientos semicerrados. Por eso nos demoramos cuatro años en discutir esta materia.
Hoy, cuando simplemente se plantea postergar por un año la entrada en vigencia de la ley, se levantan las manos y se rasgan vestiduras, en circunstancias de que sólo queremos que la ley tenga la efectividad que buscamos y que cumpla con los objetivos que nos propusimos.
Entonces, no entiendo de qué responsabilidad se puede hablar aquí, cuando, precisamente, el deber del Congreso Nacional es preocuparse de que se cumplan los objetivos de las leyes que aprueba. Entonces, si el problema es tan complejo -todos estamos conscientes de que lo es-, desde los puntos de vista social, educativo, de salud y de drogas, obviamente, también será difícil su solución.
Evidentemente, hubo un error de cálculo al estimar que después de seis meses de publicada la ley podría existir coordinación entre los ministerios de Educación, de Salud, las policías, Gendarmería de Chile y otras instituciones de servicio social. Pero es nuestra responsabilidad elaborar leyes que realmente cumplan sus objetivos.
Por eso, diversos parlamentarios -los diputados Burgos , Ceroni y quien habla, entre otros- en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia planteamos que se creara una comisión de seguimiento, con el objeto de constatar que se cumplan los plazos establecidos, de aquí al 8 de junio del 2007.
Apelo a la responsabilidad de todos los señores diputados para que no se den el gusto de votar en contra o de abstenerse, a fin de que esta ley cumpla sus objetivos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO .-
Señor Presidente , ésta es la primera vez que me corresponde participar en la discusión de la postergación de la entrada en vigencia de una ley. No sé si esto es normal o excepcional.
Cuando se planteó esta situación, me pregunté por qué se puede producir tal circunstancia. ¿Porque es una mala ley, que fue mal concebida y mal estudiada? ¿O bien, porque los organismos encargados de velar por su cumplimiento no fueron previsores ni tuvieron la capacidad para hacerlo? Creo que esto no puede tratarse sencillamente en la Cámara de Diputados sin que se asuman las responsabilidades del caso.
Por la televisión y en terreno, cuando visitamos nuestros distritos, se nos dice que no hacemos bien la pega. ¿Por qué? Porque las leyes no son eficaces, porque se modifican poco tiempo después de publicadas o porque es necesario postergar su entrada en vigencia, a fin de que sean implementadas y, por lo tanto, cumplidas.
Pero hay otra cosa que me preocupa. Cuando un particular o un ciudadano común y corriente no cumple la ley, no tiene la posibilidad de decirle al Congreso Nacional que no puede cumplirla y que necesita más plazo. Esta duda también quedó sin respuesta.
Creo que ahí radica el problema central: quién asume la responsabilidad, porque aquí ha habido falta de rigurosidad para efectuar el trabajo. Es en eso en lo que debemos pensar, y ésa es la responsabilidad que se debe asumir para poder corregir los errores. Ése es el punto. No podemos acostumbrarnos a que se nos diga que hacemos mal la pega. Cuando alguien la hace mal, que lo asuma; pero no tenemos por qué asumir todos una responsabilidad que no nos corresponde.
Respecto de la delincuencia, creo que al Gobierno le ha faltado convicción para enfrentarla. Y esto quedó reflejado con la reforma procesal penal y también con esta ley, porque hay confusión. Primero, se dice que apunta a la rehabilitación de los jóvenes que infringen la ley penal. ¿Qué dice su artículo 1º? “La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.” Ahí está reflejado su sentido y su contenido.
La rehabilitación es fundamental y necesaria para prevenir que muchos jóvenes continúen en la cadena de la delincuencia. Estoy bastante de acuerdo con ello. Pero, ¿cómo trata la ley a los jóvenes reincidentes que se han transformado en delincuentes profesionales? El ministro acaba de decir que se corre un gran riesgo al no contar con centros semicerrados y que los menores de entre 14 y 16 años tengan que compartir con los delincuentes de 17 años. Pero la ley no habla de los delincuentes juveniles.
Es más, el artículo 26 de la ley Nº 20.084, que se refiere a los límites a la imposición de sanciones, señala claramente: “La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso”. Si leemos con detención este artículo, podremos darnos cuenta de que estamos frente a una puerta giratoria, de manera que el día de mañana se podrá decir que es responsabilidad de los jueces y de los tribunales, pero no de la ley.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , la postergación de la entrada en vigencia de la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal es un golpe demasiado duro para los miles de chilenos que, a diario, sufren las consecuencias de la delincuencia.
A pesar de que todos ya conocemos estos antecedentes, en los últimos tiempos, la composición porcentual de los jóvenes aprehendidos por robo con violencia ha subido tanto, que ha llegado al 588 por ciento. Este porcentaje subió, entre 1995 y 2001, en 48 por ciento, en tanto que los adultos aprehendidos llegaron al 51,4 por ciento. Es decir, el número de jóvenes detenidos por estos delitos es enorme. Pero también sabemos que, al día siguiente, están en libertad.
Hemos visto el drama vivido en las últimas protestas efectuadas en Santiago: daño a la propiedad privada, destrucción de cientos de vehículos, jóvenes encapuchados, carabineros heridos; una situación dramática que no se veía por años. Hoy día se prevé que habrá más incidentes en el centro de Santiago con participación de estudiantes secundarios. Hace pocos días una niña de 15 años mató a su madre. Todo este drama se ve agravado con el porte de armas blancas y revólveres por los jóvenes. Se ha dicho que, al aumentar su consumo de drogas y alcohol, éstos ven incrementada su violencia, lo que nos pone en una situación muy grave.
Algunos países han declarado que existe una debacle, en relación con la violencia. Ayer, el subsecretario nos decía en la Comisión de Seguridad Ciudadana que en Chile ésta aún no se produce; pero debemos tener cuidado, porque estamos muy cerca de llegar a ella, especialmente cuando la sensación del país y de los delincuentes es que existe impunidad. Y esto ocurre desde 1990, con las famosas leyes Cumplido que disminuyeron las penas. De allí en adelante ha habido una verdadera escalada de impunidad, que ha implicado que los delincuentes queden sin castigo. La semana pasada hubo 300 detenidos en las manifestaciones estudiantiles, con encapuchados que actuaron con gran violencia, de lo cual fuimos testigos. De ellos, sólo ocho fueron procesados y pagaron una multa de 37 mil pesos.
El retraso de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084 les da chipe libre a los delincuentes menores de 18 años que, muchas veces, son impulsados por adultos a seguir delinquiendo. En la mayoría de los asaltos a domicilio, las víctimas reportan que fueron atacadas por menores de edad. Lo mismo sucede en los casos de robo de vehículos.
Por lo tanto, la suspensión de la entrada en vigencia de la ley no es algo menor. El Gobierno ha postergado muchos proyectos. El Presidente Lagos terminó su período con un 60 por ciento de apoyo ciudadano gracias a los proyectos que prometió, que nosotros aprobamos y aplaudimos, pero que, a la larga, no han sido efectivos.
En materia de justicia, a lo relacionado con la ley N° 20.084, debemos sumar el desastre de los tribunales de familia. En otros ámbitos también se han retrasado proyectos, como el Plan Transantiago, que ha sido un drama no sólo para la ciudadanía, sino que para todos los que han participado en su ejecución.
Queremos manifestar con firmeza que esta postergación es una irresponsabilidad tremenda de las autoridades de Gobierno, que no fueron capaces de implementar el proyecto. Entonces, ¿cómo podemos pedir responsabilidad a los jóvenes, si el Gobierno no es responsable? Para hablar de responsabilidad juvenil hay que empezar dando el ejemplo, pero creo que, al respecto, el Gobierno tiene una tarea pendiente que es muy importante.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , al margen de los argumentos de los diputados oficialistas y del ministro , que tienen toda la cara de ser explicaciones caritativas, aquí ha quedado asentado un hecho claro, macizo y contundente: don Ricardo Lagos y su ministro de Justicia , don Luis Bates , no cumplieron el compromiso asumido en la Cámara de Diputados, frente al país, de poner en marcha una ley moderna de responsabilidad juvenil. Y esto es así.
Ahora, como creo que hay que decir las cosas con franqueza, soy un convencido de que en esta materia hubo negligencia del anterior ministro de Justicia y de la anterior administración y, además, irresponsabilidad, que los sitúa -también quiero decirlo con todas sus letras- dentro del ilícito constitucional de negligencia en la ejecución de las leyes.
Reconozco que el actual ministro de Justicia fue muy hombre al enfrentar la situación. No obstante, quiero pedirle que, en aras de la seriedad, no haga piruetas dialécticas. Él plantea que la suspensión de la entrada en vigencia de esta ley no va a producir daño alguno, lo que se contradice con lo que él mismo ha dicho y con las argumentaciones que aquí se han dado.
La ley actual es mala porque desprotege a la sociedad, la deja a merced de bandas de delincuentes juveniles, menores de 18 años, que muchas veces son utilizados por adultos. Todos sabemos que es así. Además, esos niños quedan sin la posibilidad de rehabilitarse, conforme a lo que hemos resuelto, y los manda, en el caso improbable que los detengan, a las escuelas de delito que hoy son las cárceles.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero pedirle al ministro que no nos engañemos, que no nos hagamos trampa en el solitario. La Cámara, al votar la suspensión de la entrada en vigencia de esta ley, está desprotegiendo a la sociedad chilena y a los jóvenes que han delinquido por diversos motivos. Por desgracia, esto no es un caso aislado, pues se ha ido conformando una especie de formato de la administración Lagos. La reforma educacional está agonizando, los tribunales de familia reventados, los ferrocarriles, cuya modernización se anunció, sólo hicieron su viaje inaugural; el Transantiago detenido, las medidas anticontaminación absolutamente en el suelo, y hace muy poco estalló el escándalo de la repavimentación de la Alameda que se anunció con bombos, señales luminosas y fuegos de artificio. Se gastaron 13 mil millones de pesos, hubo 13 muertos durante la ejecución de las obras y hay que hacerla toda de nuevo.
Tengo una evaluación de los pocos días del gobierno de la Presidenta Bachelet. De las 36 medidas que anunció, 5 con un 25 por ciento de avance, 5 medidas con un 75 por ciento de avance y el resto, no cumplidas.
¿Cuál es la razón de esta ineficacia? Sólo una: todas las energías de los ministros, subsecretarios, parlamentarios del oficialismo y funcionarios públicos han debido destinarse a deshacer entuertos del gobierno anterior, a corregir errores o a aminorar los efectos de las graves negligencias e ineficacias que desgraciadamente cometió.
Espero que esta mala señal no se repita. Ojalá le vaya bien al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Hay esperanza. Hasta ahora es un gran signo de interrogación en el medio del camino a ninguna parte.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , quiero poner énfasis en el sujeto pasivo de la normativa, cuya prórroga se solicita, puesto que estamos tan empeñados en crear sintonía con la sociedad.
Se ha puesto énfasis en la seguridad ciudadana, o sea, sigamos vendiendo el sofá. El ministro ha señalado el rango etario y yo quiero agregar que, además de tratarse de jóvenes y adolescentes, se trata en su gran mayoría de drogadictos. Lo que es improrrogable en esta materia es una conciencia de fondo respecto del sujeto pasivo de esta norma, cuyo objetivo, señalado por el ministro , no es punitivo, sino instar a que el joven se responsabilice de sus actos y que abandone el camino del delito.
La mayoría de los jóvenes que delinque lo hace bajo la influencia de su carcelero. Muchos jóvenes están encerrados y su consentimiento está secuestrado, por decirlo de alguna manera, porque un drogadicto no es dueño de sus actos. Por lo tanto, los objetivos de reinserción y de resocialización son una cuestión esencial, y la rehabilitación es una materia de previo y especial tratamiento.
Supongamos que un drogadicto no delinque, pero quiere hacer algo para rehabilitarse, ¿sabe la honorable Cámara qué porcentaje de posibilidad tiene una persona que no es delincuente de rehabilitarse de la drogadicción? La familia, el sentido y el amor son fundamentales en esa materia.
Respecto de la prorroga, quiero señalar que para muchos autores la esencia de los sistemas de justicia juvenil radica en el contenido de la respuesta punitiva del Estado frente a la infracción de la ley penal. Es decir, cuál es, en definitiva, la pena o la sanción que lleva aparejada para un joven la declaración de culpabilidad pronunciada por un juez.
En el caso que debatimos, la esencia de esta ley son las medidas que tienen como fin la reinserción socio-laboral de los jóvenes infractores. Al respecto, la implementación de las medidas, antes de su entrada en vigencia, para evitar eufemismos, ha sido pésima. Razones habrá muchas. Lo cierto es que el problema radica en un servicio que se ha concentrado en adecuar la infraestructura física de los denominados centros cerrados o centros de rehabilitación conductual o centros de orientación y diagnóstico; es decir, en buen castellano, las cárceles de menores, pero no avanzaron paralelamente en el desarrollo de los programas de medidas alternativas. Se gastaron 40 mil millones de pesos en la creación de la infraestructura física para el castigo y el encierro. Es más, los análisis de costo han demostrado que todo lo demás se encuentra desfinanciado.
Considerando que la norma pretende, supuestamente, beneficiar a los jóvenes, anuncio que aprobaré la prórroga por un año de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, pero a la espera de que durante ese tiempo la administración genere los programas establecidos por ésta a través del sistema de organismos colaboradores del Sename. En caso contrario, los únicos perjudicados serán los jóvenes a los cuales les será aplicada, pues, los jueces y los fiscales, para evitar la impunidad, simplemente van a aplicar de manera más extensiva e intensiva la privación de libertad, que, como sabemos, por sí, no tiene ninguna capacidad para reinsertar socialmente a las personas que están en pleno proceso de formación física y síquica, y menos si son adolescentes adictos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
En votación, en general, el proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor LEAL ( Presidente ).-
Se ha pedido a la Mesa que se traten sobre Tabla dos proyectos de acuerdo, el N° 92, suscrito por los diputados señores Encina, Leal, Enríquez-Ominami, Díaz, don Marcelo; León, Jarpa y Burgos , y la diputada señora Pascal, doña Denise, para que la Comisión de Defensa se transforme en investigadora, a fin de recabar antecedentes relativos a la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en grupos neonazis, y el N° 93, firmado por los diputados señores Rojas; la diputada señora Turres, doña Marisol; los diputados señores Estay, Ward, Ulloa, Encina, Jiménez, Valenzuela, Sule y Espinoza, respaldado por otros doce diputados, por el que se solicita campaña publicitaria nacional sobre la importancia del ahorro de energía.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , me parece muy loable el proyecto de acuerdo N° 92, pero entiendo que, por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno, no podemos crear comisiones investigadoras vía proyectos de acuerdo.
Quiero que la Mesa me ratifique si eso es así.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene toda la razón, su señoría. Lo que se puede hacer mediante un proyecto de acuerdo es pedir que se considere la creación de una comisión investigadora o hacer presente la materia al Ejecutivo .
El señor FORNI.-
Señor Presidente , el proyecto cuenta con mi voto favorable, en caso de ser necesaria la formación de una comisión investigadora respecto de esa materia.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Está claro, su señoría.
¿Habría acuerdo para tratar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 93?
No hay acuerdo.
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES CON EL OBJETO DE FACULTAR A LOS ALCALDES A FIN DE CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE EDIFICIOS CONSISTORIALES.
El señor LEAL ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo N° 36.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 36, de los señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán; señora Valcarce, doña Ximena; señores Martínez y Girardi, y señoras Isasi, doña Marta, y Herrera, doña María Amelia.
“Considerando:
Que, con el paso de los años, las diversas municipalidades han ido asumiendo múltiples funciones, asignadas en virtud de diferentes cuerpos normativos, siendo las más relevantes las relacionadas con la administración de la salud pública y la educación en sus respectivas comunas.
Que lo señalado, unido a las funciones ordinarias que primitivamente se impusieron a estas corporaciones mediante la promulgación de la ley N° 18.695, ha implicado, sobre todo en las comunas de mayor densidad poblacional, que sus diferentes unidades han tenido que ubicarse en distintos edificios y recintos, por no existir capacidad física para cumplir sus labores en los inmuebles que albergan a las alcaldías y a los departamentos cuyos titulares colaboran en forma directa con la gestión de administración comunal.
Que, por una parte, esto conlleva a un mayor gasto para el erario municipal, al tener que arrendar los recintos para desempeñar dichas funciones en forma óptima y, por otra, que los usuarios de los servicios que brindan los municipios deben, en múltiples oportunidades, deambular por los distintos locales o recintos municipales, en espera de que se satisfagan sus legítimas necesidades o requerimientos que recaban del respectivo gobierno comunal.
Que esta situación implica un mayor gasto en dinero y tiempo tanto para los usuarios como para las arcas municipales, que no se condice con una óptima administración de los recursos -humanos y monetarios- para lograr una eficiente administración municipal.
Que una solución óptima para remediar esta situación sería la de autorizar a las municipalidades para que contraer empréstitos en el sistema bancario nacional, con el fin específico de construir, adquirir o remodelar edificios que tengan por finalidad cobijar a todos los servicios municipales, en forma concentrada, de manera de brindar una mejor atención eficaz a sus usuarios.
Que la actual modalidad por la cual los municipios pueden construir o adquirir edificios de este tipo corresponde al sistema de ‘leasing’, el que presenta mayores costos que los empréstitos bancarios y sólo permite que los municipios sean dueños de los edificios una vez pagadas todas las cuotas comprometidas.
Que, para tal efecto, resulta necesario requerir del Poder Ejecutivo que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el inciso primero del artículo 33 de la ley N° 18.695, de manera que las municipalidades puedan obtener empréstitos bancarios para el solo efecto de construir, adquirir o remodelar edificaciones o bienes raíces destinados a servir de edificio consistorial del respectivo municipio.
Que, para materializar dicha atribución, se precisa que el alcalde requiera el acuerdo del respectivo concejo, por lo cual es necesario modificar el artículo 65, letra e) de la referida ley, a efectos de posibilitar el endeudamiento de los municipios para la construcción, adquisición o remodelación de los edificios mencionados.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el inciso primero del artículo 33 y la letra e) del artículo 65, ambos de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, al objeto de que los alcaldes -con el acuerdo del respectivo concejo- puedan contraer empréstitos en el sistema bancario nacional con la finalidad específica y determinada de adquirir, construir o remodelar edificios consistoriales, todo ello para permitir la concentración de los diversos servicios municipales que se brindan a los usuarios.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , existe la facultad a que se propone otorgarles a los alcaldes, pero es demasiado engorrosa ponerla en práctica. Si un municipio tiene un gasto en arriendo mensual mayor que el pago de un leasing o de un empréstito, el Ministerio de Hacienda puede promover la compra de un edificio.
A propósito de la crisis fiscal argentina, no se trata de permitir endeudamientos para cualquier cosa, sino para proyectos de infraestructura, para los cuales debe justificarse plenamente el gasto.
Hay que generar normas que en casos calificados rompan el excesivo nivel de control y de temor a endeudamientos para proyectos de infraestructura municipal.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , entiendo el espíritu del proyecto de acuerdo, pero considero que el sistema municipal y la ley orgánica constitucional de municipalidades requieren un cambio mucho más profundo.
En efecto, los municipios se encuentran tremendamente atados para pedir y utilizar recursos en diferentes acciones. Pero, para salvar las dificultades, se requiere una modificación profunda, y el proyecto de acuerdo sólo ataca problemas puntuales.
Desconozco el problema puntual de que se trata, pero creo que debe legislarse para hacer una profunda modificación a la ley orgánica constitucional de Municipalidades a fin de liberarlas del lastre que les significa pedir permiso al Ministerio de Hacienda en materia de inversiones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el diputador Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , esta iniciativa es loable en cuanto a su idea matriz, en términos de dar más autonomía a los municipios, porque son corporaciones con patrimonio propio. Si revisamos el contexto general en que hoy se encuentran las municipalidades, desde el punto de vista financiero, muchas de ellas tienen déficit como consecuencia del pago de deudas o compromisos de arrastre con los profesores, en materia de salud, etcétera.
Actualmente, están dadas las condiciones para que los municipios, de manera equilibrada, acorde con sus presupuestos, pidan al Ministerio de Hacienda que les autorice compromisos económicos, que son muchísimos.
Por el momento, hay que mantener esta suerte de refrendación que existe respecto de este tipo de decisiones, porque, de alguna manera, cuando éstas se adoptan, no sólo se compromete la administración del alcalde de turno y su concejo, sino también, muchas veces, el presupuesto de varias administraciones municipales futuras.
En consecuencia, sobre la base de un sentido de responsabilidad y de cuidar que las arcas sean equilibradas en cuanto a su justificación, soy partidario de mantener el sistema actual.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Quedan dos minutos para hablar a favor del proyecto.
Tiene la palabra el diputado Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente , si bien cierto que la ley orgánica constitucional que rige a las municipalidades requiere una modificación radical, también lo es la necesidad urgente de los municipios de endeudarse para construir, por ejemplo, un edificio consistorial.
Las diversas municipalidades, a lo largo de los años, han ido asumiendo múltiples funciones que diferentes cuerpos normativos les han asignado, las más relevantes dicen relación con la administración de la salud pública y la educación.
Lo señalado precedentemente, unido a las funciones ordinarias que primitivamente se impusieron a estas corporaciones, mediante la promulgación de la ley N° 18.695, ha implicado, sobre todo en las comunas de mayor densidad poblacional, que sus diferentes unidades han debido ubicarse en distintos inmuebles, por no existir capacidad física para que puedan cumplir con sus labores en los edificios que albergan a las alcaldías y a sus departamentos colaboradores directos de la gestión de administración comunal. Ello conlleva, por una parte, un mayor gasto para el erario municipal, al tener que arrendar los recintos que se requieran para el desempeño de las funciones en forma óptima, y, por otra, que los usuarios de los servicios que se brindan deambulen, muchas veces, por distintos locales o recintos municipales en espera de que se satisfagan sus legítimas necesidades o requerimientos.
En ese orden de cosas, permitir que los municipios puedan endeudarse para construir edificios consistoriales dice relación con la naturaleza de ser corporaciones, por lo que pueden administrar recursos y endeudarse razonablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , la materia en discusión es muy compleja. Esta modalidad ya existió en Chile.
En otros países los municipios tienen la facultad autónoma para endeudarse y las crisis que se han generado como consecuencia de ello son muy grandes. Si la medida no va acompañada de una superintendencia o de un sistema de regulación, puede ser un tremendo problema. Por eso, hay que analizarla con mucho cuidado.
Tenemos pendiente el tema de entregar mayor flexibilidad a la gestión municipal, el cual más bien tiene que ver con la capacidad de los municipios para constituir empresas, lo que supone un cambio constitucional. Ojalá que lleguemos a un acuerdo para poder generar esa capacidad en los municipios.
Finalizo mi intervención con una broma. Esta mañana, en un canal de televisión vi que el edificio consistorial de Maipú se está cayendo a pedazos por todos lados, lo que obligó a sus funcionarios a trasladarse a un gimnasio. Pensé que este proyecto de acuerdo se pedía para arreglar ese edificio.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LEAL ( Presidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haberse reunido el quórum requerido, se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay quórum nuevamente.
Por lo tanto, la votación del proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
REPARACIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS Y PROGRESIVAS EN PUERTO MONTT. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , el diario “El Llanquihue”, de Puerto Montt, en su edición del pasado 16 de abril, informó, una vez más, acerca de la existencia de graves fallas de construcción en quinientas sesenta viviendas básicas y progresivas de la ampliación Padre Hurtado o Juan Pablo II de esa ciudad, las cuales fueron edificadas con subsidios habitacionales otorgados por el Serviu.
En mi región, lamentablemente, esto ya es casi una tradición. Son cientos y cientos de viviendas que, al poco tiempo de haber sido entregadas, presentan tremendas deficiencias de edificación, por lo que, atendidas las condiciones climáticas de la zona, se llueven, les entra el viento por todas partes y no cumplen con su función de cobijar a las familias.
La señora Brígida Hernández , por ejemplo, quien vive con su marido y cuatro hijos, habita una casa, ubicada en el pasaje 7 de la población Juan Pablo II , en Puerto Montt, que al año de haberla recibido presentó problemas de construcción: el agua y el viento entraron por las ventanas, se destruyó el piso y las paredes se humedecieron. Han pasado nueve años y hasta ahora -dice, textualmente- “Sólo hemos recibido dos planchas de calamina.”
En la zona seguimos siendo testigos de este tipo de situaciones, que son antiguas. En 2002, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Jaime Ravinet , en oficio ordinario N° 1.316, del 3 de julio de ese año, señaló: “En relación con la ampliación Padre Hurtado , se tiene ya presupuestado efectuar reparaciones de similares características a las ejecutadas en Villa Los Poetas, una vez asignados los recursos correspondientes.”
Quiero hacer presente que en, esa época, en representación de muchos pobladores, patrociné una demanda por perjuicios en contra del Serviu para que pudieran indemnizarlos y reparar sus viviendas. Las autoridades se comprometieron a repararlas, no sólo a través del mencionado oficio, sino de varias visitas a terreno, pero les dijeron a los afectados que quienes aparecieran como demandantes del Serviu no recibirían ningún beneficio, razón por la cual los propietarios, que confiaron en la palabra de las autoridades, no siguieron adelante con la acción judicial.
Han transcurrido ya cuatro años y esas viviendas siguen en las mismas condiciones. En el fondo, el problema es de las familias que deben albergarse en ellas y que sufren cada invierno la rigurosidad de nuestro clima.
Asimismo, no obstante que las viviendas se entregaron hace nueve años, muchas familias adquirentes siguen pagando dividendos, pero la verdad es que lo que compraron se ha transformado en un problema que mató su sueño de la vivienda propia.
En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que ofrezca soluciones y plazos concretos en relación con esta situación.
Señor Presidente , un oficio como éste no cuesta nada; los vecinos no necesitan oficios, sino que sus viviendas sean reparadas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN PUERTO MONTT. Oficios.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , hace unos años, la empresa de servicios sanitarios Los Lagos S.A., Essal , que opera en nuestra región, inicio una serie de trabajos que tenían por objeto descontaminar la bahía de Puerto Montt, mediante el tratamiento de las aguas servidas. A la fecha, han transcurrido alrededor de tres o cuatro años.
Tengo en mis manos un estudio de la contaminación fecal mensual y estacional en la zona costera adyacente al emisario submarino en la bahía de Puerto Montt. En su elaboración trabajaron profesionales del departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos y de Mariscope chilena.
Su resultado señala que los niveles de contaminación de la bahía siguen siendo prácticamente los mismos que se tenían hasta antes de poner en marcha las plantas de pretratamiento de las aguas.
Por lo tanto, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, con el objeto de que remita la siguiente información:
1. Antecedentes de las plantas de tratamientos de aguas servidas que la empresa Essal tiene actualmente funcionando en la comuna de Puerto Montt.
2. Los eventuales estudios de impacto ambiental efectuados por esas plantas.
3. Pronunciamiento sobre la legitimidad del cobro que realiza la empresa sanitaria Essal por tratamiento de aguas servidas y alcantarillado en la comuna de Puerto Montt, por cuanto, en nuestras cuentas mensuales, aparece un cobro bastante elevado por ese servicio.
También pido que se oficie al contralor General de la República para que se pronuncie sobre la legitimidad del cobro que realiza la empresa sanitaria Essal por tratamiento de aguas servidas y alcantarillado en la comuna de Puerto Montt.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
SITUACIÓN DE DEUDORES DEL INDAP DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY .-
Señor Presidente , las comunas de Melipeuco, Vilcún , Galvarino , Lautaro , Perquenco , Victoria , Curacautín y Lonquimay , del distrito que represento, son netamente rurales, donde predomina la actividad campesina.
Cada vez que recorro esas comunas y sus sectores aledaños me encuentro con pequeños agricultores campesinos, mapuches y no mapuches, muchos de ellos adscritos a los programas Proder y Prodesal , que están viviendo una situación francamente angustiante y de impotencia gigantesca. Buena parte de ellos confiesa ser deudores morosos del Indap, por lo que se encuentran absolutamente imposibilitados de acceder a créditos para seguir sustentando sus labores agrícolas.
Para estos modestos campesinos, pequeños y medianos agricultores, la única fuente de financiamiento de sus actividades agropecuarias -siembra, riego y ganadería- es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario.
Hay situaciones realmente dramáticas, como la que afecta a un grupo de comuneros del sector Pehuenco-Liucura, comuna de Lonquimay, a quienes en 1998 se les ofreció un proyecto de riego por aspersión, el cual sería financiado por el Indap y la Conadi.
Pues bien, el convenio entre esas dos instituciones para compartir el financiamiento jamás se materializó. Como consecuencia, cada uno de los campesinos involucrados en el proyecto contrajo una deuda de 250 mil pesos, promedio, que pagaron durante un par de años, hasta que en el período eleccionario se les prometió condonar la deuda definitivamente. Sin embargo, la condona-
ción nunca llegó. Como resultado, hoy deben entre 2 y 4 millones de pesos. Por ende, esos campesinos se encuentran completamente al margen de todo beneficio crediticio, incluso del bono de emergencia, al que muchas veces querrían recurrir en los inviernos para paliar los efectos de las fuertes nevazones que afectan a la zona.
Por las pésimas condiciones de comercialización de sus productos y de otras realidades que no son del caso detallar -esta situación ya había sido puesta en conocimiento de la Cámara- estas personas se encuentran en un callejón sin salida.
Por lo expuesto, y como una forma de buscar una solución a la desesperante situación que afecta a cientos y miles de pequeños y medianos agricultores, mapuches y no mapuches, deudores morosos del Indap, pido que se oficie al ministro de Agricultura para que instruya al director nacional de organismo remitir a la Cámara la nómina de deudores de los últimos cinco años que mantiene dicha institución, consignando tramos y montos, de las comunas de Melipeuco, Vilcún , Galvarino , Lautaro , Perquenco , Victoria , Curacautín y Lonquimay .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención.
CONDONACIÓN DE DEUDAS A RETORNADOS. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno que corresponde al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , el 22 de marzo del presente año, a propósito del informe de la Comisión Investigadora sobre créditos otorgados a los retornados, la Mesa de la Cámara ofició al ministro del Interior , solicitándole flexibilizar posiciones y buscar una solución que permitiera la condonación total de las deudas “a fin de reparar, de alguna manera, -según se lee textualmente en el oficio- los serios daños ocasionados en las personas y bienes de los usuarios del Programa Especial de Créditos”, intermediado por el Banco del Estado.
También se solicitó en dicho oficio “tener especial consideración sobre esta materia”; es decir, se pretendía una solución rápida y efectiva.
Sin embargo, han pasado dos meses y no hay respuesta. Lo grave de la situación es que los pagarés de los deudores se harán efectivos a mediados de julio.
No queremos sumar el daño de la incertidumbre a todo lo que han sufrido esas personas. Ellas han esperado mucho tiempo y tienen sus expectativas puestas en la respuesta al oficio que se enviara en nombre de la Cámara.
Por lo tanto, pido que se reitere el oficio al ministro del Interior exigiendo una solución rápida y efectiva, haciéndole presente que aún no hay respuesta a la petición que se le hiciera hace dos meses.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA EN OFICINA DE DIPUTADO. PROTECCIÓN A CONSUMIDORES DE SERVICIOS. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , segundo capítulo de “Cómo conseguir una central telefónica y no dejar de ser diputado en el intento”.
Ayer, 17 de marzo, a 57 días del inicio del gran día para obtener una central telefónica de Telefónica de Chile y sus subcontratistas, mientras exponía mis padecimientos en esta Sala, mi equipo distrital, que disciplinadamente sintoniza el gran canal de la Cámara de Diputados, sufría frente al televisor y le gritaban a la pantalla, pensado que yo los escuchaba, que no tenían Internet, pues habían suspendido el servicio. ¿Por qué? Simple…, había solicitado que me cambiaran el sistema de monousuario a multiusuario. Telefónica y una de sus empresas contratistas entendieron que había que cortar Internet y que yo debía esperar varios días para su habilitación, esta vez como multiusuario.
Tal fue mi sorpresa que, disponiendo de mis últimas fuerzas en los dedos, llamé. La respuesta de Telefónica fue que alguien había entendido mal y por eso ordenaron el corte.
Pero, como en todo cuento que se precie, tuve un final feliz, eso creo y eso espero, ya que soy multiusuario y puedo llamar y recibir llamadas desde mi central telefónica, a 58 días del petitorio inicial.
La lección de todo esto es simple y compleja, a la vez. Los ciudadanos estamos desprotegidos ante estos verdaderos monstruos transnacionales, que fijan las reglas sin que la persona común y corriente pueda tener algo que decir.
Es imposible relacionarse en un tú a tú con un ejecutivo. Todo se hace a través de un número único y sin la posibilidad de conversar cara a cara. Si uno va a sus oficinas a hacer un reclamo, le pasan un teléfono para comunicarse con el número que recibe reclamos. Es imposible llegar a las personas. Los subcontratistas hacen todo lo que pueden, pero compitiendo, dentro de la misma empresa, unos con otros, se olvidan del cliente y de su satisfacción.
¿Cómo no capacitar a los técnicos para que atiendan multidisciplinariamente y no de a gotas?
Los ciudadanos no tenemos todo el tiempo para esperar por un servicio, que debe ser inmediato y eficiente.
Por lo tanto, pido que se oficie ministro de Transportes y Telecomunicaciones, adjuntando esta intervención y la del 17 de mayo, para que nos informe acerca de las fiscalizaciones realizadas hasta el momento sobre el tema y sobre las insuficiencias para operar eficazmente; al Sernac, Servicio Nacional del Consumidor, para que controle el mal servicio que afecta a los clientes. (Ojo, “clientes”, pues estamos pagando por el servicio). Asimismo, para que creen más y mejores herramientas para proteger al consumidor de estos verdaderos miles de tentáculos que oprimen y estrangulan, sin escapatoria, al consumidor, y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que analice la calidad de los servicios que nos están entregando y se pronuncie acerca de la pertinencia sobre la imposibilidad de que el cliente ejerza el derecho de la libre elección, en este caso, de la central telefónica, de Telefónica.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de sus intervenciones, y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
COBROS ASOCIADOS A TARIFAS ELECTRICAS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , entre los contactos ciudadanos que sostuve la semana pasada, asistí a una reunión sobre el Presupuesto Participativo de la comuna de San Joaquín. En esa instancia, recibí quejas por cobros desproporcionados y abusivos asociados a las tarifas de energía eléctrica.
Sabemos bien que las empresas que prestan servicios públicos de suministro se rigen por decretos tarifarios que fija la autoridad administrativa, que recogen un adecuado equilibrio entre costos y utilidades permitidas y entre oferta y demanda, cautelando de esa manera los intereses económicos de la población.
Sin embargo, debemos estar alerta pues las empresas que proporcionan servicios básicos a cientos de miles de ciudadanos deben estar bajo la atenta mirada de quienes los utilizan como de las autoridades llamadas a representarlos, ya sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
De acuerdo con la ley N° 18.410, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscaliza y supervigila el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como las normas técnicas sobre electricidad, a fin de verificar que la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios corresponda a la señalada en dichos preceptos.
La acción ciudadana es la principal fuerza que nos permite conocer la forma en que actúan las empresas que proveen de servicios públicos. Sólo así podremos conocer la transparencia y claridad con que operan. Los diputados, como representantes de los ciudadanos, exigimos la información necesaria para saber cómo la Compañía Eléctrica del Litoral S.A. realiza estos cobros sobredimensionados, que han afectado a muchos consumidores propietarios de viviendas que sólo las habitan por poco tiempo.
Por lo tanto, pido oficiar a las ministras de Economía y de Minería y Energía, con el objeto de que nos informen respecto de las fiscalizaciones efectuadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las empresas que suministran energía eléctrica, en especial a las comunas de San Sebastián y Algarrobo, y analicen la adecuación de los cobros con las normas tarifarias que las rigen.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que lo están indicando, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , tras conducir veinte horas sin descanso, el 5 de enero pasado ocurrió lo inevitable: un chofer de la empresa Pullman Bus Tacoha no pudo seguir luchando contra el sueño y el cansancio, y se estrelló contra una pasarela peatonal a dos kilómetros al sur de San Fernando, Sexta Región. El resultado fue la muerte de doce personas.
Luego del accidente, la Dirección del Trabajo comprobó que la empresa no tenía un registro de los horarios de trabajo de los conductores ni respetó el derecho a descanso para todo chofer que ha estado conduciendo más de cinco horas. De un total de 24 horas el conductor había descansado sólo cuatro, lo cual evidencia que el agotamiento y el cansancio son elementos fundamentales en la ocurrencia de accidentes. Aquella vez la empresa fue multada en casi 90 millones de pesos, pero las víctimas ya no estaban para conocer la sanción.
Ayer, nuevamente y como fatal coincidencia, en la comuna de San Fernando, Sexta Región, un bus de pasajeros, esta vez de la empresa Tur Bus, provocó una nueva tragedia: 25 muertos y 28 heridos es hasta hoy el saldo fatal, en su mayoría pertenecientes al distrito 12, que represento en esta Corporación, o provenientes de Viña del Mar, Valparaíso y de la Sexta Región.
La fiscal que investiga el accidente señala que la causa más probable que se maneja hasta el momento es que el conductor se habría quedado dormido, por lo que, al entrar en una curva anterior al puente, perdió el control del vehículo, ya que los informes de la autopsia realizada al chofer del bus descartan un ataque al corazón antes del volcamiento.
Señalo eso, porque en la impactante realidad de los altos índices de accidentes de buses subyacen las pésimas condiciones en que trabajan alrededor de 20 mil conductores y auxiliares del transporte interurbano: extenuantes jornadas de entre diez y quince horas, sin respetar el descanso cada cinco horas establecido en la ley; presiones de los empleadores para manejar más rápido, sueldos base condiciondos, falta de contratos, escasa vida familiar, estrés y otras enfermedades, todo lo cual constituye un caldo de cultivo para los accidentes carreteros. Esta situación la viven día a día trabajadores responsables de la vida de miles de pasajeros.
Ha quedado demostrado una vez más que no existe una adecuada fiscalización del organismo encargado de hacer cumplir las normas establecidas en el artículo 25 del Código del Trabajo, pues la jornada de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana no se está cumpliendo. ¿Quién fiscaliza adecuadamente esta situación?
En septiembre de 2005, la Dirección del Trabajo, tras un reportaje de televisión que demostraba las pésimas condiciones en que deben cumplir su trabajo los choferes y auxiliares de los buses interurbanos, dictó dos resoluciones: las números 1.081 y 1.082.
Por la primera establece el fin de las adulterables planillas. A partir del 1 de enero de 2006, los empresarios del transporte interurbano de pasajeros debieron haber implementado un mecanismo automatizado para el registro de asistencia, horas de trabajo, turnos de conducción y tiempos de descanso para choferes y auxiliares. ¿Está operando adecuadamente ese sistema? Según la última fiscalización realizada, esta circular no se está cumpliendo, ya que de 1.495 buses controlados hasta el momento, 1.481, la mayoría, no tenían implementado el mencionado sistema.
Pero hay más. La resolución N° 1.082, del mismo año, estableció que desde el 1 de octubre de 2005, las empresas de transporte interurbano debían implementar un sistema de distribución de los descansos. Los trabajadores tendrían un ciclo de siete días de trabajo, con dos de descanso, o diez días de trabajo, con cuatro de descanso. Eso está muy lejos de respetarse. ¿Quién hará respetar las normas vigentes?
Deseo señalar que la fiscalización que se haga hoy puede hacer la diferencia mañana entre un chofer capaz de cumplir su función y, por ende, un viaje más seguro, y lo que el país ha vivido en enero y ahora último: dos tragedias que han costado la vida a 12 personas, primero, y de 25 después.
Como diputada, espero que, por respeto a las familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido, las autoridades hagan cumplir la ley de una vez por todas.
Solicitaré a la Presidencia de la Cámara , así como a los colegas de las distintas bancadas, que se cite a la Corporación a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Transportes y Telecomunicaciones, para exponer la política que ambas carteras aplicarán para evitar estas dramáticas situaciones.
Desde esta tribuna, deseo hacer llegar a los familiares de las víctimas del accidente del puente Tinguiririca mis más sentidas condolencias.
Finalmente, pido enviar copia de mi intervención a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y los diputados señores Gabriel Silber y José Miguel Ortiz.
HOMENAJE A PUERTO NATALES EN SU ANIVERSARIO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la honorable diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , el próximo 31 de mayo celebraremos un aniversario más de la fundación de Puerto Natales, ciudad que no sólo es la segunda en términos de concentración de población de la región, sino que también encierra bellezas naturales invaluables, como el conocido parque nacional Torres del Paine, una historia tremendamente rica desde su poblamiento, con la presencia de pueblos originarios en Puerto Edén.
Hago un reconocimiento a cada hombre y mujer que habitan esa tierra, a quienes rindo homenaje en este aniversario, el cual espero les permita tener un nuevo impulso para seguir trabajando en un territorio que es difícil, que enfrenta condiciones climáticas adversas, pero que, debido a eso, hace que su gente tenga una vitalidad y un sentido de identidad distinto y particular, propio de los natalinos.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor alcalde y a los concejales de Puerto Natales, con el objeto de darles a conocer este homenaje rendido en un aniversario más de esa ciudad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Gabriel Silber y José Miguel Ortiz .
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUAS SERVIDAS DE ZUDOC LARAPINTA, DE LAMPA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , me voy a referir a la preocupación de los vecinos de Lampa, en particular del sector Estero Seco , con quienes sostuve una reunión la semana pasada, con el objeto de conocer el destino de las aguas servidas del gran proyecto habitacional denominado zoduc “Larapinta”, zona urbana de desarrollo condicionado.
Solicito, en uso de mis facultades fiscalizadoras, oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios , al gobernador de Chacabuco y al alcalde de Lampa , con el objeto de que nos informen respecto del estudio, implementación, construcción y ejecución del proyecto de aguas servidas del denominado Zoduc “Larapinta” y sus obras complementarias.
Asimismo, pido que nos informe sobre el estado de ejecución de las obras y la fase de recepción del proyecto por los organismos y entidades correspondientes.
Señor Presidente , otra preocupación en Lampa es la de quienes bordean la laguna de Batuco, una de las grandes reservas ambientales de la Región Metropolitana, ya que día a día ven cómo pierde sus condiciones de salubridad.
Pido también oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios , con el objeto de conocer el actual estado de concesión del sistema de operación de aguas servidas denominado Servicomunal, pues sería uno de los grandes responsables de la contaminación de esa laguna ubicada en la provincia de Chacabuco. Además, quiero conocer la fecha de término de la concesión, los informes de fiscalización y el cronograma de un nuevo llamado a licitación en dicha zona. Asimismo, pido información sobre los estándares sanitarios y ambientales exigidos para que continúe sus operaciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic.
ANTECEDENTES SOBRE CONCESIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , la ministra de Salud , señora María Soledad Barría , anunció hace algún tiempo que se entregaría en concesión la construcción de algunos hospitales públicos que van a emplazarse en la Región Metropolitana.
Sobre el particular, pido oficiar a la señora ministra , con el objeto de que nos dé a conocer ese plan de implementación a corto y mediano plazo de los hospitales considerados. Quiero conocer los probables puntos de emplazamiento, las comunas que se verían beneficiadas y cuáles van a ser los criterios zonales y técnicos en la decisión de materializar dichos proyectos tan anhelados por la población.
FISCALIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE BASURA EN SECTORES ALEDAÑOS A LA AVENIDA LO ECHEVERS. INFORMACIÓN SOBRE RAZONES DEL DESCUIDO DE ESA VÍA. Oficios.
El señor SILBER .-
Solicito oficiar al secretario regional ministerial de Salud de la Región Metropolitana , con el objeto de que nos informe respecto de los vertederos y botaderos autorizados o clandestinos que funcionan en el sector aledaño a la avenida Lo Echevers, en las comunas de Lampa, Pudahuel y Quilicura. También para que informe sobre la fiscalización que se ejerce sobre esos vertederos o botaderos que funcionan en esta importante arteria, pues muchos de ellos operan bajo la forma de acopio de escombros. Asimismo, que nos ilustre respecto de sumarios fallados o en sustanciación en el caso de los vertederos o botaderos.
También pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos informe sobre el grave descuido que actualmente afecta a esta importante arteria y si existen proyectos de obras que le den la dignidad que le corresponde en cuanto a la limpieza, sobre todo porque comunica la comuna de Lampa con la Región Metropolitana.
Actualmente es un peligro transitar por ella, debido a su mal mantenimiento y al gran flujo vehicular, el cual ha aumentado en los últimos años.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic .
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL FISCO. Oficio.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , por último, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que nos dé a conocer con precisión la modalidad y los procedimientos administrativos y técnicos mediante los cuales la cartera que dirige toma las decisiones de inversión respecto de los flujos que maneja el fisco. No me refiero a los excedentes del cobre. Por ejemplo, si las decisiones sobre las cartera de inversión se toman en forma unilateral o colegiada y sobre los mecanismos mediante los cuales el fisco coloca gran parte de los recursos en inversiones, ya sea en el extranjero o en nuestro país. Además, que nos indique los mecanismos de fiscalización, es decir, si la Contraloría ha auditado esos procedimientos para evitar que se produzcan hechos tan lamentables como el caso Inverlink ocurrido hace algún tiempo en las mesas de dinero de la Corfo.
He dicho.El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la honorable diputada señora Carolina Goic
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.32 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, su reglamento y su protocolo, adoptados el 14 de mayo de 1954 en la Conferencia Intergubernamental de La Haya, y el segundo protocolo a dicha convención, adoptado el 26 de marzo de 1999. (boletín N° 4213-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración los siguientes Instrumentos Internacionales contenidos en el Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de 1954, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco):
1. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, el Reglamento y su primer Protocolo, adoptado el 14 de mayo de 1954, y
2. Segundo Protocolo a dicha Convención, adoptado el 26 de marzo de 1999.
I. LA CONVENCIÓN.
La Convención tiene por objeto adoptar medidas tendientes, tanto en la esfera nacional como internacional, y en tiempos de paz y de guerra, a proteger los bienes culturales de los pueblos que, como consecuencia de los conflictos bélicos, están cada vez más amenazados de destrucción, lo que constituiría un menoscabo al patrimonio cultural de la humanidad toda.
II. ANÁLISIS DE SUS PRINCIPALES DISPOSICIONES.
Para los fines de la Convención se considerarán bienes culturales, cualquiera sea su origen y propietario, los bienes muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos; los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles y, asimismo, los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales y que se denominarán “centros monumentales”.
En su artículo 4°, la Convención establece el respeto a los Bienes Culturales, señalando que las Partes Contratantes deben abstenerse de utilizarlos para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, con la sola excepción de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento. Las Partes, además se comprometen a no tomar medidas de represalia y a resguardar la integridad de los Bienes Culturales como asimismo a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otro Estado.
El artículo 5° dispone que en caso de ocupación del territorio de un Estado por parte de otro Estado, este último deberá prestar su apoyo a fin de asegurar la salvaguardia y conservación de los bienes culturales situados en el territorio del primero.
El artículo 7° impone a las Partes deberes de carácter militar. Estos se comprometen en tiempos de paz, a introducir en los reglamentos para uso de sus tropas, disposiciones destinadas a asegurar la observancia de la presente Convención, como asimismo a preparar o establecer en el seno de sus unidades militares personal especializado que vele por el respeto de los bienes culturales y colabore en las autoridades civiles que tiene a su cargo la salvaguardia de dichos bienes
El artículo 8º establece la concesión de protección especial a un determinado número de bienes culturales en caso de conflicto armado, a condición de que se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial u objetivo militar importante y que no sean utilizados para fines militares. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el “ Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial”.
El artículo 9º establece la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial, o cualquier acto de hostilidad respecto de ellos, y sólo se suspenderá según el artículo 11º, en casos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad, la que será determinada sólo por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división.
Los artículos 12º y 13º reglamentan el transporte de bienes culturales, bajo protección especial o en casos de urgencia, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro.
El artículo 14º establece la inmunidad de embargo, de captura y de presa tanto a aquellos bienes culturales que sean transportados bajo protección especial o en casos de urgencia, como asimismo a los medios de transporte dedicados al traslado exclusivo de dichos bienes.
Los artículos 16º y 17º reglamentan las características y el uso del Emblema de la Convención.
Los artículos 18º y 19º hacen referencia al campo de aplicación de la Convención señalando que se aplicará tanto en tiempos de paz como en caso de guerra declarada, ocupación o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las Partes Contratantes. Asimismo, las Partes quedarán obligadas por la Convención aún cuando una de las potencias que intervengan en el conflicto no sea parte de la misma, o cuando haya declarado que acepta los principios de la Convención y en tanto los aplique.
El artículo 21º establece la institución de Potencias Protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto, quienes interpondrán sus buenos oficios toda vez que haya desacuerdo entre las Partes, sobre la aplicación o interpretación de la presente Convención o del Reglamento para su aplicación. Con este objeto el artículo 22º señala el procedimiento de conciliación.
El artículo 24º dispone que las Partes podrán concertar acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que juzguen oportuno solventar por separado, siempre y cuando éstos no disminuyan la protección ofrecida a los bienes culturales por la Convención.
El artículo 26º señala que las Partes deben dirigir al Director General de la Unesco , por lo menos una vez cada cuatro años, informes acerca de las medidas adoptadas para el cumplimento de la Convención y del Reglamento para la aplicación de la misma.
El artículo 28 establece el compromiso de las Partes de incorporar sanciones dentro de su legislación penal en caso de infracción a la Convención.
Los artículos 30º al 34º reglamentan todo lo referente a la firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor y aplicación de la Convención. En cuanto a la vigencia de la Convención, ocurrirá tres meses después de la fecha en que se hubieren depositado cinco instrumentos de ratificación. Respecto de la adhesión, cual es el caso de Chile, la Convención entrara en vigor internacional tres meses después de la fecha del respectivo instrumento ante el Director General de la Unesco .
El artículo 37º establece la posibilidad de denuncia de la Convención mediante un instrumento escrito que será depositado ante el Director General de la Unesco . La denuncia producirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente.
El artículo 39º señala que las Partes pueden proponer modificaciones a la Convención y al Reglamento, estableciendo un procedimiento para dichos efectos.
Por último, el artículo 40º hace referencia al registro de la Convención , la cual deberá efectuarse en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del Director General de la Unesco .
El reglamento para la aplicación de la Convención contiene numerosas disposiciones tendientes a establecer diversos modos de acción permanente de protección a los bienes culturales.
El mencionado primer Protocolo, por su parte, consagra normas permanentes que regulan la situación de los bienes culturales en diversos casos que pueden afectarlos durante un conflicto armado y que no están contemplados en la Convención.
III. SEGUNDO PROTOCOLO.
El Segundo Protocolo mejora sustancialmente el nivel de protección a la propiedad cultural en caso de conflicto armado, mediante el sistema de “Protección Especial Reforzada” que establece el Capítulo Tercero.
Los avances más significativos se produjeron en el Capítulo IV, referido a Jurisdicción y Responsabilidad Criminal en el que, según algunas delegaciones asistentes, se establece un sistema procesal coherente sobre enjuiciamiento y extradición, del que carece la Convención de 1954. Al mismo tiempo, el Segundo Protocolo plasma la voluntad de los Estados tanto para criminalizar los actos contra la propiedad cultural así como para establecer jurisdicción, enjuiciar y extraditar a los presuntos responsables de tales actos.
Por otra parte, el Segundo Protocolo establece una estructura administrativa simple: el “Comité para la Protección de la Propiedad Cultural en caso de Conflicto Armado”, compuesto por doce miembros. Tendrá como funciones principales el otorgamiento, suspensión o cancelación de la “Protección Especial Reforzada” de los bienes culturales, así como supervigilar el cumplimento del Segundo Protocolo. En el cumplimento de sus funciones, el Comité cooperará con el Director General de la Unesco .
El conjunto de las Disposiciones de los Acuerdos anteriormente señaladas conforma un sistema jurídico especial para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado, que tiende, por una parte, a prevenir los eventuales peligros que puedan afectar a dichos bienes y, por otra, a solucionar problemas específicos que se presenten respecto de ellos, como cuando estos bienes estén en situación de ser exportados de un territorio ocupado por una Parte Contratante; cuando estén colocados bajo secuestro en su territorio; cuando deban se devueltos una vez terminadas las hostilidades, etc., y cuando procedan las indemnizaciones pecuniarias a favor de quienes mantuvieron en su poder bienes culturales que deben ser devueltos de acuerdo con lo que se dispone en el Protocolo de la Convención.
En mérito de lo expuesto, y teniendo presente el alto grado de universalidad logrado hasta ahora por la Convención de 1954 y el status de derecho consuetudinario que han alcanzado sus normas, ruego a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"ARTICULO UNICO.- Apruébanse la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, su Reglamento y su Protocolo, adoptados el 14 de mayo de 1954 en la Conferencia Intergubernamental de La Haya, y el Segundo Protocolo a dicha Convención, adoptado el 26 de marzo de 1999.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores ”.
2. Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
“Valparaíso, 17 de mayo de 2006
El Abogado Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República , que “Suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.”, boletín N° 4197-07 (S), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado por esta Comisión, en segundo trámite constitucional, con la asistencia de los Diputados señor Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), señora Laura Soto González y señores Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeber Díaz , Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards .
En reemplazo de los Diputados señores Alberto Cardemil Herrera , Antonio Leal Labrín , Jaime Mulet Martínez y señora Marisol Turres Figueroa asistieron los Diputados señora María Angélica Cristi Marfil y señores Rodrigo González Torres , Eduardo Díaz del Río y Gonzalo Arenas Hodar , respectivamente.
Concurrieron a la sesión el señor Isidro Solís Palma , Ministro de Justicia , la señora Verónica Baraona del Pedregal , Subsecretaria de Justicia, y los señores Fernando Dazarola Leichtle , Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia y Decio Mettifogo Guerrero , Jefe de la División de Defensa Social del mismo Ministerio .
Sometido a votación el proyecto tanto en general como en particular, fue aprobado por mayoría de votos ( 7 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención), en los mismos términos propuestos por el Senado.
Votaron a favor los Diputados señora Soto y señores Araya , Bustos , Ceroni , González , Díaz y Walker . Votaron en contra los Diputados señora Cristi y señores Arenas , Monckeberg Bruner , Monckeberg Díaz y Ward. Se abstuvo el Diputado señor Eluchans .
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal para lo cual designó como Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes .
Cabe hacer presente que en la sesión de 9 de mayo recién pasado, la Comisión recibió una exposición de motivos de parte del señor Ministro de Justicia y la opinión favorable a esta prórroga del señor Defensor Nacional Público , del Director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y del Jefe del Área de Tratamiento de Rehabilitación del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. Con posterioridad, durante el debate en el seno de la Comisión, se llegó al acuerdo unánime de votar este proyecto en la sesión especial a que se citaría una vez despachado éste por el Senado.
Finalmente, la Comisión dejó constancia que el proyecto no contiene normas que sean de rango orgánico constitucional o que requieran ser aprobadas con quórum calificado, como también que su disposición única no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
El texto aprobado es del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:
1. Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “ seis meses” por “dieciocho meses”, y
2. Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:
“Artículo 4°.- Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
3. Segundo Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de regular la creación de comisiones especiales. (boletín N° 4195-16-2)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre un proyecto de acuerdo originado en una moción suscrita por los Diputados señores Antonio Leal Labrín , Jorge Burgos Varela , José Pérez Arriagada y Patricio Melero Abaroa , que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el propósito de regular la creación de las comisiones especiales de la Corporación.
Aprobación en general de la iniciativa
La idea principal de este proyecto es regular más detalladamente el procedimiento para crear Comisiones Especiales y, al mismo tiempo, disponer el cumplimiento de una serie de requisitos para que su establecimiento tenga plena justificación, pues, de lo contrario, su proliferación, más que un aporte, redunda en el entorpecimiento de la labor de la Cámara de Diputados, principalmente, cuando sus cometidos abordan aspectos propios de las competencias que se han fijado para las Comisiones permanentes.
La iniciativa fue discutida y aprobada en general por el Pleno de la Corporación, en su Sesión 25ª, celebra el jueves 11 del mes en curso.
En el Pleno se valoró la oportunidad y necesidad de regular de mejor manera el mecanismo de creación de estos órganos de trabajo como una forma concreta de mejorar el funcionamiento de la Corporación, reconociéndose la importancia que tienen para la labor parlamentaria.
No obstante lo anterior, durante la discusión general se plantearon diversas inquietudes respecto a la necesidad de fijar alguna norma transitoria que obligue a las Comisiones Especiales, creadas en lo que va corrido de este período legislativo, a adecuarse a la nueva normativa que por este proyecto se procura establecer.
Del mismo modo, se efectuaron algunas críticas respecto a la conveniencia de fijar requisitos de suyo restrictivos. En esa línea, se sostuvo que la idea de prohibir que estas comisiones especiales pueda abordar temas que correspondan a asuntos propios de la competencia de las permanentes, coarta en demasía la facultad de los Diputados y de la propia Sala para encargar a algún órgano interno el estudio de materias que, por su complejidad o representatividad política, requieran de un procedimiento especial, como fue el caso de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y, ahora último, con China y con la India.
Discusión particular del proyecto
La discusión de este segundo trámite reglamentario se centró en tres aspectos fundamentales que se plantearon en igual número de indicaciones formuladas durante el debate general habido en el Pleno.
El primer punto, se refiere al quórum necesario para la aprobación de estos órganos colegiados. Algunos diputados estimaron inconveniente elevar el número de diputados para la creación de estas comisiones. Se argumentó que el requisito exigido en este caso es muy superior al que la Carta Fundamental fija para la formación de una Comisión investigadora o al que el propio Reglamento exige para aprobar la creación de una Comisión permanente.
Dicha idea fue acogida en el debate general en la Sala mediante una indicación presentada por la Diputada señora Turres y los Diputados señores Bertolino , Cardemil , Errázuriz , García y Ulloa , cuyo propósito es crear estas comisiones con el voto favorable de un tercio de los diputados en ejercicio.
En contra de la citada indicación se sostuvo que la situación de estas Comisiones es radicalmente diferente a la de las Comisiones investigadoras y a las de las Permanentes. Respecto de las primeras, se recordó que ellas constituyen una de las formas en que se ejercen las facultades fiscalizadoras de esta Cámara y, como una manera de facilitar la tarea de las minorías, se concordó en un quórum menos exigente para su constitución.
En cuanto al caso de la creación de las Comisiones Permanentes, se dijo que la dificultad para su establecimiento no radica en el quórum de aprobación, sino en todo el proceso indispensable para llegar con la respectiva propuesta a la Sala, pues para modificar el reglamento se requiere cumplir con los mismos trámites existentes para la aprobación de un proyecto de ley.
Sin embargo, respecto de las Comisiones Especiales se consulta un procedimiento que exige la firma de un tercio de los diputados para hacer la presentación, la que debe aprobarse con la concurrencia de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Todo ello, a fin de evitar una proliferación excesiva de estas entidades. En mérito de lo anterior, se acordó rechazar la indicación citada.
El segundo aspecto dice relación con la competencia que se les puede asignar a las Comisiones Especiales y la relación que ella puede tener con las atribuciones de las Comisiones Permanentes.
En este punto se recogieron las observaciones planteadas en la Sala en orden a suprimir la prohibición de que estas Comisiones puedan abocarse a cuestiones que importen invadir el ámbito propio de los órganos de trabajo regulares. Se insistió en la idea de que lo que diferencia a las Comisiones Especiales de las Permanentes no guarda demasiada relación con las materias que unas y otras abordan, sino en el carácter excepcional y transitorio de las primeras, además de la especialización que ellas suelen tener.
En el mismo sentido, se consideró preferible requerir a los peticionarios que expliciten en la solicitud un plan de trabajo y la determinación de un cometido específico para la creación de estos órganos que limitarlos en su competencia por la vía de la exclusión de materias.
Por otra parte, se argumentó que la línea divisoria que separa la competencia de las Comisiones Permanentes muchas veces no es tan clara y, por lo tanto, con la propuesta de impedir que los cometidos de las Especiales recaigan sobre las de aquéllas, más que una solución, se abre una fuente de conflicto permanente que, además, carece de un procedimiento para su resolución.
En mérito de lo anterior, se acordó aprobar una indicación de las Diputadas señoras Rubilar y Valcarce y de los señores Bertolino , Cardemil , García y Montes , que tiene por objeto suprimir, en el segundo de los incisos propuestos para el artículo 229, la frase “En ningún caso la competencia podrá comprender materias que correspondan a las Comisiones permanentes.”.
De igual forma, se aprobó una indicación surgida en el seno de la Comisión que efectúa algunas correcciones formales de redacción, señala en mejor forma el contenido de la solicitud para crear una Comisión Especial y establece como exigencia que, junto a la petición, se deberá proponer un programa de trabajo y señalar con precisión el objeto sobre el cual recaerá el estudio de dicho órgano colegiado, el que podrá referirse a una legislación o a una materia específicas.
El último punto fue planteado en el debate en general habido en la Sala y correspondió a una indicación formulada por el Diputado señor Melero y consiste en incorporar un artículo transitorio que obliga a las Comisiones creadas desde el 11 de marzo hasta la fecha, a adecuar sus cometidos y plazo de duración a lo dispuesto en el artículo 229 que se sustituye por este proyecto.
Entendido el sentido de la citada indicación, que se explica por si misma, fue aprobada por unanimidad.
-o-
En consecuencia, en mérito de las razones expuestas y de los demás antecedentes que dará a conocer el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguiente:
Proyecto de acuerdo
“Artículo único.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 229 del Reglamento de la Cámara de Diputados por los siguientes:
“Las Comisiones Especiales se constituirán a petición de un tercio de los Diputados y siempre que dicha solicitud cuente con el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio. Se dará cuenta de la respectiva petición en la sesión más próxima y se someterá inmediatamente a votación, pudiendo hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado o diputados que sostengan la presentación y por igual período quienes la rechacen.
Estas Comisiones tendrán la composición, plazo y competencia que les fije la Cámara al momento de acordar su generación. El plazo para el cumplimiento de sus cometidos será de hasta seis meses, pudiendo prorrogarse dicho término, por una sola vez, con el acuerdo de la Sala por igual periodo. La solicitud para su constitución deberá proponer un programa de trabajo y precisar el objeto de su estudio, el que podrá referirse a una determinada legislación o a reunir antecedentes sobre una materia específica, debiendo informar, en ambos casos, del resultado de su cometido. Si nada se señala respecto a su composición serán integradas con el mismo número que las permanentes. En lo demás quedarán sujetas a las normas del presente Libro .”.
Artículo transitorio.- Las Comisiones Especiales constituidas en el actual Período Legislativo deberán adecuar sus cometidos a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento, siéndoles aplicables lo dispuesto en el inciso tercero, en cuanto al plazo de su duración.”.
Se designó diputado informante al señor Becker, don Germán .
Sala de la Comisión, a 17 de mayo de 2006.
Acordado en sesiones celebradas el día 17 de mayo de 2006, con la asistencia del señor Leal, don Antonio ( Presidente ) y de los señores Pérez, don José (Segundo Vicepresidente ); Alvarado, don Claudio ; Becker, don Germán ; Duarte, don Gonzalo ; Forni, don Marcelo ; Galilea, don Pablo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Lorenzini, don Pablo ; señora Muñoz, doña Adriana ; Palma, don Osvaldo ; Paredes, don Iván ; Quintana, don Jaime y Ulloa, don Jorge .
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario General de la Cámara de Diputados”.
Moción de los diputados señores García , Becker , Bertolino , Delmastro , Galilea y Vargas , y de las diputadas señoras Amelia Herrera y Marta Isasi.
Reforma constitucional que establece que decretos que regulen leyes, deberán dictarse en el plazo de seis meses. (boletín N° 4207-07)
“Considerando:
1. Que, según la doctrina, decreto supremo es aquella disposición de gobierno o administración del Estado que, fundada en la Constitución o en la ley, dicta el Presidente de la República con carácter especial y particular.
Si el decreto reviste un carácter general y permanente, con el objeto de favorecer la ejecución de la ley o el ejercicio de alguna de las funciones de administración o de gobierno, toma el nombre de reglamento.
2. Que, de acuerdo al artículo 32 N° 6 de la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República posee una potestad reglamentaria que puede ser autónoma o de ejecución.
Los reglamentos autónomos los dicta el Presidente de la República en virtud de la facultad conferida de administrar el país y sobre materias diversas a las de tipo legal.
Los reglamentos de ejecución, por su parte, tienen por objeto implementar o desarrollar una norma legal. Así, podemos señalar que Reglamentos de Ejecución: son aquellos preceptos de carácter general y abstracto dictados por el Presidente de la República a fin de permitir la aplicación de las leyes. Eventualmente complementan la ley en aspectos de detalle, sin que puedan añadir o modificar elementos normativos al texto legal.
3. Que, la Constitución no ha definido lo que entiende por reglamento o por decreto, aún cuando ha establecido registros diversos para cada caso.
El artículo 35 exige que los reglamentos y los decretos necesariamente deban ser firmados por el Presidente de la República y por el Ministro respectivo, y que no serán obedecidos sin este esencial requisito. Por el contrario, los decretos e instrucciones pueden expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República , en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.
4. Que, si bien la Constitución exige que los reglamentos requieren siempre de la firma del Presidente de la República y del Ministro respectivo, no señala el plazo en que deben ser dictados dichos reglamentos.
5. Que, existen leyes dictadas por el Congreso Nacional que hacen referencia a situaciones que regulará el Reglamento, pero al no exigirse constitucionalmente un plazo para dictar dicho reglamento, el poder Ejecutivo sencillamente no dicta el Reglamento en cuestión, creándose con ello un vacío legal importante. Ejemplo de ello es la ley 19.832, Ley de Cooperativas, publicada en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 2002, que hasta la fecha no se publica el reglamento correspondiente.
6. Que, proponemos modificar la Constitución Política de la República estableciendo que los reglamentos deberán ser dictados en el plazo de 6 meses desde la publicación de la ley respectiva en el Diario Oficial.
Por tanto,
Venimos en proponer la siguiente
Reforma Constitucional
Artículo Único: Incorpórese luego del punto final del inciso primero del artículo 35 de la Constitución la siguiente oración:
“Cuando una ley delegue en el Presidente de la República la facultad expresa de dictar reglamentos relativos a materias en ella contenida, su ejercicio deberá realizarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de la ley respectiva en el Diario Oficial ”.
Moción del diputado señor Errázuriz .
Modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, permitiendo reconsideración por la Sala de un proyecto declarado admisible. (boletín N° 4208-07)
“Considerando:
1. Que el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica constitucional del Congreso Nacional señala que "la correspondiente declaración de inadmisibilidad será efectuada por el presidente de la sala." Y agrega que "No obstante, la sala podrá reconsiderar dicha declaración".
2. Que no se contempla la posibilidad de que el presidente declare admisible un proyecto y la sala también pueda reconsiderar esa declaración;
3. Que puede suceder que el presidente admita a tramitación un proyecto inconstitucional y, por no permitirlo la Ley Orgánica Constitucional del congreso Nacional, no se pueda someter a la consideración de la sala dicha declaración, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional por el siguiente:
"La correspondiente declaración de admisibilidad o inadmisibilidad será efectuado por el presidente de la sala. No obstante la sala podrá reconsiderar dicha declaración".
Moción de los diputados señores Lobos , Arenas , Barros , Bobadilla , Estay , Correa , Forni , Hernández , Ward y de la diputada señora Nogueira , doña Claudia .
Modifica la ley N° 18.290 del transito, para establecer nuevos requisitos en la transferencia de vehiculos. (boletín N° 4209-15)
Que resulta ser un hecho frecuente en las enajenaciones de vehículos motorizados no practicar la inscripción que ordena la ley en el registro pertinente, generándose respecto de terceros una alteración fáctica del Rol que cumple el registro de vehículos motorizados, publicidad y presunción de dominio;
Que la omisión indicada produce en el hecho la formulación de demandas erradas por responsabilidad solidaria a personas que efectivamente han enajenado el vehículo motorizado, pudiendo ocultarse por ello al verdadero destinatario de una demanda solidaria;
Que en la práctica diaria, resulta también recurrente la formulación concatenada de una serie de ventas que jurídicamente son transferencias de dominio que no se inscriben, y que, además de permitir la indefinición formal del propietario y dificultad procesal al afectado para dirigir correctamente la acción civil solidaria que le franquea la ley, por daños en colisión de tránsito; posibilita la evasión de impuesto a la transferencia de vehículos motorizados, por ser común que luego de varias ventas se eliminen las intermedias y se celebre un contrato directo entre el último comprador y el primer vendedor, que naturalmente es ilegal y que tiene la virtud de regularizar fictamente las ventas, omitiéndose las intermedias y evadiendo el impuesto de transferencia que debieron soportar.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agregase los siguientes incisos al actual artículo 33 de la ley Nº 18.290, por el siguiente:
“Pero la enajenación y/o gravámenes que se celebren deberán constar por escrito en contrato o convención, a lo menos autorizada la firma de quienes suscriben el documento por Notario u oficial de registro civil. No se podrá en estos casos autorizar la firma de sólo una de las partes.
El contrato o convención si se celebra ante oficial civil deberá inscribirse de inmediato por dicho funcionario, y en el caso que hubiere participado un notario, deberá el cobrador solicita su inscripción al día siguiente hábil. La omisión de este trámite o su cumplimiento tardío le hará responsable de una multa de 15 UTM, que el oficial civil comunicará al registro de multas de vehículos motorizados. Los Notarios enviaran al oficial civil una nómina mensual con los contratos autorizados por estos”.
Moción de los diputados señores Barros , Bobadilla , Estay , Forni , Hernández , Recondo , Rojas, Ward y de las diputadas señoras Marcela Cubillos y Marisol Turres.
Modifica la Ley de Tránsito a fin de establecer la obligatoriedad de un sistema de seguridad para buses interurbanos. (boletín N° 4210-15)
El transporte de pasajeros en buses interurbanos es un servicio que reviste una gran importancia para el traslado de la gente de una ciudad a otra.
En este sentido el traslado de pasajeros es un rubro sobre el cual las medidas de seguridad deben estar conformes a las normas establecidas, cuya fiscalización debe ser continúa y exhaustiva.
Por esta razón, uno de los elementos claves en el transporte interurbano son los neumáticos, cuyo deterioro puede producir graves accidentes.
Cuando se habla de estudios referidos a accidentes de tránsito, muchos informes se limitan a mostrar impactantes números de muertos y heridos. La mayoría de las veces se excluyen datos que pueden resultar verdaderamente útiles para comprender por qué se producen los siniestros y como hacer para evitarlos.
Lo más grave es que el un porcentaje de los vehículos implicados en accidentes por falla mecánica son por el deterioro de los neumáticos. Es decir, el deterioro de los neumáticos produce la mayor cantidad de accidentes, por sobre cualquier otra falla mecánica.
Es por esto que los buses interurbanos deben contar con un sistema de seguridad que permita establecer que cada bus que comienza un recorrida esté en perfectas condiciones, lo que permitirá una mayor seguridad para los pasajeros.
Los chilenos deben contar con un servicio de buses interurbanos que resguarde su seguridad, y para este caso se hace necesario la instalación de un sistema de control de presión de neumáticos, lo que permitirá reducir el número de víctimas mortales en un accidente de tránsito.
En este sentido, la inadecuada presión de las ruedas provoca un mayor consumo de carburante, un aumento de la distancia al frenar y un incremento de probabilidades de que los neumáticos sufran daños.
Por esta razón se hace imprescindible que buses interurbanos adquieran este sistema de seguridad en los neumáticos para evitar el gran número de accidentes que cada año se producen por esta causa.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO UNICO: Modificase la Ley del Transito en la siguiente forma:
1. Agregase un nuevo inciso 2º al articulo 63 de la ley Nº 18.290 del transito.
“En el caso de los Buses interurbanos, estos deberán estar equipados con un sistema de control de presión de los neumáticos”
Moción de los diputados señores Lobos , Arenas , Barros , Bobadilla , Correa , Estay , Forni , Hernández , Ward y de la diputada señora Claudia Nogueira.
Modifica ley N° 18.101, de arrendamiento, con el objeto de agilizar el procedimiento en los juicios de arrendamiento. (boletín N° 4211-07)
Que, la Ley Nº 19.866, publicada el 11 de abril de 2003 introdujo importantes modificaciones a la Ley Nº 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos y muchas de esas modificaciones han tenido por objeto agilizar el procedimiento.
En los hechos y a propósito de las modificaciones introducidas por la Ley 19.866, el articulo octavo numero tres y sexto de la ley Nº 18.101, disponen que en la demanda deben señalarse todos los medios de prueba de que piensa valerse el actor y el demandado en reconvención, en el caso de que reconvenga. El sentido de esta imposición legal ha sido precisamente, el que exista solo una audiencia de contestación y prueba.
Que no obstante lo expuesto ha sido una practica de hecho, que cuando las partes anuncian la prueba de absolución de posiciones en su demanda y/o reconvención, se procede a fijar un nuevo día y hora por insistencia a la citación del absolvente, quebrandose el principio de unidad de la audiencia que el legislador ha querido en este tipo de procedimientos, sustanciándose el juicio en varias audiencias, contrariamente a lo que se ha dispuesto.
Lo anterior no resulta concordante con la expedición que el legislador ha querido en estos casos, de modo que resulta necesario efectuar las correcciones que eviten interpretaciones erróneas.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: agregase un nuevo inciso 2º al número 3 del artículo 8 de la Ley 18.101, de arrendamiento:
“La absolución de posiciones de que desee valerse el demandado deberá presentarla y notificarla por célula, a lo menos, al tercer día de notificada la demanda. El absolvente que citado a la audiencia no compareciere, será de inmediato declarado confeso, sin necesidad de nueva citación, de las afirmaciones que contenga el pliego de posiciones, que acompañe la parte que solicito la diligencia”.