Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PERMISO
- Jose Garcia Ruminot
- PERMISO
- I. ASISTENCIA
- PERMISO
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Denise Pascal Allende
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895‐11) [CONTINUACIÓN]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Daniella Valentina Cicardini Milla
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Felipe Kast Sommerhoff
- INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Sergio Espejo Yaksic
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Urrutia Soto
- REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895‐11) [CONTINUACIÓN]
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 3ª, en miércoles 16 de marzo de 2016
(Especial, de 15.07 a 21.00 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 4
II.- APERTURA DE LA SESIÓN................................................................................................................ 7
III.- ACTAS ................................................................................................................................................... 7
IV.- CUENTA ................................................................................................................................................ 7
V.- TABLA ..................................................................................................................................................... 7
REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN
N° 9895-11) [CONTINUACIÓN]............................................................................................................
VI.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Nota:
Del diputado señor García por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 17 de marzo de 2016, para dirigirse a Zambia.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Rivas Sánchez, Gaspar
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, la ministra Directora del Sernam, señora Claudia Pascual Grau; la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher; la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez; el ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés Pulido; el ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-Se contó con la asistencia, también, de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: Las diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado y Marcela Sabat Fernández.
-Con permiso constitucional: La diputadaDenise Pascal Allende.
-Con licencia médica: La diputada señora Karla Rubilar Barahona.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.07 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 128ª de la legislatura 363ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 129ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. TABLA
REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895‐11) [CONTINUACIÓN]
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 2ª de la presente legislatura, en 16 de marzo de 2016.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .
El señor KORT.-
Señor Presidente, pido que analicemos el proyecto de ley en debate de la manera que se lo merece. Sin duda, se trata de una iniciativa emblemática, compleja y necesaria; pero es necesario abordarla con argumentos y preguntarnos si efectivamente es un proyecto de ley sustentado en una convicción real o si atiende a un programa de gobierno; si fue diseñado para cumplir con las estadísticas o para satisfacer ideologías de sus patrocinantes y del gobierno.
Por eso, pido que el debate sobre la materia sea serio y en serio, con altura de miras, consecuencia, respeto y tolerancia. En este tipo de iniciativas se ven reflejadas nuestras miradas, lo que somos, la persona humana, más allá de la condición política, origen social o religión que pueda profesar. Sin embargo, para profesar alguna religión, para tener alguna idea política, para poder tener alguna concepción sobre el ser humano como hoy lo entendemos, debe darse el primer paso. Ese paso es el derecho a nacer.
Por eso, mi primera pregunta es si con este proyecto se está vulnerando o no un derecho básico como es el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho a tener las opciones que permitan algún día generar conciencia integral y poder elegir.
Este es un día histórico en el que finalmente veremos reflejadas las verdaderas posturas de quienes estamos en este hemiciclo en relación con la materia. Veremos la real posición de quienes militan en un determinado partido político y adscriben a algunas ideas. Lo digo porque muchas veces vemos a colegas parlamentarios asistir a las iglesias evangélicas, a la Iglesia Católica o a otros cultos, y manifestar una posición, pero después, en las votaciones respectivas, los vemos expresar otra.
Cabe preguntar si las tres causales que se nos presentan justifican el aborto, si habrá capacidad de cumplir la ley, o si finalmente se estará dando apertura al aborto libre. Por mucho que expresemos ideas al respecto en este hemiciclo, la respuesta no la tendremos nosotros; la respuesta la darán los resultados concretos; la respuesta la darán las estadísticas, que nos dirán si efectivamente en Chile se está corrigiendo un problema o se está abriendo un conflicto.
Quiero dar a conocer una situación real que viví en mi distrito. Me refiero al caso de una niña que vive en la población Diego Portales , en la ciudad de Rancagua, quien pidió audiencia para hablar conmigo, para pedir ayuda, tal como muchas personas lo hacen con cada uno de nosotros. Me pidió que por favor hablara con personal de Carabineros para que detuviera al violador de su hija, para que detuviera a la persona que estaba quitándole lo más lindo, como es la inocencia de una niña de seis años. Esa madre estaba angustiada y preocupada, y lo único que buscaba era una oportunidad para sentir que se hace justicia.
Esa joven madre me contó su vida. Tiene dieciocho años de edad y tiene una hija de seis años; es decir, fue madre cuando tenía doce años. A esa edad, su maternidad se produjo como consecuencia de haber sido violada por su padrastro, esto es por el hombre que convive con su madre, con la mujer que debía asegurarle protección. Sin embargo, hoy esa mujer está permitiendo que ese mismo hombre, que producto de la violación a su hijastra engendró a una niña que hoy tiene seis años, esté cometiendo una nueva violación, pero ahora en contra de esta menor.
Esa realidad se recoge a lo largo del país, y el Estado ha fracasado ante ella al no poder otorgar seguridad a muchas mujeres que la padecen. Me habría gustado que esa situación se hubiera abordado antes de la presentación de este proyecto de ley. Avancemos en discusiones sobre la materia y reconozcamos que como Estado estamos en deuda con miles de mujeres en aspectos de seguridad, sociales y psicológicos.
Respecto de este proyecto de ley no tendré un doble discurso; actuaré en consecuencia, con energía y convicción. Aquí no hay presiones ni de uno ni de otro lado; ni de una iglesia ni de un credo. Voy a actuar en conciencia y con la energía que me permite el haber llegado al parlamento representando a miles de personas. Voy a votar enérgicamente en contra este proyecto de ley porque en ningún caso el embarazo merece ser abortado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, creo profundamente, junto con otros, en los valores de la solidaridad, la justicia, la libertad y la dignidad de la persona humana.
Precisamente, los valores de la libertad y la dignidad de la persona me involucraron en la lucha contra la dictadura, cuando era muy joven, en la comuna de La Granja. En aquella época, nuestras armas no fueron las piedras, las bombas o los atentados. Por el contrario, el arma que utilizamos fue la no violencia activa. Con ejemplos como el del cardenal Silva Henríquez , muchos optamos por convencer, persuadir y generar conciencia de libertad y dignidad entre nuestros vecinos. No íbamos a combatir la muerte y la desaparición de compatriotas con la muerte y la violencia sobre otras personas. El derecho a la vida de los chilenos y chilenas, independientemente de sus creencias políticas o religiosas, es parte fundamental de nuestra acción.
¡Sin derecho a la vida no hay acción política coherente!
Con esta experiencia recibo la declaración de mi partido respecto del tema que estamos debatiendo, discusión que debemos hacer de manera desprejuiciada y con la mayor altura de miras y respeto. Luego de un intenso debate al interior del partido, no exento de discrepancias y disensos, se llegó a una conclusión: “Como partido doctrinario, ideológico y programático, reconocemos y confiamos en las decisiones que en conciencia adopten nuestros parlamentarios, teniendo en vista el bien común, el carácter de su representación popular y dentro del marco de los principios partidarios fundados en el valor de la vida y la dignidad humanas.”.
Señor Presidente, en conciencia, sin prejuicios, sin presiones, tal como en los 80 defendí la libertad y la dignidad humanas, hoy quiero señalar, sin dudas ni vacilaciones, que defenderé la libertad de la mujer para decidir, porque el Estado no la puede obligar a cargar con el heroísmo de un embarazo inviable o de un embarazo fruto de la violencia.
Defenderé la vida del que está por nacer, pero no cualquier vida, sino una vida digna, en una familia que lo acepte y lo quiera.
Hace quince, diez o cinco años era impensable que la Cámara de Diputados, seno de la soberanía y de la representación de la sociedad, discutiera en serio un proyecto de ley que despenalizara el aborto. Durante el gobierno del Presidente Frei Montalva se dictó un Código Sanitario, el mismo que queremos reformar hoy, que contenía el llamado “aborto terapéutico”, que permitía al médico interrumpir un embarazo para salvar la vida de la madre cuando esta se encontraba en peligro. Pero fue la dictadura la que, a pesar de haber violado sistemáticamente los derechos humanos, antes de irse del poder en 1989 borró del Código Sanitario esa norma y dispuso la penalización sin excepciones a toda forma de aborto.
El Presidente Frei Montalva introdujo la planificación familiar a nuestro país, y nadie podría condenarlo de faltar a sus principios o valores. Fue esta política pública la que significó disminuir los abortos ilegales y la mortalidad materna.
¡Esa fue una decisión política pro vida!
El 24 de julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó las conclusiones finales a raíz del sexto informe periódico de Chile sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el país, entre las cuales se incluía la siguiente recomendación: “(...) establecer excepciones a la prohibición general del aborto (contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto), además de proveer servicios de salud y educación sexual accesibles; (...)”.
Por lo tanto, la iniciativa que hoy discutimos no hace otra cosa que responder a las críticas internacionales que ha recibido nuestro país sobre este tema.
El proyecto modifica de manera sistemática e integral diversos cuerpos legales: el Código Sanitario, el Código Penal, la ley Nº 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, y el Código Procesal Penal. Estos cambios están realizados cuidadosamente, resguardando cada detalle que pueda ser relevante para la protección de la integridad física y sicológica de las mujeres que decidan someterse al proceso descrito en el proyecto.
Quisiera escuchar de quienes están en contra, alternativas, opciones, ideas nuevas o políticas públicas que resguarden los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. Sin embargo, ello no ocurre porque la mayoría pontifica del derecho a la vida sin hacerse cargo de la realidad.
Según el Sename, en 2015 ingresaron a cuidados alternativos, esto es, a residencias y casas de acogida, 17.969 menores de edad. De este universo, solo 419 niños fueron declarados susceptibles de ser adoptados, sin contar los tropiezos y la dilación del proceso de adopción.
Muchos de esos menores ingresan a dicho sistema al año de edad, pero pasando los cinco es casi imposible que encuentren a alguien disponible para acogerlos. Por tanto, viven en esos centros hasta los 18 años edad -que es cuando el sistema los expulsa afuera-, sin recibir el afecto de ninguna persona que los visite un domingo en los lugares donde están internados.
Respeto a quienes tienen una opinión distinta, a quienes sus convicciones más personales los llevan a argumentar en contra del presente proyecto, pues no estamos ante un tema fácil. Sin embargo, no comparto, porque no lo entiendo, que haya algunos que quieran imponer sus convicciones al resto.
Según el Ministerio de Salud, en el año 2013 se realizaron 17.434 abortos. Además, el 17 por ciento de las muertes maternas se produce por abortos clandestinos, aquellos que se realizan poniendo en peligro la integridad psíquica y física de la mujer, porque algunos pretenden que nos sigamos vendando los ojos ante una realidad que hoy demanda legislar en esta materia con altura de miras.
¡Este proyecto respeta la vida! ¡Este proyecto respeta la autonomía de las mujeres! ¡Este proyecto respeta la conciencia y la libertad de cada cual! Respeta la vida, porque la prefiere ante la muerte. Es falso lo que dicen algunos: que este proyecto atenta contra la vida.
En la primera causal, prefiere la vida de la madre cuando el embarazo, por sus complicaciones, pone en riesgo la vida de la mujer. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ello?
Esto sucede en la actualidad, y se practica legalmente. Lo que rige los protocolos de los médicos los obliga a que, ante el riesgo de vida de la madre, se practiquen todas aquellas diligencias que permitan conservar su vida, aunque se produzca el aborto.
Por último -mi intervención era más extensa-, este proyecto respeta la conciencia de todos los hombres y mujeres que, enfrentados a esta situación límite y compleja, según sus convicciones, sus creencias, sus enseñanzas, sus opciones de vida; sin presiones, sin la amenaza de un juicio penal en su contra, podrán decidir si continuar con el embarazo o interrumpirlo.
Se trata de la conciencia y la libertad de cada cual.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Gonzalo Fuenzalida .
El señor FUENZALIDA.-
Señor Presidente, he escuchado algunas intervenciones y me queda la duda acerca de si estamos legislando un proyecto sobre los derechos de las mujeres y no una iniciativa de ley de aborto.
El derecho elemental de cualquier ser humano es nacer, y, por lo mismo, lo que estamos debatiendo acá es un proyecto de ley de aborto que permite dar muerte en tres circunstancias a una persona no nacida, persona que es sujeto de derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; de derechos reconocidos por sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, y por dictámenes de la Contraloría General de la República. Es lo que hoy estamos discutiendo aquí.
En cuanto a la primera causal, quiero señalar que el derecho penal chileno sanciona el aborto malicioso, no la interrupción del embarazo, que jurídicamente es totalmente distinta.
El que un facultativo, a través de un acto terapéutico, sin querer ni buscar ello como fin, intervenga un embarazo causando la muerte del no nacido no configura una acción típica que esté penada.
Por lo tanto, hoy esa causal no tiene razón de ser, porque nuestra legislación penal vigente no establece sanción al facultativo que interviene e interrumpe un embarazo por salvar la vida de la madre.
El mensaje dice algo distinto: que hoy cualquier interrupción del embarazo en Chile se halla criminalizada y que, por ende, tiene sanción. Eso no es cierto.
(Aplausos)
Lo que sí es cierto es que estamos dando autorización legal a algo que no lo requiere con la finalidad de convertirlo en una puerta abierta para aducir interrupción de embarazo en casos en que no necesariamente se halla en riesgo la vida de la madre.
La segunda causal me preocupa sobremanera, porque finalmente le está entregando a un médico no especialista la determinación de una malformación congénita.
Al respecto, quiero mencionar un estudio de la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, que determinó que, en Chile, el margen de error en el diagnóstico de malformación congénita en el embarazo es de 70 por ciento. Es decir, de cada diez diagnósticos de malformación congénita que se hacen en nuestro país, siete son errados, pues cuando se pidió una segunda opinión, esta resultó ser negativa para dicha anomalía congénita.
Entonces, con este proyecto no estamos poniendo en manos de un especialista, sino en las de un médico cirujano, la determinación de algo tan serio y, muchas veces, tan difícil de determinar, como es una malformación congénita.
Un médico materno-fetal sería lo ideal. Pero en Chile solo hay cuarenta y siete especialistas; de ellos, alrededor de dos tercios se encuentra en Santiago, y un número ínfimo trabaja en el sistema público.
Entonces, ¿qué va a preferir un sistema público como el nuestro, precario, sobrecargado y sin recursos económicos? Intervenir y abortar una vida que traerá solo problemas, pues viene con dificultades en el embarazo, y seguirá trayendo problemas porque, al final, en términos económicos no será un alivio para la madre.
Respecto de la tercera causal, quiero señalar que el elemento fundamental en una violación es el agresor ilegítimo. El no nacido, el embrión, el feto no es un agresor ilegítimo; por lo tanto, esta causal que propone el proyecto atenta contra la igualdad ante la ley. O sea, producidos la violación y el embarazo, ese hijo no nacido se transforma en un sujeto cuya vida es disponible. Es muy ridículo -ello no existe en nuestra legislación que el solo presumir la posibilidad de un delito, el solo imputar un delito otorgue el derecho a dar muerte a una persona no nacida.
¿Qué pasará si se investiga y se determina finalmente que no hubo violación? ¿Se va a reversar el aborto? ¡El aborto ya se realizó!
Entonces, con ello se abre otra ventana para hacer denuncias falsas y, con ello, practicar abortos en casos en que no hubo realmente una violación.
Por eso, anuncio que votaré en contra este proyecto de ley en su totalidad, en sus tres causales, fundamentalmente porque mi convicción es que la vida -muchos acá dicen defender la existe desde el momento de la concepción; por tanto, nadie, ningún ser humano, tiene la potestad para determinar que una vida potencial se transforme en una vida real.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, luego de casi treinta años, por fin nos abrimos como país a la discusión legislativa, y con alcance general, acerca de la interrupción del embarazo. No podemos olvidar que en 1931 se legalizó el aborto terapéutico, contemplándose dentro del Código Sanitario para ciertos supuestos definidos por ley. Así, por décadas, esa hipótesis legal se consideró en el artículo 119 de dicho código.
Pues bien, desde hace 27 años eso no existe. Durante la dictadura, el pensamiento ultraconservador modificó, en 1989, el artículo 119 del Código Sanitario, que, como expresé, databa de 1931.
Ahora, luego de algunas décadas, volvemos a enfrentarnos a una discusión importante en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en circunstancias distintas: estamos en democracia; lo hacemos informadamente, con mucho respeto, de cara a la ciudadanía y con elementos de juicio que nos permiten sopesar los pros y los contras.
Hoy han quedado en evidencia los discursos de dominación y de poder con los cuales sojuzgamos y administramos la sexualidad de la mujer, perpetuando así un estado de cosas en el que ellas no deciden por sí mismas respecto de aspectos tan fundamentales de su existencia como ser o no ser madres en determinadas circunstancias.
El arbitrio sobre el propio cuerpo debe ser un derecho fundamental de las personas. En tanto eso se vea reflejado en proyectos como este, el futuro no solo de las mujeres, sino el de todos, será mejor.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Solicito a los asistentes a las tribunas escuchar con respeto las intervenciones de los parlamentarios.
Puede continuar con su discurso, señor diputado. El tiempo que perdió a consecuencia de la interrupción le será devuelto.
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, hoy, en esta Sala, tiene lugar una de las discusiones más complejas que hayamos podido sostener como sociedad. Aquí la vida y la libertad se cruzan, la razón y la intuición se tocan, la moral y el juicio se carean.
Por ello, esta confrontación de distintas verdades tiene un alto grado de nobleza, en cuanto aspira al bien común y contribuye a la construcción de proyectos culturales que en sus ejes fundacionales consideran a las mujeres como miembros autónomos y soberanos de nuestra sociedad, capaces de decidir por sí todo cuanto refiere a ellas mismas. Aún más, en el caso de las tres causales descritas en esta discusión, tenemos el deber de garantizar respeto a su autodeterminación, protección a su vida y acompañamiento multiprofesional durante el tránsito por esos dolorosos procesos.
Conversaciones privadas, íntimas, dolorosas que he sostenido con algunas mujeres de mi distrito me han tocado con fuerza y despertado en mí la necesidad de actuar como portavoz de aquellas que viven la tristeza profunda de haber experimentado algún episodio de esta naturaleza.
Sé, porque así me lo han confiado, que ninguna de ellas ha querido llegar a esa instancia, que ninguna de ellas ha concurrido feliz a esa instancia ni supera fácilmente sus secuelas físicas, psicológicas, arrastrando estas repercusiones, que no reciben contención ni perdón, de por vida.
Ninguno de los presentes debería aceptar que esa herida desgarradora continúe abierta en el corazón de nuestra sociedad. Nuestras mujeres, adultas y niñas, representan la vida, porque nos dan la vida.
Hago mi crítica más honesta a nosotros mismos, porque como sociedad hemos permitido, a través de una ignorancia permisiva, que esta situación real, en calidad de secreto a voces, no sea transparentada, y su oralidad, acallada por la práctica rígida de modelos crueles, medrosos, condenatorios y ciegos.
Cada ser humano, señor Presidente, tiene derecho a ejercer su libertad. Una genuina corriente de pensamiento liberal y autodeterminista, basada en el principio del total arbitrio del ser humano en la toma de las decisiones que estén dentro de la esfera de su vida privada, debe considerar que las mujeres definan por sí y ante sí la oportunidad en que ejercerán sus prerrogativas y derechos reproductivos. Negarles esa libertad básica no solo las atenúa y jibariza como seres autónomos, sino que además las somete a designios ajenos, lo que, sin duda, afectará su vida el resto de su existencia.
Hace un par de años nuestra Presidenta anunció que nos presentaría un proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Con esta iniciativa cumplió su promesa y nos entrega la oportunidad única de dar un salto cualitativo y de fondo en cuanto a las libertades civiles, la dignidad humana y la solidaridad con más de la mitad de la población.
Debemos, de una vez por todas, enmendar el rumbo y seguir el derrotero que nos muestra este proyecto de ley. Hemos de dejar de punir legalmente y de tratar como criminales a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Insisto en que será voluntariamente, porque nadie quedará obligado a hacerlo; al contrario, las mujeres deberán recibir todo el apoyo de la sociedad, del Estado, de sus redes de amigos y familiares.
Un país que se abre a permitir la decisión de las personas es un país que comienza a ser libre.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, hasta por once minutos, el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, agradezco la presencia de todos los movimientos de mujeres y de la sociedad civil que nos acompañan, y agradezco también la presencia de las ministras que asisten a este debate; pero agradezco especialmente a la exministra Helia Molina , a quien le costó su cargo de gobierno denunciar ante la opinión pública una verdad de nuestro país que ya no se puede ocultar. No obstante que en ese momento en Chile ocurrían cosas mucho más complicadas, incluso más vergonzosas, no se le perdonó que se refiriera a un hecho que todas las chilenas y los chilenos sabemos que es cierto, referido a quienes se pueden practicar abortos porque cuentan con recursos para hacerlo en una clínica privada, sin que nadie se entere.
En todo caso, no es la primera vez, ni será la última, que el Congreso Nacional deba debatir proyectos tremendamente polémicos. Recuerdo, por ejemplo, la discusión del proyecto de ley sobre divorcio. Las tribunas estaban repletas de gente que se expresaba a favor o en contra.
¿Cuál era el argumento que esgrimían quienes se oponían a esa iniciativa? Que con su aprobación se fomentaría el divorcio. Preferían mantener la nulidad a la chilena. Los periódicos estaban repletos de avisaje de abogados y tinterillos que ofrecían sus servicios para anular matrimonios a la chilena. Y todos sabemos cómo se hacía: bastaba con aseverar y probar que el domicilio de uno de los contrayentes no era el que se había registrado en el acta respectiva para que ese matrimonio fuera declarado nulo.
¿Qué nos dicen hoy las estadísticas, después de transcurridos varios años desde la aprobación de ese proyecto y su promulgación y publicación como ley de la república? Que las antiguas nulidades a la chilena eran muchas más que los actuales divorcios con disolución de vínculo. Esa es la verdad. Nos guste o no, esa es la verdad.
¿Por qué recuerdo y agradezco a la exministra Helia Molina ? Porque ella señaló con mucha fuerza que nuestra legislación y nuestra política pública no dan cuenta de lo que pasa con la mujer en general.
Represento mayoritariamente al mundo rural, donde la situación en esta materia es muy distinta a la que se vive en zonas urbanas, ya que allí, de entre las tres causales sobre las que trata este proyecto, hay una que ocurre en forma reiterada, y la normativa vigente no la considera como excepción a la penalización del aborto, lo que demuestra que el Estado de Chile no da a sus ciudadanas el trato digno que debe otorgarles ante circunstancias como esas.
No es posible que el 99 por ciento del mundo esté equivocado y que Chile, junto con un par de países más, estén en la razón. ¡No es posible!
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Nuevamente pido respeto a la gente que está en las tribunas.
Continúe, señor diputado.
El señor LETELIER.-
No es un argumento que se haya inventando en esta Corporación; lo han dicho otras colegas y otros colegas: Chile, al igual que El Salvador , Nicaragua , Malta , es de los pocos países que forman parte de ese reducido círculo del oscurantismo, o de la pureza, como lo quieran llamar, no obstante que hace 27 años -lo saben quienes están a favor y quienes están en contra sí nos regíamos por una normativa similar a la que hoy buscamos restablecer.
No quiero recurrir al expediente de otros colegas, como el de la esclavitud y otros; prefiero recurrir a la información que nos dio el constitucionalista Rodrigo Figueroa , quien nos asesoró en esta materia, puesto que considero que bien vale la pena tenerla presente. Él nos dijo que se debe hablar de personas - Nattino , Parada y Guerrero eran personas; personas pensantes, inteligentes-, y la Constitución no dispone que el ser humano sea persona desde el momento de la concepción o desde la fecundación.
Por ello, la consideración de que el ser humano es persona desde el momento de la concepción o fecundación se basa en una fundamentación más bien religiosa, que también se ha planteado acá. Se parte del supuesto de que el ser humano recién concebido debe ser valorado de igual manera que el ser humano, ya no…
Es importante entenderlo, señor Presidente. No puedo negar que somos cristianos, parte de una iglesia; pero eso no significa que debamos comulgar con todo lo que dice la Iglesia, porque si hay una institución que se ha equivocado permanentemente -lo dice el papa Francisco, lo dijo el papa Juan Pablo II y lo han dicho tantos otros es nuestra Iglesia católica. En consecuencia, no podemos dictar cátedra aquí.
Señor Presidente, ¿con qué calidad moral me puede usted plantear que la niña o que la mujer que ha sido violada, algo que sucede muy a menudo en el mundo rural, está obligada a tener ese bebé? Ya ese bastardo le causó daño a esa niña o a esa mujer, pero más encima a ella se le obliga a tener ese niño. ¿Con qué calidad moral se le obliga a eso? Mis vecinas y vecinos de la región en que está el distrito que represento me dicen que no hay ley, instituciones o personas que puedan obligarla a eso. Creo que es muy importante retornar a lo que Chile tuvo hasta 1989 sobre la materia.
Cité el tema de la ley de divorcio, porque estoy convencido de que esto es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Acaso vamos a seguir tolerando los miles y miles de abortos clandestinos que se realizan en nuestro país sin ningún control, y que no mencionan quienes rechazan el proyecto? Tampoco hablan de los miles de abortos que se realizan en las clínicas cuicas, donde esto resulta más fácil cuando se tiene dinero. Pero ¿qué pasa con las mujeres de escasos recursos, con la gente modesta de nuestra sociedad?
En consecuencia, debemos tener una normativa que regule esta situación. Estoy convencido de que este proyecto tendrá el mismo efecto que tuvo la ley de divorcio, que no los fomentó, sino más bien los reguló.
Algunos se han opuesto siempre por temor a la educación y a la cultura. No se olviden de que hasta hace poco tiempo, para muchos era un escándalo hablar de educación sexual. No obstante, la inmensa mayoría de las chilenas y de los chilenos nos han dado la razón, ya que estiman que es bueno que legislemos al respecto. La gente de mi región y las encuestas avalan que el 78 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con este proyecto de ley.
(Manifestaciones en las tribunas)
Reitero, lo mejor que nos puede ocurrir es que regulemos esto para que no quede al arbitrio de las clínicas clandestinas ni de quienes tienen más dinero, sino que nos hagamos responsable de la situación como entes del Estado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Recuerdo a todos los colegas y a todos los asistentes a las tribunas que los valores del respeto y de la tolerancia son fundamentales en este hemiciclo, por lo que debemos escucharnos los unos a los otros.
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, hoy no es el día histórico que prometimos en las pasadas elecciones, pero estamos dando un paso importante para cumplir con esa promesa.
Ha pasado un año legislativo, y recién ahora vamos a votar, en primer trámite constitucional, la despenalización del aborto por tres causales: peligro de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.
Han pasado veintisiete años desde 1989, casi tres décadas en las que los derechos a la vida, a la integridad psíquica y física de cientos de miles de mujeres chilenas han sido vulnerados por el Estado de Chile.
Honestamente, penalizar a una mujer por interrumpir su embarazo en caso de que peligre su vida, es obligarla a elegir entre cometer un delito o morir.
Penalizar a una mujer cuando aborta en caso de que el feto no tenga viabilidad, es castigarla dos veces, como si no fuese suficiente castigo vivir esa tragedia.
Cuántas veces nos hemos encontrado con casos de mujeres que, después de haber vivido la muerte de su hijo recién nacido, sufren por décadas trastornos psicológicos y un profundo trauma.
Penar el aborto en caso de violación es amenazar con cárcel a la víctima de un delito repugnante. Es claro que el feto, que en el futuro podría ser un niño o una niña recién nacido, es víctima, pero también lo es la mujer.
Estoy absolutamente convencida de que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres que viven en Chile; pero también estoy convencida de que con la aprobación de este proyecto estaremos corrigiendo la arbitrariedad y el abuso que hoy nos condenan injustamente.
El Estado de Chile transgrede a diario los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres, así como su derecho a la salud, a la libertad y a la autodeterminación, solo por una imposición religiosa y por una obligación ideológica establecida durante la dictadura, que hemos tolerado injustificadamente por veintisiete años.
Es una vergüenza que Chile sea uno de los seis países del mundo -los otros son El Salvador , Nicaragua , República Dominicana , Malta y el Estado católico del Vaticano que penaliza el aborto en toda circunstancia.
¿Cuántas veces tendremos que escuchar a los organismos internacionales de derechos humanos emplazar al Estado de Chile para que actualice sus arcaicas normas y despenalice el aborto, para entender que se trata de una deuda histórica en el reconocimiento de los derechos de las mujeres?
He escuchado muchos argumentos que apelan a la humanidad para oponerse al aborto; pero yo me pregunto de qué humanidad me hablan, si la sociedad ha obligado, ni siquiera a mujeres adultas, sino a niñas de 11 o 12 años, a adolescentes que están en pleno desarrollo físico y psicológico, a mantener un embarazo debido a una violación. Y lo que es peor, luego las abandonan a su propia suerte. En esos casos, ¿cómo pueden siquiera sostener el argumento de la defensa a la vida, si han decidido deliberadamente arruinar la vida a una niña en plena edad escolar?
Quizás lo que más lamento en este debate es escuchar a mujeres que agreden a otras.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
¡Silencio en la Sala! Quienes intervienen en el debate son los diputados y no debe existir interacción con los asistentes.
Por favor, pido silencio a los asistentes a tribunas para escuchar las intervenciones de los diputados.
Puede continuar, señorita diputada.
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Gracias, señor Presidente. Después pueden pifiar, pero espero que ahora me permitan hablar.
Para defender su voto en contra del proyecto en la Comisión de Salud, la diputada Turres dijo que hay “violaciones que son violentas y otras que no son violentas”.
Ella no imagina lo que duelen sus palabras a cada mujer que ha sido víctima de una violación. Y mi reclamo a su falsa e inaceptable justificación es por su falta de humanidad y empatía. La verdadera falta de humanidad proviene de argumentos fundamentalistas que no valoran realmente a las mujeres, que no las ven como seres humanos.
Obligar a las mujeres a mantener embarazos en contra de su voluntad es una tortura psicológica, pero en muchas ocasiones puede transformarse en una tortura física, como en el caso de peligro de vida de la madre.
Me parece inaceptable, intolerable, que parlamentarios definan cuestiones que son propias de las mujeres.
Ojalá nunca me suceda, pero si estuviera embarazada por haber sido violada, si estuviese en riesgo de muerte por mantener un embarazo o si supiera que mi hijo va a morir al momento de hacer, me parecería inaceptable que un parlamentario de esta Sala decidiera si debo o no debo ser penalizada.
Por lo demás, el aborto existe. Miles de mujeres abortan cada año en Chile. Las mujeres de bajos recursos lo hacen de manera clandestina, en pésimas condiciones de salubridad; sufren infecciones, heridas y muchas mueren en el proceso.
¿Hasta cuándo van a hacer la vista gorda de la realidad del pueblo chileno? Pero además no quieren aceptar que el aborto también es una realidad para las mujeres de altos recursos, que se los realizan en clínicas privadas, en otras condiciones de salud y en forma encubierta con el nombre de cualquier otro procedimiento médico.
Es un acto de justicia que todas las mujeres podamos recibir esta prestación de salud en las mejores condiciones, en lugar de que accedan a ella solo las mujeres que pueden pagarla.
A quienes se hacen llamar provida, les digo que no es verdad, porque, en realidad, no defienden la vida, sino que agreden a las mujeres, niñas y adultas. Ellos vulneran nuestros derechos humanos fundamentales, pues nos quieren imponer su religión y su forma de pensar, a pesar de que hace casi un siglo el Estado se separó de la Iglesia, y se supone que no hay una verdad revelada en esta materia.
Los estudios científicos dicen que la persona humana no se desarrolla inmediatamente en la gestación. Más allá de las opiniones científicas, para muchas mujeres el momento de la concepción y lo que se desarrolla al interior de nuestro útero todavía es parte de nuestra vida y no una vida aparte.
(Manifestaciones en las tribunas)
Por lo mismo, por ser parte de nuestra vida, cabe en el rango de nuestra autodeterminación sobre nuestra integridad física, psicológica y moral.
¡Basta de insultar a las mujeres! ¡Basta de agredirnos, de tratarnos como interdictas, de decir impunemente que somos asesinas y que prestamos el cuerpo! ¡Basta de no tratarnos como personas! Ya es hora de dejar de ver a las mujeres como máquinas reproductoras y comenzar a valorarnos en nuestra plena humanidad como personas libres y autodeterminadas.
Ojalá ninguna mujer deba sufrir alguna de las tres causales que hoy buscamos despenalizar. Pero si las llegase a sufrir, deseo que para ese entonces este proyecto ya sea ley de la república, porque es nuestro derecho lo que está en juego.
Estoy segura de que si los hombres parieran, el aborto sería libre hace mucho tiempo.
(Aplausos)
Quiero que todas las mujeres podamos ser felices. Algunas -como yo así lo decidí queremos ser madres; otras, tal vez no quieren, no pueden o, por sobrevivencia, no pueden serlo. Lo importante es que quienes elijan no serlo no sufran castigo penal ni social alguno.
Por eso, reitero, a los que dicen ser próvida, quiero decirles que en realidad no defienden la vida, sino que agreden a las mujeres.
Para terminar, quiero agradecer a todas las mujeres que han entregado su vida luchando por el reconocimiento de nuestros derechos, a las organizaciones que activamente han participado en este proyecto y en otros que promueven los derechos de las mujeres. Asimismo, mis felicitaciones a la compañera Claudia Pascual por la labor que ha realizado por y para todas las mujeres de Chile, pues hoy estamos dando otro paso en el reconocimiento de las mujeres como personas con derechos, en el respeto de su libertad, autodeterminación y propia conciencia que, como he dicho, no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra completa humanidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Quiero recordar que todas las personas que se encuentran en las tribunas fueron invitadas bajo la responsabilidad de parlamentarios con nombre y apellido.
Las reglas de funcionamiento en este hemiciclo son muy claras: respetar y escuchar en silencio a cada parlamentario.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, el Renacimiento y la Ilustración no fueron en vano. ¡No pudieron ser en vano!
Han sido muchos los hombres y las mujeres libres que dieron en el pasado una larga lucha -durante siglos para que la humanidad abrazara la libertad de conciencia. De esto es exactamente de lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara: del alcance de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y el Estado laico.
Miremos un poco la historia.
En 1487 se publica el libro Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas). En él, dos monjes dominicos proponen un manual para identificar, perseguir y torturar mujeres acusadas de herejía. Quinientas mil mujeres fueron acusadas de manera injusta y cruelmente asesinadas en toda Europa. Su único pecado fue tener un credo distinto a la religión oficial.
En épocas de intolerancia religiosa y de violencia todo aquel que se alejara de los dogmas debía pagar un alto costo. ¡Para ellos nuestro homenaje!
Recordemos al astrónomo y humanista italiano Giordano Bruno , quien, en 1600, fue llevado a la hoguera con una estaca en la boca para que no pronunciara palabra. Hoy, siglos después, solo una estatua lo recuerda en Campo de’ Fiori. Sin embargo, no ha recibido ni una palabra de perdón.
Los tiempos de oscuridad serían combatidos por las ideas humanistas.
En 1417, en un pequeño convento alemán, un cazador de libros italiano encontró después de siglos el texto Sobre la naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio, filósofo y poeta romano. En él se encuentran las bases del pensamiento moderno. Con ese redescubrimiento del libro de Tito Lucrecio se abrió un proceso que sería imparable: el Renacimiento.
Se iniciaba una larga lucha por el avance de las ideas tolerantes, de humanistas y de liberales.
Otro episodio histórico importante. Corría 1689 y el filósofo inglés John Locke publica durante su exilio en los Países Bajos su libro titulado Carta sobre la tolerancia. Se sientan las bases de lo que sería una causa liberal hasta hoy: el Estado laico. Lo mismo hizo John Stuart Mill , en 1859, con su ensayo Sobre la libertad, en donde defiende que sobre sus creencias y su conciencia el individuo no tiene que rendir cuentas al resto de la sociedad.
La humanidad debe mucho a pensadores como Rousseau, Voltaire o Immanuel Kant , que defendieron las ideas de la razón y echaron a andar un proceso aún inconcluso: la Ilustración. Dicho en sus propias palabras: “Ten el valor de servirte por tu propia razón”: he ahí el lema de la Ilustración.
En Chile también tenemos antecedentes de defensores de la libertad de pensamiento. Me refiero al liberal Francisco Bilbao y su libro La Contra Pastoral. En él, defiende tempranamente la urgencia de separar la Iglesia del Estado. Lo dijo décadas antes de que esto fuera posible.
También tenemos las convicciones laicas del Presidente Domingo Santa María . A él debemos, en gran medida, la libertad de culto en Chile. Santa María fue tenaz y para nada cobarde al momento de defender su paquete de leyes laicas: ley de cementerios laicos, de matrimonio civil y de registro civil.
Fue solo en 1925 cuando la nueva Constitución separa la Iglesia del Estado; pero la consagración legal del Estado laico no ha significado una consagración práctica. Tan solo desde hace diez años tenemos ley de divorcio en Chile y seguimos siendo parte de la triste lista de países en el mundo que tiene prohibición total en la interrupción del embarazo. En otras palabras, estamos fuera del consenso civilizatorio en materia de derechos reproductivos de las mujeres.
Hablo en nombre del Partido Liberal de Chile. Nuestra razón de estar en el Congreso Nacional es combatir los dogmatismos, la ignorancia y las tiranías; y es propio de una tiranía obligar a las mujeres a tener que realizar un sacrificio heroico, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Lo que está en juego aquí no es el aborto, sino la voluntad y las creencias de un grupo de conservadores que quieren imponerlas al resto de la sociedad. ¡Eso no lo podemos aceptar!
En homenaje a la larga lucha por la libertad de pensamiento, votaré a favor las tres causales.
¡Y sin embargo, se mueve!
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, saludo a mis estimados colegas y a todas las personas que nos acompañan en las tribunas, que creen y luchan por lo que les parece justo.
Empiezo mi intervención teniendo presente las imágenes de cuando estudié medicina y me correspondió cursar obstetricia y ginecología como alumno e interno. Recuerdo el drama de muchas mujeres que vivieron el rigor y las complicaciones de un aborto.
También pienso en mis abuelas, en mi madre, en mi hija y en mis nietas, porque tengo la convicción de que debemos analizar este proyecto de ley tratando de sentir lo mismo que una mujer cuando se ve enfrentada a la decisión de realizarse un aborto.
Desde hace años luchamos para que se reponga en el Código Sanitario el aborto terapéutico, que estuvo vigente hasta marzo de 1990.
Permítanme dar lectura a una intervención que realicé en esta Sala el 8 de agosto de 2001. En esa oportunidad dije: “…el lunes recién pasado (…) invitamos a los medios de comunicación a fin de dar a conocer nuestro apoyo, como partido, al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual representa la declaración internacional de sus derechos, instrumento adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Según los expertos este Protocolo es la carta magna en esta materia y ya lo han suscrito 168 países.
El Protocolo establece un comité internacional que sólo puede hacer recomendaciones y sugerencias generales a los Estados parte, pues éstos no tienen carácter vinculante.
Es así como dicho Comité elaboró un informe acerca de nuestro país en 1999, en el que expresa su preocupación por:
a) La inexistencia en Chile de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial.
b) La alta tasa de embarazos de adolescentes registrados en el país.
c) La inexistencia del reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer en Chile, en particular por la prohibición y penalización de todo tipo de aborto en nuestro país, por lo que recomienda legislar sobre el aborto por problemas médicos.
Al respecto, la ministra Delpiano señaló en la comisión técnica que durante el gobierno del Presidente Lagos no se promoverán iniciativas legales en relación con este tema.
Coincido con la ministra en que en este momento no existen las condiciones para abordar el tema en el Congreso.”.
Esto dio lugar para que en la primera página del diario “Las últimas Noticias” de ayer se dijera: “Polémico apoyo del Partido Radical a aborto terapéutico”.”. Hasta aquí la cita.
Por ese motivo y porque teníamos presente que durante el gobierno del Presidente Lagos no sería aprobado un proyecto de ley sobre el aborto, el 23 de enero de 2003, junto con las entonces diputadas Isabel Allende , Carmen Ibáñez , Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , y los entonces diputados Enrique Accorsi , Guido Girardi Lavín , Arturo Longton , Osvaldo Palma y Fulvio Rossi , presentamos un proyecto de ley (boletín N° 3197-11) para agregar al artículo 119 del Código Sanitario el siguiente inciso segundo: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos.”.
Me alegro de que hoy, después de quince años, discutamos en el Congreso Nacional un proyecto de ley que regule la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando exista inviabilidad fetal y en caso de una violación.
Lo importante es que sea una decisión voluntaria y que, si bien debemos pensar en la nueva vida, también debemos preocuparnos de la vida de la madre.
Felicito a quienes han trabajado en este importante proyecto de ley, aunque no se ha resaltado en la medida necesaria lo importante que será el acompañamiento con que contará la mujer cuando se enfrente a la disyuntiva de realizarse un aborto. Así nos preocuparemos de la salud mental de nuestras mujeres, quienes podrán tomar la mejor decisión. ¡Eso es lo más importante!
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, participé en el debate de este proyecto en la Comisión de Salud y fui testigo de que el Ejecutivo realizó un debate con verdades tapadas, a medias, sobre el real sentido de esta iniciativa, y es importante denunciarlo. Nunca quiso que sus invitados, que defendían una posición favorable al proyecto de ley, transparentaran su posición sobre el aborto libre.
Hubiera sido muy útil clarificar este punto y haber tenido la posibilidad de debatir si esta iniciativa significaba o no el primer paso hacia el aborto libre; sin embargo, no se dio la oportunidad en la comisión.
No hago una denuncia sin fundamento o vacía, pues tanto los invitados como los parlamentarios con una visión favorable al aborto libre no quisieron sostener ese debate, que habría sido lo más honesto intelectualmente, lo más sincero y lo más legítimo, porque es un hecho que en esta Cámara hay diputados que legítimamente tienen esa posición. Quienes nos oponemos a este proyecto de ley y, obviamente, al aborto libre habríamos tenido la oportunidad de realizar un mejor y más transparente debate, no solo desde el punto de vista de demostrar con evidencia lo que ocurre en otras partes del mundo -existe evidencia de que este ha sido el punto de partida para el aborto libre-, sino para contraponer las dos miradas: una, la favorable al proyecto de ley y, probablemente, también al aborto libre -basta con revisar el mensaje del proyecto y ver que se refiriere a la libertad de la mujer y sus derechos sexuales y reproductivos-, y la segunda, la nuestra, de oposición a este proyecto, está fundada en que lo considera un choque violento a la dignidad humana, lo que se hace muchísimo más patente al observar la evidencia conocida, que nos da la certeza de que en unos años más estaremos discutiendo proyectos de ley sobre el aborto libre.
El Ejecutivo optó por el camino de realizar un debate basado en tres causales, que, puestas en su dimensión dramática, particular y con miradas parciales, han encontrado -hay que decirlo y hacerse cargo también de eso apoyo en la ciudadanía. Basta con mirar las encuestas de los últimos meses para darse cuenta de que hay una mirada mayoritaria de respaldo a esas tres causales en particular, por la manera en que fueron expuestas, pero se ha tapado el debate de real sentido y de fondo del proyecto.
En la discusión llevada a cabo en la tramitación de esta iniciativa se mostraron las tres causales como si guardaran bastante sentido común, por ejemplo, la que establece la interrupción del embarazo por riesgo de vida la madre. ¿Cómo no va a parecer de sentido común dicha causal si es una práctica aceptada por todos los protocolos médicos? Evidentemente que lo parece; pero también se han puesto sobre la mesa situaciones bastantes rebuscadas o de laboratorio en el caso de los embarazos inviables.
Ahora, es obvio que la causal más dramática, cuando se pone en discusión, es la del embarazo como consecuencia de una violación.
Todo lo anterior hace evidente que esas causales hayan encontrado eco y respaldo ciudadano.
Es importante entrar a analizar cada una de las causales. Voy a empezar por la más evidente.
Los diputados que son médicos podrán ratificar que en Chile existen protocolos vigentes en nuestro sistema público y privado de salud que no prohíben la interrupción del embarazo en casos de riesgo de la madre. El principio de doble efecto está absolutamente contemplado. Tanto es así que la evidencia dice que no hay médicos condenados por interrumpir el embarazo en los casos en los que ha estado en riesgo la vida de la madre.
Por lo tanto, hay que denunciar la hipocresía fundada en este proyecto que establece esas tres causales, porque creo que esa es la actitud que más daño ha hecho a Chile en los últimos dos años.
Respecto de la causal de inviabilidad de la vida extrauterina, recibimos un sinnúmero de testimonios que demuestran que la certeza absoluta respecto de algo tan delicado como eso resulta imposible, más aún si alguien cree que los consultorios públicos, por ejemplo, de San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua o Pudahuel, contarán con los medios necesarios de diagnóstico, como ecógrafos, y con profesionales en medicina materno-fetal, que permitan tener certeza plena de que esa causal será bien aplicada cuando se produzca un embarazo que contemple un riesgo o inviabilidad extrauterina.
A mi juicio, la tercera causal es la más dramática. Me refiero a la que permite el aborto en los casos -y esto hay que decirlo con fuerza en que se somete a la mujer a una de las situaciones más aberrantes y a uno de los flagelos más crueles de los que puede ser objeto: la violación. Claramente, a esas mujeres el país les ha fallado, lo que también resulta dramático. La pregunta que debemos hacernos es cómo somos capaces de ayudar a que ese drama no solamente tenga un acompañamiento adecuado, sino que no se siga repitiendo.
El Estado ha fallado; pero esa no es razón ni argumento suficiente para violentar nuevamente, en este caso, a un niño que no se puede defender. Ese es el dilema: algo terrible, como es violentar la libertad de la mujer, versus la vida de un niño que viene completamente sano, que es una persona que debemos defender. Frente a eso, ¿qué posición debemos tomar? Desde mi visión, no se trata de convertir a esa mujer en mártir; pero tampoco debe ser compelida, puesta en una situación obligada y ser dejada sola, en desamparo con su hijo. Eso es justamente lo que denunciamos: que no existe un plan de acompañamiento razonable para esas mujeres, puesto que no tenemos una política adecuada de adopción, aspecto que tendría que haber sido parte fundamental de esta discusión.
Por eso, es demasiado importante poner sobre la mesa, y tratar de hacerlo con honestidad intelectual, la pregunta de si con este proyecto estamos dando o no el primer paso y subiendo el primer peldaño de una escalera que, en definitiva, nos conducirá al aborto libre. En lo personal, creo que sí lo estamos haciendo.
Lo planteo porque después de haber conversado con muchísimos diputados que están a favor del aborto libre, estimo que habría sido mejor haber tenido esa discusión. Es lamentable que el Ejecutivo no haya querido entrar en ese terreno, porque habría tenido que comenzar a explicar y a defender lo inexplicable, ya que es evidente que la libertad de las mujeres no puede ir en contra de la dignidad humana.
Quienes defendemos la vida no podemos hacer algo distinto a votar en contra este proyecto. No se puede votar de una manera distinta a lo que se piensa en esta materia.
Respeto la posición de quienes apoyarán este proyecto por estar a favor del aborto libre, pero repudio la decisión de quienes se dicen defensores de la vida, pero, al mismo tiempo, validan un atentado contra la dignidad humana en pro de una defensa de la libertad.
En esta materia, uno no puede hacer algo distinto de lo que piensa, razón por la que mi bancada y quien habla votarán en contra el proyecto.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Hay cinco diputados de la siguiente bancada que están inscritos para hacer uso de la palabra, pero ellos no se encuentran en la Sala.
Hago un llamado a los diputados que saben que les tocará intervenir, a fin de que estén presentes cuando les corresponda hacerlo.
Por la razón anterior, habrá que variar el orden de inscripción.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto de Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, quiero pedir que haga uso de sus facultades y suspenda la sesión por cinco minutos. No puede ser que este debate sea llevado a cabo con 29 diputados en la Sala.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se están tocando los timbres. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
El señor SAFFIRIO.-
Perdón, señor Presidente, tiene que suspender la sesión en este momento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Eso es facultad del Presidente. Diputada Fernández , tiene la palabra.
El señor SAFFIRIO.-
¡No, señor Presidente! ¡La materia que invoco está en el Reglamento!
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, pido la palabra sobre el Reglamento.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, no está dentro de sus facultades suspender o no suspender la sesión. ¡Tiene que suspenderla! Lo señala expresamente el Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El Reglamento señala que la suspensión debe ser pedida por dos jefes de Comités o determinarla el Presidente.
Diputada Fernández , tiene la palabra.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, el Reglamento de la Cámara señala, en forma expresa, que si el Presidente constata la falta de quorum para sesionar -cuarenta diputados- debe suspender la sesión y llamar por cinco minutos para que este se complete. De lo contrario, se deberán cerrar las puertas de la Sala y aplicar las multas correspondientes.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte pertinente del Reglamento de la Corporación.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, como Comité de la Democracia Cristiana pido que suspenda la sesión y que se aplique el Reglamento.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
El artículo 77 del Reglamento de la Corporación señala lo siguiente: “Si en el curso de una sesión falta número y esta circunstancia fuere observada por quien presida, o se reclamare por dos jefes de comités que representen a distintos partidos, se llamará a los diputados por cinco minutos y se procederá en lo demás conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. No se aplicará este procedimiento únicamente en el tiempo de Incidentes de las sesiones ordinarias.”.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario-
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Quiero recordar que estamos siguiendo estrictamente el orden de inscripción, de manera que solicito a los jefes de bancada que pidan a los diputados que están inscritos para hacer uso de la palabra que estén presentes en Sala; de lo contrario, perderán el derecho a usar de la palabra.
Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
La señorita FERNÁNDEZ (doña Maya) .-
Señor Presidente, estimados colegas: saludo a nuestras ministras presentes, a las organizaciones que nos acompañan, especialmente a las que promueven los derechos de las mujeres, y a las mujeres y los hombres presentes en este debate.
Cierto es que hemos demorado, pero igual creo que hoy estamos ante un momento histórico al restablecer una normativa que hace más de treinta años existía en nuestro país.
Recordemos que la interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica y por la ciudadanía; pero a fines de 1989, en dictadura, se estableció su prohibición en toda circunstancia, la que se encuentra vigente en la actualidad.
Con el debate del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas se pretende lograr un gran avance en materia de derechos de la mujer. Con ello estamos cumpliendo un compromiso con las mujeres de nuestro país, derrocando una discriminación hacia ellas y avanzando hacia un país más justo e inclusivo.
En una sociedad democrática debe existir el respeto al derecho de la mujer a decidir, especialmente cuando se ve enfrentada a situaciones tan complejas y dolorosas, como ocurre en el caso de las tres causales establecidas. En ese sentido, deben resguardarse sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y su derecho a la igualdad ante la ley, del mismo modo como deben respetarse sus derechos sexuales y reproductivos.
La mayoría de los países del mundo regula la interrupción del embarazo en las tres causales señaladas e incluye normas jurídicas que protegen a las mujeres.
Somos uno de los seis países que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo. Esto constituye un conservadurismo anómalo.
Chile tiene una sociedad que avanza. El Estado debe velar por el bien común de las personas, respetando sus derechos, y debe entregar las condiciones para protegerlas, con el fin de que una decisión como la que nos ocupa se tome en libertad, sin miedos ni imposiciones.
Sin embargo, con la ley vigente en esta materia, que sanciona, criminaliza e impone penas privativas de libertad a las mujeres que se realizan un aborto, no nos estamos haciendo cargo del problema.
Si a una mujer que se ve enfrentada a una difícil situación, de la cual no es responsable, le quitamos la libertad de decidir qué hacer y cómo enfrentar dicha situación, lo único que hacemos es dejarla desamparada. Al criminalizar a las mujeres en esos casos, Chile les da un trato indigno.
Es importante tener presente que el aborto es una realidad social que no ha desaparecido por la penalización; esta solo ha servido para invisibilizar y aislar a las mujeres que han decido interrumpir su embarazo. Miles de mujeres en Chile se someten a ese tipo de intervenciones en lugares clandestinos y con mínimas condiciones sanitarias, lo que pone en riesgo su vida y su salud.
Por ello, me parece indigno que ante esa difícil situación se sancione penalmente a la mujer que está sufriendo, pese a que el Estado no le entregó ni siquiera las condiciones mininas para su protección. Por el contrario, la castiga y encarcela. Me pregunto ¿dónde están los derechos de esas mujeres? ¿Dónde está la libertad? Con la actual ley no existen.
La introducción de esta nueva legislación reafirmará un derecho inalienable que tenemos todas las mujeres: el derecho a decidir.
El proyecto no impone una obligación a las mujeres. Por el contrario, les entrega una facultad, una opción; ello se traduce en la entrega de valores inherentes a todo ser humano, como son la libertad y la dignidad.
Esta iniciativa representa un gran avance. El hecho de que la mujer pueda tomar una decisión de forma libre, consciente y segura al momento de determinar si va a interrumpir su embarazo cuando sea producto de una violación, cuando exista inviabilidad fetal o cuando esté en riesgo su propia vida, constituye la restitución de un derecho básico.
Tenemos que mirar el mundo actual y el futuro, por lo que nuestras leyes deben ir evolucionando de la mano de los anhelos, sueños y demandas ciudadanas
Por lo expuesto, entrego mi total apoyo a este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, es una lástima que se haya debido suspender la sesión por algunos minutos para restablecer el quorum en la Sala, teniendo presente la importancia del proyecto que se está discutiendo hoy. En efecto, todavía está presente menos de la mitad del total de diputados.
Pero esa es una decisión de cada uno. Es la decisión de estar presente en la Sala o, a lo mejor, la de escuchar las intervenciones a través de la radio o la televisión. Reitero: es una decisión que toma cada uno.
Pero lo que ninguno de nosotros pudo decidir fue cuándo nacer, donde nacer, en qué familia nacer o en qué circunstancias ser concebido. Cualquiera de los que estamos aquí presentes podría haber sido concebido producto de una relación no consentida. Por tanto, les pregunto a mis colegas qué decisión habrían querido tomar respecto de esa situación. Reflexionemos sobre eso.
Se ha hablado de la experiencia en Europa. Les quiero contar que cuando en Europa se establecieron las tres causales mencionadas, el porcentaje de intervenciones para la eliminación de vida intrauterina se mantuvo en el mismo nivel que cuando después se autorizó el aborto libre. En muchas ocasiones se recurrió a dichas causales como excusa para proceder al aborto libre.
También se ha hablado de que existe un ente dominante y un ente dominado, en relación con el hombre y la mujer. Pero les pregunto ¿en qué situación está la criatura que está en el vientre materno? ¿Es dominante o es dominado? ¿A quién defendemos?
La anterior ministra de Salud habló de las “clínicas cuicas”. La verdad es que hasta hoy no se sabe cuáles son las “clínicas cuicas” que practican abortos a ciertas personas.
(Manifestaciones en la Sala)
Pido respeto a los presentes, precisamente por el hecho de que pueden expresarse; no como los niños que van a fallecer en el futuro y que nunca podrán expresarse. Les pido respeto, por favor.
En la Comisión de Salud se pidió que se citara a la exministra para que indicara cuáles eran aquellas “clínicas cuicas” en las que se realizaban abortos. En su momento se me indicó que esa citación se iba a hacer a futuro, pero nunca se realizó. Si la entonces ministra de Salud sabía cuáles eran las “clínicas cuicas” en las que se practicaban abortos, significa sencillamente que esas clínicas quedaron en absoluta impunidad porque no hubo voluntad para fiscalizarlas.
Se ha señalado que se pretende avanzar en materia de libertad de conciencia. Quiero probar que a través del proyecto se está vulnerando precisamente la libertad de conciencia, consagrada en nuestra Carta Fundamental y en tratados internacionales.
Por último, también se ha mencionado la creación de un programa de acompañamiento. Esta propuesta estaba contenida en un proyecto presentado a la Cámara por muchos parlamentarios de distintas corrientes, particularmente de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, antes de que se presentara la iniciativa del gobierno que hoy discutimos. Sin embargo, el gobierno no quiso darle la urgencia que correspondía y prefirió avanzar en su proyecto. Si bien es cierto que esa idea se recogió dentro de la iniciativa en discusión, digamos las cosas como son: no existen los recursos necesarios y suficientes para implementar un programa de acompañamiento real y sincero en esta materia.
Señor Presidente, desde ya manifiesto que haré reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, sobre la base de tres disposiciones de la Carta Fundamental: el número 1° del artículo 19, el número 6° del artículo 19 y el número 16° del artículo 19.
Voy a dar lectura al texto que se propone para la aprobación de la Cámara:
“Artículo 1°.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:
1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:
“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:
1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.”.
El proyecto original disponía que debía existir riesgo presente o futuro. Esa disposición se eliminó, pero se propuso que la norma estableciera que debía existir un riesgo vital inminente. La verdad es que esa propuesta no fue acogida. Por lo tanto, la situación sigue tal como estaba antes. La interrogante que surge es la siguiente: ¿Qué pasará en el caso de aquellas patologías psiquiátricas en las que se proyecte el riesgo eventual de un suicidio?
Bajo la forma de una indicación restrictiva, se esconde una fórmula amplia que puede ser utilizada fraudulentamente.
El número 2) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el número 1) del artículo 1° del proyecto dispone como segundo caso para la interrupción del embarazo que “El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.”.
Pues bien, se señala que para determinar aquello debe existir un informe médico, pero nada se señala sobre la posibilidad de que se utilice algún informe fraudulento o erróneo.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenté una indicación que pretendía corregir esa situación, por cuanto en nuestra legislación, y analizando la jurisprudencia y la legislación comparada, esta figura -la entrega de un informe falso por parte de un médico no será penalizada por la ley.
Quienes somos abogados sabemos que en materia penal no se sanciona por analogía; por lo tanto, si esa conducta no está expresamente tipificada y sancionada por ley, quedará impune.
Sin embargo, esa indicación fue declarada inadmisible en la comisión, pues se señaló que este proyecto era de despenalización y no de penalización.
Espero que quienes apoyaron esta situación no se lamenten mañana porque se están realizando intervenciones para interrumpir embarazos bajo la causal que no corresponde.
La tercera causal se establece en el número 3) del artículo 119, nuevo, del Código Sanitario, introducido por el artículo 1° del proyecto, que señala: “Es el resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente,…”.
Pues bien, ¿de quién es la responsabilidad absoluta de una violación? Sabemos que aquí hay una víctima, y hay que colocarse en su lugar. Por eso, en su momento presentamos una iniciativa para dar acompañamiento a la mujer embarazada y así abordar este tipo de aspectos.
Pero también existe otra víctima, cual es la criatura que está en el vientre materno. ¿Qué responsabilidad tiene esa persona? Coloquémonos en el lugar de esa criatura concebida en una relación no consentida. Estamos protegiendo el derecho a la vida, el cual se halla consagrado en la Constitución Política de la República, y que, además, se relaciona con tratados internacionales.
Hay que tener presente que el ejercicio de nuestra soberanía reconoce además los derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile.
En esta materia cabe mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que protegen la vida desde el momento de la concepción.
Para qué hablar de la abundante jurisprudencia y doctrina existentes en la materia, que, por supuesto, van en ese mismo sentido. Tanto nuestra legislación como la internacional establecen que la vida debe protegerse desde el momento mismo de la concepción, principio que también consagra el Código Civil, de 1855, redactado por Andrés Bello . Y qué decir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la propia Contraloría General de la República.
Estimados colegas: la vida humana empieza desde el momento mismo de la concepción.
(Aplausos)
Otro tema que quiero señalar se relaciona con la objeción de conciencia.
El artículo 119 ter, nuevo, que se incorpora al Código Sanitario mediante el artículo 1° del proyecto, señala que el médico cirujano que sea requerido para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia.
Señor Presidente, ¿qué pasará respecto de los demás profesionales que intervengan en la interrupción de un embarazo, como son los anestesiólogos, las enfermeras, las arsenaleras, los auxiliares y las matronas? ¿Acaso ellos no van a poder manifestar su objeción de conciencia?
(Aplausos en las tribunas)
El número 6° del artículo 19 de la Constitución Política garantiza la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, etcétera. Habla de lo mismo: la libertad de conciencia.
Además, el número 16° del citado artículo, el cual invoqué para hacer reserva de constitucionalidad, se refiere a la libertad de trabajo y su protección. Dicha norma dispone: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.
Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad…”.
Entonces, ¿acaso esta normativa, que no considera en la objeción de conciencia a los anestesiólogos, a las enfermeras, a las arsenaleras, a las auxiliares y a las matronas, no está vulnerando claramente la Constitución Política?
(Aplausos)
Aquí se les está diciendo a esos profesionales: “Si usted quiere mantener su objeción de conciencia, no puede trabajar acá.”. Así, a esos trabajadores se les está limitando su derecho al trabajo, y si alguno de ellos realiza la intervención, como lo obliga la ley, estará renunciando a su libertad de conciencia.
Por lo tanto, en este punto se está vulnerando el derecho al trabajo o se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia.
En este sentido, hago un llamado a todos los defensores de los trabajadores a analizar bien la norma propuesta, porque tenemos un Estado que permanentemente maltrata a sus propios trabajadores.
En la Corporación hemos celebrado sesiones especiales para manifestar que debemos solucionar la situación de los funcionarios a honorarios y a contrata. Sin embargo, hoy estamos creando una norma que dice a los trabajadores de la salud: “Señor, si usted cree en la vida y no en el aborto, no puede permanecer contratado aquí.”.
Insisto en que con esto se está limitando a dichas personas su derecho al trabajo. Es decir, si mañana un trabajador no participa en una intervención para interrumpir un embarazo, será sumariado y, por tanto, perderá su trabajo.
Por tanto, en este aspecto pido a los colegas hacer el análisis respectivo, porque una vez más esta Cámara se encuentra avalando una situación de maltrato del Estado de Chile hacia sus trabajadores.
Este proyecto, además de ser inconstitucional, atenta contra la vida y contra las libertades de trabajo y de conciencia.
Por consiguiente, reitero que formularé reserva de constitucionalidad sobre el citado punto y anuncio que votaré en contra la iniciativa en sus tres causales.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, desde los inicios de la humanidad el hombre ha tenido la tentación de matar a otros para solucionar problemas en situaciones extremas. Chile no ha estado ajeno a esta constante histórica.
Por siglos, la humanidad toleró la esclavitud, por considerar erradamente que los seres humanos de color eran objetos y no sujetos de derecho.
La pena de muerte, que aún subsiste en algunos Estados, fue abolida en nuestro derecho, porque, independientemente de la gravedad de un delito, el delincuente no pierde su dignidad.
Nosotros creemos que el fin no justifica los medios: nunca es lícito matar a un ser humano para conseguir un fin, por legítimo que este sea.
(Aplausos)
La dignidad del ser humano no puede ser supeditada o mediatizada a un fin. Este es el argumento fundante para oponerme al proyecto de ley en discusión, que pretende, finalmente, terminar con la vida de un ser humano en gestación en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, desconociendo la dignidad de aquel, dignidad que, en nuestro ordenamiento jurídico, se halla reconocida expresamente en la Constitución Política, que establece:
“Artículo 19. La Constitución asegura a todas la personas:
1° El derecho a la vida…”. “La ley protege la vida del que está por nacer.”.
Ello, también en virtud del artículo 5°, inciso segundo, de nuestra Constitución y del artículo 4, número 1, de la Convención Americana sobre Derechos Políticos y Ciudadanos, que dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.
Existen abundantes evidencias científicas que afirman que el no nacido es un ser humano desde la concepción o, para los más escépticos, desde un momento apenas posterior. Negarlo atenta contra el fundamento de los derechos humanos.
En nuestro ordenamiento jurídico, despenalizar el aborto no es necesario, pues existen disposiciones que eximen de responsabilidad penal a la mujer en situaciones extremas.
Este proyecto de ley no solo despenaliza el aborto, sino que lo legaliza y lo legitima como un derecho al cual el Estado se encuentra obligado. Prueba de ello es que el informe de Hacienda destina más de 1.600 millones de pesos, no precisamente para celebrar “El Día del Niño” a estas criaturas, sino para provocar y financiar un procedimiento para terminar con la vida de estos seres no nacidos.
Asimismo, la iniciativa declara la licitud del aborto en tres causales, para que la ley sea operativa, y establece el derecho de la mujer a recibir una prestación de salud.
En relación con la primera causal, peligro para la vida de la madre, no se establece plazo, por lo cual en cualquier etapa del embarazo se podría inducir deliberadamente un aborto.
Lo cierto es que esa situación ya está regulada por la práctica médica. Han querido hacernos creer que hoy, en situaciones de peligro para la vida de la madre, como un embarazo ectópico, los médicos no podrían actuar; pero lo cierto es que el Código de Ética Médica obliga al facultativo a actuar conforme lo que dispone la lex artis, y lo hacen habitualmente. La intervención consiste en realizar un procedimiento para procurar salvar la salud de la madre, aceptando como un efecto colateral, no deseado, la muerte del nonato.
Entonces, esa situación está regulada, por lo cual lo que realmente se busca a través der la primera causal del proyecto es regular un aborto directo, es decir, provocar directamente la muerte del no nacido.
La segunda causal es la de inviabilidad fetal, que tampoco tiene plazo, por lo que también se permitirá provocar el aborto en cualquier etapa del desarrollo del embrión. El caso más emblemático es la anencefalia. Aclaremos que no se trata de un ser vivo que no tiene cerebro, sino de uno cuyo cerebro no se desarrolló adecuadamente. Es un hijo enfermo, pero lo que propone el proyecto es terminar con su vida, desconociendo la dignidad que tiene por tratarse de un ser humano.
Nosotros proponemos que en esos casos dramáticos también haya acompañamiento. Por eso, esta mañana presentamos un proyecto de ley que crea una institucionalidad destinada a acompañar a la mujer y que no quede abandonada a su suerte en una situación tan dramática como la descrita. El propósito es que podamos acompañarla y asistirla médicamente, con prestaciones de médicos especialistas que le permitan enfrentar en mejores condiciones una situación como la mencionada.
Además, tenemos el problema de que en Chile solo hay 48 especialistas idóneos para diagnosticar la inviabilidad fetal, 39 de los cuales están en Santiago. Me pregunto si en Punta Arenas, en Arica, en San Carlos, en Cabrero, en Quirihue, en Cobquecura se podrán diagnosticar acertadamente los casos de inviabilidad fetal, aunque para mí resulta evidente que será imposible.
Asimismo, señor Presidente, la experiencia nos muestra que se han cometido muchos errores en este ámbito. Hemos conocido muchísimos testimonios, como el de Nevenka, quien llegó hasta acá con su hijo de once años y caminó por los pasillos del Congreso Nacional. Vino a entregarnos su testimonio de mujer valiente cuyo hijo fue diagnosticado como inviable por siete “especialistas”, no obstante lo cual está vivo.
Es cierto que ha sido objeto de varias operaciones que le han significado un gasto enorme a esa mujer heroica, quien vive gracias a su sueldo de profesora, pero ha logrado salir adelante con su hijo, que es sus ojos, el sentido de su vida.
Hemos conocido esos casos aquí, en el Congreso Nacional, por lo cual tenemos conciencia de lo precaria que es la capacidad que tenemos para detectar la inviabilidad fetal en nuestro país, lo que facilita la comisión de errores, y en este caso podrían ser errores fatales para miles y miles de chilenos.
Respecto de la causal de violación sí se establece plazo: si la víctima es menor de catorce años, dicho plazo será de hasta doce semanas, aunque sabemos que transcurrido ese tiempo la criatura ya está perfectamente desarrollada. No obstante, el proyecto pretende hacernos creer que tras doce semanas aún no hay un ser humano, por lo cual perfectamente se puede disponer de la vida de esa criatura.
Entendemos que una agresión sexual como la violación es un acto violento, deleznable, pero por esa misma razón sostenemos que los esfuerzos deben concentrarse en meter en la cárcel al violador, en condenarlo, no en condenar a muerte a una criatura que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ninguna culpa.
Por eso, y porque es una alternativa posible de llevar adelante en tanto se cuente con el financiamiento del Estado, proponemos el acompañamiento. Ello nos permitiría no dejar abandonada a la mujer violada, generalmente en su entorno familiar, o no llegar tarde en su ayuda.
Lamentablemente, este proyecto ni siquiera contemplaba la denuncia previa, ya que la plantea como una exigencia posterior a la praxis del aborto, de manera que en esta causal podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que habrá aborto libre. Porque, ¿qué pasará si el médico practica el aborto, después se hace la denuncia y el Ministerio Público o los tribunales llegan a la conclusión de que no hubo violación? En esa situación estaremos frente a casos de aborto realizados a sola solicitud de la madre.
Ahí debería haber acompañamiento y establecerse la posibilidad de la adopción anticipada, que es lo que hemos sugerido algunos diputados. Debemos crear un registro de familias, de parejas interesadas en acompañar en estos casos, una especie de lista de Schindler de familias dispuestas a hacerse cargo en situaciones tan dramáticas. Debemos establecer esa opción en nuestra ley de adopción.
Señor Presidente, el aborto no es una solución progresista a los problemas. ¡Qué más progresista que el respeto a la vida!
Nosotros, los democratacristianos, defendimos la vida durante la dictadura, así que también hoy la vamos a defender. Tenemos una sola línea en esta materia. Lamento que a una camarada como Soledad Alvear, que ha sido coherente en su vida, exparlamentarias que estuvieron en este hemiciclo y algunos camaradas -lo digo con mucho dolor la hayan denostado por haber defendido la vida con tanta consecuencia.
Solo le pido a Dios que el aborto no nos sea indiferente; este monstruo grande pisa fuerte. Termino mi intervención con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien, al recibir el Premio Nobel de la Paz, señaló que hoy el principal atentado contra la paz en el mundo es el aborto, porque permite generar una violencia injustificada en contra de un ser que no se puede defender y que no tiene voz, porque la han acallado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, no hay duda de que no es fácil tomar una postura ante el aborto y de que hay diversas posiciones respetables sobre la materia. Pero mientras hablaba el diputado Sabag , pensaba en lo fácil que es ponerse en una posición totalmente contraria al aborto cuando no se es mujer, cuando no se vive en carne propia el problema que dice relación con estas causales.
¡Por Dios que es fácil estar en contra de estas posiciones que permiten el aborto cuando se es hombre! Son mujeres las que viven el problema, así es que la voz de ellas es la más autorizada para pronunciarse al respecto.
Pero, más allá de todos estos razonamientos, lo cierto es que forzar a una persona, específicamente a una mujer, a llevar adelante un proceso dentro de su cuerpo, en contra de su voluntad, en los casos que señala el proyecto, es de una violencia inaceptable.
¿Pueden otros -me pregunto tomar una decisión por sobre la voluntad de la mujer respecto de los casos sobre los cuales estamos legislando? Ciertamente, no. Por lo menos, no los que estamos a favor del aborto a todo evento.
En los casos específicos que señala la iniciativa, además de los argumentos que estamos dando, debemos considerar también que estamos terminando -creo que hay que poner atención en esto con un reducto de dominación del hombre sobre la mujer, ya que por ley hemos decidido, durante mucho tiempo, lo que ellas pueden o no pueden hacer con su cuerpo.
Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989.
El texto que presenta hoy el Ejecutivo despenaliza el aborto solo en tres causales, no para cualquier situación:
La primera causal es cuando existe peligro para la vida de la mujer, de manera que con su consentimiento se le realicen tratamientos médicos para preservar su vida, aun cuando ello implique la interrupción del embarazo.
¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo se ha realizado la interrupción de un embarazo con sigilo, entre bambalinas? Eso ha ocurrido en Chile y en todo el mundo. En la Cámara solo estamos despenalizando algo para proteger a la mujer y su vida, lo que, en la práctica, se ha hecho muchas veces.
La segunda causal es la inviabilidad fetal de carácter letal. Es decir, si el embrión o feto padece de alteraciones estructurales congénitas o genéticas de carácter letal, ¿tenemos derecho a mantener a la mujer en un permanente duelo de llevar en su persona un embrión o un feto en esa situación?
En relación con esta causal, recordemos la situación que vivió la joven Karen Espíndola , quien, a los 23 años y con 12 semanas de gestación, fue informada de que el hijo que esperaba sufría de malformación cerebral incompatible con la vida. Según lo dicho por ella, el Estado no le dio alternativa alguna, lo que la llevó a una depresión terrible. Karen sufrió el trauma que le provocó la obligación de convertirse en madre en esas circunstancias.
¿Qué pasó con su hijo? Nació sin una parte de su cerebro y falleció a los dos años de edad. Ella señaló que el niño no se daba cuenta de nada, por lo que para ella no tuvo sentido todo el sufrimiento que padeció.
La tercera causal es la violación, caso en el que permitimos que la mujer que ha quedado embarazada debido a una violación, tenga el derecho a no continuar con ese embarazo.
No podemos sancionar a la mujer dos veces: debe sobrellevar las consecuencias de una violación y, además, se le penaliza en caso de que aborte. En el proyecto establecemos claramente que el aborto se puede realizar hasta las doce semanas de gestación, y hasta las catorce semanas en caso de ser menores de 14 años, porque las menores o tienen temor de hablar de embarazo en esta situación o no se percatan de él.
Una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales con respecto a la prohibición total del aborto, dice relación con los altos índices de mortalidad materna en América del Sur, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año debido a las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad. No podemos cegarnos ante esta realidad. En Chile fallecieron 54 mujeres en 2012 debido a abortos ilegales.
Chile es uno de los pocos países de América Latina y del mundo que prohíbe el aborto terapéutico. El proyecto despenaliza, pero no legaliza el aborto, y lo limita estrictamente a las tres causales mencionadas.
Los abortos no son solo un tema de salud pública, sino que reflejan las desigualdades sociales que existen hasta el día de hoy en una sociedad clasista, como la chilena, ya que las mujeres pobres deben acudir al sistema de salud pública, donde enfrentan con frecuencia tratos denigrantes y persecución legal, mientras que las hijas de estratos sociales adinerados acuden a clínicas privadas en forma discreta y sin correr riesgo penal alguno ni de salud. Eso no es justo, no es aceptable, y es lo que debemos reparar.
Hay una cosa clara: no resulta justificado que el Estado dirija el máximo reproche contra una persona que, dadas las circunstancias objetivas en que obró, no pudo razonablemente actuar de un modo diverso.
Mediante el proyecto de ley no estamos obligando a las mujeres a abortar; solo despenalizamos el aborto en las causales que se señalan y que son tan fundadas. Es la mujer la que, de acuerdo con sus principios, valores y concepciones religiosas, determinará cómo actuar, porque el Estado no puede coartar bajo sanción penal una decisión libre y tomada en conciencia por las mujeres.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las ministras y al ministro que nos acompañan.
Felicito y reconozco la valentía del gobierno para llevar adelante un debate complejo, que divide aguas en la propia coalición de gobierno, pero que considero necesario para avanzar hacia una sociedad más libre, en la que existan derechos más igualitarios entre hombres y mujeres. Este es un paso en esa dirección, y vale la pena su reconocimiento.
Cuando hace un año y medio empezó a agitarse el debate con respecto al aborto, recibí un correo electrónico de mi abuela, quien me hacía ver con mucha frustración y rabia que un debate de esta naturaleza sería decidido mayoritariamente por hombres.
También me recordó lo complejo que fue en el pasado derogar las leyes que permitían la esclavitud y las que prohibían el voto femenino, en momentos en que los parlamentos y gobiernos estaban liderados principalmente por hombres.
Desde su frustración, me hizo ver y me recordó la lucha histórica de las corrientes feministas que han conseguido derechos, sobre todo en el último siglo y medio.
Algunos cuestionan el hecho de otorgar carácter machista a la persecución penal de la interrupción del embarazo. Carlos Peña hace una buena analogía en una columna de hace un par de semanas. En ella señala que lo más parecido a la obligación que tiene una mujer víctima de una violación de continuar con su embarazo es el experimento mental de un científico de apellido Thomson, en el que se conecta, a la fuerza y sin su consentimiento, el riñón de un hombre que duerme a un enfermo hasta encontrar un donante que permita recibir un trasplante a este último. Agrega que la mujer violada y el hombre conectado estarían en la misma situación, ya que una vida extraña dependería de ellos.
La pregunta que cabe formularnos, y así lo plantea Peña , es si resulta correcto coaccionar a la mujer para que mantenga ese embarazo y soporte sus costes, o coaccionar a ese hombre para que no se desconecte al enfermo que profita de su riñón. A poco reflexionar, se advierte que esa coacción resulta excesiva. ¿Qué razón habría para justificarla? Para hacerlo, suele esgrimirse el derecho a la vida del nasciturus. El derecho a la vida, se dice, es sagrado y nada justifica amagarlo; pero se confunde el derecho a la vida de cada individuo, y esta es la parte esencial, con la obligación de todos los demás de sostenerla a cualquier coste.
Esa misma razón se esgrime en el proyecto de ley para establecer que no es razonable que el Estado emplee sus métodos coactivos para obligar a una mujer a mantener un embarazo en estas tres hipótesis.
Me gustaría hacer el punto político con respecto al eslogan de ser provida, porque aquí no solo se trata de estar hablando del momento del nacimiento, sino también de una construcción cultural frente a distintas palabras, frente a distintos hechos que muchas veces simplifican la vida, como sucede en este caso.
¿Qué proponen detrás del eslogan quienes se definen como provida? Debemos reconocer y poner en la historia del debate que quienes hoy se han calificado como provida, o la mayoría de quienes se promocionan como provida son quienes históricamente han impedido que en las escuelas públicas se enseñe explícitamente educación sexual.
(Aplausos)
Son quienes históricamente se opusieron a los métodos anticonceptivos; son quienes se opusieron, se movilizaron y, a través de sus alcaldes, han intentado impedir el acceso a la píldora del día después.
Por lo tanto, no me compro el que esta discusión se trate solo del aborto. Me parece que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo que es un tema más complejo que el aborto en estas causales.
En tono burlesco, el comediante estadounidense George Carlin , en su rutina Stand-up Comedy, señala que quienes defienden el eslogan provida, al parecer, por las otras políticas que defienden, lo hacen solo desde la concepción hasta el parto, porque después, con el modelo social y económico que ellos mismos impulsan, al parecer el eslogan no es provivir, sino más bien prosobrevivir, porque aplican el “rásquese con sus propias uñas” o el “sálvese quien pueda”. Entonces, antes del parto son provida; después del parto comienza la ley de la selva.
Es ahí cuando uno pide coherencia respecto de las políticas privatizadoras en salud o cuando se habla de que el TTP va a aumentar el precio de los medicamentos y habrá gente que no podrá acceder a ellos y va a morir. En esos casos, ¿dónde están los que se declaran provida?
(Aplausos)
Ahora bien, por intermedio del señor Presidente, quiero explicar al diputado Edwards que no soy un abortista. Primero, porque creo complicado practicarme uno y, segundo, porque, en la línea del proyecto, no obligo ni presiono a ninguna mujer para que aborte, sino para que elijan ellas mismas.
Señor Presidente, en nombre de mi abuela, de mi madre, de mis hermanas y de todas las mujeres que represento, más las que van a nacer, votaré a favor de las tres causales, para que ellas, en el caso de que así lo requieran, tomen su propia decisión sin miedo y sin culpa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Ward .
El señor WARD.-
Señor Presidente, votaré en contra de este proyecto de ley.
Estamos ante una discusión y votación histórica, que espero no sea tristemente histórica. Se trata de una iniciativa enviada por la Presidenta de la República que contempla tres causales para acceder a un aborto. Considera tres causales y no seis, nueve o doce, porque considera -lo que mayoritaria, pero no unánimemente creemos en esta Sala que el aborto es, finalmente, un acto antinatural e inhumano.
Por eso, no he escuchado en ningún discurso de quienes están a favor de esta iniciativa, defender el aborto libre. Nadie se ha atrevido a hacerlo, porque comprenden que se está intentando aprobar algo de forma excepcional, bajo el entendido de que el aborto libre considera un acto antinatural e inhumano.
El debate podría centrarse en qué hay dentro del vientre materno, como entiendo que sucedió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Algunos pueden considerar que lo que hay dentro del vientre materno es un conjunto de órganos y tejidos; si es así, la mujer puede hacer lo que quiera. Por el contrario, si consideran que lo que está dentro del vientre es una vida humana, como estoy convencido que así es, solamente hay un acto que como parlamentario podemos hacer si somos consecuentes: votar en contra el proyecto de ley.
Si uno considera que dentro del vientre materno, desde la concepción, hay una vida humana, debe defenderse siempre. ¡No hay otra opción! Por ello, obviamente, quienes están a favor del aborto libre y defienden este proyecto, no hacen una invocación a la defensa del aborto en todas sus causales, porque comprenden que lo que se aprobará es un acto excepcional, sin entender que hay una incongruencia, ya que, de aprobarse, se entiende que no se aprueba el aborto libre, porque se está atentando contra la vida humana, que es lo que está dentro del vientre materno.
Hace un par de horas escuche a un parlamentario de la Democracia Cristiana señalar que está dispuesto a defender el derecho a la vida, pero no cualquier vida. Ahí tenemos una diferencia, pues yo sí estoy dispuesto a defender cualquier vida que se encuentre en el vientre materno, incluso una que tenga alguna enfermedad. Ahí tenemos una diferencia, y eso lo vamos a defender siempre.
(Aplausos)
Esta decisión que vamos a tomar y concretar a través del voto nos va a acompañar como parlamentarios siempre.
Hago un llamado con mucho respeto y tranquilidad a quienes aún no están ciento por ciento decididos o dudan respecto de las causales que contempla este proyecto de ley. El resultado de esta votación nos va a acompañar siempre. No voy a hacer ninguna caricatura respecto de cuáles son las consecuencias que va a tener la decisión que tome cada uno de los diputados. Llamo a votar libremente, en conciencia, y a abstenerse o a votar en contra de las causales sobre las que no tienen un convencimiento pleno.
Hay parlamentarios que aún no tienen una opinión formada respecto de todas las causales. Si tienen alguna duda, repito, hago un llamado a la responsabilidad: a abstenerse o a votar en contra, pero no sumarse a un proyecto simplemente por cumplir con una promesa de campaña.
Durante la sesión de la mañana otro parlamentario de la Democracia Cristiana señaló que aquí estamos hablando de derechos humanos. Eso es cierto; pero la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. No se pueden establecer fronteras geográficas, como lo hace el Partido Comunista, que llama a respetarlos solamente cuando no están circunscritos a un sector donde ellos están dominando, o, en este caso, a fronteras físicas. Si se enarbola esa bandera, se deben asumir las consecuencias de ese acto, porque, de lo contrario, estaríamos enfrentados a un acto de inconsecuencia.
Reitero: la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras geográficas ni físicas.
Llevo diez años en el ejercicio parlamentario, y si me hacen elegir la votación más importante, sin duda, elijo la de este proyecto de ley. Estoy totalmente convencido de que quienes consideramos que lo que hay dentro del vientre materno es una vida humana, debemos votar en contra esta iniciativa.
Estoy a favor de los derechos de la mujer y, obviamente, nuestro deber principal es defender los derechos de la mujer que aún no ha nacido.
Considero que el aborto siempre es un delito y nunca un derecho. He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, no vamos a votar a favor del aborto libre. Nos pronunciaremos por tres excepciones que la experiencia y el conocimiento me han enseñado que deben despenalizarse. Me refiero al aborto terapéutico, con sus tres causales: la no viabilidad del feto, por encontrarse la madre en peligro y la violación.
No podría aceptar la muerte inminente de una mujer por tener que dar a luz. No sería justo traer al mundo a un ser descerebrado y no viable. Tampoco podría comprender cómo una mujer tendría que dar a luz a un hijo que es producto de una violación, que es un acto de violencia y brutalidad sexual contrario absolutamente a su voluntad y a su consentimiento. No podría comprender que ella tuviese que resistir el nacimiento o la existencia de ese ser producto de esa violación. Tener a ese hijo sería recordar durante toda su vida, por el solo hecho de verlo, ese negro capítulo, dado que ese hijo no ha sido producto de su amor. Ese hecho perseguirá eternamente a esa mujer. Se trataría de una vida verdaderamente traumática para ella. ¡Claro, a los demás no les importa, pero a ella, sí!
La mujer es dueña de sí misma, y en virtud del principio de la libertad personal debe decidir qué hacer.
Los legisladores dictamos la norma que las faculta, pero son ellas las que decidirán. No somos nosotros quienes debemos decirles lo que deben hacer. Les otorgamos el derecho de decidir. Es una decisión voluntaria en que la mujer puede o no hacerlo. No es imperativo. No se la obliga. Se otorga una facultad que es un derecho a decidir y no una imposición que debiera cumplir obligatoriamente. Son situaciones muy excepcionales, que no constituyen aborto libre, como aquí mañosamente se ha querido decir o se ha pretendido confundir.
Se trata de una situación que estaba resuelta, pero que, por una disposición arbitraria e inconsulta de un gobierno autoritario, quedó sin efecto. Entonces, ahora se trata de restablecer una norma que ya otorgaba ese derecho y que fue derogada arbitrariamente.
Quienes sostienen que estamos por el aborto libre, mienten; quienes consideran que atentamos contra la vida, mienten. No es así. Estamos en contra del aborto libre, el que debiera ser penado por la ley. Estoy por los derechos humanos de la mujer. Estoy con ellas, con las mujeres más vulnerables, social, económica y culturalmente.
Los tratados internacionales sobre de derechos humanos expresan que la denegación de la interrupción del embarazo, en estas circunstancias, puede constituir vulneración a derechos humanos. ¡Entonces, no estamos violando los derechos humanos! ¡Qué nos vienen a decir a nosotros si toda la vida hemos defendido los derechos humanos! Las tres condiciones que considera el proyecto tienen exigencias que me dan la tranquilidad y seguridad absoluta de saber que no se hará abuso de estas prácticas. La denuncia en la violación como condición, los plazos de esta denuncia y el plan de acompañamiento, además de otros requisitos, son suficientes para creer que no se utilizaría esta causal para ocultar un aborto libre.
Quienes rechazan la despenalización olvidan lo que ocurrió cuando se aprobó el divorcio. Hubo una actitud hipócrita: rechazaban el divorcio, pero aceptaban las nulidades matrimoniales por incompetencia del oficial civil; rechazaron la pastilla del día después, pero dejaban que las mismas se expendieran en el barrio alto.
Mientras discutimos el tema del aborto terapéutico, se estima que se practican más de 30.000 abortos al año en el país, que se realizan clandestinamente y que nadie denuncia.
¡Nada se dice de eso!
Votaré a favor de estas tres causales, porque el mundo se encuentra en un estado que tiende a cambiar los estereotipos y fórmulas tradicionales. Votaré por una realidad que sí es vida, porque la vida es todo, porque la vida es un entorno. Voto por la dignidad de las mujeres, como atributo inviolable, y por el deber de respeto y protección. La sociedad evoluciona; hay una realidad distinta y tenemos que adaptarnos a ella. Debemos colocar la ley en procura de los cambios y no la ley en contra de ellos.
Votaré a favor de las tres causales.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco .
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, saludo a los ministros y ministras presentes en la Sala y también a las mujeres que han aportado a este proyecto con su mirada, muchas de las cuales se encuentran en las tribunas.
Cuando fue presentado y se comenzó a discutir este proyecto, se configuraron dos alternativas: una, de los provida, que estaban por la vida, y dos, de quienes estábamos a favor de este proyecto, con una mirada más crítica y de apoyo y respeto al derecho de las mujeres a decidir, que éramos mirados como si estuviéramos a favor de la muerte.
Defender la vida no es exclusivo de unos o de otros sectores o de una mirada política o de un credo en particular. Soy creyente, cristiana y católica, y cuando se comenzó a discutir este proyecto nos preguntamos por qué despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y por qué las mujeres exigen decidir frente a casos tan dramáticos como la inviabilidad fetal, el peligro de la vida de la madre o la violación. Más allá de lo legal, el tema de fondo es el derecho de nosotras a decidir, de forma libre y voluntaria.
En el Código Sanitario de 1931 se contemplaba la posibilidad de practicar la interrupción del embarazo en casos específicos con fines terapéuticos. Sin embargo, una de las últimas leyes de amarre de la dictadura, que permanece hasta el día de hoy, fue aquella que prohibió absolutamente el aborto, medida que rompió y pasó por alto toda la labor realizada por diversos presidentes de la República, entre ellos Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende , que impulsaron políticas públicas de salud reproductiva de la mujer y de cuidado del recién nacido.
Chile posee la mayor cantidad de embarazos interrumpidos en Latinoamérica. Las cifras basadas en los registros de arrestos, muertes y egresos hospitalarios por dicha causa hablan de 40.000 -otros mencionan números mayores abortos clandestinos anuales.
Los hechos han demostrado que la criminalización absoluta de toda forma de interrupción del embarazo no ha impedido su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, lo que se traduce en la vulneración constante de nuestros derechos.
Los viejos y nuevos métodos de practicar abortos transgreden las condiciones básicas de la salud. Usualmente se acude a la introducción de alambres, de químicos, de óvulos y, actualmente, a la ingesta de pastillas que se compran por internet de forma clandestina, las cuales son una bomba hormonal para nuestros cuerpos. Con ello se demuestra que este es un asunto de salud pública, independientemente de la convicción moral de cada persona, y sobre este piso de salud pública debemos legislar.
El Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducir su vida, de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean de carácter religioso o no. Cada uno de nosotros tiene y puede aplicar el libre albedrío, que nos permite decidir sobre lo que consideramos bueno o malo. La decisión la tomamos nosotras, de manera que rescato el imperativo ético del proyecto, que en su contenido plantea el respeto por la dignidad y decisión de las mujeres.
El Estado debe tener políticas para todos, más allá de su credo, porque si legislamos como acto de fe, entonces la remisión no es a la norma, sino a la Biblia, y si revisamos esta, constataremos que el trato hacia las mujeres por parte de los patriarcas de la Iglesia no es ni ha sido el más digno para ellas.
Por esa razón, como soy creyente y creo en un ser superior que es inclusivo, respetuoso, que nos permite el libre albedrío y que no es castigador, votaré a favor de las tres causales.
Además, me quiero remitir a una entrevista publicada en el diario El Mostrador, de 6 de junio de 2014, que se le realizó a Mariano Puga , el cura obrero. Cuando le preguntan sobre el aborto, ¿qué dice Mariano Puga ? Él responde: “…los sectores que más se oponen al aborto (…) son los que menos se preocupan de cuando esa guagua nace…”.
Ojalá a esas mujeres el Estado les dé la posibilidad de ser acompañadas, aconsejadas y que se les ofrezca la oportunidad de no ir, a la primera, a la clínica clandestina a hacerse un aborto. Ese sería un cambio lindo de ver en nuestro Chile.
Por esa razón, reitero que soy cristiana, que soy católica y que apoyo el proyecto de ley en sus tres causales.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Señor Presidente, sin duda, este debe ser uno de los proyectos por los que uno encuentra sentido estar en la Cámara y de aquellos donde no hay cálculos políticos ni órdenes de partido ni compromisos de alinearse con un programa de gobierno.
Estamos frente a una discusión sobre convicciones, por lo que parto diciendo que respeto a quienes defienden el proyecto, pero manifiesto con fuerza que lo rechazo rotundamente.
(Aplausos en las tribunas)
Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han oscilado entre posturas antagónicas. Por desgracia, ese nivel de discrepancia surgió de la omisión de la primera y más compleja discusión: si el concebido es o no persona humana. Si no lo es, el proyecto debería ser aceptado, pues no hay conflicto, es decir, no hay un choque de derechos que deba resolverse mediante la legislación. Sin embargo, si consideramos que el concebido es una persona, la cuestión es radicalmente distinta, porque se deberán considerar los derechos constitucionales y todos los demás que, en tantos tratados internacionales y en la legislación nacional, se relacionan con la persona y protegen su vida.
La discusión y los argumentos se inclinan a afirmar que el concebido es persona. Para el exdiputado y abogado Gonzalo Ibáñez , quien está por nacer es la misma persona que efectivamente nace poco después, y el hecho de estar dentro o fuera del vientre materno no es, para estos efectos, más que una mera circunstancia de lugar. Además, sostiene que no se trata de un “proyecto” de persona, como han sostenido algunos. Para el señalado abogado, quien está por nacer es, por cierto, un proyecto, pero respecto de lo que vendrá después en su existencia, como un joven es un proyecto respecto del adulto que puede llegar a ser. En ambos casos se trata de personas en todo el sentido de la palabra, es decir, de individuos de la especie humana, como lo consagra el artículo 55 del Código Civil.
Es mi convicción que estamos no solo frente a un ser vivo, sino ante una persona humana que es titular del derecho a la vida. Por tanto, la discusión no se refiere a un tema de salud pública, ni a los derechos reproductivos sexuales, ni menos a que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo. La realidad es que, de aprobarse la iniciativa en debate, la futura legislación versará sobre las condiciones bajo las cuales se puede privar de la vida a una persona que está por nacer.
Tengo la convicción de que el proyecto debe ser rechazado, toda vez que afecta seriamente el más esencial de los derechos de quien está por nacer: la vida misma.
Señor Presidente, yo sí creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo; pero cuando una mujer está embarazada no se trata solo de su cuerpo, pues hay otra vida que está en juego y la debemos cuidar y proteger. Hay dos derechos: el de la mujer y el del niño que está por nacer. Nosotros somos la voz de las personas que nos eligieron, de los habitantes de nuestros distritos, pero además, en este proyecto, somos la voz de los que no tienen voz.
(Aplausos en la tribuna)
Hemos escuchado al gobierno y a parlamentarios oficialistas defender la libertad de las mujeres. ¿Libertad de qué? De escoger entre el aborto, el aborto o el aborto, porque no hay en nuestro sistema público un programa real de acompañamiento para las mujeres que tienen un embarazo no deseado, mucho menos una ley de adopción que funcione en Chile.
En ese escenario, me pregunto si una mujer contara con una buena ley de adopción y con un buen programa público de acompañamiento, ¿elegiría matar a su hijo o elegiría su sobrevivencia para que, por último, sea criado por otra familia?
(Manifestaciones en las tribunas)
Concuerdo en que puede ser inviable el acompañamiento en los términos en que existe hoy; pero si realmente queremos llegar a ser un país desarrollado debemos preocuparnos de aquellas mujeres que optan por la vida, y este proyecto no lo hace.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente, el proyecto obedece a la agenda ideológica de su coalición, a la convicción de la Nueva Mayoría, a la convicción de la izquierda de este país. Al igual que las demás iniciativas ideológicas, es un mal proyecto, pues es incompleto y tiene una mala puesta en marcha y un objetivo engañoso, porque la intención es abrir la puerta al aborto libre. Es un método que ha sido empleado en otros países y que busca generar cambios en la opinión de la población, por medio de la naturalización de abortos justificados; luego, se suprimen progresivamente las causales, quedando abiertas las puertas para el aborto a voluntad.
Anuncio mi voto en contra de un proyecto que no solo desconoce el derecho a la vida del concebido, sino que también le niega la calidad de persona y, además, ignora el sufrimiento de tantas madres que hoy están desamparadas, menospreciando el acompañamiento que necesitan y merecen.
El día en que deje el Congreso Nacional me iré tranquila, pues respeté mis principios, mis convicciones y no actué basada en cálculos políticos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, considero que la peor forma de parlamentar es pretender atribuirse la posición de responsable, de serio, de actuar por convicciones, sin cálculos políticos, en forma abierta y plural, transparente y democrática, pero negándole al otro esa condición por el solo hecho de pensar distinto.
(Manifestaciones en las tribunas)
La peor forma de parlamentar es pretender aquello. Más aún lo es plantear que se respeta al otro y, después, atribuirse una especial condición, sin verdaderamente desarrollar una línea argumental que justifique una posición legítima.
Claramente, como han expresado algunos parlamentarios, hay un contexto que no puede ser soslayado. Durante medio siglo existió en Chile el aborto terapéutico, con el respaldo, apoyo y aceptación transversal de la sociedad. Medio siglo de un mal llamado aborto terapéutico, porque, evidentemente, si está en riesgo la vida de la madre, la acción no constituye aborto.
Con lo anterior, por tanto, estoy refiriéndome a la primera causal.
Si el aborto terapéutico existió durante medio siglo en nuestro país, y en las postrimerías de la dictadura fue borrado sin que la materia fuera debatida por un parlamento, sin base legítima alguna, ¿qué empece hoy cuando se sostiene que la praxis médica valida el aborto terapéutico y, por lo tanto, no sería necesario legislar al respecto? ¿Cuál es el reproche ético a una práctica que la medicina valora en la actualidad y que la legislación valoró durante medio siglo?
Por lo tanto, no puede haber ni siquiera un conflicto de carácter ético, porque, en la colisión de vidas, evidentemente debe primar la vida de la madre, para que siga siendo esta, en el futuro, la que pueda atender a aquellos que nacieron de ella.
En consecuencia, para rechazar la primera causal no hay ninguna colisión ética que se pueda esbozar. ¡Ninguna! Cualquiera persona, incluso la que diga defender la vida, ante una encrucijada de este tipo defenderá y salvaguardará la vida de la madre. También lo hará cualquier médico, en cualquier parte.
¿Cómo se puede pretender rechazar esta causal? ¿Cuál es el argumento basal y fundamental para rechazarla? El argumento es que el tema está resuelto y que, por lo tanto, podemos permitir el reproche penal porque existe un texto legal que lo ampara. Pero se olvida que la legislación que rige la materia fue elaborada bajo dictadura, sin un parlamento que la debatiera.
(Aplausos en las tribunas)
¡Por ese solo hecho el Congreso Nacional debe pronunciarse! No podemos aceptar que la dictadura imponga dogmas. Además, si consideramos que la praxis médica resolvió el tema, no hay ningún problema en que ella se refrende mediante un texto legal, como aconteció durante medio siglo en Chile. ¡Medio siglo en Chile!
En relación con la segunda causal, quiero manifestar que en las discusiones generadas en la Comisión de Salud, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la cual me correspondió participar, e, incluso, fuera de competencia, en la Comisión de Hacienda -el tema en esta instancia correspondió exclusivamente al programa de acompañamiento y al respectivo presupuesto financiero-, la esencia de la argumentación en contra fue que los procedimientos, la tecnología, la especialidad médica podrían no ser los adecuados para garantizar que se certifique, en debida forma, la inviabilidad.
Por lo tanto, resuelto el problema de tecnología, de ciencia, de médicos adecuados -especialistas-, tampoco subsiste un reproche de carácter ético. Los argumentos son de procedimiento y no de otro tipo. Así se evidenció en cada una de las sesiones de las distintas comisiones.
(Manifestaciones en las tribunas)
Quienes no tienen argumentos lo único que dicen es “mentira, mentira, mentira”.
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Gritarán en las tribunas, pero la democracia se hace con el voto que se expresa en este espacio, en el Parlamento!
Respecto de la violación, con mi colega y amigo René Saffirio nos preguntamos cuán difícil es para un hombre aproximarse a percibir, sentir o entender lo traumático que ello puede ser para una mujer. ¡Cuán difícil! Algunos piensan que no pueden entenderlo. Otros legítimamente estiman que mediante una cercanía o un conocimiento de casos, a lo mejor se puede llegar entender lo que pasa en esa situación. Es difícil, por cierto. Más todavía respecto...
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, si me permitieran continuar mi intervención los energúmenos de las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Reitero el llamado a la responsabilidad de respetar a los diputados de todas las bancadas, que están haciendo sus mejores esfuerzos para argumentar respecto de este proyecto de ley.
Retoma el uso de la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, obviamente es difícil ponerse en esa situación. A lo mejor -insisto-, con el conocimiento de casos, con los relatos o viendo los sufrimientos, un hombre algo puede acercarse a entender el trauma o el drama que significa una violación. Porque nadie discutirá que una violación es una de las más horrorosas afectaciones que puede existir en una sociedad respecto de una mujer. Pero es más aberrante aún cuando se comete contra una niña de 10 o de 14 años de edad, porque para el agresor es más fácil ejercer la fuerza y la violencia contra ella. Hay más capacidad de dominación, de abuso y de menoscabo hacia esa pequeña persona en desarrollo, lo que provoca en ella una mayor afectación no solo biológica, sino también psicológica y espiritual.
A una niña en esa situación le es más difícil denunciar, porque -nadie puede discutir que es así cuando esos abusos y violaciones se producen en el entorno familiar, ese mismo entorno trata de ocultar la existencia de la violación e inhibe la posibilidad de denunciar, en razón de lo que significa la mal llamada autoridad paterna, del padrastro o de quien sea, por temor reverencial o de cualquier otro tipo. Mientras menos edad tenga la menor afectada, más se impide la denuncia, la investigación y la persecución penal.
La violación puede terminar con la posibilidad de desarrollo natural de una pequeña niña, la que, por lo mismo, verá truncadas todas sus posibilidades de llegar a ser mujer. ¡A esa menor ni siquiera podemos hablarle de la píldora del día después, porque le será negada en su conocimiento y existencia! ¡No se puede decir que esa píldora está para solucionar aquello! ¡Eso es falso aquí y en la quebrada del ají!
El proyecto no impone absolutamente nada. Simplemente elimina el reproche penal -suficiente reproche existe con el menoscabo que significa cargar con una violación y da la posibilidad de que la mujer decida -con lo difícil que es eso, por cierto entre continuar el embarazo y dar a luz, o interrumpirlo voluntariamente.
¿Por qué es muy importante esta nueva normativa? Porque estamos tratando de cubrir la vida sobre todo de quien engendra vida. Porque cuando decimos que queremos proteger la vida, no la entendemos en términos sesgados, sino partiendo por quien tiene la capacidad de generar vida, que por ser vida es más vida aún. Porque la persona que ya tiene vida es mucha más vida, y hay que darle la posibilidad, con acompañamiento y con la adecuada y suficiente orientación, de que pueda decidir qué hacer.
El programa de acompañamiento, que creímos sinceramente que se votaría a favor de manera transversal cuando lo propusimos los diputados de la Democracia Cristiana, terminó siendo cuestionado por su financiamiento -está consignado en las actas de las comisiones que trataron el proyecto y no por su sentido y espíritu. Se dijo que era muy poca la plata que se destinaría a su implementación. O sea, se cuestionó solo porque faltarían recursos, pero no porque el programa no sería necesario. El programa de acompañamiento lo diseñamos en ambos sentidos, pero también garantizando que no exista impunidad para el violador. Porque con la misma fuerza debemos generar la acción penal que permita perseguir a aquel que hoy se oculta, pues lo contrario puede posibilitar más abusos y, por tanto, más violaciones.
Hemos hecho una aportación para que en Chile exista la posibilidad de eliminar el reproche penal absurdo y torpe que existe, que constituye una segunda victimización para la mujer. Ese es el aporte de la Democracia Cristiana y de la Nueva Mayoría en este debate y a este proyecto. No puede haber doble victimización para la mujer. Hay que darle la posibilidad de tener alternativas, acompañamiento, atención médica hospitalaria y salud oportuna, para que enfrente los dramas que significa una violación.
Por ese hecho y porque el proyecto ingresado a tramitación ha sido perfeccionado con la voluntad del Ejecutivo y de este órgano colegislador, vamos a concurrir con nuestro voto favorable en las tres causales que se plantean.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido guardar silencio a los asistentes en las tribunas.
Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, pido que se elimine del acta de esta sesión la palabra “energúmenos”, proferida por el diputado Rincón hacia quienes se manifestaban en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.
El señor KAST (don José Antonio).-
Señor Presidente, podría usar esta intervención para repetir cientos de argumentos para oponerme al aborto, que muchas veces hemos usado hasta el cansancio con algunos colegas. Podría hablar sobre el aborto terapéutico, que es una invención antojadiza, ya que desde hace muchos años -usted lo sabe, señor Presidente, en su calidad de médico no se necesita poner al médico en la disyuntiva de salvar la vida de la madre o la del niño. Ya no es necesaria esa distinción. También podría referirme al drama de los embarazos por violación y a cómo el aborto genera una carga mucho más gravosa a la mujer que vivió esa situación. Podría hablar de aquellos pequeños seres que fueron desahuciados por médicos calificados -tan calificados como usted, señor Presidente, o como otros-, porque fueron decretados inviables o incompatibles con la sobrevivencia, pero que son testimonios de vida, aunque fuera por un instante o por largo tiempo. Los médicos no son infalibles.
De igual forma, podría hablar de mis convicciones religiosas para decir que el aborto es un delito que se quiere legalizar. Podría leerles la Biblia y predicarles sobre los dramas humanos y espirituales que ocurrirán una vez que la ley sea realidad. Pero no lo haré, pues nunca lo he hecho. Nunca he ocupado la religión para defender cosas racionales y de naturaleza humana. No lo haré porque, además, está claro que muchos de los diputados presentes no quieren oír argumentos. Lo único que quieren es hacer política. Incluso, algunos levantan encuestas y dicen que la sociedad dice tal o cual cosa. Nunca una encuesta podrá decidir entre la vida y la muerte de una persona.
(Aplausos)
Para muchos de los presentes el aborto es legítimo porque la mujer es dueña de su cuerpo, y como es dueña de su cuerpo, también es dueña de la vida del ser que está dentro de ella.
Por ahora, con ellos no hay mucho que podamos hacer porque no los vamos a convencer y porque son militantes de la causa proaborto. Incluso no hay mucho que hacer con aquellos que dicen que esto es voluntario y que aquí no se obliga a nadie. Esto se lo digo, por su intermedio, señor Presidente, al diputado Godoy , porque a él se le olvida que entre la ley y la madre hay una persona, una personita como esta que les estoy mostrando.
(El diputado señor José Antonio Kast exhibe la figura de un embrión humano de doce semanas de gestación)
(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)
Pero a algunos se les olvida el niño.
(Manifestaciones en las tribunas)
Se la muestro de nuevo, para que la vean. Tiene doce semanas de gestación.
(El diputado señor José Antonio Kast exhibe nuevamente la figura de un embrión humano de doce semanas de gestación)
Sin embargo, a mi juicio, el problema más grave es el de aquellos que dicen creer en la vida del que está por nacer; aquellos que dicen estar jugados por principios trascendentes, pero que hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. Hoy tenemos aquí dos ejemplos de ello bien notables: la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Sergio Ojeda . Ambos firmaron una declaración de 61 parlamentarios chilenos del Frente Parlamentario por la Vida. Dijeron que estaban convencidos y que se comprometían a: “2. Rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva,(…)”.
(Aplausos en las tribunas)
Eso es un doble estándar: decir una cosa, e incluso firmarla, y hacer otra distinta. Nadie los obligó a firmar.
(Manifestaciones en las tribunas)
Pero nuestro error puede haber sido intentar convencer a muchos con argumentos científicos, lógicos y legales de lo irresponsable que es esto. Algunos incluso nos creímos casi médicos, usando ejemplos razonables y de sentido común, pensando que los otros entenderían. No lo hicieron. Fue un error.
Quizá debimos haber actuado de manera distinta: más políticamente, no con argumentos técnicos, sino denunciando la incoherencia y el doble estándar de muchos diputados presentes hoy en la Sala, esos mismos que los fines de semana concurren a los templos evangélicos o a las iglesias católicas y que hoy dicen: “No me hablen de religión”. Pero ahí están todos pidiéndole el voto al pueblo evangélico, tratando de sacarse una foto con el sacerdote del pueblo.
Ahí están la incoherencia, la inconsecuencia.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido a las personas que se encuentran en las tribunas mantener silencio.
Puede continuar, su señoría.
El señor KAST (don José Antonio).-
Señor Presidente, muchos diputados han renunciado a sus convicciones solo por política, por poder, por las encuestas.
Diputado Rincón -lo señalo por intermedio del señor Presidente-, así como yo lo escuché, le pido que no distraiga a los ministros que están escuchando mi intervención. Después podrá hablar con ellos. Si quiere, se sienta y escucha atentamente. A lo mejor no le interesan los argumentos.
Si esos diputados no actuaron por política o por encuestas, entonces cómo se explica un pacto entre un partido que se declara cristiano y el Partido Comunista, que fomenta y promueve el aborto.
(Manifestaciones en las tribunas)
No se entiende.
Por su intermedio, señor Presidente, le señalo al diputado Farías que estoy hablando de la Democracia Cristiana, no del PPD.
¿Cómo se entiende que los diputados que dicen defender la vida sigan respaldando a un gobierno que promueve y fomenta el aborto? No se entiende: respaldan a un gobierno que promueve y fomenta el aborto, y al mismo tiempo dicen que van a defender la vida.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido a los asistentes en las tribunas mantener el silencio necesario para escuchar a los señores diputados, quienes están haciendo uso de su derecho a argumentar.
Las intervenciones son muy interesantes; por tanto, insisto en que se requiere silencio para escucharlas.
Puede continuar, su señoría.
El señor KAST (don José Antonio).-
En el caso del aborto, solo una maquinación política es capaz de crear esta ilusión: que se trata de un tema que quedará circunscrito a casos excepcionales.
Aquí la verdad es otra. Lo que quieren es abrir la puerta al aborto libre. Únicamente una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que, por tanto, tiene derecho a decidir sobre la vida del niño que está en su vientre.
Llegó la hora de hacer más política y de dejar en evidencia en cada foro, en cada debate, en cada red social la inconsecuencia y el doble estándar que han exhibido algunos diputados hoy en esta Sala.
Hoy es un momento crucial: se firma la sentencia de muerte, la ejecución de millones de chilenos hacia el futuro. ¡Sí! Están firmando esa sentencia de muerte por cualquiera de las tres causales.
Ahora hay que interpelar a la conciencia de cada diputado que votará este proyecto, porque de su votación personal, no colectiva, esto es, del partido o del conglomerado político que integre, dependerá el futuro de millones de personas.
A algunos no les va a interesar lo que diré a continuación, porque no tienen fe, pero sí a los que la tienen: en algún momento tendrán que responderle al dueño de la vida.
(Aplausos en las tribunas)
Invito a todos los diputados que se encuentran en la Sala y a quienes están en las tribunas a mirar a sus propios hijos y a analizar qué sería de ustedes si los hubieran abortado.
La respuesta a los supuestos casos excepcionales que se dice que se están legislando no debe ser facilitar el camino al aborto libre, sino proteger, ayudar y fortalecer a la mujer que ha sido víctima de una violación; colaborar, ayudar y afirmar a las familias que, quizás por problemas económicos, deciden abortar, cuando el médico las lleva a eso por la inviabilidad fetal.
Si el aborto gana hoy, será un fracaso. ¡Sí! Pero además de un fracaso, será una posibilidad, una oportunidad para que cada uno de nosotros salga a enfrentarlos, a decirles lo que están haciendo.
Por último, quiero señalar que, a pesar de los gritos y de la intolerancia, siempre vamos a defender el derecho más importante del ser humano: el derecho a la vida.
Por eso, voto no.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, sin duda, este proyecto tiene a toda la ciudadanía expectante. Lo constatamos al ver la efervescencia en las tribunas, ya sea porque sus asistentes están en contra o a favor de la iniciativa. No obstante, cabe precisar que, según diversas encuestas realizadas, más del 70 por ciento de los ciudadanos están a favor de despenalizar la interrupción del embarazo.
(Manifestaciones en las tribunas)
Hoy, después de veintiséis años de la vuelta a la democracia, el Estado se hace cargo de regular esta materia y de las experiencias críticas que sufren muchas mujeres en aquellas situaciones en que debe interrumpirse su embarazo: cuando peligra su vida o cuando el embarazo es producto de una violación.
Acá partimos de la base de que la vida de toda persona, considerada en su más amplia dimensión, comprende no solo la condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la construyen. Por ello, nuestro Estado debe encontrar un punto de equilibrio frente a mandatos como estos que pueden afectar la vida y la salud de las personas.
Chile es uno de los cinco países en el mundo que penalizan la interrupción del embarazo en todas sus modalidades, junto con Ciudad del Vaticano, Nicaragua , El Salvador y Malta . Eso nos debería hacer pensar.
Actualmente, la interrupción del embarazo está prohibida en nuestro país, y no admite excepción alguna. Esto se traduce en que el Estado no responde al trato digno que debe otorgar a las mujeres. No, señores. No lo hace.
Tampoco podemos pretender taparnos los ojos ante la realidad: en Chile se realizan abortos diariamente. Al respecto, este proyecto de ley busca que ellos se practiquen de manera segura y en igualdad de condiciones para todas las mujeres de nuestro país, independientemente de dónde viven o de su nivel socioeconómico.
(Aplausos en las tribunas)
La prohibición no ha impedido ni impedirá su práctica.
El aborto sucede en nuestro país, dentro de familias que pueden pagarlo, en Chile o fuera de nuestras fronteras; pero también en caso de niñas que requieren aborto terapéutico, mujeres que no han tenido acceso a estrategias de planificación familiar, mujeres que no han tenido acceso a la píldora del día después. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se realiza en condiciones que ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres, lo que se traduce en la vulneración de sus derechos. Así de simple y claro.
Tal como dijo Helia Molina cuando era ministra de Salud, en las clínicas del barrio alto se practica el aborto, así es que tenemos un problema social del cual no tenemos cómo hacernos cargo como Estado.
Una sociedad que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgullosa ni satisfecha de amenazar con cárcel a aquellas mujeres que se encuentran ante esa disyuntiva. No, señores. No podemos seguir permitiendo esta situación. Nuestro Estado es laico y reconoce el derecho que asiste a cada persona para conducirse en su vida.
Finalmente, hago un llamado a quienes se oponen a esta legislación para que cuiden el lenguaje y analicen con objetividad y realismo las distintas situaciones. Las mujeres no se hacen abortos por diversión. Una mujer que ha sido violada no opta por la interrupción del embarazo porque es más fácil, sino porque tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre los hijos o hijas que quiere tener, sobre todo considerando la situación traumática por la que atravesó. De manera que quienes se oponen se sienten con el derecho de castigar doblemente a esa mujer.
Es lamentable que recién este año, 2016, estemos legislando sobre esta materia; pero afortunadamente nuestro país está tomando conciencia de la necesidad de avanzar en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres. La equidad de género ya no es un tema atípico, pues se ha tomado el debate público, y este gobierno, nuestro gobierno, ha avanzado de manera importante en ese ámbito. Sin ir más lejos, el año pasado aprobamos la creación del Ministerio de la Mujer, y esperamos seguir avanzando en más y mejores derechos.
Voy a referirme, aunque sea un poco, a lo que dijo el diputado Edwards en su intervención. Él mencionó una larga lista de quienes pueden ser considerados seres humanos; pero debo decirle que el listado que mencionó está completamente equivocado, porque, como recordará el señor diputado, uno de sus mentores, José Toribio Merino , dijo que había dos tipos de seres humanos: unos a los que llamó humanos y otros a los que calificó de humanoides, y agregó que los humanoides son los que pertenecen al Partido Comunista. Lo dijo en 1986.
Ese es el concepto que los mentores de quienes hoy se oponen al aborto terapéutico tienen de los seres humanos: una definición ideológica; una definición baja, burda, absurda.
Muchos de los argumentos que estamos escuchando nos llevan a preguntarnos en qué estaban estos colegas. ¡En qué estaban cuándo, querido colega Kast -por su intermedio, señor Presidente-, murieron los 77 detenidos desaparecidos de Paine! ¡Dónde estaban los defensores de la vida en ese momento! ¡En qué están hoy aquellos que dicen defender la vida a toda costa cuando allá, en Paine, los asesinos se andan paseando! ¡En qué están hoy día! ¡En qué están aquellos que dicen que defendieron la vida y no se han puesto los pantalones y las faldas para luchar de verdad por que los asesinos de aquellos desaparecidos, torturados y asesinados estén efectivamente cumpliendo condenas!
Por eso, señor Presidente, le digo que no tiene mucho sentido escuchar a aquellos que en este debate se declaran partidarios de la vida, por los antecedentes que tienen. No hay argumentos de fondo, no hay argumentos consistentes que nos inviten a reflexionar o a cuestionarnos nuestras posiciones.
Además se quiere instalar una gran mentira: que en Chile se está instaurando el aborto. No es verdad; ninguna mujer será obligada a abortar ¡Ninguna mujer! Será voluntario. La mujer decidirá, tomará la decisión.
Si un médico le dice que estará en riesgo de morir si sigue con su embarazo, la mujer tomará la decisión de continuar o no con ese embarazo. Ella tomará la decisión de continuar su embarazo o no si le dicen que el niño que lleva en su vientre no tendrá posibilidades de desarrollarse una vez que nazca. Ella tomará la decisión de seguir o no con ese embarazo. ¡Es mentira que se vaya a imponer el aborto o la interrupción del embarazo! Cada mujer tendrá el derecho y el deber de expresar lo que piensa, lo que siente, lo que cree.
Ese es el respeto que vamos a devolver a las mujeres, del cual emanan los derechos que se le han quitado.
En consecuencia, vamos a votar a favor este proyecto, porque consideramos que está bien inspirado, que no obliga absolutamente a nadie y no instala el aborto, sino la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, nada más.
He dicho.
-Aplausos.
El señor KAST (don José Antonio).-
Fue diputado por Paine y nunca dijo nada allá. Farías, fuiste diputado por Paine y nunca dijiste nada, cobarde.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Pido orden en la Sala.
Diputado José Antonio Kast , sé que usted puede estar a la altura de este debate. Mantengamos la calma.
¡Silencio en las tribunas!
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, hoy nos reunimos para continuar el análisis de este lamentable proyecto.
En aras de ciertos derechos, y no obstante que la Constitución reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción y que la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo consigna de la misma manera, seguimos avanzando en esta lamentable iniciativa.
La primera causal se refiere a la interrupción del embarazo en caso de que la madre corra peligro de muerte; sin embargo, hoy existen protocolos médicos que se hacen cargo del principio de doble efecto, esto es, de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias para salvar la vida de la madre y que como una consecuencia no querida de ello, sino inevitable, se produzca la muerte del producto de la concepción. Tanto es así, que en todos los protocolos médicos y guías clínicas que se han elaborado para enfrentar los diversos problemas que se producen en estos casos, ya está considerado ese supuesto.
Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de legislar sobre la primera causal.
Por eso, uno llega a la convicción de que lo único que se pretende con este proyecto es avanzar a paso firme para que en Chile tengamos aborto libre, y de que las causales son un mero pretexto, un paso previo en el camino de establecer el aborto libre.
La segunda causal trata de la inviabilidad fetal; pero es bien sabido que en esta materia se producen errores. Ese hecho, y el daño que se puede producir en el ser que está en gestación, hablan por sí solos, por lo cual no admite lógica seguir avanzando en el aborto para esos casos.
Por otra parte, aduciendo la violación como fundamento de la tercera causal e invocando casos críticos, de alguna manera nos vamos a alzar en jueces que deciden quién vive y quién no. Son seres humanos sanos que vienen en gestación y que, literalmente, serán asesinados, señor Presidente, y lo digo con todas sus letras.
Me provoca rabia, a veces, el que parlamentarios que afirmaron estar por la vida, y firmaron el respectivo documento, hoy defiendan con firmeza el aborto. Me refiero, por ejemplo, al caso del diputado Ojeda . Es impresionante su alocución de hoy frente a un testimonio que tiene su firma, pero que hoy traiciona. La política está desprestigiada porque los políticos firman y dicen una cosa, pero después hacen otra. Hay que desenmascararlos.
Valoro profundamente a los diputados de la Democracia Cristiana que están por la vida y van a votar en contra al menos en dos causales. Sin embargo, también me molesta que muchos de los que cacarean por la prensa su oposición al proyecto, a la hora de los quiubos lo votan a favor. En el campo, desde donde provengo, se les llama “gallinas que puro cacarean” y “gallinas cluecas”, porque no ponen huevos.
Estoy en contra de las tres causales, porque firmé mi compromiso por la vida y porque estoy por respetar la Constitución y mi palabra dicha en un debate que se realizó en la televisión antes de ser elegido diputado, oportunidad en la cual señalé que siempre iba a votar en contra de cualquier causal de aborto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, ha pasado más de un año desde que ingresó este proyecto de ley al Congreso Nacional, en medio de una tremenda campaña mediática y política.
Tras leerlo y revisarlo con distintos especialistas, se termina concluyendo, al menos para mi gusto, que estamos frente a una propuesta engañosa. Lo digo sin ninguna carga moralista, religiosa ni ideológica, porque ni siquiera da para eso.
La primera causal, el peligro de la vida de la mujer embarazada, es una situación en la que no cabe oposición, porque resulta lógico dar prioridad a la vida de la madre. El Código Penal es claro al señalar que no existe penalización en ese caso. Así lo ha ratificado explícitamente el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. No es delito; por el contrario, es obligación del médico salvar la vida de la madre, aun si ello produce la muerte indirecta del niño.
¿Qué sentido tiene, entonces, despenalizar algo que se hace en la actualidad? La respuesta es obvia: si hoy se busca legalizar algo que ya se hace, es porque se quiere extender esa causal para algo que no está autorizado.
En el segundo caso del referido artículo, en que el embrión o feto padezca una alteración estructural, creo que el concepto de la autonomía de la mujer, como se ha venido planteando, no sirve para fundamentar el aborto, ya que no considero posible basar en el concepto liberalista que plantea la autonomía de la mujer decidir si el feto puede o no vivir, pues el feto no es la mujer; es otra persona, es una vida distinta de ella.
De ahí que considero fundamental que la ley señale claramente que se disponga de médicos especialistas para hacer ese diagnóstico; pero nos encontramos con la crudeza de las cifras, porque para realizar un diagnóstico confiable para ese tipo de situaciones solo hay 49 especialistas en Chile, de los cuales 39 están en Santiago. Y recordemos que Santiago no es Chile.
Asimismo, recordemos que hay muchos casos de mujeres que tienen hijos vivos que fueron diagnosticados erradamente como niños inviables.
En estos casos la ley debiera regular programas de acompañamiento reales y profesionales, ya que también conozco casos en que, con un buen acompañamiento, las madres decidieron llevar a término el embarazo y con grandes sorpresas de viabilidad absoluta del recién nacido.
Por lo tanto, así como está redactado el proyecto, el Ejecutivo nos está invitando a jugar a la ruleta rusa con la vida del niño que está por nacer. O sea, puede que le achuntemos como puede que no; eso queda a la suerte de la olla.
Entonces, si tanto en la línea de la argumentación como en la factibilidad diagnóstica y clínica estamos bien lejos de tener las herramientas para garantizar la inviabilidad del feto como causa para practicar un aborto, no voy a estar disponible para aprobar esta norma hasta que esas garantías existan.
Luego, en el caso número tres, si el embarazo es el resultado de una violación, no me parece lógico que bajo el argumento de evitar presiones psicológicas a una adolescente, no se exija como prerrequisito que se haya iniciado un procedimiento penal, porque, en primer lugar, existe el deber de denunciar para no dejar impune al violador y, en segundo término, porque si no hay denuncia, empezamos a prestarnos para el engaño, para el abuso y para la trampa. Como reza el dicho: “En Chile, hecha la norma, hecha la trampa.
Reitero, para ese caso debiera existir al menos un proceso penal iniciado. De lo contrario, la cosa derechamente es una “chacra”, se presta para abusos, para la mentira institucionalizada, para justificar el aborto a todo evento.
Exijo esto porque además les estaríamos dando pie a delincuentes para quedar impunes en situaciones que, a mi juicio, son del todo condenables.
Recordemos que en el caso de violación de una menor de edad, la acción penal es pública, por lo que no hay problema en exigir que se encuentre ya iniciado el procedimiento penal. En el caso de la mujer adulta, en que la acción penal es mixta, no veo la razón por la que esa mujer no quiera perseguir a su victimario.
Eso ayudaría a la persecución penal para casos de violación y para la identificación del victimario, de manera que hechos tan traumáticos como estos no se vuelvan a repetir, incentivaría la denuncia temprana y activaría a tiempo métodos de anticoncepción más inmediatos, menos invasivos y menos perturbadores, los que están ya disponibles, como la píldora del día después, que se puede usar en los casos en que aún es efectiva.
Por las razones expuestas y porque defiendo el derecho a la vida, votaré en contra de las tres causales del proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señor Presidente, el diputado José Antonio Kast señaló que hoy comienza a aplicarse la sentencia de muerte y la ejecución de muchos.
¡Por favor, con qué cara lo dice si no alzaron la voz de la misma manera para defender la vida durante la dictadura!
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, al fin estamos abordando la discusión de un tema tantas veces postergado y tan anhelado por miles de mujeres a lo largo de nuestro país, lo que resulta incomprensible, considerando que Chile es un país en democracia y que se moderniza en materia de derechos humanos, lo que no se condice con la actual legislación tan restrictiva en esa materia, la que penaliza el aborto en toda circunstancia.
No es posible que en estos tiempos impongamos la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente por estas tres causales, tomando en consideración la gravedad de cada una de ellas, lo que obliga a nuestras mujeres a tener un comportamiento heroico, que a nadie más se le obliga a tener, y se las castiga por hechos que escapan de su voluntad y decisión.
Por lo tanto, como parlamentarios, tenemos la obligación de proteger la vida y salud de las mujeres y niñas, el respeto a su dignidad y a sus decisiones.
Esto no tiene que ver en ningún caso con posturas moralistas. Se trata de defender los derechos de las mujeres, especialmente los de las más vulnerables, quienes, por falta de recursos, se ven obligadas a continuar un embarazo inviable o expuestas a poner en riesgo su salud o vida, o a llevar a término un embarazo que es consecuencia de algo tan terrible como la violación.
Como señalé, esto resulta incomprensible e inaceptable, porque estamos siendo cómplices de procedimientos clandestinos y riesgosos para la salud y la vida de muchas mujeres, por lo que resulta impostergable legislar sobre el particular.
Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que cada año mueren al menos 47.000 mujeres en el mundo debido a procedimientos abortivos peligrosos. En el caso de Chile, el Ministerio de Salud señala que el 17 por ciento de las muertes maternas se produce por interrupciones del embarazo de manera clandestina.
Además, quiero destacar los siguientes puntos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se reitera a los invitados en las tribunas que respeten el derecho que tiene cada parlamentario de argumentar en este proyecto de ley tan importante.
Diputada Cicardini , puede continuar.
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señor Presidente, me parece correcto mantener la objeción de conciencia solo para los médicos o las médicas cirujanas, y que no se extienda al equipo de salud ni a la institución.
Sobre el acompañamiento, se debe destacar que este sea voluntario, que se respete siempre la decisión de la mujer y que en ningún caso sea de tipo disuasivo.
Además, debo señalar que no me parece acertada la decisión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de excluir el deber de confidencialidad de los profesionales y de la institución, ya que este debe primar por sobre el deber de denuncia y de persecución penal.
Un último punto que quiero destacar es que el proyecto protege a aquellas mujeres que pasan por el trauma de una violación, al quitarles el estigma de ser tratadas como delincuentes. No se las castiga doblemente al forzarlas a extender el dolor y el sufrimiento de lo que ya vivieron, haciéndolas responsables de las consecuencias de un hecho del que son víctimas, o bien al forzarlas a vivir la tragedia de esperar un hijo que, lamentablemente, no podrá sobrevivir.
También se debe tener presente que este proyecto trata de recuperar un derecho que existió durante mucho tiempo en Chile, incluso durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende , pero que la dictadura eliminó en 1989.
Quiero ser muy clara en decir que el proyecto no trata de imponer a ninguna mujer el hacer lo que no quiera. A diferencia de lo que quieren hacer creer y han señalado algunos grupos conservadores, este proyecto no busca imponer ni obligar a una mujer a interrumpir su embarazo ni a hacer algo que ella no decida ni quiera hacer.
Por el contrario, este proyecto trata de la libertad y del ejercicio de derechos; pero libertad y derecho a decidir para todas las mujeres y no solo para unas pocas, y para que esa decisión no esté sujeta a los medios ni a los recursos económicos de que dispongan. Se trata de una libertad responsable y bien entendida como el derecho de la mujer a determinar sobre sí misma, a base de su propia conciencia, de sus valores y de su visión de vida, para que la mujer pueda optar. Si decide seguir adelante con su embarazo, nadie puede cuestionar esa decisión.
Pero también tenemos la obligación de dar ese mismo derecho de decidir a aquellas mujeres que necesiten interrumpir ese proceso de gestación, particularmente en los tres casos que aborda este proyecto, sin ser penalizadas, estigmatizadas, juzgadas ni perseguidas.
Ya no podemos demorar ni postergar más la discusión ni la aprobación de esta iniciativa, ya que significa un grave retroceso a la autonomía sexual de las mujeres.
Por eso, llamo hoy a la aprobación del proyecto, a no darle la espalda ni a negarle el derecho a millones de mujeres de Chile a respetar su libertad, su inteligencia, su dignidad y su capacidad de decidir por ellas mismas.
Hago este llamado en nombre de miles de mujeres que murieron por no tener ese derecho, pero por sobre todo en nombre de miles que podrían sufrir y morir en el futuro. Es nuestro deber y está en nuestras manos evitarlo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún .
El señor HASBÚN.-
Señor Presidente, escuche lo siguiente: “Este proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer”.
Suena irónico y hasta cruel, pero esa frase corresponde al mensaje del proyecto de ley que nos corresponde votar. Un proyecto que legaliza el asesinato de seres humanos indefensos se jacta de tener como fundamento principal el respeto a la vida. Así de inconsistente y contradictoria es la postura que ha tenido el Ejecutivo en esta materia.
Al menos para quienes creemos en la vida, obviamente esto es una burla, porque su encabezado no puede decir que quiere proteger la vida de la madre, así como la del hijo que está por nacer.
Sin duda, el proyecto no solo es una burla, sino que claramente se está engañando a la gente. Cuando escuchamos los discursos de parlamentarios de la Nueva Mayoría, claramente nos queda la impresión de que quieren legalizar el aborto libre o hablar abiertamente de los derechos reproductivos de la mujer. Si queremos hablar de estos últimos, el debate puede ser realizado en la Cámara, pero hablemos con sinceridad, con honestidad, con la verdad; no sigamos inventando tres causales para legalizar el aborto libre, porque eso no tiene ningún fundamento. Y no solo no tiene fundamento, sino que claramente demuestra ignorancia, al existir una contraposición entre la libertad y uno de los derechos esenciales, como es el derecho a la vida. No puede ser que la libertad de una persona signifique atentar contra la vida de otra. Eso es inaceptable y no lo podemos permitir.
Lo que está haciendo el gobierno al legalizar el aborto es relativizar ese derecho a la vida, porque también se trata de seres humanos; en este caso, seres humanos indefensos que están siendo abiertamente discriminados. Se trata de niños que van a ser discriminados por el solo hecho de tener algún grado de discapacidad.
Se habla del riesgo de vida de la madre. Al respecto, hay que dejar claro que hoy existen protocolos establecidos que garantizan la vida de la madre, por lo que no es necesario legislar. Los médicos tienen la obligación de garantizar la vida de la madre, y si eso provoca un aborto espontáneo no es un delito. Entonces, ¿para qué legislar?
Los parlamentarios que argumentan que se pone en riesgo la vida de las mujeres, deben saber que hace más de treinta años que no muere una mujer a consecuencia de un embarazo, porque existen protocolos que establecen los mecanismos para salvar su vida.
En segundo lugar, cuando se habla de la causal de inviabilidad, ¿cómo se va a definir inviabilidad? ¿Quién la va a definir? ¿Quién va a tener la facultad de decidir cuándo la vida de una persona es viable o no?
El artículo respectivo es tan permisivo, tan general, que abiertamente es la antesala de la legalización de la eugenesia, y legalizar la eugenesia significa que se acaban la Teletón y los niños con discapacidad. Es una afrenta contra aquellos niños que nacieron con algún problema físico o psicológico. Si se aprueba el proyecto en esas condiciones, obviamente las mujeres van a optar por abortar.
Cuando se habla de viabilidad o inviabilidad se hace de manera tan genérica que se está abriendo la antesala no solo a la eugenesia, sino a un verdadero asesinato. Cuando se habla de un embarazo que es consecuencia de una violación, surge la siguiente pregunta: ¿Para qué existe la pastilla del día después? Recordemos que en la Comisión de Salud se pidió formalmente a la ministra que para su venta se retirara la exigencia de receta médica, de modo que cualquier mujer pudiera acceder a la pastilla del día después.
Entonces, si existe este mecanismo de prevención, ¿para qué queremos legalizar el aborto en caso de violación? ¿Para qué queremos abrir esa puerta?
Las tres causales no tienen un fundamento de fondo que avale su aprobación. Lo que se quiere hacer es legislar para que, de una vez por todas, se hable de los derechos reproductivos de la mujer. Aquí se está tapando y negando el fondo: la legalización del aborto libre por el derecho y la libertad que tienen las mujeres, según la opinión de aquellas personas que relativizan el derecho a la vida.
Finalmente, hago un llamado: votaremos en contra de este proyecto y esperamos que otros partidos que históricamente han rechazado el aborto también lo hagan y que no borren con el codo lo que han escrito con la mano, porque nos parece una vergüenza que quienes han firmado protocolos y compromisos para defender el derecho a la vida, que han hecho declaraciones públicas en los medios de comunicación de que jamás van a permitir la legalización del aborto, hoy lo estén haciendo por presiones políticas o porque, sencillamente, están cediendo a ciertas garantías que les está entregando el gobierno de turno.
“Cada día puede ser peor”. Así lo señaló, hace un tiempo, la Presidenta Michelle Bachelet en un programa de televisión matutino. A mí me queda más que claro que ha puesto todos sus esfuerzos para cumplir a cabalidad lo que dijo en ese mensaje, porque cada día en que muere un ser humano indefenso a través de la acción directa de un médico es un peor día para todos: para la madre de esa criatura, para el padre y para la sociedad en su conjunto.
Por todo lo anterior, con mucha convicción voy a rechazar este proyecto, ya que solo otorga alternativas de muerte para seres humanos indefensos y abre no solo la ventana, sino la puerta completa, para legalizar el aborto libre en nuestro país y para aquellas mujeres que hoy niegan que quieren discutir sobre sus derechos reproductivos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .
El señor BECKER.-
Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto de máxima importancia para nuestra sociedad.
El gobierno lo ha titulado “Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales”. Sin embargo, el contenido de la iniciativa va mucho más allá de la mera despenalización, para lo cual solo bastaría una modificación al Código Penal que dispusiera la impunidad de esos supuestos.
Este proyecto es una verdadera legalización del aborto, ya que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo y, a la vez, obliga a los profesionales de la salud a realizar el aborto, salvo objeción de conciencia, a la que solo pueden recurrir los médicos, pero nadie más del equipo de salud, es decir, ni las enfermeras, matronas, arsenaleras, etcétera.
La discusión que tenemos hoy se produce, básicamente, por un conflicto entre dos derechos: el de la madre a decidir sobre su cuerpo y el del feto a vivir, es decir, el derecho a la vida del niño no nacido.
Entre los que están a favor, se argumenta que la mujer es dueña de su cuerpo y que, por lo tanto, podría hacer lo que estime conveniente con la vida que lleva en su vientre. No estoy de acuerdo con esa posición. El embrión, a partir de su fecundación, tiene una identidad genética propia, distinto ADN al de la madre y los 46 cromosomas tienen inscritas todas las características que tendrá el individuo, incluso hasta su temperamento. Al décimo octavo día, se empieza a formar el cerebro; el corazón late desde el día 21 y a los 45 días ya tiene manos, pies, cabeza, órganos, cerebro; incluso, se produce ondulación en el electroencefalograma. A los 90 días aparece la actividad eléctrica cortical. Es cierto que el desarrollo cortical del cerebro es lento y que los recién nacidos no han completado su desarrollo neuronal; sin embargo, nadie podría argumentar que ellos no son seres humanos.
Desde el momento de la concepción es imposible definir un paso del no ser al ser humano, porque la vida humana está siempre en desarrollo. Incluso, la viabilidad del feto también es relativa. Hace 40 años, un niño era viable a las 30 semanas; hoy puede serlo a las 20 semanas y sobran indicios para pensar que en breve podría serlo a las 12 o 15 semanas de gestación. ¿Qué pasará cuando las guaguas sean viables fuera del útero antes de las 12 semanas?
¿Podrán seguir diciendo que no se trata de seres humanos?
Votaré en contra de este proyecto en sus tres causales. Primero, en el caso de riesgo para la vida de la madre, porque no es necesario legislar respecto de esta causal. Actualmente, los profesionales priorizan la vida de la mujer y si por consecuencia de esa acción fallese el niño que lleva en su vientre, no se cumple el elemento del dolo directo, por lo que no se tipifica el delito de aborto que utiliza el Código Penal. Por ello, ningún médico irá ni ha ido a la cárcel en Chile por esa razón.
Por lo tanto, pretender que permitir este tipo de aborto terapéutico solucionará una situación que no tenía respuesta en el Chile de hoy es, lisa y llanamente, faltar a la verdad.
Entonces, ¿por qué se propone esta causal?
Yo tengo mi propia teoría. Se propone porque, al hablar de riesgo vital de la madre, se esconde una forma más amplia de aborto que se podría realizar bajo esa causal, particularmente por patologías psiquiátricas que proyectan eventuales riesgos de suicidio. Es verdad que en el proyecto se elimina el riesgo futuro en la vida de la madre -como venía-, causal que en España permitió el aborto a libre demanda. En ese país, más del 97 por ciento de los abortos se hicieron por esa causal antes de aprobarse el aborto libre. Después, cuando se aprobó el aborto libre, esa causal bajó al 6 por ciento y -fíjense, señores diputados no aumentaron los abortos; se mantuvo el mismo porcentaje con las 3 causales que con aborto libre. ¿Por qué? Porque con el riesgo de la vida futura de la madre cualquiera que lo pidiera tenía la posibilidad de realizarse un aborto. En España se hacen 120.000 abortos al año.
Si bien eliminamos el riesgo futuro, dejamos la causal del riesgo para la vida de la madre, lo cual se podría entender como riesgo presente y futuro, y no se quiso aprobar una indicación de algunos diputados de Renovación Nacional que pedían que se agregara el riesgo inminente para la vida de la madre.
En el caso de la inviabilidad del feto, si bien el proyecto terminó mucho más acotado y restringido que el original, me parece que aún se podrían cometer muchos errores de diagnóstico que puedan llevarnos a abortar niños que sean viables. Además, existen muy pocos especialistas en nuestro país, por lo que no tenemos garantía de que los diagnósticos sean acertados por parte de médicos cirujanos que no son especialistas en la materia.
Por otro lado, no conozco ninguna agrupación de padres de niños discapacitados que promueva el aborto.
La tercera causal es en caso de violación. Creo que lo más importante es respetar el derecho a la vida del niño sin que ello tenga relación con las circunstancias graves, indeseables y anormales en que se produjo ese embarazo. El niño concebido en ese terrible acto no ha tenido parte ni culpa en la violación. El agresor de la mujer no es el niño, sino el violador. Entonces, ¿por qué el delito cometido por el padre debe ser pagado con la vida de un niño inocente?
Estudios realizados por el Instituto Elliot, especialista en el síndrome posaborto, en una encuesta realizada a 200 mujeres violadas, descubrió que al 80 por ciento de las mujeres que habían abortado les había causado más mal que bien y se arrepentían de haberlo hecho.
Si duda, esta es una de las causales más criticables en este proyecto y por eso la votaré, con mucha convicción, en contra.
Finalmente, entre los derechos en pugna en este proyecto elijo, sin duda, el derecho a la vida del niño en el vientre.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .
El señor PILOWSKY.-
Señor Presidente, “fuerte en la cosa, suave en el modo”. Es la traducción de una frase en latín que utilizaba nuestro ex-Presidente Patricio Aylwin , según fue recordado hace pocos días en el lanzamiento de un libro sobre sus convicciones y acciones.
Sí, fuerte en el fondo, claridad en las convicciones; pasión en la defensa de lo que uno cree, pero siempre respetando al que piensa distinto.
Para aquellos que luchamos por la democracia en los años 80 y leíamos con pasión la revista Hoy, nos quedó marcada a fuego una frase que se atribuye al filósofo y abogado francés Voltaire, que al parecer nunca pronunció, pero que no por ello pierde valor: “No comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida el derecho a expresarlas.”. ¡Qué gran frase! ¡Qué difícil su implementación y práctica!
Durante la discusión de este proyecto de interrupción del embarazo he sentido algo muy distinto. He percibido en algunas ocasiones una discusión que se llena de eslóganes; que más que convencer, adjetiva y apunta con el dedo. Hay un totalitarismo que, a mi juicio, resulta nocivo para las confianzas, para la democracia y para la sociedad.
Quiero representar esa falta de tolerancia en dos camaradas que han recibido de forma totalmente injusta ataques de distintos grupos: el diputado Víctor Torres , quien está a favor de las tres causales, y la ex-senadora Soledad Alvear, que no aprueba las tres causales. El ataque y el bullying que han recibido son inaceptables. Es la muestra de una sociedad que empieza a exhibir un maniqueísmo enfermizo, clasificando a las personas en buenas o malas. “O estás conmigo o eres mi enemigo”.
Mis respetos a Soledad Alvear y a Víctor Torres por agregar argumentos a la discusión. Respecto del proyecto que hoy nos convoca, qué duda cabe de que es de enorme complejidad. Están en juego bienes jurídicos protegidos tanto por la Constitución como por otros cuerpos legales, pero también la forma y la sustancia de cómo entendemos la vida, la libertad y la dignidad de la personas. Integrar todos estos conceptos t darles la valoración adecuada resulta de suyo complejo. Eso explica el largo debate que ha tenido el proyecto de ley.
Siempre he creído que no hay temas ajenos al debate parlamentario, y la interrupción del embarazo no puede ser la excepción. Renunciar a discutir esa materia es negar el rol del Congreso Nacional, es negar la posibilidad de razonar sobre un tema sobre el cual es legítimo tener posiciones divergentes.
Quiero señalar que mi postura -la expondré al final de mi intervención me ha traído no solo críticas, legítimas por cierto -las acepto respetuosamente-, sino también ha provocado que algunos amigos y amigas que no piensan como yo en este aspecto, me quiten el saludo. Como lo escuchan: me han quitado el saludo por no pensar igual.
Ni esa situación, ni el chantaje que recibo a diario, traducido en que “me quitarán el voto” porque tengo una opinión determinada, van a influir en mi decisión. Tampoco el hecho de perder una elección. No hay nada más importante que votar conforme a lo que dicta mi razón después de analizar los argumentos que se han expuesto en las distintas comisiones. Digo “mi razón”, no mi religión.
Al respecto, tal como dijo el diputado Matías Walker , imponer visiones religiosas en diversas materias resulta, en muchas ocasiones, peligroso. Lo supieron los que sufrieron los efectos de la Inquisición y los que sufren hasta nuestros días por razones religiosas.
La mayoría de los diputados de mi bancada hemos abogado por tener un programa de acompañamiento para la toma de decisión de la mujer en un asunto que siempre será muy difícil. Se trata de una materia que el proyecto original no contemplaba y que fue agregada y aprobada durante la discusión parlamentaria, con participación importante de los diputados de mi bancada. Se trataba de dar alternativas, de humanizar el proyecto.
Anuncio que votaré a favor las dos primeras dos causales y que rechazaré la tercera. Respecto de la primera causal, cuando está en riesgo la vida de la mujer, la interrupción del embarazo evita la ocurrencia de un desenlace fatal. Esa posibilidad existía en nuestra legislación hasta 1989, pero fue borrada por la dictadura. En esta materia no dudo en cuanto a optar por la vida de la madre. Esto ya forma parte de la lex artis o práctica médica, pero ahora quedará regulado en términos legales.
La segunda causal se relaciona con un embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita de carácter letal, concepto que resulta esencial para votarla favorablemente. No se trata de cualquier diagnóstico: debe ser estructural y letal.
En relación con la tercera causal, vinculada con la violación, la votaré en contra. Quiero señalar que nuestra primera preocupación como sociedad debiera ser atacar la causa de ese delito cruel e inhumano. Violentar a una mujer y utilizar la fuerza para consumar un acto sexual debe ser castigado con toda la fuerza de la ley.
Hay que romper con las causas de aquello, con una cultura que ve a la mujer como un objeto y no como un sujeto. Se trata de conceptos que repetimos una y otra vez, pero que se expresan negativamente y en forma cotidiana en delitos atroces, como la violación y el femicidio, pero también en violencia psicológica, en la manifestación del poder de quien “provee” y en la injusticia de que frente al ejercicio de un mismo cargo se paguen sueldos distintos. Luchar contra esa cultura también debe ser parte de nuestras prioridades.
En este caso, claramente hay una colisión de derechos: por un lado, el de la vida de un ser humano que tiene potencial de nacer y desarrollarse, y, por otro, la situación de una mujer que, violentada, viviría con el recuerdo permanente de esa acción si optara por no interrumpir el embarazo. Cuando existe colisión de derechos, el legislador debe optar por aquel que considera necesario proteger, en este caso -es mi convicción-, la vida del que está por nacer. El límite de la autonomía personal, de la libertad, es la autonomía o la libertad de terceros. Esa autonomía no puede afectar la vida del que está por nacer.
Si fruto del debate parlamentario en el Congreso Nacional se aprueba el proyecto tal como está, creo que deberemos avanzar en el tema del acompañamiento, aún insuficiente.
Por ello, junto con varios diputados -no necesariamente votaremos igual las distintas causales hemos presentado un proyecto de ley que contempla un programa de acompañamiento potente e integral para la mujer y su familia, con recursos, con una institucionalidad que potencie ese trabajo y permita que la mujer y su familia sientan que ante situaciones dramáticas, dolorosas, el Estado pone los instrumentos no solo para informar o para asesorar en la decisión, sino para verdaderamente acompañar, en conformidad a la norma que se apruebe en el Parlamento.
Además, hemos presentado un proyecto para facilitar la adopción, con familias de acompañamiento y manteniendo el derecho de retracto de la mujer.
A mi juicio, ambos proyectos deben ser analizados en forma paralela o ser incorporados en el segundo trámite constitucional. El primero, indudablemente, requiere de apoyo del Ejecutivo por considerar recursos, pero creo que bien lo vale.
Lo más importante es tener más oportunidades para las mujeres. Más y mejores alternativas en esta materia siempre será positivo.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, este proyecto de ley me recuerda parte de la historia oscura de nuestro Chile. En los últimos días del gobierno dictatorial, al ver que se terminaban sus privilegios, a pesar del repudio ciudadano que clamaba por justicia y democracia, se impuso un decreto que no tuvo discusión ciudadana alguna. Por decisión de la autoridad de hecho, fue derogada la legislación que existía hasta ese momento.
De esa forma, en Chile las mujeres quedaron desprotegidas en todos aquellos casos en que debido al embarazo estaba en peligro su vida y la del embrión, y también en situaciones en que, en contra de su voluntad y de su libertad personal, habían sido violentadas, a consecuencia de lo cual resultaban embarazadas.
Fue una época negra de nuestra historia, en donde la tortura fue acompañada de violaciones. Es importante la historia, pero es frágil la memoria, por lo que no debemos olvidar que hasta nuestros días muchas personas sufren las consecuencias de las torturas practicadas en el pasado.
Este proyecto de ley no obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo. Se trata de una decisión que se debe tomar con libre albedrío, ya que es voluntaria. En ningún caso se obligará a la interrupción del embarazo. Dos de los casos contemplados son cuando hay peligro para la vida de la madre y cuando hay inviabilidad del embrión para que pueda nacer.
El tercer caso dice relación con un acto de violencia contra la mujer, con un atentado contra su libertad personal. Por ello, debemos dar la posibilidad de que el embarazo no deseado provocado por esa causa pueda interrumpirse. De lo contrario, estaremos imponiendo a la mujer, además de la carga de haber sufrido la violación, la de tener una criatura que ella no desea o que repudia.
Considero que este proyecto es sensato, pues no establece una imposición, sino la posibilidad de que las mujeres, en absoluta libertad, tomen la decisión de interrumpir o no su embarazo cuando se encuentren en alguna de las situaciones planteadas. Es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el embrión es inviable o cuando el embarazo es fruto de la violencia, el proyecto establece la posibilidad de que las mujeres, en completa libertad de espíritu y conciencia, decidan sobre su vida y su futuro. Queremos que ellas sientan que son las personas que han querido ser.
Esta iniciativa me anima a decir que nos espera un futuro diferente. Vamos hacia el desarrollo. Había una falla que será resuelta. Por eso, voy a votar a favor el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira .
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer especialmente a la exministra del Sernam, exministra de Justicia, exsenadora y militante de la Democracia Cristiana, señora Soledad Alvear , y a todas las organizaciones que hoy nos acompañan por la incansable lucha que han dado por proteger la vida y la dignidad humana del que está por nacer.
(Aplausos)
En este momento crucial en que debatimos el proyecto sobre aborto, es fundamental definir el tipo de sociedad que queremos construir, a quiénes protegemos y a quiénes no.
La dignidad de todo ser humano es la base sobre la cual se debe construir toda sociedad, incluida la nuestra. Pretender desconocer esa premisa fundamental es atentar contra la propia humanidad.
Lo que todos tenemos en común, cualquiera que sea nuestra posición política, creencia o religión, es precisamente la dignidad humana.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce esto que es tan fundamental al señalar que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.”.
Lamentablemente, el proyecto sobre aborto que hoy se nos presenta para su discusión vulnera gravemente la dignidad de dos seres humanos: el que está por nacer y la mujer embarazada. Sin duda, ambos son víctimas.
Digo esto porque el trato que se da al grave problema del embarazo vulnerable es absolutamente superficial.
La desprotección por parte del Estado, profundizada por el Servicio Nacional de la Mujer, a una mujer embarazada producto de una violación, a una madre-niña de 12 años, a una mujer abandonada por su familia o su pareja, o a una mujer cuyo hijo tiene pocas posibilidades de vivir, es total.
El proyecto hace caso omiso del nulo resguardo que la sociedad proporciona a la mujer que vive una realidad tan dramática como la de un embarazo vulnerable. Ello revela una discriminación estructural hacia esa maternidad.
Puede resultar de toda lógica que una mujer cuya libertad y voluntad se encuentran íntegramente condicionadas a su vulnerabilidad, pretenda deshacerse de aquello que la sociedad y este proyecto de ley le muestran como un estorbo.
Según la evidencia científica disponible, nueve de cada diez mujeres que abortan lo hacen no porque libremente lo decidieron, como algunos creen y vociferan, sino principalmente por coacción, violencia, abandono o la precaria situación en que se encuentran. Es decir, estamos ante una libertad absolutamente mermada.
Así entonces, los defensores de la libertad que apoyan el proyecto más bien son los escuderos de la impunidad de la violencia, la coacción y el desamparo en que se encuentra la mujer.
El aborto también tiene otra víctima: el hijo. Los partidarios del aborto desconocen por completo que dentro del vientre materno existe una realidad única, irrepetible, bella en sí misma y con una dignidad idéntica a la que tiene cualquier otro ser humano. A veces nos olvidamos de que en algún momento todos dependimos íntegramente de nuestras madres, quienes, gracias a Dios, siempre tuvieron la convicción de tenernos.
Hasta la fecha el Estado ha brillado por su ausencia en materia de protección. Nadie razonablemente puede afirmar que el Estado apoya firmemente a las madres con embarazos vulnerables. El problema es que el proyecto de ley viene a profundizar aún más el grave desamparo en que se encuentran la mujer embarazada y su hijo por nacer, pues da alternativas de muerte y no de vida, y lo hace a través de engaños, discriminaciones y tergiversaciones.
La Presidenta Bachelet dice que la iniciativa legal viene a resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Sin embargo, no se refiere de manera alguna a la dignidad del que está por nacer, como si no hubiese un ser humano en el vientre de la madre o como si fuese una cosa fácil de desechar, sin derecho alguno.
Este gobierno olvida burdamente que la propia Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile, señala expresamente en su preámbulo que “el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones (...) antes y después del nacimiento”, con lo cual reconoce la dignidad humana del que está por nacer.
Es más, la Convención profundiza en su protección, toda vez que su artículo 6 establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Pero nada de esto le importa a la Presidenta Bachelet , porque cree que el problema del aborto es simplemente una cuestión de la mujer y de nadie más.
Se afirma que simplemente se despenaliza el aborto en tres causales. Eso es absolutamente falso. El proyecto lo legaliza, es decir, establece la acción de terminar con la vida de un ser inocente como un supuesto derecho de la mujer, a través de las “legítimas prestaciones de salud”, lo que implica financiar los abortos con recursos de todos los chilenos.
El proyecto sobre aborto planteado por este gobierno además discrimina profundamente. En primer lugar, hace una aberrante distinción entre los niños que están gravemente enfermos y los que están sanos, arrogándose el derecho a decidir cuáles pueden vivir y cuáles no, y olvidando por completo que la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente toda discriminación basada en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de un ser humano, lo cual considera como una vulneración grave a los derechos humanos. Así comenzó España en 1982; en la actualidad, ese país tiene la tasa más baja de niños con síndrome de Down, porque simplemente fueron abortados.
Por otro lado, francamente es inaceptable que a un ser humano se le condene a muerte por el brutal crimen de su progenitor. Ni siquiera el violador tiene pena de muerte; sin embargo, a un ser inocente se le quiere privar por completo del derecho más básico que tiene todo ser humano: el derecho a la vida. ¿Alguien, sensatamente, puede entender tamaña injusticia?
La Presidenta Bachelet con este proyecto discrimina brutalmente a los niños por nacer, dependiendo del origen de su concepción, violentando sin límites la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, para asegurar el goce de los derechos a todo niño, incluido al que está por nacer, prohíbe expresamente toda distinción basada en alguna condición del padre, como es el caso del violador.
Los niños son seres humanos independientes totalmente de la acción de sus progenitores y tienen una dignidad intrínseca como tales que se debe respetar en todo momento y lugar.
Es inexplicable y discriminatorio que, además de establecer el derecho al aborto, este proyecto permita la objeción de conciencia únicamente para los médicos. ¿Acaso las enfermeras, las matronas, las arsenaleras u otras personas que sean requeridas para realizar un aborto no tienen derecho a manifestar su objeción fundada en la libertad de conciencia? ¿Prima más la libertad de conciencia del médico que la de las otras personas?
Por último, se nos presenta a última hora una indicación de simple asesoramiento disfrazado de acompañamiento, que de protección integral de la maternidad no tiene nada. Hay que decirlo con toda la fuerza: el gobierno nunca -repito, nunca pensó realmente el acompañamiento como una opción para las mujeres con embarazo vulnerable.
Es una falta de respeto y, por cierto, de empatía para la dignidad de la mujer violada pensar que con diez sesiones psicológicas ella va a superar, no solo el trauma de la violación, sino también el del aborto de su hijo. Es una precariedad máxima pensar que con 50.000 pesos mensuales una mujer a cuyo hijo por nacer le queda poco de vida tendrá una recuperación exitosa. Es un total fracaso que el Estado no tenga un programa especializado de acompañamiento y protección integral al embarazo vulnerable para que la mujer supere su dramática experiencia. El asesoramiento solo es una cortina de humo para tranquilizar algunas conciencias, y de acompañamiento y de real no tiene absolutamente nada.
Estamos en un momento crucial para poder revertir en democracia la decisión más atentatoria contra la dignidad del que está por nacer y de la mujer embarazada: el aborto.
Por eso, hago un llamado a todos quienes aspiran a una sociedad que se base en la dignidad humana como valor fundamental a rechazar en su totalidad este proyecto.
Por lo expuesto, con toda convicción votaré que no.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada Independiente, tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este es uno de los temas más complejos de la agenda legislativa; sin embargo, por desgracia, la polarización y la caricatura se han tomado el debate.
Si somos rigurosos y honestos, lo que hoy estamos debatiendo es cómo enfrentamos socialmente dos situaciones tremendamente dolorosas e injustas: por una parte, el dolor profundo de una mujer que, en medio de una angustia brutal, en caso de una violación, quiere interrumpir su embarazo; y por la otra, el dolor que significa terminar con la vida de un niño que se encuentra completamente sano, indefenso y que es igualmente inocente.
¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué camino maximiza la libertad y la dignidad de nuestra sociedad? No cabe duda de que sería ideal poder terminar un embarazo sin necesidad de terminar con la vida del niño por nacer. Desgraciadamente, ello no es posible.
Interrumpir el embarazo genera un daño irreversible. Es una tragedia y una vulneración brutal a la libertad y a los derechos humanos. Cuando cruzamos la línea de terminar con una vida, no hay vuelta atrás. Es cierto, al impedir el aborto se vulnera la libertad de una mujer; pero también es cierto que no existe una vulneración más brutal a la libertad y a la dignidad que quitarle a alguien el derecho a vivir.
En el fondo, la diferencia entre quienes apoyan el proyecto y quienes no lo hacemos radica finalmente en el valor relativo que le entregamos a la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo en un caso dramático, como es el de la violación, versus la libertad y el derecho de un niño para seguir con vida, aun cuando su gestación provenga de un acto repudiable y no consentido.
Por lo mismo, el verdadero debate que debiéramos hacer hoy, pero el cual lamentablemente no hemos realizado porque la gran mayoría de quienes apoyan este proyecto ha preferido ignorarlo, es si la vida que se lleva en el útero es o no una persona humana, si estamos hablando de una persona o simplemente de alguien que no tiene derechos.
No deja de ser paradójico que muchos de quienes se autodenominan liberales hoy se encuentren a favor de este proyecto. Me parece positivo que exista diversidad de opiniones entre aquellos que abrazamos la idea de la libertad; sin embargo, quiero decir fuerte y claro que, como liberal, me opongo a este proyecto porque no estoy dispuesto a que un tercero vulnere el derecho más básico de un ser humano, que es el derecho a vivir.
Esta decisión no es simple. Soy consciente de que esta decisión no es simple. Soy consciente de que al proteger la libertad de un niño se vulnera la libertad de otra víctima, como es el caso de una mujer violada.
Por lo mismo, es urgente e indispensable que se pueda crear un programa social de primer nivel y contundente para acompañar y paliar al máximo el sufrimiento de la mujer que busca interrumpir su embarazo. Desafortunadamente, este proyecto no hace esto. Entonces, ¿cómo se puede justificar el que estemos dispuestos a vulnerar la libertad de una persona que es un niño? Si para un liberal efectivamente un niño abortado no es una persona, sería bueno que lo dijera. Solo en ese caso su posición será coherente.
Por desgracia, muchos prefieren evitar el debate de fondo porque no se atreven a reconocer el costo de que este proyecto irreversiblemente termina con la vida y la libertad de un niño por nacer. Algunos argumentan que les parece inconcebible que una mujer que incurra en un aborto termine en la cárcel. No puedo estar más de acuerdo en eso. Estoy convencido de que nadie busca aquello.
Por esa razón, la ley en proyecto debió ser distinta. Bastaba con exculpar a la mujer embarazada que incurra en un aborto, acotando el tipo penal para quienes lo hagan efectivo.
Este proyecto no solo legaliza el aborto, sino que también permite que exista propaganda y avisos que promocionen este lucrativo servicio.
Hoy estamos obligados a elegir frente a estas dos realidades, ambas muy complejas: o permitimos que se termine irreversiblemente con la vida del niño por nacer, o impedimos a la mujer hacer lo que desde su inmenso dolor y angustia piensa que es correcto.
Estoy convencido de que impedir el aborto nos obliga doblemente, pues como sociedad también debemos hacernos cargo del profundo drama que significa llevar adelante un embarazo no deseado.
En este ambiente polarizado y lleno de caricaturas, personas como Soledad Alvear han sido insultadas simplemente por promover una política social integral que permita alcanzar las dos cosas: el derecho a la vida y el acompañamiento real de la mujer embarazada.
El gobierno, en lugar de enfrentar con altura de miras y profundidad el rol subsidiario del Estado para apoyar socialmente a estas mujeres, ha preferido la solución fácil. Imaginen qué se puede hacer con 50.000 pesos disponibles para financiar todo un programa de apoyo a una mujer con un embarazo no deseado.
Como sociedad, deberíamos ser capaces de hacernos cargo de ambas realidades. Desgraciadamente, este proyecto no lo hace. Espero que, como Cámara de Diputados, no aprobemos la presente iniciativa. De lo contrario, más pronto que tarde nos arrepentiremos de haber aprobado una vulneración sistemática a la libertad y la dignidad de las personas.
Por lo mismo, mi voto es en contra.
He dicho.
-Aplausos en la Sala.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras haciendo un sentido homenaje y reconocimiento a la labor y lucha histórica de las organizaciones de mujeres de Chile, que inclaudicablemente han sostenido la legítima demanda de que se reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos, en particular el relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo.
Con el legítimo respeto que me merecen las opiniones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, señalo que cuesta entender cómo seguimos atados a normas jurídicas atávicas y retrógradas, originadas solo para perpetuar el control patriarcal, social y económico sobre las mujeres.
Sustentados en argumentos propios de la era de la irracionalidad, la normativa vigente no auxilia ni ampara a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Muy por el contrario, por razones más propias de la hechicería y la superstición, impone mediante la fuerza y la amenaza una visión sexista, discriminadora y fundamentalista que las obliga, so pena de cárcel, a llevar a término todo embarazo y en cualquier circunstancia.
A contrario sensu, el sistemático avance de la humanidad hacia sociedades laicas que consagran ideales como la libertad, la tolerancia, la igualdad y la fraternidad ha ido confinando estas legislaciones al baúl del olvido y de la vergüenza.
Mientras a nivel internacional se consagraban y reconocían estos derechos, en Chile una cifra abismante de mujeres, la mayor parte jóvenes de extracción popular, son dejadas a su suerte en momentos en que el cuerpo social debiera desplegar todas sus herramientas para brindarles amparo.
Indigna, además, que el tradicional cinismo de la sociedad chilena frente a este tipo de problemas haya consagrado una segunda discriminación, garantizando el uso y silencio de elegantes clínicas para atender las necesidades de aquellos que tienen el dinero y la posición, mientras que la gran mayoría de las mujeres, atendida su clase y condición social, pueden ser entregadas a la persecución penal, al aborto clandestino y a la marginación social que esto trae.
El proyecto de ley que hemos conocido esta tarde repara este estado de cosas, apuntando específicamente a dar contenido al derecho constitucional de las personas a una vida digna, a ser protegidas de cualquier clase de violencia y discriminación y a no ser invadidas en el ejercicio de su vida privada. En términos concretos, otorga auxilio, acompañamiento y reparación a un segmento relevante y mayoritario de la sociedad, enfrentando un evento catastrófico. Nada más, pero nada menos.
De esta manera, reconociendo que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen, se hace cargo de situaciones reales y recurrentes donde la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres se ven comprometidos y vulnerados. Se trata de situaciones muy bien definidas en las que todo el poder del Estado debe desplegarse en pro del amparo y resguardo de los derechos de una mujer situada en una posición extrema, que decide voluntaria e informadamente no perseverar en un embarazo que no desea.
En consonancia con el reconocimiento o derecho que la sustenta, la propuesta prevé profundos cambios al interior de nuestro sistema de salud, que debieran traducirse tanto en el fortalecimiento de su infraestructura y personal, especialmente a nivel primario, como en la implementación de una nueva cultura de acogida y trato a las mujeres, en las difíciles situaciones que la norma prevé.
Concluyo anunciando mi voto favorable a este proyecto de ley, pues termina con años y años de oscurantismo y persecución en contra de nuestras mujeres.
Queremos terminar con todo fanatismo, como el que encontramos en las tribunas, de esas visiones particulares que quieren imponer su visión integrista y totalitaria al resto de la sociedad chilena. Creemos en un Estado laico que respete la dignidad de las personas.
Por eso, la bancada del Partido Socialista votará a favor de las tres causales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, la verdad es que este proyecto parte mal desde su título, pues le otorgaron un título no veraz, no sincero, sibilino, porque nos dice que se trata de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Digamos las cosas con claridad: lo cierto es que esto es la legalización del aborto en tres causas y la antesala para llegar al aborto libre. Ese es el verdadero título de lo que expresa esta iniciativa de ley.
Creo que es fundamental hacernos cargo de algunos aspectos que han salido en el debate, el primero de los cuales dice relación con tener claridad sobre el inicio de la vida. Al respecto, nuestra Constitución Política, el Pacto de San José de Costa Rica y nuestro Código Civil dan el derecho de la protección de la vida desde la concepción, y tengo la convicción absoluta, y la ciencia y la embriología así lo respaldan, de que la vida se inicia en el momento de la fecundación. Se inicia una nueva vida, distinta de la del padre y de la de la madre, que da curso a un proceso que es continuo, gradual y autónomo en el espacio y que se va desarrollando en el tiempo.
Desde ese momento, solo desde ese momento, ese nuevo organismo posee un funcionamiento unitario, integrado y coordinado, que guardará continuidad ininterrumpida con el ser humano biológicamente desarrollado y que se mantendrá hasta su muerte.
En segundo lugar, si estamos de acuerdo con el inicio de la vida -alguien legítimamente podría decir que no comparte esa visión; pues bien, que lo diga-, entonces contestemos la segunda pregunta, respecto del derecho o no de la madre para disponer de su cuerpo, como les escuché decir a varias diputadas y, en especial, a la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo .
Cabe preguntarse: ¿Es el embrión parte del cuerpo de la madre o es un ser distinto? La respuesta, a mi juicio, es que la madre no puede responder ni puede disponer de su cuerpo, porque el embrión, si bien se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y está unido físicamente a ella, su material genético proviene en partes iguales del padre y de la madre, por lo que, sin duda, se trata de un ser nuevo y distinto de la mujer que lo contiene, por lo cual no puede ser considerado como parte del cuerpo de la madre y, por consiguiente, disponer de ella para hacer lo que se le plazca.
(Aplausos)
Así dichas las cosas, vamos a las tres causales.
El aborto terapéutico, en la discusión de si es la vida de la madre o la del hijo, parte de la mala idea de que se debe optar entre la vida de la madre o la del hijo, o que la vida de la madre vale más que la del hijo. Eso, a mi juicio, es insostenible. El valor de la persona humana y su dignidad es independiente del estadio de desarrollo en que se encuentra o del estado de salud que tiene.
Por consiguiente, el médico, al momento de resolver, tiene dos pacientes, tiene dos vidas que cautelar, y no me cabe duda de que en Chile -los protocolos terapéuticos así lo establecen-, al encontrarse en riesgo la madre, sin necesidad de una ley proceden terapéuticamente. Si como efecto no deseado de esa acción muere el feto, eso no es aborto.
Por consiguiente, los médicos, la medicina y la ciencia han demostrado que no es necesaria esta ley, y sabemos -se ha dicho que no hay ningún médico preso por haber actuado correctamente en el protocolo terapéutico que ejerció.
Respecto de la situación de la violación, déjeme decirle, señor Presidente, que, sin duda, la criminalidad del acto del violador y el enorme daño que se le causa a la mujer nos hace abordar desde una perspectiva de comprensión y de dolor lo que esa mujer ha sufrido y vive; pero no agreguemos a ese tremendo crimen un segundo delito, que es terminar con la vida de un niño inocente y sano, ya que la mujer tiene alternativas para enfrentar eso. Bien acompañada, bien sostenida, protegida psicológica y terapéuticamente en todo su proceso, tendrá al fin de los días de su embarazo la opción de entregarlo en adopción o la de quedarse con él.
Me parece que el peor camino es el de terminar con la vida de un niño que no tiene cómo defenderse, no tiene culpa sobre la forma como fue gestado ni mucho menos el derecho a que se le quite la vida.
En tercer lugar, voy a referirme al tema del acompañamiento, que mi colega Claudia Nogueira ya desarrolló brillantemente, pero que, como integrante de la comisión, quiero precisar.
Aquí se desarrolló el concepto del acompañamiento y se incorpora al proyecto de ley para tratar de convencer y alivianar la conciencia, especialmente la de la Democracia Cristiana. Pero digámoslo con claridad: en los términos en que está establecido, el acompañamiento no será una realidad en el sistema público de salud chileno. ¿Saben por qué? Por tres razones: primero, porque el presupuesto que se le asigna es de 1.600 millones de pesos, para 2.500 abortos que se realizarán en 29 servicios de salud.
Honorable Cámara, llamo a sacar la cuenta: son 53.000 pesos por mujer al mes. ¿Qué acompañamiento eficiente es posible implementar con un presupuesto de esa naturaleza, en circunstancias de que el sistema público de salud ni siquiera es capaz de satisfacer a las más de 10.000 personas que están en las garantías explícitas del AUGE o a los 250.000 chilenos que tenemos en listas de espera? ¿Podrán dar la atención que corresponde a esas mujeres con ese presupuesto y con las falencias que tiene el sistema público? No habrá acompañamiento, sino una leve asistencia, una pequeña asesoría. Las van a asesorar y después las abandonarán.
Por consiguiente, digo con cariño a mis colegas de la Democracia Cristiana que no pisen el palito del acompañamiento, porque no los acompaña en nada en la decisión que van a adoptar.
(Aplausos)
Hay una segunda razón.
El sistema de salud no dispone de médicos con especialidad materno-fetal para determinar la causal número 2) del artículo 119, nuevo, del Código Sanitario, incorporado mediante el artículo 1° del proyecto, cual es la alteración estructural letal del feto, ya que diez de las quince regiones del país no tienen médicos con esa especialidad.
Quiero dar una segunda cifra alarmante.
Más de 1.600 médicos extranjeros trabajan en la atención primaria, lo que corresponde al 32 por ciento del total. Varios cientos de ellos ni siquiera están habilitados para ejercer la medicina en Chile porque no han cumplido con el requisito del Examen Médico Nacional. Es decir, estamos entregando la primera etapa del diagnóstico a médicos no habilitados para ejercer la profesión en Chile. Entonces, ¿qué acompañamiento puede haber para esos casos?
Por lo tanto, por razones morales, éticas, financieras y de aplicación votaré en contra el proyecto, porque no ayuda en nada.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, tengo la bendición de que en dos o tres semanas más seré padre, y no de un solo hijo, sino de dos. ¡Tengo la bendición de ser padre de mellizos! Esta bendición es importante.
En consecuencia, creo que no los hubiésemos abortado si a mi señora y a mí nos hubiesen dicho que mis hijos eran inviables o que ella corría algún peligro, porque tenemos principios básicos y claros.
Para nosotros, los derechos a la libertad y a la vida son esenciales para una sociedad. No obstante, vemos que en esta Sala se hace una caricaturización respecto del proyecto y se da una vaga justificación para defender los derechos a las libertades de elegir, de reproducción y la libertad misma, en contra del derecho a la vida.
Esto lo podemos apreciar en las declaraciones de un parlamentario -lamentablemente no está presente que dijo que quienes nos oponemos al proyecto somos los mismos que apoyamos al gobierno militar, en circunstancias de que yo ni siquiera había nacido en esa época.
A esa diputado le quiero decir que tenga los pantalones bien puestos para decir a sus electores, quienes nos eligieron porque sabían perfectamente cuáles eran los principios y valores que defenderíamos en el Congreso Nacional, que él prefiere defender la libertad de la mujer para elegir respecto de la reproducción, en lugar del derecho a la vida de una pobre persona que está dentro del vientre materno.
Señor Presidente, la gran diferencia entre usted y mis hijos que nacerán en tres semanas es que usted, después de mi discurso, bajará de la Mesa para a dar su opinión sobre el proyecto; es decir, podrá manifestarse libremente. En cambio, mis hijos no se pueden manifestar, por lo que nosotros tenemos que defender su derecho a la vida, para que ellos se puedan manifestar libremente en el futuro.
(Aplausos)
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de las tres causales y del proyecto entero.
Creo que debemos tener el derecho para expresarnos libremente, así como lo hace una exdiputada en las tribunas, a pesar de que sabe que eso está prohibido. Quiero que mis hijos tengan la misma libertad que tiene la exdiputada Saa para expresarse, por lo que no seré yo quien les coarte su derecho a la vida y a expresarse libremente, como lo hace esa exdiputada, lo que me parece bien.
Justificaré uno por uno mis rechazos a las tres causales por las cuales se pretende despenalizar el aborto.
En primer lugar, la interrupción del embarazo debido a que la madre se encuentra en riesgo vital.
Estamos a favor de que esos casos se sigan abordando de la misma manera como se hecho hasta ahora en nuestro país. Presentamos indicaciones para apoyar esta causal, pero las rechazaron.
En segundo lugar, la inviabilidad fetal.
No hay certeza para determinar la inviabilidad fetal. Además, tal como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, solo cinco de las quince regiones de nuestro país cuentan con médicos que tienen la especialidad materno-fetal, que les permitiría determinar la inviabilidad del feto.
En tercer lugar, la más compleja de todas, se permite el aborto en caso de que el embarazo sea la consecuencia de una violación.
En este caso se contraponen dos derechos fundamentales: el derecho de la mujer de decidir sobre la vida de otra persona y el derecho a la vida y a la libertad que tiene una persona que va a nacer en pocos meses más.
Seguí todas las ecografías de mi señora. Desde la semana siete u ocho, pudimos escuchar los latidos de los corazones de mis hijos, lo que nos indicó que ya eran personas. En consecuencia, rechazo el proyecto.
Espero que el gobierno asuma de una vez por todas y como corresponde su compromiso con las mujeres y genere programas de acompañamiento y políticas públicas como se merecen las mujeres de Chile, en lugar de este pésimo proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .
El señor FLORES.-
Señor Presidente, ya se ha dicho que de todos los proyectos que nos ha correspondido votar, sin duda este es el más complejo. Es tan complejo, tan amplio y tan profundo que nos obliga a abordarlo por el principio o, más bien, por los principios o por las concepciones valóricas fundamentales, porque sin esos sustentos, solo se podría resolver desde la casuística o, lo que es peor, desde las encuestas de opinión.
Quiero hablar desde mi más profunda convicción valórica. En consecuencia, expondré solo algunas ideas referidas al derecho simple o elemental, antes de entrar en los alcances clínicos, políticos o de redacción del proyecto de ley de interrupción del embarazo o aborto por tres causales.
Quiero centrarme en un punto que para mí es fundamental en la evaluación del proyecto, cual es la definición de individuo. Por ello, debo conducir mi intervención para que concuerde con diversos informes de distintos organismos o reuniones internacionales sobre la materia.
El concepto individuo está referido a que, desde la concepción, el embrión o individuo humano es el único dueño de un pool y código genético único, distinto y particular en el planeta. Es un pool único de él, que luego de su organización básica y completa, esto es, a las diez semanas, solo se dedica a crecer y a consolidarse. A partir de las diez semanas este individuo humano es definido claramente como un ser humano, que está en condiciones de ser persona legalmente luego del nacimiento.
A diferencia de lo que dijo el colega Godoy , la criatura en gestación es un ser humano completo y complejo a partir de su transición de embrión a feto, a las diez semanas. Por lo tanto, es una persona con estatus de sujeto de derecho. En consecuencia, no puede ser considerado livianamente como un objeto disponible al arbitrio o a la coyuntura, por negativo que sea su entorno, porque es un sujeto de derecho.
A diferencia de lo que dijo el colega Alvarado , respecto de que a las 12 semanas de gestación el cerebro no funciona, porque no piensa, aclaro que el cerebro y el cuerpo están completos a las diez semanas de gestación; el tiempo restante se utiliza para terminar de organizarse y crecer, pero es un ser humano.
No puede existir autonomía absoluta para que otros dispongan de la condición de ese ser humano con derechos constitucionales. Claramente, Chile no es la excepción en ese derecho constitucional.
En complemento, la dignidad humana no puede estar limitada a que las personas reúnan ciertas cualidades, cierta edad o cierto estado de salud. Es un valor por el solo hecho de ser una persona, incluso, como enfermo terminal o como feto en gestación.
Sin excepciones, los tratados de derechos humanos establecen que el derecho fundamental a la vida se exige por el hecho de ser parte de la especie humana. Entonces, existe un problema, porque este ser humano en gestación no tiene derechos como otros que, teniendo un mismo problema práctico, sí son protegidos al obtener el estatus de persona.
La diferencia existente con las personas que crecen y hacen su vida con habilidades distintas, por ejemplo, los sordomudos, es que después de haber nacido ellos aprenden el lenguaje de señas. El feto, a pesar de ser un ser humano, no tiene la posibilidad de expresarse o defenderse con ningún lenguaje, porque nadie le puede advertir que debe estar preparado para defenderse si su vida se ve amenazada. Él no se defiende, no puede hacerlo, porque no ha sido preparado para ello.
En el proyecto de ley, la discusión sobre el inicio de la vida o la condición de ser humano es solo una base ética referencial, porque en dos de sus causales el proyecto no establece plazo, excepto en el caso de violación.
En suma, esta iniciativa busca ser una ley no penal que autorice y permita, y, por lo tanto, es declaratoria de que el no nacido no es sujeto de derecho y, por lo mismo, está disponible a las circunstancias de quien lo incuba, por dolorosas o respetables que sean. Desde mi punto de vista, como humanista y cristiano, eso es grave. Lo contrario es actuar circunstancial o convenientemente.
Tenemos un problema en el análisis valórico y de elección del modelo del proyecto de ley, porque si bien comprendemos las causales que buscan la despenalización del aborto, el gobierno se ha equivocado de modelo, pues nos fuerza a quienes somos humanistas y cristianos a renunciar a nuestra convicción sobre los derechos humanos.
¡No renegaré de mi condición de humanista ni de cristiano!
(Aplausos)
En un modelo distinto podríamos aproximar un poco más las posiciones, pero así, obligados a renegar de nuestros valores éticos y morales del humanismo y del cristianismo, nos acorralan para despenalizar, legalizar y legitimar el aborto como un derecho exclusivo de la mujer. ¡Cuán temerarias fueron las aseveraciones de quienes expresaron que estar en contra del aborto es estar en contra de las mujeres! ¡Qué mezquinos! ¡Qué irresponsables!
Meridianamente en todo límite siempre prima la dignidad humana. Por ello, en ningún Estado se autoriza matar o torturar. No se puede dejar al arbitrio de cada uno el respeto de los derechos de los seres humanos, hayan nacido o no. Ese es un límite infranqueable para un humanista y un cristiano.
(Aplausos)
El título de las causales sobre despenalización del aborto podría ser comprensible e, incluso, mejorado. Sin embargo, las maneras de diagnosticar y de certificar las causales de un embarazo inviable o por violación, o de establecer las eventuales penas por equivocación o negligencia, son ambiguas y tan amplias que no es posible diagnosticar la causal o penalizar el abuso. ¡Estamos en Chile!
Las cifras duras indican que, además de los miles de ginecólogos y obstetras, solo hay cuarenta y nueve médicos de la especialidad materno-fetal. Esa es la subespecialidad que está en condiciones de acercarse a un diagnóstico más exacto sobre la inviabilidad fetal, pero de los médicos que la ejercen, treinta y nueve viven en Santiago y apenas siete en regiones.
En la Sala escuchamos testimonios de personas a las que les diagnosticaron embarazos inviables, no solo sobrevivieron, sino que hacen su vida.
No puedo votar a favor esta causal, porque mi país no está preparado para realizar un diagnóstico correcto y certero.
Finalmente, no obstante comprender las razones que existen en nuestra cultura y en nuestra condición, votaré en contra este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella .
El señor SQUELLA.-
Señor Presidente, por su intermedio, felicito al diputado Flores por su valentía.
Quizá para quienes siguen este debate no dijo algo muy distinto a lo expresado por otros parlamentarios de su bancada. Sin embargo, la diferencia que hace que él verdaderamente tenga pantalones, es que sigue en su discurso y en su votación la misma línea de la declaración de principios de su partido. Extrañamos esa actitud en esa bancada, por lo que espero que otros parlamentarios de la Democracia Cristiana sigan su ejemplo.
Este es un mal proyecto de ley que busca instalar en Chile el aborto sin expresión de causa. Es un mal proyecto como muchos otros presentados por este gobierno. De hecho, a los cinco o seis ministros que nos han acompañado durante el debate y en toda la tramitación del proyecto de ley, les ha tocado poner la cara por esas malas iniciativas, que causan efectos negativos.
El efecto negativo de esta iniciativa va más allá, porque no es como la reforma tributaria, a consecuencia de la cual varias personas podrían perder sus empleos. Lo mismo sucede con la reforma laboral o la reforma educacional, en la que los padres no tendrán la posibilidad de elegir los colegios de sus hijos. Así ha sucedido con otros tantos proyectos de ley que hemos visto durante estos últimos dos años.
La diferencia y la consecuencia es que por este proyecto de ley, una vez que lo votemos y lo despachemos del Congreso Nacional, morirán personas. Esto no es una opinión, es un hecho.
Es indiscutible e irrefutable que el objetivo central de esta iniciativa es entregar el derecho a una persona para terminar con la vida de otra. Se pueden decir muchas cosas respecto de las distintas causales y de las distintas valoraciones que hacemos sobre el contenido del proyecto de ley, pero de una u otra forma llegamos a lo mismo: habilitamos a una persona para terminar con la vida de otra.
Algunos se han esforzado por argumentar que se justifica, pero están al debe en su argumentación. No hay justificación alguna, porque no pueden desconocer que habilitamos para terminar con la vida de una persona inocente e indefensa.
Varios diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han citado el debate sobre la llamada píldora del día después, pero la gran diferencia con esta iniciativa es que lo que se discutía en ese entonces, con argumentos para ambos lados, tenía relación con el momento de la existencia de vida.
En el caso del proyecto de ley que hoy debatimos, recibimos la opinión de más de setenta expertos en las tres comisiones técnicas de la Cámara de Diputados en las que se llevó a cabo su tramitación, y ninguno puso en duda que desde el primer momento lo que hay dentro del vientre materno es una persona, un ser vivo. Nadie lo hizo. Entonces, no estamos frente a una opinión, sino frente a un hecho que no se puede refutar.
Independientemente de la causal de que se trate y de cómo la votarán los diputados en la sesión de mañana, la práctica del aborto es exactamente la misma. La ministra de Salud -a quien saludo, por su intermedio, señor Presidente tuvo que realizar un avalúo para ver cómo la iba a incorporar en el informe financiero, en el entendido que es una prestación que requerirá de medicamentos e intervenciones.
Independientemente de la causal, se utilizan químicos, ácidos que desintegran a ese ser humano, o pinzas, que lo trituran. Da lo mismo cuál es la justificación; en los servicios de salud se utilizarán químicos, ácidos o instrumentos más propios de una ferretería que de un servicio que, supuestamente, defiende la salud de las personas.
Este proyecto tiene errores conceptuales y absurdos jurídicos, así como la gran dificultad de ser totalmente inconstitucional.
En el primer caso, cuando hablamos de errores conceptuales, tal como lo dijo el diputado Melero , tiene problemas desde el título en adelante, el que hace referencia a la interrupción del embarazo, más aún, a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Pero de qué despenalización estamos hablando si en el artículo 342 y siguientes del Código Penal se habla de aborto? ¿Qué es lo que se está despenalizando? ¿No habrá sido una estrategia mañosa para lograr el voto de quienes todavía tienen temor de enfrentar a sus electores y no se atreven a reconocer que lo que están promoviendo con este proyecto es el aborto? Esa maniobra puede incluso generar un absurdo en la legislación: el de despenalizar algo que no está penalizado.
El segundo error conceptual es que desde un comienzo se habló de despenalización, pero habría que ser muy caradura para seguir sosteniendo que se trata simplemente de eso. Aquí estamos hablando de legalización con todas sus letras. Ejemplo de ello es que el proyecto irroga gastos y que se regula la objeción de conciencia. De hecho, será obligación para todo médico hacerse cargo del derecho a abortar que las embarazadas tendrán en determinadas circunstancias, salvo las excepciones consideradas en la objeción de conciencia.
Por lo tanto, se trata de absurdos jurídicos de los que evidentemente hay que hacerse cargo. Hay cinco ministerios que han seguido la tramitación de este proyecto, de modo que no se comprende cómo se plantean situaciones tan groseramente absurdas desde el punto de vista jurídico.
Por otra parte, quiero referirme a la incongruencia que se genera respecto del derecho que tienen los padres, que son corresponsables de sus propios hijos. El proyecto, en su artículo 1°, en el número 1), que hace referencia a la situación de las niñas menores de catorce años de edad y de las que son mayores de catorce años de edad y menores de 18, establece que pueden elegir a su representante legal, lo que genera una distorsión que se confronta con la legislación actual, directamente con el artículo 224 del Código Civil. Eso no se entiende.
Asimismo, la iniciativa mandata a los tribunales de justicia a autorizar el aborto, lo que ya es increíble, incluso, pasando por alto la voluntad del representante legal, en el caso de las menores de edad. Si este se niega -solo si lo hace a la posibilidad de que se practique un aborto, se mandata al tribunal de justicia a autorizarlo.
¿No cree usted, señor Presidente -y por su intermedio a las ministras que nos están escuchando-, que lo correcto sería que ese tribunal de justicia tomara conocimiento y resolviera?
La incongruencia sigue. Se permite la apelación únicamente si se niega el aborto. Si se autoriza, no hay derecho a apelación. Eso es realmente inentendible.
Otra verdadera aberración, que es una joyita para quienes han planteado las dificultades que tiene este proyecto, es el salto de todas las normas constitucionales y procesales penales respecto de cómo se definen y se determinan los delitos en el país. Vamos a generar doctrina nueva al establecer que ya no será el Ministerio Público ni los tribunales de justicia, sino un médico, el que determinará que se cometió un delito, y uno tan grave como es el de violación.
La objeción de conciencia -ya lo planteó la diputada Claudia Nogueira- le será permitida únicamente al médico cirujano, pero no al resto del equipo médico, lo que no corresponde, puesto que genera discriminación arbitraria.
Por otra parte, se exceptúa el deber de denuncia. Será el único delito que un funcionario público, en este caso en el ámbito de la salud, no tendrá que denunciar, saltándose las normas del Código Procesal Penal, en particular su artículo 175.
Así como hemos visto que tiene errores conceptuales y aberraciones jurídicas, este proyecto es, además, abiertamente inconstitucional, primero, desde el punto de vista de la forma. El artículo 19, número 1°, inciso segundo, de la Constitución Política mandata a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Eso dice la Carta Fundamental, de modo que lo que corresponde es la calificación del quorum para aprobar el proyecto como una ley interpretativa de la Constitución Política, pero se le ha calificado con quorum de mayoría simple. Eso no corresponde, y por esas razones hago reserva de constitucionalidad.
Por último, me llama mucho la atención que quienes levantan la bandera de esta iniciativa sean quienes, en muchos casos -incluso, con justificación-, han enarbolado siempre la bandera de la defensa de los más débiles: la izquierda. No es comprensible que quienes siempre han dicho defender al más débil estén hoy por matar a las personas más débiles e indefensas. Eso no se entiende.
(Manifestaciones en las tribunas)
Tampoco se entiende que se diga que este proyecto se elaboró para proteger a la mujer, puesto que quien más sufre después de la muerte de un niño como resultado de un aborto es precisamente la madre, a la que el Estado pone en una situación imposible, pues le dice que decida si quiere ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, porque ese hijo ya existe. Lo que el Estado le está señalando es que para evitar un problema mayor simplemente debe terminar con la vida del hijo. Eso no es posible, y por lo mismo votaré en contra este proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, este proyecto de ley es el resultado de una demanda muy amplia y transversal de la sociedad chilena hacia el Estado, que exige que nos hagamos cargo de la situación actual, en la que cada año se practican más de 100.000 abortos en el país, por cualquier causa, pero en las condiciones de higiene -mire qué injusticia que cada mujer pueda pagar, según sea su nivel socioeconómico.
(Manifestaciones en las tribunas)
Existe un sector que se opone con pasión -como lo vemos en estas tribunas a la sola idea de legislar sobre la materia, ya que entre otros muchos argumentos han levantado la tesis de que este proyecto de ley sería completamente inconstitucional,…
(Manifestaciones en las tribunas)
…particularmente, que estaría en contra del derecho a la vida que tendría el nonato según nuestra ley fundamental; que él no nacido -dicensería una persona humana desde la concepción, con todos los derechos y privilegios de una persona nacida…
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, solicito que se me permita continuar. El fanatismo no me permite hacerlo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Estamos a una hora y veinte minutos de culminar una jornada completa dedicada a este debate, el que continuará mañana.
Entiendo que hay cansancio.
Todas las intervenciones son muy importantes. Les pido un último esfuerzo para escucharnos, porque esa es la esencia de la democracia.
Recupera el uso de la palabra, diputado señor Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, dicen que el no nacido sería una persona humana desde la concepción, con todos los derechos y privilegios de una persona nacida. Incluso, varios anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional para impedir, en caso de que se apruebe el proyecto, la promulgación de la ley, para, según dicen, salvar vidas.
Señor Presidente, la primera pregunta que hay que hacerse es si, para nuestra Constitución, existe el mismo estándar de protección para el no nacido respecto de la vida de las personas nacidas. Es decir, ¿cuál es el valor que nuestra Constitución le reconoce a la protección de la vida del embrión o feto?
Esta materia fue debatida por los redactores de la Constitución de 1980 hace 35 años. Algunos querían incluir en la Carta Fundamental la prohibición absoluta de que se realizara toda clase de aborto. Los redactores designados por la dictadura finalmente optaron por eliminar de la Constitución toda referencia al aborto y se limitaron a señalar que la manera en que la vida del que está por nacer sería protegida tendría que ser decidida por el legislador de cada época, no por la Constitución, es decir por las cámaras que iban a funcionar en democracia, pudiendo ser una protección civil, sanitaria o previsional, dejando la puerta abierta para avanzar en proyectos de este tipo.
La protección del derecho a la vida de las personas nacidas se entregó, por la Constitución, en el artículo 19, N° 1, inciso primero, a la propia Carta Fundamental, y la vida del que está por nacer se encargó, según se dice en el inciso segundo, a un nivel inferior, a una simple ley de la república.
La idea o concepción detrás de esas decisiones de la Constitución es que se considera que el nonato y la persona humana nacida no tienen igual estatus ni estándares jurídicos de protección; que teniendo ambos un valor innegable, no deben tener la misma valoración ni protección institucional.
Así, ¿cómo explican los detractores de este proyecto que desde 1980 a 1989, durante nueve años, en plena vigencia de esta Constitución, se realizaran abortos terapéuticos que el Código Sanitario permitía? La respuesta es que no pueden explicarlo. Nunca los escuché haciendo acusaciones de asesinato y de genocidio contra la junta de gobierno que aprobó esta Constitución, ni contra los hospitales y clínicas que durante esos años practicaban el aborto. Guardaban silencio.
Señor Presidente, esta diferencia de trato que la Constitución hace entre ambos sujetos no es caprichosa ni arbitraria. Aun más, representa precisamente la expresión de usos y costumbres arraigados en nuestra sociedad.
A pesar de toda la retórica vehemente a favor de la vida y de considerar que una persona existe desde la misma fecundación, la propia costumbre de los partidarios y detractores de este proyecto de ley revela que no les asignan el mismo valor al feto y al embrión que a la persona nacida. De lo contrario, ¿cómo se explica que fetos y embriones que son objeto de un aborto natural, no reciban nombres y apellidos, no sean objeto de ceremonias fúnebres, ni existan cementerios donde se los sepulte?
Nadie de los que está en contra de este proyecto celebra el aniversario del momento en que el embrión fue concebido, ni las religiones permiten darle sacramentos que sí se consideran para los nacidos, como el bautismo o la unción de los enfermos.
¿Por qué quienes llaman criminal a un proyecto que solo le da derecho a la mujer a decidir en estas tres causales acotadas no están día a día protestando frente a las embajadas de los cientos de países que lo consagraron hace décadas?
En este debate, señor Presidente, hay mucha hipocresía: hipocresía de quienes hoy rasgan vestiduras en este hemiciclo, pero que mañana no tendrán ningún problema en ir de vacaciones a pasear por Europa o Estados Unidos, a solazarse en el refinamiento y cultura del primer mundo. Si fueran consecuentes con los argumentos escuchados hoy en esta Sala, sí debiesen viajar, pero para acusar a esos países de genocidas o de culpables del asesinato de miles de personas cada año.
De igual forma, no reconocen que la comunidad de naciones ha representado al país, en reiteradas oportunidades y en muchos foros internacionales, que la denegación de la interrupción del embarazo por medio de la amenaza de una pena de cárcel constituye un atentado a derechos fundamentales.
Señor Presidente, a pesar de la retórica a ratos virulenta en los desacuerdos, considero que por todas las razones ya dichas este proyecto de ley en nada afecta o infringe las garantías o derechos fundamentales de nuestra Constitución. Este proyecto es enteramente constitucional. Lo que hace es desarrollar el mandato constitucional de respeto al derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad personal y autonomía, que todos respetamos y reconocemos como un absoluto, tal como lo es el derecho a decidir de la mujer embarazada.
Termino, señor Presidente, anunciando mi voto favorable al proyecto en sus tres causales, pues reconoce a la mujer embarazada el derecho a tomar una decisión en un momento difícil y mandata al Estado a brindarle un completo apoyo biopsicosocial y médico del que hoy nuestro país carece, respetando cualquier decisión que tome, ya sea que decida interrumpir o continuar su embarazo. Eso, señor Presidente, es un notable avance civilizatorio de un Estado chileno que les dice a todas las mujeres de este país que ellas deben decidir en relación con las tres causales que aborda el proyecto y que nunca más estarán solas frente al drama humano que deben enfrentar.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena .
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, llegó el momento final del plato de fondo del discurso de la actual Presidenta de la República del 21 de Mayo de 2014. ¿Cuál es ese plato de fondo? Aborto legal en Chile.
Quiero recordar que en las pasadas elecciones presidenciales solo votó el 40 por ciento del electorado, y que el 60 por ciento de ese 40 por ciento voto por ella. ¿Qué les quiero decir? Que de cien personas, setenta y seis no querían que ella fuera Presidenta de Chile. Por lo tanto, si bien es una elección legítima, es dudosa en su representación.
Este proyecto es un abuso, un atentado a la democracia y a todos los chilenos por imponer una ley sin la representación suficiente.
Represento a una zona con muchas dificultades; represento a Lota, Arauco , Curanilahue , Los Álamos , Lebu , Cañete , Tirúa y Contulmo . Agradezco y felicito a muchas mujeres de mi distrito que han preferido tener a sus hijos, a pesar de la difícil situación para sacar adelante a sus familias.
Señor Presidente, el proyecto de aborto -es decir, legalizar la muerte que se nos pide votar hoy -porque este es un proyecto de aborto libre, aunque se lo quiera disfrazar con otros términos se ha sustentado en varias premisas que vienen a justificar algo que por sí mismo no tiene ni tendrá jamás los méritos para ser razonable. Además de atentar contra el derecho a la vida de inocentes, atenta gravemente contra la libertad de conciencia de los médicos que deberán, por imposición estatal, practicar abortos aun en contra de su convicción moral y científica. No debemos olvidar que la vida comienza desde la concepción.
Vendría bien, señor Presidente, hacer un ejercicio de sentido común: mientras algunos votarán a favor de esta grave injusticia, nunca podrán decir con claridad cuál es la gran diferencia entre un niño de 12 semanas de gestación y otro de 13 semanas, del mismo modo que no hay diferencia sustancial entre un niño de cuatro años y uno de cinco.
Por otro lado, con la aprobación de este proyecto de ley se favorece a las instituciones abortistas que promocionan y defienden un pretendido derecho al aborto libre, y que desde hace años se financian con los recursos de una gran multinacional del aborto que hoy es investigada por el Congreso de los Estados Unidos de América por tráfico de órganos de niños abortados. ¡Reitero: por tráfico de órganos de niños abortados!
¿Quiénes somos para juzgar si una persona es digna de vivir o no? ¿En qué momento nos convertimos en jueces de la vida, para determinarla? ¿Quién nos faculta para establecer qué persona es merecedora de vivir y cuál es merecedora de la muerte?
Por otra parte, en relación con el proyecto, no podemos dejar de mencionar la patentemente mala calidad del sistema de salud chileno. Me referiré brevemente a este tema, para desenmascarar la mezquina, ineficiente e ideologizada gestión de este gobierno, que lleva dos años disponiendo del tiempo de las comisiones de Salud, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda para discutir proyectos que restan al bien común: primero, el que despenaliza el cultivo de marihuana, y luego, por un año, el que despenaliza el aborto. Todo esto, mientras tenemos graves problemas para mejorar inconvenientes en el sistema de salud, como las listas de espera. Sin ir más lejos, en la provincia de Arauco, cuya población es de 160.000 habitantes, aproximadamente, 17.000 -nótese: 17.000están en lista de espera según la última cuenta pública del servicio de salud correspondiente.
Lo anterior se suma a la falta de médicos generales; qué decir de los médicos especialistas. La situación en nuestras regiones es muy grave.
Si una persona no vive cerca de Santiago, no tiene acceso a atención de salud digna, y cuando después de muchos sacrificios y paciencia logra acceder a un médico, tiene que esperar horas para obtener los medicamentos que le fueron recetados.
En efecto, tenemos un gobierno especialmente ineficiente, con una visión limitada y errada de la realidad, cuestión que le impide dilucidar los verdaderos problemas del país.
Este es un día lamentable para Chile, un día de pena y de vergüenza, en el que se impuso la mayoría circunstancial y se censuró a otras voces.
Quiero agradecer el esfuerzo que hicieron las múltiples fundaciones, organizaciones y ciudadanos que trataron de impedir que se aprobara este proyecto, que no mira el bien común, sino el negocio del aborto. Especialmente doy mis agradecimientos a los miembros de la Iglesia católica y de las distintas iglesias evangélicas.
Citaré parte de una carta que monseñor Fernando Chomalí escribió en Concepción en julio de 2015: “Este proyecto de ley no hace de Chile un país más grande; al contrario, lo empequeñece, porque discrimina a los más débiles. La libertad es un don muy grande, pero una libertad sin verdad termina siendo la peor de las dictaduras. La verdad es que desde el momento de la fecundación se inicia una nueva vida humana, sano o enfermo, fruto del amor o del abuso sexual.”.
Señor Presidente, hoy día hablamos por aquellas personas que no están y que no pueden decir nada: los no nacidos. Esas personas que tienen la misma dignidad que todos los que estamos en esta Sala.
Señor Presidente, soy defensor de la vida; este proyecto no garantiza la vida. Por lo tanto, voto no.
Señor Presidente, creo en la defensa de los débiles en manos de los fuertes; este proyecto no la garantiza. Por lo tanto, voto no.
Señor Presidente, no nos corresponde decidir qué vida merece ser vivida; este proyecto no protege la vida. Por lo tanto, voto no.
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el aborto libre; este proyecto abre la puerta al aborto libre. Por lo tanto, voto no.
Señor Presidente, no seré cómplice del peor gobierno de la historia de Chile en los últimos cuarenta años, de un gobierno que cultiva la cultura de la muerte.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Germán Verdugo .
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, el reconocimiento, resguardo y protección del derecho a la vida y de la vida del que está por nacer se encuentran consagrados por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por nuestro ordenamiento jurídico e, incluso, por importantes fallos que ratifican el reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990, en su artículo 4, número 1, señala: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.
En ese contexto, dicho artículo de la Convención, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, reconoce el derecho a la vida del ser que está por nacer, cuando dispone: “a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.
La Convención hace hincapié en que el derecho a la vida comienza con la concepción y, por tanto, que su protección se inicia desde ese momento, esto es, desde que hay vida.
También es importante destacar lo dispuesto en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, que señala: “... el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento,”. Esta expresión no puede menos que llevarnos a concluir que si el niño necesita protección antes de su nacimiento, es, por tanto, considerado un ser humano aun antes del parto.
En su artículo 19, número 1°, nuestra Constitución Política consagra el derecho a la vida, y dispone que “La ley protege la vida del que está por nacer.”.
De la misma forma, es importante mencionar que el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental, prescribe: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.”. Lo anterior quiere decir que, tratándose del derecho a la vida y existiendo la consagración expresa de la protección a la vida del que está por nacer, el límite al ejercicio de la soberanía es el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es decir, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y los contenidos en la Constitución Política, pasan a tener denominación de derechos fundamentales.
Todos estos derechos tienen en común el hecho de que emanan de la naturaleza humana, esto es, se le reconocen a toda persona por el hecho de ser tal, pues se relacionan con la característica más propia del ser humano, además de la razón, cual es la dignidad humana.
En 2006 se publicó la ley N° 20.120, aprobada por la Cámara de Diputados, sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su Genoma, y Prohíbe la Clonación Humana.
La finalidad de dicho cuerpo legal, según su artículo 1°, es proteger la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas.
Además, en su artículo 2° establece que la libertad para llevar a cabo las actividades de investigación científica biomédica en seres humanos tiene como límite el respeto a los derechos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional se pronunció en el año 2008, a propósito del caso de la llamada “píldora del día después”, en un claro sentido de otorgar a los individuos no nacidos la calidad de personas y, por tanto, titulares de derechos fundamentales. Dicho tribunal expresó: “En efecto, si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre -como ha sido afirmado en estos autos-, es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto a sujeto de derecho. La singularidad que posee el embrión, desde la concepción, permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde ese mismo momento, a la protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona;”.
Existen, también, otras jurisprudencias, tanto de cortes de apelaciones como de tribunales de primera instancia, que coinciden con lo planteado anteriormente.
Señor Presidente, ¿puede creerse que todas esas personas que establecieron el principio de la vida desde el momento de la concepción son conservadoras o confesionales? ¿Podemos creer que quienes integran el Tribunal Constitucional, que tienen diferente pensamiento; que los miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las cortes de apelaciones, que también poseen distinto pensamiento, pueden ser considerados como conservadores y confesionales, que es de lo que se nos ha tratado en esta sesión a quienes compartimos esas creencias y principios consagrados en las normativas y sentencias que cité? Perfectamente, no; claramente, no.
No es posible que nos achaquen que somos conservadores o confesionales porque estamos defendiendo la vida del que está por nacer, cuando existen antecedentes, como los señalados, que sostienen lo mismo.
Sin duda, estamos en presencia de una ley en proyecto inicua, y los gobiernos que promueven este tipo leyes no contribuyen a la paz social; muy por el contrario, siembran el germen de la injusticia y la violencia, y, en el caso que nos ocupa, en contra de los más débiles, como son aquellos seres humanos que están en el vientre de la madre.
Por eso, con profunda convicción votaré en contra de este proyecto, que en nada contribuye a la paz social ni a la paz que necesitamos para seguir prosperando y creciendo como pueblo.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada señora María José Hoffmann .
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente, hoy, como pocas veces, el Congreso Nacional se encuentra con la historia.
Mañana votaremos un proyecto de ley que busca terminar con la vida de personas que no pueden defenderse. Porque, no nos enredemos en las causales, en lo administrativo ni en lo circunstancial: el fondo de esto es si permitiremos o no que no se respete el derecho a la vida como un derecho que no admite excepciones ni relativizaciones.
Este gobierno y sus parlamentarios han sido incapaces de fundamentar las supuestas razones de salud pública. El único fundamento entregado es una visión ideológica impulsada desde el corazón del gobierno. ¿Por qué ideológica? Porque es lamentable constatar que en la Comisión de Salud en dos años no se ha hecho absolutamente nada por la salud pública.
Este gobierno y sus parlamentarios se han dedicado a discutir la despenalización de la marihuana y el aborto terapéutico, ignorando por completo las urgentes y verdaderas necesidades de salud pública, que tanto dicen importarles: la deuda hospitalaria, las listas de espera, la falta de especialistas, el retraso en los hospitales, una agenda que solo denota ideología y la falta de las tan apreciadas urgencias sociales.
Este debate se ha fundado en el eufemismo y en la hipocresía. Es hipócrita, porque no se nos dice que esta iniciativa solo es de salud pública. ¿Quién puede creer que un proyecto firmado y liderado por la ministra del Sernam busca mejorar la salud pública?
Es hipócrita, además, porque no dice las cosas como son. En la izquierda reinan los eufemismos; se rehúsa hablar de “aborto”, prefiriendo decir “interrupción del embarazo”, como si esta forma aparentemente científica de denominar a esa dolorosa práctica pudiera convertirla en una cuestión diferente.
Para justificar este proyecto se nos dice que existen determinadas cifras de abortos clandestinos, sin que nadie haya podido demostrar cuál es el fundamento real de aquellas. Se nos dice, a modo de eufemismo, que este proyecto solo despenaliza el aborto, que no lo legaliza.
¿Realmente piensan el gobierno y sus parlamentarios proaborto que el país puede creerles algo así?
Señor Presidente, el aborto se transformará, con todas sus letras, en una prestación médica, tal como lo señaló el diputado señor Squella . Entonces, ¿por qué debatir sobre la objeción de conciencia o acerca de cuántos médicos tienen que confirmar un diagnóstico? Esto no resiste ningún análisis.
Pero hay más hipocresías y eufemismos.
El gobierno y sus parlamentarios sostienen que esta iniciativa de ley se restringe solo a tres causales. ¿Acaso creen que no sabemos que todos los países que han legislado sobre el aborto libre han comenzado por el denominado “aborto terapéutico”? A propósito de esto, quiero saber si algunos de los médicos acá presentes me puede decir qué tipo de terapia consiste en quitarle la vida a una persona. Es muy curiosa la forma de referirse a esta política.
España comenzó a legislar esta materia el año 1985, con idénticas causales. Pues bien, en 2010 la legislación española avanzó hacia el aborto libre hasta las catorce semanas de gestación.
Ese es el camino que han seguido todos los países y que hoy, lamentablemente, se inicia en Chile.
Con respecto a las causales, tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a la segunda causal, ¿quién se hará cargo de un error ecográfico o un error de diagnóstico en caso de que se invoque mal la causal y se termine con una vida humana? En el proyecto nada se dice sobre el particular. Tampoco se hace cargo de alguna lista de enfermedades que sean incompatibles con la vida.
Por su parte, la violación es, quizás, la causal que indica de forma más clara que este proyecto no tiene nada de salud pública. Teniendo plena conciencia de lo que significa una violación para una mujer, esta causal es la que menos certeza jurídica da, pues deja abiertos temas muy oscuros.
Me pregunto, ¿qué pasará si comete la violación un familiar y es a este a quien se le deberá notificar que se hará efectivo el aborto? ¿Qué sucederá si no se puede comprobar la culpabilidad de alguien simplemente porque no existe el deber de confidencialidad?
Creemos que la realidad del aborto no hará menos doloroso el horror que la violación significa para una mujer. La pura ideología del proyecto es tan evidente que en su redacción inicial no contemplaba ningún programa serio de acompañamiento para el caso de la mujer que enfrenta el drama de un embarazo no deseado. A duras penas, una negociación entre algunos y sus cada vez más débiles convicciones, intentaron promover algún tipo de norma de carácter general en materia de acompañamiento, que -la firme sabemos es completamente insuficiente.
Este debate ha sido intenso, apasionado, pero con nula capacidad de salir de la trinchera. Por eso, invito a todos a reflexionar un minuto.
¿Qué pasaría si las posiciones o argumentos que hoy defienden con tanta convicción estuviesen equivocados? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese error? En una materia tan importante, una mala ley no provocaría un mal rato circunstancial, como les ocurre a los usuarios del transporte público a causa de la mala ley del Transantiago; tampoco provocaría problemas de crecimiento o empleo, como los que generó la mala ley de reforma tributaria. En este caso, la posibilidad de error produciría un efecto irreversible a miles hombres y mujeres de nuestro país: no nacerían, porque se les negaría el más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida.
(Aplausos)
Ante ese riesgo, por ellos y por el derecho a la vida sin excepciones, vamos a votar que no, con la convicción más absoluta de que lo hacemos por respeto a la dignidad trascendente e inviolable de las personas, cuyo primer derecho humano es el derecho a nacer.
Porque soy mujer, porque doy vida, puedo decir con propiedad que si el argumento es la supuesta autonomía que tendríamos las mujeres respecto de nuestro cuerpo, de nuestro vientre, explíquenme por qué solo circunscriben este proyecto a tres causales. Siguiendo esa línea argumental, no debería haber ninguna limitación. Lo que realmente sucede es que están abusando de tres situaciones dolorosas para las mujeres con la finalidad de justificar el aborto.
La autonomía de la mujer no puede pasar a llevar el derecho a la vida. Lo que realmente quieren y buscan aprobar es el aborto libre. Sería mucho más honesto de su parte reconocerlo.
No puedo terminar esta intervención sin valorar la actitud valiente del diputado Iván Flores , que espero remeza muchas conciencias que se han visto afectadas en el transcurso de este debate.
Vamos a votar a favor de la vida.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, ninguno de los parlamentarios presentes fue elegido para evitar los debates difíciles. Estamos aquí para razonar, para debatir con serenidad y con la humildad necesaria para comprender las posiciones de los demás, en especial cuando discutimos respecto de materias tan complejas.
Me siento agradecido del espíritu con que los diputados de la Democracia Cristiana han enfrentado este debate. Consientes de nuestro deber de representar, pese a nuestras limitaciones, a tantos chilenos y chilenas que nos eligieron para estar aquí, nos hemos planteado, como lo hace todo Chile, las interrogantes más fundamentales que puede afrontar un ser humano enfrentado a situaciones como las que aborda esta iniciativa.
Lo hacemos desde la experiencia que llevó a Frei Montalva a defender la planificación familiar; a Patricio Aylwin y Soledad Alvear a terminar con la vergüenza de la filiación ilegítima; a Ignacio Walker y Mariana Aylwin a luchar por terminar con la hipocresía de las nulidades matrimoniales y reconocer la importancia que tenía regular adecuadamente el divorcio, pero protegiendo a quien habitualmente es la parte más débil en ese quiebre: la mujer.
Se ha dicho en esta Sala que ninguno de nosotros puede imponer a otros sus convicciones religiosas o morales, y es cierto. La nuestra es una democracia que aspira a vivir como una comunidad de iguales que están llamados a persuadir, a dialogar en vez de forzar o violentar. Sin embargo, ninguno de nosotros llega a este hemiciclo desde el vacío; cada uno posee convicciones que no son neutrales. Es desde ellas, en mi caso y en mi condición de demócrata y cristiano, que participo de este debate.
Pero nuestras convicciones más profundas se vuelven vacías si no se dejan impactar por la experiencia del otro, y no me refiero a un otro abstracto, sin rostro, sino a seres humanos que sienten miedo, que experimentan una vulnerabilidad difícil de imaginar, la mayoría de las veces en una soledad implacable; a personas como nosotros, mayoritariamente mujeres, por supuesto; pero también a hombres que las aman: sus parejas, sus padres, que enfrentan decisiones que solo la soberbia más grande podría reducir a un eslogan, a una declaración de principios o a una mera cuestión jurídica o médica.
He recorrido un largo camino de discernimiento para tomar una decisión en esta materia. En ese camino he sido testigo de la pasión de quienes han abrazado la causa de acompañar a niñas y mujeres que viven en condiciones extremas, de quienes defienden el derecho a nacer de ese ser humano en gestación y se niegan a abandonar a su suerte a la madre que lo lleva en su vientre. Lo han hecho casi siempre sin más recompensa ni respaldo que la determinación de proteger uno de los bienes más preciados que posee el ser humano: la vida.
He visto también, y no solo ahora, la violencia ejercida sobre niñas y mujeres en nuestra patria, la violencia brutal y evidente de la violación, por supuesto, pero también la tortura silenciosa de la violencia intrafamiliar, que muchas veces tiene una expresión sexual, repetida en una y mil ocasiones al interior de nuestros hogares. La violencia de verse reducidas a objetos, a cosas de las cuales se dispone; violencia construida sobre una larga historia en la que cada paso hacia el reconocimiento más mínimo de la dignidad de la mujer ha sido solo posible gracias a la lucha y determinación inquebrantable de muchas de ellas que se han enfrentado, contra viento y marea, a una cultura machista que les niega lo que su propia naturaleza les entrega por derecho propio.
Ese es, al menos parcialmente, el contexto del debate que hoy abordamos.
No comparto la caricatura provida o proelección, pero es inevitable que nos enfrentemos a ella. La reflexión ética debe ser acompañada por la bondad, por la compasión; debe dialogar con la realidad, debe desconfiar de los purismos evangélicos, tanto de los totalitarismos como de los relativismos. La reflexión ética debe motivar decisiones eficaces, no meras respuestas formales que esconden la basura bajo la alfombra. La vida y la libertad, las dos cuestiones sobre las que debatimos, son consecuencia de la dignidad del ser humano, no cuestiones que podamos separar una de la otra.
Señor Presidente, me he convencido a lo largo de este camino de que, con la misma claridad que he defendido permanentemente el derecho a la vida del que está por nacer, existen circunstancias excepcionales en las cuales el reconocimiento efectivo de la dignidad de un ser humano supone asumir que es en su conciencia el único espacio donde es posible tomar la que probablemente sea la más difícil de las decisiones.
Se nos dice que esta es una cuestión de libertad sobre el cuerpo, de derechos sobre el cuerpo. Para muchos puede serlo, pero para otros es la protección de ese pequeño que está por nacer. Cada aborto es una tragedia irreparable, pero rechazo con mucha firmeza que el Estado se atreva u ose sancionar con la más grave de las sanciones, la cárcel, a una mujer que está pasando por una circunstancia dramática, única, excepcional. No voy a ser yo, respetando otras opiniones, quien se haga cómplice de esa realidad.
La causal o hipótesis de riesgo de la vida de la madre ha sido suficientemente tratada, así que no la abordaré. En todo caso, me parece más que razonable.
En cuanto a la causal de inviabilidad letal, la imposibilidad de vivir del niño que está en el útero materno, con todas las dificultades que tiene, con los riesgos y la incertidumbre que genera, me parece que sigue siendo una circunstancia excepcional en la que debe ser la madre quien decida, acompañada por su pareja, por su familia y, por supuesto, con la ayuda del programa especial de acompañamiento que estamos incorporando, que espero la derecha apoye cuando pidamos más presupuesto para él. Me parece que esa es la mejor forma de enfrentar esa situación.
Pero en el caso de la violación, que probablemente es la causal que más ha costado, quiero señalar que me parece de una brutalidad enorme el hecho de que la mujer, luego de verse sometida a esa violencia inaceptable, además deba enfrentar la persecución del Estado. Algunos dicen que podrá plantear la eximente de responsabilidad penal. ¡Por supuesto! Pero después de la violación de esa mujer se tendrá que probar que se realizó un aborto y además tendrá que presentar la eximente de responsabilidad penal. Ahí no hay dignidad ni compasión.
(Aplausos)
Señor Presidente, esta es una de las decisiones más difíciles, si no la más difícil, que me ha correspondido tomar desde que asumí como diputado hace dos años. No ha sido fácil; pero, como demócrata y cristiano, estoy convencido de que el reconocimiento de la dignidad más básica de cada uno de nosotros supone comprender que existen circunstancias en las cuales el Estado no es el llamado a resolver.
Este proyecto no es el mismo que ingresó, ya que las causales han sido acotadas para establecer que son extraordinarias y excepcionales. En esta iniciativa hablamos de riesgo efectivo de la vida de la madre, de la inviabilidad letal del feto, de persecución penal y de acompañamiento. Quienes gritaron, no en las tribunas, pues está muy bien que la gente se exprese allí, sino antes de este debate, no tuvieron la capacidad de construir ese acompañamiento que las mujeres merecen.
Señor Presidente, por respeto a la dignidad de las chilenas y de los chilenos; por amor a mis hijas, a mi madre y a quienes no conozco, pero que se pueden ver enfrentadas a estas situaciones excepcionales, pido a los diputados que cuando tengan que pronunciarse mañana respecto de esta iniciativa, reconozcan que las mujeres enfrentadas a estas situaciones tendrán la posibilidad de resolverlas.
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, no deja de llamar la atención el hecho de que hoy estemos convocados para discutir un proyecto que constituye una de las iniciativas más lamentables a que un parlamentario plenamente consciente de la dignidad humana puede verse enfrentado.
Como exmiembro de la Comisión de Salud, puedo decir sin temor a equivocarme que el proyecto representa a todas luces la profunda ideologización de un gobierno que está llevando al país a un deterioro en su desarrollo y calidad de vida como no se veía desde hace mucho tiempo.
Esa ideologización ha llevado a que la Comisión de Salud, en vez de debatir sobre la mentira del plan de hospitales del programa presidencial, sobre los miles de pacientes aún sin atención que figuran en las listas de espera o sobre una deuda hospitalaria que se acrecienta a niveles históricos, se haya dedicado por casi dos años a estudiar dos proyectos de ley que poco o nada tienen que ver con las urgencias de la salud pública, ya que se refieren a la legalización del aborto y de la marihuana.
¡Aquí hablamos de aborto, señor Presidente, no de los eufemismos que utilizan los parlamentarios abortistas, quienes dicen que esto no es aborto, sino “interrupción voluntaria del embarazo”! Tan eufemística es la discusión, que incluso algunos parlamentarios dicen que esto no es una cuestión “de los diputados provida” versus “los que no lo son”. ¿Esos parlamentarios creen que los chilenos piensan que un legislador provida es aquel que apoya este proyecto con su voto?
Seamos claros: eliminar una vida en el vientre de su madre es la forma más espantosa de violación al derecho humano más elemental, que es nacer y vivir.
Se nos dice que existe un derecho que habilitaría a interrumpir el embarazo. ¡No es así! Lo que existe en nuestro ordenamiento jurídico y en el ordenamiento internacional es el derecho a la vida, que está regulado en todas las constituciones.
Un supuesto derecho al aborto no puede constituir un derecho o exigencia, pues consiste en la eliminación de una persona que también detenta el derecho a la vida. Aquí se está hablando de la práctica del aborto basada en causales.
Tampoco nos vengan a decir acá que se trata de un aborto terapéutico. No existe en la práctica médica o lex artis ninguna terapia que tenga por objeto eliminar a una persona. Este es un eje semántico y estratégico para dotar de cierta racionalidad a una necesidad aparente, que es introducir en la discusión política un eje ideológico, “un supuesto derecho”.
Señor Presidente, este es un debate hipócrita, sobre una legislación que no es necesaria para nuestro país y que ha nacido de premisas falsas. Se nos ha dicho y se nos seguirá diciendo que el aborto terapéutico existía antes de la derogación del artículo 119 del Código Sanitario, efectuado por el gobierno militar. ¡Absolutamente falso! El antiguo artículo 119 establecía, nada más ni nada menos, el principio del doble efecto, pues disponía que “solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo”.
Este artículo fue derogado única y exclusivamente porque a fines de los 70 se abusó de este mecanismo para promover el aborto libre en algunos hospitales públicos de Santiago.
Eso no quita que el principio del doble efecto, en cuya virtud es lícito generar un tratamiento que pueda tener como consecuencia inevitable la muerte de un feto, sea una conducta ilícita. Eso es mentirle al país y a las propias conciencias de los que proponen esta legislación.
(Aplausos)
En la actualidad existen protocolos médicos que, utilizando el expediente del principio del doble efecto, interrumpen el embarazo con el objeto de salvar la vida de la madre. En efecto, en Chile, antes y después de 1989, se interrumpe efectivamente el embarazo cuando hay riesgo vital, real e inminente de la madre, en cualquier momento de la edad gestacional. Esto sucede con patologías como preeclampsia, embarazo ectópico, mola hidatiforme, cáncer de cuello uterino, entre otras.
Todos estos casos contemplan la aplicación de este principio ético. Señor Presidente, los parlamentarios abortistas ocultan que el Código Penal sanciona el aborto malicioso, llevado a cabo con la intención deliberada de que el niño no nazca. Eso es delito. No hay médicos sancionados por aplicar el principio de interrumpir el embarazo cuando las circunstancias médicas y los protocolos médicos lo exigen. ¡Paren de mentir!
Respecto de la segunda causal, ¿me va a decir, señor Presidente, que todos los centros asistenciales en Chile cuentan con la tecnología para evitar un error de diagnóstico respecto de una enfermedad incompatible con la vida extrauterina? Además, ¿tenemos médicos especialistas para realizar esos diagnósticos en tiempo y en forma en cada rincón del país? Como se dijo en la Comisión de Salud, si hay un error en el diagnóstico, ¿quién va a responder?
Esto, señor Presidente, es una farsa. En pocos años más estaremos discutiendo sobre el aborto libre, tal como sucedió en el caso español.
La causal de aborto por violación es la que establece más dudas jurídicas y morales. A pesar del indescriptible sufrimiento que eso significa para toda una familia, ¡el Estado no puede abandonar el producto de la concepción, no puede dejar de cumplir con su rol de proteger la vida! El Estado, cuya misión fundamental es contribuir al bien común, no puede propender a no dar protección a una persona que está por nacer. ¡A Chile le hacen bien más chilenos!
Asimismo, surgen dudas. ¿Quién se hará cargo de la presunción de inocencia? ¿Qué pasa si se abusa del deber de confidencialidad para favorecer la impunidad?
Señor Presidente, una legislación como la que estamos discutiendo solo favorece al agresor. Además, la madre lleva en su seno una vida humana, ¡no otra cosa! Eso hace, per se, que el producto de la concepción sea indisponible.
Quiero plantear dos temas.
Tan impresionantemente ideológico es este proyecto, que el texto original no tenía una sola norma en favor del programa de acompañamiento. Tímidamente, se introdujo una indicación general que busca aplacar la conciencia de los parlamentarios de la Democracia Cristiana. En ningún caso se busca evitar los abortos. Esto no es casual, pues la clave ideológica de los partidarios del aborto consiste en negar dignidad y vitalidad al producto de la concepción. De ahí que el acompañamiento sea tan insignificante en este proyecto.
Se nos dice, por último, que Chile es uno de los poquísimos países -hablan de cuatro o cinco que exhibe una legislación tan restrictiva. ¡Mentira, señor Presidente, porque los países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia son 66! Muchos de ellos recogen en sus legislaciones el principio de doble efecto.
Por todo lo anterior, presento la reserva de constitucionalidad de los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, por oponerse al artículo 19, N° 1°, de la Carta Fundamental, pues las causales del aborto contravienen el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona que está por nacer.
(Aplausos)
Además, estos artículos se oponen al mandato constitucional entregado al legislador de proteger la vida del que está por nacer.
Finalmente, también deseo invocar el artículo 19, N° 2°, de nuestra Carta Fundamental, que consagra la igualdad ante la ley, y señala que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, ya que este proyecto supone una discriminación del derecho a la vida, fundamentalmente en la tercera causal, de violación, pues esa causal no distingue una vida viable de la que no lo es, y eso la transforma en arbitraria.
No tengo temor a dejar en la historia de la ley mis convicciones en favor de la libertad humana y su dignidad. Mi actuación parlamentaria está movida por el convencimiento absoluto de que la titularidad sobre la vida del hijo no es solo de la madre, como quien tiene una cosa que es de su propiedad. Ese hijo es una persona, como todos los que estamos aquí reunidos.
Con la valentía de estar actuando en completa libertad y creyendo que este es un proyecto que, de transformarse en ley, será una mala ley para nuestro país, lo rechazo en todas sus partes.
Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi decisión y probablemente así lo digan las encuestas, pero prefiero perder elecciones y no perder jamás mis convicciones. Aunque perdamos esta votación, nunca renunciaremos a proteger el derecho a la vida del que está por nacer. Al respecto, al igual que los juncos, cuando los vientos soplan en contra, nos podrán doblegar, pero jamás romper.
Por eso, estaremos siempre defendiendo la vida ante todo.
Por esas personas que no pueden defenderse, votaré no al aborto. He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .
El señor TRISOTTI.-
Señor Presidente, hoy se ha festinado con que es un día histórico e importante, aunque para muchos no lo es. Es un hecho triste que se regule la muerte de personas indefensas.
A diferencia de lo que se nos quiere hacer creer, este es un proyecto inconstitucional y ambiguo, que posee inconsistencias que, más que la interrupción en tres causales, permitirán el aborto libre.
Por eso, quiero hacer reserva de constitucionalidad para los efectos del artículo 93, N° 3°, de la Constitución Política de la República, respecto del artículo 1°, N° 3), del proyecto, toda vez que atenta contra el derecho a la vida y a la protección del que está por nacer; pero también por la infracción a los artículos 6°, 7°, 76 y 77 de la Constitución, como es la infracción a la facultad exclusiva de conocer las causas civiles y criminales que tienen los tribunales de justicia, al entregar a los equipos médicos la determinación de un delito.
Esa misma aprensión ha sido reconocida por la Corte Suprema, en las consideraciones adicionales de su segundo informe relativo al proyecto, en que señala que el proyecto otorga esa facultad a un equipo médico, en circunstancias de que la competencia para determinar la existencia de la categoría jurídica de violación solo debería ser valorada por los jueces.
Creo necesario recordar el artículo 76 de nuestra Constitución, en que se expresa que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. y agrega que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales.
Es así como nuestra sociedad, donde prima el Estado de derecho, que busca estructura y orden, la función de resolver los conflictos de relevancia, para los principios que inspiran a estos, debe quedar en manos de terceros imparciales y ajenos a dichos conflictos. Las normas que justifican a estos terceros imparciales deben ser claras, estableciendo límites a una labor tan importante; construir una institucionalidad eficiente y cuya regulación sea conocida y exigible por todos y para todos. Esa es la función del Poder Judicial: impartir justicia. Así se cumple una de las labores más relevantes que tiene el Estado.
El presente proyecto otorga a un grupo particular de personas -los médicos tratantes la facultad de decidir cuándo se comete un delito específico. ¿Por qué se vulnera esta norma? Porque, de acuerdo al proyecto, la tercera causal para interrumpir un embarazo es que este sea el resultado de una violación. Una violación en los términos de la norma citada requiere de un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, para que evalúe e informe de la concurrencia de los hechos que constituyen la violación y sobre la edad gestacional.
Así, entonces, la pregunta en este debate debiese ser: ¿Cuál es la naturaleza de la violación? ¿Es solo un delito o es un delito y, además, un diagnóstico médico? Si fuesen ambas cosas, se produce una contradicción. Como delito, debe ser denunciado y juzgado por un tribunal, y solo por un tribunal.
Entonces, habría que sostener que para el caso no es un delito, sino un diagnóstico elaborado por un equipo de expertos, y, por lo tanto, no requeriría de una posterior denuncia. Ello fue objeto de una amplia discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, al presentarse una indicación sobre el tema.
Lo cierto es que la violación es un delito. Esa es la discusión que hay que abordar. El proyecto no debiera contravenir las normas antes señaladas; pero lo hace y deja la determinación de la ocurrencia de un delito en manos de terceros ajenos al Poder Judicial, lo cual originará problemas de orden lógico, ya que la aprobación del proyecto, en las actuales condiciones, generará efectos prácticos indeseados o absurdos.
Así, es posible evidenciar problemas.
Primero, de acuerdo a lo señalado, la ocurrencia o no del delito de violación estaría siendo determinada por médicos, no por jueces, lo cual es inconstitucional.
Segundo, para solucionar este conflicto habría que señalar que la violación se determinará como cualquier otro delito, luego de un procedimiento racional y justo, conocido y juzgado por un tribunal que concluya el juicio correspondiente con una sentencia definitiva ejecutoriada. Pero acá se derivan más problemas. Un juicio de estas características podría llegar a demorar más tiempo que todo el período de gestación. Esto la hace ser una ley en proyecto inútil.
Para solucionar el problema anterior se necesitaría establecer, por ley, un procedimiento breve, de características particulares, tendiente a obtener una sentencia lo antes posible; pero si se toma la decisión de establecer un procedimiento con las características señaladas, significaría dar un trato diferente a personas formalizadas por el mismo delito, el de violación, sin que se presente un argumento razonable para justificar este trato distinto para conductas iguales. Esta es una discriminación arbitraria y las discriminaciones arbitrarias también son inconstitucionales.
Para el caso en que la diferencia de trato fuera argumentada y dichas razones se consideraran atendibles por la mayoría necesaria, se crearía un incentivo para que el delito de violación tuviera determinados resultados, y si no se tomara la decisión de tener procedimientos diferentes y se optara por que la sentencia provenga de un juicio con las mismas características y formalidades que cualquier otro tipo de juicio, el tiempo que deberá transcurrir será, muy probablemente, superior a los plazos ya referidos, como lo planteé anteriormente.
Radicado el asunto en el tribunal que corresponde, el juicio, como cualquier otro, puede concluir en una sentencia absolutoria o condenatoria, lo que acarrea efectos sin sentido. Si es absolutoria, significa que no hubo violación, y si no hubo violación, se estaría atentando contra la vida del que está por nacer sin una causa justificable, lo que constituye un delito.
Los profesionales que llevaren a cabo la interrupción del embarazo en un recinto público deberían autodenunciarse ante el Ministerio Público, lo que constituye también una vulneración constitucional, de acuerdo al artículo 19, N° 7°, letra f), de la Carta Fundamental. De no hacerlo, se vulneraría la obligación legal de denunciar aquellos delitos de que tuvieron conocimiento, pero sí respetarían la Constitución, transformándose así en una incoherencia más del proyecto. Si la sentencia es condenatoria, habría recién una causa, supuestamente justificada, para interrumpir el embarazo.
Toda esa serie de efectos prácticos terminan en absurdos o en ideas diferentes a las que supuestamente justifican el proyecto en discusión. Estas ideas diferentes y ambiguas hacen necesario concluir que lo que se quiere discutir, en el fondo, es el aborto en cualquier causal, quedando la decisión entregada por completo a esa mujer embarazada.
Ese es el debate sincero que se debería tener y no estar discutiendo un proyecto de ley lleno de falencias técnicas que generan efectos absurdos y complejos. De sincerar posiciones el Ejecutivo, se podría debatir una idea totalmente distinta, sin tener que sacrificar nuestras convicciones en esta discusión para satisfacer la intención de grupos particulares, la que aparece cada vez menos oculta en este proyecto.
Parece ser que existe un interés mayor por que el aborto sea permitido, sin ninguna otra causal que la voluntad de la mujer, es decir, un aborto libre. Ese es otro debate, pero es la cuestión de fondo que hay que evidenciar en este proyecto.
Queda en evidencia que estamos frente a un proyecto que posee inconsistencias, lagunas y ambigüedades, que permitirán efectos mucho más amplios que los explicitados y sincerados por el gobierno.
Porque creo en el derecho a la vida desde la concepción, no estoy disponible para entregar una autorización legal que privilegia el derecho del más fuerte y desarrollado, por sobre el que está en formación. En definitiva, no estoy disponible para entregar una autorización legal para matar a miles de seres indefensos.
Estoy en contra de las tres causales y por eso votaré no.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, ¿cuánto tiempo resta del tiempo asignado a los distintos Comités Parlamentarios?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señor diputado, quedan exactamente veinte minutos de debate. A la bancada de la Unión Demócrata Independiente le restan cinco minutos de intervención y está inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Osvaldo Urrutia , quien intervendrá después del diputado Marcelo Chávez , lo que permitirá cumplir con la planificación realizada ayer.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez .
El señor CHÁVEZ.-
Señor Presidente, en el transcurso del debate se ha señalado lo complejo, difícil y relevante que será para la historia del país la decisión que el Congreso Nacional adopte en relación con el proyecto de ley en discusión. Cada uno de nosotros decidirá basado en sus más íntimas convicciones respecto de cómo entiende, concibe y resuelve las interrogantes que nos presenta la vida en comunidad. No se trata de una discusión religiosa ni de imponer convicciones personales, sino de pronunciarse, sana y rectamente, de acuerdo con nuestra conciencia, iluminada por los principios en los que creemos y que intentamos sustentar.
En mi caso, y por un mínimo de honestidad intelectual, declaro que mi pronunciamiento responde a una perspectiva humanista cristiana que, entre otras, sostiene la noción de la persona humana como un ser digno, libre y social, que tiene un destino individual, pero que solo se desarrolla plenamente en sociedad mediante la solidaridad con los demás.
En ese sentido, de la lectura del mensaje que dio origen a la iniciativa en debate y sus posteriores modificaciones, observo un problema basal: el proyecto desconoce el estatus de sujeto de derecho del no nacido al redefinir el concepto de persona, de manera que excluye a ciertos individuos de la especie humana del grupo de titulares de derechos, en tanto se trataría de un bien valioso, pero en tanto su nivel de desarrollo no alcanza para sostener su personalidad, puede ser objeto de ponderación con otro tipo de intereses u objeto de disposición de la madre. Aquello se expresa nítidamente en la naturaleza no exculpatoria de la excepción: regula la norma de conducta, afectando el contenido de lo injusto.
Como se ha sostenido, este proyecto es abiertamente inconstitucional, ya que altera la garantía señalada por el constituyente en el artículo 19, N° 1°, de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas ciertos derechos fundamentales, entre los cuales menciona el derecho a la vida del que está por nacer. En una interpretación armónica con las normas y principios del Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, en especial el artículo 1°, que establece que el Estado está al servicio de la persona humana, y con el artículo 5°, que reconoce los derechos esenciales que derivan de la naturaleza humana, y es claro que el embrión cuenta con tales derechos. La conclusión, señala el profesor Hernán Corral , es exigida también por la armonía que debe existir entre la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, en especial con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El presente proyecto no trata sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Lo que hace, en realidad, es legalizarlo. En efecto, y como consigna un documento presentado por la vicepresidenta de mi partido, “despenalizar significa que el legislador renuncia a utilizar la amenaza penal en la protección de un determinado bien jurídico sustituyéndola por otro medio de protección, en virtud de un análisis de la necesidad de la pena. El proyecto, en cambio, establece más bien todo lo contrario, esto es, que el aborto es un acto lícito en esos casos, autorizando su ejecución y estableciéndolo como un derecho que debe ser garantizado estatalmente.”.
La estipulación en el proyecto de una cláusula de objeción de conciencia no viene sino a confirmar que nos encontramos frente a una legalización del aborto en tres causales.
El análisis de las causales que contempla la iniciativa nos muestra que presenta una serie de problemas, que abordaré a continuación.
En la medida en que se contemple una autorización legal para abortar, esto es, eliminar o matar directamente a la criatura, sin procurar límites éticos y técnicos, como sí lo contemplan otras autorizaciones o excepciones a la punibilidad, como el estado de necesidad, la medida es excesiva, desproporcionada y peligrosa.
Una causal diseñada para autorizar conductas en principio prohibidas debe establecer las condiciones valorativas y técnicas que permiten dichas conductas, cuestión a la que renuncia la causal primera; aquello radica solo en la autonomía de la madre (o autorización limitada para disponer de la vida de su hijo), mientras que el riesgo de vida de la madre es sometido a un estándar menor de certificación: un médico cirujano en general o un especialista general. Una solución, por ejemplo, habría sido la aclaración de que cualquiera causal tiene como fundamento la teoría del doble efecto.
La introducción de la causal de inviabilidad es probablemente una de las más complejas y riesgosas, en tanto el modelo de indicaciones se construye sobre la base de la autorización de una conducta de matar directamente a un ser humano inocente. Esta conducta, en principio prohibida, pasaría a ser autorizada (o justificada) en el entendido de que ciertas cualidades accidentales del ser humano no nacido -su posible o supuesta incapacidad de vivir extrauterinamente, derivada de una alteración congénita o genética pueden ser una carga inaceptable o no exigible para la madre.
En concreto, la causal orienta la solución a una especie de privatización del conflicto, en que se acepta que sea la madre la que, basada en su autonomía, decida si está dispuesta a soportar una carga: su hijo enfermo. El discurso de la autonomía concibe al embarazo como un estado biológico del cual emanan meros deberes de solidaridad de la madre hacia su hijo, los que decaen en valor frente a la carga inexigible que representa un hijo enfermo.
En cambio, en la causal de violación, el principal problema es que se opta por el llamado sistema de plazos, aunque de manera encubierta. El estándar probatorio inexistente -o, al menos, deficiente de la circunstancia de violación transforma a esta causal del proyecto del gobierno en un verdadero sistema de plazos. Este modelo tiene como punto central la necesidad del reconocimiento de la autonomía de la mujer para decidir sobre la mantención de su embarazo, de manera tal que el objeto de la concepción es disponible por cierto lapso de tiempo. Adicionalmente, incorpora una valoración de carácter temporal, esto es, que la criatura en el vientre materno va adquiriendo progresivamente valor o, al menos, el interés en ser protegido. Por lo mismo, se autoriza libremente el aborto solo durante el ciclo de desarrollo más precario o inicial de la criatura.
Me resisto a pensar que esta discusión es única y exclusiva de las mujeres -lo digo con el mayor respeto por ellas-, donde solo importa la decisión de las mujeres. ¡No! Aquí no existe un derecho a decidir autónomamente, puesto que existe la vida de otra persona respeto de la cual no puede decidir. Ese es su límite. Esta es una discusión que debemos dar en conjunto como sociedad, hombres y mujeres.
En ese sentido, Sergio Micco y Eduardo Saffirio , en un escrito reciente, señalan que hay quienes apoyan el aborto como un derecho sexual y reproductivo, reclamando el derecho de propiedad, en este caso, sobre el propio cuerpo. Se habla “…de “mis zapatos”, de “mi hijo” o de “mi cuerpo”. Pero es evidente que se trata de tres distintas formas de relación entre el sujeto y lo otro. El ser humano es su cuerpo. Por lo mismo, en nuestro concepto, no hay un derecho a vender los propios riñones, ni a esclavizarse ni muchos menos a suicidarse. ¿Por qué? Porque esas son decisiones irreversibles que atentan contra la vida, dignidad y libertad de quien las adopta.”.
En tal sentido, hemos presentado dos iniciativas de ley, trabajadas con el apoyo de un grupo de profesionales encabezados por la exsenadora Soledad Alvear, destinadas precisamente a entender que estas situaciones terribles y dolorosas deben ser abordadas desde la responsabilidad comunitaria y la solidaridad. La idea es crear un programa integral de acompañamiento y de adopción en vientre. Lamento el nulo interés de la ministra Claudia Pascual de querer dialogar y de conocer esta iniciativa, tal como se lo pedimos un grupo de diputados de la Democracia Cristiana.
Tampoco acepto los emplazamientos de algunos diputados de derecha acerca de nuestra conformidad con el programa de acompañamiento, puesto que en nuestra diversidad hemos realizado lo que buenamente creemos, y tampoco acepto su ardorosa defensa de la vida cuando en épocas pasadas nunca se les escuchó.
En este debate, quienes tenemos una opinión crítica del proyecto no aceptamos el mote de conservadores. Por el contrario, nuestra postura resulta de un profundo progresismo, porque significa defender el primer derecho humano: el derecho a la vida y su dignidad. El progresismo no puede ceder en principios que parecían inmutables, como la protección del débil y la no violencia.
El aborto no significa un triunfo, sino una derrota para nuestra sociedad. El gran triunfo de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, fue proteger de la arbitrariedad del poder temporal la valoración de que todos los seres humanos somos dignos y de que el Estado protege nuestra autonomía. No se trata, como dijo un diputado, de hacer con esa libertad lo que nos plazca, sino de respetar y de asumir el límite: los derechos del otro.
El aborto significa privatizar el problema y dejar como respuesta el triunfo de un liberalismo individualista y materialista, que reclama sin más la soberanía absoluta de la conciencia y de los derechos individuales sobre los deberes para con la comunidad.
Este proyecto no me representa, ya que el estatuto de sujeto de derechos esenciales, y por lo tanto el contenido y fuente de los derechos humanos, no puede estar al arbitrio de las concesiones recíprocas entre hombres y mujeres, pues ellos dependen de la naturaleza humana y de ciertas cualidades que arrancan de ella. Este es un modelo de sociedad que renuncia a la dignidad humana como valor fundante y lleva para sí un esquema de sociedad que no se reserva nada a la arbitrariedad de las mayorías accidentales.
Frente a eso, seguiremos postulando en favor de la defensa de los indefensos y rechazaremos cualquiera forma de violencia en contra de inocentes. Como dijera Paul Nowak , “la náusea se produce igualmente en una explosión atómica, en una cámara de gas o en un quirófano esterilizado.”.
Por todas estas consideraciones, y de acuerdo con mi conciencia, inspirada en los valores del humanismo cristiano no confesional, porque creo en el valor de la dignidad humana, votaré en contra estas tres causales.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, todo parece indicar que hoy nos encontramos en un hemiciclo con seres que se consideran omnipotentes, ya que algunos de los 120 diputados que han opinado pretenden determinar qué persona debe vivir y qué persona debe morir.
Ciertamente, es un acto de arrogancia considerar que estamos en una posición que nos faculta para juzgar y resolver sobre la existencia de la vida humana. No obstante, se ha instalado el debate del aborto, y voy a argumentar fundadamente por qué soy detractor de esta iniciativa legal.
Algunos sostienen que el embrión no es un ser humano, que es titular de derechos recién desde el hecho del nacimiento, o bien que debiera entenderse que es persona al cumplir 12 semanas de gestación, en el caso de madres mayores de 14 años, y de 14 semanas de gestación en el caso de madres menores de 14 años, puesto que ese es el tiempo de gestación límite que el gobierno ha establecido para practicar el aborto.
Pregunto a quienes han redactado este proyecto con qué argumento de fondo se llega a la conclusión de que en un caso se es persona a las 12 semanas y en otro a las 14 semanas. Con este mismo razonamiento, el día de mañana el gobierno podría sostener también que los mayores de 85 años no son personas y, como pasan a ser una carga emocional y económica para sus familias, también se justificaría terminar con su vida.
Sin pretender recurrir a una concepción ontológica de la existencia de la vida humana, podemos graficar el desarrollo de la vida de la persona que está por nacer desde su concepción al nacimiento como un cambio de lugar. En realidad, el nacimiento es un mero cambio de lugar, lo cual no puede ser determinante en la condición de persona. En otras palabras, el lugar que ocupe un ser dentro o fuera del útero no puede constituir razonablemente el factor que marque la diferencia entre si es lícito o no lícito matarlo. Para llegar a esa conclusión no es necesario utilizar concepciones religiosas, morales subjetivas, ideológicas o políticas, sino la propia razón basada en la observación de la realidad.
Ahora bien, este proyecto se funda en tres causales que gozan de indiscutible fuerza retórica. Oponerse a ellas parece ser egoísta y retrógrado, pero las analizaremos en particular, así como los fundamentos que sustentan cada una de ellas en el limitado tiempo de que dispongo.
En cuanto a la primera causal de despenalización, el caso de un aborto provocado para salvar la vida de la madre, se ha sostenido que quienes estamos en contra del aborto creemos que la mujer tiene el deber estoico de no interrumpir el embarazo hasta que llegue a su término natural y que queremos mantener una carga insoportable para muchas mujeres.
Eso es falso y en realidad es todo lo contrario. Simplemente, creemos que existe un deber de abstenerse de matar intencionalmente a un ser humano inocente, lo cual se funda en una defensa coherente de la dignidad de la persona, esté nacida o no. Así las cosas, en los casos en que se salva la vida de la madre, estamos circunscribiéndonos a que la muerte del no nacido es un efecto colateral, indirecto y no intencional de una acción en sí misma lícita y necesaria para alcanzar un bien de importancia proporcionada, siendo por ello justificada. Es por esto último que estas conductas no se sancionan desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, por lo que es inoficioso establecer esta causal como motivo para practicar un aborto.
Respecto de la segunda causal, basada en caso de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, hay que ser muy claro en que el feto está vivo; aunque enfermo, está vivo. Justificar su muerte implicaría sostener que el titular del derecho a la vida lo pierde por el hecho de que esté próximo a la muerte. En esta concepción, un enfermo grave y terminal no merecería tratamiento y se justificaría su muerte por no tener mayores expectativas de vida. Ciertamente, es un acto de crueldad que quita la vida a una persona absolutamente inocente.
Pues bien, en el análisis de esta causal es muy interesante lo que plantearon en el debate que hubo en la Comisión de Hacienda la exsenadora Soledad Alvear y el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. En Chile, los médicos especialistas capacitados, con competencias técnicas necesarias para determinar patologías que representen incompatibilidad del feto con la vida son solo 49, de los cuales 39 están en Santiago.
¿Cómo se espera determinar correctamente los diagnósticos si a lo largo del país no hay los especialistas necesarios para ello? Además, según se ha mencionado en el debate, cerca del 70 por ciento de los diagnósticos sobre malformaciones perinatales son equivocados; por lo tanto, existe una altísima probabilidad de que al aprobarse este proyecto y fundándose en esta causal, se permita la muerte de niños absolutamente sanos y con todas las aptitudes y condiciones para llevar una vida normal.
Finalmente, en el debate parece encontrar una justificación moral la despenalización del aborto provocado cuando el embarazo fue producto de una violación. Sin perjuicio del acto horroroso y trágico al que se ha visto sometida la madre, acabar con la vida de ese niño no deja de ser injusto. El hecho de que la criatura haya llegado a existir como consecuencia de un acto violento y horroroso es irrelevante para determinar cómo debe ser tratada. De esa manera, esa persona no merece menos consideración y respeto por haber llegado a existir por el acto violento y delictivo del hombre que la engendró.
Además, atentar contra la vida de ese niño va en contra de la más elemental concepción de justicia, debido a que si alguien es víctima de un delito, no le da derecho ni justifica que imponga una carga injusta sobre una persona distinta del autor del ilícito. Recordemos que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, sino un individuo distinto y con un material genético diferente al de su progenitora.
Otro aspecto relevante de esta causal es que se funda en el tipo penal de violación, delito que deberá ser conocido por los tribunales de justicia. Al igual que otros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, me pregunto qué pasaría si una vez practicado el aborto la justicia determina que no hubo una violación. ¿Cómo volvemos atrás y le devolvemos la vida a ese niño que se le impidió nacer? Estamos hablando de una vida humana, por lo cual debemos ser muy cautelosos en los juicios y en las privaciones que se quieren incorporar en el texto legal.
En razón de lo anterior, este proyecto de ley está mal hecho y mal concebido, puesto que genera injusticias peores que las que se pretenden eliminar. Además, falta a la verdad por acción y omisión. Es injusto, porque acaba con la vida de un ser indefenso e inocente. Falta a la verdad, porque los promotores de esta iniciativa, basada en los llamados “derechos sexuales y reproductivos de la mujer”, que con tanta fuerza promueve la titular del Servicio Nacional de la Mujer, lo único que buscan es establecer el aborto libre en nuestro país, pisoteando la concepción más básica del respeto a la vida humana.
Si quieren el aborto libre, sinceremos el debate y díganlo expresamente, pero no lo circunscriban a tres causales mal planteadas que engañan a la ciudadanía.
En consecuencia, voto que no respecto de las tres causales planteadas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.00 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.