Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Roberto Leon Ramirez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- DECLARACIÓN DEL 25 DE MARZO COMO “DÍA DEL NIÑO QUE ESTÁ POR NACER”.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcelo Forni Lobos
- Francisco Chahuan Chahuan
- Fulvio Rossi Ciocca
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- German Becker Alvear
- Edmundo Eluchans Urenda
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Marcela Cubillos Sigall
- Gonzalo Arenas Hodar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA IMPOSITIVA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Montes Cisternas
- Sergio Aguilo Melo
- Raul Sunico Galdames
- Adriana Munoz D'albora
- Eugenio Tuma Zedan
- Alberto Robles Pantoja
- Pablo Lorenzini Basso
- Eduardo Saffirio Suarez
- Patricio Vallespin Lopez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DECLARACIÓN DEL 25 DE MARZO COMO “DÍA DEL NIÑO QUE ESTÁ POR NACER”.
- VII. INCIDENTES
- INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATADO A LA PLANTA DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficios.
- SOLUCIÓN A PROBLEMA DE CONJUNTO HABITACIONAL VILLA ALEGRE, EN COMUNA DE FLORIDA. Oficio.
- DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS GENERADAS POR EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LA COMUNA DE PENCO. Oficio.
- PLAN DE DESARROLLO GANADERO Y LECHERO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. Oficio.
- ADHESION
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE TERMINAL AGROPECUARIO DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS EXIGIDOS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN. Oficio.
- REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN NACIONAL EN LA UNDÉCIMA REGIÓN DE AISÉN. Oficio.
- INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA EN OFICINA DE DIPUTADO.
- INFORMACIÓN SOBRE DESALOJO DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE MAIPÚ. Oficios.
- ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 5 SUR. Oficios.
- ADHESION
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES DE CIUDADES ALEDAÑAS A RUTA 5 SUR. Oficio.
- ADHESION
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES AL SUBSIDIO RURAL. Oficio.
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA EN CUARTA REGIÓN. Oficios.
- EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUARTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL DE VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- CENTÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA HONORIO OJEDA VALDERAS, DE LA UNIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Cristian Monckeberg Bruner
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 27ª, en miércoles 17 de mayo de 2006
(Ordinaria, de 10.43 a 13.10 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Archivo de proyecto 9
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de normas relativas a la administración de los condominios de viviendas sociales. Primer trámite constitucional 9
VI. Proyectos de acuerdo.
- Declaración del 25 de marzo como “Día del niño que está por nacer” 23
- Evaluación de estructura impositiva 25
VII. Incidentes.
- Ingreso de personal subcontratado a la planta de la Empresa Nacional de Minería. Oficios 29
- Solución a problema de conjunto habitacional Villa Alegre, en comuna de Florida. Oficio 30
- Diferencias presupuestarias generadas por el cambio de calificación de la comuna de Penco. Oficio 31
- Plan de desarrollo ganadero y lechero para pequeños productores. Oficio 32
- Información sobre proyecto de terminal agropecuario de Antofagasta. Oficio 33
- Información sobre seguros exigidos a adquirentes de viviendas del Servicio de Vivienda y Urbanización. Oficio 33
- Reinstalación de equipos de Televisión Nacional en la Undécima Región de Aisén. Oficio 34
- Instalación de central telefónica en oficina de diputado 35
- Información sobre desalojo de edificio consistorial de Maipú. Oficios 37
- Accidente de tránsito en ruta 5 Sur. Oficios 38
- Recursos humanos y materiales para hospitales de ciudades aledañas a ruta 5 sur. Oficio 39
- Verificación de antecedentes de postulantes al subsidio rural. Oficio 40
- Medidas para paliar efectos de sequía en Cuarta Región. Oficios 41
- Evaluación de estudios de impacto ambiental en Cuarta Región. Oficio 41
- Situación de trabajadores de la construcción de cárcel de Valdivia. Oficios 41
- Centésimo quinto aniversario de la escuela Honorio Ojeda Valderas, de La Unión. Oficio 42
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que amplía el plazo para reclamar por el avalúo de bienes raíces no agrícolas. (boletín N° 4134-05) (S) 44
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil. (boletín N° 4197-07) (S) 44
3. Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.537, con el objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales. (boletín N° 3804-14) 45
4. Moción de los diputados señores Errázuriz y Monckeberg, don Cristián, que obliga a estampar la huella digital a todo compareciente a un tribunal. (boletín N° 4206-07) 57
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Ministra Secretaria General de la Presidencia por el cual comunica que el Ministerio de Hacienda no es partidario de archivar o retirar el proyecto que transforma la Casa de Moneda en Sociedad Anónima, para lo cual enviará indicaciones a dicho texto (boletín N° 2949-05).
- Respecto del proyecto que suspende el pago de pensiones asistenciales otorgadas en virtud del decreto con fuerza de ley N° 869, de 1975, a inválidos y discapacitados mentales, en caso que el beneficiario adquiera la calidad de trabajador, el fundamento para solicitar su archivo fue que se contraponía a las políticas sobre discapacidad (boletín N° 3217-13).
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Chino por el cual comunica que procedió a constituirse y designó como Presidente al diputado señor León, y como Vicepresidentes a los diputados señores Álvarez-Salamanca, Ceroni, Ulloa y Espinoza.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Isidro Solís, y de Vivienda y Urbanismo, doña Patricia Poblete.
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Patricio Hales y Juan Carlos Latorre.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).-
El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTO
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al archivo del proyecto de ley que suspende el pago de pensiones asistenciales otorgadas en virtud del decreto con fuerza de ley N° 869, de 1975, a inválidos y discapacitados mentales, en caso de que el beneficiario adquiera la calidad de trabajador, por cuanto se contrapone con las políticas sobre discapacidad.
El archivo del proyecto, originado en mensaje, fue solicitado por el Presidente de la República , don Ricardo Lagos, y la Cámara acordó dejar pendiente su resolución a la espera de nuevos antecedentes, los que ya fueron proporcionados por la ministra secretaría general de la Presidencia .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde considerar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Gonzalo Uriarte.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Boletín N° 3804-14-2.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre un proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Allende , doña Isabel , y Saa, doña María Antonieta ; de los diputados señores García, don René Manuel ; Melero, don Patricio ; Meza, don Fernando ; Montes, don Carlos y Uriarte, don Gonzalo, además de la ex diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los ex diputados señores Riveros, don Edgardo , y Letelier, don Juan Pablo .
La iniciativa establece normas que contribuyen a facilitar la organización y administración de los condominios de viviendas sociales y que, además, permiten garantizar un estándar superior en la construcción de los mismos.
Para materializar dicho objetivo, durante el primer trámite reglamentario se aprobaron una serie de modificaciones a la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, entre las que destacan las siguientes:
-Disponer que, en los condominios de viviendas sociales, la municipalidad estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial y a proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios, función que actualmente está concebida con carácter facultativo para la generalidad de los condominios.
-Facultar a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a los servicios de Vivienda y Urbanización para destinar recursos a los condominios de viviendas sociales, con el objeto de promover la ejecución de programas de mantenimiento, mejoramiento y ampliación en las unidades que los componen y de apoyar sus programas de autofinanciamiento.
-Posibilitar que, en las actuaciones que deban realizar estos condominios, concurra como ministro de fe el secretario municipal respectivo o el oficial de Registro Civil competente, a fin de facilitar su organización y administración.
-Incentivar la designación de administradores provisorios en los condominios de viviendas sociales, mediante el otorgamiento de facultades a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que, conjuntamente con los servicios de Vivienda y Urbanización, participen en su designación, suprimiendo el plazo de seis meses que se establecía para su desempeño.
-Incorporar, entre las materias que pueden tratarse en sesiones extraordinarias de la asamblea de copropietarios, las relativas a los programas de autofinanciamiento que podrán desarrollar los condominios y a las asociaciones con terceros para estos efectos, con el propósito de posibilitar la realización de actividades que generen ingresos para la copropiedad.
-Especificar que el primer reglamento de copropiedad debe considerar las características propias del condominio, a fin de contar con definiciones respecto de los usos posibles y de la forma de administración provisoria de los espacios comunes, que no se contemplan en los actuales reglamentos tipo que rigen los condominios de viviendas sociales.
-Precisar que estos condominios no podrán edificarse en grupos o conjuntos de más de ciento cincuenta unidades habitacionales, con el objeto de mejorar los estándares y de facilitar las relaciones y los acuerdos entre los vecinos, sobre todo en el caso de los condominios en extensión. Para este efecto, se autoriza, por el plazo de veinticuatro meses, contado desde la fecha de la publicación de la ley, la subdivisión de los condominios de viviendas sociales con el objeto de posibilitar una mejor administración de los bienes comunes.
-Establecer que en este tipo de condominios debe haber, a lo menos, un estacionamiento por cada dos unidades destinadas a viviendas, con el objeto de entregar una señal al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las empresas constructoras en el sentido de que es prioritario aumentar los estándares de las viviendas sociales.
-Disponer que las reubicaciones o compensaciones de superficies de áreas verdes o de equipamiento no podrán aplicarse en el caso de los condominios de viviendas sociales, a fin de evitar el empobrecimiento de estos últimos producido como consecuencia de la aplicación de este mecanismo.
-Finalmente, definir los condominios de viviendas sociales como conjuntos constituidos mayoritariamente por viviendas sociales, a fin de solucionar las dudas planteadas en las direcciones de obras municipales respecto de proyectos mixtos constituidos principalmente por este tipo de soluciones habitacionales, en los que se han incluido viviendas de un mayor valor.
Durante el segundo trámite reglamentario, los integrantes de la Comisión presentaron indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad, en virtud de las cuales se introdujeron las siguientes modificaciones al texto aprobado en el primer trámite reglamentario.
Se permite que el domicilio de los copropietarios de condominios de viviendas sociales pueda ser registrado en la secretaría municipal, para facilitar la citación a asamblea por carta certificada que efectúa el juez de policía local cuando el presidente del comité de administración o el administrador no lo han hecho, en atención a las dificultades que actualmente se presentan con la notificación a los propietarios en este tipo de condominios.
Se incorpora, entre las facultades de los jueces de policía local, la de citar a asamblea de copropietarios en cualquier tipo de condominios para elegir el Comité de Administración en los casos en que no lo hubiere.
En relación con esta materia, se establecen normas excepcionales aplicables exclusivamente a los condominios de viviendas sociales, destinadas a facilitar la notificación a los copropietarios y a garantizar que tomarán conocimiento oportuno de la misma.
De este modo se reemplaza la notificación por carta certificada por la entrega de la citación a cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio del copropietario o a través de la fijación de la misma en la puerta de ese lugar. Asimismo, se permite que, en la asamblea que se celebre para estos efectos, el ministro de fe pueda ser un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva, designado por el juez.
Adicionalmente, debido a que pueden surgir dificultades para la obtención de la nómina de copropietarios de condominios de viviendas sociales a fin de efectuar la notificación, se permite que esta información sea completada por el Conservador de Bienes Raíces competente, a solicitud del juez, de acuerdo con el registro de inscripciones de dominio vigentes.
Se dispone, además, que las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales en cumplimiento de esta ley estarán exentas del pago del 50 por ciento de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Sin embargo, se incorpora un artículo transitorio que establece que esta exención será total por el plazo de tres años, contado desde la promulgación de la ley.
En relación con la obligación de asesoría que tendrán los municipios para la organización de los copropietarios, establecida en virtud de una de las modificaciones aprobadas en el primer trámite reglamentario, se especifica que estarán facultados para celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, con lo cual se posibilita el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta norma.
Finalmente, se faculta a las municipalidades para subdividir los condominios conformados por un gran número de viviendas sociales, de modo que se ajusten al número máximo de unidades que pueden construirse en estos conjuntos, según la limitación establecida en el primer trámite reglamentario. Para ello, se señala un procedimiento especial, en virtud del cual un porcentaje bajo de copropietarios podrá solicitar a la dirección de obras municipales que corresponda la subdivisión de los terrenos en los cuales se emplazarán los edificios de viviendas sociales, de los locales comerciales y de los bienes de dominio común.
Cabe destacar que se ha optado por otorgar un plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación de la ley, para solicitar la subdivisión, para hacerlo coincidente con el que se establece para la exención del pago de los derechos arancelarios a que hice mención, lo que constituirá un incentivo para que los copropietarios la soliciten.
Con el objeto de asignar un rol activo a los municipios en torno a esta materia, se encomienda a las direcciones de obras municipales la elaboración de la propuesta de subdivisión que deberá ser presentada a los copropietarios. Del mismo modo, para facilitar su aprobación por parte de estos últimos, se ha considerado suficiente requerir que conste por escrito y sea firmada por los copropietarios que representen, a lo menos, el 75 por ciento de los derechos en los condominios, sin que sea necesario celebrar una asamblea extraordinaria. Este procedimiento concluye con la resolución que deberá dictar el director de obras municipales. Una vez aprobada la propuesta por los copropietarios, se dispone la subdivisión del condominio, la que deberá inscribirse en el conservador de bienes raíces para que surta efecto.
Asimismo, con el objeto de comprometer aún más la participación de las municipalidades en este procedimiento, se dispone que, a través de la unidad encargada de la asesoría jurídica, se realicen los trámites que sean necesarios para apoyar a los condominios de viviendas sociales que deseen acogerse a las disposiciones relativas a la subdivisión.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , valoro la alta calidad del informe. No es habitual que éstos, sobre todo los segundos informes, contengan una síntesis del debate y de los dilemas de la Comisión tan bien estructurada.
Lamentablemente, este es el último informe que realiza la secretaria abogada señora Elena Meléndez , quien ha decidido renunciar a la Cámara. Creo que debemos hacer grandes esfuerzos para que una funcionaria de tal calidad pueda mantenerse en la Corporación en alguna condición distinta de la que ha tenido hasta ahora.
Entrando en materia, recuerdo que el proyecto, en su primer trámite reglamentario, concitó un amplio consenso y, por lo tanto, estaba en condiciones de continuar su trámite en el Senado. Sin embargo, se estimó necesario forzar un segundo informe, con el objeto de perfeccionar algunos aspectos.
Durante muchos años, el Estado ha incentivado la construcción de conjuntos de viviendas sociales. Lamentablemente, no se hizo cargo de las consecuencias que tendría para los pobladores vivir en condominio de viviendas sociales, con mucha densidad poblacional y hacinamiento.
Durante bastante tiempo la ausencia de normas para regular la vida en estos condominios fueron suplidas por las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos y otras organizaciones de base y por los partidos políticos.
Posteriormente, las organizaciones sociales se debilitaron como consecuencia de la dictadura y, además, en los condominios de viviendas sociales aparece la droga, lo que empieza a generar un gran deterioro de la calidad de vida, debido a la falta de normas para regular y fortalecer la organización de los vecinos.
La disminución de la calidad de vida ha hecho que mucha gente que vive en condominios de viviendas sociales, en especial en edificios modelo Serviu, que son los más deteriorados, quiera vivir en cualquier otro lado, menos donde está actualmente. Eso se debe, en parte, por el tamaño de las propiedades; pero, especialmente, por las condiciones y la calidad de vida, por la forma de convivir y por los problemas que enfrentan.
En ese marco, se presentó en 1997 una moción para incorporar un capítulo a la ley de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de regular y fortalecer la vida en los condominios de viviendas sociales. Se estableció la posibilidad de que el Estado nombre administradores en ellos por un tiempo, facultad que en este proyecto se amplía, para ayudar a reconstruir el tejido de la vida en común dentro de la copropiedad.
Está claro que ello no basta para solucionar los problemas, pues se necesitan programas públicos que permitan a los habitantes de los condominios de viviendas sociales progresar, ampliar y pintar los blocks, tener espacios comunes y solucionar, por ejemplo, las goteras que caen de un piso a otro, aspectos que provocan muchas dificultades. Se requiere una política orientada a corregir los problemas presentados en el pasado y elevar el nivel de calidad de las viviendas.
En este sentido, hemos insistido mucho en que si los 410 millones de dólares que significará en 2006 subsidiar el IVA de la construcción pudieran orientarse a mejorar las viviendas que construimos antes y a asegurar estándares superiores para el futuro, nos parece, al menos, un tema digno de debatirse y muy importante para tomar decisiones , porque hay algo distorsionado.
El proyecto incorpora avances realmente importantes para la vida cotidiana en esos conjuntos.
En primer lugar, quiero destacar que una de las mayores dificultades es saber quiénes son los dueños de estas viviendas. La iniciativa incorpora la posibilidad de que sea el propio juez de policía local el que solicite al Conservador de Bienes Raíces una nómina de los propietarios, de tal forma de operar y actuar a partir de ella.
En segundo lugar, dado que la sociedad tiene una deuda con los condominios de viviendas sociales, es muy importante que se haya dispuesto que, de manera permanente, se pagará sólo el 50 por ciento de los derechos arancelarios de notarios, conservadores y archiveros, y que, por un plazo inicial de tres años, habrá ciento por ciento de exención de tales derechos, con el ánimo de incentivar la organización y facilitar que los vecinos asuman la conducción de sus propias realidades.
Además, se preceptúa que los municipios estarán obligados a actuar como instancia de mediación extrajudicial en los conflictos que surjan y a proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios.
Algunos municipios hacen esta labor de manera muy destacada. De hecho, nos llamó mucho la atención la calidad de la acción que desarrollan los municipios de Las Condes, de Santiago y, en algunos períodos, el de San Bernardo. O sea, hay municipios que realmente han asumido este desafío y llevado a cabo acciones muy proactivas para enfrentar estos temas. Hay otros que están iniciando programas en esa dirección, como el de La Florida, pero el proyecto lo establece como una obligación para todos los municipios donde haya viviendas sociales.
Como ha dicho muy bien el diputado informante , se agrega otro avance muy importante para corregir problemas anteriores.
El Serviu y el Ministerio de Vivienda construyeron condominios de 600, de 700 y hasta de mil departamentos para ahorrarse costos. Ustedes comprenderán que tomar decisiones, ponerse de acuerdo, generar una organización para enfrentar los problemas es prácticamente imposible donde viven tantas personas.
En estos condominios, cuya administración no está bajo control de sus habitantes, los traficantes de drogas se convierten en una estructura de poder con mucha fuerza para controlar y mandar.
El artículo 1º transitorio establece un plazo de tres años para que, a solicitud de los copropietarios que representan el 33 por ciento de los derechos en el condominio, pueda solicitarse la subdivisión del condominio de viviendas sociales a la dirección de obras municipales respectiva, lo que permitirá transformar en dos, tres, cuatro o cinco condominios, dependiendo de su tamaño. La dirección de obras tendrá que hacer una propuesta a partir de la distribución de los bienes comunes, porque los hay algunos que son de un bloque. También hay otros bienes comunes que pertenecen a los distintos bloques. Esto produce una de las mayores complejidades, por lo que, en algunos casos, tendrá que establecerse incluso un sistema de compensaciones.
Esta propuesta de la dirección de obras municipales tiene que ser discutida y sancionada en la asamblea, con los votos correspondientes y con alto quórum, al menos con la firma de los copropietarios que representan el 75 por ciento de los derechos en el condominio.
Esta norma es de gran importancia para enfrentar esa realidad en lugares donde hay bastante consenso en avanzar. En otros lugares, hay muchas dificultades.
Valoro el trabajo de la Comisión y el informe del proyecto de ley, pues es de mucha calidad y permite avanzar mucho respecto de lo anterior. Asimismo, felicito a la Secretaria de la Comisión, señora Elena Meléndez , por su labor y lamento que se aleje de la Comisión.
Hay un tema que el Ejecutivo no asumió, aunque respaldó al resto de los que se le propusieron que se refiere a discutir qué se entiende por vivienda social.
En 1997, cuando discutimos la ley de copropiedad, dijimos que vivienda social era lo que establecía la norma, más un 30 por ciento; es decir, viviendas de 400 UF, más un 30 por ciento, totalizan 520 UF.
Ahora, si queremos elevar los estándares, lo lógico sería subir esas 400 UF en, al menos, 60 por ciento; es decir, 640 UF, lo que abarca a gran parte de los condominios de viviendas sociales del Programa Especial de Viviendas para Trabajadores, PET, porque ésa es la discusión. Algunos de esos condominios fueron construidos con estándares un poco superiores, sobre todo en el último tiempo, pero de esta forma se podría incluir, con el objeto de que les sean aplicables las normas de excepción de ese capítulo de la ley de Copropiedad para los condominios de viviendas sociales.
Lo más importante de eso se relaciona con la inversión pública, porque los gobiernos regionales, los Serviu y los municipios tienen facultades para invertir. Incluso, en el primer informe se ha ampliado la posibilidad de invertir, para mejorar las viviendas, no sólo en los bienes comunes, sino que también en los bienes individuales.
Pido a mis colegas que apoyen el proyecto, que tuvo un valioso debate, porque discutimos cómo contribuir, con ciertas normas e iniciativas, a mejorar la calidad de vida de muchos chilenos que viven muy mal.
Quiero recordar que los franceses y estadounidenses, que nos legaron estos modelos de construcción de vivienda social, están demoliendo esos conjuntos o botando bloques, a fin de dejar espacios comunes más grandes. Están enfrentando este problema de raíz, porque incuban una calidad de vida muy mala.
La ley debe generar las condiciones adecuadas para facilitar que la comunidad reaccione y se resuelvan los problemas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero anunciar nuestros votos favorables al proyecto de ley y, en segundo lugar, agregar un comentario desde una perspectiva global.
Existe consenso en la Comisión, y espero que también en la Sala, de que el desarrollo de estos programas masivos de viviendas ha generado un conjunto de externalidades negativas que, desde el punto de vista de la seguridad pública y de la convivencia ciudadana, ha ido en la dirección inversa a lo que la gran mayoría de los chilenos queremos asumir. Ha emergido un fenómeno de conurbación barrial que contribuye a los problemas de drogas, de delincuencia y de individualismo creciente en nuestra sociedad.
Por lo tanto, el proyecto de ley busca, a través de un procedimiento simplificado, con garantías fiscales y monetarias, facilitar el trámite, volver a construir estructuras barriales de comunidad, dividir un barrio, una población, de manera mucho más simple, más fácil, con la ayuda del aparato público, del Estado, del oficial del Registro Civil y, también, del poder jurisdiccional, a través de los jueces de policía local.
Quiero destacar el alto consenso que lograron todas estas normas y el muy grato clima que orientó la discusión en la Comisión.
En el fondo, lo que intentamos hacer y que hemos logrado plasmar en el texto legal, es un procedimiento por el cual los vecinos podrán reducir la dimensión del barrio, compartir y redistribuir los bienes que tienen en común, lograr el apoyo del juez de policía local, del oficial del Registro Civil , del conservador de bienes raíces, de la secretaría del municipio y de la dirección de obras municipales para llevar adelante un proceso que, de por sí, es complejo, porque las realidades barriales presentan particularidades.
Todos sabemos que en esos barrios hay un gran número de viviendas arrendadas y propietarios que no son ubicables con facilidad. Por lo tanto, a través de estas normas legales estamos resolviendo esas limitantes. Asimismo, la iniciativa busca posibilitar la generación de administradores de los condominios sociales, a una escala razonable. Lo que pretendemos es fortalecer la comunidad como un espacio acogedor para la vida en nuestros barrios.
Por ello vamos a votar favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , el proyecto, que ayuda a los vecinos a organizarse para administrar sus condominios de viviendas sociales, es muy positivo y se complementa con una iniciativa que se aprobó el año recién pasado, que permite mejorar la calidad de vida en los conjuntos habitacionales. Uno de los principales problemas de los sectores populares es la convivencia, que afecta en extremo la calidad de vida. Desafortunadamente, los jueces de policía local no cuentan con las herramientas o atribuciones para resolver una serie de situaciones, muchas veces dramáticas, lo que se resuelve con el proyecto.
Además, la iniciativa da a la municipalidad la atribución para participar e intervenir en la solución de conflictos. Hoy, los municipios no tienen esa atribución; pueden escuchar a los vecinos, darles consejos, enviarlos a los juzgados de policía local, pero sin la posibilidad de resolver los conflictos. Esto quitará carga de trabajo al municipio, porque existirá una forma de solución.
También es importante que a través del juzgado de policía local se pueda citar a los vecinos para la elección de una junta administradora, porque normalmente origina una tremenda discusión, pues se confunde con la junta de vecinos y, finalmente, nadie administra.
El proyecto introdujo modificaciones a las normas de construcción y de habitabilidad. Probablemente, no era el lugar apropiado para hacerlo. Se necesita ampliarlas más, para mejorar la calidad de vida de estas personas. No obstante, es una buena oportunidad, porque establece que los condominios no sean tan grandes, que no se pierdan ciertas áreas, con el objeto de lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Reitero, falta mucho por hacer en esa materia, pero no es conveniente rechazar el proyecto. Se trata de una buena iniciativa, que, entre otras cosas, establece como mínimo que exista un estacionamiento de vehículos por cada dos viviendas sociales. Hoy, casi todas las familias tienen, pero un vehículo las calles o pasajes son de tres metros, sin vereda, y no hay donde estacionarlo. No porque sean personas humildes o de escasos recursos no tienen derecho a tener un vehículo que, muchas veces, es herramienta de trabajo.
Por lo tanto, el proyecto es importante. Pero me habría gustado que se hubieran incluido los conjuntos habitacionales, ya que éstos no tienen una normativa de administración y la gente no tiene obligación de pagar cuotas, de aportar, de ayudar ni de ir a reuniones. Los presidentes de los conjuntos habitacionales lo pasan muy mal, porque deben mantener los jardines, las calles, las luces, el aseo del conjunto, como se exige en un condominio, ya que la municipalidad normalmente no entra a esos conjuntos, y como no tienen los recursos para hacerlo, se les complica la vida.
En ese sentido, el año pasado propuse un proyecto en el que me gustaría insistir, para que pueda ser consecuente con un ordenamiento de esos sectores habitacionales. Ahí hay dramas más graves. Por lo tanto, si no se agregan a este proyecto, es necesario legislar en la materia para la mejor administración de los condominios que no son de viviendas sociales y que están insertos en todas las comunas. En ellos muchos propietarios no pagan las cuotas y, al tercer mes de atraso se les corta el agua y la luz. Finalmente, pagan, pero siempre están debiendo dos o tres meses, lo que hace imposible mantener en buen estado un edificio o un conjunto habitacional.
Los jueces de policía local tienen muy pocas atribuciones para resolver los conflictos. Así lo ha manifestado muchas veces don Alejandro Cooper , juez de policía local de Las Condes. Una persona que habitualmente no paga, que sólo lo hace en el último minuto y queda debiendo dos de por vida, provoca un problema complejo, especialmente si se trata de un conjunto pequeño. ¿Qué pasa si en un conjunto habitacional de ocho familias cinco no pagan, o lo hacen a última hora? No se puede pagar al conserje, la luz, el agua, ni los gastos básicos. Se debe esperar tres meses para hacer milagros y cancelar. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la idea de legislar ampliamente sobre la administración de condominios y viviendas en general.
Creemos que el proyecto es un avance. Por lo tanto, lo vamos a aprobar y, si tuviéramos dudas o algo que agregar, podemos corregirlo en el próximo trámite.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , me sumo a la aprobación de este proyecto.
Claramente, se deben entregar instrumentos y herramientas que faciliten la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales.
Me honro en representar al distrito 29, que incluye, entre otras, las comunas de La Pintana, San José de Maipo , Pirque y Puente Alto, esta última dramáticamente conocida a raíz de las inundaciones y la mala calidad de las viviendas de la población Volcán San José , que hasta hoy se están reparando. Durante estos años esa situación ha significado no sólo horror para esas familias y vivir en pésimas condiciones invierno tras invierno, sino, además, miles de millones de pesos al Estado para reparación. Los primeros arreglos fueron insuficientes, inadecuados; incluso, en algunos casos, hasta hoy hay dificultades, aunque menores.
En honor estricto a la verdad -lo expresamos más de una vez-, si se hubiese podido en ese entonces, la mejor solución habría sido demolerlo todo y construir de nuevo. Intentar reparar algo que de por sí tenía tan baja calidad en sus estándares y que provocó lo que todos conocemos, fue la solución más difícil. Entiendo que las autoridades de la época, a las cuales incluso en su momento ayudé, actuaron con un sentido de responsabilidad -de otra manera, resultaría incomprensible-, sobre la base de comprender la situación de esos pobladores. La pregunta que cabe formular es qué podía hacerse con esas cuatro mil familias.
Hasta hoy se está reparando y, en hora buena, existe un proyecto para mejorar la calidad de las villas Volcán San José, sobre la base de hacer algunas construcciones y de crear espacios colectivos que les den otro perfil.
Pero todo eso se relaciona con un aspecto no menor: cuando el Estado se equivoca. Lo dijimos en la Cámara y lo hemos repetido muchas veces: fue un error priorizar la cantidad sobre la calidad y construir condominios de viviendas sociales, unos tras otros, en los cuales el hacinamiento es evidente, en espacios reducidos, sin áreas verdes ni las mínimas instalaciones requeridas para la recreación y el espacio público. Por cierto, en el último tiempo se ha tomado nota de esa situación e intentado repararla, pero lo hecho, hecho está.
Invito a los colegas a dar un paseo por las villas Volcán San José I, II y III, de Puente Alto, donde podrán constatar la existencia de miles de viviendas agrupadas en condiciones de hacinamiento de sus habitantes y de carencia de una mínima calidad de vida.
Entonces, es muy importante que no sólo el Estado haya aprendido esta lección y que se entienda -por eso, realzo la presencia de la señora ministra- que nunca más debe repetirse ese tipo de problema.
El proyecto establece que los condominios de viviendas sociales no podrán edificarse en conjuntos de más de 150 unidades. Al respecto, me parece que ésa es la cifra tope y, ojalá, fuese menor. Entiendo que la Cámara Chilena de la Construcción argumente que eso no es posible, por problemas de costos, pero, reitero, esa cantidad es el tope que debiéramos aceptar. De esa forma, mejorará la organización de los vecinos.
Otro tema. En hora buena se ha puesto fin a la existencia de algunos campamentos y, mediante el programa Chile Barrio, se ha trasladado a esa gente a condominios de viviendas sociales. Pero si el Estado no asume en forma descentralizada, es decir, desde las municipalidades y desde el Serviu, la organización de los vecinos y la toma de conciencia de éstos acerca de lo que significa salir de un campamento y entrar en un condominio, con las obligaciones que eso conlleva -por ejemplo, contar con un comité de administración y mejorar la participación-, no se ayudará a la plena integración de esos pobladores.
Por eso, con mucha fuerza, deseo recalcar que estamos de acuerdo con lo que el proyecto conlleva, porque, una vez que sea ley de la República, facilitará la organización de los vecinos.
Queremos garantizar un estándar superior justamente para esa tipo de construcción, que lamentablemente, tanto en el pasado como ahora, ha sido muy deficiente y provocado que sus habitantes cuenten con una muy mala calidad de vida, que es lo que buscamos revertir para que el sueño permanente de la vivienda vaya acompañado con calidad de la misma y no se convierta en una pesadilla.
Por eso, reitero, estamos de acuerdo con el proyecto, que establece la posibilidad de subdividir, de colaboración de los jueces de policía local e, incluso, de un oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, a mi juicio, la citación por carta certificada o la multa a los copropietarios que no concurran a la citación del juez no garantizarán la asistencia a las asambleas, objetivo que sólo se logrará al registrar a cada vecino y al crear en ellos mucha más conciencia acerca de la forma de mejorar su calidad de vida en la medida en que cuenten con elementos para organizarse.
Por lo tanto, llamo a aprobar el proyecto, pero, al mismo tiempo, deseo enfatizar la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, del Serviu y de los municipios, en el sentido de que deben colaborar para que los vecinos puedan organizarse, para que se alcancen arreglos extrajudiciales, para que se establezca la subdivisión y, de esa manera, contribuir a que no se repitan los errores del pasado y a solucionar los que se cometieron.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , sin duda el proyecto es positivo, porque reconoce una necesidad que debe ser considerada con la más alta prioridad por nuestras autoridades, cual es reformular la agresiva política habitacional que durante años -haciendo mea culpa- administramos los gobiernos de la Concertación, privilegiando la cantidad y no la calidad.
Comunas como Quilicura, Colina , Lampa , que pertenecen al distrito que represento, y muchas otras se han visto jibarizadas por la gran cantidad de viviendas sociales que se fueron construyendo sin mayor planificación ni preocupación por hacer ciudad. Hemos visto cómo las ciudades han crecido extra muros, lo que ha llevado a muchas familias a trasladarse a la periferia, a viviendas que no cuentan con las condiciones de habitabilidad requeridas para formar parte de un barrio. Muchas veces se construían grandes poblaciones, pero pasaban tres o cuatro años antes de que se implementara en ellas un colegio y un consultorio para que sus habitantes accedieran a la educación y a la salud en los términos que corresponde. Había falta de planeamiento para hacer ciudad y dar solución al problema de la vivienda.
¿Para qué reiterar los errores cometidos con las viviendas Copeva? En las poblaciones Parinacota, Pascual Gambino y Valle de la Luna, de la comuna de Quilicura, hasta hoy -como dijo la diputada Isabel Allende - existen programas de reparación de viviendas. Cuando uno las visita comprueba que se trata de verdaderos guetos urbanos en los que el hacinamiento, la exclusión y la marginalidad demuestran las condiciones subhumanas en que viven sus habitantes.
Por eso, el proyecto constituye una buena oportunidad de solucionar esos problemas desde el punto de vista legal, pues permitirá al gobierno regional, a las municipalidades y al Serviu invertir en el mejoramiento de los barrios y entender que la política habitacional debe tener como centro, sobre todo, a las familias. No basta construir muros o blocks habitacionales. Es importante considerar el barrio, el entorno, la seguridad y las áreas verdes donde éstos se emplazan. La verdad es que no se estaba haciendo nada de eso. No se les daba salud, educación ni áreas verdes. No se consideraba el entorno. Se estaban construyendo verdaderos guetos de miseria y se combatía la pobreza y la exclusión con más marginalidad y más exclusión.
El proyecto será una buena herramienta en la medida en que vaya acompañada de la voluntad de nuestras autoridades. Estoy seguro de que será así, porque he conversado bastante sobre el particular con la ministra de Vivienda , quien ha manifestado que existe voluntad de invertir -considerando que esta futura ley lo va a permitir-en el mejoramiento de viviendas y de barrios, cuyos vecinos estuvieron abandonados por mucho tiempo. Hay que recuperar esos barrios y salvar del flagelo de la droga y del microtráfico a los niños que viven en ellos. Pero -reitero- debe existir voluntad para que esta futura ley tenga efectividad.
Existía el compromiso de muchos alcaldes de contribuir al mejoramiento de los barrios, pero no podían invertir en ellos porque se trata de terrenos privados y no de bienes nacionales de uso público. Gracias a este instrumento, los alcaldes podrán intervenir en los conjuntos habitacionales.
La modificación de esta normativa era una necesidad anhelada por muchos. No obstante, quiero hacer presente que es muy corto el plazo de tres años que fija la ley para la adecuación de los estatutos y para la aplicación de las normas y decisiones que deben tomar las direcciones de obras. Conozco la dinámica de las villas y de las juntas de vecinos, y sé que para conseguir más del 75 por ciento de la aprobación de los copropietarios e iniciar la etapa de socialización que requieren estos proyectos se requiere un plazo mayor. Al final, tendremos que legislar para el establecimiento de una prorroga. Reitero, el plazo de tres años es bastante exiguo y no se condice con la realidad de las viviendas sociales. Por ello, se debe plantear la posibilidad de ampliarlo.
Comparto absolutamente las ideas matrices del proyecto.
Por último, aprovecho de rendir un homenaje al señor Andrés Cooper , Juez de Policía Local , que participó en forma activa en este proyecto y quien ha dejado recientemente la presidencia de la Asociación de Jueces de Policía Local.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , lograr un ordenamiento y proporcionar instrumentos para la organización de los condominios de viviendas sociales es un gran paso que todos debemos aprobar. Sin embargo, debo manifestar mi preocupación en cuanto a normar la cantidad de viviendas a construir, tema que no es menor, porque de alguna manera la norma supone una cierta discrecionalidad, pues permite la construcción de hasta 150 viviendas, y fácilmente puede ser vulnerada y contrariada en sus objetivos. Nada impide que se construyan condominios anexados. Por ejemplo, se podrían construir cientos de conglomerados, uno junto a otro, cada uno de 149 viviendas, y se tendrían los mismos problemas. Ello se refleja en la norma transitoria aprobada en la Comisión, que establece la subdivisión de condominios que exceden el límite de viviendas, lo que puede facilitar la organización de los vecinos; pero los problemas de cohabitación seguirán existiendo.
En este mismo orden de cosas, un tema que me preocupa es que el número de viviendas de un condominio de viviendas sociales está asociado a los costos directos e indirectos, de varios servicios que deben pagarse mes a mes dentro de los gastos comunes. Si dichos gastos se dividen entre un número menor de propietarios o arrendatarios, como plantea el proyecto, se va a elevar el costo total, es decir, la suma del costo directo más el costo indirecto que deberá aportar cada comunero a la comunidad.
Por otra parte, me gustaría que en la Comisión de Vivienda -y aprovechando que está presente la ministra de esa cartera- se analice la posibilidad de entregar recursos y subsidios habitacionales sobre la base de la realidad regional, toda vez que no es lo mismo construir en el distrito N° 2, provincia de Iquique, que en la zona central, pues los suelos que tenemos allá son salinos, lo que hace que el costo de la construcción sea bastante más alto. Es distinto utilizar los fondos solidarios concursables, equivalentes a 290 UF, en la provincia de Iquique que en la zona central, no sólo por el costo del transporte de los materiales de construcción, sino también porque los terrenos son salinos, como señalé anteriormente. Esto lo podemos ver en la comuna de Alto Hospicio, donde en las escrituras de muchas de las viviendas se inserta una cláusula que dice: “No podrá regar.”
Las personas que compran una casa tienen derecho a tener un pequeño jardín, a regarlo y a lavar su vehículo. Sin embargo, por esta cláusula no lo pueden hacer, porque si echan agua, se hace un hoyo, y se corre el riesgo de que escurra hacia los cimientos y pueda dañar considerablemente la estructura.
De modo que en esto se conjugan muchos temas. No sólo está la asignación de subsidios de acuerdo con la realidad regional, sino que también es importante destacar la función que le compete al Serviu en la fiscalización de la calidad de la construcción de las viviendas sociales no sólo respecto de aquellas asociadas a los fondos solidarios concursables, sino también a las del decreto supremo 40, donde una entidad organizadora contrata la realización de la obra con una empresa constructora, además de la inspección técnica de las obras, ITO. De manera que si hoy se aplica la ITO a los fondos solidarios concursables, también es necesario respecto de las viviendas del DS 40, porque quienes acceden a este tipo de viviendas son familias que se endeudan por un lapso de veinte años, más o menos, para pagar su crédito hipotecario a costa de mucho sacrificio. Por eso, la función fiscalizadora del Serviu en el proceso de construcción es necesaria, a fin de que esas familias no terminen decepcionadas por haber adquirido viviendas que sufren serios daños con ocasión de cualquier circunstancia, como las denominadas casas Copeva y otros proyectos habitacionales.
Por tal motivo, por su intermedio, señor presidente , aprovecho la presencia de la ministra de Vivienda , señora Patricia Poblete -con la cual en más de una oportunidad he conversado estos temas- para manifestarle que al 13 de junio hay familias del distrito que represento que al año del terremoto, aún esperan una solución para sus viviendas. Debido a esto, la Comisión de Vivienda solicitó a la ministra un informe completo del plan Tarapacá 2005, a fin de conocer cómo se han aplicado los subsidios, porque no es posible que, a un año del sismo, las familias afectadas sigan durmiendo en carpas al interior de sus viviendas.
Por lo tanto, debemos aprobar el proyecto para que, por medio de estos instrumentos, los condominios puedan organizarse y las familias tengan una mejor calidad de vida.
No obstante lo anterior, problemas de fondo, como los que mencioné, deben ser solucionados a la brevedad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra de Vivienda señora Patricia Poblete.
La señora POBLETE ( ministra de Vivienda ).-
Señor Presidente , para el Ministerio de Vivienda es una tremenda oportunidad estar en este hemiciclo, sobre todo, para valorar las modificaciones a la ley N° 19.537, en relación con la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales.
Hemos estudiado las modificaciones y consideramos que, por sobre todo, nos ayudarán a trabajar como Ministerio, en el sentido de organizar mejor la demanda y entregar un mejor servicio.
Una de las cosas que más valoramos es el límite de 150 unidades habitacionales que se ha establecido en la construcción de los condominios de viviendas sociales, por cuanto da solución a los problemas graves relacionados con condominios no sólo de mil quinientas viviendas, sino de hasta tres mil unidades habitacionales. Sin embargo, el Ministerio se está haciendo cargo para avanzar en la entrega de soluciones habitacionales.
En la década de los 90, había un millón de familias sin solución habitacional. Pues bien, en estos años se ha avanzado rápidamente y tenemos alrededor de 500 mil familias sin solución habitacional y, en el primer quintil de pobreza, cerca de 215 mil.
Para estos próximos cuatros años tenemos la tarea de resolver el déficit habitacional del 20 por ciento más pobre del país. Y este proyecto, que modifica la ley de copropiedad inmobiliaria, está dirigido precisamente a ese segmento de condominios de viviendas sociales.
Como Ministerio nos queremos hacer cargo de la situación. En ese sentido, estamos tomando todos los resguardos y aplicando todos los reglamentos para avanzar de manera eficaz y eficiente en la materia. No sólo estamos considerando que ahora se trate de condominios de hasta 150 unidades, sino también estamos corrigiendo los ejes, que son las unidades que ayudan a conformar esta demanda. Además, estamos elaborando un reglamento para las empresas que dan asistencia técnica, de manera que podamos hacer un mejor trabajo.
Otra materia que valoramos muchísimo en esta iniciativa se relaciona con que los condominios de viviendas sociales podrán postular a los programas financiados con recursos fiscales, tal como lo hacen otras entidades comunitarias de similar naturaleza.
Éste es un proyecto que ayuda al Ministerio, le señala una línea de trabajo y está en el mismo camino de lo que estamos haciendo. Por tanto, como ministra sólo me resta alegrarme por su aprobación y decir que nos entregará tremendas herramientas para trabajar en la materia.
Estamos en la tarea de recuperar las soluciones habitacionales que se entregaron en el pasado y que tienen deterioro. Estamos trabajando en un programa de recuperación de los 200 barrios más vulnerables y deprimidos del país. Por estos días se están identificando dichos barrios y próximamente se entregará la información para el conocimiento de los honorables senadores y diputados y de la población en general.
Muchas gracias.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , los diputados que me precedieron en el uso de la palabra dieron una serie de razones técnicas de por las cuales este proyecto se aprobará con entusiasmo. Como miembro de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano puedo percibir que aquí se ha transmitido el buen ánimo con que discutimos el proyecto, por su calidad manifiesta.
Sin embargo, quiero reparar en un aspecto importante que implica el tema de la vivienda.
A través de sus declaraciones, hemos escuchado a la ministra decir que la política del Gobierno, la intención del Ministerio de Vivienda, es construir barrios para no más de 300 familias. Es importante que las políticas de vivienda, que para el grueso de la población es para toda la vida, no sufran cambios tan profundos, tan bruscos, en que por solucionar rápidamente el problema -que es desesperante para muchos habitantes que necesitan una casa digna- se privilegie seriamente la cantidad por sobre la calidad.
Son muchos los casos de viviendas mal construidas o en que las normas son iguales para distintas regiones donde, por ejemplo, el problema de la lluvia es distinto, dependiendo de si se trata del norte o del sur del país.
Lo importante aquí es que se han tomado medidas para regularizar situaciones muy complejas. Hay casos dramáticos que vienen arrastrándose desde hace muchos años, como el de la Villa Portales, en la Región Metropolitana, y otros tantos en que ha sido difícil solucionar los problemas de convivencia entre los vecinos. Por lo tanto, éste es un gran proyecto.
Por último, por su intermedio, pido a la ministra de Vivienda que, dentro de sus posibilidades, a través de las especificaciones, corrija algunas fallas que se han venido presentando respecto de la calidad de las viviendas. Y dado que ahora el país dispone de grandes recursos, se privilegie la calidad por sobre la cantidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación particular el texto del proyecto contenido en el segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, que modifica la ley N° 19.537, con el objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales.
Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que las letras g), i), j), k) y l) del artículo único y el artículo 1° transitorio requieren, para su aprobación, quórum de ley orgánica constitucional, esto es, el voto afirmativo de 67 diputados y diputadas en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
DECLARACIÓN DEL 25 DE MARZO COMO “DÍA DEL NIÑO QUE ESTÁ POR NACER”.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 34, de los diputados señores Forni, Chahuán, Rossi, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Becker, Eluchans, Uriarte, señora Cubillos, doña Marcela, y Arenas:
“Considerando:
Que, el 10 de diciembre de 1948, luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. A medida que se profundizó en estos derechos inalienables, universales e innatos al hombre, surgió la necesidad de brindar al niño una protección especial. Así fue como la misma Asamblea General adoptó, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Que, en este tiempo, donde el creciente poder de la ciencia se vuelve muchas veces contra el mismo hombre y donde una categoría de niños ven avasallados sus derechos más fundamentales, se hace necesaria la proclamación de los derechos de quienes están más indefensos: los que están por nacer.
Que el reconocimiento del niño que está por nacer no es nuevo en la tradición jurídica. En efecto, una gran cantidad de Códigos Civiles, antiguos y actuales, han reconocido que la existencia de la persona comienza desde su concepción.
Que, en el último tiempo, esta tradición jurídica ha encontrado ratificaciones en numerosos países y en diversos tratados internacionales. En primer lugar, la misma Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7°, define que los ‘Estados Parte reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida’ y, agrega, que ‘estos Estados garantizarán, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño’. Por su parte, el artículo 24 dispone que ‘Los Estados asumen el deber de adoptar medidas apropiadas para asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres’ y el preámbulo afirma que ‘el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento’.
Que, según lo prescrito por el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), todo ser humano es persona (artículo 1.2) y comienza su existencia ‘a partir del momento de la concepción’ (artículo 4.1).
Que, entre todos los derechos humanos, el de la vida es el primero, fuente y origen de los demás. Numerosos son los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan este derecho. Cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el derecho a la vida, inherente a la persona humana y que ‘nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente’ (artículo 6°).
Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que ‘todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’ (artículo 1°). En su artículo 3°, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que ‘todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’.
Que, el 18 de mayo de 1999, a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el que se solicitó al Presidente de la República declarar el 25 de marzo de cada año como el ‘Día del niño que está por nacer’.
Que, en Europa, el 1 de diciembre de 1999, entró en vigor la Convención sobre Derechos del Hombre y Biomedicina del Consejo de Europa en Dinamarca, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia y San Marino. Estos países han aprobado la normativa que impone normas éticas comunes a la manipulación genética, sobre el principio fundamental de que el interés del ser humano prevalece por encima de la ciencia y de que la dignidad del hombre es inviolable.
Que se advierte así una tendencia internacional a brindar consideración especial a las personas por nacer, particularmente frente a las nuevas tecnologías aplicadas a la vida humana. Tal consideración debe traducirse en una declaración de derechos que, reconociendo plenamente el carácter de persona al ser humano desde la concepción, contemple las nuevas situaciones que la ciencia ha generado y en las que el que está por nacer es objeto de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que declare el 25 de marzo de cada año, en todo el territorio nacional, como el ‘Día del niño que está por nacer’.”
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra a un señor diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , a un día de la mala señal que hemos dado respecto del derecho a la vida, creo conveniente rectificarla con la aprobación de este proyecto de acuerdo.
En Chile, a partir de una campaña que contó con el apoyo de miles y miles de firmas, el 19 de mayo de 1999, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo mediante el cual se solicitaba al Presidente de la República que declarara el 25 de marzo de cada año como el Día del Niño que Está por Nacer.
En diciembre de 1999, entró en vigor la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre y Biomedicina del Consejo de Europa en cinco países de ese continente. Dicha normativa impone normas éticas comunes para la manipulación genética, basadas en el principio fundamental de que el interés del ser humano prevalece por sobre la ciencia y de que la dignidad del hombre es inviolable. Se advierte así una tendencia internacional a brindar una consideración especial a todas las personas que están por nacer, particularmente, frente a las nuevas tecnologías aplicadas a la vida humana.
Esa consideración debe traducirse en una declaración de derechos que, reconociendo plenamente el carácter de persona del ser humano desde su concepción contemple las nuevas situaciones que la ciencia ha generado, en virtud de los cuales los derechos fundamentales del niño que está por nacer, muchas veces, son objeto de gravísimas violaciones.
Por eso, diputados de distintos sectores, entre los cuales se encuentra nuestro amigo el diputado Rossi , mediante este proyecto de acuerdo pedimos que la Cámara acuerde solicitar a la Presidenta de la República que declare el 25 de marzo de cada año, en todo el territorio nacional, como el Día del Niño que Está por Nacer.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , nosotros también quisimos suscribir este proyecto de acuerdo para ratificar el cumplimiento de legislaciones a las que Chile, vía tratados internacionales, ha adherido formalmente. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6° consagra el derecho a la vida, inherente a toda persona, señalando en forma categórica que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ese principio también se consagra en los artículos 1° y 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución Política -que ha sido objeto de diversas modificaciones- defiende el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Por eso, el Congreso Nacional no tiene más que ratificar este principio a través de este proyecto de acuerdo que declara el 25 de marzo Día Nacional del Niño que Está por Nacer. Es una manifestación concreta, específica, de que estamos por defender la vida desde que ésta se inicia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA IMPOSITIVA.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 35, de los señores Montes, Aguiló, Súnico, de la señora Muñoz, doña Adriana, y de los señores Tuma, Robles, Lorenzini, Saffirio, Vallespín y Ascencio.
“Considerando:
Que es deber del Estado disponer de los recursos destinados a solventar el funcionamiento de las instituciones y servicios públicos vinculados a las funciones inherentes a su existencia y atender ciertas necesidades básicas de los habitantes, especialmente de quienes se encuentran en una situación más vulnerable.
Que, con dicho fin, se ha establecido la existencia de diversos tributos, cargas que permiten recaudar los recursos imprescindibles para el cumplimiento de tales objetivos.
Que de lo anterior deriva la importancia de la política impositiva y la necesidad de que ésta sea suficiente para garantizar dichos fines, sin afectar el normal y adecuado funcionamiento de la actividad económica.
Que, al mismo tiempo, razones de equidad y justicia social exigen que tales obligaciones sean distribuidas entre los miembros de la comunidad nacional, deseablemente, en forma proporcional a sus posibilidades.
Que, en la medida de lo posible, resulta aconsejable, además, que la política impositiva sea simple, es decir, que facilite a los contribuyentes su cumplimiento y evite la evasión.
Que, asimismo, la estructura tributaria debe poseer rasgos de estabilidad que otorguen certeza y confianza a la economía y sus agentes, pero no puede ser inmutable, sino que, en razón de los criterios indicados, debe adaptarse permanentemente a las prioridades que la sociedad asuma.
Que, en Chile, pese a los positivos efectos de las modificaciones efectuadas en la materia durante la década anterior, que junto al desarrollo económico han permitido al Estado contar con mayores recursos para incrementar el gasto social, permitiendo, entre otros, enfrentar desafíos tales como la reforma educacional, el sistema de justicia criminal, la salud, poner en funcionamiento el programa de protección Chile Solidario e incrementar en forma paulatina las pensiones más bajas, persisten inequidades importantes y situaciones inadecuadas que se requiere analizar.
Que, en efecto, cerca de la mitad de lo que recauda el Fisco por concepto de impuestos proviene del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo que, como está vinculado al consumo, impacta fundamentalmente a los sectores de menores recursos, que destinan a éste parte esencial de sus ingresos.
Que, por otra parte, las franquicias, exenciones y otros privilegios tributarios, a los que acceden, principalmente, empresas y personas naturales de altos ingresos, alcanzan a alrededor de tres mil veinte millones de dólares, lo que equivale al 4% del PIB, o bien, al aumento del IVA en varios puntos porcentuales.
Que esto hace necesario revisar en forma seria y técnica la actual estructura tributaria, racionalizándola, evitando la existencia de distorsiones y franquicias innecesarias o mal focalizadas y, en lo posible, simplificando sus disposiciones, para facilitar su cumplimiento y fiscalización, especialmente en el nivel de la pequeña y mediana empresa.
La Cámara de Diputados acuerda:
Disponer que la Comisión de Hacienda se aboque a estudiar la actual estructura impositiva del país, analizando, particularmente, los sujetos afectos, las características y el rendimiento de los diversos tributos vigentes y la naturaleza, el alcance y la justificación de las franquicias, los beneficios y las exenciones existentes, y elabore, en un plazo no superior a cien días, un informe en que detalle sus principales conclusiones y proponga las medidas que estime necesarias para racionalizar la actual carga tributaria, optimizar el rendimiento fiscal, evitar la evasión, simplificar las disposiciones referidas a la pequeña y mediana empresa y focalizar adecuadamente los incentivos.”
El señor LEAL (Presidente) Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , como es sabido, desde hace años, distintos sectores de la comunidad nacional, en particular, de la pequeña y mediana empresa, de trabajadores e, incluso, miembros de esta Corporación, han estado señalando con mucho fundamento la necesidad de hacer una evaluación de nuestra estructura tributaria.
A diferencia de las estructuras tributarias de otras naciones, la chilena está compuesta, en mayor grado, por los impuestos indirectos, que afectan al consumo, y, en menor medida, por los impuestos directos, que gravan los ingresos de las personas y de las empresas. En el caso de los impuestos de primera y segunda categoría, éstos se aplican de igual manera a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Asimismo, existe una serie de franquicias que, probablemente, se justificaban en el momento en que se establecieron, pero que hoy, a la luz del desarrollo económico alcanzado por el país, parece sano revisarlas.
Por tales razones y por la incidencia que tiene en la distribución de los recursos del país, es aconsejable evaluar la estructura tributaria, para saber en qué se gastan los recursos recaudados y cómo y a quiénes se aplica. Por eso, nos ha parecido pertinente sugerir que sea la Comisión de Hacienda la que realice un estudio sobre la materia, en un plazo no superior a 100 días, y que emita un informe sin prejuicios ni predisposición alguna, con el único objetivo de satisfacer la necesidad evidente de reflexionar acerca de nuestra estructura tributaria.
Quienes suscribimos este proyecto de acuerdo no buscamos aumentar la recaudación tributaria, sin perjuicio de que ello podría resultar aconsejable a partir de las conclusiones que arroje el estudio. Simplemente
queremos que una comisión especializada, en este caso, la de Hacienda, efectúe esta investigación, que sería extraordinariamente útil para todos nosotros.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , sólo para reafirmar lo expresado por el diputado Aguiló.
Todos hemos sido testigos de la discusión generada por los recursos adicionales provenientes del cobre, por el impuesto a las gasolinas, por las exenciones tributarias, por las contribuciones, en fin, por una serie de materias tributarias, respecto de las cuales podemos tener diversas opiniones.
Me parece bien que sea en el Congreso Nacional donde se discutan estos asuntos y no en comisiones que se crean afuera. Se trata de un asunto tributario y la Comisión de Hacienda, en la cual está representado todo el espectro político, puede escuchar las opiniones de distintos expertos.
Creo que en el transcurso de los próximos años deberemos abocarnos a estudiar -sin ponerle calificativos- una reforma tributaria integral.
Es una materia que no hemos simplificado, que debemos debatir y donde podemos aportar, como indica el diputado Sergio Aguiló . Aquí no hay ninguna idea preconcebida. Se trata de llevarla a la Comisión de Hacienda y en tres meses recabar la opinión de expertos; luego, hacer nuestra propuesta como Comisión a la Cámara y, posteriormente, elevarla al Ejecutivo , al que le corresponde la iniciativa al respecto.
En este sentido, pedimos la unanimidad a la Sala, para tener respaldo y hacer un estudio serio en la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , encuentro muy interesante la propuesta que hacen los diputados señores Aguiló y Lorenzini , en orden a estudiar la estructura tributaria del país, sin prejuicios previos, como han indicado, y a partir de allí elaborar sugerencias.
Sin embargo, no creo que corresponda a una comisión de la Cámara de Diputados, que tiene por esencia la misión de legislar, estudiar un tema tan trascendente como éste.
Además, la de Hacienda debe ser una de las más recargadas de trabajo de todas las comisiones de la Cámara. Tiene por lo menos dos sesiones a la semana y muchas veces una tercera. Entonces, no creo que sea razonable pedirle que se transforme en una comisión de estudio.
Como no va a tener tiempo para estudiar el tema, creo que la Comisión finalmente va a encargar el estudio a un tercero, y probablemente al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Hacienda, que sí tiene asesores para realizarlo o, en definitiva, encargará el asunto a institutos relacionados con la Alianza o con la Concertación.
Señor Presidente , no me niego a ver el tema; lo encuentro interesante. Pero no creo que debamos pedir a la Comisión de Hacienda, que tiene como principal tarea colegislar, que haga un estudio de esta naturaleza y profundidad. Pienso que va a endosar la responsabilidad del estudio a un tercero; entonces, ¿por qué no partimos diciendo eso?
A mi juicio, el Ejecutivo es el que debiera hacer dicho estudio, porque a él le corresponde la iniciativa en todas las materias de carácter tributario que afectan la recaudación fiscal.
Por lo demás, si no hay voluntad del Ejecutivo para cambiar nuestra estructura tributaria -no sé si está en el programa de gobierno de Michelle Bachelet hacer un cambio profundo en esta materia- la verdad es que no tiene ningún sentido gastar cien días en producir un documento que, finalmente, el Poder Ejecutivo pudiera no asumir como propio. Convertiríamos a la Comisión de Hacienda en una comisión de estudio al margen de su carácter legislativo.
Por esa razón, y no porque me niegue a hacer cambios en la estructura tributaria, me parece inapropiado apoyar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATADO A LA PLANTA DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficios.
El señor LEAL (Presidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, que el Senado seguramente ratificará dentro de las próximas horas, que se refiere a la ley de subcontratación. En él se plantean que las empresas que realizan un giro determinado lo hagan con sus trabajadores y no con contratistas; que no usen este subterfugio para realizar labores que les son propias.
A modo de ejemplo, en mi distrito, particularmente en Vallenar, la planta de la Empresa Nacional de Minería tiene una particularidad especial que quiero detallar.
Desde el año 2004, dicha planta pasa por momentos realmente importantes debido al factor dado por la notable subida del precio del metal rojo, lo que incentiva a tener más abastecimiento de pequeños y medianos mineros y, por ende, necesitar más personal.
En la actualidad, la planta de Vallenar tiene un abastecimiento de 25 mil toneladas-mes y se espera un incremento de alrededor del 40 por ciento en los próximos meses. No olvidemos que seguirá incrementándose cuando se instale la planta que trabaja con minerales de baja ley. Por eso, me parece importante que el ministerio de Minería, a través de la Empresa Nacional de Minería, ponga en práctica las medidas que el Gobierno de la Presidenta Bachelet está impulsando en lo que respecta a la subcontratación, de modo de solucionar a la brevedad la situación por la que atraviesan los funcionarios de la planta Enami .
El 90 por ciento de dichos funcionarios -alrededor de 85 personas- es subcontratado. La Enami solamente tiene como personal propio a diez funcionarios y tres supervisores.
Las personas subcontratadas realizan tareas que son propias de la empresa; son contratistas que se desempeñan como jefes de turno, capataces de cancha, muestreros, refinadores, operadores de chancado, personal de flotación, técnicos laboratoristas, administrativos de bodega, secretarias -justamente- de la oficina de fomento de la Empresa Nacional de Minería.
Se trata de personal que llevan más de 5, 10, 15 y hasta 20 años a contrata y subcontrata.
En verdad, es indispensable que la Empresa Nacional de Minería tome cartas en el asunto y contrate como parte de su personal a estas personas, porque es de justicia que pasen a integrar la planta como funcionarios, porque ellas han entregado horas, días y años de labor bajo los términos de la subcontratación, ámbito que se regulará con el proyecto que se tramita en el Congreso.
Por tanto, solicito que se oficie a la ministra de Minería para que haga caso a la Presidenta de la República y dé instrucciones a la Empresa Nacional de Minería en el sentido de que contrate a partir de ahora a estos funcionarios, porque es de justicia que así sea.
También pido que se envíe oficio al ministro del Interior, a la intendenta de la región de Atacama y, por supuesto, al vicepresidente y al jefe de Fomento de la Enami.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A PROBLEMA DE CONJUNTO HABITACIONAL VILLA ALEGRE, EN COMUNA DE FLORIDA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA .-
Señor Presidente , el fin de semana recién pasado, los diputados del distrito N° 45, la diputada señora Clemira Pacheco y quien habla, estuvimos en la comuna de Florida analizando un problema habitacional que conozco personalmente, pues data desde hace muchos años. Firmamos un protocolo en el que nos comprometimos ante los desesperados vecinos a ayudarles a buscar una solución viable.
En 1999, 208 socios del conjunto habitacional Villa Alegre, del sector Tapihue, de aquella querida comuna rural, se adjudicaron un subsidio habitacional para ejecutar la primera etapa del programa de vivienda progresiva, que incluía urbanización y una caseta.
El 2 de mayo de 2001, se firmó un contrato de ejecución con una empresa particular, en el que se fijó un plazo de 180 días para terminar los trabajos. Al cabo de tres años, se habían firmado seis prórrogas con el contratista, quien, finalmente, no terminó dichos trabajos.
Cuando los vecinos alzaron la voz en son de protesta, descubrieron que el Serviu, la unidad técnica, había girado a la empresa el ciento por ciento de los estados de pago, quedándole sólo las garantías, con las que no alcanza, ni por lejos, para cubrir las obras faltantes.
Lo anterior es especialmente grave, pues en rigor corresponde que los pagos se vayan haciendo según los estados de avance, de tal suerte que si no hay avance, no hay pago. Sin embargo, en este caso no fue así, ya que se dejó a los beneficiarios en la más absoluta indefensión.
No obstante, la gravedad de los hechos no termina ahí. El conjunto habitacional había conseguido, a través de la fundación San José de La Dehesa, 20.992 UF, que eran los recursos necesarios para ejecutar la segunda etapa, referida, fundamentalmente, a la terminación de las viviendas. Esos recursos se perdieron y la fundación los redistribuyó, pues no era lógico tenerlos empozados sin uso durante tanto tiempo.
Todavía faltan las obras más importantes para que esos humildes vecinos de Florida puedan alcanzar el sueño de la casa propia. Sin embargo, lo peor es que se percibe falta de voluntad política para salir adelante y terminar con ese problema, pues en siete años todavía no se observa luz alguna de solución ni una actitud proactiva del Serviu, el que tuvo una participación no menor en el desenvolvimiento de los hechos. Todo ello, mientras los afectados continúan esperando.
Por lo expuesto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que instruya al director regional del Serviu de la Octava Región informar acerca de lo siguiente:
1) Indicar las razones técnicas que justificaron el pago del ciento por ciento de los estados de avance a la empresa Eco Sur, en circunstancias de que no estaba terminada la totalidad del trabajo contratado, y
2) Informar, con absoluta precisión, sobre un cronograma de acciones de corto plazo a seguir para obtener los recursos necesarios para concluir esas retardadas faenas.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS GENERADAS POR EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LA COMUNA DE PENCO. Oficio.
El señor BOBADILLA .-
Señor Presidente , también quiero referirme a un tema relacionado con la comuna de Penco, relativo al sector salud.
En primer lugar, a partir de 2004, sin que hubiere variado de manera sustantiva la composición económica o de población de dicha comuna, se cambió su calificación de comuna urbana pobre a comuna urbana no pobre.
Esa circunstancia acarreó importantes perjuicios económicos, ya que disminuyen los aportes ministeriales al sector en cerca de un 15 por ciento al año.
Para nadie es un misterio la difícil situación económica por la que atraviesa la salud y la educación municipalizada, por lo que en el manejo de este tipo de criterio se debe ser especialmente cuidadoso, toda vez que con recortes como estos se resiente en forma sensible la atención que se brinda a la comunidad en detrimento de los más pobres, quienes son, precisamente, los que se atienden en los consultorios públicos.
Por otro lado, desde hace varios años se viene desarrollando, por parte del departamento de salud municipalizada de Penco, el programa Vida Chile, propuesta de promoción de salud que se ejecuta en forma coordinada y conjunta con la comunidad. Con más de veinte mil beneficiarios directos, busca inculcar conductas de vida sana a través de la enseñanza de una serie de hábitos y destrezas.
Como correspondía, según el trabajo que se venía realizando y de acuerdo con las proyecciones efectuadas junto con el ministerio del ramo, el proyecto se presentó nuevamente para el 2006, por un monto total de 15.500.000 pesos; es decir, levemente superior al del año anterior.
El informe ministerial, elaborado por el señor Iván Daroch Flores , presenta enorme conformidad con el desarrollo observado del programa en la comuna, expresado, entre otras cosas, en que se aviene plenamente con la estrategia de promoción de salud que impulsa el Supremo Gobierno. Sin embargo, en lo que va corrido del año aún no se remiten las remesas de dinero y, lo que es peor, circulan versiones extraoficiales, según las cuales Vida Chile se aplicaría en Penco con un presupuesto de sólo 10 millones de pesos, debiendo rebajarse en un 35 por ciento todas sus partidas.
Lo anterior acarrearía perjuicios, toda vez que el año ha avanzado y las programaciones presupuestarias se hicieron sobre una determinada base que ahora es menester cumplir.
Pido que se oficie a la secretaria general ministerial de Salud de la Octava Región para lo siguiente:
1. Que explique en detalle los criterios que se tuvieron en cuenta para cambiar la calificación de Penco de comuna urbana pobre a comuna no pobre.
2. Que tenga a bien corregir la diferencia presupuestaria generada por este cambio de criterio, la cual se estima en 79.520.232 pesos, y que se efectúe el correspondiente traspaso de dichos fondos.
También, para solicitarle que tenga a bien formalizar la aprobación del programa de promoción Salud Vida Chile, estimado en 15.500.000 pesos, en la forma en que originalmente fue concebido para el 2006 -lo cual permitirá cumplir con los compromisos contraídos sobre esa base-, y disponer el envío inmediato de las remesas pertinentes. No parece aceptable que habiendo transcurrido cinco meses del año, esto todavía no ocurra, con lo cual se atrasa de paso la cadena de pagos correlativos, entre ellos, el más importante, el pago de honorarios al personal contratado para estos efectos.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PLAN DE DESARROLLO GANADERO Y LECHERO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , la semana pasada, asistió a la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados el nuevo director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien, durante su exposición, dio a conocer algunas innovaciones que el instituto pretende introducir en sus programas en el futuro.
Al respecto, me referiré a un problema que es necesario que el Indap lo haga suyo y lo enfrente con mucha fuerza.
Todos sabemos que la ganadería del sur ha pasado por situaciones difíciles, aunque debo reconocer que hoy hay expectativas tal vez más estables, fundamentalmente para la lechería y la producción de carne. Pero esos beneficios han estado centrados, principalmente, en la gran agricultura, en aquellos empresarios de mayor tamaño, quienes, además, pueden acceder a niveles tecnológicos adecuados. La brecha se produce en la pequeña agricultura, en la pequeña ganadería de leche y de carne, particularmente en zonas de la Décima Región, que represento en esta Cámara.
En el pasado se discutía que no había precio para los productos. Hoy, el principal, la leche, tiene un precio razonable, pero sólo para los grandes productores, puesto que los pequeños no pueden acceder a él. Por lo tanto, se requiere que el Indap haga un esfuerzo en el sentido de entregar apoyo focalizado a los pequeños agricultores con capacidad empresarial, a través de asistencia técnica, pero de calidad, que les permita elevar sus niveles de productividad para acceder a los precios que la industria les podría pagar si mejoraran la calidad tanto en sanidad y alimentación animal como en el manejo de su producción.
Entonces, el esfuerzo debe concentrarse en la asistencia técnica que hay que entregar a ese grupo de pequeños agricultores, con el objeto de que puedan acceder a precios que les permitan mejorar la rentabilidad de su explotación y obtener más beneficios.
En consecuencia, pido que se oficie al señor ministro de Agricultura , con copia de mi intervención, para que la nueva administración del Indap -cuyo representante en la Comisión de Agricultura manifestó algunas de estas ideas- elabore un plan de desarrollo ganadero y lechero dirigido a los pequeños productores de leche, cuyo énfasis debe estar puesto en el mejoramiento de la calidad de la asistencia técnica, con el propósito de que los pequeños agricultores, por fin, puedan acceder a los niveles de precio que ofrece el mercado actual. Además, dicha asistencia técnica no sólo debe ser de excelencia, sino, además, contar con un seguimiento en el tiempo que permita pesquisar los resultados que se persiguen.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están indicando y a los que me sumo.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE TERMINAL AGROPECUARIO DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , me han llamado la atención las recientes declaraciones del director de Obras de la ilustre municipalidad de Antofagasta en relación con proyectos que la ciudad requiere y que, quizá, por capricho o compromisos políticos, no se han materializado, que es lo que todos quisiéramos.
Me refiero, en particular, al proyecto que fue presentado e, incluso, difundido, para la construcción de un nuevo terminal agropecuario para la ciudad de Antofagasta, el cual, de acuerdo con lo que se me expuso, tiene un sentido bastante positivo respecto del crecimiento de la ciudad, además de que ayudará a la economía regional y, sin duda, a evitar los monopolios existentes en el sector.
En ese sentido, lamentamos mucho que el director de Obras de Antofagasta haya declarado a la prensa que el proyecto “no es de su agrado”, “no es de su gusto”. No estamos para considerar si un proyecto es del agrado de alguien o no, para verificar si cumple o no con las expectativas de desarrollo de una comunidad; si cumple con las normas legales vigentes. Después de eso se puede emitir una opinión al respecto.
Por eso, solicito que se oficie al señor alcalde de Antofagasta para que informe a esta Cámara sobre los motivos que tuvo en vista para rechazar el proyecto sobre el terminal agropecuario Santa Adela que se construiría en la ciudad de Antofagasta.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS EXIGIDOS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , cerca de veinte mil familias de todo el país han adquirido viviendas Serviu con créditos bancarios, especialmente del Banco del Estado, luego de postular con la correspondiente ficha CAS.
El Gobierno anterior anunció, a fines de diciembre de 2005, que se iba a otorgar una serie de beneficios a los deudores del sistema bancario.
En mi región, en el barrio modelo de Concepción, trescientas quince familias esperaban este beneficio y, después de la primera información, fueron bastante pocas las que se acogieron al beneficio de condonación total de la deuda o de 52 UF.
Solicito que el presidente del Banco del Estado informe a esta Cámara si esa entidad exigió a los compradores, previamente a la firma de escrituras de compraventa, tomar un seguro general de desempleo, de incapacidad temporal y de desgravamen hipotecario, puesto que, en la actualidad, muchos de ellos han quedado cesantes, han tenido algún tipo de incapacidad o han fallecido, y es bastante engorroso poder aplicarlos no obstante ser de responsabilidad del Banco del Estado.
Por lo tanto, insisto, solicito que el presidente del Banco del Estado nos aclare esta situación, dado que muchos de los vecinos afectados han hecho averiguaciones y no han recibido una respuesta adecuada.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN NACIONAL EN LA UNDÉCIMA REGIÓN DE AISÉN. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
A continuación, en el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile , señor Francisco Vidal , a fin de que estudie la factibilidad de reinstalar los equipos de TVN en la Undécima Región de Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo. Ello permitiría a los aiseninos recuperar la señal televisiva, en vivo y en directo, con programas regionales de carácter informativo, educacional y cultural.
Cabe recordar que los aiseninos contábamos con ese canal estatal desde 1971 hasta 1991, fecha en la que el gobierno de la época determinó retirar las instalaciones de la ciudad de Coihaique y, junto con ello, se perdió este valioso medio de comunicación.
Después de quince años, debe reconsiderarse seriamente dicha medida político-administrativa, sobre todo para ser consecuentes con la regionalización y con la homologación de la señal que transmiten otras ciudades del país, con temáticas regionales propias, como ocurre en Punta Arenas, en Temuco y, acá, en Valparaíso, por citar algunos ejemplos.
En cuanto a la materia informativa, los aiseninos tenemos el justo derecho a estar informados y a debatir temas regionales tan relevantes como el proyecto Alumisa , en Aisén; las muertes en Puerto Aisén; la instalación del Parque Pumalín, del señor Tompkins, y el anuncio de la construcción de cuatro megacentrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, pretensión de empresas españolas y norteamericanas, unidas a capitales chilenos.
Necesitamos conservar y difundir nuestra idiosincrasia patagónica, nuestra identidad regional. En Aisén también hay cultores que necesitan microespacios regionales televisivos para mostrar su arte.
En estricto rigor, los aiseninos, por medio de sus diputados, no estamos pidiendo; sólo pretendemos que se nos devuelva esa Televisión Nacional de Chile que se nos quitó. La misma que el Presidente Salvador Allende , de manera visionaria y generosa, inauguró en 1970 y que hoy clama por su retorno, considerando la modernidad tecnológica y la calidad de los equipos humanos que laboran en ella.
Televisión Nacional de Chile nació en 1969. El 8 de abril de 1992, la ley N° 19.132 la transformó en un canal público, ciento por ciento del Estado. Funciona de manera autónoma, con editorial y políticas propias y se autofinancia con el mercado publicitario.
A lo largo de su historia, ha marcado diversos hitos en el mercado chileno: fue el primer canal en tener cobertura nacional; el primero en producir programas a color, en transmitir vía satélite a través de su señal internacional, en transmitir sonido estéreo y en realizar transmisión digital de alta definición.
En los últimos años, Televisión Nacional de Chile ha liderado en audiencia, ingresos publicitarios y resultados económicos favorables, y desarrolla más del 80 por ciento de su programación con producción nacional propia y de productores independientes.
Habida consideración de lo expresado, reitero la petición para que se haga llegar esta iniciativa al directorio de Televisión Nacional de Chile, para que evalúen objetivamente, más allá del mero cálculo economicista, la necesidad imperiosa de instalar, al más breve plazo, los equipos y la infraestructura necesaria para que reviva la señal para los aiseninos. Está de más decir que bastante tenemos con el aislamiento y con sólo ver, en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, desgracias o el informe del tiempo.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA EN OFICINA DE DIPUTADO.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , “Cómo conseguir una central telefónica y no dejar de ser diputado en el intento”.
Una vez algo ambientados en el Congreso, y poniéndonos al día en las materias administrativas para habilitar nuestras oficinas, comenzamos a solicitar los diferentes servicios para ejercer nuestra diputación de manera eficiente.
Entre otras cosas, decidimos solicitar una central telefónica con sus respectivas líneas. Todo bien y normal hasta ese punto.
Corría el 22 de marzo, un miércoles soleado y caluroso (El verano no se quiere ir...), cuando solicitamos, a través del Congreso, como disciplinadamente nos habían señalado, el servicio a… ¡tarantantán! Telefónica de Chile. ¿O debo decir de España?
Horizonte auspicioso, no hay nubes en el cielo y la contaminación aún no se nota... Somos diputados, el servicio lo solicita la Cámara. Todo bien y en orden.
Finalmente, después de unos días, llega la línea telefónica. La coloca un amable técnico subcontratado por la empresa. Y viene la consulta obvia:
-“Disculpe, señor técnico, yo solicité una centralita telefónica y usted me está colocando un aparato normal, como el de mi casa”.
El señor técnico me mira y con cara de técnico sabiondo, me señala:
-”Diputado, yo instalo líneas; es otra la empresa que coloca la centralita”. Y se despide amablemente.
Pasa un par de calurosos días y por fin llega la mentada centralita. La “otra” empresa subcontratista la instala y, una vez que se van, constatamos dos cosas: La primera, era imposible abrir el portón eléctrico de la oficina. ¿La causa? El instalador de la empresa de centralitas, subcontratado por Telefónica, había cortado los cables del portón eléctrico y del citófono. ¿Habrá creído que el citófono era de la competencia? Además, cuando vamos a usar el aparato telefónico nos damos cuenta de que no funciona como central, porque tiene solo una línea.
¡Pero si yo había pedido una central telefónica y no un teléfono cibernético! Pues, volvemos a llamar y nos envían a un técnico que, después de mirar y mirar y poner cara de “técnico sabiondo”, nos dice:
-“Aquí falta una segunda línea para que funcione como central”.
-“Mmmmm… ¡De acuerdo! Por favor, ¿podría poner la otra línea”?
-“No -responde con cara de sarcasmo-, eso le corresponde a otra sección de la empresa telefónica; yo sólo veo centrales”.
-“¡Pero si yo llamé a la compañía y les dije lo que necesitaba y lo enviaron a usted!...”
-“Es que ellos creyeron que era una falla de la central y no es así; por lo tanto, llame otra vez para que venga el técnico a instalarle la línea telefónica”.
Se va y nos deja en la soledad de una sola línea telefónica, con la misión imposible de contactar a un técnico que funcione.
Pasan los días y, por fin, llega el técnico en cuestión con la segunda línea bajo el brazo.
-“Instálela rapidito, por favor”.
-“No faltaba más”, me responde el técnico subcontratado de la línea.
“¿Dónde se la coloco, señor diputado?”
Lo miro con suspicacia y le digo:
-”Allí, en la central telefónica por favor.”
-“No”, me dice secamente.
-“Cómo no”, le replico.
-“No, porque yo sólo instalo líneas, las centrales las ve la otra empresa subcontratada por la misma Telefónica”.
A esta altura, yo y mi equipo distrital estamos con algunos tic´s, que no podemos controlar, y le pedimos que la instale donde quiera.
Por fin, llega el técnico, elevado por nosotros a la calidad de Dios, a conectar la centralita. Este técnico de la otra empresa subcontratista hace su trabajo y se va. Corroboramos que la central funciona, pero… cuando hablamos hay como un eco, eco, eco…
Llamamos nuevamente a un número único de Telefónica. Nos contestan amablemente después de pasar por varias grabaciones.
-“Si es cliente, presione uno; si es por teléfono, presione dos; si se equivocó, vuelva a presionar todo”.
En fin, nos hacen pruebas por teléfono y nos dicen que la central está bien, pero que el eco es casi una imaginación y que subamos el volumen de los teléfonos. Hasta que al fin alguien dice: “lo que pasa es que los teléfonos que le vendieron son malos; se los cambiaremos…
Supongo que ustedes ubican los ojos de huevo. Sí, esos mismos.
Llega un señor que no pertenece ni a la subcontratista de las líneas ni a la subcontratista de la centralita, sino que a la subcontratista, que lleva las cajas de un lado a otro de Telefónica, y nos dice que viene a retirar los aparatos telefónicos porque están malos.
Lo hacemos pasar y se nos ocurre preguntarle si traía los de repuesto. Nos responde que no; que él sólo retira y que otra empresa es la que provee los otros aparatos….
En ese momento, simplemente, nos tiramos al suelo, pusimos barricadas e hicimos retirarse al técnico del retiro de teléfonos sin sus trofeos. Dijimos: “¡No pasarán sin los teléfonos de repuesto!”
Pasan y pasan los días y seguimos hablando con eco, eco, eco,… Pasan tres técnicos de diferentes subcontratistas expertos en distintas áreas de líneas y nada… Para el colmo, llama una telefonista para corroborar si es verdad lo del reclamo telefónico.
Como un mal chiste, el último técnico subcontratado comprueba que el ruido se debe a que uno de los primeros técnicos que vino dejó las líneas cruzadas con Cema Chile, que tiene su sede al lado de la nuestra.
Le pedimos que nos solucione el problema y con esa cara de… -bueno, ustedes conocen cual cara- nos dice:
-“No me corresponde a mí, porque yo sólo veo centrales y debe venir otro técnico.”
Los nervios ya no están de punta, simplemente no existen; los ojos y las pupilas se dilatan, pero nos recordamos que somos “honorables diputados de la República”, así que, a guardar la compostura.
Llamamos, y acude otro técnico. A estas alturas, se nos había desconfigurado los teléfonos. No recibíamos llamadas, pero las podíamos hacer. Entra el técnico y, después de revisar, sentencia:
-“El problema es de la central, que está desconfigurada junto a la Internet, así que deben llamar a la otra empresa y también a la sección de Internet de Telefónica”.
En ese momento, simplemente la vista se nubla y no existe el razonamiento… Elevamos la voz y con tono autoritario, como de carabinero pidiendo documentos, conminamos al pobre técnico subcontratado a no salir por ningún motivo, y que debe solucionar el problema, porque de allí no saldrá si no procede así.
Mira con cara de asustado -cómo, si no- y contra su voluntad accede. Lo cercamos y no lo dejamos retirase hasta que logró solucionar le problema. Lo hizo de buena voluntad, pero contra de los principios de la empresa.
Lo dejamos ir y, luego, cuando ya pensábamos que nos habíamos liberado, llega el fono fax del Congreso Nacional.
¡Todo de nuevo!
El Sernac y otras entidades deberán tomar cartas en el asunto. Los ciudadanos no pueden estar así de expuestos a las empresas.
Esta historia continuará.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE DESALOJO DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE MAIPÚ. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA .-
Señor Presidente , voy a referirme a la actitud que tuvieron ayer algunos medios de prensa.
Con gran despliegue publicitario, utilizando canales de televisión, prensa y radios, el actual alcalde de la comuna de Maipú, Alberto Undurraga , desalojó, evacuó, el edificio consistorial, avalado y amparado en un supuesto informe proveniente de una institución tan seria y responsable como la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, Dictuc, que indicaría la eventual presencia de graves fallas estructurales.
Ese verdadero show comunicacional terminó ayer, con una declaración pública de Dictuc, a través de un comunicado de prensa, que señala:
“Con fecha 16 de mayo de 2006, Dictuc comunica a la opinión pública lo siguiente:
“En el día de hoy ha circulado la noticia en los medios de comunicación nacionales, acerca de la clausura y evacuación del edificio consistorial de Maipú, ubicado en avenida Pajaritos 2077 de dicha comuna.
“Sobre tal información, es importante hacer presente que, a la fecha, no existe informe alguno emanado de esta institución que señale la falta de seguridad en la construcción del referido edificio, como ha sido afirmado reiteradamente en varios medios.
“La participación de Dictuc se ha limitado a una reunión preliminar en el día de ayer, con el señor alcalde de Maipú , a petición de él, en la cual se revisaron los antecedentes de que él disponía respecto a la construcción del edificio consistorial. Los antecedentes revisados no corresponden a trabajos realizados por Dictuc, sino por otros profesionales, habiéndose limitado los ingenieros de Dictuc que asistieron a dicha reunión a interpretar los antecedentes que obraban en poder del municipio.
“La decisión de desalojar el edificio en cuestión fue tomada por el señor alcalde de Maipú .
“Por último, Dictuc desea que conste con absoluta claridad que no ha ejecutado hasta el momento estudio alguno referente a la seguridad del edificio consistorial de Maipú.”
Me pregunto si el actual alcalde de Maipú y ex director del Sernac , quiso utilizar contactos realizados con anterioridad para comprometer prematuramente a esa respetable institución y, con eso, lograr un efecto comunicacional y político con el objeto de enlodar y desprestigiar a ex autoridades y profesionales que han intervenido en dicha materia. Como muy bien sabe el actual alcalde, utilizar información incorrecta, incompleta y no señalar específicamente quién, supuestamente, la habría proporcionado, se denomina publicidad engañosa.
Lamentablemente, la pobreza informativa de ciertos medios de prensa, que dan a conocer con caracteres de escándalo verdaderos shows comunicacionales, no se condice con la realidad, porque hay noticias serias, como las persecuciones, hostigamientos y amedrentamientos de que son víctima decenas de funcionarios municipales, quienes, a pesar de que lo han comunicado públicamente, no han obtenido tribuna alguna en dichos medios.
Sin embargo, la Contraloría General de la República sí lo ha hecho, y ha determinado que la gestión del actual alcalde de Maipú se ha apartado de la legalidad en numerosas ocasiones, situación que él conoce.
Quiero puntualizar que durante mi administración edilicia se tomaron todas las medidas que la legislación y los estándares de constructibilidad nos exigían al momento de diseñar, proyectar y construir el edificio consistorial.
El municipio elaboró bases administrativas generales y especiales al momento de llamar a licitación pública para su construcción. Esas bases se ajustaban plenamente, en lo administrativo y técnico, a las normas sobre constructibilidad de edificaciones de esa naturaleza.
Hubo empresas interesadas en postular que hicieron las consultas pertinentes y todas ellas se entendieron como parte integrante de las bases.
El proceso se llevó a cabo mediante licitación pública, debidamente informada y difundida públicamente.
Se designó un inspector técnico de obras, ITO, por parte del municipio, encargado de velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones y cláusulas del contrato y de las bases, como parte integrante del mismo.
Asimismo, se recurrió a revisores externos para revisar las especificaciones técnicas de constructibilidad y asísmicas del edificio.
Es más, el actual alcalde de Maipú inauguró, hace pocos meses, con bombos y platillos, un consultorio en ese mismo edificio que el evacuó con un verdadero show. Me pregunto: ¿No debió requerir las autorizaciones sanitarias respectivas para que allí funcionara ese consultorio?
En consecuencia, después de que se ha faltado a la verdad, manipulado a la opinión pública y utilizado a organismos tan serios como el Dictuc, no queda otra alternativa que repudiar públicamente la actitud de ese alcalde.
En numerosos medios de prensa se ha señalado escandalosamente que en ese edificio existen graves fallas estructurales. Pues bien, quiero desmentirlo categóricamente. No existen antecedentes que así lo ameriten. Lo que sí se ha señalado es que, como consecuencia de la incorporación de un entrepiso en dicho edificio, se requieren algunos reforzamientos para asegurar que, ante un evento sísmico de envergadura superior a grado 6.5, no se ponga en peligro la vida de quienes allí trabajan.
Creo que el alcalde de Maipú , cuya labor ha sido mal evaluada por la propia población de esa comuna, no debe manipular a la opinión pública con el fin de tapar su mala gestión.
Se hace necesario informar no sólo a la comunidad, sino también a la prensa, que se debe ser más responsable al momento de presentar una noticia, como la que dio a conocer el señor Undurraga de manera circense.
Por lo tanto, pido oficiar al Contralor General de la República y al alcalde de Maipú , a fin de que pongan en conocimiento de esta Cámara el informe del Dictuc, que ya sabemos que no existe, por cuanto ese organismo técnico de la Universidad Católica desmintió categóricamente esa situación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 5 SUR. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , quiero manifestar mi profundo dolor, porque el país se ha informado esta mañana del trágico accidente ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada en el kilómetro 143 de la ruta 5 Sur, cerca de San Fernando.
El bus realizaba un recorrido entre Villa Alemana , Concepción, comuna del distrito 44, que represento, y Talcahuano, intercomuna a la cual, en forma especial, también doy nuestro más sentido pésame, junto con el diputado de la Concertación Raúl Súnico , quien la representa.
Lamentablemente, fuimos informados de que al menos 27 pasajeros fallecieron debido a la caída del bus al lecho del río Tinguiririca.
Pudimos ver por televisión a más de 150 personas, entre personal del Ejército, de Bomberos y de Carabineros, que trabajaron desde el instante en que ocurrió la tragedia en las tareas de emergencia para sacar a las personas fallecidas y a los sobrevivientes desde el interior de la máquina, los que fueron trasladados a los hospitales de Rancagua y de San Fernando.
Desde este hemiciclo quiero hacer llegar nuestra solidaridad y condolencias a las familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido en dicho accidente, un drama humano que no sólo enluta a nuestra Octava Región, sino también a todos los chilenos.
Me llama profundamente la atención que en las declaraciones que dieron conductores a través de la televisión hayan llamado al lugar del accidente como “el triángulo de Las Bermudas”, lo que indica que algo está pasando allí.
También me preocupan las dos hipótesis que se manejan como posibles causas de la tragedia. Una de ellas se refiere al reventón de un neumático y, la otra, a que el chofer del bus se quedó dormido mientras conducía, por lo que perdió el control del vehículo. Esperemos el resultado de las investigaciones.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , adjuntando copia íntegra de mi intervención, para que tenga a bien disponer la evaluación de la ingeniería de la ruta 5 Sur para determinar un eventual mal diseño que haga peligroso el tránsito de vehículos a altas velocidades en el sector. Asimismo, para que disponga un análisis respecto de la fiscalización de los buses desde su lugar de partida hasta cuando llegan a su destino.
Cuando discutimos el proyecto de ley de Presupuestos de la nación año a año -su señoría fue parte de la Comisión Mixta de Presupuestos-, muchas veces algunos distinguidos colegas se oponen a cualquier aumento de dotación de personal en las plantas fiscalizadoras de los diferentes servicios del Estado. Hay que tener la generosidad para entender que se requieren más fiscalizadores en materia de transportes. Un ejemplo claro de ello -lo haré presente en la discusión del proyecto de Presupuestos para el 2007- es que para la Octava Región sólo hay siete fiscalizadores.
Por último, quiero reiterar el dolor que siento como penquista por la pérdida que sufrieron esas 27 familias.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
La Mesa comprende y comparte el dolor de la Octava Región.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención, y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican y de quien preside.
La Mesa le sugiere oficiar también al ministro de Obras Públicas.
El señor ORTIZ.-
De acuerdo, señor Presidente.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES DE CIUDADES ALEDAÑAS A RUTA 5 SUR. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentalba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, voy a ceder el uso de la palabra a mi colega Alejandra Sepúlveda, pues se va a referir al mismo tema planteado por el diputado Ortiz.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la gentileza del colega Fuentealba , así como la del Comité del Partido Socialista, el cual nos cedió parte de su tiempo.
En segundo lugar, me sumo a las condolencias del diputado Ortiz a las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la madrugada de hoy en San Fernando.
Como señaló, nos preocupa mucho lo que hoy está ocurriendo en ese complicado sector de la ruta 5 Sur. Hace un tiempo, hubo otro accidente muy similar, en el cual hubo 11 muertos como consecuencia del choque de un bus interprovincial.
La ciudad de San Fernando está de aniversario esta semana; pero, sin duda, no lo podremos celebrar como de costumbre.
En tercer lugar, queremos que existan las condiciones hospitalarias adecuadas para cuando ocurran estas emergencias, porque cuatro o cinco heridos fueron trasportados a Rancagua debido a que el hospital de San Fernando no cuenta con el equipamiento médico suficiente, sobre todo de escáner, lo que demoró la atención de esas personas durante 45 minutos. De la misma forma, los equipos de rayos no pueden ser utilizados porque no existe el personal que lo opere durante la noche para atender las urgencias.
Por lo tanto, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana es partidaria de que parte del royalty o de los excedentes por concepto del mayor precio del cobre puedan ser utilizados para comprar la implementación que hoy requieren esos centros hospitalarios.
Agradezco en forma especial a Carabineros de Chile y a bomberos de San Fernando, al hospital de nuestra comuna y al Ejército de Colchagua, que, sin duda, tuvieron una actuación importante en la atención de los heridos de ese accidente.
Por otra parte, el senador Mariano Ruiz Esquide me ha pedido dar las condolencias a los familiares de las personas que viajaban hacia Concepción en el bus accidentado, luego de haber sido invitadas al Senado. Tres de ellas fallecieron y la otra se encuentra con grave compromiso vital.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Salud, a fin de que disponga los refuerzos de personal e implementos necesarios en los hospitales ubicados en las cercanías de la ruta 5 Sur, en especial en el de San Fernando.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES AL SUBSIDIO RURAL. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado, he recibido en numerosas oportunidades denuncias de la gente que vive en el sector rural que represento de que ciertas personas han sido beneficiadas por el subsidio habitacional rural sin cumplir con los requisitos correspondientes.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Vivienda , con el objeto de solicitar que su ministerio y, particularmente, el Serviu se pongan en línea con la Tesorería General de la República y con el Servicio de Impuestos Internos, a fin de que en el futuro todo postulante a los beneficios del subsidio rural o de una vivienda social puedan ser “cruzados” con la información que mantienen esos dos servicios. Hoy, para acceder al subsidio rural se requiere de una declaración jurada en la que se manifiesta no tener otro tipo de propiedad, información que a menudo es falseada.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA EN CUARTA REGIÓN. Oficios.
El señor FUENTEALBA.-
En segundo lugar, la sequía que se registra en la Cuarta Región ha afectado gravemente a las comunas de Punitaqui, Canela , Combarbalá, Los Vilos , Illapel y Salamanca . Muchas familias campesinas no tienen agua para beber. Por eso, se están haciendo esfuerzos para procurarles camiones aljibes, estanques, mangueras, etcétera, a través de la Intendencia Regional .
Por ese motivo, solicito que se oficie al intendente regional y al ministro del Trabajo para que en el marco de esa emergencia se creen programas de generación de empleo destinados a familias campesinas, especialmente, de las comunas de Punitaqui, Canela y Combarbalá. Mediante el pago de medio jornal esas familias campesinas podrán profundizar sus pozos y sus piques para acceder al agua subterránea.
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor FUENTEALBA.-
En tercer lugar, pido que se oficie al intendente de la Cuarta Región , como presidente de la Comisión Regional del Medioambiente , a fin de que instruya una evaluación del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental aprobados en los últimos tres años, en particular, los que dicen relación con la construcción de un condominio en la playa de Totoralillo, de Coquimbo, y con el cumplimiento de las normas y compromisos ambientales suscritos por la empresa minera Los Pelambres en Salamanca.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Jorge Sabag .
SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL DE VALDIVIA. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , quiero dar a conocer la situación que afecta al sindicato de trabajadores VCGP, del grupo Vinci , consorcio francés encargado de construir la nueva cárcel de Valdivia.
Debido a que el Estado es el mandante de esa obra, cobra especial interés lo que acontece con sus trabajadores.
El sindicato se constituyó el 26 de enero de este año y, en la actualidad, cuenta con 140 socios. De acuerdo a lo referido por los dirigentes, la constitución del sindicato, si bien era una aspiración sentida por todos los trabajadores, estuvo impedida permanentemente por la empresa, que los intimidó y presionó para que no lo conformaran. Las prácticas antisindicales han sido una constante en las relaciones laborales.
En reunión sostenida con los dirigentes sindicales, éstos plantearon que entre sus principales problemas se encuentra el tipo de contrato que la empresa celebra con ellos, pues al ser por obra o faena impide la negociación colectiva y sólo les permite hacer un convenio colectivo con las deficiencias que ello involucra. Además, los contratos son firmados con meses de retraso, lo que ha significado que el trabajador lo firme casi en el momento en que está siendo finiquitado.
El sindicato ha presentado un proyecto de convenio colectivo que no ha sido respondido satisfactoriamente por la empresa. Solicitan un pago justo de remuneraciones para maestros y jornales. De acuerdo a lo que refieren, las remuneraciones son más bajas que las que reciben los trabajadores de otras obras concesionadas que están a cargo de la misma empresa Vinci.
Por otra parte, han solicitado capacitación para mejorar sus condiciones de empleabilidad y lograr, en general, mejor perspectiva laboral. La empresa se ha negado sistemáticamente a capacitar a los maestros y jornales; sólo lo ha hecho con la planta administrativa.
Los trabajadores señalan que las condiciones de higiene -lo he comprobado personalmente- y de seguridad no son adecuadas, lo que ha significado multas aplicadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.
Los dirigentes sindicales han sido relegados en su trabajo, lo que ha significado un deterioro en sus condiciones laborales. Estas prácticas antisindicales fueron denunciadas a la Inspección Provincial del Trabajo, que iniciará la investigación pertinente.
Cabe recordar que el mencionado consorcio francés que construye la cárcel de Valdivia también se adjudicó la construcción de la cárcel de Puerto Montt, donde en febrero del presente año murió un trabajador a consecuencia de un accidente laboral, por lo que la autoridad suspendió temporalmente las obras. Además, tiene otros contratos vigentes con el Estado, no obstante incumplir las normas laborales e incurrir en prácticas antisindicales.
En consecuencia, pido que se oficie a la brevedad a los ministros de Justicia , de Obras Públicas y del Trabajo y Previsión Social, para que tomen conocimiento de estas irregularidades y adopten las medidas pertinentes. Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención al sindicato de la empresa.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo.
CENTÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA HONORIO OJEDA VALDERAS, DE LA UNIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El Comité del Partido Socialista ha cedido el tiempo que le resta en Incidentes al diputado Enrique Jaramillo.
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , agradezco la gentileza del Comité del Partido Socialista, pues con los minutos que me ha cedido me permite, desde esta solemne tribuna, hablar con cariño -lo que es diferente a rendir un homenaje- de la escuela N° 1 de La Unión, Honorio Ojeda Valderas , que cumple 105 años de existencia. Es la más antigua de mi ciudad; la más antigua de mi pueblo.
Estudié en ese establecimiento y me siento muy orgulloso de poder decir, desde este hemiciclo, a su director, docentes, alumnos y padres y apoderados que gracias a los valores recibidos en ese colegio hoy siento la satisfacción del deber cumplido, porque he dado muestras de vocación de servicio público, lo cual me ha permitido ser elegido diputado de la República .
El director del establecimiento, don Freddy Vera , encarna muy bien los valores que integran la tradición de esa noble escuela. Con su entusiasta apoyo y la colaboración del resto de la comunidad escolar y del jefe del Daem, don Sergio Gallardo , pudimos cumplir un anhelado sueño: la ampliación del colegio y la creación de cursos de enseñanza media, pues ya cuenta con primero y segundo medio.
El colegio Honorio Ojeda Valderas se proyecta al futuro entregando a sus alumnos herramientas que les permitirán cumplir sus sueños y proyectos de una vida mejor, tal como sucedió en mi caso.
Para finalizar, señor Presidente , pido que se envíe copia de mi discurso al director del colegio, pues, con esta sencilla intervención, quiero expresar los agradecimientos de un ex alumno que sabe y entiende que una parte fundamental de sus conocimientos y, especialmente de sus valores, los adquirió en ese tradicional y tan querido establecimiento, gracias a los cuales pudo transformase en lo que hoy cree ser: un servidor público.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.10 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de mayo de 2006.
Con motivo de la Moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.-
Sólo para los efectos de lo dispuesto en la ley N° 20.002, el plazo de reclamación de los avalúos de bienes raíces no agrícolas se extenderá hasta el 30 de junio del año 2006.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de mayo de 2006.
Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:
1. Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, y
2. Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:
“Artículo 4º. Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.537, con objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales. (boletín Nº 3804-14-2)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano informa sobre el proyecto de ley singularizado en el epígrafe, iniciado en una moción de las Diputadas señoras Allende , doña Isabel , y Saa, doña María Antonieta ; de los Diputados señores García, don René Manuel ; Melero, don Patricio ; Meza, don Fernando ; Montes, don Carlos , y Uriarte, don Gonzalo ; de la ex Diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los ex Diputados señores Riveros, don Edgardo , y Letelier, don Juan Pablo , en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
Como se expresó en el primer informe de la Comisión, la moción tiene por objeto establecer normas que contribuyan a facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales y que, además, permitan garantizar un estándar superior en la construcción de las mismas.
Durante la discusión de esta iniciativa legal, asistieron la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señora Jeannette Tapia ; el Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local , señor Alejandro Cooper ; la Directora de dicho Instituto, señora María Eugenia Espinoza ; el Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia , señor Rodrigo Medina , y el asesor de esa Secretaría de Estado señor Fernando Dazarola .
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1. Las letras a), b), c); d), que pasa a ser e); e), que pasa a ser f); g), que pasa a ser h; i) y j) del artículo único no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
2. La Comisión acordó que las letras f), que pasa a ser g); i), j), k) y l) del artículo único, deben votarse con quórum de ley orgánica constitucional, al igual que el artículo transitorio, que pasa a ser 1° transitorio. En efecto, la letra f), que pasa a ser g), contiene materias propias de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, a que se refiere el artículo 77 de la Constitución Política de la República; las letras i) y j) se encuentran en la misma situación, ya que se refieren a las funciones de los gobiernos regionales y de las municipalidades previstas en los artículos 116 y 118 de la Carta Fundamental, mientras que las letras k) y l), nuevas, así como el artículo 1° transitorio, tienen igual tratamiento en relación con las funciones de los municipios contempladas en el citado artículo 118 de dicho cuerpo constitucional.
3. El proyecto de ley no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4. Se suprimió la letra h) del artículo único y no hubo indicaciones rechazadas.
5. Mediante el oficio N° 010-06, de 16 de mayo de 2006, se consultó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema respecto de una norma contenida en el proyecto de ley, la cual regula materias propias de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, en cumplimiento de lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Carta Fundamental.
6. Se reemplazó la suma del proyecto de ley por la siguiente: “Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.537, con objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales”.
6. Se designó Diputado informante al señor Uriarte Herrera, don Gonzalo .
II. LO OBRADO EN EL PRIMER TRÁMITE REGLAMENTARIO.
En términos generales, las modificaciones que se proponen incorporar en la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en virtud del primer trámite reglamentario, dicen relación con las siguientes materias:
-Se dispone que en los condominios de viviendas sociales la municipalidad estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial y a proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios, función que está concebida actualmente con carácter facultativo para la generalidad de los condominios.
-Se faculta a los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades y a los Servicios de Vivienda y Urbanización para destinar recursos a los condominios de viviendas sociales, con objeto de promover la ejecución de programas de mantenimiento, mejoramiento y ampliación en las unidades que los componen y de apoyar sus programas de autofinanciamiento.
-Se posibilita que en las actuaciones que deban realizar estos condominios concurra como ministro de fe el secretario municipal respectivo o el oficial de Registro Civil competente, a fin de facilitar su organización y administración.
-Se incentiva la designación de administradores provisorios en los condominios de viviendas sociales, mediante el otorgamiento de facultades a los Gobiernos Regionales y a las Municipalidades para que, conjuntamente con los Servicios de Vivienda y Urbanización, participen en su designación, suprimiendo el plazo de seis meses que se establecía para su desempeño.
-Se incorpora, entre las materias que pueden tratarse en sesiones extraordinarias de la asamblea de copropietarios, la relativa a los programas de autofinanciamiento que podrán desarrollar los condominios y a las asociaciones con terceros para estos efectos, con el propósito de posibilitar la realización de actividades que generen ingresos para la copropiedad.
-Se especifica que el primer reglamento de copropiedad debe considerar las características propias del condominio, a fin de contar con definiciones respecto de los usos posibles y de la forma de administración provisoria de los espacios comunes, que no se contemplan en los actuales reglamentos tipo que rigen a los condominios de viviendas sociales.
-Se precisa que estos condominios no podrán edificarse en grupos o conjuntos de más de ciento cincuenta unidades habitacionales, con objeto de mejorar los estándares y de facilitar las relaciones y los acuerdos entre los vecinos, sobre todo en el caso de los condominios en extensión. Para este efecto se autoriza, por el plazo de veinticuatro meses contado desde la fecha de publicación de la ley, la subdivisión de los condominios de viviendas sociales con objeto de posibilitar una mejor administración de los bienes comunes.
-Se establece que en este tipo de condominios debe haber, a lo menos, un estacionamiento por cada dos unidades destinadas a viviendas, con objeto de entregar una señal al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las empresas constructoras en el sentido de que es prioritario aumentar los estándares de las viviendas sociales.
-Se dispone que las reubicaciones o compensaciones de superficies de áreas verdes o de equipamiento no podrán aplicarse en el caso de los condominios de viviendas sociales, a fin de evitar el empobrecimiento de estos últimos producido como consecuencia de la aplicación de este mecanismo.
a) Finalmente, se definen los condominios de viviendas sociales como conjuntos que están constituidos mayoritariamente por viviendas sociales, a fin de solucionar las dudas planteadas en las Direcciones de Obras Municipales respecto de proyectos mixtos constituidos mayoritariamente por este tipo de soluciones habitacionales, en los que se han incluido viviendas de un mayor valor.
III. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL SEGUNDO TRÁMITE REGLAMENTARIO.
Los señores Diputados presentaron indicaciones que tienen por objeto reemplazar la letra f), que pasa a ser g) del artículo único, y el artículo transitorio, que pasa a ser 1° transitorio; incorporar, en el artículo único, las letras d), k) y l), y agregar el artículo 2° transitorio.
La Presidenta de la República , mediante oficio N° 108-354, de 15 de mayo del año en curso, presentó la correspondiente indicación con objeto de respaldar lo obrado por los integrantes de la Comisión en materias que son de su exclusiva competencia.
Se hace constar que, debido a que esta iniciativa legal solamente introduce modificaciones en la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, se adoptó un acuerdo, por la unanimidad de los Diputados presentes, en el sentido de reemplazar la suma del proyecto por la siguiente:
“Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.537, con objeto de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales.”
Las indicaciones que se introdujeron en el segundo trámite reglamentario fueron discutidas y votadas del modo que se indica a continuación.
Artículo único
Introduce diversas modificaciones en la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.
Letra d), nueva
Propone modificar el inciso primero del artículo 18, con el propósito de establecer que el domicilio de los copropietarios de condominios de viviendas sociales pueda ser registrado en la Secretaría Municipal, para los efectos de la citación a asamblea por carta certificada.
El artículo 18 establece el procedimiento que debe seguirse para citar a los copropietarios. Asimismo, señala el lugar donde debe celebrarse la asamblea y determina la persona que deberá presidirla.
En el debate se hicieron notar las dificultades que existen para citar a asamblea de copropietarios en los condominios de viviendas sociales y se compartió la necesidad de establecer, como modalidad opcional, la de remitir la citación a asamblea al domicilio registrado en la Secretaría Municipal, involucrando, de este modo, a los municipios en dicha tarea, en consonancia con el criterio sustentado con motivo de la aprobación de las letras f), que pasa a ser g); i), j), y de las letras k) y l), nuevas.
Particularmente, hubo consenso en orden a acoger la propuesta del diputado señor Uriarte en cuanto a posibilitar que las secretarías municipales cuenten con un registro de los domicilios de los copropietarios de los condominios de viviendas sociales, toda vez que de esta manera se podría facilitar la notificación por carta certificada de la citación a asamblea que efectúa el juez de policía local, en conformidad con la letra b) del artículo 33, norma que se remite precisamente a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 18 en lo que respecta a este tema.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Espinoza , Insunza , Montes y Uriarte presentaron una indicación que agrega la siguiente letra d), la cual fue respaldada por la correspondiente indicación del Ejecutivo.
“d) Intercálase, en el inciso primero del artículo 18, entre las expresiones “administración” seguida de una coma (,) y “con una anticipación”, la frase “o en la Secretaría Municipal cuando se tratare de condominios de viviendas sociales”, seguida de una coma (,).”
-Fue aprobada por unanimidad.
Letra f), que pasa a ser g)
Propone agregar una oración final en la letra b) del artículo 33, con el propósito de sancionar a los copropietarios que no asistan a la segunda citación decretada por un juez de policía local para convocar a una asamblea de copropietarios, cuando esta última no pudiere celebrarse por no reunirse el quórum necesario.
El artículo 33 prescribe que las contiendas que se promuevan entre los copropietarios, o entre éstos y el administrador, relativas a la administración del respectivo condominio, serán de competencia de los juzgados de policía local. En ejercicio de esta facultad, el juez podrá, a petición de cualquier copropietario, citar a asamblea, si el administrador o el Presidente del Comité de Administración no lo hicieren.
En el primer trámite reglamentario se aprobó una norma que aplica una multa de una a tres unidades tributarias mensuales a los copropietarios que no concurran a la citación del juez, en el evento de que la asamblea de copropietarios no pueda celebrarse por no reunirse el quórum necesario.
Durante la discusión se hizo notar que el establecimiento de una sanción para los copropietarios que no asistan a la asamblea citada por el juez de policía local no constituye una fórmula adecuada para promover la participación de aquéllos en esta instancia ni para facilitar la organización de los condominios de viviendas sociales, objetivo que se persigue mediante esta iniciativa legal.
Por otra parte, se planteó que uno de los principales problemas que afecta a estos condominios está representado por las dificultades que existen para designar un Comité de Administración y se hizo presente que los jueces de policía local sólo pueden citar a asamblea de copropietarios en el supuesto caso de que dicho Comité esté constituido o exista un administrador que no haya efectuado esta citación.
Como consecuencia del debate, hubo acuerdo en el sentido de incorporar, entre las facultades de los jueces de policía local, la de citar a asamblea de copropietarios para elegir al mencionado Comité en cualquier tipo de condominios. De igual modo, se concordó en la necesidad de establecer normas excepcionales aplicables exclusivamente a los condominios de viviendas sociales destinadas a facilitar la notificación a los copropietarios y a garantizar que tomarán conocimiento oportuno de la misma. Asimismo, hubo consenso en cuanto a permitir que en la asamblea que se celebre para estos efectos el ministro de fe pueda ser un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva designado por el juez. Cabe hacer presente que tanto en este aspecto como en lo concerniente a la notificación, se tuvo en consideración lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local, acogiendo, de este modo, una sugerencia formulada por el Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local .
Finalmente, debido a que pueden surgir dificultades en lo que respecta a la obtención de la nómina de copropietarios de condominios de viviendas sociales para efectuar la notificación, se valoró la propuesta de los representantes del Ejecutivo en cuanto a posibilitar que esta información sea complementada por el Conservador de Bienes Raíces competente, a solicitud del juez, de acuerdo con el registro de inscripciones de dominio vigentes.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Escobar , Espinoza , Insunza , Montes y Uriarte presentaron la siguiente indicación sustitutiva, que fue respaldada por la correspondiente indicación del Ejecutivo:
“g) Agrégase, en el artículo 33, la siguiente letra d), pasando la actual a ser e):
“d) Citar a asamblea de copropietarios a fin de que se proceda a elegir el Comité de Administración en los casos en que no lo hubiere. La citación a asamblea se notificará mediante carta certificada, conforme a una nómina que deberá ser puesta a disposición del tribunal por los copropietarios que representen, a lo menos, el cinco por ciento de los derechos en el condominio.
No obstante, tratándose de condominios de viviendas sociales, el juez podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva notifique la citación a asamblea mediante la entrega de esta última a cualquier persona adulta que se encontrare en el domicilio del copropietario o a través de su fijación en la puerta de ese lugar, conforme a una nómina de copropietarios que deberá ser proporcionada por quien solicitó la citación. Asimismo, podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva se desempeñe como ministro de fe. Para este efecto, el juez podrá solicitar al Conservador de Bienes Raíces competente que complemente dicha nómina respecto de aquellas unidades cuyos dueños no estuvieren identificados, de acuerdo con las inscripciones de dominio vigentes.”.
-Fue aprobada por asentimiento unánime.
Letra h)
Propone agregar el artículo 40 bis, con el propósito de establecer que en los condominios de viviendas sociales la municipalidad estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial y a prestar su asesoría para la organización de los copropietarios. Asimismo, se dispone que en las actuaciones que deban realizar estos condominios, la exigencia de la concurrencia de un notario público se entenderá cumplida si participa en ellas, como ministro de fe, el secretario municipal respectivo o el oficial del registro civil competente.
Esta norma se aprobó en el primer trámite reglamentario con el fin de posibilitar que los municipios ejerzan, con carácter obligatorio, la función que les otorga el artículo 35 del cuerpo legal, para resolver en forma extrajudicial los conflictos entre los copropietarios.
En el debate se acogió una propuesta de los representantes del Ejecutivo en lo que respecta a trasladar las materias contenidas en dicho precepto a las letras k) y l), nuevas, con objeto de darles un mejor ordenamiento dentro del cuerpo legal que regula la copropiedad inmobiliaria.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Escobar , Montes y Uriarte presentaron una indicación que elimina la letra h).
-La indicación que suprime la letra h) fue aprobada por unanimidad.
Letra k), nueva
Propone agregar el artículo 46 bis, con el fin de eximir a las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales del pago del 50% de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros, así como también de establecer que se entenderá cumplida la exigencia de que un notario intervenga en dichas actuaciones si participa en ellas, como ministro de fe, el secretario municipal respectivo o el oficial de registro civil competente.
Esta propuesta tiene por finalidad beneficiar a los condominios de viviendas sociales con la exención de un porcentaje de determinados derechos arancelarios que deben pagar para la realización de las actuaciones que se establecen en la normativa sobre copropiedad inmobiliaria, con objeto de facilitar la administración de aquéllos a través de los Comités de Administración.
En consonancia con lo resuelto a propósito de la discusión sobre la letra h), hubo acuerdo para incorporar en esta norma la posibilidad de que en las actuaciones que requieran la intervención de un notario puedan participar, como ministros de fe, tanto el secretario municipal respectivo como el oficial de registro civil competente, con el propósito de flexibilizar y facilitar el cumplimiento de las mismas.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Escobar , Espinoza , Montes y Uriarte presentaron una indicación que agrega la siguiente letra k), la cual fue respaldada por la correspondiente indicación de la Presidenta de la República :
“k) Agrégase el siguiente artículo 46 bis:
“Artículo 46 bis.- Las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales en cumplimiento de esta ley estarán exentas del pago del 50% de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Para tales efectos, la calidad de condominio de viviendas sociales se acreditará mediante certificado emitido por la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Asimismo, la exigencia de que un notario intervenga en dichas actuaciones se entenderá cumplida si participa en ellas, como ministro de fe, el secretario municipal respectivo o el oficial de registro civil competente.”.
-Fue aprobada por asentimiento unánime.
Letra l), nueva
Propone agregar el artículo 46 ter, con objeto de disponer que, en los condominios de viviendas sociales, la municipalidad correspondiente debe actuar como instancia de mediación extrajudicial y prestar su asesoría para la organización de los copropietarios, en razón de lo cual se la faculta para celebrar convenios con instituciones públicas o privadas.
Se hace constar que este precepto recoge lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 bis, que fue suprimido con motivo de la discusión habida en relación con la letra h). Asimismo, durante el debate se estimó conveniente acoger la propuesta del Ejecutivo en orden a permitir que los municipios proporcionen servicios de orientación jurídica en forma directa o a través de instituciones públicas o privadas con las cuales puedan celebrar convenios, posibilitando de este modo el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta norma.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Escobar , Montes y Uriarte presentaron una indicación que agrega la siguiente letra l), la cual fue respaldada por la correspondiente indicación del Ejecutivo:
“l) Incorpórase el siguiente artículo 46 ter:
“Artículo 46 ter.- En los condominios a que se refiere este Título, la municipalidad correspondiente estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial, conforme a lo establecido en el artículo 35, y a proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios. Para estos efectos, la municipalidad podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas.”.
-Fue aprobada por unanimidad.
Disposiciones transitorias
Artículo transitorio, que pasa a ser 1° transitorio.
Autoriza, por el plazo de veinticuatro meses contado desde la fecha de publicación de la ley, la subdivisión de los condominios de viviendas sociales con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra g) del artículo único. Se precisa que un reglamento debe regular la forma en que ello se realizará, la participación que corresponderá a los vecinos en dicho proceso y las compensaciones que pudieran tener lugar entre los copropietarios de los condominios resultantes.
En el primer trámite reglamentario se aprobó esta propuesta con objeto de autorizar la subdivisión de los condominios de viviendas sociales y de posibilitar una mejor administración de los bienes comunes, en concordancia con lo obrado en la letra g), que pasa a ser h), en materia de limitación del número de unidades que pueden construirse en estos conjuntos.
En el debate hubo consenso acerca de la necesidad de establecer, por un determinado período, un procedimiento especial que facilite la subdivisión de los condominios conformados por un gran número de viviendas sociales y de comprometer, en este proceso, la participación de las municipalidades, a través de las Direcciones de Obras.
Sin embargo, hubo opiniones divergentes respecto de si era conveniente involucrar a todos los municipios o solamente a aquéllos cuyas comunas tengan una población igual o superior a 50.000 habitantes, ya que se presume que las unidades de asistencia jurídica de estos últimos cuentan con más recursos para cumplir con esta nueva función. Asimismo, se discutió sobre la procedencia de que, en el marco del procedimiento de subdivisión, pudieran desafectarse bienes nacionales de uso público que estuviesen insertos en la copropiedad o en su entorno, lo que en definitiva fue desestimado por considerarse que podría adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, independientemente de los abusos a que podría dar lugar.
Tras un breve debate, hubo consenso en orden a establecer que la facultad para subdividir condominios de viviendas sociales y la obligación de apoyar a los copropietarios en este proceso recaiga en todos los municipios, cualquiera sea el tamaño de las comunas. Asimismo, se concordó en la necesidad de fijar un quórum bajo para solicitar la subdivisión, a fin de facilitar el proceso, atendida la dificultad de organización que existe en este tipo de condominios. Además, se optó por otorgar un plazo de tres años contado desde la publicación de la ley para efectuar esta solicitud, a fin de que sea coincidente con el que se establece para la exención en el pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces, que beneficia a estos condominios en virtud del artículo 2° transitorio, lo que constituiría un incentivo para que los copropietarios soliciten la subdivisión.
A fin de asignar un rol activo a los municipios en torno a esta materia, se consideró pertinente encomendar a las Direcciones de Obras Municipales la elaboración de la propuesta de subdivisión que deberá ser presentada a los copropietarios. Del mismo modo, hubo consenso para facilitar su aprobación por parte de estos últimos, mediante un procedimiento simple en virtud del cual sea suficiente reunir las firmas de los copropietarios que representen, a lo menos, el 75% de los derechos en los condominios, sin que para ello sea necesario celebrar una asamblea extraordinaria, lo que guarda la debida correspondencia con el procedimiento de consulta establecido en el inciso sexto del artículo 17. Finalmente, se hizo notar que la exigencia de un porcentaje alto de aprobación haría innecesario contemplar un mecanismo de reclamo en favor de los copropietarios que se opongan a la propuesta de subdivisión, ya que, en definitiva, podría dilatar el proceso.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Egaña , Escobar , Insunza , Montes y Uriarte presentaron la siguiente indicación sustitutiva, que fue respaldada con la correspondiente indicación del Ejecutivo:
“Artículo 1° transitorio.- Facúltase a las municipalidades para subdividir los condominios de viviendas sociales, conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo único.
Para tales efectos, los copropietarios que representen el 33% de los derechos en el condominio podrán solicitar a la Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de tres años contado desde la publicación de esta ley, la subdivisión de los terrenos en los cuales se emplazan los edificios, de las viviendas sociales, de los locales comerciales y de los bienes de dominio común.
El Director de Obras Municipales deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y presentar a los copropietarios una propuesta de subdivisión que deberá constar en un plano.
La propuesta del Director de Obras Municipales se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito y firmada de los copropietarios que representen a lo menos el 75% de los derechos en el condominio.
Una vez aprobada por los copropietarios, el Director de Obras Municipales dictará una resolución que disponga la subdivisión del condominio, la cual deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces conjuntamente con el plano respectivo. Los cambios producidos como consecuencia de la división de los bienes del condominio regirán desde la fecha de la inscripción.
Las normas de la ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los respectivos instrumentos de planificación territorial no serán aplicables a las edificaciones y a la división del suelo que se originen a partir de la subdivisión de los condominios que se efectúe en virtud de lo dispuesto en los incisos anteriores.
Las municipalidades, a través de la unidad encargada de la asesoría jurídica, realizarán los trámites que sean necesarios para apoyar a los condominios de viviendas sociales que deseen acogerse a las disposiciones contenidas en este precepto y para proveer al buen funcionamiento de los mismos.”
-Fue aprobada por unanimidad, conjuntamente con el epígrafe.
Artículo 2° transitorio, nuevo
Propone agregar un artículo transitorio, a fin de disponer que los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y archiveros, respecto de las actuaciones a que se refieren los artículos 46 bis y 1° transitorio, a contar de la fecha de publicación de la ley y por el plazo de tres años.
Durante el debate se planteó la necesidad de que las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales ante los notarios, conservadores y archiveros sean gratuitas durante el plazo de tres años, transcurrido el cual regirá la exención del 50% de los derechos arancelarios que correspondan a dichos auxiliares de la administración de justicia, contemplada en el citado artículo 46 bis.
Las Diputadas señoras Isasi y Nogueira , y los Diputados señores Bobadilla , Duarte , Egaña , Insunza y Uriarte presentaron la siguiente indicación, que fue respaldada por el Ejecutivo:
“Artículo 2° transitorio.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y por el plazo de tres años, los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y archiveros, respecto de las actuaciones a que se refieren los artículos 46 bis y 1° transitorio.”
-Fue aprobada por asentimiento unánime.
IV. INDICACIÓN INADMISIBLE.
-El diputado señor Montes presentó una indicación que agrega la siguiente letra h), nueva, en el artículo único, que fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión:
“h) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 40, la frase “cuyo valor de tasación no exceda en más de un 30%” por la siguiente: “cuyo valor de tasación no exceda en más de un 60%.”
-o-
V. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, dará a conocer el señor Diputado informante , la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley, en el cual se han destacado las modificaciones introducidas en este segundo trámite reglamentario:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único. – Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria:
a) Intercálase, en el inciso primero del artículo 8°, entre las expresiones "plan regulador” seguida de un punto (.) y “Los estacionamientos”, la siguiente oración: "No obstante, los condominios de viviendas sociales a que se refiere el Título IV de esta ley deberán contar, a lo menos, con un estacionamiento por cada dos unidades destinadas a viviendas.”.
b) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 9°, la siguiente oración final:
“Lo dispuesto en este inciso no será aplicable tratándose de los condominios de viviendas sociales a que se refiere el Título IV de esta ley.”.
c) Agrégase, en el inciso quinto del artículo 17, el siguiente número 11:
“11. Programas de autofinanciamiento de los condominios y asociaciones con terceros para estos efectos.”.
d) Intercálase, en el inciso primero del artículo 18, entre las expresiones “administración” seguida de una coma (,) y “con una anticipación”, la frase “o en la Secretaría Municipal cuando se tratare de condominios de viviendas sociales”, seguida de una coma (,).
e) Intercálase, en el artículo 21, entre las frases “Comité de Administración compuesto, a lo menos, por tres personas” seguida de una coma (,) y “que tendrá la representación”, la siguiente: “salvo que el número de copropietarios fuere inferior”, seguida de una coma (,).
f) Reemplázase, en el artículo 29, la oración “El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio” por la siguiente: “El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio, teniendo en consideración las características propias del condominio. Deberá contener las menciones específicas para los diferentes aspectos a que se refiere el artículo 28”.
g) Agrégase, en el artículo 33, la siguiente letra d), pasando la actual a ser e):
“d) Citar a asamblea de copropietarios a fin de que se proceda a elegir el Comité de Administración en los casos en que no lo hubiere. La citación a asamblea se notificará mediante carta certificada, conforme a una nómina que deberá ser puesta a disposición del tribunal por los copropietarios que representen, a lo menos, el cinco por ciento de los derechos en el condominio.
No obstante, tratándose de condominios de viviendas sociales, el juez podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva notifique la citación a asamblea mediante la entrega de esta última a cualquier persona adulta que se encontrare en el domicilio del copropietario o a través de su fijación en la puerta de ese lugar, conforme a una nómina de copropietarios que deberá ser proporcionada por quien solicitó la citación. Para este efecto, el juez podrá solicitar al Conservador de Bienes Raíces competente que complemente dicha nómina respecto de aquellas unidades cuyos dueños no estuvieren identificados, de acuerdo con las inscripciones de dominio vigentes. Asimismo, podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva se desempeñe como ministro de fe .”.
h) Modifícase el artículo 39 de la siguiente forma:
1) Intercálase, entre las expresiones “condominios de viviendas sociales” y “se regirán”, la frase “no podrán edificarse en conjuntos de más de 150 unidades”, seguida de una coma (,).
2) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“Se considerarán condominios de viviendas sociales aquellos conjuntos que estén constituidos mayoritariamente por viviendas sociales.”.
i) Modifícase el artículo 41 de la siguiente forma:
1) Agréganse, en el inciso segundo, las siguientes letras e) y f), y remplázase la conjunción “y”, que antecede a la letra d), y el punto (.) que sucede a esta última, por sendos punto y coma (;):
“e) En programas de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de las unidades del condominio, y
f) En apoyo de los programas de autofinaciamiento de los condominios a que se refiere el número 11 del artículo 17.”.
2) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“Asimismo, los condominios de viviendas sociales podrán postular a los programas financiados con recursos fiscales en las mismas condiciones que las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, organizaciones deportivas y otras entidades de similar naturaleza.”.
j) Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
1) Intercálase, en el inciso primero, entre el vocablo “Los” y la locución “Servicios de Vivienda y Urbanización”, la expresión “Gobiernos Regionales, las Municipalidades y los”.
2) Suprímese, en el inciso segundo, la frase "no pudiendo exceder el plazo de su desempeño de seis meses, contados desde su designación” seguida de un punto (.) y sustitúyese la coma (,) que la antecede por un punto (.).”
3) Intercálase, en el inciso tercero, entre la palabra “del” y la locución “Servicio de Vivienda y Urbanización”, la expresión “Gobierno Regional, de la Municipalidad o del”.
k) Agrégase el siguiente artículo 46 bis:
“Artículo 46 bis.- Las actuaciones que deban efectuar los condominios de viviendas sociales en cumplimiento de esta ley estarán exentas del pago del 50% de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Para tales efectos, la calidad de condominio de viviendas sociales se acreditará mediante certificado emitido por la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Asimismo, la exigencia de que un notario intervenga en dichas actuaciones se entenderá cumplida si participa en ellas, como ministro de fe, el secretario municipal respectivo o el oficial de registro civil competente.”.
l) Incorpórase el siguiente artículo 46 ter:
“Artículo 46 ter.- En los condominios a que se refiere este Título, la municipalidad correspondiente estará obligada a actuar como instancia de mediación extrajudicial, conforme a lo establecido en el artículo 35, y a proporcionar su asesoría para la organización de los copropietarios. Para estos efectos, la municipalidad podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas.”.
Disposiciones transitorias.
Artículo 1° transitorio.- Facúltase a las municipalidades para subdividir los condominios de viviendas sociales, conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo único.
Para tales efectos, los copropietarios que representen el 33% de los derechos en el condominio podrán solicitar a la Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de tres años contado desde la publicación de esta ley, la subdivisión de los terrenos en los cuales se emplazan los edificios, de las viviendas sociales, de los locales comerciales y de los bienes de dominio común.
El Director de Obras Municipales deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y presentar a los copropietarios una propuesta de subdivisión que deberá constar en un plano.
La propuesta del Director de Obras Municipales se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito y firmada de los copropietarios que representen a lo menos el 75% de los derechos en el condominio.
Una vez aprobada por los copropietarios, el Director de Obras Municipales dictará una resolución que disponga la subdivisión del condominio, la cual deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces conjuntamente con el plano respectivo. Los cambios producidos como consecuencia de la división de los bienes del condominio regirán desde la fecha de la inscripción.
Las normas de la ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los respectivos instrumentos de planificación territorial no serán aplicables a las edificaciones y a la división del suelo que se originen a partir de la subdivisión de los condominios que se efectúe en virtud de lo dispuesto en los incisos anteriores.
Las municipalidades, a través de la unidad encargada de la asesoría jurídica, realizarán los trámites que sean necesarios para apoyar a los condominios de viviendas sociales que deseen acogerse a las disposiciones contenidas en este precepto y para proveer al buen funcionamiento de los mismos.
Artículo 2° transitorio.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y por el plazo de tres años, los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y archiveros, respecto de las actuaciones a que se refieren los artículos 46 bis y 1° transitorio.”.
Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2006.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas con fechas 18 de enero, 8 de marzo, 5 de abril; 3 y 10 de mayo de 2006, con la asistencia de las Diputadas señoras Isasi Barbieri , doña Marta, y Nogueira Fernández , doña Claudia , y de los diputados señores Insunza Gregorio de las Heras, don Jorge ( Presidente ); Bobadilla Muñoz, don Sergio ; Duarte Leiva, don Gonzalo ; Egaña Respaldiza, don Andrés ; Escobar Rufatt, don Álvaro ; Espinoza Sandoval, don Fidel ; García García, don René Manuel ; Latorre Carmona, don Juan Carlos ; Monsalve Benavides, don Manuel ; Montes Cisternas, don Carlos , y Uriarte Herrera, don Gonzalo .
Asimismo, concurrieron la Diputada señora Saa Díaz, doña María Antonieta y, por la vía del reemplazo, el Diputado señor Burgos Varela, don Jorge .
Además, asistieron, en su calidad de ex integrantes de la Comisión, los Diputados señores Hernández Hernández, don Javier ; Robles Pantoja, don Alberto , y el ex Diputado señor Tapia Martínez, don Boris .
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogado Secretaria de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Errázuriz y Cristián Monckeberg .
Obliga a estampar la huella digital a todo compareciente a un tribunal. (boletín N° 4206-07)
“Considerando
1. Que a las personas que concurren a prestar declaración ante los tribunales de justicia, no se les exige estampar su huella digital sino solo a exhibir su cédula nacional de identidad;
2. Que el hurto o robo de cédulas de identidad se está haciendo cada vez más frecuente;
3. Que no siempre la persona afectada deja la respectiva constancia o denuncia en Carabineros;
4. Que el uso indebido de la cédula de identidad hace recaer en la persona suplantada las consecuencias del delito o falta, desde el momento que el tribunal se limita a exigir al detenido la cédula de identidad que porta y no su huella digital;
5. Que frente a un problema similar, las notarías desde un tiempo a esta parte, están exigiendo a los comparecientes que estampen su huella digital en las escrituras, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO SEGUNDO: Toda persona que preste declaración en un tribunal, deberá estampar la huella digital de su dígito pulgar derecho. Si por alguna razón ello no fuera posible, estampará la huella digital del dígito pulgar izquierdo. A falta o imposibilidad de ambos, estampará la huella digital de cualquiera de los dedos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Si el tribunal tuviere fundadas sospechas de que la persona está suplantando a otra, la retendrá hasta que se verifique a través del Servicio Nacional del Registro Civil e Identificación la verdadera identidad del compareciente.