Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Soledad Alvear Valenzuela
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECLAMACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- ARCHIVO DE PROYECTOS
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
- RECLAMACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIONES AL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1998, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y A OTROS CUERPOS LEGALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIONES AL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1998, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y A OTROS CUERPOS LEGALES. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA Y SOCIAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marisol Turres Figueroa
- Felipe Ward Edwards
- Claudio Alvarado Andrade
- Juan Lobos Krause
- Claudia Nogueira Fernandez
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Recondo Lavanderos
- Dario Paya Mira
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.838, EN LO RELATIVO AL AUMENTO DE HORAS TELEVISIVAS DEDICADAS A PROGRAMAS CULTURALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Alvaro Escobar Rufatt
- Rene Alinco Bustos
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marcelo Diaz Diaz
- German Becker Alvear
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Ramon Farias Ponce
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA Y SOCIAL.
- VIII. INCIDENTES
- EXTRAVÍO DE PROFESOR DE LA COMUNA DE FRESIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- RECONOCIMIENTO A PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE COMUNA DE LANCO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A YACIMIENTOS MINEROS EN LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- INSTALACIÓN DE GRIFOS DE AGUA Y REVISIÓN DE ACCESO A ROSARIO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Bauer Jouanne
- GUARDAVÍA PARA CRUCE FERROVIARIO LOS LIRIOS, EN COMUNA DE REQUINOA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Bauer Jouanne
- INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE BONO DE DESEMPEÑO A EJECUTIVOS DE CODELCO CHILE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN APLICABLES A SANTIAGO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- SITUACIÓN ACTUAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Amelia Herrera Silva
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A PEDREGOSO Y EXENCIÓN DE COBRO DE PEAJE EN TÚNEL LAS RAÍCES, EN COMUNA DE LONQUIMAY. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- SOLUCIÓN DE CONFLICTO MAPUCHE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- SITUACIÓN DE DEUDORES DE LA EX ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO, ANAP. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Amelia Herrera Silva
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Perez Arriagada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Amelia Herrera Silva
- CIERRE DE LA SESIÓN
- EXTRAVÍO DE PROFESOR DE LA COMUNA DE FRESIA. Oficio.
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Gonzalo Arenas Hodar
- Sergio Bobadilla Munoz
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Gonzalo Arenas Hodar
- Sergio Bobadilla Munoz
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Javier Hernandez Hernandez
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 26ª, en martes 16 de mayo de 2006
(Ordinaria, de 11.05 a 14.07 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José.
Presidencia accidental del señor Lorenzini Basso, don Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Reclamación de la conducta de la Mesa 11
V. Acuerdos de Comités 18
- Archivo de proyecto 19
- Remisión de proyecto a comisión 19
VI. Orden del Día.
- Modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y a otros cuerpos legales. Primer trámite constitucional 20
VII. Proyectos de acuerdo.
- Creación del Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y Social 34
- Modificación de la ley N° 18.838, en lo relativo al aumento de horas televisivas dedicadas a programas culturales 38
VIII. Incidentes.
- Extravío de profesor de la comuna de Fresia. Oficio 42
- Reconocimiento a profesora de educación básica de comuna de Lanco. Oficios 43
- Construcción y mejoramiento de caminos de acceso a yacimientos mineros en la región de Atacama. Oficio 44
- Instalación de grifos de agua y revisión de acceso a Rosario. Oficios 45
- Guardavía para cruce ferroviario Los Lirios, en comuna de Requinoa. Oficio 45
- Información sobre entrega de bono de desempeño a ejecutivos de Codelco Chile. Oficios 45
- Medidas de descontaminación aplicables a Santiago. Oficio 47
- Situación actual de pequeños agricultores. Oficio 48
- Pavimentación de camino a Pedregoso y exención de cobro de peaje en túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay. Oficios 49
- Solución de conflicto mapuche. Oficios 50
- Situación de deudores de la ex Caja Nacional de Ahorro y Préstamo, Anap. Oficios 51
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de dicho beneficio. (boletín N° 4204-13) 52
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por la cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. (boletín N° 3953-04) 55
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por la cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo, en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. (boletín N° 4174-13) 55
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ulloa; Arenas; Bobadilla; Egaña; Estay; Hernández; Norambuena; Rojas; Von Mühlenbrock y Ward, que modifica el artículo 52 N° 2 letra d) de la Constitución Política de la República, incluyendo al General Director de Carabineros como autoridad acusable constitucionalmente. (boletín N° 4202-07) 56
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay; Arenas; Bobadilla; Egaña; Hernández; Norambuena; Rojas; Urrutia; Von Mühlenbrock y Ward, que modifica la ley N° 19.628, respecto de la obligación del deudor de pagar los costos de información del pago de la deuda. (boletín N° 4203-07) 57
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones.
- Del ex Presidente de la República , señor Ricardo Lagos, quien, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del N° 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo de la Cámara de Diputados para ausentarse del país entre los días 19 y 24 de mayo en curso, para participar en dos Conferencias en la ciudad de Guayaquil.
- De la Comisión Especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados, por el cual comunica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Sabag.
2. Oficios
- De la Comisión Especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones ordinarias simultáneamente con la Sala, los días miércoles, de 11 a 13 horas.
- De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo, del Reglamento de la Corporación, solicita el asentimiento de la Sala para remitir al archivo las mociones que a continuación se indican:
a) Modifica la ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo un plazo de 60 días para dictar del reglamento contemplado en el artículo 86, inciso primero, con el objeto de otorgar a la autoridad los instrumentos adecuados para la regulación de plagas y enfermedades de alto riesgo (boletín N° 2211-01);
b) Modifica y complementa el Título VII de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura , permitiendo la pesca deportiva durante los doce meses del año, siempre que ella se efectúe en lugares autorizados, con mosca artificial y que la pieza capturada sea devuelta viva al agua (boletín N° 2772-21);
c) Modifica la ley N° 18.892, con el objeto de permitir que los pueblos originarios puedan postular directamente como asociaciones indígenas (boletín N° 2894-21):
d) Modifica la ley N° 19.253, sobre pueblos indígenas, facilitando el acceso de sus asociaciones a los recursos del mar (boletín N° 2917-21);
e) Modifica la ley N° 18.892, en el sentido de regular y prohibir la introducción de especies hidrobiológicas transgénicas (boletín N° 2996-21, y
f) Renueva la vigencia de la ley N° 19.713, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal (boletín N° 3126-21)..
- De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual solicita a la Sala de la Corporación el archivo del proyecto, iniciado en moción, que fortalece la regulación para la recuperación de viviendas sociales abandonadas, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corporación, han transcurrido mas de dos años desde el inicio de su tramitación (boletín N° 3353-14).
- De la Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y administrativas que se aplican a favor de las zonas extremas, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que se le remita para su conocimiento, el proyecto de reforma constitucional que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández (boletín N° 3955-07).
Contraloría General de la República:
- Diputado Alvarado, solicitud de pronunciamiento sobre aplicación del sistema de evaluación ambiental a la construcción del tramo 2 del “Proyecto Camino Internacional Ruta 60 CH”.
- Diputado Díaz, don Marcelo, información sobre inhabilidad de Secretario Regional Ministerial del Trabajo de Cuarta Región .
- Ex diputado Prieto, información sobre concursos públicos realizados por Seremi de Salud VII Región.
- Diputado Uriarte, revisión factura de compra y pagos servicios a terceros que hubiese efectuado Indap entre el 11-11-2005 y 11-12-2005.
- Diputado Fuentealba, información sobre sumario administrativo en gobernación de provincia del Choapa.
Ministerio del Interior:
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Ciudad Satélite de la comuna de Maipú.
- Diputada Isasi, retén móvil para Pozo Almonte.
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre medidas adoptadas para prevenir delitos en centro de la comuna de Maipú.
- Diputado Galilea, preocupación por marea roja en Aisén y asignación de recursos para absorber mano de obra.
- Diputado Araya, información acerca de recursos públicos gastados en la Segunda Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputada Isasi, información de los puertos integrados para el fortalecimiento del cono sur y de la fecha de apertura del hito 52.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado Burgos, investigación de las promociones de pasajes aéreos a través de las páginas web.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Ex diputado Navarro, información sobre el gasto que se realiza por concepto de arriendos.
Ministerio de Obras Públicas:
- Ex diputado Kuschel, estado de avance del camino Palena El Azul-Lago Palena.
- Ex diputado Kuschel, mejoramiento del camino de Los Piques a Huracán y Rinconada.
- Ex Diputado Kuschel, información sobre proyectos de agua potable rural de La Vega y Trapén Monte Verde X Región.
- Ex Diputado Kuschel, información sobre puentes el Porfiado y Culebra, X Región.
- Ex diputado Letelier, don Juan Pablo, postergación de cobro de peaje en acceso norte de San Fernando.
- Ex diputado Letelier, don Juan Pablo, solución a problemas de acceso vial a las comunas de San Fernando y Graneros.
- Diputado Quintana, pavimentación de calles en localidad de Púa, comuna de Victoria.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Safirio, modificación de mecanismo de postulación a subsidio de mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno.
Municipalidad de Cerrillos:
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, información sobre catastro de empresas generadoras de residuos no peligrosos registrados ante Autoridad Sanitaria.
Municipalidad de Curarrehue:
- Diputado García, evaluación del desempeño profesional docente en establecimientos educacionales de comunas de la Novena Región.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami, Gumucio Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, la senadora Soledad Alvear y el senador José Antonio Gómez.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron los diputados señores Gabriel Ascencio y Patricio Hales.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- El acta de la sesión 21ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 22ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
RECLAMACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , según una tradición histórica de la Cámara de Diputados y del Senado, la sesión en la que deba ser resuelta la reclamación de la conducta de la Mesa debe ser presidida por el último diputado que haya ejercido el cargo de Presidente . En consecuencia, no me encuentro en la testera, porque soy “incumbente” y he querido respetar esa antigua tradición republicana.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente , en su oportunidad, el diputado Ascencio no respetó esa tradición, porque presidió la sesión en la que se resolvió la censura a la Mesa que él encabezaba.
Por otra parte, el artículo 45 del Reglamento señala: “Por ausencia, enfermedad o renuncia del Presidente , ejercerán sus funciones los Vicepresidentes, según el orden de precedencia y, en defecto de ellos, el último de los que hayan desempeñado el cargo de Presidente o Vicepresidente ”.
Por lo tanto, como se encuentran presentes el Presidente y los dos Vicepresidentes, quien debe presidir la sesión es el diputado Leal, elegido por la voluntad de la Sala, y no hay ninguna razón de texto para que no lo haga.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente accidental ).- Solicito al diputado Antonio Leal pasar a presidir la sesión.
El señor LEAL (Presidente).- De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22 del Reglamento, corresponde resolver la reclamación en contra de la conducta de la Mesa.
Los diputados que apoyan la reclamación disponen, en total, de hasta diez minutos para intervenir.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política consagra el derecho a la vida, concepto que ha sido explicitado por la jurisprudencia judicial, por las actas constitucionales y por la unanimidad de los tratadistas, en cuanto a que no permite disponer a nuestro arbitrio de nuestra vida. Por lo tanto, no admite el derecho a destruirla.
La citada disposición no incluye el supuesto derecho a morir, sino que establece y garantiza la facultad de exigir de otros la inviolabilidad y el respeto a la vida. Por eso, un proyecto como el presentado el jueves pasado, que establece la facultad de matar a un paciente, que puede ser un niño, es contrario a los principios más básicos de nuestro ordenamiento constitucional.
Es tan claro el abuso y la infracción a la Constitución, que resulta inexcusable que el Presidente y su Mesa hayan admitido ese proyecto a tramitación. Con esa conducta atentaron contra el deber de todo órgano del Estado de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes e infringieron gravemente el principio de probidad de la función parlamentaria, establecida en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
El Presidente debió advertir a la Sala la grave infracción a la Constitución que se cometería al admitir a tramitación un proyecto de ley que, con una simple reforma al Código Sanitario, contraviene un principio básico de nuestra Carta Fundamental. Esta iniciativa, que se presentó entre gallos y medianoche, se podría haber aprobado, por ejemplo, con una mayoría circunstancial de treinta diputados, en circunstancias de que la materia que trata es propia del capítulo III de la Constitución Política, por lo que para su aprobación requiere del quórum más alto establecido en la Carta Fundamental, esto es, el voto favorable de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, en nuestro caso, de 80 diputados.
Por eso, consideramos que la moción, que establece un crimen terrible y sin justificación alguna, debe ser rechazada en forma categórica por nuestra Corporación.
Aunque haya quienes justifiquen ese supuesto derecho a morir con la petición de algunos enfermos graves o terminales para que acaben con su vida, la reacción de una sociedad y de un Parlamento sanos no es correr a ver cuál es la forma más rápida y económica de matar a aquellos que estorban, sino que, por el contrario, es preguntarse por qué algunos pacientes, graves y postrados, piden morir. La respuesta es tan dramática como lo que establece esta iniciativa: hay enfermos que piden morir por el natural temor a enfrentar su dolencia en soledad, sin la compañía y el afecto de sus seres más queridos. En esos casos, la petición de morir, más que una decisión libre y voluntaria, constituye un grito de auxilio y desesperación de muchos enfermos, quienes miran con estupor el soterrado desprecio que la sociedad manifiesta a los desvalidos, a los postrados, a los enfermos crónicos.
Proyectos como éste manifiestan la derrota más clara de una sociedad en cuanto a ser capaz de crear vínculos de solidaridad, afecto y caridad entre sus miembros.
El diputado que habla y su partido, la Unión Demócrata Independiente, confían en que hoy la Cámara de Diputados dará una señal potente y clara al país, de que respetamos y defendemos la vida de todos, sin exclusiones.
En todo caso, resulta dramático ver la actitud de algunos parlamentarios, que en sus campañas electorales hacían gárgaras con el humanismo cristiano y que hace cuatro días declaraban que defenderían la vida a cualquier precio y en cualquier lugar, hoy pongan marcha atrás y retrocedan cobardemente en la defensa de los principios que dicen representar.
Rechazamos cualquier cálculo político en la votación de esta censura. Queremos crear una mayoría moral, una mayoría por la vida, independiente de los partidos políticos aquí representados, porque existe una convicción de respeto a la vida que no admite “transacas” ni negociaciones para mantener la unidad de un conglomerado político que no se sustenta en el tiempo ni tiene proyección de futuro.
Confiamos en que diputados valientes de la Concertación que, en forma decidida y sin complejos de su humanismo cristiano, votarán a favor de la censura a la Mesa, porque estamos ante una cuestión de principios, ante el derecho a la vida, que está por encima de cualquier pacto o acuerdo político, que defenderemos siempre, sin categorías y sin exclusiones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor de la censura a la Mesa, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , mi profesor de derecho constitucional, don Alejandro Silva Bascuñán , autor de un tratado sobre la materia, fundador de la Falange, un humanista cristiano, sostiene que existe un orden jerárquico de las normas de derecho en el que ni siquiera la Constitución Política se encuentra en la cúspide de la pirámide.
Nos enseñaba que, en ese orden, las normas de mayor categoría deben ser respetadas por las de menor categoría. Es así como no puede haber un reglamento que pase por encima de un decreto o un decreto que pase por encima de la ley o una ley que pase por encima de la Constitución.
También nos enseñaba que la Constitución Política no era, ni por mucho, la norma de más alta jerarquía, porque si el día de mañana -decía don Alejandro - un grupo de parlamentarios enfermos de la cabeza aprobara una norma que estableciera -y ponía este mismo ejemplo- matar a todos los primogénitos o a todos los niños de ojos azules, ¿tendríamos que hacerles caso?
Por encima de la Constitución Política -decía don Alejandro Silva - está el Derecho Natural, el cual no sólo es la presencia de Dios en el hombre, sino que es la naturaleza humana. Ninguna norma que atente contra la naturaleza del ser humano puede aprobarse, ni siquiera con rango constitucional.
Un proyecto de ley como el presentado no sólo atenta contra la Constitución, porque aunque ésta no estableciera el derecho a la vida, la sociedad tendría la obligación de respetarlo.
Ese proyecto de ley atenta contra el Derecho Natural, que es de la naturaleza misma del hombre. Por eso, don Alejandro Silva , con quien estuvimos reunidos hace cuatro días en la celebración de los 118 años de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde también había amigos como Renán Fuentealba y otros, debe estar viendo esta sesión por televisión, porque nos dijo estar muy preocupado por el tema. Él debe estar muy esperanzado en que la gente de la Falange, que tiene un espíritu humanista y cristiano, que son personas con valores y principios, apoye esta acusación, que más allá de tener un sentido contrario a la actual Mesa o a las personas que presiden la Corporación, porque con ella se quiere sentar el precedente de que la Cámara de Diputados nunca debe aceptar que se presente un proyecto contrario a la vida y a la Constitución.
Señor Presidente , por su intermedio, hago un llamado a mis colegas y amigos de la Democracia Cristiana, que se comprometieron a votar favorablemente la reclamación de la conducta de la Mesa, para que la acojan, inspirados más que en una cuestión política o partidista, en lo que dijo hoy Alejandra Sepúlveda en una radio: en los valores del ser humano, en los valores de una sociedad.
Reitero, hago un llamado para que nos acompañen en esta reclamación, a fin de evitar que se siente un pésimo precedente en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Los diputados que impugnen la reclamación disponen, en total, de hasta diez minutos para intervenir.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , una frase muy repetida, atribuida a Voltaire, señala: “Estoy en absoluto desacuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas.”
(Aplausos)
Es precisamente ésa la naturaleza del debate al que hoy asistimos en esta Corporación.
Quiero decirlo claramente: soy contrario a la eutanasia, respeto y defiendo el derecho a la vida, y la necesidad de agotar los esfuerzos humanos y técnicos para preservarla. Sin embargo, junto con esa definición, también creo que en una sociedad deben debatirse, con libertad y altura de miras, distintos puntos de vista, porque soy un convencido de que la opinión del otro es tan legítima como la mía.
Ésa es también la esencia de la democracia, especialmente de la Cámara de Diputados, del Congreso Nacional y de la institución parlamentaria.
Expreso mis puntos de vista en lo jurídico y en lo político.
En primer término, queda claro que la facultad de declarar inadmisible un proyecto de ley está regulada por los artículos 12, 13, 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, y el artículo 14 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En dichas disposiciones, se entrega al Presidente de la Cámara respectiva la facultad de declarar inadmisible un proyecto de ley sin perjuicio de que la Sala pueda reconsiderar dicha declaración.
Por lo tanto, el Presidente de la Cámara sólo puede declarar inadmisible un proyecto de ley en casos muy específicos; cuando por mandato constitucional debe iniciar su trámite en otra Cámara, cuando aparezca de manifiesto que se trata de proyectos de ley que son de iniciativa del Ejecutivo, cuando en un mismo proyecto se proponen conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional, cuando no ha transcurrido un año desde que la moción fue rechazada por la Corporación, cuando no hay fundamento o explicitación de la incidencia presupuestaria. Sin embargo, no existe una facultad para que el Presidente de la Cámara declare inadmisible una moción o mensaje por ser contrario a la Constitución, porque el responsable de ello es el Tribunal Constitucional.
La Mesa no está facultada para hacer ese examen de valor ni esa apreciación de fondo acerca de la constitucionalidad de un proyecto de ley. Me asiste el convencimiento de que no hay norma alguna en la Constitución, en la ley orgánica del Congreso Nacional o en el Reglamento de nuestra Corporación que permita a su Presidente declarar la inadmisibilidad de esta moción. Sin embargo, tenemos el pleno derecho de oponernos a la iniciativa, a argumentar en su contra y a expresarnos con respecto a su contenido. Más aún, a utilizar todas las herramientas que la Constitución y las leyes prevén, incluso, llegar al Tribunal Constitucional. Pero no existe norma alguna que faculte a la Mesa impedir el debate.
Éste es el mismo razonamiento utilizado por el entonces Presidente del Senado y correligionario de quienes han presentado esta censura, el Senador Hernán Larraín , -entiendo que en esa época el diputado señor Arenas era jefe de gabinete del senador Larraín-, quien acogió a trámite una moción del senador Nelson Ávila sobre este mismo tema. Si la Mesa del Senado, presidida por el señor Larraín en dicha ocasión, o la que encabeza el diputado Antonio Leal en la Cámara, hubieran procedido de otro modo, es decir, si se hubieran pronunciado respecto del fondo, se habrían atribuido más facultades y prerrogativas que las conferidas por la Constitución, con lo que habrían vulnerado el principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.
Esta materia no es sólo jurídica, sino también de connotación política, porque tiene relación con la calidad de nuestro debate político y de la democracia, además de las facultades que la ciudadanía ha entregado a los parlamentarios.
Se ha dicho que con la última reforma constitucional concluía la transición en Chile, con excepción del sistema binominal. ¿Podría sostenerse eso en una sociedad que impide que sus parlamentarios debatan sobre un tema de esta trascendencia? Me parece que no, porque la discusión de esta mañana nos retrotrae a una instancia que ya creíamos superada: la de la censura de las ideas, en lo jurídico; la de la proscripción de doctrinas, en lo político, y la de la existencia de temas tabú, en lo cultural.
Me cuesta creer lo que dicen algunos partidarios de esta censura, porque en Colonia Dignidad no sólo se asesinó, sino que se experimentó con seres humanos, muchos de ellos amigos nuestros. Todavía no se ven reacciones consistentes con valores, con el derecho a la vida; ni tampoco la reacción potente que señala el diputado señor Arenas .
(Aplausos)
Comprendemos que la Cámara de Diputados es, por esencia, una institución política. En tal sentido, los colegas que han promovido esta censura no han hecho otra cosa que aprovechar con audacia las discrepancias surgidas al interior de la Concertación.
No sé si los diputados y diputadas de oposición, de la UDI en particular, alcanzan a advertir que lo que sostienen es que la presidencia de la Cámara, y por tanto, la mayoría política que la respalda, puede sujetar a su propia interpretación lo que establece la Constitución respecto de la tramitación de las mociones. Siguiendo ese razonamiento, cada vez que un tema pareciera cuestionable desde la perspectiva de sus propias convicciones, podría evitarse el debate.
Algunas mociones propuestas por la Derecha, como la que repone la pena de muerte; la del diputado Errázuriz , que propone la castración química a los pedófilos; la del rastreo y vigilancia satelital a los condenados o imputados por delitos sexuales, también podrían haber sido declaradas inadmisibles por afectar el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Más aún, cualquiera discusión futura sobre los impuestos al patrimonio, sobre la facultad de los municipios para crear empresas y sobre temas valóricos quedarían a criterio del Presidente de la Cámara respectiva.
La interpretación que funda la censura cuestiona, además, las atribuciones de los parlamentarios y la propia naturaleza de esta institución al establecer temas vedados de discusión, al formular la censura previa, inaceptable en cualquier democracia.
He dicho que no comparto la moción y que no comprendo la oportunidad política de su presentación, pero los diputados que promueven la censura deben considerar la gravedad de lo que están planteando, lo que podría volverse contra cualquiera de nosotros en el futuro.
La censura de la Mesa de la Cámara de Diputados debe ser rechazada, pues la Presidencia no ha hecho otra cosa que no sea la aplicación correcta y cabal de las disposiciones legales y constitucionales, tal como hace dos años lo hizo el senador Larraín en la Cámara Alta.
También debe ser rechazada porque cercena la facultad de los parlamentarios para plantear temas de interés nacional, más aún cuando son materia de orden universal que se discuten en todas las naciones.
Por último, debe ser rechazada porque afectaría gravemente el debate democrático, ya que constituye un retroceso a épocas en que se postulaba la uniformidad de las ideas, su censura y, peor aún, la proscripción de ellas según el criterio del gobernante de turno.
No quiero que nuestra sociedad tenga una ley de eutanasia, porque mis profundas convicciones éticas me hacen valorar de gran manera el derecho a la vida, pero quiero que eso sea obra de un gran debate, en el que, como nación, seamos capaces de convencernos de ello y no se impida la discusión, más aún, cuando no hay fundamento jurídico ni político para ello.
Por todas estas razones, debe ser rechazada la censura a la Mesa de la Cámara de Diputados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , quienes defendimos la vida ayer y estuvimos contra la dictadura, la defendemos hoy y seguiremos haciéndolo mañana. Porque somos coherentes y consecuentes, estamos en contra del proyecto que ha suscitado este debate. Pero, con la misma consecuencia y claridad, quiero expresar que no nos negamos a ningún debate. Nunca lo hemos hecho. Hemos pedido acción, decisión, coherencia y claridad, las que han sido restablecidas en los últimos días por los presidentes de partidos y jefes de bancadas.
Vamos al debate. Encantados vamos al debate. La vida debe defenderse y la eutanasia activa constituye una forma de acortar la vida sin sentido. Los democratacristianos la rechazamos.
Con la misma fuerza, quiero decir que rechazo las prácticas destinadas a utilizar instrumentos de manera inadecuada. La censura a la Mesa no se ajusta a nuestro Reglamento ni a las normas que nos rigen. La censura a la Mesa es extrapolar instrumentos en una dirección inadecuada.
Desde ese punto de vista, la bancada democratacristiana no puede aceptar que nos hablen de consecuencia quienes no han sido consecuentes en su historia política.
Por eso, rechazaremos la censura a la Mesa.
El señor FORNI.- Reglamento, Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Forni para plantear un asunto reglamentario.
El señor FORNI.- Señor Presidente , la bancada de la UDI está dispuesta a que la Democracia Cristiana explique al país su posición. En consecuencia, le queremos dar algunos minutos.
El señor LEAL (Presidente).- Eso no corresponde, diputado Forni.
Señoras y señores diputados, la Unión Demócrata Independiente ha presentado una petición, de conformidad con el artículo 157 del Reglamento, para realizar votación nominal de la censura de la Mesa. Esto debe ser puesto en votación, según nuestro Reglamento.
En votación la petición de votación nominal.
-Efectuada la votación en forma nominal, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 61 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Rechazada.
-Aplausos en la Sala.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).- En votación la reclamación presentada en contra de la Mesa.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Rechazada.
-Aplausos en la Sala.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Leal, adoptaron los siguientes acuerdos:
1° Autorizar a la Comisión Especial de Discapacidad para sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de cada semana legislativa y,
2° Autorizar al ex Presidente de la República , señor Ricardo Lagos Escobar, para ausentarse del territorio nacional entre los días 19 y 24 del mes en curso, con el objeto de dirigirse a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
El señor MONTES.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES .- Señor Presidente , encuentro negativo el acuerdo de Comités que autoriza a algunas comisiones especiales a sesionar simultáneamente con la Sala, porque esa medida atenta contra su funcionamiento. De manera que pido que ese criterio sea revisado por los Comités, porque si todas las comisiones especiales solicitaran lo mismo, no habría diputados en la Sala para debatir los proyectos.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).- La observación del diputado señor Carlos Montes se analizará en reunión de Comités.
ARCHIVO DE PROYECTOS
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la propuesta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para remitir al archivo el proyecto que fortalece la regulación para la recuperación de viviendas sociales abandonadas, por cuanto dicha materia ha sido regulada en la ley N° 20.033, de 1 de julio de 2005 y, además, por haber transcurrido más de dos años sin que la comisión se haya pronunciado al respecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Zonas Extremas para que se le remita, para su conocimiento, el proyecto de reforma constitucional que establece los territorios especiales Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , quiero plantear una situación que permanentemente ha desdibujado e, incluso, ha alterado la voluntad de algunos de los diputados a la hora de emitir nuestros votos.
Ha sucedido en varias ocasiones que luego de votar un proyecto de acuerdo y quedar consignado en el tablero electrónico la votación, por la afirmativa, por la negativa o la abstención de cada diputado , se cuenta con los votos para aprobarlo, pero se solicita a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para aprobarlo por unanimidad. Sin embargo, algunas veces el voto emitido queda guardado en la memoria del tablero electrónico y se repite en la votación del siguiente proyecto de acuerdo, situación que debemos solucionar.
Lo señalo porque la semana pasada se trató un proyecto de acuerdo respecto del fomento de la música chilena en radioemisoras. Todos estuvimos a favor. Posteriormente, la Mesa recabó el asentimiento de la Sala y se aprobó por unanimidad. A continuación, se trató el proyecto de acuerdo que planteaba el término de la franquicia tributaria de 65 por ciento del IVA a la construcción. No voté dicho proyecto, pero en el tablero se consignó mi voto a favor, porque éste quedó grabado de la votación anterior. Se trata de un tema de fondo, que hay que solucionar.
Por lo tanto, pido que se corrija mi votación, porque no fue mi voluntad votar a favor del señalado proyecto de acuerdo, y que se remedie definitivamente el problema que he planteado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Señor diputado, se va a corregir su votación.
Al respecto, quiero hacer presente a la Sala que lo que corresponde cuando se vota anticipadamente, desde el punto de vista técnico, es corregir la votación con la llave, para que no quede marcado el voto, sin perjuicio de lo cual se revisará el mecanismo.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , aunque se utilice la llave, la votación igual queda guardada en la memoria del sistema electrónico, de manera que se debe buscar una solución, porque puede ocurrir lo mismo en la votación de una indicación presentada a un proyecto de ley.
He dicho.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIONES AL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1998, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y A OTROS CUERPOS LEGALES. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales.
Diputada informante de la Comisión de Educación , Deportes y Recreación es la señora Carolina Tohá.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, boletín N° 3953-04, sesión 25ª, en 11 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González , quien rendirá el informe en reemplazo de la diputada señora Carolina Tohá .
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , el primer informe del proyecto ha sido materia de un largo debate, tanto en la Comisión de Educación, Deportes y Recreación como en la Sala.
Se presentaron diversas indicaciones que fueron analizadas por la Comisión.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 130 y 288 del Reglamento, el informe que presento a la honorable Sala versa sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 17ª ordinaria de 2 de mayo de 2006, con todas las indicaciones presentadas y admitidas a tramitación en esta Sala.
Todas las indicaciones contenidas en la hoja de tramitación, con excepción de la indicación Nº 3, de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Jarpa , Meza , Robles y Sule, que fue declarada inadmisible, fueron retiradas durante la discusión en la Comisión.
El proyecto, originado en mensaje, tiene por objeto modificar el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, en el sentido de establecer una distinción en los tipos de subvención que reciben los establecimientos educacionales de carácter especial para el tratamiento de niños que requieren una atención especializada, por tener problemas de aprendizaje transitorios o permanentes.
Esta distinción no se incluyó en la anterior ley de subvenciones.
En la Comisión y en la Sala hubo consenso respecto de la importancia de su incorporación, manteniendo todos los derechos y prerrogativas de las subvenciones que actualmente tienen los establecimientos de educación especial y diferencial. De esa manera, ninguno de esos colegios se verá perjudicado con esta normativa.
Es muy importante establecer esta distinción, porque, por una parte, los niños que no son diagnosticados con problemas permanentes no son asignatarios de la subvención y, por ende, quedan sin atención especializada; y, por otra, hay niños que son diagnosticados con problemas transitorios, en circunstancias de que son permanentes, lo que hace que los recursos asignados no resulten adecuados, ya que, en algunas oportunidades, dicha subvención resulta subutilizada.
Mediante el proyecto se busca terminar con estas distorsiones, ya que se otorga cobertura tanto a los problemas permanentes como a los transitorios, optimizando los recursos que provee el Estado y, sobre todo, incrementando el valor de la subvención para las escuelas especiales y los niños con problemas de aprendizaje.
Para lograr el objetivo, se propone modificar el decreto con fuerza de ley Nº 2, reemplazando la actual denominación de subvención de “educación básica especial diferencial”, por la de subvención de “educación especial diferencial” y se agrega el de subvención de “necesidades educativas especiales de carácter transitorio”. Se establece, además, que las subvenciones podrán fraccionarse y pagarse en relación con las horas de atención que efectivamente requiera el alumno para la superación de su déficit.
Por otra parte, y considerando que producto de estas modificaciones podría verse afectado el ingreso de la educación especial diferencial, especialmente en las escuelas de lenguaje, se aumenta la subvención diferencial y se aclara que ninguna escuela especial ni las escuelas de lenguaje se van a ver perjudicadas con estas normas.
Finalmente, se modifica la ley Nº 19.410, sobre sistema nacional de evaluación de desempeño, a fin de otorgar la bonificación de excelencia a los docentes que se desempeñan en escuelas de lenguaje.
En este segundo trámite reglamentario, la Comisión de Educación introdujo en el articulado del proyecto las siguientes modificaciones:
La letra c) del N° 1 del artículo 1° del proyecto, artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2 se agregan nuevos incisos, de los cuales el primero es del siguiente tenor.
“Para los efectos de esta ley, se entenderá por Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, aquellas no permanentes que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno diagnosticado por un profesional competente, y que requieren de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización. El reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso anterior.”
Asimismo, con el objeto de acotar el concepto de profesional competente, el Ejecutivo formuló una indicación aditiva para intercalar los incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando el tercero nuevo del texto del primer informe de la Comisión a ser quinto:
“Se entenderá por profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. En todo caso, será inhábil para los efectos de esta ley el profesional que tenga la calidad de sostenedor de una Escuela Especial o de un establecimiento con proyectos de integración; o el cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de un sostenedor de esos establecimientos, o el que sea dependiente de un sostenedor de los mismos establecimientos, y el que tenga intereses en dichas escuelas u otra institución que preste servicios a aquéllas.”
Este sistema de inhabilidades es muy importante para que los profesionales calificados como idóneos puedan evaluar sin interferencia de interés alguno, a fin de que salgan beneficiados, tanto los establecimientos como los niños que se someten al examen de dichos profesionales.
También se establece que, cuando se trate de profesionales del Ministerio de Educación, éstos tendrán prioridad por sobre los profesionales inscritos, de manera de asegurar el interés público en esta materia.
Asimismo, se establece que a las escuelas de educación especial que desarrollen en su totalidad el plan, se encuentren acreditadas y que reúnan los requisitos de establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación, con planes y programas de estudios correspondientes, en ningún caso, se les aplicará algún tipo de fraccionamiento de la subvención. Por lo tanto, está garantizada la atención en las escuelas especiales y el funcionamiento y la subvención para todas las escuelas de esta naturaleza, incluidas las de lenguaje.
Todas las escuelas especiales han quedado garantizadas por el trabajo de la Comisión de Educación, que aprobó el proyecto en forma unánime. Todas las indicaciones presentadas -como informé- fueron retiradas, excepto una que fue declarada inadmisible y que no se refiere al tema en comento, sino a la diferenciación en relación con la forma de subvención.
El artículo 3° reemplaza el artículo 31 de la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad.
La Comisión de Hacienda, en el primer trámite reglamentario, acogió una indicación del Ejecutivo para sustituir la expresión “enfermedades crónicas y” por “condiciones médico-funcionales”, que también fue votada favorablemente por la Comisión de Educación.
Los alumnos atendidos por la enseñanza regular podrán obtener esta forma de subvención. En los establecimientos que imparten enseñanza regular, pero que no son escuelas especiales, sólo existe la posibilidad fraccionar el monto de la subvención.
La Comisión quiso asegurar un monto superior de la subvención para los alumnos con déficit o problemas permanentes de discapacidad, y que las escuelas especiales acreditadas no sufran detrimento alguno debido a la aplicación de esta iniciativa una vez que sea ley de la República.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , cuando el proyecto ingresó a tramitación en esta Corporación, no tenía por objeto aumentar la subvención y buscar una solución al problema detectado, sino que existía una situación que el Gobierno pretendía solucionar, relacionada con una muy mala fiscalización del Ministerio de Educación y de las seremis de dicha cartera, lo que estaría determinando que algunas escuelas estuvieran haciendo un mal uso de los recursos.
En consecuencia, lo que deseaba el Gobierno en ese momento era eliminar algunas instancias de educación especial, fundamentalmente las escuelas de lenguaje, porque no entendía el problema real y concreto que existe en materia educativa. Sobre el particular, es necesario entender que en materia de educación existe una acción humana heterogénea, ya que lamentablemente no todos somos iguales, y respecto del aprendizaje, algunos presentan mucho mayor vulnerabilidad que otros.
En este segundo informe, la Comisión de Educación da un paso muy importante al reconocer la existencia de escuelas que deben seguir funcionando. No es posible que, por ejemplo, se sostenga que las escuelas de lenguaje no son útiles para nuestra sociedad, porque sí lo son.
En ese sentido, en mi calidad de profesor, puedo dar fe de que en los colegios básicos no es fácil relacionar a niños en proceso de integración, a quienes presentan déficit atencional o un problema mucho más grave, como el autismo. Por lo tanto, debemos asumir que no es lo mismo educar a un niño común y corriente que a alumno que tiene problemas. Por eso, se requieren más recursos. Existen normas que establecen que no puede haber más de ocho niños en la sala de clases, porque, en este caso, la labor que desarrollan los profesionales de la educación es mucho más compleja.
En ese sentido, si bien algo se avanza en el proyecto, deseo expresar mi oposición a lo que se dispone en el artículo 1°, letra c), inciso tercero, donde en forma textual se establece lo siguiente: “Se entenderá por profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría Ministerial de Educación respectiva”. A mi juicio, no por el hecho de que un profesional se encuentre inscrito en dicha Secretaría, su desempeño será ciento por ciento idóneo o profesional, porque pueden existir problemas.
Me llama la atención y lamento mucho que no se haya hecho claridad respecto de lo que pretendemos. Por ejemplo, el inciso tercero, que se agrega al artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 2, establece: “En todo caso, será inhábil para los efectos de esta ley el profesional que tenga la calidad de sostenedor de una Escuela Especial…”.
Este texto desconoce el grado profesional que puede tener una persona que es sostenedora de una escuela.
Con ese mismo criterio, yo también podría afirmar que los doctores no podrían tener clínicas. Así de simple.
Es más, se limita a los parientes del profesional que tenga la calidad de sostenedor de una escuela especial, cuando el mismo inciso señala a continuación: “o el cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad…”. Es decir, hacemos imposible que ese profesional se pueda desempeñar como corresponde. Me gustaría que se aplicara el mismo criterio, por ejemplo, en obras públicas, para impedir problemas con los ministros.
(Aplausos en las tribunas).
Quiero decir, con mucha seriedad, que el problema radica en la fiscalización, tarea que corresponde -debe asumirse responsablemente- al Estado, aunque esto le moleste al diputado Montes . Sé que él está de acuerdo con el proyecto y que, en su interior, me comprende.
Luego, el inciso cuarto, que se agrega al mismo artículo 9º, expresa: “Los diagnósticos realizados por los correspondientes profesionales del Ministerio de Educación prevalecerán por sobre los de los profesionales inscritos.”. Entonces, ¿para qué se inscriben?
(Aplausos en las tribunas).
En verdad, esto es preocupante. Nosotros queremos apoyar a la educación especial y entregarle más recursos, pero este tipo de proyectos es contradictorio -por eso pido votación separada-, porque contiene aspectos positivos y negativos, que van en contra de lo que pienso.
Finalmente, quiero citar un ejemplo palmario para explicar por qué la gente se preocupa cuando no dejamos explicitados todas las cosas en los proyectos de ley. El Gobierno deja entregados muchos detalles a los reglamentos. Por ejemplo, el Ejecutivo debía dictar un reglamento en relación con el funcionamiento de los clubes deportivos. Hasta el día de hoy no lo hace, haciendo inoperante una ley, en materia deportiva, que luchamos para sacar adelante. Lo mismo puede ocurrir con este proyecto porque, muchas veces, un reglamento es más amplio que la propia ley.
Por eso, creo que es un proyecto que va en la dirección correcta, pero que debe ser objeto de algunas modificaciones.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Solicito a los asistentes a las tribunas que guarden silencio, porque debemos seguir con el debate en forma ordenada.
Si lo estiman conveniente, pueden aplaudir al término de las intervenciones de diputadas y diputados. Les pido su colaboración, porque estoy obligado a mantener el orden en la Sala.
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , ante todo, lamento que en la discusión de este proyecto no esté presente el ministro de Educación . Por cierto, en un país que quiere desarrollarse, todos los temas relacionados con educación son trascendentes, independientemente del proyecto de que se trate.
Entendemos que la educación es la única palanca de desarrollo que tiene una sociedad -así pensamos los radicales-, y consideramos que cualquier proyecto sobre educación es de la máxima importancia, porque incide en el futuro de nuestra nación.
En relación con el proyecto en discusión, a diferencia de lo que opina el colega Manuel Rojas , que me precedió en el uso de la palabra, creo que los niños y los jóvenes están en primer lugar, y debemos tener claro que es el Estado el que debe hacerse cargo de su educación. El rol fundamental de un Estado que quiere el desarrollo del país es preocuparse fundamentalmente de la educación de las generaciones futuras. Todos los países desarrollados han considerado a la educación como la prioridad fundamental del futuro.
Por eso, en este caso, desde el punto de vista de mi profesión, hay dos cosas que me preocupan poderosamente.
Entendemos que los niños autistas con deficiencias mentales o con problemas auditivos o visuales requieren una educación especializada y personalizada, es decir, que sea impartida en grupos pequeños que permitan ir avanzando en el aspecto educativo. Nos parece fundamental que el apoyo del Estado esté centrado en estos niños y que se les entreguen las herramientas que requieren para avanzar en su desarrollo. Los radicales entendemos que los jóvenes autistas, los sordomudos o quienes tienen problemas visuales deben recibir una educación diferenciada, subvenciones especiales, etcétera. Por lo mismo, creemos que ésta es una iniciativa correcta y que apunta en un buen sentido.
Sin embargo, en relación con los trastornos del lenguaje, creo que hay diferencias notorias e importantes discusiones en el ámbito científico y técnico que nos hacen pensar que la creación de escuelas especiales para estos niños no es el camino más adecuado. Cuando uno habla con colegas otorrinolaringólogos o con fonoaudiólogos que trabajan en el sistema público puede comprobar que su mirada en este sentido es distinta. Hay países desarrollados donde los jóvenes con problemas del habla se insertan en las comunidades escolares normales y se les apoya con fonoaudiología y con sicología para que puedan avanzar.
El trabajo con sus pares beneficia y acelera su tratamiento. En realidad, los trastornos del lenguaje se califican, en general, desde el punto de vista médico, como trastornos transitorios y, normalmente, dependerá de las características del joven lo que se pueda logar.
En el pasado, el Ministerio de Educación tenía profesionales especializados que apoyaban a las escuelas para conseguir su desarrollo. Creemos que hay que otorgar recursos a los colegios que tengan niños con problemas de lenguaje, de manera que reciban toda la atención que requieren desde el punto de vista de su educación.
Pero cuando el tema del lenguaje se transforma en un negocio, el Estado debe actuar con mucha cautela.
Y debe tener cautela con mucha razón -lo digo responsablemente en esta Cámara-, porque cuando los trastornos del lenguaje -repito- se convierten en un negocio para los dueños o sostenedores de las escuelas, entonces, se atenta contra jóvenes y niños, que son lo más importante.
En ese sentido, propusimos un artículo para que los niños que requirieran atención especializada y permanente en escuelas especiales fueran calificados por el Ministerio de Educación, pero se nos informó que no era posible, porque hace algunos años -en verdad, no sé por qué-, éste dejó de tener a los profesionales del área que se requieren para avanzar en esta materia.
Creo que es importante que el articulado consensuado en la Comisión de Educación sea aprobado, pues el Estado debe tener precaución, en cuanto a qué niños se debe considerar con trastornos del lenguaje.
El Estado debe tener claro cómo se van a tratar y a qué niños se les va a entregar educación especializada.
(Manifestaciones en las tribunas).
Señor Presidente , pido que se me permita terminar mi discurso.
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Advierto a los asistentes a las tribunas que, si no guardan silencio, en contra de mi voluntad, los haré desalojar. Tienen todo el derecho a estar ahí, pero en silencio. Les pido su colaboración.
Puede continuar con el uso de la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES .-
Si bien el articulado aprobado por la Comisión de Educación no nos deja conformes en cuanto a lo que al Ministerio de Educación le corresponde hacer, me parece que establece un resguardo suficiente para los niños que deban asistir a escuelas especiales.
Nuestra discusión en torno a este proyecto debe centrarse en la educación que el Estado debe entregar a estos jóvenes y, en ese sentido, el Partido Radical va a concurrir con sus votos a la aprobación del proyecto consensuado por la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast .
El señor KAST .-
Señor Presidente , la verdad es que este proyecto tuvo un mal origen, una mala partida, y fue muy discutido desde su ingreso a la Cámara, en agosto del año pasado.
El debate se centró en dos aspectos: uno, cómo definir las necesidades educativas especiales de carácter transitorio, y otro, el fraccionamiento de las horas para los niños con este tipo de necesidades. Muchos estimamos que existía un trasfondo, más allá de lo que se podía leer. De hecho, en su última intervención, el ministro nos manifestó que ninguna disposición de este cuerpo legal afectaba a las escuelas de lenguaje. Sin embargo, debido a que ello quedó en el limbo -por así decirlo-, se podía entender que sí resultaban afectadas.
Como decía, el proyecto fue muy controvertido y, por eso, el informe señala que la Comisión de Educación decidió, por la unanimidad de sus miembros, precisar los aspectos ya señalados. El primero fue definir las necesidades educativas especiales de carácter transitorio. En mi opinión, habría sido perfecto incluir la definición en la ley. Como no se logró ese acuerdo, quedó entregada a un reglamento. Sí se establecieron en la ley los tipos de pruebas que se realizarían a estos niños, con el objeto de determinar quiénes tienen necesidades educativas de carácter transitorio.
También se avanzó mucho respecto del fraccionamiento, que era lo que más ponía en tela de juicio la viabilidad de las escuelas de lenguaje. Y aquí quiero rebatir a mi colega Alberto Robles , quien se expresó muy mal respecto de estas escuelas.
(Aplausos en las tribunas).
Yo lo invito a que conozca las escuelas de lenguaje de nuestros distritos, y a que sepa por qué un padre o un apoderado opta por una escuela de lenguaje que le entrega cuatro horas de educación a su hijo y no por una escuela normal donde recibe ocho horas, aparte de desayuno, almuerzo y once. Esto quiere decir que el papá valora lo que las escuelas de lenguaje hacen por su hijo y sabe que constituyen un elemento necesario para desarrollar en plenitud sus capacidades.
El hecho de que los niños deserten de la educación porque no son capaces de cumplir con el currículum establecido tiene su origen en la mala base y en la mala formación que han recibido, lo que se repara, en gran medida, a través del apoyo que prestan las escuelas de lenguaje.
En el debate público, siempre ha estado presente la idoneidad de todos los sostenedores. En todas las profesiones y en todas las empresas siempre hay personas que lo hacen bien y otras que lo hacen mal. Cuando alguien lo hace mal, es deber de la autoridad responsable fiscalizar y decirle que lo está haciendo mal y debe irse del sistema.
(Aplausos en las tribunas).
Pero esa fiscalización debe hacerse de manera objetiva, clara y transparente, lo que, en algún minuto -lo discutimos con los representantes del Ministerio-, a nuestro juicio, no se hizo, pues se procedió considerando más el crecimiento explosivo que tuvieron las escuelas de lenguaje -es decir, con un criterio más económico-, que el interés real de los niños.
La Comisión llegó a acuerdo unánime sobre los puntos más discutidos, como la idoneidad del profesional competente, que es lo que se cuestiona por muchas de las personas aquí presentes, sobre todo por los fonoaudiólogos y sicólogos, que tienen algún grado de inhabilidad para ejercer su labor dentro de la misma escuela y la revisión posterior del Ministerio de Educación de los diagnósticos de los profesionales. Ambos generaron un grado de división dentro de nuestra bancada. Por ello, no vamos a votar unánimemente esos dos puntos.
Los diputados que participamos del acuerdo con el Gobierno vamos a respetar nuestra palabra y votaremos a favor, porque las disposiciones son susceptibles de perfeccionarse en el trámite legislativo que queda en el Senado, si se aquietan las pasiones que se generaron en la Cámara de Diputados, donde hubo grandes disputas entre quienes al inicio decíamos que mediante la iniciativa se estaban eliminando las escuelas de lenguaje y los que decían que no.
En la discusión habida en la Comisión, el Ejecutivo dejó muy claro que el proyecto en ninguna forma afecta a dichas escuelas y que el Ministerio no quiere que se acaben. Eso quedó bien establecido y los dos incisos que se refieren a la materia quedaron bien acotados.
Sin embargo, existe la discusión respecto del profesional competente e idóneo y si debe prevalecer el criterio del Ministerio sobre estos profesionales. En el Senado se debería revisar la prevalencia de los diagnósticos del Ministerio de Educación por sobre los otros, pues no me parece adecuado.
Finalmente, hay que sacar dos lecciones para el futuro. La primera es que mediante un proyecto de ley no se puede hacer “pelear” a dos grupos distintos de niños con discapacidad. Aquí se trató de hacer pelear a las escuelas que trabajan con niños autistas y las que trabajan con niños con déficit transitorios, como las de lenguaje. Eso no corresponde; le hace mal al debate público, porque todos los niños necesitan apoyo, unos más que otros. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una mayor subvención para las escuelas que atienden a los niños que padecen autismo, porque requieren una atención muy personalizada. Muchos hemos visitados esas escuelas y tenemos claro el tema, pero ello no significa hacer pelear a los padres y apoderados en torno a un proyecto de ley. Esta materia debería haber sido objeto de dos proyectos distintos y haberse tratado en forma separada.
La segunda lección es que la educación especial no se ha abordado debidamente en el país. Se han hecho jornadas y debates públicos, pero siempre dirigidos por personas que tienen la intención clara de lograr a toda costa la integración y la inclusión, decisión que debe quedar en el fuero interno de los padres y apoderados. El padre es quien debe decidir si quiere que su hijo vaya a una escuela regular con integración o a una escuela especial. El Estado no puede arrogarse la prerrogativa de determinar el tipo de escuelas que deben existir y coartar la libertad de los padres de optar al respecto.
Lamentablemente, el Ministerio no ha acogido de buena manera esta preocupación. Cuando se hizo la primera comisión para analizar la educación especial, el ministro Bitar los convocó y los felicitó por los resultados, pero cuando se dio cuenta de que los padres y apoderados no estaban de acuerdo con las conclusiones emitidas por la comisión de expertos, dijo que esa no era la voz oficial del Ministerio. El ministro Bitar es responsable de haber iniciado un proceso de mala manera, porque a los primeros que hay que consultar es a los padres y apoderados y a los que entienden la materia, que por lo general son los que trabajan directamente con los niños y no los expertos que se traen de otros países, que casi siempre son académicos, especialistas, pero no con práctica. Por consiguiente, hay que partir de nuevo analizando las políticas educacionales en la educación especial.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , como ex presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara , me correspondió encabezar los inicios de la discusión del proyecto.
Como dijo el diputado señor Kast , abrimos las puertas de la Comisión para escuchar a todos los actores involucrados en el tema, especialmente a los directores de escuelas especiales, quienes se sintieron vulnerados por esta iniciativa que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. Sin embargo, esos temores no responden al accionar legislativo, que va en la dirección correcta, porque apunta a mejorar el escenario de la educación especial diferencial.
Pero, bueno, he ahí la riqueza del debate y de escucharnos, porque, una vez más, queda demostrado que la ideología del temor, del terror o de la inseguridad, al final, se transforma y suma el apoyo para este proyecto de ley, que propone, principalmente, ampliar el universo de beneficiados mediante la definición de los diferentes tipos de discapacidades y aumentar la subvención, cosa que es positiva para todos: para quienes trabajan con los niños, para las familias y para nosotros mismos, como responsables políticos y sociales de sacarlo adelante.
Sin embargo, también tenemos que seguir avanzando en los otros escenarios de la educación en Chile. En este sentido, nuestra responsabilidad es encontrar las herramientas adecuadas para mejorarla, especialmente la que hoy debatimos: la diferencial.
Sabemos que nuestro esfuerzo debe centrarse en entregar educación con igualdad para todos, y para lograrlo no sólo debemos invertir más recursos, sino también mejorar la gestión. No puedo entender que no nos sumemos a las modificaciones que adecuan la educación a la realidad. Por eso, es justo y necesario fiscalizar y focalizar para avanzar; pero, sobre todo, es necesario un cambio cultural para adaptarse a las nuevas propuestas, porque, efectivamente, antes, las políticas públicas relacionadas con las subvenciones estaban marcadas por cierta direccionalidad e integralidad, esto es, en buen castellano, se echaba todo en un mismo saco, lo cual no permitía apuntar a los diferentes escenarios.
Eso busca este proyecto, modificar el decreto para adecuarlo a la realidad de la educación diferencial impartida en diversos establecimientos educacionales y escuelas especiales, y lograr una mayor integración entre los alumnos de educación especial y los de educación regular en aquellas escuelas con jornada escolar completa.
La fiscalización, sobre todo por lo señalado por el diputado Kast , es absolutamente necesaria y tiene que hacerse como corresponde; pero sola, no tiene sentido. Sin políticas públicas integrales, no sirve para dar el paso que nosotros y las familias que tienen hijos especiales esperamos para mejorar la actual situación.
En la Comisión llegamos a un acuerdo para avanzar en este proyecto de ley, porque, después de escuchar a todos los actores involucrados, sentimos que refrenda el trabajo de las escuelas especiales y da cuenta de la necesidad de superar las distorsiones preexistentes.
No haré alusión a las cuestiones específicas. Sólo quiero reconocer el trabajo y la propuesta de este proyecto, que se enriqueció con la discusión en la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , comparto muchos de los aspectos que se han señalado, entre otros, la necesidad de que se legisle y se aborde de manera más integral la situación de las escuelas especiales. Ello, porque si se pretende la integración y, por esa vía, terminar con ese tipo de escuelas -a pesar de que el Ministerio manifestó que no es su intención hacerlo-, no se resolverá el problema de algunos jóvenes que hoy están en escuelas especiales donde reciben una atención de especialistas muy personalizada y que requieren un trato distinto.
Pero más allá de que el proyecto resuelva el problema parcialmente, en materia de educación de nuestros hijos, más que un compromiso de un partido político o de un gobierno, debería haber un compromiso de país para con aquellos niños que están en una situación distinta.
De alguna manera, la iniciativa perfecciona la norma actual. Por ejemplo, define con mayor precisión qué se entiende por necesidades educativas especiales de carácter transitorio.
También resuelve lo que se entiende por profesional competente, que tampoco estaba claramente definido. El inciso tercero, nuevo, que pasa a ser quinto, de la letra c) del N° 2 del artículo 1°, establece que se entenderá por profesional competente el idóneo que se encuentre inscrito en la secretaría ministerial de Educación respectiva. Pero, al mismo tiempo, aclara que aun cuando esté inscrito, será inhábil el profesional que tenga la calidad de sostenedor de una escuela especial o de un establecimiento con proyectos de integración; o el cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad -vale decir, la relación de un tío o de una tía con una sobrina o un sobrino- y segundo de afinidad -los parientes de un cónyuge respecto de otro, es decir, un hermano del cónyuge-, inclusive, de un sostenedor de esos establecimientos o el que sea dependiente de un sostenedor de los mismos establecimientos, y el que tenga intereses en dichas escuelas u otra institución que preste servicio a aquéllas.
Ahora bien, “el que tenga intereses” puede resultar un aspecto muy amplio, muy genérico.
También se establece que el monto de la subvención para alumnos de educación especial diferencial y/o con necesidades educativas especiales de carácter transitorio, cuando se trate de alumnos atendidos en la enseñanza regular, podrá fraccionarse y pagarse en relación a las horas de atención que efectivamente requiera el alumno para la superación de su déficit, de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente.
Un punto muy importante y positivo es lo que se señala al final del inciso quinto, nuevo, de la letra c) del numeral 2 del artículo 1° del proyecto: “En las escuelas de educación especial que desarrollen en su totalidad el plan y programas de estudios correspondiente, en ningún caso se aplicará este fraccionamiento.”.
Por lo tanto, aun cuando creemos que esta materia es perfectible, siempre lo mejor es enemigo de lo bueno. Y pese a que se encuentra pendiente un tratado más integral de las escuelas especiales, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , después de mucho debate, la Comisión de Educación llegó a un acuerdo unánime.
A nuestro juicio, el tema de fondo son los niños con necesidades especiales de distinto tipo más o menos severas. Reconocemos que, a través de la historia la sociedad y todas sus instituciones han sido bastante crueles con los niños y adultos con discapacidad. Recién en 1994, se dicta una ley para la plena integración de los discapacitados. En verdad, ha habido muy poco esfuerzo de la sociedad en su conjunto y de las instituciones para asumir esta realidad.
La discusión de este proyecto fue muy parcial y acotada. Se trataba de incorporar nuevos recursos a las necesidades educativas más severas y se hacía una separación entre éstas y otras necesidades educativas especiales. Pero, la discusión surge porque el sector de las escuelas especiales de lenguaje se siente amenazado. Se pensó que este proyecto era para terminar con ellas, cuestión que no estaba ni en el ánimo del Ejecutivo ni en el de los diputados.
(Manifestaciones en tribunas).
Me podrán gritar muchas cosas, pero esos fueron aspectos serios que constatamos durante la discusión del proyecto. Hubo distorsiones, se plantearon argumentos que no eran ciertos y a los padres se les dijeron cosas que no eran verdaderas.
(Manifestaciones en tribunas).
No estoy aquí para que me aplaudan, sino para dar mis argumentos, que es lo que corresponde en democracia.
En el 2002, hubo un fuerte debate sobre esta materia. Algunos cuestionamos al Ministerio de Educación porque entró en una especie de control sobre las escuelas de lenguaje que nos pareció que iba más allá de lo razonable. Al final, como consecuencia de esa discusión se formó una Comisión, de la cual surgió un reglamento que está vigente. Hubo integrantes que sostuvieron un debate bastante intenso y de varias jornadas en la Cámara. Finalmente, la ministra Mariana Aylwin constituyó ese grupo y se elaboró un determinado reglamento. En ese entonces, me jugué por defender a las escuelas de lenguaje; pero hoy he repensado las cosas. Estoy convencido de que las necesidades educativas especiales de trastornos del lenguaje hay que asumirlas con mucha seriedad, muy tempranamente, y con los mayores recursos profesionales posibles. Pero ésa no es la discusión.
Nadie aquí pretende subvalorar los trastornos del lenguaje, porque éstos condicionan mucho el desarrollo de las personas y las limitan para su posterior inserción en otros niveles educativos y otras instancias de la sociedad. A mi entender, ésa no es la discusión real, sino cuál es la modalidad institucional a través de la cual asumimos esas necesidades educativas especiales de trastornos del lenguaje. El problema radica en que la modalidad institucional no ha sido la más apropiada. Viendo hacia atrás, creo que el Ministerio de Educación cometió un error muy grande, porque incentivó la creación de una modalidad institucional: las escuelas especializadas en lenguaje, no necesariamente insertas en sistemas o subsistemas educativos.
Cuando empezamos este debate había 458 escuelas de lenguaje; hoy existen 629 y 120 más están postulando a serlo. Aquí, el Ministerio puso un mal incentivo y, lamentablemente, no ha reconocido que hubo un error inicial de su parte. Hay buenas escuelas de lenguaje que responden realmente a las necesidades educativas especiales.
(Aplausos en las tribunas)
Hay otras regulares y también he tenido la ocasión de conocer malas escuelas de lenguaje. Ésa es la realidad que debemos asumir. Desgraciadamente, no se ha reconocido el error original de haber generado esta forma de incentivo.
Hoy, con este proyecto de ley estamos asumiendo que las 629 escuelas de lenguaje que existen sean lo mejor posible para los niños. No se pretende terminar con las escuelas de lenguaje, sino que sean de la mejor calidad. Para eso, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
En primer lugar, no pueden crearse escuelas de lenguaje sólo porque alguien tiene la iniciativa. Se debe demostrar la necesidad de que exista esa escuela de lenguaje, los talentos que se posee y la capacidad de hacerlo. No se puede continuar dando autorizaciones de forma indiscriminada. Ésa es responsabilidad del Ministerio de Educación.
(Aplausos en las tribunas)
En segundo lugar, debe implementarse un sistema de mayores evaluaciones periódicas de la calidad. Los informes trimestrales sobre la situación de cada niño deben ser evaluados. Por eso, me voy a jugar en el debate presupuestario del Ministerio de Educación para que haya recursos y puedan realizarse más evaluaciones a cada niño, porque si un niño es mal evaluado y permanece más tiempo del que le corresponde, se le puede hacer un daño.
En tercer lugar, es fundamental que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad de incentivar la creación de instancias para enfrentar las necesidades educativas especiales de lenguaje en los subsistemas existentes, particularmente en el municipal, que debería tener sus propias instancias para afrontar los problemas de trastornos de lenguaje. También los otros subsistemas, como el de los colegios particulares, deben tener sus propios convenios y formas de hacerlo. El Ministerio no sólo tiene que poner mayores barreras de entrada y asegurar la buena calidad de la enseñanza, sino también promover una forma de insertarse en el subsistema adecuadamente.
El Ejecutivo propuso una indicación destinada a mejorar las barreras de entrada y garantizar más calidad de la educación, a partir de una indicación de la Oposición en el sentido de generar un registro de profesionales idóneos. A eso se agregaron las incompatibilidades. Por ejemplo, no podrán realizar el diagnóstico los profesionales que sean dueños del establecimiento o tengan vínculos con los dueños. El tema no les gusta a ciertos profesionales, porque así lo han hecho hasta ahora. Pero esto es lo mínimo para asegurar efectivamente que quien hace la evaluación no tenga intereses directamente vinculados con lo que va a ocurrir. Es una forma de proteger el sistema.
Entiendo que a la gente que hace esto no le va a gustar; pero el Ministerio de Educación evaluó distintas situaciones, llegó a esta conclusión y la Comisión, por unanimidad, la apoyó, porque creemos que es necesario hacer una diferenciación.
El diputado Kast señaló muy bien que tenemos que hacer una discusión sustantiva sobre cómo la sociedad y, particularmente, el Estado y la política pública, responden a los niños con necesidades educativas especiales de la manera más oportuna y adecuada. El debate se distorsionó, porque pareció que mientras unos estaban a favor de las escuelas de lenguaje, otros estaban en contra de ellas.
En mi poder tengo cartas anónimas que fueron enviadas a varios diputados y donde se dicen cosas que no son ciertas. Además, están firmadas por instituciones que no existen. La Comisión de Educación acordó solicitar información a quienes, supuestamente, estaban vinculados para saber si lo que se afirmaba era verdad o no. La función pública es así.
Lo importante es realizar una discusión a fondo, porque todos sabemos que uno de los problemas de la calidad de la educación tiene que ver con muchos colegios municipales y particulares subvencionados que no atienden adecuadamente las necesidades educativas especiales de los niños más vulnerables. Necesitamos hacer un esfuerzo para que esas escuelas atiendan mejor los problemas de lenguaje, el déficit atencional u otras necesidades educativas especiales existentes.
Vamos a aprobar este proyecto, porque aporta mayores recursos para las necesidades educativas más severas y, además, incorpora ciertas normas y medidas que permiten avanzar por el camino correcto, aunque todavía -como aquí se ha dicho- falta mucho para responder de mejor manera.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , cuando esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta de que era bastante compleja.
Por una parte, a través del artículo 9° bis se mejoró la subvención establecimientos que atienden alumnos con discapacidades más severas, como el trastorno autista, la disfasia severa y las discapacidades visual y auditiva -con posterioridad, la Comisión de Educación agregó la deficiencia mental severa-, con lo cual todos los diputados de la Comisión estuvimos de acuerdo; pero, por otra, incorporó una disposición nueva -bastante difusa- que afectaría al 95 por ciento de los niños que asisten a las escuelas de lenguaje, porque, de alguna manera -aunque el diputado Montes opine lo contrario- las ponía en serio riesgo de desaparecer.
Presentaba la deficiencia de lenguaje como una discapacidad transitoria y disponía que a las escuelas normales debían incorporarse a profesionales para ayudar a los niños a superar esa discapacidad supuestamente transitoria. Sin embargo, a nivel mundial aún no está muy claro el tema.
Ante esa duda, es bueno que los niños con las discapacidades señaladas sigan estudiando en escuelas de lenguaje.
Como este proyecto inicialmente era complicado, lo devolvimos a la Comisión de Educación y allá le introdujeron modificaciones que lo mejoraron.
Felicito el trabajo que realizaron varios diputados, especialmente el de José Antonio Kast, quien defendió muy bien a las escuelas de lenguaje y la libertad de los padres para enviar a sus hijos a ese tipo de establecimiento.
En resumen, el proyecto quedó bastante mejor de lo que llegó, aunque todavía subsisten algunos problemas que ya los diputados Kast y Rojas enunciaron. Por ejemplo, el inciso tercero que se incorpora al artículo 9°, en una de sus partes, dice lo siguiente: “En todo caso, será inhábil para los efectos de esta ley el profesional que tenga la calidad de sostenedor de una escuela especial…” Según entiendo, eso se pensó siempre para el ingreso de los niños a las escuelas; no para seguir evaluándolos periódicamente.
Además, el inciso cuarto que se incorpora al mismo artículo 9°, establece: “Los diagnósticos realizados por los correspondientes profesionales del Ministerio de Educación prevalecerán por sobre los de los profesionales inscritos.”, me parece un despropósito, pues debemos respetar la capacidad de esos profesionales.
En todo caso, la bancada de Renovación Nacional votará a favor del proyecto, porque cree que es un avance y que quedó mucho mejor de lo que llegó. Esperamos que en el Senado se subsanen los pequeños inconvenientes que aún pueden causar problemas.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , si bien no soy integrante de la Comisión de Educación, fui alcaldesa de Quilpué durante ocho años y me correspondió dirigir el trabajo de las escuelas municipales de la comuna, que presentan grandes deficiencias por la falta de recursos.
Este proyecto, respecto del cual se han dicho tantas cosas, tuvo su origen en el Ejecutivo y presiento que se va a aprobar sobre la base de que es perfectible. No hay proyecto perfecto, pero me extraña que se aprueben iniciativas que no se remiten como corresponde. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas a medias?
Ya está bueno. Creo que hay que ser padre de un niño que sufre problemas de lenguaje u otra discapacidad para entender lo que viven esas personas.
(Aplausos en las tribunas).
Aquí no se trata de bancadas políticas ni que los diputados de la Concertación deban aprobar el proyecto porque es de su Gobierno. Se trata de personas, de familias, y no porque el proyecto lo haya iniciado el Ejecutivo , la Concertación, sin considerar si es bueno o malo, lo va a apoyar en su totalidad.
¡Hasta cuándo vamos a legislar de esta manera!
Si un proyecto es bueno para el país, hay que apoyarlo sin que importe su origen; pero hagamos las cosas bien, de una vez por todas.
Vamos a aprobar un proyecto, para que lo mejoren en el Senado. ¿Por qué no lo hacemos bien aquí y aprobamos un proyecto de ley como corresponde? Son muchas las familias que necesitan apoyo y recursos, y no sólo aquellas que tienen hijos con problemas de lenguaje y de discapacidad, porque también hay jóvenes con otro tipo de dificultades que necesitan escuelas alternativas.
Esta es una voz de alerta para futuros proyectos de ley.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el texto del proyecto propuesto en el segundo informe de la Comisión de Educación, con excepción de los incisos tercero y cuarto, nuevos, de la letra c) del N° 2 del artículo 1°, para los cuales se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación los incisos tercero y cuarto, nuevos, de la letra c) del N° 2 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA Y SOCIAL.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 32, que se encontraba pendiente.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 32, de la señora Turres, doña Marisol; de los señores Ward, Alvarado, Lobos; de la señora Nogueira, doña Claudia; y de los señores Masferrer, Norambuena, Recondo, Paya y Ulloa.
“Considerando:
Que una serie de reformas judiciales se han implementado para mejorar el acceso a la justicia en el país, tales como la Reforma Procesal Penal o la creación de los Tribunales de Familia, con una importante inversión pública.
Que la Reforma Procesal Penal contempló la creación de un servicio público -descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente-, denominado Defensoría Penal Pública. Ésta proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes de Apelaciones, en su caso, y que carezcan de abogado (artículos 1° y 2° de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública).
Que, por razones inexplicables, la Reforma no consideró un servicio que prestara asistencia jurídica de igual calidad para las víctimas de los delitos, por lo que éstas se encuentran sin la representación judicial necesaria para la defensa de sus derechos, más aun, cuando es menester contar con un abogado para querellarse y demandar por los perjuicios ocasionados en la comisión de un crimen, simple delito o falta.
Que es de público conocimiento la frustración que ha generado la puesta en marcha de los Tribunales de Familia en miles de familias, pues no se ha cumplido con las expectativas creadas y existe gran dilación y postergación, especialmente para las mujeres jefas de hogar que no cuentan con abogados que las representen.
Que la misma frustración la sufren los trabajadores y las personas de escasos recursos que requieren y no cuentan con asistencia jurídica gratuita que garantice su acceso real a la Justicia.
Que, actualmente, la asistencia jurídica del Estado se presta en múltiples servicios no integrados: cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, Servicio Nacional de Menores ( Sename ), Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Defensoría Penal Pública, abogados de tumo, Fundación de Asistencia Legal y Social de la Familia y otros.
Que las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial no cuentan con medios físicos ni con el personal necesario para atender a las personas de escasos recursos y descansan, esencialmente, en el trabajo de los alumnos egresados de las carreras de Derecho.
Que, en su artículo 19, número 3°, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas ‘igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida […]. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos […]’. Sin embargo, el Estado no está cumpliendo con este mandato constitucional.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación del Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y Social, de carácter profesional, que haga realidad el acceso a la Justicia para las personas de menores recursos.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo tanto por el Congreso Nacional como por el Ejecutivo , para implementar una serie de reformas que persiguen mejorar el acceso a la justicia, entre ellas, la reforma procesal penal, la creación de los tribunales de familia, el proyecto de ley sobre reforma especial penal para el adolescente, así como reformas en materia laboral.
Pero cada una de ellas se ha encontrado con un importante tropiezo.
La reforma procesal penal contempló la creación de la defensoría penal pública, que tiene por objeto otorgar asesoría jurídica gratuita a todos los imputados de un delito, lo que me parece bien. Sin embargo, las víctimas de los delitos carecen de una asesoría profesional de la misma calidad y del mismo nivel que la de los imputados. El hecho de que haya fiscales absolutamente colapsados por el número de causas que lleva cada uno y de que los imputados sólo tengan derecho a voz, hace que muchas de las causas sean archivadas provisionalmente, porque las víctimas no tiene quién defienda sus derechos en los tribunales orales o de garantía, o muchas veces, ante el fiscal.
Por su parte, la creación de los tribunales de familia ha generado gran frustración a miles de mamás, pues lo que en principio vieron como una bonanza, cual es la posibilidad de recurrir ante los tribunales sin la asesoría de un abogado, al final ha resultado ser un bumerán, por cuanto ellas presentan sus demandas personalmente, pero el demandado usualmente llega patrocinado por un abogado.
La ley penal del adolescente, cuyo lamentable aplazamiento votaremos en estos días, contempla la contratación de cuarenta nuevos abogados y, a partir del próximo año, la licitación de estudios jurídicos particulares para defender a los menores que delinquen. Muchos de ellos, si no la mayoría, no han tenido una vida familiar sana, educación o las oportunidades de otros, pero sí tienen noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, tendrán un profesional que los defenderá, pero sus víctimas continuarán en la indefensión.
Se están estudiando reformas en materia laboral para mejorar los derechos de los trabajadores que no son respetados por los empleadores, pero tampoco serán debidamente representados en los juicios respectivos.
En Chile existen diversos organismos que prestan asesoría jurídica gratuita, como las corporaciones de asistencia judicial, algunos organismos que dependen del Sename y del Sernam y la Defensoría Penal Pública. No obstante, hace mucha falta contar con corporaciones regionales o con un sistema nacional de asistencia jurídica, debidamente descentralizado, que tenga por objeto defender a las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado, a fin de que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que su contraparte.
El primer inciso del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas sus derechos constitucionales, dice:
“3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida…”
Su inciso segundo dispone: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselas por si mismos.”
Por lo tanto, el objeto del proyecto de acuerdo es solicitar al Presidente de la República , a quien corresponde la iniciativa, la creación de un servicio nacional de asistencia jurídica y social u otro organismo de carácter profesional gratuito que haga realidad el acceso a la justicia para las personas de menores recursos.
Pido el apoyo de las distintas bancadas para el proyecto de acuerdo, pues se hace cargo de una realidad que se observa día a día en nuestros distritos y porque no se puede decir que impera el estado de derecho en un país sin acceso a la justicia para todos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , en relación con el tema, que es importante desde el punto de vista del acceso a la justicia, cabe recordar que el país ya cuenta con la Corporación de Asistencia Judicial, la cual atiende a gente de escasos recursos para entablar las acciones legales correspondientes.
En varias regiones, por ejemplo en la Quinta, la Corporación de Asistencia Judicial cuenta con una entidad para la protección de las víctimas, a quienes presta servicio en todos los aspectos, tanto desde punto de vista jurídico -para iniciar querellas criminales en casos de delito-, como social y laboral, para brindarles ayuda psicológica o para atender los problemas de las víctimas. En consecuencia, habría que dotarla de más recursos para que desarrolle en todo el país lo que realiza en algunas regiones, a fin de que pueda brindar acceso igualitario a la justicia para todos.
Por lo tanto, no es necesaria la creación de un nuevo servicio nacional de asistencia jurídica y social, pues existe la Corporación de Asistencia Judicial, que cuenta con personal capacitado. Lo único que falta -reitero- es dotarla de mayores recursos, para que pueda atender de mejor forma las materias de carácter civil y penal, en este caso, la interposición de querellas criminales en favor de las víctimas de delitos.
Por las razones señaladas, me opongo al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , tal como lo planteó el diputado señor Bustos , existe la Corporación de Asistencia Judicial, de manera que si bien el objeto del proyecto de acuerdo es importante -hacer posible la garantía constitucional respecto del acceso a la justicia para todos- la solución no pasa por la creación de más servicios, de más burocracia, sino en repotenciar la Corporación.
Debemos recordar que el año pasado se hizo un esfuerzo muy importante al fusionar el Programa de Asistencia Jurídica, otro mecanismo con similar labor, con la Corporación de Asistencia Judicial, así como la instalación de oficinas para la atención de las víctimas de delitos violentos. En todo caso, es bueno señalar que a dicho programa le faltan recursos y normas adecuatorias.
En cuanto a la persecución del microtráfico, dentro de algunos meses, por iniciativa de la Corporación de Asistencia Judicial, se relanzará el centro jurídico antidrogas, al cual el Ministerio del Interior delegará facultades, pues debido a la reforma procesal penal, es imposible que pueda ejercer la acción penal pública.
También es bueno reiterar que, en la medida de lo posible, nuestro sistema debe avanzar en desjudicializar la justicia.
Se encuentran pendientes algunos temas relativos a los tribunales de familia y laborales, para posibilitar que las personas de escasos recursos y, en general, todos los ciudadanos, puedan acceder directamente a los tribunales, sin necesidad de ser acompañados por abogados o procuradores.
Los pasos que se deben dar en materia de justicia es asignar más recursos a los servicios judiciales existentes y posibilitar, desde el punto de vista legal, que las personas no requieran de un abogado ni de un procurador para acceder a la justicia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.838, EN LO RELATIVO AL AUMENTO DE HORAS TELEVISIVAS DEDICADAS A PROGRAMAS CULTURALES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 33, de la señora Vidal, doña Ximena; de los señores Escobar, Alinco, Enríquez-Ominami, Ortiz; Díaz, don Marcelo; Becker, Sule, Farías, y de la señora Muñoz, doña Adriana:
“Considerando:
Que los medios de comunicación poseen una importancia decisiva en el desenvolvimiento de los flujos de información que circulan por la sociedad, fijan los discursos que atraviesan la opinión pública y son los encargados de informar sobre los acontecimientos que suceden a diario.
Que, en este sentido, la televisión, como medio audiovisual, es, quizás, el que más alcance tiene, en general, en términos masivos, por lo cual su incidencia es aun mayor en la formación de opinión, consolidándose como un factor ineludible a la hora de entender a los medios que tienen una señal televisual, desde el punto de su función y de su contenido.
Que, por ello, tal vez, la televisión es el medio actual más notable para la difusión de información, de educación y de entretenimiento. Por ende, debe ser objeto de una adecuada regulación y consideración por parte de la autoridad, a efectos de que los fines señalados por ley al Consejo Nacional de Televisión, que la regula, sean cumplidos, actualizados y puestos a tono con las necesidades que la sociedad del naciente siglo plantea.
Que el buen funcionamiento de la televisión es un concepto incorporado en la legislación, que debería ser permanentemente observado para guía y señal de sus lineamientos generales. En este sentido, el artículo 1°, inciso final, de la ley orgánica constitucional que regula al Consejo Nacional de Televisión prescribe que el correcto funcionamiento de esos servicios consiste en ‘el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a la dignidad de las personas, a la protección de la familia, al pluralismo, a la democracia, a la paz, a la protección del medio ambiente y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico’.
Que, por tanto, es de suma relevancia dar a este concepto esencial de la ley una aplicación práctica concreta y materializarlo, por la vía de necesarias modificaciones legales, para que este instrumento que los ciudadanos poseen sea puesto en marcha y, asimismo, sea funcional a los intereses superiores de una televisión mas integradora, con énfasis en las manifestaciones de la cultura, menos violenta y, a la postre, más formativa de los niños, que tienen este medio incorporado a su vida diaria y cuya importancia en ésta es, muchas veces, infravalorada.
Que una televisión acorde con las necesidades existentes en el día de hoy requiere, ante todo, libertad para funcionar, donde los contenidos y las líneas editoriales de los medios y servicios de radiodifusión televisual de libre recepción y de los servicios limitados de televisión no puedan ser revisados a priori, como así lo dispone la ley. Pero la libertad tiene su anverso en la responsabilidad a que los medios deben ceñirse en este sentido. Una televisión que informe, eduque, y no sólo entretenga, requiere mayor presencia de los órganos encargados de velar por el correcto funcionamiento en el cual debe enmarcarse su actuar natural.
Que, para que ello ocurra, deben provocarse cambios que posibiliten dictar un reglamento interno para el Consejo Nacional de Televisión. La existencia de consejos asesores debe comprender la idea de que éstos tengan una representatividad pluralista y de amplio espectro, a fin de que otorguen las posibilidades en televisión, debiendo dar participación a representantes de los Ministerios de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, de los concesionarios u operadores de televisión, de las organizaciones de padres de familia, de las organizaciones de educadores, etcétera.
Que un reciente estudio del Consejo Nacional de Televisión, emitido en este año, da a conocer, entre otras cifras de gran interés, que la televisión representa una importante fuente de información para el 86,4% de la población, una importante fuente de entretenimiento para el 69,4% y una importante fuente de cultura para el 40,1%. Además, muestra que, aparte ser un estímulo en el consumo de los bienes y servicios promocionados a través de ella, lo es en el incremento de la violencia y constituye un decisivo generador de miedo de la población a verse expuesta a robos o a asaltos.
Que se han dictado normas generales para impedir efectivamente la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Del mismo modo, la existencia de un reglamento interno de funcionamiento y la creación de comités asesores de amplia representatividad significarán, sin lugar a dudas, la puesta en marcha de una televisión abierta y diversa, pero con expresión de buen uso, educativa y que, en algún sentido, forme cívicamente a quienes son sus espectadores. Una mejor televisión puede y debe ayudar a formar mejores ciudadanos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en virtud de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, impulse una modificación de la ley N° 18.838, que regula al Consejo Nacional de Televisión, tomando las siguientes medidas:
Aumentar, en una hora a la semana, los programas culturales, entendiéndose por tales los dedicados a las artes o a las ciencias. Dicha enmienda tiene como objeto que el número de horas de televisión cultural, en los horarios de alta audiencia, suba de una a dos, como lo señala su artículo 12, letra l).
Dictar el reglamento interno de funcionamiento, como lo indica su artículo 12, letra j).
Perfeccionar su artículo 12, letra j), inciso segundo, para que se establezca en la ley y, consecuentemente, en el reglamento interno de funcionamiento, la organización y funcionamiento obligatorio de los comités asesores en materia de televisión, en los cuales se deberá dar participación a representantes de los Ministerios de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, de los concesionarios u operadores de televisión, de las organizaciones de padres de familia, de las organizaciones de educadores, y de las organizaciones y entidades dedicadas a la actividad cultural.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , los medios de comunicación tienen una intervención decisiva en la información que recibe nuestra sociedad, revisten importancia en los mensajes de todo tipo que llegan a la opinión pública y son los encargados de ponernos al día sobre los acontecimientos que suceden a diario.
El proyecto de acuerdo apunta a que hagamos el esfuerzo necesario para que la televisión, como medio audiovisual, tenga la importancia que merece y para que el Consejo Nacional de Televisión, que regula la programación de este medio, satisfaga y actualice las necesidades socioculturales.
En síntesis, pedimos que se aumenten los programas culturales en una hora a la semana. Se entienden por tales los dedicados a las artes y a las ciencias; no a las noticias ni a programas de entretención, porque en esos aspectos estamos bien.
Quiero entregar algunas cifras a mis colegas: el 80 por ciento de la población se entretiene con la televisión, más del 60 por ciento se informa por ella y más del 40 por ciento la usa como fuente de cultura.
Asimismo, pedimos que se modifique el artículo 12 de la ley Nº 18.838, para que se establezca el funcionamiento obligatorio de los comités asesores en materia de televisión, en los cuales deberá darse participación a representantes de los Ministerios de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, a los concesionarios u operadores de televisión, a los padres de familia, a organizaciones culturales y a las personas que trabajan en el ámbito cultural.
Si estamos preocupados de cómo está funcionando la televisión, es necesario dar una señal para avanzar en este importante tema.
El tema de las buenas costumbres es muy relevante y hemos visto en distintos ámbitos que la televisión no está cumpliendo el rol que necesitamos: un equilibrio entre entretención, educación y formación.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , sin duda, la televisión es el medio a través del cual se informa más del 90 por ciento de los chilenos.
Son comunes las críticas que se hacen a la televisión, en el sentido de que, muchas veces, se gastan horas en espacios que, más que educar y formar, más que mostrar una visión más positiva de la sociedad, más que entregar cultura y formar opinión en temas tan importantes, sólo se dedican a la mera entretención, a la farándula, etcétera. No cuestiono estas cosas, porque pueden resultar entretenidas, pero por lo general carecen de contenido, no dejan nada positivo, especialmente en nuestra juventud, no toman los temas relevantes, y después nos quejamos de que hay una crisis cultural en la sociedad, que los resultados de la educación son cada día peores y que no hay elementos positivos que transmitir.
Puede ser difícil implementar lo que se plantea en este proyecto de acuerdo, pero más vale hacer un esfuerzo que quedarse callados. En ese sentido, bien se hace en pedir al Consejo Nacional de Televisión que introduzca, al menos, una hora de programación que apunte a entregar valores positivos a nuestra sociedad, en el ámbito de la cultura, del arte, de la música, de la ciencia y de tantas cosas interesantes que, muchas veces, por no conocerlas, no se valoran.
Por eso, votaré favorablemente, ya que el proyecto de acuerdo va en beneficio de la sociedad, de la cultura y del desarrollo de valores permanentes en ella.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VIII. INCIDENTES
EXTRAVÍO DE PROFESOR DE LA COMUNA DE FRESIA. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , quiero dar a conocer la difícil situación que se vive hoy en la comuna de Fresia.
Hace 31 días desapareció Ricardo Marín Barría , profesor de religión de la escuela básica de Fresia, de 38 años, que sólo en dicha comuna, en los doce años en que ha ejercido la docencia, ha educado a más de 4 mil alumnos, la gran mayoría de familias humildes. Con anterioridad, el profesor Ricardo Marín Barría desempeñó funciones como profesor de religión en la escuela N° 10 de Puerto Montt.
Hoy, la comunidad fresiana está convulsionada, triste y amargada por su extraña desaparición; pero, además, por las causas y los aspectos que la rodean.
Ricardo era hijo único, un hijo ejemplar -como ha reconocido su madre en algunos medios de comunicación nacionales- y colaborador con su familia. Nunca salía de su hogar sin sus pertenencias, todas las cuales se encuentran en poder de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, toda vez que fueron encontradas en su casa.
En la comunidad fresiana, se presume que su desaparición, más allá de lo extraña que parece, podría llevar a inferir la participación de terceras personas. Por lo tanto, queremos que se agoten los esfuerzos policiales en su búsqueda. No es posible que sólo se lleve a efecto en forma esporádica, una o dos veces por semana, porque no sirve.
En consecuencia, queremos pedir que el director nacional de la Policía de Investigaciones colabore en esta búsqueda a través de equipos sofisticados y de personal.
Agradezco la preocupación de radio San Gabriel , de Fresia, que ha sensibilizado a la opinión pública sobre esta materia. También, a Chilevisión, el único canal -a pesar de que todos los demás canales han sido llamados por la familia- que se ha preocupado de enviar a profesionales para dar a conocer este caso a la opinión pública. Sobre el particular, deseo manifestar mi profunda decepción respecto del canal de todos los chilenos y del canal 13, que es católico. Ricardo Marín Barría estudió en la Universidad Católica, ha hecho clases de religión a más de 5 mil alumnos y, a pesar de que la familia ha pedido apoyo a dicha estación televisiva -sabemos que cuando existen desapariciones, los medios de comunicación cumplen una labor vital para que el tema no salga de la agenda noticiosa-, no ha obtenido ni siquiera una respuesta negativa, lo que considero lamentable.
A mi juicio -lo digo para todos los amigos de Fresia y de la provincia, que nos escuchan en este momento a través de la radio San Gabriel -, no debiera ser necesario tener un apellido con estatus o connotado para que exista preocupación por buscar a las personas desaparecidas, y los canales que, se supone, pertenecen a todos los chilenos, deberían prestar su colaboración en esta tarea.
Por lo expuesto, pido oficiar al director nacional de la Policía de Investigaciones , a fin de solicitar su apoyo para que, en esta búsqueda, la institución policial a su cargo desempeñe un rol mucho más gravitante que el que ha jugado hasta hoy.
He dicho.
El señor PÉREZ ( vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECONOCIMIENTO A PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE COMUNA DE LANCO. Oficios.
El señor PÉREZ (vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, deseo dar a conocer la labor y relatar la experiencia de una mujer con quien conversé en forma personal.
Paola Matamala Fernández es profesora de educación básica de la comuna de Lanco. Estudió en la Universidad de Los Lagos y obtuvo su título gracias a un programa especial, que le permitió asistir a clases sólo los días sábados, porque en la semana debía trabajar para colaborar con los gastos de su familia.
Sus estudios los realizó entre 1997 y 2000 y siempre se destacó por ser una alumna ejemplar.
Su núcleo familiar está compuesto por su esposo Fernando y sus tres hijas, Elena , Antonia e Ignacia , quienes han sido su principal motivación para lograr todas las metas que se ha propuesto en la vida. Ha sido una excelente esposa y una madre abnegada.
Además, como profesora, su desempeño no ha sido menor. Trabaja desde hace seis años en la escuela Felipe Barthou , de la municipalidad de Lanco, y desde entonces ha mostrado una excelente relación con sus apoderados y, sobre todo, con sus pequeños alumnos.
Pero lo que me interesa destacar de esta profesora -y es el principal motivo de esta intervención- es que, en la última evaluación docente, dada a conocer en marzo de este año, obtuvo la más alta calificación de la comuna, que le permitió estar incluida en la categoría de “destacados”; fue la única profesora de Lanco que tuvo tan magnífico desempeño.
Sin duda, deberían ser más las profesoras y profesores que alcancen tan distinguida calificación, lo que, a lo mejor, no haría necesaria esta mención. Pero, lamentablemente, los últimos datos entregados por la evaluación docente confirman que esto está lejos de suceder.
Quiero recordar que los datos entregados por el Ministerio de Educación indicaron que el 37 por ciento de los profesores cumple sólo con los requisitos mínimos para ejercer la docencia, mientras que un 3,8 por ciento fue reprobado. Sólo el 7 por ciento alcanzó la categoría de “destacados”.
Pero, aparte de la importante calificación obtenida por Paola, quiero destacarla por lo que representa como mujer. Ella tiene una envidiable vocación de servicio social. Su motivación y determinación por el trabajo son su mayor virtud.
Durante su joven carrera profesional, nunca ha perdido la fuerza y siempre se ha visto con una sonrisa en el rostro cuando está con sus hijos y con sus queridos alumnos en la escuela Felipe Barthou .
La comunidad de Lanco la quiere y respeta. Si bien la buena calificación recibida es una gran motivación para continuar trabajando, el mayor motivo de Paola para seguir desempeñando sus funciones es la sonrisa que día a día ve en los niños que educa.
Para finalizar, quiero destacar al gremio de los profesores por la importante tarea que realizan en materia educativa en todo Chile, especialmente profesoras y profesores que trabajan en sectores rurales y lejanos, donde llegar a clases es todo un desafío.
Por lo anterior, pido al Gobierno y a mis colegas hacer un real esfuerzo para tener más profesores destacados, como Paola Matamala , en nuestro país.
Solicito que se oficie a la Municipalidad de Lanco, a fin de que se le haga llegar copia de mi intervención a Paola Matamala y al Colegio de Profesores de dicha comuna.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A YACIMIENTOS MINEROS EN LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , hoy, a propósito del alto precio del cobre, en la Región de Atacama, particularmente en las comunas de Vallenar, Tierra Amarilla y Caldera , el pequeño minero y el pirquinero está haciendo grandes esfuerzos por tratar de abrir nuevos yacimientos y extraer el mineral desde las entrañas de la tierra.
A pesar de tales esfuerzos de los pequeños mineros, existen áreas en las que es necesario que participe el Estado para apoyar la iniciativa de personas de escasos recursos, que buscan ese mineral con sus propias manos, sobre todo en Vallenar, donde la cesantía es una de las más altas del país -sobre dos dígitos-, a pesar de las riquezas que tiene.
Una de las cosas que puede hacer el Estado para apoyar el desarrollo, sin temer que se entreguen recursos que pudieran caer en el vacío, sino que, por el contrario, den trabajo a la gente y, además, riqueza al país, es mejorar los caminos de acceso hacia pequeñas minas y pertenencias. Esta es una forma de desarrollar la pequeña y mediana minerías en la región.
Hoy, a través de la Enami, la Empresa Nacional de Minería, de la Corfo, del mismo Ministerio de Minería, de los proyectos PAM y de las instancias que tiene el gobierno regional de Atacama, tanto Vialidad como Obras Públicas , deberían apoyar a los pequeños mineros en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de caminos de acceso a las minas y pertenencias, sobre todo, porque para ellos es muy difícil contar con recursos para llevar a cabo una obra de esa envergadura.
Por ello, me parece de toda justicia dar apoyo al pequeño minero, lo que permitirá, además, que los minerales que se extraigan también formen parte de la riqueza del país, ya que el dinero que finalmente signifiquen servirá al Estado para reembolsar lo que se gaste en el mejoramiento de caminos de acceso a las minas y pertenencias.
En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Minería, con el objeto de que vea la posibilidad de apoyar al pequeño minero y al pirquinero en todo lo que se refiere al mejoramiento de caminos mineros, ya que es una necesidad esencial para que la minería pueda aprovechar el buen momento que tiene el precio del cobre.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
INSTALACIÓN DE GRIFOS DE AGUA Y REVISIÓN DE ACCESO A ROSARIO. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer .
El señor BAUER .-
Señor Presidente , este fin de semana el distrito Nº 33, que represento, fue conmovido por dos hechos bastante impactantes. El primero, un incendio ocurrido el jueves en la tarde consumió completamente el restaurante “Juan y Medio”, que, como ustedes saben, es un hito gastronómico en nuestra región. Su propietario, don Hugo Barrera y toda su familia han sufrido una gran pérdida. Sin embargo, estos siniestros dejan al descubierto algunas deficiencias.
Por lo tanto, pido se oficie al alcalde de la Municipalidad de Rengo y, por medio del Ministro de Obras Públicas , al director de Vialidad para que vean la posibilidad de instalar más grifos en Rosario, ya que actualmente sólo cuenta con tres para todos sus habitantes, lo cual hizo tremendamente difícil el accionar de bomberos, que no pudo detener el voraz incendio.
En segundo lugar, en el paso sobrenivel que accede a Rosario dejaron dos islas que sólo sirven para estrechar la llegada al pueblo, lo cual ocasionó que varios carros bomba estuvieran a punto de volcarse por la mala señalización y la estrechez del camino.
Por lo tanto, pido se oficie al ministro de Obras Públicas para que se lleve a cabo una revisión del camino de acceso a Rosario.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
GUARDAVÍA PARA CRUCE FERROVIARIO LOS LIRIOS, EN COMUNA DE REQUINOA. Oficio.
El señor BAUER .-
El segundo hecho que conmovi{o a mi distrito ocurrió en el cruce ferroviario Los Lirios , en la comuna de Requinoa. El tren que iba a Temuco impactó a una camioneta, hecho que dejó un saldo de cuatro personas muertas en forma instantánea y una quinta al día siguiente.
A raíz de la concesión de la carretera, la gente de Requinoa se ve obligada a entrar y a salir por dicho cruce ferroviario, el cual tiene guardavías sólo hasta las 23 horas; el accidente se produjo a las 23.20 horas.
En consecuencia, pido se oficie al presidente del directorio de Ferrocarriles del Estado para que vea la posibilidad de tener un guardavía las 24 horas del día en dicho cruce ferroviario, porque no se trata de un cruce cualquiera, sino que es la puerta de ingreso y de salida de la gente de Requinoa; todos sus habitantes están obligados a transitar por allí, debido a que la carretera hoy está concesionada, y eso les evita pagar peaje.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE BONO DE DESEMPEÑO A EJECUTIVOS DE CODELCO CHILE. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , hace un tiempo, el país conoció el monto de los recursos que todos los chilenos les pagaron, como bonos de desempeño, a los ejecutivos Rol E de Codelco Chile.
Una de las grandes ventajas de que una empresa ocupe los convenios de desempeño es que sus variables económicas aislan cualquier efecto precio. Respecto de ello los ejecutivos no tienen incidencia, especialmente en el caso del cobre.
En su exposición en la Comisión de Minería, el presidente ejecutivo de Codelco , señor José Pablo Arellano , no contaba con la información veraz para hacer una buena defensa de las razones por las cuales, durante 2004, se otorgó el bono de desempeño a los ejecutivos de Codelco. A todas luces, en su otorgamiento se cometieron graves irregularidades. El señor Arellano , a quien, reitero, no le proporcionaron toda la información, explicó que para el otorgamiento de cualquier bono se aíslan los efectos del precio del cobre y del molibdeno. En ese instante, la senadora Evelyn Matthei le entregó unos documentos al presidente ejecutivo de Codelco en los cuales se refutan los datos que sus asesores le habían entregado hacía poco rato, pues en 2004, en el caso de Codelco Norte no se aisló el efecto del precio del cobre y del molibdeno. La razón es muy simple: no daba el ancho para el otorgamiento de esos bonos.
Por ello, en los próximos días, los parlamentarios de la UDI le entregaremos al presidente ejecutivo de Codelco un set de antecedentes que van a demostrar que los ejecutivos de muchas divisiones de Codelco no merecían recibir esos bonos.
Además, dichos bonos no deberían haberse pagado porque la mayor creación de valor de la empresa no se produjo. Hubo una diferencia de 800 millones de dólares en contra.
Tampoco se cumplieron muchos de los requisitos necesarios para otorgar ese tipo de bonos. La principal variable, que pesa un 60 por ciento, la constituyen los convenios de desempeño divisionales. En ese 60 por ciento está considerada la creación de valor. Debemos recordar que ésta se divide en dos: el aumento del VAN y el flujo de caja operacional. Sabido es que el aumento del VAN de 2004 fue desastroso y Codelco perdió valor en más de 800 millones de pesos. Las divisiones también tuvieron nota uno en esta variable. La otra variable para este 60 por ciento es el flujo de caja operacional, que necesariamente tenía que ser arreglada ya que depende de dos factores claves del negocio: la producción, en la que no se cumplieron las metas, y los costos. Si hay una buena gestión en estos factores, la caja operacional tendrá un buen resultado.
La producción real de Codelco Norte fue de 982 mil toneladas. La producción presupuestada para el año eran 1.002.000 toneladas. Ello implica una variación de un 19,4 por ciento menos. Los costos reales fueron de 1.438 millones de dólares; el presupuesto era de 1.247 millones de dólares, lo que significa una variación de un 19,1 por ciento en contra. El costo y gasto total, en general, fue de -8,7 por ciento respecto de lo presupuestado.
La caja operacional también bajó respecto de lo estimado. Lo presupuestado eran 2.595 millones de dólares. Lo real fueron 2.506 millones de dólares. En el caso de la división Salvador , para qué decir.
La división Andina sería la única que cumplió con el flujo de caja operacional, pero ese año tuvo una pérdida de valor de alrededor de 50 millones de dólares.
¡Y para qué hablar de El Teniente! En conclusión, es indiscutible que el presidente ejecutivo de Codelco no tuvo la información a la mano para entregarla a la Comisión de Minería, porque sus asesores no le informaron bien. En este caso, estamos en presencia clara y reconocida de un manejo de información pública, con el fin expreso de otorgar un mayor bono de desempeño.
Por eso, pido oficiar al presidente ejecutivo de Codelco , a fin de que nos informe, con documentos oficiales sobre:
Primero, la presentación oficial de todas las divisiones en el comité ejecutivo del 28 de enero de 2005.
Segundo, informe oficial interno de gestión de la Corporación de 2004.
Tercero, los convenios de desempeño de todas las divisiones, aislando el efecto precio del cobre y del molibdeno. A su vez, el flujo de caja operacional que sustenta el convenio de desempeño y el cálculo de la partida de ingreso molibdeno.
Cuarto, las categorías que tenían los dirigentes sindicales el 2000 versus el 2005 y los montos en viáticos y pasajes al extranjero entregados a esos dirigentes entre el 2000 y 2005. Asimismo, las contrataciones de hijos o parientes de dirigentes sindicales en los distintos roles de Codelco, el monto de los préstamos otorgados por año a los sindicatos en cada una de las divisiones y la condonación de los mismos si es que existió.
Quiero que el oficio se haga llegar al presidente ejecutivo de Codelco y a su directorio, al Contralor General de la República y a la ministra de Minería.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN APLICABLES A SANTIAGO. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , en esta oportunidad, quiero referirme al grave problema de contaminación que sufre la ciudad de Santiago, cosa que se repite año a año y que ha dado muestras de la falta de eficiencia de los sistemas de control de contaminación.
En ese sentido, una de las situaciones que más molesta a la ciudadanía, además de sufrir las consecuencias del smog y de la contaminación, es la restricción que se aplica a los vehículos catalíticos, los cuales fueron comprados con mucho esfuerzo. Sin embargo, cada vez que hay emergencia, la primera medida que se les ocurre a las autoridades es restringir su circulación.
Sin embargo, si revisamos el plan de descontaminación ambiental de la ciudad de Santiago, podremos constatar que hay cientos de medidas sencillas que se podrían aplicar y que ayudarían muchísimo a evitar la suspensión de moléculas de tierra en el aire.
Los diputados Patricio Melero y Gonzalo Uriarte hicieron una amplia presentación de todos los puntos que hay que reforzar para controlar la contaminación; pero ninguno de ellos se refiere a la restricción en el uso de vehículos catalíticos.
Entre las muchas personas que nos escriben y nos hacen estos comentarios, un ingeniero civil nos planteó que la ley general de Urbanismo y Construcciones dispone una serie de medidas para controlar la suspensión de tierra por las excavaciones, las urbanizaciones y la construcción de edificios, casas, centros comerciales, líneas de metro, calles, avenidas -cientos de obras donde se mueve tierra-. Sin embargo, la gran duda es si, a través de los municipios y del propio Ministerio de Vivienda, estas obras son fiscalizadas, a fin de evitar que el movimiento de tierra contamine el medio ambiente. Más aún, en forma simple y lógica, dice que de esas obras sale toda clase de vehículos a la vía pública, inundando las avenidas a toda hora, especialmente, camiones que transitan con sus ruedas llenas de tierra o con barro, cuando llueve. Al respecto, la Ordenanza establece que los vehículos deben salir desde las obras sólo una vez que sus ruedas hayan sido lavadas, pero estoy segura de que esa disposición se cumple en escasas oportunidades, porque he podido apreciar las condiciones en que los camiones circulan por las calles.
Dice que esto provoca que las calles cercanas estén llenas de tierra que, al secarse, es levantada por los vehículos que circulan por ellas, incorporándose al aire como material particulado en suspensión.
Si a esto agregamos la protección que deberían tener las obras de construcción para evitar la contaminación acústica y ambiental por movimiento de tierra seca, les puedo asegurar que son muy pocas las faenas que cumplen con esa disposición.
Otra idea que me parece buena, relacionada con el plan de descontaminación, y que debería ser acogida por la Comisión, es la creación de un sistema de denuncia ciudadana, a través de una línea 800, de manera que los ciudadanos puedan denunciar situaciones contaminantes, tales como la extracción y venta de áridos en la ciudad, quemas ilegales, etcétera, a fin de evitar que se castigue a la ciudadanía con la restricción del libre tránsito de vehículos catalíticos, con lo cual se pretende, supuestamente, disminuir la contaminación, cosa que no está comprobada.
Por último, en la larga lista de medidas propuestas por la Unión Demócrata Independiente, que no alcanzaré a leer, hay una que me parece muy interesante: crear un fondo para comprar vehículos antiguos y sacarlos de circulación. Se dice que con 50 millones de dólares se podría sacar de circulación a aproximadamente 80 mil vehículos antiguos, lo que reduciría las emisiones contaminantes. Y en relación con el plan Transantiago, se podría hacer lo mismo con los microbuses antiguos que aún están en circulación, de manera de incorporar a los más nuevos.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda , a fin de que, por una parte, nos informe, de acuerdo con esa simple norma de la ley general de Urbanismo y Construcciones, cuál es el grado de fiscalización que se puede efectuar sobre el movimiento de vehículos que salen de las obras en construcción y, por otra, para que ese ministerio oficie a todos los municipios, a fin de que esta fiscalización se haga efectiva y así contribuir a la disminución de la contaminación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SITUACIÓN ACTUAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , sólo para hacer un reclamo en representación de los agricultores tradicionales, especialmente, del sur.
Hoy, el clamor del campesino, del pequeño agricultor -que, una vez más, ha sido olvidado en los debates nacionales-, es saber a dónde irán los bienvenidos excedentes del cobre, tema central en todos los comentarios y tocado por ministros y otras autoridades.
Chile tiene pobreza. Quizá se conozca aquella que sufren quienes viven en los grandes centros metropolitanos, pero no la triste pobreza del mundo rural, la de ese campesinado que, al no tener apoyo del Gobierno, día tras día, debe emigrar a las ciudades, aumentado los niveles de cesantía.
Mi reclamo de hoy es por qué la autoridad aparece tan insensible frente a los graves problemas que vive el mundo campesino.
La pequeña agricultura tradicional campesina está en crisis y no tiene el apoyo suficiente. Esto es reconocido por quienes trabajan en ella, por las autoridades -el mínimo, por supuesto- y por profesionales que llegan a los lugares donde ella se desarrolla a ver las tristes condiciones de vida de nuestro campesinado.
Por eso, aunque sólo se trate de un comentario, me habría gustado que alguna autoridad relacionada con la agricultura siquiera hubiera mencionado la pobreza en que vive ese mundo.
Al parecer, todo apunta a que hay que ser un buen economista, a que hay que guardar dinero para el 2015, etcétera. ¿Y la pobreza de hoy? No importa; que continúe.
Estoy en desacuerdo con quienes hacen ciertos comentarios para lograr sus objetivos; pero esos comentarios no dicen relación con la verdadera pobreza, miseria e indigencia que vive el país. Al parecer, nos olvidamos de esto y creemos que ya somos un país desarrollado.
En una época en que los campesinos chilenos pasaban momentos muy difíciles, las autoridades llegaron al extremo de decir que, si tenían, que se comieran las vacas. No quiero que eso vuelva a ocurrir, sino que, de una vez por todas, el favor llegue también a quienes tienen menos en ese mundo escondido que, a lo mejor, algunos no conocen: el campesino.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención a los ministros de Agricultura y de Hacienda.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Amelia Herrera .
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A PEDREGOSO Y EXENCIÓN DE COBRO DE PEAJE EN TÚNEL LAS RAÍCES, EN COMUNA DE LONQUIMAY. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , la comuna de Lonquimay es la más grande y una de las que tienen mayor ruralidad en la Región de La Araucanía. Su límite con Argentina sobrepasa los 120 kilómetros, lo que indica que es muy extensa.
Por lo demás, su señoría la conoce muy bien, porque como diputado por Los Ángeles , visita con mucha frecuencia la comuna de Alto Biobío, que -entiendo- también es parte de su distrito. De manera que estará de acuerdo conmigo en que hay allí un gran problema de conectividad vial, sin desconocer los grandes esfuerzos que en los últimos años se han hecho en materia de infraestructura caminera.
Sin embargo, subsisten muchas dificultades. La localidad de Pedregoso, con más de mil quinientos habitantes -un sector concentrado ubicado a ocho kilómetros del Camino Internacional que va desde Lonquimay hasta Liucura hacia el Paso Internacional Pino Hachado -, tiene grandes problemas de conectividad, por cuanto el camino de tierra que llega allí es antiguo, ripiado en algunas partes, pero que está en malas condiciones y queda cubierto de nieve durante gran parte del año.
Por tal razón, el alcalde de Lonquimay, don Guillermo Vásquez , como los habitantes de ese populoso sector rural, las juntas de vecinos y las comunidades mapuches y pehuenches de zonas como Cou-Cou Mapu, Cajón de Paule , Quilmahue, Aguas Negras , Huaicantú y Litrancura, en atención a que el Ministerio de Obras Públicas tiene un programa de pavimentos básicos -el Día Panamericano del Camino, el 5 de octubre del año pasado, se celebraron los 5 mil kilómetros pavimentados bajo esta modalidad que ha traído muchos beneficios a la gente de los sectores más apartados- me pidieron, si se estimaba procedente y existía disponibilidad presupuestaria para ello, que planteara la posibilidad de realizar un estudio de ingeniería que permitiera diseñar la obra y, con el tiempo, asfaltar ese sector, lo que -insisto- beneficiaría a la localidad más populosa y extensa de la comuna de Lonquimay.
En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que el Departamento de de Vialidad elabore un diseño de ingeniería para el pavimento básico de los aproximadamente nueve kilómetros que van desde el camino internacional hasta la escuela de Pedregoso.
Otro problema que deseo plantear dice relación con el túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay, que tiene aproximadamente 50 años y constituye una maravilla de ingeniería en la zona sur. Es el túnel más largo de Sudamérica, con 4,5 kilómetros de longitud, y, por cierto, ha tenido un mejoramiento muy importante.
En el último tiempo, el Ministerio de Obras Públicas ha destinado gran cantidad de recursos a su mantención, pero eso no ha sido suficiente para superar las dificultades existentes allí: congelamiento de parte del túnel en la época de invierno y persistentes filtraciones, a pesar de las reparaciones de que ha sido objeto.
Hoy, ese túnel no es de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, sino de la Dirección de Vialidad, la cual cobra 1.200 pesos por concepto de peaje. Lonquimay es la única comuna de la región en que es necesario pasar por el túnel para ingresar a ella y, por lo tanto, pagar peaje. En otras comunas que están a un costado de la Ruta 5 Sur hay que pagar peajes laterales, pero el túnel no pertenece al sistema de concesiones. Entonces, si bien el servicio existente no es de los mejores porque las personas deben esperar un considerable número de minutos en las bocas sur y norte del túnel, es prácticamente la única ruta que existe para llegar a esa comuna tan lejana y apartada que limita -como digo- con la República Argentina.
Los representantes de las juntas de vecinos me plantearon la posibilidad de que los habitantes de Lonquimay que van diariamente a trabajar en sus vehículos o usan la locomoción colectiva queden exentos del pago de peaje, dado que -reitero- el túnel no está en el sistema de concesiones, sino que es una forma en que el Ministerio de Obras Públicas recupera los cuantiosos gastos que ha realizado, pero que no han resuelto el problema de fondo. Sin embargo, los camiones de gran tonelaje que transportan sustancias peligrosas deberían seguir pagando porque han aumentado considerablemente su flujo en el último tiempo. Además, se trata de un paso internacional.
Por lo tanto, pido que se oficie al mismo ministro de Obras Públicas y al alcalde de Lonquimay para plantearles lo señalado, con copia de mi intervención.
SOLUCIÓN DE CONFLICTO MAPUCHE. Oficios.
El señor QUINTANA.-
Por último, quiero referirme a la problemática mapuche, un conflicto que es del Estado chileno, de toda la sociedad, que aún no está resuelto y del que muchas veces no nos hemos querido hacer cargo como corresponde.
Valoro algunas iniciativas como la presentada por el diputado Leal y suscrita también por diversos diputados de la región, en el sentido de modificar la ley antiterrorista. También es valioso el esfuerzo de los senadores Girardi y Navarro por buscar una solución mediante una ley especial sobre libertad provisional, que el Senado votará en la sesión de mañana.
Sin duda, éste es un tema país que afecta a más de un millón de personas. En algunas partes, el hecho de usar una honda amerita aplicar la ley sobre control de armas, pero, en la región de La Araucanía, la ley antiterrorista.
En virtud de gestiones legislativas y políticas realizadas en los últimos días, en las cuales intervino, incluso, el obispo Manuel Camilo Vial , de la Región de La Araucanía, se puso fin a una huelga de hambre de más de 63 días. Si la ley se aprueba, se beneficiará a nueve personas aproximadamente, las que fueron procesadas porque los jueces llegaron a la convicción de que en ese caso se usó la violencia.
Asimismo, me preocupa la situación de dos jóvenes universitarios de Temuco, Álvaro Millalén Gutiérrez y Francisco Cayupán Ñirripil , de la comuna de Lautaro, quienes participaron en una movilización para adherir a la causa mapuche, en particular, con las personas que estaban en huelga de hambre. Pero sucede que ellos son los únicos que quedarán privados de libertad.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Justicia , a fin de que informen respecto de los sucesos ocurridos en la Región de La Araucanía, y de que los equipos jurídicos de ambas carteras estudien una fórmula para solucionar el problema mapuche.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SITUACIÓN DE DEUDORES DE LA EX ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO, ANAP. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la honorable diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , en el Congreso Nacional recibí a un grupo de dirigentes vecinales de diversas comunas en representación de un número importante de familias que me expusieron su dramática situación.
Se trata de deudores habitacionales de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, Anap, quienes, como muchos otros en el país, se sienten abandonados por el Gobierno frente al drama que viven.
En 1993, el Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto, hoy ley N° 19.199, que facultó al Presidente de la República para condonar la deuda histórica de los ex Anap, que data de hace más de cuarenta años, pero para hacerlo se exigía que los propietarios fueran poco menos que indigentes. ¿Eso es querer ayudarlos?
Quiero recordar que el drama de miles de familias se originó en el traspaso de los créditos a bancos o instituciones financieras privadas. Son deudores que han pagado por más de treinta años, no obstante lo cual, en algunos casos, el saldo pendiente es aún superior al valor comercial de la vivienda.
Uno de los orígenes del problema fue el cambio de las deudas de escudo a peso, y de éste a unidades de fomento. Sin embargo, lo más dramático es el cobro de intereses sobre intereses. Otro antecedente no menor es que muchas personas renegociaron su deuda a partir de 1982, por lo que se encuentran con los intereses acumulados para el final del crédito hipotecario, de manera que quizás cuántos años más deberán pagar para llegar a ser propietarios de sus viviendas.
Durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , se comprometió a hacer una propuesta para resolver este problema, pero nunca se hizo. Es más, se eludió enfrentar la situación.
Por otra parte, muchos de los deudores pertenecían a cooperativas de trabajadores que tenían sus dineros en el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, Sinap, que quebró en la década del 80, impidiéndose legalmente que las cooperativas pudieran recuperar sus recursos. Esos dineros continúan retenidos, porque la ley estableció que para que el Estado devuelva los mismos, el Presidente de la República debe aprobar la cuenta elaborada por la Caja Central de Ahorro y Préstamos, que administra el patrimonio de la ex Anap. Sin embargo, ni el Presidente Aylwin ni el Presidente Frei , ni el Presidente Lagos quisieron aprobar esa cuenta. ¿Cuáles fueron los motivos? Los deudores habitacionales los desconocen, al igual que esta diputada.
¿Hasta cuándo deberán esperar los deudores de la ex Anap para que se les dé una solución definitiva? ¿Es injusto lo que están pidiendo?
Por lo expuesto, pido que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República , a objeto de que, desde una perspectiva más social y humana, acoja la petición de miles de compatriotas que, siendo deudores de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, buscan, desde hace años, una solución a su grave problema.
Además, en consideración a los puntos señalados en la presente intervención, quiero recordar que muchos deudores no pudieron optar, cuando se dictaron las leyes que los beneficiaban, a los beneficios establecidos en ellas, porque, por una parte, no tenían la escritura de compraventa, ni tampoco estaban aclaradas las condiciones en que obtuvieron los créditos que habían contraído para adquirirlas.
Asimismo, uno de los requisitos establecidos por la ley para conceder los beneficios que otorga es que la vivienda no se encuentre en litigio, pero sucede que muchos de los dueños de esas propiedades se encuentran en juicios destinados a determinar cuál es el monto efectivo de la deuda.
Finalmente, como soluciones posibles, propongo que se instruya al Banco del Estado para que, como entidad financiera que administra recursos que pertenecen a todos los chilenos, inicie los estudios conducentes a que la cartera hipotecaria de la ex Anap, adquirida por esa entidad bancaria, sean revisados y, atendidas las particularidades de cada caso, entregue una nueva propuesta de pago de dividendos. Además, que se envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que, a través de los medios que el Ministerio de Hacienda estime convenientes, condone los intereses y multas respectivos.
Cabe hacer presente, como un mero antecedente, que hay deudores que no obstante haber pagado dividendos de 39.926 pesos en julio de 2005, en agosto del mismo año debieron pagar dividendos de 60.686 pesos y, a contar de septiembre, de 167.884 pesos.
¿Es ése un tratamiento justo para los deudores del Banco del Estado, adquirente de la cartera hipotecaria de la ex Anap? ¿Por qué en el caso de las demás entidades financieras, las privadas -recalco-, privadas, la situación no es mejor?
Muchos de los deudores ya perdieron sus casas, no obstante que pagaron dividendos por más de 20 años, por lo que, con creces enteraron el valor original de la vivienda.
Insisto en que éste es un problema social que requiere una solución urgente.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo y del que habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.07 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de asignación familiar. (boletín N° 4204-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad regular el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares causadas por hijos menores que vivan con ella, sin que requieran contar con la voluntad del beneficiario, e incorpora como causantes de asignación familiar los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
I. ANTECEDENTES.
La presente iniciativa forma parte del compromiso asumido por mi Gobierno para implementar 36 medidas que signifiquen más progreso para los chilenos en condición de vulnerabilidad.
Tal como lo dijo este Gobierno desde el primer día, todo el tiempo que tenemos estará dedicado desde un comienzo a servir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este País.
La asignación familiar se enmarca en esto, pues es un beneficio previsional cuyo objeto es ayudar a la mantención de las personas que viven a expensas del beneficiario.
Sin embargo, no siempre esta prestación beneficia efectivamente a los causantes de la misma, especialmente en el caso de menores. Por regla general, es la madre la que se ocupa del cuidado y mantención de los hijos, por lo que resulta de toda justicia que esta prestación se pague directamente a ella.
Actualmente, la legislación vigente faculta a la madre a solicitar se le pague directamente la asignación familiar causada por sus hijos menores que viven con ella, así como la propia.
II. EL PROYECTO.
No obstante, se ha estimado conveniente legislar para garantizar el ejercicio de esta facultad. Con tal propósito, por el presente proyecto de ley se modifica el artículo 7° del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estableciendo que al ejercer la referida facultad no será menester contar con el consentimiento del beneficiario. Asimismo, se establece que los empleadores y las entidades pagadoras de asignación familiar no podrán rechazar las solicitudes que las madres presenten al efecto.
En esta misma línea, y profundizando aún más nuestro compromiso, consideramos oportuno legislar en orden a incorporar, como causantes de asignación familiar, a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
El D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, contempla, entre los causantes de asignación familiar, a los menores confiados al cuidado de personas naturales sólo en el caso que se impute un hecho punible a menores de dieciséis años, o mayores, de esa edad y menores de dieciocho que hayan obrado sin discernimiento.
El presente proyecto de ley, permite que sean también causantes de asignación familiar cualquier menor de edad que se encuentre al cuidado de una persona natural en virtud de una medida de protección dispuesta por sentencia judicial.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
1) En las letras g) de los artículos 2° y 3° sustitúyese la frase “... lo establecido en el N° 4 del artículo 29 de la Ley N° 16.618” por “...una medida de protección dispuesta por sentencia judicial.”.
2) En su artículo 7º:
a) Agréganse, en los incisos segundo y tercero a continuación de los respectivos puntos apartes (.) que pasan a ser comas (,), la frase siguiente: “no requiriendo para ello el consentimiento del beneficiario.”.
b) Agrégase el siguiente inciso cuarto nuevo: “Los empleadores y las entidades pagadoras de las asignaciones familiares, no podrán rechazar las solicitudes a que se refieren los incisos precedentes.”.
Artículo Transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; OSVALDO ANDRADE LARA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL DERECHO DE LA MADRE A PERCIBIR DIRECTAMENTE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES E INCORPORA NUEVO CAUSANTE DE ASIGNACIÓN FAMILIAR
Mensaje N° 111-354
El presente proyecto de ley tiene por objetivo regular el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares causadas por hijos menores que vivan con ella, sin que requieran contar con la voluntad del beneficiario e incorpora como causantes de asignación familiar a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección.
La presente iniciativa legal tiene costo fiscal respecto de la incorporación de los menores como causantes de asignación familiar, esto es, 3453 nuevos causantes. Se consideró para la estimación del costo, la distribución de la población total para acceder a este beneficio.
Por lo anterior, el costo ascendería para el año 2006 a $ 65.705 miles y para el año 2007 a $ 131.409 miles.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el DFL N° 2, de 1998 sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. (boletín N° 3953-04).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en el Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo, en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. (boletín N° 4174-13).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
Moción de los diputados señores Ulloa , Arenas , Bobadilla , Egaña , Estay , Hernández , Norambuena , Rojas , Von Mühlenbrock y Ward . Modifica el artículo 52 de la Constitución Política, incluyendo al general director de Carabineros como autoridad acusable constitucionalmente. (boletín N° 4202-07)
“Considerando que:
1° En materia de responsabilidad de los más altos funcionarios del Estado, la propia Carta Fundamental de 1980 ha ideado un procedimiento a objeto de hacer efectivas dichas responsabilidades, el que se conoce como Acusación Constitucional.
Pues bien, dicha institución busca determinar posibles infracciones en una responsabilidad que es, al menos en teoría, eminentemente jurídica, lo que encuentra una clara concordancia con el sistema presidencial que nos rige.
2° La teoría constitucional ha establecido este procedimiento acusatorio para un determinado grupo de personas, que en ocasión del cargo que ocupan representan al Estado, en cuanto funcionarios de éste, y que en representación de las instituciones del Estado pueden, eventualmente comprometer los intereses del mismo, sobretodo, en lo que respecta al ámbito la defensa de la soberanía nacional.
3° Que es el propio artículo 52 número 2 de la Constitución Política de la República de 1980 el que agrupa a este selecto grupo de funcionarios públicos, que por importancia en el cargo que ocupan son susceptibles de ser acusados constitucionalmente.
4° Que el procedimiento constitucional busca establecer objetivamente la responsabilidad de las posibles autoridades acusables constitucionalmente, por los delitos penales, civiles o constitucionales que la propia Carta Política de 1980 prescribe.
5° Que dentro del numeral 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, se encuentran consignados como autoridades acusables los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. En consecuencia, en la medida que dichas autoridades infraccionen dicho precepto se pondrá en marcha el sistema acusatorio.
6° Que el legislador ha establecido un número cerrado de autoridades acusables, entendiendo como tal un listado taxativo de funcionarios públicos sujetos al procedimiento acusatorio. En consecuencia, no es posible encontrar más autoridades sujetas a dicho procedimiento que las consagradas expresamente por el legislador constitucional.
7° Que, a mayor abundamiento, el precepto constitucional original, en relación al tema de este proyecto de ley, contemplaba al General Director de Carabineros de Chile como autoridad susceptible de ser acusada constitucionalmente, el que con posterioridad fue excluido, demostrando con ello la clara intención del legislador de excluirlo.
8° Que dada la importancia del cargo en cuestión, General Director de Carabineros , y las atribuciones que le entrega la ley orgánica constitucional respectiva se hace imperioso regular la responsabilidad de dicho personero público, ya que el poder sin control, finalmente, es un sinónimo de irresponsabilidad lo que en un Estado moderno no es posible concebir.
Por tanto: Los diputados que suscriben vienen en presentar el presente proyecto de ley.
Proyecto de ley:
Artículo único: Agréguese al artículo 52 N° 2 letra d) de la Constitución Política después de la primera coma y antes de la expresión “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación seguido de una coma” lo siguiente:
Y el General Director de Carabineros de Chile".
Moción de los diputados señores Estay , Arenas , Bobadilla , Egaña , Hernández , Norambuena , Rojas , Urrutia , Von Mühlenbrock y Ward . Modifica la obligación del deudor de pagar los costos de información al pago de la deuda, establecido en la ley N° 19.628. (boletín N° 4203-07)
“Considerandos:
1° Que, en la práctica, gran parte de los chilenos, y como una forma de regularizar su respectiva situación financiera, acceden al pago de las deudas contraídas con diversas instituciones financieras y otras del sector.
2° Que dicha obligación recae como, naturalmente corresponde, en la persona del deudor en lo relativo al pago del capital adeudado al acreedor. Sin embargo, la actualización y el costo de la información de éstas siguen perteneciendo al propio deudor.
3° Que, en la realidad es el deudor quien, no tan sólo debe concurrir al pago .de la acreencia pendiente, sino que también debe consolidar el pago en las instituciones que ostentan la información financiera o al responsable del registro o banco de datos financieros de la cada una personas, con el objeto de regularizar dicha situación los deudores deben acceder al pago íntegro y oportuno de la información que maneja el banco de datos de informe financiero.
4° Que en la práctica, los deudores pagan 2 veces, la primera la acreencia (situación que por cierto es lógico) y luego, para cerrar el círculo de La deuda, en la institución o banco de registro de información financiera para que la respectiva deuda quede firme, sin cuestionamiento alguno.
5° Que esta situación, no hace más que vulnerar los derechos de las personas que con sacrificio acceden al pago de las deudas pendientes, encontrándose más tarde, con un verdadero impedimento en la regularización final al tener que desembolsar nuevamente un porcentaje considerable a objeto de consolidar el pago absoluto de la deuda..
6° Que sin lugar a dudas, en la situación actual es el deudor quien se encuentra en una posición de inferioridad frente a los acreedores y a la institución o registro de banco de datos financieras, en virtud de los argumentos expresados en los considerandos anteriores.
7° Que, necesariamente cuando el deudor regulariza una situación financiera directamente con el acreedor, por ese solo hecho se produce el pago de la deuda de tal manera que de esa forma quedaría regularizada la deuda. Naturalmente cuando una persona aparece como deudor moroso en el sistema financiero y más tarde paga esa deuda, la información en el banco de registro financiero sigue figurando, lo que demuestra que la información presentada al público en general se encuentra pendiente, salvo que el propio deudor pague por la aclaración respectiva, de tal manera que la información seguirá figurando pero esta vez de de forma errónea.
8° Que en la práctica, las aclaraciones pagadas por los deudores hoy en día representan un significativo ingreso a los bancos de datos financieros.
9° Que, en virtud de este proyecto de ley, lo que se pretende es darle una movilidad más activa a los deudores a fin de que estos puedan, al momento de pagar o extinguir su obligación financiera por cualquier otro medio, ser considerados nuevamente en el sistema financiero formal, y con ello propender, no tan sólo a la reactivación de la economía, sino también a la igualdad jurídica en materia de cobro y pago de deudas.
Por lo anterior, se somete a consideración de la Honorable Cámara. El siguiente proyecto de ley:
Proyecto de Ley:
Artículo único: Eliminase del inciso 2° del articulo 19 de la ley 19.628 la expresión “con cargo al deudor” y sustitúyase por la siguiente:
“..., los gastos producidos por dicho trámite se entenderán incluidos dentro de los gastos de cobranza.”