Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Fernando Meza Moncada
- Patricio Walker Prieto
- Clemira Pacheco Rivas
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Pedro Hector Munoz Aburto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Quintana Leal
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pedro Araya Guerrero
- Cristian Monckeberg Bruner
- Sergio Correa De La Cerda
- Javier Hernandez Hernandez
- Denise Pascal Allende
- Amelia Herrera Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Quintana Leal
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 24ª, en miércoles 10 de mayo de 2006
(Especial, de 16.04 a 17.55 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Resolución de conflictos entre empresas concesionarias de obras públicas y el Estado. Proyecto de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal, Bustos, Araya, Díaz del Río, Jarpa, Ojeda, Pérez y Quintana, que modifica la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad (boletín N° 4199-07) 29
VII. Otros documentos de la Cuenta.
Comunicaciones.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Libanés por la cual informa que procedió a constituirse y eligió como presidente al diputado señor Errázuriz y como vicepresidentes a los diputados señores Meza y Walker y a la diputada señora Pacheco, doña Clemira.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse con permiso constitucional, no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Marco Enríquez-Ominami y Eugenio Tuma.
-Concurrió, también, el senador señor Pedro Muñoz.
-Asistió, además, el ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.04 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Esta sesión ha sido motivada en una presentación suscrita por 48 diputadas y diputados, y tiene por objeto analizar el sistema de resolución de conflictos entre las empresas concesionarias de obras públicas y el Estado, con ocasión de la ejecución de las obras y de la administración de las concesiones respectivas.
A esta sesión ha sido citado el ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán Colodro.
El tiempo previo de 15 minutos, consignado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , el objetivo de esta sesión especial es considerar el sistema de resolución de conflictos entre empresas concesionarias de obras públicas y el Estado. Quiero valorar y agradecer la presencia en esta sesión del señor ministro de Obras Públicas , don Eduardo Bitrán .
No se puede hacer un análisis serio y objetivo del sistema de concesiones sin antes reconocer su gran aporte al país, en orden a transformar completamente la infraestructura vial, resolver las principales dificultades en materias de conectividad, superar el aislamiento en diversas regiones y dotarlo de carreteras más seguras, confortables y con indiscutida belleza escénica.
En materia de seguridad, sólo basta comparar la tasa de accidentes de tránsito con resultados fatales de hace una década con lo que ocurre hoy, cuando se cuenta con una doble vía a lo largo del país, para darnos cuenta de la envergadura de este cambio. En definitiva, rutas más seguras.
Lo que es inobjetable es que estas transformaciones e inversiones o se hacían por la vía de concesiones o no las hacía nadie, porque al Estado no le resultaba rentable inversiones de esta naturaleza.
Hoy nos encontramos con un escenario propicio en este ámbito para dar un nuevo salto, similar al que tuvimos en el pasado, corrigiendo lo que hay que corregir, pero planteándonos otros desafíos. Ha sido el propio ministro Bitrán quien ha sugerido concesiones de segunda generación. La conservación de obras como una posibilidad a explorar, tomando en consideración el alto costo que el Estado hace actualmente en reponer obras, en circunstancias de que invertir en la conservación tiene una proporción de tres a uno en favor del fisco y, por supuesto, mantener y corregir el sistema de concesiones para recintos penitenciarios y hospitalarios.
Quiero detenerme un poco, especialmente en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, pues es evidente que ha habido dificultades. Hemos sido testigos de cómo las cárceles, especialmente del grupo 2 de la concesión, que son las de Antofagasta y Concepción, se encuentran con un retraso de mucho tiempo, con obras paralizadas desde hace 14 meses. Además, vemos con preocupación que los costos de éstas han aumentado en más de un ciento por ciento. Creemos que eso no puede seguir ocurriendo en las obras concesionadas, ni tampoco en las licitadas, donde, finalmente, el costo de los contratos termina siendo muchas veces un 40 ó 50 por ciento superior. A veces, esto pasa con las obras a las cuales se les ha asignado un presupuesto mucho menor. Lo vemos hasta en los caminos rurales, en regiones como La Araucanía, donde un camino del plan PDI de vialidad termina costando mucho más o no realizándose en los plazos comprometidos.
Para avanzar en ello, debemos poner estos problemas existentes sobre la mesa, que son el aumento en los plazos y el aumento significativo en el valor de los proyectos en relación con los montos licitados. Algo falló, hay que ver qué pasó. ¿Por qué un proyecto que cuesta 100 termina costando 140 ó 150, cuando a veces no ha transcurrido un año calendario desde el momento en que se elaboraron las bases de la licitación y se presentaron las especificaciones, y donde hubo inspectores que observaron el proceso?
Sin embargo, se ha visto que el actual sistema de la comisión arbitral es una herramienta que permite a las empresas demandar al Estado y ganar el juicio. En consecuencia, como se trata de un sistema en el que el Estado siempre pierde, valoramos los anuncios hechos por el ministro, en el sentido de que se requiere renovar el sistema de concesiones en el Ministerio de Obras Públicas.
Creemos que éste es el momento para discutir temas controversiales como el aumento de los plazos, el incremento significativo del valor de los proyectos en relación con los montos en los cuales fueron licitados y el inadecuado mecanismo de resolución de controversias mediante la comisión arbitral, que ha provocado que el mayor costo de las obras públicas lo haya pagado el fisco, con varios cientos de millones de dólares adicionales en lo que va de la última década y, por supuesto, los usuarios, al constatar que éstas no pueden ser entregadas a la comunidad en los plazos establecidos y comprometidos.
Aparte del ejemplo de la construcción de las cárceles que se señaló recién, el diputado González se va a referir in extenso a una situación que preocupa mucho a los habitantes de la Quinta Región, como es la entrega de las obras del proyecto de acceso sur a Valparaíso a través del camino La Pólvora, en la quebrada Las Ánimas, que permitirá que una gran cantidad de camiones dejen de transitar por la ruta 68 hacia el puerto, lo cual dará más seguridad a una carretera, que tiene componentes turísticos.
Curiosamente, el plazo de entrega de esa obra era el día de hoy, 10 de mayo, pero podemos constatar, como lo han hecho el alcalde de Valparaíso , el seremi de la Quinta Región y el propio señor ministro , que todavía falta bastante para esos efectos.
Por ello, se hace necesario modificar la ley de concesiones y la comisión arbitral, a fin de vigilar de la mejor forma posible el destino de los recursos del Estado, sin que ello signifique paralizar el sistema de concesiones y las transformaciones hechas en los últimos años en beneficio del país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , cuando solicitamos esta sesión especial, con el apoyo de un importante grupo de parlamentarios de la Concertación, lo hicimos pensando en la necesidad que tenemos en esta Corporación de analizar y debatir con seriedad y altura de miras uno de los aspectos más sensibles del proceso de modernización que ha tenido la política de generación de infraestructura pública en Chile en los últimos cien años de la historia republicana.
Cuando a principios del gobierno del Presidente Aylwin se comenzó a explorar en la creación de un instrumento que permitiera asegurar un crecimiento de la capacidad de generación de obras de infraestructura pública, redes de carreteras, puertos y aeropuertos, un grupo visionario de profesionales chilenos se atrevió a innovar en nuestro anquilosado derecho público, creando los espacios para asociar al Estado con el sector privado, con la finalidad de generar proyectos de inversión que, por la vía de la concesión administrativa, permitieran satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura que demandaba nuestro constante crecimiento económico, el cual se mantiene casi por una década y media.
Cuando Chile crece, la demanda por interconectar centros productivos con puertos de embarque o con los mercados internos se hace urgente. Sin estas inversiones no habría sido posible desarrollar el actual modelo exportador, que es el sostén de nuestra economía. La carretera de la fruta en la Sexta Región y en la Metropolitana; la carretera de la madera en la Octava Región; la reforma de la ruta 68 en nuestra Quinta Región; el acceso a Temuco y a Concepción; las mejoras en la red vial de la Décima Región; los aeropuertos de Santiago, Iquique , Concepción, Puerto Montt y Balmaceda , y la modernización de todos los principales puertos de la república. Ésa es la envergadura de las obras efectuadas hasta ahora.
Lamentablemente, en los últimos días, en un ejercicio que sólo sirve para crispar el ambiente político, la Oposición ha emprendido una campaña de desprestigio en contra del Gobierno y de la figura del Presidente Ricardo Lagos , concentrando sus dardos en una cuestión que en el imaginario colectivo ya ha marcado el sello de su exitoso Gobierno: la modernización de la infraestructura pública. Creemos que esos intentos serán en vano, porque cada chileno que, día a día, utiliza las vías, los aeropuertos, el metro de Santiago o de Valparaíso y el tren de acercamiento en Concepción sabe perfectamente que esas mejoras en su calidad de vida son obras de un estadista de talla mundial.
Hoy, no queremos analizar el mérito del sistema de concesiones, pues es evidente que ha sido y seguirá siendo fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es más, en la actualidad Chile aparece como un interesante modelo a seguir por países con un nivel de desarrollo económico superior, como España, Grecia y Portugal. Agotados los recursos de cohesión de la unidad europea, a cuyo cargo se modernizó su infraestructura pública, esos países quieren recurrir a la asociación público-privada para financiar las mejoras en sus sistemas de comunicaciones.
Nada de lo dicho precedentemente puede ser obstáculo para tener una mirada crítica respecto de cómo está funcionando el sistema. El debate sobre esta materia está abierto; todo es opinable y, en ese ejercicio, queremos que se discuta la forma en que el Estado resuelve sus conflictos con las empresas concesionarias.
Hoy, en la Quinta Región, hay un problema de envergadura mayor, relacionado con la empresa concesionaria que se adjudicó la construcción -obra que hoy debía estar terminada- que se adjudicó la construcción y la administración del acceso sur a Valparaíso. Esa obra, que es fundamental para el posterior desarrollo de casi todos los proyectos de inversión vinculados al borde costero de Valparaíso y, por lo tanto, para el desarrollo turístico de Viña del Mar y de todas las comunas costeras de la Quinta Región, se encuentra paralizada, al negarse la empresa a aceptar las condiciones previamente establecidas en el contrato de obra pública.
Como bien ha señalado en declaraciones el ministro de Obras Públicas , las concesionarias, por la vía del aumento de obra sin licitación, en muchas ocasiones han obtenido pingües ganancias. El aumento de obras, en sí mismo, no es negativo. Es más, en materia de regulación de los contratos de obra pública, está contemplado desde hace mucho tiempo en nuestra legislación administrativa. Sin embargo, transformar la excepción en regla es una anomalía que causa perjuicio patrimonial al Estado y que termina lesionando todo el sistema concesional chileno.
Frente a las obras paralizadas, la amenaza de juicios en la justicia ordinaria y arbitrajes parados, los intereses fiscales comienzan a quedar arrinconados y, finalmente, son superados por la acción concertada, en algunos casos, de las empresas concesionarias.
Lo que hoy necesitamos es avanzar en la actualización del sistema concesional y, por eso, respaldamos la firmeza con que el ministro de Obras Públicas ha efectuado sus planteamientos y la modernización que está introduciendo en el Ministerio de Obras Públicas. Respaldamos especialmente la creación de una superintendencia que fiscalice las obras y mejore la gestión del sistema de obras públicas.
En relación con el origen de este debate, la paralización de las obras del acceso sur a Valparaíso por la acción unilateral de la empresa Ferrovial Agroman está causando un problema de gran envergadura a la región y poniendo en duda aspectos sustantivos del sistema que estamos analizando. Se trata de un proyecto cuyo costo, en total, alcanza la suma de 220 millones de dólares -130 mil millones de pesos-, lo que demuestra que es la obra pública más costosa que se haya ejecutado en la región y, probablemente, en todo Chile. No puede seguir detenida. Falta realizar las obras de instalación de losas en el túnel N° 1, adquirir e instalar el equipamiento de los túneles 1, 1A, 2 y 3 y terminar el viaducto que unirá los túneles con el puerto y que pasan sobre la avenida Antonio Varas .
Mientras estas obras, respecto de las cuales la concesionaria pretende obtener aumento del valor de la concesión, no se efectúen, todo lo pagado por el fisco tiene valor cero, pues la obra no se puede utilizar.
Por eso, solicitamos al ministro que intervenga en forma urgente en esta materia. Primero, creando las condiciones que permitan solucionar este conflicto específico y, segundo, legislando en conjunto con el Congreso Nacional, con urgencia, para modificar la ley de Concesiones, a fin de crear un sistema alternativo, eficaz y rápido, que permita resolver los conflictos público-privados y resguarde el legítimo interés público comprometido. Esto no sucede hoy en un sistema que, basado en el arbitraje, normalmente termina generando ventajas para las empresas concesionarias y entregándoles la posibilidad de dilatar sus decisiones. La dilación en la resolución siempre atenta contra el interés fiscal, y las concesionarias lo saben, pues los gobiernos, no las empresas, deben dar cuenta a la opinión pública sobre las obras que se atrasan o se paralizan indefinidamente.
En suma, la resolución de conflictos opera sobre la base de un sistema que está sobrepasado y que se ha constituido en perverso. Está estructurado de modo tal, que considera la posibilidad de que la concesionaria enfrente gastos extraordinarios, esto es, que no estaban considerados al momento de realizar la propuesta que les permitió adjudicarse la concesión de determinada obra. Tales gastos se pueden originar en situaciones muy diversas, por ejemplo, aumento de obra dispuesto por el Ministerio u ocurrencia de situaciones no previstas por las partes y que elevan los costos, como es posible que haya ocurrido en la construcción del acceso sur al puerto.
Sin embargo, respecto de estas cláusulas, denominadas cambios de las condiciones contractuales, no existe un adecuado sistema de resolución de conflictos. El problema se origina a partir de una práctica mañosa de las concesionarias que, con tal de adjudicarse una determinada obra, realizan ofertas económicas por debajo del costo, confiadas en que, a futuro, alegando una excesiva onerosidad sobreviniente o confiando, gracias a información privilegiada, en que se aumentará la cantidad de obras a un costo mayor por unidad, logran incrementos en el precio, lo que les permite obtener cuantiosas utilidades.
En este esquema, es obvio que se genera una distorsión del sistema de concesiones, ya que, en definitiva, una situación excepcional pasa a constituir regla, con todas las consecuencias desfavorables que importan, incluso, un costo mayor para el fisco.
A lo anterior, debemos agregar que en la actualidad varios ejecutivos de las concesionarias de obra pública fueron, hasta hace poco, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, de manera que se trata de personas que no solo aprovechan sus contactos a nivel ministerial en beneficio de las empresas que dirigen, sino que también la experiencia de haber participado en el diseño de los sistemas de concesiones.
Otra de las aristas del problema radica en que los contratos de concesión de obra pública, para los efectos de su revisión por excesiva onerosidad sobreviniente o por aumento de la cantidad de obras a ejecutar, contemplan normas de arbitraje que, a su vez, se insertan en el cumplimiento de la normativa legal sobre concesiones.
El arbitraje está a cargo de la denominada Comisión Conciliadora, compuesta, según la ley, por un profesional universitario designado por el Ministerio de Obras Públicas, por otro profesional universitario designado por el concesionario y por un tercer profesional universitario, que la preside, nombrado de común acuerdo por las partes.
Ocurre que el presidente de la Comisión Conciliadora opera como última instancia, y se ha convertido en una práctica habitual que las concesionarias que recurren a ella obtengan entre 30 y 40 por ciento del valor de sus demandas, lo que siembra un manto de dudas respecto de la imparcialidad con que procede, ya que, a veces, parece representar intereses de las partes en lugar de actuar como árbitro.
Por otro lado, con tal de forzar acuerdos, las concesionarias paralizan las obras, con lo cual generan un problema al fisco, en cuanto a que las necesidades públicas no son satisfechas.
En consecuencia, el sistema de resolución de conflictos, por una parte, y las cláusulas que permiten los aumentos extraordinarios de obra, por otra, requieren una urgente revisión y modificación, por cuanto al día de hoy, fundamentalmente por estas dos causas, se generan pérdidas al fisco y, en general, a todos quienes esperan beneficiarse con las obras públicas, como ocurre, por ejemplo, con las obras del acceso sur a Valparaíso, que permitirán un mejor desarrollo del mercado exportador chileno.
Termino mi intervención haciendo un llamado al ministro para que se avance con urgencia en estas materias. Contará con nuestro respaldo para llevar a cabo el proceso de actualización y modernización del sistema concesional, que se ha ido transformando en una piedra angular del modelo de desarrollo chileno. Pero, mientras hacemos esto, necesitamos atender las urgencias que, insisto, lesionan el patrimonio público y a los usuarios de las obras, que son patrimonio de todos los chilenos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, en realidad, son muy pocos los diputados que concurren a estas sesiones especiales.
Pido perdón por comenzar así mis palabras. Estoy entre quienes no estuvieron de acuerdo con firmar la petición de esta sesión, porque hace algunos días celebramos otra -el ministro también asistió a ella- para tratar una materia muy similar a la que motivó esta convocatoria. Los que asistimos a ella somos prácticamente los mismos que concurrimos hoy y somos, de una u otra forma, los diputados miembros de la Comisión de Obras Públicas.
El señor LEAL ( Presidente ).-
¿Me permite, señor diputado? Para información del ministro -porque usted lo sabe muy bien-, el 80 por ciento de los diputados se encuentra trabajando en las comisiones que están sesionando en forma simultánea con la Sala.
Puede continuar, su Señoría.
El señor LATORRE.-
Se repite la misma situación de la última sesión en que estuvo presente el ministro Bitrán y de la efectuada ayer, a la cual asistió el ministro Andrés Velasco . Y probablemente seguirá ocurriendo lo mismo en futuras sesiones especiales, en la medida en que se lleven a cabo en forma simultánea con las sesiones que celebran las comisiones. Me refiero a que quienes estamos aquí no podemos asistir a comisiones, porque la responsabilidad para con nuestras bancadas es estar presentes cuando se discuten determinadas materias en la Sala.
Quiero hacer presente este hecho -se lo digo a los colegas con mucho respeto-, porque si no nos ponemos serios para analizar estos temas, muchas de las personas que nos miran desde afuera van a sentir una suerte de preocupación por nuestra falta de aplicación, conocimiento y dedicación para tratarlos.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra hizo un largo discurso relacionado con el sistema de concesiones, señalando las dificultades que ve en la forma en que se dirimen los conflictos, cómo abusan las concesionarias, en fin, hizo una serie de alcances que le parecen pertinentes. Y dio como ejemplo una gran obra que está suspendida: el acceso sur a Valparaíso, que es muy importante para la Quinta Región. Pero -que me perdone el colega- ésa no es una concesión, sino un contrato similar a todos los que licita el Ministerio de Obras Públicas. En este caso, se trata de una obra que fue licitada en dos oportunidades. Primero se llamó a una licitación privada que fue objetada porque se consideró que sólo se había convocado a empresas chilenas, lo que no correspondía por equis razones. Entonces, el Ministerio resolvió que debía relicitar la obra. Así se hizo, y la licitación fue ganada por una empresa que opera en Chile como todas las demás y que hoy tiene algunas dificultades no menores para cumplir con los plazos que establece el contrato. Pero ese contrato de obra pública no tiene nada que ver con el sistema de concesiones.
Ahora bien, admito que un diputado se puede equivocar. Sin embargo, si hemos sido citados a esta sesión para analizar el sistema de resolución de conflictos entre las empresas concesionarias de obras públicas, pido que aquellos que firmaron la convocatoria tengan en cuenta, además, el éxito que han tenido las concesiones.
El caso aludido no es una concesión, sino un contrato de obra pública. Si la empresa no cumple con los plazos establecidos, tendrá las penas del infierno y deberá aplicarse lo que corresponde de acuerdo con la ley. No hay comisión conciliadora ni comisión arbitral. Se trata de un caso típico y tradicional, similar al de los contratos que históricamente se hicieron en nuestro país con cierta rigidez contractual, y no tiene nada que ver con el sistema de concesiones.
No quiero enmendarle la plana a mi colega Rodrigo González , sino que simplemente señalar que no estamos ante un caso de concesión. Con esto no quiero decir que todas las concesiones funcionen bien. Pero el ejercicio que hoy estamos haciendo, que me parece extraordinariamente necesario, debe hacerse en comisiones, ámbito en el que los diputados, de una u otra forma, se van especializando en determinadas materias.
Soy partidario de perfeccionar todas las normas del sistema de concesiones que lo requieran. No obstante, quiero señalar algo que ni siquiera depende de mí, sino que se trata de una idea fuerza que no podemos evitar, cual es que los problemas que hoy existen con determinadas concesiones deben ser resueltos en el marco de la ley y de los contratos vigentes. No puede pensarse en que los problemas que se han presentado en algunos casos serán resueltos con las normas que vamos a modificar y que tendrán vigencia en el futuro, ya que eso sería contrario al derecho porque no tendrán efecto retroactivo.
En consecuencia, plantear una situación conflictiva para analizar el sistema de resolución de controversias a futuro me parece un ejercicio académico válido. Sin embargo, hay que tener presente que las normas que perfeccionemos no nos servirán para resolver los conflictos existentes.
En ese contexto, partiendo de la base de que los problemas que hoy tenemos deben ser resueltos de acuerdo con la legislación y los contratos vigentes, solidarizo con la gestión del ministro Bitrán, quien ha hecho un esfuerzo desde que asumió la Cartera para determinar los desafíos futuro, entre los cuales está la solución de los problemas de las concesiones de cárceles, que son bastante complejos.
Reconozco sus esfuerzos para lograr soluciones en estos y otros casos conocidos a través de la prensa.
Desde el día en que el sistema de concesiones fue aprobado por unanimidad en la Cámara, al igual que sus modificaciones, se transformó en una política de Estado que si bien vale la pena evaluar permanentemente, es bueno apreciar su efecto en el mejoramiento sustancial de la infraestructura de nuestro país. Hace 10 años el déficit en infraestructura era de 12.500 millones de dólares, y aumentaba, en promedio, en 1.500 ó 2.000 millones de dólares anuales. En 10 años esa situación se ha revertido sustancialmente, no sólo debido a la asociación público- privada del sistema de concesiones, sino porque el Estado aumentó considerablemente sus recursos de inversión. De esa manera, se han podido ejecutar obras que no son rentables para los inversionistas privados. Por ejemplo, agua potable rural, mejoramiento de caminos secundarios, infraestructura pesquero artesanal y construcción de pequeños aeródromos. Todas esas obras son demandadas por la ciudadanía para alcanzar una mejor calidad de vida. Hace diez años y sólo con recursos fiscales, difícilmente se podrían haber concretado.
El sistema de concesiones ha sido exitoso, pero ello no quiere decir que no sea perfectible. En ese sentido, el ministro de Obras Públicas deberá hacer llegar a nuestra Comisión un proyecto destinado a analizar los ámbitos que requieran cambios, a fin de generar mejoras que permitan que, incluso, las denominadas concesiones de segunda generación puedan llevarse a cabo.
Al parecer, los mejores negocios para la inversión privada en obras de infraestructura ya han sido concesionados o existe alguna solución público-privada. En consecuencia, los proyectos que hoy pueden surgir son de una naturaleza distinta. Por ejemplo, la mantención de caminos secundarios, la extensión de la doble vía desde La Serena hacia el norte y otros que se encuentran visualizados, pero que no alcanzan la rentabilidad necesaria para incorporarlos al sistema de concesiones implementado en los últimos diez años.
A mi juicio, las reglas del juego para los inversionistas extranjeros han permitido no sólo emprender satisfactoriamente algunos proyectos, sino que también abordar casos críticos. Por eso, no comparto la opinión del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Habría que saber en cuántos casos el mecanismo de resolución de controversias ha sido exitoso y en cuántos no. No debemos exagerar la nota, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene una completa estadística acerca de cuánto es el mayor valor obtenido en las comisiones de renegociación o repactación por aumento de obra. En realidad, en promedio, no se alcanza a lo que señaló el diputado González . Es bastante menos, salvo el caso excepcional de la autopista Vespucio Sur , en cuyo contrato original no se consideraba la extensión de la línea 4 del metro. A la empresa concesionaria se le “metió en medio el metro”, lo que produjo un impacto de 120 por ciento de aumento en la obra respecto del contrato original. Ello corresponde a una obra adicional, inmensa, que no estaba considerada en la concesión original.
Solicito a los colegas que abordemos estos temas a través del diálogo con el ministro de Obras Públicas y presentando ideas o propuestas de solución que constituyan un aporte, pero sin afectar la confianza que, felizmente, Chile ha logrado generar en grandes inversionistas extranjeros, quienes se han atrevido a invertir en obras de infraestructura en nuestro país, lo que probablemente no harían en otros, por los plazos que supone recuperar montos tan cuantiosos y porque requieren de reglas del juego claras, así como de estabilidad política, económica y social, todo lo cual encuentran en Chile.
Si hubiéramos emprendido con recursos del Estado la construcción de todas las obras de infraestructura que se han erigido con el sistema de concesiones, probablemente nos habría tomado más de 30 ó 40 años realizarlas. No obstante, gracias a dicho sistema fue posible contar con ellas con bastante anticipación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , a la luz de los antecedentes entregados por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, es posible encontrar razón en las dos posiciones enfrentadas en este debate, porque, por una parte, considero muy legítimo lo planteado por el diputado Rodrigo González , y por otra, como aclaró el diputado Latorre , la situación denunciada no corresponde a una obra concesionada.
Sin perjuicio de lo anterior, puedo informar que lo descrito por el diputado González es el fiel reflejo de un problema que vivimos en la Segunda Región. Me refiero a lo acontecido con la construcción de la cárcel de Antofagasta, que sí es una obra concesionada.
Se trata de un caso paradigmático de todas las denuncias que hizo Rodrigo González , pues su intervención describe plenamente lo que sucedió con la cárcel de Antofagasta, dónde la empresa principal, la que se adjudicó la obra, abusó de las empresas subcontratistas.
Tal como reconocieron el entonces Ministro de Obras Públicas, Jaime Estévez, y el director de Concesiones, Camilo Rojas, hubo una descoordinación entre los entes que participaron en el proyecto inicial.
Esperamos que esa experiencia y las que aquí se han mencionado se tomen en cuenta, para que no se vuelvan a repetir.
En todo caso, como señaló el diputado Juan Carlos Latorre , todo lo que podamos proponer en cuanto a alternativas que permitan mejorar el sistema de concesiones es para el futuro, porque, lamentablemente, desde el punto de vista jurídico, no podemos hacer nada respecto de aquellas obras ya concesionadas y en las que hay algún tipo de conflicto y se encuentran en instancias arbitrales o en discusión.
Nos alegra que la Concertación, aunque se demoró, haya terminado por reconocer, tal como se lo planteamos, que el sistema de concesiones es positivo para el desarrollo del país. Sin embargo, esperamos que ese desarrollo no se quede sólo en la capital, donde se han construido una gran cantidad de obras de infraestructura, sino que también llegue al norte del país, a las regiones Primera, Segunda y Tercera, donde queremos que se construyan carreteras apropiadas, con doble vía, como corresponde y, en general, que se mejore la calidad de la infraestructura.
Sin duda, esta sesión debió haber contado con una mayor asistencia de diputadas y diputados, para que hubiera tenido mayor efecto multiplicador. Lamentablemente, hay varias comisiones sesionando de manera simultánea con la Sala y requieren de la asistencia de los colegas que las integran.
De todos modos, hay varias situaciones que nos preocupan y que queremos plantearle, por su intermedio señor Presidente, al ministro de Obras Públicas. Una de ellas es la falta de fiscalización del Ministerio a las obras concesionadas.
Para ejemplificar lo que denuncio, nuevamente me voy a valer de lo sucedido durante la construcción de la cárcel de Antofagasta, pues en ese caso la fiscalización se hacía desde el nivel central, al punto que ni siquiera el seremi de Obras Públicas de Antofagasta tenía antecedentes de ella.
Lo digo porque así lo constaté. Venía el fiscal que hacía las inspecciones, que no sé si era del Ministerio o un privado, un funcionario externo, bajaba del avión, subía al kilómetro 12, donde se está construyendo la cárcel, y después se iba. Ni siquiera había un informe, una relación con el Ministerio, representado a través de la seremi de Obras Públicas.
Por otro lado, también tenemos que ver cómo podemos resolver el problema. Hoy se habla mucho de la subcontratación; es un tema de debate público. Pero cuando nosotros somos mandantes de una concesión o de una obra tenemos que ver cómo actuamos ante el abuso de la gran empresa o de los holdings que se forman para ejecutar las obras concesionadas con los pequeños y medianos empresarios, los subcontratistas. En Antofagasta han quebrado varias empresas que se habían dedicado a esa actividad. Lamentablemente, por no cumplir o por abusar de alguna instancia jurídica, han colapsado.
¿Qué pasa con los tiempos, con los plazos y con las boletas de garantías? Todo ese tipo de cosas necesitan ser revisadas a la luz de lo que ha dicho el señor ministro . Queremos acompañarlo en las modificaciones al sistema de concesiones para que no nos veamos involucrados, quizás, en una conducta habitual que están generando las grandes empresas en materia de concesiones. Ejemplos hay de sobra. Creo haberle entendido al señor ministro que hay voluntad para cambiar estos procesos, mejorar las debilidades y fortalecer el desarrollo de las concesiones.
En síntesis, las concesiones son positivas para desarrollo del país y ojalá que, así como ha crecido Santiago , también crezcan las regiones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , quiero agregar conceptos y datos relevantes en este importante debate.
Por datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, desde que se inició el sistema de concesiones sólo relacionado con carreteras, hemos sido capaces de invertir 6.500 millones de dólares, desde Arica a Punta Arenas, en una modalidad que ha sido vanguardia a nivel internacional, particularmente en un país como Chile, en transición al desarrollo. Esa gran inversión de recursos en obras, que hoy los chilenos pueden disfrutar, están bajo la administración de un modelo que, en general, es muy exitoso.
Ayer, observaba en un canal internacional, con orgullo -lo digo como chileno-, un reportaje, que también vieron miles de latinoamericanos, respecto de cómo, en muy poco tiempo, desde 1990, habíamos sido capaces, con justicia, porque los usuarios, fundamentalmente, son los que pagan por las obras concesionadas, de cambiarle la cara al país.
A través de esta discusión queremos revisar instancias que hasta ahora, a juicio de muchos entendidos en la materia y de los usuarios, han provocado situaciones inaceptables.
Me refiero, en primer lugar, al sistema de resolución de conflictos, que dice relación con la Comisión Conciliadora. Su manera de actuar ha generado una tradición de definición que, normalmente, está orientada a favorecer los intereses de la empresa concesionaria.
En segundo lugar, se ha planteado la necesidad de revisar las cláusulas de aumento de obras. Esta práctica no sólo se ha hecho frecuente en el sistema de concesiones. Podemos revisar, por ejemplo, a nivel de la pequeña inversión en el país, cómo opera el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También se ha hecho una costumbre el aumento de obras permanentes en las resoluciones del gobierno regional.
Pedimos terminar con esta situación, cual es que las empresas concesionarias para presionar, paralicen las obras.
Al respecto, tenemos tres ejemplos.
Primero: radial nororiente en la región Metropolitana. Hace muy pocos días, se produjo allí una paralización unilateral presionando por un convenio complementario para mejorar las condiciones de la concesión.
Segundo: Cárcel de Antofagasta. Las obras se han atrasado meses, lo que ha afectado la correcta instalación de la reforma procesal penal.
Tercero: Cárcel de Concepción. Hace varios años, se inició la reforma procesal penal en la Octava Región, pero existe un grave problema de atraso de la consolidación de esta tan importante reforma de la justicia.
Queremos evitar los abusos, teniendo en vista que la concesión es un sistema exitoso que nos llena de orgullo y que debe continuar. Para pasar a concesiones de segunda generación en la que deben construirse, por ejemplo, los hospitales necesarios para fortalecer el acceso a la salud del país, debe actuarse con racionalidad y corregir dos aspectos: la resolución de conflictos en su Comisión Conciliadora y las cláusulas de aumento de obras.
Estoy seguro de que en este período se abre una perspectiva optimista, de la mano del ministro de Obras Públicas y de su Ministerio, para que estas revisiones se lleven a cabo y podamos seguir construyendo y modernizando con justicia, sin abusos de algunas empresas concesionarias.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , antes que todo, por su intermedio, saludo al señor ministro de Obras públicas.
Sin duda, el desarrollo de las vías de comunicación ha sido importante. Un país crece con mejores vías de comunicación, y eso hay que destacarlo. Pero, los contratos de concesión de obras viales han adolecido de deficiencias. La construcción de una vía de comunicación no sólo implica una carretera. Hay que considerar que aledaña a ella hay poblaciones y vive gente.
Me correspondió dirigir la municipalidad de Quilpué durante ocho años, lapso en el que se construyó la carretera tan soñada por todos nosotros: el troncal sur. Pero se dejaron de hacer muchas obras de cargo de la empresa concesionaria. Sin embargo, cuando hablábamos con sus representantes, éstos le echaban la culpa al MOP y viceversa.
En su oportunidad, entregué una carpeta al Presidente Lagos con los antecedentes sobre los problemas pendientes. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta la evacuación de lluvias, las vías de acceso, los muros de contención, los cruces para peatones y las protecciones para que no ingresen animales, omisiones que han provocado graves accidentes, como me imagino también ocurren en otras carreteras del país.
Las concesionarias tienen obligaciones. No se puede hacer una carretera y olvidarse que en su entorno hay gente que vive o que se va a instalar a vivir allí.
Es de tal magnitud la inversión en esas obras que no pueden dejar de tomarse las medidas que sean necesarias para que la ciudadanía no quede con la impresión de que quedan a medio terminar. El país -reitero- se desarrolla con las vías de comunicación; pero, lamentablemente, siempre tenemos la sensación de que las cosas se hacen a medias.
A mi juicio, no es preciso crear nuevos organismos. Lo importante es que en los contratos de concesión se dejen bien establecidos los deberes y obligaciones tanto del Ministerio de Obras Públicas como de las empresas. Hasta ahora, no ha habido claridad en ninguna de las dos partes y, hoy, todavía persisten, problemas como los que presenta una vía tan importante como el troncal sur.
Cuando asumí la diputación, en verano, recibí muchos e-mails en que me informaban de las filas de vehículos en los peajes de vías recién construidas. En mi opinión, cuando se concesiona una vía, lo mínimo que puede pedirse es que todas las casetas de peaje funcionen, porque la ciudadanía paga por circular.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al ministro que ojalá pueda solucionar los temas que quedaron pendientes, no sólo en relación con el troncal sur sino también -me imagino- en las demás carreteras que se han construido en el país. Sería un desperdicio hacer tanta inversión en beneficio del desarrollo de nuestro querido país y que la ciudadanía -repito- quede con la sensación de que siempre las cosas se hacen a la ligera y no se toman las debidas precauciones.
El Ministerio de Obras Públicas tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esta situación y de presionar a la empresa concesionaria para que cumpla los deberes y obligaciones estipulados; de lo contrario, que en el futuro éstos queden debidamente consignados.
Del mismo modo, que los gobiernos regionales y los municipios estén al tanto de lo que se va a hacer, a fin de que, también en su momento, tengan una respuesta porque nunca la han tenido.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El diputado señor Enrique Jaramillo ha cedido su tiempo a la diputada señora Laura Soto.
Tiene la palabra señora diputada.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, agradezco la gentileza del diputado Jaramillo.
Durante la primera parte de la sesión estaba en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, tengo muy claro que se aclaró que el acceso sur a Valparaíso no es una obra concesionada, sino licitada por el Ministerio de Obras Públicas.
Entiendo también que los diputados Rodrigo González y Marco Núñez hicieron notar que, no obstante no ser una obra concesionada, los baches en el camino son exactamente los mismos. Hace un año, la empresa Ferrovial Agroman , que por lo demás ha efectuado otras obras que han presentado falencias, empezó a hacer su trabajo en forma bastante lenta. Ya en ese momento se percibía otra motivación, la cual quedó aclarada cuando la ejecutora dijo: “Señores, esta obra vale más”. Con esto quiero decir que, aunque la obra no es concesionada, los errores procedimentales o jurídicos del contrato merman las arcas del fisco. Si el costo de una obra, previamente determinado, aumenta, pierde el fisco. De manera que, en este caso, nada tiene que hacer en la medida en que Ferrovial-Agroman procede con lentitud. Incluso, hace un año el Presidente Lagos instó al Ministerio de Obras Públicas a preocuparse del tema, pero ahí lo tenemos.
También se descubrió -esto es mucho más grave- que en la avenida Antonio Varas bajó el nivel de la calzada, obligando a interrumpir el tránsito. Estas realidades dejan la sensación de que en Valparaíso todo está colapsando. A su vez, como todos entendían que la obra estaba encadenada al acceso sur, se recurrió al Ministerio de Obras. Y aquí está lo grave -y el ministro va a tener que hacerse cargo para resguardar los bienes fiscales-: la obra dependía del Serviu y no del MOP. El Serviu dijo que no tenía nada que ver con dicha obra; las explicaciones van y vienen y, finalmente, después de tres meses, el MOP pone la plata. Es decir, estamos ante el mismo problema.
Uno se pregunta qué está pasando. La respuesta es simple: Existen problemas jurídicos, contables y fiscales, de los cuales hay que hacerse cargo ahora.
Nos congratulamos de la franqueza del ministro, pero no nos puede decir que, como no es una obra concesionada, es un cuento aparte. A mi juicio, estos problemas deben ser considerados y, desde aquí, mandamos un mensaje a la Presidenta de la República, para que los aspectos legales debatidos en la Sala sean subsanados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Sergio Correa .
El señor CORREA .-
Señor Presidente , agradezco la presencia y paciencia del ministro de Obras Públicas , quien, en menos de una semana, ha debido asistir a dos sesiones para considera materias muy similares; una, relativa a las fallas estructurales y señalización de las carreteras y, otra, para resolver los conflictos entre el Ministerio de Obras Públicas y las empresas concesionarias.
Lo que abunda no daña. Las dos sesiones son el reflejo del ánimo que existe respecto del tema de las concesiones.
Las obras concesionadas han significado un gran desarrollo para nuestro país; pero hay problemas, y el ministro ha sido muy categórico en señalarlos.
Quiero citar alguna de sus frases desde que asumió la cartera.
En abril, expresó que el Ministerio “debiera ser más cercano a la gente, de modo que cuando genere infraestructura se preocupe, en primer lugar, de cómo su desarrollo afecta a los ciudadanos y usuarios”.
Agregó: “En segundo lugar, me gustaría que diésemos cuenta del nivel de servicio de la infraestructura, no sólo al momento de terminar la obra, sino a lo largo del tiempo”.
En ese mismo mes, ante la Comisión de Obras Públicas, reconoció “El alto costo (para el Estado) por contratos imperfectos que dan origen a convenios complementarios y juicios contenciosos”.
Por su parte, a fines de marzo, expresó “La institución, el MOP, como está, no puede seguir”.
Consideramos que el ministro está en lo cierto. Esas declaraciones, más la opinión que vertió en la sesión anterior, cuando señaló que era necesario hacer una ley corta para fiscalizar y dar solución a las controversias, desataron réplicas de las concesionarias, que terminaron con el cambio del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública .
Reconocemos que las carreteras concesionadas han redundado en un gran progreso para Chile, como también el mérito que merecen los gobiernos anteriores por haber concesionado esas obras. Pero eso no quita que existan muchas imperfecciones en las obras ejecutadas, de las que di cuenta la semana pasada y que la colega Amelia Herrera acaba de ratificar. Por lo tanto, es necesario revisar esta materia.
El colega Latorre señaló que no se puede hacer una revisión con efectos retroactivos. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas puede revisar los contratos, de manera de determinar si se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en ellos. Lo digo, porque no puedo entender que algunos accesos desde la autopista a sectores residenciales no cuenten con un enlace trébol como corresponde. A mi juicio, no creo que el Ministerio haya acordado la construcción de enlaces en la forma que se advierten en diversos accesos de la ruta 5. Tampoco es posible que existan cruces o calles de servicio sin asfalto; que se hayan construido pasarelas donde no es necesario y, en cambio, no existan en lugares donde sí se requieren; que haya habido que reparar los pilares del puente Cachapoal porque en su construcción faltó fierro.
Ese tipo de cosas deben revisarse por el bien de Chile y de todos los ciudadanos que están muy contentos con las carreteras, pero que lo estarían aún más si todo se hubiese hecho en forma correcta.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que le concedió el Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, estoy ciento por ciento de acuerdo con algunas de las apreciaciones del diputado Correa, a quien agradezco por cederme parte del tiempo de su bancada.
Cuando digo que los problemas de las actuales concesiones deben resolverse en función de las normas de la ley o de los contratos actualmente vigentes, estoy expresando un concepto innegable, porque modificarlas sólo servirá para los casos futuros.
Lo anterior no significa que no esté de acuerdo con el diputado Correa en cuanto a que las obras mal hechas o las que requieran adecuaciones técnicas deben corregirse; pero algunas de esas correcciones habrá que hacerlas con cargo a recursos del Ministerio de Obras Públicas, como ha ocurrido históricamente, porque no siempre será posible endosarle toda la solución a las concesionarias.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán.
El señor BITRÁN ( ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , aunque pueda parecer reiterativo respecto de lo planteado en la sesión anterior, quiero entregar un marco general sobre el tema. Es positivo hacer esta discusión desde la perspectiva de lo logrado por el país en esta materia en los últimos diez años, especialmente después de la modificación de la ley de concesiones de 1996.
Sin duda, Chile ha liderado el proceso de incorporación de capital privado para resolver necesidades públicas. Lo ha hecho en obras de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y en las de los sectores portuario y sanitario. En todas esas áreas, hoy ostentamos un nivel de privilegio en el concierto latinoamericano, por cuanto satisfacemos las necesidades de la población.
En ese sentido, es necesario ser muy cuidadosos al plantearse el perfeccionamiento del marco jurídico de las concesiones de obras públicas, porque lo obtenido es extraordinariamente positivo. En el marco de obras públicas en vialidad interurbana, hemos avanzado desde La Serena hasta Puerto Montt, con la ruta 5, con doble vía. Es cierto que se han presentado dificultades puntuales de pasarelas u otras, pero todas, tal como señaló el diputado Latorre, son susceptibles de ser corregidas con recursos del Ministerio de Obras Públicas.
En el plano urbano, lo que se ha hecho en la Región Metropolitana no tiene símil en el mundo. Ningún país ha logrado estructurar, en un plazo de siete u ocho años, una completa red de autopistas urbanas, con un sistema de cobro electrónico integrado a través del tag, proceso que esperamos culminar a la brevedad para incorporar a las autopistas interurbanas de la zona central, las rutas 68, 78, Santiago-Los Vilos y Santiago-Talca, a dicho sistema de cobro. Así, ya no sufriremos las dificultades por las largas filas en los peajes, porque más de un millón y medio de autos ya cuentan con el dispositivo tag.
Las concesionarias tienen la mayor disposición, a pesar de que no se incluía en los contratos originales, -hace poco me reuní con el nuevo presidente de Copsa -, para asumir el desafío de integrar, en un plazo breve, todo el sistema a través de una factura única, de manera de facilitarles la vida.
Hemos sido exitosos en avanzar y concluir una cantidad importante de obras. Quiero llamar la atención porque hoy existen 39 obras en concesión que están en fase de explotación, de operación. En un año y medio más, tendremos alrededor de 50 obras en esa fase.
Como hemos concluido un período de inversiones de gran magnitud, ahora tenemos una cantidad importante de concesiones en operación en que surgen temas nuevos que es necesario abordar. Si no hubiéramos tenido el éxito anterior, hoy no enfrentaríamos el desafío que nos estamos planteando; preocuparnos de los intereses de los usuarios.
Los contratos de concesión establecen compromisos explícitos de calidad de servicios que normalmente no se han establecido en las obras que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que reconocer que la incorporación del contrato de concesión nos permite, por primera vez en la historia de las obras públicas, generar compromisos explícitos de estándar y de calidad de servicios y de mantención de las vías, tema que no está garantizado en las obras que hace el propio Estado. Por lo tanto, el desafío actual es cómo aseguramos que se cumpla ese contrato explícito. Tenemos un fiscalizador que representa a los usuarios, a los alcaldes y a los gobiernos comunales, que, a su vez, velan por los intereses de su comunidad de manera de asegurar que los compromisos sobre estándares y calidad de servicios se cumplan hoy, mañana y en diez años más.
Éste es un desafío nuevo, por lo que proponemos estructurar un ente fiscalizador, independiente del Ministerio de Obras Públicas, para que no seamos juez y parte, porque éste es el que promueve la incorporación de nuevas obras en concesión. Queremos que exista una entidad independiente del ministerio que tenga como principal objetivo cuidar los intereses de los ciudadanos, de los usuarios y también de los que no lo son pero que, de alguna manera, se ven afectados por una gran obra de infraestructura. Porque un gran colector de aguas lluvias o una gran autopista producen efectos ambientales en el entorno. Estamos tratando de que esos proyectos establezcan compromisos ambientales explícitos de mitigación en favor de las personas afectadas.
La pregunta es quién asegura que eso se cumpla si el MOP es la institución que también está promoviendo esos proyectos. Ahí cabe un rol al nuevo fiscalizador que se va a preocupar de los usuarios, pero también de quienes son afectados por una obra; es decir, deberá fiscalizar que se cumplan los compromisos de mitigación.
En suma, debido al éxito de las concesiones, estamos dando un paso que nos permita gozar de 50 proyectos en operación. El paso siguiente es fortalecer el interés de los consumidores.
En definitiva, en su oportunidad, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para estructurar un ente fiscalizador, con recursos propios y capacidad nacional, que cautele el interés de la comunidad y de los usuarios y asegure que los contratos se cumplan, ya que habrá obras concesionadas en todo el país. Ése es un paso importante, un avance en un ámbito en que hemos sido tremendamente exitosos.
Es necesario que continúe la incorporación del sector privado al área de las concesiones. Tenemos grandes e importantes desafíos para el país, especialmente para sus regiones. Por ejemplo, en el riego. En la Sexta Región se lleva a cabo un importante proyecto concesionado, Convento Viejo, que beneficiará enormemente al sector agrícola de la región.
Sin embargo, cuando la energía se hace mucho más escasa y la población aumenta su nivel de ingreso, hay necesidades de turismo y de generación eléctrica, por lo que los proyectos de riego pueden contemplar componentes de esas actividades.
Por lo tanto, vamos a licitar la concesión de la construcción de otras obras de riego, lo que rápidamente beneficiará no sólo el riego, sino que el turismo en las regiones Quinta, Séptima y Octava.
Queremos avanzar en la construcción de hospitales.
También en vialidad, mediante un impulso a las redes viales, especialmente con beneficios productivos, en las cuales haremos una combinación de peajes que pagará el Estado con los que cancelará el sector de transporte de carga fundamentalmente, con el objeto de liberar a los usuarios de locomoción colectiva de usar esas vías interurbanas. Ya tenemos proyectos pilotos: 400 kilómetros en la región de Coquimbo, otros tantos en la Sexta Región y así seguiremos avanzando hacia el sur. Nuestra idea es tener un gran impacto en la competitividad de la agricultura, del sector forestal y de una serie de otras actividades, al incorporar el mecanismo de las concesiones, a través de redes viales que, además de mejorar el impacto en la productividad de dichas actividades, van a generar conectividad para la población.
Queremos avanzar en las obras viales de la Región Metropolitana, como Vespucio Oriente y, eventualmente, Costanera Sur.
Queremos extender la doble vía al norte. Hay una zona cerca de Caldera, al sur de Copiapó, donde podremos incorporar una doble vía concesionada. Queremos evaluar la posibilidad de una doble vía concesionada de Antofagasta a Calama.
Queremos que la ruta 160 conecte a Concepción, con un mucho mejor estándar y con doble vía en una buena proporción de ese trayecto, con la Novena Región, por la Ruta 5, lo que permitirá unir a Concepción, Coronel, Tres Pinos y Contulmo con un buen camino.
Lo anterior no sería posible si no tuviésemos un mecanismo de concesiones que nos permite incorporar capital privado. Hay que decirlo claramente. Hemos pasado de 200 millones de dólares en 1999 a 2 mil millones de dólares de inversión en 2005, lo que significa un crecimiento enorme. Debido al cual nos hemos dado cuenta de que es necesario perfeccionar y fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que tengamos más capacidad técnica, la posibilidad de pagar mejores remuneraciones y de hacer mejores contratos. También es necesario fortalecer una serie de ámbitos que tienen que ver con la gestión de proyectos. Gracias al crecimiento y al éxito que hemos tenido, surge la necesidad de avanzar en lograr mayor capital humano y mejores instituciones.
Sin duda, existen ciertas dificultades en algunas concesiones, pero es necesario analizar esto en perspectiva. Tenemos cincuenta proyectos concesionados, de los cuales treinta y nueve están en operación y sólo dos se encuentran paralizados. Por lo tanto, es necesario mirar esta situación dentro del contexto de lo logrado. Obviamente, estamos preocupados de resolver los problemas de los dos proyectos paralizados. Uno de ellos, mencionado aquí, es el de construcción de cárceles en Antofagasta y en Concepción. Nos preocupan enormemente estás situaciones, así como el interés fiscal; pero más importante que este último es el interés público, el de la ciudadanía, porque el proyecto de construcción de cárceles se enmarca en la reforma procesal penal y en el compromiso de los gobiernos de la Concertación de implementar mejores cárceles. Hoy tenemos mejores cárceles en operación, en las que ha habido un cambio cultural mayúsculo en relación con los servicios que obtienen la población penitenciaria y Gendarmería. Queremos que ese modelo se extienda a los proyectos de construcción de cárceles en Antofagasta y Concepción, que están paralizados desde hace quince meses. Más allá de los costos fiscales que ello implica, nos preocupa que no podamos resolver el problema penitenciario de esas ciudades.
Aunque sólo hay dos proyectos paralizados, de un total de cincuenta, es precisamente esa situación la que nos afecta y la que puede dañar la legitimidad del sistema. Porque tenemos una enorme cantidad de nuevos proyectos en los que queremos avanzar, debemos ser especialmente cuidadosos en resolver estos problemas.
Si hay aspectos jurídicos que dan pábulo para que en casos muy particulares exista una situación de oportunismo del concesionario, debemos ser proactivos y hacer una propuesta que implique reformar la ley en esos aspectos específicos, a fin de generar un mayor balance entre el interés público y el de los concesionados.
Por otra parte, no debemos usar este tema para hacer una discusión política, increpar o asignar responsabilidades. Debemos considerar que las concesiones de obras públicas tenían por objeto atraer capital privado, 8 mil millones de dólares, en el contexto de un país que no tenía historia de concesiones con inversión privada. Además, las concesiones de obras públicas implican mayor riesgo que las que se hacen en el sector eléctrico, en el de telecomunicaciones o en el sanitario. Por lo tanto, la única garantía que tenían los financistas eran los flujos. En consecuencia, ¿cómo lográbamos atraer inversiones cuantiosas, a los bancos internacionales y a los bancos de inversiones? Era necesario establecer una serie de resguardos. Pero este país ha demostrado que es serio, que cumple los contratos y que respeta la ley, con lo cual hemos ganado credibilidad.
Por ello, hoy es el momento de plantear un perfeccionamiento que evite situaciones como la paralización en la construcción de las cárceles de Antofagasta y Concepción. Estamos en un proceso natural de aprendizaje. No obstante, debemos reconocer lo logrado, pues ello nos permitirá hacer un perfeccionamiento.
Sin embargo, como autoridad, estoy con las manos atadas. No puedo resolver el problema de las cárceles en tiempos razonables para el interés público. Necesariamente tengo que hacerlo de mutuo acuerdo con el concesionario, porque la ley establece que el Estado no puede recuperar esa obra para invertir como obra pública. La ley establece que, en caso de que se levante la orden de no innovar -situación que hemos estado esperando por 15 meses-, podríamos aplicar las sanciones por incumplimiento grave, las cuales tienen que ser calificadas por el mismo juez árbitro que ha mantenido la orden de no innovar por 14 ó 15 meses. Entonces, podríamos pasarnos 6 ó 7 meses esperando la calificación de nuestra acción y las obras, a la intemperie, se continuarían deteriorando. Si, eventualmente, el Ministerio de Obras Públicas recupera el derecho de licitar las obras nuevamente, tendrá que hacerlo en el marco de la ley de concesiones y no como obra pública, y tendremos que velar para que los recursos obtenidos en esa relicitación sean, al menos, equivalentes al 75 por ciento de las acreencias generadas en ese proceso. Si no logramos lo anterior, tenemos que volver a relicitar -otros 6 meses más- y estar seguros de que, al cabo de esa segunda relicitación, al menos, podremos pagar el 50 por ciento de las acreencias, y la obra sigue deteriorándose. Perfectamente, podría suceder que el valor de lo que ahí hay es muy bajo y no alcance para pagar ni el 20 por ciento de las acreencias, y tendremos que volver a relicitar. Tres licitaciones, y sólo la tercera sin un mínimo, con la imposibilidad de que el Estado recupere la obra, que es de interés público, para hacerla a través de una obra pública común y corriente.
Por eso, señalé que desafortunadamente en este caso, como ministro , estoy con los brazos atados. La única posibilidad que tengo es llegar a un acuerdo con la concesionaria. Si la concesionaria sabe que tenemos una gran preocupación por el interés público afectado, ¿estamos en condiciones de equidad para resguardar el interés fiscal, o estamos contra la pared y la necesidad de acceder a cualquier valor que establezca, con tal de rescatar esas obras paralizadas? A ello me refiero cuando digo que aquí hay un punto que tiene que ser corregido y que es un tema de ley, que tiene que ver con el futuro, porque evidentemente no vamos a cambiar las reglas del juego, pero es muy importante que en toda esta enorme cantidad de proyectos que he señalado no tengamos el riesgo de caer en manos de un concesionario que pueda presionarnos con la paralización de la obra. Podría tratarse de la construcción de un hospital en una región.
Por eso, vamos a enviar un proyecto de ley que calificaría como ley corta. Me pareció correcto lo planteado por el diputado Latorre en la Comisión de Obras Públicas. Antes de enviar la iniciativa, vamos a ir a esa Comisión a discutir los temas planteados y a buscar fórmulas para corregir este aspecto que vulnera no sólo el interés fiscal, sino el de toda la comunidad.
Simplemente he querido señalar, en este único caso de 50 proyectos en concesión, que debemos hacer una corrección para mejorar la situación. También creo -en esto discrepo del diputado Latorre- que si este problema persiste y nos vemos obligados a seguir el camino largo de una, dos o tres licitaciones, después de que el juez arbitro califique la eventual sanción, suspensión o término de la concesión, el Estado tiene el legítimo derecho de mandar un proyecto de ley, con urgencia calificada de discusión inmediata, que nos permita construir esa cárcel como obra pública, sin perjuicio de que el tribunal arbitral realice todos los peritajes y establezca las compensaciones respectivas, tomándose el tiempo necesario para ello y respetando plenamente los derechos adquiridos. Pero cautelemos el interés público y recuperemos las cárceles para la comunidad.
Quiero decir responsablemente en esta Sala, que si el 19 de mayo, que es la fecha límite establecida por el árbitro para llegar a un acuerdo, no logramos un acuerdo razonable que proteja el interés fiscal y el de la comunidad, vamos a enviar un proyecto de ley, con urgencia calificada de discusión inmediata, que permita al Ministerio de Obras Públicas recuperar esa obra, sin perjuicio de pagar a todos los acreedores el ciento por ciento de lo que se les debe -lo cual será parte de la iniciativa- y dejar que el tribunal arbitral determine las compensaciones necesarias para este caso particular. Pero el Estado y la comunidad no pueden permanecer rehenes de una empresa que, con su accionar, está afectando claramente el interés del país.
Muchas gracias.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El tiempo del Comité del Partido Socialista fue cedido al diputado Rodrigo González .
Tiene la palabra su señoría.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al Comité del Partido Socialista por haberme cedido su tiempo para puntualizar algunos aspectos del proyecto de acuerdo N° 72, suscrito por todas las bancadas, que espero sea aprobado.
En segundo lugar, quiero manifestar que el ministro de Obras Públicas ha fijado el marco de esta discusión. Todos los que estamos en la Sala, valoramos la importancia que ha tenido el sistema de concesiones y la labor del Ministerio de Obras Públicas para dotar al país, en un tiempo récord y celebrado internacionalmente, de una infraestructura de carreteras y otras obras públicas absolutamente necesarias para nuestro desarrollo.
Además, señaló la importancia de preservar este sistema, pero también que es necesario perfeccionarlo en diversos aspectos en que requiere de correcciones. Este es justamente, el punto que nos motivó solicitar esta sesión especial y proponer el proyecto de acuerdo.
Está claro que en el caso que estamos debatiendo hay situaciones absolutamente nítidas.
El actual sistema de resolución de conflictos adolece de dificultades. El propio ministro ha señalado la situación dramática en que se encuentran dos proyectos, cuya prosecución ha estado detenida durante largo tiempo y, probablemente, siga así por mucho tiempo más.
Hoy, en la región de Valparaíso se encuentra paralizada una obra contratada por el Ministerio de Obras Públicas, lo que está causando un grave daño al desarrollo regional. Le hemos dado todo nuestro respaldo al ministro para que intervenga y encuentre pronta solución a esa situación.
Nuestra misión como diputados es resguardar el interés público y fiscalizar los actos del Gobierno para que se adopten las medidas necesarias que permitan mejorar y perfeccionar tanto el sistema de contratos como el de concesiones, como lo señaló el ministro Bitrán.
No hay duda de que los actuales conflictos por obras paralizadas necesariamente deben resolverse dentro del marco legal. Nadie ha planteado aquí que nuestra proposición de perfeccionamiento y mejoramiento legal tenga un efecto retroactivo. Precisamente, uno de los valores que tiene nuestro sistema de concesiones y que el país ha resguardado es el cumplimiento de las estipulaciones de los contratos contraídos de manera responsable y seria. Ese marco legal es el que debe aplicarse mientras no realicemos las correcciones y modificaciones que requiere.
Nuestra propuesta busca -lo plantearon las diputadas señora Laura Soto y Amelia Herrera , y los diputados señores Marco Antonio Núñez , Jaime Quintana y Manuel Rojas - que esas normas jurídicas sean mejoradas, modificadas y corregidas para que no se produzcan situaciones como las que tan bien ha descrito el ministro .
Por último, la valoración del actual sistema de concesiones y su inmenso aporte al país, en especial cuando vemos como resultado la obra del gobierno del Presidente Lagos, no debe llevarnos a no tener una mirada crítica en relación con los aspectos perfectibles ni ponernos a la defensiva cuando se plantea la necesidad de correcciones.
Ése es el sentido del proyecto de acuerdo. Me alegro de que haya sido suscrito por todas las bancadas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .-
Señor Presidente , agradezco la presencia del ministro de Obras Públicas , a quien tuvimos la oportunidad de escuchar también en la Comisión de Obras Públicas.
Su intervención ha sido muy clarificadora y muy gráfica respecto de los problemas que se ven en el Ministerio y que quiere rectificar. Podemos estar de acuerdo con la fórmula de solución que va a plantear el ministro en este proyecto de ley corta que será debatido por el Congreso, y lo invitamos a que lo envíe pronto, pero la discusión política y los cambios legislativos se deben dar en el Congreso.
También nos alegran las clarificaciones de los diputados de la bancada del Partido por la Democracia que solicitaron esta sesión especial, porque, tal como estaba convocada, se veía venir un cambio legislativo. No me gusta como se han dado algunos hechos, específicamente los fallos que han perjudicado al Ministerio de Obras Públicas y al fisco, lo cual no es muy conveniente.
Todos sabemos que una comisión conciliadora está a cargo de la resolución de conflictos, y si la concesionaria así lo solicita, puede intervenir la corte de apelaciones. También puede solicitarse que la comisión conciliadora se constituya en arbitral. El sistema de nombramiento, bastante especial, es de todos conocido. Esa comisión debe fallar en equidad en un plazo de treinta días; al mismo tiempo, existe la posibilidad de decretar la orden de no innovar.
¿Por qué me detengo en estos puntos que, en gran medida, resumen la forma en que hoy opera la resolución de conflictos? Desde luego, se requieren cambios, no por lo señalado recientemente, porque los fallos de la comisión conciliadora y después arbitral perjudiquen al fisco o al Ministerio de Obras Públicas -efectivamente, ha habido fallos en contra por retrasos en expropiaciones y por modificaciones de obras exigidas por dicho Ministerio-, sino porque esos cambios deberían producirse porque jurídicamente hay cosas que no van en el sentido correcto.
El sistema de nombramiento de los integrantes de la comisión conciliadora, y posteriormente arbitral, carece de la imparcialidad necesaria. El hecho de que, por un lado, sean nombrados por el fisco o por el Ministerio de Obras Públicas y, por otro, por las concesionarias, atenta contra la imparcialidad.
Probablemente también podría estudiarse la posibilidad de que el fisco, y no sólo las concesionarias, puedan recurrir a la corte de apelaciones.
Asimismo, podría estudiarse un eventual cambio para que esa comisión no falle en equidad, sino en derecho, lo que permitiría acceder a la justicia ordinaria, salvo que suprimamos ese recurso. Otro cambio que podría analizarse se relaciona con la persona designada para integrar esas comisiones, a fin de que tenga real independencia. Pero, ¿cómo podemos garantizarla? Ello se encuentra establecido en la ley de mercado de valores, cuando define el concepto de persona relacionada.
En el fondo, con esto no quiero comprometer el voto de los diputados de Renovación Nacional respecto de las modificaciones que se planteen, pero sí dar ideas para buscar soluciones. Estamos dispuestos a estudiar los cambios y a que esa discusión se dé en el seno de la Cámara. En verdad, no nos gusta que a través de la prensa se diga que “la ley corta está cocinada y que cuenta con la venia de las concesionarias”. La discusión se debe dar aquí. Las puertas de la Cámara de Diputados, específicamente las de la Comisión de Obras Públicas, están abiertas para debatir la iniciativa.
Por lo tanto, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto de acuerdo. Estamos dispuestos a estudiar las modificaciones no porque uno o más fallos vayan en contra de los intereses del fisco o de las concesionarias, sino porque se requieren cambios de fondo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo, aunque no lo suscribí, porque no estoy de acuerdo con sus consideraciones, pero sí con su conclusión.
En mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas y diputado de la Democracia Cristiana , pido al ministro que no continúe haciendo anuncios a través de los medios de comunicación, porque, tal como lo ha dicho aquí, si cree que es necesario introducir modificaciones a la legislación vigente, debe enviar sus proposiciones a nuestra comisión. El diálogo a través de la prensa no ayuda a las empresas que están invirtiendo en Chile. La Comisión de Obras Públicas de esta Corporación es el lugar donde se deben estudiar los posibles cambios a la ley.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , aprovecho la presencia del ministro para señalar que en Valdivia se ha producido un problema con la empresa Vince encargada de la construcción de la cárcel.
Por eso, sería bueno establecer qué criterios se utilizan para entregar en concesión la construcción de estas obras, ya que se han formulado serias denuncias contra la empresa encargada de ejecutar las obras del nuevo recinto carcelario por prácticas antisindicales y persecución a los dirigentes de los trabajadores.
La empresa mandante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, está obligada a velar por el cumplimiento irrestricto de la ley. No es posible que la empresa Vinci efectúe prácticas antisindicales, que se oponga a la formación de sindicatos y realice una verdadera persecución en contra de sus dirigentes. El sistema de concesiones ha posibilitado innumerables avances en materia de infraestructura del país, pero eso no puede ser una excusa para el incumplimiento de las normas laborales.
Por lo tanto, pido que se tenga presente esta situación y se fiscalice. El Ministerio de Obras Públicas debe tomar cartas en el asunto para que empresas, como la que está construyendo la cárcel de Valdivia, cumplan con todas las normas laborales.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 72, de los diputados señores Quintana, Núñez, Sabag, García, Araya, Monckeberg, don Cristián; Correa, Hernández, y las diputadas señoras Pascal, doña Denise, y Herrera, doña Amelia.
“Considerando:
Que las empresas concesionarias de obra pública fiscal han hecho práctica habitual del uso de dispositivos normativos que les permite aumentar los costos de las obras, en consecuencia, precio a pagar por el Estado. Son circunstancias extraordinarias que, naturalmente, deberían operar de un modo excepcional, pero son habituales, en la práctica, y hoy constituyen la regla.
Que hay empresas concesionarias que, al saber que su oferta no es económicamente viable, igualmente la formulan, ya que el sistema de resolución de conflictos les asegura aumentar el precio en el 30% o el 40% de lo que demandan ante dicha instancia, lo que desnaturaliza el sistema de concesiones.
Que el sistema de resolución de conflictos que opera hasta la fecha es como un dispositivo de regulación de precios y no de resolución de problemas.
Que las empresas concesionarias de obra pública fiscal recurren a presiones, tales como la paralización de obras como una forma de forzar acuerdos en circunstancias que aquéllas se encuentran en un estado tal de avance que al Estado le resulta más conveniente aceptar los acuerdos que optar por la resolución de los contratos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un mensaje que modifique la ley sobre Concesiones de Obras Públicas que asegure, en los contratos suscritos con las concesionarias, que no se produzcan paralizaciones que afecten el interés público y sean un mecanismo de presión para obtener mejores condiciones económicas con posterioridad a la licitación. Asimismo, prevenir que no se produzcan aumentos en los costos para el Fisco, sino en circunstancias muy calificadas y excepcionales, que, bajo ningún respecto, pueden constituir la regla general. Finalmente, que rectifique, también, el sistema de resolución de conflictos por medio de una comisión conciliadora.”
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.55 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Leal , Bustos , Araya , Díaz del Río, Jarpa , Ojeda , Pérez y Quintana. Modifica la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. (boletín N° 4199-07)
“Considerando:
1. Que diversos organismos internacionales de Derechos Humanos se han pronunciado en forma negativa acerca de la aplicación extensiva de la Ley Antiterrorista en nuestro país ante diversas situaciones que no necesariamente revisten tal carácter declarando la incompatibilidad de la legislación vigente en materia de combate al terrorismo en Chile con los parámetros occidentales y los tratados suscritos y aprobados por nuestro país. El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y Human Rights Watch difundieron el informe “Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuches en el Sur de Chile”, señalando que en Chile se violarían los derechos humanos y se discrimina a este pueblo.
2. Que lo anterior, hace imprescindible revisar la normativa antiterrorista nacional. Desde la reforma constitucional aprobada en el Plebiscito del 30 de julio de 1988, que modificó el artículo 5° de la Constitución de 1980, se estableció en nuestro país que el Estado y sus órganos deben garantizar los derechos de la persona asegurados en la propia Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La legislación interna debe desarrollar las normas constitucionales, principalmente las del articulo 19, Nºs. 3° y 7° de la Constitución, que consagran el derecho a la defensa jurídica, al debido proceso y las bases constitucionales del proceso penal.
De acuerdo con el artículo 5° de la Constitución Política del Estado, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
3. El término del proceso de Transición a la Democracia y la definitiva reconciliación nacional requiere que las personas procesadas por delitos establecidos en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, sean juzgadas con arreglo a los principios constitucionales y a los contenidos en declaraciones y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, entre otros: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para tal efecto se hace necesario precisar, con suficiente sutileza para hacer verdadera justicia, lo que debe entenderse por conductas terroristas y delitos de otras connotaciones. Sólo distinguiendo muy circunstanciadamente cada uno de ellos será posible resguardar eficazmente los bienes jurídicos que pretenden proteger, castigar a los culpables con penas proporcionales y juzgarlos con arreglo a un procedimiento racional y justo.
Algunas modificaciones a esta ley se efectuaron por la ley N° 19.027, de 1991, que correspondió al tercer proyecto presentado en Democracia por el Presidente Patricio Aylwin Azócar y se refieren al concepto de acto terrorista, a la forma de castigarlo, a las medidas que el tribunal puede decretar para restringir los derechos de las personas declaradas reos por delito que constituya conducta terrorista y las atribuciones de las autoridades políticas para prevenir actos terroristas.
El fundamento principal de dicha reforma se encuentra en el concepto de terrorismo, poniéndose de relieve que la ley vigente confundía actos propiamente atentatorios contra la seguridad del estado con conductas terroristas, porque atribuía al terrorismo el carácter de una ideología.
Sin embargo, más que una ideología, el terrorismo es un método de acción criminal. La conducta terrorista implica la existencia de un grupo armado, jerarquizado y con cierta estabilidad en el tiempo, que pretende subvertir el régimen constitucional y el orden público.
4. Si se acepta que el terrorismo es un método de acción criminal, la acción criminal misma se encontraría ya tipificada en la legislación penal, común o especial. Por ello, la tipificación especial del terrorismo requiere de una caracterización en los términos anteriormente señalados, con el objeto que la agravación correspondiente tenga la debida justificación desde un punto de vista político criminal.
El artículo 1° de la ley 18.314 señala que constituirán delitos terroristas los que enumerados en el artículo 2° cuando en ellos concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
“1ª. Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.
Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos.”
Es decir, cualquiera de los delitos comunes que se enumeran, para tener el carácter de terrorista, debe producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, circunstancia que debería ser acreditada fehacientemente.
Sin embargo, a renglón seguido se consagra una presunción que se apoya en los medios utilizados y no en el alcance de los efectos del delito. Por ello debe ser modificada a fin de mantener la debida armonía con el bien jurídico que se pretende proteger.
De esta manera, la calificación del delito como conducta terrorista se debe efectuar por las consecuencias de la agresión y no por la naturaleza de los medios empleados.
Finalmente, por aplicación del principio pro reo, podrán ser beneficiados todos quienes se encontraren actualmente procesados.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Sustitúyese la circunstancia 1ª., del artículo 1° de la ley N° 18.314, por la siguiente:
“1ª. Que el delito se cometa por bandas armadas o integrantes de ella contra la vida o la integridad física de las personas con la finalidad de subvertir el régimen constitucional o el orden público y de producir en la población o en una parte importante de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado en la consecución de dichos objetivos, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados.
Servirá de antecedente para calificar la finalidad de la acción desplegada en orden a producir dicho temor, salvo prueba en contrario, la circunstancia de cometerse el delito ocasionando, o poniendo en peligro concreto de ocasionar, grandes estragos a la población o a una parte importante de ella.”