Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fulvio Rossi Ciocca
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PYMES.
- INTEGRACIÓN
- Sergio Bobadilla Munoz
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- Karla Rubilar Barahona
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Mario Venegas Cardenas
- Samuel Venegas Rubio
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PYMES.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS POR EL IMPUESTO ESPECÍFICO DE LA MINERÍA. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Aedo Ormeno
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Antonio Leal Labrin
- Jaime Mulet Martinez
- Manuel Rojas Molina
- Gonzalo Duarte Leiva
- Alberto Robles Pantoja
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Denise Pascal Allende
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS POR EL IMPUESTO ESPECÍFICO DE LA MINERÍA. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Jorge Burgos Varela
- Jose Perez Arriagada
- Patricio Melero Abaroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 22ª, en martes 9 de mayo de 2006
(Especial, de 16.07 a 18.09 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Pérez Arriagada, don José, y Burgos Varela, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Integración de Comisión Especial Pymes 7
V. Objeto de la sesión.
- Destino de los fondos recaudados por el impuesto específico de la minería. Proyecto de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz que deja sin efectos patrimoniales filiación establecida después de plazo que indica. (boletín N° 4193-18) 35
2. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, que establece una reforma constitucional que permite la reelección inmediata del Presidente de la República. (boletín N° 4194-07) 35
3. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Leal, Burgos, Pérez y Melero, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de regular la creación de Comisiones Especiales. (boletín N° 4195-16) 36
VII. Otros documentos de la Cuenta.
Comunicación
- Del jefe de bancada de diputados PS-Prsd, por la cual informa que el diputado señor Rossi reemplazará en forma permanente al diputado señor Montes en la Comisión Especial Investigadora sobre intervencionismo electoral.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse con permiso constitucional, no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Marco Enríquez-Ominami y Eugenio Tuma.
-Asistieron, además, el ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco; y las ministras de Minería , señora, Karen Poniachik, y de la Secretaría General de la Presidencia, señora Paulina Veloso.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.07 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 17ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 18ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PYMES.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa con los diputados señores Sergio Bobadilla, Joaquín Godoy, Rodrigo González, Enrique Jaramillo, Juan Masferrer, José Miguel Ortiz, señoras Clemira Pacheco, Denise Pascal y Karla Rubilar, y señores Manuel Rojas, Ignacio Urrutia, Mario Venegas y Samuel Venegas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS POR EL IMPUESTO ESPECÍFICO DE LA MINERÍA. Proyecto de acuerdo.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
La presente sesión ha sido citada para considerar el destino de los fondos recaudados por el impuesto específico de la minería, royalty, y la creación de la Comisión Transitoria de Asignación de Recursos al Fondo de Innovación Tecnológica.
Para tal efecto, han sido citados el ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco, y la ministra de Minería y Energía, señora Karen Poniachick.
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE .-
Señor Presidente , mi propuesta se fundamenta en los tres indicadores que se consideran representativos del interés de una colectividad por el desarrollo de la sociedad del conocimiento: el gasto en investigación y desarrollo, la inversión en el sistema educativo y el gasto en tecnologías de la información.
Al respecto, aunque hay avances, Chile no se sitúa entre los países con mayor inversión en Latinoamérica, lo cual es ampliamente contradictorio con el crecimiento de nuestra economía e infraestructura en los últimos años. Tenemos un atraso tanto en gasto de investigación y desarrollo, como en inversión tecnológica empresarial y pública de las tecnologías de la información y comunicación.
Para avanzar en nuestro proceso de modernización, la meta es clara y los esfuerzos que son necesarios también: aumentar el capital humano altamente calificado, más educación, fortalecer la base científica y fomentar el vínculo con la empresa.
En noviembre de 2003 se formalizó el cierre de negociaciones con el Banco Mundial, con lo que se concretó un préstamo de 100 millones de dólares para ciencia y tecnología chilenas, a través del programa Bicentenario, de Conicyt.
Estos esfuerzos, y en particular esta propuesta, tienen como objetivo apoyar y conducir el proceso de transformación hacia una economía y sociedad basadas en el conocimiento, a través de la inversión en ciencia y en los ámbitos de innovación y su adecuada integración con el sector empresarial del país y las redes mundiales de producción científica y tecnológica.
Para nuestro país, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación principalmente pueden ser variables que hagan la diferencia entre alcanzar o no el desarrollo. Esto, porque contribuyen al crecimiento de la economía y a mejorar la calidad de vida de las personas en ámbitos que van desde la salud hasta el modo en que habitan una ciudad. El impacto es fuerte sin duda, pero dada la madurez de la comunidad científica nacional, es una meta alcanzable. Tenemos que contar con más recursos, focalizar ciertos planes. Pero puede hacerse; no estamos partiendo de cero.
Pero el desafío no termina en contar con más dinero destinado a ciencia y tecnología. Chile tiene temas pendientes, en especial con la formación de su gente. La investigación la hacen las personas, y para eso necesitamos contar con gran capital humano, lo que nos obliga a acrecentar el número de especialistas en distintas áreas y buscar un equilibrio entre ciencias básicas, aplicadas e innovación productiva.
En educación, la prioridad es avanzar en el ámbito de posgrados, es decir, aumentar el número de magíster y doctorados en todas las disciplinas, e incrementar los recursos para investigación destinados a proyectos de envergadura.
Chile está creando las bases para dar un salto de magnitud en materia de ciencia, tecnología e innovación, y transformarlo en una palanca, como eran antes los recursos naturales, para el crecimiento futuro.
La propuesta consiste en crear cien centros o institutos regionales de innovación tecnológica, de cien personas cada uno, destinados al abastecimiento de tecnologías para las empresas existentes y en creación.
Estos centros o institutos regionales de innovación tecnológica son para impulsar y colaborar con el fomento industrial, por la vía del desarrollo libre de las empresas, fuertemente apoyadas en las tecnologías, basados en ciencias del conocimiento avanzado para facilitar un equitativo acceso a nuestras empresas a un comercio competitivo a nivel mundial, libre de barreras y proteccionismos. Deberán ayudar anualmente a generar o innovar productos de mayor valor agregado para diez empresas nuevas o ya existentes que, a su vez, generen cien empleos, totalizando cien mil empleos anuales, para completar un millón de nuevos empleos adicionales durante la próxima década.
Estos nuevos empleos también recibirán el subsidio del Ministerio del Trabajo, dirigido preferentemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy alcanzan a 600 mil, y son las que generan el mayor porcentaje de los puestos de trabajo en Chile.
Hoy tenemos 600 mil cesantes. Por lo tanto, el álgebra social solidaria inmediata consiste en hacer posible que cada empresa, con ayuda de estos centros o institutos, genere al menos un puesto de trabajo en cada una de sus empresas.
Sólo a modo de ejemplo, los cien institutos regionales de ciencia y tecnología, con un total de 10 mil innovadores destacados en todo el país, necesitarán 300 millones de dólares al año para combatir la cesantía, cifra equivalente a lo destinado por Codelco anualmente a las Fuerzas Armadas.
A semejanza de lo alcanzado con el IM2, Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A., filial Codelco Chile, donde por cada dólar invertido en innovación se han recuperado 33 dólares en promedio, cada nuevo instituto regional de innovación tecnológica, Irits , constituidos de cien innovadores cada uno, recibirán tres millones de dólares anuales proveniente de recursos especialmente asignados desde el royalty minero del cobre, los fondos de Ciencia y Tecnología, Organismos Internacionales y otros.
Los Irits recibirán tres millones de dólares al año. Cada año deben ayudar a generar diez empresas con cien empleos y además deben generar 90 millones de dólares, cada dólar debe rendir 30, como resultado de su acción optimizadora en el sistema productivo chileno, industria, comercio, ciencia, turismo, recreación.
Un aporte a crear un mayor valor a nuestros productos y un aporte a la descentralización tecnológica y productiva.
Una forma eficiente es orientando los esfuerzos de la innovación tecnológica sistemática, como una política de Estado, al servicio de incrementar el valor de nuestros productos exportables para nuestros clientes en las regiones.
-Institutos de innovación tecnológica regionales para apoyar a las empresas de cada lugar, de las cuales el 99 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas, con innovaciones en el acceso a financiamiento y a nuevas tecnologías. Un empleo más por empresa y tendremos los 600 mil puestos de trabajo adicionales.
-Otras áreas: institutos de innovación tecnológica para cada una de las cadenas de valor de los productos exportables, distribuidas armónicamente en las regiones, favoreciendo la creación de clusters productivos.
-Cadena de valor y spin-off de la industria del cobre: máquinas, energía, materiales, mecanismos, dispositivos, motores eléctricos, reactivos químicos, construcción civil, cemento, hormigón armado, inhibidores, procesos de negocio. Institutos de innovación tecnológica para el cluster minero o el Copper Valley del Mundo.
-Industrias vitivinícola, ganadera, avícola, bovina y de vacunos; valor de los productos marinos, bivalvos; cadena de valor alimenticia no convencional, ranas, camarones, etcétera.
Es decir, que en cada región se logra una especialización para producir innovaciones en aquellos productos o servicios con ventajas comparativas, focalizadas a resolver su brecha de cesantía.
La convocatoria para crear los institutos o centros regionales de innovación tecnológica puede constituirse en un importante apoyo e incentivo en las regiones, para la realización de proyectos de innovación y desarrollo y la innovación.
En conclusión, un método para vertebrar el sistema regional de investigación e innovación tecnológica en el país. Ése es su valor agregado.
Áreas en las que se pueden crear los institutos de investigación e innovación tecnológica: transporte marino, transporte aéreo, defensa aérea, defensa marítima, defensa terrestre, viviendas sociales de alta calidad, de bajos costos; implementos deportivos, vestuario, artefactos electrodomésticos y línea blanca, materiales, biotecnología, nanotecnología, macrotecnología, tecnologías del plasma aplicado a la producción, investigaciones espaciales, ergonomía doméstica e industrial, investigación tecnológica forestal, industria de juguetes, plástico y sus derivados, caucho y sus derivados, elementos educativos, cuero y calzado, vidrio y sus derivados, procesamiento de la basura, energía, construcción civil, instrumentos para la medicina e instrumentos de fisioterapia.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , agradezco la presencia del ministro de Hacienda , don Andrés Velasco , y de la ministra de Minería , señora Karen Poniachik , en este importantísimo debate.
Nos encontramos con los minerales a precios muy altos. Lo ha producido un hecho inusitado que está fuera de los cálculos que habían hecho los Ministerios de Hacienda y de Minería. Estos siempre dijeron que con el impuesto específico de 5 por ciento a la minería sólo podrían recaudarse alrededor de 120 a 140 millones de dólares. Hoy, de acuerdo con lo que nos informó Cochilco existe un ingreso de 380 millones de dólares. El ministro de Hacienda ha dicho que se trata de un monto menor, pero que en ningún caso es menos de 280 millones de dólares. Por lo demás, es perfectamente posible que en los próximos cinco o seis años la minería tenga un repunte en los precios y podamos gozar del fondo proveniente del royalty durante varios años más y contar con un conjunto de recursos que deben ser utilizados con los objetivos para los cuales se creó este impuesto específico.
Quiero decirle a la señora ministra de Minería y al señor ministro Hacienda que este hijo no es una criatura del gobierno del Presidente Lagos; este hijo llamado royalty -que sólo es un impuesto específico, porque no hubo acuerdo para que hubiera una regalía directa- es, en primer lugar, hijo de este Congreso. Los tres primeros proyectos para la creación del royalty fueron presentados por senadores y diputados. El primero, por iniciativa del diputado Jaime Mulet y de otros parlamentarios de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el senador Núñez , la senadora Carmen Frei y otros senadores presentaron otro proyecto de ley. En virtud de ello, logramos convencer al Gobierno y al Ministerio de Hacienda de que era necesario un proyecto de ley sobre royalty, el que, finalmente, por los desacuerdos políticos se transformó en un impuesto específico.
Cuando discutimos esta materia se dijo que uno de los objetivos del royalty era destinar esos recursos a innovación tecnológica, encadenamiento productivo y formación de profesionales de alto nivel. Pero constato que no hay ley de fondo de innovación, y el Gobierno debe empeñarse fuertemente en que exista. Pero no he visto de parte del Ejecutivo ni del ministro de Hacienda mucho interés en llegar a un acuerdo con el Senado al respecto. Se me puede decir que hay desacuerdos. Por supuesto que los hay. Tuvimos uno con el entonces ministro Eyzaguirre respecto de cuánto debía ir a las regiones mineras, como también de cuánto debía destinarse a las regiones en general.
Es importante tener presente que en las regiones mineras es donde se produce esa riqueza, donde se pagan los costos medioambientales y donde se producen los accidentes con muerte de trabajadores. Entonces, resulta absurdo que, habiendo una riqueza de tal magnitud, en una comuna como Vallenar exista 20 por ciento de desocupación. También es absurdo que en la Comisión Transitoria de Asignación de Recursos al Fondo de Innovación Tecnológica, constituida ayer por la Presidenta Bachelet -porque todavía no hay ley-, no haya ningún representante de las regiones, ni siquiera de las mineras. ¿Acaso creen que no hay un rector de universidad en las regiones mineras que sea capaz de participar en una comisión de esa naturaleza, en circunstancias de que las riquezas vienen de allá? ¿Es posible que se pueda constituir dicha comisión dejando fuera a las regiones del país?
Queremos la ley, señor ministro , queremos que por ley se constituya esa comisión tal como lo habíamos discutido con el entonces ministro de Hacienda , donde estén presentes las regiones mineras y, por ende, quienes la representen.
En segundo lugar, queremos que los recursos del royalty se destinen a los objetivos para los cuales fue creado. Se podrá discutir; pero soy partidario de que se destinen a la innovación tecnológica y al encadenamiento productivo, aun cuando es pertinente que existan otras opiniones. El Gobierno debe escuchar a los parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados para llegar a una buena ley que disponga dónde colocar los recursos, pero no sólo los 80 millones de dólares, sino el conjunto de los recursos.
Éste no es un impuesto cualquiera. Aquí no se puede tratar el impuesto específico de la minería del 5 por ciento de las utilidades operacionales como si fuera un impuesto cualquiera. Este impuesto reemplazó una regalía y la filosofía del royalty es clarísima: poder invertir en aquello que reemplace cuando los minerales no tengan el valor actual en el mercado internacional.
Por eso, señor Presidente , por su intermedio, pido al ministro que nos ilustre acerca de la política del Gobierno, que nos diga cuándo habrá ley y cuándo vamos a operar con un instrumento legal, como siempre pensamos que se haría. Además, le solicitamos que los recursos del royalty vayan a los destinos concordados en protocolos con los parlamentarios cuando aprobamos la ley. En caso contrario, no habríamos aprobado la ley del 5 por ciento de impuesto específico; habríamos seguido insistiendo en nuestro proyecto, de royalty, de regalía de la gran minería del país.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , pido que no corra mi tiempo, porque esta intervención demorará sólo dos segundos.
Me quedo con lo manifestado por el diputado señor Leal , pero me gustaría que, antes que discutir y dar ejemplos, el ministro nos dijera cuáles son los planteamientos del Gobierno y así poder obrar en consecuencia.
Por lo tanto, pido al ministro o a las ministras que nos ilustren sobre el tema para, con posterioridad, tener una discusión acertada. En caso contrario, estaremos toda la tarde presentando propuestas y no llegaremos a ninguna conclusión.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra al señor ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , señoras diputadas y señores diputados, agradezco mucho la invitación para asistir a esta sesión.
El propósito de mi intervención es uno y muy sencillo: plantear los criterios del Gobierno de la Presidenta Bachelet respecto de la política de innovación en general, del financiamiento de esa política y, en especial, del uso de lo recaudado por concepto del impuesto de la minería para financiar la política nacional de innovación.
Permítanme iniciar mis palabras con un par de antecedentes para explicar el por qué y el modo de lo que estamos haciendo.
Creo que todos estamos conscientes de la importancia de innovar. A mi juicio, hay un amplio consenso respecto del diagnóstico. A Chile le hace falta innovar más, para crecer más, ser más prósperos y ser una sociedad más justa.
¿Por qué innovar? Por lo menos, hay tres razones importantes. La primera es que nuestras ventajas comparativas estáticas, en especial las que tienen que ver con la exportación de recursos naturales, son finitas, vulnerables y, en algunos casos, no renovables.
Recién el Presidente de la Cámara de Diputados preguntaba qué va a ocurrir en Chile cuando el día de mañana no tengamos cobre. Todos sabemos que ese metal no es un recurso renovable y, por lo tanto, es una pregunta central, capital. Una de las respuestas centrales tiene que ver con la política de innovación.
En segundo lugar, el crecimiento económico depende de las reformas, de las transformaciones. Como todos sabemos, Chile hizo una serie de transformaciones y de reformas, en especial en los últimos dieciséis años. Pero toda la evidencia empírica nos indica que esas reformas, en especial las que tienen que ver con la macroeconomía, son condición necesaria para tener una economía estable y, por lo tanto, para crecer, pero no suficiente.
Algunos países latinoamericanos han logrado estabilizar sus economías, pero en el largo plazo crecen poco o no crecen. Por ejemplo, las de México y El Salvador son muy estables; sin embargo, sus tasas de crecimiento en el mediano plazo son claramente insuficientes. En resumen, la estabilidad macro, las reformas, la apertura de la economía, son muy importantes y necesarias, pero no suficientes.
En tercer lugar, la evidencia y la teoría económica nos dicen que, en la medida en que los países se vuelven menos pobres, o más ricos -Chile es un país de ingresos medios-, los retornos de capital van cayendo, debido a la dinámica de la acumulación de capital. Es decir, si se deja a esa economía en su trayectoria natural, las tasas de crecimiento tenderán a decrecer con el tiempo. Para que ello no ocurra, sino que se mantengan estables o, mejor aún, suban, es necesario que ese capital sea más productivo. ¿Cómo? Añadiéndole innovación y tecnología. Entonces, hay razones de sobra para innovar y, en especial, para añadir más tecnología al capital que acumulamos y a nuestros recursos naturales.
¿Cómo está Chile en materia de innovación? ¿Cómo se posiciona en esta llamada economía del conocimiento?
En verdad, los estudios internacionales al respecto muestran que Chile tiene aún muchas tareas pendientes en esta materia. Hay estudios del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial y, en especial de la Ocde, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, club de los llamados países ricos, que Chile integra en alguna de esas comisiones. ¿Qué nos dicen esos informes?
1. Que Chile tiene una proporción baja de sus exportaciones con contenido tecnológico. No somos un país exportador de tecnología.
2. Que tenemos un grado relativamente bajo de colaboración entre empresas y universidades. Este dato es importante, porque la colaboración entre empresas y universidades es pilar en todas las experiencias exitosas en esta materia.
3. Que nuestro país produce pocas patentes. ¿Cómo se mide la innovación? Cuando uno innova, patenta aquello que ha inventado o innovado. ¿Qué nos dicen los datos? Que en Chile patentamos al año aproximadamente 50 cosas; en Estados Unidos, país donde se va a patentar si se quiere que la patente tenga una amplia validez internacional, la cifra llega a 15 en los años en que se han registrado más patentes. Si por contraste comparamos el desempeño de países como Irlanda, Nueva Zelanda o Finlandia en esta materia, veremos que tienen patentes per cápita siete u ocho veces mayores que las de Chile, lo cual quiere decir que tenemos una brecha en nuestra capacidad de innovación.
También la tenemos en otro aspecto que resulta determinante en la capacidad de innovar: el capital humano. Para innovar, necesitamos buenos técnicos, buenos científicos, buenos profesionales. Los tenemos, pero no en las cantidades suficientes. Por ejemplo, en 2003, el número de doctores en ciencia en Chile fue de 104, y el de doctores en ingeniería, solamente 13. De nuevo, si uno compara estas cifras con la de los países pequeños que crecen e innovan aceleradamente, comprobará que son muy magras.
Además, tenemos un problema entre los mecanismos de instituciones de capacitación técnica y el mundo de la producción. En especial, no contamos con un sistema de certificación que indique qué habilidad de competencia tiene una persona y que sea útil llegado el momento de buscar trabajo o de ser contratado por una empresa. Existe aquí, entonces, una brecha importante en materia de capital humano aplicable a la innovación.
En resumen, tenemos lo que el club de países ricos -la Ocde- llama un sistema nacional de innovación insuficientemente desarrollado. En cambio, en los países que lo integran, el sistema nacional de innovación vincula, de modo muy activo, a gobiernos, empresas, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, sin fines de lucro, privadas, públicas o mixtas, todas las cuales trabajan, se coordinan y se mancomunan para acrecentar el conocimiento, la innovación y la tecnología.
Según el diagnóstico de la Ocde, Chile tiene un sistema de innovación que no cuenta con responsabilidades claramente definidas, ni con mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia adecuados. Por lo tanto, en esta área tenemos otra brecha.
La brecha final que quiero resaltar es la insuficiente movilización de recursos públicos y privados para financiar la innovación. Si miramos nuestro actual nivel de gasto en investigación y desarrollo constatamos que sólo alcanza a 0,7 por ciento, es decir, a menos del uno por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, dado el nivel de ingresos de Chile, deberíamos estar gastando alrededor de 3 por ciento del PIB. Si nos volvemos a comparar con países pequeños, intensivos en recursos naturales y muy exitosos, observamos que, por ejemplo, Finlandia y Suecia gastan 3,4 por ciento y 4,3 por ciento, respectivamente, mientras que otros, como Israel, destinan aún más recursos. Es decir, hay una brecha importante en la movilización de recursos.
Finalmente, tenemos una asignación público-privada muy distinta a la de países exitosos. En Chile, sólo el 27 por ciento del gasto total en investigación y desarrollo lo hacen las empresas privadas y más del 60 por ciento el fisco. Dicho grosso modo: un tercio los privados, dos tercios el fisco. En los países avanzados esa proporción se invierte: dos tercios los privados y un tercio el fisco. ¿Qué nos dice eso? Que cualquier estrategia exitosa en materia de innovación debe contener incentivos, ganchos que permitan estimular y aumentar el aporte que las empresas privadas y el sector privado en general hacen a la investigación y el desarrollo. En Chile, a todas luces, hoy ese gasto es insuficiente.
En consecuencia, el diagnóstico -el cual creo es ampliamente compartido- es que Chile tiene tareas pendientes en esta materia. ¿Qué nos falta? A mi juicio, tres aspectos.
Primero, un régimen institucional en esta materia que sea claro, coherente y estable.
Segundo, la capacidad de estimular y financiar encadenamientos productivos, vinculados a nuestras riquezas naturales, a nuestras ventajas comparativas. No se trata de reinventar la rueda, sino de tomar aquellos sectores en los que Chile ya es líder, muchos de ellos basados en recursos naturales y prácticamente todos ubicados en regiones, y darles un componente adicional, valor agregado y tecnología al incorporarlos en las cadenas productivas. Para que eso sea posible necesitamos más capital humano de calidad, especialmente en el área técnica y de la ingeniería.
Por supuesto ello requiere de financiamiento, de más recursos. Sin embargo, no basta solamente con más pesos, sino que también importa cómo se gastan. En este aspecto, lo central es que los recursos públicos sean invertidos con cuidado y transparencia, para reforzar la gestación y la formación de recursos humanos, apalancándolos, usándolos como instrumento e incentivo para atraer, a su vez, más recursos privados, de modo que junto con los fondos públicos vayan de la mano y actúen como motor de la competitividad.
Ese es mi diagnóstico, y me atrevo a decir que es bastante compartido.
Veamos, entonces, en qué estamos. Paso a lo concreto: a las políticas y compromisos del Gobierno, en el uso de fondos y a lo que se espera de las políticas que, en conjunto, diseñemos y apliquemos en el futuro.
¿En qué estamos? Como saben, el año pasado se aprobó el proyecto de ley sobre impuesto específico a la minería -a veces llamado royalty-, aunque técnicamente se trata de un impuesto específico a la minería, no de una regalía minera.
Este año las empresas comienzan a efectuar pagos provisionales mensuales, PPM. La primera operación renta asociada a este nuevo impuesto se realizará el primer trimestre del próximo año. Eso incide -voy a volver a este punto- en los montos recaudados.
Es importante tener claro que el impuesto recién comienza a aplicarse, y lo único que ocurre en este momento, desde el punto de vista de la recaudación, son los pagos provisionales que hacen las empresas involucradas.
El otro pilar de esta estrategia, que también conocen, se refiere al proyecto de ley hoy en trámite en la Comisión de Educación del Senado, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC.
¿Qué establece ese proyecto de ley? En primer lugar, los gastos mínimos en innovación y competitividad que se fijan en términos de recaudación esperada o anticipada -lo enfatizo- del impuesto específico a la minería.
¿Cómo se hizo la asignación este año? ¿Cómo debería hacerse en el futuro si el proyecto de ley en curso se aprueba como está? Se toma un precio estimado de largo plazo para el cobre, que no lo fija la ministra de Minería , aquí presente, ni el ministro de Hacienda , ni de modo arbitrario o discrecional, sino un comité de expertos independientes que entregan su mejor estimación del precio promedio del cobre para los próximos diez años.
El año pasado, el comité consultivo de expertos se reunió en julio y estimó que el precio del cobre a largo plazo era de 99 centavos de dólar la libra, sobre la base de la información disponible de entonces, muy distinta a la de hoy. Esa estimación coincidía mayoritariamente con las de los analistas privados en ese momento, y gozó de mucho consenso y de amplio beneplácito, porque, insisto, las condiciones eran muy distintas.
Sobre la base de esta estimación, según el proyecto de ley, se consideraron, a su vez, los ingresos provenientes del impuesto específico de la minería, y se fijó un monto a gastar. Como explicaré más adelante en detalle, eso se hizo en el presupuesto de este año.
Cuando describí lo que hace el mencionado proyecto de ley, recordé algo que muchos de ustedes conocen.
En primer lugar, fija montos mínimos para ser invertidos en innovación.
En segundo lugar, crea un consejo nacional de innovación, que representa las distintas ópticas y miradas profesionales, sectoriales y regionales en torno a la innovación, y le propone a la Presidenta de la República una estrategia nacional de innovación, como también los criterios de gasto e inversión, es decir, los criterios de asignación de recursos para materializar y llevar a la práctica esa estrategia nacional de innovación.
¿Qué criterios deben emplearse para asignar los recursos? Varios. Destaco uno que va a ser de interés de la Sala: los criterios de asignación regional.
Es importante distinguir entre aquellos gastos que tienen impacto en las regiones y los que se ejecutan en las regiones.
¿Por qué digo esto? Porque si en su inmensa mayoría los proyectos de innovación van a ser vinculados a los sectores punta de recursos naturales, que casi todos están en regiones, es casi de perogrullo que el impacto de la inmensa mayoría estará centrado en las regiones. Al enviar el proyecto de ley se estimó que el impacto se radicará en un 80 por ciento en regiones.
Esto en cuanto al lugar donde se siente el efecto de los proyectos.
Hay otro criterio para asignar recursos. El lugar en que se ejecutan, mediante qué instituciones, universidades, centros de investigación. Lo que el proyecto de ley hace es fijar pisos, no techos, para los porcentajes del gasto que serán ejecutados en regiones, con el fin de fortalecer sus capacidades.
Se contempla, también, que el piso sea el 25 por ciento de los recursos. De esos 25 puntos, 15 van a regiones mineras, que se definen como las que hacen un aporte de más del uno por ciento a la producción total minera del país, y 10 a regiones no mineras.
En las regiones mineras se utilizan indicadores sociales y el porcentaje de producción minera de cada una de ellas en el total, y en las regiones no mineras, sólo indicadores socioeconómicos.
Señor Presidente , usted manifestaba su interés y convicción de que el proyecto de ley se tramite rápidamente. Me permito asegurarle que esa es precisa y exactamente la voluntad e intención del Gobierno de la Presidenta Bachelet. En la mañana de ayer, se reanudó la tramitación del proyecto en la Comisión de Educación del Senado.
Esperamos avanzar rápido, sin precipitarnos, porque es un asunto de suma complejidad, y construir con los senadores y los diputados los consensos necesarios para legislar acerca de un tema tan importante.
¿Qué otra cosa está ocurriendo? Con el fin de que este proceso de inversión y gasto en innovación no se detenga, y el Gobierno cuente con la asesoría de los mejores expertos para comenzar a tirar líneas sobre los criterios de asignación de recursos en el presupuesto de 2007 -que se empieza a elaborar en julio-, la Presidenta de la República nombró ayer un consejo asesor en estas materias, de carácter transitorio, cuyo mandato se extenderá sólo por el tiempo que dure la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, y será traspasado al consejo asesor que crea esa iniciativa.
Es importante destacar, y con ello respondo a algunas inquietudes planteadas en la Sala, que la Presidenta ha tenido en cuenta una serie de criterios que, por lo demás, están contenidos en el proyecto de ley, para invitar a distinguidas y distinguidos profesionales y técnicos a integrarse a ese consejo. Menciono, al pasar, que hay dos personas de regiones, una del mundo sindical -cosa que no ocurría en el consejo anterior, nombrado por el Presidente Lagos- y, además, una persona vinculada al cluster de la minería. Es decir, hay una serie de criterios, que incluyen lo regional y lo minero, que la Presidenta empleó al nombrar a este consejo asesor.
La tercera parte de mi intervención tiene que ver con los compromisos del Gobierno en esta materia y con su cumplimiento. Me adelanto a afirmar que ha cumplido rigurosamente sus compromisos. En este período, aunque no se ha dictado una ley del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, el compromiso del Gobierno fue destinar los recursos estimados, que serán recaudados por este nuevo impuesto específico a la minería, íntegramente a la promoción de la innovación. Ese fue el compromiso, y así se está actuando. En la ley de Presupuestos de 2006 figura la estimación de los ingresos por concepto del nuevo impuesto. Ascienden a 43.431 millones de pesos, aproximadamente 80 millones de dólares. Ése es el monto comprometido en la ley de Presupuestos para el gasto de este año, y es lo que se está ejecutando.
El Ejecutivo se comprometió a actuar como si la ley estuviese vigente, y propuso establecer un piso de aproximadamente 25 por ciento del total de las transferencias ejecutadas directamente en regiones -aunque, como dije, el porcentaje de fondos que tiene un impacto en regiones es mucho mayor- aun cuando no sea directamente ejecutado por instituciones radicadas en ella.
¿Cómo se están utilizando los recursos asignados en el presupuesto? De los aproximadamente 80 millones de dólares o 43 mil millones de pesos, el 94 por ciento constituye transferencias a distintas entidades; el resto tiene que ver con gastos de la secretaría ejecutiva y con estudios encargados de saber cómo seguir hacia adelante y cómo fortalecer este proceso de estímulo a la innovación. Del total de estas transferencias, el 87 por ciento corresponde a transferencias corrientes y el 13 por ciento, a transferencias de capital. El 57 por ciento de las transferencias se destinan a organismos del gobierno central; el 24 por ciento y fracción se traspasa directamente a regiones a través de programas de Conicyt y de Corfo, que son las instituciones que reciben la mayor cantidad de fondos. De hecho, desde 2005 a 2006, los recursos disponibles para la innovación, radicados en Corfo, aumentaron en 65 por ciento, y los recursos disponibles en Conicyt, en 20 por ciento. Por lo tanto, si lo que preocupa a los señores diputados es la disponibilidad de recursos utilizables que están en Corfo o en Conicyt, tenemos buenas noticias. En el caso de Corfo, de un año a otro, ha habido un aumento de 65 por ciento. Me atrevería a afirmar que, desde 1990 a la fecha, no hay precedente en la historia de un incremento de esta magnitud.
Ése era el compromiso central del Ejecutivo: fijar un monto de gasto, consignado en la ley de Presupuestos.
Hay ciertos criterios para fijar y asignar dicho gasto en estas instituciones, lo que se ha hecho rigurosamente. Ése es el monto de gastos autorizados por el Congreso Nacional, y es el que se ejecutará durante el año. Ustedes conocen bien -porque estaba en el presupuesto- cuáles son las instituciones que recibirán estos recursos y en qué proporción.
Si los señores diputados y las señoras diputadas desean más información o los detalles precisos de estos programas de gasto, sugiero que inviten a esta Sala a los entes ejecutores, que incluyen, primordialmente, a los Ministerios de Educación y de Economía y a las agencias ejecutoras, en especial a Corfo y a Conicyt.
Para terminar, después de haber clarificado los compromisos del Ejecutivo y lo que éste ha hecho, me gustaría referirme a algunas especulaciones aparecidas en la prensa respecto de estimaciones sobre la recaudación correspondiente a este impuesto y a una serie de asuntos relacionados.
A través de la prensa, se han hecho afirmaciones según las cuales la recaudación del impuesto específico para este año podría exceder los 300 millones de dólares. Asimismo, una estimación hecha por Cochilco fija la recaudación en 380 millones de dólares.
Puedo afirmar con toda confianza que esa estimación es profundamente errónea, cosa que no debe sorprender, porque no es misión de Cochilco hacer estimaciones respecto de los ingresos tributarios, ni cuenta con la capacidad técnica para efectuarlas. Por lo tanto, la cifra de 380 millones de dólares tiene muy poco que ver con la realidad.
¿Cuál es la realidad? Los hechos son muy sencillos. El 3 de mayo en curso, el director de Presupuestos informó, como lo hace trimestralmente, sobre la ejecución del Presupuesto, es decir, acerca de los ingresos y gastos que corresponden al primer trimestre del año. ¿Qué nos dice esa información? Que, vía pagos provisionales mensuales, en los primeros tres meses del año este impuesto ha recaudado 8,8 millones de dólares. Repito: 8,8 millones de dólares.
De esos recursos, más de la mitad corresponden a pagos de Codelco y, por lo tanto, no constituyen ingresos adicionales, porque como Codelco es fiscal, si esa plata no hubiera ingresado al fisco por la vía de ese impuesto, lo habría hecho por la de las utilidades de Codelco.
Por lo tanto, de esos 8,8 millones de dólares, más de la mitad -insisto- no constituyen ingresos adicionales.
Además, como los señores diputados y las señoras diputadas bien saben, las empresas privadas pueden utilizar los pagos de este impuesto como un crédito contra el impuesto de primera categoría. Específicamente, el 50 por ciento de ese monto se puede usar como un crédito.
Por lo tanto, resumiendo, si de los 8,8 millones de dólares se resta lo que corresponde a Codelco -que no es un ingreso adicional para el Gobierno- y los créditos que las empresas emplearán, porque así se lo permite la ley, la recaudación adicional que el fisco ha recibido es de aproximadamente 2 millones de dólares. Insisto: 2 millones de dólares.
Por lo tanto, la afirmación que aparece en los diarios, en el sentido de que entrarán cientos de millones de dólares; que buena parte de esos cientos de millones de dólares ya habrían ingresado a las arcas fiscales y que se estarían atesorando en algún lugar, es manifiestamente errónea, no tiene asidero alguno en la realidad.
Repito: hasta el momento, los recursos adicionales recaudados por este impuesto ascienden a 2 millones de dólares.
Ahora, ¿qué ocurre? Esto no debe sorprender. No es que el impuesto no esté operando como debe hacerlo. Por el contrario, está operando precisamente como debe hacerlo. Pero éste es un impuesto que recién ha entrado en vigencia. Por lo tanto, corresponde que las empresas hagan sólo pagos provisionales -lo enfatizo-, y el grueso de la recaudación se verificará el primer trimestre del próximo año -en mayo, para ser más preciso-, cuando se realice la operación renta que, como todos sabemos, es el momento en que el fisco recibe el grueso de sus ingresos.
Por lo tanto, me parece prematuro especular respecto de los montos de recaudación. Sin embargo, puedo dar fe de que me parece muy difícil llegar a la cifra de más de 300 millones de dólares y puedo garantizar que en mayo del próximo año tendremos la cifra precisa.
Mientras tanto, corresponde ceñirnos a la ley. ¿Y qué especifica la ley en este caso? Qué hay un techo de gasto, autorizado por el Congreso Nacional, de 43 mil millones de pesos, que es, precisamente, el monto que estamos ejecutando vía Corfo, Conicyt y una serie de otras partidas presupuestarias.
Tenemos un desafío en materia de financiamiento de la innovación, que pasa por aprobar el proyecto de ley que da lugar a la institucionalidad respectiva, pero también por dotarla de un flujo más o menos estable y predecible de recursos.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque no tendría mayor sentido echar a andar proyectos de innovación, crear centros de innovación, poner en funcionamiento laboratorios, contratar técnicos y generar una serie de gastos que se financien durante un año, pero que, al año siguiente, no cuenten con recursos.
El problema es especialmente agudo, porque la fuente que hemos elegido para financiar la innovación son los ingresos vinculados a la minería. Pero como todos sabemos muy bien, los ingresos de la minería son altamente variables debido a que los precios de los minerales también lo son. Les recuerdo que el precio del cobre se ha triplicado en un año -¡se ha triplicado!- y, según lo indican muchas de las estimaciones privadas, el día de mañana bien podría caer bruscamente.
Precisamente, para evitar estas fluctuaciones año a año, que no harían viable financiar proyectos de investigación, de tecnología, de innovación de mediano y largo plazos, el proyecto de ley y la forma como se elaboró la ley de Presupuestos del año pasado establecía muy claramente que la estimación de ingresos no se hace sobre la base del precio del cobre de ese momento, sino de un precio estimado de largo plazo. Y así como el año pasado tuvimos una estimación para el precio del cobre de largo plazo, cuando el comité respectivo se reúna este año, tendremos otra estimación.
¿Por qué corresponde hacerlo así? Porque esto permite que la trayectoria del gasto sea relativamente estable y que el fisco pueda acolchonar, acomodar, las fluctuaciones en torno a esa trayectoria del gasto. ¿Cómo se hace esto? De modo muy simple: suponiendo que el proyecto sea aprobado, en el futuro habrá años en que se estime un precio y, por lo tanto, se fije un nivel de gasto, pero el precio del cobre esté por debajo de lo estimado. En ese caso, los recursos también estarán por debajo de lo estimado. ¿Qué hará el fisco ante tal situación? Pondrá la diferencia. No se cerrarán los laboratorios ni se suspenderán los proyectos. Pero para que el fisco pueda hacerlo en los años en que la recaudación está por debajo de lo estimado, debe poder ahorrar en aquellos años en que lo recaudado esté por sobre lo estimado. Probablemente, durante este año, la recaudación estará algo por sobre lo estimado. ¿Cuánto? Lo sabremos en mayo próximo.
Lo que está en juego es el diseño de un sistema que sea estable y solvente en el largo plazo y por eso nos parece importante insistir con este criterio de gasto basado en estimaciones del precio del cobre de mediano o largo plazos.
Ahora, para garantizar con la mayor transparencia posible a los ciudadanos que lo recaudado por concepto de este impuesto a la minería se utilice para financiar la innovación -es lo que todos perseguimos y fue el espíritu de la ley-, el Ministerio de Hacienda está dispuesto a estudiar la creación de una cuenta separada, en que se acrediten los ingresos efectivos y de la cual se realicen los giros para este gasto estable de mediano plazo, con lo cual daríamos las garantías más plenas -que, a mi juicio, ya existen, pero se le añadiría una cuota adicional de transparencia- a este compromiso existente. Me parece muy simple, central y capital que utilicemos los recursos vinculados al impuesto a la minería para crear nuevos productos, más eficiencia y nuevas oportunidades productivas, de modo que el día de mañana, cuando los recursos mineros ya no estén disponibles, nuestras regiones, nuestros trabajadores y nuestras empresas cuenten con nuevas fuentes de ingresos.
Para terminar, creo que estamos ante una coyuntura muy afortunada, porque el auge momentáneo del precio del cobre nos permite avanzar en el diseño de un sistema de innovación y contar con muchos más recursos que en el pasado para financiarlo. Pero para que eso ocurra debemos evitar los errores que se cometieron en el pasado, tanto en Chile, como en América Latina, cuya historia está repleta de experiencias de auges que fueron mal administrados y que terminaron en crisis. Nuestra propia historia, que todos conocemos muy bien, tiene un episodio de esa índole: cuando subió el precio del salitre, nos confiamos en que sería para siempre el sueldo de Chile. Pero, ¿qué ocurrió? Que su precio tan alto generó incentivos para buscar sustitutos. Así, de la noche a la mañana, ese sueldo desapareció y Chile pasó del auge a una profunda crisis que duró casi toda la década de los 30.
Por lo tanto, hoy día tenemos una oportunidad que debemos administrar con mucha prudencia y cautela, creando las instituciones que nos permitan mantener un esfuerzo sostenido de innovación, pero dando a ese esfuerzo fuentes de financiamiento prudentes y estables de largo plazo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , lo que hemos escuchado al ministro es bastante aclaratorio, porque si revisamos los diarios de la época podemos ver que durante las campañas políticas se prometieron casas, pavimentos, asfaltos, puentes, electrificación rural, etcétera, con la plata del royalty. Además, culpaban a la Derecha de no querer apoyar ese proyecto. Por eso, me alegro de que el ministro haya dicho claramente que los recursos son para tecnología e innovación.
Ahora, es lógico que las regiones mineras peleen, porque son las que están generando recursos a través de este impuesto. Pero las otras regiones también están reclamando, con justa razón, porque hace cientos de años que están financiando a Santiago. De hecho, el 90 por ciento de los recursos generados por el resto del país se invierten en el Gran Santiago. Por eso, sería bueno hacer un catastro para saber cuánto se invierte en Santiago y cuánto en regiones.
¿Por qué digo esto? Porque quienes representamos distritos de la Región de La Araucanía -que es la más pobre del país y que el ministro conoce muy bien- tenemos muchas esperanzas puestas en los recursos que pueden llegar para tecnología e innovación.
Quiero dar algunos ejemplos simples para que entiendan lo que sucede en la Novena Región. La gente va a las carnicerías a comprar carne de novillo de Osorno. Pues bien, el 90 por ciento de los novillos se produce en Cautín; los compran cuando son terneros, los engordan en Osorno los matan, los faenan, y nosotros quedamos colgados de la brocha. El 99 por ciento de la madera que se produce en Cautín, la segunda región con mayor productividad, se envía en bruto a Santiago donde la elaboran en barracas, hacen muebles y nosotros perdemos una tremenda oportunidad de obtener valor agregado. Lo mismo sucede con el trigo: el 99 por ciento del trigo que se produce en nuestra región se manda a Santiago y, cosa curiosa, vuelve a la Novena Región convertido en harina.
La verdad es que no estamos peleando por más recursos, sino para que exista sentido común. ¿Y qué significa esto? Hacer un catastro del país para ver cuáles son las zonas más afectadas por la pobreza y cuáles sus requerimientos, de manera que puedan tener esperanzas en la tecnología y en la innovación para salir de esa condición. Indudablemente, ayudará a todos, pero ahí tenemos una importante fuente de recursos que debemos distribuir. Ya veremos si ayudamos a la agricultura, al turismo o a la educación.
Quiero decir al ministro -y esto no es por decir cosas que se me ocurran- que sería preocupante que las ONG nuevamente postularan a estos proyectos. Lo digo por una razón muy simple: ya tenemos 1.400 millones de dólares que han pasado a manos de estas organizaciones por concepto de proyectos. ¿Y cuánto ha llegado a la gente? Prácticamente nada. Las cifras que ha dado el ministro son alarmantes.
Creemos que estamos sentados en una ruma de dinero destinado a tecnología e innovación; sin embargo, para el primer trimestre contamos solamente con dos millones de dólares. Para que la gente lo entienda, en palabras más simples, ese dinero equivale a un kilómetro de doble vía de la carretera 5 Sur. ¡Esa es la plata de que disponemos hoy para todo el país! Pero tenemos la esperanza de que se recuperen las platas.
Decía que es necesario hacer un catastro. Por ejemplo, el turismo es algo que no se ha explotado en el sur del país: la costa, los parques nacionales; son miles y miles los rubros en los cuales podemos invertir. Me da la impresión de que es posible, porque, de lo contrario, ¿cuál sería la razón de que el Ministerio de Economía recaude estos recursos?
Entonces, más que pelear para que el 15 por ciento vaya a las zonas mineras o para que el 10 por ciento vaya a las zonas agrícolas, me gustaría que se hiciera un catastro de la pobreza y que las regiones puedan participar, de manera de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos.
También me gustaría que estuvieran involucradas en esta materia por su cercanía con la gente, las municipalidades. Ellas están llamadas a cumplir un rol importante en las comunas para sacarlas de su frustración y de su pobreza.
Creo que el proyecto estuvo bien enfocado, y no me puedo negar a que las empresas mineras paguen un royalty. Creo que es justo que se cobre, y no quiero hablar de Derecha ni de Izquierda. Son recursos no renovables que debemos resguardar, y las empresas mineras deben pagar, por lo menos, algo, que se invertirá en tecnología e innovación. Así, podrán sentirse orgullosas de haber ayudado, en parte, con un impuesto muy pequeño -creo que es del cinco por ciento- a sacar al país del subdesarrollo y de la pobreza.
Estábamos leyendo -lo digo para que la gente tenga algún conocimiento al respecto- que en Bolivia se va a cobrar un 82 por ciento. ¿Y aquí estamos preocupados por un cinco por ciento? Perdónenme, pero prefiero irme al cementerio con un cinco por ciento menos, pero que me recuerden como alguien que hizo algo por los demás, y no con toda la plata del mundo, pero que me tengan que llevar dando vueltas, porque nadie quiere llevar mi ataúd.
Por eso, considero justo que este impuesto se pague y que lo aprovechen los más pobres, pues todos, no sólo unos pocos, tenemos la obligación de sacar adelante a Chile. La pobreza, la tecnología, la innovación y los anhelos de la gente no pertenecen ni a la Izquierda ni a la Derecha; es la justa aspiración de salir de la pobreza y tener un mejor pasar en esta tierra.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , escuché con mucha atención al ministro y al diputado García , y sería bueno retrotraerse al año pasado o, si mal no recuerdo, a fines del 2004, cuando se llevó a cabo la discusión de la ley del impuesto específico, para recordar algunas cosas.
La necesidad del royalty surgió como un planteamiento, fundamentalmente de parlamentarios de las regiones mineras, buscando una contraprestación por la explotación de recursos no renovables, como son los mineros que, por lo demás, de acuerdo con nuestra Constitución, pertenecen a todos los chilenos por ser de propiedad del Estado.
Hubo un primer proyecto de ley de royalty como regalía, en el concepto que recién señalaba, que presentamos, si mal no recuerdo, el 13 de marzo de 2004 y que fue rechazado. Posteriormente, se discutió otro proyecto, presentado por el Ejecutivo, de impuesto específico a la minería, al cual hizo alusión el ministro de Hacienda .
Quiero recordar que el sentido inicial que los parlamentarios que representan a zonas mineras querían dar al proyecto del royalty era, en primer lugar, establecer de qué manera se iba a pagar por la disposición de esos recursos no renovables de propiedad del Estado y, en segundo lugar, cómo se iba a compensar a las regiones donde están ubicados los yacimientos mineros, de manera que cuando éstos se agoten y desaparezcan, se genere trabajo y actividades económicas que permitan a esa gente sobrevivir.
En esa lógica se discutió el proyecto. Debo reconocer que el ex senador Jorge Lavandero hizo grandes esfuerzos en ese sentido, al igual que diversos parlamentarios de las zonas mineras, entre los que me incluyo, de todos los partidos políticos: de Derecha y de la Concertación. La ley aprobada, en definitiva, fue fruto de una transacción, del acuerdo a que llegamos en la Concertación y con la Derecha.
No obstante, como consecuencia de esa ley, tengo algunos matices en relación con lo expresado por el ministro de Hacienda . Sucede que nos tocó a nosotros dar la cara en las regiones mineras y hacer entender a los miles de hombres de Tarapacá, Antofagasta y Atacama y de la Cuarta, Quinta y Sexta regiones, donde también hay minería, que los recursos que se iban a generar a partir de ese impuesto específico -no royalty, desgraciadamente, a mi juicio- debían destinarse a un fondo de innovación o la construcción de obras en las regiones mineras –que, por lo demás, se encuentran muy atrasadas- y no a gastos corrientes -como plantearon parlamentarios de la UDI, como el diputado Manuel Rojas .
Por ejemplo, la doble vía que se inicia en Puerto Montt termina en La Serena, pero desde allí hacia el norte todavía no se inicia su construcción. Entonces, le explicamos a la gente de las regiones que un 25 por ciento de ese royalty -ese nombre lo siguió usando más el Gobierno que nosotros, porque no era un royalty- se iba a destinar a las regiones por la vía de un fondo de innovación. Y nos convencimos de la necesidad de invertir en innovación, tecnología y conocimiento. Pero, políticamente, también era muy importante dar a ese impuesto específico una connotación de carácter regional, especialmente respecto de las regiones mineras. Por eso, se acordó destinar el 15 por ciento a éstas y el 10 por ciento a las no mineras, no por ser chovinistas, sino porque políticamente era necesario abordarlo de esa manera para tranquilizar y hacer entender a parte importante del país donde se encontraban esos recursos que era necesario destinar a innovación.
En su oportunidad, el anterior ministro de Economía nos dijo -ello debe constar en las actas de esta Corporación- que los recursos iban a ser variables, dependiendo del precio del cobre, razón por la cual en algunos años se iban a invertir 80 ó 100 millones de dólares, y en otros, 200 ó 300 millones en innovación, según los recursos generados por ese impuesto específico. De manera que ese precio estimado de largo plazo no estaba dentro de la discusión habida en la Corporación. Lo que quedó claro es que cuando el precio del cobre estuviera bajo o regular, el fondo de innovación tendría menos dinero y, por el contrario, cuando estuviera bueno, tendría más recursos. Sin embargo, no hubo acuerdo político para establecer el precio estimado de largo plazo. Pudo ser inteligente o no, pero ese acuerdo no existió.
¿Por qué planteo esto ministro ? Quién lo antecedió en la cartera y el Presidente Lagos siguieron llamando royalty a este fondo de innovación. Por eso, en Tarapacá, Antofagasta, Colchagua , Atacama y en todas las regiones mineras nos preguntan legítimamente qué pasó con el royalty; es decir, con ese 25 por ciento que iba a llegar a las regiones para innovación, conocimiento y tecnología.
Señor Presidente , no es sólo un problema técnico, sino también político. Habrá que ver la forma de abordarlo, porque, de otra forma, vamos a tener de nuevo legítima presión de parte de los habitantes de las regiones mineras para establecer un royalty que les implique alguna compensación o retribución.
La solución no es tan simple. Es más complejo de lo que el ministro ha señalado, entendiendo que lo hace conforme a lo que establece la ley, a su conocimiento y a los acuerdos que ha estudiado sobre la materia.
Si no entendemos, como país, que los habitantes de las zonas donde se encuentran estos recursos deben recibir algún tipo de retribución, tal como lo entiende la Izquierda, la Derecha y la Concertación, a lo mejor, en cinco, diez o veinte años tendremos un Evo Morales que buscará soluciones que, a mi juicio, no lo son, pero que la gente ha preferido en distintos procesos históricos, pues hay mucha ortodoxia y no se entiende que existen soluciones alternativas o intermedias.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , las expresiones del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sin duda reflejan el sentimiento que tengo por la gente que represento en el Congreso. Además, escuchar al diputado René Manuel García hace que levante la voz con más fuerza para señalar cómo surge la idea de cobrar el royalty, como en algún minuto se llamó.
La falta de compromiso de las grandes industrias con el desarrollo de cada región, fundamentalmente con la Segunda, ameritaba que levantáramos la voz, porque había efectos muy nocivos en el desarrollo y mejora de la calidad de vida que queremos para la comunidad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Calama, donde el 40 por ciento de las calles está sin pavimentar, a pesar de que allí opera Codelco y es una zona de alto desarrollo minero. De la misma forma, Taltal , Tocopilla y Sierra Gorda son localidades que han perdido en calidad de vida, dado el descompromiso de las mismas instituciones. El royalty nace en ese contexto, y queríamos que las empresas participaran abiertamente en la mejora de la calidad de vida de la región.
Al escuchar al ministro y a la luz de lo que sucede en el Senado, uno puede entender que la demora se produce porque no contamos con el fondo, y luchamos tanto por tenerlo. Por eso, démosle urgencia, busquemos la voluntad política para ello. He leído varias declaraciones, y me he dado cuenta de que ni siquiera en el Senado se han puesto de acuerdo en cómo gastarlo.
Como dijo el presidente de la Corporación , somos quienes representamos a las regiones mineras los que legítimamente sufrimos a diario los problemas que se generan como consecuencia de los procesos de la gran minería. En Antofagasta, alrededor de doscientos camiones transitan diariamente por el centro de la ciudad con material peligroso. Es aquí donde se producen problemas a raíz de los turnos de trabajo, porque el jefe de familia debe ausentarse de su casa, a veces, hasta diez días seguidos, lo cual genera incertidumbre en el hogar. Somos los que tenemos los más altos índices en materia de problemas sociales, como alcoholismo y drogadicción.
Pues bien, lo que pretendíamos era que parte de esos recursos ingresaran a nuestra región para innovación tecnológica. Quién más que yo desearía eso, que fui alcalde de la comuna de María Elena y conozco la historia del salitre. Por ejemplo, gracias a las innovaciones tecnológicas introducidas por empresas como Soquimich, hoy tenemos yodo de primera calidad, que estaba botado en el desierto.
Sin embargo, el Gobierno no ha querido entender cuestiones fundamentales que tienen relación, una, con el futuro, y otra, con el presente, porque en la actualidad también tenemos problemas que queremos solucionar. Es decir, no ha tenido voluntad política para trasladar recursos a las regiones, que, de una u otra forma, realizan sus aportes al país.
Al respecto, cuando en 1994 ó 1995, más o menos, se dio origen a las patentes mineras, con el Gobierno se llegó al acuerdo de que los recursos recaudados por ese concepto se quedarían en las regiones. Así ocurrió, pero, por otro lado, nos quitaron recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr. Es decir, nuevamente fuimos castigados en aquello que queríamos: el desarrollo de nuestras comunidades.
Como dijo el ministro , hay mucha información periodística, lo cual puede llevar a una distorsión de la realidad, y él lo ha aclarado. Por eso, señor Presidente , por su intermedio, le pido que así lo transmita a la prensa y diga que el superávit es sólo de dos millones de dólares.
Ahora, si él no entiende lo que es Cochilco, le leeré lo siguiente: “como si esto fuera poco, el proyecto propone ampliar la facultad de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco , para asesorar al Servicio de Impuestos Internos en la determinación y fiscalización informada de la regalía minera”. Entonces, si no reconoce lo planteado por Cochilco, ¿qué nos queda a nosotros? Y la información dada por Cochilco, en el sentido de que hay 600 millones o 300 millones, ciertamente lleva a distorsiones.
Por lo tanto, el señor ministro tiene que aclarar este aspecto con los respectivos organismos gubernamentales, a fin de que esa información errónea no genere falsas expectativas, como las que se hizo el diputado René Manuel García -lo cual me parece patético- para beneficiar con innovaciones tecnológicas a la gente de localidades rurales gracias a los recursos aportados por el cobre.
Por eso, exijo que se mantengan los compromisos mínimos relacionados con la constitución de este fondo: que haya capital para innovación tecnológica, pero también queremos capital semilla; que las regiones tengan un beneficio real, en especial las mineras, porque es ahí donde se está produciendo el problema. Y ojalá que ello ocurra con el total de los recursos que se quieren captar por concepto del impuesto a la minería, porque -como bien decía el diputado Mulet -, éste es un impuesto, un castigo a la economía de la Segunda Región y a la de todas las regiones que tienen minería. Es un castigo, y así hay que mirarlo.
Por lo tanto, exijo que respecto del destino de los fondos recaudados por el impuesto específico de la minería haya un incentivo que beneficie a regiones, como la Segunda.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al señor ministro que lo que queremos en el norte es que no sólo los 80 millones de dólares, sino que todos los recursos que se recauden por el impuesto específico de la minería vayan al fondo de innovación tecnológica. Que no vayan a la Corfo ni a la Conicyt, puesto que en mi región dicha Comisión no ha puesto ni un peso para innovación tecnológica durante estos últimos años.
Queremos innovación tecnológica. Con los demás diputados del norte acordamos que esos recursos se destinen al desarrollo del país, pero también al futuro del norte, para que, cuando ellos no estén, nuestra gente pueda seguir trabajando y no pase lo mismo que ocurrió en Domeyko, donde subsiste un pequeño pueblo minero importante.
Reitero que queremos que todos los recursos, el ciento por ciento que determine el Servicio de Impuestos Internos, se destinen al fondo de innovación tecnológica, que no se pierdan en la maraña administrativa de la Corfo ni de la Conicyt.
Por lo tanto, necesitamos la ley ahora. Se requiere urgencia para la tramitación del proyecto que crea el fondo de innovación para la competitividad y el desarrollo tecnológico.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , concuerdo con la preocupación manifestada por los colegas que me precedieron en el uso de la palabra y que representan zonas mineras de nuestro país.
Quiero compartir con vuestras señorías el hecho de que nací y viví toda mi infancia en la oficina salitrera Pedro de Valdivia -”nuestra tierra”, como bien dice el diputado Rojas -, pero que hoy es un pueblo fantasma. Por lo tanto, tengo muy presente la imagen que se plantea por no haber hecho inversiones oportunas en áreas donde tenemos explotación de riquezas no renovables.
Me parece un poco preocupante la intervención que hemos escuchado hoy de parte del Ejecutivo , representado por el ministro de Hacienda , porque, por un lado, no creo que a partir de esas disposiciones legales puedan aumentarse los recursos para innovación tecnológica y, por ende, para mejorar el futuro del país. Por otro, tampoco veo que se pueda satisfacer la inquietud que, con razón, manifiestan quienes representan zonas donde existe explotación minera.
Quiero manifestar mi preocupación en el siguiente sentido:
En primer lugar, el diagnóstico entregado por el ministro de Hacienda lo compartimos años atrás en esta misma Sala. Con esto no le resto validez ni importancia al hecho de que él lo reitere, pero incluso las cifras que entregó en materia de innovación tecnológica en el país son las mismas que se escuchaban años atrás. De hecho, él señaló que una estimación permite pensar que un 0.7 por ciento del PIB es, más o menos, lo que se destina a innovación tecnológica. Por su intermedio, señor Presidente , le pido formalmente al ministro que nos informe cómo se llega a ese 0,7 y cómo se desglosa ese porcentaje, para que podamos evaluar efectivamente cuál ha sido la trayectoria del país en materia de innovación tecnológica durante los últimos años.
Tiendo a pensar que sólo en la medida en que ese 0,7 por ciento se desglose con la mejor aproximación posible, podremos ser certeros en plantear un camino que permita fortalecer el aumento de recursos para innovación tecnológica.
Ahora bien, ¿por qué me preocupan los informes que hoy hemos recibido? Porque, lamentablemente, de la información del ministro -comparto la preocupación de algunos colegas respecto de la discusión para establecer un royalty a la minería, porque hoy no tenemos eso-, tampoco se deduce una cifra a partir de la cual pueda haber algún grado de optimismo respecto de lo que vamos a obtener como mayores recursos. Entiendo que el hecho de haber asociado este impuesto específico a innovación tecnológica fue para lograr un aumento en esta materia y no para tener una cuenta corriente que el día de mañana refuerce la idea de que existe plata para esta finalidad, pero que se mantenga entre 0,6 ó 0,8 por ciento, aproximadamente. O sea, estamos hablando de que la discusión se asocia a la idea de aumentar los recursos, porque eso es deseable por todas las razones que se han dado y por el diagnóstico del ministro que -creo- todos compartimos.
Me preocupa que salga una información como la de Cochilco y, simplemente, se nos diga que es equivocada. Es preocupante que cifras como las surgidas aparezcan desmentidas en forma tan brutal, por lo que nos ha señalado el señor ministro . Obviamente, le creo a él; pero, me inquieta también lo que planteó el diputado Mulet , en el sentido de que se haga un cálculo sobre la base de una cifra promedio y que, en consecuencia, depende del panel de expertos y de lo conservadores que sean o no, para saber si vamos a tener una cifra relativamente importante para destinarla a innovación en aquellos años en que haya un aumento notable del precio del cobre, como el de estos días.
No quiero molestar con ironías, pero no deja de preocuparme el hecho de que para los chilenos pareciera ser algo poco grato tener un muy buen precio del cobre en estos días, porque cada vez que escucho al ministro de Hacienda , tiendo a pensar que siempre vamos a encontrar una razón por la cual, al final, ese precio no pueda considerarse con criterio político como el fundamento para algunas medidas que puedan fortalecer la innovación tecnológica u otras áreas en la cual el país necesita una inversión urgente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , no voy a perder tiempo en responder algunas afirmaciones contra las Ong, la Iglesia, etcétera, que se han hecho al margen, sino expresar mi absoluta molestia con el Gobierno y el ministro de Hacienda en esta materia.
Por intermedio de su señoría, quiero decirle al ministro que no somos niños y que el iluminismo y el bonapartismo con que a veces se enfrentan los temas no es aceptable. Así como en el caso de Cochilco aparece como jugarreta decir que vamos a contar con 380 millones de dólares de recaudación, también es travesura desorientar a algunos parlamentarios con cifras de 2 ó 9 millones de dólares, porque estos son pequeños pagos anticipados. La verdad, a todas luces, es que los analistas serios establecen que en mayo del próximo año se recaudarán más de 200 millones de dólares en impuestos de este año, como consecuencia de la aplicación del royalty.
El ministro de Hacienda no puede decirnos a quienes impulsamos el royalty que el aumento del presupuesto de Corfo y de Conicyt acordado para este año corresponde a dineros del royalty. ¡No nos puede decir eso! La gente de regiones no es idiota. No vengan con ese discurso de que en regiones sabrán entender que no se puede gastar en proyectos que no sean relevantes para el desarrollo del país ¡Por favor! En regiones hay gente educada, universidades y consejos regionales que tienen sus propias comisiones de ciencia, innovación y tecnología.
El objetivo del fondo del proyecto, y se planteó en la discusión prelegislativa, era destinar recursos a la competitividad; a invertir en líneas de estudio, en capitales y semilla; en estudios de base para analizar los cluster mineros y agrícolas; en la realización de doctorados, magíster, y en generar capacidad en las regiones para gastar en consorcios. Siempre se nos dijo que el primer año se iban a obtener, al menos, 80 millones de dólares adicionales para que las regiones iniciaran estudios de base destinados a generar consorcios para ciencia y tecnología. También se planteó que habría recursos para aumentar las becas, pero pactadas con las regiones y no, como bien decían los diputados Latorre y Mulet , con fondos generales del Fondecyt, de la Corfo o de Sercotec. Por lo tanto, exigimos seriedad y una explicación al respecto.
En Mideplán me informaron que 522 jóvenes están postulando a becas de doctorado y de magíster en Chile. Normalmente, Mideplán destina 140 millones de pesos a estas becas. Una de las ideas del impuesto al royalty era entregar recursos adicionales al país, pero especialmente a las regiones mineras. Cientos de jóvenes esperan la posibilidad de estudiar un magíster o un doctorado.
Chile es uno de los países con la banda ancha más cara. Eso no es perder dinero, sino que generar condiciones de competitividad para cluster tecnológicos mínimos. Estamos a años luz de lo que se está haciendo en Corea y en otros países emergentes. Por eso, ahora es cuando debemos invertir en la generación de centros de acceso a internet en regiones.
No debemos perder más tiempo también en laboratorios de física o de química cuántica, sino implementar proyectos que están en carpeta de diversas universidades regionales.
Por tanto, exigimos, en primer lugar, que el ministro de Hacienda nos diga si Cochilco está tan equivocado en sus cálculos y cuánto estima que se va a recaudar este año por concepto del royalty, con el precio actual del cobre.
En segundo lugar, que nos explique si se trata de recursos adicionales o si desde el comienzo se supo que los aumentos generales de ciertas instituciones públicas serían la base de estos recursos que se prometieron mientras no se aprobara la ley. Se trata de recursos adicionales para todas las regiones, pero en particular para las mineras.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , el número 24 del artículo 19 de la Constitución señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas sustancias mineras, hidrocarburos y sustancias fósiles. Sin embargo, el Estado entrega en concesión a terceros la exploración y explotación. A ese explotador minero se le aplica un impuesto específico a la renta imponible operacional, que se ubica en tasas del 0,5 al 5 por ciento, dependiendo de la producción de toneladas de cobre fino. Entre 12 mil y 50 mil toneladas de cobre fino se establece una tasa variable y sobre 50 mil toneladas corresponde el 5 por ciento.
Pero esta renta se produce por la actividad minera es un recurso no renovable, finito, que se agota en el tiempo y, por lo tanto, se acaba. Por ejemplo, en mi región, el yacimiento de El Salvador, en pocos años más, ya no podrá ser explotado, porque finalizará su ciclo natural.
Por eso, este hemiciclo buscó un mecanismo para que ese activo pueda persistir en el tiempo y permita desarrollar una actividad que genere rentas. Se concluyó en que dicho mecanismo debe ser la innovación tecnológica para la competitividad.
Todos estamos de acuerdo en que se debe invertir en ciencia y tecnología, pero no hay que olvidar que no es todo el país el que deja de percibir esa renta, sino las regiones mineras, pues son ellas las afectadas cuando se agotan los yacimientos.
Pero la dificultad radica en la asignación de los recursos. Creo que las regiones tienen la madurez y la capacidad necesarias para destinarlos a proyectos de innovación tecnológica. Los organismos centrales, como la Corfo y la Conicyt, en Santiago, no son las únicas capaces de hacerlo. En este sentido, esas instituciones pueden asesorar a las regiones en la distribución de recursos provenientes del impuesto específico a proyectos distintos; pero, en definitiva, deben ser las propias regiones las que los asignen, porque de esa manera la mayor parte quedará en ellas.
Una forma de asegurar el desarrollo hacia el futuro es la inversión en tecnología. Sabemos que nuestro país invierte menos de 1 por ciento en dicha investigación y que, en cambio, hay otros países, como Israel, que invierten cerca de 4 por ciento de su producto interno bruto en ese concepto. En ese sentido, aplaudo la decisión de asignar estos recursos sólo a innovación tecnológica y no, por ejemplo, a gasto social, aunque éste también es muy necesario.
En lo que no estoy de acuerdo con el Gobierno -insisto- es que tales recursos se asignen centralmente por determinadas instituciones, razón por la cual pido que se modifique ese criterio, de manera que sean las regiones las encargadas de hacerlo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , valoro su decisión de convocar a esta sesión especial que, en el fondo, es aclaratoria respecto de informaciones absolutamente disímiles que hemos recibido sobre la materia.
También valoro las palabras del ministro de Hacienda , quien señaló expresamente que la información pública entregada por Cochilco no es efectiva. Es muy grave que una institución, llamada a fiscalizar actos de las empresas del sector minero y de aportar antecedentes sobre el desarrollo del mismo, no entregue ese tipo de información con la seriedad que se espera. Cochilco estima que por el impuesto específico se recaudarán 380 millones de dólares, en tanto que el ministro de Hacienda nos acaba de decir que sólo serán 2 millones de dólares adicionales. Hay una diferencia de 378 millones de dólares.
Señor Presidente , en atención a que la ministra de Minería , a su vez consejera de Cochilco, se encuentra presente en la Sala, le solicito que me permita interrumpir mi intervención para que ella pueda explicarnos este aspecto.
Quienes integramos la Comisión de Minería tenemos mucha confianza en la ministra, quien está realizado un trabajo bastante transparente respecto de la situación de Codelco. Esperamos que pueda darnos una explicación razonable sobre esta situación, porque, de lo contrario, sin duda, se va a pedir la renuncia del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra a la señora ministra
La señora PONIACHICK, ( ministra de Minería y Energía ).-
Señor Presidente , en relación con la pregunta sobre Cochilco, podemos consultar a su vicepresidente ejecutivo cómo sacó la cuenta. Hace dos o tres semanas, en una conferencia de prensa, cuando anunciaron las nuevas estimaciones para el precio del cobre, un periodista le preguntó en cuánto estimaba la recaudación por concepto del nuevo impuesto a la minería. Él hizo una estimación bastante rápida, sin calcular -lo decía el ministro - y dijo que el 50 por ciento de los fondos provienen de Codelco. En consecuencia, no se contabilizan como parte del fondo específico. Igualmente, -podemos pedir los detalles al vicepresidente de Cochilco - calculó el 5 por ciento, pero muchas mineras que se amparan en el artículo 11 TER pagan un 4 por ciento, el que, además, lo imputan como crédito contra el impuesto de primera categoría.
En consecuencia, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco , en esa conferencia de prensa, basó su cálculo en las nuevas estimaciones del precio del cobre para 2006. Insisto, son estimaciones, y en esta materia todos han cometido equívocos en el último tiempo, porque, a partir de enero, las proyecciones del precio del cobre para el año, estaban en 1,80, 1,90 y, como máximo, 2 dólares; en cambio, hoy la libra de cobre cerró en 3,54 dólares en los mercados de Londres.
En todo caso, vamos a pedir los antecedentes, con los cálculos, para enviarlos a la Comisión de Minería,
Por último, deseo recordar que Cochilco no calcula excedentes, sino que fiscaliza el pago de los impuestos mineros, los envíos de cobre y a las mineras.
Muchas gracias.
El señor LEAL (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , la ministra ha sido bastante clara y con sus dichos avala lo señalado por el ministro de Hacienda , en el sentido de que Cochilco no tiene experticia en esta materia; pero tampoco la tiene en muchas otras, sobre todo en fiscalizar a Codelco, la empresa más importante que tenemos los chilenos.
Pienso que habrá que trabajar lo más rápido posible en el Senado, porque es inverosímil que el impuesto destinado a innovación tecnológica no pueda operar por falta de ley.
El proyecto que está en el Senado, en segundo trámite constitucional, establece los montos mínimos destinados a las regiones para innovación tecnológica. Mi región, la Sexta, recibirá durante el primer año 51.200 U.F., y en cuatro años proyectados estaría recibiendo, como aporte mínimo, 283.600 U.F. A nivel nacional, la cifra destinada al fondo de innovación tecnológica sería de 1.051.500 U.F.
Es importante que en el Senado se llegue a acuerdos, para que en esta Cámara podamos analizar prontamente el proyecto, porque el país espera inversión en innovación tecnológica. De lo contrario, estaremos entregando nuestra posibilidad de competitividad a quienes hoy están muy interesados en que nuestro país no se desarrolle.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , ley N° 20.026, sobre impuesto específico a la actividad minera, tiene su historia. Surge a raíz del rechazo del proyecto sobre royalty minero, que fue propuesto por varios diputados y senadores.
Todo impuesto específico, como no tiene un destino determinado, va a fondos generales de la Nación. Para este caso, existía el compromiso -y eso es lo que estamos reclamando- de avanzar paralelamente en el proyecto que crea el fondo de innovación para la competitividad. Desgraciadamente, por distintas razones, eso no se ha cumplido. Esperamos que en un plazo breve el Gobierno cree ese fondo.
Las cifras indican que Chile invierte sólo el 0,6 por ciento de su PIB en competitividad e innovación; mucho menos que otros países que hoy están a la cabeza, con alrededor de 2,8 ó 3 por ciento del producto interno bruto.
El cumplimiento de ese compromiso -espero que sea a la brevedad- debe relacionarse con lo que aquí se nos planteó, en el sentido de que esos recursos iban a destinarse a todas las regiones y a todos los sectores económicos y no tan sólo a las regiones y sectores mineros, porque la innovación, la tecnología y el desarrollo deben llegar a todos.
Creo que esta confusión surge, fundamentalmente, por información de prensa que, a lo mejor, tiene origen en un equívoco. Nos han dado distintas razones por las cuales se van a invertir menos recursos que los que el impuesto específico genera, a pesar de que -entiendo- debemos visualizar el precio del cobre a largo plazo. Se nos dice: “Mire, vamos a tener que borrar el resto”. Ese no es el objetivo de la ley. El compromiso es que esos fondos generen nueva innovación y nuevo desarrollo, pero no lo que están haciendo la Corfo, el Fondicyt u otros fondos.
Eso es lo que queremos aclarar, y esperamos que el Gobierno se comprometa a sacar el fondo de innovación para la competitividad lo más pronto posible del Senado y a que los recursos lleguen a todas las regiones, y no sólo a las mineras, porque todos debemos prepararnos para el futuro.
Espero que el Gobierno cumpla la palabra empeñada al momento de aprobar la ley sobre impuesto específico a la actividad minera, la que desgraciadamente hasta ahora, por distintas razones, no ha ocurrido.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , valoro la exposición del ministro de Hacienda , quien nos ha entregado una visión muy acabada de cómo deben invertirse los recursos en innovación y tecnología.
Nos explicó algunas de las causas de que nuestras exportaciones en innovación y tecnología no tengan valor agregado. Al respecto, quiero comparar a Chile con algunos países que han invertido fuertemente en tecnología. El ministro mencionó el caso de Irlanda y otros países, pero quiero citar el de Corea del Sur, que hoy exporta alrededor de 250 a 280 billones de dólares, de los cuales un tercio corresponde a productos de alta tecnología; o sea, 70 a 80 billones de dólares. En cambio, nuestras exportaciones llegan a 40 mil millones de dólares en exportaciones, pero, en la práctica, no tenemos productos en los que se haya invertido en tecnología.
Por eso, es imprescindible que los recursos provenientes del impuesto específico a la minería y los excedentes del precio del cobre se inviertan en esas materias. En caso contrario, nuestro crecimiento seguirá siendo muy limitado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , en el contexto de la discusión, hay dos puntos claros. En primer lugar, está trabada la claridad y la transparencia de lo que se está haciendo en esta materia debido a la ausencia de una ley que defina la política de innovación para la competitividad, de la cual nace este fondo.
La parálisis del proyecto de ley en el Senado radica en dos causas fundamentales: contradicciones en lo que se hará con los fondos en las regiones y oposición ideológica a la idea de un fondo para la innovación.
El primero factor es, quizás, más fácil de despejar mediante acuerdos, pero el otro dice relación con una resistencia ideológica a la necesidad de establecer fondos de innovación para el desarrollo productivo del país.
Sobre esa base, es imprescindible que la Cámara de Diputados plantee la necesidad de fijar urgencia para que ese proyecto sea despachado a la brevedad posible. De esa manera, iremos sorteando muchas de las dudas legítimamente planteadas en esta Sala.
En segundo lugar, hay una confusión de señales que el Gobierno debe revertir rápidamente, porque muchas de las intervenciones se basan en un marco que no va al meollo del asunto, y a los fondos de innovación se agregan más requerimientos de los que puede rendir. Por lo tanto, estamos dando mucho espacio a más reclamos populistas de los que vamos a poder resistir.
Por ese camino nos estamos metiendo en un terreno que puede resultar bastante más peligroso. Y si persistimos en un debate marcadamente populista, vamos abrir una caja de Pandora difícil de contener.
Por lo tanto, de aquí debe salir una petición al Gobierno para que, conjuntamente con el Congreso Nacional, afinemos la definición de la política que Chile adoptará en materia de innovación para la competitividad y determinemos los nichos de desarrollo por los cuales vamos a apostar; cuál será la apuesta para fortalecer la educación y el desarrollo de nuestro capital humano; cuáles serán los soportes tecnológicos para un futuro desarrollo sustentable.
Quizás estamos sobregirando muchas expectativas al alza del precio del cobre y no estamos midiendo con responsabilidad de largo plazo su eventual sostenibilidad.
Desde este punto de vista, hay que definir si el fondo va a tener las mismas reglas que tiene el superávit estructural; es decir, si se va a sustentar sobre la base de un precio del cobre de largo plazo, de manera que exista otra fuente de ahorro para que estas políticas puedan persistir en el tiempo. Me parece que eso puede ser fundamental. Hoy tenemos un verano de buenas noticias del precio del cobre, pero como no sabemos cuánto tiempo perdurará esa situación, debemos actuar con responsabilidad. Quizás, somos la generación que tiene la obligación de crear ahora esas bases de sustentabilidad del desarrollo futuro de Chile.
Por lo tanto, propongo que, junto con pedir al Ejecutivo que ponga urgencia al proyecto que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, nos aboquemos a la tarea de definir políticas concretas que permitan el desarrollo sustentable de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , hace unos meses o quizás años, Chile destacaba en los diarios y en los medios de comunicación en general, y podríamos sentirnos orgullosos de la seriedad con que enfrentábamos los temas sobre política económica, en particular los de carácter tributario. Sin embargo, lamentablemente en el último tiempo hemos tenido que escuchar explicaciones acerca de por qué las cosas no se hacen como se prometieron en la Cámara de Diputados o en el Senado.
En episodios como la reciente modificación del impuesto al valor agregado, más allá de que algunos hayan estado a favor o en contra, o de que sea un tema cerrado, nadie puede negar que al respecto se hizo una promesa en esta Sala que no se cumplió. Algunos dirán que es o no es justificable cambiar las reglas del juego, pero lo concreto es que en este caso fueron cambiadas y eso sienta siempre malos precedentes.
Cuando se apoyó la ley sobre el royalty, más allá de las consideraciones de fondo y políticas que se hicieron, pocos meses antes de su aprobación, la prensa publicó declaraciones del Presidente de la República de esa época, Ricardo Lagos , y del Ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , en que aseguraban que no se apoyaría un impuesto adicional a la minería. Nuevamente, se cambiaron las reglas del juego para bien o para mal, pero se jugó con la fe pública.
Tengo la memoria muy fresca y recuerdo muy bien los discursos de parlamentarios de Gobierno y de oposición, quienes fundamentaron su voto diciendo que aprobar la ley constituía un acto de regionalismo, ya que, de alguna forma, garantizaba recursos para las regiones.
Recuerdo también el discurso del ministro Eyzaguire en esta Sala, cuando se comprometió a viva voz a que la tramitación del proyecto que creaba el fondo sería simultánea con la iniciativa sobre el royalty. Por tanto, eso implicaba aplicar las urgencias correspondientes.
Sin embargo, una vez más tenemos que escuchar sólo explicaciones. No se cumple con la palabra empeñada. Francamente, me preocupa esta situación por los precedentes que sienta. En política tributaria no se pueden cambiar las reglas del juego con la liviandad en que se ha estado haciendo en este último tiempo. Las explicaciones posteriores agravan la falta.
Presentamos un proyecto de acuerdo -básicamente, apunta a lo mismo que se intentó con el proyecto de ley del royalty, cual es fortalecer a las regiones-, en primer lugar, para establecer una franquicia tributaria para la empresa particular que quiera invertir en tecnología en la región. ¿Qué más apoyo directo a las regiones que ésta? La franquicia iba a estar debidamente acreditada, para que nadie pusiera en duda la inversión del privado encaminada a producir beneficios, en la región. De esa manera, no se tenía que esperar una modificación de la ley, como tendría que suceder ahora. Y, en segundo lugar, para introducir una modificación presupuestaria que establezca una prohibición de innovación competitiva en beneficio directo de las regiones.
En definitiva, proponemos dos cosas puntuales, con la finalidad de buscar rápidamente el objetivo que no se consiguió con la ley del royalty.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se han presentado dos proyectos de acuerdo a la Mesa. El señor Secretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 68, suscrito en calidad de autores por los diputados señores Aedo, García, don René Manuel; Martínez, Bertolino y Sepúlveda, don Roberto.
“Considerando:
Que, en una economía, para mantener o aumentar el ingreso per cápita es necesario que la rentabilidad de todos sus activos permanezca constante o aumente. Dentro de los activos, hay que mencionar los recursos naturales no renovables, disponibles en una cantidad limitada, por lo que su utilización económica reduce las posibilidades de explotación futura.
Que los minerales son recursos no renovables, incorporados dentro de los activos que permiten sustentar el ingreso per cápita, su eventual agotamiento llevaría a que Chile tuviera una importante pérdida de bienestar. El Ejecutivo envió al Congreso Nacional, en diciembre de 2004, un proyecto de ley que establece un impuesto específico a la actividad minera, a fin de corregir la sobreexplotación de los minerales y obtener recursos fiscales que permitan al gobierno de turno planificar un sistema que produzca ingresos en forma permanente.
Que un elemento básico a considerar es el hecho de que las sustancias mineras generan un pago a factores que están en la localidad en que se encuentran los minerales. Si al reemplazar estos activos por otros que produzcan ingresos permanentes se ve reducido el pago a los factores locales, aunque en el nivel nacional la capacidad de ingresos haya aumentado, las regiones mineras pueden verse perjudicadas al enfrentar ingresos menores a los que tenían con anterioridad al impuesto.
Que, por esta razón, durante la discusión del proyecto, el ex ministro de Hacienda aseguró a los legisladores que establecería una fórmula adecuada para que una parte importante de los recursos ‘reemplazados’ se quede en las regiones de origen. De esta forma, la solución del Ejecutivo fue un proyecto de ley que establece un Fondo de Innovación para la Competitividad, el cual financiaría proyectos de investigación que tengan impacto en la región, a través de instituciones en que podrán participar agentes públicos y privados. El 60% de los recursos de este fondo se distribuyen entre aquellas regiones que tengan una participación mayor al 1% en la actividad minera nacional, excluyendo la minería del carbón, el petróleo y el gas natural.
Que el ex ministro de Hacienda dio su palabra de que ambos proyectos se discutirían en paralelo, para evitar que se estableciera un impuesto a la minería y no se compensara en forma inmediata a las regiones afectadas por la extracción de recursos naturales no renovables. Sin embargo, el proyecto para establecer un fondo específico a la actividad minera, se transformó en la ley N° 20.026, publicada el 16 de junio de 2003, mientras que el proyecto para establecer un Fondo de Innovación para la Competitividad sigue sin urgencia en el Senado.
Que, lamentablemente, el ex Ministro de Hacienda nunca quiso establecer garantías reales de que, en la práctica, los recursos provenientes del impuesto a la minería se utilizarían en las regiones mineras. De hecho, existen precedentes de incumplimiento al financiamiento al desarrollo regional y local, como el artículo 35 del decreto ley N° 3.063, que señala ‘El Fisco aportará anualmente a las municipalidades del país una suma cuyo monto global se determinará en la ley de Presupuestos del Sector Público respectivo’; mientras que el artículo 36 de dicho decreto ley establece ‘El total de la suma que corresponda al aporte fiscal incrementará el Fondo Común Municipal’. El Fisco no ha realizado aportes a este fondo desde 1997 hasta la recientemente publicada ley de Rentas II.
Que establecer incentivos a los explotadores mineros es la única forma de garantizar que parte de los ingresos obtenidos por el impuesto a la minería se queden en la localidad respectiva, al objeto que éstos realicen aportes a los proyectos de innovación competitiva que propongan los gobiernos regionales. A su vez, es necesario asegurar que, al menos, los sesenta millones de dólares que el ex Ministro de Hacienda prometió asignar durante 2006 a los proyectos de innovación en las regiones mineras se materialice realmente.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ejecutivo que:
1. Envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que agregue un inciso noveno en el artículo 64 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, que exprese: ‘El explotador minero podrá descontar hasta el 30% del monto a pagar del impuesto señalado en el inciso primero de este artículo, todos los gastos aportados a los proyectos que tengan por objetivo la innovación y que hayan sido aprobados, de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, que estén ejecutándose en la región en que opera el explotador minero. En caso de que parte o la totalidad de dichos gastos hayan sido incluidos en el N° 11 del artículo 31° de esta ley, el monto a descontar por efectos de esos gastos será el equivalente a la multiplicación de éstos por la diferencia entre 1 y la tasa de impuesto de primera categoría’.
2. Modifique la ley de Presupuestos del Sector Público de 2006, con el fin de establecer en la partida 05, capítulo 05, programa 01, subtítulo 33, ítem 03, una nueva asignación de treinta mil millones de pesos, denominada ‘Provisión Innovación Competitiva’, cuya glosa señale: ‘Estos recursos financiarán proyectos en aquellas regiones que tengan una participación mayor al 1% en la actividad minera nacional, excluyendo la minería del carbón, el petróleo y el gas natural.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 69, suscrito por los señores Encina, Leal, Mulet, Rojas, Duarte, Robles, García-Huidobro, señora Pascal, doña Dense; Latorre y Pérez, don José.
“Considerando:
Las medidas en relación con el Fondo de Innovación para la Competitividad.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Reiterar al Gobierno que los recursos recaudados por la ley N° 20.026, sobre ‘Impuesto específico a la actividad minera’, sean totalmente utilizados en innovación y desarrollo, tal como lo acordó esta Corporación con el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.
2. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que califique con urgencia, en el más breve plazo posible, el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
3. Requerir del Gobierno especial atención en el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos suscritos con el Gobierno anterior, en orden a gastar la totalidad de los fondos recaudados por este concepto durante el presente año.
4. Insistir en la necesidad de respetar los acuerdos asumidos por el anterior Gobierno, en cuanto a destinar a las regiones mineras parte importante de los montos recaudados por concepto de impuesto a la minería.”
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor LEAL (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción del diputado señor Errázuriz. Deja sin efectos patrimoniales filiación establecida después de plazo que indica. (boletín N° 4193-18)
“Considerando:
1. Que cada día está resultando más frecuente que personas que por años no han reclamado su filiación, lo hagan cuando alguno de sus supuestos progenitores está próximo a morir y el motivo de la reclamación sea exclusivamente económico;
2. Que el inciso primero del artículo 320 del Código Civil establece que “ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”;
3. Que, siendo el derecho el sentido común puesto por escrito, así como es justo y razonable que en cualquier momento un hijo, un padre o una madre pueda reclamar la filiación que corresponda, no es justo que cualquiera sea el plazo en que dicha filiación se produzca, tenga efectos patrimoniales, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase un punto después de las palabras “hijo del padre o madre que le desconoce” en el artículo 320 del Código Civil, añadiéndose la siguiente expresión a continuación del punto: “No obstante, si la acción se deduce habiendo transcurrido más de diez años desde que pudo interponerse, la filiación que se establezca no producirá efecto patrimonial alguno al momento de fallecer el padre, o la madre o el hijo que haya adquirido tal calidad como consecuencia de la interposición de la acción de filiación”.
Moción del diputado señor Errázuriz. Establece una reforma constitucional que permite la reelección inmediata del Presidente de la República . (boletín N° 4194-07)
“Considerando:
1. Que la reforma constitucional que redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años, mantuvo, sin embargo, el impedimento de la reelección inmediata del Presidente de la República;
2. Que, no obstante lo anterior o, precisamente por haberse reducido el tiempo de duración del mandato presidencial, parece aconsejable permitir la reelección del Presidente de la República , por una vez, para el período inmediatamente siguiente;
3. Que en países desarrollados, como Estados Unidos de Norteamérica, se permite la reelección inmediata del Presidente de la República y su mandato tiene una duración de cuatro años, igual que en Chile, vengo en proponer la siguiente
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Elimínase en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política la expresión “y no podrá ser reelegido para el período siguiente”, estableciéndose un punto después de las palabras “por el término de cuatro años”.
Moción de los señores Leal , Burgos , Pérez y Melero. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de regular la creación de Comisiones Especiales. (boletín N° 4195-16)
“Honorable Cámara:
Considerando la necesidad de regular con mayor precisión la integración, competencia y forma de creación de las Comisiones Especiales, cuyo régimen reglamentario aparece demasiado exiguo para el rol de dichos órganos del trabajo parlamentario.
La proliferación de una serie de comisiones que invaden, en muchos casos, la esfera de competencia propia de las Comisiones Permanentes, redundan en un inadecuado trabajo de la Corporación.
El deber de circunscribir estas entidades especiales a un rol más específico, respecto de materias acotadas y por un plazo determinado, evitando con ello vulnerar el procedimiento que el Estatuto interno fija para la creación de comisiones permanentes.
En mérito de lo expuesto, proponemos el siguiente:
Proyecto de acuerdo
“Artículo único.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 229 del Reglamento de la Cámara de Diputados por los siguientes:
“La Cámara de Diputados podrá constituir Comisiones Especiales, a petición de un tercio de los diputados y siempre que dicha solicitud cuente con el voto conforme de la mayoría de los diputados en ejercicio. De la petición para la creación de una Comisión Especial se dará cuenta en la sesión más próxima y se someterá inmediatamente a votación, concediéndose la palabra por cinco minutos para quienes la sostengan e igual tiempo para los que la rechacen.
Las Comisiones tendrán la composición, plazo y competencia que le fije la Cámara al momento de acordar su generación. En ningún caso la competencia podrá comprender materias que correspondan a las Comisiones permanentes ni prorrogar su mandato, el que no podrá extenderse más allá de un año. Con todo, podrá encomendársele el estudio de una legislación específica o recopilar antecedentes sobre una materia determinada, debiendo informar, en ambos casos, del resultado de su cometido. Si nada se señala respecto a su composición serán integradas con el mismo número que las permanentes. En lo demás quedarán sujetas a las normas del presente Libro.”.”.