Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Raul Sunico Galdames
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON OSVALDO VEGA VERA.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Osvaldo Palma Flores
- HOMENAJE : Guillermo Ceroni Fuentes
- HOMENAJE : Ignacio Urrutia Bonilla
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON OSVALDO VEGA VERA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PRÓRROGA DE PLAZO DE LA LEY N° 20.019, SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REGULARIZAR INSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Rosauro Martinez Labbe
- Marcelo Diaz Diaz
- Pablo Galilea Carrillo
- Joaquin Godoy Ibanez
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- DEBATE
- DEBATE
- PRÓRROGA DE PLAZO DE LA LEY N° 20.019, SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES TEMPOREROS AL SISTEMA PREVISIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Juan Lobos Krause
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Pablo Lorenzini Basso
- Amelia Herrera Silva
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Clemira Pacheco Rivas
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Lavin
- Jorge Burgos Varela
- Ramon Farias Ponce
- Antonio Leal Labrin
- Alfonso De Urresti Longton
- Carlos Montes Cisternas
- Francisco Chahuan Chahuan
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Vidal Lazaro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES TEMPOREROS AL SISTEMA PREVISIONAL.
- VIII. INCIDENTES
- APOYO A LAS COOPERATIVAS MINERAS DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES Y DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA ENTRELAGOS-RUPANCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- DESCONTAMINACIÓN DE CORONEL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Bobadilla Munoz
- INFORMACIÓN SOBRE CIERRE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- FIJACIÓN DE NUEVO PLAZO PARA RETIRO DE PROFESORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- DESPEJE DE CAMINO VICTORIA-CURACAUTÍN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DEL RÍO TRAIGUÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- INVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL COBRE. Oficios.
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ADHESION
- PRÓRROGA DE PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS USADOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. Oficios.
- FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE LA REGIÓN DEL LOA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- CIERRE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Y ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LICITACIÓN DE NUEVA PLANTA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- FISCALIZACIÓN DE ACUERDO CON CODELCO PARA SANEAR ZONA AFECTADA POR DERRAME DE TRANQUE DE RELAVE. Oficios.
- ADHESION
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ADHESION
- MEDIDAS LEGISLATIVAS A FAVOR DE VÍCTIMAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- APOYO A LAS COOPERATIVAS MINERAS DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Manuel Rojas Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carlos Montes Cisternas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 19ª, en miércoles 3 de mayo de 2006
(Ordinaria, de 10.40 a 14.47 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Homenaje.
- Homenaje en memoria del ex diputado don Osvaldo Vega Vera 9
- Autorización a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala 14
VI. Orden del Día.
- Prórroga de plazo de la ley N° 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales. Primer trámite constitucional 15
- Ampliación de plazo para regularizar inscripción de armas de fuego. Primer trámite constitucional 19
- Derecho a la no discriminación en las operaciones de crédito. Primer trámite constitucional 30
VII. Proyectos de acuerdo.
- Incorporación de trabajadores temporeros al sistema provisional 47
- Creación de Comisión Especial de la Cultura y las Artes 50
VIII. Incidentes.
- Apoyo a las cooperativas mineras de Tierra Amarilla. Oficios 54
- Construcción de defensas fluviales y de pozo de agua potable en la provincia de Linares. Oficio 55
- Pavimentación de ruta Entrelagos-Rupanco. Oficio 55
- Descontaminación de Coronel. Oficio 56
- Información sobre cierre de planta de tratamiento de aguas servidas de Calama. Oficio 57
- Fijación de nuevo plazo para retiro de profesores. Oficios 57
- Despeje de camino Victoria-Curacautín. Oficios 58
- Información sobre contaminación del río Traiguén. Oficios 58
- Inversión de excendentes del cobre. Oficios 59
- Prórroga de prohibición de importación de vehículos livianos usados. Oficio 60
- Día Internacional de la Libertad de Prensa. Oficios 60
- Financiamiento de estudio de factibilidad para creación de la Región del Loa. Oficios 62
Pág.
- Cierre de planta de tratamiento de aguas servidas de Calama y antecedentes técnicos y financieros de licitación de la nueva planta. Oficios 62
- Fiscalización de acuerdo con Codelco para sanear zona afectada por derrame de tranque de relave. Oficios 63
- Medidas legislativas a favor de víctimas por violaciones a los derechos humanos. Oficios 64
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata , para el despacho del proyecto de reforma constitucional que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. (boletín N° 3955-07) 66
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, que reforma la Constitución Política de la República estableciendo los territorios especiales de la Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. (boletín N° 3955-07) (S) 66
3. Certificado de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto, con urgencia de discusión inmediata , que prorroga plazos establecidos en la ley N° 20.019. (boletín N° 4175-03) 67
4. Moción de los diputados señores Olivares, Araya, Díaz del Río, Mulet, Ojeda, Sabag, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que regula la publicidad de las bebidas alcohólicas. (boletín N° 4181-11) 68
5. Moción de los diputados señores Errázuriz y Rojas, que permite que codocentes que hayan estudiado y postulen a ser docentes del mismo empleador, no pierdan su antigüedad. (boletín N° 4182-04) 80
6. Moción del diputado señor Errázuriz que modifica el artículo 161-A del Código Penal en caso de delito. (boletín N° 4183-07) 81
7. Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Ascencio y Montes que modifica la sistematización de información financiera. (boletín N° 4184-03) 81
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Turco por la cual informa que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Accorsi y como Vicepresidente al diputado señor Jarpa.
- Del jefe de Bancada Diputados PS-Prsd , por la cual informa que el diputado señor Sunico reemplazará en forma permanente al diputado señor Paredes en la Comisión Especial investigadora sobre Intervencionismo Estatal.
2. Oficios:
Ministerio de Salud:
- Diputado Chahuán, catastro de niños con fibrosis quística e incorporación de dicha patología al Plan Auge.
Municipalidad de Cunco:
- Diputado García, evaluación del desempeño profesional docente en establecimientos educacionales de comunas de la Novena Región.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 14ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 15ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON OSVALDO VEGA VERA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde rendir homenaje al ex diputado señor Osvaldo Vega Vera, recientemente fallecido.
En la tribuna de honor se encuentra la señora Juana Rojas viuda de Vega, junto a familiares y amigos, que nos acompañan para rendir un sentido homenaje a este destacado servidor público.
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.
El señor PALMA (de pie).-
Señor Presidente, estimada familia de don Osvaldo Vega Vera, en nombre de la bancada de diputados de Renovación Nacional, tengo el honor de rendir homenaje al ex diputado don Osvaldo Vega Vera.
A todos los que conocimos a don Osvaldo nos invade una sensación de pérdida. La mañana se llena de gratos recuerdos, de reconocimiento y de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de convivir con este hombre, al que hoy rendimos un justo homenaje.
Hablar de don Osvaldo, para los que somos de la región, es fácil y difícil. Fácil, porque hay mucho que decir, y difícil, por no olvidar cuestiones importantes de este gran líder y caudillo de la zona.
Son miles las anécdotas que, por simples, no se deben olvidar, porque reflejan en verdad a don Osvaldo. En los hospitales, en los cuales pasé gran parte de mi vida, se decía que el auto de El huaso Vega , como cariñosamente y con respeto le llamaban, tenía más partos que las ambulancias. Con eso, se aludía a las numerosas madres que ayudaba a llegar al hospital, quienes muchas veces daban a luz en el camino. Otros, contaban que pagaba la libertad de los presos, que ayudaba a alimentar a los pobres y a estudiar a los jóvenes; un hombre generoso, una verdadera leyenda en la región.
En 1965, hace ya 41 años, don Osvaldo Vega Vera llegó a la Cámara de Diputados en representación de Constitución, Chanco y su entrañable Cauquenes.
Su norte y su actividad parlamentaria siempre estuvieron centrados en los intereses de Chile y de los lugares que representó: Longaví , Retiro, Parral , Pelluhue, Chanco y Cauquenes ; en el bienestar de sus coterráneos, en especial de las personas más humildes y, en general, de todos. A la hora de ayudar, don Osvaldo no discriminaba, sino que siempre estaba bien dispuesto. Siempre con problemas, pero ajenos, preocupado de los demás.
Importante empresario, pionero en muchas actividades y exitoso; pero el éxito y la riqueza en nada cambiaron su carácter afable para con los necesitados. Entre sus obras hay caminos y puentes, escuelas, postas y hospitales, además de su permanente aporte para solucionar los problemas agrícolas; poblaciones, iglesias y templos, clubes deportivos y sedes comunitarias; ferias agrícolas, cooperativas, canales de riego y tranques, radios, medias lunas. Como buen deportista, fue amante de los caballos y del rodeo, y en esa fiesta nacional alcanzó destacadas participaciones.
Sus períodos parlamentarios fueron cinco. En ellos, la vida de don Osvaldo se confundió con la historia de Chile. Fue gran actor y testigo de los años más convulsionados de la segunda mitad del siglo pasado. Su actitud valiente y decidida fue un ejemplo no sólo en su zona, donde fue líder indiscutido durante toda su vida.
En la Cámara de Diputados defendió sus opiniones muchas veces en forma casi solitaria, lo que evidencia la solidez de sus convicciones y la fuerza de su carácter; no se amedrentaba ante nada. Fue valiente. Cuando estaba convencido de algo, por más difícil y peligroso que fuera, su carácter enérgico, templado en la adversidad del campo, era su mejor arma. Se ganó el respeto de aliados y adversarios, quienes siempre conocieron la posición de Osvaldo Vega.
Fue un servidor público al que ningún cargo, por alto que fuera -y tuvo muchos-, logró cambiarle su esencia de hombre de campo y su orgullo infinito por su origen y su gente. Siempre llevó la voz del huaso de esta tierra a cualquier lugar a que sus importantes responsabilidades le condujeron.
Hoy, cuando una vez más nuestra sufrida agricultura padece las inclemencias de los bajos precios y la falta de políticas claras, que hacen cada vez más difíciles los tiempos y mayor la incertidumbre de las cosechas, sentimos la ausencia de un gran amigo en nuestras trincheras.
Don Osvaldo Vega Vera perteneció a esa especial raza de hombres predestinados a estar en el centro del conflicto. Nunca rehuyó un problema; al contrario, siempre estuvo al frente, en la avanzada, abriendo camino, marcando el rumbo, colocando el pecho incluso ante el peligro. Fue audaz y temerario, líder y caudillo del Maule sur, huaso, guerrero nuestro.
Poco tiempo atrás, a la hora en que en los campos chilenos culminan las faenas del agricultor, en que se da reposo a la tierra y a sus cultivos, la catedral y la plaza de Cauquenes se repletaron de gente. Desde lejanos lugares, le acompañaron en el último adiós miles de personas en las calles; le acompañamos tristes por su partida, pues fue un gran hombre, que supo pelear sin descanso, hasta su último aliento, por los problemas de nuestra patria.
Dejamos a Osvaldo Vega descansando en los rulos de Cauquenes, agrestes tierras para hombres y mujeres duros y tesoneros, tierras que supo labrar para transformarlas en fértiles praderas, pobladas de ganado y hermosos caballos, en vastos bosques y sementeras, en famosas viñas que engrandecieron la economía de la región. Dejamos a don Osvaldo, con mucha pena y admiración, junto a su tierra, a la que tanto dio, de la que tanto recibió y a la que tanto quiso.
Renovación Nacional, la Cámara de Diputados y la República agradecerán siempre su incondicional entrega y gran aporte al bien común.
Gracias.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En representación de las bancadas del Partido por la Democracia, del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI (de pie).-
Señor Presidente ; honorable Cámara; señora, familiares y amigos de don Osvaldo Vega :
En nombre del Partido por la Democracia y, además, por especial encargo de los colegas de las bancadas del Partido Socialista y del Partido Demócrata Cristiano, rindo hoy solemne homenaje al ex diputado por Cauquenes, Parral, Longaví, Retiro, Chanco y Pelluhue, don Osvaldo Vega Vera.
Conocí a don Osvaldo Vega antes que muchos de mis colegas. Cuando a principios de 1993 decidí someter mi nombre a consideración de la ciudadanía del distrito Nº 40, ya sabía de la trayectoria política de este hombre cauquenino que desde muy joven adhirió a los postulados del Partido Liberal y, luego, del Partido Nacional.
Ejerció como regidor en Cauquenes a principios de los años 60, motivado por su afán de servicio público, y en 1963 fue ungido como diputado por Cauquenes , Constitución y Chanco , mandato parlamentario que renovaría en las elecciones de 1969, hasta 1973, obteniendo una segunda reelección en este último año, la cual no pudo ejercer debido al golpe de Estado. El 11 de marzo de 1994 volvió a esta Cámara y se mantuvo en ella por dos períodos.
La agricultura fue siempre el eje fundamental de su trabajo, al que sumó su membresía en la Comisión de Defensa Nacional y, posteriormente, en la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Osvaldo Vega era un hombre que pensaba diametralmente distinto del mío. Incluso, en las épocas más críticas de nuestro país, respaldaba, defendía y admiraba la obra de Pinochet. Yo, en cambio, la combatía y criticaba con energía.
Era un conservador como pocos. Sin embargo, pese a la diferencia de juicios sobre hechos tan significativos para nuestra patria, nunca recibimos de él un trato que no correspondiera al de colegas que son capaces de convivir pese a sus diferencias. En ese sentido, Osvaldo Vega era un representante del Congreso republicano de los años 60.
Hoy, cuando su familia nos acompaña en la tribuna de honor, debemos reconocer públicamente su compromiso con la gente, especialmente con los agricultores, con esos hombres y mujeres de la agricultura familiar campesina, que tratan de explotar pequeños predios sólo para subsistir. Es más, la defensa de esos sectores le costó más de una crítica de aquellos sectores que demandan exclusivamente productividad y para quienes la forma de vida del campesino y los tipos de cultivos de provincias, como Cauquenes, son vistos como un asunto anticuado. Él, como algunos de nosotros, lo entendía no sólo desde el punto de vista productivo, sino también cultural, teniendo claro que allí están las raíces de nuestra chilenidad.
Osvaldo Vega amaba a la gente de su tierra y pasó toda su vida ligado a ellos, viendo día a día cómo esos hombres y esas mujeres iniciaban la jornada hundiendo sus manos en el suelo, tratando de sacar de la tierra los frutos que les permitían mantenerse vivos.
Su clave fue servir sin grandilocuencia, haciendo miles de pequeños favores individuales, pero que son tan gigantescos para las personas sencillas. Por eso, cuando recorro las tierras de Chovellén, de Chanco, de la provincia de Cauquenes, siento el cariño hacia su persona.
Don Osvaldo Vega fue un hombre simple, sencillo y claro, un hombre que a veces era duro. Ese era el precio de tratar con un representante del mundo campesino. No era un huaso cazurro, como solía decir. Siempre se sabía por donde iba; no era hombre de volteretas ni de oportunismos ni de andar montando conspiraciones políticas. Uno debe estar donde debe estar y punto y hacer lo que debe hacer son dos frase que lo retratan de cuerpo entero.
Hoy, al homenajearlo en su partida, le queremos entregar a su viuda y a sus hijos, el cariño y reconocimiento que sentimos por don Osvaldo Vega Vera, que en paz descanse, un hombre tan distinto a muchos de nosotros y que estilaba algo que se ha perdido en la política chilena: la virtud de la espontaneidad, la nobleza de lo simple y la naturalidad de los actos.
A su esposa, hijos y familiares que nos acompañan en la tribuna de honor les damos el saludo y el abrazo cariñoso de las diputadas y diputados de mi partido, el Partido por la Democracia, del Partido Socialista de Chile y del Partido Demócrata Cristiano.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara, señora Juanita y familiares de don Osvaldo Vega.
En diciembre pasado, con ocasión de los funerales de nuestro amigo Francisco Vergara , me encontré con don Osvaldo Vega , después de muchos años sin verlo.
Me contó que estaba contento, feliz, dado que estaba iniciando un nuevo negocio en el sur, asunto que lo tenía muy entusiasmado. Lo noté contento, entusiasmado y muy feliz, pero, lamentablemente, el Señor quiso otra cosa.
Me habría gustado haber acompañado a su familia, especialmente a la señora Juanita , en los funerales de don Osvaldo, pero estaba fuera del país en la semana de su fallecimiento y no tuve la información a tiempo. Me enteré de su deceso al regreso de mi viaje.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente me ha designado para rendir un sensible homenaje al ex diputado y amigo Osvaldo Vega Vera.
Sin duda, para el que habla, constituye un gran honor ocupar esta tribuna para rendir un póstumo y sentido homenaje a quien fuera uno de los más connotados representantes de la provincia de Cauquenes.
Es costumbre, en momentos tan especiales y solemnes como éste, expresar y dar a conocer, junto a los datos biográficos del homenajeado, antecedentes que permitan reflejar con fidelidad rasgos de su personalidad y de sus acciones en beneficio de la comunidad.
Don Osvaldo Vega Vera inició sus actividades políticas al participar en la Asociación de Pequeños Viticultores de Cauquenes, de la cual fue presidente.
Paralelamente, se incorporó a la Juventud Liberal, asumiendo su presidencia por un período de cinco años.
En 1959 fue elegido regidor de Cauquenes, cargo que ejerció hasta 1963, año en que presentó su candidatura a diputado. Su sentido y vocación de servicio eran ya reconocidos por los habitantes de la Décima Agrupación Departamental de Cauquenes, Constitución y Chanco, quienes confiaron en él y lo eligieron diputado para el período 1965-1969, en representación del Partido Liberal.
Sin duda, los rasgos de su personalidad abierta, receptiva, afable, comprensiva y sus virtudes de hombre inteligente y de trabajo cautivaron la lealtad de los habitantes de la provincia de Cauquenes, ya que fue reelecto para un nuevo período, 1969-1973, pero esta vez en representación del Partido Nacional.
También cabe recordar que entre otras actividades, participó de manera activa en la Tercera Compañía de Bomberos, fue socio de la Federación del Rodeo Chileno, socio del Club Social y de la Cooperativa Vitivinícola de Cauquenes.
Su gente, mujeres y hombres del campo y la ciudad, pequeños agricultores, comerciantes o pequeños empresarios, profesores, profesionales, empleados públicos, dueñas de casas y trabajadores percibieron su sinceridad y transparencia en su actuar. Sintieron en su fuero interno cómo don Osvaldo Vega Vera se acercaba a las personas y cómo sentía los problemas ajenos como propios, en una época y en una zona donde la preocupación de los políticos solía aparecer sólo en las proximidades de una elección.
Escuchaba atentamente a todos sin distinción, meditaba lo escuchado y usaba sus capacidades para llevar adelante iniciativas en beneficio de la comunidad, apoyado en su sólida formación.
Como independiente, en 1989 presentó su candidatura a diputado por el distrito Nº 40, Longaví , Retiro, Parral , Cauquenes , Chanco y Pelluhue, Séptima Región , pero no logró acceder a un cupo en esta Corporación, sin embargo, su marcada vocación por el servicio público lo llevó a trabajar con el mismo ímpetu como si hubiese sido electo. Jamás esta derrota electoral hizo mella en su espíritu de servidor público.
Queridos amigos, si la palabra tesón tuviese otro sinónimo, sería, sin duda, Osvaldo Vega. En 1993 nuevamente se postuló por el mismo distrito y resultó electo para el período 1994-1998.
Su trabajo legislativo quedó plasmado en todas y cada una de las comisiones que integró, tales como Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones. Ello le valió ser reelecto para el siguiente período, 1998-2002.
Señoras y señores, distinguida familia de don Osvaldo Vega Vera , hoy, en lo personal, sólo sé que me ha correspondido un gran honor: reconocer y destacar a uno de los mejores y más connotados hombres públicos de la hermosa provincia de Cauquenes. Sólo puedo decirles que el gran consuelo ante su irreparable pérdida, junto a su legado de trabajo fecundo, es el saber que hemos tenido entre nosotros a un hombre bueno y gran servidor público.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En representación de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, señora Juana Elena Rojas, familiares y amigos de don Osvaldo Vega Vera.
Cuando me recibí de médico, a fines de la década de los 60, conocí a don Osvaldo Vega Vera , ya que mi padre y él fueron diputados en 1969. A pesar de militar en distintos partidos lograron crear una amistad entre ellos. Resulta curioso que después de treinta años, en el período parlamentario 1998-2002, me tocara compartir con don Osvaldo.
En ese lapso constaté su capacidad legislativa, pero, sobre todo, el compromiso con su ciudad natal, Cauquenes, y con los habitantes de las comunas que integran el distrito 40, por quienes se esforzaba para encontrar solución a sus problemas.
Nos sentimos muy ligados a la historia de don Osvaldo. Nació en Cauquenes, en ese entonces, capital de la provincia del Maule ; hijo de don Gabriel y doña Amadora. Estudió en el liceo de su ciudad y en los Hermanos Maristas de San Fernando. Luego continuó sus estudios superiores en la Escuela Agrícola de Chillán.
Inició sus actividades políticas siempre en contacto con la comunidad. Formó parte de la juventud liberal, de la que fue presidente por más de cinco años. Fue elegido regidor por Cauquenes en 1960 y diputado por el Partido Liberal en 1965. Fue reelecto diputado por el Partido Nacional en 1969 y 1973; en el último período sólo estuvo hasta septiembre de 1973.
Durante su función legislativa formó parte de las comisiones de Agricultura y Colonización, de Vivienda y Urbanismo, de Defensa y de Obras Públicas y Transportes, aportó su punto de vista en la discusión de los proyectos que iban en beneficio de nuestro país y también, específicamente, de la zona que representó.
Cuando retornó la democracia, fue elegido diputado por el distrito N° 40 en 1994 y reelegido en 1998. En esa oportunidad integró las comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Defensa Nacional.
Don Osvaldo estuvo netamente ligado a todas las actividades de su zona. Fue empresario agrícola y exportador, propietario de la Feria Regional de Agricultores de Cauquenes y de Sofocar, socio de la Cooperativa Vitivinícola de Cauquenes y presidente de la Radio Maule de esta misma ciudad.
Además de su actividad política y empresarial, participó en diversas organizaciones sociales. Fue integrante de la 3ª Compañía de Bomberos de Cauquenes, socio de la Federación del Rodeo Chileno y también del Club Social de Cauquenes.
Por lo tanto, fue un hombre que se involucró con su gente, se preocupó de sus problemas, los cuales hizo suyo y siempre buscó el bien común en sus actividades políticas, empresariales y sociales. Por ello podemos decir que don Osvaldo Vega Vera -al que todos llamábamos cariñosamente El huaso Vega - tuvo una vida plena al lado de sus familiares, amigos y de la gente de Cauquenes, zona que representó. Fue un hombre unido a Cauquenes y a su campo. Llevaba el mundo campesino en el alma.
Precisamente en esa tierra de la zona central y de Cauquenes, con su paisaje, su gente, su cultura, sus valores, con la cueca y las fiestas, se generó un mundo campesino con raíces muy sólidas, que posee una gran identidad colectiva.
Lamentamos la partida de nuestro ex colega Osvaldo Vega Vera. Sin embargo, estamos contentos de haber participado con él en esta Corporación y de haber conocido la labor que desarrolló con tanto empeño, esmero y eficiencia en favor de nuestro país y, en particular, por la gente de Cauquenes.
El Partido Radical Social Demócrata se adhiere a este justo y merecido homenaje a un hombre de campo, sencillo y comprometido con la realidad; a un hombre bueno que, en esta Corporación, por más de 16 años, trabajó con esmero y generosidad en bien de la zona que representó y de nuestra patria.
Entregamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa, doña Juana Elena Rojas , a sus hijos, familiares y amigos.
Finalmente, hacemos votos para que su recuerdo mitigue el dolor que provoca su partida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
De esta forma, la Sala de la Cámara de Diputados ha rendido un sencillo pero significativo homenaje al destacado diputado Osvaldo Vega Vera.
Saludamos, nuevamente, a la señora Juana Rojas viuda de Vega, a sus hijos, familiares y amigos.
AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala, puesto que ingresó un proyecto, despachado por el Senado, con urgencia calificada de discusión inmediata, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y archipiélago de Juan Fernández.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. ORDEN DEL DÍA
PRÓRROGA DE PLAZO DE LA LEY N° 20.019, SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que prorroga el plazo de la ley N° 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Edmundo Eluchans.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4175-03, sesión 18ª, en 2 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Certificado de la Comisión de Economía. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Solicito autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala la subsecretaria de Deportes, señora Catalina Depassier.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que prorroga el plazo de la ley N° 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, cuyo texto ingresó a la Cámara ayer a las 12.20. La Comisión lo analizó en la tarde de ese mismo día.
El proyecto es muy sencillo y espero explicarlo en pocos minutos.
El 7 de mayo de 2005 entró en vigencia la ley Nº 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales y que, en síntesis, tuvo tres objetivos fundamentales: primero, ordenar el desarrollo organizativo de los clubes deportivos profesionales; segundo, establecer un mecanismo para sanear las deudas de los clubes por concepto de impuestos y de sueldos a sus jugadores, y tercero, lograr un control externo especializado.
En cuanto al nuevo diseño organizacional, la ley establece, en primer lugar, que estas organizaciones deben constituirse como corporaciones o fundaciones o como sociedades anónimas deportivas profesionales.
En segundo lugar, deben tener un objeto específico, esto es, organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos.
Y en tercer lugar, sus jugadores deben ser remunerados y se encuentran sujetos a contratos de trabajo de deportistas profesionales.
El segundo objetivo de la ley es el saneamiento. Los clubes deportivos profesionales tienen dos tipos de deudas: tributaria y de remuneraciones con sus trabajadores.
Para ello, la ley estableció un régimen permanente bastante exigente, en cuanto a que obliga a las organizaciones a tener un presupuesto de ingresos y gastos, a entregar un balance y a llevar contabilidad separada. También deben estar al día en el pago de las obligaciones laborales y previsionales. Además, tratándose de las sociedades, deben tener un capital mínimo.
Asimismo, la ley dispuso un régimen transitorio -éste es el objeto del proyecto que analizamos-, en virtud del cual se estableció la posibilidad de llegar a un acuerdo con Tesorería para cumplir con las obligaciones tributarias pendientes con el Fisco.
Antes de referirme a ese punto específico, que -reitero- es lo que motiva el mensaje, quiero remitirme a la fiscalización, que es el tercer objetivo de la ley. Muchos diputados lo conocerán, porque se discutió hace poco más de un año en esta misma Sala; pero algunos no conocíamos la ley y recién ayer la analizamos.
La ley establece dos tipos de fiscalización: En lo que se refiere a la supervigilancia de los presupuestos, estados financieros, balances y estados de cuenta, la de la Superintendencia de Valores y Seguros; y en lo relativo a la incorporación, permanencia y eliminación del registro de organizaciones deportivas, la de Chiledeportes.
La ley N° 20.019 establece un plazo de un año contado desde el 7 de mayo de 2006 para que las organizaciones deportivas saneen sus obligaciones tributarias llegando a un acuerdo con Tesorería. Además, dentro del mismo plazo las organizaciones deportivas deberán adecuar sus estatutos a las nuevas normas de la ley. Hoy, 3 de mayo de 2005, dicho plazo está por cumplirse y la mayoría de los clubes no ha adecuado sus estatutos ni tampoco ha regularizado su situación tributaria con Tesorería.
Lo que plantea el Ejecutivo mediante este proyecto es ampliar el plazo establecido en la ley de un año a dieciocho meses. Para estos efectos, propone modificar los artículos 1° y 2° transitorios de la ley N° 20.019, remplazando la expresión dentro del plazo de un año por la oración dentro del plazo de dieciocho meses.
La Comisión analizó el proyecto en sesión de ayer en la tarde y lo aprobó en forma unánime y, en su nombre, sugiero que la Sala también le dé su aprobación.
Es cuanto puedo informar.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , como señaló el diputado informante , ayer analizamos, con urgencia calificada de discusión inmediata, una materia que incide directamente en el campeonato de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
Luego de una larga tramitación, logramos poner término al proyecto que dio origen a la ley N° 20.019, cuyo objetivo es modernizar la actividad deportiva profesional a través de un nuevo enfoque en la organización de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades. Esa transformación se basa en que las actuales instituciones deportivas tienen dos opciones para seguir funcionando: primero, constituirse en un ente comercial enmarcado dentro del concepto de una sociedad anónima y, segundo, mantener su forma actual, para lo cual debe formar un fondo cuya finalidad específica sea desarrollar la actividad deportiva profesional.
Para quienes hemos sido parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.019, deseo recordar que hay una realidad que nadie puede desconocer, ya que casi todos los clubes deportivos profesionales están en absoluta falencia. A todos nos duele profundamente la situación en que se encuentran dichos clubes en nuestras regiones, porque prácticamente no hay ninguna posibilidad de que sigan funcionando y cumplan sus compromisos. Además, hay que reconocer que muchas veces la mayor parte de los dirigentes deportivos, a quienes tanto se les critica, deben meterse las manos a los bolsillos para hacer aportes. Sin embargo, en determinado momento se cansan de esta situación y dejan sus cargos, lo que habitualmente ocurre en los clubes deportivos de la provincia de Concepción.
Debido a ello, la normativa estableció que sólo esas entidades podían desarrollar actividades o espectáculos deportivos profesionales, no siendo posible ni factible legalmente a otro tipo de organizaciones participar ni efectuar espectáculos de esa naturaleza.
¿Cuál es el problema de fondo? Las organizaciones deportivas que realizan deporte profesional no han adecuado sus aspectos legales a la nueva normativa, lo que significa que no pueden negociar todas las deudas tributarias que mantienen con las tesorerías. Como la ley vence el 7 de mayo de este año, es decir, cuatro días más, prácticamente no se podrá realizar ningún campeonato de fútbol ni otras actividades deportivas profesionales.
Como lo planteó el diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, hemos acordado, por unanimidad, prorrogar en seis meses la aplicación de la normativa, a fin de dar la posibilidad real y efectiva de que se siga desarrollando el deporte profesional más popular de nuestro país, como es el fútbol. Es importante dar una señal potente en este sentido. Entonces, tal como lo hicimos en la Comisión que presido, debemos aprobar por unanimidad la prórroga de seis meses para que este proyecto sea enviado al Senado y en los próximos días sea ley de la república.
Por eso, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , ni el diputado informante ni el resto de los colegas que integran la Comisión de Economía han hablado sobre un tema que me preocupa enormemente.
Aprovechando la oportunidad de que se encuentra en la Sala el ministro Ricardo Lagos Weber, quiero señalar que tengo en mi poder una carta de respuesta a una que envié sobre el reglamento de la ley de cooperativas. Aparentemente, el ministro me indica que eso no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene mucha relación. No se han podido constituir las cosas como es debido, porque la Presidenta de la República no tiene plazo para dictar los reglamentos. En consecuencia, ¿cómo podemos tener una ley que funcione sin los respectivos reglamentos? Ese es un problema muy grave que nadie ha señalado. O sea, ¿vamos a prorrogar cinco meses la aplicación de la ley porque no tenemos reglamento? En verdad, me gustaría que la ley tuviera vigencia desde su dictación.
Estoy de acuerdo en aprobar el proyecto, pero quiero saber cuál es la postura de los miembros de la Comisión de Economía respecto de la no dictación del reglamento.
La carta mencionada dice que el reglamento ingresó a la Contraloría General de la República el 27 de abril de 2004. Luego, con fecha 30 de agosto del mismo año, se retiró el proyecto de dicho organismo, y se señala que su excelencia la Presidenta de la República no tiene ningún plazo para dictar el reglamento.
Temo que esa misma situación se repita en este proyecto, por lo que solicito que se nos aclare qué sucede con el reglamento.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz , presidente de la Comisión de Economía.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , formulé la misma consulta del diputado García. Al respecto, le puedo decir que el reglamento ingresó a la Contraloría General de la República en diciembre de 2005. Desde esa fecha, Chiledeportes, la actual subsecretaria y el ministro , han solicitado, a lo menos en tres oportunidades, una resolución. Se les ha señalado que en los próximos días saldrá el reglamento. La prórroga ayuda en ese sentido, pero no olvidemos que la Contraloría es un ente autónomo.
Reitero, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que el reglamento se encuentra en la Contraloría desde diciembre de 2005.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS WEBER ( ministro Secretario General de Gobierno ).-
Señor Presidente , reitero lo señalado por el diputado señor Ortiz. Los reglamentos efectivamente son necesarios para el buen funcionamiento de las leyes. En este caso, el Gobierno ingresó el reglamento a la Contraloría en diciembre de 2005 y se encuentra en trámite de toma de razón. Coincido en que un reglamento siempre va a ayudar a la buena implementación de la ley.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, para quienes estamos en permanente contacto con la actividad deportiva y entendemos lo que significa el deporte en el ámbito social, el proyecto soluciona en parte un problema que me ha tocado vivir como representante de la comunidad ante el club de Deportes Antofagasta.
En la discusión del proyecto sobre sociedades anónimas deportivas quedó al descubierto una de sus mayores debilidades -con la que hay que tener mucho cuidado-, cual es la asimilación de las normativas de la Anfp con las de la Fifa.
El problema es que no se le puso plazo a la dictación del reglamento, como ha ocurrido con otras normativas legales. Ahí está la debilidad. Debiéramos haber puesto un plazo, además de los seis meses de prórroga.
Con esta legislación no sólo se cambiará la reglamentación interna de cada club a través de los estatutos, sino que se establece un incentivo a los clubes para que cancelen la deuda tributaria histórica que tienen con el Estado. El 7 de mayo próximo se cumple el plazo para que éstos acudan a la Tesorería, a fin de que les descuente en un plazo prudente, de uno a veinte años, la deuda tributaria. Pero lo importante, así como hoy existe un plazo de prórroga para poner en marcha este proyecto, es que nadie discute la necesidad del proyecto, porque va a esclarecer, a transparentar, lo que, lamentablemente, hasta ahora no había ocurrido en el fútbol profesional.
En ese sentido, la prórroga que se propone será útil para alcanzar el objetivo que se persigue: trasformar los clubes deportivos en sociedades anónimas, en corporaciones o en fundaciones. No obstante, también debemos preocuparnos de que se dicte pronto el reglamento respectivo, lo que, a mi entender, no pasa por un problema de dejación de la Contraloría, sino más bien, según la información que tengo, por el funcionamiento y la normativa de la Anfp.
Por lo tanto, atendida la necesidad de desarrollar la actividad deportiva a través del fútbol y de otros deportes, llamo a los colegas a votar a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que prorroga el plazo de la ley N° 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REGULARIZAR INSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO. Primer trámite constitucional.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que establece un nuevo plazo para la regularización de la inscripción de armas de fuego, dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014.
Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Francisco Encina.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4025-02, sesión 54ª, en 19 de octubre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 16ª, en 20 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Defensa Nacional, tengo el agrado de informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Rodrigo Álvarez , Eugenio Bauer , Mario Bertolino , Alberto Cardemil , Iván Norambuena , Jorge Ulloa y del que habla y de los ex diputados señores José Antonio Galilea y Edmundo Villouta , que tiene por finalidad otorgar una nueva oportunidad a las personas que estén en posesión de armas de fuego no inscritas o bien inscritas en forma irregular, a fin de que puedan normalizar la situación de estas últimas y permitir la elaboración de una base de datos que contenga información actualizada de estos elementos.
Los autores de la moción señalan que la entrada en vigencia de la ley N° 20.014, que modificó la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, produjo un profundo cambio en la legislación referida a la inscripción, posesión, tenencia y uso de armas de fuego.
Asimismo, hacen presente que el apoyo político transversal que tuvo esa ley se basa en el interés general que existe en torno a materias relacionadas con seguridad ciudadana y con la delincuencia, donde la tenencia de armas de fuego cobra vital importancia ante el aumento del uso de este tipo de elementos para la comisión de diversos delitos.
Recuerdan que durante la tramitación de la mencionada ley N° 20.014, un grupo de parlamentarios puso de relieve la necesidad de contar con una legislación que, junto con restringir la adquisición personal de armas de fuego, entregara herramientas de control reales a las autoridades encargadas de fiscalizar esta materia, especialmente respecto de quiénes y en qué condiciones poseen armas de fuego.
Indican que en este contexto, mediante el artículo 1° transitorio del citado texto legal, se permitió de manera temporal la regularización de las armas por parte de las personas que estuviesen en posesión o tenencia de armas inscritas a nombre de un tercero o de un arma inscrita a su nombre en un bien raíz distinto del que figura en la inscripción y de quienes, habiendo perdido o extraviado un arma inscrita a su nombre, no hubiesen comunicado tal circunstancia a la autoridad competente.
Durante el debate se valoró la importancia de este proyecto de ley, que pretende establecer un incentivo para que las personas que tengan o posean armas de fuego regularicen su situación de acuerdo con el procedimiento simplificado establecido en el mencionado artículo, dentro del nuevo plazo que se propone, en consideración a que la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia se han constituido en unos de los principales factores de preocupación de la comunidad.
Se resaltó el impacto positivo que ha tenido en la ciudadanía la dictación de la mencionada ley N° 20.014, iniciada en moción de los diputados señores Juan Bustos y Carlos Montes y del ex diputado señor Juan Pablo Letelier , que se aprecia como consecuencia de la masiva inscripción de armas de fuego producida a partir de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo legal.
Asimismo, se destacó la necesidad de que esta iniciativa legal sea reforzada con una campaña publicitaria que difunda su contenido, a fin de posibilitar la regularización de las armas de las personas que por desconocimiento de lo dispuesto en el mencionado precepto no se acogieron a esa normativa.
Como resultado del consenso habido durante la discusión, y a fin de perfeccionar la redacción del artículo único del proyecto, se presentó una indicación sustitutiva que mantuvo su contenido y que otorga un nuevo plazo de ciento ochenta días para que las personas que se encuentren en algunas de las situaciones establecidas por el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014, puedan regularizar la posesión o tenencia de sus armas de fuego.
La subsecretaria de Marina , señora Carolina Echeverría , evaluó positivamente la aplicación que ha tenido la ley N° 20.014, la cual ha permitido conocer concretamente la real situación de las armas que existen en el país y regularizar su posesión. Del mismo modo, destacó la cantidad de armas irregulares que fueron entregadas voluntaria y anónimamente a las autoridades fiscalizadoras, alcanzando alrededor de siete mil en ese período.
Por esta razón, el Ejecutivo , a través del Ministerio de Defensa, es partidario de respaldar esta moción, por los efectos positivos que podría tener a nivel del control de armas y de la seguridad ciudadana.
Por su parte, el director general de Movilización Nacional , general de brigada, Sergio Gómez , señaló que el 2005 se experimentó el más importante proceso de regularización de armas de los últimos veinte años.
En resumen, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014, se realizaron 17.050 actualizaciones, 7.218 inscripciones y 8.308 transferencias, lo que representa un total de 32.576 armas regularizadas por efecto de esta ley.
Quiero plantear a la Sala la preocupación de la Comisión de Defensa por el costo que podría tener la aplicación de esta ley para el presupuesto de la Dirección General de Movilización Nacional. La ley anterior fue financiada completamente por esa entidad, lo que significó restarle alrededor de 250 millones de pesos.
Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo que se preocupe de este tema, a fin de no mermar los recursos de la Dirección General de Movilización Nacional, porque ello podría afectar el desarrollo de proyectos de enorme importancia para el país, como la informatización de la tenencia de armas y otros. Esperamos que el Ejecutivo busque un mecanismo para compensar estos menores ingresos, tomando en consideración la importancia del proyecto y su impacto sobre un tema tan sensible para la comunidad como es la seguridad.
Para finalizar, quiero señalar que hay dos indicaciones presentadas por algunos parlamentarios, que me parecen bastante razonables. La primera, para rebajar el plazo de 180 a 120 días, lo que puede hacer más efectiva la aplicación de la ley y posibilitar que en un breve plazo podamos lograr la regularización de la inscripción de armas. La segunda, para que la ley entre en vigencia 30 días después de su publicación.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la honorable diputada María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , este proyecto, que aparece como muy breve, bastante práctico y de fácil despacho, tiene una tremenda importancia, porque la ley anterior, aprobada por la Cámara por unanimidad, permitió que, a través de un proceso gratuito de inscripción de armas, se inscribieran 729 mil armas, lo que es una cifra extraordinaria.
El proyecto que se nos presenta hoy tiene por objetivo complementar la ley anterior, reabriendo el proceso gratuito de inscripción de armas, a fin de regularizar la situación actual y de que la Dirección General de Movilización Nacional sepa dónde están las armas.
¿Cuál es el problema de hoy? Que hay muchos chilenos que, probablemente, no conocimos las facilidades anteriores ni las implicancias de la ley. Se presentan situaciones muy simples, como por ejemplo, que un arma de caza haya pertenecido a una persona fallecida y que no esté inscrita, ya sea por desconocimiento de la ley o por cualquier otra razón. A través de este procedimiento, se podrá inscribir esa arma sin ningún problema y en forma gratuita.
También hay situaciones insólitas. Muchos no saben que cuando le roban el arma a una persona, ésta tiene la obligación de informar de inmediato. Si no lo hace así, el día de mañana se puede cometer, incluso, un crimen con ella y esa persona aparecería como su dueño.
Tampoco es muy sabido por la gente que aunque el arma esté inscrita, para transportarla de un lugar a otro, hay que solicitar un permiso. Es decir, si uno se cambia de casa y transporta el arma sin permiso a su nueva residencia, está incurriendo en una ilegalidad. Por lo tanto, cuando nos cambiamos tenemos que inscribirla en el nuevo domicilio.
Todos estos procedimientos serán posibles en virtud del nuevo plazo que otorga el proyecto de ley, a fin de lograr la regularización de la inscripción de las armas de fuego.
Ahora, ¿qué faltaría para que esto fuera perfecto y detectar las armas que causan más daño, es decir las que no están inscritas? Desgraciadamente, otros proyectos de ley estudiados por la Cámara durante muchos años que apuntaron a ordenar en mejor forma la tenencia de armas no se materializaron. De manera que las armas que se inscriban ahora pertenecen a personas que en forma adecuada y responsable darán conocimiento de ellas. Las armas robadas, obviamente, no se inscribirán ni será posible detectarlas a través de este procedimiento; pero las personas que tengan armas en forma responsable podrán regularizar su tenencia.
Con respecto al proyecto, el director general de Movilización Nacional , don Sergio Gómez , señaló que el procedimiento aplicado el 2005 tuvo resultados realmente importantes y fue, quizás, el proceso más importante llevado a cabo en el país, pues permitió obtener información sobre las armas que las personas tienen en su domicilio, ya sea para utilizarlas en deporte, caza, coleccionista, etcétera.
El diputado informante decía que al 31 de marzo había 729.169 armas inscritas, de las cuales 246 mil eran de caza, 41 mil de deporte, 409 mil de defensa personal, 9 mil de seguridad o vigilancia privada y 22 mil de colección. En todo caso, después de la entrada en vigencia de la ley se inscribieron 17.794 armas.
¿Cuáles fueron las preocupaciones relacionados con la aplicación de la ley? Ante todo, que la Dirección General de Movilización Nacional se financia en forma autónoma a través de los recursos provenientes de la inscripción y de la transferencia de armas, que es la más costosa. Pero al abrirse este período de inscripción gratuita obligatoria, la Dirección General de Movilización Nacional deja de percibir estos ingresos. No olvidemos que esta institución tiene alrededor de 300 funciones relacionadas con armas, tales como control, ordenamiento, ventas, compras, polígonos, etcétera. Además, debe atender todo lo relacionado con el reclutamiento, que incluye la difusión de los cantones y guarniciones del país. Por lo tanto, es una tremenda institución que requiere financiamiento.
Durante la discusión que se realizó al interior de la Comisión, se le planteó a la subsecretaria de Marina, señora Carolina Echeverría que, de aprobarse esta iniciativa, el Gobierno deberá asumir el costo que tiene para este organismo del Estado la inscripción gratuita. En los cuadros estadísticos que nos presentaron se explica claramente el costo que les significó la inscripción gratuita de armas, el cual asciende a 240 millones de pesos. En tiempos normales, cuando la inscripción no era gratuita, los ingresos calculados eran de alrededor de 50 millones de pesos.
Los valores de las actuaciones realizadas, sin costo para el usuario son los siguientes: por concepto de inscripciones, 46 millones de pesos; por transferencias, 141 millones de pesos, y por actualizaciones, 52 millones de pesos.
Las actuaciones realizadas entre los meses de octubre y diciembre de 2005, cuando ya no había gratuidad, fueron de 41 millones de pesos; y las actuaciones realizadas durante los meses de enero y febrero de 2006, que son los más flojos, ascendieron a los 22 millones y tantos de pesos. Por lo tanto, ésa es la cantidad que habría que reponer, en caso de que se acoja este proyecto. No me cabe duda de que tendrá el apoyo de todos los señores diputados.
Durante su estudio, varios parlamentarios concordamos en reducir el plazo de la gratuidad que da la ley, que es de 180 días. Diputados de todas las bancadas presentamos indicación para acortarlo a 120 días, por su costo y por algo muy importante que destacó la subsecretaria de Marina , señora Carolina Echeverría. Ella decía que si el período es muy largo, se pierde el impacto. Incluso, agregó que el impacto sería mucho más efectivo al dar un plazo de sólo 30 días. Pero varios diputados conversamos la posibilidad de dejarlo en 120 días. Además, pedimos votar la indicación para despachar el proyecto.
Asimismo, deseamos establecer un plazo de 30 días, desde el momento de la promulgación de la ley, a fin de que se pueda aplicar, porque, en primer lugar, deben informarse y difundirse sus normas y prepararse las distintas guarniciones y cantones donde se inscribirán las armas.
El proyecto dice que sería de aplicación inmediata, pero para reorganizar el sistema hemos pedido un plazo de 30 días.
Al respecto, quiero precisar que los diputados impulsores de esta iniciativa son de mi bancada, pero también cuenta con el apoyo de algunos parlamentarios de la Comisión de Defensa.
Algo que no se pudo tratar en esta oportunidad, porque no se relaciona con la idea central del proyecto, se refiere al permiso del porte de armas.
Es bien interesante saber que las guarniciones del país y las entidades encargadas de las inscripciones pueden autorizar el porte de armas teniendo presente una serie de regulaciones bastante estrictas. Sin embargo, el director general de Movilización Nacional , el general Sergio Gómez , manifestó que lo ideal sería que el permiso y porte de armas definitivo fuese timbrado por la Dirección General de Movilización Nacional, para tener más control de quienes portan armas y dar permiso en casos muy justificados.
Hoy, a pesar de que se han suprimido alrededor de trescientos portes de armas y cerrado varios polígonos, en la Región Metropolitana, por ejemplo, figuran 98 portes de armas. Es casi increíble, porque, además, sabemos que son muchas más las personas portadoras de armas sin autorización, lo que forma parte de la violencia y del drama que estamos enfrentando. Y en total en el país hay 218 portes de armas.
El director general decía que lo ideal sería que nadie portara armas, pero dadas las circunstancias de que la ley lo permite en determinados casos, quizás valdría la pena modificar esta autorización en otro proyecto.
Recalco que lo más importante es el compromiso de la subsecretaria de Marina, en el sentido de que el Ministerio de Defensa Nacional, del que depende esta instancia, compensará a la Dirección General de Movilización Nacional por los recursos que dejará de recibir por la inscripción de armas durante los cuatro meses que, supuestamente, de aprobarse nuestra indicación, se aplicará la nueva ley.
Invito a los señores parlamentarios a votar favorablemente el proyecto con las indicaciones presentadas por diputados de las distintas bancadas.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, sin duda, ésta es una buena iniciativa legal, de origen parlamentario, en particular de los miembros de la Comisión de Defensa, por lo que no cabe sino apoyarla. Según los antecedentes que he recogido, pareciera que el plazo para regularizar las armas de fuego mal inscritas o no inscritas de conformidad con la ley ha sido corto, y que mucha gente desea hacerlo, lo cual me parece loable.
A mi juicio, la reducción del plazo de 180 días a 120 días, según se propone en una indicación, no altera los efectos de obtener el objetivo central, cual es, la inscripción en el organismo competente de las armas que están en manos de particulares.
Pensé presentar una indicación con el objeto de corregir una situación grave, a mi juicio, que se desprende del proyecto, pero como tengo claro que con eso se retrasaría su despacho, la presentaré en otra oportunidad.
Sin embargo, quiero recordar que en el proyecto que dio origen a la actual ley, cuya moción fue de los diputados Carlos Montes y Francisco Encina y del ex diputado y hoy senador Juan Pablo Letelier , entre otros, que demoró entre seis o siete años, una de las materias más novedosas, consensuada por una importante mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Revisora, se refería a los nuevos requisitos para la mera inscripción o tenencia de un arma, porque, como dijo la diputada Cristi , el número de personas que tienen autorización de porte es ínfimo. La mayoría de las 700 mil armas inscritas se guardan en el domicilio de sus respectivos dueños.
Entre los requisitos a que me refiero está la obligación de las personas que quieran inscribir un arma de rendir un exámen psicológico, lo cual es del todo razonable. Así y todo, desgraciadamente, no son pocos los casos que han demostrado incapacidad absoluta para poseerla. Recuerdo que en el distrito que represento en la Cámara de Diputados, Providencia y Ñuñoa , un arrendatario con problemas psicológicos pensó que la forma de terminar un juicio de arriendo era baleando a la arrendadora en la calle Carlos Antúnez. Casos como esos ha habido varios. Si deben cumplirse ciertas exigencias para conducir un automóvil, con mayor razón deben cumplirse para tener un arma en casa.
Por desgracia, como recordó la diputada Cristi , y aquí viene mi queja -no voy a presentar indicación al respecto para no retrasar un buen proyecto-, el Ministerio de Defensa, particularmente la Dirección Nacional de Movilización General, hasta la fecha no ha dictado el reglamento a que obliga la ley. Según lo averigué en la mañana, ni siquiera se ha ingresado un texto a la Contraloría General de la República.
Por un principio de buena fe, no se puso plazo para su dictación. Mi idea original era fijar 60 ó 180 días, pero eso significaría que el proyecto volviera a la Comisión.
Desde esta tribuna, pido a las autoridades ministeriales y administrativas de Defensa que dicten el reglamento, porque sin él la ley pierde sentido. Por ejemplo, mientras no se dicte, se entenderá que cumple los requisitos de aptitud física y psicológica compatible quien sea titular de una licencia para conducir vehículos motorizados que se encuentre vigente.
No voy a entrar en el detalle, pero todos los chilenos sabemos que ella no certifica aptitud para poseer un arma en su casa. Eso está claro.
Debemos apoyar el proyecto, sin perjuicio de que las autoridades superiores del Ministerio de Defensa, en particular, de la Dirección General de Movilización Nacional, en buen chileno, se pongan las pilas y dicten el reglamento correspondiente. No creo que eso sea tan difícil, ya que el reglamento, en gran medida, fue iniciativa del Ejecutivo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, adherí a la moción que dio origen a este proyecto en consideración al éxito que se logró con la aplicación de la ley Nº 20.014, en el marco regulatorio de las armas de fuego no inscritas o inscritas de modo irregular, que apunta a que la autoridad sepa, con claridad y nitidez, quiénes son sus tenedores y en qué situación se encuentran.
Suscribió este proyecto de ley la mayoría de los diputados de la Comisión de Defensa Nacional, de lo cual me alegro mucho. Su idea central es posibilitar un verdadero blanqueo en la tenencia de armas. Ésa es su esencia; no otra. Es decir, que la autoridad sepa con claridad que un arma inscrita corresponde real y efectivamente a su tenedor.
En ese sentido, lo despachó la Comisión de Defensa con un par de indicaciones que, para mi gusto, perfeccionan la iniciativa. Una es para reducir de 180 a 120 días el plazo para acogerse a los beneficios contemplados en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 20.014, materia que no modifica su nervio central, sino que la hace más operativa; y la segunda, de la diputada señora Cristi , para dar un plazo de 30 días que permita a la ciudadanía enterarse de que tiene otra posibilidad de regularizar la tenencia de armas sin mayor costo.
Ambas indicaciones son razonables y perfeccionan el proyecto. Por lo tanto, las suscribo.
Por su parte, el Ejecutivo señaló la conveniencia de aprobarlo, porque pretende que la autoridad competente controle y conozca quiénes y dónde tienen las armas, máxime si las 18 mil armas inscritas con el blanqueo representan un poderoso incentivo para continuar y abrir otro período, en iguales términos.
Sin embargo, es importante destacar que el Ministerio de Defensa ha cometido, como muy bien lo dijo el diputado señor Burgos , una omisión imperdonable. Es el responsable de dictar el reglamento a propósito de las condiciones físicas y psíquicas compatibles con el uso de las armas de fuego. Mientras ello no ocurra, en virtud del artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.014, se entenderá que cumple los requisitos de aptitudes físicas y psíquicas quien es titular de una licencia para conducir.
El tema quedó resuelto en la misma ley, pero en forma transitoria. En ese sentido, vale la pena señalar la acción del Ministerio de Defensa en la implementación de la ley. La estimo razonable, aunque escasa. Pero se necesita que la contraparte, es decir, el Ejecutivo , el Ministerio de Defensa, también haga su tarea.
Finalmente, para quienes somos sus autores, esta moción es un aporte, porque la ley durante su vigencia ha demostrado ser muy eficiente. Por lo tanto, esperamos que con esta nueva ventana, que estamos abriendo para que la gente regularice su situación respecto de la tenencia de armas, se obtengan iguales o mejores resultados.
Pero, no puedo dejar de señalar que, aunque no le generamos más gastos, debido a esta regularización sin costo para el usuario, la Dirección General de Movilización dejará de percibir ingresos. Señor Presidente , por su intermedio, hago un llamado a la ministra de Defensa para que disponga los recursos que esa Dirección dejará de percibir por esta causal que, sin duda, beneficia a la sociedad entera.
Los autores del proyecto, y aquellos que lo suscribieron, invitamos al resto de los colegas a que entiendan que estas propuestas apuntan a colaborar en materia de seguridad ciudadana, hoy tan en boga. Por esa razón les pedimos que voten a favor de las indicaciones para que la iniciativa se despache a la brevedad.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, me sumo a lo expresado por mis colegas en relación con este proyecto de ley. Asimismo, deseo hacer notar algunos comentarios que durante su discusión surgieron en el seno de la Comisión.
En primer lugar, coincido y participo de la preocupación de los miembros de la Comisión acerca de la falta del reglamento que debe dictar el Ministerio de Defensa, en cuanto a acreditar que la persona que desee inscribir su arma posee aptitudes física y psíquica apropiadas para usarla, y reconociendo asimismo que el hecho de tener un permiso para conducir supone haberse realizado exámenes psíquicos y físicos, los cuales, sin embargo, no son suficientes para probar que se encuentra con facultades para manejar un arma. Distinto es conducir un vehículo motorizado.
En segundo lugar, si bien comparto la preocupación y la recomendación de algunos de mis colegas, en el sentido de que el Gobierno compense a la Dirección General de Movilización Nacional por los recursos que dejará de percibir al entrar en vigencia un nuevo plazo de inscripción, esos recursos suman alrededor de 60 millones de pesos y no 241 millones como se ha señalado. De manera que es mucho más razonable que el Ministerio de Hacienda entere esa suma en el presupuesto de la Dirección de Movilización Nacional.
Además, el 50 por ciento de esos 60 millones de pesos, que se generan por la actualizaciones, inscripciones y transferencias, corresponden, por derecho propio, a la Dirección General de Movilización Nacional, y el otro 50 por ciento, a la autoridad fiscalizadora de donde emanó el trámite o la actuación.
Por último, quiero referirme a una situación que el propio director general de Movilización Nacional nos planteó en la Comisión. De acuerdo con la normativa vigente, en materia de autorizaciones para portar armas, por el solo ministerio de la ley N° 17.798, modificada por la ley N° 20.014, hoy existen 288 mil personas que pueden portar un arma de caza u otra deportiva. Esa persona, por ejemplo, podría pasearse por cualquier lugar de Santiago con una escopeta. El director general de Movilización Nacional señalaba que debería restringirse la facultad de portar este tipo de armas sólo desde la residencia de la persona -donde se guarda el arma- hasta el lugar donde va a ser empleada; es decir, donde se va a desarrollar la actividad deportiva. Por lo tanto, es conveniente suscribir una moción parlamentaria destinada a modificar el texto legal, con la finalidad de que a todos los poseedores de armas de caza y deportivas se les limite la facultad de transitar con dicha arma por cualquier lugar del territorio.
Actualmente, la normativa establece que los permisos de porte de armas son otorgados fundamentalmente por las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas o por las autoridades de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designadas, en uno u otro caso, por la ministra de Defensa Nacional a proposición del director general de Movilización Nacional.
En la Comisión, el representante de la Dirección General de Movilización Nacional señaló la conveniencia de que los permisos para portar armas de defensa personal, que hoy ascienden a 218 en todo el territorio, sean otorgados en el futuro única y exclusivamente por la Dirección General de Movilización Nacional, con el informe de las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas o de la autoridad de Carabineros designada por la ministra de Defensa , y no sean esas comandancias o autoridades las que otorguen por sí y ante sí el permiso.
Me parece absolutamente justificado que la autoridad máxima, en este caso, el director general de Movilización Nacional, sea directamente responsable en una actuación de tanta envergadura e importancia, cual es entregar permisos de porte de armas destinadas a la defensa personal y a la seguridad.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el proyecto es de gran importancia y lamento que no estén presentes representantes de los Ministerios de Defensa y del Interior.
Cuando presentamos la moción que dio origen a la ley N° 20.014, junto con Juan Bustos y Juan Pablo Letelier, sostuvimos una conversación con el entonces subsecretario del Interior , señor Jorge Burgos. Tuvimos grandes expectativas en cuanto a que iba a regularizar y controlar la posesión de armas de fuego. Lamento escuchar que todavía no está el reglamento, lo que limita el impacto de la ley.
Comparto el objetivo del proyecto, en el sentido de otorgar una nueva oportunidad a quienes estén en posesión de armas de fuego no inscritas o bien inscritas de modo irregular. También me parecen interesantes las observaciones del diputado Fuentealba.
Pero quiero llamar la atención sobre un aspecto del debate. Entramos a discutir leyes como si la realidad siguiera un curso distinto. Hay un crecimiento exponencial de armas que circulan en los barrios. La policía conocerá su origen, pero, de acuerdo con la información que tenemos, se ha multiplicado la capacidad de fabricar armas hechizas. Al menos, en mi distrito, me consta de que se están transando a dos mil o dos mil quinientos pesos cada una. Además, existe gran importación de armas ilegales. No sé cómo llegan, pero no se opera a través de los canales regulares.
¿Qué genera el hecho de que haya tanta arma? Entre los jóvenes se establece una manera de convivir: Si el otro grupo tiene armas, también debemos tenerlas. Reitero, es una manera de convivir. Quizás la situación es parecida -hemos usado el ejemplo en otras ocasiones- a la honda. En la generación de algunos de los presentes, si uno la tenía, el otro también debía tenerla y portaba.
Entonces, repito, se empieza a convivir con armas. Hoy, en las poblaciones, son frecuentes los tiroteos y uno se pregunta si después de éstos llega la policía. Ya ni siquiera lo hace, porque han pasado a ser normales.
A más de alguno de los colegas le habrá tocado entregar premios al final de un campeonato deportivo, donde quienes ganan celebran su primer lugar disparando al aire. En lo personal, eso me ha tocado vivirlo, por lo menos, en dos ocasiones.
Hay muchas armas y el problema se ha ido extendiendo.
Pero, quiero volver al espíritu original de la ley N° 20.014, cual es reducir el número de armas existentes en la sociedad, cosa que no ha ocurrido. Ahora, el hecho de ampliar el plazo es importante, lo valoro, pero no va a asegurar el objetivo de disminuirlas si no existe una acción más decidida en ese sentido.
Asimismo, se aumentaron las penas para quienes tenían armas ilegales, hechizas o no hechizas. No sé cuántas condenas ha habido al respecto. Quizás la Comisión tenga antecedentes sobre cómo ha funcionado eso.
Sí, quiero llamar la atención sobre lo siguiente:
En primer lugar, se requiere, como política de seguridad ciudadana, promover campañas de opinión en el sentido de la necesidad de desarmar a las poblaciones. No podemos seguir con los niveles alarmantes de armas que hay en su poder.
En segundo lugar, que la policía cuente con sistemas efectivos para que, cuando tenga conocimiento acerca de la existencia de lugares donde hay armas, concurra a desarmarlos. Éste es un objetivo, porque cuando hay muchas armas es muy limitada la capacidad de operación de las organizaciones sociales y de otros líderes a efectos de construir formas de convivir. Esto, a mi juicio, no lo hemos tomado con la seriedad que amerita el problema.
Por eso, no obstante apoyar el proyecto de ley, pido que el Ejecutivo sea advertido de que tiene que actuar en forma mucho más diligente respecto de las armas existentes. Tanto la importación ilegal como la fabricación de armas hechizas debe ser objeto de operaciones especiales.
La policía me ha contado acerca de la existencia de lugares donde se fabrican armas hechizas, como, por ejemplo, en un departamento Serviu. Basta con un tubo y una soldadura; no es más que eso. Incluso, en la población Los Navíos, los cabros se están poniendo creativos y ya cuentan con armas hechizas que disparan cuatro balas simultáneamente. O sea, hay una ingeniería que se está desarrollando como consecuencia del descontrol existente.
Apoyo el proyecto de ley, pero quiero hacer notar que existe un problema de fondo: la ley N° 20.014, por falta de reglamento, ha sido menos eficaz de lo que se esperaba, pero también por falta de una política más global.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que establece un nuevo plazo para la regularización en la inscripción de armas de fuego, dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014.
Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
El señor secretario va a dar lectura a dos indicaciones.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Las indicaciones son de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Ulloa, Martínez, Díaz, Galilea, Godoy, Hales; Monckeberg, don Nicolás; Sepúlveda y Encina. La primera tiene por finalidad reemplazar el plazo de 180 días por 120 días, y la segunda, para que ese plazo comience a regir 30 días después de la publicación de la ley. De modo tal, el artículo quedaría de la siguiente manera: Las personas que se encontraren en alguna de las situaciones reguladas en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014, tendrán un nuevo plazo de 120 días que comenzará a regir 30 días después de la publicación de la ley para acogerse a los beneficios contemplados en ese precepto.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación el artículo con las indicaciones. Si fuera rechazado volvemos al artículo original.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado el artículo con las indicaciones.
Despachado en general y en particular el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO. Primer trámite constitucional.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de crédito.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 2987-05, sesión 13a, en 4 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 17a, en 2 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, originado en una moción presentada por los diputados señores Francisco Encina , Patricio Hales , Antonio Leal y Eugenio Tuma , que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos.
El proyecto destaca que en una economía social de mercado la libertad y el acceso universal al crédito es un derecho esencial de los actores económicos y denuncia que, en los hechos, este acceso no se daría por prácticas discriminatorias de algunas instituciones financieras. Para evitar ese trato, la moción establece la exigencia de hacer públicos los criterios de evaluación de riesgo de los bancos e instituciones financieras y de fundamentar por escrito el rechazo de las solicitudes de crédito. Además, establece un mecanismo de reclamo y de tutela jurisdiccional en caso de que el cliente o usuario del banco o institución financiera se vea discriminado por el rechazo de su solicitud de crédito.
La Comisión contó con la participación de importantes personalidades que entregaron su parecer acerca del proyecto. Entre ellas destaca a don Gustavo Arriagada , superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , quien especificó que, en una economía social de mercado, no existe un derecho al crédito; que el crédito es un bien escaso; que los bancos prestan dinero ajeno -no propio- y, por lo tanto, deben sujetarse a normas estrictas y específicas en su relación crediticia con los clientes. Además, señaló la inconveniencia de hacer públicos los criterios de evaluación de riesgo, por cuanto revelar por escrito la negativa de un banco a otorgar un crédito podría producir un efecto adverso para que el cliente pudiera acceder a otras instituciones bancarias que, tal vez, dentro de su evaluación de riesgo pudiera haber estado dispuestas a operar con él.
Por su parte, el señor Alejandro Alarcón , gerente general de la Asociación de Bancos, determinó graves deficiencias en el sistema de tutela jurisdiccional establecido en el proyecto.
Hizo especial hincapié en que la iniciativa le quita a la competencia la oportunidad de la especialización básica de las instituciones financieras, que son precisamente especialistas en riesgo. Agregó que la propia Asociación de Bancos ha establecido mecanismos de protección para los solicitantes de créditos, a través de lo que denominó el defensor del cliente.
Asimismo, la Comisión contó con la opinión del señor Carlos Rubio , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción, quien señaló expresamente que le parecía innecesario el proyecto, toda vez que sus normas de no discriminación estarían contempladas en la ley Nº 19.496.
La Corte Suprema hizo cinco reparos a la llamada tutela jurisdiccional establecida en el proyecto, la que adolecía de algunas deficiencias que no la hacían conveniente.
Finalmente, escuchamos la opinión de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus , que sí se mostró partidaria de legislar, pero planteó tales reparos que la Comisión estimó que, prácticamente, correspondían a un proyecto distinto al presentado.
Discutida la iniciativa en la Comisión, se concluyó que los fines que perseguía eran loables, en el sentido de transparentar el mercado del crédito, pero que no era necesaria una ley para establecer esa no discriminación, ya que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a través de instructivos, podía perfectamente regularizar y orientar criterios de publicidad objetivos.
Por todo lo anterior, la Comisión rechazó la idea de legislar, por seis votos y cuatro abstenciones.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto, originado en moción, dice relación con la asimetría que existe entre los prestadores de los servicios de créditos y los usuarios de esas operaciones.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cumple bien su rol de proteger la industria bancaria y los capitales aportados por ahorrantes y por los dueños de los bancos y de cautelar que esos recursos no sean amenazados por eventuales quiebras bancarias o por el otorgamiento de créditos que no podrán cobrarse, lo cual se encuentra absolutamente reglamentado en la ley de bancos. Hoy tenemos una industria bancaria bastante exitosa y no queremos afectar ese logro.
Sin embargo, nos parece indispensable que los usuarios conozcan cuáles son los requisitos que exigen los bancos para acceder a sus servicios. Eso es lo que propone el proyecto.
Algunos actores del mercado, principalmente vinculados a la Asociación de Bancos, se han movilizado porque no quieren establecer transparencia de las condiciones contractuales de sus prestaciones. Los demandantes de créditos son tratados, en oportunidades, como deudores de tercera categoría, en circunstancia que sólo son consumidores de créditos y, como tales, tienen derecho a la transparencia.
Actualmente, cuando un usuario se acerca a un banco para solicitar un crédito le piden un requisito; dos días después, le piden otro; luego, le dicen que su caso pasó a comité; enseguida, que el comité le está solicitando un examen de salud, una radiografía de tórax. Después le piden un aval y, a éste, el estudio de título de sus propiedades, que si tiene diez, tiene que llevar diez estudios de título.
Los autores de la moción perseguimos que los bancos compitan, tal como lo hacen todos los sectores del mercado, a través de los requisitos que van a exigir a los usuarios de créditos.
La iniciativa no impone condiciones a los bancos para su dinero. Lo que pedimos es que hagan públicas las condiciones contractuales para prestar su dinero. El proyecto persigue el principio de la transparencia y el derecho a la información de los usuarios de créditos.
Muchas veces se discrimina al demandante de crédito, negándoselo por el sólo hecho de haber aparecido en el Boletín de Informaciones Comerciales con una morosidad, sin considerar si tiene capacidad de pago o alguna garantía, en circunstancias que la ley sobre protección de la privacidad de las personas es clara en el sentido de que hay información que no se puede utilizar.
Los bancos tienen su propia base de datos. La Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos tienen un sistema que actualiza información que está absolutamente caducada. Si un deudor tuvo una morosidad hace quince años, esa información la maneja toda la banca y no sólo el banco acreedor, el que tiene derecho a negarle el crédito y a manejar esa información. Pero no es posible que todos los bancos sigan informando, por años, de una morosidad de hace quince años; incluso la hacen llegar a las entidades bancarias que se están constituyendo. ¡Si la ley sobre protección de la privacidad de las personas fue aprobada por unanimidad y está vigente! Por lo tanto, los datos relacionados con deudas, sean de obligaciones pagadas o extinguidas, no pueden comunicarse; sin embargo, los bancos lo siguen haciendo. Por eso, cuando niegan un crédito no dan a conocer la verdadera razón de la decisión.
Por lo tanto, es necesario que los bancos transparenten los requisitos para acceder a un crédito, que los publiciten en un lugar visible al público. Es bueno que compitan entre ellos, porque así los usuarios podrán elegir. Si un banco pide muchos requisitos, el demandante de crédito se irá a otro; y si no cumple con los requisitos, se quedará sin préstamo. Pero que no se siga jugando con las personas pidiéndoles una serie de exigencias para luego decirles que no les van a dar el crédito.
Queremos transparencia de las condiciones para acceder a un crédito, y en caso que se niegue la petición, la razón debe ser fundada y formalizada por escrito.
El superintendente de Bancos señaló que el proyecto era perjudicial para el usuario, porque la obligación de fundamentar por escrito las razones por las cuales no se otorga un crédito, podrían conllevar la necesidad de darla a conocer a toda la industria financiera, cerrándosele así las puertas a los usuarios. El argumento me parece bastante discutible, porque esa información no tiene por qué ser conocida por terceros. El Servicio de Registro Civil, por ejemplo, no hace públicos los antecedentes personales. Los bancos tampoco deberían hacer pública información privada de un potencial cliente. De manera que ese argumento es una falacia que no resiste análisis.
Quisiéramos reponer en esta Cámara la idea de legislar sobre este proyecto, porque la transparencia es necesaria para los usuarios de crédito. No tenemos por qué defender el ocultamiento y el secretismo de las condiciones contractuales para resolver un crédito. ¡Que lo resuelva como quiera, pero fije las condiciones y hágalas públicas! La ley no les va a imponer otorgar créditos basados -como alguien dijo- en relaciones de confianza. Es cierto que se trata de una relación de confianza, pero nada impide que los usuarios conozcamos de antemano cuáles son los requisitos que los bancos van a exigir para prestar sus servicios. Por último, si no lo quieren prestar, que el deudor sepa por qué no fue atendido en esa institución crediticia.
En definitiva, esta iniciativa no busca más que equilibrar derechos entre los bancos y los miles de usuarios, que no se sienten protegidos por ninguna legislación que vele por sus intereses.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente , la intervención del diputado señor Eugenio Tuma , con quien firmamos uno de estos proyectos, me ahorra bastante argumentación.
Una de las dificultades con que se encuentran los usuarios de créditos de consumo y los empresarios de la pequeña y mediana empresa, es que los bancos, sin respetar la ley sobre la privacidad de la información, siguen manteniendo el registro histórico. Como todos saben, la información del deudor debe eliminarse cuando la persona o la empresa cuando pagan la deuda. Algunos bancos -también el del Estado- han negado un crédito porque el usuario aparece en el registro histórico. En el caso del Banco del Estado, tuvimos que judicializar el tema y los tribunales nos dieron la razón, porque no se puede utilizar información caduca para negar un crédito. Sin embargo, los bancos siguen manteniendo el registro histórico y, en virtud de él, niegan los créditos.
Esta materia ha sido discutida profusamente por la Asociación de Bancos, porque durante los últimos años han perdido la accesibilidad de sectores económicos de la sociedad chilena al negarse a conceder créditos, especialmente de consumo entre 200 y 800 UF, por considerar que no tenían las condiciones económicas para acceder a ellos. Lo anterior ha obligado a la gente a recurrir a las tiendas comerciales para obtener créditos, lo que a su vez ha provocado el fenómeno de que los bancos han otorgado sólo 2.700.000 tarjetas, mientras que las entregadas por las casas comerciales ascienden a 10.800.000. Durante muchos años -se lo hicimos presente muchas veces a nuestro amigo Hernán Somerville cuando era presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras- los bancos negaron la accesibilidad al crédito a gente que posteriormente consiguió crédito y tarjeta a través de las casas comerciales, a pesar de que pagan tasas de interés más altas. Felizmente, gracias a parlamentarios ligados a esta iniciativa, obtuvimos la disposición del Banco Central para regular las tarjetas de las casas comerciales y para que el cobro de interés se atenga a la tasa máxima referencial.
Quienes somos partidarios del mercado, consideramos que éste debe tener dos características esenciales: transparencia y competencia. No obstante, cuando los bancos deciden una política única y oficial respecto de cómo tratar los créditos para determinados estratos de ingreso de la sociedad chilena, no existe competencia abierta para ofrecer mejores condiciones al usuario, aunque esto ha cambiado en el último año y medio, porque hay una mejor situación económica en el país, una disminución de la cesantía y también porque los bancos han visto que han perdido clientes entre quienes hoy piden créditos o compran a crédito a través de las casas comerciales, que se han transformado en verdaderos bancos.
En ese sentido, el proyecto de ley tiende a generar las condiciones para que haya transparencia en cuanto a los requisitos que los bancos exigen a sus usuarios para obtener un crédito. Lo que estamos planteando es que el banco publique los requisitos para que la gente sepa cuales son. Porque no hay nada peor para un pequeño o mediano empresario que ir -me consta respecto de los pequeños y medianos empresarios mineros de la región de Atacama- veinte veces a un banco, porque en cada oportunidad le piden documentos y certificaciones distintas para otorgarle un crédito, el que finalmente es negado. Con esa forma de proceder le están haciendo perder un tiempo precioso a los pequeños y medianos empresarios que están dedicados a levantar la actividad económica en las regiones.
Por eso, queremos transparencia en la actividad de los bancos, que fundamentamos en el principio constitucional de la no discriminación, en el espíritu de la ley de los derechos del consumidor y en la necesidad de que el mercado financiero sea transparente. Por eso presentamos el proyecto. Queremos que la información se universalice para que la gente sepa que puede conseguir un crédito en una entidad financiera determinada si reúne las características y condiciones exigidas.
Anuncio a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que vamos a perseguir drásticamente y de manera judicial a quienes utilicen el registro histórico de Dicom para negar los créditos. Cada vez que a un usuario le digan, como ha ocurrido en ciertos bancos, seguramente por falta de experiencia de alguno de sus funcionarios, que no le conceden crédito porque figura en el registro histórico, vamos acudir a los tribunales, porque no se puede burlar la ley de esa manera.
Por lo tanto, pedimos que se respete la ley, que se otorgue al usuario una oferta cada vez mayor de parte del sistema financiero y que se actúe con transparencia, especialmente con este núcleo de clientes de sectores medios populares, a los cuales los bancos están comenzando a retomar después de haber cometido el error que han reconocido, de no permitirles el acceso al crédito, en circunstancias de que tienen ingresos regulares, los que les permite obtener créditos a través de otros mecanismos.
Quiero decir a los colegas que no conocen el sector minero -lo que no ocurre con el colega Eluchans , porque, aunque proviene del mundo de las finanzas, conoce el tema minero-, que los pequeños mineros no tienen acceso a los bancos, ya que sistemáticamente les niegan el crédito. La única institución que les presta plata a ellos e, incluso, a los medianos mineros, es la Empresa Nacional de Minería.
Por lo tanto, como portavoces de esa gente, que realmente necesita recursos, sobre todo ahora que el cobre y el oro han logrado elevar sus precios en el mercado internacional, y que tienen capacidad de endeudamiento y recursos para tecnologizar su producción, pedimos mayor transparencia de parte del sistema financiero en el establecimiento de las condiciones del crédito.
Después de discutir con nosotros el proyecto, algunos bancos lo están haciendo y han avanzado en algunas soluciones.
Esto que aquí causa sorpresa, es de común ocurrencia en Europa. Ustedes pueden encontrar información detallada en Italia o en Francia respecto de los requisitos que exigen los bancos para acceder al crédito. Es un mercado más transparente y más abierto. Eso es lo que queremos aquí: más mercado; pero, como dije, con competencia, con transparencia y con apertura a todos los sectores que necesitan acceder al crédito y que cumplan los requisitos establecidos por los bancos.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , en el ejercicio de nuestra labor parlamentaria, muchas veces caemos en la tentación de regularlo todo a través de leyes. Creo que nuestro país, sobre todo en materia de operación de mercados, tiene suficientes regulaciones e incrementarlas no contribuye a que funcionen mejor.
Por lo tanto, la opinión del Ministerio de Economía y del Ejecutivo es compartida por mí y por la bancada de Renovación Nacional, en el sentido de que el principio de no discriminación se encuentra ya contemplado en la ley N° 19.496, por lo que es absolutamente innecesario legislar nuevamente sobre el particular.
Lo mismo ocurre respecto del artículo 4°, que establece una instancia judicial para reclamar en contra de la infracción de este principio, puesto que en dicha ley se establecen los mecanismos de reclamo por violaciones a los derechos de los consumidores.
La opinión de la Corte Suprema también es absolutamente desfavorable a esta moción.
Además, considero que adolece de un error conceptual, porque el crédito no es precisamente un derecho dentro de un sistema económico, sino un bien escaso, cuya regulación se efectúa mediante un precio, que en este caso es el interés, el que, a su vez, corresponde a las ganancias legítimas de la entidad financiera que lo otorgó. No en vano los contratos con quienes reciben los créditos son absolutamente personales, individuales. ¿Por qué a algunos se les pide garantía? ¿Por qué a otros se les solicita aval? ¿Por qué se cobra una tasa de interés menor a ciertas personas? Precisamente, porque existe el factor riesgo, y se deben resguardar los intereses de los dueños de la plata, que son los ahorrantes y no los bancos, ya que estos sólo son los intermediarios.
Reitero, el crédito no es un derecho ni existe la obligación de entregar un crédito solicitado, porque es un bien escaso. Por eso los bancos deciden a quién le conceden crédito y cómo lo otorgarán, como una forma de resguardar los recursos.
Finalmente, existe una suerte de potencial inconstitucionalidad en la iniciativa, pues establece la obligatoriedad de la publicación de las bases objetivas en virtud de las cuales se deberían conceder los créditos y la de justificar por escrito y fundadamente la negativa a su otorgamiento. Puede entenderse que existe obligación de contratar, esto es, obligación de otorgar el crédito al solicitante, lo que, de ser así, violaría la libertad de asociación y de contratación, tutelada, entre otros, en el artículo 19, números 15° y 16° de la Constitución Política del Estado.
Por lo señalado, Renovación Nacional votará en la Sala en contra de la moción parlamentaria, tal como hizo en la Comisión.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.-
Señor Presidente , quiero argumentar en contra de la propuesta de la Comisión y pedir que se reponga este importante proyecto que mejorará la condición de la mayoría de los consumidores que actualmente operan en el sistema financiero.
Lo que pedimos es bastante simple: un articulado que no atente para nada contra el sistema financiero y no ponga en riesgo a las instituciones financieras y bancos que operan en el sistema, por cuanto sólo se pide que la negativa de alguna casa comercial respecto de una operación de crédito de dinero sea fundada y por escrito. Con ello queremos evitar la arbitrariedad y velar por el derecho de igualdad establecido en la Constitución. Lo que no queremos es la negativa caprichosa, mañosa y que elude los avances que hemos logrado en esta materia, como la eliminación del Dicom histórico, más conocido por algunos como el famoso Peneca verde.
Cuando señalamos que queremos que las reglas del juego sean iguales para todos, no sólo nos referimos a los empresarios y a las casas comerciales, sino también a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas que quieren acceder al crédito, y que la negativa se funde respetando el orden público económico vigente.
El crédito no es sólo una operación entre privados. No se trata sólo de una autonomía privada. Por tanto, el Estado, como cautelador del interés público, no puede estar ausente.
Hemos avanzado sustantivamente en la materia, tenemos una Superintendencia que regula esta actividad y, por qué no decirlo, hay intereses macrosociales en juego que hacen entender que en el crédito hoy esté presente la fe pública. Y si hablamos de fe pública, entendemos que ella también comprende el derecho del consumidor, de la persona que solicita un crédito de conocer por qué determinada casa comercial se lo niega.
Esta iniciativa viene a transparentar el mercado del crédito, pues robustece y apertrecha de herramientas a los consumidores para defenderse. Con ella también se evitará la gran proliferación de prestamistas del mercado informal que existe ante el compartimiento estanco que están asumiendo los bancos e instituciones financieras.
Por otra parte, quiero hacer presente que me extraña profundamente la posición del Ejecutivo respecto de esta materia, por cuanto si bien existen normas generales que pueden aplicarse en estos casos, entendemos que se requieren normas especiales al respeto. Todos hemos visto en los medios de comunicación cómo los bancos y casas comerciales quieren enquistar a los consumidores préstamos de consumo para que formemos parte del sistema financiero.
Incluso, una norma del Código Civil, redactado por Andrés Bello en 1850, establecía que por todo pago debía exigirse un recibo por escrito, lo que tenía mucha importancia en aquella época. En la actualidad, todavía son normas que no son, en absoluto, leoninas con las casas comerciales. Es muy importante que el consumidor conozca la razón de la negativa y que se le dé por escrito. Cuando hablamos de los derechos de las personas, del principio de igualdad ante la ley y de la no discriminación arbitraria, nos referimos a proyectos como el que estamos tratando.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , cuando escucho hablar a los diputados Tuma y Leal sobre este proyecto, me da la impresión de que se están refiriendo a una iniciativa distinta de la que analizamos en este momento. Este proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo y, por lo tanto, contra el otorgamiento del crédito. Además, entorpece y dificulta aún más la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero puedan acceder a un crédito.
Expreso esto principalmente porque se establece una tutela jurídica, una acción para demandar al banco hasta por el monto del crédito solicitado, en caso de que la negativa no sea justificada. Francamente, en vez de darse la situación señalada por el diputado Tuma , en el sentido de que la persona vaya diez veces al banco a entregar documentos, deberá ir veinte veces, porque éste le va a pedir gran cantidad de antecedentes para resguardarse de una eventual acción en su contra. El banco va a tratar de armar carpetas de cada cliente para establecer plena prueba. Por lo tanto, en vez de un certificado o un informe médico, le va a pedir dos certificados o dos informes médicos, porque es la única forma de defenderse de un eventual juicio en caso de rechazar esa operación de crédito. De manera que, en vez de treinta documentos, le va a pedir sesenta y, en vez de ir cuatro veces al banco, deberá hacerlo ocho veces, lo que entrabará aún más la posibilidad de acceder a un crédito.
Por otra parte, el proyecto atenta contra la competencia del mercado del riesgo, porque establece causales objetivas, iguales para todas las instituciones financieras. Eso implica que los bancos no se podrán especializar en determinados clientes; por lo tanto, deberán evaluar y arriesgarse más que la competencia para acceder al mercado de los usuarios del sistema financiero.
En consecuencia, lo único que produce la iniciativa es atentar contra la competencia, contra la especialización de los bancos en cuanto a determinar la ganancia de uno y otro en el sistema del crédito, si se arriesgan más o no en dar esos créditos, y contra la facilidad que tienen los usuarios para exigirlos y proporcionar los documentos que les van a pedir.
El tercer elemento que establece el proyecto tiene que ver con la información, tema que siempre es bueno. Mientras más información haya, es mejor. El punto es que publicar en paneles las condiciones generales de contratación y los requisitos para el otorgamiento de créditos no debe ser materia de ley, porque lo único que se va a conseguir es que esas causales objetivas se rigidicen y, por lo tanto, que tengamos que discutir todos los años cómo modificar las normas sobre publicidad cada vez que cambia el mercado.
Por eso, el superintendente de Bancos señaló que no se requiere una ley para dar mayor información, sino que basta con instrucciones de la propia Superintendencia de Bancos para aumentar el factor de publicidad respecto del otorgamiento de los créditos y evitar así el trato arbitrario y discriminatorio.
Por lo tanto, la ley es innecesaria; perjudica a las personas que solicitan créditos y a la necesaria especialización del mercado del riesgo.
Por último, no puedo dejar pasar lo señalado por su señoría, en el sentido de que los bancos prestan dinero a veinte personas y las casas comerciales a cuarenta, señalando la gran diferencia de que el otorgamiento del crédito debe ser más democrático por parte de las casas comerciales. Obtener un crédito en las casas comerciales es mucho más fácil, y así debe ser, pues éstas prestan recursos propios y los bancos recursos de terceros. Cuando uno presta dinero que no es propio debe ser más exigente que cuando lo es. Así como se da la injusticia de que trabajadores mineros van veinte veces al banco a pedir un crédito y no se les otorga, se puede producir la misma injusticia cuando un pensionado de la tercera edad, que ha ahorrado durante toda su vida en el banco, se encuentre con que el banco prestó la plata a alguna empresa que quebró y, por lo tanto, pierda todos sus ahorros.
Por eso, considero que el proyecto es malo, innecesario y no se condice con los objetivos propuestos por sus autores, los cuales se pueden lograr a través de instrucciones que imparta la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, haré una defensa del proyecto presentado por su señoría y por el diputado Tuma.
En primer lugar, solicito a los representantes de la Concertación actuar unidos, lealmente, a fin de rechazar los dos informes de la Comisión de Economía.
El diputado señor Arenas señaló que, en este caso, no se necesita una ley, pero, por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle que sí se necesita.
Quiero recordar que, con los diputados Burgos y Tuma , tuvimos que obligar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que cumpliera con algo obvio: transparentar el cobro de las comisiones por distintos instrumentos que los bancos otorgan. Algunos de esos instrumentos se entregaron a los cuentacorrentistas con el compromiso de que iban a ser gratuitos, pero luego cambiaron las reglas del juego. Se presentaban situaciones grotescas. Por ejemplo, por un sobregiro de 3 ó 4 mil pesos el banco cobraba 3 ó 4 veces ese valor. Eso no se informaba a ningún cuentacorrentista en las cartolas que se le envían todos los meses.
Después de varios oficios solicitados en Incidentes, en 2003, la Superintendencia señaló, a través de una circular, que era obligatorio transparentar los cobros de las comisiones.
La actividad bancaria registra muchos antecedentes de falta de transparencia. En esa ocasión, la Superintendencia sólo pidió transparentar los cobros, pero no puso límites a las comisiones. Por eso, volvimos a intervenir en Incidentes para solicitar oficios al ministro de Hacienda y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. Después de 6 ó 7 meses se publicó otra circular que establece un límite para los cobros por comisiones y servicios, a fin de terminar con el abuso de que cuando un cuentacorrentista se sobregiraba en 4 mil pesos debía pagar 16 ó 20 mil pesos al banco.
Entonces, señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado señor Arenas que sí se necesita una ley para regular esta materia, porque la experiencia demuestra que, sin las presiones de este órgano representativo, la entidad que debe velar porque haya transparencia y equidad, la Superintendencia, no lo hacía. Por eso, publicaron dos circulares en tiempos distintos y frente a peticiones expresas de los diputados.
¿Cuál es el tema de fondo?
Si la industria bancaria fuera seria, honesta y no discriminatoria, sería coherente con aquello que nos dicen como verdad neoliberal: en la economía contemporánea de mercado -citan al economista austriaco Schumpeter - el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Por eso, el 80 ó 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas fracasan. Ello forma parte de las reglas del juego de la economía de mercado, según los teóricos neoliberales. Sin embargo, eso que parece tan natural, en la práctica, cuando un pequeño o mediano empresario, o un agricultor tiene un problema, pasa a ser un estigma.
Ellos no pudieron pagar sus deudas en la crisis de 1982, a veces, por razones que no tenían ninguna relación con la economía nacional, o porque le creyeron a Pinochet que el dólar nunca subiría de 39 pesos. El proceso de destrucción creadora que describe Schumpeter pasa a ser una verdadera L en el pasaporte para ser sujeto de crédito.
¿Son naturales los créditos productivos para el pequeño y mediano empresario? Nos dicen que las quiebras muestran la sanidad del sistema económico; sin embargo, no hay nunca una segunda oportunidad para un pequeño empresario urbano o agrícola.
En el caso de los consumidores de créditos de consumo, ¿qué se les dice hoy a los ciudadanos de este país? Que estudiar es aprender a aprender; tenemos que prepararnos para tener 8 ó 9 empleos a lo largo de nuestra vida activa, porque los empleos se crean y se destruyen rápidamente en esta economía tan dinámica. Por eso, se pide flexibilización laboral, para despedir a los trabajadores con las menores cortapisas posibles. Pero, ¡ay de aquellos que perdieron su empleo en la crisis de 1982 o en la crisis asiática de 1997 por razones que no tenían nada que ver con su eficiencia o con su honradez, sino con variables económicas relacionadas incluso con una devaluación en Tailandia, porque si piden un crédito de consumo les aparece la R , que significa restricción, Dicom histórico! Es como la L en el pasaporte; en este caso, un impedimento para ser sujeto de crédito.
A través de estos dos proyectos de ley, que lamentablemente la Comisión de Economía ha rechazado por mayoría, pretendemos terminar con esa situación. Queremos que un crédito productivo o de consumo se niegue sólo cuando quien lo solicita no sea capaz de asegurar capacidad de pago; pero si una persona es capaz de demostrarla razonablemente, porque tiene flujo suficiente, debe otorgársele, aunque haya tenidos problemas comerciales en el pasado, hace 8, 10, 20 ó 25 años, que lo hicieron quedar en el Dicom histórico, lo cual los bancos utilizan ilegalmente, incluido el del Estado.
Digo ilegalmente, porque la ley de protección de la vida privada de las personas fue muy clara en ese sentido, pero se ha vulnerado su espíritu. Las instituciones financieras se encuentran conectadas en línea y se traspasan los antecedentes de sus clientes morosos.
Ésa es la razón por la que a una persona -que en el pasado tuvo problemas comerciales y que lleva seis meses trabajando, después de haber estado cesante un año y medio o más- que quiere pedir un crédito de consumo para cambiar su televisor, aunque muestre contrato de trabajo o boletas de honorarios que prueben su capacidad de pago suficiente, le van a decir: No señor, porque usted, como quedó cesante en 1992 o en 1997, dejó de cumplir sus compromisos y quedó en la Dicom. Tenemos los datos y los estamos ocupando. Usted está en el Peneca Verde y marcado con una R, que significa restricción.
Eso es lo que queremos cambiar, por lo que pido a los colegas de la Concertación que actúen lealmente con los diputados que patrocinamos esta moción, que también somos de la Concertación, y rechacen los informes de la Comisión de Economía. Por su parte, a los diputados de derecha les pido por favor que mediten un poco sobre la incoherencia que supone pronunciar discursos en favor de los pequeños y mediamos empresarios y de los agricultores, por una parte, y, por otra, rechazar estas mociones, que buscan justamente que esos pequeños y medianos empresarios y agricultores tengan acceso al crédito y no favorecer a la industria bancaria, que durante décadas ha obtenido las utilidades más brutales del país: más del 20 por ciento calculado sobre el capital y reservas.
Pido lealtad a la Concertación y consecuencia a la Derecha. Rechacemos estos informes de la Comisión de Economía.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , pido a los parlamentarios de la Concertación que, con la misma fuerza y energía con que el diputado Saffirio expuso sus puntos de vista, soliciten a su Gobierno -ahora que el precio del cobre ha alcanzando niveles extraordinariamente altos- que presente un proyecto para derogar el impuesto de timbres y estampillas, que representa el 20 por ciento del costo de un crédito para el pequeño, mediano o gran empresario. Así se facilitaría a esa gente el acceso al crédito, porque disminuiría su costo.
También les pediría que, con la misma fuerza, soliciten al Gobierno que flexibilice los requisitos para acceder al Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, Fogape, y que establezca que el Banco del Estado no sólo preste dinero a los deudores de categoría A, esto es, a quienes no tienen ningún problema.
Asimismo, pidan al Gobierno que flexibilice la tasa máxima convencional, para que cada institución financiera pueda medir el riesgo real de la actividad económica.
Esas son medidas centrales para que se pueda ampliar la base de los sujetos de crédito. Pretender establecer una regulación como la que plantea la iniciativa en debate, más que favorecer a los eventuales clientes, los perjudica.
El negocio de las instituciones financieras consiste en prestar dinero y recuperarlo. Para ello pueden poner infinidad de condiciones, de requisitos, de normas, pero si no se da la confianza entre el cliente y la institución financiera, elemento básico en toda relación comercial, el negocio no prosperará. Es así de simple.
Nadie va a inducir a que el negocio se realice o no se realice porque se establecen más o menos requisitos o porque se explica más o menos fundadamente la negativa al otorgamiento de un crédito.
¿Qué pasa si se aprueba la norma de que la negativa fundada se entregue al cliente? Perfectamente, en el ámbito del intercambio de información de las instituciones financieras -los acreedores-, pueden establecer un registro interno entre ellos para comunicarse si una persona tiene o no créditos rechazados, y en la pantalla del computador aparecerá que tiene dos créditos rechazados. Entonces, llamarán a la institución financiera para saber el motivo del rechazo. En definitiva, con esta normativa no solucionamos el problema de fondo.
Por lo tanto, los invito a discutir los temas que permiten aumentar la base de crédito, eliminar la ley de Timbres y Estampillas, ampliar la base de operación del Fogape y eliminar la tasa máxima convencional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, en la Cámara hemos discutido extensamente varios proyectos, y siempre se ha dado el mismo argumento: que esto va a entorpecer las relaciones de mercado y va a perjudicar a los consumidores.
Discutimos cinco años la ley del Consumidor, tres o cuatro la ley Dicom y la ley de intereses colectivos y difusos. Si hoy examinamos su aplicación, veremos los resultados positivos en una situación desequilibrada que se produce en el mercado entre los consumidores y usuarios y quienes proveen estos bienes o servicios. Ése es el tema de fondo.
Aquí no podemos esgrimir los argumentos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Me parece inaceptable que los parlamentarios tengamos que argumentar igual que los bancos o que el Ejecutivo. En definitiva, creo que tenemos independencia y libertad para opinar sobre este tipo de temas, aunque sean discutibles.
Sinceramente, esto no es una regulación. Pedir transparencia en el mercado bancario es lo menos que se puede exigir. Saber por qué se rechaza una solicitud de crédito me parece lo mínimo que se puede pedir. Esto no es regulación, sino transparencia. Es lo que queremos argumentar para rechazar los informes de la Comisión, para tener una herramienta que sirva a la ciudadanía. ¡Cuántos pequeños empresarios, pequeños mineros y pequeños agricultores se ven sin ninguna posibilidad de acceder ni siquiera a las razones por las cuales no se les otorga un crédito!
Muchas veces se ha burlado, como señaló su señoría, la ley que dice relación con la eliminación de los registros históricos de deudores, y el Banco del Estado también cae en la misma práctica. De eso queremos defender al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al pequeño comerciante; queremos que las mínimas exigencias de este proyecto de ley permitan tomar conocimiento de estas situaciones.
Vuelvo a repetir que leyes tan importantes como la ley del consumidor, la ley Dicom o la que tiene que ver con los intereses difusos y colectivos -que ha tenido una tremenda importancia-, han sido fundamentales para defender los derechos del consumidor y equilibrar el mercado. Eso es lo que estamos pidiendo.
Los argumentos de la Asociación de Bancos o del Ejecutivo tienen la importancia de un antecedente más; pero, por favor, pido a los parlamentarios que votemos por los consumidores, por los usuarios, por los pequeños empresarios y no por los bancos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , cuando hace algunos días en la Comisión de Economía discutimos esta iniciativa, junto al proyecto que viene inmediatamente a continuación en el Orden del Día, que en definitiva propone lo mismo, pensé que podrían haberse tratado conjuntamente, en forma refundida, con un solo informe, pero no ha sido así.
En la Comisión, seis señores diputados votaron en contra de la idea de legislar y cuatro señores diputados se abstuvieron.
Aquí se ha mencionado el hecho de que este proyecto, no obstante ser iniciativa de diputados de la Concertación, que tienen mayoría en la Comisión, no fue votado favorablemente por ninguno de ellos.
Ingenuamente -ahora me doy cuenta de que no es así- creí que se habían convencido de lo innecesario de legislar por las contundentes informaciones que la Comisión recibió. En efecto, durante la discusión acordamos invitar al Superintendente de Bancos , a la Asociación de Bancos, a la ministra de Economía y a su asesor legal, para que nos dieran su opinión. También, a sugerencia del diputado Marcelo Díaz , se convocó a la Asociación de Consumidores, Conadecus.
Pues bien, la ministra de Economía, el Superintendente de Bancos -es importante recordar que este funcionario de Gobierno es dependiente del Ministerio de Hacienda-, los directivos de la Asociación de Bancos y de la Conadecus fueron enteramente contrarios a legislar sobre esta materia. Y no por razones caprichosas, como se ha pretendido dar a entender aquí, sino porque todos estimaron que esta iniciativa es innecesaria.
¿Cuáles son los objetivos, muy loables por cierto? Primero, protección a la vida privada de los clientes respecto de los bancos, los que hacen circular unas listas, que les dan el carácter de siniestros, donde aparecen sus nombres e historia; y, segundo, el igual acceso al crédito.
Pues bien, la vida privada de los clientes no puede ser expuesta de esa manera, toda vez que el propósito de ese listado es de uso exclusivo interno de los bancos sólo para su información. Además, hay sanciones penales y muy severas para quienes infringen lo dispuesto por la ley. De manera que ese aspecto ya está legislado.
El segundo propósito es la igualdad de acceso al crédito; esto es, la no discriminación y que también está legislado. En la ley de protección al consumidor, si bien no está expresamente establecido que el acceso al crédito es uno de los servicios que debe ser protegido -cosa que se ha interpretado así desde siempre-, no hay opinión en contrario.
Por eso decimos que esta legislación nos parece innecesaria.
Además, es importante que repasemos la relación de un banco con un cliente. Ya lo decía el diputado Alvarado. Existe una relación de confianza. A un banco no se le puede obligar a que preste plata, pero sí a que no discrimine. Si a determinada persona le otorgan un crédito con ciertas condiciones, otra podría exigir lo mismo. Pero ¡ojo!, cada operación de crédito es distinta. Los bancos no pueden poner en pizarras las condiciones de los créditos, porque cada uno de ellos es un traje a la medida. Está hecho especialmente, de acuerdo al proyecto que hay detrás de cada solicitud.
En consecuencia, un préstamo otorgado por el mismo monto, el mismo plazo y con las mismas garantías, por la sola circunstancia de tener un deudor distinto, ya es una operación distinta.
Como ya lo expresé, tiene que existir una relación de confianza y ésta es la que se da por parte del banco respecto del cliente como también del cliente hacia el banco. Además, debemos recordar que el dinero que prestan los bancos no es propio, sino que es el que captan del público.
Por otra parte, si hay un banco que paga la tasa más alta, podría pensarse que toda la gente depositará el dinero en esa institución. Pero, en la práctica, no ocurre así, porque la gran mayoría de las veces los bancos que pagan una tasa inferior son los que más reciben depósitos
¿Por qué? Porque hay una relación de confianza entre el depositante y el banco. Esa misma relación de confianza debe existir al revés, entre el banco y el cliente.
En consecuencia, tratar de obligar a los bancos a señalar en una pizarra las condiciones de los créditos, me parece completamente inconveniente. Eso atentaría en contra del sistema bancario, que goza de gran prestigio a nivel mundial. Quizás, contribuiríamos a su destrucción.
La Superintendencia de Bancos es uno de los organismos con más prestigio en el mundo en lo que se refiere a la supervigilancia de la actividad bancaria. Esta entidad no vela sólo por los bancos, sino también por la economía del país y por la seriedad con que deben funcionar nuestras instituciones. Tiene la obligación de calificar a los bancos en función de cómo desempeñan su actividad, y lo hace por gestión y por solvencia.
Insisto, pretender legislar sobre estas materias es completamente inconveniente, innecesario, incluso, perjudicial para el sistema. Si creemos que basta con un padrón que señale las condiciones para el otorgamiento de un crédito, a lo mejor no tendríamos sistema bancario. Podríamos tener un solo banco estatal que le preste a todo el mundo en las condiciones establecidas en una pizarra. Pero me imagino que eso no es lo que queremos, sino un sistema bancario, como el que tenemos, que goza de prestigio en todo el mundo.
En síntesis, el proyecto es malo e inconveniente. Ingenuamente, como lo dije al comienzo de mi intervención, pensé que los patrocinantes de esta iniciativa se habían convencido de ello, pues como van a ver, inmediatamente a continuación en el Orden del Día, cuando se votó el otro proyecto en la Comisión, también fue rechazado por cinco votos y cuatro abstenciones. O sea, no hubo ningún voto a favor para ninguno de los dos proyectos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , he escuchado con bastante interés la discusión que se ha generado en torno a esta iniciativa, cometido que le corresponde al Congreso Nacional: debatir en el contexto de la necesidad de requerimiento que la ciudadanía expresa, formas, mecanismos, caminos a través de los cuales intentamos mejorar la convivencia ciudadana.
Leí el proyecto. De repente escucho algunas afirmaciones que no sé en qué medida reflejan lo que estamos discutiendo. Pero quiero hacer pública mi mirada sobre el tema.
El artículo 1° básicamente se orienta a la no discriminación en las operaciones de crédito.
El artículo 2° dice que para ello es un elemento esencial la publicidad en las operaciones de crédito.
Y los artículos 3° y 4° buscan establecer la responsabilidad ante la negativa de dar cumplimiento a las condiciones de créditos establecidas públicamente.
Desde el punto de vista de la coherencia, me parece un buen tema de discusión. Porque, en el fondo, estamos discutiendo en qué medida el mercado financiero está en condiciones ideales para responder a las necesidades. Hemos escuchado distintas opiniones sobre la materia.
En primer lugar, quiero decir que no soy tan ingenuo como para creer que todos los chilenos somos iguales ante el sistema bancario y financiero actual. Cualquiera que va a un banco sabe que eso es falso.
Hoy, las tasas preferenciales y las condiciones de créditos son distintas para unos y otros. Creo que todos los señores parlamentarios habrán conocido o vivido más de una experiencia al respecto.
La Cámara de Diputados tiene por misión velar por que los preceptos constitucionales se hagan realidad y, según entiendo, los ciudadanos estamos protegidos por el principio de igualdad ante la ley; es algo que nos obliga. Por lo tanto, si vemos que en el sistema financiero existen desigualdades, no podemos negarnos a discutir cómo abordar esa situación.
Hoy, la transparencia adquiere gran relevancia cuando se plantea para las instituciones estatales, y en todas las leyes, debates e instancias es exigida para los agentes públicos, pero cada vez que se plantea para los agentes privados, miles de voces arguyen que atenta contra la libre competencia.
(Hablan varios señores diputados).
Perdón, la transparencia es exigible para todos, no sólo para algunos, y más aún para las instituciones reguladas. Me dirán que no hay necesidad de regular esa materia por ley, porque la Superintendencia de Bancos cuenta con una normativa para esos efectos.
Señores diputados, les puedo garantizar que la gran mayorías de sus electores no conocen a la Superintendencia y tampoco saben cómo regula a las instituciones financieras.
Porque soy partidario de no discriminar y, por ende, de legislar para disminuir los niveles de discriminación en el sistema financiero, bancario y comercial chileno; porque soy también partidario de la transparencia, tanto para el sector público como para el privado y, por lo tanto, enemigo del secretismo con el cual se toman decisiones en múltiples operaciones financieras privadas, y de fomentar fuertemente la responsabilidad de la empresa privada en su gestión, que al final de cuentas se traduce en costos que pagamos todos los ciudadanos; porque el secretismo, la discrecionalidad en la aplicación de tasas al final se refleja en utilidades que pagamos todos los chilenos, soy partidario de aprobar la idea de legislar y, por lo tanto, de rechazar la proposición de la Comisión.
He dicho.
-o-
-El señor LEAL ( Presidente ).-
anuncia que se encuentra en las tribunas, invitado por el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita, el embajador de Israel en Chile, excelentísimo señor David Cohen, acompañado de dirigentes del Comité Representativo de Entidades Judías de Chile, a quien le agradece su visita a la Cámara de Diputados.
Agrega que en esta fecha se conmemora el quincuagésimo octavo aniversario de la fundación del Estado de Israel, motivo por el cual este encuentro con el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita adquiere un significado especial.
-o-
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.-
Señor Presidente , después de escuchar este debate, me gustaría que no perdiéramos el norte, que en este caso es uno y simple: verificar si estos dos proyectos van realmente en beneficio de los consumidores; es decir, de las personas que ahorran y de las que piden un crédito.
Cuando se escucha cierto tipo de argumentos, uno se da cuenta de que hay quienes creen que el crédito es un derecho. En realidad, bajo ninguna condición puede ser un derecho, porque la entidad bancaria no los otorga con cargo a recursos propios, sino con cargo a dinero de los ahorrantes. Y a ella le corresponde velar por los intereses de esas personas. Creo que éste es el primer punto fundamental en que este proyecto no ayuda.
En segundo lugar, el fundamentar por intermedio de una nota escrita el porqué no se otorga un crédito, va en directo desmedro de aquellas personas que van a solicitarlo. ¿Por qué? Porque si voy a un banco, pido un crédito y me es negado, esa información debe hacerse pública. Por lo tanto, si yo quiero pedirlo a otra institución, ya vengo marcado desde antes por la institución que no me lo concedió.
En tercer lugar, debemos entender que la resolución negativa también debe fundarse, lo que significa estandarizar el crédito. Eso quiere decir que si una persona cumple con los requisitos que se exigen, debe otorgársele el crédito.
Frente a una normativa en ese sentido, a los bancos no les va a interesar entregar recursos a personas con mayor riesgo.
Por tanto, qué proponemos.
Como consideramos que ambos proyectos son muy negativos, no sólo para los bancos, sino para quienes ahorran y solicitan créditos, la bancada de Renovación Nacional -espero- en pleno va a votar en contra de ambos proyectos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , éste ha sido un gran debate, porque nos ha permitido conocer la opinión de expertos del sector bancario. Reconozco la experiencia de Edmundo Eluchans como director de banco, y la de Claudio Alvarado como ejecutivo bancario. Sus experiencias nos dan luces respecto de la mirada que debemos dar a estos proyectos.
Reconozco también la labor del resto de los parlamentarios que representan a miles de usuarios de bancos que no tienen ninguna posibilidad de establecer un equilibrio entre quienes prestan el servicio y quienes lo reciben.
Con este proyecto no se obliga a nada ni a nadie, sólo se pide información y transparencia respecto de los requisitos que deben cumplir los bancos para prestar servicios. No estamos obligando a nadie a otorgar créditos. Ningún banco ni acreedor se va a sentir obligado a prestar su dinero. Estamos pidiendo que los bancos, como son instituciones que han obtenido una concesión -un banco es una concesión otorgada por el Estado-, cumplan ciertas obligaciones, como es transparentar los requisitos que piden para prestar un servicio.
Me parece legítima la moción del diputado señor Eduardo Saffirio , y de otros diputados de la Democracia Cristiana, quienes sostienen la necesidad de que se informe la razón por la cual no conceden el crédito. Es simple establecer esa transparencia.
Este proyecto no ha sido lo suficientemente aquilatado por parte de la bancada de la Derecha, desde el punto de vista de los intereses de los usuarios.
Quiero que Edmundo Eluchans sepa que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus , no rechazó el proyecto, sino que presentó indicaciones para modificarlo y señaló que es demasiado modesto, que debería regularse mucho más. Ellos consideran favorable este proyecto. Saludo a sus dirigentes, quienes están en las tribunas.
Esta iniciativa también representa la bandera de los usuarios de los créditos, quienes también tienen que tener un respaldo legislativo.
Por lo tanto, invito a mis colegas a aprobar por unanimidad esta iniciativa sobre los derechos de los usuarios de bancos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , se ha querido dar una imagen de que este proyecto enfrentaría a los bancos con sus usuarios. Nada más ajeno a la verdad.
Este tema no afecta a los bancos, sino a los ahorrantes, es decir, a los miles de chilenos que, con un esfuerzo gigantesco, ahorran una parte significativa de sus ingresos en una libreta de ahorros, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, con el objeto de financiar a futuro los estudios de sus hijos, tener mejores jubilaciones, o adquirir una casa propia y otros fines importantes. Ellos son los principales perjudicados con este proyecto de ley; no los bancos. Son los millones de personas que ahorran día a día para tener un futuro mejor.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación general el proyecto de ley que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos, con excepción del artículo 4° que requiere quórum de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación general el artículo 4°.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere del voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazado el artículo 4°.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES TEMPOREROS AL SISTEMA PREVISIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 20, de los señores Arenas, Lobos, Barros, Bobadilla, Estay, Lorenzini, señora Herrera, doña Amelia; señor García-Huidobro, señora Pacheco, doña Clemira, y señor Sabag.
Considerando:
Que, a lo largo de Chile, cada año, más de cuatrocientas mil personas se incorporan a tareas temporales ligadas a la agricultura, fundamentalmente entre la Tercera Región de Atacama y la Décima Región de Los Lagos. Más del 50% corresponde a mujeres, que ven en esta actividad una gran oportunidad de aumentar los ingresos familiares;
Que esta relación laboral comprende todas las obligaciones de un contrato de trabajo, a saber previsión y acceso a la salud, además de asistencia en los accidentes del trabajo, etcétera. Sin embargo, muchas de las personas ocupadas en trabajos de temporada son reacias a exigir los cargos previsionales, ya que prefieren aumentar su liquidez, privilegiando un beneficio presente a disponer de fondos para su futuro período de jubilación;
Que, según cifras oficiales, aproximadamente dos tercios de los trabajadores agrícolas temporales no cotizan en ningún sistema provisional. Su trabajo es esporádico y, en promedio, laboran alrededor de cuatro meses al año;
Que otro de los factores analizados en los estudios laborales sobre los trabajadores temporales agrícolas dice relación a la restricción estructural de empleo en sus respectivas zonas. Es decir, sólo existe trabajo durante ciertos meses del año, lo que dificulta que un trabajador temporero pueda cumplir con el mínimo de doscientos cuarenta meses cotizados que exige la ley para beneficiarse con la pensión mínima;
Que, con el régimen actual, una mujer temporera tendría que trabajar sesenta años, en promedio, para optar a una pensión mínima. Como ello es irreal, se debe concluir que un grupo importante de trabajadores temporales está prácticamente fuera del sistema previsional. Por lo mismo, en el hecho de cotizar no aprecian ningún premio real futuro, y presionan para obtener liquidez actual, aun a costa de la incertidumbre que significa llegar a la edad de jubilación sin dinero capitalizado, y
Que la actual administración de su excelencia la Presidenta Michelle Bachelet ha señalado que la principal reforma social que impulsará su gobierno consistirá, precisamente, en introducir cambios en el sistema previsional, por lo que, sin duda, se está ante la oportunidad de incluir en esta reforma la situación de las trabajadoras y los trabajadores temporeros.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en los actuales estudios de la reforma previsional, incluya la situación especial que afecta a las trabajadoras y los trabajadores de temporada, a fin de dar una solución real a su precaria situación previsional.
Para estos efectos, sería importante la innovación de establecer niveles escalonados de acceso a una pensión mínima, proporcional a las cotizaciones efectuadas por estos trabajadores.
Asimismo, es conveniente establecer el 50% como porcentaje mínimo de pensión garantizada por el Estado para aquellos trabajadores con, al menos, ciento veinte meses de cotizaciones previsionales.
Por último, es menester determinar un procedimiento destinado especialmente a las mujeres temporeras, en el sentido de calcular una pensión mínima que bonifique la condición de maternidad con doce meses de cotizaciones por cada hijo nacido. De esta manera, a modo de ejemplo, una madre con tres hijos tendría a su favor treinta y seis meses de cotizaciones para el cálculo de una pensión mínima.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , en Chile existe cerca de medio millón de trabajadores agrícolas de temporada, de los cuales, un elevado porcentaje corresponde a mujeres. Lamentablemente, según informes del Ministerio del Trabajo, estos trabajadores se encuentran sumamente desprotegidos desde el punto de vista laboral, al punto que sólo un tercio de ellos tiene contratos de trabajo.
Esto ocurre principalmente porque no existen incentivos para que esos trabajos consten por escrito, toda vez que los trabajadores de temporada privilegian el dinero líquido de su relación laboral y no sus cotizaciones provisionales.
Según el actual régimen previsional, un temporero debería trabajar hasta pasados los ochenta años para poder acceder a una pensión mínima, toda vez que requiere contar, por lo menos, con 240 cotizaciones para optar a ese beneficio. A un trabajador de temporada que sólo trabaja cuatro meses al año, prácticamente le resulta imposible reunir ese mínimo de cotizaciones, con la agravante de que, en el caso de las mujeres temporeras, en general, constituye el único trabajo formal que pueden obtener durante el año y, por lo tanto, su única vía para obtener una previsión durante su vida.
Por eso, le solicitamos a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que en la comisión de reforma previsional incluya expresamente un estudio sobre la realidad previsional de los trabajadores temporeros, que contenga al menos dos elementos que consideramos esenciales.
En primer lugar, que se establezca una pensión mínima gradual. Es decir, que los trabajadores de temporada que no han alcanzado los 240 meses de cotizaciones, sino, por ejemplo, sólo 200, puedan acceder al 75 por ciento de la pensión mínima, y así sucesivamente, en escala descendente, hasta llegar al 50 por ciento de la misma.
En segundo lugar, como un gran porcentaje de los trabajadores de temporada son mujeres que, a diferencia de los hombres que pueden tener otros trabajos formales, no ejercen otra actividad formal aparte de los cuatro meses de temporada, consideramos de justicia que se les abonen doce meses por cada hijo nacido. Así, se logrará que un mayor porcentaje de trabajadores de temporada tengan contratos de trabajo escritos, de manera que aprecien los beneficios de una relación laboral formal y, por lo tanto, tengan acceso a un sistema previsional digno.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar la presentación de este proyecto de acuerdo, porque creo que satisface una tremenda necesidad de importantes sectores laborales que ejecutan trabajos de temporada y que se han visto privados del derecho a percibir una pensión al término de su vida laboral.
Este proyecto de acuerdo se presenta en un momento muy oportuno, pues estamos a la espera de la propuesta que efectuará la comisión constituida por el Gobierno para evaluar y examinar el desarrollo y funcionamiento de nuestro sistema previsional. De manera que es la oportunidad precisa y justa para que los trabajadores temporeros y las trabajadoras temporeras puedan contar con una pensión digna y justa.
En consecuencia, expreso mi respaldo al proyecto de acuerdo y anuncio que voy a votarlo a favor, porque entiendo que es una respuesta transversal a una de las más sentidas demandas de los trabajadores y las trabajadoras del país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , no es para intervenir en contra del proyecto de acuerdo, sino sólo para hacer un comentario.
Parece inusitada la presentación de este proyecto de acuerdo, porque en la Cámara de Diputados existe una Comisión de Trabajo en la cual hemos debatido permanentemente este tema. Lo que abunda no daña, pero me parece que es un poco tarde para descubrir la pólvora y decir que las temporeras y temporeros no tienen previsión social.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 21, de los señores Escobar, Girardi, Burgos, Farías, Leal, De Urresti, Montes y Chahuán, y de las señoras Saa, doña María Antonieta, y Vidal, doña Ximena:
Considerando:
Que, para las personas -sin importar su origen ni condición-, la universalización del acceso a los bienes culturales es uno de los objetivos de la democracia moderna, incluido el disfrute de las expresiones culturales y artísticas de la más diversa índole;
Que, en su artículo 19, N° 10, inciso quinto, la Constitución Política de la República establece que corresponderá al Estado estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación, entre otras materias;
Que, tras la recuperación de la democracia en Chile, se ha vivido un verdadero florecer de las artes y la cultura en todas sus formas. La libertad de creación y expresión y el diseño de políticas públicas tendentes a potenciar el desarrollo de este fenómeno social, comienzan a dar sus frutos a través de un aumento de los bienes culturales disponibles. De ello, son ejemplos las ediciones de libros de autores nacionales, obras de teatro, artes plásticas y una industria fílmica con enormes potenciales. A lo anterior, hay que sumar los esfuerzos en materia de conservación del patrimonio cultural de la nación y el surgimiento de agentes culturales independientes;
Que, en este contexto, no hay que olvidar que las manifestaciones artísticas y culturales responden a la expresión más elevada del ser humano, puesto que en el proceso de la creación artística y en su posterior recepción confluyen racionalidad, sensibilidad, emocionalidad y espiritualidad, las que, al ser expresadas desde esta perspectiva, enriquecen no sólo a sus autores, sino a la comunidad toda, la que se desarrolla integralmente y potencia su identidad personal y social;
Que la preservación, el crecimiento y la difusión de la cultura permiten a los pueblos alcanzar nuevas cosmovisiones de su realidad, siendo agentes de cambios constructivos y transversales en toda la sociedad;
Que, en torno a lo expresado, cabe manifestar que la realidad chilena en materia de acceso a la cultura de la población dista de ser equitativa, como lo mostró en su oportunidad la ‘Encuesta sobre Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre en la Región Metropolitana’. El 60% de ella se limita a un consumo cultural de pobreza; es decir, a un consumo marcado por la oferta de los medios de comunicación;
Que la causa de esta situación es la multiplicidad de factores, económicos, sociales, formativos, unidos, sin duda, a la percepción existente en torno a que consumir cultura es oneroso y un privilegio, no un derecho, por lo que el arte y la cultura no pueden cumplir el fin último señalado;
Que, como resultado de la toma de conciencia de esta realidad, a lo largo del último sexenio se ha logrado establecer una nueva institucionalidad cultural pública, expresada en la creación, con rango ministerial, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, encargado de diseñar las políticas públicas de fomento de las expresiones culturales y artísticas, tanto en el nivel central como en el regional, donde, mediante una administración descentralizada y territorialmente desconcentrada, se ejecuta la política cultural del Estado, de manera tal que se cumpla su objetivo, que consiste en apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, además de contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de todas las personas el patrimonio cultural de la nación y a promover la participación de ellas en la vida cultural del país;
Que hay que agregar las innovaciones que introdujo la ley N° 19.891 -que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes- en materia de instrumentos de fomento a la creación, mediante la inclusión de fondos concursables, a los que los creadores novatos o consagrados pueden postular sus proyectos;
Que, asimismo, se suman la ley N° 19.885, sobre Beneficios Tributarios a las Donaciones Privadas; la ley sobre Fomento del Libro y la Lectura; la nueva ley sobre Premios Nacionales; la ley sobre Ejercicio y Difusión de las Artes;
Que existe una diversidad de normas que constituyen un corpus normativo integral, capaz de transformarse en instrumento puesto al servicio de la creación humana y de las nuevas instituciones, lo que, paulatinamente, conforma una administración dinámica y poco burocratizada, que orienta sus esfuerzos en cumplir el objetivo de universalizar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y conservación;
Que, lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en la experiencia legislativa comparada, la Cámara de Diputados no cuenta con una Comisión especializada en asuntos culturales y artísticos. Actualmente, estas materias están radicadas en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, la cual, por definición, tiene otras prioridades, como estudiar materias relacionadas con el acceso y la calidad de la educación en todos sus niveles. De esta forma, los asuntos culturales, subsumidos en el género de lo educacional, corren el riesgo de desperfilarse. Así, esta Corporación puede verse incapacitada en el logro de lineamientos eficientes que permitan implementar y desarrollar, en el nivel legislativo, las políticas preeminentemente artísticas y culturales;
Que, en atención a lo expuesto, se desprende claramente que es necesario contar con una Comisión capaz de ser contraparte, en sede legislativa, de una administración cultural especializada y del más alto nivel jerárquico. Esta nueva Comisión deberá analizar las iniciativas legales que sobre la materia presenten el Ejecutivo o los legisladores, y evaluar, de manera detallada, la forma en que se está estructurando este proceso de instalación institucional de la cultura dentro del Estado chileno y la efectividad en el acceso y la recepción por parte de la ciudadanía y
Que así lo han entendido otros Congresos y Parlamentos del mundo, como son los casos de Alemania, España, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Guatemala y Panamá, por mencionar algunos. En cada uno de ellos, junto a una Comisión de Educación, hay un organismo especializado encargado de la política cultural. Es ese buen ejemplo el que se quiere imitar en Chile.
La Cámara de Diputados acuerda:
Constituir la Comisión Especial de la Cultura y las Artes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuya competencia será:
1. Conocer, como comisión técnica, todos los proyectos de ley y proyectos de acuerdo internacionales que digan relación a los asuntos culturales, entre los que se incluyen la institucionalidad cultural del Estado; el fomento de la cultura y las artes en todas sus expresiones; la conservación de los bienes culturales de carácter nacional, incluida la cultura y el arte de los pueblos originarios; el patrimonio histórico; la regulación de las condiciones de trabajo de los profesionales de la cultura y las artes, y el fomento al acceso de las manifestaciones artísticas y culturales por parte de la ciudadanía, y
2. Analizar permanentemente el estado de avance del proceso de instalación de la nueva institucionalidad cultural del país, en los niveles central, regional y local, tanto desde el punto de vista de los creadores artísticos, como de los intermediarios del área y del público receptor, así como proponer al Ejecutivo , a la Sala de la Corporación o a entidades privadas las medidas tendentes a la mejor realización de los fines contemplados en la ley N° 19.891, sobre Nueva Institucionalidad Cultural.
Esta Comisión estará integrada por trece miembros, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Corporación y durará hasta el término del Período Legislativo 2006-2010.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá citar a funcionarios públicos, invitar a agentes del sector privado, consultar a expertos nacionales o extranjeros, efectuar visitas de inspección in situ, a lo largo del territorio nacional, y, en general, efectuar todas las acciones para el completo y cabal cumplimiento de sus potestades y competencias.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente , honorables diputadas y diputados, en verdad, me cuesta mucho empezar a defender este proyecto de acuerdo y empaparlos con el entusiasmo que inspiró a sus autores, de manera que hoy pueda aprobarse. Luego se proveerán los recursos para hacerlo realidad.
Quiero empezar invocando -tal como se hiciera durante el homenaje que se rindió a un ex diputado , a quien no tuve el gusto de conocer: Osvaldo Vega Vera- el espíritu que nos animó. A propósito de una definición de cultura que entregaré más adelante, quiero recordar que en el podio de esta Sala se invocó a esa persona y estoy seguro de que ello ya es parte de esta sesión de hoy 3 de mayo de 2006.
La Organización de las Naciones Unidas define la cultura como maneras de vivir juntos. Pues bien, en la Cámara de Diputados hemos establecido una manera de vivir juntos que ha sido discutida en estos días.
Por ejemplo, han aparecido conceptos como el decoro, en el sentido de cómo nos debemos presentar en la Cámara. Yo mismo he tenido dificultades para adaptarme a normas del Reglamento de la Corporación, en cuanto a que me tengo que dirigir a un diputado o ministro a través del Presidente.
Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas -al vivir juntos, es distinto cuando se piden disculpas-, puesto que vengo de un mundo en que se acostumbra a dialogar sin intermediarios. Se puede cuestionar la eficiencia del método que se utiliza en las sesiones para cumplir ciertos y determinados objetivos. A lo mejor, de acuerdo a la cultura que se vive en el Congreso Nacional es el más eficiente, ya que obedece al principio de la prontitud.
Además -pido disculpas nuevamente si he ofendido a alguien-, cuando uno de los diputados está ejerciendo su arte, oficio o profesión y está expresando a sus colegas el conocimiento que tiene acerca de determinadas materias. Si, en lo personal, no estoy atendiendo al orador, por lo menos voy a colaborar con mi silencio para que se pueda expresar con tranquilidad.
En la escuela de derecho me ensañaron determinados principios que estoy sacando del baúl, desempolvando y limpiándolos de telarañas para ponerme a tono con el signo de los tiempos, y dentro de mis capacidades he tratado de hacer un esfuerzo para estar a tono con las reglas impuestas a los diputados, como una manera de vivir juntos.
Como actor y conductor de radio y televisión quiero compartir con ustedes un principio que me enseñaron en la escuela de teatro: Confiar cada vez que deba caerme de espalda, porque detrás de mí habrá un compañero o compañera que me recibirá para no hacerme daño.
Con ese espíritu quiero colaborar a nuestra manera que tenemos de vivir juntos, que -reitero- es como la ONU ha definido a la cultura y que está presente en lo que hacemos a diario en cada una de las sesiones.
Seguramente el gesto cultural más importante es hacerle honor a lo que señala el Código Civil: La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Lo que estamos haciendo acá es señalar qué queremos mandar, qué queremos prohibir y qué queremos permitir, en aras de una manera más amable de vivir juntos, si es que no corremos el riesgo de convivir.
Ahora bien, en sus pupitres está el proyecto de acuerdo N° 21, firmado, como autores, por el que habla y por los diputados
señora María Antonieta Saa y señores Guido Girardi , Jorge Burgos ; señora Ximena Vidal ; señores Ramón Farías , Antonio Leal , Alfonso De Urresti , Carlos Montes y Francisco Chahuán. Y como adherentes, el señor Enrique Jaramillo y las señoras Adriana Muñoz , Laura Soto y Clemira Pacheco ; el señor José Miguel Ortiz ; la señora Amelia Herrera , y los señores Marcelo Díaz y Tucapel Jiménez. Sin embargo, me hubiese gustado invitar a más diputados a participar como autores o adherentes, pero estoy tan poco familiarizado con esta manera de vivir juntos, que no tuve tiempo para hacerlo.
Quiero justificar el proyecto de acuerdo con tres puntos: primero, especializar a la Comisión en los asuntos que dio lectura el señor Prosecretario; segundo, crear un interlocutor especializado al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y tercero, propender a los principios de prontitud, eficiencia y transparencia que estas materias demandan.
Por lo tanto, sugiero a la Sala que vote favorablemente el proyecto de acuerdo que propone la creación de la Comisión Especial de Cultura y de las Artes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VIII. INCIDENTES
APOYO A LAS COOPERATIVAS MINERAS DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En primer turno del Comité del partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , el Congreso ha aprobado en tres ocasiones proyectos de ley con beneficios para los exonerados políticos de la época de la dictadura militar. Sin embargo, en mi región, particularmente en Tierra Amarilla, hay un problema que se viene suscitando desde hace algún tiempo y que no ha permitido que pequeños mineros puedan impetrar algunos beneficios que antes tenían. Ello se debe a que no han quedado suficientemente claros dos hechos fundamentales que deben ser considerados por las autoridades.
En mi región y en el norte de Chile se acostumbraba a que los mineros formaran cooperativas mineras que permitían trabajar en común una pertenencia minera. Así, tenían capacidad de trabajo y sacaban el mineral de una pequeña mina. En la época del gobierno militar las cooperativas mineras fueron intervenidas, los sindicatos eliminados y todos sus funcionarios despedidos. Tomó el control de todo el gobierno de la época.
Con el tiempo, y una vez que llegó la democracia, algunos de ellos han querido volver a tener la posibilidad de que sus cooperativas funcionen. Por ello, cuando apareció la ley de exonerados políticos estas personas pidieron sus beneficios, pero se dieron cuenta de que tenían problemas de imposiciones y otros.
Por eso, quiero que los pequeños mineros de las cooperativas afectadas de Tierra Amarilla - Batea , Mantos Verdes , Abundancia y Rodesia- puedan acceder a los beneficios. Para ello, el historial de éstas, fundadas entre los años 1970 y 1972, se encuentra en el Ministerio de Economía, particularmente en la división de Cooperativas.
En consecuencia, solicito que se oficie a los ministros de Economía y del Interior, para que el encargado de la Oficina de Cooperativas y el encargado del Programa de Exonerados Políticos me envíen información completa del estado en que se encuentran las cooperativas mineras Batea , Rodesia , Mantos Verdes y Abundancia; si están vigentes, cuándo fueron intervenidas, por qué se despidió a sus funcionarios; qué acción tomó el Gobierno y qué registros tiene el Ministerio de Economía de ellas, con el propósito de informar a las organizaciones de mineros de Tierra Amarilla.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que la manifiestan.
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES Y DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , está por llegar el invierno y las inundaciones en la zona que represento estarán a la orden del día, por los desbordes de los ríos que causan tanto daño a las poblaciones de los alrededores.
La comuna de Longaví, en la provincia de Linares, es la que se ve más afectada, pues dos ríos corren por sus costados y un tercero la cruza por el centro. Me refiero a los ríos Bullileo, Longaví y Liguay. Dos de ellos provocan serios daños todos los años en los sectores poblados. En el Ministerio de Obras Públicas están al tanto de estas dificultades y problemas y siempre se comprometen a dar una solución. Sin embargo, el problema continúa.
Los ríos aún tienen poco caudal, por lo que todavía existe la oportunidad de construir defensas fluviales antes de que las lluvias de invierno provoquen los desastres naturales de todos los años. La parte más afectada en la comuna de Longaví, provincia de Linares, por el río Liguay es el sector denominado Cerrillos , y por el río Longaví, el sector de Paine.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que se construyan las defensas fluviales en los sectores recién mencionados, como, asimismo, para que se estudie la factibilidad de construir un nuevo pozo para el agua potable del sector de Miraflores, en la comuna de Longaví, provincia de Linares, ya que la cantidad de gente que ha construido viviendas ha aumentado fuertemente y el actual pozo no da abasto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA ENTRELAGOS-RUPANCO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, uno de los proyectos de infraestructura que el Presidente Lagos anunció para el bicentenario fue la construcción de la ruta Interlagos. Más que la construcción es el mejoramiento de la actual ruta Interlagos, que es un conjunto de caminos que unen los lagos de las distintas regiones.
Particularmente, la ruta Interlagos es un proyecto muy anhelado, pero se requiere darles prioridad a diversos tramos que tienen efecto en el desarrollo turístico de la Décima Región.
La ruta Interlagos une los lagos Ranco , Puyehue, Rupanco , Llanquihue, etcétera. La comuna de Puyehue, particularmente, encabezada por su alcaldesa, María Jimena Núñez , su concejo municipal, la unión comunal de juntas de vecinos y diversas organizaciones sociales, inició una cruzada para que, en dicha ruta, se otorgue prioridad a la pavimentación del tramo comprendido entre la localidad de Entrelagos y el sector desagüe Rupanco , o zona de Rupanquito -que une Puyehue con el lago Rupanco-, a fin de que esa ruta represente una contribución real al desarrollo turístico de la zona.
Al respecto, cabe recordar que la comuna de Puyehue ha hecho del turismo su vocación. Quizá ésa sea una de las actividades económicas en la cual cifra sus esperanzas de desarrollo futuro, precisamente por las inversiones que allí se están realizando, las cuales, sin duda, mejorarán la calidad y posibilidades de empleo para su gente.
La ruta Interlagos es una infraestructura absolutamente necesaria, imprescindible, que el Estado debe asumir para fomentar el desarrollo del turismo que también es la esperanza de varias de las otras comunas de la región. Entonces, la conectividad entre los lagos del sur debe ser prioritaria -lo anunció el presidente Lagos-, y parte del conjunto de proyectos del Bicentenario.
Por lo tanto, como una forma de sumarme a esta iniciativa de la comunidad de Puyehue, pido, formalmente, que se oficie al señor ministro de Obras Públicas , a fin de que -reitero- se considere preferentemente la pavimentación o doble tratamiento asfáltico del referido tramo en la ley de Presupuesto del próximo año, debido a la importancia que reviste esa ruta para el desarrollo turístico de la vasta zona de los lagos de la Décima Región.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se le adjuntará el texto íntegro de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano y de los cuales la Mesa está tomando debida nota.
DESCONTAMINACIÓN DE CORONEL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, quiero hacer presente un hecho que está ocurriendo en Coronel, una de las comunas del distrito que represento.
Al respecto, he recibido innumerables comentarios y peticiones de los vecinos del sector Lo Rojas y de la población Haroldo Figueroa en relación con una situación que no es nueva, pues, desde hace mucho tiempo, son víctimas de los malos olores y la pestilencia que provocan las labores de algunas empresas ubicadas en dicho sector.
Estoy cierto de que en esa zona existe mucha cesantía, que se requieren fuentes laborales, pero también estoy cierto de que las empresas que se instalen allí también deben cumplir con algunas exigencias mínimas, de modo que los vecinos vivan libres de contaminación.
En esta materia, debemos reconocer cuando las cosas se hacen bien. Talcahuano, al igual que Coronel, sufrió por largo tiempo los malos olores y la pestilencia que provocaban las empresas pesqueras. Pero los sectores público y privado, los municipios y los parlamentarios de la zona tomaron una decisión mancomunada y, desde hace algunos años, han trabajado para solucionar el problema. Hoy podemos decir que sus habitantes viven en un ambiente muy distinto al de algunos años atrás.
En ese sentido, invito al municipio de Coronel para que lidere una mesa de trabajo en torno a esta materia, donde se convoque a las empresas responsables, al servicio de salud, a las juntas de vecinos, para que, en conjunto, al igual como se hizo en la comuna de Talcahuano, encuentren las soluciones que la gente de Coronel, en particular del sector de Lo Rojas y de la población Haroldo Figueroa, se merece. Estoy seguro de que esas empresas van a asumir el compromiso y el desafío de dejar a Coronel libre de contaminación y de los malos olores que están provocando.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CIERRE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , solicito que se oficie a la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema , de Antofagasta sobre la resolución que tuvo a la vista para determinar el cierre de la planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Calama.
Si bien esa comuna pertenece al distrito N° 3, y junto con el diputado Pedro Araya representamos al N° 4, es preciso señalar que la situación se agudiza porque las aguas no tratadas van a ser vertidas en el río San Salvador , en la quebrada Lequena.
Junto con el diputado Araya hemos luchado por el cuidado del medio ambiente en nuestra zona y los pocos riachuelos que hay en ese sector, una vez más, serán contaminados, lo que afectará fundamentalmente la zonas de María Elena y del valle de Quillahua.
Por tanto, solicito que se redacte un solo oficio en nombre del diputado Pedro Araya y mío, en el sentido de manifestar nuestra preocupación por la situación antes descrita y que se nos informe al respecto. El diputado Araya , por su parte, entregará más antecedentes sobre la materia.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se procederá en la forma solicitada por su señoría.
FIJACIÓN DE NUEVO PLAZO PARA RETIRO DE PROFESORES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , el jueves pasado, junto con el diputado Enrique Estay y el senador Alberto Espina , sostuvimos una reunión con el concejo de Lautaro, oportunidad en que analizamos en profundidad los problemas tanto de calidad como de financiamiento del municipio -que, por lo demás, tienen todos los municipios del país-, a raíz de la municipalización de la educación que está vigente desde hace más de dos décadas. Por cierto, no obstante toda la legislación que esta Cámara ha sacado adelante con el Gobierno, todavía no hemos podido resolver temas de fondo, como la deuda con los profesores. Por más que se avance en materia de calidad, la piedra de tope siempre va a ser el financiamiento.
En aquella ocasión, analizamos la necesidad de apoyar a los municipios.
Por consiguiente, pido que se oficie al ministro de Educación con el objeto de que estudie la factibilidad -entiendo que él lo ha planteado- de establecer un nuevo plazo para la aplicación de la ley N° 19.933, referida a las condiciones de retiro de los maestros, porque hoy el problema de la educación en Lautaro, como seguramente ocurre en otros lugares del país, dice relación con la renovación de la dotación docente.
El municipio de Lautaro está haciendo grandes inversiones en infraestructura y gestionando proyectos, pero este problema le impide contratar nuevos docentes y dar las facilidades de retiro, de once meses de indemnización, que se disponían en dicha ley hasta hace un año.
Queremos que el ministro de Educación vea la posibilidad de que esta medida no signifique deuda para los municipios, porque, en el fondo, su cartera sólo les presta plata y, finalmente, de allí salen los recursos; por tanto, el problema de fondo, el desfinanciamiento, no se resuelve. En la actualidad, Lautaro tiene un déficit de 167 millones de pesos y la proyección de éste para fines de 2006 es del orden de los 280 millones de pesos. Sin duda, son muchos recursos, por lo que el problema adquiere otro carácter.
Pido, asimismo, que se envíe copia del oficio al alcalde de Lautaro, señor Renato Hauri, y a cada uno de los miembros del concejo, a fin de que impongan de esta preocupación que recogimos en esa jornada reciente.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia del texto de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que están levantando la mano.
DESPEJE DE CAMINO VICTORIA-CURACAUTÍN. Oficios.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas en relación con un problema que constaté hace algunas semanas en un camino público del sector California, ubicado entre Victoria y Curacautín. Es un camino muy transitado y, además, muy peligroso, puesto que, a la altura de California, se encuentra completamente cerrado por el crecimiento de los árboles del lugar.
Éste es un asunto de seguridad vial que debe ser analizado por la Dirección de Vialidad de la zona y, por ello, el propósito del oficio es que se compruebe el riesgo de esos árboles, que tapan gran parte de la calzada de ambos lados. Ha habido accidentes; árboles que se han despatillado, caído y causado algunos problemas a los automovilistas; incluso, han dañado luminarias.
Pido también que se envíe copia del oficio a la secretaria de la junta de vecinos del sector, señora Yolanda Hernández , cuya dirección voy a entregar a la Mesa de inmediato.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará una copia del texto de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DEL RÍO TRAIGUÉN. Oficios.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , finalmente, pido que se oficie al ministro de Salud para informarle sobre un problema ambiental muy severo que preocupa a los habitantes de Victoria, cual es el daño ecológico que está causando el río Traiguén en su paso por Victoria que, particularmente, afecta a los habitantes de Bajo Traiguén y muy especialmente a los niños, quienes han evidenciado distintos tipos de enfermedades como consecuencia de los malos olores y la contaminación. Han aparecido roedores y una serie de insectos en el lugar que tornan más peligrosa todavía la situación.
Por lo tanto, el oficio va dirigido al ministro de Salud para que la autoridad sanitaria, en este caso, el seremi de Salud de la Novena Región, revise el protocolo que existe entre la empresa Parmalat, causante de la contaminación, y ese servicio. Entiendo que existe el compromiso de limpiar el río, dado que el municipio de Victoria no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.
Es importante que la población no siga expuesta a graves enfermedades infecciosas, en especial los niños del sector de Bajo Traiguén, como consecuencia de la contaminación del río Traiguén en su paso por la ciudad de Victoria.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Victoria , señor Jorge Saffirio , y a la dirigente de la junta de vecinos, señora Katherine Alarcón.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención, y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL COBRE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, es lamentable que cuando se exponen temas tan importantes como el señalado por el diputado Jaime Quintana seamos pocos los parlamentarios presentes en la Sala.
En esta oportunidad, quiero referirme a la economía del país.
He recibido con estupor la noticia anunciada por el ministro de Hacienda , señor Velasco , de que Chile creará fondos en el exterior para invertir nuestros dólares. ¡Qué curioso! ¡Cuántas promesas se desvanecen una vez más! Por eso los políticos, entre los que se incluyen los diputados, carecen de credibilidad. No tenemos la fuerza, en este hemiciclo, para decir ¡basta de esperar a que lleguen los tiempos de las vacas flacas para entregar recursos a quienes hoy lo necesitan! La gente espera que el Gobierno cumpla con la promesa de suplir las necesidades mínimas.
No estoy de acuerdo con que los beneficios que nos da la naturaleza, nuestro norte, a través del cobre, sean depositados para rentar para un futuro que las generaciones que hoy están pasando necesidades tremendas quizás no lleguen a ver. Somos un país subdesarrollado y parece que tendremos que seguir esperando para alcanzar el desarrollo. ¡No lo acepto! No estoy a favor de la decisión del Ministerio de Hacienda y levanto mi voz para que esta intervención sea un llamado de atención para quienes gobiernan el país y que rigen su economía, a fin de que respeten a quienes menos tienen y que, por ende, son lo que más sufren, y que todavía esperan ayuda.
Se dice que hay que invertir en el exterior, que los agricultores y exportadores tienen problemas con la baja del precio del dólar. La solución es muy fácil. Años atrás, fui agricultor y recibí enormes beneficios del Estado, a través de la bonificación que nos entregaba el Banco del Estado, en marzo de cada año, cuando uno concurría a pagar los fertilizantes comprados a través de dicho banco, ya que se nos bonificaba hasta el 80 por ciento de la compra. Hoy, cuarenta o cincuenta años después, ya no existe ese beneficio.
Tenemos una situación económica espectacular y el país crece día a día, lo cual no puedo dejar de reconocer. Sin embargo, hay un sector que vive reclamando, incluso los tratan de llorones, aunque se quejan con causa. Me refiero a los agricultores, que pasan por momentos difíciles como consecuencia de la caída del precio del dólar.
Comprar fertilizantes es invertir en el futuro de Chile, pero invertimos en el exterior. Todos los años se importan miles de millones de pesos en abonos. El Estado debe invertir en fertilizantes; que gaste lo que puede gastar para beneficiar a los pequeños y medianos agricultores y, por qué no, también a los grandes. Se trata de invertir en el suelo productivo de Chile. Esa es la formula ganadora, que dio muy buenos resultados en Nueva Zelanda en la década de los cuarenta y que permitió que ese pequeño país se transformara en el mayor exportador mundial de productos lácteos.
A través de la prensa, el ministro de Hacienda nos hace saber que vamos a invertir los dólares excedentes en el extranjero para rentar. Mientras tanto, las actuales generaciones, que viven situaciones de carencia, deberán esperar el tiempo de las vacas flacas -ojalá que nunca llegue- para recibir beneficios.
Las generaciones de hoy están esperanzadas en el Gobierno de la señora Michelle Bachelet ; confían en que tendrán un mañana mejor. Espero que no sean las generaciones futuras, cuando vivan momentos difíciles, las que reciban el beneficio que debería entregarse a las actuales.
Quiero que el ministro de Hacienda nos comprenda; que venga a conversar con nosotros para que discutamos cómo invertir los excedentes que genera el alza del precio del cobre.
Pido que se remita esta intervención a la Presidenta de la República y al ministro de Hacienda.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marta Isasi y del diputado señor Maximiano Errázuriz.
PRÓRROGA DE PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS USADOS. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , pido que se oficie a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , para que prorrogue la entrada en vigencia del decreto N° 211, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que establece que los vehículos que no cumplan con los estándares de emisión de contaminantes, es decir, con sello rojo o amarillo no podrán ingresar al país, y que está prevista para el 31 de mayo próximo. De lo contrario, un grupo importante de trabajadores que comercializa vehículos usados en zona franca se verá muy afectado. Asimismo, para que declare zonas de excepción, respecto de la aplicación de las disposiciones contempladas en dicho cuerpo normativo, a la Primera, Undécima y Duodécima regiones.
Dicho decreto, dictado en agosto de 2005, constituye la primera medida destinada a entrabar la comercialización de vehículos livianos y, a partir del 1 de septiembre, de vehículos medianos. Su aplicación está creando, en la provincia de Iquique, mi región, y en la Undécima y Duodécima regiones, un clima de insatisfacción e incertidumbre, puesto que afectará el empleo de alrededor de diez mil personas. Si esa cifra se multiplica por el promedio de cuatro integrantes por familia, estaríamos hablando de cuarenta mil personas, por lo que el daño sería mucho mayor. Pienso que ninguna autoridad política quiere que esos trabajadores y sus familias queden sin empleo y sin sustento.
Considero que la normativa que busca mejorar los estándares de calidad debiera entrar en vigencia una vez que el Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV regularice la homologación de vehículos, acreditación que debiera hacerse cuando la Primera, Undécima y Duodécima regiones cuenten con petróleo plus, que hoy solamente se distribuye en Santiago y en algunas otras regiones, ya que si se pone vara alta para la acreditación, también debiera ponerse para la calidad de los combustibles.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ (de pie).-
Señor Presidente , ocupo esta tribuna en mi condición de periodista, para conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa.
El derecho a ser informado tiene su correlativo en la obligación de informar, y quienes informan tienen, a su vez, la obligación de hacerlo en forma seria y responsable.
En la mayor parte de los países del mundo existe el derecho del periodista a guardar reserva sobre la fuente de su información. Ello no obsta, sin embargo, a que se haga responsable de los delitos que pueda cometer en el ejercicio de esta libertad.
La noble profesión de periodista no tiene en Chile ni en la mayor parte de los países del mundo el reconocimiento que se merece.
¿Cuántos periodistas han sido encarcelados y torturados e incluso muertos por decir la verdad, y cuántos han caído cubriendo acciones bélicas en países muy alejados del suyo propio?
Los medios de comunicación son una formidable herramienta de formación, de información y de entretención de la opinión pública.
Los primeros años de las escuelas de periodismo tienen el ramo de ética profesional. Mi profesor de ética, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, don Sergio Contardo Egaña , que en paz descanse, también ocupó el cargo de director de la escuela.
La ética enseña a no cometer delitos en el ejercicio de una profesión; pero también enseña a no atropellar la moral ni las buenas costumbres.
La libertad de prensa debe tener como único límite el respeto a la vida pública y privada de las personas. Su control debe ser a posteriori, y no con anterioridad a la información.
Quizás uno de los temas sobre los que se debe legislar -y hemos presentado un proyecto de ley en tal sentido- se refiere a que los medios de prensa deben identificar a las autoridades acusadas de cometer un delito antes de que los tribunales se pronuncien sobre su culpabilidad, porque esa persona, especialmente cuando se trata de una autoridad pública, ya sea senador, diputado , intendente, ministro , gobernador, alcalde o el propio Presidente de la República , ya fue condenada por sus conciudadanos cuando se publica que fue acusada o querellada por un tercero, aunque más tarde no se pruebe su responsabilidad en los hechos que se le acusan.
Tiempo atrás conversé con el entonces senador, hoy ministro del Interior , don Andrés Zaldívar , para establecer que una denuncia pública infundada contra una autoridad hará incurrir al denunciante en la pena que el propio delito tiene contemplada.
En esa dirección va el proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, respecto del cual esperamos el apoyo de todos los sectores políticos.
Libertad y responsabilidad son dos términos que van ligados. No existe libertad de expresión sin responsabilidad en quien la ejerce. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, rindo homenaje a los periodistas y a todos los medios de comunicación escritos de mi país, que con tanto esfuerzo se preocupan de mantener informada y orientada a la opinión pública.
¡Feliz aniversario colegas periodistas de la prensa escrita en este día!
Señor Presidente , solicito enviar copia de mi intervención al presidente nacional del Colegio de Periodistas , al presidente de la Asociación Nacional de la Prensa , al señor ministro del Interior , al secretario general de la Presidencia y al secretario general de Gobierno.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Araya , Marco Enríquez-Ominami , señora Pascal Allende y de quien preside.
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE LA REGIÓN DEL LOA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , voy a pedir varios oficios.
El primero de ellos, en nombre mío y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , dirigido al señor ministro del Interior , para que solicite a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere , que destine los recursos necesarios al gobierno regional de Antofagasta o, en su defecto, a la municipalidad de Calama, con el objeto de realizar un estudio serio y responsable acerca de la factibilidad de transformar la provincia del Loa en una región.
Se ha dado una discusión bastante interesante al interior de la Segunda Región respecto de la posibilidad de dividirla, con el objeto de que Antofagasta sea la Segunda Región y se cree la nueva región de El Loa.
Para estos efectos, la comunidad de Calama ha reunido más de 22 mil firmas para hacer esta petición a la Presidenta de la República.
Lamentablemente, para llevar a cabo una discusión seria al respecto, tropezamos con el hecho de que no existe un estudio técnico que entregue argumentos a favor o en contra de la posibilidad de transformar a la provincia de El Loa en región; no tenemos un estudio de un organismo estatal ni privado o de alguna universidad que nos entregue elementos de juicio necesarios respecto de la conveniencia o inconveniencia de que El Loa sea región. Dicho estudio técnico es fundamental para la discusión que tienen hoy las comunidades de Calama y de Tocopilla. Además, por el monto del financiamiento que se requiere, es necesario que la Subdere destine parte de esos recursos ya sea al gobierno regional o a la municipalidad de Calama.
Con esto se da cumplimiento a un compromiso que hicimos la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado que habla en una reciente visita que realizamos a la ciudad de Calama en la semana distrital pasada.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y que está tomando debida nota la Secretaría.
CIERRE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Y ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LICITACIÓN DE NUEVA PLANTA. Oficios.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , solicito enviar un segundo oficio, que ya adelantaba mi colega de distrito, el diputado Manuel Rojas , a la Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta para que explique a esta Cámara de Diputados cuáles fueron las razones técnicas que tuvieron a la vista para decretar el cierre de la planta de tratamiento de aguas servidas de Calama, la fecha en que se hizo efectivo el cierre y el plan de mitigación que tiene previsto la Corema, ya que al clausurarse la planta en cuestión, las aguas servidas se verterán directamente a la quebrada de Quetena sin tratamiento, con el consiguiente daño medioambiental.
Conozco los problemas de malos olores que genera esa planta, bastante cuestionada desde sus comienzos en cuanto a su operación, porque la he visitado en varias oportunidades. Pero quiero saber si el cierre de esa planta para eliminar esos malos olores trae efectos negativos o positivos, ya que vertirán esas aguas servidas directamente a la quebrada de Quetena.
En esta misma línea, pido oficiar al Sistema de Empresas Públicas , con el objeto de que informe a la Corporación los estudios técnicos y financieros que tuvieron a la vista al momento de adjudicar la licitación de esta planta de tratamiento de aguas servidas a la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, Essan Antofagasta. Asimismo, quiero saber las características técnicas de la planta y la empresa que la construyó.
La última pregunta se debe a que la mayoría de las personas expertas en la materia que hemos consultado señala que la capacidad que se dio originalmente a la planta es bastante inferior a la que demanda su real uso. Más aún, no se consideró en su minuto el traslado de Chuquicamata a la ciudad de Calama, lo que obligará a tener una mayor capacidad de tratamiento de aguas servidas, lo que no estaba contemplada en el diseño original, lo que ha traído como consecuencia los malos olores generados.
También pido oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fin de que nos informe detalladamente acerca de las acciones de fiscalización realizadas a la planta, si vislumbran alguna situación especial respecto de lo que debiera ocurrir con la planta de tratamiento de aguas servidas de Calama.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican, de lo cual se está tomando debida nota.
FISCALIZACIÓN DE ACUERDO CON CODELCO PARA SANEAR ZONA AFECTADA POR DERRAME DE TRANQUE DE RELAVE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , hace quince días se produjo un hecho fortuito, pero no por ello menos preocupante y nefasto, en la comuna de Alhué. El tranque de relave de la División El Teniente, a raíz de un derrame, afectó alrededor de 16 kilómetros del estero Carén.
Si bien es cierto Codelco reconoció públicamente este hecho y propuso algunas medidas paliativas sobre el medio ambiente afectado, así como respecto de la flora y la fauna, esto no constituye sólo un hecho, sino afecta a una zona en que se está desarrollando el turismo rural.
En virtud de la función fiscalizadora de la Cámara, insto a un mayor trabajo de resguardo y de fiscalización de los órganos llamados por ley a proteger el medio ambiente, para dar cumplimiento al mandato constitucional que ordena a los ciudadanos y al Estado a crear las condiciones para vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Muchas veces la labor administrativa de fiscalización de los órganos públicos es insuficiente, por lo que el Congreso Nacional tiene la obligación imperiosa de revisar la posibilidad de dar protección penal al medio ambiente, ya que debiera resultar evidente que corresponde a la esencia del derecho, entendido como orden próspero de convivencia humana, proteger la conservación de las bases de la subsistencia de la humanidad con los medios más enérgicos que él posee, es decir, los del derecho penal.
Por lo tanto, pido oficiar a las autoridades de la Corema de la Región Metropolitana, a la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y al SAG de la Región Metropolitana , a los cuales corresponde fiscalizar el cumplimiento del acuerdo a que se llegó con Codelco, institución que se comprometió a sanear la zona dentro de un plazo de 40 días.
Además, solicito enviar copia de mi intervención al alcalde de Alhué , como una forma de velar porque una zona tan importante para el desarrollo de esa comunidad sea reparada y que su medio ambiente vuelva a su estado inicial y protector.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señora diputada , de acuerdo con la normativa de los poderes del Estado, los oficios solicitados se enviarán a los ministros de Salud y de Agricultura , de los cuales dependen el Servicio de Salud y el SAG, respectivamente, y a la Corema, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados Marco Enríquez-Ominami y Maximiano Errázuriz.
MEDIDAS LEGISLATIVAS A FAVOR DE VÍCTIMAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Enríquez-Ominami.
El señor ENRÍQUEZ-OMINAMI.-
Señor Presidente , tal como dijo el diputado Álvaro Escobar , al promover la creación de la Comisión de la Cultura, me emociona hablar en un ambiente de respeto y con capacidad de escuchar como se ha demostrado una vez más por los diputados presentes.
El 11 de noviembre de 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la cual tenía por finalidad determinar qué personas sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y proponer medidas de reparación.
Dicha comisión precisó en su reglamento que las personas que hubieren sufrido privación de libertad o tortura podrían prestar testimonio personalmente y que, en caso de que se encontraren fallecidas, podrían hacerlo por ellas familiares directos debidamente acreditados.
La comisión recibió testimonios de personas de todo el país, quienes relataron lo que les sucedió entre 1973 y 1990, cuando fueron detenidas por agentes del Estado y acusadas de delitos políticos. Para la mayoría habían pasado casi 30 años, pero el dolor, la humillación y el miedo ante las brutalidades padecidas aún no se habían extinguido. Tampoco la angustia por haber presenciado el sufrimiento de personas queridas o de otros seres sometidos, como ellos, a las peores atrocidades. Para otros, la evocación de lo sucedido décadas atrás implicaba exponerse al dolor y a la vergüenza. Por estas razones, a muchos les costó tomar la decisión de declarar ante la comisión. La prisión y la tortura habían tenido efectos devastadores en sus vidas.
Como una forma de compensar el daño causado a las víctimas por actos de agentes del Estado, la comisión propuso las siguientes indemnizaciones:
Una pensión de por vida a las personas reconocidas por la Comisión como víctimas, transmisible en forma vitalicia, en un porcentaje no inferior al 75 por ciento, al cónyuge o a conviviente con quienes hubieren tenido hijos, sea que las víctimas directas hayan fallecido con anterioridad o con posterioridad a la entrega de su testimonio a la Comisión.
En caso de haber fallecido la víctima directa y de no existir viuda o ex conviviente con hijos, se propone un porcentaje de la pensión indemnizatoria a los hijos de la víctima menores de 25 años o declarados inválidos, hasta el cumplimiento de la edad señalada o de por vida, respectivamente.
Se hace presente que de las 28 mil 459 personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura por la Comisión Valech, a la fecha de constituirse la Comisión, 2 mil 558 ya habían muerto y, por lo tanto, fueron registradas, acreditadas y calificadas a partir del testimonio de sus familiares. A esta cifra cabe agregar que 288 personas que entregaron su testimonio en vida a la comisión fallecieron antes de percibir los beneficios reparatorios y, por lo tanto, no tienen derecho a reparación.
En efecto, la ley N° 19.992 no contempla reparación para ellos y ni siquiera existe un símbolo en el listado del informe que dé cuenta de su fallecimiento. Sólo quedó el dolor y el desgarro de sus familiares al testimoniar su recuerdo en las oficinas de la Comisión, remontándose a aquellos días, meses y años de tormento y soledad.
El Presidente de la República , don Ricardo Lagos , con su propuesta en materia de derechos humanos, presentada en agosto de 2003, y que se encuentra en el documento No Hay Mañana Sin Ayer , plantea que podremos aspirar a un futuro digno, sólido y democrático sólo si somos capaces de hacerlo sobre la base de la paz social, la solidaridad y la unidad de todos los chilenos y que eso pasa por superar la fractura social, política y moral que nos afecta.
Por ello, el país tiene la responsabilidad política, ética y social de desplegar todos los esfuerzos posibles para reparar, aunque sea en parte, las gravísimas consecuencias de hechos tan injustos y dolorosos como a los que la Comisión le correspondió conocer y que se presentan en este informe.
Dicha responsabilidad sólo quedará saldada cuando todas las víctimas de prisión política y tortura sean objeto de reparación. Esto incluye a quienes aún se encuentran con vida y a quienes ya han fallecido. La
reparación de éstos últimos debe otorgarse a quien acreditó su condición de familiar y aportó los antecedentes necesarios a la Comisión para la calificación de fallecido.
Finalmente, los beneficios a los familiares de las víctimas deben otorgarse con efecto retroactivo a la fecha que comenzara a operar el pago de pensiones para los acreditados vivos.
Atendido el hecho de que esta reparación es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Hacienda, con el objeto de que adopten las medidas legislativas tendientes a reparar en parte el daño ocasionado a estas personas y cumplir con las promesas asumidas en su momento por el Estado.
Además, pido que se oficie al diputado señor Álvaro Escobar , quien tanto ha implorado porque nos escuchemos unos a otros. Lamento, por cierto, que no esté presente en este momento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de su señoría y en el mío, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.47 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de Reforma Constitucional que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. (boletín N° 3955-07)
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de discusión inmediata la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia .
2. Oficio del Senado.
Valparaíso, 2 de mayo de 2006.
Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1) Agrégase en el Capítulo XIV a continuación del artículo 126, el siguiente Párrafo, nuevo:
Disposiciones Especiales
Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández . El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. .
2) Agrégase la siguiente disposición transitoria:
VIGÉSIMAPRIMERA.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado. . .
-o-
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado .
3. Certificado de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto, con urgencia de discusión inmediata, que prorroga plazos establecidos en la ley N° 20.019. (boletín N° 4175-03)
Valparaíso, 2 de mayo de 2006.
El Abogado Secretario de la Comisión de Economía , Fomento y Desarrollo, que suscribe, certifica:
Que el texto que se reproduce, debidamente autenticado, contiene el proyecto de ley de origen en un Mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata , que prorroga plazos establecidos en la ley N° 20.019, tal como fuera aprobado, por asentimiento unánime, por esta Comisión.
En ejercicio de sus atribuciones reglamentarias (art. 237 N° 15), el Presidente de la Comisión , Diputado don José Miguel Ortiz Novoa , determinó que la iniciativa en informe no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda.
El artículo único del Mensaje no contiene normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado.
Se acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala por parte del señor Diputado, don Edmundo Eluchans Urenda.
En consecuencia, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Reemplázanse en los artículos 1º y 2º transitorios, de la ley Nº 20.019, la expresión dentro del plazo de un año por la oración dentro del plazo de dieciocho meses.
Tratado y acordado en sesión de fecha, 2 de mayo de 2006, con la asistencia de la Diputada Amelia Herrera y de los Diputados Ortiz, don José Miguel ( Presidente ); Arenas, don Gonzalo ; Díaz, don Marcelo ; Eluchans, don Edmundo ; Galilea, don Pablo ; Godoy, don Joaquín ; Jiménez, don Tucapel , Paya, don Darío y Tuma, don Eugenio .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Abogado Secretario de la Comisión .
Moción de los diputados señores Olivares , Araya , Díaz del Río, Mulet , Ojeda , Sabag , Venegas, don Mario y de las diputadas señoras Goic y Sepúlveda . Regula la publicidad de bebidas alcohólicas. (boletín 4181-11)
Introducción
El alcohol es la droga más consumida en el mundo entero y su uso genera graves y costosos problemas sociales. En Chile, su uso supera por mucho el de cualquier droga ilícita -marihuana, cocaína y/o pasta base. De hecho, un 73,08% de los encuestados en el Cuarto Estudio Nacional sobre uso de Drogas en Población General, realizado el año 2000 por el Conace, declaró haber consumido alcohol, contra un 6,28% que reconoció consumo de cualquier droga ilícita en el último año.
El control de su consumo debe abarcar las múltiples dimensiones de su comercialización, como es la publicidad. La legislación actual tiene un déficit a este respecto, lo que es una verdadera falencia como podremos ver en los acápites que siguen, que demuestran los daños que este produce a la salud de las personas (entre ellas a los niños), a la seguridad vial, a la seguridad ciudadana entre otros.
Según los expertos del Conace, los efectos en el organismo son:
En pequeñas cantidades puede:
Perturbar la razón y el juicio
Retardar los reflejos
Dificultar el habla y el control muscular
Provocar la pérdida del equilibrio
Disminuir la agudeza visual y auditiva
Relajar y disminuir la ansiedad
Dificultar la capacidad de reacción
Desinhibir, provocar sensación de euforia, locuacidad
Irritar las paredes del estómago e intestino
Provocar náuseas y vómitos por irritación de las paredes del estómago
Alterar la absorción de sustancias nutritivas, especialmente las vitaminas B
Dilatar o expandir los capilares de la piel
En grandes cantidades puede:
Provocar pérdida de conocimiento
Dificultar la respiración
Producir gastritis crónica
Alterar el funcionamiento general del hígado provocando un daño celular que se traduce, finalmente, en cirrosis hepática.
Provocar una hepatitis aguda, que eventualmente puede llevar a la muerte
Provocar hemorragia digestiva
Causar la muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular
No obstante, el problema del abuso de alcohol no sólo se relaciona con problemas individuales, también encontramos repercusiones sociales que a su vez tienen consecuencias para la salud: nos referimos al grado de riesgo que suponen estos productos sobre las conductas violentas (malos tratos familiares).
Veamos algunos ejemplos de su influencia en las probabilidades de sufrir:
accidentes,
asaltos,
manifestar una conducta criminal,
lesiones involuntarias,
homicidios,
suicidios, etc
II. ALCOHOL Y DAÑOS A LA SALUD PÚBLICA.
Según el estudio de CONACE, la primera bebida alcohólica que consumen los jóvenes a partir de los 13 de años de edad es la cerveza.
En Chile la ingesta de cerveza anual alcanza un volumen de 26 litros por habitante, debido al relativo bajo precio de la bebida por los menores costos de producción de la popular bebida de origen alemán.
El precio promedio de las cervezas de un litro es cercano a los $ 690 pesos, el precio mínimo se sitúa en $ 430 mientras que las botellas de ciertas marcas importadas se pueden encontrar por sobre de los $ 800 pesos por cada litro. El estrato que más consume cerveza es la clase media.
Según cifras de Conace, 1 de cada 10 personas presenta signos de dependencia alcohólica. La dependencia al alcohol es cerca de 3 veces mayor en los hombres con relación a las mujeres.
La tasa de dependencia a alcohol crece en la medida en que es más bajo el ingreso familiar.
Entre las patologías asociadas al consumo de alcohol nos encontramos las siguientes:
A. GASTROINTESTINALES.
-Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
-Várices esofágicas.
-Gastrigis (eventualmente hemorrágicas).
-Úlcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
-Hemorragia digestiva.
-Disfunción hepática progresiva (hígado graso, hepatitis alcohólica y complicaciones).
-Pancreatitis aguda y crónica.
-Diarrea.
-Carcinoma de boca (mayor incidencia).
-Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
-Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
B. CARDIOVASCULARES.
-Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
-Miocardiopatía alcohólica.
-Holiday Herat síndrome .
-Insuficiencia cardíaca.
-Hipertensión arterial.
-Cardiopatía coronaria.
-Síncope.
C. RESPIRATORIAS.
-Neumonía lobar neumocónica.
-Neumonitis por aspiración (con posibilidad de sobreinfección).
-Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad al tratamiento).
-Laringitis crónica (especialmente en bebedores de licor).
-Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente cuando se asocia con tabaquismo crónico).
-Carcinoma broncogénico.
D. METABÓLICO-NUTRICIONALES.
-Mala absorción.
-Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio, zinc, selenio).
-Deficiencia vitaminas (B12, Tiamina , Piridoxina, Vitamina A , Vitamina D).
-Intolerancia a hidratos de carbono.
-Hipo o hiperglicemia.
-Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
-Hiperudicemia.
-Anorexia.
-Desnutrición.
E. HEMATOLÓGICAS.
-Anemia.
-Leucopenia
-Neutropenia.
-Inmunopatías.
-Procesos infecciosos recurrentes.
-Desórdenes de la coagulación.
F. NEUROSIQUIÁTRICAS.
-Intoxicación alcohólica.
-Depresión.
-Trastorno de ansiedad.
-Trastorno de conciencia.
-Deterioro orgánico cerebral.
G. REPRODUCTIVAS.
-Feminización y/o masculinización.
-Hipogonadismo.
-Infertilidad.
-Impotencia.
-Síndrome alcohólico fetal.
H. OTRAS.
-Infección de heridas operatoria.
-Retardo en cicatrización.
-Traumatismos.
Como hemos argumentado, el alcohol una droga de fácil acceso ya que se han trivializado sus efectos y su consumo, es una droga socialmente aceptada y tan real es esta afirmación que podemos ver marcas de bebidas alcohólicas promocionadas en camisetas deportivas, actividad que supone mejorar la calidad de vida de las personas y por lo demás recomendada como necesaria según la OMS para la salud integral de toda persona, a cualquier edad.
Alcohol y seguridad en el tránsito
Según cifras del Conace, casi 200 hombres chilenos han muerto por accidentes de tránsito en 2004, teniendo como factor común el consumo de alcohol en conductores y peatones:
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Alcohol y delincuencia
Según el documento de trabajo, consumo de alcohol y delincuencia en Chile, de la Fundacion Paz Ciudadana, Santiago, agosto de 2003, la conexión entre crimen y alcohol puede ser dividida en tres áreas:
-Relación causal: incluye violaciones directas de la ley de alcoholes (Ej. Vender alcohol a un menor de edad, beber en la vía pública, etc.), faltas inducidas por el alcohol (Ej. desórdenes en la vía pública) y faltas motivadas por el alcohol (Ej. shoplifting o robo de bebidas alcohólicas y de otros artículos para financiar la compra de alcohol).
-Relación de contribución: incluye crímenes en que el delincuente bebe para desinhibirse y atreverse a cometer un delito, es decir, el alcohol actúa como gatillante o excusa en una situación que ha sido causada por un conjunto de factores.
-Co-existencia: incluye los casos en que la persona presenta dos conductas que no tienen relación entre sí, pero que se dan en forma simultánea. Por ejemplo, cuando un delincuente bebe en forma habitual, pero esto no tiene nada que ver con su comportamiento criminal.
En esta clasificación, la relación causal incluye principalmente faltas menores dejando fuera los delitos de mayor connotación social, mientras que la co-existencia no incluye crímenes causados por el alcohol. Por eso, se da prioridad al análisis de la relación de contribución, en que el alcohol está presente como uno de los factores que origina el crimen.
A continuación se presentan algunos antecedentes generales sobre el consumo de alcohol en Chile, además de algunas estadísticas más específicas sobre la relación entre consumo de alcohol y delincuencia.
En primer lugar se exhibe la tabla con el porcentaje de detenciones realizadas apersonas bajo la influencia del alcohol (sobre el total nacional de detenciones), con el respectivo índice de variación.
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Se observa que los detenidos por delitos contra la propiedad que con más frecuencia se encuentran bajo la influencia del alcohol, están asociados con los delitos de robo y robo con fuerza, que presentan aumentos de 100% y 60% entre1992 y 2001, respectivamente. El homicidio y los daños también se encuentran entre los delitos que han experimentado fuertes alzas en este sentido (208% y 42%).
En los gráficos se puede observar la tendencia al aumento en el índice de aprehensiones bajo los efectos del alcohol de los delitos contra la propiedad (hurto, robo, robo con fuerza y robo con violencia) y de los otros delitos contenidos en el Anuario (daños, drogas, homicidio, lesiones y violación).
Alcohol y consumo infanto-juvenil.
Tal como señala el quinto estudio nacional de drogas en población escolar de Chile, 2003, 8º básico a 4º medio, del Consejo Nacional para el Control de Estupefaciente (Conace), cuatro de cada diez escolares declaran consumo actual de alcohol y cigarrillos.
Tanto el cigarrillo como el alcohol presentan declaraciones de uso similares entre los estudiantes, estimándose que alrededor de 4 de cada 10 escolares usan actualmente cigarrillos o alcohol. (Cuadro 2).
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Según los datos recabados, es preocupante la frecuencia de consumo de alcohol entre escolares. El uso frecuente de alcohol entre escolares puede estimarse en alrededor de un 19%, que es la proporción que declara haber usado alcohol 5 o más días en el último mes, con una cifra que alcanza el 30% en Cuarto Medio. (Cuadro 9).
También preocupa la cantidad de consumo de alcohol. Otras cifras confirman este resultado: el 13% de los escolares reconoce que llegan a tomar 5 o más tragos en una salida de sábado por la noche, una cifra que alcanza al 22% de los alumnos de Cuarto Medio (Cuadro 10) y un 18% declara haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado al menos una vez en los últimos 30 días (cifra que puede alcanzar hasta el 28% en Cuarto Medio). Debe recordarse que todas las medidas de abuso de alcohol están fuertemente conectadas con el uso de marihuana.
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V. PUBLICIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL.
La BBC de Londres informó el 27 de noviembre de 2003, en su artículo Publicidad de alcohol en la mira , que varias de las mayores compañías productoras de bebidas alcohólicas del mundo enfrentan una demanda en Estados Unidos (EE.UU.) por presuntamente dirigir campañas publicitarias a adolescentes. Los demandantes son padres preocupados por lo que consideran intento deliberado por parte de empresas como Heineken, Bacardí , Diageo o Coors de publicitar productos alcohólicos a la población juvenil.
Grupos del sector salud creen que el aumento en el consumo de alcohol entre la población juvenil, se debe a las campañas publicitarias agresivas. Las compañías están preocupadas ante la posibilidad de que la Unión Europea imponga, como hizo en el caso del tabaco, que las botellas de alcohol lleven etiquetas con advertencias a la salud.
De acuerdo con el Departamento de Salud y de Servicios Humanos, en Estados Unidos, casi 30% de la población, que está entre los 12 y 20 años, consumió alcohol durante un mes.
Asimismo, el Semanario Botellón, de Madrid, de mayo de 2002, informa que dieciséis asociaciones de anunciantes rechazaron en un manifiesto conjunto cualquier restricción a la publicidad de bebidas alcohólicas, como recoge el borrador de anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol redactado por el Gobierno, porque creen que menoscaba la libertad de expresión. Los anunciantes consideran que el borrador recoge medidas desproporcionadas, incoherentes e ineficaces en las prohibiciones y limitaciones previstas. Además, denuncian que las restricciones afectan a la libertad de expresión comercial y son superiores a las que recogen otras legislaciones europeas.
No obstante, según un estudio de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) que se publica en la revista Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, los jóvenes que ven más anuncios sobre alcohol tienden a beber más bebidas alcohólicas.
Los expertos explican que los jóvenes comienzan a beber a una edad más temprana que antes y que sus acciones pueden tener consecuencias que varían entre los niveles bajos de alcoholismo hasta los accidentes de tráfico. Los científicos entrevistaron a una muestra aleatoria de jóvenes de entre 15 y 26 años en 24 áreas regionales de similar publicidad mediática en cuatro ocasiones entre los años 1999 y 2001. Los investigadores entrevistaron a 1.872 personas en la primera ocasión, 1.173 en la segunda, 787 en la tercera y 588 en la cuarta.
Según los investigadores, los jóvenes que informaron haber visto más anuncios sobre alcohol de media también señalaron que bebían más alcohol de media, por cada anuncio adicional visto al mes aumentaba el número de bebidas consumidas en un uno por ciento. El mismo aumento en el porcentaje, un uno por ciento por anuncio al mes, se aplicaba también a quienes bebían y tenían menos de 21 años.
Los autores del estudio también analizaron los hábitos de beber de los jóvenes en relación al gasto en dólares de los anunciantes en las áreas publicitarias en las que vivían los participantes, basándose en la información de compra y fuentes de la industria. También recogieron información de compra de ventas de alcohol en cada estado.
Según los científicos, los jóvenes bebían un tres por ciento más al mes por cada dólar adicional gastado per capita en su área publicitaria. Los jóvenes de los mercados con altos gastos en publicidad, 10 dólares o más per capita al mes, también aumentaban más su consumo de alcohol a largo plazo, alcanzando un pico de 50 bebidas al mes a la edad de 25 años.
Asimismo, en julio de 2004, según un estudio publicado en los Archivos de Pediatría y Medicina Adolescente del Centro de Marketing de Alcohol y Jóvenes, las mujeres de entre 12 y 20 años están expuestas cada vez a una mayor cantidad de publicidad de bebidas alcohólicas, incluso más que personas de mayor edad. La causa de la subida de consumo de alcohol entre las mujeres menores de edad -marcada en las últimas encuestas federales- podría ser su fuerte exposición a la publicidad de este tipo de bebidas. El objetivo específico de este último estudio, fue medir la exposición de hombres y mujeres a publicidades de productos alcohólicos en revistas, y compararla con la exposición con personas menores de edad.
Para lograr esto, los investigadores conducidos por el doctor David H. Jernigan de Georgetown University , tomaron 6.239 avisos publicitarios que aparecieron en 103 revistas de alcance nacional durante el período 2001-2002. Tomaron a jóvenes y personas de distinta edades, sexo y situación económica y los dividieron en tres grupos en base a las edades: de 12 a 20 años, de 21 a 34 años, y mayores de 21 años. Buscaron revistas de distintos targets de edad, sexo y situación socio-económica.
Queda patente por tanto, que la publicidad tiene efectos sobre el consumo de alcohol. Lo que es obvio desde el punto de vista del sentido común, queda probado de acuerdo a serios estudios científicos, sin que quede lugar a dudas respecto de la extrapolación de estos resultados a nuestra realidad.
VI. ALCOHOLISMO Y CIFRAS:
Según el siquiatra Mariano Montenegro , jefe de tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional para el control de estupefacientes (Conace), el alcoholismo acarrea una gran pérdida para la sociedad: La gran mayoría se enferma síquica y físicamente. Se accidentan, chocan y atropellan mucho más, tienen más violencia callejera y se intoxican, por lo tanto, ocupan mucho más los servicios de urgencia y de salud. Como si lo anterior fuese poco, también están los llamados daños colaterales: La familia y las personas que rodean a un alcohólico también se ven afectadas síquica y físicamente. Aumentan las depresiones, tienen riesgo de consumir drogas y de volverse violentas indica el especialista. El Doctor Montenegro afirma: Es más caro no tratar el alcoholismo. Si no se trata aumenta mucho más la espiral de gastos. En cambio, si se trata a tiempo, lo que se está haciendo es una inversión.
En Chile se consumen 11,5 litros de bebidas alcohólicas por persona al año, y se tiene la segunda tasa más alta de mortalidad por cirrosis hepática del mundo, después de México.
El alcohol está relacionado con el 42% de los accidentes de tránsito con consecuencias mortales, con el 50% de los homicidios, con el 60% de los delitos y con el 68% de las hospitalizaciones.
El 30% de la fuerza laboral chilena tiene problemas con el alcohol. Se le atribuye el 70% de las ausencias injustificadas y un 13% de los accidentes laborales.
Se estima que un bebedor excesivo sufre de un 30% de descenso en su productividad y acarrea una disminución del 10% en el rendimiento de sus compañeros de trabajo.
Si se suman los costos sobre la productividad, las muertes prematuras, y los gastos médicos y sociales, se calcula que el alcohol representa para el país una pérdida superior a los dos mil millones de dólares cada año.
VII. PUNTOS SOBRE LOS CUALES ES NECESARIO LEGISLAR:
1. Consumo de menores de edad: La necesidad de revertir estas estadísticas.
Aunque es verdad que nuestra legislación protege a los menores de edad del consumo de alcohol (ley N° 19.925 artículo 42). Según un estudio de Conace (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) que pesquisó de consumo la población escolar el año 2001, el primer trago de los niños chilenos es consumido a los 13 años, demostrando con esto que nuestra legislación se muestra insuficiente en la labor de evitar el consumo de bebidas alcohólicas de los menores de dieciocho años , insuficiencia que se manifiesta en una exposición de nuestros niños y adolescentes al consumo de alcohol. En la actual normativa, se establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Está prohibido vender alcohol a un menor de 18 años, así como admitir menores de 18 años en bares, tabernas, cabarets y cantinas, y admitir a menores de 16 años en discotecas. Las sanciones para quien contravenga esto son prisión en grado medio (21 a 40 días) y multa de entre tres y diez UTM.
No obstante, hay una excepción: se le puede suministrar alcohol a un menor siempre y cuando vaya acompañado de sus padres y esté en un recinto destinado a comedores, como un restaurante.
Creemos que este régimen de excepcionalidad, es especialmente permisivo, pernicioso, y peligroso, toda vez que en la práctica es difícil establecer si los menores de edad están realmente acompañados por sus padres. En la realidad es posible que menores de edad se valgan de palos blancos para consumir alcohol. Además el texto no distingue entre menores por su edad, y desde el punto de vista médico y social, los infantes y pre-púberes no pueden ser susceptibles de esta excepción. Si adicionalmente nos percatamos de los índices de consumo de alcohol en adolescentes púberes, creemos que la mejor opción es derogar todo régimen de excepcionalidad a este respecto.
2. Planes de estudio: Herramienta de prevención.
A través de los argumentos expuestos, queda en evidencia la necesidad de realizar planes de estudio tendientes a la prevención eficiente del consumo de alcohol en niños y adolescentes.
En la actual ley de alcoholes, se establecen tales planes, así como una Comisión Interministerial de prevención de los efectos del alcohol. No obstante, los resultados de dichos instrumentos no tienen fecha de ejecución, lo que debilita el sistema establecido en la misma ley.
Es por ello que tal como en las últimas modificaciones de la ley del Tabaco estableceremos una fecha límite de ejecución de tales medidas.
3. Publicidad
Restringir la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades relacionadas con la recreación y la cultura , que facilitan e incentivan el acceso de los menores al consumo. Las compañías que producen alcohol gastan mucho tiempo y dinero en crear imágenes que hacen que el beber alcohol parezca atractivo. El mensaje que dan es que el alcohol dará una mejor vida.
Lo que los anuncios no enfocan es el daño que el exceso de alcohol puede tener sobre la salud, éxito y bienestar de un individuo, familia y comunidad.
Es por esto que es necesario implementar en la normativa actual, la necesidad de que sea obligatorio acompañar la publicidad de bebidas alcohólicas con una leyenda o frase que haga patente el daño y efectos que provoca el consumo de alcohol en las personas.
El mirar cuidadosamente los anuncios del alcohol nos puede ayudar a ilustrar la necesidad de incluir la frase o leyenda que contenga una advertencia clara en este respecto:
Darnos cuenta cómo la publicidad anima a que la gente compre y beba alcohol.
Entender que los anuncios presentan a menudo ideas sobre el alcohol que no son verdad.
Encontrar maneras de comunicar mensajes más verdaderos sobre el alcohol a los demás.
Sin perjuicio de ello, es necesario, además, dotar a la norma legal de una limitación horaria para la publicidad en radio y TV. Especialmente es de gran preocupación la publicidad que incentiva al consumo de esta droga. Es entonces imperativo limitar el acceso de los infanto-adolescentes a las bebidas alcohólicas a través de la legislación.
Actualmente existe un acuerdo del Consejo Nacional de Televisión que limita la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas a partir de las 10:00 p.m hasta las 6:00 a.m., sin embargo, es necesario hacer extensiva esta limitación a las radiodifusoras y agregar una advertencia que informe a la población sobre los riesgos para la salud del excesivo consumo de alcohol.
En casos excepcionales, los servicios televisivos podrán mencionar las marcas, pero no los productos sujetos a la prohibición, cuando dichas marcas formen parte del auspicio o patrocinio de un evento cultural, deportivo u otro similar.
Además de establecer esta limitación de manera expresa, proponemos una restricción de la publicidad comercial y no comercial, directa e indirecta, como promociones, auspicios y patrocinios. Asimismo creemos que es necesario prohibir estas conductas especialmente e actividades culturales, deportivas o similares, por la gran convocatoria de público que producen, especialmente menores de edad.
4. Rotulación: Necesidad de que las etiquetas contengan una advertencia.
En materia de rotulación las etiquetas de las bebidas alcohólicas deberán contener una advertencia que estipule y advierta de los daños a la salud que provoca el consumo excesivo de alcohol, la cual estará determinada por una resolución del Ministerio de Salud. La advertencia deberá ocupar el 20% de cada etiqueta.
VIII. PROYECTO DE LEY.
Por tanto, proponemos el siguiente proyecto de ley:
ARTÍCULO 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.455:
Intercálanse a continuación del artículo 35 los siguientes artículos 35 bis y 35 ter, nuevos:
“Artículo 35 bis: Cualquier tipo de envase que contenga bebidas alcohólicas, de origen nacional o importadas, destinadas a ser distribuidas dentro del territorio nacional, la acción publicitaria de las mismas, cualquiera sea el medio o forma en la cual se realice , y el material publicitario, de cualquier especie, como letreros, gigantografías, afiches, entre otros, deberán contener una precisa y clara advertencia de los daños, enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, implica su consumo excesivo.
La advertencia a la que se refiere el inciso precedente, será impresa en el envase, deberá figurar en ambas caras del mismo, ocupando el 20% de la superficie total de cada una de ellas, y no podrá ser removible. En caso de estar contenida la bebida alcohólica en una botella, la advertencia será impresa en la parte inferior de las etiquetas que van adheridas a la misma.
Si los productos son importados deberá ser adherida de manera que no pueda ser despegada fácilmente.
La advertencia a que se refiere el inciso anterior, será diseñada por el Ministerio respectivo.
Artículo 35 ter: La publicidad de bebidas alcohólicas en radios y televisión sólo podrá realizarse entre las veintidós y las seis horas.
Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, recreativas o culturales, tales como la promoción, comunicación, recomendación o propaganda de dichas bebidas sus marcas y productos, como asimismo el auspicio o patrocinio de dichas actividades. Igual prohibición regirá para todos los productos, actividades o publicaciones, cualquiera sea su formato, físico o virtual, destinados a menores de edad”.
2. Agrégase al artículo 45 el siguiente numeral 7, nuevo:
“7) A los que infringieren las condiciones o prohibiciones establecidas en el artículo 35 ter para la publicidad de bebidas alcohólicas”.
3. Intercálase en numeral 8 del artículo 47, entre el número “35” y el ilativo “y”, la fórmula “35 bis” precedida de una coma (,).-
ARTÍCULO 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.925:
1. Suprímase en el inciso primero del artículo 29 las expresiones, “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42”.
2. Derógase el inciso 2° del artículo 42.
ARTÍCULO 3°.- Los planes y programas de estudio y prevención a que se refieren los incisos, primero, segundo y final del artículo 39 de la ley N° 19.925, deberán estar en ejecución a más tardar en el mes de mayo del año 2007.
Moción de los diputados señores Errázuriz y Rojas. Permite a codocentes que hayan estudiado y postulen a ser docentes del mismo empleador, no pierdan su antigüedad. (boletín N° 4182-04)
Considerando:
1. Que muchos codocentes, con gran esfuerzo de su parte, han estudiado y se encuentran en condiciones de postular a ser docentes;
2. Que, actualmente, si un codocente pasa a la calidad de docente, aunque sea con el mismo empleador, pierde su antigüedad como codocente;
3. Que lo anterior no constituye, precisamente, un estímulo a los codocentes para perfeccionarse, estudiar y aspirar legítimamente a ser docentes, ni siquiera con el mismo empleador, puesto que pierden todos los años de antigüedad que tenían como codocentes, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Los codocentes que se hayan perfeccionado y estén en condiciones de postular a cargos como docentes con el mismo empleador, no perderán su antigüedad como codocentes.
Moción del diputado señor Errázuriz . Modifica el artículo 161-A del Código Penal en caso de delito. (boletín N° 4183-07)
“Considerando:
1. Que el artículo 161-A del Código Penal castiga al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público;
2. Que, asimismo, la referida norma sanciona también a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el número anterior;
3. Que los únicos facultados para realizar las conductas indicadas en los dos considerandos anteriores, sin hacerse acreedor a una pena, son las personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas;
4. Que resulta del todo necesario que también queden exentos de responsabilidad quienes acometan las conductas descritas en los considerandos primero y segundo, cuando los documentos o instrumentos de carácter privado constituyan la comisión de un delito, pues de otro modo, podría sostenerse que existe complicidad o, al menos, encubrimiento respecto del delito de que den cuenta esos documentos o instrumentos, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese el punto final del artículo 161A del Código Penal por una coma (,), agregándose a continuación lo siguiente:
“ni tampoco le será aplicable a quienes por la vía de los incisos primero y segundo, denuncien la comisión de un delito. La denuncia infundada hará caer al denunciante en la pena establecida en este artículo”.
Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami , Ascencio y Montes . Modifica la sistematizacion de informacion financiera. (boletín N° 4184-03)
“Considerando:
La seguridad crediticia es un valor, pero de esto no se sigue que pueda ser conseguido a cualquier medio. Esto es particularmente relevante si se considera que del adecuado manejo y regulación de la seguridad crediticia depende una cuestión tan relevante en Chile de hoy como la posibilidad de emprender para pequeños y medianos empresarios.
Lamentablemente, nuestra regulación actual en materia de seguridad crediticia deja bastante que desear en lo que se refiere a los medios a través de los cuales se la protege.
Esto produce un efecto circular en la vida de muchas personas, ya que éstas no encuentran trabajo por estar en el Boletín Comercial y están en este Boletín porque no encuentran trabajo. Así, se llega a la lamentable situación que la vida de muchas personas depende de aparecer o no en el Boletín Comercial.
REGULACIÓN ACTUAL:
El Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de de Hacienda de 1928, entrega la labor de recopilación y sistematización de esta información a la Cámara de Comercio de Santiago, la que con el carácter de exclusividad puede elaborar el Boletín Comercial, única fuente en la actualidad para información crediticia.
Este Decreto Supremo en términos económicos crea importantes barreras a la entrada, expresadas en la casi nula sustituibilidad, en el mercado de las Informaciones Comerciales, tanto por el lado de la demanda (no existen productos suficientemente similares al Boletín Comercial en cuanto a su función, precio y atributos para ser considerados por los usuarios como sustitutos), como así también por el lado de la oferta y la competencia potencial (ya que el carácter oficial que se le atribuye al Boletín Comercial impide la existencia de oferentes de información comercial perfectamente sustituibles a la Cámara de Comercio).
Dentro del Boletín Comercial existe una sección relativa a aclaraciones, en la cual se deja constancia de aquellas morosidades de las cuales el deudor finalmente se hizo cargo.
Para efectuar una aclaración no basta que el deudor pague la deuda y sus intereses, sino que también debe cancelar una tarifa a la Cámara para que esta introduzca la correspondiente aclaración. Desde el punto de vista del deudor, la aclaración que realiza la Cámara no tiene sustitutos, es decir, no la puede hacer ningún otro organismo, lo que genera una posición absolutamente dominante de la Cámara frente a los deudores.
Así, se da la situación que un deudor, no obstante haber cumplido con su obligación puede seguir apareciendo en el Boletín, mientras no cancele la tarifa fijada por la Cámara. Esta situación parece bastante injusta.
Es por esta razón que el 18 de mayo del 2005, la Fiscalía Nacional Económica ha presentado un requerimiento en contra de la Cámara de Comercio de Santiago ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La presentación se funda en el abuso de posición dominante de esta asociación gremial en el mercado de la información crediticia, materializado en el cobro de estas tarifas por las aclaraciones, las que para la Fiscalía son absolutamente ilegales y que carecen de fundamentos económicos.
Actualmente la Cámara está obteniendo sólo por concepto de aclaraciones ingresos de más de 3 mil millones de pesos al año, ingresos que representan más del 83% de todos los ingresos totales obtenidos por la misma y además, como se constata desde la estructura de costos de la Cámara de Comercio para la distribución y manejo de la información financiera de acuerdo a la información que ésta aportó a la investigación desarrollada por la Fiscalía, no tienen fundamentos económicos.
Si se quiere terminar con situaciones irregulares como la antes descrita y cumplir con el imperativo de mantener bajo el costo de financiamiento de las Pymes, lo que corresponde es la derogación de este decreto.
En consecuencia, los diputados que suscriben, proponen el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Deróguese el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda.