Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Manuel Rojas Molina
- Pablo Prieto Lorca
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Pablo Galilea Carrillo
- Sergio Correa De La Cerda
- Dario Molina Sanhueza
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Accorsi Opazo
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Perez Arriagada
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Jorge Burgos Varela
- Eliana Caraball Martinez
- Edmundo Salas De La Fuente
- Patricio Alejandro Hales Dib
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 37ª, en miércoles 31 de agosto de 2005
(Especial, de 15.08 a 17.55 horas)
Presidencia del señor Navarro Brain, don Alejandro.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Criterios utilizados en la distribución de personal policial en el país. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. (boletín N° 3968-12) 46
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la H. Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
2. Autoriza erigir, en la ciudad de Melipilla, un monumento en memoria del Padre Demetrio Bravo Santibáñez. (boletín N° 3821-04) 55
3. Aprueba las enmiendas al Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, 1972, adoptadas por Resolución A.910 (22), el 29 de noviembre de 2001, de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional. (boletín N° 3752-10) 55
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos iniciado en moción:
4. Autoriza la erección de un monumento, en la comuna de Puyehue, en homenaje a Su Santidad Juan Pablo II. (boletín N° 3828-04) (S) 55
5. Autoriza la erección de un monumento, en la comuna de Santiago, en homenaje a Su Santidad, Juan Pablo II. (boletín N° 3829-04) (S) 57
6. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (boletín N° 1394-13) (S) 58
7. Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de sectores que indica, y modifica el decreto ley N° 1939, de 1977. (boletín N° 3689-12) (S) 61
8. Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. (boletín N° 3235-13) (S) 68
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrázaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jofré Núñez, Néstor RN I 2
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos IND-RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, los ministros del Interior , don Francisco Vidal, y de Defensa Nacional, don Jaime Ravinet..
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Hosain Sabag.
-Invitados asistentes: el general director de Carabineros de Chile, don Alberto Cienfuegos, y el director general (S) de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto general don José Quezada. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.08 horas.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 32ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 33ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
La presente sesión, motivada por la solicitud de 41 honorables diputados y diputadas, tiene por objeto “analizar los antecedentes relativos a los criterios utilizados por los ministerios del Interior y de Defensa, por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto a la distribución del personal de esas instituciones en todas las comunas del país, como, asimismo, analizar las declaraciones del ministro del Interior ”.
Se encuentran presentes -queremos agradecer su concurrencia- el ministro del Interior , señor Francisco Vidal Salinas; el ministro de Defensa , señor Jaime Ravinet de la Fuente; el general director de Carabineros de Chile , señor Alberto Cienfuegos Becerra; el director nacional de Personal de Carabineros de Chile , general inspector Raúl Melo Casanova; el director nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros , general inspector Juan Donati Piro; el director de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile, general Eduardo Vera Altamirano; el director general subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto general José Quezada Guajardo; el jefe de la Jefatura de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto inspector Lorenzo Medina Leal, y el asesor de materias sociales de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Patricio Tudela Poblete.
El tiempo previo de quince minutos previsto en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señor Presidente , en los últimos días del pasado mes de julio se dieron a conocer los índices de denuncias por delitos en todo el país. A pesar de que se trata sólo de denuncias y no de la comisión real de delitos, el ministro del Interior estimó del caso vanagloriarse por la pequeña disminución de ese índice con relación a igual período del año pasado. De hecho, durante el segundo trimestre de 2004 se registraron, en promedio, 653 denuncias por cada 100 mil habitantes. En cambio, durante igual período, el presente año se registraron 623 denuncias por los mismos 100 mil habitantes.
Sabemos de sobra cómo la gente rehúsa hacer y ratificar denuncias en un número muy importante de delitos por las molestias que ello les ocasiona y por el generalizado escepticismo acerca de la eficacia de tales denuncias, en el sentido de que los delincuentes sean capturados y posteriormente castigados. Sin embargo, también nos alegramos de que esa cifra sea menor, por si acaso algo significara en una disminución real de los delitos, en especial de los más graves.
Pero el ministro del Interior , a cuyo cargo está, por mandato constitucional y legal, la autoridad superior en todo lo que dice relación con la seguridad pública y ciudadana, no se limitó sólo a vanagloriarse por dichas cifras, sino que arremetió contra los partidos, alcaldes, parlamentarios y dirigentes de Oposición de manera impropia para quien ostenta ese alto cargo. Más que impropia, yo diría que lo hizo de una forma y con expresiones tales que revelan en él un grave desquiciamiento y un gravísimo y muy peligroso desconocimiento de las funciones propias de la cartera del Interior.
Inició su carga diciendo que esas cifras demuestran cuán equivocada habría estado la Oposición al hacer de la seguridad ciudadana una de sus preocupaciones fundamentales. Muy por el contrario. Porque hemos llegado hasta la majadería insistiendo en que la seguridad ciudadana requiere mejorarse por lo que -estamos ciertos- puede que haya habido una mayor preocupación en las esferas de Gobierno por dar solución a ese problema, que ahora se refleja en un menor número de denuncias.
Pero don Francisco Vidal no se quedó ahí. A renglón seguido agregó que en esta materia el Gobierno lo hace mejor que la Oposición, porque así lo demostraría el porcentaje de adhesión al Gobierno y porque ese índice habría bajado más en las comunas donde gobiernan alcaldes afiliados a la Concertación, en tanto que habría subido en aquellas donde gobiernan alcaldes cercanos a la Alianza.
Son esas conclusiones las que me parecen de extrema gravedad y constituyen el motivo preciso por el cual me he empeñado en pedir esta sesión especial. Desde luego, porque en esta materia no se puede comparar la acción del Gobierno con la de la Oposición, toda vez que es aquél y no ésta el único y exclusivo responsable por la situación de la seguridad ciudadana, tanto en comunas con alcaldes de Oposición como en comunas con alcaldes pro Gobierno.
Podrá ufanarse el ministro por la mejoría de los índices, pero agregar que ellos demuestran que el Gobierno lo está haciendo mejor que la Oposición, implica que le achaca a ésta una responsabilidad similar a la que tiene el Gobierno en su combate contra la delincuencia.
En definitiva, la única realidad que menciona y en la que podría entenderse que se miden el Gobierno y la Oposición es aquella que da cuenta su afirmación referida a los gobiernos comunales, al distinguir entre los de la Concertación y los de la Alianza por Chile.
¿Por qué en los que encabezan alcaldes de Gobierno los índices serían mejores que aquellos en que gobiernan alcaldes de Oposición? La conclusión del ministro Vidal es que el Gobierno lo está haciendo mejor que la Oposición en materia de lucha contra la delincuencia. Es una conclusión demencial, pero es la única que se desprende con toda lógica de sus palabras. Insisto en que es demencial, porque el ministro del Interior claramente señala, en primer lugar, que el combate contra la delincuencia es tarea propia de los gobiernos comunales y, en segundo lugar, que él y todo el aparato de gobierno nacional se inclinan al servicio de las comunas cuyos gobiernos locales les son adictos, de modo que se note que los de Gobierno lo hacen mejor que los de Oposición.
Como he manifestado, el Gobierno es el único responsable, por mandato legal y constitucional, de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública. Las instituciones encargadas de esa misión le obedecen a él de manera exclusiva y no a la Oposición, por lo que afirmar lo señalado por el ministro significa reconocer que en el combate contra la delincuencia el Gobierno, ex profeso, distribuye los recursos humanos y materiales de manera de favorecer a las comunas cuyos gobiernos locales le son adictos en desmedro de los de Oposición.
Pero hay cosas más graves. Con los dichos del ministro Vidal , el Gobierno está indicando explícitamente a los delincuentes que vayan a cometer sus fechorías a las comunas cuyos alcaldes son de Oposición, porque en ellas se les garantiza menor resistencia. Esto no es un mero decir, pues lo hemos experimentado de manera dramática y muy dolorosa quienes habitamos en la comuna de Viña del Mar, cuya alcaldesa milita en un partido de Oposición.
Mientras el ministro Vidal y su séquito se ufanaban de las cifras, un delincuente de alta peligrosidad, convicto por haber realizado más de veinte agresiones sexuales, varias de ellas violaciones, se fugaba con una facilidad asombrosa de la cárcel de alta seguridad de Valparaíso y volvía a sembrar el pánico en la parte alta de nuestra ciudad jardín, escenario de sus anteriores fechorías. Hubo que movilizar todas las escuálidas fuerzas de Carabineros y de Investigaciones en pos de su recaptura, convertida ahora en objetivo exclusivo. Mientras lo perseguían hasta darle alcance, con la valiente colaboración de los vecinos, una banda de jóvenes y niños asolaba la ciudad y la vecina comuna de Concón. En menos de un mes perpetró cinco asaltos en hogares de distintos barrios, teniendo lugar el último la tarde del día en que concluyó la persecución al violador de Reñaca. Subrayo esta coincidencia, porque demuestra cómo hubo que desproteger a la ciudad para concentrarse en esa cacería.
Pero este último asalto no fue como los otros. Dando muestras de una agresividad, de una inhumanidad y de una crueldad abrumadoras, uno de los integrantes de dicha banda, después de haber maniatado al dueño de casa y de haberlo arrojado al suelo, le disparó en la sien, dejándolo gravemente herido. Lo demás es historia conocida. Roberto Bianchi Isasa , ciudadano uruguayo, avecindado en nuestra ciudad desde hace tres años, médico oftalmólogo, casado con Gabriela López , también uruguaya, y padre de dos hijos menores -Lucas y Camila , de cuatro y tres años de edad, respectivamente- falleció nueve días después a consecuencia de la herida que le causó esa bala asesina. La confianza que él depositó entre nosotros al fijar su residencia en Chile y en Viña del Mar recibió como respuesta este asalto y asesinato.
Mientras nosotros lloramos amargamente su muerte, porque nos sentimos derrotados e infinitamente avergonzados, porque ha muerto un vecino de Viña del Mar, porque una familia ha quedado destrozada y porque el nombre de nuestra ciudad, principal destino turístico de Chile, ha recibido una mancha que le será muy difícil de lavar, el ministro señor Francisco Vidal puede regocijarse: hoy existe un número más para respaldar su fatídica estadística, hoy puede ufanarse, porque una comuna cuya alcaldesa es de Oposición ha recibido una bofetada de una magnitud sin límites.
Señor ministro , podría seguir sacando conclusiones muy duras, relacionando lo que usted ha dicho con lo que ha sucedido en Viña del Mar, pero quiero dejarlo hasta aquí, por ahora. Sólo deseo pedirle, por respeto a la familia del doctor Roberto Bianchi y en su memoria, que después de esta tragedia podamos debatir en serio acerca de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública.
En primer lugar, reconocer la existencia de un grave problema en esta materia, que es casi endémico y que no ha podido recibir aún una solución plausible. Enseguida, reconocer que es falsa la utopía socialista que proclama que los delincuentes son producto de una sociedad de clases antagónicas; por lo tanto, no pueden ser sino delincuentes y, para ser justos, la sociedad debe ser castigada en vez de ellos. Es cierto que esta utopía se derrumbó como todos sabemos, pero por desgracia todavía están vigentes en la mentalidad de muchos resabios como el que expongo, en especial dentro del Gobierno y de la coalición gobernante.
Ello no quiere decir que no existan factores de estructura social que están en una situación dramática, como es el caso de la familia, cuya situación dista mucho de corresponder a la que merece una institución que la Constitución proclama como la base fundamental de la sociedad. A los jóvenes se les incentiva al libertinaje en materia sexual. ¿Qué hay de extraño, entonces, que en este comportamiento vayan más allá del sexo y crean que son dueños y señores de su propia vida y de los bienes y de la vida de los demás?
No es de extrañar que la crisis que vivimos en materia de seguridad ciudadana tenga como uno de sus ingredientes principales el aumento de la delincuencia juvenil y de los actos de violencia mal denominada intrafamiliar, porque casi siempre suceden al interior de conglomerados humanos que sólo muy a duras penas pueden denominarse familias.
Señor ministro , le pido que reconozca que con las fuerzas policiales que disponemos, tanto en Carabineros como en Investigaciones, es imposible combatir a una delincuencia cada vez más audaz, más tecnificada y donde se vislumbra cada día con mayor certeza el financiamiento del narcotráfico. Ello no es posible, tanto por la escasez de personal como por la fragilidad de medios materiales. Para muestra, un botón: en Viña del Mar, según informa el municipio, en el plan de la ciudad disponemos de un carabinero por cada 987 habitantes, cuando la proporción adecuada es, por lo menos, de un carabinero cada 400 habitantes. Es decir, para una dotación mínima, deberíamos tener el doble de los efectivos y el triple o el cuádruple en los cerros, donde hay un carabinero por cada 1.672 habitantes, ello, sin contar con la endiablada geografía de nuestra ciudad.
En Investigaciones la cifra es peor, porque disponemos sólo de un detective por cada nueve mil habitantes, cuando la proporción debería ser de uno por cada 1.800; o sea, la dotación es la quinta parte de la que corresponde.
Capítulo aparte merece la situación de Gendarmería, porque después de la fuga que mencioné, de los problemas disciplinarios al interior de los penales, de la exigüidad manifiesta de medios materiales y de la sobrepoblación penal, difícilmente es evitable pensar que ese servicio necesita una profunda reorganización y un reequipamiento casi total.
Chile requiere que el Gobierno haga de la seguridad ciudadana una verdadera prioridad social y le asigne recursos. Necesitamos que se considere al gasto en seguridad como un auténtico gasto social, absolutamente prioritario, y que deje de estar a la cola en el presupuesto, recibiendo las migajas que le dejan otros campos de la vida social, todos muy respetables, pero que no pueden impedir que el gasto en seguridad refleje, de una vez por todas, la importancia que tiene. Es seguro que para entusiasmar a las y a los jóvenes chilenos a ingresar a la sacrificada profesión policial deben ser remunerados de manera distinta a la actual. Debemos reconocer, como sociedad, la enorme importancia que tiene la carrera policial y remunerarla en consonancia. Mi impresión es que debemos duplicar el número de los funcionarios de Investigaciones y aumentar en un tercio los de Carabineros y otro tanto, por lo menos, los de Gendarmería. Para eso, disponemos de los recursos necesarios como país, pero falta voluntad política para aplicarlos como corresponde.
En fin, es imperioso, señor ministro , que el Gobierno y usted en particular reconozcan que el combate a la delincuencia es tarea del Gobierno. Si seguimos su raciocinio, hoy todas las comunas donde el alcalde sea de Oposición , deberían comenzar a destinar el grueso de su presupuesto a armar policías municipales. Obviamente, no es la solución. Los municipios pueden y deben colaborar con las tareas de seguridad ciudadana, pero no pueden reemplazarlas.
Tratar de hacerlo sería inefectivo y altamente peligroso, como es fácil advertir. Los gobiernos municipales, en especial los alcaldes, no pueden ser indiferentes a los problemas de seguridad ciudadana y deben hacer propia y prioritaria la preocupación por resolver los problemas que ella enfrenta y encabezar a la ciudadanía en los requerimientos al gobierno en esta materia, porque todo el sustento de la vida comunal lo da la seguridad ciudadana, pero nunca ¡nunca! pueden ni deben reemplazar al gobierno nacional en el cumplimiento de esta tarea.
Por último, le pido señor Ministro que el sacrificio de Roberto Bianchi no sea en vano. Nuestra ciudad, y creo que todo el país, está en deuda con él y con su familia. Viña del Mar lo ha hecho saber por boca de su alcaldesa al reconocer como propia a esta familia que ha quedado huérfana y al ofrecerle toda la ayuda necesaria para abrir a esos niños el horizonte que su padre creyó encontrar al afincarse entre nosotros. Que por lo menos en este punto no se frustre su propósito.
Queda la tarea pendiente para que en esta materia de seguridad ciudadana y frente a delitos tan graves como los que hemos sufrido podamos decir pronto: ¡Nunca más!
He dicho.
-Aplausos.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , en primer lugar, creo que lo peor es tratar de colgarse de problemas como la seguridad ciudadana para intentar sacar dividendos políticos electorales. Es absurdo plantear que el Gobierno no se ha preocupado de la comuna de Viña del Mar, por ejemplo, en circunstancias de que, como todos sabemos, hasta diciembre pasado la dirigía un alcalde de la Concertación. Perdimos la elección, pero en ocho o nueve meses nadie, aunque tuviera las peores intenciones, podría hacer algo práctico para provocar un cambio en las condiciones de seguridad de una comuna.
En segundo lugar, me parece bueno que discutamos estos temas, porque a veces uno no entiende ciertas cosas. Por ejemplo, el diputado señor Ibáñez dice: “El Gobierno tiene la responsabilidad fundamental en esta materia.” Probablemente sea así, pero no es una responsabilidad exclusiva. Sin embargo, muchas veces se provoca confusión cuando en una campaña para elección de alcalde se dice, con demagogia, que si hay alternancia en beneficio de la Oposición se terminará con el problema de la delincuencia y el desempleo, cuando todos sabemos que un municipio tiene facultades muy limitadas para intervenir en esas materias, porque quien crea puestos de trabajo es el sector privado, aunque el Ejecutivo puede implementar políticas macroeconómicas o microeconómicas más o menos adecuadas que hagan posible la generación de empleo.
En el tema de la seguridad ocurre lo mismo. Muchas veces se intenta convencer a la gente de que en la fase represiva del accionar en contra de la delincuencia los municipios pueden tener facultades. Por eso escuchamos nuevamente la propuesta, que considero equivocada, de crear policías municipales, y por eso también los botones de pánico, los escarabajos, los guardias, medidas que fueron implementadas por primera vez en la comuna de Las Condes e imitadas en otros lugares, pero que fracasaron.
Lo que sí pueden hacer los municipios es intervenir en al fase preventiva de la delincuencia, pero eso supone políticas muchos más complejas que, normalmente, no dan para salir en la televisión o en los medios de prensa escritos, porque no motivan escándalo. Ello implica trabajar bien en la urbanización de nuestras ciudades, ayudar a recuperar espacios públicos, promover el desarrollo asociativo, terminar con los microbasurales, avanzar en la construcción de espacios deportivos, sedes comunitarias, etcétera, materias en las cuales los municipios sí tienen facultades.
Dicho lo anterior, que es una reacción a lo que escuché recién, quiero aprovechar esta sesión para agregar dos cosas:
En primer lugar, expresar mis agradecimientos al gobierno del presidente Lagos por la experiencia en los temas de seguridad ciudadana en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en el distrito 50, del que soy diputado. La comuna de Temuco es dirigida por un alcalde de la Concertación y la comuna de Padre las Casas por una alcaldesa de la Alianza, militante de Renovación Nacional.
En cuanto al aumento de la dotación policial, Carabineros me facilitó toda la información que requería de las dos comunas para fundamentarlo técnicamente, y se incrementó.
Respecto de la reestructuración del Plan Cuadrante, básicamente ese trabajo le correspondía a Carabineros, que siempre estuvo disponible en terreno, conmigo incluso, en los barrios populares de Temuco, cuando hace cuatro años la percepción del problema era dramática.
Por último, el Gobierno incorporó a Temuco al programa Comuna Segura.
¿Por qué no ingresó Padre Las Casas a dicho programa? Por lo mismo que dice hoy el programa de gobierno del señor Piñera, el programa Comuna Segura se extenderá a las ciudades con más de 70 mil habitantes, población que no alcanza la comuna de Padre Las Casas.
En esas comunas no se hizo distingo ni por el Gobierno ni por Carabineros en el aumento de materiales ni en el trabajo de Carabineros, porque ambos tratan de combatir el delito sin fijarse en el color político del alcalde.
En segundo lugar, quiero decir al señor ministro , en presencia del general Cienfuegos , que al término de la reciente semana distrital, la Unión Comunal de Padre Las Casas -de cuyos dirigentes desconozco el color político, no se lo pregunto a nadie, pero lo más probable es que sean de Derecha, porque en esa comuna la mayoría es de esa tendencia- me ha pedido que solicite al Gobierno que enfrente el problema práctico que significa que la comuna de Padre Las Casas se esté haciendo cargo del resguardo de los tres fundos del señor Jorge Luchsinger . Para ello se ocupa veinte carabineros y tres vehículos, a pesar de que los fundos más conflictivos están ubicados en la comuna de Vilcún, lo que provoca un problema en el control de la delincuencia urbana.
Por lo tanto, para la comuna de Padre Las Casas, que dirige una alcaldesa de Derecha, hago la petición de aumento de la dotación policial y de los vehículos policiales, ya que la situación puntual que he señalado ha provocado esa necesidad.
Estoy seguro de que la actitud del Gobierno, con el señor Francisco Vidal , ministro del Interior , va a ser la misma que tuvo cuando le planteé a José Miguel Insulza el problema que afectaba a esas comunas, que entre otras cosas suponía aumento de la dotación policial, y que ese ex ministro resolvió en un plazo de doce meses.
He dicho.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Alberto Cienfuegos, general director de Carabineros de Chile .
El señor CIENFUEGOS (general director de Carabineros ).-
Señor Presidente , con mucho agrado he aceptado la invitación que me ha formulado la honorable Cámara de Diputados para participar en esta sesión especial y conversar respecto de los criterios que utiliza Carabineros de Chile para distribuir sus recursos humanos en todas las comunas del país, aspecto que en el tiempo la institución ha venido perfeccionando a fin de lograr una asignación de recursos que dé cuenta de los principios de equidad, oportunidad y calidad en la respuesta a las demandas de seguridad de la comunidad, sin distinguir respecto de la ubicación, condición y tamaño de cada comuna, todo lo anterior como una de las líneas de acción desarrolladas en el marco del proceso de modernización institucional.
Al respecto, y antes de referirme a la metodología que se usa para distribución del personal, quiero señalar que esto proviene de la definición que en 1996 formuló la institución y que en mi administración se actualiza, sobre la visión institucional, es decir, cómo Carabineros de Chile ve a la institución en su desarrollo estratégico del presente hacia el futuro: integrada con la comunidad, con la cantidad de personal suficiente, profesional, motivado y con el equipamiento necesario para asumir la protección de las personas, la prevención, el control y la investigación del delito; con énfasis en el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, legitimada y requerida por la sociedad.
En consecuencia, a partir de la definición de lo que es la visión, a principios de mi mando, en 2000, formulamos el plan estratégico de desarrollo de Carabineros de Chile, denominado “Horizonte”. En relación con dicho plan formulamos los diferentes programas, planes y estrategias para ir concretando la visión institucional que he descrito.
En este contexto, el objetivo principal de esta exposición se orienta a dar a conocer los métodos y estrategias utilizados por Carabineros de Chile para asignar sus recursos humanos; es decir, los carabineros a las unidades operativas.
Componentes que inciden en esta metodología. El método, estrategia o política mediante la cual se materializa o fundamenta la asignación de los carabineros a los diversos cuarteles institucionales estará condicionada por la procedencia del personal que se debe distribuir. Es decir, si corresponde, primero, al personal que proviene de los flujos de egresos normales de los planteles de formación y que obedecen a vacantes generadas por retiros o eliminaciones dentro de cada período.
Segundo, el reemplazo del personal de Orden y Seguridad, que es liberado desde funciones administrativas, previa contratación de personal civil, bajo la modalidad de contratos por resolución.
Tercero, el incremento de personal en la planta institucional, producto del aumento de las plazas.
La relevancia de discriminar la procedencia del personal a distribuir está dada por la naturaleza del impacto que producen en la institución los incrementos o transferencias de personal en las áreas de remuneraciones, infraestructura, equipamiento, vestuario, salud, bienestar, entre otros, y que deben ser abordados en cada proyecto que materialice la asignación de recursos humanos a los cuarteles institucionales.
Método de asignación por incremento de plazas. Durante 2003 y en el marco del plan estratégico de desarrollo de Carabineros, Horizonte, la institución efectuó un proceso de medición de los recursos policiales que se estaban destinando a la realización de los servicios orientados a satisfacer las necesidades de seguridad de la comunidad en el ámbito nacional.
Para ello aplicó procedimientos y metodología diseñados para medir la demanda, especialmente en el ámbito de las operaciones policiales, para lo cual se recurrió a la metodología de niveles de vigilancia desarrollada en conjunto con la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su aplicación buscaba determinar el nivel de cobertura policial que cada cuartel estaba entregando a su comunidad en ese momento.
La medición de los niveles de vigilancia de cada cuartel permite establecer si su oferta de recursos humanos, es decir lo que Carabineros está realmente entregando, materiales y de servicios policiales, es suficiente para satisfacer las demandas de seguridad de la comunidad correspondiente a su sector de responsabilidad o está en condición de déficit.
Para estos efectos, la metodología considera que el conjunto de actividades y obligaciones generadas por la comunidad y que determinan la demanda de servicios policiales hacia Carabineros de Chile es posible agruparla en cinco grandes factores, los cuales, medidos con la Unidad de Vigilancia Equivalente, UVE, permiten conocer la demanda específica de medios de vigilancia asociada a cada factor.
Los factores consignados en este método son:
Factor de prevención.
Da cuenta de las acciones y tareas que debe desarrollar la institución para evitar o neutralizar la comisión de hechos delictuales.
Se mide sobre la base de tres subfactores:
Población: determina la capacidad de vigilancia necesaria para la cantidad de población existente en la comuna.
Kilómetros lineales: mide la cantidad de vigilancia que se requiere para lograr la cobertura de la cantidad de kilómetros lineales de calles y caminos de la comuna.
Nivel del delito: determina la necesidad de vigilancia policial en relación con la cantidad de delitos por unidad de tiempo que acontecen en una comuna, medidos desde el punto de vista de las consecuencias o perjuicios que generan.
La mayor demanda generada, comparativamente, entre estos factores es considerada como la demanda de vigilancia por prevención.
Factor de procedimiento.
Considera la medición de los recursos necesarios para atender los requerimientos que genera la comunidad, sea que se haya cometido un delito, una falta o se demande la atención de determinados eventos de la vida en sociedad y que pueden traducirse en denuncias, detenidos o un consejo, elemento de mediación por parte del carabinero, según sea la intervención.
A cada procedimiento se le asigna un tiempo de duración determinado y corresponde a la demanda temporal de uso del recurso asignado.
Factor de fiscalización de las leyes.
Mide los recursos necesarios para velar por el cumplimiento de algunas leyes específicas entregadas a la fiscalización de Carabineros y que regulan determinados aspectos de funcionamiento de entidades bancarias, botillerías, del tránsito, ferias libres, entre otras, y también las actividades de apoyo que se desarrollan en beneficio de ciertas instituciones, como colegios y juntas de vecinos. Según sea la cantidad de estos lugares y entidades y el tiempo asociado a la intervención del personal, será la demanda en unidad de vigilancia por este factor.
Factor órdenes judiciales.
Este factor agrupa las demandas que tiene su origen en los mandatos provenientes de los tribunales de justicia y, en la actualidad, de los fiscales del Ministerio Público. Éstas se traducen en el cumplimiento de órdenes judiciales de diversa naturaleza, las que tienen asociado un tiempo promedio para su tramitación y, según sea la sumatoria y medios de vigilancia involucrados, será la demanda total en unidades de vigilancia que se asigne a cada cuartel.
Factor servicios extraordinarios.
La medición de esta variable asume que cada unidad operativa no sólo debe prestar servicios permanentes y preestablecidos para atender las necesidades habituales de vigilancia de su sector jurisdiccional, sino también debe atender las demandas extraordinarias que con mayor o menor frecuencia se producen en dicho sector. Por ejemplo, eventos artísticos o deportivos de congregación masiva de público, lo cual demanda uso de distintos medios de vigilancia en tiempo y cantidad variable.
Como cada medio de vigilancia posee su equivalencia en UVE, el recuento total de medios de vigilancia utilizados en este tipo de servicios permite determinar la demanda asociada al desarrollo de estos servicios extraordinarios, como un factor, también, que va a incidir en los criterios de asignación de dotación.
El estudio realizado a nivel nacional consideró los 861 cuarteles policiales territoriales, a los cuales se sumaron los de las unidades especializadas, lo que arrojó como resultado que la dotación necesaria para dar satisfacción a la totalidad de las demandas de la comunidad, asciende a 41.540 carabineros, número que, contrastado con la dotación existente a la fecha, determinó, para el ámbito de los recursos humanos, un déficit institucional de 10.425 carabineros de orden y seguridad. A ello habría que agregar los recursos logísticos, materiales y tecnológicos asociados a tal cantidad de carabineros.
Si tenemos en consideración la dotación total determinada, 41.540 carabineros, y la relacionamos con la cantidad total de habitantes del país, podríamos señalar que se requeriría de un carabinero por cada 361 habitantes y, por consiguiente, bastaría dividir el número de habitantes de cada comuna por 361 para obtener la cantidad de carabineros que requiere.
La variedad en cantidad y calidad de las demandas asociadas a igual número de población en diferentes comunas, nos permite afirmar que el procedimiento de determinar las dotaciones de carabineros sólo en función de los habitantes es un método errado por cuanto no captura dicha variedad, lo cual afecta los criterios de equidad, oportunidad y calidad de la respuesta que una institución policial debe mantener como oferta hacia la comunidad.
Por lo tanto, la tendencia a replicar dicho parámetro existente en otros países como mecanismo de asignación de recursos y que sólo podría dar cuenta de esas realidades, no es aplicable a nuestro país, por cuanto no captura la esencia y diversidad de cada demanda por comuna.
En ese contexto, el método utilizado por Carabineros de Chile da cuenta en mejor medida de estos criterios, toda vez que cuantifica la demanda de recursos sobre la base de las necesidades específicas de cada comuna, que obedecen a su propia realidad, en consideración con los parámetros que he explicado.
El estudio de déficit realizado por la institución permitió disponer de los fundamentos necesarios que posibilitaron la promulgación de la ley Nº 19.941, mediante la cual se aumenta la planta institucional de Orden y Seguridad en 2.970 plazas durante 2004, 2005 y 2006, etapa que se encuentra en ejecución y que es una realidad en más de un cincuenta por ciento, porque concluye el próximo año.
Dado que la promulgación de esta ley permitiría incorporar el recurso humano necesario para ir superando de manera progresiva parte de los déficit calculados, se adoptó la decisión de materializarlo en la medida en que se fuera implementando el plan cuadrante de seguridad preventiva, por cuanto de esta forma se dotaba a la comuna priorizada de la totalidad de los recursos humanos, tecnológicos y materiales requeridos para dar cuenta de las necesidades de seguridad dimensionada. Es decir, para equiparar la oferta con la demanda real y actualizada.
Función de priorización de incorporación de recursos.
Si consideramos que hasta el momento hemos hablado de aumentos de personal como producto de incrementos en la planta institucional, en la lámina que proyecto en la pantalla pueden visualizar el método desarrollado por Carabineros para determinar la priorización de las comunas que se incorporarán al plan cuadrante de seguridad preventiva, considerando que esta estrategia de operaciones sólo es posible implementarla cuando existen aumentos en la planta institucional que permiten la asignación de recursos humanos en las cantidades requeridas por las unidades operativas comprometidas.
Para tal propósito, la función matemática desarrollada prioriza sobre la base de variables sociales y policiales a las comunas en las que se debe asignar este recurso humano. Estas variables, a las cuales se les ha asignado una ponderación determinada en función de la relevancia criminológica o condicionante de la respuesta policial, determinan el orden de ubicación de las comunas, que reflejan la mayor o menor necesidad o condición deficitaria a la que se deben asignar los recursos con que se cuente.
La función denominada de priorización de incorporación de recursos se visualiza en la pantalla y considera las variables de victimización, índice de alto temor, nivel de déficit de recursos policiales, índice de actividad laboral y la demanda en unidades de vigilancia equivalentes de cada comuna, con sus ponderaciones respectivas.
Aquí no se considera el factor “población flotante”, por cuanto no está incorporado a lo que es asignación de dotación, sino que se cubre generalmente con fuerzas de tarea que van a esos sectores y que no necesariamente son de dotación de la comisaría de esa comuna.
La explicación breve de cada una de estas variables es la siguiente:
El índice de victimización general corresponde a la cantidad efectiva de delitos que ocurren en un lugar y tiempo determinado. Se obtiene de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana.
El índice de alto temor es una variable que da cuenta de la medición de las percepciones y expectativas de las personas frente a la delincuencia y a las posibilidades de ser víctima de un delito. Se obtiene de la encuesta Paz Ciudadana Adimark, con el factor de índice de cobertura policial, es decir, los déficit de recursos. Se mide la mayor o menor condición de déficit de oferta policial que tiene una comuna.
Esta sigla, como dije, significa el índice de cobertura policial y corresponde a la relación entre oferta y demanda e indica cuánto de la demanda está cubierta con la oferta de recursos policiales.
Cuando la oferta es igual a la demanda, el índice de cobertura es igual a uno, lo que indica que el cuartel o la comuna están en el denominado nivel crítico de vigilancia, que es aquel a partir del cual las acciones policiales de prevención y control comienzan a ser realmente efectivas. La tasa de actividad laboral corresponde a lo medido por la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, según trimestres móviles por comunas respectivamente. En la medición se aplica el promedio de los últimos doce meses. La variable captura la mayor proporción de demanda por servicios policiales de la comunidad y corresponde a la suma total de los factores de prevención, procedimiento, fiscalización de las leyes, órdenes judiciales y servicios extraordinarios antes mencionados. Se obtiene de la medición anual que realiza la institución y se mide en unidades de vigilancia, UVE, como el promedio del año. Considerando que las variables se miden en unidades de medidas diferentes, el procedimiento posterior implica su estandarización y aplicación de las ponderaciones respectivas para cada comuna.
Finalmente, la sumatoria y ordenamiento de los resultados entregan la prioridad de asignación de recursos.
Estrategia de asignación de recursos humanos liberados de funciones administrativas.
La implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, en sus diferentes etapas, impactó de manera relevante en nuestra institución, por cuanto las distintas unidades operativas debieron transferir, desde la función preventiva a la investigativa, una cantidad considerable de personal con experiencia, lo que incidió en que, por esta vía, se aumentaran los déficit de recursos humanos.
Por lo tanto y a objeto de minimizar este impacto en las funciones de prevención y control del delito, se decidió que el número de carabineros que la institución destinaría a la función de investigación en apoyo del ministerio público será de 2.200 carabineros, cifra equivalente al 7 por ciento de la dotación total de Orden y Seguridad, no ajustable en la medida en que a futuro aumente la dotación. Es decir, ello no significa que si aumenta la dotación se mantenga el 7 por ciento de ésta, sino que se mantiene la cantidad de personal.
Para lograr lo anterior, la institución diseñó una estrategia orientada a liberar personal de Orden y Seguridad que desempeñaba cierto tipo de funciones administrativas que, por sus características, podían ser desempeñadas por personal civil, para lo cual se encuentra materializando un programa que ha contado con el apoyo de la autoridad de Gobierno, el que permitirá, en 2006, incorporar 2.272 empleados civiles.
La diapositiva en pantalla ilustra la contratación por etapas de estos empleados civiles. Así, en 2003, se contrataron 861 empleados civiles; en 2004, dicha cifra se incrementó en 300; durante el presente año, se está terminando la contratación de 469, y para 2006, se proyecta la contratación de los últimos 642.
Debemos reconocer que la incorporación de estos empleados civiles ha constituido un importante aporte a la gestión de la institución, por cuanto en su contratación se han tenido presente los perfiles de cargos que consideran las habilidades, competencias y conocimientos que se requieren para el desempeño de cada cargo, lo que encuentra pleno alineamiento con uno de los macroobjetivos del plan estratégico, que dice relación con el mejoramiento de la eficiencia institucional.
Por otro lado, y bajo los mismos principios de mejoramiento de la eficiencia, a principios de 2002 se procedió a liberar, sin necesidad de reemplazo por personal civil, a 752 carabineros que en el ámbito institucional desarrollaban tareas administrativas y de apoyo, como consecuencia de un conjunto de medidas implementadas por las diferentes áreas de gestión, aspecto que, además, se enmarca en el proceso de mejoramiento continuo en el que se encuentra empeñada la institución.
Política de asignación de recursos humanos provenientes de los flujos normales de ingresos.
Cuando se debe asignar personal proveniente de los planteles de formación de oficiales y de carabineros, es decir, los carabineros recién formados, la política de la institución establece que, dado que la formación está en función de la cantidad de vacantes que se producen por los flujos regulares de salida del personal de la institución, es decir, retiros, tiempo cumplido, fallecimiento, eliminaciones, etcétera, los egresados de los planteles deben ser destinados a aquellas unidades en que se produjo la vacante por esas causales. La finalidad que se persigue es no afectar la oferta de servicio que se está entregando a la comunidad.
Similar medida se adopta con el personal que egresa de los cursos institucionales de perfeccionamiento, es decir, los egresados deben ser destinados a cubrir las vacantes en aquellas unidades de las cuales provienen los nuevos alumnos.
Conclusiones.
A modo de conclusiones de lo expuesto respecto de este tema, es posible enunciar las siguientes:
La metodología utilizada por Carabineros de Chile para cuantificar y, en consecuencia, asignar las dotaciones de recursos humanos requeridas, es un procedimiento objetivo que considera las demandas reales y específicas de servicios policiales que a nivel comunal necesita cada comunidad. Se orienta en la búsqueda de los principios de equidad, oportunidad y calidad de la respuesta policial.
La relación carabineros por habitantes sólo podría tener aplicación y validez si es a nivel agregado, por cuanto en el nivel comunal las demandas son diversas y variables. Por consiguiente, la oferta institucional de recursos humanos y materiales debe reconocer esta variabilidad y diversidad.
La incorporación a la institución durante los años 2004, 2005 y 2006 de 2 mil 970 nuevas plazas, se materializará a través de la implementación del plan cuadrante de seguridad preventiva, lo cual asegura que las unidades cuenten con la totalidad de los recursos humanos y materiales que se requieren para dar satisfacción a las demandas de seguridad de la comunidad. Por supuesto, se trata de medidas basadas en la metodología ya explicada.
La decisión respecto de las comunas en que será implementado el referido plan, se determina en función de la disponibilidad de recursos humanos y del procesamiento de factores objetivos asociados a cada comuna, entre ellos la victimización, el nivel de alto temor, el índice de cobertura policial, el nivel de actividad laboral y la demanda de niveles de vigilancia, cuya información es generada, en su mayoría, por organismos ajenos a la institución.
La aprobación y ejecución de la segunda etapa del plan estratégico de desarrollo denominado “Horizonte” a contar del 2007 permitiría continuar con la puesta en marcha del plan cuadrante de seguridad preventiva, el cual podría estar implementado a nivel nacional en el 2011.
Si el incremento de plazas se verifica a razón de mil quinientos por año para lo cual se requiere, para el 2006, aumentar la capacidad de la infraestructura disponible en los planteles de formación de carabineros en 500 alumnos adicionales, porque durante 2004, 2005 y 2006 se está creciendo en forma extraordinaria en aproximadamente mil carabineros más.
Quiero destacar que la distribución lineal de personal, es decir, el factor de considerar 361 habitantes por carabinero, como estándar, no da cuenta de la diversidad de las comunas. Por ejemplo, Puerto Varas, con 32 mil 912 habitantes, demanda 9.29 Unidades de Vigilancia Equivalente. En personal eso significa 113. Si aplicamos el factor del estándar, 361 por uno, le corresponderían 91 carabineros. En la práctica, con la metodología ya explicada, significaría que esa comuna tendría 1 carabinero por 291 personas.
En el caso de Puente Alto, por ejemplo, con una población de 500 mil habitantes, tiene una demanda en UVE de 31 y en personal significa 376. Si nosotros aplicáramos el estándar de 361 habitantes por un carabinero, tendríamos que asignar 1.365 carabineros. Con el método objetivo ya explicado, validado por la institución, significa que la comuna de Puente Alto debe tener un carabinero por 1.311 habitantes.
Otro aspecto importante es la distribución del personal en las diferentes funciones.
En funciones operativas, tenemos un 73,56 por ciento de la dotación; en el área de administración y gestión, el 5,56 por ciento; apoyo logístico, o sea, el escalafón de finanzas, de los servicios, personal civil, justicia, sanidad y los servicios de secretaría, un 11,38 por ciento; en los planteles educacionales en procesos de formación, especialización, perfeccionamiento, el 9,49 por ciento. Puedo decir, con bastante propiedad, que en comparación con todas las policías que he visitado en países latinoamericanos, europeos y asiáticos, estamos bajísimos en el personal de apoyo a las funciones operativas, debido a todas las medidas de nacionalización que ya expliqué.
Otro aspecto importante dice relación con el flujo de ingreso de nuevos carabineros, como consecuencia de la formación de nuevos funcionarios. Este año tenemos 1.788 carabineros en formación; el 2003, sin el aumento de plazas, teníamos 1.379. Es decir, gracias a los beneficios otorgados al personal, más la extensión voluntaria de la carrera a 35 años, en los últimos años -2004 y 2005- se ha producido una disminución de los retiros voluntarios o forzados, con treinta años de servicios, de alrededor de 400 y 500 carabineros. El 2003, ello nos permitió bajar de 1.379, por la reposición normal, a 788 de flujo normal, más los mil cupos extraordinarios, lo que da un total de 1.788 carabineros en formación.
Respecto de la discusión que se ha generado, en cuanto a que hay un excesivo número de carabineros desempeñando funciones administrativas, debo señalar que ello se debe a información insuficiente o mala interpretación de la misma.
A fines de noviembre del 2001, al asumir el mando de la institución, había 3.928 carabineros de orden y seguridad cumpliendo funciones administrativas. El 2002, liberamos 752 carabineros, sin reemplazo, para ejercer funciones de vigilancia en la calle; el 2003, liberamos otros 861 carabineros para desempeñar funciones de orden y seguridad y de vigilancia, contratando en su reemplazo a 861 civiles, con la aprobación del Gobierno; el 2004, liberamos 300 carabineros más y contratamos 300 civiles, bajo la modalidad de contrato por resolución, y el 2005, 469, quedando pendientes -si se aprueba el proyecto respectivo- para el 2006, 642 carabineros, que es la última etapa de transferencia de personal de orden y seguridad, que será reemplazado por personal civil. Para el 2006 quedaría un total de 904 carabineros de orden y seguridad realizando funciones que, si bien no tienen que ver con vigilancia en la calle, también son operativas y relacionadas con la función policial. Por ejemplo, seguirán a cargo de las oficinas de operaciones en las unidades de análisis criminal para establecer las estrategias de combate de la delincuencia y la distribución de los medios, de acuerdo al comportamiento y a la variable de la delincuencia por sectores en cada comuna. Es lo que se llama focalización del delito y la dinámica o movilidad que tiene, a veces, la delincuencia. Asimismo, continuarán cumplimiento órdenes judiciales, seguirán a cargo de las salas de armas, que no pueden estar en manos de civiles, encargados de la mantención del armamento, que es un número muy pequeño. Del mismo modo, están los radioperadores, los practicantes de primeros auxilios asignados a los cuarteles fronterizos que también realizan patrullajes en la frontera; los encargados de fiscalizar a las empresas de seguridad privadas, a fin de que cumplan con las normas que regulan la seguridad privada, y los encargados de las oficinas de unidades fiscalizadoras de la Ley de Control de Armas, existentes en 23 cuarteles ubicados en lugares donde no existen guarniciones militares. Se trata de un personal mínimo contemplado en la ley.
En consecuencia, creo que de esta forma respondemos seria y profesionalmente a los criterios de distribución de personal; es más, en los últimos años se han convertido en una metodología para la distribución de nuestro personal en la forma que ya expliqué.
A mi juicio, hoy podemos sentirnos satisfechos, desde el punto de vista de la conducción institucional, por la extensión del Plan Cuadrante con los recursos que se requieren para ello.
El diputado Saffirio mencionó las comunas de Padre Las Casas y Temuco, en las cuales, en el 2003, se inició el Plan Cuadrante de seguridad preventiva, con los recursos humanos y materiales que se requerían, de acuerdo con la demanda real.
En el 2004, ocurrió exactamente lo mismo en Copiapó y Antofagasta, y este año, la experiencia se repitió en siete comunas: Alto Hospicio, Arica, Iquique, Calama, Linares, Talca y Curicó, con los recursos humanos y materiales correspondientes a la demanda real actualizada, a diferencia de lo que ocurrió cuando se inició, en 1999, el Plan Cuadrante en Santiago, que entró en vigor sin los recursos necesarios, en especial en lo que dice relación con recursos humanos. Al año siguiente, se implementó en algunas comunas de Valparaíso y Concepción, también con déficit en recursos humanos, aunque con los recursos materiales requeridos.
Por lo tanto, aparte de la progresiva extensión del Plan Cuadrante, nuestra política está orientada, en la medida de las posibilidades, a cubrir los déficit que se producen en las comisarías en las cuales no se está aplicando dicho plan. Por otra parte, la idea es reducir los déficit en las comunas en que se está aplicando y que corresponden a las regiones Metropolitana, Quinta y Octava. El próximo año, esperamos extenderlo a otras comunas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materiales y a la demanda real de las comunas que se priori-
cen en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 2006.
Repito que es la forma seria y profesional en que nosotros creemos que debemos tener una metodología sistemática, obviamente perfeccionable, revisable y evaluable en forma permanente.
Agradezco a los honorables diputados la oportunidad que me han concedido para explicar la real, objetiva y verdadera metodología utilizada por Carabineros de Chile para la asignación de su personal durante los últimos años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para iniciar la sesión ordinaria cinco minutos después de terminada ésta, que se ha prolongado porque el tema en discusión es muy interesante.
Los diputados podrán usar el tiempo que requieran, de manera de poder tratar el tema en profundidad.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, creo que no hay problema alguno para dar la unanimidad, pero quiero pedir que se fije un tiempo para la intervención del resto de los invitados, porque, de lo contrario, los parlamentarios no podremos intervenir.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Deseo aclarar a su señoría que no hay límite de tiempo para las intervenciones de los diputados, porque cada bancada tiene asignado un tiempo.
Asimismo, los ministros, el general director de Carabineros y el director general subrogante de la Policía de Investigaciones no tienen límite de tiempo. Sin embargo, les pido que sus intervenciones sean lo más breves posible, a fin de agilizar el debate.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
En señor FORNI.-
Señor Presidente, es evidente que las bancadas tienen un tiempo limitado; lo tenemos clarísimo.
Lo que estoy pidiendo es que, como ésta es una sesión pedida para que los diputados, con la información que nos entreguen los invitados, analicemos el tema de la dotación de Carabineros, en lo posible, nos limitemos a un tiempo determinado, porque, de lo contrario, no tendremos la posibilidad de cumplir con los tiempos preestablecidos.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Insisto en que el tiempo de cada bancada será respetado.
Solicité el acuerdo unánime para prorrogar la hora de término de esta sesión e iniciar la siguiente, cinco minutos después, a fin de que cada bancada haga uso del tiempo asignado y de que puedan intervenir las autoridades de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y del Ministerio del Interior.
Tiene la palabra el director general subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto general José Quezada.
El señor QUEZADA (director general subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile).-
Señor Presidente de la honorable Cámara de Diputados, señoras y señores diputados, en respuesta a la invitación que nos formulara esta Cámara, me voy a permitir exponer los criterios aplicados por la Policía de Investigaciones de Chile en la distribución de su personal en el país, para lo cual procederé a dar lectura al resumen ejecutivo del informe que hemos realizado sobre la materia que se nos consulta, cuyo original ha sido entregado en la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Criterios de distribución de la dotación de los oficiales policiales de la Policía de Investigaciones de Chile 2003-2005.
Aspectos relativos a la oferta y demanda de servicios policiales.
La Policía de Investigaciones cuenta con 3.774 detectives y 115 cuarteles, en 85 comunas de todo el país (24,6 %). Estos cuarteles albergan 197 brigadas operativas (82 Bicrim y 115 brigadas especializadas).
En la mayoría de los casos, una unidad operativa asiste y cubre la demanda de varias comunas de una provincia, por cuanto la distribución de medios sigue el ordenamiento administrativo-jurídico de los tribunales de justicia y de las fiscalías regionales, puesto que nuestra actuación acontece después de que se ha denunciado un ilícito.
De esta forma, es importante tener presente que es la demanda en materia de investigación policial la que define el sistema de administración de justicia penal, el factor determinante que guía la distribución de nuestros medios para los servicios policiales. En este sentido, aspiramos a cubrir el 50 por ciento de las demandas de servicios investigativos, pero no pretendemos tener un cuartel en cada comuna del país, pues nos guiamos por un concepto de racionalidad en la prestación de servicios especializados, en asociación con una gestión supracomunal, reflejando de esta forma las expectativas de las fiscalías y de los tribunales de justicia.
No obstante, es importante tener presente la necesidad de mejorar las condiciones y oportunidades de la prestación de servicios, en atención a que un mayor caudal de información: estadísticas de las denuncias, victimización, cifra negra y satisfacción de servicios, entre otros, ha hecho cambiar significativamente el diagnóstico de la demanda. En este sentido, la Policía de Investigaciones se encuentra en transición.
Específicamente, la distribución de oficiales policiales en labores operativas intenta seguir la demanda de servicios policiales investigativos definida por la misión y funciones que establece la ley orgánica (decreto ley Nº 2.460, del 9 de enero de 1979).
La norma establece que “la misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile es investigar los delitos o hechos que puedan constituir delitos, de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales.” (artículo 4º del mismo decreto ley).
No obstante, también agrega que sus funciones básicas son el mantenimiento de la tranquilidad pública y prevenir hechos delictuales y actos atentatorios contra la estabilidad del Estado, entre otros (artículo 5º).
En el presente, los demandantes de los servicios policiales son el Ministerio Público, los tribunales de justicia, las autoridades políticas y administrativas, la propia ciudadanía y los que se derivan del cumplimiento de diversas normativas. En el corto plazo, deberán contabilizarse, además, las tareas propias que genere el funcionamiento de los futuros tribunales de familia, lo que producirá un aumento de la demanda.
Se ha vuelto un imperativo ajustar la oferta de servicios de la Policía de Investigaciones de Chile, en atención a los significativos cambios que ha generado la introducción del nuevo sistema procesal penal.
Todo lo anterior ha obligado a reformular la matriz de referencia para la estimación tradicional de la demanda y el incremento de los requerimientos, dadas las mayores expectativas, la mayor demanda de servicios especializados por parte de las fiscalías y el aumento de la criminalidad (más victimización).
En la actualidad se están revisando los paradigmas de gestión policial, a la luz de una reingeniería de procesos y revisión de los medios necesarios para la automatización de procedimientos que demandan tiempo y recursos económicos, por cuanto hasta 2003 se empleaban dos fuentes de información: las tasas de denuncia, que informaba el Ministerio del Interior, y la carga laboral anual, que reflejaba el registro estadístico institucional.
En atención a las diferencias de metodología en las estadísticas de denuncia que mantiene el Ministerio del Interior, en las que se reflejan los delitos de mayor connotación pública, y los que informa el Ministerio Público, unidad coordinadora de la reforma procesal penal, que contiene la frecuencia de denuncias por todos los delitos del Código Penal ocurridos en las doce regiones bajo el nuevo sistema, es que a partir de 2003 la Policía de Investigaciones estima la demanda sobre la base de:
a) El cálculo de la tasa de denuncias cada cien mil habitantes para cada región, estimada según la frecuencia de denuncias informada por el Ministerio Público.
b) La estadística de “cifra negra” o no denuncia, según la encuesta nacional urbana de Seguridad Ciudadana.
c) La cifra de victimización por hogar, según lo informa el Ministerio del Interior.
De esta forma, la relación entre tasa de habitante por detective operativo y la tasa de denuncia por la totalidad de los delitos registrados por el Ministerio Público es, ciertamente, más consistente, pero aún no existe una correlación directa, pues hay regiones con menor déficit de detectives que presentan elevadas tasas de denuncia y, al mismo tiempo, otras con mayor déficit que presentan menor tasa de denuncias.
Es importante advertir que la inexistencia de registros históricos que permitan anticipar tendencias en relación al comportamiento de la demanda de servicios investigativos, hace imposible una política de redistribución de medios a corto plazo.
La evolución de la demanda que el Ministerio Público establece a la Policía de Investigaciones es uno de los principales factores a tener presente. Desde la puesta en marcha de la reforma, la Policía de Investigaciones ha desarrollado acciones en el marco de un plan para ajustar la labor que cumple el recurso humano policial ante las distintas fiscalías, haciendo más evidente aún contar con el personal suficiente que permita enfrentar adecuadamente las exigencias que plantea el nuevo sistema de justicia criminal y que se traduce en una nueva y mayor demanda en órdenes de arresto, citaciones, trámites, peritajes, reconstituciones de escenas, informes periciales, diligencias a realizar, aplicación de medidas cautelares, búsqueda de información, participación en juicios orales, instrucciones verbales, etcétera.
El número de delitos investigados varía de un año a otro, pero de una manera en que hoy es difícil estimarla con un mínimo grado de solvencia técnica, por cuanto no hay criterios únicos de estándares de demanda entre las 16 fiscalías regionales. No obstante, nuestra aspiración es hacernos cargo del 50 por ciento de la demanda de las fiscalías.
Los registros institucionales muestran que durante 2004 hay un aumento de la demanda por investigar “delitos complejos”, tales como delitos sexuales, homicidios, drogas y otros. Se reduce la demanda de investigación de delitos de lesiones, hurtos y robos. Su implementación gradual ha significado un desafío enorme que descansa, fundamentalmente, en la labor profesional que desempeñan sus oficiales policiales investigadores y peritos de los laboratorios de criminalística.
En conclusión, al examinar la demanda, sin considerar las instrucciones y cargas internas, se observa que la Policía de Investigaciones debe responder a más de 590 mil instrucciones de fiscales, tribunales y autoridades, que se transforman en diligencias de todo orden. Esto significa que cada oficial policial operativo debió realizar, a lo menos, 196 diligencias en 2003 y otras 191 en 2004, como promedio nacional. Ello explica, en parte, los porcentajes de eficacia en la cancelación de órdenes de investigar escritas, 40,1 por ciento; órdenes de aprehensión, 38,9 por ciento; órdenes de arresto, 31,6 por ciento; citaciones, 60,7 por ciento, entre otros parámetros descritos en la cuenta pública de 2005.
Gestión de recursos humanos.
Con el objetivo de aumentar la dotación de detectives en labores operativas para mejorar la capacidad de respuesta rápida, oportuna, eficiente y de calidad de los servicios policiales ante los usuarios, la institución ha llevado a cabo diversas acciones que se enmarcan dentro de una política de personal que busca dignificar la función del detective en labores operativas, estableciendo exigencias y mejoras para las condiciones de trabajo, beneficios del personal, equipamiento, habitabilidad, etcétera.
Entre las acciones, destacan:
Estudios para reevaluar la medición de la demanda de servicios, definición de estándares y determinación de los mínimos óptimos.
Redestinación de oficiales policiales a labores operativas en función de reducir las brechas derivadas del déficit en las regiones policiales, a través del reemplazo por la vía de la contratación de peritos y reingeniería de procesos educativos en la Escuela de Investigaciones Policiales y la Academia Superior de Estudios Policiales.
Presentación del proyecto de oficiales policiales profesionales para crear un escalafón que aumente rápidamente la dotación de investigadores policiales.
En cuanto a la realización de estudios para reevaluar las mediciones de la demanda de los servicios, definición de estándares y determinación de los mínimos óptimos, en la actualidad se están haciendo los siguientes estudios:
En el marco del convenio de la Fundación Paz Ciudadana, en abril de 2005 se inició un estudio piloto en la prefectura de Cachapoal para medir la actuación, estimar la carga laboral, tipificar y modelar procedimientos con una racionalidad costo-impacto/eficacia, buscando potenciar el perfil investigativo, oferta de servicio o “foco de negocio”.
En el marco del estudio financiado por el Fondecyt, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana inició otro estudio sobre el impacto de la reforma procesal penal en la Quinta Región, que concluye en marzo de 2006.
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, se inició otro estudio más orientado a medir relaciones, calidad y percepción del trabajo entre fiscales y oficiales en las trece regiones.
En septiembre de 2005 concluye un cuarto estudio sobre la base de dos muestras de 1.200 casos cada una, para identificar tendencias en la demanda e instrucciones que establece cada una de las fiscalías regionales de la primera a la cuarta etapa de la instalación de la reforma procesal penal.
Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un estudio de la labor administrativa que realizan los oficiales policiales y su carga laboral, donde son utilizados en funciones de apoyo policial, tales como secretaría, ayudantía, oficina de partes, departamento de asesoría técnica e informaciones, traspasando dichas funciones para que sean cumplidas por personal de otras plantas y escalafones sin que ello signifique deterioro en su grado de cumplimiento.
En cuanto a la redestinación o reubicación de oficiales policiales, se han llevado a cabo dos acciones importantes: la liberación de oficiales policiales de labores administrativas y la consolidación de la doctrina de destinaciones anuales en ciclos cortos.
En el primer caso, la orden general Nº 2.021, de 28 de julio de 2004, dispuso la reincorporación al área operativa de oficiales policiales que se desempeñaban en labores administrativas. Fruto de esta orden, la institución fortaleció la gestión operativa con la destinación de 231 oficiales policiales, que representa una disminución de 79 por ciento de la dotación de oficiales en tareas administrativas.
En el segundo caso, en el plan anual de destinaciones se ha puesto especial interés en respetar el reglamento interno de destinaciones del personal promulgado mediante orden general Nº 1.366, de 2 de noviembre de 1995, reponiendo la figura de la redestinación obligatoria cumplido un ciclo. Además, se ha puesto especial hincapié en una estimación confiable de los recursos económicos que se requieren para ello. En estricto rigor, el impedimento es sólo de orden presupuestario, pues el movimiento de personal genera gastos asociados consistentes en cambios de guarnición, pasajes y fletes. Por ejemplo, en 2003 se nos asignaron 772 millones 543 mil pesos, mientras que en el 2004 sólo se asignaron 586 millones 44 mil pesos.
Otras acciones se derivan de medidas necesarias para modernizar la gestión. Por ejemplo, se ha readecuado la estructura organizacional, creando jefaturas nacionales y reagrupando unidades, teniendo a la vista los objetivos estratégicos 2004-2010 definidos en el marco del proceso de modernización institucional: prevención estratégica, fortalecimiento de la investigación criminal, seguridad regional y acercamiento a la comunidad.
Con la implementación de las medidas antes descritas, durante 2005 hay un cambio importante en materia de dotación y oficiales policiales en labores operativas, reduciéndose las brechas observadas entre 2003 y 2004.
Así, entre 2004 y 2005 el promedio de oficiales policiales crece en 6 por ciento, mientras que el promedio de oficiales policiales en labores operativas aumenta 12 por ciento, reduciéndose la tasa de habitantes por oficial policial operativo en 9,8 por ciento, disminuyendo el déficit en las regiones Segunda, Tercera, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Duodécima y Región Metropolitana.
Situación actual y distribución de oficiales policiales.
La evolución y actual distribución de oficiales policiales entre 2001 y 2005 muestra, a pesar de lo obrado, que persiste una carencia significativa de investigadores policiales en 2005, pues hay un déficit estructural histórico que debe enfrentarse. Para la disminución de estas brechas hay que destacar que se estima como relación óptima un detective por cada 1.800 habitantes, situación que en la actualidad se encuentra cercana a lo óptimo en las regiones policiales Undécima y Duodécima.
En 2005 somos 3.774 oficiales investigadores. Por lo tanto, a nivel nacional la relación promedio de habitantes por investigador policial en el primer trimestre del presente año es de un detective por cada 4.266,9 habitantes y de un detective operativo por cada 4.620,9 habitantes.
Consideraciones para el cálculo y proyección de oficiales policiales.
El aumento de la dotación de oficiales policiales en el país y en las regiones en general está sujeto a seis factores o condiciones que deben darse:
a) Financiamiento de las vacantes en planta que aún no se cubre: 7,3 por ciento;
b) Ampliación de la planta modificando la ley actual para ingresar profesionales por una vía de menor costo de especialización, para lo cual se ha presentado el proyecto de oficiales policiales profesionales;
c) Financiamiento de los gastos de destinaciones y traslados;
d) Perfeccionamiento del sistema de registro de denuncias, victimización y cifra negra con la filosofía de compatibilizar el cálculo de la demanda sobre tasas reales y calidad de servicios;
e) Cobertura y distribución de cuarteles y unidades en todo el país, y
f) Ante la ausencia de directrices y estándares de gestión en el campo del rol de las instituciones que se desempeñan en las áreas de control, sanción, reclusión y rehabilitación, es necesario avanzar en la definición de una política criminal que oriente y regule eficazmente la actuación del sector justicia en armonía con la política de seguridad ciudadana propuesta ya en 2004.
Muchas gracias.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los ministros del Interior y de Defensa Nacional, del director general de Carabineros y del director subrogante de la Policía de Investigaciones.
La seguridad ciudadana es una materia de especial preocupación en el país, ya que impacta severamente en la calidad de vida de los vecinos.
Estoy consciente de que la violencia es un problema nacional que excede los límites de las comunas y provincias y de que el Gobierno está aplicando planes especiales de seguridad en algunas comunas, especialmente de la Región Metropolitana, cuando se ha estimado que el aumento en las cifras aconseja una intervención especial.
Estamos conscientes de que en esta materia no es bueno ser alarmista, pero tampoco complaciente, y que, en todo caso, es imperioso ser responsables y cuidadosos, más aún en vísperas de un período eleccionario.
Estamos conscientes también de que ese tema, por su magnitud e importancia, debe ser enfrentado con una política de Estado.
Pero también estamos conscientes de la sensación de inseguridad en la que viven nuestros vecinos y vecinas y la desesperación con que solicitan la intervención de quienes cuentan con atribuciones y facultades en esta materia.
Es en este contexto, y no en otro, en el que se enmarca esta sesión y las propuestas y solicitudes que en ella se hagan.
Probablemente, los índices de delincuencia que exhiben comunas de regiones no sean comparables con los de algunas comunas de la Región Metropolitana. Probablemente, el tipo de delito o la violencia con que ellos se cometen sea de distinta naturaleza o magnitud. Probablemente, nuestra población comunal o nuestro índice de vulnerabilidad social delictual sea bajo. Sin embargo, creemos que nadie puede negar que, desde hace algunos años, los habitantes de nuestras comunas, que están fuera de la Región Metropolitana, están sufriendo un cambio importante en su calidad de vida como consecuencia de la mayor ocurrencia de delitos y de la sensación de temor que ello les produce.
Las comunas de la provincia de Los Andes y de San Felipe, y, en general, todas aquellas que están apartadas de los grandes centros urbanos, tradicionalmente eran tranquilas y seguras para vivir. Hasta hace muy poco tiempo sus vecinos se vanagloriaban de que podían dejar sus autos sin llave cuando iban al centro de la ciudad, a la plaza de armas. Incluso, las casas se administraban sin mayores medidas de seguridad. Hoy, eso es impensable. Nuestros vecinos viven atemorizados, pues no sólo se sienten inseguros en las calles, sino que, desgraciadamente, también sienten temor al interior de sus casas.
Esta percepción de inseguridad que tienen los vecinos encuentra respaldo en las cifras. Sólo a modo de ejemplo, en el período 2002-2003, la comuna de Rinconada ha experimentado un incremento de 82 por ciento en las denuncias por delitos de mayor connotación social. La comuna de Calle Larga, en el mismo período, registra un aumento de 58 por ciento, y la de Los Andes, alrededor de 50 por ciento. De más está decir que tanto Los Andes como San Felipe figuran dentro de las top ten de las comunas con mayor índice de denuncias por delitos.
En honor al tiempo, no voy a desagregar las cifras que se contienen en mi discurso escrito -considerando cada delito por separado-, las cuales son oficiales y fueron obtenidas del Informe Trimestral de Estadísticas Delictuales emanado del Ministerio del Interior.
Probablemente, sería largo analizar donde están las causas de este explosivo aumento de la actividad delictual en nuestras comunas. Ayer, conocimos un estudio de la Fundación Paz Ciudadana que arrojaba un dato importante, cual es que el 80 por ciento de las personas que cometían robo con violencia lo hacían bajo el efecto de las drogas. Sin duda, variables como el importante crecimiento poblacional de nuestras ciudades durante los últimos veinte años, la calidad de ciudades fronterizas y portuarias de algunas de nuestras comunas, el aumento del comercio internacional y de la población flotante, el fenómeno migratorio, la cercanía cada vez mayor con Santiago, o causas más de fondo, como la persistente desigualdad de oportunidades de los sectores más postergados de la sociedad, deben tenerse en cuenta a la hora de buscar una explicación a lo ocurrido.
Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuáles son los medios con los que cuentan nuestras comunas para hacer frente a esta nueva realidad y dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger a la población? En verdad, la respuesta es simple: prácticamente los mismos con los que se contaba cuando nos considerábamos comunas tranquilas y seguras. Y si ha habido adquisiciones y aportes -como ha ocurrido-, éstos han sido proporcionalmente mucho menores al incremento de la actividad delictual y claramente insuficientes para hacerles frente.
A modo de ejemplo, y sólo para ilustrar la carencia de medios humanos y materiales que nos afecta, daré algunas cifras en materia de dotación policial.
Si consideramos conjuntamente el territorio de las provincias de Los Andes y de San Felipe, podemos decir que hoy existe un carabinero por cada 21 kilómetros cuadrados. Si repetimos este ejercicio, pero considerando ahora la población de estas provincias, podemos concluir en que existe un carabinero por cada novecientos habitantes.
Es decir, cualquiera sea el parámetro que utilicemos, es evidente que estamos muy lejos, no sólo de cumplir con los estándares internacionales en esta materia, sino de poder asegurar protección a nuestra población.
Para ser más gráficos, en las comunas que represento en esta Cámara, la relación entre carabinero y número de habitantes es de 1 a 1.400 e, incluso, de 1 a 2.400. Por ejemplo, en la comuna de San Esteban, que es la de mayor extensión territorial de las provincias de Los Andes y de San Felipe, existe un carabinero por cada dos mil cuatrocientos habitantes. La dotación policial de San Esteban es de seis carabineros.
Una situación similar o peor vive la Policía de Investigaciones.
Si además consideramos que en ambas provincias un número importante de efectivos policiales está destinado, única y exclusivamente, al trabajo en la frontera, la situación de la dotación policial se torna aún más preocupante. No me voy a referir a la época estival, cuando se implementa el plan Estrella, en que carabineros de las provincias del interior del valle del Aconcagua deben trasladarse a la costa.
Por eso, nos hemos reunido en diversas oportunidades con distintos personeros del alto mando de Carabineros y con el subsecretario de la cartera para solicitarles que se asigne a nuestras comunas mayor dotación policial. Hemos hecho reiterados intentos para traer a una de nuestras comunas -Los Andes, donde antes existía- el Centro de Instrucción Policial. Lamentablemente, a pesar de que todas estas intenciones han sido muy bien acogidas y apoyadas con declaraciones de buenas intenciones, hasta la fecha ninguno de los ofrecimientos se ha materializado.
Peor aún, ha habido intentos, en el marco de iniciativas de racionalización de carabineros, de cerrar algunos retenes en comunas de estas provincias.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la intervención del subsecretario del Interior ante el planteamiento efectuado por este diputado para que no se cerraran esos retenes.
La situación de los medios con que cuentan las policías para cumplir con su labor no es mucho mejor. Baste señalar que el año pasado, en la comuna de Catemu, el furgón policial tuvo un desperfecto mecánico y no pudo ser utilizado durante varios días. Carabineros sólo pudo cumplir con su función cuando le facilitaron una camioneta municipal.
Alguien se podrá imaginar lo difícil que puede resultar proteger a la población de comunas como San Esteban que tiene una extensión territorial de 1.475 kilómetros cuadrados y cuenta con sólo dos furgones policiales y seis carabineros. Cuando se detiene a una persona y debe ser trasladada al centro de detención de Quilpué, pierde inmediatamente dos funcionarios y un furgón. Es decir, para los 1.475 kilómetros cuadrados se cuenta con sólo un furgón y cuatro carabineros.
A todo lo anterior debemos agregar que ni los alcaldes ni los diputados tenemos atribuciones ni facultades para satisfacer las demandas de seguridad de los vecinos. En lo que nos corresponde, hemos hecho y seguiremos haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance. Nuestros municipios no tienen excedentes presupuestarios, no obstante lo cual efectúan importantes aportes a la policía y a la seguridad ciudadana. Los municipios seguirán invirtiendo en prevención.
Los dos municipios que forman parte de las provincias mencionadas, que están dentro de las top ten de las denuncias de delitos de mayor connotación social, han hecho esfuerzos por mejorar la iluminación de las calles e invertir en la recuperación de áreas verdes y espacios públicos, pero ello no es suficiente y necesariamente debe ser complementado con la acción decidida de las autoridades de gobierno si efectivamente queremos detener el incremento en la delincuencia.
Nos preocupa el hecho de que si bien la delincuencia afecta a todos los chilenos, lo hace con mayor fuerza respecto de los más pobres y aquellos que viven en zonas rurales.
La delincuencia está produciendo cambios muy profundos en la vida diaria de nuestros vecinos, particularmente en aquéllos más postergados. Lamentablemente, en comunas como las nuestras, las personas que son víctimas de delitos no tienen la alternativa de cambiarse de domicilio y el delito termina, inevitablemente, afectando su patrimonio familiar. El costo de la delincuencia en nuestras provincias es altísimo, pues gente muy modesta ha debido endeudarse para colocar protecciones, subir las rejas exteriores o contratar empresas de alarma y seguridad.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado .
El señor FORNI.-
Voy a continuar con cargo al tiempo de mi bancada, señora Presidenta .
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Puede continuar.
El señor FORNI.-
Desgraciadamente, las personas que viven en sectores rurales o apartados de los centros urbanos de nuestras comunas cuentan con menos posibilidades aún de protección adicional y, además, enfrentan con mayor frecuencia situaciones que afectan los espacios públicos y generan ambientes proclives a la delincuencia.
Fue precisamente esta razón la que llevó al Gobierno a priorizar, dentro de su Programa Comuna Segura, a aquellas comunas con altos índices de pobreza, pues en ellas las personas no cuentan con los medios para realizar gastos en prevención y control.
De ahí que, probablemente, las reacciones de nuestros vecinos ante el problema sean más desesperadas. Este fin de semana, por ejemplo, en la población La Doñita, en la comuna de San Felipe, un vecino intentó detener un asalto con disparos. En el liceo industrial los alumnos tienen clases de artes marciales para defenderse de agresiones a la salida del colegio. Nos parece que ésa no es la solución correcta, pero entendemos que es una reacción natural frente al temor que producen los delincuentes.
Sabemos que el tema no es fácil, pues, a diferencia de lo que sucede en cualquier comuna de la región Metropolitana, las realidades de nuestras ciudades son muy distintas unas de otras.
Por eso, quiero aprovechar la presencia del general director de Carabineros y del director general subrogante de la Policía de Investigaciones para decirles, por su intermedio, señora Presidenta , que me parece que es necesario revisar las metodologías. No es lo mismo suprimir un retén en una comuna de Santiago que en una zona rural. No es lo mismo contar con seis carabineros en una comuna como San Esteban, que tiene una extensión territorial de 1.500 kilómetros cuadrados, que hacerlo en una ciudad en que su población está altamente concentrada.
Por todas estas razones, con el sincero propósito de que ésta no sea una reunión más, sino con el firme convencimiento de que será el punto de partida para un trabajo conjunto en el combate contra la delincuencia, solicitamos formalmente que se haga un reestudio de la dotación de carabineros.
Las comunas, particularmente las rurales, necesitan mayor dotación policial, más equipamiento y mayor equidad en la distribución. El apoyo del Gobierno, con recursos humanos y materiales, es fundamental para el éxito de cualquier plan de seguridad. Probablemente, se podrá decir que se ha invertido mucho en seguridad. Eso es efectivo. El 2002, el gasto en seguridad ciudadanía ascendía a 2.600 millones de dólares y se ha incrementado. Pero, el costo de la delincuencia para los chilenos es mucho mayor. No es sólo el relativo a la denuncia; también se debe considerar el costo en vidas humanas, por la pérdida de un bien material, el sicológico, el médico, como consecuencia de lesiones, el alternativo por tiempo de recuperación de esas lesiones, el mayor costo de Dipreca por la atención de carabineros lesionados y el costo por la pérdida de los activos inmobiliarios, cuando un barrio se convierte en inseguro. Es decir, el costo de la inseguridad ciudadana es muy alto.
Al respecto, quiero hacer un llamado al general director de Carabineros y al ministro del Interior para que se preocupen especialmente de la situación de los funcionarios de esa institución. No puede ser que cerca de mil carabineros se hayan acogido a retiro y todavía no se les pague su desahucio. Algunos llevan un año y siete meses esperando dicho pago. Me parece que esa situación, en un país como el nuestro, es insostenible.
En consecuencia, señora Presidenta , con mucho respecto, quiero pedirle al general director de Carabineros que trabajemos en conjunto y que se revisen las metodologías, porque algo no está funcionando bien; porque la dotación policial en nuestras comunas está lejos de ser la óptima y de dar garantías de que algún plan de seguridad pueda ser exitoso.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , si el ánimo de discusión va a ser el que indica el colega que me antecedió en el uso de la palabra, me parece bien. Podremos tener criterios, profesiones y evaluaciones distintos respecto de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer, pero me parece que es posible conversar sobre esto, y es necesario.
Entre ese ánimo y el discurso con que se inició la sesión, en que se presume, porque eso es lo que se dijo, que el ministro del Interior , con sus declaraciones, le señala a los delincuentes que vayan a delinquir a las comunas de Oposición, me parece que hay un trecho gigantesco. Me felicito que tengamos ese ánimo y no el de ese discurso. Realmente lo siento, porque no sólo lo encuentro infundado, sino de pésimo gusto.
Si los chilenos nos empezamos a pasar la pelota de quién es el responsable exclusivo de la seguridad ciudadana, poco vamos a avanzar.
Por ahí se ha dicho muchas veces -no sólo hay que decirlo, sino también sentirlo- que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Es tarea de los vecinos, de las unidades vecinales, de las juntas de vecinos, de la organización social de la comuna, de las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales. Y también es de quienes son los instrumentos básicos para dar seguridad y certeza al derecho, como son nuestras policías, Carabineros e Investigaciones. Cada uno en su rol, pero entendiendo que es tarea de todos.
Si entendemos que sólo es tarea de uno y que la responsabilidad se radica sólo en una entidad, estamos mal. El desafío es gigantesco como para no ser solidario en materia de seguridad ciudadana, y como las responsabilidades son de todos, hay que ponerlas en su elemento objetivo.
Voy a dar algunos datos país, que no son menores, considerando, por cierto, que hay situaciones específicas que, a lo mejor, merecen una especial atención. Por ejemplo, la inversión en Carabineros -no digo gasto, porque creo que es inversión- se ha incrementado, desde 1990 a 2005, en 157,6 por ciento, en moneda de hoy. No tengo las cifras, pero no debe haber ningún país en el área o un país equivalente al nuestro, desde el punto de vista económico, que pueda mostrar un incremento de inversión de esa naturaleza. Les aseguro que no hay ninguno. Y la hemos podido hacer, porque hemos tenido la capacidad económica para emprenderla.
Otras cifras de inversión en Carabineros y en igual período: vehículos policiales, 59,4 por ciento; aumento de la dotación, lo que no es despreciable, 31 por ciento.
Falta mucho, y es tanto lo que falta, que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha dicho que no es prioritario seguir invirtiendo para incrementar la dotación de personal en Carabineros e Investigaciones.
Es cierto que se pueden revisar las políticas de distribución. En eso tiene razón el diputado Forni , y hay que hacerlo, porque algunas cifras llaman la atención. ¿Por qué Peñalolén sólo tiene 220 carabineros y Las Condes 400 y tantos? La pregunta es válida. A lo mejor, existen argumentos más que certeros para ello, pero igual hay que echarle una mirada a la distribución, siendo ésta una tarea esencial de Carabineros y de Investigaciones. Podremos insinuar, proponer, pero ellos son los técnicos en la materia y nadie los puede sustituir.
Convengamos que durante estos años se ha hecho un esfuerzo mayor para aumentar las dotaciones de Carabineros y de Investigaciones. En el caso de Carabineros, 31 por ciento. De 30 mil carabineros que había en 1989, hoy tenemos casi 40 mil. Eso importa gastos y una definición de inversión, que necesariamente hay que aumentar.
El grueso del tema de la distribución sólo lo vamos a solucionar cuando lleguemos a estándares internacionales que nos permitan tener más carabineros, y para eso hay que invertir mucho dinero. Hay que hacerlo, y en Chile no hay nadie que se niegue a ello.
Creo que todos estamos contentos de que nuestras policías, particularmente Carabineros, que es preventiva por esencia, tenga hoy, como elemento central de su accionar, el plan cuadrante. Y pareciera, por los datos más que objetivos, subjetivos, que el plan cuadrante es una buena noticia para los habitantes de este país. Tal es así, que no hay región ni provincia que no demande un plan cuadrante para el próximo año. Todo el mundo lo quiere, porque entiende que significa más carabineros en la calle y más prevención.
Pero también deberíamos tener elementos más objetivos para saber qué está pasando con el plan cuadrante, y no basarnos sólo en sensaciones.
Las autoridades políticas y de Carabineros, en este caso, deben hacer un esfuerzo para determinar, con elementos objetivos, cuáles han sido las grandes ventajas del plan cuadrante durante los últimos cinco o seis años, qué cosas hay que fortalecer y cuáles han sido los inconvenientes, porque estamos actuando mucho por señales más que por elementos objetivos.
Pero en esta materia los parlamentarios también tenemos un rol que jugar. Los diputados de la Concertación, muchas veces en conjunto con otros colegas que han actuado en forma transversal, hemos hecho avanzar la agenda pro seguridad ciudadana, a menudo sin la necesaria urgencia. Ahí están el control de identidad, la ley de porte de armas blancas y una serie de otras normas. Entiendo que el Gobierno ha calificado el proyecto sobre la responsabilidad penal juvenil de suma urgencia, lo que es una buena noticia.
Hay otras iniciativas que tampoco pueden esperar. Me llama la atención que en los medios de comunicación se diga que hay un gran proyecto que duerme, el de “la tercera es la vencida”. No sé si será un gran proyecto, pero, por favor, no tiene por qué dormir. Los senadores de la Alianza por Chile pueden despacharlo; estamos esperando por su discusión, no hay para qué esperar urgencia. Basta que lo manden y lo discutimos, tal como lo hicimos con la pro agenda de seguridad ciudadana. No reaccionemos frente a hechos delictuales; reaccionemos con una visión de país para enfrentar la agenda de pro seguridad ciudadana, porque ésta es tarea de todos.
No tendría cara para decir que en determinadas comunas conducidas por alcaldes de la Alianza hay más delitos, por ese simple hecho. Eso es falso. No mide ninguna lógica. Pero también es falso que el Ministerio del Interior o las autoridades de Gobierno quieran que haya más delito en localidades gobernadas por gente de la Oposición. ¡Por favor! Hablemos en serio, pero para ello tenemos que ser objetivos.
Represento un distrito compuesto por las comunas de Ñuñoa y Providencia, y las dos son gobernadas por alcaldes de la Alianza. Quiero ser muy franco, en Ñuñoa, la evaluación del alcalde, de Renovación Nacional, es espectacular; y con razón, porque lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque trabaja con la comunidad, con Carabineros, con Investigaciones, con los parlamentarios, con los dirigentes; es decir, trabaja con todos. Y a la hora de trabajar con él y de hacer peticiones, no lo rechazo por ser de oposición, porque esta es una tarea de todos.
Ante el hecho que relató el diputado Ibáñez , el brutal asesinato de un médico uruguayo, que estaba en nuestra patria decidido a aportar, no hay que responde sól con preocupaciones, sino que hay que tener una visión política, de Estado, como la hemos tenido en estos últimos años. Por fortuna, si de algo sirve, no ha habido impunidad, porque gran parte de la banda ha sido entregada a los tribunales y ojalá reciban las penas más graves que corresponden en derecho.
Ciertos datos nos dan buenas noticias. El último índice de denuncias mostró una baja después de muchos años. Cuando ese índice sube, se transforma en un elemento brutal para decir que aumentaron los delitos. En cambio, cuando baja, no sirve. ¿En qué estamos? Palos porque bogas y palos porque no bogas. Por favor, seamos objetivos.
Algo similar ocurre con los índices de inseguridad ciudadana, verdadera encuesta de victimización que hace Paz Ciudadana, que demuestran -la última- que el índice de temor ha bajado.
Hay ciertos elementos que indican que los planes cuadrante y comuna segura -me tocó implementar este último cuando fui subsecretario del Interior de este Gobierno- han ido dando resultados. A lo mejor, hay que revisarlos y mejorarlos; sin embargo, si de las falencias quieren sacar una ventaja pequeña, no les va a servir. La gente ya no le cree a los que llegan a la alcaldía prometiendo que van a barrer con el delito, porque no lo barren, sino que lo aumentan. ¿Por qué? Porque esa es una tarea de todos. Estamos equivocados si queremos sacar ventaja, porque así no vamos a lograr triunfar frente al delito y tener más seguridad ciudadana.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
Señora Presidenta , antes que todo, deseo saludar al general director de Carabineros y al director general subrogante de la Policía de Investigaciones , a los ministros presentes y a la alta oficialidad que nos acompaña.
Me sumo a las palabras del diputado señor Burgos , porque no puedo dejar de expresar mi aprensión por lo que ha relatado el diputado señor Gonzalo Ibáñez , pero me parecen lamentable sus dichos posteriores, por cuanto la seguridad ciudadana nos preocupa a todos, como país, y no sólo a la Oposición. Todos colaboramos con las autoridades nacionales, regionales y comunales; todos buscamos la forma de dar tranquilidad a la población. Sin embargo, el diputado señor Ibáñez insinúa que se estaría privilegiando a las comunas que están en manos de la Concertación en desmedro de aquéllas cuyos alcaldes son de la Oposición. Eso es algo que no resiste mayor discusión.
Duele tal afirmación, sobre todo, porque, esta tarde, las máximas autoridades de ambas policías han dado a conocer los esfuerzos que se han hecho a partir de 1990, año en que recuperamos la democracia, por aumentar las dotaciones de personal en las comunas. No olvidemos que, además del recurso humano, se necesita más equipamiento y mayor infraestructura para enfrentar la situación. Por lo tanto, me parece una falta de respeto referirse a ellas de esa manera.
En su larga exposición, el director general de Carabineros explicó el procedimiento que se utiliza para asignar el recurso humano y los esfuerzos que han hecho por lograr mayor eficiencia en su quehacer. No cabe duda que sus palabras constituyen un desmentido a la insinuación de que se estaría privilegiando a determinado color político.
Coincido con el diputado señor Burgos en cuanto a que si no asumimos la seguridad ciudadana como tarea de país y si no dejamos de sacarle un beneficio político ante el próximo proceso electoral, no vamos a conseguir ser eficientes en el combate a la delincuencia, que es lo que nos interesa a todos. Para lograrlo, debemos tener conducta y política de país, entregando a las policías los recursos necesarios para que sean más operativas y eximiéndolas de funciones administrativas.
Como una forma de desmentir las palabras del diputado señor Ibáñez , quiero poner, como ejemplo, la realidad de la comuna de Puente Alto, la más poblada del país. Su alcalde, un conocido militante de Renovación Nacional, después de muchos esfuerzos, ha conseguido que se aumente la dotación policial en 150 carabineros más y que se inviertan 1.200 millones de pesos para construir otra comisaría. El 2002 teníamos prácticamente un carabinero cada tres mil habitantes; hoy estamos llegando a una dotación de l.300 carabineros, aproximadamente.
He dado este ejemplo, con la única finalidad de pedir seriedad para abordar el tema de la seguridad ciudadana, en lugar de andar diciendo que se observa un determinado favoritismo para la Concertación, sacándole provecho electoral a un tema que es de todos.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , qué bueno hablar después de Isabel Allende , -ambos somos diputados por el mismo distrito- porque quiero decirle que quien politizó el tema de la seguridad ciudadana no fue el Congreso ni fuimos los diputados, sino el ministro del Interior , quien es muy acertado en muchas de sus declaraciones, pero a veces también comete errores.
Quiero destacar la importancia que le dan las autoridades a esta sesión, desde el momento en que se encuentran presentes los ministros del Interior y de Defensa Nacional, el general director de Carabineros, acompañado de su Alto Mando, y el director de la Policía de Investigaciones subrogante.
Si hoy tuviéramos que hacer una encuesta de cuáles son los problemas que aquejan con mayor fuerza a la población, no cabe duda de que el primero es el de la seguridad ciudadana; después, la falta de trabajo, de educación, de salud, de viviendas, etcétera. A diario sufrimos este flagelo en Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo , así como en todos los distritos representados aquí por los señores diputados. La gente nos dice: “Señor, me tengo que encerrar en mi casa a las 6 de la tarde. Me convierto en un prisionero, porque los delincuentes se transforman en amos, dueños y señores de las calles.”. Eso no es justo.
Hace algún tiempo y luego de conversar con el general director de Carabineros , señor Cienfuegos , aquí presente, propusimos un proyecto para que los organizadores de espectáculos con fines de lucro paguen la protección policial que éstos requieren.
¿Por qué se tiene que pagar por la protección policial de la gente que asiste a un espectáculo, por ejemplo, del Grupo U-2 u otro, con plata de todos los chilenos?
¿Por qué sacan carabineros de La Pintana, de Puente Alto, de La Reina , de Lo Prado, de Peñalolén para reforzar la protección policial de lugares en que se desarrollan espectáculos públicos remunerados, en circunstancias de que esto favorece a las personas que están haciendo negocios?
Lo lógico y justo es que quien organiza un espectáculo remunerado pague por la protección policial que necesita.
Distinto es el caso de una entrega de regalos de Navidad en el estadio Nacional organizado por la Primera Dama que requiere el resguardo de Carabineros.
Por otra parte, debo destacar un hecho que merece toda nuestra admiración.
Nuestras policías, civil y uniformada, perciben ingresos muy inferiores a los de cualquier otro país de América Latina, no obstante, ser lejos las menos corruptas.
¿Cuántas veces hemos sabido de casos en que Carabineros han denunciado a delincuentes que les han ofrecido importantes sumas de dinero a cambio de que no los detengan, no les revisen su automóvil, no les quiten la droga o las armas que llevan en su vehículo? Sin embargo, se han resistido. Eso habla muy bien de nuestras policías.
Sin embargo, quiero señalar públicamente a las autoridades, especialmente al ministro del Interior , que es indispensable que se alleguen recursos a las organizaciones sociales para que contribuyan a la defensa de la comunidad, porque no podemos tener un carabinero en cada esquina. Además, por muchos carabineros que tengamos, si no se entregan recursos a las juntas de vecinos y a las organizaciones sociales para que elaboren proyectos que le permitan ayudar a la seguridad de la ciudadanía, no logramos nada positivo.
Con el diputado Burgos y otros miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana fuimos a hablar con el Presidente Lagos , quien nos planteó la necesidad de entregar recursos a las organizaciones sociales, con el objeto de que con sus proyectos contribuyeran a luchar contra la delincuencia, sin perjuicio de que a veces ocurren hechos lamentables, como lo que sucedió hace algún tiempo en Puente Alto, cuando un dirigente social denunció a un delincuente ante el tribunal y la jueza no encontró nada más criterioso que carear al delincuente con el dirigente social. El resultado fue que ese dirigente social encontró todos los vidrios rotos cuando llegó a su casa. Lo acompañé a hablar con la jueza, pero ésta lo hizo callar. Al final, le dije: “No te preocupes, Alexis Pavez , vamos a dar una conferencia de prensa para contestarle a la jueza.” Y eso hicimos.
El tema de la seguridad ciudadana atañe a todos los chilenos, no sólo a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Pero, ¿qué pueden hacer Carabineros e Investigaciones con los recursos que hoy tiene?
Tiempo atrás, un ex director de Investigaciones me dijo que para infiltrar a la delincuencia y a los traficantes de drogas se necesitan recursos, porque se puede atrapar a los traficantes en el nivel poblacional, pero para llegar a la cabeza, hay que tener aviones, capacidad económica para llegar a hoteles cinco estrellas, vehículos. En fin. Investigaciones no tiene esos recursos.
Junto con el delincuente que asalta a las personas y a los bancos, y que destruye la propiedad, está el otro delincuente que envenena a las personas a través del tráfico de drogas. La gente tiene claro que asaltar un banco es un delito, pero para una señora de 70 años no es un delito entregar un papelillo por el cual le van a dar 10 mil pesos, que le van a permitir comprar pan y alimentar a su familia. Para ella, ése no es un delito.
Entonces, mientras no adquiramos conciencia de que, por una parte, es un delito tan grave ése como los otros, y, por la otra, junto con la policía civil y uniformada, es necesario que las organizaciones sociales cuenten con los medios adecuados para colaborar con la policía en la defensa y en la seguridad de la sociedad, no sacamos nada. Podemos tener todas las sesiones que queramos, pero no vamos a lograr nada.
Creo que se pueden hacer muchos esfuerzos. No me cabe dudas de que la Cámara de Diputados, con prescindencia de todo color político, está dispuesta a ello; pero si nos hacen una propuesta que signifique gastos, debe tener el patrocinio del Poder Ejecutivo.
Digo esto, porque hay candidatos a parlamentarios en nuestros distritos que dicen a la gente que cuando sean diputados van a terminar con la delincuencia, pero no se dan cuenta de que la gente no es tonta y que sabe que esa iniciativa debe provenir del Presidente de la República. No pueden culpar a los diputados de que no haya más recursos.
Estoy seguro de que cualquier proyecto que se envíe a la Cámara para combatir la delincuencia con la participación de las organizaciones sociales, contará con un apoyo transversal de los diputados.
Por eso, quiero terminar mi intervención señalando, tanto en nombre propio como en el de Renovación Nacional, que tenemos la mejor disposición para colaborar en la lucha contra la delincuencia sin demagogia, sin mentiras y sin engaños. Pero que quede claro que se necesitan recursos no sólo para la policía civil y uniformada, sino también para que los dirigentes de las organizacionales sociales territoriales, como las juntas de vecinos, y funcionales, puedan contribuir en la lucha contra este flagelo, que es la delincuencia.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señora Presidenta , saludo al general Cienfuegos , a toda su alta oficialidad y a los ministros que nos acompañan.
Éste es un tema relevante, y como han dicho todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, constituye un tema país, no sólo de la Policía de Investigaciones, de Carabineros o del Gobierno.
Todos han señalado que no sacamos nada con tener buenas policías y buenas leyes si no tenemos una organización comunitaria que participe. Lo hemos visto en algunas unidades vecinales que se han organizado. Cuando alguien es amenazado, toca un timbre, a cuyo llamado salen todos los vecinos. Esa protección impide que los delincuentes quieran participar en atracos en la zona. Es esencial la participación comunitaria.
Quiero entregar como antecedente la respuesta de Carabineros a un oficio en que solicité información respecto de las horas que destinaba la institución para cumplir funciones que no tienen relación directa con la labor policial. Todos sabemos que se está reorganizando el trabajo de Carabineros, pero todavía hay una cantidad enorme de funcionarios que cumplen otras tareas, como citaciones y notificaciones judiciales, que podrían ser realizadas por cualquier persona que la normativa legal vigente asigna a la institución por la vía de la excepción. Esta actividad demanda 343.312 horas-hombres anuales. En el documento está descrita por región y figura un cuadro que entregaré a la Mesa para que lo reparta entre los diputados.
Por otra parte, se han cuantificado las horas-hombres destinadas al cumplimiento de funciones dispuestas por leyes, como otorgamiento de salvoconductos, certificados de residencia, constancias por accidentes de tránsito, extravío de cédulas de identidad y otras, las que demandan un promedio anual de 773.476 horas-hombres.
Conforme con lo anterior, las precitadas actividades requieren un promedio de 1.116.788 horas-hombres anuales, lo que equivale a casi 530 carabineros trabajando en esas labores con jornada completa.
Por lo tanto, deberíamos hacer un esfuerzo para que esos carabineros estén en la calle, realizando tareas de seguridad ciudadana. Existe una posibilidad cierta de lograrlo. Por ejemplo, las compañías de seguros automotrices no pagan ni un peso por el certificado que Carabineros debe emitir para que opere la cobertura de un siniestro. En consecuencia, si las compañías de seguros quieren que Carabineros haga ese trabajo, deben pagar. Esto nos permitiría obtener dinero para dar una mayor infraestructura, dotar a los retenes de recursos materiales y mejorar las condiciones de los carabineros.
Además, como señaló el diputado Forni , la ciudadanía quiere más retenes. Hace pocos días inauguramos un retén y una tenencia móviles en Peñalolén. En esas áreas rurales es mejor tener retenes y tenencias móviles conectados vía satélite, que un cuartel en un lugar fijo.
Por otra parte, muchos municipios destinan enormes sumas de dinero a seguridad ciudadana en instancias ajenas a Carabineros. Hemos visto así gran cantidad de vehículos y funcionarios. Esto no sucede en la comuna de Peñalolén, que entregó a Carabineros todos los recursos que habían para seguridad ciudadana. Ésa es la política correcta que debe aplicarse en el país, porque así la protección y seguridad ciudadana se radican en una institución que es reconocida por todos los chilenos.
Aquí se han esbozado algunas soluciones, porque tenemos que aportar soluciones factibles. Tal ha sido la de habilitación de retenes y tenencias móviles para zonas de gran extensión territorial.
Entrego a la Mesa el oficio del general director de Carabineros , en que esta información está desglosada por regiones, la que será de mucho interés para los señores diputados.
He dicho.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , me referiré a un tema local y, luego, a uno nacional.
En la Séptima Región, especialmente del Maule al sur, es decir, en las provincias de Cauquenes y Linares , la gran mayoría de los delitos los cometen antisociales de Talca. En esa ciudad, hay plan cuadrante, por lo que, obviamente, los delincuentes no se van a quedar en un lugar lleno de carabineros: se van a las ciudades de sus alrededores. En Linares empezó a regir el plan cuadrante el 1º de agosto -que bueno que haya, no estamos en contra de eso-. Pero, a raíz de eso, esperábamos que hubiese un reforzamiento de la policía en las ciudades aledañas. Sin embargo, se hace exactamente lo contrario, lo que me parece de suma gravedad, porque el plan cuadrante de Linares va a significar que todas las ciudades de sus alrededores se verán afectadas y llenas de delincuentes en el próximo tiempo.
Un ejemplo más claro es el de Parral. De 75 carabineros asignados a las comunas de Parral y de Retiro, con 50 por ciento de ruralidad y con zonas muy extensas, los siete carabineros más experimentados de esa comisaría fueron trasladados al plan cuadrante de Linares y reemplazados por carabineros novatos. Es inentendible lo que se ha hecho en ambas comunas. Con eso, lo único que se logra es que la gente esté mucho más asustada que antes del funcionamiento del plan cuadrante en Linares. Esto mismo va a ocurrir en las comunas aledañas.
Los siete policías experimentados estaban trabajando dieciséis horas diarias, es decir, doble turno, porque, de otra manera es imposible cubrir las necesidades, considerando que hay 75 carabineros para 60 mil ó 65 mil habitantes. Como consecuencia, tenemos carabineros cansados, de mal humor y sin ganas de hacer las cosas. Ese horario no me parece lógico. Aquí me pueden decir: “Los carabineros trabajan ocho horas”. No es así. Tengo un informe del ministro de Defensa que señala que en los cuarteles urbanos -promedio nacional-, los carabineros trabajan 57 horas a la semana, es decir, 30 por ciento más de lo que trabaja el resto de la población; en los cuarteles rurales, 61 horas semanales, o sea, un 39 por ciento más que el resto de la ciudadanía.
Me pareció excelente la exposición del general director, pero la encontré muy conformista, porque el informe que me envió el ministro de Defensa dice que la ampliación de 2.970 plazas en 2004, 2005 y 2006 significa que, después de eso, el déficit de Carabineros va a quedar en 7.475 carabineros. Me parece realmente insólito decir que estamos relativamente bien, que fue lo que entendí del general director de Carabineros . Sin embargo, estamos con un déficit, después de copar las plazas señaladas, de siete mil carabineros. O sea, la situación es extremadamente grave. Por eso, los carabineros, al menos en mi zona, están trabajando doble turno. Me parece insólito. Además, que digan: “Ah, no, da lo mismo que trabajen doble turno, porque se pueden retirar a los veinte años de servicio”. ¡Por favor, la labor de carabineros es extremadamente arriesgada y por eso se pueden retirar con veinte años de servicio! Pero eso no justifica que deban trabajar dieciséis horas diarias. No corresponde ni es lógico.
Pido, por su intermedio, señor Presidente , al señor general director de Carabineros que tome medidas en las ciudades vecinas a la de Linares. Cuando se adoptan planes cuadrantes en las ciudades, los delincuentes se van de éstas y van a delinquir a las de sus alrededores. No se puede seguir haciendo lo que se hizo en Parral: reemplazar a los siete carabineros más experimentados por siete novatos. Me parece una falta grave hacia los habitantes de Parral y de Retiro.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro del Interior, señor Francisco Vidal.
El señor VIDAL ( ministro del Interior ).-
Señor Presidente , deseo intervenir -posteriormente lo hará el ministro de Defensa - en el ánimo predominante en quienes han hecho uso de la palabra; es decir, entender la seguridad ciudadana como una política nacional, de Estado, permanente.
Creo que todos hemos avanzado en esto. Hasta hace un par de años, el de la seguridad ciudadana era, por así decirlo, un tema electoral. Creo que todos hemos aprendido que una política de seguridad ciudadana y de lucha contra la delincuencia tiene un carácter nacional.
Fui aludido a raíz de una declaración que efectué. Pero, según recuerdo, debo de haber hecho unas cien declaraciones en el sentido que menciono hoy -las cuales, por lo demás, se encuentran grabadas y transcritas-. Reitero, que la política de seguridad ciudadana es una tarea de todos, es una tarea de país.
Lo demuestra, por lo demás, el hecho de que hace un mes y medio, en el marco de una invitación de la Fundación Paz Ciudadana, asistí -muchos de los presentes también lo hicieron- a un encuentro con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República . En ese sentido, la máxima expresión de lo que he señalado una y otra vez es que, más allá de la existencia de diferentes instrumentos, de matices, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República expresaron su coincidencia con esa política de unidad, de Estado.
En ese marco, desde el punto de vista de los hechos, en forma muy breve y aunque estos antecedentes han sido citados por algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, considero necesario, como Gobierno, hacer presente de manera formal el esfuerzo realizado en materia presupuestaria.
Desde 1990 hasta 2005, el presupuesto asignado a Carabineros de Chile ha aumentado en 157,6 por ciento. Al desagregar esa cifra, en el gobierno del Presidente Lagos el presupuesto se ha incrementado en 32,4 por ciento.
Presupuesto en materia de incremento de vehículos. Desde 1995 a la fecha, el número de vehículos policiales ha aumentado en 59,4 por ciento. Al desagregar la cifra anterior, en el gobierno del Presidente Lagos el número de vehículos asignados a Carabineros ha aumentado en 23,2 por ciento.
Por su parte, desde 1990 a 2005, el incremento de la dotación policial de Carabineros alcanza la significativa cifra de 31 por ciento. Si eso se traduce a cifras, para el período 1990-2003-2006 significa lo siguiente: en 1989, el número de carabineros era de 30.341; en 2003, de 36.777, y para 2006, considerando la iniciativa que el Congreso Nacional aprobó a principios de este año, de 39.747. Ésas son las cifras que expresan, desde el año base al 2006, el aumento en 31 por ciento.
En el caso particular del gobierno del Presidente Lagos, la dotación de Carabineros ha aumentado en 9 por ciento si se considera lo que el Congreso Nacional aprobó prácticamente por unanimidad, más casi un 2 por ciento, según lo que explicaba el general director de la institución, a partir del cambio de personal en funciones administrativas a funciones operativas; es decir, alcanza a casi 11 por ciento.
Sin duda, el aumento de la dotación, del presupuesto y de la infraestructura es insuficiente, y por eso estamos de acuerdo -en buena hora- en que ésta es una tarea nacional. En el mismo foro al que aludí, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República sostuvieron que se debe proseguir con este esfuerzo.
El estudio de Carabineros de Chile con la Universidad Católica sostiene, antes de que se aprobara el proyecto que estableció un aumento de aproximadamente mil carabineros por año, durante 2004, 2005 y 2006, que el déficit era de poco más de 10 mil carabineros. Gracias al proyecto que ustedes aprobaron, ese déficit se ha reducido a algo más de 7 mil. Y todos los que pretenden conducir los destinos del país -depende de la soberanía popular que se expresará el 11 de diciembre- sostienen que se debe continuar con ese esfuerzo.
De manera que a esos datos debemos agregar, en una mirada de unidad, el esfuerzo realizado por el Congreso Nacional a partir de diferentes mociones y de mensajes del Presidente de la República.
La “agenda corta” de seguridad ciudadana fue aprobada en su totalidad. Además, se han aprobado los proyectos de control de identidad, de mejoramiento del control de armas, de mejoramiento del control de drogas, sobre hurto hormiga, de armas blancas. Dentro de esta tarea nacional, es una buena noticia saber que se ha puesto suma urgencia al proyecto que rebaja la responsabilidad penal juvenil y que el proyecto que aumenta las penas por lesiones graves a carabineros y a la policía civil está a punto de ser aprobado por el Congreso Nacional. Es decir, de aquí a noviembre, a las cinco iniciativas a las que me he referido, se sumarán dos nuevos proyectos que prácticamente serán aprobados por unanimidad por el Congreso Nacional.
De manera que si la alusión que efectué a un dato -no a una insinuación- del registro de denuncias de delitos de alta connotación social rompe lo que como Gobierno he planteado como una política nacional -como también sostenía el diputado Errázuriz-, reconozco que puede tratarse de una equivocación, pero frente a esa afirmación de quien habla también puedo mostrar cien más en la otra dirección, en la correcta.
Además, quiero decir que debieran ser motivo de satisfacción y de tranquilidad, pero no de inmovilidad, los datos sobre índice de victimización entregados por la Fundación Paz Ciudadana. Por primera vez se logra cierta estabilización en las cifras después de un alza permanente. El segundo dato, que nos demuestra que si todos perseveramos en la misma dirección podemos avanzar en nuestro objetivo, es el registro -no una encuesta- de denuncias de delitos de alta connotación social que, por primera vez, desde 1997, sufre una caída significativa de casi 5 por ciento.
En resumen, desde el punto de vista del Gobierno, del Ministerio del Interior, lo que hemos avanzado en los ámbitos legislativo y presupuestario, así como en dotación, tanto de carabineros como de la policía civil, nos señala que vamos por buen camino, no para la autocomplacencia ni para afirmar que hemos concluido con la tarea. Al respecto, he escuchado intervenciones de parlamentarios que hablan desde su propia experiencia distrital o comunal.
Obviamente, faltan más de 7 mil carabineros y que muchas ciudades importantes se incorporen al Plan Cuadrante. De hecho, en el Presupuesto de la Nación para el 2006 se incorporan nuevas ciudades. Asumimos y constatamos que, gracias a su eficiencia, cuando el Plan Cuadrante se instala en las principales ciudades de una región, se genera un desplazamiento de delincuentes hacia otras comunas más pequeñas.
En 2001 comenzamos el Plan Comuna Segura con doce comunas y en 2005 hemos incluido a setenta. Sin duda, este plan, que es similar a la infraestructura de un edificio, nos permitirá seguir avanzando en estas materias.
Quiero despejar un punto. Las declaraciones que generaron este debate condujeron a un equívoco, pues según la prensa, el ministro del Interior distribuía el personal de Carabineros e Investigaciones.
Por eso, me parece saludable que en esta sesión especial, tanto el general director de Carabineros como el director subrogante de la Policía Civil, hayan planteado los mecanismos para distribuir la dotación de ambas policías, los cuales, sin duda, son perfectibles, pero han quedado nítidamente aclarados.
Reitero la decisión del Gobierno del presidente Ricardo Lagos, a partir de lo que se ha hecho con las cifras que he mencionado, de proseguir en el Presupuesto de 2006 con los incrementos en todas las dimensiones que este conjunto de políticas, donde hay una alianza objetiva entre el Gobierno, el Congreso Nacional, Carabineros, Investigaciones y la sociedad civil organizada que nos conduce, por lo menos, a ir generando un camino concreto en una lucha que es de todos: la seguridad ciudadana, para que la gente pueda vivir y transitar por las calles con mayor tranquilidad. Este esfuerzo compartido por todos no es menor.
Aprovecho la presencia del general director de Carabineros y del director subrogante de Investigaciones para destacar que en todas las encuestas relevantes de opinión pública, Carabineros de Chile es la institución que genera mayor confianza y credibilidad en la opinión pública, seguida muy de cerca por la Policía de Investigaciones. Ambas instituciones se encuentran entre las cinco primeras, de un total de quince a veinte, que generan mayor confianza y credibilidad. Eso es un orgullo para el Gobierno y no me cabe duda de que también para el Congreso Nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , durante los últimos día hemos sabido que el Gobierno tiene la política de no disculparse. Por eso, destaco las palabras del ministro del Interior , en el sentido de reconocer, aunque soslayadamente, que se equivocó en las declaraciones que motivaron mi solicitud de citar a esta sesión y mi intervención. Me parece que nos hemos sincerado al poner en el tapete un tema de la máxima importancia, un problema que agobia a nuestros conciudadanos.
Por eso, a quienes reclamaron por mis palabras, la diputada Allende , el diputado Burgos y otros, quiero decirles que no fui yo el que politizó ni electoralizó el debate, sino que pedí la sesión, con los diputados de la UDI y de Renovación Nacional, precisamente para reclamar por los dichos del ministro del Interior , quien ató la filiación política de los alcaldes a los resultados de la lucha contra la delincuencia al decir que se cometen más delitos de mayor connotación social en las comunas donde los alcaldes son de Oposición y menos en las comunas con alcaldes de Gobierno. Por eso he protestado, pero también con mucho beneplácito recibo las palabras del ministro al expresar que se equivocó en sus apreciaciones. Agradezco su gesto y con eso podemos seguir caminando juntos en esta tarea.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , se dijo que se ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer la seguridad ciudadana, a través del aumento del presupuesto en 158 por ciento, entre 1990 y 2005, de las instituciones policiales. En el caso de Carabineros, el incremento fue de 30.341 a 39.747 efectivos policiales. Además, se aumentó en vehículos, cuarteles, comisarías e infraestructura.
Aquí se han conjugado tres aspectos: por una parte, la coordinación entre el Gobierno y las policías; por otra, la puesta en marcha de la reforma procesal penal, que agiliza los juicios y permite que los delincuentes sean pasados a la fiscalía con mayor celeridad que en el pasado y, por último, una relación mucho más estrecha entre la fiscalía y Carabineros.
Hemos denunciado que existe un registro de más de cinco mil delincuentes que no han sido hallados por las policías, pues entre la denuncia y la comunicación de la condena, el delincuente se fugaba, deambulaba por el país y seguía cometiendo delitos.
Creo que la reforma procesal penal es esencial en la nueva forma de abordar la delincuencia y la seguridad ciudadana. El Congreso Nacional también ha hecho su aporte. Quiero recordar que la ley sobre control de identidad entrega a Carabineros facultades para detener por más horas a una persona indocumentada. También me parece una contribución muy importante la aprobación de proyectos como el que prohíbe el porte de armas blancas, el que modifica la ley sobre control de armas y sanciona el porte de bombas molotov, el que establece sanciones por maltrato a Carabineros, el que modifica la ley sobre violencia intrafamiliar, el que sanciona como delito el hurto hormiga, la ley de drogas, etcétera. En particular, me parece importante que la Comisión de Hacienda del Senado haya despachado el proyecto sobre imputabilidad penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados.
Pero existe un problema muy de fondo. Se requieren 8 mil carabineros más para enfrentar la delincuencia con éxito. Éste no es sólo un tema de presupuesto, sino también de capacidad de formación de ese personal. El país debe discutir y decidir si invierte más en seguridad ciudadana. Considero que el porcentaje del presupuesto que se destina a esta materia y a fortalecer a las policías es reducido. Debemos aumentar la contribución del Estado y también el aporte de los privados cuando la policía realiza funciones relacionadas con el control y resguardo de espectáculos privados.
Por ello, es importante que se formen los ocho mil nuevos carabineros que se requieren rápidamente para cubrir las falencias que aquí se denuncian, sobre todo cuando se hace un esfuerzo tan grande como la implementación del plan cuadrante. Quiero dar fe de lo que ha significado para Copiapó, en cuanto a la disminución de la delincuencia, la llegada de 110 nuevos carabineros y la aplicación del plan cuadrante, el cual implica no sólo la presencia de más carabineros, sino también la división de la ciudad en ocho cuadrantes en los que se trabaja con un estilo nuevo, con participación de la ciudadanía y de las organizaciones vecinales. La gente sabe cuáles son los carabineros que están patrullando cada uno de los cuadrantes en que está dividida la ciudad de Copiapó, al igual como ocurre en otras comunas donde se implementó dicho plan.
Es cierto lo que señaló el diputado Urrutia , en el sentido de que se presenta un problema cuando se aplica con éxito el plan cuadrante en ciudades donde había mucha delincuencia, como las del norte, pues los delincuentes se trasladan a las ciudades que no cuentan con este plan. En consecuencia, deben adoptarse medidas efectivas porque es imposible aplicarlo en todas las ciudades del país.
No coincido con el señor diputado en cuanto a que la Cámara de Diputados decida respecto de la destinación de carabineros a Parral, Chañaral , Diego de Almagro , etcétera. Esa decisión debe ser adoptada por el mando de la institución.
Creo que debemos continuar trabajando en el plan Comuna Segura, lo que significa destinar recursos a las organizaciones vecinales, deportivas y sociales, lo cual estimula la participación de la ciudadanía en esta materia.
Por lo tanto, en primer lugar, felicito a Carabineros y a Investigaciones por los avances en el trabajo en conjunto con la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana.
En segundo lugar, el Congreso Nacional ha estado cumpliendo con lo que se propuso como agenda corta en esta materia, pero debe avanzar hacia una agenda aún más amplia para subsanar problemas que no están resueltos desde el punto de vista legal y fortalecer la acción de Carabineros y de Investigaciones en la prevención y combate de los delitos.
Es muy importante que todos apuntemos al fortalecimiento de las policías, que nadie piense que el combate a la delincuencia se puede efectuar con guardias privados, que coloquemos todos los huevos en la canasta de Carabineros y de Investigaciones, que le otorguemos una parte mayor del presupuesto de la nación a los temas de seguridad ciudadana, que trabajemos en la formación de los ocho mil carabineros que se requieren para los próximos años, de manera de enfrentar con la ciudadanía los problemas de seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Defensa , señor Jaime Ravinet.
El señor RAVINET ( ministro de Defensa ).-
Señor Presidente , todos los chilenos debemos sentirnos orgullosos del debate habido esta tarde en la Cámara. Salvo pequeñas referencias, en general ha existido una visión de Estado para abordar una de las lacras más importantes de toda sociedad moderna: la delincuencia. Es natural que los distintos señores diputados, basados en sus respectivas vivencias, pidan más recursos, más carabineros y más seguridad, porque no sólo en Chile la seguridad es un tema de primer nivel.
Hoy hemos tenido el privilegio y el honor de escuchar al general director de Carabineros y al director subrogante de Investigaciones hacer una muy maciza, importante y transparente exposición sobre los temas en debate.
En esta discusión hay aspectos que no han sido cuestionados y que es importante mencionar: primero, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno por aumentar la dotación de Carabineros; segundo, el presupuesto de carabineros ha subido 157,6 por ciento en los últimos dieciséis años; tercero, el aumento en materia de equipamientos ha sido de 60 por ciento y, cuarto, en los últimos años más de dos mil carabineros, que cumplían funciones no operacionales, están en las calles. Estos datos claros y contundentes no han sido objetados ni discutidos.
Por otra parte, la metodología para distribuir los Carabineros no es arbitraria ni discrecional, sino objetiva, con elementos que pueden ser discutibles y perfeccionables, pero que obedecen a un método que está en vigencia.
Al igual como el ministro del Interior se ha disculpado por ciertas frases, ¡por Dios, que sería importante que diputados que acusaron al Gobierno de manipular la distribución de carabineros tuvieran también la hombría y la cortesía de disculparse en esta Sala!
Parece interesante que en materia de espectáculos con alta concurrencia de público exista un factor económico que permita mejorar la dotación y el equipamiento de los policías. Sin embargo, hay una afirmación que quisiera rebatir en el seno de este hemiciclo.
Muchas de las comunas llamadas top-ten en materia de denuncia de delitos y gobernadas por la Oposición, no sólo no han visto disminuida su dotación, sino que ha sido aumentada sustancialmente.
Por ejemplo, en los últimos cinco años Huechuraba ha aumentado en 119 efectivos su dotación de carabineros; Puente Alto , en 176, de 265 a 441 carabineros; Estación Central, en 63, de 219 a 282 carabineros, y Maipú, municipio dirigido hasta hace poco por la Oposición, aumentó su dotación en 144 carabineros. Pero esto no sólo ha sido así en la capital. En Talca, ciudad en que también gobernó la Oposición entre el 2000 y el 2004, la dotación de carabineros aumentó en más 150 funcionarios; en Los Ángeles, en 46, de 173 a 219 carabineros, y en Viña del Mar, donde no se puede decir que haya habido discriminación, para información del diputado señor Ibáñez, Carabineros aumentó su dotación de 387 a 446, esto es, 59 policías más.
Con estas cifras quiero corroborar que la distribución de efectivos policiales nada tiene que ver con la inclinación política de quienes encabezan los gobiernos municipales, sino que responde a la metodología ya explicada en esta Sala por los directores de las respectivas policías, lo cual no ha merecido reparo alguno, salvo perfeccionarlo para efectos de derrame en aquellas áreas del Plan Cuadrante, que, ciertamente, consideraremos en el futuro.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Agradecemos la presencia del ministro del Interior , señor Francisco Vidal, del ministro de Defensa , señor Jaime Ravinet, del general director de Carabineros de Chile , señor Alberto Cienfuegos, del director nacional del Personal de Carabineros , general inspector Raúl Melo, del director nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros , general inspector Juan Donati, del director de Planificación y Desarrollo de Carabineros , general Eduardo Vera, del director general subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto general José Quezada, del jefe de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile , prefecto inspector Lorenzo Medina, y del asesor en materias sociales de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Patricio Tudela.
Se han presentado dos proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al primero.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 689, suscrito por los diputados señores Ibáñez, Rojas, Prieto, Urrutia, Martínez, Von Mühlenbrock, García-Huidobro. Hernández, Galilea, don Pablo; Correa y Molina.
“Considerando:
Que, con motivo de la publicación de los índices de denuncias de delitos del segundo trimestre del año, el señor Francisco Vidal, ministro del Interior , en declaraciones formuladas el pasado 29 de julio, señala lo siguiente: ‘Que, de las veinte comunas con mayores tasas de denuncias de delitos de alta connotación, trece las dirigen los alcaldes de la Alianza por Chile, mientras que, de las veinte comunas con menores tasas de estas denuncias, dieciséis las encabezan los ediles del oficialismo’. Estas declaraciones son desafortunadas, toda vez que, por mandato constitucional, la seguridad interna de todo el país se encuentra a cargo del propio Ministro del Interior , por lo que es evidente que, si se comete un mayor número de delitos en comunas cuyos alcaldes pertenecen a la Alianza por Chile, quien debe responder por este hecho es, primeramente, el Ministro del Interior , y no los alcaldes. Es él quien debe subsanarlo, pues, de lo contrario, discriminaría al otorgar, en materia de seguridad, más recursos técnicos y humanos a las comunas en donde los alcaldes son de Gobierno.
Que los hechos delictivos que han causado alarma pública -como los asaltos a hogares con toma de rehenes y, en un caso, en Viña del Mar, con resultado de asesinato del dueño de casa-, donde participan menores de edad con un alto grado de violencia y, en un gran porcentaje, bajo los efectos del alcohol y de las drogas, hacen necesario replantear los objetivos, planes y medidas de prevención en materia delictiva.
Que la fuga de un delincuente de mucha peligrosidad de la cárcel de alta seguridad de Valparaíso, en circunstancias no del todo esclarecidas, hablan de negligencia en la custodia de ese tipo de presos. Esto ha sacado a la luz pública la grave crisis penitenciaria, la cual presenta serios problemas económicos en el personal de gendarmería y con una población penitenciaria donde el 50% de los internos son reincidentes de delitos, con escasos programas de rehabilitación. Ello demuestra claramente que el sistema penitenciario se encuentra colapsado o pronto a colapsar.
Que la conclusión de estos hechos no es otra que, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo realizado en materia de seguridad ciudadana, con planes novedosos como los denominados Plan Cuadrante o Comuna Segura, las fuerzas policiales y de gendarmería todavía son insuficientes, en cantidad de personal y en recursos materiales de infraestructura y equipamiento, para los efectos de dar efectivamente la seguridad necesaria a todos los habitantes del país, cualquiera que sea su ubicación geográfica y la comuna en donde vivan.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Subrayar la plena vigencia de las disposiciones constitucionales y legales que radican en el Supremo Gobierno la obligación y la responsabilidad por la seguridad pública y la de los ciudadanos en el legítimo goce de sus derechos, en especial, el de la vida, de la integridad física y de la propiedad sobre sus bienes, como asimismo establecen la subordinación exclusiva de las fuerzas policiales de Carabineros y de Investigaciones, tanto como las de Gendarmería, a las autoridades del Supremo Gobierno, en particular a través de los Ministerios del Interior , de Defensa Nacional y de Justicia.
2. Destacar la obligación que recae en cada ciudadano de colaborar con la tarea del Gobierno, prestando toda la cooperación que le sea posible para reforzar la seguridad pública y la de todas las personas.
3. Resaltar la importancia de la colaboración que deben prestar los gobiernos comunales a las tareas de seguridad pública y ciudadana, sin perjuicio de que, por ningún motivo, les está autorizada la formación de grupos armados paralelos a los policiales. Su trabajo debe ser de colaboración y de complementación al de las instituciones policiales, armadas legalmente para estos efectos.
4. Solicitar del Supremo Gobierno que incluya en el Presupuesto de 2006 todos los recursos necesarios para contar con fuerzas policiales y de gendarmería suficientes para proporcionar una adecuada y suficiente protección a la población chilena, sus instituciones y sus bienes.
Asimismo, que elabore un plan de construcción de cárceles públicas que permitan albergar a la población penal en condiciones dignas y de seguridad y que facilite a los presos alcanzar una razonable rehabilitación para reinsertarse en la sociedad.
5. Señalar que, para restablecer la tranquilidad de nuestros barrios, es necesaria una mayor coordinación entre las instituciones públicas involucradas en la seguridad ciudadana, fomentar un mayor compromiso de la comunidad con las acciones necesarias, incrementar la descentralización a fin de dar soluciones adecuadas a la realidad de cada región, de cada comuna y de cada barrio, así como intensificar la transparencia, la medición y la rendición de cuentas en la gestión de la seguridad ciudadana.”
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , en consideración al ánimo que ha informado el debate, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para hacer un solo proyecto con las partes resolutivas de ambos proyectos de acuerdo, el de la Alianza por Chile y el de la Concertación. Con ello, la Cámara aparecería votando un texto en común.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Burgos? Si no lo hay, deberemos votar ambos proyectos por separado.
No hay acuerdo.
En votación el proyecto de acuerdo Nº 689.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 690.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 690, del señor Bustos, de la señora Isabel Allende, de los señores Ortiz y Accorsi, de la señora Ximena Vidal, de los señores Pérez, don José; Encina, Valenzuela y Burgos, de la señora Eliana Caraball y de los señores Salas y Hales.
“Considerando:
La política de fortalecimiento de las instituciones policiales.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Reconocer el importante esfuerzo desarrollado desde la década de 1990, en orden a incrementar los recursos destinados a fortalecer a las Policías, lo que se ha expresado en aumentos constantes de los presupuestos, vehículos y dotación de personal;
2. Destacar el desvelo diario de Carabineros y de la Policía Civil en la lucha contra la delincuencia;
3. Manifestar la necesidad de continuar con la política de vigorización de las instituciones policiales, al objeto de reducir los déficit de personal que aún persisten, y
4. Solicitar al Gobierno el estudio de nuevos procedimientos que den cuenta de las particularidades de las zonas rurales y de sus necesidades, de modo que la distribución, en el nivel nacional, del personal y de las unidades policiales, la que, en la actualidad, obedece a criterios netamente técnicos y de buena gestión, incorpore variables sociales, propias de estos sectores.”
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.55 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. (boletín Nº 3968-12)
“Honorable Cámara de Diputados:
I. ANTECEDENTES.
El 5 de octubre de 1993, se publicó la ley Nº 19.253, con la cual el Estado chileno realizó un hito histórico, al reconocer legalmente la existencia de los Pueblos indígenas que habitan su territorio y crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
La Ley Indígena valora la existencia de los Pueblos Indígenas, su integridad y desarrollo, sus costumbres y valores. Señala, además, que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando medidas adecuadas para tales fines. Señala la ley que específicamente se deberán proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.
Gracias a esta ley, y no exentos de dificultades, hemos podido recorrer un camino de conocimiento y de reconocimiento mutuo. Los resultados se han expresado en instituciones, esfuerzos, logros y desarrollos culturales. Hay más de 2.500 comunidades indígenas, más de 1.000 asociaciones indígenas que han sido reconocidas jurídicamente y se han establecido nueve Áreas de Desarrollo Indígena.
II. FUNDAMENTOS.
Los Mapuche lafkenche, han habitado ancestralmente el territorio del borde costero de la VIII, IX y X regiones. Su modo de relación con dicho medio es integral, lo que ha determinado la configuración de toda su cultura y orden social por siglos. Sin embargo, hasta hoy, esta forma de vida ancestral no ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico chileno.
Por una parte, las normas de afectación de espacios del borde costero mediante la normativa de las concesiones marítimas, es genérica y no contempla figuras jurídicas que reconozcan en forma específica el derecho de las comunidades costeras de pueblos originarios a los espacios que han utilizado consuetudinariamente.
Por otro lado, la Ley General de Pesca y Acuicultura, con una visión de conservación de los recursos hidrobiológicos, creó figuras de protección de espacios marinos, como los parques y las reservas marinas, que no permiten grados de explotación o los permiten en forma limitada y transitoria, sin la posibilidad de ser traspasados a particulares. Asimismo, la ley creó las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos que son entregadas a organizaciones de pescadores artesanales para la explotación de los recursos bentónicos conforme a un plan de manejo. Dicha figura ha permitido una correcta utilización y administración de los recursos bentónicos logrando fortalecer las capacidades organizacionales de la pesca artesanal. Sin embargo, y atendido su objetivo, las áreas de manejo no han dado cuenta del uso ancestral, tanto cultural, económico y religioso, entre otros, que del borde costero han realizado los pueblos originarios del país, y en especial las comunidades lafkenche, y tampoco han contribuido al funcionamiento de sus organizaciones.
En definitiva, en la actualidad, ninguna de las figuras del ordenamiento jurídico vigente asume las particularidades de la relación de las comunidades de los pueblos originarios con los recursos costeros que son fundamentales para su subsistencia. Como consecuencia de la visión parcial que las informa, han generado dificultades en el acceso de dichas comunidades al borde costero.
Atendido lo anterior, y dado que nuestro ordenamiento jurídico debe dar cuenta de la realidad social y cultural de todos sus habitantes, de la riqueza ancestral que envuelve a nuestros pueblos originarios, y luego de un proceso de análisis de las situaciones que han sido planteadas reiteradamente y en diversas instancias por las comunidades lafkenche, se pretende configurar a través del presente proyecto de ley una nueva figura administrativa denominada Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios, con la cual se reconozcan los espacios territoriales del borde costero que han sido de uso ancestral.
III. PRINCIPIOS DEL PROYECTO.
El proyecto de ley se basa en ciertos principios que informan el contenido de la figura administrativa que se crea: la exclusividad, voluntariedad, asociatividad, gratuidad y respeto a derechos constituidos.
La exclusividad se traduce en el reconocimiento que se pretende realizar a través de esta figura al uso consuetudinario que han realizado los pueblos originarios de los recursos costeros. De este modo, el espacio costero marino de pueblos originarios sólo admite como sujetos titulares a asociaciones de comunidades indígenas constituidas de conformidad con la Ley N° 19.253 y, excepcionalmente, a comunidades indígenas.
Por su parte, el acceso a esta nueva figura es voluntaria por parte de los pueblos originarios, pudiendo mantenerse, si así lo estiman conveniente, al amparo de otras figuras de afectación o someterse a ellas conforme al ordenamiento jurídico vigente, siendo esta nueva figura una opción que podrán ejercer libremente, pero que no les niega el acceso al resto de las instituciones de afectación, actuales o futuras, que se contemplen en el ordenamiento jurídico.
La asociatividad se funda en el hecho que el uso consuetudinario de los recursos ha sido normalmente compartido por los integrantes de diversas comunidades, lo que justifica que se admita en el proyecto de ley que el sujeto titular del espacio costero marino de pueblos originarios, sea una asociación de comunidades. Se asumen de este modo la realidad que se pretende reconocer, facilitando el acceso a todos quienes pueden invocar su vinculación con el área de que se trata, lo que se ve garantizado en el proceso de asignación del espacio costero marino de pueblos originarios.
Asimismo, y dado que el sentido de esta nueva figura es reconocer el uso consuetudinario de los recursos costeros que han realizado los pueblos originarios, no se prevé el pago de tributos por la entrega en administración de los espacios costeros marinos de pueblos originarios.
Finalmente, y atendido el estado actual de afectación de áreas del borde costero, la nueva figura que se crea debe respetar los derechos legalmente constituidos a la fecha en que se solicita la declaración de un espacio costero marino de pueblos originarios, lo que garantiza que la aplicación de esta figura no genere conflictos con otros usuarios del borde costero. En este ámbito, resultan particularmente relevantes los actuales procesos de zonificación del borde costero del litoral, a través de los cuales pueden ser resguardados los espacios que resultan de interés de las comunidades de pueblos originarios.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley que someto a la consideración de esta H. Corporación, crea una nueva categoría jurídica, denominada espacio marino costero de pueblos originarios.
Dicho espacio costero marino de pueblos originarios deberá comprender una porción de agua y fondo, playa y terrenos de playa fiscales, que han utilizado las comunidades indígenas ancestralmente. La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios atenderá, por una parte, al uso consuetudinario que se invoque para solicitar su declaración y, por otra, al uso que se pretende dar a dicho espacio por parte de la asociación de comunidades, pudiéndose comprender usos de diversa naturaleza, así como las áreas de resguardo de los recursos incluidos en el espacio costero marino de pueblos originarios.
El establecimiento del espacio costero marino de pueblos originarios deberá basarse en el uso consuetudinario que sea invocado, para lo cual se prevé en el procedimiento la elaboración de un informe que dé cuenta de dicho uso. El uso consuetudinario puede comprender, entre otros, el uso extractivo, religioso, simbólico y medicinal.
En materia de administración del espacio costero marino de pueblos originarios, se prevé su entrega a una asociación de comunidades indígenas que invocan el uso consuetudinario y, excepcionalmente, a una comunidad indígena, en el caso que sólo ella hubiere ejercido el uso consuetudinario. Debe destacarse que la administración es sometida a la ejecución de un plan de administración que deberá ser aprobado por una comisión intersectorial, la que estará integrada por los organismos vinculados a los usos que se pretenda realizar en el espacio costero marino de pueblos originarios. Por su parte, en el caso que se prevea en el plan de administración el ejercicio del uso extractivo (pesca), deberá contemplarse un plan de manejo que garantice la conservación de los recursos hidrobiológicos del espacio costero marino de pueblos originarios.
En materia de declaración y entrega del espacio costero, se prevé que sea la Subsecretaría de Pesca la encargada de llevar adelante el procedimiento, previa solicitud de la asociación de comunidades interesada. Pero se contempla en el procedimiento administrativo un informe de la Conadi para establecer el uso consuetudinario, una consulta a otras comunidades indígenas próximas al espacio solicitado y un pronunciamiento de la Comisión Regional de uso del borde costero, a fin de lograr en una sola instancia la compatibilización de esta afectación con los otros usos que ya se encuentran establecidos.
Agotadas las etapas anteriores, la Subsecretaría de Pesca deberá presentar el expediente al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina , el que en un mismo acto, deberá declarar el espacio costero marino de pueblos originarios y entregarlo en destinación a la Subsecretaría de Pesca, para que ésta, a su vez, y previa aprobación del plan de administración por una comisión intersectorial, lo entregue en administración mediante un convenio de uso a la asociación de comunidades asignataria.
Atendido que el espacio costero marino de pueblos originarios se entrega en administración a una asociación de comunidades que invoca el uso consuetudinario y, por ende, no es indiferente quien sea su titular, en caso que la asociación de comunidades o la comunidad indígena se disuelva, se prevé el término del espacio costero marino de pueblos originarios que se hubiere declarado y entregado. Asimismo, se sanciona con el término del espacio costero marino de pueblos originarios el incumplimiento del plan de manejo que haya afectado gravemente la conservación de los recursos hidrobiológicos.
En materia de conflictos de uso, se establece la autonomía del titular para resolver los que surjan entre sus miembros entregando al plan de administración la solución de aquellos que se originen con usuarios externos y a la autoridad competente conforme al reglamento en los demás casos.
Se crean infracciones para el titular del espacio costero marino de pueblos originarios y para los usuarios que, sin ser parte del titular, estén contemplados como tales en el plan de administración.
El proyecto deja la especificación del procedimiento y del plan de administración a la dictación de un reglamento de los Ministerios de Planificación y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Finalmente, el proyecto de ley establece las bases para el procedimiento de asignación de este espacio costero, el cual deberá ser complementado por su respectivo reglamento.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Título I
Ámbito y definiciones
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación de la ley. A las disposiciones de la presente ley quedará sometida la declaración, destinación, administración y término de todo espacio costero marino de los pueblos originarios de que se trata en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Asociación de comunidades indígenas: agrupación de dos o más comunidades indígenas constituidas de conformidad con la ley N° 19.253, todas las cuales deberán, a través de sus representantes, suscribir una misma solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios.
b) Comisión Regional de Uso del Borde Costero o comisión: comisión creada como instancia de coordinación en la aplicación de la política de uso del borde costero del litoral aprobada por D.S. N° 475 de 1994 del Ministerio de Defensa Nacional, integrada por representantes de los ministerios y de los servicios públicos regionales con competencias sobre el borde costero o cuyas funciones tienen incidencia en él, creadas en cada región por el Intendente Regional.
c) Comunidad indígena o comunidad: las comunidades indígenas constituidas de conformidad con la Ley N° 19.253.
d) Conadi: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
e) Espacio costero marino de pueblos originarios: espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a asociaciones de comunidades indígenas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio.
f) Subsecretaría: Subsecretaría de Pesca.
Artículo 3º.- Espacio costero marino de pueblos originarios. Créase el espacio costero marino de pueblos originarios cuyo objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de estas comunidades vinculadas al borde costero. El espacio costero marino de pueblos originarios será declarado por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina , y entregado en destinación a la Subsecretaría de Pesca, quien suscribirá el respectivo convenio de uso con la comunidad o asociación de comunidades asignatarias.
Artículo 4º.- Extensión del espacio costero marino de pueblos originarios. El espacio costero marino de pueblos originarios comprenderá playas de mar, terrenos de playa fiscales, porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías.
La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios deberá considerar el uso consuetudinario que se ha realizado en él de conformidad con el artículo 6º, así como los usos que el solicitante pretenda incluir en el plan de administración, los que deberán ser indicados en la solicitud de declaración, conforme lo señalado en el artículo 7º.
Artículo 5º.- Administración del espacio costero marino de pueblos originarios. La administración del espacio costero marino de pueblos originarios deberá asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades conforme a un plan de administración aprobado por la Comisión intersectorial a que se refiere el artículo 11.
Podrán acceder a la administración de los espacios costeros marinos de pueblos originarios las asociaciones de comunidades indígenas, compuestas de dos o más comunidades indígenas, las que administrarán conjuntamente el espacio costero marino de pueblos originarios, conforme a un plan de administración aprobado en la forma señalada en el artículo 11.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá acceder a la administración de un espacio costero marino de pueblos originarios una comunidad indígena en el caso en que se constate que sólo ella ha realizado el uso consuetudinario del espacio y no existen otras comunidades vinculadas él.
Artículo 6º.- Uso consuetudinario. La declaración del espacio costero marino de pueblos originarios deberá fundarse siempre en el uso consuetudinario del mismo que han realizado los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad solicitante.
Se entenderá por uso consuetudinario las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según corresponda, de manera habitual y que son reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura.
El uso consuetudinario podrá comprender, entre otros, usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales.
Título II
Procedimiento de declaración
Artículo 7º.- Inicio del procedimiento de declaración del espacio costero marino de pueblos originarios. El procedimiento de declaración se iniciará por una asociación de comunidades indígenas o comunidad en el caso señalado en el inciso 3° del artículo 5, según corresponda, mediante solicitud presentada ante la Subsecretaría, la que deberá indicar los fundamentos que justifican el uso consuetudinario del espacio costero marino de pueblos originarios por parte del solicitante y los usos que pretendan ser incorporados en el plan de administración. La solicitud deberá contener los antecedentes señalados en el reglamento.
Recibida la solicitud, la Subsecretaría verificará, en el plazo de un mes, si se sobrepone a concesiones de acuicultura o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. En caso de constatarse una sobreposición con concesiones de acuicultura o áreas de manejo otorgadas que impidan absolutamente el otorgamiento del espacio costero marino de pueblos originarios, se comunicará esta circunstancia al solicitante, dictando una resolución denegatoria al efecto. En caso que la sobreposición sea parcial, la Subsecretaría propondrá al solicitante una modificación del espacio costero marino de pueblos originarios.
No impedirá el inicio del procedimiento la sobreposición que se verifique con una concesión de acuicultura o área de manejo otorgada a la comunidad solicitante, en el caso del artículo 5° inciso 3°. En tal caso, la concesión o área de manejo deberá ser dejada sin efecto expresamente en el acto de declaración y destinación del espacio costero marino de pueblos originarios.
Artículo 8º.- Informe sobre el uso consuetudinario y consultas. En caso que no exista sobreposición con concesiones de acuicultura o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante o se encuentre en el caso del inciso final del artículo anterior, la Subsecretaría remitirá la solicitud a la Conadi para que ésta emita, en el plazo de un mes, un informe que acredite el uso consuetudinario invocado por el solicitante. Dicho informe deberá contener los requisitos que establezca el reglamento.
En caso que el informe de la Conadi no dé cuenta del uso consuetudinario, deberá comunicarlo al solicitante, el que dispondrá del plazo de un mes, contado desde la notificación, para interponer un recurso de reclamación ante el Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación tendrá el plazo de un mes para resolver la reclamación, oyendo a una institución externa.
Si el Ministerio de Planificación rechaza el recurso de reclamación, remitirá los antecedentes a la Subsecretaría para que ésta rechace la solicitud por resolución fundada sin más trámite.
En caso que el informe de Conadi establezca la efectividad del uso consuetudinario invocado por el solicitante, o el Ministerio de Planificación hubiere acogido el recurso de reclamación en su caso, la Conadi deberá someter inmediatamente a consulta de las comunidades indígenas próximas al espacio costero marino de pueblos originarios el establecimiento del mismo. El resultado de esta consulta, deberá ser remitido a la Subsecretaría en el plazo de dos meses contados desde la emisión del informe respectivo o de la resolución que acogió el recurso de reclamación, según corresponda.
En caso que exista otra u otras comunidades indígenas que también hubieren ejercido el uso consuetudinario del espacio costero marino de pueblos originarios solicitado, podrán asociarse con el solicitante a fin de administrar conjuntamente o deberán ser comprendidas como usuarios en el plan de administración.
En caso que una o más comunidades consultadas no emitan pronunciamiento en el plazo de un mes contado desde el requerimiento, se entenderá que no existen observaciones al establecimiento del espacio costero.
La Subsecretaría deberá someter el establecimiento del espacio costero a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Dicha Comisión contará con el plazo de un mes para emitir su pronunciamiento, el que deberá ser suscrito por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Vencido dicho plazo, se entenderá emitido un pronunciamiento favorable.
La Comisión podrá aprobar, rechazar o proponer modificaciones fundadas al espacio costero marino, las que serán consideradas por la Subsecretaría para solicitar la declaración del mismo.
En todo caso, el rechazo a la declaración del espacio costero marino de pueblos originarios por parte de la Comisión deberá emitirse por resolución fundada en causa legal.
Dicha resolución será comunicada por al Subsecretaría al solicitante en el plazo de 10 días hábiles. Podrá reclamarse de dicha resolución ante la Comisión, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la resolución denegatoria. El recurso deberá ser resuelto en el plazo de un mes contado desde su presentación.
Artículo 9º.- Declaración y destinación del espacio costero marino de pueblos originarios. Con el pronunciamiento aprobatorio o con las modificaciones propuestas por la Comisión, la Subsecretaría deberá, en el plazo de diez días hábiles, presentar los antecedentes del espacio costero marino de pueblos originarios al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina , junto con un informe técnico que dé cuenta de la delimitación conforme al reglamento, a fin de solicitar la declaración del área y su destinación.
Al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina , le corresponderá la declaración del espacio costero marino de pueblos originarios, debiendo identificar la asociación de comunidades o comunidad, en su caso, que podrán acceder a la administración y otorgarlo en destinación a la Subsecretaría en el mismo decreto. La solicitud de la Subsecretaría será resuelta por el Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Marina, dentro del plazo de dos meses contados desde la presentación. Un extracto del decreto que declara y destina el espacio costero será publicado en el Diario Oficial, en el plazo de tres meses contados desde su total tramitación.
Artículo 10.- Criterios de decisión entre solicitudes incompatibles. En caso que la misma área solicitada como espacio costero marino de pueblos originarios hubiere sido objeto de una solicitud de afectación para otros fines, se deberá suspender su tramitación hasta que se emita el informe del uso consuetudinario elaborado por la Conadi o hasta que se resuelva el recurso de reclamación que se hubiere interpuesto en su contra.
En caso que el informe de la Conadi no dé cuenta del uso consuetudinario y se hubiere rechazado el recurso de reclamación respectivo, se dará curso a la solicitud suspendida sin más trámite. En caso que el informe de la Conadi dé cuenta del uso consuetudinario, se deberá preferir la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, sin perjuicio que el titular de la solicitud rechazada pueda ser considerado como usuario en el plan de administración, previo acuerdo con la asociación de comunidades solicitante o comunidad, según corresponda.
Título III
Planes y Convenios
Artículo 11.- Plan de administración. Dentro del plazo de un año contado desde la declaración del espacio costero marino de pueblos originarios, el asignatario deberá presentar ante la Subsecretaría un plan de administración que deberá comprender los usos y las actividades que serán desarrolladas en él. El asignatario podrá solicitar una prórroga de plazo hasta por dos meses contados desde el vencimiento del plazo original.
El plan de administración deberá contener, los siguientes elementos:
a) Usos a realizar en el espacio costero marino de pueblos originarios, con indicación de períodos, cuando corresponda;
b) Usuarios que no sean integrantes de la comunidad o asociación de comunidades asignataria cuyas actividades se encuentren contempladas en el plan de administración;
c) En caso que se contemple la explotación de recursos hidrobiológicos, deberá comprender un plan de manejo conforme a los requisitos señalados en el reglamento; y
d) Los demás requisitos que establezca el reglamento.
El plan de administración deberá ser aprobado por una comisión intersectorial en el plazo de dos meses contados desde su presentación. La aprobación constará por resolución de la Subsecretaría.
La comisión intersectorial estará integrada por representantes del Ministerio de Planificación, de la Subsecretaría de Marina y de Pesca, de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Conadi.
El plan de administración deberá comprender la entrega a la Subsecretaría de informes de actividades. El contenido, periodicidad, y requisitos de dichos informes así como las observaciones, la incorporación de nuevos recursos hidrobiológicos y otras modificaciones del plan de manejo derivadas del estado de situación del espacio costero marino de pueblos originarios, serán establecidos por reglamento.
La Subsecretaría deberá aprobar o rechazar los informes de actividades por resolución en el plazo de tres meses contados desde su presentación.
Artículo 12.- Convenio de uso. Aprobado el plan de administración y el plan de manejo en su caso, la Subsecretaría deberá suscribir el convenio de uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria en el plazo de un mes contado desde dicha aprobación.
El convenio de uso tendrá carácter indefinido, salvo que se constaten las causales señaladas en el artículo 13, en cuyo caso la Subsecretaría deberá ponerle término.
Título IV
Término y conflictos
Artículo 13.- Término del espacio costero marino de pueblos originarios. La declaración del espacio costero marino de pueblos originarios así como la destinación y el convenio de uso, tendrán el carácter de indefinidos, salvo que se constaten las siguientes causales:
a) Incumplimiento del plan de manejo que haya afectado gravemente la conservación de los recursos hidrobiológicos del espacio costero marino de pueblos originarios, constatado mediante los resultados de los informes de actividades. El término no se configurará cuando a través de los informes de actividades se constate que la asociación de comunidades o comunidad, en su caso, adoptó acciones específicas dirigidas a revertir los resultados desfavorables obtenidos en los períodos previos a la constatación de la causal.
b) Disolución de la asociación de comunidades o comunidad asignataria del área.
En los casos señalados precedentemente, la Subsecretaría deberá comunicar la circunstancia de haberse constatado la causal respectiva a la asociación de comunidades o comunidad, en su caso, para que ésta aporte los antecedentes que permitan evaluar la efectividad de la causal invocada.
En caso que la Subsecretaría rechace lo manifestado por el titular, deberá dictar una resolución de la cual se podrá reclamar ante el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el plazo de un mes contado desde su notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de un mes contado desde su interposición.
Rechazado el recurso de reclamación o en caso de no haberse interpuesto, la Subsecretaría deberá poner término inmediato al convenio de uso y comunicará dicha circunstancia al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina para que se deje sin efecto el decreto que declaró el espacio costero marino de pueblos originarios y otorgó la destinación respectiva.
Artículo 14.- Conflictos de uso del espacio costero marino de pueblos originarios. Los conflictos de uso que se susciten entre los miembros de la asociación de comunidades o comunidad asignataria, se resolverán conforme a lo previsto en el estatuto de la organización.
Los conflictos de uso que se susciten entre la asociación de comunidades o comunidad asignataria y otros usuarios, estén o no comprendidos en el plan de administración, serán resueltos conforme a este último. En caso de que el plan de administración no contemple un procedimiento o aplicado éste persiste el conflicto, resolverá la autoridad competente conforme al reglamento.
Título V
Infracciones
Artículo 15.- Infracciones. La asociación de comunidades o comunidad asignataria será sancionada conforme al artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en los siguientes casos:
a) Por contravenir el plan de administración sea por el ejercicio de usos y actividades no autorizadas, o se impida el uso a quienes hubieren sido reconocidos por él;
b) Por impedir el acceso al espacio costero marino de pueblos originarios a cualquier persona o impedir el tránsito o la libre navegación por el espacio costero marino de pueblos originarios.
Serán sancionados de la misma forma, los usuarios que sin ser integrantes de la comunidad o asociación de comunidades asignataria y que se encuentren contemplados en el plan de administración, lo contravengan en cualquier forma. En este caso, si en el plazo de un año son sancionadas tres infracciones, la asociación de comunidades o comunidad asignataria podrá solicitar a la Subsecretaría que sea dejada sin efecto la calidad de usuario del infractor en el plan de administración.
Las infracciones serán cursadas por la Autoridad Marítima o Servicio Nacional de Pesca, según corresponda y serán aplicadas de conformidad con el párrafo 2° del Título IX de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Título VI
Disposición final
Artículo 16.- Reglamento de la presente ley. El reglamento a que se refiere la presente ley será dictado por los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Planificación. Deberá dictarse en el plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de ella.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; YASNA PROVOSTE CAMPILLAY , Ministra de Planificación ; JORGE RODRÍGUEZ GROSSI , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN ; Ministro de Hacienda ; JAIME RAVINET DE LA FUENTE, Ministro de Defensa ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de agosto de 2005.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que autoriza erigir, en la ciudad de Melipilla, un monumento en memoria del Padre Demetrio Bravo Santibáñez , correspondiente al Boletín Nº 3.821-04.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5710, de 13 de julio de 2005.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de agosto de 2005.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio de las enmiendas al Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, adoptadas por la Resolución A.910 (22), el 29 de noviembre de 2001, de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI), en su 22º Período de Sesiones, correspondiente al boletín Nº 3.752-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5551, de 10 de mayo de 2005.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Oficio del Senado. Autoriza la erección de un monumento en la comuna de Puyehue, en homenaje a Su Santidad Juan Pablo II . (boletín Nº 3828-04) (S)
“Valparaíso, 30 de agosto de 2005.
Con motivo de la Moción e informe que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento en el Paso Cardenal Samoré , Comuna de Puyehue, X Región, en memoria de Su Santidad Juan Pablo II, don Karol Józef Wojtyla .
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que se crea por el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un Fondo con el objetivo de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el inciso anterior.
Artículo 4°.- Créase una Comisión Especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por dos Senadores y dos Diputados, designados por sus respectivas Cámaras; el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales y el Cardenal Arzobispo de Santiago.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo.
b) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
c) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
d) Administrar el Fondo creado por el artículo 3° y abrir una cuenta corriente especial para su gestión.
Artículo 6°.- Si al concluir la construcción del monumento resultan excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión Especial determine.
Artículo 7°.- El monumento deberá erigirse en el plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiese ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la Comisión establezca.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Oficio del Senado. Autoriza la erección de un monumento en la comuna de Santiago, en homenaje a Su Santidad Juan Pablo II . (boletín Nº 3829-04) (S)
“Valparaíso, 30 de agosto de 2005.
Con motivo de la Moción e informe que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Santiago, en memoria de su Santidad Juan Pablo II, don Karol Józef Wojtyla .
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que se crea por el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un Fondo con el objetivo de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el inciso anterior.
Artículo 4°.- Créase una Comisión Especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por dos Senadores y dos Diputados, designados por sus respectivas Cámaras; el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales y el Cardenal Arzobispo de Santiago.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo.
b) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
c) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
d) Administrar el Fondo creado por el artículo 3° y abrir una cuenta corriente especial para su gestión.
Artículo 6°.- Si al concluir la construcción del monumento resultan excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión Especial determine.
Artículo 7°.- El monumento deberá erigirse en el plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiese ejecutado la
obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la Comisión establezca.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
6. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (boletín Nº 1394-13)
?Honorable Senado
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el epígrafe.
El Senado, en sesión de fecha 20 de julio de 2005, nombró como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables señores Senadores miembros de su Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 2 de agosto de 2005, designó para este objetivo a los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Sergio Correa de la Cerda , Pedro Muñoz Aburto , Rodolfo Seguel Molina y Carlos Vilches Guzmán .
Posteriormente, los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Rodolfo Seguel Molina y Carlos Vilches Guzmán , fueron reemplazados por los Honorables Diputados señores Leopoldo Sánchez Grunert , Boris Tapia Martínez y Pablo Galilea Carrillo , respectivamente.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 10 de agosto de 2005, con la asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Carlos Bombal Otaegui , Julio Canessa Robert , Antonio Horvath Kiss , Augusto Parra Muñoz y José Ruiz De Giorgio , y Honorables Diputados señores Sergio Correa de la Cerda, Pablo Galilea Carrillo , Pedro Muñoz Aburto , Leopoldo Sánchez Grunert y Boris Tapia Martínez . Eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Carlos Bombal Otaegui , quien lo es también de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
-o-
MATERIA DE LA DIVERGENCIA
La controversia se ha originado en el rechazo del Senado, en tercer trámite constitucional, a la modificación introducida por la Cámara de Diputados, en segundo trámite, al proyecto aprobado por aquél en primer trámite.
A continuación, se describe la diferencia suscitada entre ambas Corporaciones durante la tramitación del proyecto, así como los acuerdos adoptados al respecto.
Artículo único
Número 2
El Senado, en primer trámite constitucional, modificó el artículo 67 del Código del Trabajo que, en su inciso primero, otorga derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra, a los trabajadores con más de un año de servicio. Su inciso segundo añade que el feriado se concederá de preferencia en primavera o verano.
El número 2, en análisis, es del siguiente tenor:
“2.- Intercálase en el artículo 67, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
“Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tendrán derecho a un feriado anual de veinte días hábiles.”.”.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite, intercaló, entre las palabras “Chilena” y “tendrán”, la frase “, y en la Provincia de Palena ”.
El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación de la Cámara de Diputados.
Al iniciarse el análisis de la materia, el Honorable Senador señor Horvath manifestó que participó del acuerdo de la Sala del Senado, en orden a rechazar la enmienda de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que este asunto fuera resuelto por una Comisión Mixta, por las siguientes razones:
La zona austral del país, específicamente la Provincia de Palena y las Regiones de Aysén y de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha sido objeto de una sistemática política de legislación específica para incentivar su desarrollo, en atención, entre otros factores, a su condición de aislamiento geográfico y mayor costo de la vida.
En consecuencia, resulta lógico y justo que en el beneficio propuesto originalmente se incluya, además de la Provincia de Palena , a la Región de Aysén, puesto que las condiciones especiales antedichas son las mismas para toda esta macro zona.
Su Señoría agregó que también debe tenerse en consideración que los funcionarios públicos del área en cuestión ya gozan de un feriado anual aumentado en cinco días hábiles, por lo que resulta pertinente que, para producir una situación de equilibrio, se dé similar tratamiento a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. Más aun, que en razón del aislamiento de esta zona austral todos los trabajadores, al hacer uso del feriado para trasladarse a otras zonas del país, deben consumir parte importante de él en dicho desplazamiento, sumado al alto costo del mismo, circunstancias que constituyen limitantes al ejercicio del derecho al descanso anual.
Por último, el señor Senador expresó que, si bien la discrepancia específica entre ambas Cámaras consiste en incluir o no a la Provincia de Palena en la normativa del proyecto ya aprobado, la forma y modo de resolver tal discrepancia, de manera equitativa, es incluyendo a la Provincia de Palena y a la Región de Aysén, por las razones señaladas precedentemente.
En la misma línea anterior, los Honorables Diputados señores Galilea ( don Pablo) y Sánchez , señalaron que, incluso, durante la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados, propusieron en la Sala la incorporación de la Región de Aysén a esta normativa, lo que no se logró, puesto que, en ese momento, se requería de la unanimidad, que no se obtuvo por la oposición de un señor Diputado , quien sólo lo hizo para no retrasar el despacho del proyecto.
Cabe señalar que, al término del análisis de este asunto, la Comisión Mixta estuvo conteste en que la forma y modo de resolver la discrepancia consiste en proponer la incorporación, al texto ya aprobado por ambas Cámaras, de la Región de Aysén y de la Provincia de Palena.
-Puesta en votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Bombal , Canessa , Horvath , Parra y Ruiz De Giorgio , y Honorables Diputados señores Correa , Galilea (don Pablo) , Muñoz , Sánchez y Tapia .
-o-
PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En mérito de lo expuesto, y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros salvar la diferencia entre ambas ramas del Congreso Nacional, del siguiente modo:
Artículo único
Número 2
Intercalar, entre las palabras “Chilena” y “tendrán”, lo siguiente: “, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, y en la Provincia de Palena ,”.
-o-
Finalmente, cabe hacer presente, a título meramente informativo, que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
1. Intercálase el siguiente artículo 63 bis, nuevo:
“Artículo 63 bis.- En caso de término del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a pagar todas las remuneraciones que se adeudaren al trabajador en un solo acto al momento de extender el finiquito. Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las remuneraciones adeudadas y dicho pacto se regirá por lo dispuesto en la letra a) del artículo 169.”.
2. Intercálase en el artículo 67, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
“Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, y en la Provincia de Palena , tendrán derecho a un feriado anual de veinte días hábiles.”.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2005, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bombal Otaegui ( Presidente ), Julio Canessa Robert , Antonio Horvath Kiss , Augusto Parra Muñoz y José Ruiz De Giorgio , y de los honorables diputados señores Sergio Correa de la Cerda, Pablo Galilea Carrillo , Pedro Muñoz Aburto , Leopoldo Sánchez Grunert y Boris Tapia Martínez .
Sala de la Comisión Mixta, a 12 de agosto de 2005.
(Fdo.): MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario de la Comisión Mixta ”.
7. Segundo Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, sobre el proyecto de ley que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de sectores que indica, y modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977. (boletín Nº 3689-12) (S).
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente pasa a informaros sobre el proyecto del epígrafe originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, cuya principal finalidad es regularizar ocupaciones irregulares en la II, IV, V, VII y VIII Regiones, que se ubican en la faja fiscal de ochenta metros, administrada por la Subsecretaría de Marina, mediante el sistema de concesiones marítimas.
Las localidades que se verían beneficiadas por la iniciativa legal son:
Caleta Huascar (II Región), Playa El Panteón (II Región), Puerto Aldea (IV Región, Pichicuy (V Región), San Juan Bautista (V Región), Caleta Pellines (VII Región), Caleta Gente de Mar (VIII Región), Tumbes (VIII Región), Playa de Lota (VIII Región), Puerto Sur, Puerto Norte y Puerto Inglés (VIII Región), Caleta Lo Rojas (VIII Región), Caleta El Morro (VIII Región), Caleta Lirquén (VIII Región), Caleta La Cata (VIII Región) y Caleta Hornos Caleros (VIII Región).
Cabe dejar constancia que los artículos 4º, 5º, 8º, 9º,10, 11, 13, 14, 15 y 16, no fueron objeto de indicaciones y en consecuencia, deben entenderse reglamentariamente aprobados.
I. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LAS INDICACIONES PRESENTADAS.
Participaron en la discusión, la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, señora Jacqueline Weinstein y la Fiscal, señora Pilar Vives .
Durante su discusión en la Sala, se sostuvo básicamente que el proyecto debería ser ampliado en el sentido de incorporar otros lugares que presentarían características similares, como asimismo, que sería necesario ampliar los plazos que se establecen para acceder a los beneficios que establece.
Con respecto al primer aspecto, la Subsecretaria de Bienes Nacionales señaló que dicha situación se encontraría resuelta en el artículo transitorio, en que se establece que se trata de una situación que viene siendo analizada desde hace diez años, por lo que no haría necesario ampliar el plazo.
Las indicaciones presentadas son las siguientes:
AL ARTÍCULO 1º
1. De lo señores Rojas, Hidalgo , Jofré y Leay, para sustituir en el artículo 1º,la letra a) por la siguiente:
“a) Caletas Huascar , Abtao, Errázuriz e Isla Santa María , de la comuna de Antofagasta; caletas Cifuncho y Papozo, de la comuna de Tal-Tal; caleta Hornito y poblado de Mejillones , de la comuna de Mejillones, todas pertenecientes a la provincia de Antofagasta, II Región de Antofagasta ;”
2. De los señores Hidalgo , Jofré y Rojas, para incorporar en el artículo 1º, las siguientes letras:
“o) Caleta Boca del Río Maipo, sector Tejas Verdes, comuna de San Antonio, V Región;
p) Caleta Pacheco Altamirano , sector norte paseo Bellamar , comuna de San Antonio, V Región;
q) Caleta San Pedro , sector Puerto Nuevo, comuna de Cartagena, V Región.”
3. De lo señores Rojas y Ulloa, para incorporar en el artículo 1º la siguiente letra nueva:
“..) Caleta Puerto Inglés y Cantera, comuna de Talcahuano, VIII Región del Bío-Bío.”
Las indicaciones anteriores fueron declaradas inadmisibles por el Presidente, en razón de tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al tenor de lo dispuesto por el artículo 62 de la Carta Fundamental.
AL ARTÍCULO 2º
De los señores Rojas, Hidalgo , Jofré , Leay y señora González , para reemplazar en el artículo 2º, inciso segundo, las palabras “noventa días” por “ 120 días”.
Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor y tres en contra.
AL ARTÍCULO 3º
Del señor Rojas, para reemplazar en el artículo 3º la frase “dentro de los noventa días” por “dentro de los 120 días”.
Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor y tres en contra.
AL ARTÍCULO 6º
De los señores Rojas y Ulloa , para agregar en el artículo 6º, entre la palabra “inmueble” y el punto aparte (“.”), la siguiente frase:
“, el que no podrá ser superior al valor de tasación fiscal de un inmueble de similar dimensión”.
En relación con esta indicación, la Subsecretaria de Bienes explicó que la formativa vigente contempla dos formas de enajenación de bienes fiscales. La primera a título gratuito y la segunda a título oneroso. En esa virtud, y de acuerdo con la normativa del Ministerio, ese tipo de ventas debe realizarse de acuerdo con el valor comercial y no corresponde establecer excepciones a la normativa que establece el decreto ley Nº 1.939, de 1977.
Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor y tres en contra.
AL ARTÍCULO 7º
De los señores Rojas, Ulloa y Norambuena , para reemplazar en el artículo 7º, inciso primero, las palabras “noventa días” por “ 120 días”.
Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor y tres en contra.
AL ARTÍCULO 12
De los señores Rojas, Ulloa y Norambuena , para reemplazar en el artículo 12, inciso primero, las palabras “noventa días” por “120 días”.
Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor y tres en contra.
AL ARTÍCULO TRANSITORIO
Del señor Rojas, para sustituir en el artículo transitorio la frase “de acuerdo a los procedimientos y normas de esta ley” por “de acuerdo a los procedimientos y articulado de la presente ley”.
Por tratarse de una modificación de carácter estrictamente formal, la Comisión acordó mantener la redacción y rechazó esta indicación por un voto a favor y tres en contra.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar los siguientes aspectos:
1. El proyecto no contiene normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado.
2. No es necesario que sea conocido nuevamente por la Comisión de Hacienda.
3. Las indicaciones al artículo 1º fueron declaradas inadmisibles, por incidir en materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República , al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 de la Carta Fundamental.
4. Cabe, asimismo, dejar constancia que la única modificación introducida al texto aprobado por el Senado, consiste en la introducción de un artículo transitorio.
5. Se designó Diputado Informante al señor Leopoldo Sánchez Grunert , Presidente de la Comisión .
III. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
Como ya se expresó, en el primer informe, el texto del Senado fue aprobado con la sola modificación que consistió en introducir un artículo transitorio y otras formales, que tienen por objeto uniformar los plazos en el sentido de que se expresaron todos con letras y modificar el orden del listado que contempla el artículo 1º, a fin de darle organicidad.
“PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- El Ministerio de Bienes Nacionales podrá, excepcionalmente, por el plazo que en esta ley se establece y previo informe favorable de la Comandancia en Jefe de la Armada , transferir en dominio a sus ocupantes, que sean personas naturales o jurídicas chilenas, los terrenos fiscales que se encuentran dentro de una faja de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa, situados en los siguientes sectores:
a) Caleta Huáscar, Comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, II Región de Antofagasta;
b) Playa El Panteón, Paso del Mar Junta Vecinal 22, Comuna de Tocopilla, Provincia de El Loa, II Región de Antofagasta ;
c) Localidad de Puerto Aldea , Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui , IV Región de Coquimbo;
d) Localidad de Pichicuy, Comuna de La Ligua, Provincia de Petorca, V Región de Valparaíso;
e) Localidad de San Juan Bautista, Isla Robinson Crusoe , Comuna de Juan Fernández , V Región de Valparaíso;
f) Caleta Pellines , Comuna de Constitución, Provincia de Talca , VII Región del Maule, y
g) Localidad de Tumbes, Comuna de Talcahuano, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
h) Localidad de Playa de Lota, Comuna de Lota, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
i) Localidad de Puerto Sur, Puerto Norte y Puerto Inglés en la Isla Santa María, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
j) Caleta Lo Rojas, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
k) Caleta El Morro, Comuna de Talcahuano, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío; y
l) Caleta Lirquén , Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
m) Caleta La Cata, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
n) Caleta Hornos Caleros, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bío;
ñ) Caleta Gente de Mar, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región del Bio Bio.
El informe deberá contemplar un análisis de riesgo de las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Para que proceda la transferencia del dominio contemplada en el artículo precedente, los ocupantes de los inmuebles señalados que cumplan con las condiciones y requisitos que esta ley dispone, deberán presentar ante el Ministerio de Bienes Nacionales la solicitud de postulación para la adquisición a título gratuito u oneroso del inmueble fiscal que ocupan.
La solicitud deberá ser presentada dentro de los noventa días contados desde el vencimiento de los plazos establecidos para la realización de las acciones que se señalan en el artículo siguiente y, además, una vez que se encuentre notificado el resultado del catastro y evaluación socioeconómica de las personas que ocupan los terrenos fiscales situados dentro de la faja de 80 metros en las localidades indicadas.
Artículo 3º.- La Armada de Chile, a través de la Subsecretaría de Marina, dentro de los noventa días contados desde la entrada en vigencia de esta ley, deberá establecer oficialmente para las localidades señaladas en el artículo 1º, la línea de más alta marea y la correspondiente faja de 80 metros de ancho medidos desde la citada línea. Determinada la faja de los 80 metros indicada, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá realizar, en un plazo de noventa días, un catastro y evaluación socioeconómica de las personas que ocupan los terrenos fiscales situados dentro de la faja de 80 metros aludida, de estas localidades.
Artículo 4º.- Presentada la solicitud de postulación, el Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe favorable de la Comandancia en Jefe de la Armada , deberá pronunciarse sobre su procedencia.
Para estos efectos, el solicitante deberá señalar la cabida del inmueble, como asimismo, su ubicación y el cumplimiento de los requisitos de tiempo, permanencia y consolidación de la ocupación, en los términos establecidos en el artículo 925 del Código Civil. En todo caso, al 31 de diciembre de 2004, el plazo de permanencia no podrá ser inferior a cinco años.
Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales, en coordinación con la Subsecretaría de Marina, deberá verificar si el inmueble es fiscal y si se encuentra efectivamente ubicado en la faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa.
Cumplidos los trámites anteriores, en el caso que el ocupante peticionario solicite la transferencia a título gratuito, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá evaluar su condición socioeconómica conforme a los mecanismos establecidos para tales efectos en el decreto ley Nº 1.939, de 1977, a fin de determinar si es procedente la transferencia a ese título. Si el ocupante es persona jurídica, sólo procederá la transferencia gratuita si la naturaleza de ella no tiene fines de lucro.
Finalmente, si se verifican los requisitos de ocupación y consolidación antes señalados, el Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a lo señalado en el inciso primero, deberá oficiar a la Comandancia en Jefe de la Armada a fin que ésta informe sobre la solicitud.
Artículo 5º.- Cumplidos los trámites anteriores, y siendo favorable el informe de la Armada conforme al artículo anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales dictará una resolución administrativa, mediante la cual se pronunciará sobre la factibilidad de la transferencia del inmueble y el título específico de la misma. Si la transferencia es declarada factible, la resolución deberá ofrecer al solicitante la transferencia del inmueble al título correspondiente. Esta resolución deberá ser notificada al solicitante conforme a lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la ley Nº 19.880, y será susceptible de los recursos señalados en esa ley.
Artículo 6º.- En caso de haberse solicitado la transferencia a título gratuito, y de estimarse ésta improcedente, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá ofrecer al solicitante la transferencia a título oneroso, a través de la compraventa del inmueble.
Artículo 7º.- Notificada la resolución que declara factible la transferencia, el ocupante tendrá derecho a iniciar la tramitación de la misma dentro del plazo de noventa días, contados desde la notificación de la referida resolución.
Vencido este plazo, el solicitante no podrá hacer uso de este beneficio y deberá sujetarse a las normas ordinarias sobre la materia.
Artículo 8º.- El procedimiento de transferencia del inmueble que posteriormente se inicie a petición del solicitante, tendrá una duración de dos años y deberá sujetarse a las normas sobre Disposiciones de Bienes del Estado , establecidas en el Título IV del decreto ley Nº 1.939, de 1977. Dicho procedimiento tendrá el carácter de supletorio a esta ley en todos aquellos aspectos en que no exista contravención.
Artículo 9º.- Efectuada la transferencia del inmueble, y durante el plazo de diez años, contado desde la inscripción del dominio respectivo, el inmueble estará sujeto a una prohibición de enajenar. Excepcionalmente y en casos calificados, el inmueble podrá transferirse por acto entre vivos dentro de este plazo, previo informe favorable del Ministerio de Bienes Nacionales y autorización de la Comandancia en Jefe de la Armada. Dentro del plazo señalado, el Conservador de Bienes Raíces competente no podrá inscribir ninguna transferencia en la que no consten el informe y la autorización referidos. Asimismo, dentro de este período no podrá el adquirente del terreno fiscal celebrar contrato alguno que lo prive de la tenencia, uso y goce del inmueble, salvo autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, otorgada por razones fundadas.
Artículo 10.- Toda transferencia de estos terrenos por sucesión por causa de muerte, y las realizadas con posterioridad al plazo indicado en el artículo anterior, sean a título gratuito u oneroso, deberán ser comunicadas por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la Comandancia en Jefe de la Armada , dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la inscripción.
Artículo 11.- Realizada la transferencia del inmueble mediante la competente inscripción de dominio, por el solo ministerio de la ley, quedarán condonadas las deudas que se hubieren devengado en virtud de concesiones marítimas y por el período de ocupación irregular, esta última en aquellos sectores en los que no se han otorgado concesiones en el borde costero, y que correspondan a los predios que en conformidad a esta ley se transfieren.
Artículo 12.- En caso que el solicitante rechace la oferta de transferencia del inmueble, o bien no presente la solicitud de transferencia dentro del plazo de noventa días contado desde que se le notifica la resolución que declaró ésta factible, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá remitir los antecedentes a la Subsecretaría de Marina para efectos que, ante la existencia de una solicitud de concesión del interesado, de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960, que aprobó la Ley sobre Concesiones Marítimas, se siga el procedimiento para su otorgamiento contemplado en el decreto supremo N° 660, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Reglamento sobre Concesiones Marítimas.
Artículo 13.- Agrégase, en el decreto ley N° 1.939, de 1977, a continuación del artículo 99, el siguiente Título VI, nuevo, con los siguientes artículos 100, 101 y 102.
Título VI
Del Registro de Contratistas y contratación de acciones de apoyo
Artículo 100.- El Ministerio de Bienes Nacionales deberá establecer un Registro Nacional en el que se inscribirán las personas naturales o jurídicas que se interesen en realizar los trabajos de mensura, minuta de deslindes, confección de planos y demás trabajos topográficos que esa Secretaría de Estado requiera encomendar a ejecutores externos como acciones de apoyo para el ejercicio de sus potestades públicas contenidas en este decreto ley.
Cualquier persona natural o jurídica podrá incorporarse a este Registro, siempre que cumpla con los requisitos técnicos, profesionales, de infraestructura, capacidad e idoneidad establecidos por el Ministerio de Bienes Nacionales para realizar los trabajos referidos en el inciso anterior. El Ministerio de Bienes Nacionales autorizará la incorporación al Registro mencionado por resolución fundada, una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos. Dictada la referida resolución, el contratista deberá pagar, por única vez, el derecho de incorporación al Registro , el que deberá enterarse a favor del Ministerio de Bienes Nacionales. El monto del derecho deberá ser fijado por resolución fundada del mismo Ministerio, sobre la base de las acciones que éste deba ejercer para la incorporación del contratista al Registro y regular el funcionamiento del mismo, así como de las personas naturales y jurídicas inscritas en él.
El Registro y su funcionamiento estarán bajo la superintendencia y fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales el cual, por medio del Secretario Regional Ministerial respectivo, podrá, en caso de incumplimiento, hacer efectivas las garantías que deberán constituir a su nombre los contratistas para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de sus obligaciones y eventuales daños materiales a terceros, como asimismo, aplicar alguna de las siguientes sanciones: a) amonestación escrita; b) multa de hasta cincuenta unidades tributarias mensuales; c) suspensión hasta por un año, y d) eliminación del Registro .
El Ministerio de Bienes Nacionales deberá mantener un repertorio en el que deje constancia de la individualización de los contratistas, su comportamiento, actividades, y sanciones, así como de su incorporación y retiro del Registro , el que tendrá carácter público.
Artículo 101.- El Ministerio de Bienes Nacionales sólo podrá contratar con las personas naturales o jurídicas que se encuentren incorporadas en el Registro Nacional de Contratistas, los trabajos de mensura aludidos, y demás acciones de apoyo necesarias para el ejercicio de las potestades públicas que establece este cuerpo legal, conforme a las reglas generales de licitación pública, o licitación privada y trato directo, en su caso.
En caso que no existieren oferentes inscritos para la ejecución de los trabajos o acciones de apoyo referidos en este decreto ley, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá acudir a terceros para la ejecución de éstos, a través de las modalidades que indica la parte final del inciso anterior.
Artículo 102.- En todo aquéllo que fuere compatible, el Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de los principios de unidad de acción y coordinación de su gestión administrativa, deberá unificar el Registro Nacional que se establece y reglamenta en virtud de este decreto ley, con aquél que contempla el artículo 42, letra d), del decreto ley N° 2.695, de 1979.”.
Artículo 14.- Los gastos que demanden las acciones señaladas en el artículo 3º, serán financiados con los recursos regulares del presupuesto anual del Ministerio de Bienes Nacionales, tanto para fijar de manera oficial en las localidades señaladas en el artículo 1º de esta ley la línea de más alta marea y la correspondiente faja de 80 metros de ancho medidos desde la citada línea, como para la realización del catastro y evaluación socioeconómica de las personas que ocupan terrenos fiscales dentro de esta faja de 80 metros.
La transferencia del inmueble fiscal, sea ésta gratuita u onerosa, se realizará por el Ministerio de Bienes Nacionales de conformidad a sus disponibilidades presupuestarias, y de acuerdo a los procedimientos establecidos, especialmente aquellos que indica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, la ley Nº 19.930 y la resolución exenta Nº 290, del 31 de marzo de 2004, del Ministerio de Bienes Nacionales, sobre el Rediseño de los Procedimientos para los Servicios de Regularización y Creación del Registro de Propiedad Irregular.
Artículo 15.- Intercálase, en el inciso tercero del artículo 6º del decreto ley Nº 1.939, de 1977, entre las palabras “personas naturales” y “chilenas” la frase “o personas jurídicas sin fines de lucro”.
Artículo 16.- Esta ley comenzará a regir sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo transitorio.- El Ministerio de Bienes Nacionales elaborará, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de esta ley, un informe en conjunto con el Ministerio de Defensa que determine e identifique todos los sectores costeros, caletas u otros, que sean susceptibles de regularizar de acuerdo a los procedimientos y normas de esta ley.”.
-o-
Tratado y acordado en sesión de fecha 31 de agosto de 2005, con la asistencia de los Diputados señores Delmastro Naso, don Roberto ; Sánchez Grunert, don Leopoldo ; ( Presidente de la Comisión), Salas De la Fuente, don Edmundo , en reemplazo del Diputado Olivares Zepeda, don Carlos y Tuma Zedán, don Eugenio , en reemplazo del Diputado Girardi Lavin, don Guido . Asistió, también, el Senador señor Sabag Castillo, don Hosain .
Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 2005.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCIA , Secretaria de la Comisión”.
8. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. (boletin N° 3235-13-1) (S)
?Honorable Camara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en Moción del H. Senador Ruiz De Giorgio, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Subsecretario del Trabajo , don Cristóbal Pascal Cheetham , y el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa .
I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Como señala la propia moción, se requiere incorporar a la legislación laboral los alcances de la reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la enseñanza o educación media, reconociendo la posibilidad de que los menores de dieciocho años y mayores de quince realicen trabajos compatibles con el cumplimiento de dicha obligación, estableciendo normas de incentivo a tal propósito.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El proyecto de ley en comento –aprobado por el Senado- consta de un artículo único que contempla dos numerales.
El primero de ellos sustituye los incisos segundo y tercero del artículo 13 del Código del Trabajo, incorporando al actual sistema de “autorización para trabajar”, para los menores de dieciocho años y mayores de quince, una segunda exigencia que es la de “que hayan cumplido con la obligación escolar”, sin perjuicio de que el contrato de trabajo sólo podrá celebrarse par los efectos de “realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo”.
Sin embargo, si el menor de dieciocho años y mayor de quince no ha cumplido con su educación media, sólo podrá celebrar contrato de trabajo en la medida que ello no impida o perjudique la continuación de sus estudios, ni su participación en programas educativos o de formación.
El segundo numeral, modifica el inciso sexto del artículo 13 del Código del Trabajo, sustituyendo la expresión “Lo dispuesto en” por “La autorización exigida en”, poniendo énfasis en la necesidad de la existencia de una autorización.
III. DISCUSIÓN GENERAL.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión de fecha 9 de agosto de 2005, por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
Con ocasión del debate en general del proyecto el Ejecutivo , representado por el señor Subsecretario del Trabajo , manifestó que comparte plenamente los fundamentos y texto de la moción, en el entendido de que la sana doctrina laboral indica que los menores de 18 años deben, necesariamente, completar con éxito su formación básica y media, más aún cuando recientemente se ha aprobado una reforma constitucional que hace obligatoria la educación en estos dos niveles.
Ello, manifestó el señor Subsecretario , se encuentra en la línea de una correcta política pública referida a la protección de los menores trabajadores, tema que junto a la prohibición del trabajo infantil, constituye uno de los pilares de las definiciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a las edades de admisión al empleo.
Cabe recordar, precisó el señor Subsecretario , que una moción del Diputado don Rodolfo Seguel a fines de la década pasada, adecuó nuestra legislación a la normativa OIT en materia de la edad legal para trabajar en forma dependiente, elevando de 14 a 15 años dicha edad.
Manifestó, asimismo, que el Ejecutivo tiene interés en incorporar una indicación al proyecto, relacionada con el mandato reglamentario para establecer y actualizar periódicamente un catálogo de labores consideradas peligrosas o dañinas para los menores, al tiempo de obligar a los empleadores que en la medida que utilicen los servicios de menores, dichos contratos y autorizaciones deban ser registradas en la inspección del trabajo, a fin de facilitar el seguimiento y fiscalización de sus condiciones laborales.
Por su parte, las señoras y señores Diputados manifestaron unánimemente su interés en incorporar al Código del Trabajo normas orientadas a garantizar el cumplimiento de la educación media por parte de los jóvenes, menores de dieciocho y mayores de quince, que acceden al mundo laboral. Asimismo, plantearon, por medio de sendas indicaciones, el interés de incorporar elementos considerados en otras iniciativas de origen parlamentario, en el marco de la idea matriz o fundamental del proyecto. De esa forma, recogieron elementos del proyecto de ley originado en moción de los Diputados señores Leal y Navarro , contenido en el Boletín Nº 3501-13, que modifica el Código del Trabajo regulando la actividad de niños artistas menores de 15 años, y del proyecto de ley originado en moción de la Diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Aguiló; Muñoz , y Seguel , contenido en el Boletín Nº 3598-13, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo infantil, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la enseñanza media obligatoria.
Manifestaron, además, el interés por adecuar nuestra legislación laboral a las tendencias internacionales en materia de trabajo de menores y protección a la infancia, toda vez que en la práctica los instrumentos internacionales de libre comercio incorporan importantes capítulos a la situación laboral interna de los contratantes.
Tales ideas se concretaron en sendas indicaciones de las que da cuenta este Informe más adelante.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
El H. Senado no calificó las normas de este proyecto como normas de quórum calificado o de rango orgánico constitucional, criterio compartido por esta Comisión.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de vuestra Comisión, el proyecto en informe no debe ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda de esta Corporación, por no contener normas en materia presupuestaria del Estado.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Con ocasión del debate Vuestra Comisión no rechazó artículos o indicaciones al proyecto.
VII. ADICIONES Y ENMIENDAS APROBADAS.
Con ocasión del estudio en particular del proyecto de ley, vuestra Comisión aprobó las siguientes indicaciones:
-De la Diputada señora Adriana Muñoz D’Albora y de los Diputados señores Muñoz ; Seguel ; Tapia , y Urrutia , para reemplazar los incisos propuestos por el numeral 1 del artículo único del proyecto por los siguientes:
“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. Lo mismo se aplicará respecto de los menores de quince años, en las situaciones calificadas en que se permite su contratación en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los artículos 15, inciso segundo y 16.”
Los menores de dieciocho años que se encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de veinte horas semanales durante el período escolar.”
-Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
-Del Ejecutivo , para agregar en su artículo único un numeral 3 nuevo, que agregan los siguientes dos incisos nuevos:
“Un reglamento determinará las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que celebren contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años, previo informe conjunto de la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del Trabajo.
Las empresas que contraten los servicios de menores de dieciocho años, deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo.”.
-Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
-De la Diputada señora Adriana Muñoz D’Albora y de los Diputados señores Muñoz ; Seguel ; Tapia , y Urrutia , para agregar un artículo segundo nuevo, con el objeto de incorporar, a continuación del artículo 18 del Código del Trabajo, el siguiente artículo 18 bis:
“Artículo 18 bis.- En los casos señalados en los artículos 15, inciso segundo; 16, y 18, deberá cumplirse con lo dispuesto en los incisos segundo, tercero, y séptimo del articulo 13, según la edad y actividad de los menores.”
-Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
-De las Diputadas señoras Adriana Muñoz D’Albora y Ximena Vidal Lázaro y de los Diputados señores Aguiló; Cornejo ; Muñoz ; Salaberry ; Seguel ; Tapia , y Urrutia , para incorporar el siguiente artículo transitorio:
Artículo transitorio.- El reglamento a que se refiere el inciso octavo del artículo 13 propuesto, se dictará en el plazo de 90 días contados desde la publicación de esta ley.”
-Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
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Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 del Código del Trabajo:
1. Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:
“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. Lo mismo se aplicará respecto de los menores de quince años, en las situaciones calificadas en que se permite su contratación en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los artículos 15, inciso segundo y 16.
Los menores de dieciocho años que se encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de veinte horas semanales durante el período escolar.
2. Sustitúyese, en el inciso sexto, la expresión “Lo dispuesto en” por “La autorización exigida en”.
3. Agréguense los siguientes incisos nuevos:
“Un reglamento determinará las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que celebren contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años, previo informe conjunto de la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del Trabajo.
Las empresas que contraten los servicios de menores de dieciocho años, deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo.”
Artículo 2º.- Agréguese el siguiente artículo 18 bis al Código del Trabajo:
“Artículo 18 bis.- En los casos señalados en los artículos 15, inciso segundo; 16, y 18, deberá cumplirse con lo dispuesto en los incisos segundo, tercero, y séptimo del articulo 13, según la edad y actividad de los menores.”
Artículo transitorio.- El reglamento a que se refiere el inciso octavo del artículo 13 propuesto, se dictará en el plazo de 90 días contados desde la publicación de esta ley.”
Se designó diputado informante a don Sergio Aguiló Melo .
Sala de la Comision, a 9 de agosto de 2005.
Acordado en sesiones de fecha 2 y 9 de agosto del año en curso, con asistencia de los señores Diputados Aguiló ; Cornejo ; Correa ; Muñoz, don Pedro ; Muñoz , doña Adriana ; Salaberry ; Seguel ( Presidente ); Tapia ; Urrutia ; Vidal , doña Ximena , y Vilches .
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión ”.