Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Adriana Munoz D'albora
- Jaime Quintana Leal
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- Alejandro Navarro Brain
- Victor Perez Varela
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO ENTRE CHILE Y NUEVA ZELANDA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Raul Sunico Galdames
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LA FORMA Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 19.712.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- DEBATE
- INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Proyecto de acuerdo.
- VI. INCIDENTES
- ASFALTADO DE CAMINOS EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
- AUMENTO DE EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN DE LAS MUJERES. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE PUERTO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA MEJORAR RESULTADOS EDUCACIONALES EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN ESTABLECIMIENTOS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- ESTADO DE CARRETERA INTERNACIONAL HUARA-COLCHANE. Oficio.
- AUMENTO DE EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN DE LAS MUJERES. Oficio.
- SITUACIÓN DE DEUDORES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN “LAGUNA BLANCA” E INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD DE LAS VIVIENDAS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE PERROS VAGOS. Oficios.
- HABILITACIÓN DE APARCADERO DE BICICLETAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE PROMOCIÓN DE PASAJES AÉREOS A TRAVÉS DE INTERNET. Oficio.
- MEDIDAS Y PROYECTOS A FAVOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS. Oficios
- FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DEL FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES. Oficio.
- AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE “CASO ALERCE”, EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- SITUACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE VALDIVIA. Oficios.
- HOMENAJE A CALAMA EN SU 127° ANIVERSARIO.
- REGULARIZACIÓN DE SECTORES COSTEROS. Oficio.
- HOMICIDIO DE CARABINERO EN CURICÓ Y FISCALIZACIÓN DE TENENCIA DE ARMAS. Oficios.
- HOMICIDIO DE CARABINERO EN CURICÓ Y FISCALIZACIÓN DE TENENCIA DE ARMAS. Oficios
- SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES. Oficio.
- RÉPLICA A DENUNCIA EN CONTRA DE MILITANTES DE LA UDI.
- REPARACIÓN DE VÍAS EN SEGUNDA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- APOYO AL NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA. Oficio.
-
DECLARACIONES DE CANDIDATO PRESIDENCIAL PERUANO SOBRE SUPUESTA CARRERA ARMAMENTISTA. Oficio.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE A COLEGIO MARISTA INSTITUTO SAN FERNANDO EN EL 75° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eduardo Diaz Del Rio
- Gonzalo Duarte Leiva
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Rene Aedo Ormeno
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Rene Aedo Ormeno
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Marcelo Forni Lobos
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jose Antonio Kast Rist
- Ivan Moreira Barros
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 5ª, en miércoles 22 de marzo de 2006
(Ordinaria, de 10.33 a 13.09 horas)
Presidencia de los señores Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados. Proyecto de acuerdo 9
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Primer trámite constitucional 10
- Informe de la Comisión de Gobierno Interior, constituida en investigadora de la forma y procedimientos del Instituto Nacional de Deportes de Chile en la aplicación de la ley N° 19.712 13
VI. Incidentes.
- Asfaltado de caminos en Novena Región. Oficio 28
- Aumento de edad legal de jubilación de las mujeres. Oficio 28
- Construcción de puerto en la Novena Región. Oficio 29
- Implementación de programas especiales para mejorar resultados educacionales en Novena Región. Oficio 29
- Evaluación del desempeño docente en establecimientos de la Novena Región. Oficios 29
- Estado de carretera internacional Huara-Colchane. Oficio 30
- Aumento de edad legal de jubilación de las mujeres. Oficio 30
- Situación de deudores habitacionales de la población “Laguna Blanca” e investigación sobre calidad de las viviendas. Oficios 30
- Información sobre eliminación de perros vagos. Oficios 31
- Habilitación de aparcadero de bicicletas en las estaciones del Metro. Oficio 32
- Antecedentes sobre promoción de pasajes aéreos a través de Internet. Oficio 32
- Medidas y proyectos a favor de la micro, pequeña y mediana empresas. Oficios 32
- Flexibilización del uso del Fondo de Desarrollo de Magallanes. Oficio 34
- Aumento de subsidios habitacionales en la Décima Región. Oficio 34
- Información sobre “caso Alerce”, en la Décima Región. Oficio 35
- Situación del Servicio de Registro Civil de Valdivia. Oficios 35
- Homenaje a Calama en su 127° aniversario 36
- Regularización de sectores costeros. Oficio 36
- Homicidio de carabinero en Curicó y fiscalización de tenencia de armas. Oficios 37
Pág.
- Subsidio para la compra de fertilizantes. Oficio 37
- Réplica a acusación en contra de militantes de la UDI 38
- Reparación de vías en Segunda Región. Oficio 39
- Apoyo al nuevo ministro de Agricultura. Oficio 39
- Declaraciones de candidato presidencial peruano sobre supuesta carrera armamentista. Oficio 40
- Homenaje a colegio marista Instituto San Fernando en el 75° aniversario de su fundación. Oficio 41
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual remite el proyecto, iniciado en mensaje, sobre protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. (boletín N° 3792-07) (S) 42
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de Acuerdo Aprobatorio del “Convenio entre la República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta y su protocolo, suscritos en Wellington, el 10 de diciembre de 2003”. (boletín N° 3973-10) 54
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de Acuerdo Aprobatorio del “Convenio entre la República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta y su protocolo, suscritos en Wellington, el 10 de diciembre de 2003”. (boletín N° 3973-10) 59
4. Moción de los diputados señores Chahuán y Aedo y de las diputadas señoras Rubilar y Valcarce, que reforma la Constitución Política de la República limitando la reelección de los diputados y senadores. (boletín N° 4115-07) 61
5. Moción de los diputados señores Chahuán y Aedo y de la diputada señora Rubilar, que limita la reelección de los alcaldes y concejales. (boletín N° 4116-06) 63
6. Moción de los diputados señores Uriarte, Forni, Hales, Kast, Moreira, y de la diputada señora Nogueira, que establece cobro unificado de peajes e información al usuario de las autopistas urbanas concesionadas. (boletín N° 4117-09) 64
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
- Memoria de Actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, correspondiente al período legislativo 2002-2006.
1. Comunicación:
- Del Jefe de Bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que han sido designados Comité y Jefe de Bancada la diputada señora Muñoz, doña Adriana, y Comité y Subjefe de Bancada el diputado señor Quintana.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Carla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, también, los senadores señores Jaime Gazmuri, Alejandro Navarro, Víctor Pérez, Mariano Ruiz-Esquide y Hosain Sabag.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.33 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
El acta de la sesión 75ª de la legislatura 353ª, se declara aprobada.
Las actas de la sesión de instalación y 1ª de la actual legislatura quedan a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Proyecto de acuerdo.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Revisora de Cuentas recaído en el ejercicio presupuestario de la Corporación correspondiente al año 2005.
Diputado informante de la Comisión Revisora de Cuentas es el señor Claudio Alvarado.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, sesión 4ª, en 21 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , la Comisión Revisora de Cuentas, designada por la Corporación en la sesión 13ª de la legislatura extraordinaria 346ª celebrada el 17 de abril de 2002, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha procedido, al igual que todos los años, a revisar y evaluar la liquidación y balance de las cuentas del Departamento de Finanzas de la Corporación, presentado por su director, señor Orlando Catalán González , correspondiente al ejercicio financiero y contable de 2005.
Informe Operacional.
En primer lugar, la Comisión revisó una copia del oficio Nº 004/2006, del Departamento de Finanzas, de fecha 06 de marzo de 2006. Las comprobaciones se hicieron con la documentación contable y se contrastó con los informes mensuales presentados a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que son parte integral del presente informe.
La ley de Presupuestos de la Nación correspondiente a 2005 consultó, para la Cámara de Diputados, la cantidad de 29.259.303.000 pesos que posteriormente, en el transcurso del mismo año, fueron complementados con las cantidades asignadas por los decretos que se detallan a continuación: decreto N° 509, de 29 de abril de 2005, correspondiente a partidas de reajuste legal, por 162.389.000 pesos; decreto N° 641, de 30 de junio de 2005, que corresponde a la ley N° 19.882 -conocida como ley Anef-, por 278.731.000 pesos; decreto N° 916, de 27 de julio de 2005, que corresponde a la partida “saldo inicial de caja”, que se incorporó al presupuesto de 2005, por 10.235.133 pesos; decreto N° 1.076, de 27 de septiembre de 2005, que corresponde a un aporte fiscal adicional, por 289.342.000 pesos, y, finalmente, decreto N° 1.484, de 15 de diciembre de 2005, que corresponde al reajuste de diciembre de ese año, por 82.211.000 pesos.
El total de esos aportes asciende a 988.184.369 pesos, que se incorporaron al presupuesto aprobado originalmente, por lo que el presupuesto final con que contó esta Corporación el año pasado fue de 30.247.487.369 pesos.
Como los gastos e inversiones ascendieron a la suma de de 30.238.897.427 pesos, el saldo final de caja fue de 8.589.942 pesos, que se encuentra debidamente acreditado en las cuentas que mantiene la Corporación al efecto. En todo caso, hay conciliaciones bancarias que confirman, a través de cartolas, dicho saldo al 31 de diciembre de 2005.
La tercera etapa del trabajo de la Comisión Revisora de Cuentas correspondió al examen efectuado a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, respecto de los pagos habituales, mensuales y esporádicos que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, sueldos de personal y secretarios de diputados, asignación de combustible y mantenimiento del edificio, entre otros. Estos exámenes fueron practicados de acuerdo con los procedimientos contables establecidos para el sector público e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión, cuando se consideró necesario para alcanzar el objetivo perseguido.
Se pudo comprobar que se dio entero cumplimiento a los acuerdos de dicha Comisión y que todos los pagos se encuentran debidamente archivados, con los respectivos comprobantes originales de respaldo.
La revisión alcanzó a un 100 por ciento de la materia examinada y representa razonablemente la situación financiera de la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005. Los resultados de sus operaciones fueron registrados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y debidamente aplicados.
En consideración a las razones expuestas, la Comisión Revisora de Cuentas recomienda a la honorable Cámara prestar su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo Único.- Apruébese el balance de las cuentas del Departamento de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados correspondiente al año Presupuestario y Contable 2005, que presentó el Director de Finanzas de la Corporación, don Orlando Catalán González . El presupuesto final con que contó la Corporación en moneda nacional alcanzó a la suma de $ 30.247.487.369 (treinta mil doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos), de acuerdo al siguiente detalle: “Cada uno de los señores diputados tiene el informe en el cual figura el desglose respectivo de las cifras señaladas, de ingresos y gastos, con el saldo final de caja que acabo de señalar.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, aprobará por unanimidad el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el proyecto de acuerdo con que concluyó la exposición del diputado señor Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO ENTRE CHILE Y NUEVA ZELANDA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL. Primer trámite constitucional.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre las República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta, y su protocolo, suscritos en Wellington el 10 de diciembre de 2003.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Pedro Álvarez-Salamanca.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 3973-10, sesión 39ª, en 6 de septiembre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s. 2 y 3, de esta sesión.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo tiene por objeto aprobar un tratado suscrito con Nueva Zelanda para evitar la doble tributación y la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta aplicables a las personas residentes de uno o de ambos Estados, conforme al modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Este informe debió entregarlo la entonces diputada señora Lily Pérez , en el período pasado, pero, lamentablemente, no se puso en tabla y para mí es muy grato hacerlo ahora.
Este tipo de convenios se conforma al modelo elaborado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y a las adecuaciones que para estos efectos estableció la ley N° 19.506, que modificó el decreto ley N° 824, de 1974, sobre impuesto a la renta; el decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios; el Código Tributario, la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y otras normas legales, de manera que sus disposiciones no presentan inconvenientes para el derecho interno ni para el derecho internacional, del cual Chile es Estado parte.
Como señala el mensaje, este Convenio, de un contenido análogo a los celebrados con Brasil, Canadá , Ecuador , España , México , Perú, Polonia y Reino Unido, persigue, en lo principal, los objetivos siguientes:
1. Reducir la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes residentes de uno o de ambos estados contratantes que desarrollan actividades transnacionales entre los estados contratantes respecto de los impuestos sobre la renta que los afecten;
2. Asignar los respectivos derechos de imposición entre los estados contratantes, para evitar la doble imposición, ya sea eximiéndolos de impuestos a las rentas de fuente externa, o bien, otorgándoles un crédito por los impuestos pagados en el otro estado, como es el caso de Chile, en conformidad a los artículos 41 A, 41 B y 41 C de la ley sobre Impuesto a la Renta, que regulan el crédito que se reconoce contra el impuesto de primera categoría e impuestos finales, global complementario o adicional, por los impuestos pagados en el extranjero para todos los tipos de rentas contempladas en el Convenio;
3. Otorgar estabilidad y certeza a dichos contribuyentes respecto de su carga tributaria total y de la interpretación de la respectiva legislación aplicable.
4. Establecer mecanismos que ayuden a prevenir la evasión fiscal por medio de la cooperación entre las administraciones tributarias de ambos estados contratantes.
5. Proteger de discriminaciones tributarias a los nacionales de un estado contratante que invierten en el otro estado contratante o desarrollen actividades en él, y
6. Establecen la posibilidad de resolver las disputas tributarias que se produzcan en la aplicación de las disposiciones del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
El mensaje destaca que la aplicación de este Convenio, del mismo modo que todos los de su tipo, en la economía nacional producirá los siguientes efectos:
1. Permitirá o facilitará un mayor flujo de capitales, lo que redunda en una profundización y diversificación de las actividades transnacionales, especialmente respecto de aquellas actividades que involucran tecnologías avanzadas y asesorías técnicas de alto nivel debido a la menor tributación que las afectaría.
2. Facilitará que nuestro país se convierta en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región.
3. Constituirá un estímulo al inversionista y prestador de servicios residente en Chile, quien verá incrementado los beneficios fiscales a que puede acceder en caso de desarrollar actividades en el otro estado contratante.
Desde el punto de vista de los efectos en la recaudación fiscal, el mensaje señala los siguientes:
1. Disminuye la recaudación fiscal respecto de determinadas rentas, pero el efecto final en el ámbito presupuestario es menor debido a que las inversiones extranjeras hacia Chile se concentran mayoritariamente en actividades extractivas, particularmente mineras cuyo gravamen no se ve afectado por el Convenio.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que el impacto negativo en las finanzas públicas alcanzaría en moneda de 2005, en una primera etapa, a los 294 millones de pesos.
Agrega que en compensación se espera lo siguiente:
2. Mayor impuesto de primera categoría de las empresas chilenas que tienen inversiones en el país respecto del cual se propone este Convenio, originado en una mayor renta por menor pago de impuesto, y
3. Estímulo a la inversión extranjera con el consecuente incremento en la actividad económica que redundaría en mayor recaudación tributaria.
En cuanto al tratamiento espec{ifico de las rentas, el Convenio evitará la doble tributación de las rentas inmobiliarias que el residente de un estado contratante obtenga de bienes situados en el otro estado contratante; favorecerá los beneficios empresariales, el transporte marítimo y aéreo entre los dos países; los dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital; las participaciones de directores, artistas y deportistas; las pensiones, las remuneraciones por funciones públicas y las cantidades que reciban los estudiantes para sus grados.
Concluido su estudio y después de haber escuchado al coordinador de Servicios Internacionales del Ministerio de Hacienda , señor Raúl Sáez ; a la jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos , señora Liselotte Kana , y al asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Felipe Sandoval , quienes, en lo sustancial, entregaron antecedentes análogos a los que proporciona el mensaje, la Comisión decidió, por la unanimidad antes señalada, proponer a la honorable Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo que la Comisión ha puesto a disposición de los honorables colegas.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Raúl Sunico, diputado informante de la Comisión de Hacienda .
El señor SÚNICO.-
Señor Presidente , después del exhaustivo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sólo voy a agregar algunos antecedentes.
El objetivo del Convenio, que se enmarca dentro de la política de negociación, busca evitar la doble tributación que afecte a un mismo contribuyente por aplicación de impuestos similares entre Chile y otro país. Actualmente hay 14 convenios vigentes y siete suscritos.
A través de estos Convenios se reducen las tasas de impuesto que gravan transacciones, entre las que se cuentan las relacionadas con prestaciones de servicios e intercambio de tecnología.
Este Convenio viene a complementar el reciente acuerdo de Asociación Estratégica, suscrito con Nueva Zelanda, en el cual también participan Singapur y Brunei. Por tanto, debe ser visto como un componente de la alianza estratégica que se busca construir con Nueva Zelanda para incursionar en terceros mercados que, además, facilita las inversiones neozelandesas en Chile y las chilenas en Nueva Zelanda.
A través de las normas sobre trabajo temporal, el convenio permite que profesionales chilenos se desempeñen hasta por seis meses en Nueva Zelanda sin pagar impuesto a la renta en ese país y viceversa. De la misma manera, se rebajan los impuestos a las regalías asociadas a la tecnología proveniente de Nueva Zelanda, lo que contribuye a la alianza estratégica recién mencionada.
Por último, cabe señalar que Nueva Zelanda es vista como un caso exitoso de economía que ha logrado altos niveles de bienestar, que ha combinado sus exportaciones de recursos naturales con innovación y adaptación de tecnología asociada a los mismos, lo cual está en la línea de la política de innovación y desarrollo tecnológico que se está implementando en Chile.
En consideración a los antecedentes antes consignados y al informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación del texto sustitutivo del proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión técnica en su informe.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, aprobará por unanimidad el texto sustitutivo del proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Aprobado.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LA FORMA Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 19.712.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización y Desarrollo Social recaído en los proyectos de acuerdo N°s. 602 y 603, sobre la forma y los procedimientos utilizados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile en la aplicación de la ley N° 19.712.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización y Desarrollo Social es el señor Jaime Quintana.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 52ª, en 18 de octubre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 23.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Hará entrega del informe el diputado señor Esteban Valenzuela.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , como los señores diputados tienen el informe sobre sus escritorios, ocuparé sólo alrededor de 15 minutos para referirme a algunos puntos.
La investigación de la Comisión de Gobierno Interior nace a raíz de algunas denuncias relacionadas con una eventual malversación del Instituto Nacional de Deportes, a dos años de aplicación de la nueva legislación.
Entre otras personas, participaron en la Comisión el entonces ministro secretario general de Gobierno , señor Francisco Vial ; varios ex subsecretarios de esa repartición, entre ellos los señores Arturo Salah y Ernesto Velasco , la señora Macarena Carvallo y otros funcionarios. Asimismo, el ex director de Digeder , don José Dollenz ; el gerente general del club deportivo de la Universidad Católica, don Juan Enrique Serrano , y se invitó también a los señores René García y Benjamín Schütz del Servicio de Impuestos Internos.
Además, se consideró relevante escuchar la opinión del señor Neven Ilic , presidente del Comité Olímpico de Chile , la principal institución deportiva de la sociedad civil.
La Comisión recibió, entre otros, los siguientes documentos principales:
Del ministro secretario general de Gobierno, un informe del Consejo de Auditoría Interna al organismo en cuestión. El Instituto Nacional del Deporte también fue objeto de una auditoría externa. Se trata de un documento que es importante tener en vista.
En su intervención, el entonces ministro secretario general de Gobierno , señor Francisco Vidal , explicó los alcances de la nueva ley. Señaló, además, que la auditoría externa practicada al Instituto Nacional de Deportes sólo detectó cierto desorden y no hechos que implicaran malversación ni dolo, aunque sí evidenció elementos que indican la necesidad de mejorar algunos aspectos. Esa auditoría recomendó rediseñar los procesos con la finalidad de dar cumplimiento al objeto que persigue la institución y a las directrices de modernización de la función pública; definir y delimitar claramente las funciones y las responsabilidades de las distintas unidades, separando las de tipo normativo con las de carácter operativo, tanto a nivel nacional como regional; fortalecer los sistemas de control interno; incorporar mecanismos reglamentarios que limiten la discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de las direcciones regionales y de la Dirección Nacional. En este último punto se entró al detalle y se determinó que, muchas veces, las actividades deportivas de emergencia son las que necesitan recursos, de manera que, para evitar dificultades, la auditoría del gobierno recomendó eliminar la discrecionalidad del director en la materia.
Los señores Arturo Salah y Ernesto Velasco , ambos ex subsecretarios de Chiledeportes, en general se refirieron -a pesar de los cuestionamientos- a los avances habidos en los últimos años en la destinación de recursos hacia el deporte y a que es necesario realizar algunos ajustes en el uso de donaciones privadas.
La señora Macarena Carvallo , entonces subsecretaria del Instituto Nacional de Deportes, centró su intervención en la facultad fiscalizadora de la Contraloría respecto del IND.
Explicó largamente la distribución del Fondeporte, lo cual fue cuestionado por parlamentarios y, en lo esencial, se refirió a la mayor transparencia en el uso de la asignación directa y a los niveles de concursabilidad.
En este punto la señora Carvallo entregó algunos datos importantes. Por ejemplo, que el Instituto Nacional de Deportes, a través de sus bases administrativas, ha fijado los siguientes porcentajes para cada una de las distintas categorías de prácticas deportivas: formativa, 68 por ciento; recreativa, 63 por ciento; de competición, 100 por ciento, y organizaciones deportivas, 50 por ciento. Puntualizó, además, que el promedio de la concursabilidad equivale a aproximadamente 70 por ciento.
Coincidió en la necesidad de acotar el nivel de discrecionalidad de los directores regionales y de dar mayor flexibilidad al Instituto en otras áreas de uso, porque muchas de las asignaciones directas se generaron cuando había que financiar el viaje de determinada selección regional a una competencia deportiva en Mendoza o en San Juan, que eran actividades deportivas que surgían durante el año en las distintas regiones y que, si no tenían una programación presupuestaria se exponían a quedar fuera de concurso. Con respecto al uso de la franquicia tributaria, los señores René García y Benjamín Schütz , subdirector normativo y subdirector de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente, señalaron que ha funcionado bien, pero el Coch dice que son mayoritariamente clubes deportivos de empresas que están usando la franquicia, no las distintas organizaciones deportivas del país.
Cabe recordar que muchos proyectos en los que hubo grandes montos involucrados, y que fueron dados a conocer a la opinión pública, tenían que ver con el uso de donaciones por parte de algunas empresas.
Quiero destacar que el trabajo y la colaboración efectuadas en la Comisión por el entonces diputado Pablo Prieto permitieron llegar a acuerdos bastante consensuados, más allá de palabras más o palabras menos.
Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión contienen sugerencias importantes, de manera que es fundamental que aprobemos el informe, a fin de que el nuevo Gobierno pueda adoptar las medidas tendientes a corregir y mejorar la institucionalidad, la transparencia, la focalización y la red de recursos deportivos.
En las conclusiones de carácter general se desprende de un modo elocuente del resultado de esta investigación que las denuncias o imputaciones formuladas por algunos diputados de oposición y, particularmente, lo sostenido con notoria publicidad, no recibieron una mínima y responsable acreditación.
Lo anterior quedó claramente demostrado en la Comisión, de manera que constituyó su voto de mayoría. Para ello se tuvieron en cuenta los categóricos informes emitidos por la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos, así como las auditorías internas llevadas a cabo.
Conviene hacer presente que, ya sea a instancia de esta Cámara, del Ejecutivo o de terceros, sin limitarse en una sola posibilidad de investigación, se han desplegado innumerables procedimientos de revisión, sin que se detectaran situaciones que determinaran la existencia de ilícitos, delitos o ilegalidades. De hecho, Chiledeportes fue sometida a revisión por parte de la Contraloría y del Servicio de Impuestos Internos, así como de parte de instituciones deportivas interesadas en el buen uso de sus recursos, las cuales no ratificaron ninguna de las denuncias formuladas, algunas de las cuales tuvieron notoria publicidad.
Incluso más, no sólo frente a acusaciones infundadas, sino ante insinuaciones respecto de la legitimidad del informe y de las conclusiones de la Auditoría Externa del Consejo de Auditoría General de Gobierno, el propio Contralor General de la República , ante la insistencia de algunos parlamentarios, sentenció que se debían corregir algunos procedimientos, pero que no se detectaba la comisión de ilícitos, conclusión a la que también llegó la Comisión.
El aspecto más importante del informe dice relación con las recomendaciones de la Comisión, a las cuales me voy a referir a continuación.
1. Porcentaje mínimo de distribución de recursos vía concurso.
2. La Comisión, se estima necesario el establecimiento de un porcentaje mínimo de distribución de recursos del Fondeporte, tanto a nivel de la Dirección Nacional, como de cada una de las direcciones regionales, respecto de los fondos concursables, en cada una de las categorías o modalidades.
Este porcentaje debería considerar, en todo caso, que respecto de la Dirección Nacional de Chiledeportes, la asignación directa permite hacer frente a las necesidades del Comité Olímpico, federaciones y organizaciones deportivas en general, que no están en condiciones de ser previstas en el sistema concursal, de realización en el año previo a su ejecución. Sin embargo, por razones de transparencia y de estabilidad de las líneas deportivas, tienen que existir recursos mínimos que las aseguren a cada una y no sólo un fondo único nacional.
3. Regulación de organizaciones gestoras de proyectos deportivos.
Al respecto, se presentaron dos líneas de cuestionamientos: a la institución Chiledeportes, y al hecho de que aparecieron -es opinable su legitimidad- instituciones que gestionaban proyectos deportivos con las empresas y luego iban a las organizaciones deportivas a pedir recursos por dicha gestión.
La Comisión estimó necesario normar, de manera precisa y clara, respecto de la existencia de organizaciones que actúen como gestoras de proyectos deportivos, estableciendo expresamente su prohibición o fijando el marco en que desarrollen la labor de promoción. En este último caso, si tal labor la puede desarrollar como club deportivo prestador de servicios o bajo alguna forma jurídica expresamente determinada en la ley. Ello, ya sea fijando montos o haciendo incompatible cualquier vinculación con los dueños de empresas, etcétera.
Queda claro, entonces, que no hay regulación de estas instituciones gestoras de proyectos deportivos, al igual como ocurre en el ámbito de la cultura y otros, punto en el cual debemos poner atención.
4. Focalización de donaciones con fines deportivos.
El presidente y los dirigentes del Comité Olímpico señalaron que los recursos se destinaban sólo a los clubes de empresas y a algunos clubes deportivos, y no al deporte competitivo; es decir, a las federaciones oficiales.
Por tanto, la Comisión estimó necesario revisar el esquema de donaciones en relación con la eventual incorporación de factores o condiciones que orienten los aportes de la empresa privada hacia proyectos deportivos presentados por organizaciones provenientes de los sectores más vulnerables social y económicamente.
Incluso, si fuese necesario, se propone establecer porcentajes mayores de franquicia tributaria para tales proyectos y disminuir, en cambio, aquellos en que resultan beneficiarias organizaciones con estructuras más sólidas y desarrolladas.
Si se revisan las actas de las sesiones donde se analizó esta materia, se podría concluir que ello traería una gran ola de donaciones del sector privado a los municipios y al deporte comunal. Pero no ocurrió así, ya que el aporte de las empresas fue directamente a los clubes deportivos.
5. Reemplazar el sistema de concurso por el de registro para donaciones.
Se sugiere la existencia de un Registro de Donaciones , porque en el debate público se habló de miles de millones de pesos de supuestas donaciones, pero sólo se trataba de proyectos inscritos a la espera de donaciones, lo que se prestó para equívocos.
Se plantea, entonces, la creación de un registro público y auditable, con un sitio en Internet ojalá abierto a todo el mundo.
6. Pronunciarse, derechamente, sobre el aporte a actividades deportivas profesionales.
La ley nada dice al respecto y se impone un mínimo grado de definiciones.
Se cuestionaba si habían algunas donaciones a clubes profesionales y si ello era controvertible. La ley no establece prohibiciones, ni las autoriza. A algunos les parece mal. Fue un tema de debate en la Comisión, pero es importante que el Ejecutivo y esta Cámara se pronuncien respecto de la enmienda a la ley.
7. Reformular la planta de Chiledeportes.
Resulta evidente, a estas alturas, que la actual estructura organizacional de Chiledeportes no se adecua a los requerimientos de la norma.
Se acumularon más recursos; por tanto, resulta indispensable una mayor fiscalización, coordinación, etcétera.
8. Eliminación del artículo 48 de la ley.
La referida norma, establecida para el análisis de proyectos de competencias internacionales, no presta ninguna utilidad práctica y, por el contrario, se encuentra absolutamente desajustada de los eventos o ciclos deportivos. Es un tema puntual que es necesario corregir.
Recomendaciones de índole administrativo.
La Comisión acordó adherir a lo planteado en el informe de Auditoría Interna General de Gobierno, así como a lo expresado por la Contraloría General de la República, y con la finalidad de corregir los procedimientos de índole administrativo en esa institución, entregó las siguientes recomendaciones: Rediseñar los procesos del Instituto Nacional de Deportes de Chile; identificar claramente las funciones y responsabilidades de los funcionarios; reforzar el sistema de control interno y hacer ajustes en el sistema financiero presupuestario.
En síntesis, las conclusiones de nuestra comisión están orientadas a mejorar la transparencia y el control, a modificar la ley, a regular las donaciones -muy usadas sólo por las empresas-, a ajustar la discrecionalidad de los fondos que sobran de los concursos. Asimismo, fue categórica en señalar que no había ilícito ni actos de falta a la probidad, sino que más bien era preciso hacer ajustes a partir de la nueva ley.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité democratacristiano, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , tuve oportunidad de conocer esta investigación como simple ciudadano, y quiero llamar la atención respecto del daño percibido por la ciudadanía frente a una institución como Chiledeportes, organización del Estado que debe promover la práctica deportiva.
Quiero respaldar las conclusiones a las que llegaron los diputados integrantes de la Comisión, pero también creo pertinente referirme a la responsabilidad que tiene la Cámara de Diputados respecto de la defensa de las instituciones del Estado, ya que percibo que, al menos en este caso, fue gravemente menoscabada en la génesis de esta investigación.
Digo esto, porque pretendo contribuir a reforzar y defender la imagen del Congreso Nacional y, en especial, de la Cámara de Diputados. La existencia de investigaciones y denuncias con carácter de escándalo, anunciando y prefigurando un conjunto de situaciones irregulares que luego del desarrollo de la investigación se ha demostrado que no son tales, sin duda alguna perjudica en mayor medida a quienes formamos parte de esta Corporación.
En ese sentido, tenemos una responsabilidad compartida. Por ello, al iniciar esta primera semana de trabajo, quiero llamar la atención al respecto, más aún, cuando esa responsabilidad se verá fortalecida en el futuro, producto de las modificaciones al Reglamento y de las reformas a la Constitución Política que este Congreso ha aprobado.
Ayer vimos un conjunto de proyectos de investigación que responden a elementos que los medios de comunicación han puesto con importancia comunicacional en la agenda del país.
A partir de las conclusiones de la investigación desarrollada en torno al Instituto Nacional de Deportes, creo oportuno hacer un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en el uso de las facultades que hemos concordado impulsar en el futuro.
Comparto la necesidad de revisar muchos de los procedimientos que señala la Comisión y, obviamente, respaldo que se lleven adelante. En ese sentido, creo que en ese rediseño de los recursos también debemos tener una respuesta del Instituto Nacional de Deportes, en relación con los plazos en que se llevará a cabo.
Se fortalece a las instituciones cuando somos capaces de dialogar responsablemente sobre los requerimientos o desafíos y, a partir de ese diálogo, arribar a conclusiones. Sin perjuicio de ello, corresponde expresar públicamente nuestra solidaridad con todos los funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, que en su momento vieron afectada su honra, credibilidad y prestigio personal, como consecuencia del gran escándalo que generó un conjunto de acusaciones que, a la luz del informe de la Comisión, no tenían sustento.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se refirió a las responsabilidades compartidas.
Pues bien, de acuerdo con mi experiencia, yo no comparto sus apreciaciones, fundamentalmente, porque quienes participamos en la dictación de la ley del Deporte, que con tanto esfuerzo sacamos adelante, abrigábamos la esperanza de que las cosas se hicieran bien. En ese sentido, debo reconocer la labor realizada por el diputado Pablo Prieto -que no está con nosotros-, con quien hicimos denuncias y entregamos antecedentes sobre la materia. Sin embargo, la mala disposición de los invitados a la Comisión para entregar más información impidió que se acreditaran las situaciones anormales denunciadas.
Y aquí nos enfrentamos a un problema que es necesario plantear. Muchas veces, la aplicación de las leyes queda sujeta a la dictación de reglamentos que no pasan por la Cámara; por lo tanto, los parlamentarios no somos sus artífices ni redactores, puesto que son manejados por el Ejecutivo. Son esos reglamentos los que echaron a perder el espíritu que tuvimos al elaborar, en este caso, la ley del Deporte.
En esta discusión, el ahora ex ministro Francisco Vidal se puso el parche antes de la herida y, frente a las denuncias formuladas, el Gobierno ordenó hacer una auditoría. El informe respectivo señala en cinco de sus conclusiones que existían problemas en la subsecretaría. Por lo tanto, si la auditoría interna que ordenó llevar a cabo el Gobierno para investigar las denuncias formuladas señala que hay que rediseñar los procesos, es porque ellos están consignados en la ley; pero ésta, a su vez, es interpretada por un reglamento que deja a discreción de las autoridades deportivas -es la principal reclamación que hacemos- el uso de los recursos. ¿Quién más que yo quisiera que el Gobierno destinara la mayor cantidad posible de recursos al deporte y a la recreación? ¡Cuánto he bregado para que, de una vez por todas, el Gobierno entienda que es necesario aumentar de dos a cuatro las horas de educación física! ¡Cuánto hemos luchado para que nuestra voz sea escuchada! Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, en circunstancias de que la obesidad y los problemas físicos de nuestra juventud se acrecientan cada día más.
La subsecretaria de Deportes , Catalina Depassier , en una entrevista que aparece en El Mercurio del domingo 19 del mes en curso, dice textualmente: “Llegué a una institución que está claramente dañada. Me he dado cuenta de que la gente está muy desconfiada acá. Hay también mucho cuestionamiento a ciertos funcionarios. Se nota que existe poca coordinación y el trabajo en equipo no es una realidad.” Eso lo dice la actual subsecretaria de Deportes.
Lamento mucho que los gobiernos de la Concertación ocupen estos espacios para los cuoteos políticos. Además, la desidia existente genera problemas. Por eso, por lo menos yo, quiero defender el deporte y la recreación en mi país.
A continuación, agrega: “Acá, aclaro no hubo dolo -tal vez, podemos compartir eso con ella-, pero sí existieron responsables. Se genera una suerte de autoprotección.” Es lo que señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que lamenta la situación en que se han visto involucrados los funcionarios de Chiledeportes. Como lo reconoce la actual subsecretaria, existe un problema, cuya solución abordamos en las conclusiones, a fin de poder modificar la ley.
Por eso, en el marco de nuestras responsabilidades, los diputados debemos develar las debilidades de un proyecto y hacer la crítica correspondiente, porque todas las normas son perfectibles y modificables.
Sin duda, debemos considerar situaciones claras y precisas. No es lo mismo hacer deporte en el norte que en el sur; no es lo mismo hacer deporte en Santiago que en Arica. Existen situaciones muy complejas y, por lo tanto, lo que pretendemos es que la ley sea realmente beneficiosa para la comunidad.
¿Qué colega no recurre al deporte durante su campaña política? ¿Qué diputado no recurre al deporte para llegar a su comunidad? ¿Quién no está preocupado, lunes tras lunes, de los resultados deportivos que se registran en nuestro país?
El deporte es la herramienta más importante para el desarrollo de cualquier país. Queremos una juventud alegre y dinámica y, sin duda, si no fortalecemos una política deportiva acorde con un desarrollo armónico a todo nivel, seguirán ocurriendo cosas como las mencionadas. ¿Por qué? Porque los cargos de administración en un área tan importante para nuestro desarrollo son entregados por cuoteo político y no con criterio técnico.
De las conclusiones que dio a conocer el diputado Valenzuela, que comparto, se desprende que es necesario buscar algunas soluciones. No es posible que, debido a una omisión en el reglamento y en la ley, la aplicación de la ley quede entregada a la discrecionalidad de algunas personas.
En el campo, en las zonas rurales, mucha gente no sabe elaborar proyectos, porque no tiene los conocimientos para ello. Por lo tanto, ésa es un área en la cual se necesita la capacitación que debe hacer Chiledeportes, instancia que debe estudiar la forma de hacer bien las cosas, de manera que los proyectos beneficien a las comunidades que los requieren.
Tengo conocimiento -así lo expuse en la Comisión- de que por un error numérico o por una coma de más o de menos, muchos proyectos son devueltos, sin permitir que los interesados puedan corregirlos para poder postular. Entonces, los recursos para esos proyectos inmediatamente son destinados a su discreción por los directores regionales o a asignación directa. Puedo asegurar que en algunas regiones tales recursos se ocupan con una finalidad política.
Por lo tanto, dentro de las conclusiones, insistiremos ante la subsecretaria en la necesidad de modificar la ley y sancionarla como corresponde, fundamentalmente en lo que dice relación con la periodicidad de los llamados a concurso. Quienes somos deportistas, sabemos que un evento puede tener lugar a principios, a mitad o a fines de año. De manera que debe existir la posibilidad de que los proyectos puedan postular dos veces al año. Hoy, si alguien no resulta beneficiado en el primer semestre, lamentablemente, debe esperar todo un año para postular de nuevo. Debe buscarse una fórmula que permita postular semestralmente, dos veces al año. ¿Qué se consigue con ello? Que la fiscalización que hace Chiledeportes sea mejor. Tal vez, tendremos que buscar la mejor manera de estructurar esa normativa, a fin de que exista más fiscalización de los proyectos. De lo contrario, ocurrirá lo mismo que con el Fondart: se entregan los recursos y se hace un CD, pero nadie sabe qué quedará de él en el futuro, pues, con suerte, sólo lo escucha la familia de quien lo hizo, nadie más. Lo que queremos es que los proyectos deportivos sean ejecutados, desarrollados y evaluados como corresponde.
Otra propuesta dice relación con las asesorías requeridas para el desarrollo de los proyectos. A la gente -la ley lo señala-, se le debe enseñar a elaborar proyectos y no decirle que vuelva la próxima semana.
Además, es necesario modificar los rangos porcentuales de los recursos destinados a los distintos proyectos.
Queremos que se aplique la menor discrecionalidad posible, pues ése era el espíritu de la ley, y por eso somos partidarios de que se modifiquen los porcentajes de distribución de los fondos: el 75 por ciento a proyectos concursables y sólo el 25 por ciento -¡no más que eso!- a discreción, es decir, para asignación directa. Cuando los fondos concursables no se utilicen, que queden disponibles para el año siguiente con el mismo carácter.
En razón del tiempo y porque sé que otros diputados de mi bancada también quieren intervenir, sólo agregaré que espero que el trabajo de esta Comisión Investigadora no se eche en saco roto. El que no se hayan acreditado irregularidades no significa que no existan. Así lo reconocieron la subsecretaria de Deportes y diferentes personas en el transcurso de la investigación.
Por lo tanto, espero que en los próximos días se hagan realidad las modificaciones legales propuestas.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sin duda, los comentarios ayudan a mejorar los proyectos de ley y las investigaciones, a mejorar los sistemas y las instituciones.
Pero aquí se pretende interpretar lo que dijo una funcionaria de Gobierno, que no creo que haya afirmado que la institución está dañada debido a la acción de los funcionarios. Yo creo más bien que lo está por nuestros comentarios sobre ese organismo. Ésa es la realidad, y entiendo a la señora subsecretaria. Pero no quiero que mi colega Manuel Rojas, por quien siento mucha simpatía por su permanente defensa del deporte, la malinterprete.
Concuerdo sí con él en que es necesario ayudar a las instituciones. Quienes vivimos en el mundo rural sabemos que los deportistas que viven allí también quieren participar en el crecimiento del país, para lo cual es necesario que se les brinden posibilidades. Sin embargo, ellos no están capacitados para elaborar y presentar proyectos. En consecuencia, la Mesa debe acoger los comentarios positivos que contiene el informe de la Comisión de Gobierno Interior.
Sin embargo, el ejercicio de la función parlamentaria debe efectuarse con apego a la Constitución Política y a un principio esencial: la prudencia, que es hija de la sabiduría y significa tener templanza de espíritu y proporción en las acciones y en los hechos. Lamentablemente, durante la investigación realizada por la Comisión quedó demostrado que se pecó de falta de prudencia -no quería usar esta palabra-, porque hubo excesos de parte de los colegas acusadores, que en algún momento profirieron toda clase de ofensas que menoscabaron el honor de funcionarios públicos y de agentes privados, por una eventual mala utilización de los fondos concursables de Chiledeportes.
Recuerdo que hace muchos años se realizó una investigación a la Digeder y se detectaron errores graves que fueron corregidos con el tiempo. Hoy, es necesario tener cuidado con las imputaciones que se realizan, porque, como dijo nuestro ex presidente Ricardo Lagos , a Chile y a los chilenos hay que cuidarlos. No por obtener algunos segundos en los medios de comunicación se puede andar criticando a las personas, ya que después debe lamentarse el irreparable daño provocado. Recientemente he vivido esta situación y en su oportunidad me referiré a las acusaciones tan dolorosas formuladas en mi contra.
Creo que el informe se aprobará. Ojala, pudiéramos publicitarlo para reparar, en parte, el daño causado por algún diputado a esos funcionarios. No puede olvidarse que los errores deben ser denunciados, pero sancionados a través de la justicia, porque vivimos en democracia, lo cual no significa que podamos decir lo que se nos ocurra. Hay que tener mucho cuidado.
He conversado con funcionarios de Chiledeportes y me han manifestado que lamentan lo que se dice de ellos injustamente.
Por eso, me alegra saber que en el informe rendido por el diputado señor Esteban Valenzuela, no existe antecedente que sustente las acusaciones que dieron origen a tal investigación.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , es sorprendente que se discuta hoy este informe. En verdad, me habría gustado hacerlo antes de la última campaña electoral, no durante la misma. Si se trata de transparencia, me pregunto cómo se daña más una institución, ¿tapando sus defectos o diciéndolos? Está claro que a la comisión encargada de investigar no se le entregaron todos los antecedentes ni se le dijo la verdad, justamente porque estábamos en un período electoral.
Todos sabemos como trabaja Chiledeportes en regiones. Creo que se le hace un daño gigantesco al tratar de tapar sus falencias; por el contrario, debemos transparentar su accionar, con el objeto de que haya deportes para todos, que se aprueben sus proyectos; que se realicen, a lo menos, dos concursos anuales, que los clubes deportivos tengan la asesoría que corresponde. Eso es lo que pretendemos. No es otra cosa. No corresponde pelear entre la Concertación y la Oposición, sino procurar que haya más deporte para todos y que los fondos se ocupen bien.
Por lo tanto, luego de analizar el informe, anuncio que votaré en contra de sus conclusiones y recomendaciones. De verdad, hay que transparentar la labor de las comisiones investigadoras, en las que se da una pelea eterna: unos defienden y otros acusan, en perjuicio de la propia Cámara de Diputados.
Si queremos que las instituciones funcionen, tenemos que ser honestos, pues la gente se ríe cuando la Cámara de Diputados acuerda la constitución de una comisión investigadora, ya que antes de que concluyan su trabajo, salvo dos o tres excepciones, se sabe el resultado de la votación: 7 votos oficialistas contra 6 votos opositores. Las comisiones investigadoras no tendrán peso mientras sus integrantes no nos pongamos de acuerdo en el fondo del problema, ya que lo que está mal aquí, lo está en cualquier parte y en cualquier gobierno.
A propósito de situaciones difíciles en gobiernos pasados, como Oposición los hemos apoyado. Por ejemplo, en la sesión de ayer se dijo que no le creímos al ex diputado Soria cuando quiso investigar lo del Banco del Estado. Pero los mismos que defendieron a ultranza a esta institución, ayer hacían mea culpa. Se olvida que nosotros votamos a favor de lo que ayer aprobó la Cámara por unanimidad. ¡Mire que curioso!
Hagamos un gesto de valentía. Digamos lo que está mal, lo que queremos defender y hacia dónde queremos llevar la Cámara y otras instituciones.
Por eso, porque tengo claro que la gente que participó sabe a ciencia cierta que a la Comisión no se le entregó información, reitero que votaré en contra el informe, como una manera de evitar que en adelante las comisiones investigadoras se transformen en una chacota y en las regiones algunos diputados hagan anuncios contrarios a lo que todos, de antemano, sabemos que va a pasar.
Ojalá que éste sea el último informe que discutamos en estas condiciones y a futuro haya más transparencia en las comisiones investigadoras.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , muchas veces resulta irreparable el daño que se provoca cuando se realizan acusaciones o se esparce sobre la opinión pública la sospecha del mal uso de algunos recursos o de la mala actuación funcionaria.
Se ha pretendido enlodar con acusaciones sin base alguna a Chiledeportes, una institución que fue creada para servir a la comunidad y que, indudablemente, tiene algunas deficiencias desde el punto de vista administrativo y de las regulaciones internas.
Más allá del resultado de las votaciones en las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados -se mencionó el de siete a seis- se han realizado auditorías internas y externas por entidades que no tienen ningún compromiso con el gobierno ni con institución alguna. Han realizado un trabajo profesional y determinado que Chiledeportes está absolutamente libre de actitudes que tengan que ver con el dolo. ¡No ha habido dolo ni nadie se ha robado un peso! Simplemente se trata de una institución noble que va por los campos, por los pequeños pueblos y por las ciudades entregando salud, dignidad y entretención a los adultos mayores, a los jóvenes, a la población en general.
Hay una recomendación en la que quisiera hacer hincapié. Tiene que ver con las donaciones con fines deportivos. Sería bueno que Chiledeportes prestara mayor interés a las donaciones para instituciones más precarias, sencillas y humildes y los restringiera un poco a las instituciones ya consolidadas desde el punto de vista económico y que no necesitan de tantas franquicias. Vale la pena considerar esta recomendación.
Quiero que quede muy claro que Chiledeportes ha sido, es y seguirá siendo una institución digna para servir al deporte chileno y no intereses de terceros que buscan ganancias electoralistas oscuras y que terminan dañando de forma grave a funcionarios honestos y dignos.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , formé parte de esta Comisión Investigadora. Todo se inició con denuncias públicas muy fuertes y duras, de parte de dos o tres diputados, que tuvieron mucho eco en la prensa. Se vociferó que había corrupción, robo y abuso con los recursos públicos. De esa forma quedó instaurado el caso en la opinión pública.
En dos proyectos de acuerdo se propuso investigar y en el transcurso del trabajo de la Comisión quedó claro que el de Chiledeportes no era un problema de corrupción, ni de robo ni de abuso de los recursos públicos. Lamentablemente, entre la imagen proyectada inicialmente y el resultado de la investigación hay demasiada distancia. Mucha gente se imagina que Chiledeportes es una institución muy deteriorada, muy corrupta y en muy malas condiciones.
Hay que medirse bastante cuando se hacen denuncias de corrupción, porque los hechos deben fundarse bien. Durante la investigación en la Comisión les pedimos a quienes hicieron la denuncia que fundamentaran su planteamiento y que entregaran más antecedentes que demostraran la acusación. Sin embargo, no lo hicieron.
Voy a votar a favor el informe, porque da cuenta de la realidad: no se comprobó ni se sostuvo ninguna de las acusaciones iniciales planteadas en la Comisión.
Ahora, una cosa es decir que en el Instituto Nacional de Deportes no hay corrupción, robos o abusos, pero otra es reconocer que la institución tiene problemas. En ese sentido, la Comisión Investigadora trabajó bastante para determinar cuáles eran dichos problemas. Desde mi punto de vista, tiene defectos serios; entre otras cosas, porque las instancias regionales no son creadoras de políticas deportivas para las regiones. El Consejo Nacional del Deporte no genera políticas de acuerdo a como esperábamos que lo hiciera.
También hay defectos en la política deportiva. No está claro hacia dónde debemos orientar el deporte. Se hizo un gran esfuerzo para crear esta institución, pero no se ha precisado cuáles son los ejes de la política deportiva y qué debate corresponde hacer en cada circunstancia, de acuerdo con la experiencia.
Existen defectos administrativos evidentes que hacen necesario que el Instituto Nacional de Deportes fortalezca sus procedimientos. De hecho, en el curso de la investigación de la Comisión, el Instituto fue mejorando sus procedimientos en distintos aspectos.
También había defectos en los procedimientos de evaluación de proyectos, muchos de los cuales ya fueron corregidos a partir de la investigación. Por ejemplo, el problema de las donaciones no se originó por corrupción, sino por el procedimiento aplicado, el cual fue estimulado por la propia ley. Es decir, un defecto de la ley permitió que instituciones intermediarias ofrecieran elaborar y gestionar proyectos. Ese defecto no se corrigió ni se contrapesó suficientemente en los procedimientos.
Por lo tanto, si bien la Comisión determinó que no hay corrupción, robo o abuso, fue clara en señalar que hay defectos al interior de la institución y trabajó para proponer soluciones que eviten problemas similares en el futuro.
El informe debería ayudar a abrir un debate sobre hacia dónde orientar el deporte. Las acusaciones de robo o de corrupción quedaron totalmente superadas, pues no se demostró nada al respecto.
Algunos diputados tenemos una seria preocupación, porque si bien Chiledeportes se creó para fortalecer el deporte en el país, la verdad es que esta institución ha terminado viviendo su propia vida. Es necesario que asuma de otra manera el deporte en las escuelas y en los barrios, porque actualmente mira a esas instancias desde lejos, como un pariente lejano. Perdónenme que lo diga, pero creo que el Consejo Nacional de la Cultura está viviendo el mismo problema. Estas instituciones fueron creadas no sólo para la elite del deporte o de la cultura, sino para que ayuden a construir la sociedad. El sentido de destinar recursos a Chiledeportes es ayudar a que el deporte contribuya a la educación en los barrios. Las reformas educacionales más exitosas, como las llevadas a cabo en Asia o en Inglaterra, son aquellas que otorgan importancia a la cultura y al deporte en los procesos educativos. En Chile la política del deporte no otorga a esta actividad un rol más activo en la educación.
Todos los parlamentarios sabemos muy bien que la infraestructura deportiva pública de los barrios está pésimamente mal administrada. Se requiere mejorar la política deportiva no sólo para administrar mejor los recintos deportivos, sino también para darles vida, a fin de que constituyan un lugar de encuentro. Por desgracia, en esto no ha ayudado hasta hoy, ninguna de las políticas y programas concretos de Chiledeportes.
Entonces, aquí hay un debate sobre una nueva etapa de la reforma que fue tan importante y permitió institucionalizar el deporte -a diferencia de lo que dicen algunos parlamentarios de la Derecha-, a hacerlo más institucional y no menos institucional; más de derechos ciudadanos y menos de abusos, de dar al amigo. Hay que fortalecer la institucionalidad, la política deportiva y la institución misma.
Sería honorable de esta Cámara reconocer que los delitos de corrupción, de robo y de abuso no quedaron demostrados y, por lo tanto, no existieron y no hay nada que lo indique, como lo señala el informe que vamos a aprobar con mucha fuerza.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , yo también fui miembro de la Comisión, pero debo aclarar que ésta no es la única Comisión que se ha formado y que ahora la investigación se radicó en la Comisión de Gobierno Interior. Para los que no tienen memoria, recuerdo que ésta es la cuarta comisión que se forma en la Cámara respecto del deporte, puesto que el 15 de abril de 1993 se formó una Comisión Investigadora de las irregularidades de Digeder; el 18 de enero de 1995, otra investigadora de la entrega de recursos públicos a clubes profesionales del deporte, y el 15 del abril de 1998, otra investigadora de las irregularidades detectadas en la coordinación provincial de la Digeder, en Santiago.
Por lo tanto, la mayoría de la Concertación decidió no constituir una comisión investigadora y radicar la investigación en la Comisión de Gobierno Interior, porque pasaría a ser la institución más investigada por las comisiones de la Cámara. Pero, como bien decía el diputado García , aquí las comisiones investigadoras están condenadas a informar lo que acuerda la mayoría. Y quiero ser bastante claro: en el gobierno pasado existieron tres directores en Chiledeportes, y la Comisión se formó a raíz de una serie de denuncias respecto de las cuales el gobierno intervino e hizo una investigación bastante clara donde, en parte, las conclusiones centrales señalan lo siguiente: “Las regulaciones no poseen la claridad suficiente para asegurar una distribución equitativa y transparente de sus recursos.” “Existe poca claridad en las imputaciones de los recursos presupuestarios ejecutados, lo que se traduce en dificultad para efectuar los análisis...” “Además, existen funciones poco claras o duplicadas en algunos departamentos o divisiones, que pueden producir descoordinación en la gestión del Servicio.” “Los procedimientos de supervisión presentan deficiencias que deben ser corregidas a fin de contar con información del ciclo completo del proyecto,...”
En consecuencia, fue el Gobierno el que hizo una investigación, pero, lamentablemente, como esto tomó demasiado cuerpo y estábamos en un período preeleccionario, había que bajarle la dimensión. En cuanto al daño provocado a los funcionarios de Chiledeportes, quiero recordar que ellos mandaron notas a los diputados, en una de las cuales su presidente expresa: “Creemos, no obstante lo señalado, que las faltas a la probidad que pudieran desprenderse de las auditorías e investigaciones efectuadas no son excusables mediante el argumento de los vacíos de la ley del deporte. Fuimos los primeros en hablar sobre lo que estaba ocurriendo en Chiledeportes y, al hacerlo, asumimos un costo que hemos tenido que pagar. Lo haremos cuantas veces sea necesario.”
Más adelante señala: “¿Estaremos solos en la tarea de resguardar la probidad? ¿Debemos ser nosotros, y sólo nosotros, los defensores de los intereses del Estado?”
Por consiguiente, los mismos funcionarios veían que algo estaba llevándose mal.
Entiendo que el acuerdo de la Comisión fue por mayoría. Con los diputados Varela , Salaberry y Prieto -quien llevó adelante gran parte de las investigaciones-, propusimos un proyecto distinto, que no se aprobó porque no teníamos mayoría en la Comisión. Pero lo importante es sacar conclusiones, pues existe la percepción de que el deporte, una actividad tan sana, se ha usado con otros fines. Basta revisar las investigaciones anteriores al respecto. Ahora se pretende concluir que no hubo irregularidades, ningún tipo de corrupción, absolutamente nada.
Vuelvo a preguntar: ¿por qué en un mismo período se cambió tres veces de director? Porque, indudablemente, existe el cuoteo político. Este gobierno, con su capacidad para usar la semántica, ahora cambió la denominación “cuoteo político” por “equilibrios partidarios”.
Aquí se han preocupado de que si una persona perteneció a algún partido político, eso la puede perjudicar.
En el primer punto del informe que realizamos con el diputado Pablo Prieto , señalamos: Estamos frente a una disposición normativa de carácter amplio cuya interpretación discrecional puede conducir a nombramientos injustificados de funcionarios poco especializados o no capacitados para cumplir esta función.
No he tenido el gusto de conocer a la actual directora, pero leí sus declaraciones.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra del informe, al igual que el de mi bancada, porque encuentro que no se ajusta a lo sucedido ni a la percepción que tiene el país de cómo se han llevado las cosas en Chiledeportes.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN .-
Señor Presidente , en primer lugar, es fundamental mejorar los sistemas, la estructura y los procedimientos para aumentar el impacto de cualquier institución, y cualquier informe que permita avanzar en esa línea me parece muy positivo, porque ayudará a mejorar su gestión. En ese sentido, bienvenido el informe en tanto cuanto el mérito que efectivamente ahí se señale.
No me cabe duda de que las declaraciones de la subsecretaria aludida por el diputado Manuel Rojas , respecto del desánimo y del daño, tienen que ver con que siente que no se confía en ellos. Cualquier persona sentiría lo mismo si no se confiara en ellos. Por tanto, a mi modo de entender, a eso alude su expresión y no a la interpretación que hace el diputado Rojas .
Lo más importante acá, que no debemos perder de vista, es que efectivamente se expresaron cosas. Leí en detalle el informe para tratar de sintonizar con lo que en él se dice y, en relación con los comentarios de los diputados Rojas, Egaña y García , si no se acredita una irregularidad, ésta no existe. Podrá haber declaraciones y discursos encendidos, pero lo importante son las fundamentaciones y las argumentaciones; sobre ellas se debe actuar. En ese sentido, comparto lo dicho por el diputado Montes , porque la discusión de fondo tiene que ver con la visión y el sentido que debe darse a esta institución al servicio del deporte nacional. Obviamente, después -no me cabe duda-, los procedimientos se alinearán en ese sentido, pero, insisto, la discusión de fondo es cómo desarrollar adecuadamente los dos grandes ámbitos implicados en cualquier institucionalidad deportiva, esto es, el alto nivel com-
petitivo de quienes practican tal o cual disciplina, el deporte poblacional y el escolar. Efectivamente, hemos privilegiado una línea por sobre otra, sin considerar que los países exitosos en materia de política deportiva son los que han llevado el deporte a las poblaciones y a los colegios. De ahí han nacido los campeones y debemos aportar desde esa perspectiva. Esa discusión vale la pena y puede haber importantes conclusiones.
Por último, cabe señalar que la gracia de cualquier institución que quiere responder efectivamente a los desafíos, que cambian a diario en el mundo actual, es saber combinar inteligentemente -quizá en el justo medio entre el exceso y el defecto, como decía Aristóteles - variables tales como transparencia, flexibilidad y oportunidad, adecuándolas a la realidad.
No soy partidario de que en las leyes se fijen los porcentajes para tal o cual cosa. Eso tiene que ver con la flexibilidad que debe tener la institución, obviamente resguardando todos los procedimientos para que el destino sea el que ahí se precisa. Sin embargo, el tema de fondo, referido al informe, visto con objetividad -de su lectura-, pero sin conocer en detalle, tiene que ver con que no acredita lo que se dijo en las encendidas intervenciones de los diputados de Oposición. Eso es fundamental diferenciarlo de la discusión de fondo. En ese sentido, los antecedentes permitirán que Chiledeportes haga las modificaciones que se recomiendan, las cuales se relacionan con procedimientos a fin de mejorar el impacto en la institución.
He dicho.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , he escuchado atentamente esta discusión y me parece vergonzoso que sólo hoy revisemos una materia cuya solución ha demorado tanto tiempo.
Me abstendré en la votación por dos motivos:
En primer lugar, porque no obstante que este informe nos entrega recomendaciones de carácter administrativo que permitirán que Chiledeportes llegue a ser efectivamente un organismo transparente, la investigación en sí no me convence.
En segundo lugar, puesto que un colega comentó que, “al parecer, no se había visto nada.”, quiero dejar de manifiesto que tengo en mi poder imágenes grabadas en mi distrito, en plena campaña electoral, sobre cómo Chiledeportes fue utilizado como medio de intervención electoral. Por eso, el tema me molesta y lo veo con ojos muy críticos. Los organismos públicos están para que las familias, las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños, todo chileno y chilena, puedan recurrir a ellos, no para utilizarlos con fines electorales.
Insisto en que ese tipo de institución es pública y llamo a todos los colegas a transparentarla. Las recomendaciones administrativas son bastante buenas y así debieran ser en el futuro.
Espero que nuestra Presidenta , Michelle Bachelet , haga un buen gobierno y también espero que, cuando estemos cercanos a una nueva campaña electoral, sigamos siendo transparentes.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , he seguido con mucha atención el debate.
Para quienes nos incorporamos hace poco a esta Cámara, el informe nos es desconocido.
Mi experiencia de ocho años como ex alcaldesa me señala que el deporte en el país no se ha considerado ni ha tenido el privilegio que debe tener en los diferentes ámbitos. Me refiero al deporte especializado, a los talentos deportivos que no han sido apoyados debidamente, como también al deporte rural y al que se realiza en clubes deportivos de escasos recursos.
Chiledeportes se creó con el objetivo de financiar no solamente estructuras deportivas, sino también el deporte propiamente tal. Y la finalidad del deporte no es sólo tener talentos, canchas e infraestructura deportivas, sino, además, contribuir seriamente a terminar con la lacra del alcoholismo y la drogadicción.
Chiledeportes, sin duda, juega un rol fundamental, pero estos organismos públicos actuaron en forma discriminatoria durante las campañas políticas, favoreciendo a quienes eran de la tendencia de Gobierno y excluyendo a aquellos que no lo eran. No se debe discriminar políticamente a la gente humilde para la entrega de recursos, porque todos son seres humanos dignos, con derecho a recibir la protección y el financiamiento necesario para subsistir.
Por otra parte, mañana, cuando se analice el proyecto de acuerdo modificatorio del Reglamento de la Cámara, voy a pedir la creación de la “Comisión de Deportes”. Sé que existe la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, pero, como mujer y amante del deporte, considero necesaria la existencia de una instancia que se preocupe exclusivamente de esta actividad, de su financiamiento y, en especial, de que la gente más pobre pueda practicarla. En definitiva, una comisión que se aboque sólo a materias relacionadas con la actividad deportiva.
Espero que esto no se transforme en la petición de una diputada de una u otra bancada. Diputadas y diputados conocemos las dificultades económicas que existen para practicar deporte, por la falta de presupuesto generado en el gobierno, sea central o regional. Todos juntos debemos tirar esta carreta, más allá de las diferencias políticas.
Mi anhelo es que mañana votemos a favor de la creación de la Comisión de Deportes, para impulsar verdaderamente esta actividad tan importante para la vida ciudadana y así contribuir a que haya menos drogadicción, menos alcoholismo y más unidad familiar.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización y Desarrollo Social recaído en los proyectos de acuerdo N°s. 602 y 603, sobre la forma y los procedimientos utilizados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile en la aplicación de la ley N° 19.712.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. INCIDENTES
ASFALTADO DE CAMINOS EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , la región de La Araucanía es la más pobre del país. Una forma de superar tal situación es mejorando la infraestructura vial, esencial para el desarrollo productivo y turístico de la región. En ese sentido, me preocupa el estado en que se encuentran tres caminos, que son fundamentales para ello.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos informe para cuándo está contemplado asfaltar los caminos que unen Loncoche con Panguipulli, Curarrehue con la aduana de Puesco, y las localidades de Choroico, Los Laureles, Hortensia y Cunco.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AUMENTO DE EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN DE LAS MUJERES. Oficio.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en los últimos días hemos escuchado que se pretende aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres a 65 años.
No me imagino a una educadora de párvulos o a una profesora de educación física trabajando nueve horas diarias con niños o jóvenes a los 65 años.
Pensamos que el debate sobre la edad para la jubilación femenina debe darse en el mérito de la labor que realizan las mujeres, considerando incluso que las actividades antes señaladas pueden ser catalogadas, al igual que otras, como trabajos pesados.
Otra falencia fundamental del sistema previsional. Hoy, cuando fallece un pensionado, su esposa es beneficiaria de la mitad de la pensión, y cuando no hay cónyuge sobreviviente, lo son las hijas solteras, que la pierden cuando contraen matrimonio, lo que es tremendamente injusto. Lo correcto sería que esa pensión generara herencia para la familia del fallecido o fallecida, quienes deben continuar sus vidas y cubrir sus gastos, porque hoy la viuda la pierde en caso de que vuelva a casarse.
Por lo tanto, pido que se oficie al coordinador del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, señor Mario Marcel , haciéndole presente que desde aquí queremos cooperarle con nuestros planteamientos y definir, en conjunto, algunos aspectos que consideramos que deben incorporarse al sistema previsional, especialmente los relativo a los trabajos pesados y la edad legal para la jubilación femenina.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE PUERTO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , hace mucho tiempo que se viene planteando la necesidad de construir un puerto en la Novena Región, obra que, en nuestra opinión y previo acuerdo con los pescadores artesanales de la zona, debería quedar ubicada en la comuna de Toltén, que tiene grandes necesidades.
Por ello, pido que se oficie al intendente de La Araucanía para que nos informe cuáles son los proyectos portuarios que existen para nuestra región, ya que las exportaciones han aumentado casi en 100 por ciento, a pesar de las serias carencias en infraestructura portuaria.
Considero fundamental contar con un puerto, y en las mejores condiciones, para que la Novena Región pueda salir adelante.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA MEJORAR RESULTADOS EDUCACIONALES EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , la Novena Región , aparte de ser la más pobre, es la que obtiene peores resultados en la prueba Simce , por lo que pido que se oficie al ministro de Educación a fin de que nos informe cuáles son los programas especiales que se implementarán para que sus estudiantes obtengan resultados educacionales similares a los del resto del país.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN ESTABLECIMIENTOS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , pido que se oficie a los alcaldes de Cunco, Curarrehue, Pucón , Villarrica , Loncoche , Gorbea y Toltén para que nos informen si llevarán a cabo el proceso de evaluación del desempeño profesional docente en los establecimientos educacionales de sus comunas, proceso muy importante para la formación de los niños que estudian en ellos.
Asimismo, pido que se oficie al ministro de Educación para que nos diga cuál será su postura ante estos municipios que deben realizar dicha evaluación el presente año.
Existe un amplio consenso en cuanto a que la educación es uno de los factores principales para salir del subdesarrollo y la pobreza. Lamentablemente, la educación en la Novena Región tiene grandes falencias, al igual que la del resto del país.
Se dice que cuando se quieren implementar cambios profundos hay que hacerlo con los interesados y no contra ellos; pero en la definición de la evaluación docente y en la implementación de la prueba Simce los profesores han participado muy poco.
Una buena educación tiene directa relación con las necesidades que debe satisfacer mi región para salir del subdesarrollo y la pobreza.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ESTADO DE CARRETERA INTERNACIONAL HUARA-COLCHANE. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que nos informe acerca del estado en que se encuentra la ruta internacional Huara-Colchane, que conecta la Primera Región con Bolivia. En concreto, solicito que nos envíe el proyecto que se presentó y un informe con las obras que ya se han entregado.
La mencionada carretera resulta fundamental para el comercio entre la región de Tarapacá y Bolivia, especialmente para la provincia de Iquique, que cuenta con la zona franca y uno de los puertos más grandes de Sudamérica, por lo que debería encontrarse en optimas condiciones para el tránsito vehicular, especialmente el de nuestros amigos camioneros. Lamentablemente, se ha ido deteriorando y cada seis meses hay que repararla; mejor dicho, parcharla.
De allí la importancia de contar con la información solicitada.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AUMENTO DE EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN DE LAS MUJERES. Oficio.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , pido que se oficie al señor Mario Marcel , recientemente nombrado coordinador del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, para manifestarle que, como mujer y jefa de hogar, me preocupa que se esté pensando en aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres a 65 años de edad.
Debo recordar que la edad es importante para encontrar trabajo en este país, tanto para hombres como para mujeres. Es cosa de leer los diarios para ver que se pone la restricción de 35 ó 40 años de edad para optar a cualquier cargo. Si vamos a aumentar la edad de jubilación para las mujeres, quiero saber si habrá trabajo disponible para las mujeres hasta los 65 años. Me preocupa mucho el tema.
Aunque los hombres y las mujeres somos iguales, hay algo que nos distingue, la maternidad, especialmente en el caso de las jefas de hogar, quienes llevan una sobrecarga en nuestro país. Por lo tanto, no sería justo ni solidario aumentarles en cinco años la edad para jubilar.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SITUACIÓN DE DEUDORES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN “LAGUNA BLANCA” E INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD DE LAS VIVIENDAS. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el año pasado me referí a la situación que estaban viviendo los vecinos de la población Laguna Blanca, comuna de Yungay, relacionada con la calidad de la vivienda y con los alcances del decreto 96, de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones. Estas personas accedieron a créditos a través de la banca privada, Banco del Estado y Banco del Desarrollo, porque en ese momento era la única opción que tenían para acceder a la vivienda, de modo que resulta comprensible que llegaran incluso a justificar ingresos vía declaración jurada para calificar como sujetos de crédito.
Pero su realidad es dramática, pues la composición social de la población está constituida por ancianos, madres solteras, trabajadores temporeros, cesantes, etcétera. Haré entrega a la Mesa del listado de estos beneficiarios y de sus actividades, así como de mi intervención.
Estas personas, contrario a lo que pudiera pensarse, no desean gratuidad: quieren pagar; pero desean hacerlo acorde con su realidad, pues sus ingresos mensuales en muchos casos llegan al 50 por ciento de los montos que deben cancelar.
Más grave e indignante resulta -lo he constatado personalmente- comprobar la calidad de la construcción, que presenta muy serias deficiencias, como lo denuncié en septiembre pasado. Es decir, están pagando dividendos elevados por casas de construcción deficiente. ¿Quién responde por esto? Hasta la fecha, nadie.
Nuestra gente, sobre todo las familias más necesitadas, no merecen esta burla. Está bueno que los organismos encargados de velar por la calidad de la vivienda, que tantas veces hemos tratado en esta Cámara, cumplan su labor con eficacia, eficiencia y, sobretodo, con responsabilidad.
Nuestras autoridades destacan los éxitos de las políticas sociales y, en verdad, me alegro de ellos; pero nos falta mucho todavía que mejorar, sobre todo en cuestiones como éstas, que no son otra cosa que el reflejo de la irresponsabilidad y la desidia.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, para que estudie la factibilidad de aplicar las medidas contempladas en el decreto 96 y sus modificaciones, en lo relativo a los beneficios para deudores Serviu, atendiendo, además de la realidad social, a los problemas que presentan las viviendas.
Asimismo, pido oficiar al contralor general de República , para que disponga una amplia investigación respecto de la calidad de la vivienda de la citada población, determinando la naturaleza y el grado de los daños, empresa constructora, fecha y organismo responsable de la recepción de la obra y del cumplimiento de todas las disposiciones contempladas en la ley. Por último, que verifique si a la fecha existen vecinos beneficiarios de algún subsidio o ayuda para cancelar sus dividendos, y de haberlos, el número, organismo y fundamentos para ello.
Espero que los habitantes de la población Laguna Blanca no pasen otro invierno endeudados y amontonados, porque son seres humanos y compatriotas nuestros.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE PERROS VAGOS. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , pido oficiar al Seremi de Salud y al intendente de la Región Metropolitana , con el objeto de que, a la brevedad posible, informen a esta Cámara respecto de quién tomó la decisión y los motivos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo una matanza de perros vagos la noche anterior al cambio de mando presidencial, por el solo hecho de encontrarse rondando cerca de La Moneda.
Considero que se requiere una información rápida del porqué se tomó dicha medida y en razón de qué argumento legal, en el caso que exista.
También me interesa saber si se ha instruido un sumario administrativo para determinar los responsables de dicha matanza.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano.
HABILITACIÓN DE APARCADERO DE BICICLETAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO. Oficio.
El señor BURGOS .-
En segundo lugar, pido oficiar al ministro de Transportes , para que la gerencia general de la empresa Metro S.A. estudie la posibilidad de instalar infraestructuras para guardar bicicletas en las estaciones de las diversas líneas, porque muchos chilenos usamos ese medio de transporte, especialmente en las comunas que represento: Ñuñoa y Providencia.
El ideal sería acercarnos a las estaciones del Metro con ese medio de transporte para llegar a nuestro trabajo o a cualquier otro destino que se quiera.
Me parece que sería un avance importante, tanto para descontaminar como para la salud de los santiaguinos, contar con un lugar seguro en las estaciones del Metro donde los ciclistas, que son cada día más, puedan dejar sus bicicletas durante sus jornadas de trabajo.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE PROMOCIÓN DE PASAJES AÉREOS A TRAVÉS DE INTERNET. Oficio.
El señor BURGOS .-
Por último, pido oficiar al director del Servicio Nacional del Consumidor , para que realice una investigación e informe a la Cámara respecto de la forma en que las líneas áreas promocionan sus pasajes a través de las páginas web. Personalmente, he podido comprobar que el precio de venta de un pasaje que ofrecen mediante este sistema no corresponde a su valor total, por cuanto éste se descompone en el que se anuncia en la promoción, las tasas de embarque y las tasas especiales, que muchas veces superan el 10 ó el 12 por ciento del precio final.
La ley del consumidor no permite ese tipo de ofertas de servicios. En consecuencia, se requiere una investigación y una acción por parte de dicho Servicio, el cual se creó justamente para proteger los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
MEDIDAS Y PROYECTOS A FAVOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS. Oficios
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , en estos días hemos escuchado importantes anuncios que benefician a un sector de la población que necesita mejorar su calidad de vida: los pensionados. Nos alegramos y comprometemos nuestro voto para esta importante iniciativa.
Sin embargo, no debemos olvidar que hay otro sector que sigue esperando con ansia los anuncios del nuevo gobierno para empezar a mirar con optimismo su labor productiva. Me refiero a la micro, pequeña y mediana empresas.
Desde todos los sectores se ha hablado de la pequeña y mediana empresa, pero para quienes estamos en permanente contacto con ellas, puedo decir que la situación no da para más.
Al respecto, me voy a referir a lo que ocurre en mi distrito, el 48, de la provincia de Malleco, Novena Región, que afecta principalmente a los pequeños productores de muebles, que caracterizaron nuestra zona; como también a algunos sectores agrícolas y a comerciantes, quienes enfrentan una delicada situación económica, que amenaza con llevarlos a la quiebra. De hecho, muchas pequeñas y medianas empresas están cerrando sus puertas, con el consabido problema social que ello genera.
La realidad de Malleco es triste, sobre todo porque allí están instaladas la micro, la pequeña y la mediana empresas que siempre generaron gran cantidad de empleo e ingresos para mucha gente.
Incluso, se habló de enviar un proyecto al Congreso para crear una subsecretaría de la pequeña empresa. Esperamos que se concrete pronto dicha iniciativa, porque necesitamos que se generen nuevas condiciones para impulsar un mayor emprendimiento por parte de los empresarios, lo que se traducirá en nuevos puestos de trabajo.
La micro, la pequeña y la mediana empresas requieren de una particular preocupación, porque, no cabe duda, de que el modelo actual favorece a las grandes empresas. Es cierto que hemos tenido éxito con esta economía abierta a las exportaciones y ha funcionado bien, pero también ha significado un tremendo deterioro para la pequeña y la mediana empresas, que compiten en condiciones desiguales y que generan aproximadamente alrededor del 80 por ciento de los puestos de trabajo.
Además, cuando una gran empresa va a pedir un crédito a la banca, le ofrecen tasas preferenciales; en cambio, si un pequeño empresario presenta el mismo proyecto, muchas veces no se lo aprueban, y en caso de hacerlo, le aplican tasas más altas, que superan en algunos casos el 2 por ciento, y le exigen garantías onerosas. Por tanto, hay un trato muy desigual para esas dos realidades.
Me preocupa lo que ocurre con esas empresas, especialmente con las de la provincia de Malleco, en donde una de las principales inquietudes de nuestros representados dice relación con la generación de empleos para los jóvenes y, crecientemente, para las mujeres.
Como dije, muchas empresas están cerrando sus puertas, entre ellas la tradicional fábrica de muebles Traiguén, que data del siglo XIX, por falta de mecanismos que le permitan paliar su actual situación económica. Lo mismo ocurre con otros sectores.
Por eso, llamo a ocuparnos de esta materia y a entregar un apoyo efectivo a la gente que enfrenta esta situación, en especial de parte del Banco del Estado que, se supone, es de todos; pero que hoy no es más que cualquier otro banco del sistema financiero.
Desde esta Cámara de Diputados, y considerando la realidad de las pymes, pido oficiar a las ministras secretaria general de la Presidencia y de Economía , y al ministro de Hacienda , para que nos informen acerca de las medidas anunciadas y del estado de avance de los proyectos. Sin duda, por representar la esperanza de miles de pequeños y medianos empresarios, es muy necesaria su agilización.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DEL FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , quiero solicitar, por su intermedio, los oficios pertinentes para revisar la actual situación del Fondo de Desarrollo de Magallanes y para tratar de flexibilizar la normativa actual, que impide la utilización de los recursos de acuerdo con el espíritu del legislador.
El Fondo de Desarrollo de Magallanes fue creado en 1993, mediante la ley N° 19.275 y por iniciativa del entonces senador don José Ruiz di Giorgio . Dicha ley establece que la recaudación con motivo de las actividades de explotación del petróleo o gas en la región de Magallanes y Antártica Chilena se destinará anualmente a un fondo acumulable para el desarrollo productivo de la región.
La utilización del fondo está reglamentada por el decreto N° 732, de julio de 1994, del Ministerio de Hacienda, el cual establece que forma parte del programa de inversión regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, identificado como gasto en la partida 05, programa 02, del Ministerio del Interior, lo que le impide ser utilizado en forma directa en apoyo a iniciativas de privados. Es decir, está sujeto a una tramitación administrativa que no corresponde a los tiempos que requieren las iniciativas productivas.
Por otro lado, durante los dos últimos años, en la ley de Presupuestos no están establecidos en forma diferenciada los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que no permite llevar control respecto de su utilización o de lo que ha entregado el Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, retomando el espíritu que tuvo en vista el legislador para crear el fondo, con el objeto de generar alternativas de desarrollo productivo en la región de Magallanes, pido que se oficie al Ministro de Hacienda para que se estudie la posibilidad de incluir una glosa en la partida correspondiente de la ley de Presupuestos.
Además, con el objeto de estudiar con mayor detalle la iniciativa, propongo invitar a las autoridades de ese ministerio a la primera reunión de la Comisión Especial de Zonas Extremas, que efectuaremos en abril próximo, en la que se analizará el tema con mayor profundidad.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , al reasumir nuestras funciones tomé contacto con diferentes organizaciones de postulantes al Fondo Concursable para la Vivienda, con el objeto de analizar la información recibida de parte del Serviu de la Décima Región, en el sentido de que para el primer llamado del presente año sólo se tienen contemplados 300 subsidios, cantidad muy inferior a las necesidades de esas personas. Esta situación tiene muy preocupados a los cientos de comités existentes en la región, ya que esa cifra no representa ni siquiera el 10 por ciento de los cuatro mil postulantes a vivienda.
Por lo señalado, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete , con el objeto de que nos informe respecto de la posibilidad -petición que la bancada socialista pide extender al resto de la regiones- que al menos se mantengan los más de dos mil subsidios entregados por esa cartera al Fondo Concursable para las regiones. Esta preocupación es compartida por las diferentes regiones donde existen Comités de Vivienda.
Es muy importante que en el primer año de gobierno de la señora Michelle Bachelet se mantenga la cantidad de subsidios que tanto nacional como regionalmente se han entregado los otros años para estos fines, toda vez que el Subsidio de Vivienda Social Dinámica sin Deuda es uno de los más novedosos que han creado los gobiernos de la Concertación.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE “CASO ALERCE”, EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , pido que se oficie también al presidente del Consejo de Defensa del Estado , con el objeto de que nos informe acerca del estado de avance en que se encuentran las acciones emprendidas por dicho organismo en el denominado “Caso alerce”.
Valoramos la importancia que ha dado el nivel central a dichos procesos, por cuanto se ha infligido un manifiesto daño al medio ambiente en nuestra región y, en particular, porque se han derribado y comercializado más de dos mil ejemplares de alerce de más de dos mil años, por las personas procesadas.
También agradeceré que nos explique cuáles han sido las razones que llevaron a que el Consejo de Defensa del Estado de Puerto Montt no iniciara demandas civiles en contra de uno de los procesados en ese caso, el ex alcalde de Fresia , señor Nelson Schwester , de la misma forma que al resto de los procesados. Creemos que no existen razones que justifiquen no iniciar acciones civiles por daño ambiental en contra de uno de los principales procesados en este caso, tal como se ha hecho, de muy buena forma, con el resto de los procesados.
Queremos que se investiguen las eventuales relaciones existentes entre ese procurador fiscal y la familia del ex alcalde de Fresia .
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
SITUACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE VALDIVIA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , la semana pasada concurrí a la oficina del Registro Civil de Valdivia , donde pude observar las precarias condiciones de funcionamiento que deben enfrentar su personal y el público, pues carece de personal e infraestructura suficientes -no cuenta con baños públicos- y de una política de recursos humanos y de inversión que permita solucionar esa situación.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional del Servicio de Registro Civil y al director regional de ese organismo, a fin de que nos informen sobre el estado en que se encuentra el edificio donde funciona la oficina del Registro Civil de Valdivia .
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la representante de los trabajadores del Servicio de Registro Civil de Valdivia, señora Ida Catalán Rodríguez .
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Si le parece, también se enviará oficio al ministro de Justicia , de quien depende el Servicio de Registro Civil.
HOMENAJE A CALAMA EN SU 127° ANIVERSARIO.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , aprovecho esta tribuna para rendir homenaje a una de las ciudades más importantes de mi distrito: Calama , cuya población asciende a 150 mil habitantes y que mañana conmemora 127 años de su fundación.
El 21 de marzo de 1879 comenzó la ocupación de las tropas chilenas pasado el paralelo 24. Allí, en lo que constituyó el inicio de la Guerra del Pacífico, jóvenes soldados y un gran número de trabajadores de las oficinas salitreras chilenas dieron la vida para anexar a territorio chileno este oasis llamado Calama . Desde entonces, cada 23 de marzo se añora a la juventud que dio vida a la verdadera capital minera de Chile.
Hoy, las oficinas salitreras son parte de la historia de esa fundación. Sin embargo, el cobre ha revivido en nuestro oasis la “fertilidad” de nuestra tierra, que hoy entrega al país un recurso no renovable y que es piedra angular de nuestra economía como nación. Se trata de un lugar del país que no es fácil de habitar, porque cuesta hacer patria en el desierto y enfrentar las condiciones climáticas y de trabajo que allí imperan y que los loínos conocen muy bien. Eso hace que hoy, más que nunca, me sienta orgulloso de haber nacido en esa tierra de sol y cobre.
Por eso, desde esta tribuna, quiero felicitar a los habitantes de Calama y de sus comuna aledañas por la conmemoración de los 127 años de su fundación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que adhieren al homenaje los diputados señores Manuel Rojas y los demás parlamentarios que así lo indican.
REGULARIZACIÓN DE SECTORES COSTEROS. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en octubre de 2005 fue publicada la ley Nº 20.062, que regulariza la situación de ocupantes ilegales en bordes costeros de sectores que indica e introduce modificaciones al decreto ley Nº 1.939, de 1977.
Por razones inexplicables, esta ley, en contra de nuestros principios, casi tiene nombres y apellidos, ya que incluyó sólo a cinco regiones y a algunas caletas.
El distrito que represento tiene un sinnúmero de caletas, en las cuales habitan cientos de familias en la más absoluta pobreza. Además, no pueden postular a subsidios ni optar a los beneficios que otorga el Estado por no ser propietarias del terreno que ocupan.
El artículo transitorio de esa ley dispone que el Ministerio de Bienes Nacionales elaborará, en un plazo de 180 días, a contar de la publicación de la ley -es decir, del 29 de octubre del año pasado-, un informe en conjunto con el Ministerio de Defensa, con el objeto de determinar e identificar todos los sectores costeros, caletas u otros lugares susceptibles de ser regularizados de acuerdo con las normas vigentes.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, con el objeto de que nos informe qué caletas o sectores del borde costero son susceptibles de ser regularizados. Me interesa conocer, especialmente, lo referido a mi distrito.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
HOMICIDIO DE CARABINERO EN CURICÓ Y FISCALIZACIÓN DE TENENCIA DE ARMAS. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , quiero rendir un homenaje al sargento 2º de Carabineros, señor José Reyes Muñoz , quien fue asesinado vilmente en Curicó por un joven de 17 años.
La opinión pública se ha visto conmocionada por este suceso. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: en pleno centro de Curicó, a mediodía, el sargento Reyes, que estaba de franco, se percató de que un joven estaba intentando robar una bicicleta. Lo conminó a que no lo hiciera, y después de un forcejeo, el joven disparó a mansalva a su rostro.
Estos hechos ocurren por muchas razones, especialmente porque en la actualidad los carabineros sienten que no tienen la autoridad ni la protección necesaria para actuar contra la delincuencia.
Carabineros de Chile, a raíz de hechos ocurridos hace algunos años, dispuso que los efectivos de menor rango y de franco estuvieran desarmados. Sin embargo, deben actuar si presencian algún delito, pero no pueden hacerlo eficazmente si están desarmados.
La situación de Carabineros se contrapone totalmente con lo que están haciendo los delincuentes.
¿Cómo es posible que un joven de 17 años, sin antecedentes penales, haya actuado en la forma que lamentamos?
Actualmente, la delincuencia se ha desbordado. Si asesinan a un carabinero, ¿qué seguridad puede esperarse para los civiles?
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Defensa, con el objeto de que se adopten medidas drásticas en lo relativo a fiscalización de tenencia de armas. Hoy, en todas las poblaciones vemos personas con armas, sin embargo no se fiscaliza adecuadamente para descubrir cómo las obtienen.
¡No podemos seguir lamentando que continúen matando a nuestros carabineros, como ocurrió con el sargento Reyes, en Curicó!
Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al diputado León.
HOMICIDIO DE CARABINERO EN CURICÓ Y FISCALIZACIÓN DE TENENCIA DE ARMAS. Oficios
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor León .
El señor LEÓN .-
Señor Presidente , quiero adherirme a la petición de envío de oficios formulada por el diputado Correa .
La comunidad curicana quedó francamente impactada con este crimen atroz, asistió a los funerales, salió a las calles a protestar y se hizo la misma pregunta que planteó el general director de Carabineros: ¿cómo es posible que un muchacho de 17 años salga a robar y esté dispuesto a matar si es sorprendido en su ilícito?
Es un tema que como sociedad tenemos que analizar y buscar la forma de trabajar la prevención y la represión.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por el diputado Correa , con la adhesión de los diputados que así lo indican.
SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , la provincia de Chiloé se caracteriza por contratar con un importante número de personas que habita en los sectores rurales, donde hay una gran atomización de la propiedad. Su distribución ha generado pequeños predios, lo que hace que la economía local en los sectores poblacionales rurales sea de subsistencia, con pocas posibilidades de recurrir a otras fuentes de trabajo.
En predios de pocas hectáreas son escasas las posibilidades de desarrollar actividades económicas productivas rentables, ya que se reducen a la siembra de cultivos tradicionales que fundamentalmente son para la subsistencia familiar, y con los excedentes, que se comercializan en las ferias de las principales ciudades, no se obtienen recursos suficientes para paliar el costo real de los insumos.
Las familias poco a poco se endeudan con el Indap o van disminuyendo su patrimonio, porque para ponerse al día en sus cuentas tienen que deshacerse de los pocos animales que poseen o vender una hectárea de terreno con el fin de tener acceso al crédito.
Hace algunos años, con el apoyo decidido de muchos parlamentarios, en la Comisión Mixta de Presupuestos se aceptó incorporar programas de bonificación a la fertilización de praderas que tenían como finalidad aumentar la producción o la productividad de esas comunidades rurales. Pero hoy se requiere tomar medidas urgentes para disminuir los costos productivos de esta economía de subsistencia.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Agricultura para que se subsidie para siempre la compra de fertilizantes. Eso sería un símil de los subsidios para los pagos de la cuenta de la luz y del agua potable que tienen las familias de más escasos recursos de los sectores urbanos.
Pedimos que ese costo que tienen las familias de menores recursos del sector rural para producir, sembrar y autosubsistir, sea disminuido con la adopción de este tipo de medidas. De esa manera, tendrán una mejor condición y calidad de vida. Al disminuir los costos, aumentan indirectamente sus ingresos, lo que les va a permitir sobrellevar de mejor manera la dura vida del sector rural.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura, a fin de que se evalúe responsablemente una medida que permita, a través de los servicios del agro, bonificar la fertilización para las siembras, que tiene un alto costo en los insumos productivos.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
RÉPLICA A DENUNCIA EN CONTRA DE MILITANTES DE LA UDI.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , quiero aclarar una grave denuncia que, en este minuto, se está difundiendo por los medios de comunicación. Se trata de una acusación que pobladores de la toma de Peñalolén formulan a parlamentarios, autoridades y miembros de la UDI, en el sentido de que estarían, de alguna forma, interfiriendo la erradicación de ese campamento, que ha sido uno de los más grandes del país.
Esa acusación, absolutamente inaceptable, es una infamia de organismos que están promoviendo otras tomas.
Debo expresar a todos los medios de comunicación, a los pobladores y a la ciudadanía que tengan muy claro que uno de nuestros principios fundamentales es el respeto a la propiedad, a las personas y jamás participaríamos en una situación de este tipo. De hecho, hemos estado en permanente contacto con el alcalde de Peñalolén , Claudio Orrego , para colaborar en la erradicación de dicho campamento, la que ha sido realmente muy compleja y muy difícil.
Por lo tanto, desmiento públicamente que miembros de la Unión Demócrata Independiente hayan actuado para perjudicar o dañar la erradicación del campamento, que tanto le ha costado a la municipalidad, a los pobladores y a sus vecinos. No me cabe duda de que hay ciertas personas que quieren impedirla, complicarla y que, además, estarían usando el nombre de gente de nuestro partido para inculparla.
Aparte de ser uno de nuestros principios fundamentales el respeto a la propiedad privada, respetamos a los allegados que no están en la toma, a los vecinos que están en la toma y a los pobladores que han postulado con subsidios a sus nuevas casas; pero, por sobre todo, rechazamos a quienes promueven el desorden e instigan las tomas, que complican no sólo al país, sino también a los pobladores que usan para lograr sus planteamientos, escudándose en la “justicia social”.
Hago público este desmentido a los medios de comunicación que nos estén escuchando y que han informado sobre lo que he expuesto.
He dicho.
REPARACIÓN DE VÍAS EN SEGUNDA REGIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , debido al invierno boliviano que afectó a la zona norte en enero y febrero, básicamente a la Segunda Región , los caminos de toda la conexión vial interna resultaron bastante dañados. En verdad, hubo situaciones difíciles y complejas, como las ocurridas en Calama, ciudad que quedó aislada debido al deterioro de las vías.
Lamentablemente, sólo cuando situaciones similares suceden en el sur, los ministerios recurren en forma inmediata a la entrega de recursos especiales para resolver los problemas.
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio al ministro de Obras Públicas , con copia al ministro del Interior , para que informe sobre los recursos que se dispondrán, en forma urgente, para recuperar la conexión vial de la Segunda Región.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo .
APOYO AL NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , cuando en el país se producen los cambios democráticos de gobierno, siempre existe curiosidad por saber quiénes asumirán tal o cual cargo. Para los que representamos a la agricultura tradicional chilena, una de las preocupaciones fundamentales dice relación con el ministro de Agricultura .
Ha asumido dicha cartera Álvaro Rojas . Tengo entendido que se trata de un académico de la Universidad de Talca, casa de estudios superiores en la que dejó una huella señera por su docencia y su capacidad en bien del agro chileno. Se trata de un hombre de la Séptima Región a quien deseamos lo mejor.
Mediante estas palabras, deseo presentar a dicho secretario de Estado mis saludos y el de los parlamentarios que representamos a la gente del campo, a las zonas agrícolas de Chile que, con mucho esfuerzo, luchan para seguir siendo el vergel, el granero, la leche y la carne de nuestro país.
Existen muchos temas pendientes. Pese al gran trabajo del anterior ministro , quedan por definir aspectos sustantivos de la política agraria. Mediante su programa de Gobierno, la Presidenta de la República , doctora Michelle Bachelet , comunicó que quiere hacer de Chile una potencia agroalimentaria que pese en los mercados internacionales.
Me parece bien, y respaldamos esa idea. Pero también debemos agregar que, por nuestra experiencia y sensibilidad, ello sólo será posible en la medida en que los pequeños agricultores y los pequeños campesinos, y en general la agricultura familiar campesina, obtengan del Estado los apoyos necesarios para no morir en manos de la moderna agricultura que poco a poco nos consume y, de una vez por todas, logren insertarse en la modernidad y en la agricultura de hoy.
Por eso, en pro de la agricultura tradicional, que ha sido la generadora de los alimentos de Chile, deseo entregar nuestro incondicional apoyo al señor ministro de Agricultura que asume sus funciones, con quien, por el bien de nuestro país, deberemos tener una fluida relación.
Pido que se envíe copia de mi intervención al mencionado secretario de Estado.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
DECLARACIONES DE CANDIDATO PRESIDENCIAL PERUANO SOBRE SUPUESTA CARRERA ARMAMENTISTA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , pido oficiar a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , para expresarle mi apoyo por las agresivas declaraciones formuladas por uno de los candidatos a la presidencia de la República del Perú , el señor Ollanta Humala , en las que le “pide cuenta pública”, respecto de lo que él califica como una “carrera armamentista” en material blindado, iniciada por Chile. Ello, por la decisión del Estado chileno de comprar tanques Leopard .
El candidato presidencial peruano o está tratando de buscar notoriedad política con una agresión a Chile, la que puede resultar popularmente simpática en algún segmento de la población peruana, pero no en quienes conocen la hermandad con nuestro país, o bien se trata de una persona que, a pesar de haber sido militar, es ignorante en materia de pertrechos y en logística.
El señor Ollanta Humala desconoce lo que significan los números reales. En verdad, Perú cuenta con 485 tanques y Chile tiene 386 unidades de material blindado. La aritmética no miente.
Prácticamente, Chile tiene 202 tanques Leopard , de los cuales alrededor de un tercio va a quedar obsoleto, porque ya no se encuentran en condiciones de seguir operando, de manera que la reposición de los nuevos ni siquiera va a alcanzar a cubrir las cifras del material bélico que tiene Perú, que tanto ahora como históricamente han sido más altas.
Cuando digo que ellos tienen 485 unidades de material blindado, me refiero a 375 T-54 más otros elementos, mientras que nosotros sólo tenemos 202 Leopard, de los cuales una parte está obsoleta; 60 Sherman , más algunos M-41 y AMX-30.
Las cifras no indican que Chile esté a la cabeza en relación con Perú. Incluso, si hiciéramos una comparación aritmética proporcional en la relación con nuestros tres vecinos, el resultado es 1 a 2,75.
Con Perú tenemos una hermandad histórica, admiración cultural por sus escritores, arquitectos, música, arte culinario, artesanía, ancestros históricos, indígenas, inmigrantes y empresarios; en fin, nos sorprende lo que escriben, lo que hacen y lo que producen. Pero este tipo de expresiones agresivas son innecesarias y, además, están desvinculadas de la verdad en relación con el tema de la defensa y de los datos técnicos que es necesario considerar.
Finalmente, pido adjuntar el texto de mi intervención al oficio solicitado.
La diputada señora Alejandra Sepúlveda me ha solicitado que le ceda parte del tiempo restante de mi Comité, a lo que accedo con mucho gusto, con afecto, respeto político y admiración por mi honorable colega, por alcanzar la primera mayoría de los 120 diputados electos para este período legislativo.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Carolina Goic y del diputado señor José Miguel Ortiz
HOMENAJE A COLEGIO MARISTA INSTITUTO SAN FERNANDO EN EL 75° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
El diputado señor Patricio Hales ha cedido el tiempo restante del Comité del Partido por la Democracia a la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
Tiene la palabra su señoría.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , quiero agradecer al diputado Patricio Hales que el tiempo me ha cedido. De mi colega aprendí a gestionar una campaña parlamentaria. Incluso, parte de mi triunfo en las últimas elecciones obedece a su experiencia, la que también ha entregado a otros diputados.
En San Fernando existe un establecimiento educacional que pertenece a la congregación de los Hermanos Maristas. Cuenta con una vida vocacional muy importante tanto en Europa como en América Latina; en Chile, ha realizado un aporte fundamental a la educación. Además, es parte muy importante en la historia de nuestra ciudad.
El próximo domingo, el colegio marista Instituto San Fernando cumple 75 años de existencia, durante los cuales no sólo ha hecho un aporte a la educación, sino también al progreso de la ciudad. Además, ha tenido una relación con la comunidad a través de sus obras sociales.
Los Hermanos Maristas han entregado a nuestro país numerosas personalidades de la historia de la República. Por ello, es mi deber, como parlamentaria, rendir un homenaje por lo que significan estos 75 años en la ciudad de San Fernando.
Como representante de dicha ciudad en esta Cámara, quiero hacer llegar una nota de felicitación al rector del colegio Marista Instituto San Fernando , señor Claudio Arellano , a sus profesores, a sus paradocentes, a sus auxiliares y a sus alumnos.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores José Miguel Ortiz , Eduardo Díaz , Gonzalo Duarte y Enrique Jaramillo.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de marzo de 2006.
Con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°.- Objetivo de la ley. La presente ley tiene por objetivo garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y normar la situación de los menores de catorce años infractores de la ley penal.
Para ello, regula los mecanismos especiales que deberán desarrollar los órganos de la Administración del Estado, los tribunales de justicia y, en general, las entidades públicas y privadas, con el fin de prevenir las situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes y proteger y promover el ejercicio de los mismos.
En su interpretación se tendrán especialmente en cuenta las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su interés superior.
Artículo 2°.- Definición de niño, niña y adolescente. Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a toda persona que no ha cumplido los catorce años de edad, y adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad.
En caso de duda acerca de si una persona es menor o mayor de dieciocho años, se le presumirá adolescente.
Artículo 3°.- Los niños como sujetos de derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con autonomía progresiva para ejercerlos y asumir sus responsabilidades.
Artículo 4°.- Responsabilidad de los padres. Los padres son responsables de la crianza y cuidado de sus hijos e hijas, así como de orientarlos en el ejercicio progresivo de sus derechos y responsabilidades.
Artículo 5°.- Rol de la familia y la comunidad. La familia y la comunidad deberán promover y velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 6°.- Principio de igualdad y no discriminación. Corresponde preferentemente al Estado adoptar las medidas necesarias para asegurar que todo niño, niña y adolescente sea protegido contra cualquier forma de discriminación arbitraria, de acuerdo a la Constitución y a la ley.
Artículo 7°.- Decisiones relativas a la crianza de los niños. Ninguna de las disposiciones de la presente ley autorizará a la comunidad a intervenir en las decisiones de los padres y de los representantes legales, relativas a la crianza de los niños.
Artículo 8°.- Cuenta de las actividades de la autoridad. Anualmente, la autoridad correspondiente rendirá cuenta de sus actividades en audiencia pública.
En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren presentado.
El Presidente de la República , mediante decreto supremo, reglamentará la forma en que se dará cumplimiento a esta obligación.
Artículo 9°.- Derecho del niño a ser oído. En todos los asuntos que les afecten, los niños, niñas y adolescentes gozarán del derecho a expresar su opinión libremente, la que deberá tenerse en cuenta, en función de su edad y madurez. Para ello, tendrán la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte.
TÍTULO II
ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPALIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Artículo 10.- Protección administrativa general. Los órganos de la administración del Estado y las municipalidades deberán velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adoptar todas las medidas tendientes a prevenir o superar las situaciones de vulneración de sus derechos, dentro del ámbito de sus competencias y siempre que cuenten con recursos financieros para tal efecto.
Artículo 11.- Solicitudes y reclamaciones. Todo niño, niña o adolescente que sufra cualquier vulneración en el ejercicio de sus derechos con ocasión de actuaciones de órganos de la administración del Estado, de sus autoridades o funcionarios, podrá, personalmente o a través de su representante legal o de cualquier persona a su nombre, presentar, por sí, solicitudes o reclamos, de conformidad con lo establecido en la ley Nº 19.880.
Si la vulneración fuera imputable a entidades privadas que se encuentren bajo la dependencia o supervisión de órganos de la administración del Estado o municipalidades, el niño, niña o adolescente, podrá, personalmente, a través de su representante legal o de cualquier persona a su nombre, presentar solicitudes y reclamaciones ante la entidad pública respectiva. Requerida su intervención, la entidad pública respectiva, dentro de sus facultades, adoptará de inmediato todas las medidas necesarias para superar la vulneración de derechos, y dará respuesta por escrito dentro de un plazo que no excederá de 15 días.
TÍTULO III
ACTUACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Artículo 12.- Protección administrativa especial. En conformidad a la misión y funciones que la ley le asigna, corresponderá al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia realizar las acciones destinadas a la prevención de situaciones de vulneración, protección integral y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.465.
Artículo 13.- Oferta y proyectos del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, el Servicio dispondrá de una oferta de proyectos ejecutados directamente o a través de colaboradores acreditados. En especial, esta oferta consistirá en:
a) Oficinas de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD), en el ámbito local, destinadas a realizar acciones encaminadas a otorgar protección integral de sus derechos cuando se encuentren en una situación de exclusión social o de vulneración de los mismos. La organización de estas oficinas podrá ser comunal o intercomunal, de acuerdo a las necesidades y características de la población infantil y adolescente de cada comuna.
b) Programas dirigidos a ofrecer al niño, niña o adolescente la atención ambulatoria especializada necesaria para la adecuada protección, reparación o restitución de sus derechos. En los casos en que la intervención técnica lo amerite, podrán desarrollarse conjuntamente con una modalidad residencial.
c) Programas dirigidos a prevenir situaciones de vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente que afecten su integración familiar, escolar o comunitaria.
d) Programas destinados a promover los derechos del niño, niña y adolescente.
e) Programas dirigidos a proporcionar al niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, un medio familiar donde residir, a través de familias de acogida.
f) Programas de adopción de niños, niñas y adolescentes, conforme a la ley N° 19.620.
g) La elaboración de diagnósticos solicitados por el tribunal competente u otras instancias públicas o privadas que digan relación con una situación de vulneración de derechos que afecte a un niño, niña o adolescente.
h) Centros residenciales para la atención de los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar.
Artículo 14.- Conocimiento y calificación de las situaciones de vulneración de derechos. Las Direcciones Regionales del Servicio y las Oficinas de Protección de Derechos del niño, niña o adolescente recibirán las denuncias o solicitudes formuladas a favor de los mismos.
Recibida una denuncia o solicitud de intervención o tomado conocimiento de una situación de vulneración de derechos, las Oficinas de Protección de Derechos y las Direcciones Regionales, por sí o con la colaboración de proyectos especializados, calificarán el caso con el objeto de orientar su actuación.
La calificación deberá realizarse en el menor plazo posible y preferentemente de manera ambulatoria. Con todo, si para realizar la calificación a que se refiere el presente artículo fuere indispensable la separación del niño de su medio familiar, deberá solicitarse una medida cautelar a su favor ante el Juzgado de Familia competente.
Artículo 15.- Acciones posteriores a la calificación. Una vez realizada la calificación o cuando ella no fuere necesaria por existir antecedentes suficientes, el Servicio, directamente o a través de sus colaboradores acreditados, prestará orientación y asistencia, propiciará acuerdos con los padres o quienes tengan el cuidado personal del niño, niña o adolescente para su ingreso a un proyecto, se coordinará con diversos actores tanto del ámbito público como privado para potenciar los recursos disponibles y, en general, realizará todas las acciones que estime pertinentes, de conformidad a sus atribuciones legales, con el objeto de superar la situación de vulneración de derechos.
Para el ingreso de un niño, niña o adolescente a la oferta programática no residencial se requerirá de la voluntad de los padres o personas que tienen legalmente su cuidado, sin perjuicio de lo cual la opinión de aquéllos será escuchada y considerada, en función de su edad y madurez.
Cuando no concurra la voluntad de las personas indicadas en el inciso precedente o el caso así lo amerite, el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia recurrirá a los Juzgados de Familia a fin que se adopte la medida de protección pertinente. Éstos podrán adoptar todas aquéllas contempladas en los artículos 71 de la ley N° 19.968 y 34 y 35 de esta ley. Del mismo modo, deberá solicitar la intervención judicial cuando se trate de materias de su exclusiva competencia.
Artículo 16.- Registro. El Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia deberá llevar un registro de las acciones, intervenciones, derivaciones y egresos de los casos de los que tome conocimiento de acuerdo a los artículos anteriores. Los colaboradores acreditados que participen de dichas intervenciones deberán proporcionar la información respectiva al registro.
El registro del Servicio y los que pudieren desarrollar los colaboradores acreditados se someterán a lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
TÍTULO IV
ACCIONES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE LOS TRIBUNALES
^@#@^DE JUSTICIA
Párrafo I
De la Acción Especial de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Artículo 17.- Acción especial de protección de derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, todo niño, niña o adolescente o cualquiera a su nombre, podrá solicitar la protección de los Juzgados de Familia cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías contemplados en la disposición constitucional antes citada.
Esta acción no procederá en aquellos casos relativos a las materias a que se refiere el artículo 8° de la ley Nº 19.968.
Artículo 18.- Legitimación activa. Se aplicará a esta acción lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la ley Nº 19.968.
Artículo 19.- Tribunal competente y plazo. La acción a que alude el presente Párrafo deberá interponerse ante el Juzgado de Familia en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos del niño, niña o adolescente, dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en el proceso.
Artículo 20.- Interposición. La acción especial de protección se interpondrá por escrito, por cualquier medio, sin formalidad alguna, pudiendo incluso presentarse verbalmente, en cuyo caso se levantará el acta respectiva.
En la acción deberá constar el nombre completo y el domicilio del solicitante; la persona a favor de quien se interpone, con su nombre, apellido y domicilio si se conociere; la identificación de la persona o entidad que ha incurrido en la acción u omisión, si fuere posible; la relación de los hechos que motivan la acción y los fundamentos jurídicos en que ésta se apoya, y las peticiones concretas que se formulan al Tribunal.
Además, el actor acompañará a la solicitud, si procediere, los antecedentes pertinentes, individualizará aquéllos de los cuales tiene conocimiento pero no dispone, con la indicación de la persona o lugar en que se encuentran, y podrá solicitar el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 22 de la ley N° 19.968.
Artículo 21.- Admisibilidad. Presentada la acción, el Tribunal examinará si ha sido interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea, adolece de manifiesta falta de fundamento o se refiere a materias previstas el artículo 8° de la ley Nº 19.869, la declarará inadmisible desde luego por resolución someramente fundada, la que no será susceptible de recurso alguno, salvo el de reposición ante el mismo Tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día.
Artículo 22.- Error u omisión. Cuando se haya omitido alguno de los antecedentes señalados en el inciso segundo del artículo 20 o se haya incurrido en un error manifiesto respecto a ellos, el Tribunal los subsanará de oficio. De no ser posible, ordenará subsanar dichos errores u omisiones dentro de un término no inferior a cinco ni superior de diez días, siempre que sean imprescindibles para su conocimiento y resolución.
Vencido el plazo indicado en el inciso anterior sin haberse subsanado, el Tribunal declarará inadmisible la acción de plano.
Artículo 23.- Acumulación de autos. Si respecto de un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más acciones, aún por distintos niños, niñas o adolescentes afectados, se acumularán todas las acciones en el Juzgado de Familia al que hubiere ingresado la primera de ellas, para ser resueltas en una misma sentencia.
Artículo 24.- Conocimiento preferente. La acción especial de protección se substanciará en forma preferente a cualquier otro asunto, con excepción de las medidas que se adopten en el ejercicio de la potestad a que alude el Párrafo II del presente Título.
Artículo 25.- Potestad cautelar. Para el ejercicio de la potestad cautelar será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.968.
Artículo 26.- Informe. Cuando se admitiere a tramitación la acción especial de protección, el Tribunal ordenará que informen, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según la acción o en concepto del Tribunal, sean los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijando un plazo breve y perentorio para emitir el informe y señalando que conjuntamente con éste, el obligado a evacuarlo remitirá todos los antecedentes que existan en su poder sobre el motivo de la acción.
La referida solicitud y el informe requerido deberán despacharse por escrito, por el medio más rápido posible.
Si el informe no fuere evacuado dentro del plazo determinado, se resolverá la acción sin más trámite, salvo que el Tribunal estime conveniente y necesario practicar alguna medida para mejor resolver, la que deberá cumplirse en un plazo no superior a cinco días.
Artículo 27.- Facultad de hacerse parte. La autoridad, funcionario o persona requerida para informar, junto con presentar su informe y acompañar los antecedentes solicitados, podrá hacerse parte en el proceso.
Cualquier otra persona que tenga un interés legítimo en el resultado de la acción, podrá hacerse parte hasta antes del vencimiento del plazo para presentar el informe.
Artículo 28.- Audiencia. Si del o los informes evacuados el Tribunal pudiere concluir la efectividad de la amenaza, privación o perturbación del derecho reclamado en los términos dispuestos en el artículo 17 y no se hubiere planteado controversia en los hechos o el derecho, acogerá la acción especial de protección de derechos, en cuyo caso procederá conforme los artículos siguientes.
En caso contrario, dictará una resolución citando a las partes a audiencia, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible, y a la que éstas deberán concurrir con todos sus medios de prueba.
La audiencia tendrá por objeto oír a las partes, recibir antecedentes adicionales y resolver la acción. Se llevará a efecto en un solo acto, pudiendo prorrogarse en sesiones sucesivas si fuere necesario.
Artículo 29.- Facultades del Tribunal que acoge la solicitud de protección. Si el Tribunal accede a la solicitud, podrá adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para asegurar la debida protección del afectado.
Artículo 30.- Sanciones por incumplimiento de la resolución judicial. Si la persona, el funcionario o el representante o jefe del órgano del Estado, tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante o cualquiera otra, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones o sentencias dentro de los plazos que el Juez determine conforme a lo establecido en los artículos precedentes, podrá imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Amonestación privada;
b) Censura por escrito;
c) Multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales, y
d) Suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo en el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieren incurrir dichas personas.
Artículo 31.- Supletoriedad. En todo lo no regulado por este Párrafo, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título III de la ley Nº 19.968.
Párrafo II
De la Aplicación Judicial de Medidas de Protección de los Derechos de los
Niños, Niñas o Adolescentes
Artículo 32.- Procedencia. Las medidas de protección a favor de un niño, niña o adolescente procederán cuando concurra alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente, en conformidad a lo previsto en el Párrafo I del Título IV de la ley Nº 19.968, que crea los Juzgados de Familia.
Artículo 33.- Causales. Las medidas contempladas en este Párrafo se adoptarán ante situaciones de vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente causadas por:
a) Ausencia de los padres o las personas responsables de su cuidado personal;
b) Incapacidad o imposibilidad, transitoria o permanente, de los padres o de las personas responsables para ejercer su cuidado personal, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos, deberes y obligaciones;
c) Incumplimiento voluntario o negligente de las obligaciones de protección de padres o personas responsables de su cuidado personal, cuando ello comprometa su vida, integridad física o psíquica;
d) Ser víctima de maltrato, abuso o explotación sexual, y
e) La necesidad urgente de proporcionarle atención de salud para proteger su vida e integridad física, en caso de adicciones extremas.
Artículo 34.- Medidas de protección. Concluido el procedimiento respectivo, el Juez podrá adoptar, mediante resolución fundada, las siguientes medidas de protección o alguna de las contempladas en la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, a favor de los niños, niñas o adolescentes:
a) Mantenerlo bajo el cuidado de sus padres, guardadores o personas a cuyo cargo estuviere, instándolos a tener una mayor preocupación sobre la conducta del niño o adolescente y advirtiéndoles que la reiteración de hechos que pongan en peligro la vida, integridad física o psíquica del propio niño, niña o adolescente o de terceros o los bienes de éstos podría motivar la aplicación de medidas más severas;
b) Asistencia a programas o servicios de apoyo, orientación, intervención o reparación ofrecidos por entidades públicas o privadas;
c) Tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico;
d) Confiarlo al cuidado de un familiar o de un tercero;
e) Ingreso a programa de familias de acogida, y
f) Ingreso a un centro residencial.
El Juez podrá decretar una o varias de las medidas establecidas en el presente artículo. Para resolver, se deberá tomar en cuenta la gravedad de los hechos que ameriten su aplicación, el grado de autonomía y capacidad del niño, niña o adolescente, la presencia de redes de apoyo y la posibilidad del adecuado ejercicio de los roles protectores por parte de los adultos responsables de su cuidado.
Estas medidas deberán decretarse por un plazo determinado, no superior a un año, y podrán renovarse por períodos iguales, mediante resolución fundada, sin perjuicio de las normas especiales contenidas en este Párrafo. En todo caso, el Tribunal escuchará, en cualquier tiempo, al niño, niña o adolescente, a sus padres y a quienes sean responsables de la ejecución de la medida y podrá suspender, modificar o dejar sin efecto tal medida conforme a las reglas de los incidentes.
El Tribunal, las instituciones y centros o programas encargados de dar cumplimiento a la medida decretada deberán informar al niño, niña o adolescente a lo menos acerca de la naturaleza y extensión de la medida tomada a su respecto.
El Tribunal sólo podrá aplicar a un niño, niña o adolescente una medida de internamiento obligatorio en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado de rehabilitación de la adicción a las drogas, al alcohol u otras de igual gravedad, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud. Esta medida se impondrá sólo por el plazo estrictamente necesario para superar la situación de amenaza y no podrá exceder de 90 días. Concluido este plazo, la medida podrá prorrogarse, incidentalmente, por resolución fundada.
Artículo 35.- Medidas aplicables a los padres o personas a cargo del cuidado personal. El Juez podrá adoptar las siguientes medidas respecto de los padres, personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente o que convivan con él:
a) Asistencia a programas o servicios ambulatorios de apoyo u orientación ofrecidos o financiados por organismos públicos o privados;
b) Tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico;
c) Obligación de matricular al niño, niña o adolescente en un establecimiento educacional y velar por su asistencia;
d) Obligación de impedir que el menor realice trabajos prohibidos por la ley y de precaver cualquier explotación laboral por terceros;
e) Prohibición de mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente por tiempo determinado, y
f) Expulsión del agresor o agresora de la vivienda común en casos de maltrato grave, abuso o explotación sexual.
Dichas medidas deberán decretarse por un plazo determinado, que no podrá exceder de un año, que podrá renovarse por períodos iguales mediante resolución fundada pronunciada en procedimiento incidental. El Tribunal podrá decretar una o más de ellas simultáneamente y en conjunto con las previstas en el artículo anterior.
En el caso de las medidas establecidas en las letras a) y b) precedentes, se deberá contar con el consentimiento del afectado. De no contar con este consentimiento, el Juez podrá decretar todas las medidas contempladas en la ley.
Artículo 36.- Confiar el cuidado a un familiar o tercero. Confiar el cuidado a un familiar o tercero es aquella medida de protección transitoria decretada por el Juez, que consiste en la entrega del cuidado de un niño, niña o adolescente con el objeto de procurarle un núcleo de convivencia familiar.
Procederá la entrega del cuidado transitorio siempre que la causal que lo justifique sea temporal o cuando de los antecedentes del proceso se concluya que el niño, niña o adolescente podrá retornar, una vez vencido el plazo decretado por el Tribunal, a su entorno familiar.
El Tribunal también podrá confiar este cuidado a personas que no tengan un vínculo de parentesco con el niño, niña o adolescente, con las que éstos tengan una relación de afecto y confianza. En este caso, el Tribunal siempre deberá requerir una evaluación especializada del niño, niña o adolescente y de las personas que soliciten o se propongan para asumir su cuidado.
El Tribunal podrá renovar esta medida por una sola vez y hasta por un año, cuando las circunstancias que dieron lugar a ésta se mantengan.
Cuando hubieren transcurrido los plazos anteriores y no fuere posible que el niño, niña o adolescente vuelva al cuidado de sus padres, el Tribunal podrá adoptar, de acuerdo al procedimiento especial para la aplicación judicial de medidas de protección dispuestas para los niños, niñas y adolescentes en la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, una medida de entrega de cuidado personal indefinido, que dará a las personas a quienes se haya entregado el cuidado del niño, las facultades del cuidado personal a que se refiere el Código Civil.
Tratándose del cuidado personal con fines adoptivos, sólo procederá en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 19.620 y bajo ninguna circunstancia podrá decretarse en el ámbito proteccional.
Artículo 37.- Ingreso a programa de familias de acogida. El ingreso a un programa de familias de acogida es aquella medida de protección transitoria decretada por el juez, que consiste en la entrega del cuidado de un niño, niña o adolescente a un programa desarrollado por el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia o a través de los organismos acreditados ante él, que proporcionará a éste un núcleo de convivencia familiar.
Renovada la medida por dos períodos y siempre que la situación que motivó a decretarla no hubiere sido superada, el Tribunal podrá mantenerla y renovarla cada vez, en lo sucesivo, hasta por dos años.
El Director del programa o el Tribunal , si aquél no lo hubiere informado, deberá comunicar a la Dirección Regional respectiva del Servicio la medida decretada cuando se hubieren cumplido los plazos y configurado las causales establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 12 de la ley Nº 19.620, para que se inicien los procedimientos que correspondan, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 13 de la misma ley.
Artículo 38.- Ingreso a centro residencial. La medida de ingreso a un centro residencial es aquélla consistente en el ingreso y permanencia de un niño, niña o adolescente en los establecimientos calificados como tales por el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, que procederá como medida de último recurso y cuando su cuidado no pueda ser confiado a un familiar.
Al adoptar esta medida, siempre se deberá privilegiar el derecho del niño, niña o adolescente a vivir en una residencia cercana a su familia y comunidad, salvo su interés superior.
Para decretar la renovación de esta medida y sin perjuicio de la obligación de informar periódicamente que deberán cumplir los establecimientos residenciales, el Tribunal llamará a una audiencia de seguimiento de la misma. A dicha audiencia deberán concurrir los padres, si fueren habidos, y el director del establecimiento o quien éste designe. El niño, niña o adolescente siempre deberá ser oído, en la misma audiencia, por separado, y su opinión será considerada en función de su edad y madurez.
En el caso que la medida hubiere sido ya renovada por dos períodos, la audiencia de seguimiento se podrá realizar en lo sucesivo cada dos años.
El Director del Centro Residencial o el Tribunal, si aquél no lo hubiere informado, deberá comunicar a la respectiva Dirección Regional del Servicio la medida decretada cuando se hubieren cumplido los plazos y configurado las causales establecidas en los números 1 y 2 del artículo 12 de la ley Nº 19.620.
Artículo 39.- Derechos y obligaciones de los padres. Cuando se decreten las medidas contempladas en las letras d), e) y f) del artículo 34, los padres siempre conservarán el derecho y el deber establecido en el artículo 229 del Código Civil, salvo que en la misma resolución se hubiere adoptado expresamente alguna de las medidas previstas en las letras e) y f) del artículo 35. En todo caso, siempre conservará el deber de contribuir a los gastos de educación, crianza y establecimiento de sus hijos e hijas.
Artículo 40.- Rol del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia en la protección jurisdiccional de derechos. En este ámbito, al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia le corresponderá el cumplimiento de las resoluciones judiciales que disponen la aplicación de medidas de protección en alguno de los proyectos de su red de organismos acreditados y la obligación de mantener a disposición de los tribunales la información actualizada acerca de la oferta de atención existente en las distintas jurisdicciones del país.
TÍTULO V
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA EN EL ÁMBITO DE LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Artículo 41.- Asistencia inmediata a víctimas de delitos o frente a vulneraciones de derechos. Carabineros de Chile deberá otorgar en forma inmediata la asistencia que requiera todo niño, niña o adolescente víctima de una falta, crimen o simple delito, o que esté expuesto a una vulneración de sus derechos o a una amenaza de la misma.
La acción de Carabineros se orientará a repeler el delito y poner fin a la vulneración de sus derechos, otorgándole para estos fines la asistencia indispensable.
Para ello, deberá otorgar protección inmediata a un niño, niña o adolescente que se encuentre en situación de peligro grave, directo e inminente para su vida o integridad física, para lo cual podrá ingresar a un lugar cerrado y retirar al niño, niña o adolescente, debiendo en todo caso poner de inmediato los hechos en conocimiento del Juez de Familia o del Fiscal del Ministerio Público , según corresponda. En lo demás, procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.
En casos de urgencia, deberá conducir al niño, niña o adolescente a un centro de salud para que reciba la atención médica correspondiente.
Del mismo modo, Carabineros deberá denunciar ante el Juez de Familia correspondiente el que una niña, un niño o adolescente no esté matriculado en un establecimiento educacional o el que haya sido sorprendido realizando trabajos prohibidos o indebidos por orden y en beneficio de terceros.
Artículo 42.- Obligación de entregar al niño, niña o adolescente a sus padres. Una vez repelido el delito o superada la vulneración de derechos, el niño o niña será entregado en forma directa e inmediata a cualquiera de sus padres o a la persona responsable de su cuidado personal.
Tratándose de adolescentes, Carabineros procederá de conformidad al inciso anterior cuando éstos se encuentren en una situación de peligro grave, directo e inminente para su vida o integridad física. En los demás casos, éstos podrán solicitar a Carabineros asistencia para reunirse con sus padres o con quienes tienen su cuidado personal. En ambos casos, Carabineros deberá informar a los padres o personas responsables de su cuidado personal de las actuaciones realizadas al efecto.
Respecto de un niño, niña o adolescente perdido sobre el cual hubiere una solicitud de búsqueda vigente, a consecuencia de su desaparición, Carabineros procederá conforme a lo dispuesto en el presente Título, informando al Tribunal que hubiere formulado la solicitud o al Ministerio Público, en su caso.
Artículo 43.- Excepciones a la obligación de entrega a los padres. En los casos en que los padres o la persona responsable hayan sido los causantes directos de la vulneración o amenaza o hayan sido imputados por su supuesta participación en el crimen, simple delito o falta de que fue víctima el niño, niña o adolescente, y, en general, cuando por otras circunstancias no sea posible o conveniente entregarlo directamente a esas personas, Carabineros lo pondrá bajo la responsabilidad del tribunal competente.
Si el procedimiento se adoptare fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, Carabineros podrá conducir al niño, niña o adolescente a los establecimientos que, para estos efectos, determine el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia por resolución de su Director Nacional, e informará de los hechos a primera audiencia al Juzgado de Familia y de inmediato al Ministerio Público, si procediere.
En todo caso, el director de un establecimiento de los que alude el inciso anterior, podrá entregar directamente al niño, niña o adolescente a sus padres o personas responsables de su cuidado personal, siempre que no hayan sido los causantes directos de la vulneración o amenaza, o imputados por su supuesta participación en el crimen, simple delito o falta de que se trate. Verificada la entrega, informará al Juzgado de Familia competente.
Artículo 44.- Conducción y permanencia en unidades policiales. En el cumplimiento de las funciones establecidas en los artículos anteriores, Carabineros podrá conducir al niño, niña o adolescente a la unidad policial correspondiente. En ningún caso dicho traslado se efectuará en condiciones similares a las de una persona detenida.
El tiempo de permanencia en dichas unidades será el menor posible, exceptuándose de esta limitación aquellas unidades especializadas y habilitadas para la atención residencial de niños, niñas o adolescentes y, en todo caso, hasta que sea posible la entrega a sus padres o responsables de su cuidado, al tribunal competente o al establecimiento a que alude el inciso segundo del artículo anterior, según corresponda.
En ningún caso los niños, niñas o adolescentes conducidos a las unidades policiales podrán permanecer en las mismas dependencias o tomar contacto con detenidos.
Artículo 45.- Respeto por la dignidad e intimidad en el cumplimiento de sus obligaciones. En el cumplimiento de sus obligaciones, Carabineros actuará respetando la intimidad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, privilegiando la intervención de funcionarios o profesionales capacitados para la atención de los mismos.
Artículo 46.- Policía de Investigaciones de Chile. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a la Policía de Investigaciones de Chile.
TÍTULO VI
MALTRATO DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES,
FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR
Artículo 47.- Maltrato. Todo maltrato que afecte a un niño, niña o adolescente, que no sea constitutivo de delito, cometido por una persona que no tenga respecto del ofendido alguna de las calidades señaladas por el artículo 1° de la ley Nº 19.325, será sancionado con alguna de las siguientes medidas:
a) Multa, a beneficio municipal, del equivalente de uno a diez días de ingreso diario del condenado calculado en la forma señalada en el artículo 4º de esa ley, y
b) Realización de trabajos en beneficio de la comunidad con acuerdo del ofensor. La resolución que aplique esta sanción deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. En caso de incumplimiento de la sanción en la forma dispuesta por la sentencia, se dejará sin efecto la medida decretada debiendo imponerse en su lugar el máximo de la multa señalada en la letra anterior.
Artículo 48.- Competencia. Conocerá de la materia señalada en el artículo anterior el Juzgado de Familia del territorio jurisdiccional en que tenga residencia o domicilio el afectado.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 49.- Modificaciones al Código Civil. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:
1) Agrégase al artículo 226 el siguiente inciso, nuevo:
“Para los efectos de este artículo, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran inhabilitados física o moralmente cuando:
1° Sufrieren de alguna discapacidad mental grave, judicialmente declarada.
2° Padecieren de consumo dependiente de drogas o alcohol, circunstancia diagnosticada por, a lo menos, dos facultativos.
3° Hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores.
4° Maltrataren al hijo vulnerando gravemente su derecho a la vida, integridad física o psíquica.
5° Incumplieren sus obligaciones de protección, cuando con ello comprometan gravemente su integridad física o psíquica o su vida.”.
2) Derógase el artículo 234.
3) Reemplázase el artículo 240 por el siguiente:
“Artículo 240. Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona y quisieren éstos recuperar el cuidado personal, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, el que en su resolución determinará la forma y plazo en que se producirá la entrega.
La persona que lo hubiere alimentado o criado podrá solicitar al juez, en el mismo procedimiento, la tasación y reintegro de los gastos de crianza y educación en que hubiere incurrido. El no pago de dichos gastos, en ningún caso, impedirá la entrega del niño a sus padres.
El solo hecho de haber confiado el cuidado del menor de edad a terceros no constituye abandono para los efectos de lo dispuesto en este artículo.”.
4) Incorpórase el siguiente artículo 274:
“Artículo 274. La pérdida o suspensión del ejercicio de la patria potestad deja subsistente la obligación de los padres de contribuir a los gastos de educación, crianza y establecimiento de sus hijos.”.
Artículo 50.- Modificaciones al decreto ley N° 2.465, de 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 2.465, de 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores:
1) Sustitúyese la denominación del Servicio creado por esta ley de “Servicio Nacional de Menores” por “Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia”.
Todas las referencias efectuadas por otras leyes y reglamentos al Servicio Nacional de Menores, deberán ser entendidas al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia.
2) Incorpórase al artículo 22 un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:
“Asimismo, serán consideradas como establecimientos de beneficencia para los efectos del artículo 1.056 del Código Civil.”.
Artículo 51.- Modificación a la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Agrégase el siguiente artículo 16 nuevo a la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias:
“Artículo 16. El juez podrá ordenar, durante la tramitación del juicio de alimentos y sujeto a las disposiciones anteriores, que el padre, madre o la persona obligada a proporcionar alimentos al menor de edad, pague la respectiva pensión al centro, establecimiento o persona que lo tenga a su cargo, la que se destinará íntegra y directamente al menor de edad.
Si los menores de edad que se encontraren en la situación descrita en el inciso anterior tuvieren bienes propios, su representante legal deberá destinar, de las rentas provenientes de dichos bienes, las cantidades que sean necesarias para su cuidado y educación, de acuerdo con el monto y plazo fijados por el juez.”.
Artículo 52.- Derógase la ley N° 16.618, de Menores.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto conforme de 34 señores Senadores de un total de 43 en ejercicio y que, en particular, los artículos 10, 11, 17, 19, 48 y 52 fueron aprobados en carácter de normas orgánicas constitucionales con el voto conforme de 22 señores Senadores de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Convenio entre la República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta” y su protocolo, suscritos en Wellington, el 10 de diciembre de 2003. (boletín N° 3973-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y sin urgencia, sobre el proyecto de acuerdo señalado en el epígrafe, mediante el cual S.E. el Presidente de la República somete a la consideración de la H. Corporación un tratado, denominado convenio, suscrito con Nueva Zelanda para evitar la doble tributación y la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta aplicable a las personas residentes de uno o de ambos Estados, conforme al modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos reglamentarios correspondientes se hace constar lo siguiente:
1° Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado que, principalmente, compromete a los Gobiernos de Chile y de Nueva Zelanda a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos a la renta, el que la H. Cámara, conforme lo dispuesto por el N° 1 del artículo 54 de la Constitución Política, sólo puede aprobar o desechar.
2° Que este tratado no contiene normas que requieran quórum especial para su aprobación.
Pero, por sus efectos financieros para el Estado, debe ser informado por la H. Comisión de Hacienda, al tenor de lo establecido por el artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
3° Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de la H. Diputada Allende Bussi , doña Isabel ; y de los HH. Diputados Bayo Veloso, don Francisco ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari , don Juan ; Mora Longa, don Waldo ; Riveros , Marín don Edgardo , y Villouta Concha, don Edmundo .
4º Que Diputado informante fue designada, la H. Diputada Pérez San Martín , doña Lily .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Este tipo de convenios se conforman al modelo elaborado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y a las adecuaciones que para estos efectos estableció la ley N° 19.506, que modificó el decreto ley N° 824 de 1974, sobre impuesto a la renta; el decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, el Código Tributario, la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y otras normas legales.
A) Objetivos del Convenio.
Como lo señala el mensaje, este Convenio de un contenido análogo a los celebrados con Brasil, Canadá , Ecuador , España , México , Perú, Polonia y Reino Unido, persigue, en lo principal, los objetivos siguientes:
1. Reducir la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes residentes de uno o de ambos Estados Contratantes que desarrollan actividades transnacionales entre los Estados Contratantes, respecto a los impuestos sobre la renta que los afecten;
2. Asignar los respectivos derechos de imposición entre los Estados Contratantes, para evitar la doble imposición, ya sea eximiéndolos de impuestos a las rentas de fuente externa o bien otorgándoles un crédito por los impuestos pagados en el otro estado, como es el caso de Chile, en conformidad a los artículos 41 A, 41 B y 41 C de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que regulan el crédito que se reconoce contra el Impuesto de Primera Categoría e impuestos finales, Global Complementario o Adicional, por los impuestos pagados en el extranjero, para todos los tipos de rentas contempladas en el Convenio;
3. Otorgar estabilidad y certeza a dichos contribuyentes, respecto de su carga tributaria total y de la interpretación y aplicación de la legislación aplicable;
4. Establecer mecanismos que ayuden a prevenir la evasión fiscal por medio de la cooperación entre las administraciones tributarias de ambos Estados Contratantes;
5. Proteger a los nacionales de un Estado Contratante, que invierten en el otro Estado Contratante o desarrollen actividades en él, de discriminaciones tributarias, y
6. Establecer la posibilidad de resolver las disputas tributarias que se produzcan en la aplicación de las disposiciones del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
b) Sus efectos en la economía nacional.
El mensaje destaca que la aplicación de este Convenio, del mismo modo que todos los de su tipo, debiera producir en la economía nacional los efectos siguientes:
1. Permitirá o facilitará un mayor flujo de capitales, lo que redunda en una profundización y diversificación de las actividades transnacionales, especialmente respecto de aquellas actividades que involucran tecnologías avanzadas y asesorías técnicas de alto nivel, por el menor nivel de tributación que las afectaría.
2. Facilitará que nuestro país se convierta en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región.
3. Constituirá un estímulo al inversionista y prestador de servicios residente en Chile, quien verá incrementado los beneficios fiscales a que puede acceder en caso de desarrollar actividades en el otro Estado Contratante.
c) Los efectos en la recaudación fiscal.
En este aspecto, el mensaje señala los efectos siguientes:
1. Disminuye la recaudación fiscal respecto de determinadas rentas, pero el efecto final en el ámbito presupuestario es menor debido a que las inversiones extranjeras hacia Chile se concentran mayoritariamente en actividades extractivas, particularmente mineras cuyo gravamen no se ve afectado por el Convenio.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos, adjunto al mensaje, señala que el impacto negativo en las finanzas públicas alcanzaría, en moneda de 2005, en una primera etapa, a los $ 294 millones de pesos.
Agrega que en compensación se espera:
2. Mayor impuesto de primera categoría de las empresas chilenas que tienen inversiones en el país respecto del cual se propone este convenio, originado en una mayor renta por menor pago de impuesto, y
3. Estímulo a la inversión extranjera, con el consecuente incremento en la actividad económica, que redundaría en mayor recaudación tributaria.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL CONVENIO.
A) RESEÑA GENERAL DEL CONVENIO.
Este instrumento consta de veintinueve artículos, agrupados en seis capítulos, referidos a las materias siguientes:
1º A su ámbito de aplicación, en el que se determina que este Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados y a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados, cualquiera que sea el sistema de exacción. En Chile serán los impuestos establecidos en la “Ley sobre Impuesto a la Renta” (artículos 1 y 2 del capítulo I);
2º A las definiciones generales de términos y expresiones que en el marco del Convenio debiera tener un alcance común, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, más la definición especial del término “residente” y de la expresión “establecimiento permanente” (artículos 3, 4 y 5 del capítulo II);
3º A la imposición de las rentas, materia regulada en quince artículos que sucesivamente se refieren a la imposición de las rentas provenientes de bienes inmuebles, incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales; de los beneficios empresariales, de los beneficios procedentes de la explotación de naves o aeronaves en tráfico internacional; de las empresas asociadas; de los dividendos pagados por una sociedad residente; de los intereses y regalías procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante; de las rentas, beneficios o ganancias obtenidas de la enajenación de bienes situados en el otro Estado Contratante; de los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas de un empleo; de las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades artísticas y deportivas; de pensiones pagas a un residente; de sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados por razón de funciones públicas, y de las cantidades que un estudiante reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o formación práctica (artículos 6 a 20 del capítulo III).
4º A la eliminación de la doble imposición (artículo 21 de capítulo IV).
5º A las “Disposiciones Especiales” relativas a la limitación de beneficios, a la no discriminación entre nacionales de una Parte respecto de los nacionales de la Otra, al procedimiento de mutuo acuerdo para resolver las diferencias que se produzcan en la aplicación del Convenio, al intercambio de información entre los Estados Contratantes respecto de los impuestos a los que se aplica este instrumento, a la no aplicación del Convenio a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares (artículos 22 a 27 del capítulo V).
6º A las disposiciones finales, que regulan la entrada en vigor y denuncia de este tratado (artículos 28 y 29 del capítulo VI).
Por último, el Protocolo contempla diversas disposiciones técnicas complementarias de lo dispuesto en el articulado del Convenio.
B) TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS RENTAS.
1º Rentas inmobiliarias.
Las que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes situados en el otro Estado Contratante, incluidas las provenientes de explotaciones agrícolas o forestales, pueden gravarse en ambos Estados, sin que se aplique límite alguno para el gravamen impuesto por el Estado donde se encuentre situado el bien (artículo 6);
2º Beneficios empresariales.
Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, es decir, en aquel donde reside quien explota dicha empresa, a menos que la empresa realice actividades en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él, los beneficios también podrán someterse a imposición en ese otro Estado sin límite alguno, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento (artículo 7).
3º Transporte marítimo y aéreo.
Los beneficios procedentes de este transporte internacional sólo pueden ser gravados en el Estado donde resida la persona que explota la actividad (artículo 8).
4º Empresas asociadas.
Cada Estado mantiene la facultad de proceder a la rectificación de la base imponible de las empresas asociadas cuando su renta no refleje los beneficios reales que hubiere obtenido en el caso de empresas independientes (artículo 9).
5º Dividendos.
Los pagados por una sociedad residente a un residente del otro Estado, pueden someterse a imposición en ambos Estados; pero respecto del Estado donde reside la sociedad que paga los dividendos, se aplica un límite de 15% del importe bruto de los dividendos. Este límite no será aplicable en Chile para aplicar el Impuesto adicional de la Ley de la Renta (artículo 10).
6º Intereses, regalías y ganancias de capital.
Pueden ser gravados en ambos Estados Contratantes, con las limitaciones y condiciones que señala el Convenio (artículos 11, 12 y 13).
7º Las rentas de un empleo.
Pueden gravarse tanto en el Estado de residencia como en el Estado donde se presta el servicio; sin embargo, podrá hacerlo el de residencia cuando el receptor permanece en el Estado en que presta el servicio por menos de 183 días (artículo 14).
8º Las participaciones de directores, artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas y estudiantes.
Las participaciones de directores y las de artistas y deportistas se gravan en el Estado en que se realiza la actividad; las pensiones en el Estado de donde proceden; las remuneraciones pagadas por funciones públicas en el Estado que las paga y las cantidades que reciban los estudiantes para sus gastos se gravan en el Estado de donde provienen (artículos 15 a 19).
C) ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN Y DISPOSICIONES ESPECIALES.
En esta materia, como está señalado, nuestro país aplicará para evitar la doble imposición los articulos 41 A, B y C de la ley sobre Impuesto a la Renta que permite otorgar un crédito por los impuesto pagados en el otro Estado, y aplicará las limitaciones de beneficios, el principio de no discriminación, buscará la solución a las diferencias que se produzcan en la aplicación del Convenio por la vía de procedimientos de acuerdo mutuo, procederá al intercambio de información en las materias del Convenio y otorgará a los miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares el tratamiento que se contempla en el Convenio (artículos 21 a 26).
D) DISPOSICIONES MISCELÁNEAS.
Entre estas normas se contemplan las que aseguran a Chile la aplicación de la ley Nº 18.657, en materia de Fondos de Inversión de Capital Extranjero, los que podrán ser gravados sobre las remesas de fondos efectuadas con respecto de las inversiones en bienes situados en Chile, así como del decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera (artículo 27).
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) APROBACIÓN DEL CONVENIO.
Concluido su estudio y después de haber escuchado al Coordinador de Servicios Internacionales del Ministerio de Hacienda , señor Raúl Sáez ; a la Jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos , señora Liselotte Kana , y al Asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Felipe Sandoval , quienes, en lo sustancial, entregaron antecedentes análogos a los que proporciona el mensaje, la Comisión decidió, por la unanimidad antes señalada, proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo siguiente.
B) TEXTO SUSTITUTIVO PROPUESTO POR LA COMISIÓN.
“Artículo único.- Apruébanse el “Convenio entre la República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta, y su protocolo”, suscritos en Wellington, Nueva Zelanda, el 10 de diciembre de 2003.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 8 de noviembre de 2005, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado Edmundo Villouta Concha ( Presidente de la Comisión), y con la asistencia de las HH. Diputadas Allende Bussi , doña Isabel , y Pérez San Martín , doña Lily , y de los HH. Diputados Accorsi Opazo, don Enrique ; Bayo Veloso, don Francisco ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Mora Longa, don Waldo , y Riveros Marín, don Edgardo .
Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 2005.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta y su protocolo, suscritos en Wellington, el 10 de diciembre de 2003. (boletín Nº 3973-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Raúl Sáez , Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda , y la señora Liselott Kana , Jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos .
El propósito del Convenio consiste en evitar la doble tributación que afecte a un mismo contribuyente por aplicación de impuestos similares en Zelanda y Chile, lo cual representa, un obstáculo a la expansión de las relaciones económicas entre los países antes citados. En particular, se persigue reducir la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los Estados Contratantes y otorgarles estabilidad y certeza respecto de su carga tributaria y de la interpretación y aplicación de la legislación; asignar las potestades para imponer gravámenes, entre los Estados Contratantes, y establecer mecanismos que ayuden a prevenir la evasión fiscal, evitar la doble tributación respecto de ciertos tipos de rentas y facilitar la solución de controversias que pudiera generar la aplicación de los respectivos Convenios.
De este modo, se facilitará la inversión extranjera de nacionales de los países involucrados y la transferencia de tecnología, permitiendo que el país funcione como plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región.
En el Mensaje se hace presente que este instrumento internacional ha sido suscrito conforme al Modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), con diferencias específicas derivadas de la necesidad de cada país de adecuarlo a su propia legislación y política impositiva.
Se consideran también las adecuaciones que introdujo la ley N° 19.506 al Impuesto a la Renta en materia de doble tributación internacional, la cual comprende los artículos 41 A, 41 B y 41 C. En la primera y segunda de dichas disposiciones se regula la situación de los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile que obtengan rentas del exterior que hayan sido gravadas en el extranjero, por dividendos, retiros de utilidades u otras rentas derivadas del uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías, etcétera, y de las rentas provenientes de agencias u otros establecimientos permanentes que tengan en el exterior, otorgándoles el derecho a un crédito determinado en la forma que se señala. Por el artículo 41 C, se establece que a los contribuyentes domiciliados o residentes en el país, que obtengan rentas afectas al Impuesto de Primera Categoría provenientes de países con los cuales Chile haya suscrito convenios para evitar la doble tributación, que estén vigentes en el país y en los que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito por el o los impuestos a la renta pagados en los respectivos Estados Contratantes, se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 41 A y 41 B, con las excepciones o reglas especiales contempladas en la norma respecto al crédito total disponible, al crédito contra el Impuesto de Primera Categoría, al crédito contra impuestos finales, y al crédito en el caso de servicios personales.
El Convenio materia de este informe consta de un Preámbulo, seis Capítulos y un Protocolo. En el Capítulo I, se contempla el ámbito de aplicación del Convenio; en el Capítulo II se contienen las definiciones de términos y expresiones técnicas empleadas en estos instrumentos; en el Capítulo III, se regula la imposición a las rentas y al patrimonio; en el Capítulo IV, se establecen los métodos para evitar la doble tributación; en el Capítulo V, se contemplan disposiciones especiales, tales como, limitaciones a los beneficios del convenio en ciertos casos, el principio de no discriminación, y en el Capítulo VI, se incluyen las disposiciones finales.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, afirma lo siguiente:
El Convenio tiene un impacto negativo en las finanzas públicas que alcanzaría aproximadamente a $ 294 millones anuales, en moneda de 2005, en una primera etapa.
En compensación a este costo, se pueden esperar los siguientes efectos, siendo el último de ellos de carácter rezagado:
-Mayor impuesto de Primera Categoría de las empresas chilenas que tienen inversiones en el país respecto del cual se propone este convenio, originado en una mayor renta por menor pago de impuestos.
-Estímulo a la inversión extranjera, con el consecuente incremento en la actividad económica que redundaría en mayor recaudación tributaria.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del proyecto de Acuerdo.
En el debate de la Comisión el señor Raúl Sáez expresó que el Convenio de que se trata se inserta en la política del Gobierno encaminada a contar con normas sobre doble tributación y evasión fiscal con un país cuya economía se encuentra en línea con la nuestra en materia de innovación y desarrollo tecnológico. Sostuvo que este instrumento internacional viene a complementar el Acuerdo de asociación estratégica suscrito con Zelanda y en cual participan también Singapur y Brunei.
Teniendo presente los antecedentes antes consignados, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la Sala de la Corporación la aprobación del texto sustitutivo del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica en su informe.
Acordado en sesión de fecha 21 de marzo de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Ortiz, don José Miguel ( Presidente Accidental ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Becker, don Germán ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Duarte, don Gonzalo ; Insunza, don Jorge ; Montes, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Sunico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Sunico, don Raúl .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Chahuán , Aedo y de las diputada señoras Rubilar y Valcarce.
Reforma Constitucional que limita la reelección de los diputados y senadores. (boletín N° 4115-07)
De acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento constitucional de 1980, los parlamentarios pueden ser reelegidos en sus cargos de manera indefinida (Artículo 51, inciso segundo de la Constitución Política).
Esta materia ha suscitado un gran debate a través del tiempo, por cuanto la posibilidad de la reelección o no de quienes ejercen los cargos de elección popular se vincula directamente, y al mismo tiempo, con dos elementos de enorme relevancia política. Por una parte con el ejercicio de los liderazgos políticos ya sea dentro del Gobierno, de los partidos políticos o respecto de la ciudadanía en general; y por otra, se relaciona con la discusión en torno a la igualdad de oportunidades para participar en la vida pública y la forma en que se desempeñan estos cargos públicos, en términos de vocación de servicio, transparencia y eficiencia, y de ese modo finalmente con la calidad de la democracia.
Así mismo, como lo señala el sociólogo uruguayo, Oscar Bottinelli (2004), se trata de un tema complejo, porque pasa además por la profesionalidad de la actividad política (materia que ya destacaba Max Weber a comienzos del siglo XX), en cuanto a definir si la política es una actividad transitoria y coyuntural de personas primordialmente dedicadas a otros menesteres y por consiguiente se entiende que no requiere habilidades ni formaciones específicas. O bien, si la política es una actividad que necesita formación y habilidad determinada y por tanto se requieren profesionales para la misma.
En este escenario, de múltiples variables y por tanto, de una enorme complejidad, surge también la pregunta sobre la virtud de la renovación en los liderazgos políticos, tema siempre preocupante así como reiterado en los debates públicos.
De esta forma, creemos necesario buscar una solución que sea capaz de equilibrar todos los elementos antes señalados, alcanzando un punto medio entre la necesidad de permitir la renovación de los representantes en el parlamento, con el objetivo de promover el bien común, la alternancia en el poder, la mayor eficiencia en el ejercicio de los cargos, la participación de la ciudadanía y la posibilidad de que quien lo ha hecho en forma exitosa pueda continuar sometiéndose a la voluntad del escrutinio público, promoviendo con ello a su vez, los proyectos de largo plazo.
Puesto que junto con reconocer una serie de ventajas de la reelección indefinida que contempla nuestro ordenamiento jurídico, es preciso también dar cuenta de las desventajas que este sistema trae consigo. Entre las posibles desventajas, que hacen plausible proponer un sistema limitado de reelecciones, se encuentra el enquistamiento nocivo de las elites en el poder.
Sobre este punto, destaca la reflexión que realiza el abogado mexicano Francisco de Andrea Sánchez , a propósito del debate sobre la reelección parlamentaria en su país (2006), cuando señala que “lo que inicialmente se consideró que era precisamente una muestra de la democracia llevada a su más pura expresión: el que un electorado pueda, si así lo desea, continuar reeligiéndose casi ilimitadamente (...) ahora resulta más bien una fórmula para alcanzar un autoritarismo legislativo”. En otras palabras, se consideraba que para que un sistema político fuese plenamente democrático, debía contemplar la posibilidad de la reelección consecutiva, y que en caso contrario, de entrada se estaría limitando las opciones del elector.
Sin embargo, existen algunos llamados de alerta a este razonamiento que muchas veces parece ser implacable. Principalmente se trata de efectuar modificaciones con el objeto de nivelar las oportunidades de quienes pretenden desafiar a los que actualmente se encuentran en el ejercicio del poder (los incumbentes). Estos últimos, de decidir volver a presentarse a elecciones, lo hacen con todas las ventajas que implica disponer de las estructuras administrativas, logísticas, de medios de comunicación, de contactos y de poder ocupar un lugar de privilegio en cualquier acto público.
Por otra parte, también están los eventuales riesgos de la corrupción, la falta de renovación de las elites, el debilitamiento de la clase política y el favorecimiento de la formación de alianzas y vínculos “clientelares” entre representantes políticos y grupos de interés ( De Andrea, Francisco . 2006).
En este marco de ideas y debate, en nuestro país, desde el primer período legislativo luego del retorno a la democracia, los mismos parlamentarios han sido promotores de iniciativas legales tendientes a limitar la facultad que hoy contempla nuestra Constitución en esta materia. En este sentido, se han presentado a la fecha cinco mociones de Reforma Constitucional con el mismo fin, desde 1992.
Asimismo, cabe destacar el resultado de la Encuesta “Trabajo y vida parlamentaria. Chile y Argentina”, realizada por la Corporación de Estudios de la Realidad Contemporánea (Cerc), en septiembre del año 2005, respecto a la posibilidad de limitar la reelección, opción con la que un 60% de los diputados estuvo de acuerdo.
Por tanto, en mérito de todos los antecedentes anteriormente expuestos, estimamos conveniente proponer el siguiente Proyecto de Reforma Constitucional, con el objeto de limitar la reelección inmediata de los Diputados y Senadores, a tres y dos períodos respectivamente, y de esa forma lograr un justo equilibrio entre las ventajas y desventajas que presenta nuestro actual sistema de reelección indefinida. Con la fórmula que se sugiere, un Diputado podría permanecer en el cargo hasta por doce años y en el caso de un Senador, hasta dieciséis, estimando que, en ambos casos, es un tiempo razonable para permitir el desarrollo y discusión de proyectos legislativos de largo aliento y el esfuerzo por implementar políticas públicas vinculadas a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo 1º.- Reemplázase la segunda oración del inciso segundo del artículo 51, por la siguiente oración nueva: “Los Diputados podrán ser elegidos en forma consecutiva en sus cargos hasta por tres períodos, mientras que los Senadores sólo podrán serlo consecutivamente, por dos períodos.”.
Artículo 2º.- Incorpórase la siguiente nueva vigésima primera disposición transitoria:
“Vigésima Primera: Las modificaciones dispuestas en el artículo 51 inciso segundo, se aplicarán respecto de los Diputados y Senadores en ejercicio, a partir de las siguientes elecciones parlamentarias, considerando para tales efectos que el período que actualmente ejercen es el primero.”.
Moción de los diputados señoras Chahuán , Aedo , y de la diputada señora Rubilar .
Limita la reelección de los alcaldes y concejales. (boletín N° 4116-06)
“Según lo dispuesto en los artículos 57 y 72 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde y los concejales, respectivamente, duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos, sin limitación alguna. De esta forma, hay alcaldes y concejales que hoy se encuentran ejerciendo su cuarto período como autoridades locales, llegando a completar dieciséis años en el poder.
El tema de limitar o no la reelección de las autoridades se trata de una materia que ha suscitado un gran debate, por cuanto se vincula directamente, y al mismo tiempo, con dos elementos de enorme relevancia política. Por una parte con el ejercicio de los liderazgos políticos ya sea dentro del gobierno comunal, de los partidos políticos o respecto de la ciudadanía en general; y por otra, se relaciona con la discusión en torno a la igualdad de oportunidades para participar en la vida pública y la forma en que se desempeñan estos cargos públicos, en términos de vocación de servicio, transparencia y eficiencia, y de ese modo finalmente con la calidad de la democracia.
Así mismo, como lo señala el sociólogo uruguayo, Oscar Bottinelli (2004), se trata de un tema complejo, porque pasa además por la profesionalidad de la actividad política (materia que ya destacaba Max Weber a comienzos del siglo XX), en cuanto a definir si la política es una actividad transitoria y coyuntural de personas primordialmente dedicadas a otros menesteres y por consiguiente se entiende que no requiere habilidades ni formaciones específicas. O bien, si la política es una actividad que necesita formación y habilidad determinada y por tanto se requieren profesionales para la misma.
En este escenario, de múltiples variables y por tanto, de una enorme complejidad, surge también la pregunta sobre la virtud de la renovación en los liderazgos políticos, tema siempre preocupante así como reiterado en los debates públicos.
De esta forma -y de igual modo que se ha hecho mediante la presentación de un Proyecto de Reforma Constitucional con el objeto de limitar la reelección de los Diputados y Senadores, con similares argumentos a los que se exponen en esta moción-, creemos necesario buscar una solución que sea capaz de equilibrar todos los elementos antes señalados, alcanzando un punto medio entre la necesidad de permitir la renovación de los representantes en la municipalidad, con el objetivo de promover el bien común, la alternancia en el poder, la mayor eficiencia en el ejercicio de los cargos, la participación de la ciudadanía y la posibilidad de que quien lo ha hecho en forma exitosa pueda continuar sometiéndose a la voluntad del escrutinio público, promoviendo con ello a su vez, los proyectos de largo plazo.
Puesto que junto con reconocer una serie de ventajas de la reelección indefinida que contempla nuestro ordenamiento jurídico, es preciso también dar cuenta de las desventajas que este sistema trae consigo. Entre las posibles desventajas, que hacen plausible proponer un sistema limitado de reelecciones, se encuentra el enquistamiento nocivo de las elites en el poder.
Sobre este punto, destaca la reflexión que realiza el abogado mexicano Francisco de Andrea Sánchez , a propósito del debate sobre la reelección parlamentaria en su país (2006), cuando señala que “lo que inicialmente se consideró que era precisamente una muestra de la democracia llevada a su más pura expresión: el que un electorado pueda, si así lo desea, continuar reeligiéndose casi ilimitadamente (...) ahora resulta más bien una fórmula para alcanzar un autoritarismo legislativo”. En otras palabras, se consideraba que para que un sistema político fuese plenamente democrático, debía contemplar la posibilidad de la reelección consecutiva, y que en caso contrario, de entrada se estaría limitando las opciones del elector.
Sin embargo, existen algunos llamados de alerta a este razonamiento que muchas veces parece ser implacable. Principalmente se trata de efectuar modificaciones con el objeto de nivelar las oportunidades de quienes pretenden desafiar a los que actualmente se encuentran en el ejercicio del poder (los incumbentes). Estos últimos, de decidir volver a presentarse a elecciones, lo hacen con todas las ventajas que implica disponer de las estructuras administrativas, logísticas, de medios de comunicación, de contactos y de poder ocupar un lugar de privilegio en cualquier acto público.
Por otra parte, también están los eventuales riesgos de la corrupción, la falta de renovación de las elites, el debilitamiento de la clase política y el favorecimiento de la formación de alianzas y vínculos “clientelares” entre representantes políticos y grupos de interés ( De Andrea, Francisco . 2006).
Por tanto, estimamos conveniente proponer el siguiente proyecto de ley, con el objeto de limitar la reelección inmediata de Alcaldes y Concejales, a tres períodos, y de esa forma lograr un justo equilibrio entre las ventajas y desventajas que presenta nuestro actual sistema de reelección indefinida. Con la fórmula que se sugiere, un Alcalde o un Concejal podrán permanecer en sus cargos hasta por doce años, estimando que aquel es un tiempo razonable para permitir la implementación de un plan de desarrollo comunal y poder llevar a cabo políticas vinculadas a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.704 de 2002, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la forma que sigue:
Reemplázase la oración final del inciso primero del artículo 57, por la siguiente nueva: “Su mandato durará cuatro años y sólo podrá ser elegido consecutivamente hasta por tres períodos.”.
Reemplázase la oración final del inciso primero del artículo 72, por la siguiente nueva: “Durarán cuatro años en sus cargos y sólo podrán ser elegidos consecutivamente hasta por tres períodos.”.
Incorpórase el siguiente artículo 4º transitorio:
“Artículo 4º.- Las modificaciones dispuestas en los artículos 57 y 72, en relación al límite de reelección, se aplicarán respecto de los Alcaldes y Concejales en ejercicio, a partir de las siguientes elecciones municipales, considerando para tales efectos que el período que actualmente ejercen es el primero.”.
Moción de los diputados señores Uriarte , Forni , Hales , Kast , Moreira y de la diputada señora Nogueira.
Establece cobro unificado de peajes e información al usuario de las autopistas urbanas concesionadas. (boletín N° 4117-09)
“Nadie duda de las bondades del sistema de autopistas urbanas concesionadas, que han demostrado ser un elemento importante en la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, especialmente, por acortar los tiempos de desplazamiento entre lugares de trabajo y zonas residenciales.
Sin embargo, existen dos aspectos puntuales en que ese sistema debería ser mejorado, mediante la adopción se simples medidas legislativas y su correspondiente adecuación del funcionamiento de las empresas concesionarias.
Uno de ellos es el hecho de que, como ya son varias las empresas que operan estas autopistas, y un mismo usuario utiliza, a veces en el mismo día, autopistas que tienen distinto dueño, al final de mes, cuando corresponde pagar la cuenta por el sistema de peaje automático, sucede que llegan al domicilio del automovilista facturas que deben ser pagadas en lugares distintos. Actualmente, como se sabe, ya hay cuatro autopistas concesionadas.
En alguna medida, y mediante convenios privados, se ha logrado en parte paliar los efectos de esta situación, dado que se ha proveído de sistemas de pago por descuento en tarjetas de crédito y otras formas de pago similares.
No obstante, se trata de una situación que no debería quedar entregada a la buena voluntad de empresas bancarias, financieras o multitiendas, sino que la ley debería asegurar que el usuario tendrá una “ventanilla única” donde efectuar su pago, independientemente de las facilidades que pueda haber obtenido desde el punto de vista de la operación de tarjetas de crédito, cargos “on line”, u otros.
Para ello se hace necesario que las empresas deban establecer un sistema coordinado, en que todos los cobros sean recibidos en una sola factura por el usuario, dependiendo con qué concesionaria contrató primeramente el servicio, de modo tal que esa concesionaria reciba los pagos correspondientes a todos los peajes y reembolse o compense con las demás empresas los respectivos montos.
El otro aspecto se refiere a la falta de información sobre el monto de la tarifa por cada tramo de autopista. Si bien estos montos han sido publicados en páginas web, lo procedente es que, mediante los letreros electrónicos que existen en la mayoría de las autopistas, se entregue la información respectiva, dependiendo de la hora y alternativamente, del tipo de vehículo, cuando existe diferenciación.
Ello contribuye a mantener informado al usuario sobre el pago que debe hacer constituye un derecho, en cuanto consumidor, a conocer el valor del peaje constituye un adecuado mecanismo de fiscalización del funcionamiento de autopistas concesionadas, ya que a nadie le consta la exactitud del monto cobrado.
Por estas razones se viene en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- Cuando se ejecuten obras públicas concesionadas en conformidad al artículo 87 de la ley N° 15.840, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, que consistan en autopistas urbanas con cobro automático de peaje, las concesionarias que operen autopistas dentro de una misma región, o que se trate de autopistas conectadas que permitan el tránsito de una a otra, estarán obligadas a establecer un sistema único de cobro de peajes, que permita a los usuarios efectuar todos los pagos en una sola concesionaria, debiendo efectuarse las compensaciones que corresponda, directamente entre todas ellas.
En las autopistas urbanas concesionadas y explotadas mediante cobro automático de peaje, será obligación de la concesionaria informar el valor en cada punto de cobro, mediante avisos que indiquen ese valor. Si el valor varía según horario, deberá señalarse esta circunstancia. Los avisos estarán emplazados de tal forma que, antes del próximo punto de cobro a que se refiere el aviso, el usuario pueda optar por egresar de la autopista.
Artículo transitorio. Las concesionarias que se encontraren operando autopistas urbanas mediante cobro automático de peaje con anterioridad a esta ley, podrán dar cumplimiento al artículo único mediante decisión unilateral, o mediante acuerdo complementario con el Ministerio de Obras Públicas.