Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Claudia Nogueira Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Diaz Del Rio
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Roberto Leon Ramirez
- Jaime Mulet Martinez
- INTEGRACIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eduardo Saffirio Suarez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Gabriel Silber Romo
- Mario Venegas Cardenas
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Duarte Leiva
- Patricio Vallespin Lopez
- Patricio Walker Prieto
- Carlos Montes Cisternas
- Ivan Paredes Fierro
- Fulvio Rossi Ciocca
- Raul Sunico Galdames
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carolina Toha Morales
- INTEGRACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTEGRACIÓN
- Pedro Araya Guerrero
- INTEGRACIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- INTEGRACIÓN
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- Alfonso De Urresti Longton
- INTEGRACIÓN
- Manuel Monsalve Benavides
- INTEGRACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- Maria Antonieta Saa Diaz
- INTEGRACIÓN
- Fernando Meza Moncada
- INTEGRACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN
- Marcos Espinosa Monardes
- INTEGRACIÓN
- Adriana Munoz D'albora
- INTEGRACIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTEGRACIÓN
- Patricio Vallespin Lopez
- INTEGRACIÓN
- Tucapel Jimenez Fuentes
- INTEGRACIÓN
- Jaime Mulet Martinez
- INTEGRACIÓN
- Juan Carlos Latorre Carmona
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Pablo Letelier Morel
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ESTADO DE SALUD DEL DIPUTADO DON ALFONSO VARGAS.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- COMPETENCIA A LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHILEMU Y DE TEMUCO PARA CONOCER DE INFRACCIONES A LA LEY DE PESCA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Eugenio Tuma Zedan
- Roberto Delmastro Naso
- Eduardo Saffirio Suarez
- Marcelo Diaz Diaz
- INTEGRACIÓN
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CRÉDITOS OTORGADOS A LOS RETORNADOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA CON ALEMANIA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- COMPETENCIA A LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHILEMU Y DE TEMUCO PARA CONOCER DE INFRACCIONES A LA LEY DE PESCA. Tercer trámite constitucional.
- VII. INCIDENTES
- REDUCCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- ANTECEDENTES ACERCA DE PROPUESTA Y BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN DE PROYECTO EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO. Oficio.
- EVALUACIÓN DE PREDIO ADQUIRIDO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA EN TRAIGUÉN. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE LEGALIDAD DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA EL CARMEN. Oficios.
- ATENCIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS QUÍSTICA. Oficio.
- PERMANENCIA DEL CONGRESO NACIONAL EN VALPARAÍSO.
- CREACIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA LABORAL. Oficios.
- EXTENSIÓN DEL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL PROGRAMA CHILE BARRIO A SECTORES RURALES DEL DISTRITO 42. Oficios.
- AUTORIZACIÓN A PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SAN CARLOS PARA OTORGAR CERTIFICADOS A VEHÍCULOS CLASE A. Oficio.
- FLEXIBILIZACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA NOVENA REGIÓN Y CRÉDITOS BLANDOS PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS. Oficios.
- ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE CORONEL. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Sergio Aguilo Melo
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Raul Sunico Galdames
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 4ª, en martes 21 de marzo de 2006
(Ordinaria, de 11.06 a 13.54 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Estado de salud del diputado don Alfonso Vargas 9
V. Acuerdos de Comités 9
VI. Orden del Día.
- Competencia a los juzgados civiles de Pichilemu y de Temuco para conocer de infracciones a la ley de Pesca. Tercer trámite constitucional 10
- Normativa sobre competencia desleal en mercado de bienes y servicios. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta 12
- Informe de la Comisión Investigadora sobre créditos otorgados a los retornados bajo el convenio de cooperación financiera con Alemania 27
VII. Incidentes.
- Reducción de horas pedagógicas en establecimientos de la Región Metropolitana. Oficios 41
- Antecedentes acerca de propuesta y bases técnicas de licitación de proyecto en comuna de Alto Hospicio. Oficio 42
- Evaluación de predio adquirido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Traiguén. Oficios 42
- Investigación de legalidad de cobro por tratamiento de aguas servidas en comuna El Carmen. Oficios 43
- Atención de niños con fibrosis quística. Oficio 44
- Permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso 44
- Creación de defensoría pública laboral. Oficios 44
- Extensión del subsidio de agua potable rural y del programa Chile Barrio a sectores rurales del distrito 42. Oficios 45
- Autorización a planta de revisión técnica de San Carlos para otorgar certificados a vehículos clase A. Oficio 46
- Flexibilización en la certificación de las plantas de revisión técnica de vehículos de transporte público de la Novena Región y créditos blandos para la renovación de vehículos. Oficios 47
- Análisis de agua potable en comuna de Coronel. Oficio 48
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje por el cual se da inicio al proyecto de ley que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial. (boletín N° 4104-05) 49
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que modifica el artículo 13 del decreto con fuerza de ley N° 120, de Hacienda, Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia. (boletín N° 2815-05) 54
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que regula la competencia desleal. (boletín N° 3356-03) 54
4. Informe de la Cuenta Anual Presupuestaria, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre del mismo año, presentado por el Director de Finanzas, de la Cámara de Diputados 58
5. Moción de los diputados señores Espinoza, Aguiló, Bustos, Ceroni, De Urresti, Sunico, señora Pacheco, doña Clemira, y señora Pascal, doña Denise, que establece obligatoriedad de medidas cautelares a los autores de robo por sorpresa. (boletín N° 4114-07) 60
6. Moción del diputado señor Errázuriz, que modifica la Constitución Política de la República haciendo exigible la realización de un plebiscito para la cesión de dominio, uso o goce de parte del territorio nacional. (boletín N° 4103-07) 61
7. Moción del diputado señor Errázuriz que limita reajuste de Isapres a personas de tercera edad. (boletín N° 4113-11) 62
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la diputada Nogueira reemplazará, en forma permanente, al diputado Urrutia en la Comisión de Familia.
- Del Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa la composición de sus Comités Parlamentarios:
a) Primer Comité:
- Jefe de Bancada, diputado Ascencio, Suplente diputada señora Goic e integrado por los diputados señores Araya, Burgos, Eduardo Díaz, Fuentealba, Latorre, León y Mulet.
b) Segundo Comité :
- Subjefe de Bancada, diputado señor Lorenzini, Suplente diputado señor Sabag e integrado por los diputados señores Ojeda, Olivares, Ortiz, Saffirio, señora Sepúlveda, Silber y Venegas.
c) Tercer Comité (Mixto):
- Jefe de Sala, diputado señor Duarte, Suplente, diputado señor Vallespín e integrado por los diputados señores Walker, Montes, Paredes, Rossi y Sunico y señoras Pacheco y Pascal.
2. Oficios:
- De las Comisiones que a continuación se indican, por los cuales comunican que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación eligieron como Presidente a los diputados que en cada caso se señala:
a) Educación, Cultura, Deportes y Recreación: señora Tohá, doña Carolina.
b) Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural: señora Sepúlveda, doña Alejandra.
c) Constitución, Legislación y Justicia: señor Araya.
d) Hacienda: señor Lorenzini.
e) Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana: señor Tarud.
f) Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social: señor De Urresti.
g) Salud: señor Monsalve.
h) Defensa Nacional: señor Hales.
i) Vivienda y Desarrollo Urbano: señora Saa, doña María Antonieta.
j) Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente: señor Meza.
k) Trabajo y Seguridad Social: señor Aguiló.
l) Ciencia y Tecnología: señor Marcos Espinosa
m) Familia: señora Muñoz, doña Adriana.
n Economía, Fomento y Desarrollo: señor Ortiz.
ñ) Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos: señor Vallespín
o) Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: señor Jiménez.
p) Minería y Energía : señor Mulet
q) Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones: señor Latorre.
Contraloría General de la República:
- Diputado Vargas, someter proyecto de la autopista de los Andes, en la ruta 60 CH, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta, Seia, de conformidad con la ley N° 19.300.
- Diputado Martínez, deficiencias en calidad de construcción de establecimientos educacionales de Chillán incorporados a la jornada escolar completa.
Ministerio de Educación:
- Ex Diputado Navarro, condiciones de funcionamiento de escuelas en provincia de Ñuble.
- Ex Diputado Navarro, problemas detectados en la formación de profesores Ministerio de Educación.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Ex Diputado Navarro, revisión o compensación para jornadas de trabajo de Carabineros y solicitud de dictámenes que las cuestionan.
- Ex Diputado Navarro, situación de infraestructura de carabineros en Octava Región, comunas de Florida, Tomé, Hualqui.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Egaña, información sobre beneficios prometidos a deudores del sistema bancario de la Octava Región.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Carla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrió, también, el senador señor Juan Pablo Letelier. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL ( Presidente ).-
El acta de la sesión 74ª, de la legislatura 353ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 75ª, de la misma legislatura, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ESTADO DE SALUD DEL DIPUTADO DON ALFONSO VARGAS.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señores diputados: como ustedes saben, el jueves recién pasado nuestro colega Alfonso Vargas sufrió un infarto cardíaco. En forma inmediata fue trasladado al Hospital Naval, donde le efectuaron los primeros tratamientos para estabilizarlo. Con posterioridad, fue sometido a una angloplastía, de la cual, felizmente, se recupera muy bien. Ayer fue trasladado de la UTI a su habitación, donde, con la compañía de su familia, se recupera con absoluta normalidad. Mañana será dado de alta y continuará con el tratamiento respectivo con los especialistas del área.
En nombre de la Sala, le enviamos muchos saludos y le reiteramos nuestra solidaridad, apoyo y cariño.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Antonio Leal, adoptaron los siguientes acuerdos:
1° Renovar el mandato a las siguientes comisiones especiales:
De Seguridad Ciudadana, incorporando a su cometido los que se habían asignado a las Comisiones de Drogas, de Discapacidad, de Zonas Extremas, de Bomberos y turismo, las cuales quedan transitoriamente suspendidas, renovándose sólo si deben considerar alguna iniciativa del ámbito de su competencia;
2° Asignar los cometidos de la Comisión Pymes a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, y
3° Suspender durante la presente semana la hora de proyectos de acuerdo.
El señor MONTES.-
Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , en la práctica, se ha acordado refundir las comisiones de Economía y de Pymes en un período en que se busca dar a ésta última otro papel. Pido una segunda reflexión sobre esta medida, porque quizás sea necesario fortalecerla en vez de desmantelarla.
He querido dejar constancia de mi opinión al respecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
COMPETENCIA A LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHILEMU Y DE TEMUCO PARA CONOCER DE INFRACCIONES A LA LEY DE PESCA. Tercer trámite constitucional.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde tomar conocimiento de la modificación introducida por el Senado en el proyecto, originado en moción, que modifica el artículo 124 de la ley N° 18.892, general de pesca y acuicultura, con el fin de incluir dentro de los tribunales con competencia para conocer de sus infracciones o de las que tuvieren principio de ejecución en el mar territorial o en la zona económica exclusiva, a los juzgados civiles de las ciudades de Pichilemu y Temuco.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 2587-01, sesión 75ª, en 8 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor LEAL (Presidente).-
Recuerdo a la Sala que cada diputado dispone de cinco minutos en su primera intervención y de otros cinco en la segunda.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , no era mi ánimo intervenir, pero lo hago motivado por una observación del diputado Álvaro Escobar.
La iniciativa es a mi juicio razonable, por cuanto permite que el tribunal civil de Temuco, capital de la Novena Región, pueda resolver sobre demandas relativas a la pesca o al mar territorial. Distinto es el caso de Pichilemu donde resuelve el tribunal costero. En mi opinión, debería dejarse abierta la posibilidad de que los tribunales de Carahue y de Toltén, además del de Temuco, tengan competencia para pronunciarse sobre otras materias, con el objeto de que los habitantes de las zonas costeras no deban trasladarse necesariamente a la capital regional para presentar sus demandas o litigar, generalmente con las grandes empresas pesqueras, que sí tienen recursos para contratar abogados que las representen en todos los puntos del país, particularmente en las capitales regionales. No me parece adecuado que los pescadores artesanales, que son los que normalmente litigan o hacen reclamaciones, o hacen denuncias determinadas, deban trasladarse a la capital regional.
Por su parte, el artículo transitorio establece que las causas actualmente radicadas en otros tribunales civiles, y que a partir de la publicación de la presente ley deberían ser conocidas por los jueces de Pichilemu y de Temuco, continuarán sustanciándose en los tribunales de origen hasta su total tramitación. A mi juicio, esa disposición debería ser revisada, con el objeto de dar competencia a tribunales costeros, como los de Carahue y de Toltén.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , me alegro mucho de que el diputado Tuma también se esté preocupando de la caleta de Toltén. Parece que tiene una visión a largo plazo.
El proyecto satisface un anhelo largamente manifestado por los pescadores artesanales de la Novena Región.
No creo que deba radicarse esa competencia en tribunales determinados.
En el caso de mi región, es indudable que los juzgados de Toltén, Carahue, Puerto Saavedra y los de las zonas pesqueras deberían tener competencia. Allí, muchas veces, la gente no hace las denuncias en los juzgados por no molestarse, porque al tener que trasladarse a Temuco, ciudad que les queda lejos, le impide salir a pescar. De manera que es positivo otorgar competencia a los tribunales civiles de esas zonas.
Quiero aprovechar esta ocasión para pegar un “raspacachos”, a fin de que se cumpla la normativa y se respeten las cinco millas marinas establecidas a favor de los pescadores artesanales. Hoy, en la zona costera de la Novena Región ella no se cumple y los pescadores no cuentan con garantías necesarias para desarrollar su actividad ni tienen la seguridad de que su espacio no será violado. Por eso, es importante dar competencia a otros tribunales para conocer de las infracciones a la ley de Pesca.
Me gustaría que el diputado informante o algún miembro de la Comisión que analizó el proyecto en profundidad informe a la Sala sobre las razones que se tuvieron en cuenta para conferir competencia a tribunales civiles de Temuco y no a otros. Me parece ilógico que no se haya procedido en ese sentido, en circunstancias que hoy están dadas todas las condiciones para hacerlo. No se justifica seguir radicando todas las causas en Temuco.
Por lo tanto -reitero-, pido formalmente que se nos diga cuál fue la razón para mantener sólo la competencia de los tribunales civiles de Temuco y de Pichilemu, toda vez que es necesario agilizar las causas que están tramitándose en otros juzgados. Cabe imaginar lo que significará para la gente de Toltén tener que viajar, por ejemplo, a Valdivia, donde están los otros tribunales competentes. Me parece completamente absurdo.
Señor Presidente , antes de votar, quiero saber si tenemos posibilidad de presentar alguna indicación para otorgar competencia a otros tribunales. Me gustaría saberlo, porque muchas veces nos ha pasado que por votar apresuradamente proyectos que vuelven del Senado, después nos damos cuenta de que han quedado mal. Insisto en que es importante que a los colegas nuevos se les explique la razón de haber dotado sólo de competencia a los tribunales civiles de Temuco.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Recuerdo al honorable diputado René Manuel García que la iniciativa se encuentra en tercer trámite constitucional, de manera que no hay posibilidad de presentar indicaciones, salvo que se rechazara alguna modificación del Senado y el proyecto vaya a Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Recuerdo a la Sala que en la modificación del Senado al proyecto que modifica el artículo 124 de la ley N° 18.892, general de pesca, para incluir dentro de los tribunales con competencia para conocer de las infracciones a la ley de pesca cometidas o que tuvieren principio de ejecución en el mar territorial o en la zona económica exclusiva, a los juzgados civiles de las ciudades de Pichilemu y Temuco, se requiere el voto afirmativo de 69 diputados en ejercicio para su aprobación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Escobar Rufatt Álvaro; Girardi Briere Guido; Jaramillo Becker Enrique; Muñoz D’Albora Adriana; Soto González Laura; Tuma Zedan Eugenio; Verdugo Soto Germán.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
El señor LEAL (Presidente).-
A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en moción, sobre competencia desleal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 3356-03. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , quiero proponer a la honorable Sala que votemos a favor todas las modificaciones del Senado, salvo la supresión del artículo 15, para la cual pido votación separada. Las razones de mi planteamiento son las siguientes:
La modificación del Senado sobre el objeto de la ley no presenta mayores inconvenientes en relación con el espíritu de la moción original. Es, simplemente, coherente con un importante cambio que el honorable Senado introdujo al artículo 2º.
Este proyecto de ley tenía por objeto sancionar las conductas de competencia desleal, no sólo cuando dichas conductas atenten contra la libre competencia, contra
los derechos de los consumidores, o vulneren normas sobre propiedad industrial. De hecho, muchas veces se realizan conductas de competencia desleal que el tribunal de defensa de la libre competencia no puede conocer. Se aduce que, aunque la conducta, objetivamente, cae dentro los tipos de competencia desleal, no atenta contra la libre competencia, porque igualmente se mantienen numerosos competidores en el mercado.
A este proyecto, que originalmente tenía carácter residual, el Senado le ha dado también un carácter complementario. Es un avance. En su artículo 2º expresa: “Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:
a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973. sobre libre competencia;
b) Las reguladas en la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y
c) Las reguladas en la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial”.
Reitero que esto es un avance. Tiene un carácter complementario; no sólo residual.
El Senado asimismo modificó la definición general de competencia desleal. Estimo que esto no presenta mayores problemas y no debilita el objetivo de la ley.
También define, aunque no taxativamente, -y esto es muy importante que quede claro- los actos de competencia desleal. Las posibilidades de desarrollar conductas en medio de los cambios tecnológico y cultural que estamos viviendo son muy amplias. La ley no se puede poner en todas las situaciones. Por eso, una enumeración taxativa perjudicaría, sobre todo, a las víctimas de estas conductas que son, normalmente, pequeños y medianos empresarios.
Están establecidas y tipificadas la mayor parte de las figuras clásicas de competencia desleal: la confusión, la inducción a error, las prácticas denigratorias, la comparación engañosa, la inducción a infringir deberes contractuales en perjuicio de otros competidores -prácticas muy usuales, hoy en el país, dada la concentración del poder económico- o el uso abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.
Además, se han mantenido, en general, las acciones judiciales que puede ejercer una persona o empresa que es víctima de estos actos de competencia desleal. Se mantienen la acción de cesación del acto, la acción declarativa de acto de competencia desleal, la acción de remoción de los efectos producidos por un acto de competencia desleal y, lo que es muy importante, la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor, que es una sanción de gran fuerza social en la medida que esta norma tenga vigencia.
En el artículo 6º, el Senado también ha hecho un aporte, porque ha permitido que las asociaciones gremiales puedan accionar en beneficio de sus miembros, víctimas de acciones de competencia desleal.
El problema se presenta, a pesar de estos avances, con el rechazo al artículo 15 original del proyecto.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Perdón, señor diputado , los cinco minutos de su segundo tiempo están por comenzar.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , no voy a intervenir por segunda vez; por lo tanto, pretendo ser claro en esta oportunidad.
El hecho de suprimir las multas es muy importante desde el punto de vista doctrinario y político. En la Comisión de Economía de la Cámara discutimos latamente este punto y llegamos a la convicción de que, aun cuando una conducta de competencia desleal no atente contra la libre competencia, o no perjudique a un consumidor, sino que sólo a un competidor, siempre hay un interés público en que la competencia sea honesta, correcta y leal.
No voy a extenderme sobre las vinculaciones entre ética y economía de mercado; es una asunto que tiene doscientos años de debate. De hecho, Adam Smith fue primero un filósofo moral y luego un economista.
Simplemente, creemos que una economía de mercado no puede funcionar sin un ethos que consagre valores básicos de rectitud y que, por lo tanto, el estado no puede ser neutral frente a actos incorrectos y contrarios a las sanas prácticas mercantiles, a la buena fe. Por eso, la presencia de la multa. Sólo una concepción privatista o liberal extrema puede decir que éste un asunto entre particulares. Creemos que al estado le interesa promover la competencia recta, leal, correcta y sancionar la competencia desleal, incorrecta, fraudulenta, engañosa. Esto puede sonar raro ante ciertas concepciones civilistas, decimonónicas, pero ése es el argumento doctrinario de fondo.
Por último, el argumento político. Se ha hablado mucho, y hay consenso en la retórica, sobre la necesidad de combatir la concentración económica, de proteger a los pequeños, medianos y micro empresarios; de democratizar la estructura productiva del país, y éste es un argumento adicional para sancionar siempre con multa la competencia desleal.
No se va a sancionar dos veces por un mismo hecho, como señala el Senado. Eso se puede aclarar en la comisión mixta diciendo que cuando la competencia desleal no atenta contra la libre competencia, no será sancionada por la ley del consumidor o por la ley de propiedad industrial. En ese caso, el tribunal civil, en juicio sumario, podrá imponer la multa en beneficio fiscal para sancionar siempre, desde el poder público, la competencia desleal.
Esas son las razones por las cuales pido votación separada para las últimas modificaciones del Senado y, a mis colegas, que aprobemos todos los cambios que van en la línea de mejorar el proyecto original de la Cámara de Diputados, pero que votemos en contra de la eliminación de las sanciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , este proyecto, que hemos discutido largamente, se puede perfeccionar aún más. Si bien estamos de acuerdo con rechazar la supresión del artículo 15 -solicitada por el diputado Saffirio- también hay otros artículos que pueden ser mejorados. Pedimos también votar en forma separada los artículos 1° y 2°, ambos propuestos por el Senado, y los artículos 5° y 6°, que corresponden al 10 y 11 de la Cámara de Diputados, respectivamente. La Unión Demócrata Independiente va a rechazar esos artículos para que se traten en Comisión mixta.
Las modificaciones que introdujo el Senado van en la línea correcta. Este proyecto es demasiado importante en nuestra vida comercial futura y, por consiguiente, se puede perfeccionar más aún.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de un amplio debate, en una Comisión unida de Economía y de Constitución, Legislación y Justicia, sobre sus pormenores, alcances y objetivos. En aquel entonces, quien habla, junto con el diputado Saffirio, hicimos presente que en ese cuerpo legal no considerábamos la regulación a faltas a la ética o a acciones que atentaban contra la competencia leal, sino solamente se regulaba la protección a los consumidores de los mercados monopólicos o de actitudes que atentaban contra sus intereses, quedando un vacío para la relación de desencuentro entre grandes y pequeños empresarios. Tampoco se reguló la competencia desleal entre competidores, no importando el tamaño de éstos, conducta que, al final del camino, afecta a los consumidores. Es decir, no se introdujeron normas que protegieran a quienes desempeñan lealmente actividades empresariales y que, sin embargo, se ven impelidos a abandonar la actividad o no pueden ingresar a ella por la competencia desleal de algunos competidores, conducta que no se consideró en la legislación sobre la libre competencia.
Entendiendo que la libre competencia es una cosa y que los actos de competencia desleal son otra, esta Cámara aprobó un texto que señalaba taxativamente cuáles son los actos que constituyen competencia desleal. Al efecto, estableció que un juez competente deberá sancionar dichos actos. Sin embargo, el Senado usa el facultativo “podrá”, quedando esta parte: “podrá ejercer las acciones señaladas” cuando se tipifique un acto de competencia desleal.
Por lo tanto, insto a la Cámara a rechazar esta modificación, como aquella que invocaba el diputado Saffirio, autor del proyecto, que deja sin sanción pública a la iniciativa. Cuando la Cámara aprueba un proyecto como éste, que está dirigido fundamentalmente a regular las relaciones entre pequeños y medianos empresarios, quienes se ven afectados por actos que atentan contra la competencia leal -que es uno de los presupuestos de la libre competencia- lo hace en el entendido de que lo que se protege es el interés público, tal como quedó establecido en la ley sobre libre competencia.
En consecuencia, la Cámara, teniendo presente ese objetivo, propuso sancionar con multas los actos de competencia desleal y así desincentivar dichas conductas. Sin embargo, el Senado ha tenido un criterio distinto y ha eliminado el artículo que perseguía ese propósito. Por lo tanto, el proyecto aprobado por la Cámara queda sin su principal fundamento, cual es desincentivar los actos de competencia desleal a través de sancionar a quienes realicen esa conducta.
Por eso, pido rechazar las modificaciones del Senado relativas a los artículos 11 y 15 del texto de la Cámara, a fin de que el proyecto pase a comisión mixta.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente , quiero pedir algunas aclaraciones para votar en forma ilustrada el proyecto.
Todos estamos por favorecer la libre competencia y penalizar, a través de diversas figuras legales y acciones administrativas, todas las conductas de competencia desleal. En consecuencia, el proyecto, en general, está bien planteado.
En lo particular, tengo algunas dudas. El artículo 2° establece que “Esta ley se aplicará a los casos de competencia desleal que estén fuera del ámbito de actuación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , …”. Es decir, cualquier persona que se sienta perjudicada podrá recurrir ante el juez de letras en lo civil del domicilio del demandado para pedir cuestiones absolutamente concretas -punto en el cual están de acuerdo la Cámara y el Senado-, como las establecidas en el artículo 10, que señala lo siguiente: “Contra los actos de competencia desleal, podrán ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones:
“a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica.” En esta norma, cuyo sentido es perfectamente claro, están de acuerdo la Cámara y el Senado.
“b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.” O sea, se trata de que el tribunal declare que se trata de competencia desleal, aspecto en el cual también están de acuerdo la Cámara y el Senado.
“c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.” Una vez más, el sentido de la norma es perfectamente claro, y en ella están de acuerdo la Cámara y el Senado.
“d) Acción de indemnización -esto es lo importante- de los perjuicios ocasionados por el acto,…”, aspecto que otorga imperio y efectividad a la norma. Por lo tanto, si alguien se siente perjudicado por un acto que perturba la libre competencia o de competencia desleal, podrá pedir indemnización de perjuicios. Me parece que eso está perfectamente claro.
En consecuencia, no veo que la modificación del Senado, que rechaza el artículo 15 del texto de la Cámara, relativo a las multas, afecte la idea matriz o la efectividad del proyecto de ley. Si la letra d) del artículo 5° establece la indemnización de perjuicios y, cuando corresponde, el juez la concede, a mi juicio está cumplido el objetivo que busca la iniciativa.
Me parece que el rechazo del artículo 15 por parte del Senado tiene por lógica que quien se sienta afectado podrá obtener del tribunal ordinario, por los medios que franquea la ley en tramitación, la reparación, entre otras cosas, de los perjuicios correspondientes si ha sido perjudicado por un acto de competencia desleal.
Por lo tanto, para resolver mi voto, pido que se me explique el artículo 15, ya que si quien comete un acto de competencia desleal puede ser condenado a indemnizar los perjuicios causados por su conducta, qué sentido tiene establecer multas. En caso de tenerlo, me gustaría conocer el destino que tendrían los recursos recaudados por ese concepto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente , como bien señaló hace un instante el diputado Tuma, en materia de libre competencia, la legislación nacional y la extranjera siempre han reconocido la protección de dos bienes jurídicos: el de la libre competencia, donde el interés público comprometido es mucho más preciso y claro, y el de la competencia desleal o leal, como se conoce en otras legislaciones, que se traduce en que el desarrollo de la actividad comercial y económica, la competencia, debe darse dentro de un marcos de legitimidad y lealtad.
Evidentemente -así lo comprueban legislaciones como la española, la francesa y la americana-, en el segundo bien protegido el interés público es mucho más sutil, porque se está ante una relación entre personas naturales o jurídicas en la que la presencia del Estado o el interés de terceros, sin perjuicio de estarlo, no se aprecia de manera clara.
En Chile nos dimos un gran texto jurídico que nos abrió al derecho moderno sobre libre competencia. Me refiero al decreto ley Nº 211, de 1973. Es cierto que tuvimos otros cuerpos jurídicos -una ley de 1959, una reforma en 1964, etcétera-, pero el gran texto sobre libre competencia fue el decreto citado, así como en Estados Unidos lo fue la famosa ley Sherman, de 1890.
Lamentablemente, nuestro decreto se fue quedando atrás, porque, con el tiempo, los problemas de competencia desleal, que preocupan de manera especial a los diputados Saffirio y Tuma, se han acrecentado, sobre todo entre proveedores y distribuidores o entre proveedores y minoristas, generando una serie de complicaciones en los últimos cuatro o cinco años, algunas de las cuales han terminado en sentencias de las comisiones resolutivas y, otras, en acciones ante el actual Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Por lo tanto, fue correcto analizar un proyecto de estas características. No obstante, coincido con el diputado Cardemil en cuanto a que las multas que establecieron los autores del proyecto no se justifican, por cuanto el interés público involucrado no está claro. De acuerdo con los conceptos de las diferentes conductas que desarrollan en el texto, me parece que las acciones de particulares y las de indemnización de perjuicios son suficientes. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el establecimiento de multas, a partir de los tipos que se crean en los artículos 1º, 2º y 3º.
En seguida, deseo continuar con el comentario que hice cuando se discutió el proyecto por primera vez -seguramente lo recuerda el diputado Saffirio-, en el sentido de que el sistema procesal que crea esta iniciativa no logra convencerme.
Tal como otras legislaciones entregaron esta atribución a los tribunales -la norteamericana a la Federal Trade Commission, la Comunidad Económica Europea a la Dirección General Nº 4- la nuestra debiera entregársela al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -debió haberse llamado derechamente “Tribunal de la Competencia”- y no a la justicia civil, porque estas materias deben ser conocidas directamente por un organismo técnico, por este tribunal de jurisdicción especializada que hemos creado en Chile.
Pienso que entregar estas materias a un tribunal civil, por mucho que se tramiten de acuerdo con las normas del procedimiento sumario, no será la solución rápida que muchas veces requieren los problemas entre proveedores y minoristas o entre dos personas que quieren participar de un mismo nicho del mercado.
Es más, el inciso segundo del artículo 9º de las modificaciones del Senado, me parece bastante confuso cuando señala “Contra la sentencia procederán todos los recursos que franquea la ley, de acuerdo con las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil.”
Recojo la preocupación de los colegas que han liderado esta iniciativa, los diputados Tuma y Saffirio, en cuanto a que las conductas atentatorias contra la competencia leal han aumentado en los últimos diez años y que las viejas normas del Código de Comercio -por ejemplo, el artículo 404, Nº 4,- o del Código Civil que buscaban establecer la competencia leal entre el mandante y el mandatario o entre los socios, etcétera, ya no eran suficientes y que, en consecuencia, se hacía necesario un proyecto de ley de estas características.
Creo que la iniciativa puede mejorarse y, por ende, el proyecto debe ir a Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente , el proyecto en debate me parece importante en tanto trata de normar espacios que han ido quedando fuera de la normativa existente, como el decreto ley N° 211, sobre libre competencia. En este caso las más perjudicadas son las pymes.
La mayoría de las modificaciones del Senado son aceptables, salvo la eliminación de los artículos relativos a las sanciones, que son el “corazón” del proyecto. En este aspecto se aparta de sus ideas matrices.
Por lo tanto, espero que aprobemos las modificaciones, salvo la supresión del artículo 15, con el fin de que se resuelva las discrepancias entre ambas cámaras en comisión mixta y tener un instrumento que sancione las relaciones económicas desleales.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, esta iniciativa es positiva. Felicito a los parlamentarios que la presentaron.
El Senado clarifica y simplifica el proyecto. Define el concepto de competencia desleal, que se produce cuando uno de los actores del mercado, competidor horizontal en la venta o en la atención de la clientela ejerce abusivamente la competencia en perjuicio del otro.
Las modificaciones del Senado asumen algo que es bastante natural en los actos de competencia desleal, como es la superposición de conductas ilícitas. Un acto de competencia desleal no es residual, como se desprendía del proyecto original. O sea, no sólo es atentado al libre comercio o delito marcario, sino que pueden ser varios delitos al mismo tiempo, diversos ilícitos. Así, cualquier conducta de competencia desleal puede tener efectos monopólicos; pero eso no significa que el tribunal que conoce de la competencia desleal va a investigar la estructura del mercado para verificar si efectivamente hay o no monopolio. Pero sí se crea una acción para que el afectado pida la supresión del acto abusivo, a fin de que se mantenga la competencia leal.
Por lo tanto, no es residual, como decía la Cámara de Diputados, sino que se produce un concurso de ilícitos. El mejor ejemplo de esto ocurre cuando una marca internacional reconocida es registrada en Chile por un comerciante para evitar la competencia. Ese acto puede involucrar tres ilícitos: primero, tiene un efecto marcario inmediato, que está regulado por la ley de propiedad intelectual; segundo, puede haber un ilícito de libre competencia, ya que se está poniendo una barrera de entrada al mercado y se puede crear un falso monopolio, y, tercero, es una conducta de competencia desleal. En este caso no es sólo un ilícito, ya que se están dando los tres en forma simultánea.
Reitero: las modificaciones del Senado tienen la virtud de tratar esta situación en forma concursable y, por lo tanto, reconoce que un mismo hecho que genera tres ilícitos distintos, puede ser conocido en forma separada. Esta concursabilidad se reconoce bastante bien en el artículo 2°.
Otro aspecto que quiero destacar en las modificaciones dice relación con la facultad que entrega a las asociaciones gremiales para que, en representación de los comerciantes pequeños, puedan ejercer acciones de defensa ante la competencia desleal. Por ejemplo, pueden pedir que cese el acto que está impidiendo la competencia leal o la prohibición del mismo si aún no se pone en práctica; pueden ejercer una acción declarativa respecto del acto de competencia desleal para que se reconozca el hecho o, sencillamente, puede ejercer la acción de remoción de los efectos producidos por el acto, por ejemplo, mediante la publicación de la sentencia condenatoria del acto de competencia desleal.
Esto es muy importante, porque, en la práctica, una pequeña o mediana empresa que es víctima de competencia desleal no tiene recursos ni tiempo para ejercer alguna acción. Ahora, podrá delegar su derecho al gremio para que adopte las acciones correspondientes, lo que, a mi juicio, el Senado complementa bastante bien.
Por otra parte, el Senado agrega una acción preventiva, que es más amplia que las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, ya que permite que en caso de indicio grave de competencia desleal, el tribunal, a solicitud de parte, podría ejercer una acción precautoria inmediata para poner fin a esa situación, sin perjuicio de las demás medidas precautorias previstas en el Código de Procedimiento Civil. Esto no es nuevo, ya que en el derecho comparado existen instituciones de ese tipo. Por ejemplo, la ley alemana, que tiene más de cien años, reconoce esta acción precautoria, que es más potente que la que tenemos en nuestro ordenamiento procesal civil.
Finalmente, me quiero referir al tema de las multas.
Al respecto, creo que lo más adecuado es que esta materia vuelva a comisión mixta, a fin de que se estudie con más profundidad.
Sin embargo, comparto la visión jurídica del Senado para eliminar las multas. Lo digo no porque crea que esto consagra una cierta impunidad a quien abusa en la competencia comercial, sino que al revés. Debemos considerar que lo más probable es que el acto de competencia desleal atente simultáneamente contra la libre competencia, el derecho mercario o la defensa del consumidor, por lo que no se le puede aplicar más de una multa, dado el principio jurídico latino del non bis in idem, es decir, que por el mismo hecho hay solamente una sanción. En consecuencia, es imposible que podamos aplicar una multa si ya el Tribunal de Libre Competencia le impuso una o si se le sancionó por haber infringido la ley de defensa del consumidor.
Repito, dado que el proyecto de ley reconoce la superposición o la concursabilidad de distintos ilícitos en el mismo hecho, no se puede aplicar más de una multa al infractor. Por ejemplo, así como sólo se puede pedir una indemnización de perjuicios por un acto de competencia desleal, también se deberá sancionar con una sola multa dicho acto, la cual se aplicará en conformidad con otras leyes.
La segunda razón por la cual tiendo a compartir con el Senado la eliminación de las multas la señaló el diputado señor Cardemil. Lo que ocurre aquí es que las partes que alegan la competencia desleal están buscando, en primer lugar, que se ponga fin a ese acto abusivo que las está perjudicando comercialmente, y en segundo lugar, que las indemnicen por los perjuicios. Es una regulación horizontal, de tal manera que no se ve sentido directo de que existe una sanción jerárquica de un órgano regulador superior.
En tercer lugar, hay una razón práctica. Un agente aplica multas en conformidad con la ley de defensa del consumidor o con la ley de libre competencia, que puede ser el Sernac, en el caso de la ley de defensa del consumidor, o la Fiscalía, en el de la ley de libre competencia. Me pregunto cuál es el agente que aplicará la multa en este caso. No hay.
Por lo tanto, como dije, hay además una razón práctica que, a mi juicio, deja entrever que esta multa sólo existirá en el papel, ya que no se aplicará jamás en la práctica, pues bastaría con que la parte acredite que ya la multaron en el Tribunal de Libre Competencia para que esa multa no se pueda aplicar judicialmente.
En todo caso, creo que, dado la premura del debate, sería conveniente profundizar esta discusión en la comisión mixta, sin perjuicio de que valoro los aspectos positivos que el Senado introdujo al proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).-
Se ha pedido votación separada en las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en moción, sobre competencia desleal.
En votación las modificaciones, con excepción de las recaídas en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del Senado, artículo 10 de la Cámara; 6° del Senado, 11 de la Cámara, y 15 de la Cámara.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación la modificación que reemplaza el artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado que sustituye el artículo 2°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados.
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Urrutia Bonilla Ignacio.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado que reemplaza el artículo 3°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Cardemil Herrera Alberto.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado que sustituye el artículo 4°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 28 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación el artículo 5° del Senado, que corresponde al artículo 10 de la Cámara de Diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe
-Se abstuvo el diputado señor Urrutia Bonilla Ignacio.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación el artículo 6° del Senado, que corresponde al artículo 11 de la Cámara de Diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado el artículo 6º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguiente señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Finalmente, en votación la enmienda del Senado que rechaza el artículo 15 aprobado por la Cámara de Diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 92 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Muñoz D’Albora Adriana.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Propongo a la Sala integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto con los siguientes diputados: señores Gonzalo Uriarte, Eugenio Tuma, Roberto Delmastro, Eduardo Saffirio y Marcelo Díaz.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CRÉDITOS OTORGADOS A LOS RETORNADOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA CON ALEMANIA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de acuerdo Nº 345, sobre evaluación de las medidas sugeridas en anterior investigación acerca de los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Enrique Accorsi.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 74ª, en 7 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 14.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía fue mandatada, en calidad de investigadora, para evacuar un informe relativo a la evaluación de las medidas que debían adoptarse, según anterior investigación, acerca de los créditos otorgados a los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, administrados por el Banco del Estado de Chile.
El marco dentro del cual la Comisión desarrolló su cometido se estableció en el proyecto de acuerdo N° 345, aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 8 de enero de 2004, patrocinado por la diputada señora Laura Soto, los diputados señores Alfonso Vargas y Felipe Salaberry y los ex diputados señores Leopoldo Sánchez y Francisco Bayo.
De acuerdo con uno de sus considerandos, el Presidente de la República de la época de Ricardo Lagos , estimaba que las anteriores investigaciones de la Cámara de Diputados respecto de la materia habían sido vanas. En consecuencia, se acordó mandatar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para que evaluara las medidas sugeridas por la Cámara de Diputados en las conclusiones de las Comisiones investigadoras sobre los créditos otorgados a los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania y constituirla en investigadora para recibir nuevos antecedentes sobre la materia, de modo de evacuar un informe complementario de los anteriores.
Para una mejor comprensión de la investigación desarrollada por la Comisión, a continuación se expone una síntesis de lo ocurrido sobre el particular desde 1990 en adelante.
Con fecha 26 de octubre de 1990 se firmó el Convenio de Cooperación Financiera entre las repúblicas de Chile y de Alemania, en el que se estableció que sus organismos ejecutores serían el Banco del Estado de Chile y el Banco Alemán de Compensaciones. La finalidad de dichas entidades era la de poner a disposición de los chilenos que deseaban reintegrarse a su país luego del exilio, las herramientas financieras y técnicas necesarias.
Se dispuso que los beneficiarios serían los repatriados que creasen o adquirieran una empresa, los que invirtieran fondos en empresas ya existentes o los que asumiesen tareas ejecutivas o técnicas en pequeñas y medianas empresas de la industria o del comercio.
Los montos a otorgarse al amparo del convenio eran los siguientes: diez millones de marcos alemanes, provistos por el gobierno de la República Federal de Alemania, para la concesión de créditos a los usuarios, suma que se estipuló entregar al Banco del Estado de Chile bajo la forma de un préstamo, con un interés anual del 2 por ciento, en marcos alemanes y a treinta años de plazo, incluidos diez de gracia. Un monto igual, en su equivalente en pesos chilenos, provisto por el gobierno de Chile, y 9 millones de marcos alemanes, que corresponden a una contribución financiera no reembolsable, efectuada por el gobierno alemán al Banco del Estado de Chile para solventar los gastos de elaboración de estudios de factibilidad y de otros estudios, medidas de capacitación y asesorías para los repatriados y otros.
Se convino una garantía estatal consistente en que el gobierno de Chile debía garantizar el reembolso del préstamo de diez millones de marcos alemanes, sin perjuicio de que se obligaba a liberar a los prestatarios particulares del riesgo de la tasa de cambio.
Se estableció que el convenio entraría en vigencia en la fecha en que el gobierno de la República de Chile comunicara al gobierno de la República Federal de Alemania la circunstancia de haberse cumplido las disposiciones legales al efecto. La referida comunicación se materializó en el oficio ordinario N° 015654, remitido el 6 de agosto de 1993 por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile de la época al embajador de la República Federal de Alemania .
Se estableció que el plazo de vigencia del convenio sería de tres años, prorrogable, de conformidad con determinados requisitos.
Especial interés reviste la creación de la Oficina Nacional de Retorno, en virtud de la ley N° 18.994, de 20 de agosto de 1990. Se trata de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República .
La Oficina Nacional de Retorno participó en la suscripción del convenio tripartito, de fecha 3 de enero de 1992, por el cual el Banco del Estado de Chile encomendó a la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, la prestación de determinados servicios orientados al cumplimiento de las finalidades que el convenio de 1990 previó para los chilenos que desearan reintegrarse a su país, servicios que se materializaron en proyectos a cargo de la Fundación, los cuales debían contar con la aprobación previa de la Oficina Nacional de Retorno.
En el cumplimiento de su cometido, la Comisión tuvo a la vista todos los informes que requirió la primera Comisión que se abocó a esta investigación. Sin embargo, debido a que sus conclusiones no fueron satisfactorias, se estableció esta segunda Comisión, que celebró sesiones ordinarias y procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas.
La señora Virginia Valdés, presidenta de la Corporación de Retornados de Chile, expresó que decenas de familias necesitan una justa reparación por el daño que les ha causado la mala implementación del programa de créditos. Agregó que un porcentaje considerable de éstas abandonaron nuevamente Chile para volver a los lugares donde habían vivido su exilio.
En cuanto al origen del problema, indicó que los préstamos para la reinserción de los retornados fueron concebidos como préstamos de tipo social. Sin embargo, se entregó su estudio, asignación y administración a una entidad comercial cuyo objetivo fundamental radica en la obtención de utilidades. De este modo, hizo presente que la norma que faculta al banco para condonar las deudas era inaplicable para propugnar sus cometidos y que dentro de las personas beneficiadas con la ley N° 19.740 se excluyó a los deudores con cobro judicial, que son la mayoría en cuanto a número y gravedad.
Además, se refirió al seguro de desgravamen, ya que originalmente los créditos no lo consideraron, por lo que, en algunos casos, los herederos de los beneficiarios están siendo objeto de ejecuciones.
El Banco ha sostenido que ellos no pueden remitir las deudas, pues deben ceñirse a su ley interna y al control de la Superintendencia de Bancos. Cualquier modificación al respecto es materia que compete al Ejecutivo .
La Comisión despachó diversos oficios y recibió respuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado, en términos tales que éste decidió desestimar el inicio de acciones criminales en contra de quienes aparecían como posibles imputados de los hechos cuestionados, ya que no divisó la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos ni tampoco que dichas acciones hubiesen afectado el patrimonio del Estado.
El Consejo llegó a la conclusión de que la utilización de los recursos percibidos por el Banco del Estado, a título de contribución financiera no reembolsable, debió ser fiscalizada por el Banco Alemán de Compensaciones, puesto que eran recursos suyos, y aquellos entregados a Faret fueron a su vez fiscalizados por el Banco del Estado, gastos que han sido analizados y revisados por auditores externos de reconocida solvencia, por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras e indirectamente por el Ministerio de Justicia, sin que ninguno de ellos denunciara ilícitos en los que participen funcionarios públicos o que afecten el patrimonio del Estado.
Por su parte, la excelentísima Corte Suprema informó que, con fecha 5 de junio de 2001, se remitieron los antecedentes hechos llegar por esta honorable Cámara, con ocasión de las proposiciones de la anterior comisión investigadora, a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, en sesión de 20 de junio de 2001, dispuso su archivo.
Por su parte, la Contraloría General de la República expresó que ninguno de los órganos involucrados en la administración y ejecución del citado convenio de cooperación revestía la calidad de entidad o servicio público sometido a la fiscalización de esta Contraloría General, de tal forma que las eventuales infracciones que pudiesen derivarse de las acciones u omisiones de sus empleados no estaban dentro del ámbito de su competencia y, por lo tanto, tampoco correspondía a este organismo fiscalizar el debido uso de los fondos destinados a dicha finalidad.
Además, se expresa que esta entidad fiscalizadora carece de competencia para pronunciarse sobre las actuaciones del Banco Estado, toda vez que dicha institución se encuentra sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Por otra parte, corresponde hacer presente que la Oficina Nacional de Retorno, único servicio público que estuvo vinculado a los hechos tan sólo en la fase de aprobación de los proyectos, no tuvo participación alguna en la administración de los recursos, razón por la cual no fue considerada en los programas y planes de fiscalización de este organismo. A continuación, añade que “...dicha Oficina se extinguió por el sólo ministerio de la ley el 20 de septiembre de 1994, y por consiguiente, las acciones para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios se encontraban prescritas a la fecha en que esta Contraloría tomó conocimiento de los resultados del trabajo realizado por la mencionada Comisión Investigadora.”
Con los antecedentes recabados, la Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones y proposiciones.
Desde el año 1990 en adelante, el Estado ha procurado reparar los perjuicios sufridos por muchos chilenos durante el gobierno militar.
Es así como en el Congreso Nacional se han tramitado las siguientes leyes: Nº 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reconciliación y Reparación; Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos; Nº 19.992, que establece una pensión de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos; N° 18.994, que crea la Oficina Nacional de Retorno; N° 19.128, que otorga franquicias aduaneras a aquellas personas calificadas como exiliados políticos, y N° 19.740, que otorga beneficios a los deudores del Banco del Estado que hayan obtenido créditos en el marco del programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
En relación con los retornados que obtuvieron créditos otorgados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, este esfuerzo no ha rendido los frutos esperados.
La aplicación del mencionado instrumento motivó, en el pasado, la constitución de dos comisiones investigadoras.
La segunda de éstas acordó remitir todos los antecedentes acumulados, tanto en la primera comisión investigadora como en la segunda, al tribunal del crimen competente, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado , a fin de que se estudien los eventuales delitos en que se hubiere incurrido por parte de funcionarios públicos o privados.
Asimismo, acordó oficiar a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago , para acompañarle copia de los informes en los mismos términos arriba señalados.
El Consejo de Defensa del Estado expresó que no divisó la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos ni tampoco que dichas acciones hubiesen afectado el patrimonio del Estado. A continuación, agregó que llegó a la conclusión de que la utilización de los recursos percibidos por el Bech, a título de contribución financiera no reembolsable, debió haber sido fiscalizado por el Banco Alemán de Compensaciones, como ya se dijo.
Por su parte, en lo relativo a la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, la Contraloría General de la República sostuvo que, como organización no gubernamental, sus ingresos sólo están sujetos a la fiscalización de la Contraloría en la medida en que se encuentren contemplados en la ley de presupuesto vigente, conforme lo estipula la misma normativa.
Por último, hizo presente que la Oficina Nacional de Retorno no tuvo participación alguna en la administración de los recursos, razón por la cual no fue considerada en los programas y planes de fiscalización de este organismo.
La Corte de Apelaciones de Santiago informó a la Comisión que la razón que probablemente tuvo ese tribunal para disponer, en su momento, el archivo de los antecedentes, fue que esa judicatura no puede ordenar agregar antecedentes a procedimientos civiles que están sujetos al principio de iniciativa de parte.
Más allá de la evaluación de las medidas sugeridas por anteriores comisiones investigadoras, esta Comisión estima que los resultados del convenio celebrado entre los gobiernos de Chile y de Alemania, así como la aplicación de la ley Nº 19.740, no han sido los deseados.
El estudio, la asignación y administración de la ayuda para la reinserción de los retornados se entregó a una entidad comercial que actúa inspirada por criterios económicos que no se condicen con los principios que inspiran el citado convenio.
Asimismo, esta comisión estima que constituyó un grave error otorgar los créditos sin el correspondiente seguro de desgravamen.
Resulta inconcebible que los herederos de algunos retornados deban asumir las deudas generadas a partir de los créditos que se otorgaron a sus ascendientes.
El Banco ofreció que los clientes contrataran por su cuenta sus propios seguros, gestión que ha resultado infructuosa debido a la edad y precariedad económica de los beneficiarios.
De acuerdo con las exposiciones que se realizaron ante esta comisión, muchos deudores están próximos a ser ejecutados por el Banco al no poder pagar la parte no remitida de su deuda.
Esta Comisión considera inaceptable que la situación se resuelva con medidas tan extremas como la recién citada.
En virtud de lo expuesto, se reitera el llamado efectuado en las conclusiones de un informe anterior sobre esta misma materia, en el sentido de invitar tanto al Poder Ejecutivo como a la Corporación de Retornados a flexibilizar posiciones para lograr un acuerdo que contemple la condonación parcial de la deuda, a fin de reparar los serios daños ocasionados en las personas y bienes de los usuarios de este programa especial de créditos del Banco del Estado de Chile.
Asimismo, la comisión hace un llamado a las máximas autoridades del Banco del Estado a suspender la ejecución de los créditos adeudados hasta que se alcance el referido acuerdo.
Por último, no se puede hacer una indicación a fin de forzar la posición del Ejecutivo , puesto que ello sería inconstitucional.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , el problema derivado de la mala administración de los créditos otorgados a los retornados políticos con fondos del gobierno alemán se ha mantenido por años. Hay colegas que han vuelto a la Cámara después de estar ausentes uno o más períodos legislativos y se han encontrado con un tema que ya conocían y que no hemos sabido resolver, porque las autoridades políticas y administrativas del país no han sabido cómo o no han tenido la voluntad para darle una solución definitiva.
Rara vez una persona o un grupo de personas ha sufrido el contrasentido de recibir una ayuda para finalmente verse perjudicada por las condiciones y circunstancias como las señaladas por la diputada informante . Es algo insólito; no tiene explicación. Nadie ha sido más tramitado que los retornados durante tanto tiempo y por un problema de la naturaleza que conocemos.
¿Cómo es posible que una situación social y humana como la derivada de los créditos otorgados con fondos alemanes para los retornados políticos sea tratada con un criterio meramente mercantil, en circunstancias de que los dineros fueron entregados para finalidades benéficas, humanitarias, altruistas y no mercantiles? Se equivocó el Estado chileno; se equivocó el Banco del Estado. Esa es la razón por la que no se ha solucionado esta situación.
La ley N° 19.740 se dictó con el objeto de dar solución a estos problemas. Sin embargo, no ha servido de nada, por cuanto se le ha dado un enfoque meramente comercial al problema. El Banco del Estado ha dicho que no está en condiciones de ser benevolente con sus deudores, porque su objetivo es generar ganancias y no hacer obras sociales, y que éstas las hacen organismos o entidades sin fines de lucro. Hace rato que dicha entidad bancaria viene actuando fría y calculadamente como los bancos comerciales, y ésta no es una excepción.
Por ello, en las tres comisiones investigadoras en que he participado se ha procurado presionar al Estado y entregar las herramientas del caso, con el objeto de solucionar el problema.
En nuestras propuestas y conclusiones hemos señalado que es necesario que la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales de justicia investiguen las irregularidades que se puedan haber cometido y que aparecen en el informe. Tampoco ha habido respuesta frente al tema, porque los organismos involucrados han indicado que no hay irregularidades o que no tienen competencia sobre la materia. Entonces, ¿qué puede hacer ese grupo de personas? Muchas de ellas ya han fallecido y otras se han ido al extranjero muy desilusionadas por el trato que se les ha dado en Chile, por la alta deuda e intereses y por el tratamiento equivocado que se les ha dado. ¡Ya es hora de solucionar este problema!
La Comisión de Derechos Humanos, que acaba de emitir su informe, ha sido bastante suave en los términos de sus proposiciones, puesto que todas ya han sido formuladas en las comisiones anteriores y no habido ninguna solución al respecto. ¿Qué más podemos decir? ¿Ser reiterativos?
Por eso, hemos pedido al Poder Ejecutivo que flexibilice las soluciones para lograr un acuerdo que condone parcialmente la deuda, a fin de reparar de alguna manera los serios daños ocasionados a las personas y los bienes de los usuarios de este programa. Eso es fácil, pues el grupo humano afectado no es numeroso. De manera que la condonación u otra solución no ocasionará un daño patrimonial grave al Estado, pues es mínimo lo que se requiere.
Además, hacemos un llamado “a las máximas autoridades del Banco del Estado a suspender la ejecución de los créditos adeudados hasta que no se alcance el referido acuerdo”. Pero hagámoslo ahora, y ojalá se formara una comisión. Nosotros, como miembros de la bancada de la Democracia Cristiana, exigimos la constitución de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo y de los retornados, con el objeto de que se aboque exclusivamente al tema y demos una solución definitiva al problema.
No quiero pensar que este tercer informe también se lo llevará el viento y no habrá respuesta de las autoridades a quienes van destinadas sus conclusiones y proposiciones. Ojalá no sea así. Es necesario que sean acogidas para que tengan sentido las facultades de fiscalización que la Constitución entrega a la Cámara de Diputados y los acuerdos sean implementados por el supremo Gobierno. Es lamentable que los créditos se otorgaran sin seguros de desgravamen y que el Banco del Estado haya obligado a las personas a contratarlos por su cuenta, como también una serie de situaciones a las que se refirió la diputada señora Laura Soto.
Los objetivos humanitarios y sociales que perseguía este convenio no se cumplieron, lo que llevó fracaso, injusticia y apremio a los retornados. El Estado -lo hemos dicho en reiteradas oportunidades- equivocó el diseño, porque los sometió al procedimiento común de otorgamiento de un crédito y no al que les correspondía en su calidad de exiliados; es decir, un trato más humano.
De acuerdo con el convenio, la finalidad del crédito era cooperar en la reinserción de nuestros compatriotas que deseaban sumarse a la fuerza laboral o empresarial del país, a fin de entregar todo su esfuerzo y trabajo. Para ello, se requería que el Gobierno colocara a su disposición todas las herramientas financieras y técnicas.
Sin embargo, hubo varias anormalidades, que ya mencionamos en los primeros informes. Por ejemplo, que el convenio debió someterse a la aprobación del Congreso Nacional, y que el Banco del Estado destinó esos fondos a fines distintos.
Creo que el informe está de acuerdo con las necesidades del momento. Lo demás está en trámite judicial y representa el espíritu de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que es, en definitiva, solucionar el dramático problema que afecta a estos retornados políticos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , si bien no participé en las comisiones investigadoras que se abocaron al tema, he escuchado de él desde hace muchos años en esta Corporación.
Después de leer el último informe recordé el dicho “no me ayude tanto, compadre”, porque el sistema diseñado para distribuir, a través del Banco del Estado, los recursos que entregó Alemania con el fin de ayudar a la reinserción en el país de un grupo de personas que, por razones políticas, no vivieron en Chile durante muchos años, terminó siendo muy negativo para ellas por diversas razones. El uso de una institución inadecuada, como el Banco del Estado, para este objetivo perjudicó a una gran cantidad de personas; pero la mayor muestra de desorden señalada en el informe es la inexistencia de un seguro de desgravamen para estos créditos, lo que implica que al fallecer quienes debían pagarlos, sus descendientes, hasta la tercera generación, deban responder por las deudas contraídas por el sujeto original del crédito, lo que no refleja el espíritu de la entrega de esos recursos.
Esta situación de la Concertación recuerda otros desórdenes: el desmalezado de la Refinería de Petróleo de Concón, hecho cuya investigación quedó en la nada, porque nunca nadie estableció que se había cometido un delito; las aulas tecnológicas en las que aparece vinculado un ex Presidente de la República . En fin, una gran cantidad de investigaciones sobre recursos que el Estado ha administrado, lamentablemente han terminado en la nada y comisiones investigadoras de esta Corporación han probado ser absolutamente inútiles.
En este caso, el Consejo de Defensa del Estado afirma que no hay razones para pensar que se cometió algún delito y los tribunales de justicia no actúan. Es decir, la impunidad total, como en tantos otros hechos.
Se perdió una enorme cantidad de plata, pero, finalmente, nadie resulta responsable.
Este caso, como en muchos otros, huele a desorden, a falta de correcta asignación de responsabilidades, a corrupción y, lamentablemente, a que el rol de la Cámara de Diputados prácticamente ha sido inexistente, porque la Comisión Investigadora, como ha ocurrido con otras, ha terminado en la nada misma.
En estas circunstancias, ante todo este mal olor, creo que sólo queda una solución posible: condonar definitiva y totalmente las deudas por los dineros asignados y olvidarse del tema. Cualquier otra solución sería injusta para aquellas familias y personas a las que inicialmente se pretendió beneficiar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , nos encontramos frente a un drama y a un pecado social que no tiene perdón de Dios, provocado por el inadecuado tratamiento que se le dio al tema.
Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos hemos desarrollado una tremenda sensibilidad frente a este problema, ya que tuvimos la oportunidad de escuchar algunos relatos realmente increíbles, que hubiéramos querido que también se escucharan en esta Sala.
Se trata de un drama que afecta a gente nuestra. Algunas personas se suicidaron por no encontrar solución, se produjeron separaciones familiares y otras situaciones realmente increíbles que darían para escribir una novela. Pero no queremos novelas ni nada parecido; sólo una solución.
Nunca hemos estado ajenos a este problema. Al contrario, siempre hemos estado cercanos a él, porque es nuestra mucha de la gente que sufrió el exilio, el desarraigo, la separación de la familia y los problemas de adaptación a una nueva cultura o una lengua que no entendían. Soportaron todo ese drama con la ilusión de volver al país, ser nuevamente chilenos y reencontrarnos.
Conocimos situaciones familiares verdaderamente dramáticas -incluso hubo gente que no pudo despedir a sus padres- de las que no da cuenta el informe, pero me gustaría que estuvieran en el corazón de cada una de las diputadas y diputados, para que seamos más exigentes.
La primera investigación de estos hechos, realizada por uno de nuestros diputados, Jorge Soria -fue bien valiente-, pero sintió que no tenía apoyo. Creo que ésa fue una de las razones que lo llevó a alejarse de la Cámara de Diputados. Sintió que no éramos capaces de hacer lo que correspondía.
Luego hubo otra investigación, aquella en la que participó Leopoldo Sánchez, quien intentó encontrar una solución al drama que vivían estas personas, pero todos hicieron oídos sordos. Nadie fue capaz de enfrentar la situación y decir lo que hoy se ha expresado en esta Sala; esto es, que lo único que cabe es, sencillamente, condonar las deudas.
¡Cómo es posible que no hubiera seguros de desgravamen! ¡Cómo es posible que los hijos, y en algunos casos hasta los nietos, deban seguir pagando! Es algo que no se puede entender ni aceptar.
Por eso, atendido lo dramático de la situación, debemos decirle con claridad al Ejecutivo -la Presidenta de la República sufrió el exilio, así que comprenderá- y al Banco del Estado que, de una vez por todas, este problema hay que solucionarlo ya. Eso es lo que pedimos y exigimos en este momento.
No queremos ninguna cuestión ambigua ni que se hable de flexibilidad o que se van a sentar a conversar. ¡No, señor! ¡Queremos condonación hoy! ¡Ahora!
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Muhlenbrock.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señor Presidente , una vez más esta Corporación se debe pronunciar sobre los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del convenio de cooperación financiera con Alemania.
En efecto, el informe es consecuencia de un acuerdo adoptado por la unanimidad de la Cámara de Diputados, en enero de 2004, en virtud del cual se mandató a la Comisión de Derechos Humanos para evaluar las medidas sugeridas por las Comisiones Investigadoras que se formaron para indagar los créditos otorgados por el gobierno alemán para nuestros retornados. Asimismo, constituir a la Comisión de Derechos Humanos en investigadora para los efectos de recabar nuevos antecedentes y evacuar un informe complementario sobre la materia.
Es evidente que desde 1990 a la fecha, el Estado se ha preocupado de la situación de los retornados, para cuyo efecto ha dictado un sinnúmero de leyes, las que, en la práctica, han cumplido su fin, es decir, han satisfecho los objetivos perseguidos. Me refiero a la ley que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, la que crea la Oficina Nacional de Retorno, la que otorga franquicias aduaneras a los chilenos exiliados y la que establece beneficios para los deudores del Banco del Estado que hayan obtenido recursos en el marco del programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
Sin embargo, hay un punto que se encuentra bajo un manto de dudas en cuanto a su aplicación, y que está referido, precisamente, a los créditos otorgados por el gobierno alemán a los chilenos retornados.
No es un dato que se pueda soslayar el que la Cámara de Diputados haya formado dos Comisiones Investigadoras y que en sus conclusiones se haya decidido remitir todos los antecedentes al tribunal del crimen respectivo, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República.
Tampoco es de extrañar que el Consejo de Defensa del Estado no haya encontrado un perjuicio al patrimonio fiscal, ya que, en mi concepto, desde hace tiempo, dicho organismo ha dejado de ser un órgano imparcial.
Sin duda, lo señalado por la Contraloría General de la República es la respuesta legal más sencilla: “Carece de competencia para investigar”.
Como es claro que, al parecer -según algunos-, no existió delito, no se defraudaron fondos y no se perjudicó a los beneficiarios, debemos concluir que todo salió a la perfección y que las dos Comisiones Investigadoras creadas en la Corporación fueron inexactas, poco prolijas y, en definitiva, inútiles.
Clarificado este punto, la bancada de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el informe, ya que, sin duda, el problema de los retornados existe, es real y requiere de una solución inmediata.
El informe lo señala en sus conclusiones: créditos otorgados solamente con un criterio económico, sin seguro de desgravamen, deudores próximos a ser ejecutados por la institución bancaria -debo recordar, lamentablemente, que periodistas y actores famosos, como Fernando Gallardo, fallecieron esperando que les solucionaran problemas como los que estamos hablando en este hemiciclo-, herederos que deben asumir las deudas de algunos retornados.
En definitiva, el espíritu original del convenio no ha sido traspasado a sus beneficiarios, por lo que existe una evidente distorsión entre lo escrito y su objetivo.
Por ello, solicitamos la aprobación unánime de la Sala -repito- a las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora para que todos los actores involucrados entreguen una solución eficiente y eficaz, porque los retornados no pueden seguir esperando. Es preocupación nuestra obtener para ellos una condonación total de sus deudas, objetivo que se ha demorado por la ineficiencia de varios organismos del Estado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente , considerando que recién me incorporo al trabajo de la Sala, no había tenido la oportunidad de leer este informe, y debo reconocer que mi corazón se conmovió, porque de su lectura se puede constatar -y muchos diputados ya lo habrán hecho- que el Banco del Estado utilizó los dineros aportados por el gobierno alemán para fines distintos de aquéllos para los cuales fueron encomendados por el mismo convenio; que la Fundación de Asistencia al Retornado no cumplió con el objetivo de fiscalizar; que este convenio se realizó en forma tripartita con el único objetivo de que los retornados fueran reinsertos en nuestro país; y que tiene las inspiraciones humanitarias, que parten del Presidente de la República y abarcan a todas las personas que creen en la calidad humana de la gente. A mi juicio, también debieran alcanzar a instituciones importantes, como es el Banco del Estado. No obstante, dicha entidad bancaria no resguardó el espíritu inicial del programa. En este sentido, por lo que puedo apreciar, la Comisión Investigadora señala que claramente existieron deficiencias en cuanto a la evaluación de los riesgos de los proyectos productivos financiados con dichos créditos.
Han pasado siete años sin dar una solución a los retornados, lo que no sólo ha sido injusto para quienes optaron a estos programas y proyectos, sino también para muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de acceder a ellos.
Por tanto, tal como lo han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es preciso flexibilizar posiciones para lograr un acuerdo en términos de lograr la condonación parcial de dichos créditos, aun cuando ya no tiene ningún sentido.
Es una vergüenza para las instituciones que estaban encargadas de atender a los retornados y darles una buena calidad de vida que no hayan cumplido, sobre todo ahora que se lavan las manos echándole la culpa a una fundación alemana, cuyo único objetivo fue preocuparse de aquellas personas exiliadas que querían retornar a su patria.
Por ello, si bien se va a votar el informe de la Comisión Investigadora, como lo manifestó la diputada Laura Soto, debemos flexibilizar las posiciones para lograr un acuerdo considere contemple la condonación parcial de la deuda a fin de procurar reparar de alguna manera los serios daños ocasionados a esas personas. No sé si es posible, pero aunque aprobemos el informe de la Comisión Investigadora, queda pendiente la posibilidad real de que haya una condonación total de la deuda. Además, solicito a la Comisión de Derechos Humanos estudiar el caso de los retornados que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a estos programas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , después de tantos años, existe la posibilidad cierta de llegar a una solución en esta materia. Digo esto porque advierto en el ambiente parlamentario un ánimo positivo, lo que para los nuevos colegas puede resultar extraño. Años atrás no nos pusimos de acuerdo; hubo diferencias. En esos años, la respuesta era “Que paguen quienes pidieron”. ¡Qué alegría que hoy se diga que los chilenos estamos unidos en este encuentro que todos anhelamos!
Han pasado los años y con tristeza veo que aún muchos compatriotas siguen sufriendo la herida dejada por la represión política de la época. No digo esto para llenar esta Sala de viejos odios y malos entendidos, sino para hacer ver el dolor que ayer sufrió alguien por no estar en su patria, y que hoy sigue sufriendo por estar arruinado y muchas veces ser la causa de la ruina de su familia. Soy parte de ellos. Quizás no debiera decir algunas cosas, pero lo hago porque las he sufrido.
Cuando se recorrió el mundo alentando el retorno de los exiliados se quería reconstruir la familia que había sido separada por la fuerza. Lamentablemente, no se tuvo éxito en esa tarea, porque los medios para facilitar y estimular el retorno fueron mal empleados y equivocados.
Se podrá decir que no se tenía experiencia sobre esa materia. Es natural, porque los países nunca se preparan para vivir esas malas experiencias. Pero de todas maneras las cosas se hicieron mal -hay que decirlo-, motivo por el cual se han constituido comisiones -más de dos- para tratar la materia y sacar las conclusiones del caso, en la creencia de que con ello se solucionaba el problema. Hoy, una vez más, esta Cámara analiza el tema.
Recuerdo la forma como el ex diputado Jorge Soria, joven, impulsivo, tenaz, trató vehementemente de lograr algo que fue rechazado por esta Sala. Cómo no me voy a acordar de mi ex colega Leopoldo Sánchez, quien se dedicó a investigar en forma exhaustiva y profunda, lo que como errores, pasaron a ser -aquí lo puedo decir; no fuera del hemiciclo- delitos de otros chilenos que les quitaron el derecho a quienes tenían la tarea triste y sufrida de haber tenido una idea diferente. Sólo pensaban distinto de otros chilenos.
El problema radica en que se dieron soluciones economicistas. Pero cuando los parlamentarios -que formamos parte de un órgano del Estado- le pedimos explicaciones o soluciones a ese banco -que también es del Estado-, entonces se declara autónomo, y hasta ahí llega cualquiera posible intervención nuestra.
Como conocedor del giro bancario, puedo asegurar que la ley que benefició a los retornados fue deficiente desde un comienzo. De manera que el problema se solucionará sólo en parte, porque hubo personas que perdieron la vida y porque otros chilenos, decepcionados de la situación que se vivía en su país, incluso después del retorno a la democracia, optaron por regresar a sus lugares de exilio. Me gustaría ver, ahora que los diputados tenemos más atribuciones en virtud de la última reforma constitucional, a la cual deberá adecuarse nuestro Reglamento, una solución definitiva al problema, que permita una mejor forma de vida a quienes los años les han hecho pensar que sólo les queda un pequeño espacio en esta vida que los trató tan mal.
Chile sigue y seguirá estando en deuda con los retornados, en tanto sean considerados deudores y no víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hagamos justicia, estimadas y estimados colegas, con quienes en un momento pensaron diferente, porque todos somos chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , intervengo a título personal y en mi condición de diputado de Renovación Nacional , con el objeto de expresar mi pensamiento sobre el informe en discusión, que espero interprete a mis electores, porque fui elegido para eso.
Después de haber escuchado a los diputados que han intervenido y de haber leído el informe, me quedan dos cosas muy claras. Primero, las instituciones que debían beneficiar a los retornados, fundamentalmente el Banco del Estado, hicieron mal las cosas; es decir, las entidades encargadas de administrar los recursos para los retornados lo hicieron pésimo. Segundo, los beneficiarios -más que tales creo que fueron víctimas- necesitaban recibir aportes del Estado -en muchos casos renunciaron a condiciones económicas mejores que las existentes en nuestro país- que les permitieran reintegrarse a nuestra sociedad. Sin embargo, la falla radicó en que los retornados fueron mal evaluados por los organismos del Estado, y en que los aportes que recibieron fueron insuficientes para que llevaran a cabo alguna actividad productiva.
Por eso, en nombre de mi bancada -con ello creo interpretar a muchos de los diputados presentes en la Sala-, quiero pedir la condonación total de las deudas de las víctimas que vivieron este proceso durante tantos y tan largos años.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , he escuchado atentamente a las diputadas y a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Debo señalar que me ha causado gran impresión comprobar que hayan tenido que transcurrir tantos años para llegar a un acuerdo sobre esta materia, el que -según entiendo- será unánime, a diferencia de lo que ocurrió con el informe que presentó Jorge Soria Macchiavello -ex diputado y gran amigo mío- que en su momento no fue acogido.
Junto con señalar que adhiero a este acuerdo, quiero manifestar mi molestia porque el sistema mantuvo silencio durante muchos años frente a lo sucedido, lo que ha significado que muchas familias han debido seguir sufriendo las consecuencias del error de no haber incluido un seguro de desgravamen para los créditos que se otorgaron a los retornados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estimados colegas, más vale tarde que nunca.
Cuando hace algunos años el ex diputado Jorge Soria planteó este tema, esta Sala no coincidió con él; no le hicimos caso; no creímos lo que decía. Después de seis años de investigación, hemos llegado a la conclusión de que los ex diputados Jorge Soria y Leopoldo Sánchez, así como los retornados, tenían razón, al señalar que estaban viviendo una situación extremadamente injusta. Por eso, todos los diputados que hoy han hecho uso de la palabra han coincidido en que tal situación debe ser reparada.
Una de las proposiciones del informe plantea la condonación parcial de la deuda a los usuarios de este programa de créditos del Banco del Estado. Antes de intervenir hice las consultas pertinentes para saber si reglamentariamente era factible que el informe volviera a la Comisión, a fin de cambiar dicha propuesta. Reitero que todos los diputados que han intervenido han coincidido en la necesidad de efectuar una condonación total de la deuda. Además, no tiene sentido plantear ahora una recomendación elaborada por una Comisión en 1998, porque la realidad actual es absolutamente distinta.
Por eso, haciéndonos eco de los planteamientos formulados por los colegas que han intervenido, parlamentarios de distintas bancadas hemos suscrito un acuerdo para aprobar este informe, con la indicación de que la condonación de la deuda será total. De este modo, aunque tarde, haremos justicia a los retornados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , casos como éste son los que justifican que la opinión pública critique a la Cámara de Diputados por su inoperancia para solucionar problemas que afectan a grupos de personas.
Reconozco que no integraba la Cámara cuando este tema se empezó a discutir, pero es lamentable que hayan debido transcurrir tantos años, que haya sido necesario realizar tantas gestiones y crear comisiones para encontrar una solución, en circunstancias de que las personas perjudicadas siguen siendo las mismas.
Se ha señalado aquí que muchas de estas personas han muerto, dejando una herencia que ha significado una mochila para sus familiares. Pero lo que no tiene perdón es que, una vez más, estemos frente a una solución de la Concertación que no ataca el fondo del problema, porque se dice que el Banco del Estado no puede solucionar el problema, debido a que la ley se lo impide.
Pero remitámonos al asunto de los sobresueldos. En ese caso sí que se dictó prontamente una ley que atentó contra los impuestos que el Estado debe recaudar. Ahora, estamos enfrentados al problema de las contribuciones.
Esta situación debe ser resuelta por el Gobierno y por el Banco del Estado, porque son los principales responsables de lo sucedido. Apareció en la prensa a poco de producirse, y se formularon denuncias -si no me equivoco-, en cuanto a que se estaban entregando beneficios a quienes no correspondía, y a que el gobierno alemán tenía conocimiento de que se estaban otorgando en forma errónea. Eso fue lo que originó toda esta investigación.
De manera que lo que corresponde en este caso -así lo dijo el diputado Tuma- es una condonación total de la deuda, y olvidémonos del problema. Aquí existieron muchas situaciones irregulares. Por favor, démosle una solución definitiva a las personas que llevan, no uno ni dos, sino cerca de siete años, deambulando en busca de que se les resuelva la situación dramática que están viviendo.
Por lo tanto, reafirmando la posición de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que vamos a votar a favor del informe, pero haciendo presente que somos partidarios de una condonación total, a fin de darle un corte definitivo al problema, y con ello dar una señal de que la Cámara es capaz de solucionar los problemas de las personas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , quiero sumar el apoyo de la bancada socialista a las argumentaciones y a la fórmula de solución entregada aquí. Por cierto, compartimos la idea de que la condonación debe ser total.
Pero quiero reflexionar respecto de la ineficacia de las resoluciones de las comisiones especiales investigadoras. Por ejemplo, se mencionó el caso del ex diputado Jorge Soria, quien en su momento entregó un informe a la Sala que hasta el día de hoy duerme el sueño de los justos.
Asimismo, aunque se trata de un tema distinto, pero que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, quiero recordar el informe de una comisión especial que investigó el caso de las 21 mil toneladas de basura tóxica en el norte, en tiempos del gobierno militar, que contaminó a miles de niños. No obstante que esa comisión llegó a conclusiones, el gobierno de turno no acogió las soluciones formuladas en el informe respectivo.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, como parlamentarios de la Concertación, es reconocer, en un acto de autocrítica, que nuestros gobiernos no siempre han prestado oídos o acogido las propuestas que emanan de las comisiones que han efectuado algún grado de investigación, lo que ha conducido a que los parlamentarios de la Oposición hoy estén defendiendo el legítimo derecho de los retornados a que se les resuelva el problema en cuestión. Bienvenidos sean, pero no nos olvidemos que estamos hablando de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en tiempos de la dictadura. Sin embargo, ahora, en una actitud oportunista -por qué no decirlo- asumen su defensa y lo aprovechan como un elemento para criticar al Gobierno.
Debo reconocer que ha habido poca seriedad para enfrentar este verdadero drama social. Como bien lo acaba de decir la diputada Laura Soto, aquí ha habido diputados que ya no están, algunos que siguen en funciones y otros que retornaron a la Cámara, que han mantenido una postura consecuente en defensa de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos. Pero, plantear hoy, aprovechándose de esta situación para enarbolar banderas y conseguir pequeños beneficios o criticar al gobierno, me parece mezquino.
Es muy sano que la Derecha esté reconociendo que las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reconocidas, respetadas y reivindicarlas. Sin embargo, seamos claros y justos y asumamos que el problema es herencia de la dictadura y ha sido resuelto en forma poco eficiente, aunque se han hecho grandes esfuerzos por atenderlas.
La bancada socialista se compromete y respalda la propuesta de la condonación total. Asimismo, hace un llamado de atención a las autoridades de Gobierno, fundamentalmente a las del Banco del Estado, por la forma mercantilista y mezquina con que se ha manejado un problema tan sensible.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al diputado señor Paredes que el sentido común es patrimonio de todos. Para el golpe yo tenía tres años de edad, y me impacta la odiosidad y la animadversión que tiene sobre un tema que sensibiliza a todos los presentes.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Se ha terminado el tiempo de la Democracia Cristina, por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al diputado Juan Carlos Latorre.
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , es muy grato que ocho años después de que dejé de ser parlamentario, mi primera intervención en la Sala sea gracias a la gentileza de mis colegas.
Quiero manifestar mi satisfacción por lo que he escuchado. Fui presidente, durante muchos años, del grupo chileno alemán de amistad parlamentaria y este tema estaba dentro de los que planteamos en su oportunidad en representación de quienes vivían este drama en forma muy crítica.
Han pasado ocho años y estoy dentro de quienes conocimos el problema -como señalaba el diputado Ojeda- y no tuvimos éxito al manifestar nuestra preocupación a la administración del Banco del Estado de la época y a otras instancias de Gobierno.
En consecuencia, reitero mi satisfacción y me sumo al respaldo, prácticamente unánime, para pedir la condonación solicitada que afecta a personas que ya han sufrido mucho.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , es cuestión de reglamento en relación con el informe de la comisión que estamos debatiendo, así como con la unanimidad de la Sala para pedir la condonación total.
Quiero solicitarle que interponga sus buenos oficios y encabece un equipo que reúna a los retornados con autoridades del Gobierno -podrían ser del Ministerio Secretaría General de Gobierno -y del Banco del Estado, para ver si se logra la condonación total, de modo que lo que se ha dicho no sólo quede en las buenas intenciones, ya que en las conclusiones y proposiciones del informe no la menciona.
Por lo tanto, si usted pudiera encabezar algo así, junto con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , sería una solución mejor.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En primer lugar, sobre el tema de los retornados, propongo, siempre que exista unanimidad de la Sala, cambiar en las propuestas del informe de la Comisión “condonación parcial” por “condonación total”.
Esto no es usual, pero no es un proyecto de ley y no constituye precedente.
En segundo lugar, entregar, junto con los Comités, el informe al ministro del Interior y tomar las medidas que le correspondan a la Cámara, a fin de que salga definitivamente adelante.
Efectivamente, la Corporación ha emitido diversos informes, pero no es la que puede resolver el tema.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala resolvió sobre este asunto lo siguiente:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Recuerdo a los señores diputados que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de acuerdo Nº 435, sobre evaluación de las medidas sugeridas en anterior investigación acerca de los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, fue aprobado con la modificación unánime que se introdujo a sus propuestas.
VII. INCIDENTES
REDUCCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , en el inicio del período parlamentario 2006-2010, además de mis labores legislativas, he visitado diversas organizaciones sociales, municipalidades y consultorios del distrito N° 25 que represento.
Esas visitas coincidieron con la celebración del Día Internacional de la Mujer y toma del mando de la Presidenta de la República Michelle Bachelet. Al visitar consultorios entregué información sobre la nueva era histórica que vivimos como país.
Sin embargo, me informé también acerca de la marcha y situación de la jornada escolar completa en la región Metropolitana. El Colegio de Profesores ha denunciado la rebaja de seis horas académicas en colegios de más de doce municipios y, entre las comunas afectadas, según informaciones de diversos artículos de prensa, están las de Macul, de San Joaquín y de La Granja que conforman el distrito N° 25.
Fue precisamente en La Granja, durante una reunión informal, en que docentes de un establecimiento educacional me plantearon sus inquietudes ante lo que está ocurriendo. La reducción en sus contratos, de cuarenta y cuatro horas a treinta y ocho horas, va en directo menoscabo de la calidad de la educación y, sin duda, los más perjudicados son los alumnos, ya que los colegios deberán suprimir de sus mallas curriculares talleres deportivos y musicales que se consideran imprescindibles en la reforma educacional que se está realizando a nivel nacional. Los estándares de calidad y las posibilidades de éxito de una reforma educacional pasan necesariamente por la implementación de planes aprobados con ese fin. Una jornada escolar, que se supone completa, no sólo implica acondicionamiento y reestructuración de los programas y líneas curriculares, sino, además, respeto por la labor docente y por las actividades extraprogramáticas que se realizan día a día de acuerdo con el nuevo esquema.
Además, los últimos resultados del Simce no dejaron a nadie indiferente. Debemos hacer un esfuerzo mayor para poder entregar la educación justa y equitativa que pretendemos. Y si a eso sumamos el hecho de que entre los establecimientos educacionales con menor puntaje en el Simce se encuentran, al menos, cuatro en las comunas que he mencionado, son menos entendibles los esfuerzos y compromisos del Gobierno y las municipalidades a favor de la educación y de los estudiantes.
Solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Educación para que informen a esta Cámara acerca de las instituciones de educación cuyos profesores han tenido reducción de horas pedagógicas, de cuarenta y cuatro a treinta y ocho horas, en las comunas, de La Granja, de Macúl y de San Joaquín, específicamente, además de las otras de la región Metropolitana afectadas.
Asimismo, que entreguen una explicación, si es que la hay, para mayor conocimiento de la situación.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
ANTECEDENTES ACERCA DE PROPUESTA Y BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN DE PROYECTO EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , quiero manifestar mi gran preocupación por una serie de irregularidades de magnitud en el Macroloteo III Etapa El Boro, de la comuna de Alto Hospicio, de mi querida provincia de Iquique, trabajo que fue contratado por el Serviu mediante la propuesta pública Nº 10, de 2005. Hubo cambios sustanciales al proyecto original que, en su oportunidad, fue aprobado por el Core. Recordemos que el cambio de un proyecto aprobado por el Serplac y por el Core no puede ser decisión del Serviu, ya que, como unidad ejecutora y encargada de cumplir un convenio y mandato claramente especificado, no tiene facultades para hacerlo. Esto, por lo tanto, obliga al gobierno regional a un replanteamiento antes del llamado a propuesta. En estricto rigor, hablamos de la eliminación y reducción de calles y de loteos que sobrepasan los 100 y 120 metros cuadrados, entre otras anomalías detectadas.
Debo hacer notar que también se verá afectada la gestión para recomendar el arrastre 2006 y, obviamente, su continuidad financiera. Como son proyectos 2005 requieren del RS de la Serplac y no de un OT, lo que paralizaría la obra, causando perjuicios a las familias y a la constructora.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para pedirle los siguientes antecedentes y acciones: revisar la propuesta Nº 10, de 2005, y las bases técnicas de la licitación; todo el legajo de preguntas y respuestas durante el proceso de licitación y, por supuesto, el convenio mandato del proyecto aprobado por el gobierno regional de Tarapacá.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de toda la bancada de Renovación Nacional.
EVALUACIÓN DE PREDIO ADQUIRIDO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA EN TRAIGUÉN. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , hoy, quiero denunciar un hecho anómalo que tiene lugar en Temuco y que afecta a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
La Conadi está adquiriendo un predio de alrededor de 700 hectáreas, de las cuales 465,12 hectáreas sin riego ni bosques, ubicadas en el sector Quino, en Traiguén, que pertenece a don Michael Blackburn Hammersley, -lotes N° 1 y 4- y a su hijo, don Jorge Blackburn Riveros- el lote N° 2.
El 10 de marzo de 2006 se acordó que la comunidad indígena Antonio Paillacoi comprara esas tierras, que serían pagadas por la Conadi. A la venta concurrió don Michael Blackburn, por sí y en representación de su hijo, dueño de parte de los lotes señalados, y se acordó un pago de 915 millones de pesos, equivalentes -esto es lo que sorprende- a 1.967.150 pesos por hectárea. Una hectárea, en el sector de Quino, sin riego, sin bosques, sin nada ¿puede valer casi 2 millones de pesos? Entiendo que la Conadi debe cumplir su compromiso de comprar tierras, pero lo justo es que pague por ellas el valor que corresponde. La venta de tierras a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no debe transformarse en una forma de enriquecimiento.
Por lo expuesto, pido que se oficie al director nacional de la Conadi, a fin de que nos informe a qué valor está comprando las tierras ubicadas en el sector de Quino.
Asimismo, pido que se oficie al Conservador de Bienes Raíces de Temuco, para que nos informe a qué valor se han vendido otros predios similares en ese sector.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INVESTIGACIÓN DE LEGALIDAD DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA EL CARMEN. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , en noviembre pasado denuncié en esta Sala la situación que estaban viviendo los habitantes de la comuna El Carmen por el cobro mensual en sus boletas de agua potable de un ítem que dice: “Tratamiento de aguas servidas”, e ilustré mi presentación con datos objetivos de personas, con nombre y apellidos, domicilio y monto a pagar.
El problema es que ese cobro, que es arbitrario e ilegal, pues se trata de un servicio inexistente, debido a que la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbio, no tiene planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna, continúa vigente. Nuestros vecinos y vecinas siguen pagando por un servicio que no se les brinda y -lo que es peor- si no lo hacen, les cortan el suministro de agua potable.
En aquella ocasión fundamenté mi opinión en el dictamen N° 54.941, de 4 de noviembre de 2004, de la Contraloría General de la República, que en su parte medular señala: “El cobro por tratamiento de aguas servidas debe ceñirse, en forma estricta, a las normas legales vigentes y dado que dicha preceptiva no autoriza cobros a los usuarios por servicios que no se presten efectivamente, la percepción que se hace por tratamiento de aguas servidas en localidades en que no existe planta que desarrolle dicha labor, entre ellas en Nacimiento -donde se produjo el reclamo que motivo la resolución-, carece de fundamento en derecho”.
La resolución es clarísima. En consecuencia, me parece muy grave lo que sigue ocurriendo en la comuna de El Carmen, donde no hay planta de tratamiento de aguas servidas y a los vecinos y vecinas se les continúa cobrando, y esto, desde hace bastante tiempo.
¡Qué curioso! Cuando las personas se atrasan en sus pagos, la empresa es inflexible al momento de cobrar; pero cuando los vecinos son los afectados, no hay celeridad ni siquiera el reconocimiento de un error manifiesto.
Por lo tanto, dada la gravedad de la situación descrita y la necesidad de que esto termine definitivamente, solicito que se reitere mi oficio de noviembre pasado al contralor general de la República , a objeto de que instruya una amplia investigación en dicha comuna para determinar la legalidad del cobro por tratamiento de aguas servidas, el lapso exacto durante el cual esto se ha venido dando y la forma en que la empresa deberá resarcir a los afectados.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al superintendente de Servicios Sanitarios para que emita un pronunciamiento sobre la materia y disponga la suspensión del citado cobro.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ATENCIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS QUÍSTICA. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Salud y, por su intermedio, al director del servicio de Salud respectivo y al director del hospital Roberto del Río , a fin de que se nos haga llegar un informe pormenorizado de las atenciones que se han brindado a los niños con fibrosis quística durante los últimos tres años y de los medicamentos que se les han suministrado, particularmente del viscozyme y de la tobramicina; asimismo, que se nos informe acerca de la situación que afecta a la doctora Isabel Largo.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PERMANENCIA DEL CONGRESO NACIONAL EN VALPARAÍSO.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , felicito a los jóvenes de la Quinta Región que hoy se encuentran en las tribunas de esta Cámara para reclamar por lo que cada cierto tiempo algunos parlamentarios han tratado de mantener sobre el tapete: la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso. Estos jóvenes, en forma pacífica, han venido a manifestar que Valparaíso debe ser la sede del Congreso y a protestar en contra de quienes, reiteradamente, en forma abusiva y privilegiando su comodidad, pretenden llevárselo a Santiago.
He dicho.
CREACIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA LABORAL. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , ha quedado demostrado que las necesarias y justificadas reformas impulsadas en el ámbito de la justicia durante los últimos años son perfectibles, ya que no siempre hemos logrado los impactos positivos que esperábamos. Los tribunales de familia y la reforma procesal penal son algunos ejemplos. Por ello, parece relevante y fundamental enfrentar la evidente desigualdad que vivirán los trabajadores ante los empleadores al momento de acceder a la justicia laboral. Si somos honestos y claros, reconoceremos que los trabajadores no están en igualdad de condiciones para resolver los conflictos laborales que se dan a diario, básicamente por el difícil acceso a defensorías fundadas con abogados competentes.
Con las leyes recientemente promulgadas, que crean los nuevos juzgados del trabajo y que establecen el nuevo procedimiento oral del trabajo, sin duda se verán resueltas muchas causas que en la actualidad se archivan o abandonan por las dificultades del actual procedimiento.
Sin embargo, y este es el objeto de mi intervención, es altamente probable que la gran masa de trabajadores y trabajadoras acuda únicamente a las corporaciones de asistencia judicial para enfrentar los juicios laborales, y sea patrocinada por abogados postulantes que, con menos experiencia y destrezas, deberán enfrentar en desiguales condiciones los juicios con los empleadores, que generalmente tienen equipos o bufetes de abogados con experiencia, contratados y bien pagados.
Si a lo anterior agregamos que, de acuerdo con las cifras de la Dirección del Trabajo, alrededor del 25 por ciento de las causas laborales terminan por abandono de los trabajadores, el 2,1 por ciento por desistimiento, el 36 por ciento por conciliación, y sólo el 39 por ciento finaliza en sentencia, normalmente a favor del empleador, claramente tenemos un argumento para sustentar la creación de un equipo experto de defensores que asista a los trabajadores y les permita, en forma ágil, eficiente y gratuita, acceder al derecho de una buena representación y defensa.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet, y al ministro del Trabajo , a fin de que gestionen la creación de una defensoría pública laboral, instancia que puede insertarse en la estructura de la defensoría pública. El tema fue planteado durante la discusión de esa reforma más integral que se quiso hacer sobre la materia, pero finalmente fue desechado.
Esta instancia debiera, por una parte, garantizar que las instituciones facultadas para promover, vigilar y proteger los derechos humanos laborales de trabajadores y trabajadoras del país cumplan con su rol fiscalizador y, por otra, la que es más importante aún, patrocinar las causas de aquellos trabajadores, sindicatos y federaciones que no cuentan con defensa efectiva, para que sus derechos sean resguardados efectivamente y así, de una vez por todas, haya igualdad entre trabajadores y empleadores.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
EXTENSIÓN DEL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL PROGRAMA CHILE BARRIO A SECTORES RURALES DEL DISTRITO 42. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , ésta es mi primera intervención como representante del distrito 42, que comprende quince comunas: Cabrero, Yumbel, Quillón, Bulnes, San Carlos, Niquén, San Fabián, San Nicolás, Ninhue -la cuna de Arturo Prat-, Portezuelo, Ránquil, Coelemu, Treguaco, Quirihue y Cobquecura. Cabe agregar que dicha diputación también fue ejercida por mi padre, el actual senador Hosain Sabag, y por el ex diputado señor Felipe Letelier.
Se trata de un distrito muy pujante, que ha avanzado mucho en los últimos quince años gracias a los buenos gobiernos de la Concertación. Sin embargo, aún quedan algunas tareas por cumplir, como la construcción del embalse Punilla, obra de riego de gran trascendencia para la zona.
La pujanza de mi distrito se demuestra, en el ámbito forestal, con la instalación de la planta de celulosa Nueva Aldea, del grupo Angelini, con una inversión de alrededor de 1.300 millones de dólares; en el agrícola, con la instalación de la planta Orafti Chile, en la que han participado capitales belgas de alrededor de 200 millones de dólares, la que, dicho sea de paso, fue visitada por el Presidente Ricardo Lagos.
Lo anteriormente expuesto es una manifestación evidente de la confianza y la respetabilidad que inspira nuestro país hacia empresas europeas, que invierten acá, en el fin del mundo, sus capitales.
Otra demostración del progreso que vive nuestro distrito es el desarrollo del programa de agua potable rural, a través del cual, el vital elemento ha llegado a muchos sectores agrícolas.
Hoy, ese progreso se ha profundizado aún más gracias al programa Chile Barrio, llegando con alcantarillado rural a sectores muy modestos como Río Claro, Tomeco y Rere, de la comuna de Yumbel, que hoy tienen plantas de tratamiento de aguas servidas.
Este progreso plantea también nuevos desafíos. De ahí la necesidad de ampliar el subsidio de agua potable rural para la operación de las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Obras Públicas y de Hacienda para que consideren en el Presupuesto de la Nación la mantención de las plantas de tratamiento de aguas servidas y se realicen las modificaciones legales correspondientes a fin de que el subsidio de agua potable rural se extienda también al uso de alcantarillado de aguas servidas. Ello permitirá operar las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Existe un vacío legal en cuanto a la administración de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Propongo que sean las municipalidades o bien los propios comités de agua potable rural, con la asesoría de la Dirección de Obras Hidráulicas, los que administren dichos servicios.
En el mismo ámbito de los progresos experimentados, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de que disponga la extensión del programa Chile Barrio a los sectores rurales para terminar con las letrinas y dotarlos de casetas sanitarias. Esto es factible de hacer; está consignado en los convenios internacionales firmados por nuestro país. No es posible que en el siglo XXI todavía existan en el país sectores rurales con letrinas o pozos negros, puesto que son un signo de retraso y pobreza.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
AUTORIZACIÓN A PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SAN CARLOS PARA OTORGAR CERTIFICADOS A VEHÍCULOS CLASE A. Oficio.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la comuna de San Carlos está viviendo una situación muy grave, puesto que no cuenta con una planta de revisión técnica de vehículos clase A, razón por la cual los dueños de vehículos de locomoción colectiva, incluida la maquinaria pesada agrícola, deben concurrir a las comunas de Chillán o de Parral para obtener el correspondiente certificado.
La comuna de San Carlos tiene 53 mil habitantes y el gremio del transporte cuenta con una capacidad aproximada de 480 vehículos. Tiene como vecinas las comunas de Ñiquén, San Fabián, San Nicolás y Ninhue.
En el espíritu del gobierno de la nueva Presidenta Michelle Bachelet, de dar más poder a las regiones y correlativamente a las provincias, resulta inconcebible que un distrito de quince comunas no cuente con una planta de revisión técnica de vehículos clase A, debido a que no ha sido autorizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , para que autorice a la planta de revisión técnica de San Carlos otorgar certificados de revisión técnica a vehículos clase A. Ello permitirá que dicha comuna, perteneciente al distrito 42, que es tan pujante, esté a la altura de las demás comunas.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
FLEXIBILIZACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA NOVENA REGIÓN Y CRÉDITOS BLANDOS PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS. Oficios.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , la modernización acarrea satisfacciones, pero también algunas dificultades. Desde hace un par de décadas nuestro país está inmerso en alcanzar niveles de perfeccionamiento, sobre todo en los servicios.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha autorizado la instalación de las famosas plantas de revisión técnica automatizadas para entregar el certificado correspondiente a los vehículos que transportan pasajeros, lo cual contribuye a proteger la vida de las personas.
Sin embargo, la que se acaba de inaugurar en Villarrica, Novena Región, ciudad que represento, es adecuada para revisar vehículos que circulan por las calles y vías de Santiago, específicamente en algunos barrios de Las Condes. Y nada más lejos de la realidad es lo que sucede en mi distrito. Por ejemplo, los caminos de las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Toltén, Villarrica y Pucón no son como los de Santiago. El tránsito por caminos rurales daña con mayor frecuencia a los vehículos de transporte de pasajeros. Con la instalación de una planta de revisión técnica como la de Villarrica, con los altos niveles de exigencia, apta para los caminos del norte o del centro del país, estamos limitando la posibilidad de trasladar personas, al punto de que muchas de ellas caigan en el aislamiento, por cuanto se rechaza la revisión técnica de los microbuses rurales. De hecho, hay mucha maleza en esos caminos, pero no siempre son cortadas y producen arañazos en la pintura y en los espejos de los microbuses, lo que les impide obtener el certificado de revisión técnica.
Por lo tanto, en representación de los cientos de pequeños empresarios del transporte de pasajeros y de carga, solicito oficiar al ministro de Transportes , a fin de que se flexibilice la certificación de las plantas de revisión técnica, considerando la distinta realidad que presentan los dificultosos caminos sureños.
Asimismo, solicito que el ministro de Economía estudie la posibilidad de que ellos puedan renovar el parque automotor, a través de créditos blandos que les permitan reemplazar los actuales vehículos.
Lo que no podemos hacer es dejar a miles de campesinos sin un medio de locomoción ante el crudo invierno que se avecina, porque la planta de revisión técnica, elegante y moderna, impide aprobar dicha revisión por el hecho de que los microbuses estén mal pintados. Este es un asunto muy importante para la gente sencilla del sur.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE CORONEL. Oficio.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente , quiero referirme a la calidad del agua que se entrega a los habitantes de Coronel. Allí se ha generado alarma pública, fundamentalmente por el color y el olor del agua que la empresa Essbío entrega en el sector norte de dicha comuna.
Por lo tanto, solicito oficiar al director del Servicio de Salud de Concepción , a través del ministro de Salud , para que informe respecto de los análisis del agua que, se supone, dicho servicio realiza periódicamente. Me gustaría que el lapso a considerar respecto de la calidad de la misma abarcara a lo menos treinta días.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.54 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial. (boletín N° 4104-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad autorizar la contribución del Estado de Chile a la Acción Internacional contra el Hambre y la Pobreza en el mundo.
I. ANTECEDENTES.
1. La lucha contra la pobreza como desafío mundial.
La lucha contra la pobreza no es un desafío nuevo a nivel mundial. Por el contrario, es una tarea permanente y en gran medida pendiente, a la que está convocada toda la comunidad internacional y, en especial, aquellos países que han logrado mayor desarrollo y crecimiento, rompiendo el círculo del hambre, la miseria y el subdesarrollo.
A nivel internacional, el desafío de erradicar el hambre y la pobreza se ha abordado en diversos foros, organizaciones y programas de cooperación, erigiéndose hoy como uno de los principales objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y de sus distintos órganos, así como de otros organismos multilaterales regionales como la OEA y la Unión Europea.
La acción internacional contra el hambre y la pobreza concita, asimismo, la adhesión y colaboración de la inmensa mayoría de las naciones, como también de los gobiernos, de los organismos no gubernamentales y de los ciudadanos individualmente considerados.
2. Chile no se ha restado al esfuerzo mundial para la superación del hambre y la pobreza.
Chile ha participado activamente en esta campaña, a través de las organizaciones internacionales que integra, apoyando iniciativas y programas de cooperación mundial destinados a promover el desarrollo sustentable, la superación de la pobreza, la democratización y gobernabilidad de los pueblos, el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, la erradicación de la desnutrición y de las pandemias, el fortalecimiento institucional y, en fin, a múltiples otras finalidades que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las naciones y sus habitantes.
Orgullosos de nuestra tradición de integración, apertura y colaboración internacional, en los últimos años hemos respaldado y promovido activamente los urgentes llamados que, a través de las Naciones Unidas, se han formulado a los Estados, para generar y comprometer mayores esfuerzos en aras de la erradicación del hambre y la pobreza.
3. Iniciativas internacionales de las que Chile es parte.
Es así como en el año 2000, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno chileno apoyó y suscribió la denominada “Declaración del Milenio”, una de cuyas metas centrales es “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan de hambre”.
Con miras a esa causa, Chile también participó y suscribió los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, México, en el año 2001, instancia en que los líderes mundiales comenzaron a identificar recursos y medidas específicas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Tanto en la Cumbre Mundial sobre Alimentación como en la Cumbre del Milenio, se fijaron objetivos a este respecto, con plazos que expiran el año 2015 y cuantificación de recursos adicionales que se requieren para cumplirlos. Estos implican, unos 50.000 millones de dolares adicionales anuales, lo que supone un compromiso mutuo entre los países desarrollados y en desarrollo.
En este contexto, el 20 de septiembre de 2004, en Nueva York, se llevó a cabo la Cumbre de líderes mundiales sobre la acción contra el hambre y la pobreza, convocada por los Presidentes de Brasil, Chile y Francia y el Presidente del Gobierno español, con el apoyo del secretario General de las Naciones Unidas, en la que se reconoció que la erradicación de la pobreza constituye un desafío importante en el proceso de globalización y que requiere la puesta en práctica de políticas coordinadas y continuadas mediante la cooperación internacional y una acción nacional resuelta.
Tal como lo señala la propia declaración de Nueva York, el mundo cuenta con las aptitudes y recursos suficientes para librar a toda la humanidad del hambre y la pobreza, así como para promover el desarrollo económico sostenible acompañado de justicia social.
El mayor escándalo no radica en la existencia del hambre, sino que ésta persista a pesar de que contamos con los medios necesarios para erradicarla.
En la Cumbre de Nueva York de 2004, se reafirmó el compromiso en la Declaración del Milenio. Para ello se creó un Grupo Técnico, con la misión de identificar nuevas fuentes de financiamiento para combatir la pobreza y el hambre en el mundo.
El Grupo, con ocasión del encuentro de jefes de Estado de 2004, evacuó un informe que contiene novedosas pero controvertidas fuentes de financiamiento, que comprometen tanto al sector privado como público, de carácter voluntario u obligatorio, de ámbito mundial o limitado, con miras a complementar y garantizar la estabilidad y previsibilidad a largo plazo de la ayuda externa.
4. Los países han concordado fuentes innovadoras de financiación del desarrollo.
Por otra parte, el 14 de septiembre de 2005, setenta y nueve países, entre los que se comprende nuestro país, ratificaron en París la Declaración sobre las Fuentes Innovadoras de Financiación del Desarrollo, que alienta la incorporación de una contribución internacional de solidaridad.
Los países signatarios de dicha Declaración, reconocen que ninguna autoridad internacional dispone hoy día del poder de establecer contribuciones. Una fiscalidad internacional es necesariamente el producto de un acto de cooperación entre Estados. Se la puede definir como un conjunto de dispositivos fiscales adicionales, idénticos y convergentes, implementados en conjunto por los estados, en un marco de acuerdo común, incluso en lo que se refiere a la utilización de los recursos obtenidos por cada uno de ellos.
Dicha solidaridad propone que el producto de la contribución de ella se asigne a un objeto específico, lo que permite, además, destinar a programas en los que la urgencia de financiación regular es particularmente necesaria. De esta manera, las contribuciones de solidaridad internacional, financiarán las políticas que la ayuda pública tradicional, insuficientemente irregular, le es difícil asumir.
En torno a estos propósitos, la comunidad internacional ha ido alcanzando un alto grado de consenso. La lucha contra la gran pobreza es un desafío ético, político y económico tanto para los países ricos como para los países pobres. De ahí, que sobrepasando las discrepancias Norte/Sur, se ha optado por adoptar una política de alianza estratégica. Por ello las contribuciones de solidaridad internacional tiene la característica de poder ser aplicadas tanto por los países desarrollados como por los países emergentes y en desarrollo, teniendo en cuenta que la tasa impositiva debe reflejar la capacidad contributiva del país participante, es decir su nivel de riqueza.
5. La contribución internacional sobre los billetes de avión.
Ahora bien, los países signatarios de la declaración de París sobre Fuentes Innovadoras de Financiación del Desarrollo, han concordado en una formula básica, sobre la base de un cobro adicional en las tasas de embarque de la aviación comercial, denominada “contribución de solidaridad sobre billetes de avión”, que comparativamente presenta indudables ventajas respecto de otras fuentes, tanto desde el punto de vista de su fácil implementación, su escaso impacto económico y su carácter flexible y equitativo.
En primer lugar, el mecanismo se puede instaurar fácilmente, aumentando los impuestos y derechos aeroportuarios existentes, con un costo de recuperación mínimo, sin afectar a la soberanía fiscal de los estados, ni representar dificultades jurídicas. De este modo, la contribución que se propone establecer por cada país participante, respeta las propias reglas constitucionales y legislativas, sin implicar en ningún momento una reducción de la soberanía fiscal, pues las tasas y las modalidades de la contribución, se dejan a la apreciación de cada participante. Asimismo, los acuerdos de la OMC autorizan también la implementación de contribuciones concertadas de este tipo, siempre que no se apliquen de manera discriminatoria. Tampoco la contribución se encuentra prohibida por el Convenio de Chicago, ni ningún otro acuerdo y tratado internacional que rige el transporte aéreo internacional.
En segundo lugar, el instrumento propuesto tiene un impacto económico mínimo, pues es neutro sobre el transporte aéreo, estructuralmente muy dinámico. No afecta la competividad entre los transportistas aéreos, ni a la de los grandes aeropuertos y tiene la ventaja de poder implementarse sin esperar la participación universal de los Estados.
En tercer lugar, es un mecanismo flexible y equitativo. En efecto, dado el carácter progresivo de la contribución, es coherente con la voluntad de repartir mejor los frutos de la globalización. En el plano internacional, la diferenciación de las tasas permite tomar en cuenta la especificidad de todos los países que implementen esta contribución, y en especial su nivel de desarrollo.
6. Decisión de Chile de participar
Nuestro país ha asumido los desafíos trazados por los Objetivos del desarrollo del Milenio comprometidos el año 2000, mediante un adecuado de manejo macroeconómico y la implementación de políticas públicas focalizadas en lo social. Hemos cumplido un tercio de las metas dispuestas por la comunidad internacional y esperamos alcanzarlas plenamente el 2015.
En tal sentido, Chile se ha comprometido en la implementación del “Consenso de Monterrey” de Financiación del Desarrollo.
Pero, así como nuestro país ha ido avanzando sostenida y responsablemente en la derrota de la extrema pobreza, que felizmente afecta cada vez a menos chilenos, avanzando progresivamente hacia mayores niveles de equidad social, también tiene una responsabilidad que asumir a nivel internacional. Ello no sólo para transmitir su rica experiencia en la lucha contra la extrema pobreza, a través de la focalización de programas, como el combate a la desnutrición y la mortalidad infantil, sino que también entregando una contribución financiera para ir en ayuda de los países más pobres.
Por ello, hemos copatrocinado la Iniciativa para la Lucha Contra el Hambre y la Pobreza, que busca viabilizar mecanismos financieros innovadores para combatir este problema, como los ya analizados, para alcanzar las metas de la declaración del Milenio. Necesitamos dar respuestas ahora y ésta es una opción concreta.
De ahí que este Gobierno comprometió en septiembre de 2005, en el marco de la declaración de Nueva York, una contribución de solidaridad internacional. Para financiar el mayor gasto que esta contribución representa para el erario nacional, se ha resuelto la implementación a partir de 2006, de una tasa de 2 dólares en todos los vuelos internacionales, adicionales a la tarea vigente.
De esta manera, nuestro país, con un desarrollo medio, reconoce que el mayor esfuerzo de la Asistencia Oficial al Desarrollo debe dirigirse a los países menos adelantados, de manera de atender especialmente la situación de África, sin olvidar que la cooperación internacional también de be concurrir a los países de renta media, especialmente para la formulación de políticas públicas encaminadas a la superación de la pobreza y a la reducción de la brecha de la desigualdad.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Conforme a lo expuesto, se presenta a ese H. Congreso Nacional, una iniciativa de ley que permita a nuestro país cumplir a cabalidad con estos irrenunciables compromisos asumidos con la comunidad internacional, sobre la base de las siguientes propuestas.
1. Autorización para efectuar aportes a iniciativas internacionales contra el hambre y la pobreza.
En primer lugar, se propone autorizar al Presidente de la República para efectuar, en representación del Gobierno de Chile, aportes hasta por un total de US$ 5 millones anuales, que se convengan como parte de iniciativas internacionales contra el hambre y la pobreza y se canalicen con tal objeto a los Fondos, Programas y Agencias del Sistema de Nacionales Unidas.
Al efecto, se solicita facultar al Presidente de la República para delegar en un Ministro de Estado o en el Embajador que determine, la atribución de suscribir los documentos que procedan para efectos de efectuar dichos aportes.
2. Financiamiento del gasto que representa el aporte.
Para efectos de financiar el mayor gasto que represente para el erario nacional el aporte enunciado, la presente iniciativa propone establecer un recargo, de beneficio fiscal, de hasta US$ 2 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en pesos, según sea el caso, de los derechos de embarque de pasajeros de vuelos internacionales, a contar de la anualidad en que se deba efectuar el primer aporte.
Para tal efecto, se propone que el producto del recargo de los derechos de embarque que así se disponga, debe ser integrado por la Dirección de Aeronáutica Civil a Rentas Generales de la Nación, dentro de los cinco días siguientes al que le sean remitidos los recursos por parte de las entidades recaudadoras. De esa forma, se respeta, de un lado el principio de no afectación; y, del otro, el financiamiento de todo gasto fiscal.
Sin perjuicio de lo anterior, el referido recargo se entenderá formar parte del derecho de embarque para todos los efectos legales y reglamentarios.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Autorízase al Presidente de la República para efectuar, en representación del Gobierno de Chile, aportes hasta por un total de US$ 5 millones anuales, que se convengan como parte de iniciativas internacionales contra el hambre y la pobreza y se canalicen con tal objeto a los Fondos, Programas y Agencias del Sistema de Nacionales Unidas. Tales aportes se realizarán desde la fecha en que entren en vigencia los acuerdos correspondientes.
Asimismo, se faculta al Presidente de la República para delegar en un Ministro de Estado o en el Embajador que determina, la atribución de suscribir los documentos que procedan para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente. Esta facultad se ejercerá por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- A contar de la anualidad en que se deba efectuar el primer aporte conforme al artículo anterior, se aplicará un recargo, de beneficio fiscal, de hasta US$ 2 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en pesos, según sea el caso, de los derechos de embarque de pasajeros de vuelos internacionales regulados en la ley 16.752 y el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos, le que será implementado mediante modificaciones a dicho Reglamento.
Artículo 3°.- El producto del recargo de los derechos de embarque que se disponga conforme al artículo anterior, será integrado por la Dirección de Aeronáutica Civil a Rentas Generales de la Nación, dentro de los cinco días siguientes al que le sean remitidos los recursos por parte de las entidades recaudadoras.
Con todo, el referido recargo se entenderá formar parte del derecho de embarque para todos los efectos legales y reglamentarios.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda ; JAIME RAVINET DE LA FUENTE, Ministro de Defensa Nacional ; IGNACIO WALKER PRIETO, Ministro de Relaciones Exteriores ; JAIME ESTÉVEZ VALENCIA, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA MUNDIAL
Mensaje N° 547-353
El proyecto de ley tiene por objeto dar cumplimiento al compromiso, ratificado en París en septiembre de 2005, para combatir la pobreza y el hambre mundial, estableciendo la incorporación de una contribución internacional de solidaridad, financiada con un cobro adicional de las tasas de embarque de la aviación comercial.
El proyecto, autoriza al Presidente de la República para efectuar aportes a Naciones Unidas hasta por un total de US$ 5.000 miles anuales, compromiso cuya suscripción se podrá delegar en un ministro de Estado o embajador que determine.
El aporte 2006 se financiará, en la parte proporcional que corresponda luego que entren en vigencia los acuerdos correspondientes, con cargo a los recursos que se consulten en el ítem 06.01.01.24.07.001, organismos internacionales, del presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 15 de marzo de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo 13 del decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, correspondiente al boletín Nº 2815-05.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6041, de 14 de marzo de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 15 de marzo de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que regula la competencia desleal, correspondiente al Boletín Nº 3356-03, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal.”.
Artículo 2º
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 2°.- Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:
a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.
b) Las reguladas en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
c) Las reguladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial.”.
Artículo 3º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 3º.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”.
Artículo 4º
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:
a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.
c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.
d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.
e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.
f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.
g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.”.
Artículo 5º
Lo ha considerado como letras c) y d) del artículo 4°, en los términos que se señalaron precedentemente.
Artículo 6º
Lo ha consultado como letra e) del artículo 4°, en los términos indicados anteriormente.
Artículo 7º
Lo ha rechazado.
Artículo 8º
Lo ha eliminado.
Artículo 9º
Lo ha considerado como letra f) del artículo 4°, en los términos que señaló con anterioridad.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 5°, sustituido por el siguiente:
“Artículo 5º.- Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones:
a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica.
b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.
d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.”.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 6º, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 6º.- Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior.
Con todo, no habrá lugar a indemnización de perjuicios de acuerdo con esta ley si el demandado ya hubiese sido condenado a reparar el mismo daño de conformidad con otro ordenamiento legal.
Las asociaciones gremiales que tengan por función efectiva la defensa de los intereses de agentes del mercado podrán interponer, en interés de sus miembros lesionados por un acto de competencia desleal, las acciones contempladas en las letras a) a c) del artículo anterior.”.
Artículo 12
Lo ha consultado como artículo 7°, sustituido por el siguiente:
“Artículo 7º.- Las acciones de competencia desleal previstas en las letras a) a c) del artículo 5° prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad. La acción de indemnización de perjuicios prevista en la letra d) del artículo 5° prescribe en el plazo de cuatro años contado del mismo modo. El ejercicio de alguna de las acciones previstas en las letras a) a c) del artículo 5° interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios.”.
Artículo 13
Ha pasado a ser artículo 8º, sin enmiendas.
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 9°, sustituido por el siguiente:
“Artículo 9º.- Las acciones conferidas por esta ley se tramitarán de acuerdo con las normas del procedimiento sumario, contempladas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681. Si se ejercen las acciones referidas en las letras a) a c) del artículo 5° y luego la acción indemnizatoria en juicio separado, los hechos establecidos en juicio entre las mismas partes respecto de aquellas acciones se tendrán por probados en el juicio en que se haga valer esta última.
Contra la sentencia procederán todos los recursos que franquea la ley, de acuerdo con las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
Si existe un indicio grave y preciso de amenaza o de ejecución de un acto de competencia desleal, el tribunal, a solicitud de parte, podrá ordenar su suspensión inmediata, sin perjuicio de las demás medidas precautorias previstas en Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.”.
Artículo 15
Lo ha rechazado
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto conforme de 28 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, y que, en particular, el artículo 8º fue aprobado, en el carácter de norma orgánica constitucional, con el voto conforme de 33 señores Senadores de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5683, de 5 de julio de 2005.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado?
4. Informe de la Cuenta Anual Presupuestaria, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre del mismo año, presentado por el Director de Finanzas de la Cámara de Diputados.
?Honorable Camara:
La Comisión Revisora de Cuentas designada por la Corporación en Sesión Nº 13 del 17 de abril de 2002, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha procedido a revisar y evaluar la liquidación y el Balance de las cuentas del Departamento de Finanzas, presentadas por su Director , don Orlando Catalán González, correspondientes al ejercicio financiero y contable del año 2005.
INFORME OPERACIONAL.
En primer lugar se revisó una copia del oficio Nº 004/2006, del Departamento de Finanzas, de fecha 06 de marzo de 2006. Las comprobaciones se hicieron con la documentación contable y se corroboró con los informes mensuales presentados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, -Dirección de Presupuestos- por lo cual estos son parte integral del presente informe.
El texto definitivo de la Ley de Presupuesto de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, consultó para la Cámara de Diputados la cantidad de $ 29.259.303.000.-(veintinueve mil doscientos cincuenta y nueve millones trescientos tres mil pesos) que posteriormente se complementó, en el transcurso del año 2005, con las cantidades asignadas por decretos que se detallan a continuación:
DECRETO
FECHA
COMPLEMENTOS
MONTO $
509
29/04/2005
Reajuste Legal
162.389.000
641
30/06/2005
Ley Nº 19882 (Anef)
278.731.000
916
27/07/2005
Saldo Inicial de Caja
10.235.133
1076
27/09/2005
Aporte Fiscal Extraordinario
289.342.000
1484
15/12/2005
Reajuste Diciembre
82.211.000
Subsidios y otros Ingresos
165.276.236
TOTAL
988.184.369
Por lo tanto, el Presupuesto final con que contó la Corporación fue de $ 30.247.487.369.-(treinta mil doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos).
Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de $ 30.238.897.427.-(Treinta mil doscientos treinta y ocho millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos).
En resumen, los recursos en moneda corriente alcanzaron a $ 30.247.487.369.-(Treinta mil doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos) y los egresos a $30.238.897.427.-(Treinta mil doscientos treinta y ocho millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos), lo que dejó un Saldo Final de Caja de $ 8.589.942.- (Ocho millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos) el cual se descompone de la siguiente manera:
Depositado en la Cta Cte Nº 901386-5, Cuenta Única Fiscal del Banco Estado
3.594.153.-
Anticipos Varios y Cajas Chicas para gastos menores.
5.986.808.-
Otros Deudores
725.634.-
Menos
Obligaciones pendientes de pago
(1.716.653).-
SALDO FINAL DE CAJA
8.589.942.-
A continuación se adjunta una copia de la conciliación Bancaria, fotocopia de la última cartola al 31 de diciembre de 2005 y certificado entregado por el Banco Estado que acredita el saldo de la cuenta a esa misma fecha. Como en el caso anterior, en las mismas copias se evidencia las revisiones y comprobaciones efectuadas.
Una tercera etapa fue constituída por una revisión efectuada a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento con respecto a los pagos habituales, mensuales y esporádicos que deben hacerse, tales como Dietas, asignaciones, sueldos personal y secretarios de diputados, asignación de combustible, mantenciones, etc. Estos exámenes fueron practicados de acuerdo a los procedimientos contables para el sector público e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de Contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión en la medida que se consideró necesario para el objetivo perseguido.
Se pudo comprobar que se dio entero cumplimiento a los acuerdos de esa Comisión y que todos los pagos se encuentran archivados con sus respectivos comprobantes originales que los respaldan.
La revisión alcanzó a un 100% de la materia examinada y representa razonablemente la situación financiera de la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005. Los resultados de sus operaciones fueron registrados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y debidamente aplicados.
La Comisión Revisora de Cuentas en consideración a las razones expuestas, recomienda a la Honorable Cámara prestar su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
“Artículo Único.- Apruébese el Balance de las Cuentas del Departamento de Finanzas de la H. Cámara de Diputados, correspondiente al año Presupuestario y Contable 2005.- que presentó el Director de Finanzas de la Corporación, don Orlando Catalán González. El presupuesto final con que contó la Corporación en moneda nacional alcanzó a la suma de $ 30.247.487.369.- (treinta mil doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos), de acuerdo al siguiente detalle:
Período 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005.-
Sub-Título
Ingresos
$
08
Otros Ingresos Corrientes
165.286.236
09
Aporte Fiscal
30.068.966.000
15
Saldo Inicial de Caja
13.235.133
TOTAL
$ 30.247.487.369
Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de $30.238.897.427.-(Treinta mil doscientos treinta y ocho millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos), y se desglosa de la siguiente manera:
Sub-Títulos
Gastos
$
21
Gastos en Personal
(Dieta, Sueldos, Viáticos, Honorarios
Asesorías Legislativas)
15.877.304.250
22
Bienes y Servicios de Consumo
9.004.136.665
23
Prestaciones Previsionales
429.078.447
24
^@#@^Transferencias Corrientes
(a Organismos Internacionales, Sala
Cuna y Secretarios Diputados)
4.823.341.692
35
Adq. de Activos No Financieros
105.036.373
TOTAL
$ 30.238.897.427
Quedando un Saldo Final de Caja de $ 8.589.942.- (Ocho millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos) el cual se descompone de la siguiente manera:
Depositado en la Cta Cte Nº 901386-5, Cuenta Única Fiscal del Banco Estado
3.594.153.-
Anticipos Varios y Cajas Chicas para gastos menores.
5.986.808.-
Otros Deudores
725.634.-
Menos
Obligaciones pendientes de pago
(1.716.653).-
SALDO FINAL DE CAJA
8.589.942.-
Se designó diputado informante al señor Claudio Alvarado.
(Fdo.): CLAUDIO ALVARADO A.; MARIO BERTOLINO R.; JUAN BUSTOS R. ELIANA CARABALL; EUGENIO TUMA Z.?
Moción de los diputados señores Espinoza, Aguiló, Bustos, Ceroni, De Urresti, Súnico, señora Pacheco, doña Clemira y señora Pascal, doña Denise.
Chile establece obligatoriedad de medidas cautelares a los autores de robo por sorpresa. (boletín N° 4114-07)
“Como sostiene la doctrina dominante, “las medidas cautelares personales pueden ser definidas como aquellas medidas restrictivas o privativas de libertad personal que puede adoptar el tribunal en contra del imputado en el proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los fines penales del procedimiento. Las medidas cautelares personales están llamadas a asegurar la persona del imputado en el curso del procedimiento penal.
Tampoco admiten dudas los presupuestos tradicionales de la medida cautelar: a) humo del buen derecho (fumus boni iuris) y b) peligro de retardo (periculum in mora); ambos requisitos suponen la elaboración de un juicio de probabilidad en torno a la existencia del delito y el grado de participación del imputado, el peligro en la demora supone que en cumplimiento de los fines del procedimiento pueda ser ilusorio si no se admiten medidas de aseguramiento (en el catalogo disponible en el Título V libro I del Código Procesal Penal).
Compartiendo los fundamentos del instituto, cabe tener presente en el tramo entre el mundo del sistema, una serie de acontecimientos del mundo de la vida, que exigen un replanteamiento de la problemática de las medidas cautelares. Es así que existen numerosos antecedentes que dan cuenta de la realización de delitos bajo la modalidad del robo por sorpresa respecto de humildes trabajadores, ocurridos en terminales de buses, pese a la oportuna acción de la justicia, las reglas generales en esta materia no logran dotar una respuesta proporcional en esta clase de delitos. En reiteradas ocasiones es posible determinar que los imputados junto a demás partícipes claramente organizados aparecen realizando estos delitos en los mismos lugares en que antes lo habían cometido. Desde esta perspectiva no admiten dudas la existencia de los presupuestos de las medidas cautelares, pero que requieren una mayor precisión, en el sentido de los fundamentos que aparecen en el art. 155 del CPP y la necesidad de actuar en casos de reiteración en la clase de delitos antes aludidos.
Es por los antecedentes antes señalados y los fundamentos de derecho invocados que vengo a proponer el siguiente proyecto de ley.
Artículo único: incorpórase el siguiente inciso final al artículo 155 del Código Procesal Penal.
Tratándose de los delitos previstos en el artículo 436 del Código Penal, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 3, 4 y 5 del presente título, el tribunal deberá imponer conjuntamente las medidas establecidas en las letras c y d del presente artículo.
“Tratándose de imputados reincidentes en el delito señalado se procederá siempre la prisión preventiva”.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Reforma constitucional que exige plebiscito para cesión de dominio, uso o goce de territorio nacional. (boletín N° 4103-07)
“Considerando:
1. Que el artículo 69 de la Constitución Política establece que “aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al Presidente de la República , quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley”;
2. Que, en el caso de la cesión del dominio, del uso o goce de parte del territorio nacional, ya sea a través de un proyecto de ley aprobado por el Congreso o bajo cualquiera otra forma jurídica, resulta del todo conveniente consultar la opinión de la ciudadanía;
3. Que lo anterior, en razón de la materia de que se trata, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Agrégase el siguiente inciso al artículo 69 de la Constitución Política de la República:
“Cuando se trate de la cesión del dominio, del uso o goce de parte del territorio nacional, para que dicho acto jurídico produzca pleno efecto se requerirá su aprobación por la ciudadanía mediante plebiscito”.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Limita reajuste de isapres a personas de tercera edad. (boletín N° 4113-11)
“Considerando:
1. Que las Instituciones de Salud Provisional, isapres, han obtenido cuantiosas ganancias en los últimos años por la vía de subir las cotizaciones de salud mucho más allá del Indice de Precios al Consumidor, IPC;
2. Que cuando el cotizante es joven, paga y la isapre desembolsa muy poco dinero porque la salud de ese cotizante es buena; pero cuando envejece, el monto de la cotización, que se paga mensualmente en unidades de fomento y que una vez al año, se reajusta por sobre el IPC pudiendo llegar el reajuste a dos dígitos, es de tal magnitud, que el afiliado no puede seguir pagando y debe retirarse cuando más necesita de su isapre, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Las instituciones de salud provisional no podrán reajustar anualmente el costo para sus afiliados mayores de sesenta años en más de un 50 por ciento del promedio de reajuste que el respectivo plan de salud, para ese cotizante, haya tenido en los cinco años anteriores a la fecha en que haya cumplido la referida edad.