Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- SALUDOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
- PREFERENCIA PARA TRATAR INFORME DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO MODIFICATORIO DE LA LEY N° 19.419, SOBRE PUBLICIDAD Y CONSUMO DE TABACO.
- INTEGRACIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Enrique Accorsi Opazo
- Alberto Robles Pantoja
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- DEBATE
- MODIFICACIONES A LA LEY N° 20.026, QUE ESTABLECE UN IMPUESTO ESPECÍFICO A LA RENTA DE LA ACTIVIDAD MINERA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- AUMENTO EN PLAZO PARA REGULARIZAR DERECHOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Modificación del Código de Aguas. Informe de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- INFORME DE DELEGACIÓN QUE CONCURRIÓ A 113ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, EFECTUADA ENTRE EL 16 Y EL 19 DE OCTUBRE DE 2005, EN GINEBRA, SUIZA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
- VI. INCIDENTES
- REVALUACIÓN DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS. Oficio.
- REVALUACIÓN DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS. Oficio.
- VII. CLAUSURA DEL PERÍODO LEGISLATIVO.
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Ramon Barros Montero
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Alejandro Navarro Brain
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Waldo Mora Longa
- Camilo Escalona Medina
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Cristian Antonio Leay Moran
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Olivares Zepeda
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Waldo Mora Longa
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Eduardo Saffirio Suarez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Waldo Mora Longa
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Mulet Martinez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 75ª, en miércoles 8 de marzo de 2006
(Ordinaria, de 11.12 a 14.11 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Robles Pantoja, don Alberto, y Cornejo Vidaurrázaga, don Patricio.
Presidencia accidental del señor Tuma Zedán, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- CLAUSURA DEL PERÍODO LEGISLATIVO
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Saludos en el Día Internacional de la Mujer 9
- Preferencia para tratar informe de Comisión Mixta 9
- Integración de Comisión Mixta en proyecto modificatorio de la ley N° 19.419, sobre publicidad y consumo de tabaco 9
V. Orden del Día.
- Regularización de construcciones en inmuebles destinados al funcionamiento de jardines infantiles. Primer trámite constitucional 10
- Modificaciones a la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera. Primer trámite constitucional 19
- Aumento en plazo para regularizar derechos de aguas subterráneas. Modificación del Código de Aguas. Informe de Comisión Mixta 26
- Informe de delegación que concurrió a 113° Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 16 y el 19 de octubre de 2005, en Ginebra, Suiza 29
VI. Incidentes 29
- Revaluación de bienes raíces no agrícolas. Oficio 30
VII. Clausura del período legislativo 32
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho el proyecto que introduce modificaciones al artículo 2° de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera y agrega un nuevo artículo transitorio. (boletín N° 4095-05) 45
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el artículo 124 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura. (boletín N° 2587-01) 45
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, con las excepciones que indica, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley N° 19.419, en materias relativas a la publicidad y consumo del tabaco. (boletín N° 3825-11) 46
Pág.
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Islandia para la promoción y protección recíproca de las inversiones”. (boletín N° 3761-10) 48
5. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que aumenta a un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. (boletín N° 4044-09) 48
6. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el mandato encomendado por la Sala sobre la situación actual del Servicio Militar Obligatorio 61
7. Primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto que faculta para regularizar construcciones en inmuebles en los que funcionen jardines infantiles, en el plazo que indica. (boletín N° 4088-04) 98
8. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones al artículo 2° de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera y agrega un nuevo artículo transitorio. (boletín N° 4095-05) 102
9. Moción de los Diputados señores Sánchez; Álvarez; Barros; García; García-Huidobro; Navarro, y de la Diputada señora Soto, doña Laura, que establece un límite temporal en el ejercicio del cargo de ministro de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. (boletín N° 4097-07) 104
10. Moción de los diputados señores Mora; Escalona; Espinoza; Leay; Ortiz; Olivares y Silva, que aumenta facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República en relación a las municipalidades. (boletín N° 4099-06) 106
11. Moción los diputados señores Mora, Araya, Burgos, Cardemil, García, Mulet, Ojeda y Saffirio, que establece normas para facilitar a los Concejos Comunales el conocimiento de delitos descubiertos por la Contraloría General de la República. (boletín N° 4100-06) 108
12. Moción de los diputados señores Mora, Errázuriz, Cornejo y Mulet que modifica la Constitución Política de la República cambiando las denominaciones de autoridades que indica. (boletín N° 4101-07) 109
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado Robles, incorporar a Huayco y Caldera en circuito turístico del adulto mayor.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Kuschel , entrega de salvoconductos en Palena para quienes viajan a Argentina.
- Diputado Kuschel , reposición de dos furgones policiales en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt .
- Diputado Jaramillo, medidas adoptadas en relación a accidente ocurrido en el Lago Maihue.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Proyecto de Acuerdo N° 552, pensión de vejez proporcional al tiempo cotizado para imponentes del antiguo sistema provisional.
Intendencia V Región:
- Información para elaboración de los Programas Públicos de Inversión en la Región (Propir) año 2006.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrázaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
-Asistió, además, el ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Jaime Gazmuri.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.12 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 70ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 71ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
SALUDOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Con motivo de celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer, la Mesa saluda en forma cariñosa a nuestras colegas y familiares y a todas las mujeres que nos ven a través del canal de la Cámara de Diputados. A todas, muchas felicidades.
PREFERENCIA PARA TRATAR INFORME DE COMISIÓN MIXTA.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , por su intermedio, solicito el acuerdo unánime de la Sala para tratar sin mayor discusión, a lo más con un par de intervenciones, el informe de la Comisión Mixta, aprobado por unanimidad, recaído en el proyecto que aumenta en un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
La Corporación ha trabajado mucho en el tema, se llegó a un muy buen acuerdo, y sería justo que lo despacháramos antes de terminar el período legislativo.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del diputado señor Juan Pablo Letelier.
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO MODIFICATORIO DE LA LEY N° 19.419, SOBRE PUBLICIDAD Y CONSUMO DE TABACO.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.419, en materias relativas a la publicidad y el consumo de tabaco, con los siguientes señores diputados: Patricio Melero, Carlos Olivares, Osvaldo Palma, Enrique Accorsi y Alberto Robles.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que regulariza la construcción de inmuebles destinados a jardines infantiles.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Montes.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4088-04, sesión 71ª, en 24 de enero de 2006. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta N° 7, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que regulariza la construcción de inmuebles en los que funcionan jardines infantiles.
En todo Chile, la mayoría de los inmuebles en que funcionan jardines infantiles, tanto privados como de la Junji, de Integra y de los municipios, no están regularizados. Desde hace tiempo se conocen las razones de esta situación. Tienen que ver con el cumplimiento de normativas urbanas muy estrictas, con un conjunto de exigencias del Ministerio de Educación, también muy estrictas, y con una legislación muy antigua.
Esta situación también afectaba a colegios de educación básica y media, cuyas construcciones tampoco estaban regularizadas. Las normas cuyo cumplimiento se exigía tenían que ver con ciertos estándares de seguridad y otros aspectos. En la ley que estableció la jornada escolar completa, por tercera vez se facultó a los colegios de básica y media para regularizar sus construcciones por vías excepcionales.
En la ley de jardines infantiles, por primera vez se les dio a dichos establecimientos esa misma posibilidad. Lamentablemente, no fue informada adecuadamente al país por parte del Ministerio de Educación, la Junji, Integra, etcétera, y muy pocas construcciones destinadas al funcionamiento de jardines infantiles fueron regularizadas. Se modificó el reglamento, y para su reconocimiento oficial, lo que les permite acceder a distintos recursos públicos, sus construcciones deben estar regularizadas.
En virtud de lo anterior, el Ejecutivo presentó este proyecto de ley que reconoce las edificaciones existentes hasta fines de diciembre de 2005 y permite su regularización con normas de excepción. Como ha dicho el diputado Hales , es una suerte de “ley del mono” para los jardines infantiles, pero bajo condiciones que aseguran una buena infraestructura básica y ausencia de riesgo para los alumnos.
Una de las razones por las cuales las construcciones de los jardines no se pueden regularizar es porque se les exige un frente determinado. Además, se les impide la salida a pasajes y no deben tener más metros construidos que el permitido por la norma urbana.
Esa norma se puede obviar con esta iniciativa y, por lo tanto, regularizar las construcciones para que los jardines infantiles sean reconocidos como establecimientos educacionales y sometidos a todas las formas de control que correspondan.
La Comisión aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros y recomienda su aprobación por la Sala para que continúe su tramitación en el Senado y se convierta en ley de la República lo antes posible.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , no me parece mal que el proyecto no haya pasado por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, porque todos los señores diputados, tanto los de la Comisión de Educación como los de la Sala, están en condiciones de abordar cuestiones de sentido común en materia de construcción, arquitectura y urbanismo, y no necesitan de un informe específico sobre la materia. De hecho, la Comisión de la Vivienda no es un órgano técnico especializado, sino un organismo compuesto por representantes de la ciudadanía que analiza las materias de vivienda y urbanismo. O sea, está bien que el proyecto sólo sea estudiado por la Comisión de Educación.
Pero es necesario precisar algunos temas.
Ésta es una buena medida para facilitar la regularización de construcciones de inmuebles donde funcionan jardines infantiles, sobre todo en sectores populares, donde no existen los recursos suficientes para efectuar proyectos de arquitectura, cálculos, tramitaciones municipales y enfrentar el conjunto de dificultades burocráticas con las que se encuentran. Allí, son muy necesarios los jardines infantiles, y quienes los instalan no disponen de grandes recursos.
Se dictó una ley que permitía regularizar estas construcciones. Sin embargo, una vez más, como ocurre con muchos beneficios sociales, luego de aprobada la ley, prácticamente no hubo difusión. Los municipios de la Región Metropolitana, que constituyen el gobierno local, no hicieron esfuerzo alguno para dar a conocer los beneficios que establecía; y no digo a toda la población, sino, por lo menos, los dueños y sostenedores de dichos establecimientos. Hay municipalidades que reclaman determinadas normas, y cuando el Congreso las despacha y se convierten en ley, no hacen el esfuerzo de difusión necesario. Las municipalidades, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Vivienda, que también tienen sus bases de datos, no hicieron la divulgación que correspondía. En definitiva, con el despacho de una iniciativa por el Congreso Nacional damos por concedido el beneficio, porque sale de este órgano del Estado, pero la ciudadanía lo desconoce. Se aplica el axioma de que, una vez publicada en el Diario Oficial, la ley se presume conocida por todos. En los jardines infantiles de la calle Adela Martínez , de la población Arquitecto O ´Herens , de El Salto, y de las zonas norte y sur de Santiago, donde no llega ningún antecedente ni información, nadie ha leído el Diario Oficial que publicó la ley.
A continuación, me referiré a los requisitos que exige esta iniciativa para tramitar la regularización de edificaciones.
En la letra f) del inciso segundo del artículo 1° se indica que debe acompañarse un informe del profesional competente sobre las condiciones generales de seguridad contra incendio. A nadie se le ocurriría decir que esto es absurdo, porque es una cuestión fundamental en un parvulario, en un jardín infantil o en un establecimiento educacional. Al respecto, hay que tener presente que en los sectores populares los jardines infantiles no son construcciones que partan con un proyecto de arquitectura concebido creativamente sobre un terreno desocupado. Más bien son adaptaciones de casas en el mismo barrio, por lo que las condiciones de seguridad contra incendio son elementos de vital importancia.
El artículo 1° indica los documentos que los interesados deben acompañar a la solicitud de recepción, cuando se cuenta con el permiso, o de permiso y recepción. Esto también es prerrequisito para postular. Es decir, hay que poner atención a la interpretación de esta exigencia. El inciso tercero del mismo artículo agrega otros requisitos: “Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que no se hubieren presentado con anterioridad a la publicación de esta ley, reclamaciones de los vecinos directamente afectados por incumplimiento de las normas urbanísticas vigentes.
2. Que se hubieren cumplido las normas de seguridad contra incendio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y
3. Que no estuvieren emplazadas en áreas de riesgo ni en áreas declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial.”
¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos de requisitos. Los previos, para acceder a la tramitación, que son los tres indicados al final del artículo 1° -si no se cumplen ni siquiera puede iniciarse el trámite para regularizar la situación del inmueble en que funciona un jardín infantil- y los que expresa el inciso segundo del artículo 1°, que señala: “Para tales efectos, se deberá presentar ante la dirección de obras municipales respectiva, una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañada de los siguientes documentos, de cargo del interesado:”.
Es decir, cuando el interesado cumplió los requisitos previos para que le acepten la tramitación, presenta los documentos exigidos, entre los cuales vuelven a mencionarse las normas de seguridad contra incendio.
Pero, ¿qué podría entender el director de obras? Que no es requisito previo para la tramitación haber cumplido las normas de seguridad contra incendio, porque si bien se establece como requisito para la tramitación, al iniciarse, se piden los documentos indicados en las letras a) hasta la f) del inciso segundo del artículo 1°, o sea, se acompaña el informe sobre seguridad contra incendio al presentarse la solicitud de permiso y recepción final simultánea.
En mi opinión, el legislador ha querido establecer dos veces, claramente y a la letra, los requisitos relacionados con las normas de seguridad contra incendio. En una oportunidad, antes de comenzar la tramitación, es decir, la tarjeta de ingreso, el peaje previo para acceder a la tramitación en la dirección de obras. Por lo tanto, entiendo que no se dará curso a una tramitación si no cuenta con un informe de cumplimiento previo de las normas de seguridad contra incendio.
Podrán preguntarse para qué esta intervención del diputado Hales si a lo que me he referido está dicho a la letra en el proyecto. Porque en los requisitos previos no se exige la presentación de un informe que contenga las normas de seguridad en caso de incendio, sino solamente el cumplimiento de las que están establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Para ello, la persona encargada deberá demostrar que éstas se han cumplido. De lo contrario, ¿quién lo podría asegurar? ¿La dirección de obras va a emitir y enviar un informe, previa visita de un funcionario que no tiene, porque no le puede pagar? Por supuesto que no. Entiendo que eso lo debe hacer el interesado.
Un señor DIPUTADO .-
¿Qué ocurre con los vecinos?
El señor HALES .-
En ese caso, la dirección de obras tiene el antecedente de las reclamaciones, y en caso de que se trate de áreas de utilidad pública, también dicha entidad es la encargada de demostrarlo.
Pero respecto del punto 2 del artículo 1° el interesado es quien debe demostrar, como requisito previo, que ha cumplido con las normas de seguridad contra incendio que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Una vez que demuestre que cumple con estos tres requisitos, la dirección de obras le va a exigir los documentos señalados en las letras a) a la f) del artículo 1°, entre los cuales incluye nuevamente el informe de un profesional competente sobre normas de seguridad contra incendio y de evacuación de personas.
Lo importante es que los directores de obras sean eficientes al momento de exigir la documentación sobre normas de seguridad contra incendio, tanto por nuestros niños como por nuestra gente.
No obstante, creo que a los sostenedores de jardines infantiles ubicados en sectores populares se les debería dar todo tipo de facilidades y no cobrarles ningún derecho.
Como bien decía el diputado Montes , esta iniciativa se debería llamar “ley del mono plus” para los jardines infantiles. Y digo “plus”, porque la “ley del mono” establecía pagar el 50 por ciento si tenía más de 100 metros cuadrados y el 25 por ciento si era menos. En este caso, se les esta eximiendo del pago de derechos municipales y del sometimiento a tramitaciones difíciles, con lo cual tendremos la certeza de que los niños estarán seguros y no correrán el riesgo de verse enfrentados a un incendio, lo cual corresponde a la letra y al espíritu que se tuvo durante la discusión de la iniciativa.
Existen otras exquisiteces que los arquitectos quisiéramos colocar a la hora de crear el espacio adecuado, pero no lo podemos hacer porque éste no es el Chile de 20 mil ni de 10 mil dólares de ingreso per cápita, sino de apenas 5 mil, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Por tanto, seguiremos teniendo jardines infantiles con insuficiencias; pero, por lo menos, protegidos por normas de seguridad contra incendio. Esto, como requisito previo.
A mi juicio, está bien el establecimiento de exigencias respecto de estructura, estabilidad, consistencia material, normas mínimas de cumplimiento para el funcionamiento de un espacio para la educación y buenas condiciones de electricidad.
En cuanto al resto, hay que darles todo tipo de facilidades, con lo cual estaremos defendiendo a quienes instalan jardines infantiles en sectores con menos recursos y también a los niños que acogen.
Por otro lado, no quiero que se piense que porque está dos veces establecida la obligación de cumplir con las normas de seguridad contra incendio, sólo sea válida la de mayor restricción, o sea, aquella señalada en la letra f) del artículo 1°, para que no vaya a ocurrir que, el día de mañana, cuando se produzca un incendio en un jardín infantil y se le pregunte a un director de obras si exigió previamente la presentación del informe de un profesional sobre normas generales de seguridad contra incendio, conteste que no lo pidió, toda vez que así quedó establecido en la letra f) del artículo 1° como parte de los documentos que se debían ingresar a la hora de la aprobación. No quiero esa respuesta, sino que cuando la autoridad tenga que aplicar la ley, lo haga exigiendo dos cosas: la presentación del informe sobre normas de seguridad contra incendio, en la previa y, luego, el listado de los documentos mencionados que están bajo su responsabilidad. De esa forma estaremos cumpliendo con una defensa adecuada para nuestros niños.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , quiero destacar la rapidez con que se ha tramitado este proyecto de ley, originado en mensaje, lo que contrasta con la lentitud con que se han tramitado otras mociones. Ayer, este proyecto figuraba en el tercer lugar de la tabla de la Comisión de Educación; sin embargo, se trató en primer lugar.
Pero como a veces la premura con que se hacen las cosas es enemiga de la calidad, con la participación del diputado José Antonio Kast , de la diputada Marcela Cubillos y, en general, de los distintos miembros de la Comisión, prácticamente, le modificamos aspectos esenciales que, incluso, contenían contradicciones. A saber, en el artículo 1° se señalaba que los propietarios y los llamados poseedores pacíficos de los inmuebles podían pedir la regularización de la situación del inmueble; sin embargo, por otro lado, en otro artículo se establecía que sólo podrían hacerlo los propietarios.
Luego, en el inciso primero del artículo 2° hay un tema que no resolvimos. Dicho inciso señala: “La dirección de obras municipales devolverá aquellas solicitudes de regularización que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, debiendo el solicitante subsanar las omisiones. Cumplido lo anterior, la dirección de obras municipales deberá pronunciarse dentro de los noventa días siguientes a la presentación de la solicitud.”.
Pido a los colegas escuchar lo que viene a continuación: “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere emitido un pronunciamiento, ésta se tendrá por aprobada, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos en esta ley.”.
En otras palabras, la dirección de obras municipales está obligada a verificar si la solicitud de regularización cumple con todos los requisitos legales. Tiene noventa días para emitir su pronunciamiento. Si no lo hace en ese lapso, la solicitud se entiende aprobada, siempre que cumpla con los requisitos legales. ¿Y si no los cumple? ¿Qué pasa si la solicitud se aprueba y al cabo de seis meses o de un año, cuando el jardín ya está funcionando, alguien dice que la solicitud se entendió aprobada por el silencio de la dirección de obras de la municipalidad y, sin embargo, se infringió tal artículo de la ley general de Urbanismo y Construcción? Por lo tanto, pido que se deje sin efecto la aprobación tácita de la solicitud presentada después de seis meses o un año.
Creo que hay que tener mucho cuidado en esta materia, porque ante el silencio de la municipalidad, a la cual le corresponde determinar si se cumplieron los requisitos establecidos en la ley, la presentación se entenderá aprobada.
Esto me recuerda la década de los 80. Cuando en la Cuarta Comisión Legislativa tratábamos el tema de los consejos regionales de desarrollo, se sostuvo que si éstos no se pronunciaban respecto de una propuesta del intendente se entendía aprobada. Sin embargo, en otro artículo del proyecto se establecía la obligación del Core de pronunciarse sobre la materia, con lo cual se dio al silencio el valor de aprobación. Fue el único artículo que objetó el Tribunal Constitucional. Me preocupa esta norma, porque no se señala expresamente quién va a determinar si los requisitos establecidos en esta ley se han cumplido o no.
Ahora bien, quiero destacar un alcance hecho por el diputado José Antonio Kast , aprobado por unanimidad, al inciso tercero del artículo 2°, que dice: “La regularización de que trata la presente ley podrá ser solicitada tanto por el propietario como por el mero tenedor del inmueble… -aquí viene el agregado del diputado Kast - “…debiendo, en caso de ser necesario, acompañar una autorización notarial del propietario.”
¿Por qué se agregó esto? Porque puede ocurrir que el arrendatario haya hecho arreglos en la casa que tiene funcionando como jardín infantil, pida la regularización y el dueño no tenga idea de ello, o que éste se la haya arrendado con un objetivo distinto. La autorización notarial tiene por objeto evitar que el propietario que se siente afectado pueda demandar ante los tribunales indemnización de perjuicios. Siempre el propietario que se ve afectado en su derecho de propiedad podrá hacerlo, pero en este caso es suficiente la autorización notarial del propietario -conste que no se está exigiendo escritura pública- para que el arrendatario efectúe arreglos en la propiedad.
Sé que en Puente Alto y en otras comunas, concretamente en La Florida, muchas viviendas están funcionando como jardines infantiles en forma irregular, lo cual hace que, desgraciadamente, no haya control alguno sobre ellas.
En el fondo, con este proyecto -en honor a la verdad, corresponde a una iniciativa presentada hace algún tiempo por el diputado Carlos Montes- se pretende regularizar el funcionamiento de jardines infantiles en locales que no fueron construidos para tal objeto.
En Puente Alto y en muchas otras partes las municipalidades pagan a algunas personas para que además de los propios hijos acojan en sus casas a los hijos de madres que trabajan, de manera que están en una casa, pero también es cierto que muchas viviendas están funcionando como jardines infantiles sin cumplir con los requisitos legales. Esto es, como me pareció entender del diputado Patricio Hales , una especie de “ley del mono”, pero aplicable a los jardines infantiles.
Se modificó un artículo que se refería a que el plazo para regularizar la situación del inmueble es de dos años contado desde la publicación de esta ley. Pero, ¿qué pasa -preguntábamos ayer en la Comisión- si una persona presenta a la municipalidad los documentos que faltaban para regularizar la situación de la propiedad cuando faltan menos de los noventa días de que dispone el municipio para pronunciarse y éste no lo hace? ¿Y si una vez transcurridos noventa días después del plazo de dos años que establece la ley para presentar la solicitud de regularización ésta se entiende aprobada, quedó o no regularizada la propiedad? Lo pregunto porque ocurre que al momento de vencer el plazo no habían transcurrido los noventa días y la municipalidad no se había pronunciado. Ahora, transcurridos los noventa días, ante el silencio del municipio, la solicitud se entiende aprobada.
Por eso, presentamos una indicación -fue aprobada por unanimidad-, en el sentido de que el plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley, no es para regularizar la propiedad, sino para presentar la solicitud de permiso, acompañando los documentos requeridos. Es decir, la presentación de la solicitud debe hacerse dentro del plazo señalado, pero la regularización de la propiedad se puede llevar a cabo posteriormente.
Asimismo, tengo una observación, que plantearé en la Comisión Especial que estudia medidas legales o administrativas en favor de los cuerpos de bomberos de Chile, respecto de la letra f) del artículo 1° -el diputado Patricio Hales ya mencionó el tema-, que se refiere a uno de los documentos que deben presentarse: “Informe de un profesional competente sobre las condiciones generales de seguridad contra incendio y de evacuación de personas.”.
A mi juicio, el profesional competente para determinar las condiciones generales de seguridad contra incendio y de evacuación de personas debe pertenecer a Bomberos de Chile, institución que cuenta con personal capacitado. Alguien podría preguntar por qué los bomberos deberán elaborar un informe en forma gratuita, pero no se está pidiendo eso. En virtud de una indicación nuestra -aprobada por unanimidad-, se establece que el costo de todos los documentos a que se refiere el artículo 1° será de cargo del interesado. De manera que será el arrendatario, el comodatario o el propietario del inmueble donde funciona el jardín infantil el que deberá pagar a los profesionales. Si el informe lo elabora Bomberos, deberá pagárselo a esa institución.
Por eso, voy a insistir y presentaré una indicación para modificar la letra f) del artículo 1°, en el sentido de que sea Bomberos de Chile la institución que determine si las condiciones generales de seguridad contra incendio y de evacuación de personas son las adecuadas y que el costo recaiga en el interesado.
Para terminar, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, pues me alegro que permita regularizar la situación de muchos jardines infantiles, no sólo de Puente Alto, sino también de otras comunas.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella.
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Señor Presidente , tal como aquí se ha manifestado, el trabajo de ayer en la Comisión fue acucioso y la buena disposición de todos sus integrantes permitió aprobar por unanimidad todas las indicaciones, independientemente de dónde provinieran.
¿Por qué se llegó a este proyecto? Porque el plazo de dos años que otorgó la ley N° 19.864 para que los jardines infantiles regularizaran su situación no fue suficiente.
Hoy nos enfrentamos a la siguiente situación: No obstante que la educación prebásica ha pasado a tener un rol importante, puesto que será obligatoria en nuestro sistema educacional, hay una serie de jardines infantiles, generalmente de sectores populares o rurales, que no han regularizado la situación del inmueble en el cual funcionan. ¿Y qué pasa cuando no está regularizada la situación del inmueble? Que los jardines infantiles en esta situación no son reconocidos como establecimientos educacionales, lo que es vital para que puedan optar al sistema de subvenciones y conseguir el reconocimiento como entidades de formación prebásica.
Por lo tanto, a fin de dar cumplimiento al espíritu de la “ley Montes”, -así se denominó en su momento, pues fue iniciativa del diputado Carlos Montes-, es necesario prorrogarla por dos años, de manera que se puedan llevar a cabo las regularizaciones pendientes. En este contexto, resulta vital el rol que deberán cumplir las direcciones de obras.
Creo que con los ajustes hechos en la Comisión, quedan salvaguardadas las tres condiciones básicas.
La solicitud y el correspondiente informe técnico que deberán presentar los jardines infantiles constituyen la información que permitirá a las direcciones de obras determinar no sólo el procedimiento administrativo a seguir, sino también una cuestión de fondo: exigir el cumplimiento de tres requisitos sine quo non para otorgar la autorización, los que están pensados en función de la seguridad de nuestros niños. Por una parte, deberán cumplir cada una de las normas de seguridad contra incendio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, por otra, no estar emplazados en zonas de riesgo. No podemos aceptar regularizar un jardín ubicado en zonas de deslizamientos o aludes producidos durante el invierno, porque ello representa riesgo para la seguridad de los niños.
Pero, aparte de esta dos condiciones sine qua non para la seguridad de los niños, hay una tercera que tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, con la opinión de los vecinos. A pesar de que resulta difícil entender que la risa de los niños en un jardín infantil podría molestarles, sí podrían ver amenazada su privacidad. Por eso, como en algunos lugares los jardines infantiles funcionan en viviendas que han sido habilitadas para tal efecto, también deben cumplir con la condición de que no se hubieren presentado con anterioridad a la publicación de esta ley, reclamaciones de los vecinos. Los intereses personales -muchas veces egoístas- van en perjuicio del interés común, en este caso, el de los niños. La idea es que queden excluidos aquellos jardines infantiles respecto de los cuales los vecinos hayan expresado su rechazo a que funcionen en determinado lugar.
Nos parece que el proyecto debe ser aprobado, puesto que no incluye mayores modificaciones a la ley que estuvo en vigencia durante dos años y que no solucionó los problemas existentes por falta de difusión, tarea en la que debemos comprometernos todos. En este sentido, tal vez la Cámara podría hacer algunas recomendaciones a los municipios, aunque no corresponda a su rol específico, puesto que se da por entendido que la ley es conocida por todos, a fin de que los sostenedores de los jardines infantiles puedan regularizar su situación a la brevedad y no tengamos nuevos inconvenientes.
Respecto de la indicación a la letra f) del artículo 1°, que fue muy discutida y rechazada en la Comisión, para que el informe sea entregado exclusivamente por Bomberos de Chile, nos pareció que significaba excluir a otras entidades que también podrían entregarlo. Sin ir más lejos, los cuerpos de bomberos son asesorados por técnicos que ellos no tienen para realizar esos informes.
Como los colegas ya se refirieron a los aspectos específicos, contenidos en un articulado breve y conciso, sólo me resta decir que los diputados democratacristianos vamos a dar nuestro voto favorable a esta iniciativa, que esperamos sea ley de la República a la brevedad, y así solucionar esta problemática. Como lo dije al inicio de mi intervención, apunta a favorecer a sectores populares, de escasos recursos, que son una de nuestras prioridades, porque los jardines infantiles privados ya tienen su situación normalizada.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , vamos a aprobar este proyecto, que faculta a los propietarios y tenedores de los inmuebles en los que funcionan jardines infantiles para regularizar su situación.
Como presidenta de la Comisión de Educación, quiero agregar al completo informe entregado por el diputado Montes , que ayer en la tarde aprobamos por unanimidad, en general y particular, la iniciativa.
En el fondo, estamos otorgando mayor plazo para regularizar la situación de las edificaciones o ampliaciones construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2005. Esto no significa abrir posibilidades para que no se cumplan las normas vigentes; por el contrario, queremos entregar una oportunidad, no una sanción, con el objeto de que nuestros niños, que se preparan para ser hombres y mujeres de bien, cuenten con infraestructuras que cumplan con los requisitos básicos que establece la ley.
Siento que en la Comisión de Educación estuvimos motivados por el Día internacional de la Mujer, -que celebramos hoy día- lo que condujo a un debate basado en la cooperación. Hubo voluntad política de los diputados de la Alianza por Chile y de la Concertación para discutir en general y en particular el proyecto. Ojalá que ello ocurriera más a menudo, pero no siempre es posible. Estamos muy contentos de que el proyecto haya sido aprobado en forma unánime, y aprovecho de felicitar a mis colegas por ello.
En síntesis, consiste en prorrogar el plazo para obtener la recepción definitiva de los inmuebles en los cuales funcionen jardines infantiles. Esperamos que esta herramienta legislativa sea difundida adecuadamente por todas las instituciones del Estado y, especialmente, por las municipalidades a través de sus direcciones de obras, con el objeto de que sea utilizada por los beneficiarios: los propietarios; en el fondo, nuestros niños.
Creo que éste es el mejor homenaje que podemos hacer en nuestro trabajo legislativo para el Día Internacional de la Mujer.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , sólo para decir que se trata de una muy buena iniciativa. Nos preocupan los niños, y ello se ve reflejado en el proyecto. Sin embargo, hay una cuestión de precariedad que quiero hacer presente.
La regularización puede ser solicitada tanto por el propietario como por el mero tenedor, lo que puede inducir a problemas de certeza, porque se puede o no acompañar una autorización notarial del propietario al tenedor. ¿Qué pasa si no se acompaña, se le da la regularización y después el propietario dice que no está de acuerdo? Sería dejarlo en el aire y en la incerteza.
Hago presente a la Sala mi preocupación.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se va a votar al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que faculta para regularizar construcciones en inmuebles en los que funcionen jardines infantiles.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIONES A LA LEY N° 20.026, QUE ESTABLECE UN IMPUESTO ESPECÍFICO A LA RENTA DE LA ACTIVIDAD MINERA. Primer trámite constitucional.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con discusión inmediata, el proyecto que introduce modificaciones al artículo 2° transitorio de la ley N°20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera, y agrega un nuevo artículo transitorio.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Hidalgo.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4095-05, sesión 74ª, en 7 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 8, de esta sesión.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , el proyecto modifica el artículo 2° transitorio y le agrega un nuevo artículo transitorio a la ley N° 20.026, de 2005, llamada de royalty, que incorporó un impuesto específico a la renta de la actividad minera.
El artículo 2° transitorio contempla una exención del impuesto específico a la actividad minera para inversionistas extranjeros que, al 1° de diciembre de 2004, tuvieran vigente con el Estado de Chile un contrato de inversión extranjera celebrado al amparo del D.L. N° 600. En virtud de éste, los inversionistas extranjeros gozan de los derechos de invariabilidad tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 7° y, 11 bis, numerales 1 y 2, del D.L. N° 600, esto es, que estuvieran afectos a una tasa de impuesto a la renta efectiva del 42 por ciento, asegurándoseles dicha tasa como máxima.
El objeto de esta exención encuentra su justificación principal en la estructura seguida por la ley N° 20.026 para obtener una adecuada contribución de la actividad minera, evitando a la vez potenciales discusiones respecto de su consistencia con la tasa máxima antes señalada, asegurada en ciertos contratos de inversión extranjera celebrados por el Estado de Chile al amparo del D.L. N° 600.
Así, conforme a las normas transitorias de la referida ley, los inversionistas extranjeros que gozaran de la invariabilidad de tasa del 42 por ciento, tenían la posibilidad de optar entre seguir pagando un 42 por ciento como tasa de impuesto a la renta garantizada, sin pagar el impuesto específico a la actividad minera establecido en la ley N° 20.026, en tanto mantuvieran dicha invariabilidad; o bien, renunciar a este derecho, junto a las demás garantías de invariabilidad que pudieran detentar, pasando a regirse por la tasa común de impuesto a la renta para la inversión extranjera de 35 por ciento y optando por acogerse a un nuevo régimen de invariabilidad para la inversión extranjera en la actividad minera, introducido por la misma ley como artículo 11 ter al D.L. N° 600.
Conforme a las disposiciones transitorias de la ley N° 20.026, la opción aludida podía ser ejercida por ciertos inversionistas extranjeros del sector minero con contratos de inversión extranjera vigentes, en tanto cumplieran ciertas condiciones. Estos inversionistas tenían plazo hasta el 30 de noviembre del año 2005 para solicitar dicho beneficio.
Como consecuencia de las alternativas conforme a las cuales un inversionista extranjero puede participar en la propiedad de una empresa cuyo giro sea la actividad minera, existen casos en los que se da la posibilidad de que concurran en la propiedad de una empresa receptora de inversión extranjera uno o más inversionistas afectos a la carga tributaria única y máxima del 42 por ciento de impuesto a la renta, con otro u otros, nacionales o extranjeros, que sin tener dicha protección, estén afectos a una carga tributaria del 35 por ciento o la común para los residentes nacionales, según sea el caso.
Ejemplos de estos casos se presentan en aquellas empresas explotadoras mineras en que existen, además de un inversionista extranjero que mantiene su invariabilidad de tasa de 42 por ciento, inversionistas extranjeros sin ningún tipo de invariabilidad tributaria, inversionistas extranjeros que habiendo renunciado tempranamente a sus derechos de invariabilidad de tasa efectiva total a la renta de 42 por ciento, mantienen únicamente los derechos a invariabilidad de normas tributarias, y/o socios nacionales.
La ley en comento no consideró el mecanismo mediante el cual, en estos casos, se garantiza la protección de invariabilidad tributaria para los inversionistas afectos a dicha tasa. Se desestimó esa posibilidad, toda vez que no resulte conveniente para los socios no protegidos por la garantía, ya que estarían afectos a una tasa de impuesto específico mayor, es decir, de 5 por ciento. Además, estarían sujetos al riesgo de que creciera en el tiempo y no podrían utilizar el crédito del 50 por ciento contra el impuesto de primera categoría durante los primeros dos años. Asimismo, para el o los socios protegidos, esta situación tampoco resultaría conveniente, ya que se mantendría el pago de 7 por ciento más el impuesto adicional, significativamente superior -casi el doble- al 4 por ciento del impuesto específico.
Una vez vencida esa invariabilidad del decreto ley N° 600, enfrentarían los mismos inconvenientes que los socios no protegidos.
Ante esta situación, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado que los inversionistas que no mantengan la denominada invariabilidad de tasa y las empresas receptoras en que éstos mantengan su inversión, quedarán en todo sujetos al impuesto específico a la actividad minera. A su turno, el Servicio de Impuestos Internos ha entendido que a los inversionistas que mantengan dicha invariabilidad de tasa del impuesto a la renta, no se les debería aplicar el referido impuesto específico. Para dar efecto a lo anterior, dicho Servicio podría crear un mecanismo de devolución administrativo del impuesto que importa la separación de la tributación respectiva.
Sin perjuicio del mecanismo de devolución que el Servicio estima aplicable en este caso, y para otorgar certeza a los inversionistas que teniendo protección de invariabilidad de tasa se encontraren en la situación descrita precedentemente, se ha estimado conveniente explicitar por ley el mecanismo mediante el cual se les hará efectiva la exención, el que en la actualidad sería establecido sólo a nivel administrativo. De esa forma, se evita cualquier interpretación incorrecta.
Es de público conocimiento que una gran empresa minera extranjera tuvo ciertas divergencias con el Servicio de Impuestos Internos en relación con el pago del royalty. Ayer, en la Comisión, un señor diputado consultó al representante del Ejecutivo -aplicando el mismo término que se utilizó en la oportunidad- sobre el zigzagueo que ha existido en esta materia. La explicación que se entregó, que considero lógica, dice relación con que para entregar seriedad a los inversionistas extranjeros es mejor actuar por ley que hacerlo en forma administrativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto después podría litigarse respecto de la devolución o no de dichos dineros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que se procedió en forma correcta.
Para lo anterior, se propone incorporar al texto vigente un sistema de crédito tributario para los inversionistas que, por estar protegidos con la invariabilidad de la carga tributaria a la renta, la ley N° 20.026 mantiene exentos del impuesto específico a la actividad minera.
Básicamente, se habla de uno de los inversionistas minoritarios de una gran empresa minera. Dicho sea de paso, en la Comisión también se preguntó sobre a cuántas empresas afecta la norma, y se respondió que sólo a tres, la más importante de las cuales es de público conocimiento. El asunto se refiere básicamente a la actuación, imagino que en derecho, de Jeco, uno de los inversionistas minoritarios de dicha empresa, lo que derivó en que los demás socios inversionistas se acogieran al mismo beneficio.
El segundo tema que se aborda en la iniciativa dice relación con un incentivo tributario que modifica el régimen transitorio. Adicionalmente, se ha considerado conveniente, por razones de racionalidad económica, establecer un régimen transitorio diferente para los inversionistas que no utilizan los derechos de que son titulares en virtud del numeral 2 del artículo 11 bis del decreto ley N°600, o conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.026, en lo referente al tratamiento de la depreciación acelerada. Dichos inversionistas no han ejercido los derechos antes mencionados, por lo que el tratamiento otorgado por el régimen transitorio de la ley N° 20.026 podría crear un incentivo para utilizarlo con el consiguiente efecto recaudatorio.
En atención a lo anterior, se propone establecer un régimen transitorio alternativo para aquellas empresas e inversionistas que renuncien a los derechos antes señalados, otorgándoseles la facultad de descontar los intereses pagados o devengados por cantidades adeudadas de la base imponible del impuesto específico a la actividad minera mientras mantengan los derechos de invariabilidad de dicho impuesto. De esta forma, los inversionistas extranjeros que no hacen uso de la depreciación acelerada tienen un verdadero incentivo para optar por acogerse al régimen transitorio, pagando el impuesto específico y eliminando cualquier inquietud respecto de la disminución de recaudación por el uso de la depreciación acelerada.
El plazo para acogerse a este beneficio vence el 30 de junio del presente año.
Creo que con esta presentación se aclara el tema, que ha sido de público conocimiento, respecto de la ley de royalty.
Cabe agregar que se le preguntó al Ejecutivo si esta modificación afectaba al Fondo de Innovación Tecnológica, y se nos contestó que no se afectarían los montos de esos fondos recaudados gracias a esa importante ley, que se aprobó para incentivar el desarrollo tecnológico en las zonas mineras.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , este proyecto, enviado por el Ejecutivo , es muy importante dentro del marco de la tributación minera, tema tratado ampliamente por esta Cámara, particularmente el royalty minero.
En primer lugar, me referiré a ciertos aspectos generales del proyecto -tal como lo hiciera ayer en su discusión en la Comisión de Hacienda- y después me detendré en sus características sustanciales.
Aclaro que no voy a referirme a la situación de una empresa en particular, porque, en verdad, durante el verano, toda la discusión se relacionó con una empresa: minera La Escondida.
Recuerdo discursos en la Sala de diputados de todos los sectores que expresaban un reconocimiento público macizo y bien ganado a esa empresa por su contribución tributaria y social al país, por su inversión y, en general, por sus prácticas empresariales. A diferencia de la opinión que podían tener de otras compañías mineras, muchos diputados reconocían el rol de La Escondida.
Mis primeras consideraciones de carácter general no tienen nada que ver con una empresa en particular, sino con el sistema o el modelo en que se manejó y discutió el tema.
A mi modo de ver, durante el verano -se lo señalé ayer al ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda-, el tema se manejó con cuotas importantes de confusión y algún grado de desmedro de nuestra imagen internacional.
Cuando un gobierno señala que tiene la razón en un determinado punto tributario, porque lo apoya la historia de la ley -un concepto que le agrada mucho a mi amigo el diputado José Miguel Ortiz - o porque su equipo jurídico así lo considera, debe hacer cumplir la ley directamente y no enviar un proyecto de ley específico relacionado con una empresa.
Por lo tanto, hubo declaraciones contradictorias y, en cierto modo, confusas, de parte de distintas autoridades de Gobierno y, específicamente, del área económica. Si hiciéramos una revisión de lo publicado por la prensa, recordaríamos que, en un primer momento, se dijo que este tema se iba a solucionar por una ley; después se señaló que se iba a resolver por la vía de la interpretación administrativa e, incluso, finalmente, por la vía de los tribunales. Luego, se volvió a la idea de la solución mediante un proyecto de ley.
Para un Estado de derecho serio, este tipo de declaraciones agregan ciertos elementos de confusión. Y, a mi modo de ver, en materia tributaria, lo correcto sería que si un gobierno -cualquiera que sea: el actual o el futuro- considera que algún contribuyente no está cumpliendo la ley, debería usar -por lo demás, tiene todos los instrumentos-, primero, la vía administrativa, que en nuestro país está reforzada en beneficio del fisco, y, posteriormente, la judicial en una segunda instancia ante la corte de apelaciones. A mi modo de ver, ése era el camino lógico, normal si se creía que había diferencia de opinión. Lamentablemente, durante el verano, hubo cuotas importantes de confusión y finalmente terminamos en la presente solución legal, cual es arreglar un caso concreto, práctico.
Pero, en teoría del derecho, en la visión clara sobre normas objetivas y generales, nunca es bueno solucionar un caso específico a partir de un proyecto de ley, más aún, cuando la nueva ley termina por apoyar una tesis jurídica en contra de las legítimas tesis jurídicas que puede haber tenido la otra parte. No me parece que ésa sea la forma normal de resolver un problema jurídico tan complejo como éste, sobre todo cuando se hace con gran premura, puesto que este proyecto se va a despachar en menos de cuarenta y ocho horas.
Evidentemente, uno puede ser escéptico en cuanto a si hubo vacíos en un momento dado, si nos equivocamos o faltaron cosas en el primer proyecto. Pero también con la nueva resolución del problema se puede ser bastante escéptico, en el sentido de dejar ciertos espacios por falta de más discusión o de antecedentes.
Por estas consideraciones generales, referidas al buen funcionamiento de un sistema legal tributario de un estado de derecho, algunos diputados de la Unión Demócrata Independiente nos vamos a abstener en la votación. Sin perjuicio de eso, desde el punto de vista estrictamente de fondo, la solución que plantea el Ejecutivo es correcta, puesto que, finalmente, ha fortalecido su tesis, desmedrando la tesis jurídica en otras personas, reforzando la eventual recaudación del Ejecutivo -y por tanto del Gobierno, del Estado de Chile- y, además, asignando parte de la posible pérdida a otros gobiernos, a otros estados, por el uso de ciertos intereses en juego. Me parece una buena fórmula el hecho de dar sustento y solidez al argumento.
Asimismo, la proposición del Ejecutivo , como manera de precaver, agrega una fórmula de solución a un posible problema originado por -concepto bastante técnico- la depreciación acelerada por parte de algunas empresas. Probablemente, sólo de Minera Escondida , pero, eventualmente, según se nos informó ayer, de otras dos empresas.
Esta fórmula de salida es buena para otro problema. Como dijo el ministro de Hacienda -permítanme esta expresión jovial que no tiene ninguna connotación peyorativa-, es un “caramelo” o -utilizando un término económico- un incentivo con que se pretende solucionar otro posible problema. Es una solución, a mi modo de ver, correcta, con un costo fiscal, pero, al mismo tiempo, bien pensada, porque desvía parte del problema fiscal hacia otros estados.
Para terminar, por las segundas razones que he indicado, probablemente más económica, la mayoría de los diputados de nuestra bancada votará favorablemente este proyecto. Pero, por las primeras argumentaciones, claves en un estado de derecho, otro grupo de diputados, entre los cuales me encuentro, nos abstendremos de votarlo.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , efectivamente, un camino para resolver el impass que se produjo con Minera Escondida en relación con el pago del royalty habría sido que el Servicio de Impuestos Internos aplicara la normativa, pero eso significaría abrir la posibilidad de judicializar el tema.
En primer lugar, nos interesa que las reglas del juego en materia de inversión sean extremadamente claras, particularmente en el sector minero donde invertiremos 14 mil millones de dólares durante el próximo decenio.
En segundo lugar, nos interesa que se pague el royalty y que esos recursos, que van a destinarse a innovación, a la formación de profesionales de alto nivel, a investigación científica, sean suficientes de manera de obtener los 40 ó 50 millones de dólares que debe pagar Minera Escondida y que el tema no se judicialice y se transforme en un conflicto in aeternum a nivel nacional e internacional.
Desde ese punto de vista, habiendo sido partidario, en un momento determinado, de que el Servicio de Impuestos Internos aplicara la normativa, creemos que es buena la solución que ha encontrado el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en orden a enviar este proyecto de ley donde ratifican una tremenda voluntad hacia las empresas. El Gobierno, en el fondo, establece la posibilidad de devolución, a una parte de la propiedad de Minera Escondida, del impuesto que se pague y, además, amplía el plazo para que las empresas que participan en la sociedad puedan ingresar en las mismas condiciones que el resto de las grandes empresas mineras; es decir, pagando el cuatro y no el cinco por ciento.
Asimismo, entrega una franquicia que, si bien puede ser discutible, de cualquier manera es un estímulo para -ojala- poder resolver con la empresa, a partir de la ley, de la forma más voluntaria posible, la adscripción a esta nueva modalidad de invariabilidad tributaria que se contempla y que hemos llamado royalty o cinco por ciento de las utilidades operacionales de las empresas.
Desde ese punto de vista, esta iniciativa está bien pensada y resolverá un tema complejo. Estoy absolutamente convencido de que la parte societaria de Minera Escondida, que maneja el 90 por ciento de su capital, no tiene la razón en su alegato. Ellos mismos, en los contratos del 2001 y 2003 establecieron la posibilidad de que cada una de las empresas que confluyen pudiera determinar un tipo de invariabilidad distinta y, por tanto, queda muy claro que quienes no se adscribieron tienen necesariamente que pagar el royalty y así lo va a confirmar esta ley.
Anuncio el voto favorable del Partido por la Democracia. Espero que esta iniciativa pueda ser aprobada tanto aquí como en el Senado con la misma velocidad en que la planteó el Ejecutivo, de manera que los recursos también puedan llegar con la mayor celeridad a los objetivos propuestos.
En el Senado están pendientes los temas sobre el fondo de innovación y la composición de la Comisión que va a distribuir los recursos. Espero que allí también puedan llegar a un acuerdo rápido, considerando los intereses de las regiones y de las zonas mineras.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , me parece importante la salida que se encontró a través de un nuevo proyecto de ley que evita judicializar el tema sobre el pago de impuestos de una gran empresa minera del cobre, en la que, mediante una interpretación de la ley del royalty, una empresa o socio minoritario que no renuncie a la invariabilidad tributaria, se acoge a un mecanismo para no pagar el impuesto específico.
Esta solución es positiva y permitirá, de una vez por todas, que el país tenga un ingreso a través del royalty, aprobado por la gran mayoría de esta Sala, cuyo objetivo, claro, específico y muy importante, es la innovación y el desarrollo, materias pendientes todavía en un país como el nuestro que requiere de la inversión de recursos. Ésta será una inyección enorme para el desarrollo científico y tecnológico, y de las ciencias aplicadas.
Si bien esta situación iba a afectar de manera sustancial al fondo del royalty, a la innovación y al desarrollo, este proyecto es el mejor camino y, por supuesto, lo vamos a apoyar porque está dentro del espíritu y de las ideas matrices de la ley del royalty. Es el camino más corto que va a permitir dar un salto en materias tan importantes como -reitero- la innovación y el desarrollo minero.
En consecuencia, anuncio que la bancada del Partido Socialista apoyará este proyecto de ley sin ninguna objeción y tratará de que, ojala, se publique lo más pronto posible. Ojalá también que el Ejecutivo dé cierta urgencia al Fondo de Desarrollo e Innovación para que pueda aplicarse la recaudación que en virtud de esta ley se llevará a cabo en todo Chile.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , este proyecto constituye una solución a un problema y me alegra que la UDI esté de acuerdo con él. Evitará la posible judicialización del impuesto a la minería. Como lo expresó el diputado Antonio Leal , la bancada del PPD va a apoyarlo.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, reconozcamos que, como colegisladores, no prestamos la suficiente atención a ese derecho que invoca uno de los socios que conforman la empresa Escondida, importante productora de cobre, de manera de adelantar el quiebre que se produjo. Como bien dijo el diputado Antonio Leal, se trata de no judicializar esto y tengo entendido que al respecto ya se ha dialogado con esa empresa.
Hay que dejar de lado ciertas aprensiones. El diputado Rodrigo Álvarez decía que son malas las leyes para resolver un caso determinado. Sin embargo, todo el decreto ley 600 contiene cierta lógica de excepción para la inversión extranjera. De hecho, empresas nacionales medianas -como lo hicimos notar hoy en la Comisión de Minería- no cuentan con los mismos beneficios que favorecen a ciertas empresas internacionales.
Por tanto, éste es un camino pragmático para lograr que la empresa Escondida haga el aporte que se proyectó para el royalty. Esperamos que el Senado apure el despacho a la Cámara de Diputados del Fondo de Desarrollo e Innovación que considera recursos frescos que harán bien a la competitividad y desarrollo de las regiones, no sólo de las mineras, pero allí hay recursos asegurados para ellas.
El proyecto constituye un camino breve y -repito-pragmático que evitará la judicialización, y establece un criterio sensato que honra a esta Cámara en cuanto a no dejar temas pendientes a la nueva legislatura, a la nueva gestión, pues fuimos nosotros quienes impulsamos, debatimos y aprobamos el proyecto que establece el royalty.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , la solución propuesta por el Ministerio de Hacienda, conceptualmente, es correcta. Es la forma de corregir un error en la legislación anterior. La solución no era promover públicamente soluciones administrativas, cuando se trata de impuestos que pueden ser gravitantes, sino legislar y cumplir con el principio de legalidad, en virtud del cual todo gravamen debe imponerse por ley. Por tanto, es correcto que el Gobierno haya optado por presentar esta modificación legal y no seguir con discusiones a través de los diarios y amenazas de cobros administrativos.
Sobre el fondo del proyecto, sólo plantearé dos aprensiones, a fin de mejorar su redacción y evitar malentendidos futuros.
En primer lugar, en relación con el crédito tributario especial para empresas de socios con garantía de invariabilidad, considero que la forma de operarlo y su descuento deben estar más especificados en la ley, porque, a primera vista, podría arrojar cifras distintas, dependiendo de dónde se impute finalmente dicho crédito.
En segundo lugar, respecto del beneficio de descuento de los intereses del impuesto devengado por las cantidades adeudadas, puedo concluir que aquellas empresas que optaron por la depreciación acelerada, hoy pueden renunciar a esa opción; de lo contrario, se trataría de una norma con nombre y apellido, y no creo que esa sea la motivación del Ejecutivo.
Hechas esas dos observaciones, anuncio mi voto favorable al proyecto.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Posteriormente, el proyecto fue votado en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
En votación general el proyecto que introduce modificaciones al artículo 2° transitorio de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera y agrega un nuevo artículo 8° transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 12 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
AUMENTO EN PLAZO PARA REGULARIZAR DERECHOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Modificación del Código de Aguas. Informe de Comisión Mixta.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
En conformidad al acuerdo de la Sala, corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que aumenta a un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 4044-09. Documentos de la Cuenta N° 5, de esta sesión.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , en diciembre del año pasado presenté una moción para prorrogar el plazo establecido en el Código de Aguas, a través de la ley N° 20.017, de 16 de junio de 2005, para regularizar, en particular, dos tipos de derechos: el de los pozos o norias que los pequeños agricultores usan para riego y los destinados al consumo humano, en particular aquellos que explotan las cooperativas y comités de agua potable rural a lo largo del país. Como muchos recordarán, el caudal máximo que podían inscribir los agricultores para regar sus tierras se fijó en dos litros por segundo, en el norte, y en cuatro litros por segundo, desde el centro al sur. Esa fue una especie de “ley del mono” para regularizar los derechos de aguas de riego subterráneas de muchos pequeños agricultores.
En diciembre pasado se propuso prorrogar por seis meses el plazo establecido en la ley N° 20.017. En la Comisión Mixta, que se reunió esta semana, se abordaron éste y otros temas que estaban en el espíritu del debate de la Cámara de Diputados.
En materia de plazos, se acordó prorrogar hasta junio del presente año la recepción de las peticiones de regularización de los agricultores que tienen pozo o noria destinados al consumo doméstico. Quedó claramente establecido para la historia de la ley -el senador Hosaín Sabag pidió que cooperáramos en este sentido- que no será necesario inscribir los derechos de aguas cuando se trate de norias destinadas para ese fin. Esto es muy importante porque algunas personas poco escrupulosas trataron de cobrar a un campesino la inscripción de los derechos de una noria destinada al consumo del hogar y no con fines productivos.
Sin embargo, lo más importante dice relación con las cooperativas y los comités de agua potable rural. La Comisión Mixta acordó prorrogar el plazo para someter las peticiones de regularización hasta diciembre de 2006, ante lo cual se establecen dos situaciones.
La primera dice relación con aquellas personas que presenten su solicitud, pero cuyo pozo está emplazado en una comunidad de propietarios, en tierras indígenas o en propiedades municipales. A las cooperativas y a los comités de agua potable rural que soliciten la regularización de sus derechos de agua sin límite de caudal no se les exigirá el título de dominio de la propiedad donde estén emplazados los pozos como requisito para inscribir los derechos de agua en su favor. Esto es muy importante para la gran mayoría de estas organizaciones sin fines de lucro.
La segunda dice relación con los pozos emplazados en un tipo de propiedad distinto de las comunidades de propietarios, de las tierras indígenas y de las propiedades municipales, que aún no regularizan el título de dominio, como es el caso de las propiedades pertenecientes a Bienes Nacionales o a un particular que las donó en vida, pero que nunca regularizó la escritura, o aquellas que pertenecen a un particular o a una sucesión que requieren de una expropiación.
Ante este segundo caso, la Comisión Mixta propone que se acepte la solicitud de inscripción de los derechos de agua y que se otorgue un plazo máximo de dos años para regularizar los títulos de dominio. Regularizados éstos, los derechos de agua sin límite de caudal se inscribirán en favor de las cooperativas y comités de agua potable rural. Si tal gestión no se realiza dentro del plazo establecido, la solicitud será denegada.
Quienes participamos en la Comisión Mixta, y como autores de la iniciativa, estamos muy satisfechos de la acogida a esta modificación, que apunta al corazón del problema, esto es, ampliar los plazos de regularización favoreciendo particularmente a las cooperativas y comités de agua potable rural, que son administradas por extraordinarios servidores públicos y que atienden a más de dos millones de personas a quienes se les asegura así el acceso permanente al agua.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , quiero recordar a esta Cámara lo complejo que fue llevar a Comisión Mixta la modificación al Código de Aguas, sobre todo aquellas materias relacionadas con los artículos 1° y transitorios. La aplicación de esa ley evidenció la necesidad de flexibilizar los plazos y los procedimientos.
Los comités y las cooperativas de agua potable rural son organizaciones vitales a ese nivel, sobre todo porque entregan factibilidad de agua a los comités de vivienda y conjuntos habitacionales rurales. Esto es especialmente trascendente si se tiene en consideración la política del Ministerio de Vivienda de desarrollar este tipo de proyectos en sectores rurales con el fin de mejorar su habitabilidad, permitiendo que las personas que han vivido durante toda su vida en estos sectores permanezcan en ellos.
Lo acordado por la Comisión Mixta, de la que fui parte junto con el diputado Juan Pablo Letelier, es de especial importancia. Por eso, agradezco que el Senado haya permitido flexibilizar la norma, en el entendido que una cosa es lo que dicta la ley y, otra, es lo que ocurre en la práctica.
Sin embargo, la voluntad que se manifestó en la Comisión Mixta de transmitir el espíritu de esta modificación al Ministerio de Bienes Nacionales no quedó plasmada en el proyecto. Nuestro ánimo es que dicha cartera agilice los trámites de entrega de los terrenos a los comités de agua potable rural (APR) para que no pierdan la posibilidad de obtener sus derechos de aguas.
He dicho.
-Posteriormente, el proyecto fue votado en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que aumenta a un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INFORME DE DELEGACIÓN QUE CONCURRIÓ A 113ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, EFECTUADA ENTRE EL 16 Y EL 19 DE OCTUBRE DE 2005, EN GINEBRA, SUIZA.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
De acuerdo con el Reglamento, corresponde conocer el informe de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 113ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 16 y el 19 de octubre de 2005, en Ginebra, Suiza.
Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , en nombre de la delegación de parlamentarios que concurrió a la 113ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 16 y el 19 de octubre de 2005, en Ginebra, Suiza, paso a informar sobre su cometido.
La delegación oficial estuvo representada por los senadores señores José García Ruminot y Roberto Muñoz Barra ; por la diputada señora Isabel Allende y por los diputados señores Alejandro Navarro y Juan Masferrer , y por quien habla.
Durante la Asamblea se realizó el panel denominado “Nacionalidad y Apátridas”, en el que participó el diputado señor Alejandro Navarro .
Asimismo, se constituyeron tres comisiones permanentes.
En la Primera, sobre Paz y Seguridad Internacional, la delegación chilena estuvo representada por el senador señor Roberto Muñoz Barra y por el diputado que habla.
En la Segunda Comisión Permanente, sobre Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio, que debatió “Migración y Desarrollo”, participaron el senador señor José García y el diputado señor Alejandro Navarro .
En la Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos, la delegación fue representada por la diputada señora Isabel Allende y por el diputado señor Juan Masferrer .
Por último, para la presidencia de la Unión Interparlamentaria resultó electo, con 230 votos, el señor Pier Ferdinando Casini , Presidente de la Cámara de Diputados de Italia . Su contendor, el señor Vernisck obtuvo 107 votos.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
VI. INCIDENTES
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
REVALUACIÓN DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS. Oficio.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, aunque en el Congreso hay un importante cambio de parlamentarios, lamentablemente, los problemas de la gente continúan.
Quiero referirme a un tema que preocupa a muchos chilenos, que dice relación con el último reavalúo de bienes raíces no agrícolas; es decir, casas, departamentos y locales comerciales, efectuado por el Servicio de Impuestos Internos y que tiene a muchos chilenos, especialmente a las familias de clase media y a los pensionados, al borde de la angustia.
Poco a poco nos hemos ido enterando de las tremendas injusticias que tiene este sistema de reavalúo aplicado por el Servicio de Impuestos Internos.
En primer lugar, debo objetar la falta de transparencia con que se hizo dicho reavalúo. Quiero recordar que a los contribuyentes les llegó una carta durante enero y febrero; es decir, en pleno verano, cuando muchos se encontraban de vacaciones. En esa carta no se señala el actual avalúo de las propiedades, sino que sólo el avalúo final. Por lo tanto, ningún chileno puede saber en cuanto aumentó. Además, se da un plazo de 30 días para reclamar en caso de que el contribuyente esté disconforme con el avalúo final. Esto resulta insólito, porque cuando un chileno hace una declaración de IVA, el Servicio de Impuestos Internos tiene seis años para objetarla; en cambio, cuando el Servicio de Impuestos Internos hace un avalúo de mi propiedad, tengo 30 días, después de un verano, para poder reclamar. ¡Insólito!
Si ésa es la equidad que la Izquierda quiere convencernos de que existe en este país, resulta increíble. Entiendo que en los últimos días se ha aceptado ampliar ese plazo hasta fines de junio, de lo cual me alegro.
En la carta tampoco se explica la metodología utilizada para calcular los avalúos finales; no se dice, sólo se indican y, en muchos casos, son superiores al valor comercial de las propiedades. Hay personas -lo hemos visto en los medios de comunicación- que escriben cartas pidiendo que el fisco les compre sus casas al avalúo fiscal que les ha fijado, lo que obviamente no es factible de implementar. Debemos diseñar un método -que voy a plantear más adelante- por medio del cual se fijen avalúos fiscales razonables.
En este sistema falta transparencia y equidad. En mi distrito he visto barrios en los que hay dos manzanas, una pegada a la otra, en las que los avalúos de casas iguales, construidas en la misma época, con los mismos materiales, varían en un 30 ó 40 por ciento. El valor de los sitios donde están construidas también es muy similar, por cuanto se trata de manzanas ubicadas una al lado de la otra. Sin embargo -reitero-, los avalúos varían entre un 30 y un 40 por ciento.
Otra situación inaceptable es que las causales para que los contribuyentes puedan objetar las arbitrariedades del Servicio de Impuestos Internos son absurdas. Están contempladas en el Código Tributario y son de carácter administrativo; es decir, se refieren a situaciones como haber contado mal los metros de construcción o cosas de esa naturaleza. No existe, por ejemplo, como causal para que un contribuyente pueda alegar, el hecho de que el avalúo fiscal de su propiedad es superior al avalúo comercial. Si el Servicio de Impuestos Internos lo acepta como argumento, lo hace porque es un servicio atento a las necesidades de la gente o porque quiere aceptarlo, pero no es un argumento que la ley contemple como causal para cambiar el avalúo de una propiedad.
El reavalúo que se hizo en esta oportunidad, aprobado por los parlamentarios de la Concertación, en la Cámara de Diputados y en el Senado, quienes hoy dicen que no responde a un cierto espíritu que parece que tenían en mente, es francamente una arbitrariedad.
Ahora, a la ciudadanía le interesa saber cómo arreglamos este “pastel”. Creo que hay dos cambios importantes que hacer. En primer lugar, debe establecerse un beneficio a todos los adultos mayores en términos del reavalúo. El Presidente Ricardo Lagos dijo que no es razonable que a un pensionado que ha pagado un dividendo durante treinta años y que hoy vive en una casa de su propiedad, el fisco le cobre un nivel de contribuciones tal que lo obligue a vender esa casa. Eso no es justo ni aceptable. Por ello, debemos aprobar un proyecto -espero que la señora Michelle Bachelet lo envíe con urgencia calificada de discusión inmediata; la instamos a hacerlo- que establezca que todos los adultos mayores, definidos como hombres y mujeres mayores de 65 años y de 60 años respectivamente, que sean propietarios de una vivienda y que vivan en ella, tengan una disminución sustancial en el avalúo de su propiedad. Ello fue propuesto por el diputado Leay hace algunos años y fue presentado como indicación en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, pero el Gobierno no lo aceptó. Debemos sacar a los adultos mayores del pago normal de contribuciones. Si les pagan, deben hacerlo con una ventaja respecto del resto de los ciudadanos.
En segundo lugar, el Gobierno debe establecer, como política, qué porcentaje del avalúo comercial será el avalúo fiscal. Tradicionalmente, en Chile los avalúos fiscales han sido muy inferiores al avalúo comercial: 30, 40 ó 50 por ciento. Pero resulta que he escuchado a algunos funcionarios de la Concertación decir que el objetivo de ello es que el avalúo fiscal sea igual al comercial. ¿Es eso lo que se pretende? Sugeriría, en cambio, que el avalúo fiscal sea igual al 50 por ciento del avalúo comercial. Si ésa fuera la política y me envían una carta con un avalúo fiscal con el cual estoy en desacuerdo, el procedimiento es muy simple: hago una tasación de mi propiedad, y si el 50 por ciento de esa tasación comercial no es igual a la que el fisco ha supuesto como avalúo, el fisco está obligado a cambiarlo y a tasar la propiedad en lo que corresponda. Por lo tanto, el avalúo fiscal será siempre un 50 por ciento del avalúo comercial.
Hay que definir eso, porque no está definido en ninguna parte. Para muchos contribuyentes el avalúo fiscal resulta ser superior al avalúo comercial, y para otros, inferior. Eso es tremendamente injusto.
Repito, hay que fijar en la ley una política que diga qué porcentaje del avalúo comercial será el avalúo fiscal -sugiero que sea el 50 por ciento-, y sobre eso establecer las tasas.
En resumen, los dos cambios son: excluir del pago a los adultos mayores y establecer una política que establezca qué porcentaje de los avalúos comerciales será el avalúo fiscal.
He dicho.
REVALUACIÓN DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS. Oficio.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , sin perjuicio de sumarme al sentimiento expresado por los 43 diputados que nos dejarán, ocho de ellos porque se van al Senado, pues su colaboración y apoyo han sido muy importantes, quiero referirme al tema que mencionó mi colega y amigo Julio Dittborn .
En ese propósito deseo felicitar públicamente al alcalde de Vitacura , señor Raúl Torrealba , quien ha dispuesto una oficina con expertos para informar a los contribuyentes. Estuve conversando con uno de sus funcionarios y por eso sé cómo se ha calculado el valor de las propiedades, con el fin de determinar sus contribuciones.
El Servicio de Impuestos Internos, a través de los diarios y de los corredores de propiedades, ha determinado cuánto vale el metro cuadrado en las distintas zonas de cada comuna. Para tal efecto, dividió las comunas en sectores y a cada uno de ellos le asigno una letra y el valor del metro cuadrado se estableció sobre la base de los avisos de venta de propiedades, de la información que dan los notarios, etcétera. Ese valor, que llega a 70 mil pesos el metro cuadrado, Impuestos Internos lo multiplica por el número de metros cuadrados que tiene la propiedad de cada contribuyente. El resultado de esa operación lo multiplica, a su vez, por un 2,5 y el resultado final lo multiplica por un factor indicador distinto para cada propiedad y que está señalado en la página web de Impuestos Internos a la cual tiene acceso cada contribuyente.
El problema fundamental es que una cosa es el precio en que ofrezco mi vivienda por los diarios y otra es el precio en que efectivamente puedo venderla. Si el Servicio de Impuestos Internos, para fijar el precio del metro cuadrado, toma en consideración los informes de prensa y montos de lo que se pide por cada propiedad que se vende, es evidente que el valor del metro cuadrado va a ser muy superior al real. A partir de esa base, todo lo que sigue hacia delante hace que al contribuyente le resulte imposible defenderse. Ese valor es del terreno y representa los dos tercios del avalúo fiscal de la propiedad.
Por eso, además de compartir lo señalado por el diputado Julio Dittborn , en el sentido de que a los adultos mayores se les debería hacer una reducción substancial de sus contribuciones y que el avalúo fiscal no puede exceder el 50 por ciento del valor comercial, solicito que se oficie para director del Servicio de Impuestos Internos para que informe pormenorizadamente acerca del método exacto que se empleó para fijar el valor del metro cuadrado; que ejemplifique, no en términos genéricos, con tres o cuatro comunas, como Las Condes, Vitacura, Puente Alto y La Pintana , como se consideraron los avisos y los informes de notarios para fijar los nuevos avalúos.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
VII. CLAUSURA DEL PERÍODO LEGISLATIVO.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Corresponde clausurar el actual período legislativo.
Para rendir homenaje, en representación de la Corporación, a los parlamentarios que dejan sus cargos, tiene la palabra el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO (de pie).-
Señor Presidente , honorables colegas, al concluir esta sesión se pondrá término al quincuagésimo primer período legislativo de nuestra historia republicana.
Entre los años 2002 y 2006, ustedes, hombres y mujeres elegidos por nuestros conciudadanos, han tenido la gran responsabilidad y el alto honor de legislar, fiscalizar y representar a todos nuestros compatriotas. Eso es la Cámara de Diputados: la más alta representación de la soberanía popular expresada libremente en elecciones periódicas, informadas y secretas.
Cada generación tiene sus propios anhelos y esperanzas sobre el sentido de la vida del hombre y de la sociedad que esperan construir.
Por eso las naciones escogen para representarlas como diputados y diputadas a las personas que mejor encarnan sus aspiraciones. Muchas veces se busca la aptitud de la representación en la calificación profesional de los elegidos, olvidando que es de la esencia del sistema democrático el aporte de todos los sectores de la sociedad en la construcción de la idea de país.
No debemos perder nunca de vista que lo más importante en la vida política, más allá de sus títulos profesionales, es la calidad humana y la sabiduría política de quienes han representado a sus conciudadanos. Así fue la Cámara de Diputados que ustedes integraron. Las naciones más desarrolladas no son las que tienen más leyes, sino las que tienen personas más sabias, capaces de compartir la diversidad de culturas y talentos.
El Congreso es la representación de la soberanía nacional, pues por sus bancas han pasado los mejores hombres y mujeres que representaron a la patria. Aquí se han dado cita, junto a ustedes, civiles y militares, sacerdotes y poetas, académicos de renombre y dirigentes sindicales de las más diversas ideologías, en un clima de respeto y tolerancia que hicieron y siguen haciendo grande y creíble a la democracia.
Señoras diputadas y señores diputados, al terminar nuestro período legislativo vayan nuestras palabras de agradecimiento y especial reconocimiento a quienes dejan este hemiciclo. Algunos se reintegran a sus actividades particulares, otros continúan su labor en el Senado. Los colegas que se van deben sentirse orgullosos de haber participado de la tarea más noble que existe en una sociedad, el servicio público, sobre todo en una época de cambios transcendentales en la vida política y social de nuestro país.
Les ruego hacer extensivo este reconocimiento a sus familias, que han compartido sus desvelos y sacrificios.
Quiero expresar una especial gratitud a las señoras diputadas, en el Día Internacional de la Mujer, ya que han realizado un gran aporte a esta Cámara y son el fundamento de la nueva participación femenina en el Chile que estamos construyendo, pues en unos días más vamos a compartir la asunción de la primera Presidenta de Chile .
Reconocemos en su dedicación y esfuerzo, tantas veces incomprendido, el aporte desinteresado y el alto espíritu cívico de servir a Chile y a las urgentes necesidades de su pueblo.
Hoy, cuando se silencie este hemiciclo, algunos de ustedes habrán dejado de ser diputados, pero sepan que ésta será siempre su casa, como lo es de todos los chilenos.
Queridos diputados y diputadas, les deseo buena suerte para que sigamos construyendo este Chile desde el lugar en que cada uno se reinstale.
Muchas gracias.
-Aplausos.
-El diputado señor Jorge Burgos, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana , hace entrega de un reconocimiento a las señoras diputadas Eliana Caraball y, María Eugenia Mella, y a los señores diputados Patricio Cornejo, Jaime Jiménez, Zarko Luksic, Waldo Mora, Cristián Pareto, Edgardo Riveros, Edmundo Salas, Rodolfo Seguel, Exequiel Silva, Boris Tapia y Edmundo Villouta.
-El diputado señor Marcelo Forni, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, hace entrega de un reconocimiento a la siguiente señora diputada Rosa González y a los siguientes señores diputados Gonzalo Ibáñez, Mario Escobar, Cristián Leay, Pablo Longueira, Darío Molina, Víctor Pérez, Pablo Prieto y Mario Varela.
-El señor Alfonso Vargas, jefe de la bancada de Renovación Nacional , hace entrega de un reconocimiento a las señoras diputadas María Pía Guzmán, Carmén Ibáñez y Lily Përez y los siguientes señores diputados: Francisco Bayo, José Antonio Galilea, Carlos Hidalgo, Néstor Jofré, Carlos Ignacio Kuschel, Arturo Longton y Carlos Vilches.
-El señor Enrique Accorsi, jefe de la bancada de Partido por la Democracia, hace entrega de un reconocimiento a los siguientes señores diputados: Guido Girardi, Víctor Barrueto, Felipe Letelier, Aníbal Pérez, Víctor Manuel Rebolledo y Leopoldo Sánchez.
-El diputado señor Juan Bustos, jefe de la bancada del Partido Socialista, hace entrega de un reconocimiento a los siguientes diputados: Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, y Alejando Navarro.
-Para finalizar despide en forma simbólica a don Eduardo Lagos Herrera, del Partido Radical.
El señor ASCENCIO, Presidente (de pie).-
Queridos diputados y diputadas, de esta manera hemos terminado con la entrega de este simple y modesto reconocimiento, pero emotivo a la vez, para todos aquellos que nos dejan.
¡Buena suerte a todos y muchas gracias por su participación en esta Cámara de Diputados!
(Aplausos).
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , honorables diputados y diputadas, después de 16 años de desempeñar este cargo sólo me resta agradecer a muchas personas. En primer lugar, a los funcionarios de la Cámara por la gentiliza, el trabajo y el cariño que me demostraron durante toda mi gestión.
Agradezco a mis asesores, como también a mis electores, que me dieron la oportunidad de servir a mi país y representarlos en la Cámara de Diputados, y a mis colegas diputados, con quienes compartimos tantas jornadas, y muy especialmente a mis compañeros de bancada. Para ellos mi gratitud.
Quiero agradecer en general no sólo a los electores, sino a todos los que hacen posible que lleguemos a esta Cámara, la oportunidad que me dieron de haber contribuido a que la democracia y la libertad hoy sean una realidad en nuestro país.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente , al igual que el diputado Longton , 16 años juntos en la Cámara es un tiempo bastante largo que nos ha permitido conocer a gente distinta; es un tiempo en el cual he podido hacer amistad con personas con las que no lo creía posible; es un tiempo en el que hemos trabajado en los gobiernos de los Presidentes Aylwin , Frei y Lagos; es un tiempo en el que hemos aprendido a convivir en democracia, y es un tiempo en que me he dedicado exclusivamente al mundo del trabajo.
He tenido dificultades y problemas con muchas personas, pero ello ha sido únicamente por la pasión y el cariño que siento por los trabajadores, por el mundo empresarial y por mi país.
En estos 16 años hemos hecho leyes muy importantes, sobre todo la última trilogía de proyectos, que con posterioridad se transformaron en ley, como el relativo a los nuevos tribunales del juicio oral en lo laboral. Es algo sorprendente que, espero, sirva a los trabajadores chilenos. Luego vendrán otros proyectos interesantes.
Lo fundamental es que en 16 años le cambiamos el rostro al Código del Trabajo y tratamos de humanizarlo para los trabajadores y empresarios.
Al respecto, agradezco muy sinceramente a mis colegas de bancada y a mi partido que confiaron en mí para tomar la dirección política de las reformas laborales. Al mismo tiempo, doy gracias a los colegas de la Concertación con quienes hice equipo político en la Comisión de Trabajo, en especial a las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal .
Además, deseo extender mis agradecimientos a la UDI y a Renovación Nacional, muy en particular a mi gran amigo Ángel Fantuzzi , con quien hicimos las primeras reformas laborales. Me alegra haber conocido y trabajado en la Comisión de Trabajo con Julio Dittborn y Felipe Salaberry , a quienes aprendí a respetar y con los que llegué a tener la amistad cívica que, a mi juicio, esa Comisión seguirá teniendo por muchos años.
Me voy contento y feliz. Creo haber realizado un trabajo interesante. No siento pena. Todo lo contrario: siento alegría, porque ya he cumplido un ciclo en la Cámara de Diputados.
Por último, agradezco muy sinceramente a uno de los hombres más importantes -si no el más importante- de la Cámara: don Carlos Loyola , quien nos enseñó a todos a convivir en democracia.
(Aplausos).
De igual modo, agradezco a Miguel Landeros y a los secretarios de la Comisión de Trabajo: Pedro Muga , Mario Rebolledo y Alejandra Fernández .
A través del señor Secretario , agradezco a todos los trabajadores de la Cámara: asistentes, ayudantes, cocineros, a toda la gente que nos atendió de mil maravillas.
Son 16 años felices, entregados con mucha alegría y pasión a Chile, en los que, tanto mi familia -mi esposa, mis hijos y mi nieta-, como los trabajadores que me acompañaron en este lapso, nos vamos orgullosos de haber entrado y salido con las manos limpias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a Dios por darme la oportunidad de representar en este período legislativo 2002-2006 al distrito 14 de la Quinta Región.
También mis agradecimientos a los cuatro presidentes habidos durante este período; a los vicepresidentes, al secretario de la Cámara de Diputados, señor Carlos Loyola , y al oficial mayor de Secretaría, señor Miguel Landeros , a quienes les di bastante trabajo.
Nunca me sentí una carga; todo lo contrario, creo que fui un aporte al engrandecimiento de la Corporación y que, con el despacho de diferentes iniciativas, contribuí a mejorar la calidad de vida de la gente de nuestro país.
Me voy contento y agradecido, más no satisfecho, porque considero que siempre se puede dar mucho más de lo que se entrega generalmente en cada actividad.
Un mensaje para todos. Las tribulaciones personales no se deben tomar como un castigo de Dios -con el debido respeto a quienes no creen en él-; por el contrario, sirven para probar la templanza del ser humano, la confianza y la fe que se tiene en él y, además, para agrandar y acerar el alma y ennoblecer el corazón.
Finalmente, y no por considerarlos los menos importantes, sino todo lo contrario, mis agradecimientos a las secretarias y secretarios de comisiones, al señor René Arrayet , de la Oficina de Informaciones, quien para mí fue un pilar especialmente en los seis meses que duró mi proceso de aprendizaje del trámite legislativo; a los taquígrafos, a los ascensoristas y a todos los funcionarios de la Cámara.
Cuando uno deja una actividad siempre piensa que pudo haber hecho mucho más, pero los destinos de Dios para los seres humanos que creemos en él son un misterio. Sólo él sabrá.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , aunque no quería hacer uso de la palabra ya que todas los agradecimientos y reconocimientos los hice en las instancias correspondientes, quiero decir en esta oportunidad que me voy tranquilo y contento, porque, modestamente, creo que entregué el aporte que tenía que hacer. Pido disculpas a todos por mis características personales, que muchas veces significaron que tuviéramos confrontaciones y diferencias.
Me alegro que la democracia funcione para que la adicción al poder no se transforme en una enfermedad perniciosa para la sociedad chilena. Le puede tocar a cualquiera y ahora me tocó a mí, pero me voy tranquilo. Sólo quiero dejar la siguiente reflexión, pues me parece importante.
Cada uno puede tener sus ideas y sus inquietudes, pero lo que importa en el Congreso Nacional es respetar las diferencias y poder ser amigos, de esa manera se sigue legislando y construyendo.
Reitero mis agradecimientos no sólo a los directivos de la Cámara de Diputados por lo que han hecho, sino también a todo el personal que contribuyó a hacer posible nuestro trabajo.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , a diferencia del colega Mora yo sí tenía pensado intervenir en esta sesión y agradezco el tiempo que la Mesa nos dispensa para despedirnos.
Esta es mi última intervención en la Cámara de Diputados a la cual pertenecí 16 años en representación del distrito 49.
Al igual que muchos otros colegas que nos incorporamos al Congreso Nacional el 11 de marzo de 1990, y que no continuaremos en él, no deja de ser emotivo despedirse, sobre todo teniendo en cuenta que formamos parte de la Cámara de Diputados que se instaló con el restablecimiento de la democracia, a la que le correspondió un rol fundamental en la transición.
Una mirada objetiva de esa etapa, con la perspectiva de la democracia que vivimos a dieciséis años de ese acontecimiento, debe hacernos sentir orgullosos, no sólo por haber sido protagonistas privilegiados de un hecho histórico, sino, fundamentalmente, por lo exitoso que fue ese proceso.
En lo personal, con auténtica humildad, quiero decir que estoy contento y satisfecho de haber colaborado con Chile y su renaciente democracia, como también lo estoy de haber sido parte de una oposición política que con patriotismo y visión de futuro eligió asumir su tarea con una conducta constructiva, que ha hecho posible el Chile que somos. Sin duda, esta actitud es la que también permitirá asumir con éxito muchos de los desafíos pendientes, en especial -por eso lo señalo- el de la igualdad de oportunidades.
Ingresé a la Cámara siendo el diputado más joven. Es evidente que ya no lo soy. Sin proponerme iniciar una carrera política, mucho menos con plena conciencia en lo que me estaba metiendo -época en la que, además, era soltero-, como todos he adquirido una valiosa experiencia, la que nos acompañará siempre, en cualquier proyecto que asumamos. Valorar y practicar la tolerancia y el respeto a las diferentes ideas y concepciones de la sociedad y de la vida, entender que tras la disputa política están las personas y sus ideales, saber que el servicio público es, sin duda, una actividad noble, que sólo entienden aquellos a los que no les resulta indiferente lo que le ocurre al país y a los chilenos. En fin, tantas otras enseñanzas son parte de lo aprendido de ustedes y de muchos otros que antes estuvieron aquí.
Al despedirme, quiero agradecer, en primer lugar, a los electores de mi distrito, quienes en cuatro oportunidades me honraron con su confianza. A ellos les quiero decir que seguiré trabajando por la agricultura del sur y por la superación de la pobreza que aún afecta a miles de familias en La Araucanía.
Asimismo, agradezco a todos mis colegas diputados, sin excepción, por otorgarme el honor de presidir durante estos años la Comisión de Ética y Conductas Parlamentarias y de contribuir, junto a sus miembros, a dar un marco ético a nuestras acciones, al ejercicio de nuestros cargos y a mejorar, aunque sea en parte -todavía hay mucho por hacer-, la imagen de esta Cámara ante la ciudadanía.
Le doy las gracias especialmente a don Carlos Loyola , a don Adrián Álvarez y a Miguel Landeros , por su invaluable aporte, apoyo y trabajo.
También, agradezco a mis colaboradores en el distrito, hoy representados aquí por Víctor González , quien me acompañó desde el principio. Estoy seguro de que la enorme acción social desarrollada cuenta con el reconocimiento de muchas personas, por su entrega y compromiso.
A los que han trabajado conmigo en las oficinas y en el Comité de Renovación Nacional les digo que sin ustedes el trabajo no habría sido igual.
Deseo expresar mi gratitud a los funcionarios de la Corporación, cuyo consejo, apoyo, colaboración y amistad hacen posible que nunca olvidemos que los protagonistas anónimos son igualmente importantes en las grandes tareas.
Por último, a mis colegas de bancada, a los que se van y a los que se quedan, les agradezco su paciencia y, sobre todo, su amistad. A los primeros, a los que se van, les deseo la mejor de las suertes. Estoy seguro de que sus capacidades les traerán éxitos en sus nuevas actividades. A los que se quedan: ¡ánimo! y gracias por el esfuerzo que continuarán haciendo por Chile y las regiones.
Y lo más importante: gracias a Lorena, mi mujer, por su apoyo y respaldo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , no tenía considerado hacer uso de la palabra, pero es difícil no hacerlo para despedirse, después de tanto tiempo en esta Corporación.
Iniciamos nuestro trabajo legislativo saltando tablas, con poca infraestructura todavía en este edificio, en condiciones incomparables a las de hoy. Recuerdo que durante los primeros años presidí la Comisión de Hacienda y trabajábamos en el subterráneo.
Como dijo José Antonio Galilea , formamos parte de esa generación -privilegiada- que comenzó la transición democrática y contribuyó a ese proceso exitoso, del cual todos nos sentimos orgullosos. Durante esta etapa entregué mi juventud entera al servicio del país, igual que muchos que hoy se despiden de la Cámara.
Dieciséis años en la vida de cualquiera representan casi un tercio de la vida laboral.
Por eso mis sentimientos son muy diversos. En primer lugar, de agradecimiento. Me sumo a las palabras de Rodolfo Seguel, en el sentido de agradecer la colaboración brindada durante dieciséis años por don Carlos Loyola , nuestro Secretario, profesional de lujo de esta Corporación, y en su persona a todos los funcionarios de la Cámara de Diputados.
Reciba usted, don Carlos , y todo el personal de la Corporación, un afectuoso abrazo por estos dieciséis años de trabajo, durante los cuales cada uno de los funcionarios se entregó por entero a apoyar el trabajo.
También quiero agradecer el apoyo de mi bancada, que al comienzo estuvo integrada por catorce diputados; de los originales, no sé cuántos quedan.
Quiero destacar que la bancada de la Unión Demócrata Independiente de entonces constituía un grupo de jóvenes que con mucho entusiasmo y mística hacía su aporte al acontecer político.
Hoy, después de dieciséis años, la Unión Demócrata Independiente cuenta con más de treinta parlamentarios, lo que refleja un equipo humano excepcional, que ha sido muy importante para el trabajo legislativo.
En segundo lugar, quiero dirigirme a todos quienes no comparten las ideas de mi partido para decirles que la Cámara de Diputados es el lugar donde, precisamente, a pesar de las diferencias, debemos ser capaces de construir un país para todos, lo que estamos logrando en forma muy exitosa.
En tercer lugar, quiero señalar que en esta Sala creo haber recibido las críticas más injustas en política. Sin embargo, pido disculpas a quienes les haya hecho sentir dolor o injusticia.
A pesar de las diferencias, hemos vivido momentos históricos en nuestra labor, lo cual nos ha permitido pensar en grande en el país.
Durante estos dieciséis años he conocido a muchas personas que no comparten mis ideas, pero respecto de las cuales tengo la mejor de las opiniones.
Si hay algo que debe caracterizar a la política chilena, a pesar de las diferencias, es la condición de caballeros que debe primar en quienes participan en ella.
Hay muestras de lo que digo. Durante estos dieciséis años, he hecho amistad con muchos parlamentarios de la Concertación, a pesar de que soy una persona que defiende con pasión sus ideales y no tener un trato fácil para muchos.
Sin embargo, quiero expresar que lo más importante es constatar que en Chile hay una generación de servidores públicos honestos. Considero que debemos ser capaces de cuidar la clase política chilena. Si algo nos distingue del concierto latinoamericano -estamos a pocos días de recibir una buena “fauna” de esa expresión-, es el alto nivel de servidores públicos excepcionales. La honestidad, la rectitud, la entrega y el sacrificio de todos son enormes. Creo que lamentablemente no hemos sido capaces de trasmitirlo a la opinión pública.
Durante estos 16 años no solamente he sido parlamentario. Por seis años he sido presidente de mi partido y testigo de la calidad que existe en los representantes y dirigentes de todos los partidos políticos. Eso debemos ser capaces de cuidar.
El capital de Chile está precisamente en sus instituciones, y en estos 16 años esta Corporación ha estado siempre a la altura del país. Tuve la suerte de participar en muchos proyectos de ley, muy trascendentales y que han ido construyendo el país que tenemos.
Agradezco estos 16 años que he pertenecido a esta Corporación, porque ingresé muy joven, a los 30 años, y me voy igual de joven al Senado, donde espero seguir sirviendo al país.
Quiero agradecer especialmente a la gente que no comparte nuestras ideas, por la rectitud con que han actuado. Asimismo, deseo pedir disculpas por si alguna vez, fruto de la pasión, alguno se sintió herido por mis expresiones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , al igual que los diputados Pablo Longueira , Rodolfo Seguel, José Antonio Galilea , Edmundo Villouta y varios otros, llegué a esta Corporación en 1989, en un momento muy especial y expectante respecto de la historia de nuestro país. Fue un momento difícil, porque fuimos parte de un proceso de reencuentro después de una crisis institucional de proporciones.
Con estas palabras quiero valorar el haber sido testigo y constatado el proceso de construcción de una amistad cívica. Un espacio de respeto, de tolerancia y, por cierto, de pasiones. Un proceso de construcción del cual todos hemos sido testigos, tratando de contribuir muy honestamente en el engrandecimiento de Chile.
Siento que en estos 16 años no sólo he aprendido el valor de esta Institución, la importancia de la representación popular y la responsabilidad que tenemos como depositarios de la soberanía popular, sino también que las ideas son las que se debaten y que uno puede confrontar, pero siempre en un marco de respeto y tolerancia hacia quienes piensan distinto sobre las diversas materias.
En ese contexto, quiero agradecer haber sido testigo y partícipe de los procesos que hemos vivido durante los últimos 16 años en la Cámara de Diputados.
Quiero agradecer a mis electores del distrito 33, de la provincia de Cachapoal, Sexta Región, quienes me han apoyado para ser su representante en la persona de tres de ellos, algunos de las cuales ya no están, como Hilda Aránguiz , una mujer espectacular de Graneros, junto a su compañero Jorge Acevedo ; a hombres como Raúl Marín , concejal de la comuna campesina de Coltauco, personas sencillas, de esfuerzo, como las hay en tantas de las doce comunas que he tenido el honor de representar en el Congreso Nacional: San Francisco de Mostazal, Codegua, Graneros , Machalí , El Olivar, Doñihue, Cohinco , Coltauco, Requinua , Quinta de Tilcoco, Malloa y, por cierto, mi comuna de residencia, Rengo .
Quiero agradecer a mi partido, porque sin su apoyo nunca hubiese llegado acá. Llegué muy joven. En mi primer período, fui electo a los 28 años. En ese tiempo, fui uno de los pocos candidatos de la juventud socialista, en un desafío bastante peculiar, ya que en la primera ocasión fui electo por un partido instrumental, el Partido Amplio de Izquierda Socialista, Pais, lo cual da fe de lo difícil que resulta el actual sistema electoral para garantizar el acceso a esta Corporación de quienes no están en los grandes bloques mayoritarios. Por cierto, tengo la sensación de que todavía tenemos una tarea pendiente en la construcción institucional.
Quiero agradecer a mis colegas de todos los partidos con quienes he compartido esta Sala. Permítanme una infidencia: nunca había estado tantos años de mi vida, 16 años, en un mismo lugar, con un compañero de banco como el diputado Carlos Montes . Ahora no sé si nos estamos liberando, yo o él, pero lo cierto es que aquí he pasado un período muy importante de mi vida. Agradezco a todos los colegas su apoyo, su apertura, su solidaridad.
En esta Corporación, he tenido el honor de presidir las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Familia, instancias donde generamos una tremenda amistad. Ahí aprendí a conocer a muchos colegas, como el diputado Galilea , con quien construimos una amistad cívica durante muchos años; y como él tantos otros.
Asimismo, quiero recordar con respeto y agradecimiento el haberme elegido, en su momento, Vicepresidente de la Corporación , y distinguido con ese honor. A su vez, debo agradecer sinceramente la solidaridad recibida en momentos muy amargos que me tocó vivir en este último período, duros, difíciles en nuestra sociedad, que afectaron y me impidieron acompañarlos parte de este período en la Sala por haber sido desaforado a raíz de un proceso judicial no grato en el cual no fui el único afectado, sino también otras personas. En ese proceso, pagaron justos por pecadores, como Mario Román y otros que por su amistad se vieron involucrados. Sin embargo, tengo la satisfacción de que se administró justicia y se clarificaron las cosas. Agradezco sinceramente la solidaridad y amistad cívica que recibí de cada uno de ustedes, de mi partido, de la Concertación, y de la misma forma de los colegas de la Oposición, tanto de Renovación Nacional como de la UDI.
Quiero agradecer a todos los funcionarios de la Corporación, la amistad con el Secretario General, don Carlos Loyola, a todos quienes trabajan en las Comisiones, a las secretarias, a todos los funcionarios, desde el más modesto jardinero, a los que trabajan en la cocina, a los oficiales de Sala, a los que trabajan con nosotros cotidianamente.
También quiero agradecer a los colegas de la Concertación, con quienes hemos vivido momentos muy especiales en la Corporación.
Al terminar mis palabras, quiero compartir una reflexión. Sin duda, aquí uno aprende lo que somos como sociedad. Como diputado , uno conoce de nuestro ordenamiento institucional no sólo su fortaleza y sus debilidades, sino que mucho de lo que somos como sociedad, las personas concretas y sencillas a quienes representamos y a las cuales nos debemos.
Sin duda, existe un desafío respecto de cómo garantizar que el Congreso Nacional logre una mayor cercanía con los ciudadanos, y debemos entender que en ese desafío estamos todos comprometidos.
Por último, quiero agradecer a mi familia, que me ha acompañado en este proceso; a mis hijos, que son, por así decirlo, quizás los que más pierden debido a nuestro compromiso en el servicio público. A ellos no los vemos crecer como nos gustaría; normalmente, no podemos acompañarlos, como sí lo hacemos en nuestros distritos con tantos otros niños y niñas. Es curioso, señor Presidente , pero estoy seguro de que todos los presentes hemos ido a más licenciaturas de otros niños que a las de los nuestros; que hemos acompañado y visto actuaciones de los hijos de otros más que de los nuestros.
Por eso, quiero agradecer mucho a mi familia y a mi compañera, por el tremendo apoyo que me han dado en todo momento.
Me voy al Senado junto a otros colegas, con un compromiso y una convicción de que esta labor que realizamos es noble; sin duda, a veces mal entendida, pero vale la pena seguir realizándola por el bien de nuestro país, de manera de construir y profundizar la amistad cívica y acercar siempre las políticas públicas a las ciudadanas y a los ciudadanos.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , lo avanzado de la hora, además de otras razones, hace que impere la brevedad. Pero no quiero dejar de expresar algunas palabras al terminar este período, el segundo en que me ha correspondido participar, con las que me sumo a los sentimientos expresados por los parlamentarios que me han precedido.
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento por el hecho de haber podido participar durante este tiempo de una labor tan noble como la legislativa; agradecimiento a Dios, a mis electores, a la UDI y a este Congreso Nacional.
Gracias, también, a quienes han dirigido esta Cámara y a los que han hecho posible su normal desarrollo: sus funcionarios. Todos, desde nuestro Secretario General hasta el más humilde, han sido extraordinariamente importantes, y quiero reconocer su trabajo y su ayuda para cumplir bien con nuestra labor.
Deseo expresar a todos mis sentimientos de perdón recabar si en algún momento hubiera faltado a la justicia, a la caridad o a cualquier otra virtud que era menester expresar en ese momento.
Me voy contento y tranquilo por el hecho de haber podido participar de esta labor. Ciertamente, uno piensa que pudo haber sido mejor, pero, en fin, la vida abre otras oportunidades, también de servicio público, al prójimo y a la patria, y espero tener fuerzas y ánimo para asumirlas, cualquiera sea el lugar donde Dios disponga que deba estar.
Nuevamente, doy gracias a todos. Siempre encontrarán en mí, en estas ciudades de viña del Mar y de Valparaíso -donde espero que este Congreso Nacional continúe siempre- a un amigo dispuesto a ayudarles y a manifestar esta amistad.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , queridos colegas: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Eso nos ocurre a todos.
Quiero compartir con ustedes algunas ideas, y no repetir otras que ya se han dicho y que, por supuesto, comparto.
Llegué a la política casi por casualidad. Viví muchos años en Aisén, donde nacieron mis hijos. Me desempeñé como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Posteriormente, se me ofreció la posibilidad de ser candidato a diputado por esa zona. Acepté el desafío y fui elegido parlamentario por dos períodos, después de que la gente de Aisén expresara su voluntad soberana. Estoy muy agradecido de ella, pues sin su participación, hoy no estaría interviniendo en esta Sala.
En estos ocho años aprendí muchas cosas increíbles de varios diputados que, siguiendo una lógica simplista, se podría pensar que están del otro lado. Gané grandes amigos, precisamente en los partidos de Oposición. No quiero mencionar nombres, para no ser odioso, pero quienes me escuchan saben a quiénes me refiero, y son varios.
La amistad cívica que se cultiva aquí, fortalecida con el desenvolvimiento y la manera de ser de cada uno, con el respeto con que cada cual defiende sus posiciones, pero aceptando la diversidad, es muy importante y uno de los activos de este conglomerado de hombres y mujeres que, a diario y desde distintas ópticas, trata de construir una convivencia en paz, procurando el desarrollo y el progreso del país, que es de todos, con el anhelo de que las diferencias se zanjen en forma civilizada.
En estos ocho años de labor legislativa presidí en tres oportunidades la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, la Comisión Especial de créditos para los retornados desde Alemania y, hasta el momento, presido la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, de lo cual me siento muy orgulloso.
Una de las tareas que más disfruté fue, precisamente, el trabajo en comisiones. Creo necesario agradecer la labor de los secretarios y de los abogados ayudantes, que realizan una labor fundamental, sin la cual no podríamos cumplir adecuadamente nuestras funciones.
También quiero destacar la forma en que logramos cultivar una gran amistad y superar nuestras diferencias con mi compañero de distrito, don Pablo Galilea , aquí presente. Llegamos a apreciarnos sinceramente y encaramos los desafíos del distrito -son los desafíos de todos-, quizás con algunas diferencias en algunos temas, pero siempre llevando a cabo una lucha común, por ejemplo, por la extensión de la zona franca -hubiésemos querido una zona franca definitiva; si no se pudo, no fue por nuestra culpa- y el reconocimiento de los cinco días adicionales de vacaciones para los trabajadores del sector privado, lo que significó un logro muy importante para las zonas extremas, y que apunta a beneficiar también a los trabajadores del sector privado. Todas estas experiencias ennoblecen la actividad política y le dan un sentido.
Sin duda, quedan muchos temas pendientes, particularmente en mi distrito: jóvenes muertos en extrañas circunstancias, incendios de juzgados, serios cuestionamientos al quehacer de la justicia en Aisén, etcétera. Son problemas de los que hay que seguir preocupándose, y espero que sean abordados por los diputados que continúan. Está el problema de la juventud y la desesperanza existente en las zonas extremas, temas que constituyen tremendos desafíos para los diputados que siguen y para los que se incorporarán a la Cámara.
Para terminar estas palabras, quiero compartir con quienes dejamos la Corporación, porque no fuimos reelectos, porque no postulamos o porque la situación se puso un tanto complicada -por supuesto, quienes se van porque fueron elegidos senadores no deben sentirse aludidos-, un poema que me llega mucho y que constituye una tremenda lección de vida, del poeta Kahlil Gibran , titulado “Mi Derrota”.
Dice así:
“Derrota, mi derrota,
mi soledad y mi aislamiento,
para mí eres más valiosa que mil triunfos,
y más dulce para mi corazón
que toda la gloria mundanal.
Derrota, mi derrota,
mi conocimiento de mí mismo y mi desafío.
Tú me has enseñado que soy joven aún y de pies ligeros
y a no dejarme engañar por laureles vanos.
En ti he encontrado la dicha de estar solo
y la alegría de ser alejado y despreciado.
Derrota, mi derrota,
mi fulgurante espada y mi escudo.
En tus ojos he leído
que ser entronizado es ser esclavizado,
que ser comprendido es ser derribado
y que ser apresado es llegar a la propia madurez,
y como un fruto maduro,
caer y ser objeto de consumo.
Derrota, mi derrota,
mi audaz compañera.
Oirás mis cantos, mis gritos, y mis silencios,
y nadie más que tú me hablará del batir de alas,
de la impetuosidad de los mares
y de montañas que arden en la noche,
y sólo tú escalarás mi inclinada y rocosa alma.
Derrota, mi derrota,
mi valor indómito y mortal.
Tú y yo reiremos juntos en la tormenta,
y juntos cavaremos tumbas
para todo lo que muere en nosotros.
Y hemos de erguirnos al sol,
como una sola voluntad.
Y seremos peligrosos.”
Muchas gracias. Los quiero mucho.
He dicho.
-Aplausos.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero sumarme a los agradecimientos formulados por los colegas que durante estos años han formado parte de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional, institución tan fundamental para la democracia.
Quiero agradecer a quienes ejercieron el cargo de Presidente de la Corporación , al Secretario General, don Carlos Loyola , por su trabajo, por su amistad, por el esfuerzo que desarrolla día a día junto al personal jurídico y técnico de la Corporación, que hacen posible el trabajo de los parlamentarios.
En la vida de una persona 16 años son mucho tiempo. A pesar de que todos pretendemos seguir siendo jóvenes o, por lo menos, relativamente jóvenes, 16 años nos han cambiado como personas. Ya no somos los mismos individuos -muchos de los cuales aún formamos parte de la Cámara- que llegamos en marzo de 1990 a trabajar entre armarios, polvo y con muy pocas facilidades para desarrollar nuestro trabajo. Como digo, si bien para una persona 16 años son mucho tiempo, para la historia de un país son poco, prácticamente, un pestañeo.
Sin embargo, este lapso nos ha permitido concluir una etapa de nuestra historia, y es la principal afirmación que me atrevo a hacer: con todas sus limitaciones y defectos colectivos y personales, somos hijos de la transición. Llegamos aquí cuando comenzaba y ahora, 16 años después, ella ha concluido.
En septiembre del año pasado, Ricardo Lagos , Presidente de la República , firmó el texto constitucional, conocido como la Constitución reformada, que es fruto de los acuerdos políticos alcanzados y de la evolución experimentada por el país en los últimos años. No están todas las cosas que algunos quisiéramos, y otras que, probablemente, algunos no querrían que estuvieran; pero corresponde al acuerdo constitucional más importante logrado en Chile durante los últimos años, que hace posible que nuestra carta fundamental se encuentre religitimada y aceptada por todos. Esta Constitución representa una visión, una idea de país, que todas las fuerzas políticas han concurrido a afianzar.
Sin duda, faltan temas por resolver, como el hecho de que existan fuerzas políticas significativas que no tienen representación en el Congreso. No obstante esa debilidad, el actual texto constitucional contiene cambios muy profundos en relación al que existía al 5 de octubre de 1988. Esto significa que en este período histórico las fuerzas políticas chilenas han sido capaces de actuar con la perspectiva, la madurez y la visión necesarias para que en nuestro país exista no sólo una convivencia compartida, sino que, incluso, reglas del juego legitimadas y que hacen posible que haya un ordenamiento democrático estable y sólido.
Creo que todos hemos sido partícipes y actores de este proceso, por cierto, desde diferentes posiciones.
Por esa razón, es válido señalar que, más allá de las personas, se ha cumplido la vieja finalidad de la República: que las instituciones deben ser más fuertes y sólidas que las personas, porque, a fin de cuentas, el Congreso Nacional y sus dos Cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado, fueron el crisol que permitió ir forjando los acuerdos que han permitido que el país hoy día tenga esta estabilidad democrática, tan importante para su crecimiento y desarrollo.
Los mutuos aplausos que nos hemos brindado en esta Sala reflejan el gran cambio que hemos logrado. Si nos hubiéramos querido aplaudir mutuamente el 11 de marzo de 1990, esto no habría sido posible. Hoy día tenemos no solamente una convivencia, sino que una amistad cívica que nos permite tratarnos de una manera distinta, lo que representa un tremendo patrimonio humano, moral, político e institucional, que es fruto de nuestros propios esfuerzos de estos últimos años.
Hoy concurrimos aquí como parte de una institución, no como adversarios, sino como una diversidad democrática. Somos actores políticos con orientaciones diferentes, pero nos sentimos parte de una acción común, y estamos dispuestos a engrandecer las instituciones como el Congreso Nacional, que hacen posible que la nación avance.
Todo ello lo hemos aprendido durante estos años. No sólo somos hijos de la transición, sino que hemos sido capaces de lograr que ella diera como fruto un país en el cual hoy nos tratamos con amistad cívica y que es capaz de crecer y avanzar.
Gracias a la Cámara de Diputados por todo lo que aprendimos en estos años.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido su objeto, se levanta la última sesión de esta legislatura y se declara clausurado el Quincuagésimo Primer Período Legislativo, correspondiente al cuadrienio 2002-2006.
-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que introduce modificaciones al artículo 2° de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera y agrega un nuevo artículo transitorio. (boletín N° 4095-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 7 de marzo de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica el artículo 124 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, correspondiente al Boletín Nº 2587-01, con la siguiente modificación:
Artículo transitorio
Ha suprimido la frase “por infracción a que se refiere la norma mencionada en el inciso primero del artículo 124,”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general y en particular con el voto conforme de 29 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, en el carácter de norma orgánica constitucional, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5899, de 18 de octubre de 2005.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 7 de marzo de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación a las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.419, en materias relativas a la publicidad y consumo del tabaco, correspondiente al Boletín Nº 3825-11, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:
Artículo 1º
Número 1)
Letra c)
La que consiste en sustituir el literal.
-o-
La que consiste en consultar las letras d), f) y g), nuevas.
-o-
Número 2)
La que consiste en reemplazar el artículo 2º, que pasó a ser artículo 3º.
Número 3)
La que se refiere a la modificación efectuada en el inciso primero del artículo 3º, que pasó a ser 4º, y aquella relativa al reemplazo del inciso segundo.
Número 5)
La que consiste en suprimir el párrafo final del inciso primero del artículo 4º, que pasó a ser 6º.
La que se refiere a reemplazar en el inciso tercero de dicho artículo los dos párrafos finales.
La que consiste en agregar un inciso final, nuevo a este artículo.
Número 6)
La que consiste en agregar un inciso final, nuevo, al artículo 5º, que pasó a ser 7º.
Número 7)
La que se refiere a reemplazar el ordinal “7º por “8º”.
-o-
La que consiste en agregar un número 8), nuevo.
-o-
Número 8)
La que consiste en agregar los incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 9º, que paso a ser 10.
-o-
Las recaídas en los incisos segundo, que pasa a ser cuarto, y final del precepto.
Número 9)
La que consiste en agregar las letras f ) y g), nuevas, en el artículo 10, que pasó a ser 11, contemplado en este número..
-o-
Las recaídas en las letras a) y e) del artículo 10 bis, que pasó a ser artículo 12, y la que se refiere al inciso segundo de este artículo.
La que consiste en reemplazar la expresión verbal “deberá” por “deberán” en el inciso primero del artículo 11, que pasó a ser 13, consignado en este numeral.
Número 11)
La que propone suprimir el artículo 14.
Artículo 15 (Pasó a ser artículo 17)
Las recaídas en el número 1; en las letras a) y d) del número 2; en la letra c) del número 3; en el número 5, y la que suprime la frase “o a una distancia inferior de la permitida de establecimientos educacionales” en el párrafo tercero del número 12).
-o-
La que consiste en intercalar un número 12), nuevo, que agrega un artículo 16, nuevo.
-o-
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Salud para integrarla.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6006, de 17 de enero de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Oficio del Senado
“Valparaíso, 7 de marzo de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Islandia para la promoción y protección recíproca de las inversiones” suscrito en Kristiansand, el 26 de Junio de 2.003, correspondiente al Boletín Nº 3.761-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5784, de 16 de agosto de 2005.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que aumenta a un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. (boletín Nº 4044-09)
“Honorable Cámara de Diputados,
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Mixta constituida en conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y el modo de resolver la divergencia suscitada entre el Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro.
-o-
En sesión del Senado, celebrada el día 18 de enero de 2006, se dio cuenta del Oficio Nº 5.997 de 10 de enero de 2006, de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunicó que ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley en análisis, con excepción del nuevo artículo 1º propuesto, que ha desechado.
Asimismo, dicho Oficio dio a conocer la nómina de los integrantes de ese organismo ante la Comisión Mixta, cuya designación recayó en los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes , y de los señores Claudio Alvarado Andrade , Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel .
En esa misma sesión, el Senado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, acordó que su representación ante la referida Comisión Mixta recayera en los señores Senadores miembros de su Comisión de Obras Públicas, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers .
Citados los señores Senadores y Diputados miembros de ella, por orden del señor Presidente del Senado , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 18.918, y en el artículo 48 del Reglamento del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día martes 7 de marzo de 2006, en la Sala 11 de Comisiones del Senado, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel .
Luego de constituirse, la Comisión Mixta eligió como Presidente , por la unanimidad de los miembros presentes, al Honorable Senador señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien lo es también de la Comisión de Obras Públicas, abocándose de inmediato a su cometido.
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Durante el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión contó con la colaboración y participación del Subdirector de la Dirección General de Aguas, señor Rodrigo Weisner .
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MATERIA DE LA DIVERGENCIA
Posiciones de ambas ramas del Congreso Nacional
La controversia se ha originado por el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, a la enmienda introducida por el Honorable Senado, en su segundo trámite constitucional.
A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de este proyecto de ley, así como los acuerdos adoptados al respecto.
ARTÍCULO 1°
El texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, propone un artículo único que introduce dos modificaciones en la ley N° 20.017, que modifica el Código de Aguas:
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Hacemos presente que la idea contemplada en el numeral 2 del artículo único de la Honorable Cámara de Diputados, pasó a ser Nº 8 del artículo 1º del texto aprobado por el Honorable Senado, como se explica más adelante.
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Numeral 1
El numeral 1, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados propone ampliar de seis meses a un año después de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.017, el plazo que se establece en su artículo 4º transitorio para presentar ante la Dirección General de Aguas las solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas.
El texto aprobado por el Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó el artículo único por un artículo 1° y 2° haciendo presente que el establecimiento de un nuevo plazo de seis meses para regularizar derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas, es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , por incidir en la administración financiera y presupuestaria del Estado.
No obstante, a través de la norma contenida en el artículo 2°, nuevo, del Honorable Senado se establece la misma idea pero con otra redacción y con patrocinio del Ejecutivo.
Durante la discusión de esta materia se señaló que uno de los temas más importantes de la ley N° 20.017 es que permite la regularización de pequeñas captaciones de aguas subterráneas, hasta 2 litros por segundo, desde la I Región a la Región Metropolitana y hasta 4 litros por segundo de la VI Región al Sur, en aquellos lugares donde no hay más disponibilidad para constituir nuevos derechos, lo que permite que pequeños agricultores que tienen sus pozos desde hace mucho tiempo y que no han podido regularizarlos, puedan inscribir sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través de un procedimiento rápido, fácil y expedito.
Esta norma permitía ingresar solicitudes ante la Dirección General de Aguas hasta el 16 de diciembre de 2005. El plazo anterior venció y se han presentado algunos problemas en la aplicación de esta norma, por ejemplo, algunas personas no han podido obtener ciertas autorizaciones, o no han podido acompañar los certificados necesarios, o simplemente, porque tuvieron conocimiento tardío de la ley N° 20.017 y no alcanzaron a realizar los trámites.
Para subsanar lo anterior, este proyecto de ley amplía el plazo por 6 meses más y permite que se les de curso a aquellas solicitudes que se presentaron antes de la aprobación de esta iniciativa legal.
La prórroga de seis meses del plazo anterior se justifica porque se solucionarán problemas administrativos menores que tenían las personas para acogerse a esa norma. En caso de extenderse más el plazo se creará un incentivo para que se construyan más pozos en aquellos lugares donde no es posible constituir más derechos.
Sin embargo, Vuestra Comisión Mixta acordó ampliar el plazo en doce meses para ingresar las solicitudes que se acojan al artículo 6° transitorio de Ia ley N° 20.017, atendido el fin social que esta norma pretende lograr y las dificultades que los Comités de Agua Potable Rural han tenido para presentar solicitudes al amparo de las disposiciones transitorias en reseña.
Letra a)
Asimismo, a proposición del Ejecutivo se agregó en este numeral una letra a), que tiene por finalidad reemplazar, en el inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1°, N°13 de la ley N° 20.017, la oración que viene a continuación del punto seguido, por la siguiente:
“Con relación a los derechos de aprovechamiento que no se encuentren inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , no se podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia de Servicio Sanitarios.”.
Letra b)
Luego, también a proposición del Ejecutivo , el Honorable Senado consultó a continuación del punto aparte, que ahora pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , podrán participar en los concursos públicos a que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley N° 18.450, que aprobó normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el beneficiario haya acreditado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado, que sus derechos se encuentran inscritos.”.
Durante el estudio de esta norma se explicó que el texto legal vigente obliga, actualmente, a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas a inscribir su derecho en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas (DGA), antes de realizar cualquier trámite ante este servicio público, y ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego (CNR) del Ministerio de Agricultura. El objetivo de esa norma es la de perfeccionar el sistema de información relativa a los derechos de aprovechamiento de aguas existentes.
En la aplicación del artículo 122 se ha detectado que los agricultores que no tienen inscritos sus derechos en el Catastro Público de Aguas no han podido postular a los concursos de la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, dejándolos fuera de este importante instrumento de subsidio estatal en estas materias.
Para corregir este problema, se propuso esta norma que permite a los usuarios de esta ley, postular a los concursos señalados no obstante que no estén inscritos en el Catastro citado. Sin embargo, para poder obtener la orden de pago de la bonificación, el titular deberá inscribir su derecho en el Catastro Público de Aguas . Con esto se elimina la dificultad de participar en los concursos mencionados, pero manteniendo vigente la obligación de inscripción en el Catastro, cumpliéndose con ello el objetivo de mantener completa la información relativa a este tipo de derechos.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral y de estas letras ésta acordó, por Ia unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por el Honorable Senado en los mismos términos que venía formulado.
Numeral 2
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, agregó un numeral 2, que reemplaza en el inciso primero del artículo 122 bis, introducido por el artículo 1° N° 14, la frase “a que se refiere el inciso quinto del artículo 122” por “ a que se refiere el inciso cuarto del artículo 122”.
Durante el estudio de esta norma se señaló que tiene por finalidad corregir referencias legales incorrectas.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral ésta acordó, por Ia unanimidad de sus miembros presentes Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por el Honorable Senado en los mismos términos que venía formulado.
Numeral 3
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, agregó un numeral 3 que sustituye el inciso cuarto del artículo 131 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1° N° 17, por otro que dispone que la solicitud o extracto se comunicará, además, por medio de tres mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo que establece el inciso primero de este artículo. El Director General de Aguas determinará mediante resolución las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el sector donde se ha solicitado el derecho de aprovechamiento de aguas, además, de los días y horarios en que deben emitirse, como asimismo sus contenidos y la forma de acreditar el cumplimiento de dicha exigencia.
Durante el estudio de esta norma se recordó que en la discusión de la modificación del Código de Aguas, se incorporó en el inciso señalado del artículo 131 la obligación adicional de difundir toda solicitud que se presente ante la Dirección General de Aguas, mediante tres avisos en una “radioemisora de cobertura regional”.
Esta norma ha generado numerosos y graves problemas.
En primer lugar, no existen las denominadas “radioemisoras de cobertura regional”, lo que ha significado la imposibilidad de cumplir en forma estricta con esta disposición legal. En efecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones otorga concesiones del espectro radioeléctrico sólo por una potencia de emisión determinada que abarca una superficie y que, además, es variable si existen cerros que interrumpen la señal. Las concesiones radiales no se otorgan de acuerdo con la división política administrativa del país, por lo tanto, la aplicación práctica de esta norma ha sido muy difícil y ha tenido un efecto secundario y es que como es de difícil aplicación sólo algunas radios cumplen la característica de cobertura regional y son precisamente las que tienen cobertura nacional, con lo cual se encarece el costo de los avisos.
Para subsanar lo anterior, se propuso que la difusión se haga en una radio de cobertura de aquellas que la Dirección General de Aguas señale de una nómina, tratando de abarcar la mayor extensión de territorio.
La norma contenida en el Código de Aguas tiene su origen en una disposición similar de la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica, que señala que en los lugares de difícil acceso las emisiones deben realizarse en aquellas radios que se determinen en un reglamento.
El problema que se presenta con la difusión del aviso es que las solicitudes de aprovechamiento que no cumplan con este requisito pueden incurrir en un vicio de nulidad.
Asimismo, se señaló que la norma no indica el plazo dentro del cual se deben hacer estas emisiones radiales, por lo tanto, se encarga a la autoridad administrativa la determinación de los días y los horarios en que deben emitirse los avisos, subsanando con ello graves incertidumbres que existen hoy sobre la materia.
Estas publicaciones radiales deberán tener difusión en el área donde se solicitan los derechos de aguas y se harán a costa del interesado, para evitar incluir en la nómina a todas las radios de Chile.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral ésta acordó, modificar el inciso cuarto del artículo 131 del Código de Aguas, enmienda contemplada en el N° 3 del artículo 1º aprobado por el Honorable Senado, sustituyéndolo por el siguiente:
“La solicitud o extracto se comunicará, a costa del interesado, además, por medio de tres mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo que establece el inciso primero de este artículo. El Director General de Aguas determinará, mediante resolución, las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el sector que involucre el punto de Ia respectiva solicitud tales como Ia ubicación de Ia bocatoma, el punto donde se desea captar el agua y el lugar donde se encuentra Ia aprobación de Ia obra hidráulica, entre otros, además, de los días y horarios en que deben emitirse, como asimismo sus contenidos y Ia forma de acreditar el cumplimiento de dicha exigencia.”.
Esta modificación se justifica en el sentido de que tiene por finalidad aclarar que el área que deba abarcar Ia difusión radial no solo se refiere a solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sino que a todas aquellas que deba conocer y resolver Ia Dirección General de Aguas, para lo cual se enuncian algunos ejemplos con una enumeración meramente ilustrativa y en caso alguno taxativa.
Sometida a votación esta proposición fue aprobada por Ia unanimidad de los miembros presentes de Ia Comisión Mixta Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel .
Numeral 4
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó una norma que tiene por finalidad corregir referencias legales incorrectas.
Esta norma es del siguiente tenor:
“4.- Reemplázase en el artículo 148, modificado por el artículo 1º Nº 24, la frase ““inciso primero del artículo 142” por “inciso final del artículo 141”“ por la expresión ““inciso tercero del artículo 141” por “inciso primero del artículo 142”.”.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral ésta acordó, por Ia unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por el Honorable Senado en los mismos términos que venía formulado.
Numeral 5
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó una norma que tiene por finalidad corregir referencias legales incorrectas.
Esta norma es del siguiente tenor:
5. Sustitúyese en el N°5, del artículo 3° transitorio, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63”.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral ésta acordó, por Ia unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por el Honorable Senado en los mismos términos que venía formulado.
Numeral 6
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó la incorporación de los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 4° transitorio:
6. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 4° transitorio:
“No será requisito para el aprovechamiento de aguas subterráneas indicadas en el inciso primero del artículo 56 del Código de Aguas, realizar la regulación señalada en el presente artículo.
La constitución de derechos de aprovechamiento que se realice de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, respecto de captaciones construidas en inmuebles regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1995, del Ministerio de Agricultura, sólo se podrá efectuar a nombre de la respectiva comunidad agrícola. Estas normas se aplicarán a todas las solicitudes que ya hayan sido ingresadas a trámite como así también respecto de aquéllas que en el futuro se presenten.”.
Durante el estudio de esta norma se precisó que sólo deben inscribirse los pozos profundos que se construyan con fines productivos, no siendo necesaria la inscripción de las punteras ni de los pozos norias.
Cualquier puntera, noria o pozo destinado a la bebida y uso doméstico no necesita un derecho de aprovechamiento de agua. El artículo 56 del Código de Aguas, es una norma que en el derecho de aguas se conoce como “el derecho a la sed”.
La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral se acordó, por Ia unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por el Honorable Senado, con Ia sola enmienda de sustituir Ia referencia al año “1965” por “1968”.
Numeral 7
El Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó una norma que tiene por finalidad corregir referencias legales incorrectas.
Esta norma es del siguiente tenor:
“7.- Reemplázase en el Nº 4 del artículo 5º transitorio de la ley 20.017, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63”.”.
La Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por el Honorable Senado.
Durante Ia discusión en Ia Comisión Mixta de este numeral ésta acordó, por Ia unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , aprobar el texto propuesto por eI Honorable Senado en los mismos términos que venía formulado.
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Numeral 8, nuevo
Como se señaló, durante Ia discusión del artículo 1° del proyecto aprobado por el Honorable Senado, vuestra Comisión Mixta acordó contemplar Ia idea contenida en el N° 2 del artículo único aprobado por Ia Honorable Cámara de Diputados, como N° 8, de esta iniciativa legal.
En efecto, vuestra Comisión Mixta con el objetivo de resolver Ia divergencia suscitada con Ia aprobación del numeral 2, de Ia Honorable Cámara de Diputados que fuera rechazado por el Honorable Senado, que modificaba el artículo 5º transitorio, en el sentido de agregar una oración que regulaba las captaciones ubicadas en terrenos que pertenecen a una comunidad de propietarios, no haciendo exigible al peticionario acreditar el dominio exclusivo sobre el inmueble, ni presentar Ia autorización del propietario del mismo, resolvió, con Ia finalidad de flexibilizar los requisitos contemplados para los Comités de Agua Potable Rural, contemplar como número 8, nuevo, del artículo 1º de esta iniciativa legal, una modificación al artículo 6° transitorio de Ia ley N° 20.017, que consiste en agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, a dicha disposición legal.
“Para la presentación de las solicitudes que se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el Nº 2 del artículo anterior. No obstante, para los efectos de la constitución del respectivo derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, se deberán acompañar los antecedentes indicados en dicha disposición. Los antecedentes que acrediten Ia propiedad del inmueble a nombre del respectivo Comité, o Ia autorización de su dueño, o de los organismos señalados en el N° 2 del artículo anterior, deberán acompañarse a más tardar dentro del plazo de dos años, contado desde el ingreso de Ia respectiva solicitud. Si no se acompañan dentro del plazo señalado, dicha solicitud será denegada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el inmueble donde se encuentra Ia obra de captación de aguas subterráneas pertenece a una comunidad de propietarios, a una municipalidad o es de propiedad indígena, para constituir el derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el N° 2 del artículo anterior.”
Se señaló que Ia ley N° 20.017 constituye un gran avance en Ia regularización de los derechos de aguas subterráneas, sin embargo, se han presentado problemas en Ia inscripción de esos derechos en los últimos meses.
Muchos de los pozos se encuentran en terrenos que pertenecen a una comunidad de propietarios o al Ministerio de Bienes Nacionales, lo que impide a los interesados presentar Ia documentación que exige el artículo transitorio para transformarse en dueños de los derechos de aguas subterráneas.
De este modo, aun cuando el texto propuesto por el Honorable Senado es un gran avance, en opinión de Ia Honorable Cámara de Diputados se debe buscar un procedimiento expedito, que no exija el dominio de los bienes raíces donde se encuentran los pozos de los servicios de agua potable rural para inscribir los derechos de aprovechamiento de agua.
Vuestra Comisión Mixta aprobó estos incisos teniendo en consideración los graves problemas que han enfrentado los Comités de Agua Potable Rural a lo largo del país con relación a Ia regularización de Ia propiedad de los inmuebles donde se ubican las captaciones de aguas subterráneas, para lo cual con Ia enmienda aprobada se permitirá a dichos Comités solicitar los derechos de aprovechamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° transitorio, sin Ia exigencia de Ia acreditación del dominio del inmueble o de las autorizaciones respectivas en su caso dejando esta última exigencia para el proceso de constitución del derecho de aprovechamiento.
Asimismo, se eliminó Ia exigencia de Ia acreditación del dominio del inmueble o las autorizaciones respectivas, que se encuentran señaladas en el N° 2 del artículo 5º transitorio, en el caso de captaciones de aguas subterráneas que se encuentran construidas en inmuebles de propiedad municipal, de comunidades de copropietarios o de propiedades indígenas, por cuanto en estas tres situaciones resulta, en los hechos, prácticamente imposible de poder cumplir con el requisito anteriormente señalado.
Finalmente, vuestra Comisión Mixta acordó enviar oficio a Ia señora Ministro de Bienes Nacionales , con Ia finalidad de que en Ia próxima Ley de Presupuestos de Ia Nación, contemple un ítem destinado a Ia regularización de los títulos de propiedad a nombre de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural.
Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por Ia unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión Mixta Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , en los términos anteriormente señalados.
ARTÍCULO 2°
El artículo 2º otorga un nuevo plazo de seis meses para Ia presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas a que se refiere el artículo 4º transitorio de Ia ley N° 20.017.
Su inciso segundo señala que este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de junio de 2006.
Vuestra Comisión Mixta acordó agregar un inciso tercero para ampliar el plazo en doce meses para ingresar las solicitudes que se acojan al artículo 6° transitorio de Ia ley N° 20.017, atendido el fin social que esta norma pretende lograr y las dificultades que los Comités de Agua Potable Rural han tenido para presentar solicitudes al amparo de las disposiciones transitorias en reseña.
En mérito a lo anterior acordó, agregar un inciso tercero, del siguiente tenor:
“Tratándose de las solicitudes a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, otórgase un nuevo plazo de doce meses para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas. Este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de diciembre de 2006.”.
Sometida a votación esta proposición fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión Mixta Honorables Senadores señores Fernando Cordero Rusque , Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel , en los términos anteriormente señalados.
PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de resolver la diferencia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de ley en estudio, que prestéis vuestra aprobación a la siguiente proposición, sobre la materia de esta controversia:
ARTÍCULO 1°
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.017, que modifica el Código de Aguas:
1. Modifícase el inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1° N° 13 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la oración que viene a continuación del punto seguido, por la siguiente: “Con relación a los derechos de aprovechamiento que no se encuentren inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , no se podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia de Servicios Sanitarios.”.
b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.), que ha pasado a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , podrán participar en los concursos públicos a que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley N° 18.450, que aprobó normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el beneficiario haya acreditado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado, que sus derechos se encuentran inscritos.”.
2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 122 bis, introducido por el artículo 1° N° 14, la frase “a que se refiere el inciso quinto del artículo 122” por “a que se refiere el inciso cuarto del artículo 122”.
3. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 131 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1° N° 17, por el siguiente:
“La solicitud o extracto se comunicará, a costa del interesado, además, por medio de tres mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo que establece el inciso primero de este artículo. El Director General de Aguas determinará, mediante resolución, las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el sector que involucre el punto de la respectiva solicitud tales como la ubicación de la bocatoma, el punto donde se desea captar el agua y el lugar donde se encuentra la aprobación de la obra hidráulica, entre otros, además, de los días y horarios en que deben emitirse, como asimismo sus contenidos y la forma de acreditar el cumplimiento de dicha exigencia.”.
4. Reemplázase en el artículo 148, modificado por el artículo 1° N° 24, la frase ““inciso primero del artículo 142” por “inciso final del artículo 141”“ por la expresión ““inciso tercero del artículo 141” por “inciso primero del artículo 142”“.
5. Sustitúyese en el N° 5 del artículo 3° transitorio, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63”.
6. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 4º transitorio:
“No será requisito para el aprovechamiento de aguas subterráneas indicadas en el inciso primero del artículo 56 del Código de Aguas, realizar la regulación señalada en el presente artículo.
La constitución de derechos de aprovechamiento que se realice de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, respecto de captaciones construidas en inmuebles regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura, sólo se podrá efectuar a nombre de la respectiva comunidad agrícola. Estas normas se aplicarán a todas las solicitudes que ya hayan sido ingresadas a trámite como así también respecto de aquéllas que en el futuro se presenten.”.
7. Reemplázase en el N° 4 del artículo 5° transitorio, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63.”.
8. Agréganse, como incisos segundo y tercero del artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, los siguientes:
“Para la presentación de las solicitudes que se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el Nº 2 del artículo anterior. No obstante, para los efectos de la constitución del respectivo derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, se deberán acompañar los antecedentes indicados en dicha disposición. Los antecedentes que acrediten la propiedad del inmueble a nombre del respectivo Comité, o la autorización de su dueño, o de los organismos señalados en el Nº 2 del artículo anterior, deberán acompañarse a más tardar dentro del plazo de dos años, contado desde el ingreso de la respectiva solicitud. Si no se acompañan dentro del plazo señalado, dicha solicitud será denegada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el inmueble donde se encuentra la obra de captación de aguas subterráneas pertenece a una comunidad de propietarios, a una municipalidad o es de propiedad indígena, para constituir el derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el Nº 2 del artículo anterior.”.
ARTÍCULO 2°
Artículo 2º.- Otórgase un nuevo plazo de seis meses para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas a que se refiere el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017.
Este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de junio de 2006.
Tratándose de las solicitudes a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, otórgase un nuevo plazo de doce meses para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas. Este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de diciembre de 2006.”.
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A continuación y, a título meramente informativo, se inserta el texto final del proyecto de ley que aumenta a un año el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, el que de aprobarse la proposición de vuestra Comisión Mixta, quedaría como sigue:
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.017, que modifica el Código de Aguas:
1. Modifícase el inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1° N° 13 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la oración que viene a continuación del punto seguido, por la siguiente: “Con relación a los derechos de aprovechamiento que no se encuentren inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , no se podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia de Servicios Sanitarios.”.
b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.), que ha pasado a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , podrán participar en los concursos públicos a que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley N° 18.450, que aprobó normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el beneficiario haya acreditado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado, que sus derechos se encuentran inscritos.”.
2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 122 bis, introducido por el artículo 1° N° 14, la frase “a que se refiere el inciso quinto del artículo 122” por “a que se refiere el inciso cuarto del artículo 122”.
3. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 131 del Código de Aguas, agregado por el artículo 1° N° 17, por el siguiente:
“La solicitud o extracto se comunicará, a costa del interesado, además, por medio de tres mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo que establece el inciso primero de este artículo. El Director General de Aguas determinará, mediante resolución, las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el sector que involucre el punto de la respectiva solicitud tales como la ubicación de la bocatoma, el punto donde se desea captar el agua y el lugar donde se encuentra la aprobación de la obra hidráulica, entre otros, además, de los días y horarios en que deben emitirse, como asimismo sus contenidos y la forma de acreditar el cumplimiento de dicha exigencia.”.
4. Reemplázase en el artículo 148, modificado por el artículo 1° N° 24, la frase ““inciso primero del artículo 142” por “inciso final del artículo 141”“ por la expresión ““inciso tercero del artículo 141” por “inciso primero del artículo 142”“.
5. Sustitúyese en el N° 5 del artículo 3° transitorio, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63”.
6. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 4º transitorio:
“No será requisito para el aprovechamiento de aguas subterráneas indicadas en el inciso primero del artículo 56 del Código de Aguas, realizar la regulación señalada en el presente artículo.
La constitución de derechos de aprovechamiento que se realice de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, respecto de captaciones construidas en inmuebles regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura, sólo se podrá efectuar a nombre de la respectiva comunidad agrícola. Estas normas se aplicarán a todas las solicitudes que ya hayan sido ingresadas a trámite como así también respecto de aquéllas que en el futuro se presenten.”.
7. Reemplázase en el N° 4 del artículo 5° transitorio, la expresión “inciso segundo del artículo 63” por “inciso tercero del artículo 63.”.
8. Agréganse, como incisos segundo y tercero del artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, los siguientes:
“Para la presentación de las solicitudes que se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el Nº 2 del artículo anterior. No obstante, para los efectos de la constitución del respectivo derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, se deberán acompañar los antecedentes indicados en dicha disposición. Los antecedentes que acrediten la propiedad del inmueble a nombre del respectivo Comité, o la autorización de su dueño, o de los organismos señalados en el Nº 2 del artículo anterior, deberán acompañarse a más tardar dentro del plazo de dos años, contado desde el ingreso de la respectiva solicitud. Si no se acompañan dentro del plazo señalado, dicha solicitud será denegada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el inmueble donde se encuentra la obra de captación de aguas subterráneas pertenece a una comunidad de propietarios, a una municipalidad o es de propiedad indígena, para constituir el derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable Rural, no se requerirá cumplir con el requisito señalado en el Nº 2 del artículo anterior.”.
Artículo 2º.- Otórgase un nuevo plazo de seis meses para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas a que se refiere el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017.
Este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de junio de 2006.
Tratándose de las solicitudes a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, otórgase un nuevo plazo de doce meses para la presentación de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas. Este plazo comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y expirará el 16 de diciembre de 2006.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día de hoy 7 de marzo de 2006, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle ( Presidente ), Fernando Cordero Rusque , Antonio Horvath Kiss , Hosain Sabag Castillo y Rodolfo Stange Oelckers , y de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García y Juan Pablo Letelier Morel .
Sala de la Comisión Mixta, a 7 de marzo de 2006.
(Fdo.): ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el mandato encomendado por la sala sobre la situación actual del Servicio Militar Obligatorio.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Defensa Nacional informa sobre el mandato que le fuera encomendado en virtud del proyecto de acuerdo aprobado en la sesión 3ª, ordinaria, celebrada el 8 de junio de 2005, en relación con la materia singularizada en el epígrafe.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La Cámara de Diputados, en virtud del proyecto de acuerdo N° 644, acordó “mandatar a la Comisión de Defensa Nacional que realice un estudio que dé cuenta de la actual situación del Servicio Militar Obligatorio, como, asimismo, proponga los cambios y reformas que el análisis posterior haga aconsejables.”
Para el cumplimiento de dicho encargo, se otorgó a la Comisión el plazo de sesenta días y se le facultó para que, en el desempeño de su mandato, se constituyese en cualquier lugar del territorio nacional. Sobre el particular, se hace notar que la Sala prorrogó el mencionado plazo, en dos oportunidades, según consta en las sesiones 58ª. y 69ª, ordinarias, celebradas los días 9 de noviembre de 2005 y 17 de enero de 2006, respectivamente.
En los considerandos del proyecto de acuerdo se señaló que los diversos antecedentes tenidos a la vista desde que acaecieron los dramáticos sucesos de Antuco, que costaron la vida a 45 personas -la mayoría de las cuales eran jóvenes que cumplían con su servicio militar obligatorio en el Ejército de Chile- y, en especial, la forma transparente en que dicha institución ha asumido los hechos, reflejan serios errores en las decisiones mediatas e inmediatas adoptadas con ocasión del acto de instrucción militar que derivó en tan graves acontecimientos.
Se tuvieron en cuenta las declaraciones públicas del nuevo mando del Regimiento Reforzado N° 17 “Los Ángeles”, en el sentido de que se revisaría una serie de aspectos relativos a la forma, al modo y a las fechas en que se llevan a cabo las maniobras de instrucción.
Se indicó que lo anterior es sin perjuicio de las investigaciones administrativas y judiciales en actual tramitación, respecto de las cuales la ciudadanía espera rapidez y rigor indagatorio.
Finalmente, se sostuvo que si bien, desde las perspectivas reglamentaria y legislativa, se han venido introduciendo cambios en el servicio militar obligatorio, en lo que respecta a una mayor voluntariedad y a la forma de asegurar de mejor manera los derechos de los reclutas, los últimos acontecimientos indican la urgente necesidad de estudiar reformas en la concepción de la conscripción y en las modalidades de su ejecución.
II. LABOR DESEMPEÑADA POR LA COMISIÓN.
La Comisión de Defensa Nacional se abocó al cumplimiento del mandato encomendado por la Sala, en las sesiones ordinarias 103ª, 104ª, y 105ª, de 5, 12 y 19 de julio; 106ª, 108ª y 109ª, de 2, 16 y 30 de agosto; 110ª y 111ª, de 6 y 13 de septiembre; 113ª, 115ª y 116ª, de 4, 11 y 18 de octubre; 118ª, de 8 de noviembre, y 120ª, de 20 de diciembre de 2005; 121ª y 122ª, de 17 y 24 de enero, y 124ª, de 7 de marzo de 2006, y en las sesiones especiales 123ª y 125ª, de 6 y 8 de marzo de 2006.
Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión acordó desarrollar su trabajo en tres aspectos.
En primer lugar, se propuso emitir un pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en el Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles”, con motivo de la marcha realizada en Antuco, que culminó con el fallecimiento de 44 soldados conscriptos y de un Sargento 2° del Ejército.
En segundo término, resolvió analizar con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional las condiciones en que actualmente se realiza el servicio militar obligatorio, así como las prácticas que conforman la instrucción militar que reciben los soldados conscriptos, a fin de respaldar las decisiones militares que se adopten para que esta carga pública se cumpla en la forma más satisfactoria posible.
En tercer lugar, acordó proponer las medidas concretas para contribuir a la modernización del servicio militar obligatorio, a su profesionalización y al fomento de la voluntariedad, con objeto de lograr que sea cada vez más profesional y eficiente.
Durante el cumplimiento del mandato encomendado, contó con la asistencia del Ministro de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet ; del Subsecretario de Guerra , señor Gabriel Gaspar ; del ex Subsecretario de Marina , señor Carlos Mackenney ; del ex asesor y actual Subsecretario de Marina , señor Gonzalo García ; de los Comandantes en Jefe del Ejército , de la Armada y de la Fuerza Aérea, General de Ejército señor Juan Emilio Cheyre ; Almirante señor Rodolfo Codina , y General del Aire señor Osvaldo Sarabia , respectivamente; del Director del Centro de Estudios Militares , General señor Juan Miguel Fuente-Alba ; del Jefe del Personal de la Armada , Vicealmirante señor Gudelio Mondaca ; de los asesores del Ministerio de Defensa Nacional señores Felipe Illanes y Carlos Solar ; del Capitán de Ejército señor Claudio Gutiérrez ; del Suboficial de Ejército señor Carlos Grandón ; del Brigadier de Ejército ® señor Javier Gutiérrez Olivares ; de los abogados señores Guillermo Carey y Carlos Donoso , y del señor Javier Gutiérrez Romero .
Asimismo, el Presidente de la Comisión , Diputado señor Jorge Ulloa , acompañado por los Diputados señores Pérez Arriagada, don José ; Pérez Varela, don Víctor , y Villouta, don Edmundo , recibió a una delegación de los familiares de las víctimas de Antuco, en el Hotel Alcázar de Los Ángeles, el día 27 de diciembre de 2005.
Cabe precisar que la Comisión acordó dejar constancia de las dificultades que se generaron con el Ministerio de Defensa Nacional con motivo de las citaciones extendidas al Capitán señor Claudio Gutiérrez y al Suboficial señor Carlos Grandón .
Sobre el particular, mediante el oficio N° 01-06, de 17 de enero de 2006, se hizo presente al Ministro de Defensa Nacional que las Comisiones están facultadas para citar, invitar, recibir y oír a funcionarios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su rango, que puedan aportar información y antecedentes en relación con la materia investigada, toda vez que no existe norma jurídica alguna que exima a estas últimas de dicha obligación, en virtud de lo prescrito en los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional; 293 del Reglamento de la Corporación, y 1° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado. Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional , por medio del oficio N° 6855/201, de 23 de enero de 2006, expresó que las personas citadas están siendo objeto de investigaciones en el ámbito y administrativo con recursos pendientes de resolución, de modo que, a su entender, la coexistencia de estas últimas con la revisión parlamentaria de antecedentes altera la estructura de mando, jerarquía y subordinación de las Fuerzas Armadas, que es el principio que está regulado en el inciso tercero del artículo 101 de la Constitución Política.
Sin embargo, en la sesión 123ª, especial, celebrada el día 6 de marzo de 2006, se concordó con el Ministro de Defensa Nacional en cuanto a la necesidad de poner término a la situación planteada, facilitando la presencia de los mencionados funcionarios a una sesión ordinaria de la Comisión, de carácter secreto, sin perjuicio de dejar constancia de que existe, a juicio del Ejecutivo , una situación no resuelta en torno la citación de personal militar o dependiente del Ministerio del Defensa Nacional, que debe clarificarse con motivo de la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
III. LA EXPERIENCIA DE ANTUCO.
1. Relación de los hechos ocurridos en Antuco según el dictamen del Fiscal Militar.
De acuerdo con los hechos consignados en el dictamen del Fiscal Militar, General de División señor Tulio Hermosilla , durante el Período de Especialización Técnica Año 2005 y, específicamente, en el Subperíodo Combatiente Básico, que se desarrollaría entre el 4 y el 20 de mayo del año 2005, se había considerado que el Batallón de Infantería de Montaña del Regimiento Reforzado N° 17 “Los Ángeles” efectuara una salida a terreno. En virtud de la decisión del mando del mencionado Regimiento, dicho ejercicio se realizó en el sector del Refugio Militar de Los Barros. El Comandante del Batallón, Mayor señor Patricio Cereceda , propuso la realización de una marcha a pie, desde el citado Refugio hacia el Refugio Militar La Cortina, sector del Volcán Antuco, entre los días 18 y 19 de mayo de 2005, lo que fue aceptado por las autoridades de la Unidad Táctica, a saber, el Comandante del Regimiento, Coronel señor Roberto Mercado , y el Jefe de Plana Mayor del Regimiento , Teniente Coronel señor Luis Pineda , en la Reunión de Síntesis llevada a cabo el 16 de mayo. Sin embargo, se acogió la proposición formulada el 17 de mayo por el Comandante de la Compañía Cazadores, Capitán señor Gabriel Alliende , en orden a iniciar la marcha ese mismo día.
Las Compañías Cazadores y Plana Mayor y Logística, a cargo de los Capitanes señores Gabriel Alliende y Alejandro Covarrubias , respectivamente, iniciaron la primera “serie de marcha” el 17 de mayo. La Compañía Cazadores salió a las 14:00 horas, mientras que la Plana Mayor y Logística partió a las 15:00 horas. Ambas debieron enfrentar condiciones climáticas poco adecuadas (lluvia intermitente, viento arrachado y frío), que fueron empeorando en el transcurso de la marcha, con una tropa mojada y mal preparada. Se mantuvo contacto radial durante las tres primeras horas y el tiempo atmosférico sufrió alteraciones con la aparición del fenómeno “viento blanco”. Sin embargo, las condiciones mejoraron y llegaron sin novedad al Refugio La Cortina, aproximadamente a las 23:00 horas. No obstante, los comandantes de las mencionadas Unidades no agotaron los medios existentes a su alcance para tomar contacto, ya sea radial o telefónicamente o para adelantar una patrulla de enlace hacia el oeste, a fin de buscar una instalación o localidad para comunicarse con el Cuartel del Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles” y, solamente tomaron contacto con este último, a las 09:30 horas del día siguiente, a través del Subteniente señor Balocchi, informando sobre las circunstancias climáticas adversas con las que se efectuó la marcha. Ambas Compañías reiniciaron su marcha el día 18 de mayo, a las 10.30 horas, hacia el Refugio de la Conaf, bajo condiciones adversas de tiempo atmosférico, donde los esperaba una columna motorizada para transportarlos al Regimiento.
Las Compañías de Morteros y Andina, a cargo de los Capitanes señores Carlos Olivares y Claudio Gutiérrez , respectivamente, iniciaron la segunda “serie de marcha” el día 18 de mayo, a las 05:15 y 08:50 horas, respectivamente, bajo condiciones adversas de tiempo atmosférico. Ambas Compañías debieron cruzar, a las horas señaladas, las aguas del estero El Volcán, ubicado a 800 metros del Refugio Los Barros, que en algunos tramos se encontraban congeladas. Debido a ello, gran parte del personal se mojó, circunstancia que mermó la capacidad de resistencia de la tropa al frío, no obstante lo cual continuó la marcha hacia el Refugio La Cortina, en condiciones disminuidas y sin que existiera la posibilidad de cambiar su vestuario o zapatos. Este hecho no fue informado inmediatamente por los Comandantes de estas Compañías al Refugio Los Barros.
El Capitán señor Olivares dispuso que soldados conscriptos de la Compañía de Morteros hicieran las veces de “huelleros” y abrieran el camino de sus compañeros en la nieve. Aproximadamente a las 10:30 horas, tras cinco horas de marcha, la mencionada Compañía comenzó a sufrir los embates del fenómeno denominado “viento blanco”, que se había desatado, presentando los soldados conscriptos signos de una prolongada exposición al frío (hipotermia), situación que fue dada a conocer al Refugio Los Barros, a través del Mayor Cereceda, alrededor de las 11:00 horas, quien retransmitió la información radialmente al Cuartel del Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles”, siendo recibida por el Teniente Coronel señor Luis Pineda unos minutos más tarde. Producto del aviso radial efectuado por el Capitán señor Olivares, el Mayor señor Cereceda dispuso que el Comandante de la Compañía Andina, Capitán señor Gutiérrez , concurriera en rescate de los malogrados soldados conscriptos en el sector de la Herradura.
Al mediodía, el Comandante de la Compañía de Morteros, Capitán señor Olivares, resolvió permanecer en el sector de la Herradura, conjuntamente con el resto de los oficiales, efectuando labores de rescate y salvamento de los soldados conscriptos afectados por el frío, algunos de los cuales fallecieron como consecuencia de las inclemencias del tiempo. El Sargento 2º señor Abelino Tolosa cavó un refugio en la nieve para cinco o seis soldados conscriptos. El mencionado Capitán dispuso que el Suboficial señor Carlos Grandón asumiera el mando de la Unidad y continuara la marcha hacia el Refugio La Cortina, al cual llegó aproximadamente a las 15:30 horas. Cabe hacer presente que este Suboficial y los soldados conscriptos con quienes prosiguió la marcha no se detuvieron en el Refugio de la Universidad de Concepción ubicado en el trayecto hacia el Refugio La Cortina y que algunos soldados fallecieron en el camino comprendido entre ambos Refugios. Por su parte, al tomar conocimiento de que el Capitán señor Olivares reanudaría la marcha, el Sargento 2º señor Tolosa informó a este último que se quedaría allí a cuidar a los soldados mientras llegaba la Compañía Andina. Sin embargo, transcurridas dos horas, el mencionado Sargento 2° decidió abandonar el refugio de circunstancia y proseguir su marcha en busca de ayuda, llegando posteriormente sin novedad al Refugio de la Universidad de Concepción.
Luego de auxiliar al personal afectado, el Capitán señor Olivares reinició la marcha con los soldados que se encontraban en condiciones de proseguir y llegó en precarias condiciones al Refugio de la Universidad de Concepción, alrededor de las 16:00 horas, lugar en el que pasó la noche. El 19 de mayo, el grupo retomó la marcha, alrededor de las 10:00 horas, hacia el Refugio La Cortina, con el apoyo de la Patrulla de Auxilio y Rescate del Ejército (Parme), llegando a ese lugar a las 11:30 horas, con muy malas condiciones de tiempo atmosférico.
El Capitán señor Gutiérrez , llegó al refugio dejado por el Sargento 2º Tolosa después del mediodía del 18 de mayo y realizó labores de reanimación por aproximadamente cuatro horas. Debido a que había recibido la orden de auxiliar al Batallón de Morteros en problemas, la Compañía Andina continuó la marcha a cargo del Teniente señor Cristóbal Zerené . El Capitán señor Gutiérrez pasó la noche en una carpa que instaló junto a los hoyos cavados por los soldados y el día 19 de mayo, a las 08:50 horas, aproximadamente, reanudó la marcha.
A pesar de lo anterior y, como consecuencia de las inclemencias del tiempo atmosférico, los soldados conscriptos de la Compañía de Morteros se comenzaron a congelar y a fallecer aproximadamente a las 12:00 horas del día 18 de mayo.
La Compañía Andina llegó al Refugio de la Universidad de Concepción el mimo día, alrededor de las 17:20 horas, a cargo del Teniente señor Zerené. A este mismo Refugio llegó el Capitán señor Gutiérrez el 19 de mayo, aproximadamente a las 16:00 horas. El 20 de mayo, a las 09:00 horas, continuaron la marcha hacia el Refugio La Cortina, llegando a dicho lugar alrededor de las 11:30 horas.
Como consecuencia de los hechos descritos, el día 18 de mayo se produjo una importante dispersión de medios humanos tanto de la Compañía de Morteros como de la Compañía Andina, lo cual originó un resultado de 45 muertos, de los cuales 31 pertenecían a la primera Compañía (28 soldados conscriptos reclutas, dos soldados conscriptos antiguos y un clase), y 14 formaban parte de la Compañía Andina.
2. Conclusiones del dictamen del Fiscal Militar, pronunciamiento del Comandante en Jefe del Ejército y recursos interpuestos por los afectados.
El Fiscal Militar, además de proponer una serie de medidas disciplinarias, arribó a las siguientes conclusiones en torno a los mencionados hechos:
a) Atendida la escasa experiencia que tenían los soldados conscriptos en marcha en terrenos nevados, dicha actividad debería haberse realizado en períodos posteriores, tal como estaba contemplado en la planificación original. En efecto, la planificación del entrenamiento del Batallón de Infantería de Montaña preveía originalmente marchas motorizadas y paso de canchas de entrenamiento final diurno y nocturno para los días 17 y 18 de mayo de 2005, en los cuales los soldados conscriptos debían demostrar los conocimientos adquiridos en ese período. Sin embargo, se incorporó en forma equivocada una “marcha a pie”, desde el Refugio Los Barros al Refugio La Cortina, que no correspondía al período de instrucción de dicho contingente. Se trata de un ejercicio completamente cuestionable, por cuanto no se adecuó al nivel de preparación del contingente e implicó poner en riesgo a los soldados.
b) Respecto de las autoridades del Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles, pudo haberse presentado la fisiopatología de la “respuesta mantenida” o freezing, en virtud de la cual las conductas y respuestas a determinados hechos se vieron o pudieron verse alteradas.
c) El Ejército ha difundido a todos sus miembros documentos en que se incorpora el concepto de la gradualidad, en virtud del cual se estipula que las exigencias derivadas de la instrucción y de la vida de cuartel deben aumentar progresivamente, reflejando en ello el criterio y la experiencia de los instructores.
d) Si bien no se trató de una instrucción de montaña, sino del “Subperíodo Básico”, las condiciones geográficas y atmosféricas del lugar hacían menester contar con el vestuario y equipo apropiado para este tipo de ejercicio, lo cual constituía un apoyo imprescindible, si se toma en consideración las bajas temperaturas y la poca preparación del contingente.
e) Los soldados conscriptos no contaban con la preparación física ni militar para afrontar una marcha como la que se dispuso, ya que la conscripción había comenzado hace escaso tiempo y era imposible que se alcanzaran los conocimientos técnicos y prácticos básicos necesarios para afrontar satisfactoriamente dicha marcha.
f) El ejercicio desarrollado en Los Barros se realizó con un sistema de comunicación deficiente, con vestuario y equipo insuficiente, a pesar de que existían tenidas apropiadas y suficientes para el personal y contingente, y en condiciones de tiempo atmosférico complejas en la montaña, más aún cuando existían con antelación informes meteorológicos que anunciaban un frente de mal tiempo en la zona.
g) Lo anteriormente expuesto se agrava por el hecho de que los soldados conscriptos debieron cargar demasiado peso en sus mochilas, las que, en el caso de los conscriptos de la Compañía de Morteros, pesaban 9 kilos secas y 19 kilos mojadas, luego de la marcha. Por su parte, las mochilas que cargaban los soldados de la Compañía Andina pesaban 22 kilos secas y 32 kilos mojadas, luego de la marcha.
h) El Refugio Militar Los Barros reunía todas las condiciones técnicas y de abastecimiento necesarias para albergar al Batallón de Infantería de Montaña y a la Compañía de Ingenieros Independiente del Regimiento “Los Ángeles” por algunos días, con racionamiento reducido, no siendo por ello necesario o imprescindible iniciar la marcha el día 17 y el 18 de mayo de 2005.
i) La orden de marcha impartida por el Mayor señor Cereceda los días 17 y 18 de mayo de 2005 desencadenó estos trágicos hechos, ya que el personal subalterno se vio en el imperativo jurídico de marchar, en razón de que la orden fue emanada del Comandante del Batallón.
En relación con los señalados hechos, el Comandante en Jefe del Ejército , por medio de la resolución de 11 de noviembre de 2005, que aprueba el dictamen del Fiscal Militar y su ampliación, formuló las siguientes consideraciones:
a) Que se encuentra establecido en la investigación sumaria administrativa que, durante el Período de Especialización Técnica Año 2005 del contingente, y más específicamente en el Subperíodo Combatiente Básico, a efectuarse entre el 4 de abril y el 20 de mayo de 2005, se tenía considerada una salida a terreno, actividad que, por disposición del mando del Regimiento se realizó en la zona general del Refugio Militar de Los Barros, aunque originalmente no se contemplaba la marcha a pie entre éste último y el Refugio Militar La Cortina.
b) Que la descripción pormenorizada y la secuencia de detalle sobre la forma en que se planificó, desarrolló y ejecutó la instrucción del Subperíodo de Formación del Combatiente Básico de Soldados Conscriptos en la zona general del volcán Antuco , dan cuenta de que el Regimiento, y por ende su personal, contaban con antelación con la suficiente instrucción, normativas, planes de lección, enseñanzas, órdenes e instructivos, tanto en el ámbito institucional divisionario como de la propia Unidad Técnica.
c) Que ha quedado suficientemente demostrado que en la época en que ocurrieron los trágicos hechos de Antuco, se encontraban dictados y difundidos por el Ejército los documentos relativos al concepto de gradualidad, en virtud de los cuales, entre otras cosas, se destaca que las exigencias derivadas de la instrucción y de la vida de cuartel deberán aumentar progresivamente, reflejando con ello el criterio y la experiencia de los instructores, normativa que no fue considerada al planificarse la marcha que emprendió la Unidad de Combate.
d) Que, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, constituye un deber militar, antes de dar una orden, reflexionar si con su ejecución pueden resultar graves males, lo que importa necesariamente, de quien la imparte, una evaluación y ponderación previa de todos los elementos con que se cuenta para su cumplimiento eficaz y seguro, por lo que operar en conocimiento de esas limitaciones no puede sino estimarse como agravante.
e) Que no corresponde, por improcedente, hacerse cargo, en razón de obedecer a políticas de Estado y de defensa nacional, de la capacidad operacional y logística con que se encuentra dotada la institución, lo que, en todo caso, no debe ser motivo de excusa para un militar. Con todo, es el Comandante del regimiento o cada mando en su nivel quien no puede asignar una misión si no cuenta con los medios para ejecutarla. Las disposiciones de la III División del Ejército en nada obligaban a efectuar la marcha en las condiciones en que se realizó, la cual, por el contrario, se encontraba y encuentra prohibida por el mando del Ejército, por conocer las limitaciones de equipamiento existentes, lo cual ha sido ratificado en documentos emitidos por el Comando de Operaciones Terrestres y por el Comandante de la citada División de Ejército y en una reunión celebrada el 30 de marzo de 2005 en el Cuartel General de la III División con todos los Comandantes de las Unidades Tácticas y el Estado Mayor divisionario.
f) Que la circunstancia legítima de exponer ante la Cámara de Diputados un análisis de los sucesos que ocasionaron la trágica muerte de personal militar en la zona general del volcán Antuco , ha sido realizada en el ejercicio legítimo e irrenunciable de atribuciones que le son propias en un Estado de Derecho.
g) Que, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que se han podido acreditar y en el dolor que esta enorme tragedia nacional e institucional significa para el Ejército, al perder a 45 de sus hombres, no parece justo desconocer que, enfrentado el personal a la inclemencia implacable de la tormenta, la nieve, el viento blanco y el frío, en su gran mayoría supo cumplir con su deber de soldado y con el honor militar de no escatimar esfuerzos en ayudar y socorrer, hasta el límite de sus fuerzas, a sus camaradas de armas.
Cabe hacer presente que el personal que, en virtud de la mencionada resolución del Comandante en Jefe del Ejército , fue objeto de sanciones disciplinarias, presentó recursos de reconsideración ante la citada autoridad con fecha 17 de noviembre de 2005, los que fueron resueltos el 23 del mismo mes.
Por su parte, el Teniente Coronel señor Pineda , el Capitán señor Gutiérrez y el Suboficial señor Grandón dedujeron recursos de reclamación ante el Ministro de Defensa Nacional en contra de las resoluciones adoptadas por el Comandante en Jefe del Ejército, los que en definitiva fueron rechazados con fecha 14 de diciembre de 2005, motivo por el cual interpusieron sendos recursos de apelación ante S.E. el Presidente de la República , quien con fecha 3 de marzo de 2006, resolvió igualmente mantener las medidas disciplinarias en contra del mencionado personal militar.
3. Lo expuesto por el Ministro de Defensa Nacional .
El Ministro de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet , en la sesión 123ª, especial, celebrada el 6 de marzo de 2006, destacó la forma en que se dieron a conocer a la Comisión las piezas más sustanciales de la investigación sumaria administrativa y el hecho de que se hayan impuesto sanciones graves a los responsables de los hechos acaecidos, al considerárseles culpables de cuasidelito de homicidio.
Tras un intercambio de opiniones con los integrantes de la Comisión, accedió a comparecer ante esta última junto al Capitán señor Gutiérrez y al Suboficial señor Grandón en una sesión de carácter secreto, sobre la base de considerar que las declaraciones de dichos militares están contenidas en la investigación sumaria administrativa y en el proceso militar sobre el que ha recaído sentencia de primera instancia, ambos de público conocimiento, y que el Presidente de la República rechazó los recursos de apelación presentados por ambos. Sin embargo, hizo presente que la comparecencia ante las Comisiones de funcionarios de las Fuerzas Armadas de rango inferior al Alto Mando para tratar temas estratégicos y militares es un tema que no está debidamente resuelto en la normativa actual y que debería ser abordado expresamente en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, sugerencia que fue acogida por los integrantes de la Comisión.
4. Lo declarado por el Comandante en Jefe del Ejército.
El Comandante en Jefe del Ejército , General de División señor Juan Emilio Cheyre , concurrió en dos oportunidades a la Comisión de Defensa Nacional.
En la primera, correspondiente a la sesión 105ª, ordinaria, celebrada el 19 de julio de 2005, recordó que en la sesión especial de la Sala celebrada el 8 de junio de 2005, dio a conocer la información obtenida en el lugar de los hechos, a través de la acción de mando que desde un primer momento ejerció.
Sobre el particular, hizo presente que la institución se abocó con esmero a cumplir con el compromiso contraído públicamente con el país y los familiares, en orden a recuperar hasta el último soldado atrapado en la montaña. Indicó que, en el marco de una operación sin precedentes, que demandó el empleo oportuno de fuerzas muy bien entrenadas y con material de alta tecnología, más de 700 miembros del Ejército, apoyados por muchas instituciones y personas, rastrearon la zona con dicho propósito, el cual fue logrado a plena satisfacción.
En relación con el ámbito judicial, informó que la Ilustrísima Corte Marcial, a petición del Ministro de Defensa Nacional , designó al Coronel (J) Juan Arab , como Ministro en Visita Extraordinaria para el esclarecimiento de los hechos de Antuco, en la causa rol N° 310-2005, caratulada como “Muerte de personal militar”. Dio a conocer que, con fecha 24 de junio de 2005, el mencionado Ministro sometió a proceso en calidad de autores a los siguientes inculpados por los ilícitos que en cada caso se indican, cuyos autos de procesamiento fueron confirmados por la unanimidad de los integrantes de la Corte Marcial:
1. Coronel señor Roberto Mercado , Comandante del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, por el delito de incumplimiento de deberes militares.
2. Teniente Coronel señor Luis Pineda , Jefe de la Plana Mayor del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, por el delito de incumplimiento de deberes militares.
3. Mayor señor Patricio Cereceda , Comandante del Batallón de Infantería del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, por el delito de incumplimiento de deberes militares y cuasidelito de homicidio.
4. Capitán señor Carlos Olivares , Comandante de la Compañía de Morteros del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, por cuasidelito de homicidio.
5. Capitán señor Claudio Gutiérrez , Comandante de la Compañía Andina del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, por cuasidelito de homicidio.
6. Suboficial señor Carlos Grandón , integrante de la Compañía de Morteros, por cuasidelito de homicidio.
7. Sargento 2° señor Abelino Tolosa , integrante de la Compañía de Morteros, por cuasidelito de homicidio.
Explicó que el Ministro instructor Coronel señor Arab tiene, para estos efectos, como únicos superiores a la Corte Marcial y a la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, indicó que no existe subordinación alguna respecto de sus superiores jerárquicos en su correspondiente escalafón y, por ende, del Comandante en Jefe del Ejército , con lo cual desvirtuó ciertas versiones de prensa a partir de las cuales pudiera presumirse alguna inobservancia de la independencia de los tribunales de justicia, incluida la judicatura castrense.
Asimismo, informó que relevó de sus cargos al Coronel señor Roberto Mercado , al Teniente Coronel señor Luis Pineda , y al Mayor señor Patricio Cereceda , no obstante conocer sus condiciones y cualidades, así como las altas responsabilidades que les competían en la Unidad, por cuanto los antecedentes hacían presumir fundadamente que en esos niveles podrían existir responsabilidades de mando. Sobre el particular, enfatizó que esta medida fue adoptada con objeto de dar transparencia a los procesos de investigación y de normalizar el funcionamiento de la Unidad, sin que ello constituyese un prejuzgamiento de las responsabilidades que pudieran afectar a esos oficiales o un juicio de valor respecto de su actuación.
Por otra parte, en el ámbito administrativo, informó que dispuso la sustanciación de una investigación sumaria, a cargo del Contralor General del Ejército, General de Brigada señor Tulio Hermosilla , con objeto de averiguar las causas y circunstancias en que se produjo el accidente que afectó al Regimiento N° 17 “Los Ángeles”. Señaló que esta investigación comprende los siguientes aspectos:
a) averiguación de las causas y circunstancias en que se produjo el accidente, debiendo esclarecer especialmente si fue casual o imputable a las víctimas o a terceras personas, sea por intención, imprudencia temeraria o negligencia culpable; si los hechos investigados constituyen violación o incumplimiento de deberes militares, y si el accidente pudo ser evitado con mediana destreza, y
b) averiguación de las causas y circunstancias en que se produjo el accidente que afectó al personal del Regimiento Nº 17 “Los Ángeles”, debiendo esclarecer especialmente si este ocurrió a causa o con ocasión de un acto determinado del servicio, sus orígenes y circunstancias y la determinación de los beneficios previsionales y otros que pudieran corresponder como consecuencia del accidente.
En relación con el estado de esta investigación, informó que el Fiscal Militar cerró el sumario y que, con fecha 20 de junio de 2005, evacuó su dictamen, el que fue comunicado a los afectados, a fin de que efectuaran sus descargos reglamentarios. Comentó que ciertos antecedentes del sumario fueron conocidos por la prensa, situación que consideró grave, pues afecta a las personas que están sujetas a esta investigación, ventila públicamente hechos no resueltos, interfiere en el proceso y lesiona procedimientos administrativos o judiciales, que deberían estar absolutamente alejados de estas prácticas.
Además, informó que el 18 de julio de 2005 recibió el mencionado dictamen y los descargos de los afectados, por lo que le corresponde determinar si lo aprueba o bien dispone su reapertura para la ejecución de nuevas diligencias destinadas a aclarar o precisar ciertos aspectos que pudiesen merecer dudas, como consecuencia de los descargos presentados por los afectados. Precisó que si opta por esta última alternativa, una vez que se hayan cumplido las diligencias ordenadas, el Fiscal debe evacuar una ampliación de su dictamen inicial, elevándolo nuevamente para conocimiento y resolución del Comandante en Jefe.
Igualmente, recalcó su absoluta y total prescindencia de toda intervención y conocimiento de la investigación sumaria administrativa, hasta aquella etapa en que reglamentariamente le corresponde como Comandante en Jefe conocer y emitir resolución, de acuerdo con el mérito del expediente.
En este mismo orden de materias, señaló que la permanencia en la institución del personal involucrado en las investigaciones administrativas y judiciales será consecuencia exclusiva de lo que determinen las resoluciones que se dicten en el proceso administrativo en actual tramitación y que no tendrá ingerencia alguna en el proceso de calificaciones de oficiales jefes y superiores del Ejército.
Por otra parte, durante la sesión 123ª, especial, celebrada el 6 de marzo de 2006, destacó la celeridad con que fueron tramitados tanto la investigación sumaria administrativa como el proceso judicial a que dieron lugar los hechos ocurridos en Antuco, lo cual obedeció a la necesidad de dar una pronta respuesta a un tema cuya relevancia así lo exigía. Del mismo modo, hizo hincapié en el compromiso contraído con los señores Diputados en cuanto a mantener a la Comisión permanentemente informada de los avances en las instancias administrativa y judicial, lo que fue valorado en su oportunidad por exceder las obligaciones que corresponden al Ejército, y cumplido mediante el envío de los correspondientes dictámenes, resoluciones, así como de los recursos y descargos presentados por el personal militar involucrado en los procesos.
Hizo presente su preocupación, por cuanto, a su entender, la forma en que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación la situación producida como consecuencia de la solicitud formulada por la Comisión en orden a que comparezcan ante esta última dos funcionarios de rango inferior al Alto Mando , ha dado lugar a que se interprete, por parte de la opinión pública, que el Ejército ha obstaculizado la presencia de los militares citados por la Comisión, lo cual no es efectivo, ya que su Comandante en Jefe no tiene competencia en este asunto, que es de carácter constitucional, jurídico y político.
Afirmó categóricamente que la marcha jamás debió haberse realizado, en atención a los siguientes fundamentos:
-se estableció como objetivo para el año 2005 la necesidad de poner énfasis en el concepto de la gradualidad en la instrucción militar, lo que fue difundido a todo el personal de la institución. Sobre el particular, destacó que se hizo presente a los instructores la importancia de brindar un tratamiento adecuado a los jóvenes durante el primer mes de conscripción, que suele ser traumático.
-el 25 de abril de 2005, el Comandante de Operaciones Terrestres, en el marco del mencionado principio de la gradualidad, emitió un documento a sus unidades dependientes sobre la forma en que debía llevarse a cabo el nuevo proceso de instrucción y entrenamiento militar, el cual fue dado a conocer oportunamente por el Comandante en Jefe de la III División del Ejército a las autoridades del Regimiento Reforzado N° 17 “Los Ángeles”, de acuerdo con los antecedentes que obran en la investigación sumaria administrativa. En dicho documento, se precisa que en los dos primeros períodos de especialización técnica, las marchas de entrenamiento debían contemplar una distancia de cinco kilómetros, con equipo de combate asalto, arma individual y con una duración de 85 minutos. Sin embargo, hizo notar que la marcha efectuada implicaba recorrer una mayor cantidad de kilómetros, lo cual estaba prohibido expresamente.
-si bien el Comandante del mencionado Regimiento, Coronel señor Mercado, adujo que recibió esta información el 5 de mayo de 2005, cuando ya se había iniciado la campaña, de modo que no era aplicable a esta última, según un aforismo militar, la presencia de nuevos antecedentes exige una reprogramación y una nueva resolución, de modo que cualquier planificación previa de la campaña debe ser desechada si surge una norma que impide su materialización.
-la marcha no estaba contemplada en la planificación inicial aprobada por el ex Comandante en Jefe de la III División del Ejército , General señor González , toda vez que, de acuerdo con ella, las Compañías debieron haber descendido en camiones. La idea de efectuarla surgió durante el ejercicio.
En relación con el vestuario y equipo con que contaba el Regimiento, precisó que este último estaba dotado con la implementación necesaria para desarrollar los ejercicios que debían realizarse, por lo que no se requería poseer tenidas gorotex para todo el personal y los soldados conscriptos. Acotó que el reglamento de la institución dispone que el Comandante de cada unidad debe evaluar si puede o no cumplir una misión de acuerdo con los antecedentes y recursos que maneja.
Aseguró que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, se desprende que los oficiales involucrados en estos hechos y sancionados pudieron haber representado la orden de marchar a su superior jerárquico y haber tomado determinaciones que, apartándose de dicha orden, podrían haber evitado esta tragedia.
Sostuvo que, tras haber concluido la investigación sumaria administrativa, ha mantenido su visión inicial respecto de los hechos acaecidos en Antuco, con algunos matices respecto de ciertos detalles y de la participación de los involucrados.
Finalmente, señaló que el Ejército ha tenido una especial preocupación por los familiares de las víctimas, lo cual se ha materializado a través de los beneficios otorgados y el apoyo brindado con posterioridad a la tragedia, lo que ha sido agradecido y reconocido por la mayoría de las familias.
5. El testimonio de dos militares involucrados en los hechos de Antuco.
Como resultado del acuerdo alcanzado con el Ministro de Defensa Nacional , concurrieron el Comandante de la Compañía Andina, Capitán señor Claudio Gutiérrez , y el Suboficial señor Carlos Grandón , acompañados por dicho Secretario de Estado , a la sesión 124ª, ordinaria, celebrada el 7 de marzo de 2006, que tuvo el carácter de secreta.
No obstante, en la sesión 121ª, ordinaria, de 10 de enero de 2006, se dio cuenta de una minuta que contiene una descripción de los hechos en los cuales habría participado el mencionado Capitán, así como de una serie de documentos que guardan relación con el caso.
De acuerdo con la versión de los hechos contenida en dicha minuta, durante la tarde del 17 de mayo, el Capitán señor Gutiérrez tuvo que cumplir una orden del Mayor señor Cereceda en el sentido de prestar ayuda a un Jeep Storm que se había quedado enterrado en la nieve. Durante el desarrollo de esta maniobra, los dos camiones que desenterraron al mencionado vehículo continuaron viaje en dirección al Estero El Volcán, lugar en que quedaron empantanados.
El día 18 de mayo, entre las 06:00 y 07:00 horas, el Capitán señor Gutiérrez dispuso el repliegue de elementos de material de guerra, tarea que fue realizada sin inconvenientes por el Teniente señor Daniel Durand , a diferencia del Cabo 1º señor Cristián Lagos , quien no pudo concretar el cometido aduciendo razones de mal clima y condiciones adversas para recuperar las especies. Acogió la sugerencia de este último en orden a retrasar el inicio de la marcha en una hora, a fin de permitir que los soldados conscriptos que habían participado en estas labores pudiesen secar su vestuario.
La marcha se inició a las 09:00 horas, momento en que nevaba con una intensidad media y en que la acumulación de nieve en el camino no era superior a quince centímetros, motivo por el cual el Capitán señor Gutiérrez estimó que si bien las condiciones no eran óptimas, tampoco perjudicarían el desarrollo de la marcha. Buscó un camino alternativo para sortear el estero El Volcán y ordenó a los instructores de la Compañía que armasen un puente de circunstancias para que atravesaran los soldados conscriptos, maniobra en la que se mojaron parcialmente sólo 4 de ellos y 9 instructores, esto es, el 9,67% del total de la unidad.
En el sector de las Piedras Contadoras, que se ubica a 2 kilómetros del estero, resolvió continuar la marcha, debido a que tuvo la convicción de que las condiciones climáticas habían mejorado ostensiblemente, en razón de la disminución de la velocidad del viento y de la copiosidad de la nieve, decisión que no fue representada por ninguno de los instructores de montaña que lo acompañaban. Se comunicó radialmente con el Mayor señor Cereceda , a quien dio a conocer la forma en que debieron atravesar el estero y las medidas que debería adoptar la Compañía de Ingenieros al día siguiente al pasar por ese sector.
En el sitio denominado “Agua Enterrada”, alrededor de las 13:00 horas, encontró a los primeros reclutas de la Compañía de Morteros y, paralelamente, recibió una llamada del Mayor señor Cereceda , quien, sin explicarle la gravedad de la situación, le ordenó concurrir en auxilio de 5 soldados conscriptos de la citada compañía, quienes se encontrarían en un refugio de circunstancia ubicado a 3,2 kilómetros desde su posición y a 7,5 kilómetros del Refugio La Cortina. En el lugar indicado pudo constatar que, en vez de un refugio de circunstancia abandonado, había un poncho impermeable en cuyo interior se guarecían seis soldados conscriptos, de los cuales 2 habían fallecido.
Con objeto de que su Compañía no se desmoralizara y en atención a que la marcha se desarrollaba hasta ese momento sin inconvenientes, ordenó que esta última prosiguiese a cargo del Teniente señor Cristóbal Zerené , quien se encontraba en la retaguardia.
Luego de informar al Mayor señor Cereceda sobre estos hechos, le solicitó autorización para quedarse en el lugar al mando del rescate. Instaló dos carpas, en una de las cuales se encontraba él efectuando maniobras de primeros auxilios a a los soldados conscriptos de la Compañía de Morteros, que habían quedados rezagados. La otra carpa fue ocupada transitoriamente por el Sargento 2º señor Luis Monares y un soldado conscripto, quienes le manifestaron que no podían seguir caminando por tener los pies mojados, frente a lo cual decidió facilitarles zapatillas con cubrebotas de goma y les ordenó continuar la marcha junto a los instructores que habían permanecido con él.
Las condiciones climáticas imperantes durante el rescate eran relativamente buenas. Sin embargo, debido a que se encontraba en el interior de la carpa, el Capitán no se percató del momento en que comenzó el viento blanco. Se comunicó con el Mayor señor Cereceda , informándole del estado de salud de los soldados conscriptos que debió rescatar y de que rompería contacto radial a las 21:30 horas, a fin de economizar baterías.
A las 08:15 horas del 19 de mayo, reanudó la marcha, junto a los otros rezagados ya mencionados, pese a las malas condiciones climáticas, de tipo ventisca, debido a que la carpa, los sacos de dormir y las colchonetas se encontraban mojados. La marcha fue extremadamente penosa y demoraron ocho horas en recorrer el mismo tramo que la Compañía Andina realizó en aproximadamente tres horas, a partir de lo cual concluyó que si no hubiese dispuesto que esta última continuara al mando del Teniente señor Zerené, el número de bajas habría sido cercano a 30, en circunstancias de que sólo fallecieron 14 soldados conscriptos de su unidad, hecho del cual tomó conocimiento al arribar al Refugio de la Universidad de Concepción, a las 15:00 horas de ese día.
Las malas condiciones en que se encontraban el Capitán señor Gutiérrez y sus acompañantes fueron determinantes para decidir permanecer allí durante la noche y proseguir la marcha hacia el Refugio La Cortina el día 20 de mayo a las 09:25 horas. A las 10:50 horas, el Capitán tomó contacto con la Patrulla de Auxilio y Rescate en Montaña del Ejército (Parme) y el soldado conscripto señor Hernández fue trasladado en una moto de nieve al mencionado Refugio.
En relación con los mencionados hechos, el Brigadier ® señor Javier Gutiérrez , indicó que las marchas forman parte de la instrucción físico-militar establecida en el Reglamento de Instrucción Física Militar y aclaró que, de acuerdo a sus disposiciones, cada soldado tiene que poder, no solamente moverse rápidamente, sino también ser capaz de llevar su equipo y suministros. Del mismo modo, según dicho Reglamento, los comandantes deben planificar incluir marchas por caminos en el entrenamiento de campo o terreno y en guarnición, siempre que sea posible.
Expresó que, con fecha 25 de abril de 2005, el Comando de Operaciones Terrestres emitió un documento a sus unidades dependientes, y el Comandante en Jefe de la III División hizo lo propio el 5 de mayo, es decir, el día en que se inició la campaña, en los cuales se establece que, en lo relativo a los ejercicios de marcha de entrenamiento aeróbico, se debe dar cumplimiento a las exigencias dispuestas en el citado Reglamento y en un anexo que se considera complementario a este último, a partir de lo cual se ha sostenido que la marcha se encontraba prohibida, lo que no es efectivo.
Explicó que el día en que se inició la marcha, las condiciones climáticas eran normales para la montaña y los soldados conscriptos tenían 45 días netos de instrucción, de modo que se cumplió con la gradualidad. Aclaró que los Refugios de Los Barros y La Cortina están a una altura de media montaña y que tradicionalmente se ha efectuado este tipo de instrucción en la zona. Precisó que la distancia entre ambos refugios es de 19 kilómetros y no de 25 kilómetros, como se establece en el dictamen del Fiscal Militar, circunstancia que ha sido certificada por el Instituto Geográfico Militar. Hizo presente que las mochilas pesaban 19 kilos mojadas, en circunstancias de que reglamentariamente los soldados podrían haber llevado una carga de 30 kilos, y que el dictamen del Fiscal Militar incurrió en un error al asignarles un peso mayor.
Aseguró que no tenían información sobre la situación meteorológica en los días en que se realizó la marcha, de modo que no sería posible exigir a los Comandantes de las Compañías que considerasen la variabilidad de las condiciones climáticas. Indicó que el viento blanco es impredecible y afectó a la Compañía Andina en el último tercio de la marcha, momento en que se produjeron las bajas, sin que la circunstancia de que los soldados se hayan mojado parcialmente en el cruce del estero El Volcán haya sido determinante en el fallecimiento de los soldados, máxime si se considera que con posterioridad a este episodio, el Capitán dispuso el reemplazo de las prendas húmedas por otras secas que llevaban en las mochilas.
En la sesión 122ª, ordinaria, de 24 de enero de 2005, se recibió al señor Guillermo Carey , abogado del Suboficial señor Carlos Grandón , quien señaló que, en los días previos a la tragedia, el mencionado Suboficial, que pertenecía a la Compañía de Plana Mayor y Logística, estaba enfermo, de modo que no pudo integrarse a la marcha que realizó esta última, siendo adscrito a la que efectuaría la Compañía de Morteros al día siguiente.
Precisó que cuando se produjeron los primeros casos de hipotermia, el Comandante de dicha Compañía, Capitán señor Olivares, ordenó al Suboficial señor Grandón que, sin detenerse por ningún motivo, se adelantara para dar aviso de la emergencia al Refugio La Cortina, lugar en el que debía estar la patrulla de rescate y donde habrían provisiones. Indicó que, pese a estar convaleciente de su enfermedad, cumplió esta orden y desempeñó la función de “huellero”, lo cual implicó una tarea sobrehumana, si se tienen en consideración las adversas condiciones climáticas, su edad, que dobla la de los integrantes de la Compañía, y el hecho de haberse mojado al atravesar el estero El Volcán.
Relató que durante el trayecto, el Suboficial señor Grandón logró rescatar al soldado conscripto señor Hernández , quien cayó a un barranco, dejándolo posteriormente en un refugio provisorio, donde recibió la ayuda del Capitán señor Gutiérrez . Del mismo modo, guió a algunos soldados conscriptos que habían perdido todo contacto con sus Oficiales y Clases, arriesgando con ello su vida y realizando actos de heroísmo dignos de ser destacados.
Dio a conocer que, una vez que arribaron al Refugio de la Universidad de Concepción, tras diez horas de marcha y sin implemento para protegerse, ya que habían abandonado las mochilas para poder continuar, el Suboficial señor Grandón procedió a revisar el estado en que se encontraba y concluyó que, si se quedaban allí, los conscriptos y cabos tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir.
Puntualizó que, en vez de adelantarse solo, ayudó y salvó a los veinte conscriptos y nueve cabos que estaban con él, y llegó con ellos al Refugio La Cortina, que estaba abandonado, carecía de provisiones y de la presencia de la patrulla de rescate, que debía estar esperando a las Compañías. Explicó que agotó los medios para proporcionar alimentos a los soldados conscriptos y cabos que estaban desfalleciendo.
Señaló que, con posterioridad, sin haber descansado y arriesgando nuevamente su vida, se dirigió junto al Cabo señor Álvarez hacia el Centro de Ski Antuco, donde sabía que había comunicación con Los Ángeles, trayecto en el cual estuvieron a punto de fallecer, ya que no tenían fuerzas para subir los últimos peldaños de la posada, donde se encontraron con el personal de rescate que debía haber estado en La Cortina y se produjo un incidente bastante desagradable cuando el Suboficial y el Cabo increparon a dicho personal por no encontrarse en su puesto.
Posteriormente, pese a estar totalmente acalambrado, al borde del colapso y sin haberse podido cambiar la ropa congelada que vestía, acudió en ayuda de sus compañeros, junto al mencionado Cabo, tarea que concluyeron cuando el Suboficial señor Grandón se desmayó y fue trasladado a La Cortina. Expresó que, unas horas después, salió en búsqueda de las patrullas de rescate que se habían extraviado debido al viento blanco. Afirmó que, gracias a esta maniobra, las patrullas pudieron llegar al Refugio de la Universidad de Concepción y socorrer a la Compañía Andina.
Hizo notar que el Suboficial señor Grandón tenía la absoluta seguridad de haber cumplido cabalmente y al máximo con sus obligaciones, lo cual no fue reflejado en la investigación sumaria administrativa, toda vez que en el dictamen del General señor Hermosilla se le ha acusado de haber actuado con falta de tacto, tino y criterio y se ha sostenido que, al producirse las primeras bajas, el Capitán señor Olivares habría entregado el mando de la Compañía al Suboficial señor Grandón , lo cual no es efectivo.
Planteó que al darse la orden de marchar, se sabía de antemano que los soldados conscriptos se mojarían al cruzar el estero El Volcán, pues es imposible atravesarlo sin sufrir este percance, a menos que hubiesen utilizado los puentes de campaña que, pese a estar a disposición de las Compañías, no fueron armados.
Expresó su preocupación, por cuanto no se han investigado las razones por las cuales la Parme no se encontraba en el Refugio La Cortina cumpliendo con la misión que se le había encomendado, esto es, recibir a las Compañías y proporcionarles alimento.
Precisó que oficialmente se ha sostenido que el Refugio de Los Barros podía alojar a todos los soldados, en circunstancias de que sólo una compañía podía permanecer en él, motivo por el cual los conscriptos debieron dormir en carpas cubiertas por la nieve.
Manifestó que la Compañía Andina llevaba mejores equipos que las otras y que los soldados no botaron sus mochilas, por instrucciones del Capitán señor Gutiérrez , quien, en su opinión, tuvo una actuación destacada, que ha sido valorada por los soldados que participaron en la marcha.
Finalmente, dio a conocer las siguientes irregularidades que, a su juicio, se produjeron en el marco de la investigación sumaria administrativa:
a) El Fiscal Militar se negó a entregar al Suboficial señor Grandón una copia del respectivo dictamen fiscal, donde constaban los cargos formulados, bajo el pretexto de evitar que esa información se filtrara a través de los medios de comunicación, con lo cual lo dejó en una situación de indefensión.
b) No se aplicó la atenuante contemplada en la letra d) del artículo 36 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, que beneficia a la persona que va al mando de una unidad superior a la que corresponde por su rango. Dicha atenuante debió haber sido considerada, pues el Fiscal ha sostenido que el Suboficial iba a cargo de la Compañía.
c) No debió aplicarse la agravante de mala conducta anterior, puesto que se afirma en un incidente menor que se produjo hace tres años, en circunstancias de que, según el Código de Justicia Militar, sólo se pueden tener en cuenta las hojas de vida de los últimos dos años para considerar una conducta como agravante. Precisó que en el dictamen fiscal se señala que en los últimos tres períodos registra sanciones y anotaciones de demérito, lo que no es efectivo, ya que por el contrario tiene una gran cantidad de felicitaciones.
d) Debió considerarse la atenuante consistente en la fisiopatología de la “respuesta mantenida” o freezing, ya que el Suboficial señor Grandón marchó enfermo durante once horas.
e) Se modificaron en forma ilegal y arbitraria los cargos de actuar con “falta de criterio y discreción” por el de “mala conducta”, impidiendo al Suboficial señor Grandón formular su defensa frente a este nuevo cargo.
6. Las declaraciones de los familiares de las víctimas de Antuco.
Los familiares de las víctimas de Antuco fueron recibidos en el Hotel Alcázar de Los Ángeles, el 27 de diciembre de 2005, por los Diputados señores Pérez Arriagada, don José ; Pérez Varela, don Víctor ; Ulloa, don Jorge ( Presidente ), y Villouta, don Edmundo .
En dicha ocasión, se escucharon los testimonios de la señora Angélica Monares , hermana del Sargento 2º señor Luis Monares (Q.E.P.D.); de la señora Roxana Vargas , viuda del mencionado Sargento 2°; de la señora Rosa Fica , madre del soldado conscripto Fredy Montoya (Q.E.P.D.); de la señora Margarita Herrera , madre del soldado conscripto señor Ricardo Seguel (Q.E.P.D.); de la señora Carola Renca , hermana del soldado conscripto señor Julio Renca (Q.E.P.D.), y del señor Rodrigo Morales , soldado conscripto de la Compañía de Morteros.
La señora Angélica Monares , hermana del Sargento 2° señor Luis Monares (Q.E.P.D.), aseguró que las condiciones en que murió su hermano fueron indignas, puesto que un militar no puede fallecer en medio de la cordillera vestido con ropa de calle y zapatillas. Informó que cuando el Sargento 2º señor Monares solicitó ropa adecuada para la marcha, el Comandante señor Pizarro , quien era el encargado del batallón en ese momento, no accedió a su petición, fundándose en que no le correspondía llevar el vestuario requerido por no ser montañés.
Comentó que durante la marcha, el Sargento 2º señor Abelino Tolosa vio a su hermano, quien iba adelante, cubriendo a tres soldados, que eran sus cocineros. Señaló que el mencionado Sargento 2º señor Tolosa retrocedió para atender a unos muchachos que se habían quedado rezagados e hizo un hoyo, de acuerdo con una técnica de montaña, donde se refugiaron y esperaron ayuda, que en definitiva no recibieron, debido a que el Mayor señor Cereceda mandó a la Compañía Andina cuatro horas después de que salió la Compañía de Morteros. Señaló que el Sargento 2º señor Tolosa salió a pedir auxilio, porque pensó que la Compañía Andina no llegaría, ya que, como estaba conformada por especialistas, era previsible que se devolviesen o que instalaran refugios y permanecieran en ellos hasta que pasara el viento blanco.
Opinó que no se ha procedido correctamente, puesto que se ha felicitado al Capitán señor Gutiérrez , en circunstancias de que podría haber permitido a su hermano permanecer en la carpa que había instalado. Sin embargo, le prestó unas zapatillas y le ordenó continuar la marcha, quedándose él en la carpa junto a un Teniente, aun cuando estos Oficiales tenían ropa adecuada para la montaña.
Dio a conocer que sólo la Compañía Andina portaba carpas que podían haberse armado para pasar la noche o lo peor del viento, tal como lo hizo el Capitán señor Gutiérrez , quien permaneció en una de ellas junto al Teniente señor Durand y al Cabo señor Castro , que era el especialista que mantenía la carpa de pie. Aseguró que los mencionados Oficiales no estaban en malas condiciones, por cuanto ellos fueron los últimos en salir a la marcha y habían pasado menos tiempo enfrentando el viento y la caminata.
Sostuvo que la investigación sumaria administrativa fue mal llevada, puesto que sólo se sometió a proceso a siete personas, sin considerar la responsabilidad de los instructores y del Comandante de la III División del Ejército, General señor González , toda vez que el Regimiento está bajo el mando de la mencionada División y era su deber preocuparse del lugar dónde se realizarían las campañas y de que los soldados conscriptos tuvieran suficiente alimento y la implementación necesaria para desarrollar los ejercicios.
Consideró alarmante que un Regimiento de Infantería de Montaña pida a sus soldados conscriptos nylon para poder cubrir las precarias carpas, lo cual en su opinión da lugar a dudas respecto de la forma en que se invierten los recursos del Ejército. Señaló que llevaron a los jóvenes a una campaña de montaña en donde no les enseñaron ni siquiera a usar la pala que llevaban durante la marcha y menos a construir un refugio de circunstancia. Aseguró que no le debería corresponder una indemnización menor a la que recibirían los familiares de un Oficial de Ejército en estas circunstancias, ya que su hermano fue el único que se quedó a morir al lado de sus soldados.
La señora Rosa Fica , madre del soldado conscripto señor Fredy Montoya (Q.E.P.D.), expresó que tomó conocimiento de lo ocurrido a través de los medios de comunicación y de una vecina. Agregó que se realizó una actividad en la misma Compañía para comprar algunos de los materiales que necesitarían durante la campaña y que se les pidió dos metros de nylon para proteger las carpas, guantes, gorro y calcetines de lana. Afirmó que durante la marcha se ordenó a los soldados conscriptos que se sacasen la ropa porque les iba a dar calor caminando. Comentó que uno de sus sobrinos, que sobrevivió a la tragedia, le indicó que antes de iniciar la marcha, se habrían mojado hasta la cintura.
La señora Margarita Herrera , madre del soldado conscripto señor Ricardo Seguel (Q.E.P.D.), se quejó igualmente de que el Ejército, a pesar de haber solicitado todos los datos de la familia, no le avisara oportunamente sobre lo que estaba sucediendo y de que haya circulado información contradictoria, que demostraba la falta de claridad de la institución respecto de las nóminas de sobrevivientes y de fallecidos, lo cual fue corroborado por la señora Jessica Pilar , a quien el Ejército entregó un cadáver que no correspondía al de su pariente, y por el señor Ignacio Sobarzo , cuyo hermano figura en la lista de los sobrevivientes, en circunstancias de que está muerto.
La señora Carolina Renca , hermana del soldado conscripto señor Julio Renca (Q.E.P.D.), indicó que, según pudo constatar a través de fotografías, el vestuario que utilizó su hermano durante la marcha no era el mismo que tenía cuando fue a reconocer el cadáver.
El señor Rodrigo Morales , soldado conscripto de la Compañía de Morteros, señaló que el fin de semana anterior a la marcha había buen tiempo y que, con motivo de la celebración de los ascensos de algunos Oficiales, el sábado 14 de mayo llegaron bebidas alcohólicas al Refugio Los Barros, que los mismos soldados conscriptos debieron descargar. Acotó que los festejos se realizaron el domingo 15 de mayo pero, debido a la gran cantidad de alcohol que había en el Casino de Oficiales, presume que no se acabó en un solo día.
Indicó que su Compañía, compuesta por 55 personas al mando del Capitán señor Olivares, salió a marchar el día miércoles 18 de mayo, a las 05:00 horas y que, durante los días previos, las condiciones climáticas eran bastante malas, puesto que desde el lunes había nevado sin parar y que el martes, día en que tuvieron la última instrucción, la nieve les llegaba hasta la cintura.
Recordó que debieron atravesar un estero, por lo cual se mojaron, y que se les señaló que no debían detenerse para evitar el congelamiento. No obstante, hizo presente que el agua se congeló en el cuerpo de los conscriptos y que las consecuencias fueron desastrosas. Precisó que apenas salieron del cerro protector empezó la nevazón y que en algunos sectores nevaba con tanta intensidad, que el viento los botaba, de modo que algunos soldados que estaban cerca suyo empezaron a caer al suelo.
Dio a conocer que el Cabo 2º señor Briones advirtió al Capitán señor Olivares que no se debía realizar la marcha ese día, ya que había demasiada nieve. Sin embargo, este último le comunicó que se lo iba a hacer presente al Mayor señor Cereceda , quien, a su vez, le manifestó que la orden estaba dada desde Los Ángeles y que era necesario realizar la marcha para arribar antes del día 21 de mayo y participar en el desfile. Trajo a colación que varios Suboficiales y todos los Clase de la Compañía trataron de convencer a los Oficiales de que no se debía marchar, pero no fueron escuchados, debido a que en el Regimiento siempre ha existido una discordia entre Oficiales y Suboficiales.
Sostuvo que antes de iniciar la marcha, se representó al Capitán señor Olivares que la vestimenta no era adecuada, quien transmitió esta observación al mando. No obstante, no hubo una respuesta favorable y el Mayor señor Cereceda simplemente adujo que el Ejército era pobre y no tenía recursos para costear tenidas gorotex. Añadió que tenían órdenes de devolver los zapatos especiales que les habían sido proporcionados, pero que el Capitán señor Olivares les permitió que se quedaran con ellos.
Afirmó que perdió a toda su escuadra y que él fue el único que logró sobrevivir, gracias a la ayuda del Suboficial señor Grandón . Comentó que la Compañía estaba a cargo de un Capitán y de los Tenientes señores Gómez y Aguilera , quienes durante el curso de la marcha se perdieron de vista, de modo que sólo el mencionado Suboficial permaneció junto a los soldados conscriptos. Agregó que este último no pertenecía a la Compañía, pero marchó con ellos porque estaba enfermo, guiándolos y obligándoles a no detenerse, a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad sobre los soldados.
Indicó que, como consecuencia de la tragedia, sufrió una tendinitis rotuliana a la rodilla, y junto a otros compañeros, solicitó que le dieran de baja. Sin embargo, en el Ejército le dijeron que tenían demasiados problemas, tanto sicológicos como físicos, y no accedieron a su petición. Afirmó que estuvo un mes enyesado, y que fue enviado a su casa, porque no habían camas en el Regimiento. Acotó que cuando volvió después del reposo, le manifestaron que estaba con permiso indefinido hasta que se licenciara. Hizo presente que realizó el servicio militar en forma voluntaria y que su aspiración era permanecer en la institución que es depositaria de todo su afecto.
Sostuvo que el Suboficial señor Grandón guió aproximadamente a 17 personas hasta el Refugio La Cortina, incluidos algunos Clase, como el señor Rubio , quien perdió sus zapatos. Opinó que el mencionado Suboficial fue el único que se portó como un militar, ya que animaba a todos a continuar la marcha y no abandonó a nadie.
Finalmente, hizo presente que cuando recién llegaron al Refugio de Los Barros, sólo los Oficiales y los Suboficiales dormían adentro, ya que los soldados conscriptos pasaban las noches en la intemperie, durmiendo en carpas que eran de verano.
7. Las reparaciones a los familiares de las víctimas de Antuco.
En la sesión 105ª, ordinaria, de 19 de julio de 2005, el Comandante en Jefe del Ejército , General de División señor Juan Emilio Cheyre , informó que los familiares del personal fallecido en Antuco percibieron los siguientes beneficios:
1. Seguro de vida, ascendente a la suma de tres millones ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta y cinco pesos ($3.188.935);
2. Indemnización de dos millones ochocientos veinte mil novecientos doce pesos ($ 2.820.912);
3. Pensión de montepío, equivalente al grado 14 de Sargento 2°, ascendente a doscientos veintidós mil doscientos veintinueve pesos ($222.229).
En dicha oportunidad, hizo presente que la institución no se ha limitado a otorgar únicamente los beneficios antes señalados, sino que también ha procurado desarrollar una serie de otras acciones en beneficio de los deudos y sobrevivientes, tales como la evaluación y apoyo espiritual y psicológico; la realización de talleres grupales con los padres de los fallecidos con la colaboración de la Corporación Renacer; la colocación de una lápida institucional en las tumbas de todos los fallecidos; el pago de las sepulturas y su mantención por veinte años; el traslado permanente de las familias desde sus lugares de residencia hasta el Regimiento Reforzado Nº 17 “Los Ángeles” para asistir a los tratamientos médicos y psicológicos y la inauguración de un Memorial recordatorio de las víctimas en dicha unidad, entre otras medidas.
Finalmente, expresó que, a juicio del Ejército, sería adecuado estudiar la factibilidad de materializar ayudas extraordinarias, por única vez, y en forma exclusiva, considerando la alta connotación social de los hechos acaecidos, de manera de paliar, en la mayor extensión posible, las consecuencias sufridas por los familiares directos de los fallecidos y de las personas con las cuales éstos convivían.
IV. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
1. La normativa sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas.
El inciso tercero del artículo 22 de la Constitución Política, en concordancia con el número 2 del artículo 63 de la misma, dispone que el servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. El inciso cuarto del mismo precepto agrega que los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.
La normativa legal a que se refiere la disposición citada es el decreto ley N° 2.306, de 1978, que establece normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas. Corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional, a cargo de un oficial general de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la normativa de este cuerpo legal y de su reglamento.
En consonancia con la Carta Fundamental, el artículo 13 del mencionado cuerpo legal dispone que el deber militar de los ciudadanos se extiende desde los dieciocho a los cuarenta y cinco años de edad y que se puede cumplir mediante el servicio militar obligatorio, la participación en la reserva y en la movilización.
A su vez, la citada norma, en consonancia con lo prevenido en los artículos 15 y 35, dispone que el servicio militar sólo puede cumplirse en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, mediante la conscripción ordinaria, los cursos especiales o la prestación de servicios, con un plazo máximo de duración de hasta dos años.
La ley Nº 20.045, publicada el 10 de septiembre de 2005, modifica el mencionado decreto ley N° 2.306, con objeto de introducir un cambio en el sistema de reclutamiento, que fomenta la voluntariedad en la presentación y, en subsidio, la selectividad por sorteo. Este objetivo se concreta mediante una inscripción automática; una base voluntaria de conscripción; un sistema de sorteo, como modalidad subsidiaria de selección; la incorporación de nuevas causales de exclusión del servicio militar, y de modalidades alternativas de cumplimiento del mismo; la consagración legal de los derechos y deberes de los conscriptos, y una serie de modificaciones en los hechos delictivos contemplados en esta ley y en relación con la competencia de los tribunales para el conocimiento y juzgamiento de estos ilícitos.
Respecto del proceso de selección del contingente, se pueden destacar los siguientes aspectos relevantes incorporados por la ley en comento:
-La voluntariedad como modalidad primaria de selección y la selectividad por sorteo, que constituye un mecanismo destinado a distribuir el cumplimiento del servicio militar equitativamente entre los ciudadanos llamados a servir esta carga pública.
-Se establece un procedimiento de reclutamiento y selección transparente e igualitario, que busca desterrar prácticas discriminatorias o privilegios.
-Se incorpora la inscripción automática en los registros militares, reemplazando el sistema de inscripción a través de la presentación en los cantones de reclutamiento de las personas convocadas anualmente.
-Se establece una Comisión Nacional de Reclutamiento, como el organismo superior de supervisión y control de todo el proceso de reclutamiento y selección de contingente.
-Se crean las Comisiones Especiales de Acreditación, cuya función principal será conocer y resolver las solicitudes que tengan por objeto hacer valer alguna de las causales de exclusión del servicio militar, que se encuentran enumeradas en el mismo texto legal.
2. El servicio militar en el Ejército de Chile.
2.1. Condiciones en que se desarrolla el servicio militar.
El Ejército obedece a un modelo mixto, de personal profesional, oficiales y técnicos profesionales, el que se complementa con un componente de ciudadanos que cumplen con el servicio militar, lo que se traduce en un costo significativamente inferior al de las otras instituciones de la defensa nacional, que cuentan con una mayor cantidad de personal profesional. Este sistema, pese a sus ventajas en términos financieros, impone anualmente desafíos para el Ejército, que dicen relación con la necesidad de obtener un alto grado de preparación en el nivel de ejecutantes con soldados conscriptos, y de alcanzar las competencias mínimas que permitan un desempeño eficaz y seguro en sus respectivas ocupaciones militares especializadas.
En los últimos años, se ha evidenciado un creciente índice de la voluntariedad, que fue del orden del 47,3% en el año 2000, y del 86,7% en el año 2005. Sin embargo, dado el envejecimiento de la población, según los índices de crecimiento vegetativo, existe una disminución progresiva de inscritos, lo que afecta la base de selección. Esta situación, a juicio del Ejército, se verá aumentada como consecuencia de la ley recientemente aprobada, que excluye a los ciudadanos que estén cursando el 4° año de enseñanza media.
A esta condición se suma el impacto de otras situaciones presentes en la realidad nacional, como lo es la drogadicción, los deficientes niveles de nutrición y la baja condición física, entre otras que repercuten negativamente en el desempeño y rendimiento militar.
En este mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta la diferencia demográfica de las distintas regiones del país, lo que se traduce en que, de los ciudadanos que se encuentran en condiciones de ser seleccionados para integrar el contingente, 67.259 provienen de la zona central, 5.537 son ciudadanos de la zona norte y sólo 1.003 son originarios de la zona austral. Esta realidad tiene consecuencias negativas en las personas acuarteladas, como son la desvinculación familiar, que afecta significativamente la moral del soldado conscripto; la necesidad de asumir procesos de aclimatación, por presentar estas zonas condiciones climáticas más rigurosas, y las reducidas alternativas de esparcimiento para la alta demanda, lo que incrementa la vulnerabilidad del soldado ante influencias poco deseables, unido a la necesidad de disponer de una infraestructura adecuada para atender a los conscriptos en cada uno de los regimientos.
A partir del primer día de acuartelamiento, el soldado recibe el vestuario y equipo necesarios para desarrollar sus tareas de instrucción, entrenamiento y otras propias de la vida de cuartel.
2.2. La instrucción y entrenamiento del contingente.
El Ejército, dentro de su proceso de modernización y transformación, ha implementado políticas institucionales destinadas a optimizar la instrucción, el entrenamiento y la capacitación del contingente, orientadas a privilegiar la especialización de los soldados conscriptos en sus respectivas armas o servicios, según su rol en el combate, considerando el intelecto y nivel educacional. Dentro de estas políticas institucionales se destacan las siguientes:
-El sistema modular de instrucción, que permite a través de una secuencia lógica, gradual y flexible, sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del soldado. Esta modalidad establece prioridades en cuanto a los temas y materias de instrucción, en concordancia con las particulares exigencias de cada una de las ocupaciones militares especializadas y la unidad en particular, en la que se encuentran asignados.
-El período individual (básico y especializado), que busca introducir al soldado en las técnicas de combate individual y especializarlo en alguna de las distintas ocupaciones militares.
-El período de entrenamiento de unidades (pequeña unidad, escuadra, pieza, sección, pelotón), que se realiza una vez terminado el anterior, y cuyo objetivo consiste en entrenar a núcleos completos en función de obtener una mayor eficiencia operacional.
-El período de unidad fundamental (compañía), unidad de combate (batallón), ejercicios y maniobras, similar al anterior pero con completos orgánicos de mayor magnitud.
Para la realización de cada uno de los períodos mencionados, se han establecido áreas de instrucción, que dicen relación con el adoctrinamiento, entrenamiento de combate, tiro general, entrenamiento físico, área específica del arma, servicio o especialidad, mantenimiento general y libre disposición del Comandante.
La programación de instrucción por parte de los comandantes de unidades, establece los siguientes procedimientos o sistemas que otorgan flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje:
-Sistema generalizado, en donde cada instructor enseña la totalidad de los temas a los instruidos que orgánicamente le corresponderá mandar.
-Sistema rotativo de canchas, para lo cual se organizan canchas por temas que son enseñados por el instructor.
-Sistema rotativo de especialización, en virtud del cual la unidad organiza una serie de canchas de instrucción, nombrando a cargo de cada una de ellas a un determinado instructor, que se especializa en el tema que le corresponde a su cancha y lo enseña a la totalidad de los instruidos.
-Sistema de procedimientos, en el cual se seleccionan y agrupan los temas que conforman una determinada acción, como por ejemplo, un ejercicio de ataque o de defensa, el que se enseña en conjunto.
Cada uno de estos procedimientos se complementa con apoyos a la instrucción sobre la base de sistemas de simulación, sistemas computacionales y audiovisuales, entre otros, que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo un concepto moderno en sus diferentes especialidades.
Asimismo, como una forma de asegurar la gradualidad de la instrucción, la institución tiene definido, dentro de su metodología, las siguientes fases de instrucción, que permiten regular los avances alcanzados por los instruidos:
-Fase teórica: se trata de que el instructor, al empezar a preparar la instrucción, logre un dominio total de la parte teórica del tema.
-Fase práctica: corresponde a la repetición mecánica y doctrinal de ciertas destrezas de tipo físico o psicomotoras relacionadas con el tema, destinadas a lograr un dominio por parte del instruido, que asegure en el campo táctico su comportamiento eficiente.
-Fase de entrenamiento específico: las habilidades alcanzadas en la fase práctica deben ser puestas a prueba, mediante un entrenamiento que debe realizarse bajo una situación táctica de simple desarrollo, en la cual se asignan al instruido, encuadrado en una pequeña unidad o patrulla, diferentes tareas.
-Fase de entrenamiento final: el instruido, bajo una situación de combate y en cumplimiento de una misión, debe poner en ejecución todas las destrezas aprendidas y logradas en forma específica respecto de cada uno de los temas.
2.3. El aporte social del servicio militar.
Aunque la labor primaria del Ejército está basada en lograr soldados eficientes a través de la instrucción y el entrenamiento, existe un valor agregado para el ciudadano que realiza el servicio militar representado por el aporte social que éste recibe mientras cumple con esta carga pública, el cual se expresa en el desarrollo de las siguientes actividades:
-Nivelación de estudios, a través de los programas de Educación de Adultos y Educación Técnico-Profesional del Ministerio de Educación. Anualmente, más del 50% de la dotación de contingente nivela sus estudios, con una aprobación de cursos cercana al 98%.
-Enseñanza del idioma inglés: durante el año 2005 un total de 300 soldados conscriptos accedieron a un programa especial de enseñanza de dicho idioma, a través de un financiamiento gestionado con el Ministerio de Educación.
-Capacitación laboral: se estructura considerando la demanda de mano de obra calificada que requiere el mercado por regiones, provincias y comunas. Anualmente, el 30% del contingente accede a estos cursos y durante el último quinquenio han sido capacitados un total de 15.656 soldados conscriptos en distintos oficios.
-Certificaciones de competencias laborales: este programa tiene por objeto certificar las competencias laborales que adquiere el contingente de las unidades logísticas, administrativas y otras similares, en el desarrollo de las actividades que diariamente ejecutan, lo que permite que, al término de las mismas, reciban de parte de un organismo de capacitación reconocido por el Estado, la certificación de las competencias adquiridas, quedando habilitados para desempeñarse en un determinado oficio.
-Alfabetización digital: tiene por finalidad que el contingente pueda acceder a un programa de alfabetización digital y aumentar y perfeccionar sus conocimientos a un nivel medio o avanzado. Este programa se inició el año 2003 y han sido beneficiados 32.613 soldados conscriptos, equivalentes al 62% del contingente acuartelado durante los años 2003, 2004 y 2005.
-La implementación de las Oficinas de Información del Contingente, destinadas a acrecentar el bienestar, a mejorar la situación individual y colectiva, y a resguardar los derechos de los soldados conscriptos. Estos organismos no sólo han desarrollado una labor informativa, sino que han cumplido un rol integral de apoyo en variados ámbitos, sirviendo de nexo entre las familias del contingente, los soldados conscriptos y las diferentes unidades.
3. El servicio militar en la Armada de Chile.
El Comandante en Jefe de la Armada , Almirante señor Rodolfo Codina , y el Director de Personal de la Armada , Vicealmirante señor Gudelio Mondaca , concurrieron a la sesión 111ª, ordinaria, de 13 de septiembre de 2005.
En esa oportunidad, el Comandante en Jefe de la Armada , Almirante señor Rodolfo Codina , señaló que la conscripción en esa institución corresponde al 4 % de los efectivos y está dividida en dos grandes áreas, a saber, la naval y la de infantería de marina. Destacó el hecho de que pese a que el período de conscripción es más largo que en el resto de las instituciones, el 99% de los jóvenes que cumple esta carga pública ha ingresado voluntariamente. Indicó que el servicio militar es una buena manera de mejorar la formación de muchos ciudadanos y de reclutar jóvenes que no han tenido la oportunidad de acceder a la Marina de otra forma.
Por su parte, el Vicealmirante señor Mondaca puntualizó que el propósito del servicio militar consiste en obtener una reserva naval, principalmente para la infantería de marina, y completar con los jóvenes las dotaciones referenciales de las unidades y reparticiones.
Indicó que la duración del servicio militar obligatorio es de veintidós meses, con objeto de que los conscriptos alcancen un nivel adecuado de entrenamiento para desempeñarse en unidades operativas. En cada llamado ingresan 150 marineros navales y 325 infantes de marina -son 450 y 975, respectivamente.
Dio a conocer que en los años 1998, 2000 y 2005 se ha alcanzado el 99% de la voluntariedad, a través de un plan que ha tenido como principal incentivo un trato digno y correcto a las personas, con lo cual se ha hecho atractivo el servicio militar para que posteriormente puedan seguir una carrera naval o estén capacitados para la vida civil.
Acotó que los marineros navales deben permanecer cuatro meses en el Centro Naval de Instrucción de Reclutas, en la isla Quiriquina y que, en forma paralela, los infantes de marina cumplen igual período de reclutamiento.
Explicó que de cada uno de estos dos grupos se elige a los quince mejores, a quienes se ofrece la posibilidad de ingresar en forma directa a la Escuela de Grumetes para egresar como marinero al cabo de un año. Después de cierto período, pueden llegar a ser oficiales, si es que siguen la carrera de Oficial de Mar. Comentó que hay treinta cupos para estos efectos y que, en el evento de que la cantidad de conscriptos que reúne las condiciones para mantenerse en la institución sea superior a esta cifra, los cupos podrían aumentarse. Precisó que los marineros navales realizan un curso Sence , que dura un mes, y se trasladan a las diferentes unidades y reparticiones, con un período de instrucción a bordo.
Indicó que, en total, permanecen dieciséis meses en la institución y que los soldados más destacados pueden ingresar con un curso especial Sence , diferente al que efectuaron anteriormente, y que otorga un título tanto a los infantes de marina como a los marineros navales.
Comentó que los infantes de marina tienen un entrenamiento básico, que se desglosa en un mes de entrenamiento intermedio y, posteriormente, catorce meses de entrenamiento avanzado, debido a que forman parte de los combatientes anfibios, que van junto con los infantes de marina profesionales.
Señaló que, entre las medidas para contribuir a la modernización y voluntariedad, se destacan el sistema de reinserción laboral, las becas, la continuidad de la escolaridad, los cursos Sence , los cupos para ingreso a la Escuela de Grumetes, la alfabetización digital y la nueva escala de sueldos, que será implementada con la entrada en vigencia de la ley que modifica el servicio militar obligatorio.
Destacó que otro aspecto interesante para lograr la voluntariedad en el servicio militar obligatorio, es el sistema de becas. Hasta el año 2004 existía una beca anual denominada “Premio 18 de Septiembre”, pero sólo se seleccionaba a cuatro soldados y se les asignaban $ 310.000 por un año. No obstante, nunca funcionó bien, porque dicho monto es insuficiente para lograr una capacitación real. En razón de lo anterior, las Fuerzas Armadas propusieron al Ministro de Defensa Nacional que los conscriptos reciban una beca de nivel técnico-profesional, cuyo costo anual es de un millón de pesos, por tres a cuatro años, dependiendo de la capacitación de que se trate.
En cuanto a los programas de educación, informó que el 37% de los marineros y el 45% de los infantes de marina no han finalizado su enseñanza media. Actualmente, a través del programa Chile Califica, completan esta última en forma gratuita durante los dieciséis meses que están en las diferentes unidades y reparticiones. Asimismo, hizo presente que en otras oportunidades se ha autorizado a algunos conscriptos para efectuar estudios superiores, para lo cual se les han otorgado las facilidades necesarias.
En relación con los cursos Sence , hizo presente que uno de ellos tiene por finalidad la capacitación y el otro es realizado para ingresar a la institución, vale decir, quienes no pudieron postular a la beca de la Escuela de Grumetes inicialmente, porque les faltaba completar su enseñanza media, pueden cursarla durante los veintidós meses y luego realizar un curso especial para ingresar. Igualmente, existe un curso especial de aproximadamente siete meses, que permite la incorporación del conscripto en la Armada, sin necesidad de ingresar a la Escuela de Grumetes, el cual se realiza para la obtención de personal institucional en las especialidades de gente de mar, de línea, y de escalafones especiales de panaderos, peluqueros, sastres, zapateros y lavanderos.
En cuanto a la alfabetización digital, indicó que durante el período de formación básica, la totalidad de los conscriptos recibe una instrucción acerca del uso de computadoras. Posteriormente, se permite que practiquen durante los dieciséis meses de servicio.
Puntualizó que otro incentivo importante está representado por la nueva escala de sueldos. Actualmente, perciben $18.000 durante el primer año y $ 20.000 en el segundo, monto que se incrementará en el 40% a partir de marzo de 2006.
En otro orden de ideas, hizo saber que, con posterioridad a la tragedia de Antuco que afectó al Ejército, la Mutual de Seguros de Chile proporcionó un seguro a todos los soldados conscriptos de la Armada, que otorga cobertura ante cualquier accidente que sufran en el servicio, el cual no representa un costo para los beneficiarios. En todo caso, aseguró que, afortunadamente, los accidentes con consecuencias graves han sido muy escasos hasta la fecha.
Concluyó que gracias a las medidas implementadas se ha obtenido toda la reserva naval que se requiere, principalmente para la fuerza de Infantería de Marina; se han completado las dotaciones de las diferentes unidades y reparticiones; los reclutas han adquirido perfeccionamiento a través de los cursos de capacitación y se ha mejorado el proceso de selección para el ingreso a la institución.
4. El servicio militar en la Fuerza Aérea de Chile.
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea , General del Aire señor Osvaldo Sarabia , en la sesión 111ª, ordinaria, de 13 de septiembre de 2005, señaló que la institución requiere de soldados conscriptos que efectúen tareas que no estén relacionadas directamente con el empleo de los sistemas de armas, pero que son importantes para el cumplimiento de la misión institucional, tales como la protección y seguridad del espacio aéreo.
Precisó que hace diez años, la Fuerza Aérea contaba con alrededor de 1.200 conscriptos a lo largo de todas sus bases, toda vez que la artillería antiaérea era mayoritariamente manejada por soldados conscriptos y personal del cuadro permanente.
Puntualizó que los soldados conscriptos constituyen una ecuación integral que contempla la instrucción militar propiamente tal y la instrucción valórica. Una vez que cumplen el servicio militar, pasan a formar parte de la reserva aérea movilizable, de modo que la instrucción está orientada a que, en caso de emergencia o de conflicto, brinden protección a las bases aéreas principales que se usan como base de despliegue.
Hizo presente que en el año 2002 la dotación fue de 778 soldados conscriptos; en el año 2003, de 809; en el año 2004, de 760, y en el año 2005, de 935. Por otra parte, en el año 2002, la voluntariedad fue del 85%; en el año 2003, del 85%; en el año 2004, del 91%, y en el año 2005, del 82%. Precisó que la proyección para el año 2006 es de 776 soldados conscriptos.
En lo relativo al proceso formativo, que se extiende durante el lapso de un año, los soldados que se acuartelan son ambientados en la vida militar desde el primer día y son preparados en los temas de instrucción militar, seguridad de base, instrucción militar avanzada y campaña. Al término de esta primera etapa, comienza su capacitación laboral, luego de la cual se inician la práctica profesional y las actividades permanentes, que se prolongan durante todo el servicio militar.
Informó que existe un manual elaborado por el Comando de Combate desde 1992, que es actualizado en forma permanente y contiene integralmente la instrucción militar en sus más diversos aspectos .
Señaló que la totalidad de los soldados conscriptos de la Fuerza Aérea puede optar a la capacitación y que accedieron a este beneficio 2.943 soldados en el período comprendido entre los años 2000 y 2004.
Comentó que otros incentivos guardan relación con la nivelación de estudios. En efecto, entre los años 2000 y 2004, 56 soldados conscriptos han completado sus estudios de educación básica en cuatro años, mientras que 972 lo han hecho respecto de la educación media, y 860, al término de esta última.
Informó que se contempla, asimismo, la realización de actividades de visitas profesionales, entre Temuco y Puerto Montt, y entre Iquique y Antofagasta, con objeto de conocer las unidades de vuelo, los aviones, las líneas de vuelo, las unidades de mantenimiento y los polígonos de tiro, a fin de que los soldados conscriptos conozcan cómo se desenvuelve el ambiente.
Por otra parte, dio a conocer que la alfabetización digital está funcionando y que se han iniciado los cursos de inglés. Además, una vez al mes se intenta que los soldados tengan contacto con sus familias y, en aquellos sitios donde todavía ello no es posible, opera el sistema de apadrinamiento, que consiste en que los soldados conscriptos que son de la zona puedan llevar a su casa el fin de semana a un compañero que proviene de otra ciudad del país.
Hizo hincapié en que entre los años 2000 y 2004, 144 soldados conscriptos ingresaron a la Escuela de Especialidades, que es la formadora de suboficiales. Además, dio a conocer que se realiza un curso aeromilitar básico con instrucción militar, a 27 soldados conscriptos, lo cual les permite ingresar a distintos escalafones de los servicios.
Concluyó que la institución está comprometida con el servicio militar, que se destinan importantes recursos institucionales para llevar adelante esta carga pública, que se privilegia la formación militar y la capacitación laboral, que los soldados conscriptos constituyen parte de la reserva aérea, y que tras el período que dura la conscripción, los jóvenes están mejor preparados para enfrentar su futuro.
V. LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
1. La visión del Ministerio de Defensa Nacional.
En la sesión 113ª, ordinaria, celebrada el 4 de octubre de 2005, el Ministro de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet , manifestó que el servicio militar obligatorio, por una parte, ha proporcionado al país el personal en los grados de soldado que se requiere para dotar las unidades de fuerzas en presencia, y por otra, le ha permitido contar con reservas instruidas, que en caso de conflicto, pueden ser movilizadas para completar las unidades.
Señaló que durante el siglo XX, el efecto combinado de estos dos aportes en la defensa de Chile fue decisivo para que el país, desde un punto de vista militar, contara con una capacidad disuasiva mínima. Asimismo, planteó que el servicio militar ha permitido a lo largo de su historia que generaciones de chilenos conozcan a las Fuerzas Armadas y las funciones que desempeñan, sirviendo como un efectivo instrumento de reclutamiento de personal para éstas.
Sostuvo que, desde sus orígenes, el servicio militar se ha caracterizado por entregar a los jóvenes que lo realizan una formación integral, que abarque no sólo aspectos militares, sino también físico-deportivos, sociales y valóricos, y especialmente, se ha abocado a la completación de estudios básicos y medios.
No obstante lo anterior, admitió que después de un siglo de vigencia, el servicio militar presenta una serie de aspectos que requieren ser evaluados, a fin de que mantenga su utilidad militar y, al mismo tiempo, cuente con la legitimidad social que requiere para su funcionamiento. Estos aspectos fueron detectados en el Foro Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio, organizado por el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2000, que contó con la participación amplia de distintos sectores y organizaciones sociales.
Advirtió que dichos problemas estaban referidos a la obligatoriedad, a la desigualdad en el cumplimiento del servicio militar y a las situaciones de maltrato que afectan a los soldados conscriptos.
Explicó que, en razón de lo anterior, se diseñó una política pública, que tiene los siguientes postulados:
1) Mantener la obligatoriedad de la carga pública, la que tiene rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Carta Fundamental, a lo cual se agregó, como consecuencia del debate parlamentario, la excepción que representa la objeción de conciencia.
2) Promover la voluntariedad en la presentación al cumplimiento de la misma, a través de una política de incentivos y compensaciones en favor de los jóvenes que efectivamente realizan el servicio militar, lo que se ha traducido en porcentajes de voluntariedad que ascienden a más del 70% en la actualidad.
3) Procedimiento de selección transparente, igualitario y con mecanismos de control, con el fin de evitar que el cumplimiento de esta carga pública recaiga solamente en los sectores más desfavorecidos de la población.
4) Introducción de un mecanismo de sorteo aleatorio para determinar quién finalmente realizará el servicio militar.
5) Promoción del servicio militar femenino voluntario.
6) Inscripción automática en los registros militares y revisión de los aspectos de justicia militar involucrados.
7) Mejoramiento sustantivo del tratamiento de los soldados conscriptos en los cuarteles y creación de sistemas de control y tramitación de denuncias y problemas que afecten a los mismos, lo cual se ha traducido en una disminución notable de los casos de maltrato a conscriptos.
Hizo presente que esta política pública ha sido exitosa hasta la fecha, materializándose en la ley Nº 20.045 recientemente publicada, que introdujo las modificaciones descritas en el ámbito legal.
Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que es necesario mejorar la forma en que se realiza el servicio militar, tema que debe ser abordado en el marco de la modernización del conjunto de la defensa nacional. Indicó que ello supone un debate sobre la profesionalización completa de las Fuerzas Armadas chilenas o la mantención de un modelo mixto como el vigente, en que se combinan soldados profesionales y conscriptos.
Precisó que la profesionalización completa de las Fuerzas Armadas es una aspiración a largo plazo que el país puede plantearse, en la medida en que el nivel de vida y los ingresos promedio se incrementen y conforme las necesidades de seguridad del país se modifiquen, aconsejando fuerzas más reducidas pero más tecnificadas. Hizo presente que en la actualidad no se cuenta con los recursos para enfrentar una transformación de esa naturaleza, ni para sostenerla en el tiempo, sin que ello altere sustancialmente el gasto público que se destina al sector defensa, sin perjuicio de lo cual es posible avanzar en esa dirección, como sucede, por ejemplo, con el “Programa Soldado Profesional del Ejército”.
Sin embargo, dio a conocer que subsisten algunas interrogantes respecto del impacto que la profesionalización tendría en la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad y en la capacidad disuasiva nacional, si se considera que no se generarían reservas en la cantidad suficiente, y que desaparecería esta carga pública y el sentido de servicio a la comunidad nacional y a la defensa nacional.
Puntualizó que no se puede prescindir actualmente del aporte personal de los jóvenes que realizan en el servicio militar, a la vez que es impropio seguir sosteniendo dicha carga pública sin abordar el modo como ésta se lleva a cabo, adaptándola a las nuevas características de la vida nacional y, particularmente, a las expectativas de los sectores juveniles. Afirmó que ello significa que el servicio militar debe convertirse en una oportunidad para quienes lo realizan y no en un gravamen y un riesgo como es percibido hoy por algunos sectores; que Chile debe reconocer a los soldados conscriptos como servidores públicos, e incentivarlos y compensar su esfuerzo a través de políticas públicas específicas.
A modo de conclusión, hizo presente que el Gobierno es partidario de incrementar gradualmente la profesionalización de las Fuerzas Armadas, combinándola con la mantención del servicio militar obligatorio en los términos descritos, entendiendo que forma parte de la modernización de la defensa nacional y que se vincula con las modificaciones que, con igual propósito, deben implementarse respecto de la carrera militar, de la previsión militar y de los asuntos de personal de las Fuerzas Armadas en general.
2. La propuesta del Ejército de Chile.
El Comandante en Jefe del Ejército , General de División señor Juan Emilio Cheyre , en la sesión 105ª, ordinaria, de 19 de julio de 2005, señaló que el proceso de transformación y modernización del Ejército ha tendido hacia la implementación de una estructura funcional que sea práctica y esté orientada al cumplimiento óptimo de las misiones que a la institución le competen.
En primer término, visualizó en esta organización lo que denomina una fuerza permanente, conformada por oficiales, suboficiales y clases, los cuales podrán tener dos tipos de desarrollo profesional: una carrera larga, con ascensos sucesivos y una proyección hasta los más altos grados de sus respectivos escalafones, o una carrera igual de larga con un estancamiento en cierto nivel, debido a que la especificidad de sus cargos no hace necesario cambios de grado para su desempeño. Adicionalmente, indicó que puede haber una carrera corta para escalafones de servicios o para cargos muy específicos, lo que no necesariamente implica un costo previsional.
Además de esta fuerza permanente, se concibe un segmento importante, compuesto por empleados civiles y personal a contrata, para cumplir funciones principalmente administrativas y logísticas, que no requieren de capacidades de combate y para las cuales no es necesario derivar personal uniformado, con un sistema previsional y de salud que no constituya un gravamen para la defensa nacional.
Un tercer componente de este Ejército moderno son los soldados profesionales, los que en un número superior al ya existente –modalidad implementada hace dos años-, constituyen una solución económica más conveniente que el optar por dotaciones con personal técnico-profesional, es decir, con cabos o sargentos. Explicó que el Ejército ha implementado dicho programa desde hace algunos años, pero no se ha contando con un financiamiento acorde, ya que no ha habido una asignación especial de recursos para costear los mil soldados que reúnen estas características y que en la actualidad cumplen funciones, hecho que, de mantenerse, llevaría incluso a amenazar la viabilidad de este exitoso proyecto.
Sostuvo que este Ejército moderno debería completarse, en último término, con los soldados conscriptos, que realizan el servicio militar en forma voluntaria, lo que se pretende lograr a través de una serie de incentivos que traerán como consecuencia una mayor valorización de los soldados tanto en su dimensión militar como sociocultural, quienes estarán capacitados para asimilar el conocimiento y la eficiencia en el desempeño de sus ocupaciones militares especializadas, cada vez más significativas y complejas. Por ello, se considera adecuado que la retribución monetaria de los soldados conscriptos alcance, al menos, el nivel del sueldo mínimo juvenil -$ 90.327-, estimándose que la asignación que actualmente reciben -$18.463- es absolutamente insuficiente y discriminatoria para un acto y una actividad de tanto trabajo, como es el servicio militar.
Asimismo, resaltó la necesidad de incrementar el número de soldados profesionales ya existentes y de financiar un programa que no ha recibido el apoyo requerido, ya que éste constituye la solución real a los problemas planteados y se enmarca dentro del proceso de carrera corta implementado por la institución. Aseguró que con este tipo de soldados, el Ejército está en condiciones de garantizar la operacionalidad permanente al nivel de ejecución y operación de sistemas de armas de determinadas unidades, sustituyendo a los soldados conscriptos para desempeñarse por un período de cuatro años no prorrogables.
Además, hizo hincapié en que la existencia de varias unidades dotadas con soldados profesionales permite adquirir una capacidad permanente para interoperar con las demás instituciones de las Fuerzas Armadas y con las fuerzas de otros ejércitos, de modo que sin previa capacitación, podrían ser empleadas en operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas a otro costo, o en respaldo de decisiones político-estratégicas adoptadas por el Supremo Gobierno.
VI. LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión de Defensa Nacional aprobó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, las siguientes consideraciones que sirven de base a las proposiciones de que da cuenta el acápite siguiente:
1. Antecedentes. En cumplimiento del mandato encomendado por la Sala, la Comisión de Defensa Nacional estimó necesario conocer los hechos ocurridos con motivo de la marcha realizada en Antuco, que culminó con el fallecimiento de 44 soldados conscriptos y de un Sargento 2° del Ejército. Es así como recibió las declaraciones del Ministro de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet , y del Comandante en Jefe del Ejército , General de División señor Juan Emilio Cheyre , y tomó conocimiento de la resolución emitida en el marco de la investigación sumaria administrativa instruida sobre el particular y de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso penal radicado en la justicia militar, en las cuales se han establecido hechos y asignado responsabilidades. Del mismo modo, recabó antecedentes respecto de los recursos de reconsideración, de reclamación y de apelación interpuestos por el personal militar que ha sido sancionado y de las resoluciones que sobre el particular dictaron las mencionadas autoridades y el Presidente de la República .
En relación con esta materia, es necesario destacar la especial colaboración y transparencia con que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército han proporcionado los antecedentes que se les han solicitado y la celeridad con que han sido tramitados el proceso penal y la investigación sumaria administrativa, en el entendido de que la gravedad de los hechos acaecidos y la conmoción que han originado en la ciudadanía así lo exigían.
Igualmente, se hace presente que, aun cuando el Ministro de Defensa Nacional consideró en su momento, por las razones que adujo, que no era procedente solicitar la comparecencia de militares de rango inferior jerárquico a una sesión de una Comisión de la Corporación, y que este tema no estaba debidamente resuelto en la normativa vigente, primó el criterio sustentado por la Comisión de Defensa Nacional, en el sentido de que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados reconoce tal facultad a las Comisiones, cualquiera sea el carácter de estas últimas, con lo cual quedó definitivamente zanjado el problema. Ello posibilitó que se escuchara el testimonio de dos militares que solicitaron ser recibidos por estimar que habían sido injustamente perjudicados en virtud de las resoluciones adoptadas en las instancias administrativa y judicial, a saber, el Capitán de Ejército señor Claudio Gutiérrez , quien manifestó que su actuación se enmarcó en el cumplimiento de una orden emanada de su superior jerárquico de acuerdo con la reglamentación vigente, y el Suboficial de Ejército señor Carlos Grandón , quien dejó constancia de que en la investigación sumaria administrativa fue sancionado por una falta de conducta que no estaba contemplada en el dictamen del Fiscal Instructor y que no se encuentra tipificada en la normativa que rige a la institución.
2. Establecimiento de hechos y determinación de responsabilidades. En el curso del trabajo realizado por la Comisión, se constató que en la actualidad los hechos y su calificación jurídica están siendo investigados en las instancias administrativa y judicial que corresponden, de modo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Carta Fundamental, no le compete pronunciarse sobre aquéllos. En efecto, en razón de que existen recursos pendientes en contra de las resoluciones emanadas de las mencionadas instancias, procede únicamente poner a disposición de las autoridades correspondientes los documentos recibidos en el desempeño de la labor encomendada por la Sala.
3. Situación actual del servicio militar. En el estudio y análisis realizado en la Comisión, se valoraron las modificaciones introducidas por la ley N° 20.045, de 10 de septiembre de 2005, en cuanto al establecimiento de un sistema de reclutamiento que fomenta la voluntariedad en la presentación y, en subsidio, la selectividad por sorteo. No obstante, en virtud de los antecedentes recabados, ha sido posible detectar ciertas falencias que afectan al servicio militar en el Ejército, particularmente en relación con las condiciones en que se está cumpliendo esta carga pública. En efecto, se ha advertido, entre otros aspectos, que pese al aumento de los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, se evidencia la falta de equipamiento para los soldados conscriptos. Del mismo modo, afecta el buen funcionamiento del servicio militar la circunstancia de que la institución debe realizar una verdadera labor de asistencia social respecto de los jóvenes que ingresan a la conscripción en el Ejército.
4. Modernización del servicio militar obligatorio. La Comisión estimó necesario incrementar gradualmente la retribución a quienes cumplen el servicio militar, mediante políticas públicas que permitan incorporar incentivos adecuados para fomentar una conscripción progresivamente voluntaria. Del mismo modo, consideró que deben incrementarse los programas de formación de soldados profesionales, de tal modo de materializar una progresiva profesionalización de las Fuerzas Armadas, en el marco de la modernización de la defensa nacional.
5. Modernización de la justicia militar. Aun cuando hubo un especial reconocimiento a los avances legislativos que se han producido en materia de justicia militar y a la transparencia con que se ha obrado en la investigación sobre lo ocurrido en Antuco, quedó en evidencia la necesidad de modificar las normas del Código de Justicia Militar, especialmente en lo relacionado con la competencia de los tribunales militares en tiempos de paz.
VII. LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
A partir de los antecedentes reunidos y de las consideraciones formuladas precedentemente, la Comisión de Defensa Nacional aprobó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, las siguientes proposiciones:
1. Indemnizaciones a las familias de las víctimas. En atención a la gravedad de los hechos acaecidos en Antuco y a la necesidad de mitigar las consecuencias sufridas por los familiares directos de los fallecidos y por las personas con las cuales las víctimas tenían vínculos de dependencia, se acordó solicitar al Presidente de la República que tenga a bien proponer un proyecto de ley con objeto de indemnizar a los familiares de las víctimas de la tragedia de Antuco, con beneficios similares a los otorgados por el Estado de Chile a los familiares de los fallecidos en diversos accidentes del Ejército y de la Armada, haciendo especial mención de las víctimas de Alpatacal y del Remolcador de Alta Mar Janequeo, así como con la condonación de las deudas fiscales contraídas por los familiares directos con anterioridad al 18 de mayo de 2005.
Asimismo, es recomendable considerar el otorgamiento de algún tipo de beneficios adicionales en materia habitacional, educacional y de asistencia médica, tanto a los sobrevivientes como a los hijos de los fallecidos, tales como becas para cursar estudios superiores o técnico-profesionales y los medicamentos necesarios para eventuales tratamientos psiquiátricos u otros.
2. Modernización del servicio militar. Se acordó solicitar al Presidente de la República que tenga a bien estudiar una nueva ley del servicio militar obligatorio, con objeto de:
-introducir modificaciones en el proceso de instrucción y de entrenamiento del contingente,
-consagrar los beneficios que deben otorgarse a los soldados conscriptos durante el período en que realizan el servicio militar, con objeto de propender a su retribución y a una cada vez mayor voluntariedad en el cumplimiento de esta carga pública, así como también de efectuar los cambios que permitan modificar el sentido, la estructura y la forma como se ejecuta el servicio militar. Para estos efectos, deberían adoptarse las siguientes medidas:
a) asignar automáticamente el subsidio habitacional o, al menos, considerar un puntaje adicional que favorezca a un porcentaje determinado del contingente previamente seleccionado.
b) aumentar la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos, de modo que se asimile al ingreso mínimo de menor monto, fijado para los trabajadores menores de dieciocho años.
c) incrementar los recursos en el 10% para los soldados conscriptos que cumplan su servicio militar en las Regiones I, II, XI y XII, a fin de facilitar el viaje a sus lugares de origen en caso de enfermedad o fallecimiento de algún familiar directo.
d) aumentar los recursos de capacitación, con objeto de que la totalidad del contingente pueda acceder a este beneficio.
e) otorgar cobertura de salud en caso de accidentes ocurridos en actos ajenos al servicio.
f) restituir la beca del Ministerio de Defensa Nacional a los soldados conscriptos que obtengan el “Premio 18 de Septiembre”, con una cobertura que permita financiar una carrera profesional y/o técnica, y
g) implementar mecanismos orientados a la protección de la integridad física y psíquica de los soldados conscriptos.
La Comisión acordó, asimismo, colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en el proceso de modernización del Ejército de Chile, cuyos conceptos se encuentran establecidos en la nueva Ordenanza que rige a la institución.
3. Modernización de la justicia militar. Se acordó solicitar al Presidente de la República que tenga a bien proponer la dictación de un nuevo Código de Justicia Militar, que modifique la competencia de los tribunales militares, de modo tal que tengan plena vigencia en tiempos de guerra y en conflictos entre militares que no produzcan conmoción pública, en cuyo análisis y estudio tengan participación activa el Congreso Nacional, a través de sus Comisiones de Defensa Nacional, y el Ejecutivo , por intermedio de los Ministerios de Defensa Nacional, de Justicia y de Relaciones Exteriores.
VIII. REMISIÓN DEL INFORME A LAS AUTORIDADES QUE SE INDICAN.
La Comisión de Defensa Nacional acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, poner este informe en conocimiento de S.E. el Presidente de la República , del Ministro de Defensa Nacional , del Contralor General de la República y de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado .
-o-
Se designó diputado informante al señor Ulloa, don Jorge .
Sala de la Comisión, a 8 de marzo de 2006.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas con fechas 5, 12 y 19 de julio; 2, 16 y 30 de agosto; 6 y 13 de septiembre; 4, 11 y 18 de octubre; 8 de noviembre y 20 de diciembre de 2005, 17 y 24 de enero y 6, 7 y 8 de marzo de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Ulloa, don Jorge ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Bauer, don Eugenio ; Bertolino, don Mario ; Cardemil, don Alberto ; Encina, don Francisco ; Ibáñez, doña Carmen ; Norambuena, don Iván ; Leal, don Antonio ; Mora, don Waldo ; Pérez, don José ; Tarud, don Jorge , y Villouta, don Edmundo .
Asimismo, concurrió, por la vía del reemplazo, el Diputado señor Jarpa, don Carlos Abel . Además, asistieron la Diputada señora Cristi , doña María Angélica , y los Diputados señores Bayo, don Francisco , y Hales, don Patricio .
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogado Secretaria de la Comisión”
7. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación sobre el proyecto de ley que faculta para regularizar construcciones en inmuebles en los que funcionen jardínes infantiles, en el plazo que indica. (boletín Nº 4088-04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en un Mensaje del Presidente de la República .
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
1. El proyecto no contiene disposiciones que sean propias de ley de rango orgánico constitucional o de quórum calificado.
2. Ninguna de sus disposiciones es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3. Fue aprobado, en general, por la unanimidad de los integrantes presentes.
4. No hubo artículos ni indicaciones rechazadas.
ANTECEDENTES
La ley N° 19.864, definió lo que debe entenderse por educación parvularia fijando su contenido, alcances y condiciones especiales, y otorgó el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales- jardines infantiles- que previo cumplimiento de requisitos, impartan enseñanza parvularia en cualquiera de sus niveles; por otra parte, la referida ley, regularizó la situación en que se encontraban determinadas construcciones en que funcionaban jardines infantiles -generalmente vecinales o rurales- , autorizándose un procedimiento excepcional ante las direcciones de obras de las municipalidades para los propietarios de los inmuebles cuyas edificaciones o ampliaciones hubiesen sido construidas con anterioridad a agosto de 2001, con o sin permiso de edificación, y que no contaran con recepción final. Se otorgó el plazo de dos años, desde la publicación de la ley, para regularizar la situación de los mencionados inmuebles, plazo que se extendió hasta el 8 de abril de 2005.
El Mensaje señala que, sin embargo, ese procedimiento excepcional de regularización no fue difundido debidamente por lo que su aplicación fue muy limitada, y se hace necesario otorgar un nuevo plazo para hacer efectivo el espíritu de la norma.
IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
La idea matriz del proyecto se orienta a la regularización de la situación en que todavía se encuentran determinadas construcciones donde funcionan jardines infantiles construidos o ampliados con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consta de tres artículos.
El artículo 1° faculta a los propietarios de los inmuebles donde funcionen jardines infantiles, construidos o ampliados con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva, regularizar su situación, presentando, dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley, una solicitud de permiso y recepción simultánea, más los documentos que se indican.
El inciso tercero de esta disposición limita la facultad señalada al cumplimiento de especiales exigencias:
1. Que no exista por parte de los vecinos directamente afectados reclamaciones interpuestas por incumplimiento de las normas urbanísticas vigentes; 2.- Que se hubieren cumplido con las normas de seguridad contra incendios y 3.- Que no estuvieren edificadas en áreas de riesgo (escurrimiento natural de aguas), ni en áreas declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial.
El artículo 2° autoriza a la dirección de obras municipales para devolver las solicitudes de regularización que no contengan la totalidad de la documentación pedida, debiendo el propietario subsanar las omisiones. Hecho, deberá pronunciarse dentro de los noventa días siguientes a la presentación de la solicitud. Señala la disposición que transcurrido el plazo y ante el silencio de la autoridad municipal, la solicitud se tendrá por aprobada, previo cumplimiento de todas las exigencias establecidas en el artículo 1°.
El inciso segundo contempla la posibilidad de reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, si la solicitud de permiso o recepción, o ambas, fueren denegadas. El plazo es de quince días corridos, contado desde la notificación del rechazo. Dicha Secretaría deberá pronunciarse sobre el reclamo, y, en su caso, ordenar que se otorgue lo que corresponda.
El inciso tercero consigna como sujeto activo de la solicitud de regularización al propietario y al tenedor pacífico del inmueble. Precisa la norma que en este último caso, no se presume la voluntad del propietario y deja a salvo el derecho a ser indemnizado por los daños causados por el tenedor, cuando no haya contado con su aprobación.
El inciso final de este artículo consagra la obligación de la respectiva municipalidad de paralizar el trámite cuando el propietario de opone a la regularización de las obras.
El artículo 3° exime a las regularizaciones de obras acogidas a esta ley, del pago de los derechos de edificación a que se refiere el artículo 130 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
DISCUSIÓN DEL PROYECTO
A. Aprobación en general: La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el Mensaje, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los integrantes presentes, señoras Diputadas Cubillos , Mella, Saa , Tohá y Vidal ( Presidenta ), y los señores Diputados Errázuriz , Kast , Martínez , Montes y Olivares.
B. Aprobación en particular: Durante la discusión, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos, aprobando por unanimidad la totalidad de los artículos, conjuntamente con las indicaciones presentadas:
Artículo 1°.- La Comisión acordó hacer extensiva la facultad de presentar la solicitud de regularización de los inmuebles en donde funcionen jardines infantiles, a los meros tenedores de los mismos.
El fundamento radica en la necesidad de hacer la disposición concordante con lo señalado en el inciso tercero del artículo 2°, que considera tanto al propietario como al mero tenedor del inmueble, sujetos de la acción de regularización.
Asimismo, concordó reemplazar la oración final del inciso primero, “regularizar la situación del inmueble”, por “presentar solicitud y antecedentes de regularización de la situación del inmueble”, con el objeto de precisar la obligación que recae en el solicitante, acorde con los requisitos exigidos en el mismo artículo.
Respecto del inciso segundo, la Comisión estimó necesario dejar claramente establecido que los documentos requeridos al solicitante por la dirección de obras municipales respectiva, serán de su propio costo, agregando antes de los dos puntos que enumeran los requisitos exigidos, la frase “de cargo del interesado”.
Igualmente, acordó trasladar la oración final del número 1, del inciso tercero, “con anterioridad a la publicación de esta ley”, a continuación de la palabra “presentado”, con el propósito de darle mayor énfasis al hecho de que la reclamación interpuesta por los vecinos afectados debe ser anterior a la publicación de esta ley, con el fin de evitar reclamos infundados.
Artículo 2°.- La Comisión consideró ampliar la referencia hecha en el inciso primero al “propietario”, por una expresión más genérica que incluyera al mero tenedor, acorde con lo aprobado en el artículo 1°.
En relación con este artículo, se concordaron dos indicaciones al inciso tercero: la primera, para sustituir la expresión “tenedor pacífico”, por “mero tenedor”. Al respecto, coincidió la Comisión en lo inapropiado de la acepción utilizada por la norma, toda vez, que la misma en el derecho civil, se encuentra reservada privativamente a la posesión.
La segunda indicación, agrega, a continuación de la primera oración, reemplazando el punto por una coma (,) la frase “debiendo en caso de ser necesario, acompañar una autorización notarial del propietario”. Dicha exigencia tendría por fundamento garantizar el derecho del propietario de informarse sobre el destino dado al inmueble de su propiedad.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer la señora Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Los propietarios y meros tenedores de los inmuebles en los que funcionen jardines infantiles, cuyas edificaciones o ampliaciones hayan sido construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva, podrán, dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley, presentar solicitud y antecedentes de regularización de la situación del inmueble.
Para tales efectos, se deberá presentar ante la dirección de obras municipales respectiva, una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañada de los siguientes documentos, de cargo del interesado:
a) Plano de ubicación, plantas de arquitectura de los pisos, planos de estructuras e informe del estado de conservación de la construcción y sus instalaciones, todos los cuales deberán ser suscritos por un profesional competente;
b) Certificado de dominio vigente de la propiedad en que se encuentre ubicada la construcción o ampliación;
c) Informe técnico de un profesional arquitecto o ingeniero civil, sobre el buen estado estructural y constructivo del edificio y de la carencia de riesgo físico para los usuarios;
d) Certificado de Higiene Ambiental expedido por la autoridad de salud competente;
e) Descripción, de las instalaciones de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, si correspondiere, elaborado por un profesional competente, y
f) Informe de un profesional competente sobre las condiciones generales de seguridad contra incendio y de evacuación de personas.
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que no se hubieren presentado con anterioridad a la publicación de esta ley, reclamaciones de los vecinos directamente afectados por incumplimiento de las normas urbanísticas vigentes.
2. Que se hubieren cumplido las normas de seguridad contra incendio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y
3. Que no estuvieren emplazadas en áreas de riesgo, ni en áreas declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial.
Artículo 2º.- La dirección de obras municipales devolverá aquellas solicitudes de regularización que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, debiendo el solicitante subsanar las omisiones. Cumplido lo anterior, la dirección de obras municipales deberá pronunciarse dentro de los noventa días siguientes a la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere emitido un pronunciamiento, ésta se tendrá por aprobada, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos en esta ley.
Si el permiso o la recepción, o ambos según el caso, fueren denegados, se podrá reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en un plazo de quince días corridos, contado desde la notificación del rechazo, la que deberá pronunciarse sobre el reclamo y, si fuere procedente, ordenará que se otorgue, en tal caso, el permiso o la recepción, o ambos según de que se trate.
La regularización de que trata la presente ley podrá ser solicitada tanto por el propietario como por el mero tenedor del inmueble, debiendo en caso de ser necesario, acompañar una autorización notarial del propietario. La solicitud de regularización que presente el tenedor del inmueble no presume la voluntad del propietario y deja a salvo el derecho a ser indemnizado de todo daño por el tenedor, cuando no haya contado con su aprobación.
A solicitud del propietario que se oponga a la regularización de las obras, la municipalidad respectiva deberá paralizar dicho trámite.
Artículo 3º.- Las regularizaciones acogidas a la presente ley estarán exentas del pago de los derechos a que se refiere el artículo 130 del DFL N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.”.
Se designó diputada informante a la señora María Eugenia Mella Gajardo .
Sala de la Comisión, a 7 de marzo de 2006.
Tratado y acordado en sesión celebrada con esta fecha, con asistencia de las señoras Diputadas Marcela Cubillos Sigall , María Eugenia Mella Gajardo , María Antonieta Saa Díaz , Carolina Tohá Morales y Ximena Vidal Lázaro ( Presidenta ), y de los señores Diputados Maximiano Errázuriz Eguiguren , José Antonio Kast Rist , Rosauro Martínez Labbé , Carlos Montes Cisternas y Carlos Olivares Zepeda .
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER , Abogado Secretaria de la Comisión ”.
8. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 7 de marzo de 2006.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el texto que se acompaña, debidamente autenticado, contiene el articulado íntegro del proyecto que introduce modificaciones al artículo 2° transitorio de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la renta de la actividad minera y agrega un nuevo artículo 8° transitorio (boletín N° 4095-05), con urgencia calificada de “suma”. Asistieron los diputados señores Silva, don Exequiel ( presidente ), Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Tuma, don Eugenio y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Concurrieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda , el señor Marcelo Tokman y la señora Jacquelina Saintard , asesores de dicha cartera, y el señor Diego Vio , asesor del ministerio de Minería.
Sometido el proyecto a votación en general y particular, se aprobó por 6 votos a favor y 4 abstenciones.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó diputado informante al señor Carlos Hidalgo .
Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
En consecuencia, se propone la aprobación del siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Modifícase la ley N° 20.026, de la siguiente forma:
1) Agréganse en el artículo 2° transitorio, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:
“En los casos en que participen en el capital de una empresa explotadora minera receptora de inversión extranjera, socios que gocen de los derechos de invariabilidad contenidos en los artículos 7° y, u 11 bis, numerales 1 y 2 del decreto ley N° 600, de 1974, y otros socios, nacionales o extranjeros, que no gocen de ninguno de dichos derechos o que, habiendo renunciado a la garantía de invariabilidad tributaria establecida en el artículo 7° y, en consecuencia, a la garantía establecida en el artículo 11 bis N° 1, gocen únicamente de la invariabilidad de normas del número 2 del artículo 11 bis, los socios que gocen del beneficio de invariabilidad tributaria tendrán derecho a un crédito contra el Impuesto Adicional establecido en el artículo 60 de la ley sobre Impuesto a la Renta por el impuesto específico a la actividad minera pagado por la empresa receptora de su inversión. Este crédito será equivalente a la proporción que la participación que el respectivo inversionista extranjero tenga en las utilidades de la empresa minera represente en el total del impuesto establecido en el artículo 64 bis de la ley señalada, devengado por dicha empresa en el mismo ejercicio que corresponda a las rentas afectas al Impuesto Adicional respectivo. Para este efecto, dicho impuesto deberá reajustarse según la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a aquél en que se hubiera devengado el impuesto específico establecido en el artículo 64 bis de la misma ley y el mes anterior a aquél en que deba imputarse como crédito contra el impuesto adicional que afecte al inversionista extranjero. La empresa deberá calcular y llevar el registro del crédito que se establece en este artículo en conformidad con las instruccionese que emitirá el Servicio de Impuestos Internos.
Al crédito establecido en el inciso anterior, se le deducirá la cantidad que resulte de aplicar la tasa del Impuesto de Primera Categoría que corresponda sobre el monto del impuesto del artículo 64 bis de la referida Ley de la Renta que se dedujo como gasto en la determinación de la renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría, en la proporción de la participación que el respectivo inversionista extranjero tenga en las utilidades de la empresa minera.
Si producto de la imputación establecida en los incisos anteriores resulta un excedente en favor del inversionista extranjero, éste se devolverá como pago provisional en la forma prevista en la ley sobre Impuesto a la Renta, en lo que corresponda.”.
2) Agrégase el siguiente artículo 8° transitorio:
“Artículo 8° transitorio.- Aquellos inversionistas extranjeros que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo 3° transitorio precedente y sean titulares de los derechos otorgados por el numeral 2 del artículo 11 bis del decreto ley N° 600, de 1974, en lo referente al tratamiento de la depreciación acelerada de activos, y aquellos inversionistas que mantengan vigentes contratos de inversión extranjera en virtud de los cuales gocen de dicho derecho, podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 3° transitorio de la presente ley, en las mismas condiciones y por el plazo establecido en el N° 3 de dicho artículo, con las siguientes modificaciones:
1) Podrán descontar de la renta imponible operacional establecida en el artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los intereses pagados o devengados sobre cantidades adeudadas dentro del año a que se refiere dicho impuesto;
2) No podrán descontarse de la renta imponible operacional los intereses pagados o adeudados a entidades o personas relacionadas con el explorador minero en aquella parte que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 59 de la ley sobre Impuesto a la Renta, sean consideradas exceso de endeudamiento;
3) La empresa receptora de la inversión y los inversionistas extranjeros deberán renunciar expresa e irrevocablemente a los derechos a que se refiere el numeral 2 del artículo 3° transitorio precedente, y
4) La solicitud al Comité de Inversiones Extranjeras manifestando la voluntad de acogerse a las normas del presente artículo y la renuncia a que se refiere el número precedente deberá presentarse a más tardar el día 30 de junio de 2006.”.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 20.026, QUE ESTABLECE UN IMPUESTO ESPECÍFICO A LA RENTA DE LA ACTIVIDAD MINERA Y AGREGA UN NUEVO ARTÍCULO TRANSITORIO
El presente proyecto de ley propone el otorgamiento de un crédito tributario para quienes, participando de una empresa explotadora minera receptora de inversión extranjera, gocen de los derechos de invariabilidad contenidos en los artículos 7° y/u 11 bis del decreto ley 600. La presente modificación explicita una situación que había sido resuelta de manera administrativa por el Servicio de Impuestos Internos, sin incurrir, por lo tanto, en gasto fiscal alguno.
Asimismo, se establece un régimen transitorio alternativo para aquellos extranjeros que mantengan los derechos contemplados en el numeral 2 del artículo 11 bis del decreto ley N° 600, en lo referente al tratamiento de la depreciación acelerada. Dichos inversionistas podrán optar a descontar de la base imponible del impuesto específico a la actividad minera, los intereses pagados o devengados por las cantidades adeudadas dentro del año respectivo, siempre que renuncien expresamente a los derechos antes señalados. Lo anterior implicaría el siguiente gasto fiscal para el período señalado:
Año
Cifra en MM US$
2006
1,5
2007
1,5
2008
2,6
2009
2,7
2010 en adelante
2,9
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
Moción de los diputados señores Sánchez , Álvarez , Barros , García , García-Huidobro , Navarro y de la diputada señora Laura Soto.
Modifica la Constitución Política estableciendo un límite temporal en el ejercicio del cargo de ministro de Cortes de Apelaciones y ministro de Corte Suprema . (boletín N° 4097-07)
1º Durante los últimos años se han logrado sustantivos avances legislativos en nuestro sistema de administración de justicia, lo que se ha concretado entre otras iniciativas, en un nuevo proceso criminal, además de reformas sustantivas al proceso en materia de familia y laboral. Sin embargo existen aun importantes áreas pendientes en dicha tarea, siendo una de las materias sobre la que más urge legislar es aquella relacionada con la estructura y funcionamiento de nuestros tribunales superiores de justicia.
2º Para contar con un buen sistema de administración de justicia resulta indispensable que exista una debida rotación de jueces, a fin de incentivar efectivamente a quienes inician su carrera judicial, en términos tales que cuenten con expectativas fundadas que en caso de contar con los méritos jurídicos y experiencia necesaria, podrán acceder a los puestos superiores del escalafón judicial dentro de un tiempo razonable. Es así como por ejemplo en la situación actual, al nombrar como ministros de corte suprema a personas que tengan menos de sesenta años se impide que pueda llegar a tal cargo por un término superior a los quince años, a todos los Ministros de Corte de Apelaciones del país y demás personas que cumplan con los requisitos legales para acceder a tal magistratura. Lo anterior determina que la única expectativa real de tales ministros de corte de apelaciones es concluir su carrera judicial en tal cargo hasta jubilar a los 75 años de edad; lo cual además impide que los demás jueces que puedan a su vez llegar a ser ministros de corte dentro de un termino razonable. De esta forma se perpetúa un estancamiento en la ascensión de jueces, lo que es perjudicial para un poder judicial moderno.
3º De esta forma la situación actual no permite que exista una rotación de jueces que garantice incentivos concretos al interior del poder judicial, y que impida que determinados jueces ejerzan por un tiempo excesivo como ministro de corte. Lo anterior además resulta particularmente inconveniente en regiones, sobre todo en las mas aisladas, donde los ministros de corte pasan a tener un poder creciente con el tiempo, derivado de un cargo de sensible importancia en una comunidad reducida el cual es ejercido de manera excesivamente prolongada en el tiempo, lo que pone en riesgo el debido ejercicio de la función jurisdiccional.
4º En este contexto es insuficiente el límite de edad establecido por nuestra Constitución en el inciso segundo de su artículo 80, al prescribir que los jueces cesarán en sus funciones, entre otros supuestos, cuando cumplan los 75 años de edad. Es necesario establecer un plazo para el ejercicio como ministro de los tribunales superiores de justicia, el cual si bien no puede ser hoy aplicado al resto del los jueces a fin de no afectar la debida administración de justicia, resulta recomendable que a futuro sea aplicable a todos los magistrados que integran el Poder Judicial . Hacemos presente que este proyecto tiene por finalidad limitar el tiempo en que un juez se desempeña como ministros de una misma corte, de manera tal que al concluir dicho término, el juez respectivo podrá ser trasladado a una Corte correspondiente a otra jurisdicción, si sus antecedentes así lo hacen recomendable. Lo anterior, dada la naturalaza e importancia del cargo, no se aplica a los ministros de la corte suprema, quienes después del periodo establecido por la Constitución deben jubilar del Poder Judicial .
Proyecto de Reforma Constitucional
“Modifíquese el artículo 80 de la Constitución Política de la República en los siguientes términos:
a) Intercálese en su inciso segundo, después del punto y coma (;) que sigue a la palabra edad lo siguiente: “o por haberse desempeñado como Ministro de Corte Suprema o de Corte de Apelaciones por un periodo de ocho años.”
b) Agréguese al final del inciso segundo a continuación del punto que sigue a la palabra “período” lo siguiente: “En caso de que un Ministro de Corte de Apelaciones cumpla con el plazo establecido en este inciso en el ejercicio de tal magistratura, podrá continuar por otro término igual en una Corte de otra jurisdicción.”
Moción de los diputados señores Mora, Escalona , Espinoza , Leay, Ortiz , Olivares y Silva.
Aumenta facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República en relación a las municipalidades. (boletín n° 4099-06)
FUNDAMENTOS
Fiscalización Municipalidades:
De acuerdo a los artículos 50 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas se rigen por las normas de administración financiera del Estado, siendo fiscalizadas para este efecto por la Contraloría General de la República.
Por su parte, según lo establecido en el artículo 16 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y 52 del D. L. N° 1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, la Contraloría General de la República está facultada para exigir a los servicios públicos sujetos a su fiscalización, entre ellos las municipalidades, los informes necesarios que le permitan cumplir adecuadamente su función fiscalizadora efectuando los análisis de los ingresos, gastos, costos, rendimientos y resultados de su gestión, estableciendo al efecto la forma y condiciones en que éstos deban proporcionar la información.
Responsabilidad de Alcaldes
De acuerdo al artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las municipalidades integran la Administración del Estado, señalando el artículo 15 que quienes integran dicha Administración se encuentran sujetos a responsabilidad administrativa, civil y penal.
Respecto de la responsabilidad penal que pueda caberle a un alcalde como consecuencia de los hechos investigados por la Contraloría General de la República, el artículo 66 de su ley orgánica señala que:
“La Contraloría hará efectiva la responsabilidad que en la inversión de los fondos municipales pueda caberles a los alcaldes, regidores o empleados municipales; adoptando todas las medidas conducentes al objeto; sin perjuicio de pasar a la justicia criminal los antecedentes para el castigo de los alcaldes, regidores o empleados que resulten culpables de delito “.
Esta facultad de Contraloría se ve reforzada regulándose además la persecución de la responsabilidad civil que corresponda, con el inciso segundo del artículo 133 bis de la ley N° 10.336 que señala:
“El Consejo de Defensa del Estado, a petición del Contralor, se hará parte en todos los procesos que se inicien por denuncia de la Contraloría en defensa del patrimonio de las instituciones sometidas a su fiscalización; sin perjuicio de que el Contralor General pueda iniciar cualquier juicio civil o criminal o hacerse parte, en todo proceso a que pudieren dar lugar los delitos o irregularidades que se notaren en los Servicios sometidos a su fiscalización o control”.
Respecto a la responsabilidad administrativa de los Alcaldes, en el ejercicio de sus funciones, el artículo 40, inciso tercero de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que se le aplicará el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Dicho cuerpo legal, ley N° 18.883, en sus artículos 119 y siguientes, caracteriza la responsabilidad administrativa como aquella en que se incurre cuando la infracción de los deberes es susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria que debe ser acreditada en una investigación sumaria o sumario administrativo, ambos dirigidos por un funcionario de igual o superior jerarquía a la del infractor.
De acuerdo a la estructura señalada de responsabilidad administrativa, la Contraloría General de la República, expresamente reconoce que los alcaldes tienen responsabilidad administrativa dada su calidad de funcionarios municipales. Sin embargo, a través de los dictámenes N°s 38.015/94 y 5367/94 y 12.282/00, ha establecido lo siguiente:
“No existen autoridades administrativas a las que se les haya otorgado potestades administrativas respecto de tales servidores”
“Corresponde poner en conocimiento del respectivo Concejo el informe final sobre la investigación, efectuada por Contraloría en relación a los hechos que afectan la responsabilidad administrativa del Alcalde ”
“No existe, norma que obligue a los Concejales, en este sentido se aplica el artículo 69 letra d) de la ley N° 18.595 (hoy, artículo 79 letra f), norma general en materia de fiscalización. Esta norma señala que corresponderá al Concejo fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularte las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de veinte días.
Por su parte el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde cesará en su cargo por: ... “c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes”.
Esta causal de cesación es declarada por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio.
De lo anterior se concluye que el alcalde, no obstante tener responsabilidad administrativa, carece de un superior jerárquico que pueda hacerla efectiva, correspondiéndole al Concejo Municipal fiscalizar su actuación lo que constituye una facultad y no una obligación.
En razón de lo expuesto es necesario dotar a la Contraloría de la facultad de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de aquellos alcaldes respecto de los cuales las investigaciones realizadas arrojen como resultados que se han efectuado conductas constitutivas de delitos y que además los hacen merecedores de la remoción de su cargo.
PROYECTO DE LEY
Modifíquese el D.F.L. N° 1, del año 2002, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el siguiente sentido:
En el artículo 60, agréguese en el inciso cuarto, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“La Contraloría General de la República podrá requerir directamente del tribunal electoral regional respectivo la declaración de cesación en el cargo, cuando como resultado de la fiscalización efectuada de acuerdo a los artículos 50 y siguientes, se acreditare la existencia de hechos que puedan constituir alguna de las causales establecidas en la letra c)”.
Moción de los diputados señores Mora, Araya , Burgos , Cardemil , García , Mulet , Ojeda y Saffirio.
Establece normas para facilitar a los concejos comunales el conocimiento de delitos descubiertos por la Contraloría. (boletín N° 4100-06)
“Considerando:
1. Que conforme a sus facultades legales, la Contraloría debe pasar a la autoridad judicial competente los antecedentes pertinentes cuando de cualquiera investigación, examen o revisión que practique resulte que se ha cometido malversación de fondos públicos, soborno, cohecho u otro delito semejante.
2. Que el Consejo de Defensa del Estado, a petición del Contralor, se debe hacer parte en todos los procesos que se inicien por denuncia de la Contraloría en defensa del patrimonio de las instituciones sometidas a su fiscalización; sin perjuicio de que el Contralor General pueda iniciar cualquier juicio civil o criminal o hacerse parte en todo proceso a que pudieren dar lugar los delitos o irregularidades que se notaren en los servicios sometidos a su fiscalización o control.
3. Que no existe norma similar que permita a los concejos comunales tomar conocimiento directo del organismo contralor de la comisión de delitos al interior de sus reparticiones, aun cuando conforme al artículo 199 de la Constitución Política de la República, el concejo ejerce funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y participa en la administración de la comuna.
4. Que resulta necesario introducir una modificación a nuestra legislación que precisamente permita a los concejos comunales tomar conocimiento en forma directa y por la propia entidad que realizó la investigación, la comisión delitos en los organismos de su dependencia.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 139 de la ley N° 10.336, de organización y atribuciones .de la Contraloría General de la República, cuyo refundido fue fijado por el decretó supremo N° 2421, del Ministerio de Hacienda, de 1964 a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase:
“al concejo comunal en el caso de las municipalidades.”
Artículo 2° Agrégase, en el inciso primero del artículo 73 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser coma (,), lo siguiente:
“y de los antecedentes, que recibirá el concejo de la Contraloría cuando de cualquiera investigación, examen o revisión que practique resulte que se ha cometido malversación de fondos públicos, soborno, cohecho u otro delito semejante, en cualquiera de las reparticiones de la respectiva municipalidad.”
Artículo 3°.- Agrégase la siguiente letra g) en el artículo 63 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
“g) Notable abandono de deberes declarado por el Tribunal Electoral Regional, a petición de cualquier ciudadano inscrito en el registro electoral de la comuna, cuando hubieren transcurrido más de sesenta días hábiles desde que el concejo tomó conocimiento de Contraloría que se ha cometido malversación de fondos públicos, soborno, .cohecho u otro delito semejante, en cualquiera de las reparticiones de la respectiva municipalidad, sin emitir un pronunciamiento”.
Moción de los diputados señores Mora, Errázuriz , Cornejo y Muler .
Reforma la Constitución Política de la República modificado las denominaciones de autoridades que indica. (boletín N° 4101-07)
“Considerando:
Que nuestro país se encuentra actualmente en un acelerado proceso de cambios para insertarse con propiedad en las nuevas instituciones que el mundo requiere para su correcto desarrollo en el ámbito de una sociedad moderna, ágil y democrática.
Que los ciudadanos requieren una participación más activa, acorde con la evolución de los tiempos en que los conceptos de antes no son plenamente aplicables a divisiones geográficas que ya no cumplen la función para la cual fueron creadas, por haber agotado su aplicabilidad en el tiempo.
El programa del nuevo gobierno de la Concertación impulsa la elección directa de los consejeros regionales, terminando de este modo con el actual sistema de elección indirecta de éstos, y promueve el fortalecimiento de los gobiernos regionales, definiendo de mejor forma las facultades de intendentes, gobernadores y consejos regionales. Para ello debe existir una correlación entre la nomenclatura de los cargos regionales y provinciales y sus funciones para producir un acercamiento con la ciudadanía para el beneficio de la acción común que debe existir para un buen resultado de la gestión.
Se propone que los actuales intendentes se denominen “Gobernadores Regionales”, pues precisamente tiene a su cargo el gobierno de la región, que los Secretarios regionales de los respectivos ministerios pasen a llamarse “Ministros Regionales”, y que los actuales gobernadores pasen a denominarse “delegados provinciales”, pues de esta forma la comunidad entenderá con mayor facilidad sus funciones e importancia.
Por estos antecedentes y otras consideraciones de carácter conceptual es conveniente cambiar algunas denominaciones de autoridades regionales y provinciales establecidas en nuestra Carta Fundamental, para lo cual los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de reforma Constitucional:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:
a) Reemplázase en los artículos 32 N° 7, 52 N° 2, letra e); 57 N° 2); 111, 112, 113, 116, 124 y 126, la palabra “intendente” por “gobernador regional”.
b) Sustitúyase en los artículos 32 N° 7, 52 N° 2, letra e); 57 N° 2); 116, 117 y
c) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 33:
“En cada Región habrán Ministros Regionales , cuyo número y organización será determinado por la ley.”