Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ASIGNACIÓN DE CRÉDITO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON AVAL DEL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Burgos Varela
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Ximena Vidal Lazaro
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carlos Montes Cisternas
- Fernando Meza Moncada
- Exequiel Silva Ortiz
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Jose Perez Arriagada
- Maria Isabel Allende Bussi
- Edmundo Salas De La Fuente
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Antonio Kast Rist
- German Becker Alvear
- Marcelo Forni Lobos
- Alfonso Vargas Lyng
- Felipe Salaberry Soto
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Ivan Moreira Barros
- Manuel Rojas Molina
- Roberto Delmastro Naso
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Victor Perez Varela
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pablo Longueira Montes
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ASIGNACIÓN DE CRÉDITO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON AVAL DEL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Moreira Barros
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 73ª, en martes 24 de enero de 2006
(Especial, de 18.42 a 21.06 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Robles Pantoja, don Alberto, y Cornejo Vidaurrázaga, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo,
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Asignación de crédito de educación superior con aval del Estado. Proyecto de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los diputados señores Espinoza, Ascencio, Burgos, Bustos, García, Hales, Jaramillo y Moreira, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, aumentando la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir en caso de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. (boletín N° 4090-15) 43
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio del Interior:
- Diputado Muñoz, don Pedro, tragedia en mina de Río Turbio, provincia de Santa Cruz , Argentina.
- Diputado Bayo, antecedentes sobre personalidad jurídica de Club de Ancianos de Angol.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Navarro, necesidad de instalar una Comisaría en comuna de San Pedro de la Paz, Octava Región.
- Diputado Navarro, información sobe robo de animales en las regiones que indica.
- Diputado Saffirio, recursos para transformar retén en tenencia, en Labranza, Novena Región.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Prieto, reitera oficio 9001; y solicita antecedentes sobre la construcción de una nueva cárcel en la ciudad de Talca.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
- Memoria año 2004 del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Corte de Apelaciones:
- Diputado Araya, plazas vacantes de jueces en tribunales de familia de Antofagasta.
Municipalidad de Tomé:
- Diputado Navarro, reposición de Escuela de Rafael, comuna de Tomé, Octava Región.
- Diputado Navarro, información sobre estado de construcción del gimnasio del Liceo Polivalente de Tomé y entrega de recursos regionales para la obra.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrázaga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jofré Núñez, Néstor RN I 2
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos IND-RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, los ministros de Educación Pública , señora Marigen Honkohl, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff, y la directora de la División de Educación Superior, señora Pilar Armanet, del Mineduc.
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Rodolfo Seguel.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 18.42 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 68ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 69ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON AVAL DEL ESTADO. Proyecto de acuerdo.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
La presente sesión, motivada en una presentación suscrita por 46 señoras diputadas y señores diputados, tiene por objeto “analizar el grave error cometido por la Comisión Administradora del nuevo crédito de educación superior con aval del Estado, donde se excluyeron de manera negligente a miles de alumnos y a sus familias, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley para estos efectos, causando un daño irreparable a la fe pública y un perjuicio económico para el fisco y a sus beneficiarios; y determinar fehacientemente las responsabilidades políticas y administrativas de este inexcusable error del Ministerio y de la Comisión encargada de administrar el crédito.”
El tiempo previo de 15 minutos que establece el artículo 74 del Reglamento corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
El señor KAST .-
Señor Presidente , diputados de Renovación Nacional y de la UDI hemos solicitado la celebración de esta sesión especial ante los graves hechos ocurridos con motivo de la asignación de créditos con aval del Estado a estudiantes de educación superior.
Para graficarlos me voy a permitir leer las opiniones de algunas destacadas personalidades nacionales, ello, con el fin de aclarar, por su intermedio, señor Presidente , a los ministros señores Vidal y Puccio , que éste no es un caso de aprovechamiento político, como ellos han señalado en forma reiterada.
Comienzo con la lectura de parte de un artículo de don José Joaquín Bruner , de 15 de enero de 2006, que dice: “Crédito estudiantil: torre de Babel. Por su lado, la fijación administrativa de aranceles de referencia (necesaria para contrarrestar la espiral de costos) no aparece, hasta ahora, suficientemente explicada. No se conoce la información empleada para su fijación ni se entienden los criterios usados para determinar “bandas de precio” que, equivocadamente, aparecen como rankings de calidad de la docencia ofrecida.”
El viernes 20 de enero, don Luis Riveros , rector de la Universidad de Chile, señalaba: “Las decisiones se están tomando sobre la marcha y no por análisis y estudio acabado.”
El 23 de enero, don Nicolás Grau , presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, indicaba: “Ministra de Educación debiera renunciar. Si ella sabía la información y nunca reconoció el error, mi impresión es que debiera renunciar a su cargo.”
Por último, las palabras de un ilustre colega, que nos acompaña hoy, publicadas en el diario La Tercera del 23 de enero del presente año, donde señala: “La ley dice que el factor socioeconómico debe tener una alta ponderación. Acá no sólo hubo un error, sino que esto fue ilegal.” Son palabras de don Carlos Montes, miembro de la Comisión de Educación, quien fue parte de la discusión de este proyecto, y lo dice muy bien porque el proyecto de ley, en su artículo 10, señala, taxativamente, lo siguiente: “Entre los estudiantes que reúnan los requisitos académicos para postular a créditos regulados por esta ley se dará preferencia en la adjudicación de la garantía estatal a aquellos alumnos cuyas condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar sean menos favorables.” Y ocurrió exactamente a la inversa, por lo que hemos sabido hasta el momento, porque la información no ha fluido como debiera, después de un error de esta magnitud.
Aquí se ha tratado de decir -textualmente- que estamos frente a un error administrativo de carácter informático. Cuando leí esta explicación no pude más que recordar que hace diez años se nos dijo que en Codelco, fruto de un error computacional, Chile había perdido varios cientos de millones de dólares, y en un momento inicial todos creímos en la veracidad de esa versión.
Pero, ¿qué sucedió después? La nómina de estudiantes beneficiados con el crédito se anunció el lunes 16, cuando, a mi juicio, el Ministerio ya debía tener conciencia del error que se estaba cometiendo, porque ese día llegaron muchos jóvenes con sus familias al Ministerio de Educación a reclamar por la situación que los afectaba, porque cumplían con los requisitos y no tenían créditos. Ahí el Ministerio ya debía haber intuido el problema y ese mismo día debería haber pensado que era bastante mayor que el que fueron anunciando poco a poco.
Pero el miércoles 18 de enero el Presidente de la República propuso elevar el beneficio a 40 mil jóvenes. Y ¿qué dijo el Gobierno? Para ello voy a dar lectura a lo que publica un diario de circulación nacional: “Duplican crédito con aval fiscal a 28 mil alumnos”, lo cual es una muy buena noticia y nos alegramos de que fuera así. Y agrega: “El Gobierno reconoció que la fuerte demanda por créditos con aval del Estado que estaba dejando a postulantes de escasos recursos sin ayuda financiera para pagar sus estudios superiores, lo obligó a reconsiderar la situación y aumentar drásticamente el número de beneficiados para este año.”
Por su parte, la señora ministra calificó de muy buena la noticia de que el número de beneficiarios aumentara tan significativamente.
Es decir, nos trataron de convencer de que estábamos frente a un Presidente muy benevolente, magnánimo, casi frente a un rey, que por él y ante él duplicaban de un día para otro los recursos. Esto nos dejó a todos muy contentos, porque pensamos ¡qué bueno, que después de seis años los jóvenes que no habían tenido posibilidad de crédito, a quienes se les había prometido financiamiento desde el primer día, lo iban a tener, porque los recursos se iba a duplicar!
Pero empezamos a escuchar la opinión de jóvenes y padres que decían “Aquí hay algo malo”, “Algo está mal”, y del Ministerio todavía no se oía nada.
Por eso es tan importante que a partir de ahora se comiencen a asumir las responsabilidades administrativas, como ya en alguna medida lo hizo el señor Larraín y hoy el señor Hamuy , porque cada día sigue renunciando gente, pero son de segundo orden y la responsabilidad política la tiene que asumir tanto la señora ministra como la jefa de la división de educación superior, señora Pilar Armanet .
La señora ministra debe asumir su responsabilidad no tanto por lo que heredó -alguien podría decir: “Ella viene llegando; no tiene responsabilidad en este hecho”-, sino que por no haber dado a conocer la información de manera inmediata y oportuna, apenas se conoció esta situación. No quiero citar palabras de algunos consejeros que señalan: “O habla usted, o hablo yo”. Ella tiene que responder por no haber dado la información veraz y fehaciente a la opinión pública desde el mismo minuto en que se conoció. Quizás ahí podríamos haber pensado que se trataba de un error, pero al ocultarlo y tratar de limpiar la imagen del Presidente para que termine su mandato en gloria y majestad, incurrió en negligencia y casi en negligencia culpable. Porque muchos jóvenes que tenían la posibilidad de acceder a estos créditos y al legítimo derecho de ingresar a la universidad que ellos deseaban, se pueden quedar sin cupo porque los créditos fueron asignados erróneamente a jóvenes de mayores ingresos.
Este es un hecho grave, como también que se nos diga, además, que es fruto de “un error administrativo de carácter informático”, ya que a partir de este momento todos los sistemas de asignación de recursos del Estado pierden credibilidad.
¿Qué va a pasar en el futuro cuando se asignen mal los subsidios habitacionales? ¿Qué pasaría si todas las pensiones asistenciales se asignaran por arte de magia solamente a militantes de determinados partidos políticos, por ejemplo del PPD, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana? Y después, al descubrirse un error informático administrativo, se nos diga: “Mire, fue un error administrativo, pero ahora les proponemos que los militantes de la UDI y Renovación Nacional también la tengan”, porque contamos con más recursos. ¿Qué pasaría con el programa Chile Solidario, con los bonos Indap? ¿Qué certeza pueden tener de aquí para adelante las personas que aparecen en los listados, que no fueron fruto de un error informático?
Por lo tanto, éste no es solamente un error que debe asumir el director de la comisión, sino también los responsables políticos; de lo contrario, esta situación se va a seguir repitiendo en el tiempo. Nunca nadie se va a ser responsable y, como siempre pasa en Chile, el hilo se va a cortar por lo más delgado. Pero se pone en juego la credibilidad de todo un sistema de asignación de recursos de la Nación. ¿Qué sentido tiene -se pregunta uno- discutir por semanas y meses, el Presupuesto de la Nación? Por ejemplo, leo cualquiera glosa. La Nº 8, programa 30, capítulo I, partida Nº 9, de la ley de Presupuestos -fruto de un arduo trabajo realizado por muchos de los que están aquí presentes- dice: “Estos recursos se podrán destinar exclusivamente a las adquisiciones a que se refiere el número 2) del artículo 5º de la ley Nº 20.027 y su reglamento para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 20.027. El monto máximo de garantía estatal que el fisco podrá otorgar durante el año 2006 será de 20 mil millones de pesos”. ¿Qué sentido tiene discutir esto por semanas y meses, si después, de un día para otro, por un error administrativo de carácter informático se nos dice que podemos duplicar y triplicar el monto?
¿Qué pueden decirle a los jóvenes que vienen todos los 21 de mayo al Congreso Nacional a pedir más recursos, cuando toda la vida les han manifestado que no hay más financiamiento para ellos y hoy, debido a un error administrativo informático, se pueden llegar a triplicar los fondos?
¿Cómo es posible que siempre se dijera que no había más recursos y hoy, como por arte de magia, aparecen? Y el ministro Eyzaguirre nos dice que habría que meterse la mano al bolsillo porque estamos frente a un problema grave. Dicho problema se arrastra desde el inicio del Gobierno de Lagos, porque él prometió que habría financiamiento para todos los alumnos.
¿Qué hicieron durante cinco años? Nada. No se avanzó ni en un artículo de la iniciativa, pues también la señora Pilar Armanet nos dijo que el proyecto tendría que asociarse a la acreditación. Cuando planteamos que debían separarse y resolverse primero el financiamiento, que era lo más urgente, se nos dijo que era imposible. Con posterioridad, cuando vieron que se les venía el tiempo encima y que no habría financiamiento, separaron los proyectos -en esa oportunidad se podía- y sacaron adelante el financiamiento.
Pero, quiero decir que ¡basta de improvisaciones! Porque ya nos sometieron a improvisación con el cambio de la Prueba de Aptitud Académica por la PSU, en la que también la señora Pilar Armanet tuvo una participación importante. Todo el cambio que se prometió era para acortar la brecha entre los estudiantes de los colegios públicos y privados. ¿Qué pasó? Se agrandó la brecha.
Se dijo que la Prueba de Aptitud era discriminatoria y que, incluso, tenía un sesgo relacionado con el sexo. En verdad, nada de eso se ha comprobado. Cuando pedimos en su momento que se hicieran las dos pruebas para garantizar la validez de la PSU, se nos manifestó que no se podía.
¿Cuál fue el resultado? El aumento de la brecha, fruto de la improvisación. Ayer fue la Prueba de Aptitud Académica, hoy son los créditos. ¡Dios nos libre el día de mañana, porque no sabemos qué nos depara el futuro con estas autoridades en el Ministerio de Educación!
También se nos acusó de usar políticamente el tema. Eso es falso. ¿Qué hicimos como parlamentarios de Oposición? Primero, una denuncia pública que, por lo demás, está dentro del legítimo derecho de cualquier persona que siente que se están haciendo mal las cosas.
Segundo, en el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora hicimos una presentación a la Contraloría General de la República. Y, sorpresa, nos encontramos con que el señor director de la Comisión que asigna los créditos ya tenía dos contratos previos con el Ministerio de Educación, aparte de un trabajo que hizo -aparece publicado en su página web- en el que se dice que realizó estudios para el Mineduc acerca del financiamiento de la educación superior.
Todo se llevó a cabo en forma muy transparente. Dos contratos: uno por 12 millones, otro por 16 millones. Ahora queremos saber si era uno o dos. Y cuando sale esto a la luz pública, se nos expresa que estamos ante un error técnico en la asignación.
Antes estábamos frente a un error administrativo, de carácter informático; ahora, ante un error técnico en la asignación, y eso ocurrió porque no hubo licitación. Al parecer, el señor Larraín actuó por contrato directo. Luego le vamos a consultar a la señora Pilar Armanet cómo se contrató al señor Larraín . También hay que ver si hay infracción a la ley de probidad.
Por último, quiero hacer un reconocimiento público a algunos medios de prensa. Por ejemplo, al diario La Segunda y al canal Mega, que se atrevieron a dar a conocer lo que estaba pasando.
Junto con ello, deseo formular un reconocimiento a los cientos de jóvenes y a sus padres que se atrevieron a reclamar y no bajaron los brazos hasta que se supo toda la verdad y obtuvieran créditos, que es lo mismo que nos mueve a nosotros.
Esperamos que de aquí para adelante se asigne crédito a todos los alumnos que postularon en un ciento por ciento. No en los porcentajes de 60, 40 ó 50 por ciento.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , hace casi 11 años estalló el escándalo Codelco que pasó a la historia como el “Davilazo”, en alusión al apellido del operador de mercado a futuro que protagonizó el fraude, con pérdida de más de 200 millones de dólares para esa empresa estatal.
Así se inicia el editorial del diario “La Tercera” de hoy, que traigo a esta Sala no para escarbar episodios vergonzosos de nuestra historia reciente, sino para recordar que allí, tal como hoy, también se habló de un error computacional o informático, explicación pueril, risible y sobre todo, como lo expresa la columna, descarada.
Parece que nuestras autoridades están convencidas de que los chilenos somos ingenuos para creer una explicación tan absurda. ¿O es que definitivamente estamos convencidos de que el arte de la comunicación permite explicar cualquier barbaridad? Es mejor, y siempre será así, reconocer inmediatamente lo producido y asumir las responsabilidades con entereza, pero no seguir tozudamente abusando hasta el cansancio de la paciencia de la ciudadanía con verso liviano y palabrería sin contenido.
Ese comportamiento de querer explicar hasta el absurdo, deslindar responsabilidades y culpar a funcionarios menores se ha hecho una constante en nuestro país. Cuando se cae un puente, son los trabajadores; cuando la Alameda se llena de hoyos, son eventos. Se ha creado una cultura de no asumir nada, lo cual es muy peligroso, pues comenzamos a dar señales de que aunque pase algo nada pasa. Ese es el principio de un camino peligroso que debemos enmendar.
Lo ocurrido con la asignación de los créditos con aval del Estado es el paradigma de lo que estoy señalando, con la agravante de que no sólo se explica burdamente, sino que hay un ocultamiento de información que es pública, al menos durante 48 horas, como lo denunció uno de los integrantes de la comisión administradora que preside la señora ministra de Educación .
¿Qué se temía? ¿Por qué no se reconoció inmediatamente? ¿Quién le dio atribuciones a esa autoridad para transgredir la Constitución Política de la República? Aquí se ha violado la ley y, lo que es más grave, se han afectado las esperanzas educacionales de miles de jóvenes y sus familias, quienes habían depositado su confianza en este sistema que se abría a la totalidad de las instituciones de la educación superior: universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica. Precisamente, a estos dos últimos van los alumnos de más escasos recursos.
El anuncio hecho por el Gobierno de absorber la totalidad de la garantía de los 49 mil jóvenes que calificaban nos parece bien, porque, digámoslo derechamente, todos ellos provienen de hogares de menores ingresos. La única diferencia es que los 14 mil iniciales son, por así decirlo, menos pobres que quienes no calificaron en la lista inicial, pero tienen igualmente tremendas dificultades para financiar sus estudios, por lo que desde el primer momento manifestamos nuestra posición en términos de que se les debían mantener las asignaciones, pues no tenían responsabilidad alguna en lo que aquí ocurrió.
Esperamos que este anuncio se haga realidad y así se restaure también la tranquilidad perdida de los estudiantes y sus familias, quienes han vivido momentos de angustia, de desesperación y de incertidumbre. Pero, además, aquí debe haber una investigación muy profunda. La prensa ya comienza a develar ciertos misterios, como los que trae el diario La Segunda en su edición de hoy.
Espero que la Contraloría General de la República vaya al fondo de este asunto, porque esto no debe volver a ocurrir, y para que eso no suceda las responsabilidades administrativas y políticas deben quedar claramente establecidas.
No se puede jugar con la esperanza de la gente de manera tan irresponsable y después intentar esconder el problema. En este caso ha habido un daño enorme al sistema, de manera que tenemos que restituir las confianzas. Próximamente conoceremos el resultado de los créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. ¿Reflejarán efectivamente la realidad de los alumnos? ¿Serán los jóvenes más necesitados los beneficiarios?
Cada vez que se asigne un beneficio por esta vía surgirá la duda. Eso es muy negativo, porque las políticas públicas se basan en la confianza que generan en la población. Lo peor que pudiera pasarnos es no llegar al fondo del asunto y seguir con el absurdo de plantear que sólo hubo un error informático. Debemos aprender de los errores y hacer las correcciones necesarias, para que este sistema, que tanto costó tener, funcione adecuada y eficientemente. Ello requiere planificación, rigurosidad, seriedad, revisiones exhaustivas, control y supervisión, lo que constituye el deber y la obligación de las máximas autoridades del Ministerio de Educación. Es decir, se debe llevar a cabo todo lo que faltó en esta oportunidad, pues parece que al final de las administraciones viene un relajo total, en circunstancias de que el trabajo más importante que tenían las autoridades del Ministerio de Educación era precisamente el de administrar este proceso, que debiera haberse estrenado sin problema alguno.
Por eso, bajo esa inspiración, insisto en que la Contraloría General de la República debe investigar a fondo y aclarar todo, incluidos cada uno de los organismos y estamentos involucrados en este proceso, desde los responsables directos en la administración del programa, de su diseño e implementación, hasta el Ministerio de Educación y el Servicio de Impuestos Internos, este último con un rol muy significativo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , es difícil aproximarse a un tema tan sensible para la opinión pública, como el fallido primer proceso de adjudicación de las garantías estatales para los créditos de la educación superior sin caer en irresponsables prácticas políticas, con el afán de ganar dividendos populistas que al final se vuelven en contra.
Frente a la luz de los antecedentes entregados por la ministra de Educación , podemos seguir insistentemente adjetivando esta situación como impresentable, imperdonable y con otros calificativos que hemos escuchado tanto en los medios de comunicación como en el hemiciclo. Esa clase de epítetos no nos ayudan a buscar mejores herramientas o probable más inversión para que esta crisis informática no vuelva a ocurrir.
Los seres humanos fallamos, al igual que las máquinas y los sistemas informáticos. El punto es cómo debemos reaccionar para superar estas fallas y entregar las respuestas adecuadas que todos esperamos. Primero, hay que hacer una investigación acuciosa de los hechos acontecidos por el organismo que fiscaliza cualquier evento cuestionable que ocurra con la administración de los créditos avalados por el Estado, lo que está contemplado en la propia ley. De manera que, como corresponde, la Contraloría ya está trabajando en este caso.
En segundo lugar, como Cámara de Diputados nos compete solicitar todos los antecedentes sobre el hecho acaecido y respecto de las acciones realizadas. Frente a un hecho lamentable los responsables tienen que hacerse cargo. Así lo han hecho los funcionarios del Ministerio de Educación y los ejecutivos de los programas involucrados, quienes han renunciado a sus puestos. Hoy se encuentran en la Sala de la Corporación la ministra de Educación , Marigen Hornkohl , y la jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet , con el objeto de entregar todos los antecedentes respecto de esta crisis. Eso es lo que corresponde.
Queda ahora dar argumentos políticos que avalen una indagación seria, que busque realmente los mecanismos y soluciones adecuadas que respondan a la investigación de la Alianza, que busca sacar dividendos políticos a costa del seguimiento, en este caso, de jóvenes con acceso a crédito universitario que por ley lo tienen asegurado y quienes se vieron transitoriamente amenazados por este error computacional fortuito que todos conocemos.
Pero también sabemos que el daño es absolutamente reparable. No nos olvidemos de que existe un esfuerzo constante del Estado para ampliar la cobertura de las ayudas económicas para la educación. Es un deber incrementar la inversión financiera en el área educativa, que es donde se evidencia la mayor inequidad en cuanto a la distribución del ingreso. Eso se ha estado haciendo sistemáticamente con la ayuda del Estado a la sociedad chilena.
Llamamos a la Oposición a no tener doble discurso, a no unir un error computacional específico, que empaña por supuesto la primera adjudicación de beneficios de esta ley promulgada el 2005, con una historia que repiten majaderamente, y que, al final, no les trae los resultados electorales que esperan. Por ello, les recomiendo cambiar esa estrategia.
Las acusaciones vertidas esta tarde por los diputados de la Alianza tienen como base una argumentación bastante falaz. Han dicho que no hubo información suficiente y que nadie se hizo cargo de los errores. Pero lo que hemos escuchado esta tarde es todo lo contrario.
La ley que se promulgó en junio de 2005 y que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior tuvo su puesta en marcha. Como sabemos, a pesar de ese error informático, beneficia a los quintiles más pobres de nuestra sociedad. Y lo que realmente más nos interesa es que los quintiles más pobres reciban los beneficios, que las cosas se hagan de cara al país, y que se responda adecuadamente, como se ha hecho en esta crónica de una crisis informática anunciada.
No me quiero hacer cargo de la crónica, pero sí de la presencia fuerte en los medios de comunicación de los jóvenes y sus familias, y lo hemos reconocido como una ciudadanía organizada. Eso tratamos de tener como país; por un lado, que las instituciones funcionen y, por otro, que la ciudadanía siga activa. Fue importante la movilización de los estudiantes de la semana pasada para entregar la información y los argumentos necesarios. Esto los afectó en un primer momento. Pero debo aclarar que no está en cuestionamiento la ley promulgada, sino la seguridad del sistema informático que, de acuerdo con las inscripciones de los beneficiados por ley, otorga los cupos para estos créditos de educación superior avalados por el Estado.
Se debe reforzar el sistema informático y buscar todas sus debilidades para que la segunda adjudicación del próximo año tenga el éxito necesario y no se repita esta situación.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , luego de escuchar a la diputada señora Ximena Vidal , debemos pensar que estamos viviendo en un país de maravillas.
Sin embargo, quienes integramos la Comisión de Educación -le consta a quienes nos acompañan, entre otros, a la señora Pilar Armanet -, hemos hecho todo el esfuerzo posible para solucionar los problemas derivados de la debilidad o del talón de Aquiles de los gobiernos de la Concertación.
Pero, en este afán del Gobierno de ocultar las cosas, nos hace sentir ese sinsabor de que, una vez más, el pueblo ha sido engañado.
Ciertamente nos llaman la atención los errores que supuestamente ha cometido el Gobierno de la Concertación. Se habla del “Davilazo”, de los jarrones, del puente que se construyó mal, de la mala construcción, etcétera. Pero, ahora, estamos frente a una situación que no es menor. Quiero decirle a la diputada Ximena Vidal que no es algo menor.
La Concertación tiene su talón de Aquiles: la educación. Ahí están los resultados de la prueba Simce y de la PSU. Y cuando el ministro Bitar .......... para cumplir labores políticas, el deber de quienes conformamos la Cámara de Diputados es decirle que fue .........., porque él sabía lo mal que estaba el proceso educativo.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.
Pero no solamente hubo un error computacional; también hay errores en la evaluación docente porque está mal concebida. No se puede evaluar en igualdad de condiciones porque hay colegios vulnerables y otros que no lo son.
Lo único positivo de este error es que el Gobierno ha dado respuesta inmediata, diciendo que hay recursos para una cantidad equis de alumnos.
El diputado Kast decía que hemos luchado y levantado la voz para que se entreguen más recursos a la educación superior: el AFI, las becas, Gómez Millas , etcétera. Hoy, gracias a un error, se le dan los recursos necesarios. Es decir, en este país, ¿hay que meter la pata para conseguir recursos? ¿Hay que cometer errores para conseguir recursos para atender a los niños en los hospitales? Espero que no sea un simple error porque estamos hablando de la educación, que es la única actividad, arma, o como se quiera llamar, que permite acortar la brecha social, que todos rechazamos. Un país sin educación va al abismo, y el Gobierno no ha sido capaz de cumplir el compromiso de sacar adelante una buena educación.
Por eso, hay preguntas sin respuestas, ¿Cuántos serán realmente los estudiantes favorecidos? ¿Qué pasará con los estudiantes que por este error computacional fueron favorecidos con el crédito sin que les correspondiera? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Cuántos son los recursos que el Gobierno está dispuesto a entregar? Asociado a esto, es necesario saber si las universidades están dispuestas a avalar los créditos.
Frente a esta situación el Gobierno le ha mentido a la comunidad. Pero, como ya pasaron las elecciones, da lo mismo. Tienen cuatro años más, y espero que durante ese tiempo la Concertación no siga cometiendo el mismo error con la educación.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento, he instruido a la Secretaría para que se elimine del Boletín de Sesiones el adjetivo usado por el diputado Rojas en contra del señor Bitar.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el 11 de junio del 2005 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 20.027, que establece un sistema de garantía estatal para créditos destinados a financiar estudios de educación superior.
Aquí hay algo que no se ha destacado. La ley encomienda a una comisión de carácter autónomo y de composición mixta, público-privada, la administración del sistema de financiamiento. Es bueno destacar esto.
Durante la discusión de esta ley los parlamentarios de la Concertación planteamos que en la comisión que administrara los fondos estuvieran representados el sector privado, las universidades privadas, es decir, no sólo las 25 universidades del Consejo de Rectores. Por lo demás, el representante de Inacap ha aprovechado muy bien políticamente el tema, en circunstancias de que, si el consejo es autónomo, lo lógico habría sido haberlo planteado a su interior, a menos que haya perseguido otro tipo de objetivos.
Es cierto que en la ley de Presupuestos de este año se aprobaron 20.000 millones de pesos para la garantía estatal, pero conjuntamente aprobamos 10.000 millones de pesos destinados a la recompra de créditos para su posterior titularización y asignación.
Tampoco se ha dicho que la ley establece un mecanismo de garantía compartido entre las instituciones de educación superior y el fisco, es decir, las universidades también “se están poniendo”.
¿Qué pasa con este famoso error computacional, humano, etcétera? La información entregada por el Servicio de Impuestos Internos significó cambiar la prioridad planteada durante la discusión parlamentaria, es decir, beneficiar a los jóvenes de los sectores de más bajos ingresos, que tuvieran capacidad e inteligencia para desarrollarse en la educación superior, pero, fundamentalmente tomando en cuenta los ingresos del grupo familiar. Pero la información entregada cambió absolutamente todo. ¿Qué pasó? Como se empezó a filtrar esta situación, inmediatamente se tomaron cartas en el asunto, y me alegro mucho de que nuestro Presidente Ricardo Lagos esté dispuesto -eso es ejercer realmente el mando de un país- a aumentar la cobertura de los créditos.
Es el momento de analizar profundamente y con seriedad lo importante que son para nuestro desarrollo los 49 mil cupos asignados a jóvenes estudiantes, de los 91 mil que postularon. Por eso, debemos buscar lo positivo.
Para terminar, quiero manifestar algo que le consulté a Pilar Armanet . Ayer se entregaron a la Contraloría General de la República todos los antecedentes que en un medio de comunicación se han publicado con carácter de escándalo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , lamento que haya sido necesario realizar esta sesión especial, porque tengo una buena opinión del trabajo realizado durante estos cuatro años por Pilar Armanet .
Es evidente que el error cometido en la asignación de créditos con aval del Estado es gravísimo, especialmente porque involucra a muchos jóvenes y familias que tienen muchos sueños y esperanzas. Tengo claro que estamos ante un error tan grave como involuntario, porque no creo que haya habido mala fe en este acto. Ninguna persona involucrada en la asignación se beneficia con tal error, pero es indudable que estamos en presencia de negligencia, ineficiencia o, al menos, incapacidad. Faltaron controles mínimos y chequear la información antes de publicarla. Hubo mucha falta de prolijidad en la elaboración de la lista: el lunes se publicó y el martes ya se había detectado el error. Por lo tanto, se habría podido evitar fácilmente el problema.
Por otro lado, no es aceptable atribuir este grave error a fallas en el sistema informático. No queda claro para la opinión pública qué fue realmente lo que falló: si los computadores, el programador, el programa o la persona que ingresaba los datos. La mayoría de la gente piensa que fallaron los computadores, es decir, las máquinas. La propia diputada Ximena Vidal , Presidenta de la Comisión de Educación , dijo que las máquinas fallan, pero la verdad es que éstas no fallan. Normalmente, lo que falla es el software;
Para información de la diputada Ximena Vidal , eso es lo que pasó en esta oportunidad: falló el software que confeccionó la empresa del señor Larraín .
Ya dijimos que se trató de un error muy grave, que faltaron controles y que existió ineficiencia, pero que había sido involuntario. Sin embargo, hay otras cosas relacionadas con este caso que fueron absolutamente voluntarias. Por ejemplo, la gran confusión que se produjo en la opinión pública, especialmente en las miles de familias de los jóvenes que querían acceder a los créditos, por la total descoordinación entre los anuncios que efectuaba la comisión y lo que decía el Presidente de la República .
Para muestra un botón: el 16 de enero, se publica en la página Web la nómina de los 14 mil estudiantes que accedían al crédito, y el 17, el ministerio toma conocimiento del error cometido en la asignación de los créditos. Me imagino que ese mismo día se le informó al Presidente Lagos y, como respuesta, el 18, es decir, al día siguiente, el Primer Mandatario anuncia que serán 40 mil los alumnos que ingresarán a la educación superior beneficiados con crédito con aval del Estado. Al día siguiente, es decir, el 19 de enero, la Comisión anuncia que a los primeros 14 mil cupos sólo se sumarán otros 14 mil, o sea, en total, 28 mil cupos y no 40 mil, como había anunciado el Presidente de la República , lo que fue ratificado el mismo día por el Consejo de Rectores. Recordemos que las universidades están involucradas en este tema, porque deben ser avales mientras el alumno está estudiando. Finalmente, el lunes 23 de enero, las universidades aceptan avalar a 40 mil estudiantes. Sin embargo, ahora, la idea del Gobierno es completar los 49 mil cupos, que son todos los estudiantes que podrían acceder al crédito, de acuerdo con los requisitos que deben cumplir.
Además de la descoordinación producida por la confusión que mencioné, quedan otros aspectos aún más graves. ¿Cómo es posible que la ministra sea informada el martes acerca de esta grave situación y que recién el viernes en la tarde, es decir, tres días después, admita una supuesta falla informática? De acuerdo con informaciones de prensa, José Antonio Guzmán era partidario de hacer público el problema el mismo miércoles, cuando se le informó en la comisión. Sin embargo, tuvo que presionar para que el ministerio divulgara la información recién el viernes. ¿Qué habría pasado si no se hubiera presionado a la ministra? ¿Se habría sabido oficialmente o esto seguiría siendo un secreto a voces? ¿Habrían sabido los jóvenes postulantes en qué situación estaban y por qué no tendrían crédito, a pesar de cumplir todos los requisitos?
Cuando se les preguntó a las autoridades del ministerio por qué no se reconoció el error con mayor prontitud, respondieron que la transparencia debe ir de la mano con la prudencia. En verdad, parece razonable, pero francamente creo que en este caso la excesiva prudencia se transformó, lisa y llanamente, en falta de transparencia y en confusión, entredichos y descoordinación, todo lo cual genera desconfianza.
No me cabe duda de que habría sido mucho mejor reconocer de inmediato el error y estudiar la solución en un plazo razonable, garantizando que se cumpliría lo que establece la ley. Por lo demás, si el Gobierno estaba en condiciones de avalar 49 mil créditos, es decir, el total, como se dice ahora, la solución pasaba sólo por llegar a acuerdo con las instituciones de educación superior.
Aparte de todo lo anterior, el error cometido por el Ministerio de Educación nos plantea una serie de dudas acerca de la correcta asignación de beneficios determinados por distintas leyes. El diputado Kast ya dijo algo al respecto. Los recursos del sistema Chile Solidario, ¿llegan realmente a los más pobres? Las pensiones asistenciales, ¿se les entregan a los ancianos más necesitados? Los fondos del programa Orígenes, ¿llegan a los campesinos mapuches más desposeídos?
Por el bien de los más pobres del país, es de esperar que lo que sucedió en el Ministerio de Educación no se repita en otras secretarías de Estado. En todo caso, creo que es tarea de todos verificar que los recursos lleguen a quienes corresponde, especialmente cuando se trata de los sectores más vulnerables. Al menos, en el caso que analizamos, los jóvenes y sus familias hicieron valer su voz, al igual que algunos miembros de la Comisión de Crédito. Gracias a ellos, hoy estamos analizando este tema.
Finalmente, debo reconocer que este error ha traído como consecuencia algo positivo: el Gobierno se ha visto obligado a avalar créditos a muchos jóvenes de clase media que una vez más habrían visto postergadas sus aspiraciones de estudiar en instituciones acreditadas. Esperamos que este aval del Estado se mantenga en el futuro, ojalá con esta misma cantidad de jóvenes o más, como siempre lo pedimos los parlamentarios de la Alianza por Chile en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
A continuación, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , lo primero que debemos hacer es agradecer por tener hoy este instrumento que permite a muchos jóvenes, hombres y mujeres, ingresar a la universidad.
No podemos olvidar que esta herramienta, que existe gracias a la voluntad política del Gobierno del Presidente Lagos, promoverá el ingreso de muchos estudiantes que no podían estudiar en las universidades privadas y en otros establecimientos. No es para ingresar a las universidades públicas, porque esos jóvenes con talento que cumplen con los requisitos disponen del instrumento del crédito solidario, de las becas estudiantiles y de un sinnúmero de ayudas estudiantiles que jamás habíamos visto.
¿Qué pasó? Que en un proceso nuevo se cometió un error computacional imprevisto, involuntario y fortuito. No se trata de que alguien apretara una tecla de un computador e invirtiera una lista, porque entre la lista de los 14 mil seleccionados hay jóvenes de todos los quintiles. Es decir, no sólo hay estudiantes del quinto o cuarto quintil; también los hay del primero y segundo quintil.
Aparecen las voces de alarma, se toma conciencia del problema y se reúne la Comisión Administradora del Crédito con Garantía Estatal, que tiene -como lo sabemos todos aquí y espero que la opinión pública también lo tenga claro- representación de todos los sectores: universidades privadas, universidades públicas, Ministerio de Educación, etcétera; es decir, del Estado y del mundo privado.
¿Qué hace esta comisión cuando toma conciencia del error? Primero, señala que debe conocer cuál es exactamente el error cometido, porque no estaba claro en qué consistía. No se tenía claro que se trataba de la inversión de la lista de seleccionados.
Con mucha prudencia, no se toma el acuerdo de no informar sobre el error, sino que primero deciden darse un tiempo breve para saber cuál es exactamente el error y corregirlo. Mientras tanto, tampoco se podía decepcionar a los 14 mil jóvenes que ya tenían asegurado el crédito y que, obviamente, estaban felices. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo en el sentido de mantener el problema en secreto, sino que sólo se pide tener la mínima prudencia y tener claro primero en qué consiste el error antes de darlo a conocer.
Cuando se producen estos problemas, antes de dar a conocer el error, se debe evaluar la magnitud del daño causado y qué implicancias tiene.
Estamos ante un tema importante, que debe tratarse con mucho cuidado. Por consiguiente, no se puede afirmar que aquí hay errores en todo, que hay que fijarse en los subsidios habitacionales, etcétera, tal como lo señala el proyecto de acuerdo de la oposición.
¿Por qué se aumenta a 40 mil los beneficiados? Porque es un derecho. Es cierto que esa cantidad de jóvenes es beneficiada con el crédito con aval del Estado, pero estamos ante la misma situación de un crédito hipotecario: si no encuentran la casa, no van a poder utilizar el crédito. Sólo hay 39 instituciones de educación superior acreditadas que tienen sus propios requisitos, y entre las cuales están las de mayor tradición y exigencia. Entonces, muchos jóvenes que van a ser beneficiados por el crédito, lamentablemente, no van a poder ingresar a estudiar a la universidad. Por eso, el proyecto del crédito iba absolutamente engarzado con el de acreditación, respecto del cual ya hemos visto la absoluta oposición que ha tenido.
Seamos responsables y veamos las cosas en su justa dimensión, porque quienes hacen la acusación de faltar a la fe pública son quienes siempre han puesto en duda todas las gestiones gubernamentales.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , la gente que está siguiendo la transmisión de esta sesión por el canal de la Cámara debe estar sorprendida de la infinita capacidad de los parlamentarios de la Concertación de tratar de explicar lo inexplicable; de tratar de justificar lo injustificable al informar respecto de este error gigantesco. Lo lógico habría sido asumir la responsabilidad.
En esta Sala se ha dicho, en varias oportunidades, que hay que asumir las responsabilidades políticas, y aquí estamos frente a una de ellas. Pero, ¿qué se nos dice? Que fue un error computacional, que una persona digitó tal o cual cosa. ¿Qué ocurrió realmente? Una situación grave, porque a la opinión pública no se le ha querido decir la verdad desde un comienzo. Se ha tratado de tapar una situación y la opinión pública, los alumnos y sus padres, en un período de tiempo muy corto, se han visto sorprendidos por los hechos acontecidos.
¿La detección del error computacional encendió las luces rojas o fueron esos miles de padres y alumnos que no se explicaban cómo no eran beneficiados con los créditos si cumplían con los requisitos y el puntaje? Sin embargo, ¿qué escuchamos aquí? Que es un problema que tenemos que analizar y nadie asume la responsabilidad. Al final, ¿quién terminará pagando los platos rotos? Siempre un funcionario de menor escalafón.
Entiendo que se trate de defender a ciertas personas, pero la prensa ha sido muy clarificadora. Hoy apareció publicado en un diario un artículo que señala que altos representantes de ambos partidos respaldan la trayectoria de altas autoridades. Se está defendiendo el cuoteo político; algunos están defendiendo a una persona que pertenece a la Democracia Cristiana y otros están defendiendo a otra persona que pertenece al PPD y que también tiene responsabilidad, porque eso puede afectarles en la designación de los cargos políticos. Hay que decirlo con todas sus letras.
No hay que tener temor en reconocer que se ha cometido un error. Es más, creo que se llevó a cometer un error al Presidente de la República , que después tuvo que reconocer que recién el día miércoles supo lo que estaba pasando. Pero no hay mal que por bien no venga. ¿Cuál es el bien? Que, en forma mágica, en vez de recibir financiamiento 14 mil alumnos, tendrán la posibilidad de recibirlo 40 mil. Ese error fue mágico, porque duplicó el número de familias favorecidas con este financiamiento. Sin embargo, la opinión pública, en especial los padres de esos jóvenes, esperan que las autoridades involucradas en el problema asuman su responsabilidad política. Eso es lo que corresponde a la autoridad cuando comete un error: actuar con transparencia y honestidad.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella.
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Señor Presidente , la gente que nos ve a través del canal de la Cámara tal vez crea que a partir de un error surgió un beneficio.
Sin embargo, el problema de fondo es el derecho de todos los jóvenes a estudiar y acceder a oportunidades si tienen las habilidades intelectuales necesarias, aunque sus condiciones socioeconómicas se lo impidan.
Esas oportunidades se las genera la ley que permite ampliar a 49 mil el número de nuevos alumnos que hasta el 2005 no tenían ninguna posibilidad de acceder a la enseñanza superior, dado que no existía este instrumento de crédito privado con aval del Estado, cuyo proyecto fue largamente discutido y finalmente aprobado por la Cámara.
Por lo tanto, reconozcámoslo, el problema de fondo que interesa es que los jóvenes tengan oportunidades. Hablamos de un universo de 91 mil alumnos, de los cuales 49 mil cumplen los requisitos para obtener su crédito.
¿Qué sucedió en medio de la implementación de esta ley? Se produjo un lamentable error informático, involuntario, como dijo el diputado Becker , que alteró el sistema de selección de los beneficiarios del crédito, asignándolo a un porcentaje de personas que no correspondía a los tres primeros quintiles -pero no por eso millonarias-, dejando marginados a quienes sí cumplían los requisitos socioeconómicos.
Ahora bien, ¿cómo se actuó ante tal problema? ¿Cuál es la responsabilidad política? En este punto quiero destacar que la primera responsabilidad es reconocer un error, y ello se ha hecho. Pero no sólo se trata de reconocer el error, abandonar el barco y dejar que otros solucionen el problema, sino también asumir la solución y reorientar la situación, de modo que el problema de fondo, que son los jóvenes que necesitan el crédito, cuenten con el aval y puedan estudiar el día de mañana.
Creo que es eso lo que ha hecho la ministra de Educación , quien ha puesto la cara y ha enfrentado y asumido la situación junto con su equipo. Hace sólo una semana que se produjo el problema. Sin embargo, ya estamos recibiendo los antecedentes de lo que sucedió de parte de la propia ministra, al margen de los que ya han entregado los medios de información, pero, además, las soluciones -que aquí han sido destacadas- que permitirán que una gran cantidad de jóvenes cuenten con el crédito.
Respondo también a las interrogantes aquí planteadas: ¿Por qué antes no se destinaron mayores recursos? ¿Por qué ahora milagrosamente sale la plata?
Al respecto, debemos separar dos elementos distintos: uno, el crédito fiscal, cual es el fondo establecido en el Presupuesto de la Nación para este año y que debe entregarse a los alumnos y, dos, el documento que avala dicho crédito y que sólo será asumido con fondos concretos cuando se formalice alguna de las circunstancias que dejamos establecidas en el proyecto correspondiente.
Insisto en que sobre la materia ha habido transparencia y soluciones, y que, además, la Contraloría está actuando como corresponde, de acuerdo con lo estipulado en la ley.
Saludo y felicito a la ministra de Educación por la forma como ha enfrentado esta situación: de cara a la opinión pública, sin evitar ningún medio de comunicación, sin esconderse en nada. Ha enfrentado duros momentos y presentado soluciones. Es la responsabilidad política que esperamos de las autoridades de un gobierno como el de la Concertación.
Pido que se aumenten los controles internos de coordinación entre las distintas entidades -Tesorería y otros-, porque en los diferentes sistemas informáticos se produce un problema.
Felicitaciones, ministra, por la forma en que ha enfrentado la situación; no por el error que es inaceptable, pero, con posterioridad, cuando los jóvenes obtengan el beneficio se lo van a agradecer.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , comparto mucho el espíritu y parte importante de los contenidos de las intervenciones del diputado Germán Becker y de varios otros colegas.
Es importante situar este debate en su contexto. El Gobierno del Presidente Lagos ha hecho grandes esfuerzos para facilitar el acceso a la educación superior y ampliar su financiamiento.
Quiero remitirme sólo a los datos existentes entre el 2005 y el 2006.
En relación con los programas de ayudas estudiantiles, el 2005 se entregaron 169.545 beneficios a través de becas, fondo solidario de créditos universitarios, etcétera; el 2006, 231 mil beneficios. O sea, aumentaron en más de 61 mil, lo que refleja un 30 por ciento de incremento por ese concepto sólo entre esos años.
Se hace un esfuerzo. En mi distrito me tocó invitar a los presidentes de la Fech y de la Feuc, y a la señora Pilar Armanet , para tratar esta materia con los estudiantes secundarios y la verdad es que ambos presidentes estaban muy contentos con el conjunto de acuerdos que se había logrado, porque veían grandes posibilidades de que se ampliaran las oportunidades para muchos estudiantes. Pero esto no es casual, sino que responde a principios y a la búsqueda de políticas públicas que los reflejen.
La Concertación está convencida de que la educación es un bien público, un problema de toda la sociedad; no un bien privado en que cada uno se las arregla por su cuenta. Por lo tanto, el Estado debe tener políticas públicas. Y no sólo se trata de ampliar los cupos, sino también de acceder al financiamiento y de tratar de tener una educación de mejor calidad. Por eso estamos discutiendo el proyecto de ley de acreditación universitaria para que el Estado pueda acreditar que la oferta es de calidad y no haya malas universidades ni malos institutos.
Aquí, el principio de fondo consiste en que hay que superar y corregir las desigualdades de la cuna, de nacimiento, de origen. Ésa es tarea de la política pública.
Es cierto que no se ha logrado todo lo que se quiere en educación. Hay un tema pendiente que debemos profundizar, pues, a pesar de todo lo que se ha hecho, no se logra revertir. No nos gusta que la educación siga siendo tan desigual. Creemos que hay elementos de segregación, como el financiamiento compartido y otras materias que explican en parte importante esa segregación que debemos enfrentar. Insisto en que no nos gusta que todavía no exista suficiente igualdad de oportunidades para los estudiantes. En esa línea estamos trabajando.
En el marco de este avance sostenido surge el problema que discutimos y que se relaciona con la forma como se van a asignar los cupos del crédito con aval del Estado para la educación superior. La discusión se vincula también con el orden de prelación, en cuanto a cómo se ordenan los estudiantes que postularon de acuerdo a distintos factores. Y aquí se provoca un tremendo desorden y no surge un ordenamiento de acuerdo con los criterios de la ley ni del Reglamento. No es verdad que haya sucedido una cosa tan simple como que primero estaban los de mayores ingresos y después los de menores ingresos. Aquí hubo mucho más desorden. Hay personas de menores ingresos que aparecen en un lugar. Aquí, la forma de distribución es algo que no responde a un padrón e, incluso, la gente del Ministerio me preguntó dónde se provocó el desorden.
Como muy bien dijo el diputado Becker , hubo un problema con el software; era malo. Se adaptó uno, pero no se construyó otro y, al final, ese problema generó un padrón de distribución del orden de prelación inadecuado, lo cual es una vergüenza y me parece inaceptable. Eso no puede ni debe volver a ocurrir en organismos públicos calificados, pero sucedió.
Esto explica también la renuncia del principal ejecutivo, señor Cristián Larraín , persona de gran calidad humana y profesional, quien participó con nosotros en la discusión final de este proyecto. Lo conozco desde otros ámbitos profesionales, pero en este caso cometió errores profesionales y, por lo tanto, tuvo que renunciar. No conozco al gerente de informática, pero, sin duda, él implementó el programa.
Lamento mucho que esto le haya sucedido a Pilar Armanet , porque, si somos serios, todos sabemos de su esfuerzo por mejorar y transformar la educación superior. Ahora, la ministra Marigen Hornkohl podría perfectamente haberse lavado las manos, porque no lleva más de un mes en su cargo y, aunque las responsabilidades son de todos, ha tenido el valor de poner la cara ante las distintas situaciones.
¿Cómo se descubrió el error? Porque Hortensia Medina y algunos apoderados y alumnos se dieron cuenta de que no coincidían los criterios con el orden de las cosas y reclamaron. A raíz de sus manifestaciones se reveló que el orden de prelación no era coherente con lo que la ley y el reglamento establecían y con lo que la Comisión quería hacer. Ese hecho obliga a que uno rinda un homenaje a los padres. Reclamando muchas veces se corrigen las cosas. Fue bueno que reaccionaran y reclamaran. Además, hubo capacidad para acoger sus exigencias, seguramente con el desconcierto inicial de parte de las autoridades, pero eso es explicable en cualquier organización.
Reitero que aquí hubo un error. No hay ningún antecedente que permita pensar en irregularidades. Esto no tiene nada que ver con Codelco. Pido al diputado Kast que no mezclemos las cosas. A lo mejor, podría decirse que esto dice relación con la “Cutufa” o con el Caso Riggs , pero es otra cosa. No hablemos de eso. Si hay dudas sobre la manera en que se organiza el orden de prelación en el programa Orígenes, en los subsidios para la vivienda o en las pensiones asistenciales, reclamemos. En una ocasión reclamé respecto de los subsidios para viviendas PET y se descubrió que había una irregularidad. Nuestra obligación, como diputados, es pedir una auditoría a la Contraloría General cuando haya dudas de que las cosas no están ordenadas como corresponde. Hay que enfrentar esta situación con altura de miras, porque se trata de un error en el objeto de perfeccionar el sistema de financiamiento de la educación superior.
El diputado Becker dijo muy bien que aquí no ha habido mala fe, sino un imperdonable error. Estoy de acuerdo con que él refleja falta de rigor y que no hubo suficiente profesionalismo en la manera de hacer las cosas. Ese error no es aceptable y por eso debemos enfrentarlo. Por cierto, las renuncias han sido parte de ello. Pero, si somos serios, el desafío es resolver la situación de los cuarenta y nueve mil alumnos -y de sus familias- que postularon y cumplieron con los requisitos. Ése es ahora el desafío de esta Cámara de Diputados: aportar constructivamente a la solución del problema. Ése debe ser el centro del debate. El error debe transformarse en algo positivo; a partir de él debemos ver cómo construimos hacia delante. Ninguno de los cuarenta y nueve mil alumnos puede quedar sin una opción. Esto significa que algunos optarán por el sistema solidario. Otros están en universidades no acreditadas y, en definitiva, tampoco optarán por este sistema. Pero todo el resto debe contar con una opción, especialmente los de sectores medios. Se planteó que a través de la línea de créditos se favorecerá a dichos sectores, en el sentido de entregarle alternativas que no tienen con el fondo solidario o las becas.
Creo que todos esos alumnos deben tener opción de crédito con aval del Estado y eso supone preocuparse de ciertos temas, como, por ejemplo, el diferencial entre el arancel de referencia y el arancel efectivo. Aquí el arancel para el 60 por ciento más pobre no debería producirse. Las universidades, además del arancel de referencia, no pueden cobrar un millón de pesos más -que está fuera del crédito con aval del Estado-, porque impide a esos sectores poder optar a éste.
El cuarto quintil también requiere apoyo. En Chile, en lo que se refiere a la distribución de la riqueza, el último quintil se dispara.
Asimismo, tenemos que ver la manera de cómo las universidades se van a proteger con su aval, qué documentos harán firmar a los estudiantes, porque eso permite realmente un avance. En todo caso, ésta es la primera experiencia con esta ley.
No debemos quedarnos sólo en las descalificaciones. La Comisión de Educación debe investigar detalladamente lo ocurrido, analizar las debilidades de la ley y proponer correcciones.
Algunos diputados hemos sido muy críticos de esta ley, porque es muy rígida, no permite el crédito parcial, el prepago ni renunciar al tiempo de gracia. Está hecha en función del interés de los bancos, en cuanto a asegurarles el máximo de estabilidad y utilidades, sin riesgos. Requiere revisarse a la luz de la experiencia.
Además, debemos asegurar mayor rigor y transparencia en el futuro, porque quedó demostrado un punto negro. La Comisión encargada de administrar el sistema de créditos debe ser -reitero- mucho más transparente. Debemos exigir que las actas sean públicas, porque eso permite clarificar lo que sucede. Los derechos y deberes de sus miembros deben ser más explícitos. No me parece adecuado lo que hizo José Antonio Guzmán . No responde a su trayectoria, a su historia. No es correcto ni serio diferenciarse del resto y revelar detalles de las reuniones internas. Se hubiera requerido de comportamientos más institucionales de todos los integrantes. Ojalá que la Comisión se recomponga, porque una situación como ésa puede destruir cualquier cuerpo colegiado.
Finalmente, es fundamental para asegurar dicha transparencia que en el futuro exista fiscalización de los estudiantes organizados. Hay que crear un mecanismo que permita a esos estudiantes saber lo que está ocurriendo. Sin embargo, la mayor parte de las universidades acreditadas no permiten que se organicen. Por ejemplo, Inacap no admite centros de alumnos a su interior. Es importante que los alumnos puedan contar con una forma de seguimiento o de control de las actas, porque la experiencia ha sido muy mala.
En nombre de nuestra bancada, lamentamos lo ocurrido y pedimos disculpas por el error cometido, porque a lo mejor en la ley debimos haber garantizado mejores condiciones para que no se cometiera. Repito que el desafío es corregirlo y preocuparnos de los estudiantes y sus familias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .-
Señor Presidente , casi cien veces en esta sesión he escuchado la palabra error; que todo lo ocurrido ha sido un error, pero veo con horror como la Concertación ha ido perdiendo cada vez más su capacidad de asombro frente a situaciones que ocurren en el seno de su administración, como es el grave incumplimiento de las leyes Nº 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, y Nº 19.653, sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del Estado. Ése es el tema fundamental, porque una vez más la Concertación y el Gobierno son obsecuentes; no castigan a los culpables ni asumen las responsabilidades de quienes cometen graves faltas relacionadas con la administración de los recursos de todos los chilenos.
Bajo el manto de plantear que se trata de un error, todo se perdona, todo se confunde y a los que cometen esos errores -ya lo hemos visto- la Concertación los premia en vez de consignarles su responsabilidad. Esa situación la observamos con ocasión de la famosa fuga de la cárcel de alta seguridad, en que el director de Gendarmería terminó premiado con una agregaduría cultural en una embajada; en el caso de la caída del puente Locomilla , en que el ministro de Obras Públicas salió de esa cartera para asumir un cargo mejor remunerado en la presidencia del Banco del Estado , o con los directores del Indap, a quienes se les comprueba uso político de los recursos del Estado y siguen en sus cargos como si nada ocurriera.
Ojalá que la Presidente electa, señora Michelle Bachelet, recupere la capacidad de asombro que la Concertación ha perdido.
Aquí no sólo ha habido un error, sino que ha habido una grave falta al principio de probidad establecido en la ley Nº 18.575, que regula estos actos y que los funcionarios del Estado deberían conocer de memoria y tenerla siempre presente, pero una vez más la han olvidado.
El artículo 53 de dicha ley establece que “El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control...”. Aquí hubo un mal diagnóstico, falta de decisión y, para qué decir, absoluta carencia de control.
Más adelante la disposición agrega: “Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional...” Me detengo aquí para peguntar si las autoridades del Ministerio de Educación consideran ético y profesional asignarle a una empresa del propio director ejecutivo del programa, señor Cristián Larraín , un contrato de más de 28 millones de pesos para que llevara adelante su ejecución. Era juez y parte.
¿Es eso ético? ¿Es eso responsable? ¿Se ajusta a las normas de probidad?
Escuchamos a la directora del plan decir que no se llamó a licitación porque, del rápido sondeo que se hizo en el ambiente financiero para determinar quién era el mejor para esto, se concluyo que el mejor era Cristián Larraín , por lo que de inmediato se le adjudicó el contrato.
También se afecta la probidad, como señala el citado artículo 53, cuando no hay expedición en el cumplimiento de las funciones legales y en el acceso a la información. ¿Ha habido algo menos expedito, menos transparente que lo sucedido en este episodio?
Aquí no sólo hubo un error; no vamos a engañar a ningún chileno con eso. Desgraciadamente, la capacidad de asombro de la Concertación es cada día menor.
Ése es el escenario en el que nos encontramos.
Atendido el criterio de paridad que estableció la Presidenta electa, le han agregado un nuevo problema en su búsqueda de personas idóneas para integrar el gabinete. ¿Podrá ofrecer un cargo ministerial a la señora Marigen Hornkohl o a la señora Pilar Armanet ? La señora Michelle Bachelet tiene un nuevo problema.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , las últimas palabras del colega Melero reflejan la intencionalidad política que hay detrás de esto.
En todo caso, ha quedado claro que el proceso de postulación al beneficio del crédito es transparente. Lo prueba un hecho muy concreto: los interesados estuvieron en condiciones de reaccionar rápida y oportunamente. Si hubiese sido un proceso oculto o no claro, no habría existido esa posibilidad. Es algo que hay que valorar, porque es uno de los puntos que podemos considerar favorable dentro de un episodio nada de grato.
De la información aparecida en los medios de comunicación da la impresión que existiría un perjuicio irreparable. Por centésima vez debemos decir que se trata de un error, acción equivocada que es reparable. Por lo tanto, está claro que el objetivo que se pretende se podrá cumplir, y eso es lo que debemos pedir a las autoridades del Ministerio de Educación presentes.
Debemos consignar como un aspecto positivo -lo decía el diputado Montes- el que las autoridades, tanto la ministra de Educación como la directora de la División de Educación Superior, hayan reaccionado de manera transparente, asumiendo el problema y buscando la forma de no perjudicar a quienes debieron ser beneficiados.
Hay que considerar que se trata de créditos, es decir, de recursos que deben quedar provisionados. Ese hecho permite que se puedan hacer ajustes para generar la solución a fin de que ningún estudiante quede al margen del crédito con aval del Estado al cual tienen derecho. Eso es lo que hay que garantizar, y no me cabe duda de que ese aspecto va a quedar claro en esta sesión. Los parlamentarios que hemos participado en la gestación y desarrollo de la ley tenemos que velar por ello, porque la educación es el elemento vital para igualar oportunidades.
Debemos celebrar que en nuestro país haya 600 mil jóvenes con acceso a la educación superior. Con el crédito con aval del Estado se trata de aliviar la carga de las familias, particularmente de aquellas que no tienen recursos, a fin de que ningún joven con posibilidades de desarrollarse en la vida y de igualar oportunidades quede al margen de la educación. Además, tenemos que celebrar que de las 600 mil personas que hoy están en la educación superior, siete de cada diez representan la primera generación que alcanza ese nivel de educación.
Por lo tanto, debemos tener claro, para no hablar con estridencias, que no estamos frente a un hecho irreparable. Se está reparando, y ninguna de las personas que tiene derecho al beneficio va a quedar al margen de él, cuestión que debemos pedir que se nos asegure.
Las cosas debemos situarlas en el correcto sentido y no sacar dividendos políticos cortoplacistas, como queda reflejado en la intervención del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast .
El señor KAST .-
Señor Presidente , aquí se han hecho algunas afirmaciones que es necesario rebatir.
La diputada señora María Antonieta Saa nos dice que gracias a este instrumento muchos jóvenes hoy pueden estudiar. Ojalá este error administrativo de carácter computacional se hubiese producido en el primer año del gobierno del Presidente Lagos, porque así los jóvenes habrían tenido la posibilidad de estudiar desde antes.
Se nos dice que el error computacional fue involuntario.
Al respecto, puedo señalar que la Contraloría está investigando, a raíz de una presentación que hicimos con otros parlamentarios, y el primer día encontró un doble contrato, donde el director ejecutivo de la comisión administradora había provisto todos los software que se equivocaron.
También nos dicen que la comisión se tomó un tiempo corto y prudente para resolver el error y que, en el intertanto, el Presidente anunciaba las 40 mil becas adicionales. Pero lo más grave es que en ese corto y prudente lapso los jóvenes con mayores necesidades económicas quedaron sin matrícula, porque los cupos se fueron llenando con aquellos que tenían más recursos.
El diputado Riveros señaló que era un error reparable, pero ¿quién le explica a ese joven de escasos recursos que no podrá estudiar en la universidad que quería, porque su cupo fue asignado a otro de mejores condiciones económicas? ¿Quién repara la credibilidad del proceso de selección después de este error? ¡Lamentablemente, no tiene reparación!
La diputada señora Mella nos señala que el fondo del tema es el derecho de los jóvenes a estudiar. Eso es lo que hemos pedido siempre, pero se lo han negado durante los últimos cinco años.
Por su parte, el diputado Montes nos dice que el Estado debe contar con políticas públicas para financiar a los alumnos. Eso es efectivo, pero llevan 16 años, está por cumplirse el período del Presidente Lagos y aún no concretan.
¿Dónde estuvo la preocupación por dictar políticas públicas para que los jóvenes de institutos técnicos profesionales y de centros de formación técnica pudieran estudiar? Nunca la hubo.
Se nos dice que viene el proceso de acreditación. Esperamos que no se produzcan los lamentables “errores administrativos de carácter informático”. Con ese tipo de errores se pierde la confianza en la capacidad de quienes deben llevar adelante dicho proceso.
El diputado Montes también nos dice que no existen antecedentes de algo ilegal. Gracias a Dios que la Contraloría está investigando y, como bien sabemos, algo ha encontrado. Por ello, ya hemos enviado oficios de fiscalización y esperamos que se nos responda en el tiempo que establece la ley y sin evasivas.
Por último, se nos dice que la ley es muy rígida, en circunstancias de que fue enviada por el Ejecutivo. Nosotros tratamos de flexibilizarla, pero eso fue rechazado por el mismo Ejecutivo.
Señor Presidente , por su intermedio, voy a formular algunas preguntas a la ministra, y espero que se digne responderlas: ¿Cuál el sentido de que exista una comisión técnica que analice este proceso si, finalmente, el Presidente de la República , sin consultarle a nadie, es quien toma decisiones en la materia? ¿Por qué se estableció en la ley de Presupuestos un monto de 20 mil millones de pesos, si posteriormente se podía aumentar a más del doble?
Se dice que el problema es de carácter computacional: ¿quién hizo el programa? ¿Se hicieron simulaciones? ¿Por qué se eligió ese programa? ¿Se licitó? ¿Hay cláusulas de responsabilidad en el soporte técnico? ¿Alguien va a responder económicamente?
Respecto del número de beneficiarios ¿se consideró dentro de los cálculos el aumento exponencial de la demanda que generaría el otorgamiento de esta nueva fórmula de financiamiento? ¿Cuál fue el sentido de demorar en una semana la comunicación pública de este error, tiempo durante el cual se agravó el conflicto, que podría haber sido menor si se hubiera reconocido al momento de generarse? ¿Por qué se pidió silencio, si dos miembros de la comisión querían explicar a la opinión pública lo ocurrido?
¿Cuál será la nueva tasa de interés a la cual podrán optar? Lo pregunto, porque si vamos a duplicar el número de beneficiarios, supongo que no será la de 6,1 por ciento. ¡Negociarán bastante mejor, espero!
Entendiendo que todo lo que exceda de los 20 mil millones de pesos asignados en la ley de Presupuestos del año 2006 para el financiamiento de los créditos deberá ser sacado de otras partidas presupuestarias, así viene firmado por los ministros de Hacienda y de Educación , ¿puede asegurarse que con este desvío no se comprometerá el financiamiento de otros programas que deben ser realizados y costeados por este Ministerio? ¿De dónde van a provenir los miles de millones de pesos extra que hoy se necesitan?
Finalmente, pedimos que se nos hagan llegar todos los antecedentes del contrato entre el señor Larraín y el Mineduc, previo a la instauración de la comisión.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , un error como el que se ha cometido amerita una sesión especial. Me parece que es lo que corresponde, sobre todo cuando se trata de políticas públicas.
Esta Cámara debatió latamente para sacar adelante una ley, anhelada por muchos sectores, no obstante los detractores que tuvo en distintos ámbitos, cuyo propósito era permitir a un conjunto de estudiantes de escasos recursos la igualdad en el acceso a cualquier institución de educación superior; de lo contrario, habrían tenido como única opción las universidades del consejo de rectores. Así, un sistema que antes discriminaba, hoy no lo hace.
Los errores que se puedan cometer durante la marcha blanca del proceso están dentro de lo posible. Lo que pasa es que algunos parlamentarios de la Oposición han llevado el tema a un terreno netamente político, lo que me parece lamentable y perjudicial.
Con eso se intenta -no sé si será un error de ellos- destruir algo que todos consensuamos, particularmente entre 2005 y 2006, que han sido los años en que se ha hecho más en materia de asignación de recursos para la educación superior, lo que nadie puede desconocer.
Aquí no podemos desconocer que el artículo 57 bis, cuya permanencia era defendida por muchos parlamentarios, dio origen a un sinnúmero de becas otorgadas por el Fondo Solidario y a beneficios que solucionan problemas a los estudiantes de más escasos recursos, tanto de las universidades privadas como de las del Estado.
Claramente, ha habido un avance. El sello, el signo y la inspiración que ha dado el Ministerio de Educación durante el último año, reitero, con el apoyo de todas las bancadas, ha sido privilegiar la igualdad y la equidad, por lo que no se puede pensar que ha dejado sin este beneficio a los sectores de menos recursos.
Por lo tanto, en esta materia no se puede hablar de la inexistencia de un error. No corresponde, porque aquí lo único que existe es un error. La Oposición ha sido incapaz de demostrar que ha habido irregularidades, mala fe, dolo ni nada que se le parezca.
A veces, uno se explica que el alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, diga que es necesario un recambio en la UDI, porque a lo mejor también hay errores. Pero no gusta poner esos errores sobre la mesa y discutir acerca de ellos.
Creo que debemos reconocer la actitud ejemplar del Gobierno durante las primeras 48 horas. Incluso, podríamos compararla con lo que hace un país cuando hay una emergencia sanitaria, una epidemia: se toma el tiempo para dimensionar el fenómeno, ver cuántos podrían ser los afectados y buscar una solución. Pero aquí no ha habido nada escondido en los procedimientos. Hubo un error, que señaló y asumió el Gobierno.
Por tanto, no sé como reaccionar frente al claro cuestionamiento de los parlamentarios de la UDI en contra de esos 14 mil estudiantes de los estratos más altos, por haber obtenido erróneamente ese beneficio. No sé que estarán pensando hoy esos estudiantes que recibieron el beneficio por error.
Lo que sí creo es que no se ha comprometido la fe pública; muy por el contrario. Como en la publicación del 17 de enero sólo figuraba una preselección, tal vez el Gobierno, en una actitud acelerada, hubiera podido decir: “Ahora, vamos a priorizar lo que corresponde, es decir, los estratos económicos más bajos.” Sin embargo, se ha buscado una solución amplia, en la cual todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos tendrán derecho a esos beneficios. En todo caso, este error no está dejando a ningún alumno sin matrícula.
Es bueno haber hecho esta sesión, pero también es bueno poner las cosas en su lugar, porque cuando se imputan responsabilidades a la ministra de Educación y a la directora de la División de Educación Superior del Ministerio, queda en evidencia el desconocimiento completo del carácter de la comisión administrativa, ya que es un órgano público mixto, autónomo, que podríamos comparar con el Consejo Nacional de Televisión o con el propio Consejo Nacional de Educación Superior. De forma que no cabe imputar responsabilidades políticas, porque son de carácter técnico.
Lo que pasa es que esta comisión no tiene la cultura de los organismos del Ministerio de Educación. Además, la Oposición sabe perfectamente cómo opera y sabe que cuando la ministra habla lo hace a título de presidenta de dicha Comisión.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , después de 16 años de ocupar el cargo de diputado , me llevaré varios recuerdos de esta Corporación. Uno de ellos serán los fundamentos del proyecto de acuerdo que ha presentado la Concertación para esta sesión, ya que su segundo considerando señala: “Que en esta sesión el Ministerio de Educación ha entregado una completa información de lo acaecido.”
Así fue redactado y presentado; pero lo curioso es que ningún representante del Ministerio de Educación ha hablado hasta el momento. Creo que eso refleja lo que es la Concertación: son capaces de explicar lo inexplicable, de escribir lo que muchos se pondrían colorados de escribir y de justificar lo injustificable.
En verdad, es infantil seguir repitiendo que hubo un error computacional, porque es evidente que existió, pero es importante saber por qué ocurrió. Ésa es la pregunta de fondo que surge de la declaración pública que hoy entregaron las autoridades de educación, en la cual dieron a conocer los contratos suscritos por el ministerio con el señor Larraín . Estoy convencido de que todos los diputados presentes tenemos claro que si este contrato se hubiera adjudicado a una empresa como Sonda, por ejemplo, no estaríamos enfrentando este problema, pero se lo adjudicaron entre ellos y por eso estamos en dificultades.
El 22 de agosto, según información entregada por el ministerio, se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación de Chile y la sociedad Cofinsa Inversiones y Estudios Limitada, por 12 millones de pesos, cuyo representante legal es el señor Christian Larraín.
No obstante haber anunciado la Concertación que nos entregarán un detalle acabado de este error, queremos saber si en este caso se llamó a licitación pública o qué mecanismo se utilizó para suscribir ese convenio con la sociedad del señor Larraín .
El 22 de octubre, es decir, prácticamente dos meses después, este señor es elegido director ejecutivo de la comisión administradora por la unanimidad de sus miembros. El 2 de noviembre, o sea, con posterioridad a dicho nombramiento, se suscribió un segundo convenio con la empresa de este señor. Esto revela que no se trata de errores, sino de un método de funcionamiento que hace que se produzcan estos errores. En este caso, se ha dicho que han tenido la virtud de extender la entrega del crédito a un número mayor de estudiantes, de lo que todos somos partidarios, pues no imagino que alguien no participe de esa medida, la que también podría tener efectos que nadie ha señalado, como provocar una crisis financiera en algunas universidades o ciertos institutos de educación superior que pudieran no tener capacidad en el tiempo para avalar el número de alumnos que, como consecuencia de esta expansión, postulen al crédito con aval del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes en el futuro?
En todo caso, el problema de fondo radica en que estos errores ocurren porque están apitutados los mismos de siempre y porque los mecanismos de control no funcionan.
Por lo señalado, quiero saber si dichos contratos fueron adjudicados por licitación. ¿O necesitamos un código de ética? ¿O necesitamos una ley que nos diga qué hacer con un señor que se adjudicó un contrato sin licitación? En la empresa privada nunca se da el caso de que un gerente general adjudique un contrato a una empresa de su propiedad para autofiscalizarse o proveerse de mecanismos computacionales para administrar los recursos en el organismo que está contratado. Por eso ocurren estos errores, pero nadie se refiere a ello. Ésa es la raíz del problema al que estamos enfrentados en esta sesión.
Insisto: es importante que se nos diga si el primer contrato se adjudicó por licitación, si todos los miembros de la comisión supieron, punto que es muy importante, que con este mismo señor se suscribió un segundo contrato por 16 millones de pesos cuando era director ejecutivo de aquélla, y si ninguno de sus miembros se percató de que habían incompatibilidades evidentes entre ser director de la comisión y contratista de su empresa. Estas cosas ocurren porque se está en el límite de la legalidad y de lo éticamente aceptable.
Es fundamental que se nos entreguen los siguientes antecedentes sobre la empresa Cofisa , Inversiones y Estudios Limitada: cuándo se creó, por qué se le adjudicó el contrato con el Ministerio de Educación, qué antecedentes tenían sobre ella, y quién es el responsable de los convenios suscritos con la empresa del señor Christian Larraín . Esa empresa ha cometido un error de gran magnitud, de manera que por más que se mire el lado positivo de lo ocurrido, se debe determinar la forma en que está operando y cómo se han aplicado los mecanismos de fiscalización.
En la declaración pública entregada por la señora Pilar Armanet se informa que los contratos mencionados y toda la información relevante sobre el proceso de implementación de la ley Nº 20.027 fueron entregados ayer a la Contraloría General de la República. Cabe preguntarse por qué no se entregaron antes esos antecedentes.
Sobre la base de lo señalado en dicha declaración, queda muy clara la razón de por qué tuvieron que ocultar la información y por qué trataron de arreglarla. Obviamente, se trató de evitar que los antecedentes fueran de conocimiento público.
Por lo tanto, luego de todos estos errores, finalmente debemos ir al fondo del problema, porque no se producen por casualidad. En este caso, no hubo un corte eléctrico en el país que haya causado una falla en los computadores o producido dificultades con el software. Lo que ocurrió es que se contrató a una empresa que no tenía la capacidad ni los requisitos necesarios para hacer algo tan elemental como listar un conjunto inferior a 100 mil personas, en circunstancias de que sobran empresas con la solvencia profesional necesaria para haber hecho bien ese trabajo.
Por lo tanto, no debemos responsabilizar por lo ocurrido a un error computacional ni culpar a un software, porque aquí se adjudicaron los contratos a los amigotes de siempre. Debido a eso se cometen errores con una frecuencia muy alta.
La Concertación tapa y oculta todo, para ella todo da lo mismo; cada vez que uno reclama por este tipo de situaciones dicen que se está haciendo uso político de un problema. De manera que sigan adelante, porque así se van a llevar el país para la casa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para ceder la palabra a la señora Pilar Armanet.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la señora Armanet.
La señora ARMANET, doña Pilar ( Directora de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación ).-
Señor Presidente , ya que el diputado señor Longueira hizo alusión a la declaración pública que entregué antes de mi ingreso a la Sala, me voy a permitir leerla y dejarla a disposición de la Mesa, de manera que quede constancia de ella.
La declaración señala lo siguiente: “Con respecto de informaciones de prensa relativas a la situación contractual del señor Christian Larraín Pizarro, director ejecutivo recientemente renunciado de la Comisión Administradora del crédito con aval del Estado, quisiera informar lo siguiente:
1. Habiéndose publicado la ley 20.027 el día 11 de junio de 2005, con fecha 17 de agosto del mismo año concluyó la tramitación del Decreto con Toma de Razón Nº 880 del Ministerio de Hacienda, que transfiere 173 millones de pesos al Ministerio de Educación, para financiar la operación de la Secretaría Técnica de la Comisión administradora de créditos con aval del Estado. Esta transferencia se realizó al Ministerio dado que a dicha fecha no se encontraba constituida la Comisión.
2. Con cargo a dichos recursos, el día 22 de agosto de 2005 se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación de Chile y la sociedad Cofisa Inversiones y Estudios Ltda., cuyo representante legal es don Christian Larraín Pizarro. El objetivo de este contrato fue el estudio y diseño de los mecanismos necesarios para la implementación del nuevo sistema de crédito con aval del Estado. Esto incluyó los elementos financiero y administrativos del mismo. El monto total del convenio ascendió a 12 millones de pesos y los productos comprometidos fueron realizados oportunamente y a satisfacción del Ministerio de Educación.
3. Por su parte, la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores se constituyó con fecha 28 de octubre, y en dicha ocasión se acordó, por la unanimidad de sus miembros, la designación oficial de don Cristián Larraín como director ejecutivo de la Comisión , en conformidad con el inciso segundo del artículo 23, de la ley Nº 20.027.
Con cargo a la asignación presupuestaria señalada en el punto primero de esta declaración, se suscribió el 2 de noviembre un nuevo convenio entre el Ministerio de Educación y el señor Larraín por un monto total de 16 millones de pesos, para que éste pudiera administrar la puesta en marcha del nuevo sistema de créditos hasta que se encontrara funcionando en estado de régimen.
Los contratos mencionados y toda la información relevante sobre el proceso de implementación de la ley Nº 20.027, fueron entregadas ayer a la Contraloría General de la República.
Considero de la mayor importancia para la legitimidad de este nuevo instrumento de créditos que la ratificación de la plena legalidad de todos estos actos administrativos sea hecha por ese organismo en el menor plazo posible”.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , como la Concertación procede de la mejor forma, el 15 de enero, recibimos el apoyo popular que nos permitió ganar la última elección presidencial. No ganamos la elección por hacer mal las cosas ni porque el país ya no tenga capacidad de asombro.
En los actos administrativos es posible cometer errores, pero se reconocen derechamente. Además, la ministra de Educación asume su responsabilidad y da la cara para enfrentar a la opinión pública. Muchos se asombran de que una ministra de Estado dé su explicación sobre una comisión autónoma que la Cámara de Diputados legitimó.
Por otra parte, quiero que mi colega José Antonio Kast, a quien estimo, sepa que la Comisión es mixta, es decir, pública y privada.
La responsabilidad, que perfectamente podría haber tenido en un ciento por ciento el Ministerio de Educación, se traspasa a un órgano autónomo para lograr transparencia y eficiencia. El mundo privado está allí representado. Por lo tanto, podemos decir al país que se pretende hacer bien las cosas.
La Comisión cometió un error. Es la primera vez que se efectúa este procedimiento en el país, y sabemos que se trata de una materia que debemos perfeccionar.
Pido que la Comisión nos informe qué pasó y nos expliqué sus razones más allá de lo que opine el señor Larraín .
Lo más importante para los chilenos es que los jóvenes puedan acceder a una educación digna. Eso piden las familias, los estudiantes y los diputados y diputadas.
Esperamos que la Oposición formule críticas constructivas y el Gobierno mejore los procedimientos.
Estamos dispuestos a perfeccionar la ley, la comisión y los procedimientos, pues no queremos olvidar el objetivo más importante: mejorar la educación de nuestros hijos y conseguir más equidad.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , la bancada del Partido Socialista, a través del diputado Carlos Montes , planteó con mucha claridad algo que constituye para nosotros un error imperdonable, que ha tenido un costo muy alto; un error que pone en duda la credibilidad de un instrumento recién creado, el cual, como ya lo señaló la diputada señora Alejandra Sepúlveda , pudo haber quedado radicado exclusivamente en el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión mixta, autónoma, con la idea de hacer las cosas más transparentes y eficientes.
Es difícil entender el error que, por cierto, trajo consecuencias dolorosas. Pero tenemos una ministra de Educación que lleva días explicando los hechos en todos los medios de información, sin esconderse, a pesar de que hace muy poco tiempo que asumió esa responsabilidad.
También está la señora Pilar Armanet . Todos conocemos el trabajo que ha desarrollado, estudiando la forma de ampliar la base de apoyo solidario, becas, créditos y distintos instrumentos para mejorar el acceso a la educación superior, deseo muy anhelado por los jóvenes de nuestro país.
Nadie puede negar que estamos dando la cara, que reconocemos este error, que queremos la mayor fiscalización posible y constituir una comisión para que nunca más se vuelva a cometer semejante barbaridad ni dudar de la credibilidad de algo tan anhelado y significativo para las familias y los estudiantes.
Por su intermedio, señor Presidente , le digo al diputado Melero que es un poco burdo preocuparse de la Presidenta electa. Michelle Bachelet ya ganó la elección y no sólo ganó ampliamente, sino que ella sabrá exactamente como integrará su gabinete. Por suerte no necesita los consejos de la UDI, porque si los necesitara, tendríamos que decir que la capacidad de asombro no tiene límites. Nunca he oído a algún parlamentario de la UDI decir qué justificación tiene lo que está pasando en Impuestos Internos, con la falsificación de pasaportes y con fortunas cuyo origen se desconoce. Nunca los he oído reclamar.
Dejen tranquila a la futura Presidenta, porque sabrá muy bien con quien trabajar. También debo recordar que ha sido la Concertación la que ha dado la pelea por la acreditación, por la mejor calidad de la educación superior, por una educación más solidaria y por tener políticas públicas claras.
Seguiremos trabajando, porque la educación es un bien para todo el país y aún tenemos una deuda con los jóvenes y que queremos saldar.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Educación señora Marigen Hornkohl.
La señora HORNKOHL, doña Marigen ( ministra de Educación ).-
Señor Presidente , el Presidente Ricardo Lagos prometió que ningún alumno talentoso dejaría de acceder a la educación superior de calidad por falta de recursos.
Los nuevos instrumentos y recursos obtenidos de medidas legales y administrativas implementadas en los últimos años permitirán, por primera vez en 2006, cumplir ese compromiso con los alumnos que ingresan a la educación superior.
Lo anterior sólo es posible por un efecto acumulativo de un conjunto de reformas implementadas durante el Gobierno del Presidente Lagos en el sistema de financiamiento de la educación superior y que hoy forman parte de una sistema coherente de instrumentos y de recursos.
El sistema de créditos instaurado por la ley Nº 20.027, cuya implementación hoy discutimos, es sólo un componente de este sistema y, por tanto, es importante contextualizarlo.
Otros componentes fundamentales del sistema que nos permiten, más allá de los tropiezos iniciales, cumplir con el compromiso del Presidente de la República y mirar con optimismo el futuro de nuestros jóvenes son los siguientes:
1. La creación, en la misma ley Nº 20.027, de un subsidio al ahorro para educación superior que permitirá a las familias pobres y de clase media, complementar sus ahorros para financiar la educación superior de sus miembros.
2. La reprogramación del crédito solidario realizada durante 2003, con la ley Nº 19.989, permitió a 40 mil deudores morosos reprogramar sus créditos y aceleró la recuperación de parte de esos deudores.
3. La facultad que se otorgó a la Tesorería General de la República, a través de la ley Nº 19.989, para descontar de la devolución de impuestos los saldos no pagados de deudores de crédito solidario moroso y traspasar dichos recursos a los fondos del crédito.
4. La eliminación del beneficio tributario a la tenencia de acciones, conocido como el 57 Bis, y el compromiso adquirido por el Gobierno de destinar los recursos provenientes de esta medida a becas para la educación superior.
5. El establecimiento del sistema de acreditación de calidad de instituciones y carreras que ha venido funcionando como piloto desde 1999.
La pronta aprobación del proyecto en trámite permitirá consolidar definitivamente este sistema más allá de 2006.
6. Los recursos dispuestos en la ley de Presupuestos para asegurar una cobertura del ciento por ciento del arancel de referencia a todos los postulantes del primer año a universidades del Consejo de Rectores que pertenecen al 60 por ciento más pobre de la población y que cumplan con los requisitos académicos.
Señor Presidente , se me ha pedido que dé cuenta específicamente del proceso de asignación del crédito con aval del Estado instaurado en la ley Nº 20.027.
Con fecha 11 de junio de 2005, fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 20.027, que establece un sistema de garantía estatal para créditos destinados a financiar estudios de educación superior. Dicho sistema contempla un mecanismo de garantías compartidas por las instituciones de educación superior y el fisco.
Asimismo, la ley encomienda a una comisión de carácter autónomo y composición mixta público-privada la administración de este sistema de financiamiento. Este nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior comenzó su operación en el proceso de admisión a la educación superior 2006.
En octubre de 2005 se constituyó la comisión administradora y se inició la puesta en marcha de los recursos y procesos necesarios para la adecuada implementación del sistema. Por tanto, en noviembre de 2005 se aprobó la ley de Presupuestos para 2006, contemplando una autorización para garantizar créditos hasta 20 mil millones y una asignación presupuestaria para recomprar créditos a las instituciones financieras por 10 mil millones adicionales.
El proceso de postulación al crédito, con aval del Estado, se realizó entre los días 18 de noviembre y 10 de diciembre de 2005, a través del formulario único de acreditación socioeconómica (Fuas). En el caso de los estudiantes de primer año, el proceso considera que una vez conocidos los resultados de la prueba de selección universitaria, la comisión procede a ordenar y a determinar los alumnos seleccionados, preasignando los créditos e informando a los alumnos beneficiados. La asignación definitiva se efectúa posteriormente; una vez matriculados los alumnos en los planteles que hayan elegido, respecto de los cuales cumplan las exigencias académicas respectivas, tanto las generales del sistema como las específicas de cada establecimiento. Esto es, el derecho a crédito se perfecciona jurídicamente sólo cuando copulativamente se cumplen los siguientes requisitos:
Que el estudiante se encuentre con un cupo y sea matriculado en una institución de educación superior acreditada.
Que la institución informe a la comisión que está dispuesta a respaldar al alumno, y
Que el estudiante concurra a la institución financiera a firmar la documentación respectiva.
En el caso de los estudiantes de segundo año en adelante, además de postular a través del Fuas, es requisito para la asignación del crédito que la institución de educación superior en la cual el alumno cursa sus estudios esté debidamente acreditada, decida respaldarlo y haya informado de esto a la comisión.
El número total de alumnos que postularon en este proceso fue de 91.524, de los cuales aproximadamente 49 mil cumplían los requisitos legales y eran, por tanto, elegibles.
En consideración a los requisitos y procedimientos señalados, la Comisión efectuó el proceso de asignación de los 14 mil créditos que, según se había estimado originalmente, cubrirían la demanda esperada, y publicó la lista de beneficiarios el lunes 16 de enero.
Sin embargo, desde las primeras horas del martes 17, en las dependencias del Ministerio de Educación comenzaron a recibirse reclamos y consultas de alumnos que no habían resultado beneficiados. En una primera instancia, esas presentaciones fueron interpretadas como los reclamos normales derivados de un proceso que había suscitado altísimas expectativas y que tuvo una demanda mucho mayor que la prevista.
En consecuencia, las primeras gestiones de estas autoridades ministeriales apuntaron a la posibilidad de ampliar la cobertura del crédito. Sin embargo, con posterioridad, debido a la detección de algunas inconsistencias en la asignación del crédito, tras la atención de público durante el día, los funcionarios de la Comisión procedieron a realizar un análisis preliminar de la asignación realizada y constataron, pasadas las 20 horas del martes 17, que ésta presentaba irregularidades debido a que asignaba el beneficio a numerosos alumnos pertenecientes al quinto quintil.
En razón de esto, la ministra de Educación y el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda citan de manera urgente a los integrantes de la Comisión a una reunión extraordinaria, que se verifica el miércoles 18 de enero a las 12 horas. En ella, el director ejecutivo informó que se había detectado una falla de tipo informático en el proceso de asignación de los créditos efectuado por la gerencia del sistema, que habría producido algún error en la asignación de los créditos, desfavoreciendo, aparentemente, a personas de los quintiles más pobres y asignando créditos a personas de los quintiles más ricos. Sin embargo, expresó que no se tenía certeza acerca de la causa, magnitud y efectos del mismo, y presentó su renuncia.
Antes de adoptar acuerdo al respecto, el Consejo decide encomendar que se proceda de manera urgente a un análisis detallado del problema detectado y de sus alcances.
Para efectos de los pasos a seguir, la discusión entre los comisionados consideró que cualquier acuerdo respecto de una solución definitiva requería de algo lógico: un cabal conocimiento de las características y dimensión del problema. Se estimó que anular la asignación anterior afectaría el proceso de admisión de las instituciones de educación superior, podría acarrear una serie de acciones judiciales contra la Comisión -dado que, desde la última modificación de la ley del consumidor, los contratos educacionales se encuentran amparados por dicha legislación- e introduciría un manto de dudas respecto de un mecanismo que recién se instala y que requiere la confianza de los agentes financieros para su adecuado funcionamiento.
Asimismo, dado que esas nóminas constituyen sólo una preasignación del crédito, condicionada a la matrícula efectiva de los alumnos en alguna institución del sistema, nada garantiza que los alumnos preseleccionados sean, en definitiva, los beneficiaros del crédito, lo que me parece muy importante. Esta argumentación ha sido confirmada con el paso de los días. Así, de acuerdo con la información proporcionada por las instituciones de educación superior, sólo en torno del 50 por ciento de los alumnos considerados en la primera nómina han formalizado su matrícula amparándose en el beneficio.
En razón de los argumentos señalados, más que anular el proceso que ya se había realizado, en la Comisión que presido primó la opinión de realizar un segundo proceso de asignación de créditos, para lo cual se consideró que el número total de alumnos que puede ser beneficiado con el crédito con garantía estatal depende de la combinación de los siguientes tres factores: primero, el monto máximo que puede ser garantizado o recomprado anualmente por el Estado; segundo, la cantidad de alumnos que pueden ser garantizados por las instituciones de educación superior de acuerdo a la determinación de cada una de ellas y, tercero, el valor del arancel de referencia de las carreras a las que postulan los alumnos.
De acuerdo con estos parámetros, se constató que dado que un muy importante porcentaje de los postulantes al crédito corresponden a alumnos de primer año, para los cuales no rige aún la garantía estatal, y que el Ejecutivo dispone de facultades para suplementar la asignación presupuestaria dispuesta para la recompra de créditos a las instituciones financieras, los 20 mil millones de garantía estatal asignados para 2006 no constituían una restricción para efectos de incrementar la cobertura y cumplir adecuadamente con las necesidades de los postulantes más necesitados.
Sobre la base de este análisis, se consideró el anunció del Gobierno de incrementar la cobertura a 40 mil créditos. Sin embargo, dado que el sistema funciona, además, con garantías encargadas por las propias instituciones de educación superior, los representantes de dichas entidades solicitaron que la entrega de nuevos créditos se realizara dentro de los límites dados por las garantías que ya habían sido comprometidas por las instituciones de educación superior, las que ascendían a 28 mil cupos.
De conformidad con lo anterior, la comisión acordó realizar un segundo proceso de asignación para 14 mil nuevos beneficiarios. Durante el jueves 19 de enero, la comisión procede a ejecutar los acuerdos adoptados en la sesión del día anterior y realiza un segundo proceso de asignación de créditos, que fue dado a conocer el viernes 20. Sin embargo, versiones de prensa que circularon los días jueves y viernes recién pasado insinuaban que en la comisión habría existido una lógica de ocultamiento de información, de acuerdo con la cual algunas personas intentaban ocultarla y otras, en cambio, eran partidarias de hacer públicos todos los detalles del proceso.
Dada la falsedad de estas imputaciones y a menos de 48 horas de ocurridos los hechos -¡cuarenta y ocho horas!-, esta ministra de Educación y presidenta del consejo decide convocarlo nuevamente a una sesión extraordinaria para el viernes 20 y solicita al director ejecutivo de la Comisión , señor Christian Larraín, que presente en dicha reunión toda la información que hubiese recabado hasta ese momento en relación con el error suscitado en el proceso de adjudicación del crédito. En la reunión, el director ejecutivo informó que se había analizado en mayor profundidad el problema de la asignación original del crédito y se constató que en ella se produjo un error de carácter informático, por cuanto el programa se utilizó para traspasar información recibida desde el Servicio de Impuestos Internos a la base de datos de la comisión, lo que alteró el orden en que se recibieron los registros. De esta forma, el ordenamiento por condición socioeconómica fue alterado y, en definitiva, quedó un orden aleatorio de los registros.
Asimismo, se presentó la información detallada de los quintiles de ingreso a los que pertenecían los primeros beneficiarios del crédito, de acuerdo con la cual, efectivamente, la mayor parte de los créditos habían sido asignados a alumnos pertenecientes a los segmentos de más altos ingresos.
Como consecuencia de lo anterior, el director ejecutivo presenta nuevamente su renuncia, la que en esta ocasión es aceptada por el consejo.
Después de haber tomado conocimiento de la real magnitud y dimensión del error cometido, a 48 horas de ocurridos los hechos, el consejo acordó:
1) Ratificar que la Comisión Administradora del Sistema de Financiamiento para Estudios Superiores tiene como principal objetivo cumplir lo dispuesto en la ley Nº 20.027, esto es, que todo estudiante que tenga méritos académicos, una situación socioeconómica más desfavorable en relación a sus pares y que cuente con matrícula en una institución de educación superior acreditada debe tener la posibilidad de acceder al beneficio.
2) Informar del error administrativo de carácter informático a la opinión pública, sin perjuicio de reiterar la solicitud de un informe técnico por escrito al director ejecutivo , a fin de conocer las causas y características del error informático cometido.
3) Aceptar, aun cuando se haya tratado de un error administrativo involuntario, la renuncia presentada por el señor Christian Larraín al cargo de director ejecutivo de la Comisión, la que se hará efectiva a partir del 27 de enero próximo.
4) Encomendar, en tanto se nombre un nuevo director ejecutivo, la supervisión del proceso y la elaboración de la nómina definitiva de beneficiarios a la directora de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Pilar Armanet.
Al término de esa reunión, se cita de inmediato a una conferencia de prensa, en la cual esta ministra de Educación , presidenta del Consejo y quien puede actuar en su representación, explica el problema y las medidas que se están adoptando con el fin de encontrar una solución que permita cubrir efectivamente las necesidades de los postulantes más necesitados. En este sentido, quiero destacar que el Gobierno se ha comprometido a que los estudiantes pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingreso, que se encuentren debidamente matriculados en una institución de educación superior acreditada y participantes del sistema de crédito en conformidad con la ley, cuenten con el crédito con garantía estatal del Estado necesario para el financiamiento de sus estudios. A fin de avanzar en el cumplimiento de este compromiso, el 26 de enero se publicará una nueva nómina de beneficiarios.
Hoy tenemos en nuestras manos el informe técnico sobre el error que se cometió en el proceso de asignación de créditos con garantía estatal para financiar estudios en 2006, elaborado por la gerencia a cargo del tema de asignación de postulaciones, sistemas y estadísticas de dicha Comisión, el que, por cierto, dejaré a la honorable Cámara de Diputados para conocimiento de sus miembros. Además, será enviado a la Contraloría General de la República, al Consejo de Auditoría Interna -la CAI del Gobierno- y al servicio informático de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Por último, más allá del legítimo malestar que todos sentimos producto de este inexcusable error y de la convicción de que tenemos el deber de realizar todos los esfuerzos necesarios para que algo así nunca vuelva a ocurrir, quiero concluir esta intervención con un llamado a la prudencia, virtud que nos ha permitido avanzar tanto en el aumento de oportunidades para nuestros jóvenes.
Lo que la ciudadanía espera de sus servidores públicos -cuando digo servidores públicos me refiero no sólo a quienes ocupamos cargos de responsabilidad en el Gobierno, sino que también a los señores parlamentarios- es la búsqueda incansable del bien común, en donde las legítimas discrepancias siempre se supediten a la construcción de ese mundo más justo y más humano al que todos aspiramos.
Las descalificaciones gratuitas a personas honorables están de más y en nada ayudan. Lo que sí ayuda es asumir las responsabilidades como siempre lo hemos hecho, haciéndonos cargo de los problemas, pero, a la vez, buscando soluciones viables y expeditas, haciendo que los errores no sean irreparables. Gracias al trabajo conjunto del Ejecutivo con el honorable Congreso hoy tenemos en nuestras manos un conjunto de instrumentos de financiamiento de la educación superior para los jóvenes talentosos y necesitados, que ciertamente está abriendo oportunidades nunca antes soñadas a miles y miles de familias chilenas y que tiene el potencial de aportar decididamente a la construcción de un país más democrático, donde la cuna deje de determinar las posibilidades de vida de las personas. Ese es el objetivo último que nos ha motivado como gobierno y no sólo me motiva a seguir trabajando para perfeccionar éste y otros instrumentos, sino que también me obliga a proteger lo que juntos hemos construido.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
A continuación, corresponde votar los proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 716.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 716, suscrito por los diputados señores Burgos, Ortiz, Mella, doña María Eugenia; Vidal, doña Ximena; Saa, doña María Antonieta; Montes, Meza, Silva, Bustos, Pérez, don José; Allende, doña Isabel y Salas, que en su parte resolutiva dice:
“Considerando:
Que la Cámara de Diputados ha sido convocada para conocer el error administrativo cometido en la asignación de los créditos para la Educación Superior con aval del Estado, regidos por la ley Nº 20.027.
Que, en esta sesión, la ministra de Educación ha proporcionado una información completa de lo acaecido y de las medidas adoptadas al objeto de asegurar el crédito con aval del Estado a todos los postulantes que reúnan los requisitos para la obtención de este beneficio. Asimismo, se ha conocido su decisión de hacer efectivas las responsabilidades administrativas e instruir las investigaciones internas que correspondan, destacándose la transparencia y la diligencia con que, conjuntamente con los miembros de la Comisión Administradora, ha procedido a corregir la situación producida.
Que, en su artículo 10, la ley Nº 20.027 señala que se dará preferencia en la adjudicación de la garantía estatal a aquellos alumnos cuyas condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar sean menos favorables.
Que el sistema de crédito con aval del Estado se ha puesto en marcha en este año 2006, registrándose una postulación de alta masividad, lo que demuestra la necesidad de contar con un sistema de esta naturaleza destinado a ayudar a los hijos de familias de sectores socioeconómicos menos favorecidos para acceder a la Educación Superior.
Que el aval del Estado requiere ser complementado con el de cada institución de la Educación Superior a sus alumnos, razón por la cual la Comisión Administradora, a través de sucesivos acuerdos, ha ido ampliando su cobertura.
Que el error computacional que desorganizó las referidas listas, que significó asignar créditos a personas que no tenían prioridad, ha generado alta preocupación en la comunidad, cuyos representantes son los legisladores.
Que este lamentable error no puede significar el descrédito de este nuevo sistema de ayuda estudiantil, destinado a garantizar el derecho a la Educación Superior a todos los jóvenes con mérito académico, sin que su particular condición socioeconómica sea un obstáculo para ello.
Que, como parte de esa política democratizadora de la sociedad chilena, la garantía estatal a los créditos para estudios de Educación Superior constituye un instrumento imprescindible que debe reforzarse, asegurando la cobertura a los jóvenes con méritos y de grupos familiares más necesitados.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Criticar el reprochable error cometido por la Comisión Administradora, que ha causado gran preocupación entre los alumnos y sus familias.
2. Orientar los esfuerzos de todos para encontrar soluciones a los estudiantes y sus familias.
3. Reconocer las acciones de las autoridades del Ministerio de Educación y de la Comisión Administradora, quienes han procedido a remediar y corregir esta situación, garantizando la cobertura del crédito con aval del Estado a los estudiantes de los tres primeros quintiles.
4. Destacar el hecho de que se haya reparado y mejorado la cobertura de este nuevo sistema de crédito.
5. Plantear al Gobierno que disponga de todos los recursos económicos y administrativos a fin de que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en la ley Nº 20.027, sobre el sistema de créditos para estudios superiores, en el sentido de dar preferencia en la asignación de la garantía estatal a los estudiantes con mérito académico y respecto de quienes la situación económica de su grupo familiar sea menos favorable. El Gobierno debe respaldar con el 100% de arancel de referencia a todo estudiante perteneciente a familias de menores ingresos y asegurar que ninguno de los cuarenta y nueve mil estudiantes que cumplen con los requisitos quede excluido de la oportunidad de ayuda.
6. Encargar a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, que elabore un informe sobre este primer proceso de adjudicación de la garantía estatal para los créditos de Educación Superior antes del 15 de abril de 2006, en el que formule propuestas que perfeccionen en lo futuro este nuevo instrumento de ayuda estudiantil en la Educación Superior.
7. Rechazar cualquier intento de desacreditar la instauración de este nuevo sistema de ayuda estudiantil para los y las estudiantes con méritos académicos y de bajos ingresos, ya que es un paso efectivo en la construcción de un Chile que da oportunidades de desarrollo a todos sus ciudadanos.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 717.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 717, suscrito por los diputados señores Kast, Becker, Forni, Vargas, Salaberry, Cristi, doña María Angélica; Moreira, Rojas, Delmastro, Egaña, Masferrer, Urrutia, Pérez, don Víctor; Kuschel, Leay, Longueira, Norambuena y Vilches, que en su parte resolutiva dice:
“Considerando:
Que la ley N° 20.027, vigente desde el 1 de junio de 2005, que establece normas para el financiamiento de estudios de Educación Superior, contiene múltiples normas que conforman un sistema de créditos para ese fin. Dentro de ellas, se contemplan los objetivos de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para la Educación Superior, en los cuales se entienden comprendidos ‘la implementación de instrumentos de financiamiento para la Educación Superior (...) y la administración del sistema de créditos de Educación Superior con garantía estatal’.
Que el 20 de enero de 2006, en conformidad con la aplicación de este sistema, la opinión pública y los postulantes a dichos créditos han tenido conocimiento de que, en lugar de otorgarse dicho crédito a los catorce mil alumnos de menores ingresos familiares, como lo impone la ley, se lo otorgó, al contrario, a aquellos postulantes que gozaban de mejor situación socioeconómica.
Que, según consignan los medios de comunicación, se produjo en este proceso un error administrativo, que consistió en ordenar a los postulantes según sus ingresos socioeconómicos familiares de acuerdo con la información del Servicio de Impuestos Internos, asignando a los primeros catorce mil beneficiados del crédito desde el postulante con más recursos hasta el de menos, efectuando la asignación en orden inverso al legalmente obligatorio, esto es, favoreciendo a los que poseían más en desmedro de los que calificaban objetivamente como beneficiarios del sistema.
Que el error computacional o informático -como se lo ha denominado-, que erróneamente asignó recursos estatales a los estudiantes con más ingresos, debe ser asumido por la Ministra de Educación y la Jefa de la División de Educación Superior, por ser ellas las responsables político-administrativas de este proceso, ya que no existe certeza hacia el futuro acerca de la idoneidad y de la capacidad técnica para ordenar este tipo de asignaciones, lo que, sin duda, ha perjudicado a los jóvenes que, teniendo los requisitos académicos suficientes y cumpliendo los demás parámetros establecidos en la ley, han quedado al margen del sistema de créditos y becas, por la negligencia inexcusable de las autoridades del ramo.
Que, finalmente, se ha planteado en la sociedad la legítima duda en cuanto a la eficiencia de la asignación de recursos públicos en otro tipo de beneficios a la ciudadanía. A modo de ejemplo, ¿qué pasa con la asignación de pensiones asistenciales, de subsidios habitacionales, etcétera? ¿Se encuentran estos beneficios bien asignados? ¿Existirán o no otros errores ‘computacionales’ o de cualquier otra índole que impidan otorgar los beneficios legales a los directamente favorecidos, y no a otros que no los necesitan?
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a S.E. el Presidente de la República la inmediata remoción de la Ministra de Educación , señora Marigen Hornkohl, y de la Jefa de la División de Educación Superior, señora Pilar Armanet, por ser las responsables políticas directas de este error inexcusable, que no sólo contravino el texto expreso de la ley, sino que, además, dejó de manifiesto la incapacidad profesional y técnica para asumir cargos de esta naturaleza. Del mismo modo, estas autoridades faltaron gravemente al principio de probidad establecido en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, de decisión y de control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Todo ello se ha visto agravado por la demora en reconocer los hechos, pretendiendo ocultar información a la opinión pública.
2. Disponer de todos los recursos económicos administrativos y técnicos para que se cumpla en toda su integridad lo dispuesto en la ley N° 20.027, ‘Del Sistema de Créditos para Estudios Superiores’, en la cual se establece con claridad que se dará preferencia en la adjudicación de la garantía estatal a aquellos alumnos cuyas condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar sean menos favorables.
3. Solicitar a la Contraloría General de la República que inicie la investigación pertinente a fin de determinar las responsabilidades administrativas cometidas por la Comisión Administradora y que aplique las sanciones que en derecho correspondan.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.06 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados Espinoza , Ascencio , Burgos , Bustos , García , Hales , Jaramillo y Moreira .
Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito aumentando la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir en caso de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. (boletín N° 4090-15)
“En general existe un consenso político criminal, en la crítica a las figuras del tráfico vehicular, -con o sin sustancias tóxicas en el cuerpo- respecto a que en esta clase de figuras típicas habrían una “impaciencia del legislador” puesto que no espera resultado alguno, es decir, actúa sin necesidad de una lesión concreta al bien jurídico (daños, lesiones y muerte), por lo que suele calificárseles como auténticos delitos de peligro abstracto, es decir, “aquellos que consideran suficiente para castigar la probabilidad de lesión concreta al bien jurídico”. En aquellos delitos, se puede respetar a lo sumo la legalidad formal, pero no le importan el concepto ni las funciones del bien jurídico, se limitan a castigar una conducta, aunque carezca de toda probabilidad de lesión a un bien jurídico, por lo que están en verdad, como señala el profesor Politoff , reprimiendo la desobediencia (lesión de un deber) mediante la presunción absoluta de la existencia de un peligro.
Sin embargo, la realidad de la vida nos da cuenta, que la estructura actual de las figuras de resultado, no es satisfactoria en la respuesta atendida la magnitud de sus resultados, especialmente referida a la muerte de víctimas, tratándose de delitos de tráfico vehicular encontrándose el conductor en estado de ebriedad. Tratándose de estas hipótesis de resultado, el peligro no es el fundamento del castigo como ocurre en otras disposiciones. Desde el punto de vista subjetivo, no admiten dudas que en la estructura del tipo de manejo en estado de ebriedad, las conductas se realizan, a lo menos, en hipótesis de dolo eventual, pues el sujeto puede prever que con su actuar doloso de ingesta de alcohol, puede producir daños, lesiones o muerte, siéndoles éstas indiferentes, aceptando sus consecuencias.
Es por eso, que se hace necesario un tratamiento diferenciado, toda vez que como consecuencia de estos delitos se produce como resultado la muerte, pues la respuesta del sistema en estos casos, debe ser más rigurosa, llegando a la imposibilidad de que quién resulte responsable de este tipo de delito pueda volver a conducir vehículos motorizados a perpetuidad mediante el mecanismo de la cancelación, y no en una escala gradual de suspensión. El uso de la licencia de conducir conlleva una responsabilidad por los riesgos propios de la actividad del transporte, por eso exige una mayor responsabilidad ante sus infracciones, más cuando compromete la seguridad y la vida del entorno. En consecuencia la cancelación a perpetuidad de la licencia de conducir, es la respuesta proporcional a la muerte producida en la conducción en estado de ebriedad, atendido el aumento del riesgo permitido por parte del agente con producción de un resultado dañoso.
Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
Artículo Único: En la ley Nº 18.290, modifíquese los incisos quinto y sexto del artículo 196E en el siguiente sentido:
1. Para intercalar a continuación de la palabras “suspensión”, la frase “o cancelación”;
2. Para sustituir en el inciso quinto la frase “de dos a cuatro años”, por “a perpetuidad”;
3. Para, sustituir a continuación del punto final del inciso sexto, que pasa a ser punto seguido, por la frase “Esta facultad no será aplicable al caso de la cancelación a perpetuidad”.
Texto Vigente
Proyecto de ley
Artículo 196 E.- El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 115 A, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días.
Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.
Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 Nº 1 del Código Penal o la muerte de una o más personas, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.
El tribunal, en todo caso, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 196 B.
En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar la cancelación de la licencia cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública; lo que fundará en las anotaciones que registre la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente comprobadas.
Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cumplidos a lo menos seis años desde que se canceló la licencia de conducir, el juez podrá alzar esa medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor.
Artículo 196 E.- El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 115 A, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días.
Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.
Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 Nº 1 del Código Penal o la muerte de una o más personas, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.
El tribunal, en todo caso, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 196 B.
En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión o cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y la cancelación a perpetuidad, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar la cancelación de la licencia cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública; lo que fundará en las anotaciones que registre la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente comprobadas.
Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cumplidos a lo menos seis años desde que se canceló la licencia de conducir, el juez podrá alzar esa medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor. Esta facultad no será aplicable al caso de la cancelación a perpetuidad.