Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jose Antonio Kast Rist
- Eugenio Bauer Jouanne
- Pablo Longueira Montes
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Juan Masferrer Pellizzari
- Victor Perez Varela
- Alfonso Vargas Lyng
- Marcelo Forni Lobos
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Burgos Varela
- Sergio Aguilo Melo
- Carlos Montes Cisternas
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Waldo Mora Longa
- Patricio Walker Prieto
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Zarko Luksic Sandoval
- Edgardo Riveros Marin
- Exequiel Silva Ortiz
- Jaime Mulet Martinez
- Edmundo Salas De La Fuente
- Eduardo Saffirio Suarez
- Pedro Araya Guerrero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudio Alvarado Andrade
- Pablo Galilea Carrillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Longueira Montes
- Eugenio Bauer Jouanne
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Dario Molina Sanhueza
- Ivan Moreira Barros
- Dario Paya Mira
- Felipe Salaberry Soto
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Longueira Montes
- Eugenio Bauer Jouanne
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Moreira Barros
- Dario Paya Mira
- Felipe Salaberry Soto
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 72ª, en martes 24 de enero de 2006
(Especial, de 16.13 a 18.41 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; y Robles Pantoja, don Alberto.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Situación que afecta a los Tribunales de Familia. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre controles integrados de frontera”. (boletín Nº 3908-10) 41
2. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alvarado y Galilea, don Pablo, que modifica el artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de crear la Comisión Permanente de Zonas Extremas. (boletín Nº 4084-16) 41
3. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los diputados señores Longueira, Bauer, Forni, Hernández, Molina, Moreira, Paya, Salaberry, Uriarte y Urrutia, que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental. (boletín Nº 4083-07) 42
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Longueira, Bauer, Forni, Hernández, Melero, Moreira, Paya, Salaberry, Uriarte y Urrutia, que modifica el sistema de uso de las urgencias establecido en la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (boletín Nº 4089-07) 43
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrázaga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jofré Núñez, Néstor RN I 2
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional, no estuvieron presentes los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Rodolfo Seguel Molina.
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , señor Luis Bates; de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Eduardo Dockendorff.
-Concurrieron, también, Francisco Maldonado, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia ; Rodrigo Medina, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia ; Decio Mettifogo, jefe de División de Defensa Social del Ministerio de Justicia ; Carlos Briceño, jefe de equipo técnico de implementación del Ministerio de Justicia, y Sereli Pardo, jefa de sector poderes y justicia del Ministerio de Hacienda. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.13 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 67ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 68ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Proyectos de acuerdo.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de los señores diputado para que puedan ingresar a la Sala la señora Decio Mettifogo, jefe de la División Defensa Social , y los señores Francisco Maldonado, jefe de la División Jurídica ; Rodrigo Medina, jefe de la División Judicial , y Carlos Briceño, jefe del Equipo Técnico de Implementación de la Judicatura de Familia y Laboral, todos del Ministerio de Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , la sesión especial que hoy nos convoca fue pedida por varios diputados, en particular de esta bancada, con el objeto de analizar la crítica situación que afecta a los tribunales de familia. Lo fundamental es escuchar la opinión del ministro de Justicia para saber qué podemos hacer para enfrentar una situación que, descrita como ha sido, más allá de algunas consideraciones, nadie discute que no es la que se previó, ni con mucho, como la ideal.
Sería bueno analizar los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta al momento de legislar sobre los tribunales de familia. Estoy hablando de noviembre de 1997,. hace ya bastante tiempo
El mensaje nos señalaba que sus objetivos se relacionan con ciertas condiciones -a lo mejor, compartidas transversalmente-, entre ellas que “atendida la naturaleza del conflicto familiar, el juez tenga un conocimiento directo e inmediato de los asuntos. A este fin, se ha diseñado un procedimiento oral, flexible, concentrado y basado en el principio de la inmediación.”.
En seguida, agregaba que “en el proyecto se contempla un objetivo que, sin ser propio de la judicatura de familia, no por eso es menos importante: el que se refiere a la incorporación en esta judicatura de elementos de modernización comunes al resto de la administración de justicia, con el objetivo de que el ejercicio de la jurisdicción sea lo más eficaz y eficiente posible.”.
El solo hecho de que la primera audiencia se esté dando, en algunos casos, para noviembre de 2006, nos lleva a concluir que las cosas no andan como hubiésemos deseado.
Nadie quiere que las cosas ocurran así, pero los hechos nos indican que los objetivos centrales de eficacia, rapidez e inmediatez a la hora de resolver este tipo de conflictos, que son complejos y dañinos para la convivencia, por distintas razones no se han conseguido.
¿Cuáles son esas razones? En los medios de comunicación se ha especulado mucho, pero todo parece indicar que hubo alguna falla en la prevención de lo que iba a ocurrir. Probablemente, el mismo hecho de entregar un marco teórico interesante a la hora de resguardar derechos fundamentales, provocó la presentación masiva de acciones, porque existía la sensación -no desmentida- de que los viejos tribunales en lo civil, en casos de violencia familiar, y los tribunales de menores, no recogían las peticiones de la ciudadanía. Entonces, ante un marco teórico, moderno, eficaz y eficiente, la ciudadanía, reacciona -como era esperable- y lleva a la judicatura sus verdaderas cajas negras de conflictos.-
Sin embargo, en la práctica no se están cumpliendo los objetivos que se buscaban y nos estamos enfrentando a una especie de denegación de justicia, lo que no es bueno para el Gobierno, para los otros poderes del Estado ni para los ciudadanos.
El Congreso Nacional no puede quedar al margen de buscar una solución, no sé si a través de meras medidas administrativas, de políticas públicas o de esfuerzos legislativos. Tal vez, el problema está en que la conciliación no fue obligatoria, como idealmente se esperaba, sino voluntaria.
Quizás, hay problemas más de fondo. Puede que falte un filtro para que no se judicialice todo. A lo mejor, se pudo haber tenido un juez de recepción, como se denomina en algunas partes, lo que involucraría mayores costos, que en una primera etapa habría filtrado los casos. Tal vez, la solución pasa por tener un juez sentenciador y otro de ejecución, que es la fórmula que se ha ocupado, mutatis mutandis, en el sistema laboral nuevo, donde hay una justicia más de fondo, el tribunal laboral, y un juez más de ejecución para las cuestiones de cobranza. En el marco teórico eso parece una cuestión interesante, aunque probablemente de mayor costo. En la justicia penal juvenil también hicimos diferencia y tenemos un juez que dicta sentencia y otro que conoce la causa.
Quizás ahí están las cuestiones que debiéramos resolver, o tal vez estamos equivocados al no tener redes sociales más activas, que inhiban la judicialización de todo, como los casos de menores en situación irregular. Me pregunto si tenemos un Sename activo; tal vez, no lo está.
Se deben responder estas consideraciones y con celeridad, porque la solución es urgente y necesaria. Me atrevería a decir que la modificación de políticas públicas, reglamentarias o legales debiera ser la medida 37 de la Presidenta electa Michelle Bachelet .
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, quien me ha solicitado intervenir de inmediato.
El señor BATES ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , voy a centrar mi exposición en cuatro temas: implementación de la ley de tribunales de familia; posibles causas de la sobredemanda inicial; medidas ya adoptadas para encarar la situación y medidas en estudio, en particular con la excelentísima Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Quiero aprovechar esta ocasión para señalar la buena disposición de los jueces de la República, especialmente de la Corte Suprema, para trabajar conjuntamente este tema con el Ministerio de Justicia, donde durante ocho meses trabajó una comisión de distinguidos académicos y profesionales del Derecho. Resultado de esa labor es la compilación de las normas de derecho de familia, que datan de diversas épocas y que estaban dispersas. Este instrumento va a servir a los operadores del sistema de justicia, jueces, abogados, etcétera, para una mejor aplicación del sistema.
Es justo reconocer que este Congreso tomó la iniciativa de hacer un ajuste legal a la ley de tribunales de familia, que finalmente se tradujo en la ley Nº 20.086, que ha ayudado a encarar esta situación.
Me parece indispensable recordar que el sistema de justicia, específicamente el de familia, se compone de leyes sustantivas y de procedimiento. Las sustantivas, que son numerosísimas, en el nuevo procedimiento de los tribunales de familia se consideran en un solo juicio, en un solo procedimiento, a diferencia de lo que se hacia en la antigua justicia de menores.
Un sistema de justicia se compone también de las instituciones que aplican las leyes, en este caso las de familia, y particularmente de los órganos que las auxilian, como el Servicio Nacional de Menores.
Pero un sistema de justicia está compuesto, además, por el mundo de la abogacía, donde impera la cultura del litigio, del ganador y del perdedor, y no la cultura pacificadora o la cultura de amigable componedora o la de las soluciones colaborativas y consensuadas entre las partes, que es primordial para la justicia de familia.
Por último, dentro del sistema de justicia se encuentran los niveles cívicos y legales que pueda tener la ciudadanía, que en este caso tiene importancia en cuanto a la información y el conocimiento que tengan no sólo de la ley, sino muy particularmente de la mediación, institución eje de los tribunales de familia.
La ley de los tribunales de familia se ha implementado, en mi opinión, de manera satisfactoria. El proceso contempla infraestructura a través de todo el país; informática, nombramiento de jueces, consejeros técnicos y empleados, en lo que se ha trabajado en forma muy coordinada con la Corte Suprema y con la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La implementación, por tratarse de la especialización de los tribunales de familia, tiene como elemento clave la capacitación, así como la difusión, la coordinación institucional y un aspecto fundamental: el seguimiento y evaluación de lo que ocurre con la aplicación de la nueva ley.
Me atrevo a decir que cada uno de estos componentes que comprenden la implementación de la ley se ha cumplido integralmente.
Quiero señalar brevemente algunos de estos temas.
Nadie discute hoy que la normativa legal que se elaboró en el Congreso Nacional es extremadamente superior que la anterior para la familia, para los niños y para la sociedad, sin perjuicio de los ajustes que haya que hacerle, tal como ocurrió en el caso de la reforma procesal penal.
Como señalé, uno de esos ajustes se hizo por iniciativa de esta honorable Cámara, a partir de una moción de varios diputados, lo que permitió mejorar sustancialmente el sistema.
A continuación, me referiré brevemente a los aspectos relacionados con la infraestructura, de manera de que si los honorables parlamentarios desean información pormenorizada, con el mayor agrado se la vamos a entregar.
En materia de infraestructura, como se trata de una judicatura especializada, se definieron las necesidades arquitectónicas en todo el país, se identificaron los inmuebles a ser remodelados, se efectuó la remodelación de 58 edificios, en su mayoría arrendados para estos efectos, y se remodelaron 77 juzgados, los que en su mayoría se ampliaron para dar cabida a las instalaciones asociadas a la nueva judicatura de familia.
En el ámbito de la informática, se llevaron a cabo todas las actividades individualizadas en la transparencia que se observa en este momento, es decir, licitación pública, desarrollo del proyecto, implementación del sistema, capacitación informática del personal e inicio del funcionamiento, las que se efectuaron en las fechas que se consignan, lo que, en mi opinión, demuestra que antes de que se dictara la ley ya había una actividad orientada a la implementación.
En materia de equipamiento, cabe mencionar la instalación de computadores e impresoras, sistemas de audio por salas de audiencia, de acuerdo con los nuevos procedimientos, igual como ocurrió con la reforma procesal penal; instalación de escáner y fotocopiadoras por juzgado, etcétera.
En cuanto a los nombramientos de jueces, las ternas que proponen los tribunales de justicia se encuentran resueltas de la manera en que aparecen en la estadística que se observa en este momento, o sea, 205 nombramientos de ternas para jueces de familia resueltas -no me voy a referir al procedimiento que sigue cada terna y el tiempo que conlleva-; 12 ternas devueltas a las cortes sin nombramiento, porque se repiten nombres, lo que a veces deja sin posibilidad de nombrar, y lo que es muy importante, 193 jueces de familia nombrados a la fecha. El tiempo promedio de nombramiento o de resolución de esas ternas es de 8,45 días.
En el ámbito de la implementación, que tiene que ver con la capacitación, se ha realizado un esfuerzo enorme de parte de la Academia Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Debo destacar que hemos contado con la buena disposición y colaboración del Poder Judicial .
No voy a leer todo lo que se consigna concerniente a la capacitación del Poder Judicial, pero quiero señalar que se ha ido avanzando de manera perseverante en ese tema que es vital, porque la especialización de los tribunales de familia es uno de los componentes importantes de la nueva ley.
En materia de capacitación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a partir de junio de 2005 y de las demás fechas que se indican, se han impartido los cursos que están allí individualizados. En materia de capacitación brindada por el Ministerio de Justicia, sucede lo mismo de acuerdo con los datos que están allí consignados.
Quiero destacar que, como una forma de institucionalizar la relación de trabajo establecida desde 2001 entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, el 11 de agosto de 2005 se formó la Comisión de coordinación de esta reforma, la que, al igual como sucede con la reforma procesal penal, está integrada por el ministro de Justicia , quien la preside; por el presidente y un ministro de la Corte Suprema , el subsecretario de Justicia , el presidente del colegio de abogados con mayor número de afiliados, etcétera.
La institucionalización de esa relación ha sido el órgano natural donde se debaten y adoptan las medidas que corresponden cuando se detectan falencias o debilidades del sistema. Lo destaco, porque esa comisión ha trabajado con mucha regularidad y ha adoptado una serie de acuerdos y medidas que tienden a paliar la sobrecarga inicial que se ha producido con la instalación de esta nueva justicia.
También se señalan a título ilustrativo las medidas adoptadas antes del 1º de octubre de 2005, entre las que se encuentran los autos acordado de la Corte Suprema -porque éste es un trabajo en conjunto entre la Corte Suprema, los tribunales y los jueces, quienes viven el día a día con la nueva justicia de familia y han tenido una voz, incluso pública, sobre estas materias, la que ha sido especialmente considerada-, y la que dice relación con el establecimiento de un sistema de seguimiento estadístico de los ingresos de causas de los juzgados de familia. Lo destaco, porque desde que comenzó a funcionar esta nueva justicia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha estado informando permanentemente al Ministerio de Justicia respecto del desarrollo de este primer período, que es de transición, de maduración, de rodaje, por así decirlo, del nuevo sistema. Eso ha permitido adoptar algunas medidas.
Me parece muy importante el tema del componente de la implementación que tiene que ver con la difusión de la nueva justicia de familia.
El Ministerio de Justicia considera que éste es un tema clave para la dictación de cualquier ley, pero si se trata de temas de familia, tiene aún más importancia que otras leyes, porque son temas que tratan sobre la vida cotidiana de la familia chilena.
En el ámbito de la difusión, que está ahí señalado, pero que no lo voy a leer por razones de tiempo, quiero decir que se ha hecho toda la actividad de difusión que allí se indica.
Si se hace difusión, es razonable pensar que puede haber mayor incremento en los requerimientos sobre la materia. Por eso, se han adoptado las medidas que voy a indicar.
Después de señalar brevemente todas las actividades de implementación realizadas para la adecuada aplicación de la ley, quiero compartir algunas ideas sobre el tema clave, cual es las razones que pueden explicar esta sobredemanda inicial que se ha producido en los tribunales de justicia de familia, en particular, no exclusivamente, en la Región Metropolitana.
Esta sobredemanda tiene mucha relación con las observaciones que han hecho los propios jueces, cuyas opiniones he seguido muy de cerca, porque viven la experiencia diaria.
En algunos artículos y entrevistas de prensa, que tengo a la mano, explican con toda claridad la complejidad de los temas de familia.
No quiero cansarlos con citas de jueces; pero, indudablemente, es bueno tenerlas presentes. Por ejemplo, una de las juezas que ha tenido una voz pública importante, la magistrada señora Alba Llanos, ha dicho lo siguiente en una entrevista de prensa, que me parece importante transcribir: “El tema familiar es por esencia dinámico y repleto de aristas”,...”un día las partes están peleadas a muerte, pero mañana reanudan la vida en común y tienen un nuevo hijo, por ejemplo. Se va produciendo una cadena de sucesos de una vertiginosidad tan fuerte que el derecho no alcanza a responder. Por esta razón, muchas veces el valor de la sentencia -producto del dinamismo de esa propia relación- no alcanza a tener relevancia para ellos”... “y esta situación no aseguran que vaya a cambiar.”.
Varios jueces se refieren a la complejidad de los temas de familia, pero la razón más importante que ha llevado a esta sobredemanda de los tribunales de la familia es la que se denomina “demanda contenida”. Así como en materia criminal hay cifras negras en las estadísticas, por ejemplo, respecto de los abortos, porque nunca se sabe con precisión cuántos se producen en un país, ocurre algo similar con los problemas de familia ya que siempre hay cifras negras relacionadas con asuntos que no están resueltos, que no tienen solución y que se mantienen en una especie de resignación. Por eso, cuando se instalaron los tribunales de familia, la gente acudió en busca de una solución.
El mayor atochamiento se ha producido en materia de divorcios. Tengo en mi poder declaraciones de prensa de estudios jurídicos que señalan que mantenían retenido un número bastante significativo de casos de divorcios, a la espera de que entrara a funcionar el nuevo sistema de justicia de familia.
En “El Mercurio” del 14 de diciembre de 2005 figura un extenso editorial que prevé que se pueden producir situaciones prácticamente imposibles de apreciar, porque existen cifras negras en esta materia.
Cito nuevamente a una jueza de la República, una de las más conocidas, la señora Luz María Barceló, quien dice: “Por el período de transición que vive el nuevo sistema, aún no se puede “sacar una fotografía” o establecer un diagnóstico claro de cuál va a ser la demanda normal por estos distintos casos, porque hay que considerar que no se puede establecer cuánto es demanda contenida de gente que ha esperado el inicio de los Tribunales de Familia.” Y agrega: que “muchos casos se trata de gente que lleva muchos años separados. La mayoría lleva diez, quince, treinta años separados. En el fondo están formalizando y ordenando su situación, porque antes no tenían una salida jurídica que se los permitiera, porque la nulidad en definitiva no era un camino abierto a todos. Es por eso que la tendencia real se podrá ver cuando el sistema tenga más rodaje.”
Esa jueza vive el día a día los temas de familia y tiene una extraordinaria buena disposición para abordar los problemas que se están planteando.
El segundo elemento que tiene que ver con las demandas contenidas dice relación con alimentos. Las resoluciones judiciales en materia de alimentos son esencialmente modificables. No se trata de sentencias que pasen a tener el carácter de cosa juzgada y después se cumplan. La frase tan común, “quiero que me mejoren la pensión”, se traduce en la renovación de los juicios de alimentos. Al respecto, dos jueces de la república señalan “las dificultades en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.” La jueza Llanos, que ha tenido una vocería pública sobre esta materia, lo dice con toda claridad, como lo acabo de expresar, refiriéndose a la complejidad de los problemas de familia. La prensa ha sido muy clara en esa materia, especialmente “La Tercera” y “El Mercurio”. Un portal de Internet www.problemas.cl estima que, en materia de alimentos, justamente por este carácter renovable que no termina nunca, este rubro ha significado un aumento superior al 200 por ciento.
Sin duda, estos dos capítulos son factores ocultos imposibles de determinar de manera objetiva en algún estudio y que, probablemente, han tenido alguna incidencia en esta sobredemanda inicial.
El tercer elemento es la comparecencia sin abogados, tema que ha sido objeto del debate público. Esto tiene que ver con un problema más amplio: “el acceso a la justicia sin abogados”, como dicen algunos textos. El artículo 18 de la ley de tribunales de familia, en relación con el 56, abre la posibilidad de que las personas concurran sin abogados. Esto fue una idea aprobada en forma unánime en el Congreso Nacional. Sin embargo, quiero destacar que se aprobó -a mi juicio, sabiamente- con un escape: la ley dice que se puede comparecer sin abogados, “a menos que el juez así lo ordene expresamente”. En consecuencia, este factor depende fundamentalmente del juez de la República , quien, analizando la naturaleza del conflicto, debe resolver si se margina al abogado o no. Por ejemplo, en el divorcio por la causal de culpa se necesitan elementos de prueba y de conocimientos técnicos distintos de otras materias de familia y requieren abogados para un mejor avance de los procesos.
En fin, se ha hablado mucho de que un factor importante de esta sobrecarga inicial del sistema es la posibilidad de comparecer sin abogado. Bien, la ley existe, pero el juez tiene la facultad, dependiendo de la naturaleza del problema, de ordenar que se comparezca con abogados.
Por otra parte, cuando se comparece sin abogados se invierte más tiempo en la detección del tema jurídico involucrado, porque las personas sin abogados demoran más tiempo en explicar sus casos y, muchas veces, lleva un tiempo considerable detectar cuál es su naturaleza jurídica. Por ejemplo, para una persona sin abogados, distinguir entre separación, nulidad y divorcio no es un tema fácil. Ello ha significado alguna sobrecarga de tiempo en el conocimiento de las causas de familia.
Hay un tercer elemento que tiene que ver con este fenómeno. He sabido -me lo han contado jueces- que muchas personas que concurren a los tribunales de familia pretenden soluciones rápidas, inmediatas. Consideran como un trámite más ir a un tribunal de familia; como hacer un trámite ante un oficial de registro civil o ante otros órganos del Estado. Como muy bien lo dice un juez de la República : “Estos son temas de justicia, tienen que ver con la justicia de familia y con las causas de los problemas de familia, para lo cual se crearon por este honorable Congreso Nacional los consejos técnicos, debido al carácter interdisciplinario que presentan los problemas de familia, buena parte de los cuales no pueden resolverse con la rapidez que muchos esperan cuando concurren a un tribunal de familia”.
La honorable Cámara sabe muy bien que los temas de justicia son muy complejos y que, antes de emitir un veredicto, se deben apreciar y cotejar pruebas, etcétera. Por eso, la jueza Alba Llanos, quien tal vez es la que con más fuerza ha puesto en el tapete público este tema, expresó que “la rapidez no supone una resolución acertada, porque, a veces, estamos sacrificando el sentido de justicia, la necesidad de conocer más a fondo las cosas”, e hizo toda una referencia que, en homenaje al tiempo, voy a omitir.
Entonces, muchas veces se concurre a los tribunales de familia con problemas complejos, y la gente expresa que no está dispuesta a perder el tiempo, en circunstancias de que se trata de problemas de justicia que, como digo, requieren de calma para analizar, cotejar y ponderar pruebas.
Enseguida, como posible factor en relación con la sobrecarga inicial, se debe mencionar un aspecto que nos parece esencial: la subutilización de los mecanismos de colaboración en materia de resolución de conflictos familiares, en particular la mediación, aspecto que, como muy bien saben los honorables parlamentarios, cuenta con siete disposiciones en la ley y con un capítulo completo.
La mediación y la conciliación forman parte de una tendencia que hoy es universal y transversal. En Chile, por lo menos en ocho o diez de las últimas leyes tramitadas -en materia de quiebras, procesal penal, de familia, etcétera-, se han incorporado la mediación y la conciliación para la resolución de los conflictos.
Reitero: no cabe duda de que se ha hecho una subutilización del sistema de mediación, componente clave, el eje de esta nueva ley de familia. Se han subutilizado los mecanismos que ofrece la Corporación de Asistencia Judicial, que venían desarrollándose desde antes que entraran en vigor las normas en materia de mediación.
Tal vez el tema más importante -con cuya solución tenemos fundadas esperanzas de que este problema inicial se reducirá sustancialmente- tiene que ver con el proyecto enviado por el Gobierno, en el que se aborda la mediación obligatoria.
Como se recordará, la Cámara aprobó el carácter obligatorio de la mediación, criterio que ulteriormente fue modificado en el Senado de la República, lo que significó, como todos sabemos, establecer una mediación voluntaria.
El empleo de mediación y, en general, de las formas alternativas de solución de conflictos -la ley considera dos: la mediación y la conciliación- se relaciona con un problema que tiene que ver con el desarrollo cultural no sólo de abogados y jueces, sino también de la ciudadanía. En otros países, la mediación es un éxito en la resolución de los problemas de familia, con todos los beneficios y las ventajas que ello significa.
Hemos instado -así lo hicimos en el proyecto que se envió al Congreso Nacional- a una mediación obligatoria, pero, por supuesto, en el entendido de que sólo la derivación a ella es obligatoria, porque a nadie se le puede imponer que llegue a una solución por esa vía.
La licitación de los mediadores privados, diferentes profesionales, significa disponer hoy, a través de ese mecanismo, de más de mil ochocientos mediadores dispuestos para empezar a funcionar. Creemos que con ello y en la medida en que se desarrolle una cultura de solución pacífica y de colaboración en materia de conflictos y, sobre todo, que esto sea bien conocido por la ciudadanía, lo que lleva tiempo, deberían cumplirse los objetivos que tuvo en vista el legislador cuando se pronunció sobre el tema de las mediaciones.
Estamos dispuestos a estudiar un proyecto de ley que haga de la mediación una derivación obligatoria, porque creemos que es la mejor manera de resolver estos conflictos -tal como ha sucedido en Argentina- y también como una forma de difundir lo que es verdaderamente la mediación. Hasta hoy la gente la ve como un trámite más y, en consecuencia, se resiste a mecanismos de mediación que, como todos sabemos, simplemente significa la intervención de un tercero, que no impone soluciones, para que las partes lleguen a las soluciones correspondientes. Cuando eso se logra, como ha ocurrido en las experiencias de las corporaciones de asistencia judicial -esto también tiene que ver con la profundización de la democracia, porque son las partes las que participan directamente en la solución de sus propios conflictos-, sus efectos tienen un carácter mucho más permanente y durable que el que se podría lograr con otro tipo de solución.
Me atrevería a decir que el cambio de la expresión “Yo gano y tú pierdes”, que representa el sistema tradicional, del litigio, que hemos tenido en la historia de Chile -es decir, la posición adversarial de los conflictos-, a aquella que señala “Tú ganas y yo gano”, que sintetiza muy bien los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es un proceso cultural que implica tiempo, difusión, etcétera.
Con la mediación se da al sistema flexibilidad y se incorpora a los profesionales privados, que cumplieron con todos los requisitos de los procesos de licitación y adjudicación a la solución de estos problemas mediante esa vía.
Podría entregar mucha información sobre el proceso de licitación que se realizó en todo Chile, en cada región -que finalmente ha resultado exitoso-, con mecanismos de salvaguardia en el tema de la probidad y en otros. Esta mediación a través de las licitaciones empieza a funcionar el 7 de febrero del año en curso y creemos que será un elemento que debería descomprimir el sistema.
Por otra parte, quisiera reflexionar, en conjunto con la Cámara de Diputados, sobre el hecho de que se ha usado este sistema con fines esencialmente preventivos, esto es, donde no hay conflictos. Los jueces me han explicado que en algunas situaciones que se encuentran estables, para evitar juicios futuros, se recurre hoy a la nueva ley de tribunales de familia. Por ejemplo, cuando la madre, de común acuerdo con el padre -por lo tanto, no existe ningún conflicto-, entrega los hijos al padre, con la nueva ley en vigencia este último presenta una demanda de tuición, en prevención de que en el futuro le quieran quitar los hijos. Es decir, no hay un conflicto que se deba resolver, sino que -según me explicaron los jueces- se recurre a la ley con fines exclusivamente preventivos.
La sobredemanda se ha producido también -por cierto, es necesario abordar el tema- a causa de las notificaciones que, de acuerdo con la ley, se deben realizar por funcionarios del propio tribunal, lo que efectivamente genera un problema. He conversado con las autoridades de la Corte Suprema sobre la posibilidad de crear un centro de notificaciones que haga más ágil ese mecanismo, que también es parte del problema.
Por ejemplo, una mujer concurrió a los tribunales de familia; se le preguntó por el domicilio del demandado -se trata de un caso que apareció en la prensa- y respondió que no lo sabía, porque cuando él supo que ella había quedado embarazada, se fue a vivir a España. ¿Qué puede hacer un tribunal en tal situación?
Situaciones como esa son recurrentes en los tribunales de familia, frente a las cuales, sin duda, la gente sale decepcionada, porque el tribunal no le resolvió el problema. Los señores diputados entienden perfectamente la dificultad de notificar a una persona en España, cuyo domicilio se desconoce.
Creemos que éste es un elemento que ha llevado a la sobredimensión inicial -repito: inicial-, porque todavía no se han hecho estudios empíricos y serios, debido a que el sistema lleva un tiempo muy breve de rodaje, que indiquen si esta demanda inicial se mantendrá en el tiempo o, como ocurrió en España, posteriormente será más normal.
Existen muchísimos ejemplos de renovación de causas que ya se habían planteado en el sistema antiguo. Una señora dice: “Estuve tres años en el sistema antiguo y no obtuve nada. Se abrieron los tribunales nuevos y vine inmediatamente a presentar mi demanda.” Así ha ocurrido, sobre todo en los juicios de alimentos, lo que ha significado una sobrecarga para los tribunales de familia.
Por otra parte, el cumplimiento de las decisiones judiciales del sistema antiguo se traspasaron masivamente al sistema nuevo, lo cual en parte ocasiona el problema. Entendemos que esto es transitorio, por cuanto los juzgados de menores van a ir suprimiéndose. En consecuencia, este problema, que hoy es real, no existirá una vez que desaparezcan esos tribunales.
En síntesis, éstas son algunas de las razones que, en nuestra opinión, han provocado la sobredemanda inicial en los tribunales de familia.
Para terminar, quiero señalar las medidas que se han adoptado y las que se están analizando, con la participación y la muy buena disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Destaco lo anterior, porque un poder independiente del Estado podría haber asumido una posición distinta y no de colaboración, como lo demuestran las reuniones que sostenemos con los ministros de la Corte Suprema.
Se solicitó adelantar el cronograma de nombramiento de los jueces. Para ello, la Corte Suprema emitió el correspondiente autoacordado -hay que manejarse con los mecanismos que usa la Corte Suprema y que, por cierto, su concreción lleva algún tiempo-, en el cual se instruyó a todas las cortes de apelaciones el nombramiento acelerado de los jueces. Eso significó que hoy en la Región Metropolitana estén designados todos los jueces de familia, los consejeros técnicos y empleados de estos tribunales.
En definitiva, de los 258 jueces establecidos en la ley, hoy están nombrados 193; de los 275 consejeros técnicos establecidos en la ley, que cumplen una labor vital en el funcionamiento del nuevo sistema, ya están nombrados 270, y de los 742 funcionarios establecidos en la ley, han sido nombrados 689.
Con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las cortes de apelaciones de todas las regiones del país se han realizado los trabajos de coordinación necesarios.
En los sesenta juzgados de familia se ha hecho difusión, capacitación de los empleados en informática y derivación a mediación para mejorar la atención del público, que es un tema que nos preocupa, porque la percepción del usuario -que es la persona para la cual trabajamos- del funcionamiento de un órgano del Estado depende en gran medida de cómo lo atienden en la primera barrera, en el primer mesón. Ahí se produjeron algunas aglomeraciones que han ido disminuyendo con la separación de la atención de público entre aquellos que van sin abogados y aquellos que van asistidos por profesionales.
La coordinación con Carabineros ha sido muy exitosa, y el Servicio Nacional de Menores ha entregado a los tribunales de familia el listado completo de las instituciones colaboradoras, de forma que los diversos juzgados hoy tienen absoluto conocimiento de las posibilidades con que cuentan al momento de aplicar una medida de protección.
De la misma forma, se envió a todos los tribunales de familia la información documental sobre el sistema de mediación ofrecido por las corporaciones de asistencia judicial. Esto es muy importante, porque cuando se puso en marcha el sistema -en un momento se dijo que también la licitación de mediadores empezó atrasada, lo cual es un error- las corporaciones ya estaban preparadas para asistir en la mediación, sin que fueran suficientes, por supuesto. De ahí la existencia de aproximadamente 1.800 mediadores licitados que hoy están listos para prestar sus servicios.
Otra medida: el nombramiento de los jueces interinos en los juzgados de menores, a propuesta de las cortes respectivas, sin elaborar ternas, mecanismo que se está aplicando con mucha rapidez.
Además, las modificaciones introducidas a la ley por iniciativa de la honorable Cámara, como eximir a las partes de la comparecencia personal y otras, sin duda han servido en los procedimientos de los juzgados de familia.
En las reuniones con el presidente de la Corte Suprema y, en general, con la Comisión, se han planteado medidas orientadas a dar solución al problema:
En primer lugar, nombramiento más acelerado y simultáneo del personal restante. Se ha hecho de manera individual, por así decirlo, y se mandan las ternas separadamente. Una vez que se completa el proceso en las cortes, se envían al Ministerio de Justicia para que adopte las decisiones correspondientes.
Hoy día, el pleno de la Corte Suprema -así fui informado- acogió este tipo de nombramiento más acelerado y simultáneo del personal de los tribunales de familia. Es un avance que, sin duda, va a contribuir a disminuir la sobrecarga.
En segundo lugar, se acordó, con un matiz, el traspaso de personal desde los juzgados de menores a los de familia.
Al respecto, proponíamos que los juzgados de menores quedaran con dos funcionarios, porque cada vez tienen menos trabajo, como es natural. El pleno de la Corte Suprema estimó que eso era exagerado, porque algunos todavía tienen una importante carga de trabajo; no obstante, ello se hará, pero de manera gradual, según la situación de cada juzgado de menores.
En tercer lugar, se propuso el refuerzo de atención al público con postulantes. Existe una gran número de postulantes -cada año se reciben cerca de 1.600 abogados- que están haciendo su práctica profesional y que podrían participar en la mejor atención de los tribunales.
Por último, la Corte Suprema ha acordado reemplazar con suplentes, nombrados por las cortes -habíamos propuesto interinos-, a aquellos jueces cuya ausencia, motivada por licencias médicas, vacaciones o lo que fuere, sea prolongada.
La Corte Suprema no aceptó nuestra propuesta de eliminar el requisito de la habilitación, porque estimó que ello no procedía.
En cuarto lugar, está la propuesta del juez filtro, que también se ha mencionado con cierta frecuencia en el debate público. Es decir, que hubiera magistrados que, según la naturaleza del conflicto, filtraran las demandas orales para dar mayor rapidez al proceso. La Corte Suprema apoya la idea de una reforma legal sobre esa materia.
Respecto de la mediación, también está de acuerdo en que se inicie un estudio para la mediación como inicialmente lo propuso el Gobierno: con carácter obligatorio, derivación obligatoria.
En quinto lugar, el tema de los postulantes y de los centros de notificación.
El objetivo de esta relación es ilustrar a la honorable Cámara. En todo caso, estamos dispuestos a responder las consultas que vuestras señorías quieran formular sobre la materia.
Muchas gracias.
-El señor ministro de Justicia complementó su exposición con las siguientes diapositivas:
Sistema de justicia de familia.
Leyes sustantivas (compilado). Código Civil (Filiación). Ley de abandono de familia (alimentos). Ley de Matrimonio civil. Ley de adopción de menores. Ley de violencia intrafamiliar. Ley de responsabilidad penal juvenil. Tratados Internacionales. Leyes de procedimiento: Ley que crea los tribunales de familia. Instituciones que aplican leyes de familia: Juzgados de familia. Órganos auxiliares. Abogacía: primacía de la cultura legal adversarial. Ciudadanía: cultura legal y cívica.
Aspectos de la implementación.
En julio de 2004, y como parte de la permanente coordinación entre el poder judicial y el Ministerio de Justicia, se fijó el cronograma de trabajo con las actividades a realizar para la implementación de la judicatura de familia, las cuales estaban relacionadas a los siguientes ámbitos:
Infraestructura:
Judicatura especializada. Enero a mayo 2004: Definición de las necesidades arquitcetónicas y de áreas especiales de los nuevos juzgados.
Mayo a octubre 2004: Búsqueda e identificación de los inmuebles a ser remodelados.
Enero a agosto 2005: Remodelación de 58 edificios, en su mayoría arrendados para estos efectos. Juzgados de letras con competencia en familia.
Marzo a agosto 2005: Remodelación de 77 juzgados, los que en su mayoría se ampliaron para dar cabida a las instalaciones asociadas a la nueva judicatura de familia, principalmente una sala de audiencia exclusiva.
Informática:
Noviembre a diciembre 2004: licitación pública.
Enero a julio 2005: Desarrollo del proyecto.
Julio a septiembre 2005: Implementación del sistema.
Agosto a septiembre y diciembre 2005: Capacitación informática del personal.
1 de octubre de 2005: Inicio del funcionamiento.
Equipamiento:
Julio a septiembre 2005: instalación de computador e impresora por funcionario (795 aprox. en total).
Julio a septiembre 2005: Instalación de sistema de audio por sala de audiencia (195en total).
Julio a septiembre 2005: Instalación de scaner por juzgado (60 en total).
Julio a septiembre 2005: Instalación de fotocopiadora por juzgado (60 en total).
Nombramientos de jueces a través de ternas resueltas por el Ministerio de Justicia.
Ternas para jueces de familias resueltas: 205.
Ternas devueltas a Cortes sin nombramiento: 12.
Jueces de familia nombrados: 193.
Tiempo promedio de resolución de ternas: 845 días.
Capacitación Academia Judicial:
Julio 2004: Elaboración del documento “Análisis preparatorio para la implementación de los tribunales de familia”.
Agosto 2004: 2 cursos de formación para monitores (41 jueces).
Septiembre a diciembre 2004: 22 cursos introductorios. Habilitantes para postulantes a los cargos de juez de familia (425 alumnos).
Enero 2004: Elaboración del “Programa de Capacitación para los miembros del poder judicial, en el marco de la reforma que crea los Tribunales de Familia”.
Marzo a julio 2005: 9 cursos profundizados para jueces de familia (128 jueces).
Mayo a septiembre 2005: 16 cursos para consejeros técnicos (368 alumnos).
Julio a agosto 2005: 3 cursos para administradores (60 alumnos).
Mayo a septiembre 2005: 34 cursos para empleados (782 empleados).
Agosto de 2005: 1 curso para subrogantes legales de jueces de familia (25 alumnos).
Septiembre 2005: Seminario internacional sobre Derecho de Familia e Infancia, coordinado conjuntamente con la Unicef.
Capacitación Corporación Administrativa Poder Judicial.
Junio a agosto 2005: Cursos sobre computación básica para empleados y consejeros técnicos (300 alumnos).
Junio a septiembre 2005: Cursos sobre manejo nuevo sistema informático para jueces, empleados y consejeros técnicos (778 alumnos).
Junio a septiembre 2005: Cursos sobre rol de los nuevos consejos técnicos (140 alumnos).
Junio a agosto 2005: Cursos sobre políticas institucionales para administradores (60 alumnos).
Capacitación brindada por el Ministerio de Justicia:
Julio a septiembre 2004: 13 seminarios de difusión de Juzgados de Familia en cada una de las regiones del país.
Junio a septiembre 2005: 15 simulaciones de juicio (participaron 24 jueces, 10 abogados litigantes, 30 consejeros técnicos y peritos).
Comisión de coordinación de reformas judiciales:
Como una forma de institucionalizar la relación de trabajo establecida desde el año 2001 entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, el 11 de agosto de 2005 se formó la Comisión de coordinación de Reformas Judiciales.
Entre sus objetivos principales se encuentra el realizar el seguimiento y evaluación del proceso de implementación con el fin de optimizar recursos y detectar falencias, cuya corrección permita cumplir con los objetivos que la reforma de familia se ha planteado.
Composición: Dicha comisión está integrada por el ministro de Justicia , quien la preside; por el Presidente de la Corte Suprema ; por un ministro de la Corte Suprema elegido por el pleno de ese tribunal; por el Subsecretario de Justicia, por los Presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel y por el presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados.
A su vez, esta comisión cuenta con un comité ejecutivo, el cual reporta directamente a la comisión.
Comisión de coordinación de reformas judiciales.
Medidas tomadas previas al 1 de octubre de 2005.
Autoacordado de la Corte Suprema (septiembre 2005): Definición de tallada de la labor de los consejos técnicos.
Documento de orientación entregado a todos los juzgados (septiembre 2005): Definición de los procesos de trabajo interinstitucionales, especialmente en materia de mediación.
Autoacordado de la Corte Suprema (septiembre 2005): Definición conjunta de orientaciones para los jueces en materia administrativa y procesal.
Evaluación en base a reportes diarios (septiembre 2005): Establecimiento de un sistema de seguimiento estadístico de los ingresos de causas a los juzgados de familia.
Principales actividades de la implementación. Difusión juzgados de familia y sistema de mediación.
Guía práctica regionalizada: Manual de consulta rápida y orientación sobre nuevo sistema y mediación. Se imprimieron 1.600.000 unidades para todo el país.
Inserción de la guía práctica en principales diarios del país.
Campaña radial de alcance nacional: Campaña de alcance nacional, a través de 16 radioemisoras, desde el 5 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2005.
Fono consulta: 800-215-700. Línea de alcance nacional para orientación y consultas sobre nuevo sistema y la mediación, entregado por operadores capacidados especialmente. Desde 6 de septiembre de 2005 a la fecha. Ha recibido 23.000 llamadas aproximadamente (alimentos, contacto regular, divorcio).
Material gráfico de apoyo: 10 mil afiches, 40 mil folletos para público general y 10 mil folletos para nuevos actores del sistema, gigantografías, pendones, entre otros.
Capacitación de medios de comunicación. Capacitación a medios de comunicación, especialmente radios y programas de servicio público de TV. Aproximadamente 50 periodistas capacitados sobre funcionamiento y características del nuevo sistema.
Actividades en terreno. Realización de charlas a la comunidad a nivel nacional, realización de capacitación a juntas de vecinos y otros, entrega de folletos a la población.
Información en la Web. Se diseñó en el sitio www.minjusticia.cl una sección especial para informar sobre nuevos juzgados de familia y el sistema de mediación, además de responder consultas de la población.
Talleres regionales de capacitación y difusión sobre juzgados de familia y sistema de mediación. Durante el año 2004 se realizaron en cada una de las regiones un seminario de capacitación sobre juzgados de familia (13 en total), para comunidad jurídica y ámbito académico.
Además, durante el año 2005, se realizaron 13 seminarios, uno en cada región, sobre el nuevo sistema de mediación.
Causas posibles de la sobredemanda:
Se ha producido una elevada demanda por ingresar casos en los Juzgados de Familia. En la actualidad, el número de ingresos de causas es un 110% superior a lo planificado, provocando congestión en la administración de causas.
Las razones que explican esta situación son las siguientes:
Demanda contenida (divorcios y alimentos).
Comparecencia sin abogado (art. 18 de la ley Nº 19.968).
Pretensión de soluciones inmediatas y rápidas.
Subutilización de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos (licitaciones).
Uso del sistema con fines preventivos. Influencia de la difusión.
Problemas provocados por las notificaciones.
Cumplimientos de las resoluciones dictadas por los tribunales de menores traspasadas masivamente a los juzgados de familia (20% de los ingresos).
Medidas ya adoptadas:
En su reunión del 20 de octubre de 2005, la Comisión de Coordinación de Reformas Judiciales solicitó al Poder Judicial , haciendo uso de las facultades entregadas en el art. 105 de la ley Nº 19.968, adelantar el cronograma de nombramientos.
En razón de ello, a principios de diciembre de 2005, la Corte Suprema emitió un autoacordado dirigido a todas las Cortes de Apelaciones, en el cual instruyó nombrar a todos los jueces, consejeros técnicos y empleados a la brevedad.
En razón de ello, se ha producido un sustancial adelantamiento en los nombramientos, los cuales hasta la fecha son los siguientes:
193 jueces de 258 establecidos en la ley.
270 consejeros técnicos de los 275 establecidos en la ley.
689 funcionarios de los 742 establecidos en la ley.
Reuniones de coordinación en todas las regiones del país con los jueces de familia con el fin de conocer el estado de la implementación y proponer eventuales medidas.
Desarrollo de cartillas y afiches informativos en los 60 juzgados de familia con el fin de orientar al público que acude sin representación legal.
Desarrollo de nuevos cursos de capacitación en informática y derivación a mediación, a los empleados a cargo de la atención de público. Esta capacitación fue brindada por la Capj y el Ministerio de Justicia en los meses de noviembre y diciembre.
Separación de la atención no representado legalmente de aquellos que acuden con abogado. Lo anterior, con el fin de brindar una atención más eficiente a cada tipo de usuario.
Coordinación con Carabineros de Chile para la adecuada coordinación en el caso de niños, niñas o adolescentes infractores (horarios, traslado, custodia, etc.)
Entrega a los Juzgados de Familia del listado completo de instituciones colaboradoras, de tal forma que los diversos juzgados tengan absoluto conocimiento de las posibilidades con que cuenta al momento de aplicar una medida de protección.
Envío a todos los juzgados de familia y competencia común, de todos los documentos asociados al sistema de mediación ofrecido por las CAJ, reiterando lo realizado en el mes de septiembre.
Nombramiento de jueces interinos en los Juzgados de Menores a propuesta de las Cortes respectivas, sin elaborar ternas.
Modificaciones legales que simplifican los procedimientos juzgados de familia ley Nº 20.086, publicadas en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 2005 (moción de los parlamentarios Gonzalo Uriarte, Juan Bustos, Pía Guzmán, Laura Soto, Guillermo Ceroni, Jorge Burgos y Marcelo Forni).
Facilitar al juez el eximir a las partes de la comparecencia personal: por razón fundada se permite al magistrado eximir a una de las partes de comparecer personalmente a la audiencia, lo que permite el desarrollo normal de las causas cuando una de las partes está imposibilitada de presentarse o no es habida.
Se flexibiliza la recepción de pruebas, se permite que a petición de alguna de las partes, el tribunal pueda ordenar la recepción de pruebas que no se hubiese ofrecido oportunamente, cuando justifique no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento, se favorece así el desarrollo normal de las audiencias.
Perfecciona el sistema de acumulación de causas, permite la acumulación de causas sobre asuntos que cuentan con el mismo procedimiento, lo que permitirá facilitar la labor del juez en audiencia al hacer más rápida la resolución sobre las diversas materias. Se exceptúa en cualquier caso la violencia intrafamiliar.
Declaración de peritos, se facilita la rendición de informese periciales sometidos a mecanismos estandarizados (alcoholemia, drogas, ADN) al igual como se hizo en los ajustes a la reforma procesal penal.
Medidas cautelares, se ratifica la procedencia de medidas cautelares respecto de menores inimputables que sean infractores de la ley penal.
Etapas de construcción del sistema nacional de mediación.
Publicación de la ley Nº 19.968, 30-08-2004.
Publicación Reglamento de la ley Nº 19.968, 22-11-2004.
Apertura de Registro Unificado de Medidores , 08-09-2005.
Llamado a licitación, 24-10-2005.
Acto de apertura de propuestas, 22-11-2005.
Adjudicación de carteras, 22-12-2005.
Firma de decretos correspondientes, 23-01-2006.
Inicio operación de la mediación, 07-02-2006.
Resultados de la licitación:
1. Adjudicación de 4.320 carteras de causas mediables en las 13 regiones del país. Cada una de estas carteras corresponde 20 causas mediables aproximadamente.
2. Número de personas naturales adjudicadas es de 55.
3. Número de personas jurídicas adjudicadas es de 46.
4. Este sistema permitirá resolver por vía no judicial el 15% de las causas ingresadas a Juzgados de Familia.
Medidas en estudio en conjunto con el poder judicial:
El Ministerio de Justicia y el poder judicial se encuentran estudiando una serie de medidas para solucionar la situación planteada. Para ese fin, la Corte Suprema ha designado al ministro Jorge Medina para dedicarse al tema. Las medidas en estudio están destinadas a:
1. Nombramiento más acelerado del personal restante (jueces, consejeros técnicos y empleados).
2. Traspaso del perseonal de Juzgados de Menores a los Juzgados de Familia.
3. Aumento de la derivación a mediación a través de la acción de los mediadores en los propios juzgados.
4. Refuerzo de la atención de público.
5. Mejora en el procedimiento de notificaciones.
6. Estudio de las posibles modificaciones legales”.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala la asesora del ministro de Hacienda, señora Sereli Pardo.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , en primer lugar quiero manifestar mi sorpresa por la actitud del grupo de diputados que pidieron esta sesión especial, pues los que han intervenido, más bien hicieron una introducción a la intervención del ministro de Justicia y no han planteado el problema, como normalmente lo hacen los diputados que solicitan una sesión especial con cuarenta firmas.
Entrando en materia, bien vale la pena recordar lo que ha significado la existencia de la ley de tribunales de familia.
En la ceremonia de inauguración de los tribunales de familia, la ministra del Sernam señaló: “Hoy, el país tiene justicia con mayúscula”. Agregó que la modernización del sistema procesal en materia de familia iba a terminar con las soluciones parciales a los problemas complejos y a entregar una atención integral, transparente y rápida, muy especialmente a los conflictos familiares. En esa oportunidad, el Presidente de la República destacó que los juzgados de familia eran un símbolo que indicaba que el derecho y la justicia estaban más cerca de los ciudadanos.
Seamos honestos en la realidad de lo que ha pasado, porque -como digo- hasta ahora solamente se ha dicho lo que se ha hecho y, aparentemente, todo estaría en buen camino.
Estos tribunales de familia, tan largamente esperados y que se inauguraron en octubre -en plena campaña presidencial, aunque ni siquiera estaba lista la infraestructura-, se anunciaron como la gran solución para garantizar el acceso a la justicia con más rapidez, con eficiencia, con un trato humano a miles de chilenos que se veían afectados por los conflictos familiares. Sin embargo, ya desde diciembre pasado se decía que el sistema había colapsado. Sinceramente, ¡yo no lo podía creer!
Los medios de comunicación comenzaron a dar a conocer lo que ocurría. Eso no empezó por los políticos ni por la Oposición. Posteriormente, una jueza hizo la denuncia, gracias a lo cual se hizo pública la situación y hoy estamos discutiendo esta materia.
Pero, de todas maneras, siempre se trata de esgrimir todo tipo de excusas: que la demanda de justicia familiar era mayor a la esperada, que todavía no se han dispuesto todos los recursos, que los usuarios no han concurrido a la instancia de mediación. En verdad, ninguna excusa puede ser válida para un proyecto que creó tantas expectativas. Por ejemplo, hoy el tiempo de espera promedio para obtener una audiencia es de cinco meses, aun cuando se dijo que iba a ser de sesenta días. De hecho, un abogado muy connotado me planteó que presentó una demanda de divorcio a mediados de octubre y que la primera audiencia se la fijaron para el 15 de mayo.
Por otra parte, se ha estimado -esto lo ha corroborado el propio ministro - que ingresen 185 mil causas al año, pero en poco más de noventa días ya han ingresado 97 mil nuevas causas, que el ministro también ha reconocido, lo cual representa un 10 por ciento de sobredemanda. Obviamente, muchas de estas personas, aburridas de ir a los tribunales de menores, anhelaban esta reforma, anunciada desde 1996, para resolver sus problemas, sobre todo, porque distintamente a lo ocurrido con la reforma procesal penal, que operó gradualmente, los tribunales de familia comenzaron a funcionar en forma simultánea en todo el país.
Cuando esta Cámara estudió el proyecto que creó los tribunales de familia, se dijo que debían empezar a operar sí o sí. Incluso, el ministro se refirió a la infraestructura. Pero lo que no dijo fue que en la Región Metropolitana los funcionarios se trasladaron hace pocos días a los nuevos tribunales cuando aún estaban llenos de maestros de la construcción. Están igual que cuando comenzó a funcionar el Congreso Nacional, cuyas obras de infraestructura aún no estaban terminadas. Además, existe la preocupación de que si aumenta el número de jueces, esa infraestructura será insuficiente, y ya se habla de conectarla con los tribunales del Trabajo.
Pero el gran tema -lo recuerdo por los siete u ocho años en que discutimos esta reforma en la Sala y en comisiones- tiene que ver con la mediación. En las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia y en esta Sala se debatió largamente cómo funcionaría el sistema de mediación, cómo se licitaría, cómo se capacitaría y cuántos jueces se necesitarían. Dedicamos muchas horas a debatir si la mediación sería el instrumento para desatochar la carga que hoy tienen los jueces.
Como lo dijo el ministro , desafortunadamente, en algún momento se terminó con la mediación obligatoria para los procedimientos que determinaba la ley, dejando sólo la voluntaria. Recuerdo que la diputada Saa lo planteó fuertemente, en especial respecto de la violencia intrafamiliar. Pero, finalmente, con todo ese esfuerzo sólo se logró la mediación voluntaria para todas las causas. Incluso, el ex diputado Sergio Elgueta denominaba la mediación como la estrella de los tribunales de familia.
Además, hay que tener presente que de los 55 mil millones de pesos destinados al presupuesto de los tribunales de familia, 2.320 millones estaban orientados a los respectivos programas de licitación para establecer la mediación, la capacitación, etcétera. Asimismo -como lo señaló el ministro -, hay 180 mil personas preparadas para ser mediadores; no obstante ello, la mediación no ha dado resultados porque las personas sólo confían en los jueces y no en los mediadores. No hay una cultura de mediación. Eso hace que las personas crean que un mediador o una persona externa no les va a resolver su conflicto.
El ministro señaló que para fomentar la mediación se han impreso más de 160 mil folletos. Pero los chilenos no tenemos cultura para la lectura; no leemos los folletos. Por ejemplo, sobre el Plan Auge, que es muy complicado, se han impreso miles de instructivos. Sin embargo, la gente no los lee o, si lo hace, no los entiende.
De manera que más que una campaña de publicidad acerca de lo maravilloso que serán los tribunales de familia o de alabanzas al Gobierno que los propuso, se necesita una gran campaña de difusión para que la gente entienda en qué consiste la mediación.
El artículo 103, título V, de la ley Nº 19.968, define el concepto de mediación de manera muy simple: “Para los efectos de esta ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.”
Entiendo que el ministro de Justicia también está de acuerdo en volver a la mediación obligatoria.
Ahora bien, la dificultad no sólo radica en que la gente no cree en la mediación, sino en que quienes atienden al público no saben explicar qué es la mediación ni sus alcances. La gente reclama por la mala atención y porque no existen suficientes mediadores. Ello es el resultado de una falta de orientación y promoción de la mediación.
Un caso similar ocurre con el plan Auge. Cuando las personas acuden a un consultorio los funcionarios les explican qué patologías están cubiertas por éste, por lo que muchas veces los pacientes pierden el beneficio.
Por otra parte, la mediación sólo es gratis para quienes se acogen al privilegio de pobreza. Para las demás personas cuesta 80 mil pesos. Pero hay muchas personas que pertenecen a la clase media, que tienen problemas económicos que les impiden contar con esa cantidad de dinero. Por eso, debería buscarse una fórmula que permitiera que la mediación fuera accesible a más personas. Que se les cobre a quienes pueden pagar, y que el resto tenga la posibilidad de acogerse al beneficio del no pago, obviamente, previo estudio de cada caso.
De acuerdo con estudios realizados, los recursos humanos tampoco estarían funcionando a plenitud. Una jueza señaló que los jueces de garantía cuentan con dos ayudantes por sala, pero ellos sólo tienen uno. Los consejos técnicos han acusado falta de preparación del personal encargado de la atención de público, etcétera. De los 258 jueces, sólo se ha nombrado al 40 por ciento. La dotación actual no da abasto para cubrir los 60 tribunales que operan en todo el país.
En consecuencia, una reforma que prometía ser una panacea para las familias, se ha transformado en un problema que se suma a otros errores producto de la improvisación con que se ha actuado para poner en marcha esta iniciativa que ha generado gran expectación pública.
Ello no ocurrió con la reforma procesal penal, porque esta Cámara aprobó retrasar su implementación en Santiago, hasta que no estuviera lista la infraestructura. Lo mismo debió suceder en este caso. Si esperamos tantos años, desde 1996, qué más daba esperar seis meses más para estar bien preparados. Así, no se hubiera producido el tremendo atochamiento que no sólo ha afectado a las personas, sino que también a los jueces que están enfrentando una situación dramática de presión y de trabajo.
Se esperaba que el 80 por ciento de las causas se verían a través de la mediación, pero eso no ha pasado.
Respecto de la mediación, una prueba de que las personas creen en el juez y no en otros intermediarios es el hecho de que los fiscales de la reforma procesal penal muchas veces no son respetados por las personas, porque no es el juez. De hecho, sabemos que algunos han sufrido ataques, incluso pedradas.
Lo que sucede es que la gente piensa que sólo los jueces les pueden resolver los problemas, aunque no sea así. Es una mentalidad que hay que cambiar.
De la exposición del ministro de Justicia queda claro que, obviamente, se han hecho esfuerzos, se han hecho muchas cosas, pero sentimos que si bien muchos de los proyectos que ha ejecutado el Gobierno en el último tiempo tienen un buen propósito y se basan en buenas ideas, su implementación ha sido deficiente, lo que ha producido varios problemas.
No me parece necesario mencionarlos todos, pero voy a referirme a uno que ha resultado absurdo. Me refiero al Plan Transantiago, que se inauguró con bombos y platillos. Se gastaron millones de pesos en publicidad en la televisión para informar lo maravilloso que era, tanto, que daban ganas de salir corriendo a tomar uno de sus buses.
¿Qué pasa hoy? No ha dado los resultados esperados. Los buses son muy grandes y transitan por calles muy pequeñas, por lo que no caben, topan con los lomos de toro y chocan con los postes. Por su parte, los terminales son un desastre, los choferes no tienen donde descansar ni cuentan con baños.
Podría seguir criticando el Transantiago por largo rato, pero lo que me interesa resaltar es que, no obstante que se lanzó con bombos y platillos, no ha dado los resultados esperados. Lo mismo sucedió con el tren al sur y con varios otros programas. Para qué mencionar lo que vamos a tratar en la sesión de más tarde: el bochornoso error de autoridades del Ministerio de Educación en la asignación de créditos con aval del Estado.
Sentimos que se está jugando con las expectativas de la gente.
Los problemas en el funcionamiento de los tribunales de familia no sólo no permiten que se imparta justicia en forma oportuna, sino que, además, afectan los anhelos de miles de familias chilenas que quieren vivir en paz y con estabilidad. Muchas de ellas son encabezadas por mujeres que deben mantener y educar solas a sus hijos. Ellas requieren que los padres paguen las pensiones alimenticias a las que están obligados y solicitan medidas de resguardo, pero no obtienen respuesta. Se les prometió justicia, protección, asesoría legal gratuita y rapidez, pero se les está fallando.
Yo misma le dije a muchas mujeres que no podían obtener pensión de alimentos que esperaran a que se crearan los tribunales de familia. Una vez creados, acudieron a ellos, pero ha sido motivo de gran frustración, ya que, por ejemplo, muchas mujeres que necesitaban una medida de protección para sus hijos, porque el padre abusaba de ellos, no las han obtenido o no ha habido respuesta.
Quiero detenerme en el tema de las pensiones de alimento. El ministro Bates entregó una información estadística que no separa las causas de divorcios de las de alimentos. No obstante, por lo que me han informado, me parece que no se han presentado tantas demandas de divorcio como se esperaba, pero sí miles de demandas de alimentos. De hecho, sabemos que el 75 por ciento de las causas que recibían las corporaciones de asistencia judicial correspondían a pensiones de alimentos y a demandas de tuición y visita. Imagino que son estas mismas causas las que mayoritariamente se están presentando ante los tribunales de familia, aunque no sé qué porcentaje representan.
Creemos que se necesita una judicatura especializada en derecho de familia. Existe una enorme y dramática necesidad de reformas legales en estas materias. Lo hemos analizado en la Comisión de Familia, donde hemos tratado de mejorar la ley y hacerla más drástica. Por ejemplo, se han presentado y aprobado iniciativas que buscan impedir que se siga produciendo el grave problema que mencionaba el señor ministro de Justicia : que personas obligadas a pagar alimentos se arrancan del país.
Se ha intentado proteger a la familia, pero nos demoramos mucho en aprobar la creación de los tribunales de familia, anunciada el 21 de mayo de 1996. Nos demoramos porque se privilegió la reforma procesal penal. Recuerdo que había diputados que me planteaban la necesidad de aprobar la ley de divorcio y yo les decía: “Cómo plantean la ley de divorcio sin tribunales de familia. Tienen que ir de la mano.”
Se promulgaron casi simultáneamente por casualidad, porque no se aprobaron al mismo tiempo; pero no tenía sentido que hubiera una ley de divorcio sin tribunales de familia.
Sé que el Ministerio ha mejorado, pero todavía hay una carencia enorme de datos estadísticos, de antecedentes. El ministro decía que se ha puesto en marcha un sistema computacional espectacular, pero resulta que el sistema falló y los tribunales tuvieron que cerrar por uno o dos días. En todo caso, me alegro de que los servicios del Ministerio se encuentren computarizados, porque así se podrán conocer las demandas por alimentación y otros requerimientos con mayor rapidez. Se puede entregar una mejor justicia si hay buena información.
Ahora, ¿cómo se puede estar tan lejos de la realidad que habíamos constatado? ¿Cómo se pudo postergar el ingreso de nuevos jueces al sistema? ¿Cómo se pudo esperar tres meses de funcionamiento de los tribunales para enfrentar públicamente el problema, en circunstancias de que el atochamiento se presentó desde las primeras semanas? Además, ¿por qué se dijo que en virtud de otro proyecto se introduciría la mediación obligatoria, si el colapso se iba a desatar? ¿Por qué se crean tantas expectativas a la ciudadanía sin tener una respuesta? A iguales promesas, iguales respuestas.
Siento que lo ocurrido con los tribunales de familia no es sólo improvisación y apuro eleccionario del Gobierno; en todos estos años también he sentido indeferencia sobre los temas relacionados con la familia. Es algo que, obviamente, no se dice, pero que uno ve en la práctica. Si hubiera genuino interés por esta materia, ya se habrían implementado instancias gratuitas que ayudaran a prevenir o a reparar los conflictos al interior de los matrimonios y de las familias, antes de que desemboquen en los juzgados, con todo el costo social que ello significa.
Si el Gobierno hubiera estado interesado de verdad en las jefas de hogar y en sus hijos, habría reformado el arcaico y desfinanciado sistema que opera en las corporaciones de asistencia judicial, a fin de convertirlas en defensorías públicas que funcionaran bien.
Creo que si el Gobierno valorara de verdad la estabilidad familiar, habría invertido en ello la décima parte de los recursos que ha ocupado en propaganda de sus ministerios, en publicaciones, en asesorías y en campañas; habría incrementado los recursos, por ejemplo, para salud mental, incorporando escuelas para padres en todos los colegios; habría promovido una educación sexual con acento en el respeto, el afecto y el compromiso entre hombres y mujeres, evitando de esa forma muchos conflictos posteriores.
Ahora, se anuncia la mediación obligatoria como algo clave para resolver el problema. Es cierto que va a ayudar mucho si se logra implementar, pero eso tiene que ir de la mano con otras medidas.
Hoy me decía una jueza -me imagino que se incluirá en un proyecto futuro, porque no tiene que ver con lo que se ha planteado ahora- que si hubiera, por ejemplo, un juez filtro, es decir, una oficina de recepción con un juez que filtrara las causas que ingresan a los tribunales, ello ayudaría mucho a evitar la vista de causas que no son conflictos familiares. Asimismo, que debería haber un juez que vigilara el cumplimiento de los acuerdos, porque muchas veces se logra un acuerdo, se dicta una medida que es notificada a las partes, pero después la causa debe volver porque ésta no se ha cumplido. Entonces, se trata de que no sea el mismo juez el que revise si se pagó o no la pensión, si se pagó el dividendo, si la pensión incluía el dividendo, etcétera. Es decir, que haya alguien que determine si lo resuelto por el tribunal se ha cumplido.
Por otra parte, creemos que esta justicia de familia debe beneficiar no sólo a las personas que viven en la pobreza, sino también a la clase media.
Ahora bien, hay algo que detectamos cuando se aprobó la ley: una confusión entre lo que es conciliación y mediación. De hecho, el ministro las mencionó como sinónimos, pero sabemos que no son lo mismo. Si una persona cree que mediación es lo mismo que conciliación, no va a concurrir a los tribunales porque no quiere reconciliarse. Es decir, decide de antemano, en el caso de un divorcio, que no quiere llegar a un arreglo, y cuando pide una pensión quiere que le den ésa y no otra.
Por lo tanto, debemos ser muy claros en el discurso y en los mensajes, de manera que las personas entiendan que la mediación no es recomponer una relación, sino simplemente un trámite para lograr una sanción jurídica, y que la conciliación es el acto de recomponer la relación. Obviamente, habría sido muy bueno que los tribunales de familia -lo pedimos desde un principio- también deberían haber hecho los esfuerzos para contar, por una parte, con instancias de conciliación para quienes quieren recomponer una relación y, por otra parte, de mediación para los que optan por resolver el conflicto judicialmente.
Entonces, hay que invertir en el gran talento comunicacional que tiene la Concertación -siempre lo hemos reconocido como uno de sus principales méritos- para lograr que la gente entienda de qué se trata esto, para que recurran a la mediación y para que usen los canales adecuados. Hay que explicarles en qué consiste.
En resumen, para que en Chile haya una justicia con mayúsculas -como lo dijo el ministro cuando inauguró los tribunales de familia-, es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y todos los organismos involucrados se sienten a evaluar y a planificar con prolijidad, con criterios técnicos y no electorales -gracias a Dios, no tendremos elecciones hasta dentro de tres años más, de modo que podremos gobernar para los chilenos y no para los candidatos ni para los partidos políticos-, las correcciones necesarias para que la reforma funcione efectivamente y proteja a quienes se acogen a ella.
Por último, quiero preguntarle al ministro cuánto de lo que falta por hacer requiere un nuevo proyecto. Si la mediación obligatoria va a requerir uno, me gustaría saber si lo va a presentar el Ejecutivo , por ser una materia de su competencia, o si podemos presentarlo los diputados.
Quiero preguntarle qué porcentaje respecto de los recursos que se aprobaron para crear los tribunales de familia -alrededor de 58 mil millones de pesos- se ha entregado, cuántos se entregarán este año y cómo se van a nombrar los jueces que faltan.
Por último, quiero plantearle una inquietud que me hizo presente el Colegio de Abogados relacionado con lo que señaló el ministro , en cuanto a que las personas podían presentarse sin abogado, lo que generó una tremenda confusión. Asimismo, hay jueces que obligan a abogados que no son parte de los tribunales de familia a defender a clientes en forma gratuita.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).- Ha terminado su tiempo, señora diputada .
La señora CRISTI (doña María Angélica ).- Espero una respuesta a ese reclamo formulado por el Colegio de Abogados.
En todo caso, termino diciendo que nuestro interés es que los tribunales de familia funcionen de la mejor forma posible, y que tenemos la mayor voluntad para aprobar los proyectos que apunten a ello.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , no cabe duda de que los tribunales de familia representan un tremendo paso adelante, puesto que constituyen un servicio que la sociedad necesitaba en forma urgente.
Los juzgados de menores siempre fueron una especie de anexo en la administración de justicia que no se comprendía, pero creo que ahora se está comprendiendo cada vez más y es necesario que el Estado disponga de un instrumento especializado para atender los conflictos de familia. Es una justicia que puede llegar más cerca de la gente y resolver los problemas más reales y cotidianos. Pero, durante muchos años, tuvimos estos mal llamados juzgados de menores, en cuyas resoluciones -tenemos muchos ejemplos- no se respetaban los derechos ni los intereses superiores de niños y niñas. Además, los juicios podían demorar entre 15 y 20 años, sin considerar realmente lo que significa un conflicto familiar y que una solución rápida es de extrema importancia para la vida de las personas.
Considero un tremendo paso el reemplazo de los juzgados de menores por los tribunales de familia. Es de esperar que en el Poder Judicial no sean considerados como juzgados encargados de temas accesorios y que ocupen un lugar central en la administración de justicia y que el interés superior de los niños rija la acción de la justicia.
Reitero que la creación de tribunales de familia representa un tremendo paso adelante. Sin duda, ante la tremenda tragedia -estoy exagerando, aunque no tanto- de tener que ir a un juzgado de menores a solucionar sus problemas, muchas personas optaban por no hacerlo. De esa manera, los conflictos de familia, tales como pensiones alimenticias, reconocimiento de paternidad y otros, fueron deteriorando la vida familiar. Creo que hemos avanzado mucho en este ámbito con los tribunales de familia y gracias a la ley del divorcio vincular y a una serie de leyes que permiten una solución eficaz, civilizada y clara de los problemas familiares. Por eso, su buen funcionamiento es fundamental.
Ahora, los problemas de funcionamiento que se han producido tal vez se deban a las grandes expectativas que crearon en las personas, puesto que antes preferían no ir a los juzgados de menores, porque sabían que allí no solucionarían nada y que, por el contrario, encontrarían respuestas insatisfactorias y perjudiciales para ellas. Es cierto que los tribunales se atocharon por las grandes expectativas y esperanzas que despertaron en la gente. Por ende, debemos lograr que los problemas se solucionen de la manera más eficaz posible.
En ese sentido, hoy contamos con el sistema oral, que es muy importante y fundamental. Sin embargo, una persona no ocupa diez minutos para contar su drama y lo que está viviendo, ya que no tiene las ideas ordenadas y habla a borbotones. De manera que toma mucho tiempo recoger una declaración, pues el relato puede demorar una o dos horas. Los diputados sabemos mucho al respecto, pues cuando la gente acude a contarnos sus problemas, debemos escuchar un largo relato. Los largos relatos orales, más la poca orientación de las personas que no saben sobre qué van a litigar y que desconocen la oferta de la mediación -en el caso de los tribunales de Santiago los juicios son atendidos por tres o cuatro personas que no están preparadas ni capacitadas para recibir y transformar rápidamente el relato en algo escrito- representan un tremendo problema.
Frente a esta realidad, propongo la elaboración de formularios tipo que permitan a la gente ordenar sus ideas y clarificar el conflicto de la mejor manera posible. Para lograrlo, también es necesario que exista cierta orientación a la entrada de los juzgados. Por ello, también propongo que exista una oficina para tal objeto, que podría ser atendida por personal del Servicio de Asistencia Judicial, destinada a orientar al demandante acerca de la forma de estructurar su demanda, los datos que se requieren para formularla y si ella tiene cabida dentro de la judicatura o de la mediación, porque son muchas las personas que concurren a los tribunales de familia con problemas no solucionales.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señora diputada ? Ha terminado su tiempo.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , voy a continuar en el tiempo del diputado Guillermo Ceroni .
Entonces, tenemos el relato, el formulario único y el personal adecuado para recogerlo y clasificarlo de manera rápida.
Decía que podría haber en los tribunales una oficina atendida por personal de la Corporación Judicial, con el fin de orientar a las personas sobre lo que deben hacer.
Respecto de la mediación, como la gente no sabe de qué se trata ni quiere hacer otro trámite, que haya también un servicio donde se explique y difundan las materias que competen a un mediador.
También es importante completar el número de jueces que se necesita para una buena administración de la justicia; como asimismo, contar con funcionarios expertos en computación.
En relación con la pensión alimenticia, sugiero no mandar la causa a mediación sin antes haberse fijado una pensión provisional. Por supuesto, nadie querrá la mediación antes de conocer ese monto.
Otra cosa importante. Es muy difícil que los jueces vean tres, cuatro o cinco causas al día, en especial si se trata de una audiencia de pruebas. Quizás sería conveniente explorar la posibilidad de que la primera audiencia se realice sólo con personal del consejo técnico o con un actuario. Sé que la idea es complicada, pero se podría ver la forma en que los jueces actúen sólo en el momento de la prueba.
Actualmente comparecen los abogados patrocinantes y los habilitados de derecho de las corporaciones, pero muchos abogados opinan que los trámites se agilizarían si pudieran hacerlo también habilitados de derecho privados, con lo cual el servicio sería más eficaz.
Con respecto a la mediación, insisto en la instalación de una mesa en el hall de entrada al tribunal que cumpla con las funciones de informar y orientar a las personas y sirva de filtro en las distintas instancias del juicio.
También, que se restablezca la figura de oficial de mediación dentro de la planta del
personal, funcionario de perfil profesional encargado de coordinar el sistema de mediación, información, derivación, homologación en las relaciones entre el mediador y el Ministerio de Justicia, y velar por el funcionamiento del sistema.
Por último, hacer una campaña de difusión masiva de la mediación, asegurar la calidad de los servicios de mediación, fiscalizar los programas de formación de mediadores.
No creo que estas observaciones ameriten modificar la ley, excepto en lo relativo a la audiencia de conciliación, pero sí constituyen detalles prácticos para hacer que el ingreso y tramitación de las causas sea mucho más rápido y eficaz.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Partido Radical Social Democrata, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , esta sesión no sólo tiene por objeto escucharnos entre nosotros, sino encontrar respuestas ante la ciudadanía frente a un problema importantísimo: después de prácticamente cuatro meses de funcionamiento de los tribunales de familia se advierte una sobre demanda muy superior a la proyectada.
Es absurdo que esta discusión apunte a la idea, por ejemplo, de un fracaso, porque claramente se ha progresado y la modalidad constituye un paso tremendamente importante dentro del marco del nuevo sistema procesal penal, en el que son imprescindibles los principios orientadores como la oralidad, la inmediación y la desformalización.
Finalmente, se han conseguido tribunales de familia que, como lo expresamos una y otra vez a la opinión pública, cuentan con jueces especializados y con consejos asesores, porque las materias de familia son muy complejas. Esta judicatura especializada requiere de un consejo asesor multidisciplinario, capaz de asesorar y apoyar a los jueces en la adopción de decisiones en diversos ámbitos complejos y de extraordinaria importancia, como las pensiones alimenticias, la filiación, el divorcio, la violencia intrafamiliar y la adopción de menores.
Tenemos una cuota de responsabilidad -aspecto que tendrá que reconocer tanto el Gobierno como el Congreso Nacional-, en el sentido de que contribuimos a defender y a difundir la importancia para la sociedad de contar con tribunales de familia, en especial desde el punto de vista de los principios como la inmediación y la celeridad de las causas, así como de mayor transparencia y concentración de los temas, a fin de evitar la dispersión y la humillación que implica para las familias concurrir por una causa a los tribunales de menores y, por otra, a los juzgados civiles.
Como resulta obvio, esto desató un nivel de expectativas y una demanda acumulada que hoy se traduce en que hay 110 por ciento más de causas que las previstas. Es decir, si hacemos el balance al 4 de enero, a los tres o cuatro meses de funcionamiento del sistema, ya habían ingresado sobre 97 mil causas, en circunstancias de que la proyección original era de 185 mil causas al año.
Para solucionar esa situación se requerirá de un esfuerzo muy notable. En este sentido, comparto lo expresado por el ministro de Justicia , en cuanto a que la implementación de los tribunales de familia ha significado un largo proceso, que ha abarcado desde la infraestructura económica y computacional hasta la capacitación. El proceso no se ha improvisado, como aquí ha pretendido insinuar una colega, que hubo una intencionalidad en la especie de inauguración que hubo, porque estábamos en período de campaña presidencial. Basta de ese síndrome, pues la elección ya se ganó.
Estamos ante el desafío de ser más eficaces frente a una tremenda demanda de la sociedad, que por años tuvo una mala justicia en el ámbito familiar, pues adolecía de muchas dificultades, como lentitud y falta de transparencia, y que hoy tiene la posibilidad de mejorar. Debemos decir qué se debe hacer para lograr que los tribunales de familia funcionen a plenitud.
El ministro de Justicia ha señalado que hay ciento noventa y tres jueces de los doscientos cincuenta y ocho establecidos por ley. Eso significa que habrá que implementar con prontitud el número de jueces faltantes. Sin embargo, eso no es todo.
Aprobamos por ley la creación de sesenta tribunales de familia, con doscientos cincuenta jueces especializados. Pero debemos preguntarnos sinceramente si eso es suficiente o si tendremos que implementar un mayor número de tribunales, porque a lo mejor esa cantidad no es suficiente.
La recarga producida no sólo afecta a dichos tribunales. Las principales víctimas de la sociedad son las mujeres, quienes son las que más demandan en materia de pensión alimenticia, cifra que alcanza al 98 por ciento. Asimismo, el ciento por ciento de las mujeres interponen demandas por casos de violencia intrafamiliar, y en materia de filiación, en la actualidad 27 mil niños son reconocidos sólo por sus madres. Por lo tanto, si analizamos la situación desde el punto de vista empírico, en base a las cifras y a lo que ocurre en la práctica, se observa claramente que es afectado un sector muy importante de la sociedad.
Resulta urgente implementar la cantidad de jueces que se requieren. Si es necesario crear más tribunales de familia, la sociedad deberá tomar en cuenta ese hecho. Me alegro que se encuentre presente el ministro de Hacienda , pues a futuro veremos si tenemos la capacidad de hacerlo.
Aprovecho la presencia del ministro de Justicia para mencionar un tema que me preocupa: la mediación obligatoria. Probablemente, sea relevante, a fin de dar mayor celeridad y evitar los atochamientos en los tribunales. Además, para que las causas estén mejor dirigidas.
Tenemos otros problemas sobre la mediación obligatoria, y no sólo respecto de la violencia intrafamiliar, lo que ha quedado suficientemente fundamentado.
En la Comisión de Familia, nos opusimos a la mediación para los casos de violencia intrafamiliar.
En otros casos, no quisiera que se crearan expectativas falsas por carencia de personal idóneo, como son los mediadores formados, que a partir de febrero, mediante una licitación, deberían estar en condiciones de absorber aquello.
Las corporaciones de asistencia judicial son instrumentos que nuestra sociedad les entrega supuestamente a quienes disponen de menos recursos para acceder a la justicia, con el objeto de que reciban una mejor orientación, apoyo u otro beneficio que requieran. Por ejemplo, asesoría judicial.
Debemos decir, de una vez por todas, que algunas corporaciones de asistencia judicial funcionan bien, con mucha creatividad, sacrificio y generosidad, y otras, francamente no, puesto que no entregan el servicio que debieran. Incluso, algunos abogados y postulantes de esas corporaciones no comprenden el espíritu que debe primar en el primer contacto de un ciudadano, especialmente en el de menos recursos, con la justicia. Por lo tanto, las corporaciones de asistencia judicial constituyen los elementos depuradores, filtradores, orientadores, etcétera, de nuestro ordenamiento jurídico.
Entonces, si se les da más tareas a las corporaciones de asistencia judicial, en el sentido de que se transformen en órganos mediadores y recargamos su trabajo -quiero que me lo explique el ministro de justicia - con nuevos roles a raíz de los tribunales de familia, comprobaremos un total fracaso. Muchas veces se les pide que emitan informes sociales para aplicar la gratuidad o proceder a la mediación. Por lo tanto, ¿se está considerando la recarga de trabajo que han tenido últimamente estas instituciones sociales? No debemos olvidar, además, las restricciones económicas y de personal que sufren y que pueden afectar su eficiencia.
Quiero que el ministro de Justicia , con sinceridad, nos diga si es posible que la mediación tenga un punto de apoyo en las corporaciones de asistencia judicial. Quiero saber también si las corporaciones están capacitadas para asumir nuevas y más tareas; si, a través de la mediación -que creo constituye un avance- se abordará el tema doloroso y complejo de la violencia intrafamiliar. Asimismo, quiero tener la certeza de que vamos a avanzar y que no vamos a generar falsas expectativas, pues hay una demanda contenida.
¡Cómo no va a haber una demanda contenida si en este país, por años, durante toda su vida, durante toda su existencia republicana, no contaba con una ley de divorcio, con disolución de vínculo! ¡Es evidente que hay una demanda contenida!
¡Cómo no va a haber una demanda contenida si recién tratamos de reformar el sistema que otorga pensiones alimenticias para hacerlo más efectivo y para que no ocurra, como antes, que se debía perseguir por todo Chile al supuesto cónyuge o ex pareja para notificarlo, porque desaparecía o cambiaba su domicilio! Y suma y sigue.
Por lo tanto, era previsible que la demanda contenida existiera. No nos puede llamar la atención. Eso es una explicación, no una justificación. En este caso, la justificación no es válida, porque era previsible.
Tenemos una demanda contenida por la forma en que funcionaba la justicia; por la forma en que se fueron acumulando las causas, especialmente de familia.
Por lo tanto, ahora, más que nunca, se nos obliga a plantear las soluciones reales para este aumento, que no sólo es de un 110 por ciento más de lo previsto, sino que, a lo mejor, es más de lo que pensamos que va a durar en el tiempo, de acuerdo a cómo está funcionando hoy. ¿Por qué no usar toda la creatividad posible para implementar aquellas medidas sencillas, pero también para aquellas que requieren un desafío de fondo? Quizá ha llegado el momento de pensar que vamos a requerir más jueces y más tribunales de familia, y que, por lo tanto, habrá que gastar más dinero. Es indispensable si queremos cumplir con las expectativas que todos generamos en la población.
Celebramos la creación de los tribunales de familia, que implican inmediación, oralidad, mayor transparencia y cercanía; incluso que no era necesario ir acompañado de un abogado, pero se está complicando, porque genera una tremenda diferencia y, al final, es bastante más complejo. Habrá que revisar el sistema.
Solamente planteo que se adelante en un tema tan trascendente como éste y que pongamos toda la energía para solucionar los problemas. Estamos muy lejos de creer que todo ha sido un fracaso; por el contrario, hemos dado un paso más, importantísimo, y el único sentido que tiene esta sesión es cómo aportamos, ayudamos o colaboramos para que la ciudadanía no se sienta decepcionada en el sentido, por ejemplo, de que lo que prometimos que duraría sesenta días después de la primera audiencia, hoy se dilate cinco o seis meses. Es nuestra responsabilidad, entonces, no haber cumplido con lo que ofrecimos.
Por lo tanto, espero las respuestas del señor ministro sobre esas dudas y que tengamos la capacidad de generar medidas inmediatas que nos permitan avanzar en aquello que la ciudadanía espera de nosotros.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , adhiero plenamente a lo señalado por el ministro de Justicia , en cuanto a que ésta es una primera aproximación de lo que está ocurriendo en los tribunales de familia. No obstante, creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo, porque hay una causa que él no mencionó y que va a ser fundamental para el éxito o fracaso de estos tribunales. Dice relación con su planta de funcionarios.
El viernes recién pasado tuve la oportunidad de reunirme, por espacio de dos horas, con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la ministra Gabriela Soto, justamente en el tribunal de familia, para ver en terreno lo que realmente estaba ocurriendo. La administradora del tribunal me comentó que solamente al tribunal de Antofagasta -que tiene jurisdicción sobre la comuna del mismo nombre y las comunas de Baquedano y de Sierra Gorda- ingresaron, al 20 de enero de 2006, tres mil seiscientas veintinueve causas y entre octubre y diciembre de 2005 se realizaron mil trescientas veintisiete audiencias.
Los funcionarios del tribunal llegan a las 8 de la mañana y muchas veces permanecen allí hasta después de las 22. El criterio con el que se conformó la planta de funcionarios en Antofagasta no fue el más adecuado. Por ejemplo, en la actualidad, hay un claro déficit en la unidad de atención de público, de a lo menos, ocho funcionarios y en la unidad de administración de causas, de diez funcionarios. En calidad de receptor judicial se nombró a un funcionario que debe cubrir, además, tres comunas: Mejillones, distante, aproximadamente, a 70 kilómetros de Antofagasta, y Baquedano y Sierra Gorda a 150 kilómetros de dicha ciudad. Si ese funcionario sale a notificar fuera de la comuna de Antofagasta, el tribunal se queda sin receptor y no hay nadie que pueda practicar esa diligencia que la ley le encomienda.
También es importante decir que en Antofagasta, en cumplimiento del autoacordado de la Corte Suprema, se ha llamado a concurso para proveer los cargos vacantes y, desgraciadamente, no ha habido jueces interesados en llenarlos. Hoy, hay cuatro cargos vacantes y ha sido imposible llenar las ternas por falta de oponentes. Debe analizarse qué está ocurriendo; por qué hay poco interés por irse a zonas extremas.
Ahora, el problema mayor se va a generar cuando se cumpla el plazo establecido por la ley para que se terminen los juzgados de menores, porque, hoy, en la jurisdicción de la comuna de Antofagasta quedan, aproximadamente, tres mil quinientas causas inconclusas en dichos juzgados que, además, se encuentran sin jueces.
La presidenta de la Corte me comentaba asimismo que la jueza civil que va a estar de turno en febrero deberá hacerse cargo, además, de los dos juzgados de menores de la ciudad, lo que pone de manifiesto un problema que se debe solucionar.
Los juzgados de familia fueron un gran avance para nuestro país, porque por primera vez se trató en forma integral el tema de la familia y se buscó una solución, en un solo juicio, a materias tan importantes como el régimen de visita, la pensión de alimentos, el divorcio y la tuición. Ello nos demanda -aprovecho que está presente en la Sala el ministro de Hacienda - revisar adecuadamente las plantas de los funcionarios de los juzgados de familia y, a la vez, que esto sea un llamado de atención, porque está pronto a iniciarse la nueva judicatura laboral que sin duda acarreará los mismos problemas, por cuanto tampoco cuenta con una planta adecuada.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , se ha dicho: “Colapso de los tribunales de familia”. “Nos estamos hundiendo. El agua entró al bote”. “Hay una demanda contenida que supera el 110 por ciento de lo estimado a la fecha”. “Faltan jueces; falta personal”. “Sistema de mediación que no ha actuado”. “Ofertón para presentarse sin abogado patrocinante”. “Seis meses para una audiencia”. Es un diagnóstico absolutamente espeluznante para una demanda de un tribunal de familia esperada por tantos años y que ha colapsado o hecho agua -como se dice a través de los diarios-a sólo tres meses y medio de su entrada en vigencia. Si quisiera hacer un uso político de esta intervención podría hacerlo. Más aún, cuando se ha citado a esta audiencia al señor ministro -que, lamentablemente, ahora no está presente-, quien ha usado 48 minutos y 10 segundos para explicarnos lo que, en algunos casos, resulta inexplicable. Ha confundido lo principal con lo accesorio y no se ha referido a ciertas materias urgentes. No nos ha oído a nosotros, primero, para poder contestar aquello que realmente nos interesa saber.
He estado trabajando sobre el tema para ver dónde están los problemas técnicos, porque lo que tenemos hasta ahora es una gran cantidad de dichos por la prensa. No ha habido evaluaciones técnicas y es bastante difícil hacerlas en tan poco tiempo. He tomado contacto con personas de la Universidad Diego Portales que trabajaron en la reforma procesal penal y que ahora están abocados a este asunto. Me informaron que para fines de esta semana tienen una primera evaluación que quieren poner a disposición de la Cámara y de la Comisión respectiva. Su tarea me ha permitido anticipar ciertas conclusiones.
En primer lugar, una alarmante falta de gestión del modelo al momento de ser implementado. Se puso en funcionamiento un sistema en el cual los jueces están dedicados a hacer justicia, a resolver conflictos y, por otro lado, debe haber un administrador del tribunal con facultades suficientes para disponer la agenda de los jueces. Pues bien, no ha sucedido y los jueces han vuelto al sistema antiguo, cual es administrar sus agendas. Es así como fijan el número de audiencias y las fechas sin que haya una debida derivación a cada uno, según sus cargas de trabajo. Efectivamente, la norma legal quedó ambigua y los jueces siguen la tradición, en el sentido de interpretar y manejar sus agendas.
El diputado Araya dijo que, en Antofagasta, los jueces estarían trabajando de 8.00 a 22.00 horas. Pues bien, para las primeras audiencias están fijando cuatro a cinco horas diarias, en circunstancias de que, siguiendo un sistema adecuado, y controlado, podrían tener hasta quince audiencias en un día.
También existen tribunales que han restringido sus horarios. Además, de las cinco audiencias fijadas, fracasan dos o tres, porque no hay una debida coordinación, no llegan las partes y no hay una notificación adecuada.
En definitiva, antes de determinar si se requieren o no más jueces, debemos evaluar cómo está administrándose el tribunal de familia y cuáles son los ámbitos reales en los cuales están haciendo agua esta reforma.
Entonces, es importantísima la gestión en la administración del tribunal de familia para que no haya atochamientos, para que lo que se ha denominado el servicio al cliente sea debidamente adecuado y no se hagan colas para obtener en seis meses más una audiencia que posiblemente va a fracasar por problemas que voy a señalar más adelante.
Hay falta de transparencia. El artículo 15 de la ley de tribunales de familia entrega al juez la obligación de velar por la intimidad de las partes, especialmente de los niños, y disponer, por una resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones se realicen en forma reservada. ¿Cuál ha sido el resultado? Una gama amplia de razones fundadas para mantener la reserva. En verdad, éstas no se conocen y nuevamente se da lugar a antiguas prácticas de secreto en las actuaciones y en las audiencias. No sabemos bien, entonces, qué está sucediendo en esas audiencias y por qué están fracasando.
Por lo tanto, se ha detectado una vuelta a la delegación de funciones, expresamente prohibida en la ley de tribunales de familia. Ojalá no volvamos a caer en lo concerniente a los proveedores de que se hacía uso en el sistema anterior.
También se dificulta una real evaluación. Por ejemplo, las razones por las que fracasan las instancias de conciliación o de prueba. A pesar del ajuste en materia de pruebas, de pericias, específicamente, y de comparecencia de las partes, que se hizo antes de que entrara en vigencia el sistema, en la medida en que la audiencia se mantenga reservada, obviamente, no sabremos qué sucede y será más difícil evaluar.
Los diarios se han referido asimismo a la atención de estas causas sin abogado. Aquí tiene mucho que ver la difusión que se ha dado al sistema; es decir, a cosas más bien marketeras, como el hecho de que va a haber soluciones rápidas, etcétera. Se ha sobrevendido, existen sobreexpectativas, pero no se ha dicho cuándo se debe concurrir con abogado. Específicamente, por ejemplo, cuando se trate de menores, estos, necesariamente, deben ser representados y, si no hay abogado, debe nombrarse un curador. Por lo tanto, no hay una real difusión acerca de cómo se accede al juicio. Si el juez estima que debe comparecer un abogado, debe resolver en la primera audiencia este requerimiento. Por lo tanto, fallará la primera audiencia, que demoró seis meses en fijarse, y se necesitarán otros seis meses para que haya una nueva. Si en ésta una de las partes llega con abogado y la otra sin él, como no existe bilateralidad en la audiencia, ésta fallará nuevamente y deberán pasar seis meses más para que vuelva a intentarse el proceso.
Entonces, aquí hay un tema que se ha dejado en manos de las corporaciones de Asistencia Judicial. Todos sabemos acerca de las falencias de dichas corporaciones. Trabajé en una de ellas cuando hice mi práctica, justamente en materia de familia y, por lo tanto, las conozco bastante bien.
Al tema de los abogados hay que hincar el diente y reverlo. En relación con él, admito que tuvimos una mirada más bien laxa, quizás para dar más flexibilidad al sistema, pero no tomamos en consideración que la falta de difusión y de filtros de entrada de causas, sumados a la sobreexpectativa, iba a generar un problema.
La cuarta falla del sistema ha sido la mediación, instancia que, según nos ha señalado el ministro de Justicia , empezará a operar sólo el 7 de febrero del año en curso. Si consideramos que la mediación es un elemento esencial para evitar la judicialización del conflicto, ¡cómo es posible que su aplicación no se haya iniciado junto con la puesta en marcha de los tribunales de familia!
En su momento, esta Cámara dio a la mediación el carácter de obligatorio para aquellos casos que hoy más resuelven los tribunales de familia, como el pago de pensiones alimenticias, visitas y tuiciones. Sin embargo, se dijo que dicha instancia nunca podía ser obligatoria, porque se confundió con una eventual obligatoriedad de llegar a acuerdo. Ese también fue un error de nuestra parte.
La mediación debe existir para solucionar asuntos que no necesariamente requieren la vía judicial. Lamentablemente, como el procedimiento no está operando, porque las personas no saben en qué consiste ni cómo se llega a él, el sistema ha fallado.
Los resultados de una mediación nunca pueden ser obligatorios, pero el paso por este filtro tiene muchos efectos positivos. Varias veces hemos dicho que los tribunales de familia deben tratar de evitar la judicialización de esos asuntos, porque cuando se llega al tribunal se genera el conflicto. La mediación permite que la controversia se resuelva por las propias partes, en una forma mucho más ágil y definitiva.
El acuerdo, en esta materia, fue erróneo y pienso que debiera volverse a la norma original. También debieran difundirse los reales beneficios de la mediación para las partes y no volver al antiguo sistema de judicializar todos los asuntos de familia.
Quinto problema: la gradualidad.
Este tema lo conversamos mucho con el subsecretario de Justicia . Él señaló que era positivo que este sistema no se implementara como la reforma procesal penal, es decir, que no fuera gradual, por regiones, sino que se estableciera en todo el país al mismo tiempo, y en la medida en que aumentara el número de causas, también lo hiciera el número de funcionarios. ¿Qué se olvidó al momento de la implementación? Primero, que en materia de familia las resoluciones no son definitivas. Por lo tanto, si se han fijado pensiones alimenticias que una parte considera muy elevadas y otras muy bajas, se puede pedir al juez una nueva resolución, una nueva fijación de pensiones. Por lo tanto, estas “causas flotantes” necesariamente terminarán en la justicia, sobre todo en un sistema cuyas bondades se han difundido mucho -aunque sea sólo marketing-, en circunstancias de que ha fallado su implementación.
De la experiencia de la reforma procesal penal no aprendimos nada. Si hubiésemos aplicado la gradualidad, habríamos detectado los problemas y, en la medida en que se fueran descubriendo, habríamos hecho los ajustes necesarios para perfeccionar aquello que en el papel parecía adecuado, porque lo importante no es lo que nos parece bien en esta Cámara, entre cuatro paredes, sino lo que ocurre en el tribunal, entre las partes y lo que resuelva el juez.
Por lo tanto, ese ajuste progresivo ya no lo podemos hacer y hoy estamos enfrentados a un problema mayor. Lamentablemente, tendremos que hacer una evaluación rápida, porque todo el mundo está pidiendo más plata y más jueces capacitados en forma exprés.
Otro tema que dice relación con la gradualidad es el de la capacitación. El ministro de Justicia nos ha dicho que su cartera ha entregado capacitación a través de 13 seminarios, uno por región. ¿Es capacitación un seminario por región? Además, que se han hecho 15 simulaciones de juicios. ¡Por favor! ¿Cómo no aprendemos de lo que hemos hecho bien? ¿Por qué lo dejamos de lado y optamos por un sistema que colapsó a tres meses y medio de su entrada en vigencia? ¡Si hasta hoy se está capacitando a los jueces, a las policías y a todos los actores involucrados en la reforma procesal penal, sistema que está en plena vigencia! Pero resulta que en el sistema de justicia de familia se han hecho quince juicios de simulación, como una de las principales medidas de implementación. ¡No me pueden decir que eso es una implementación positiva! A eso me refiero cuando hablo de gradualidad, porque la capacitación se hizo en todo Chile, al mismo tiempo. ¿Es que, en materia de familia, existen tantas personas capacitadas como para, a su vez, capacitar a los jueces y a los funcionarios que van a asistir, en primera instancia, en el mesón, a las personas que no tienen claro cuál es su problema, que van sin abogado y que, además, quieren una solución inmediata, porque eso es lo que se les ha dicho que van a lograr?
Me pregunto por qué no se planificó la implementación del modelo de una forma más adecuada, con mayor capacitación y difusión.
Por último, los problemas de gestión de estos tribunales no se van a resolver con más recursos, porque a pesar de un mayor aporte fiscal vamos a tener las mismas demandas insatisfechas.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , estamos contestes en lo complejo y delicado que son los problemas familiares, y de que los tribunales de familia son un tremendo avance, en virtud de la especialización de sus jueces y de que cuentan con un consejo asesor. Además, existe la mediación, instancia muy novedosa para los asuntos de familia.
En cuanto al procedimiento, ya se ha dicho que se caracteriza por su oralidad e inmediatez y por ser “informalizado”, es decir, se ha pensado absolutamente en todo para resolver los problemas.
Se ha dicho que los tribunales de familia colapsaron -quizá sea un poco dramático decirlo así- y el ministro ha expuesto cuáles pueden haber sido las razones.
Nosotros pensamos que la solución está en la misma ley y en alguna de las cuestiones que ha señalado el ministro . Desde luego, la persona que interpone una demanda en los tribunales de familia está lastimada y, por ende, debe ser la principal beneficiada, es decir, a quien debemos proteger. Por lo tanto, como dijo el ministro , hay que reforzar muy bien la primera atención. Para eso, debe existir un personal especializado, porque mucha gente que acude a estos tribunales no se maneja en estos temas o, por su propio conflicto, no es capaz de dar a conocer íntegramente su problema. Ésa es la primera puerta.
La segunda, es que la ley ha establecido que los asuntos se resuelvan de la manera menos controversial y litigiosa posible, puerta que ha sido pensada para prescindir de los abogados, salvo en casos excepcionales determinados por el juez. Por eso, la mediación juega un papel fundamental y tendrá que ser obligatoria. Como este trámite es nuevo, aún no está incorporado en nuestra cultura; pero cuando veamos el resultado que ha tenido en otros países, será una cuestión fundamental para nosotros.
El ministro de Justicia como quienes han intervenido han dicho que faltan jueces. Sin embargo, la ley establece que la Corte Suprema, con el informe previo de la corporación administrativa del Poder Judicial , puede, excepcionalmente, comunicar al Presidente que resulta necesario nombrar nuevos jueces de familia, atendida la carga de trabajo. Lo mismo está comprendido en la resolución enviada por el presidente de la Corte Suprema al de la Cámara de Diputados. Entonces, tenemos la solución a la mano.
Por lo tanto, el informe del ministro de Justicia ha dejado claro que es posible llegar a una solución pronta y eficaz.
He dicho.
El señor ROBLES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , la ley de tribunales de familia creó muchas expectativas en la ciudadanía y, por qué no decirlo, también entre nosotros.
El colapso del sistema hizo visible la crisis de la familia, al igual como ocurrió con la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar, en su momento.
Los tribunales de familia se relacionan, de alguna manera, con la vida cotidiana de todos los chilenos; sobre todo, con la de las mujeres y los niños. Ninguno estamos ajenos a recurrir a ellos.
Muchas mujeres me han comentado -cuestión que planteamos con el diputado señor Moreira en un canal de televisión- que la reforma procesal penal estaba estructuralmente bien diseñada y probada, porque fue hecha para los hombres; pero como los tribunales de familia son, precisamente, para la familia y, por ende, van a ser utilizados en el 90 por ciento por mujeres, no fueron pensados ni diseñados de la misma forma. Es decir, las mujeres piensan que existe una visión sesgada y sienten una discriminación importante.
El hecho de tener a la cabeza de la Presidencia de la República a una mujer, que vive problemas de familia y que no está ajena a los tribunales de familia, nos da una luz de esperanza, por cuanto pondrá una cuota de celeridad y de sentimiento en la resolución de los problemas. Como mujer, siento que no es propio tener que esperar entre tres y cinco meses para que me paguen la pensión de alimentos, como tampoco puedo permitir que me sigan golpeando.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente , pido al ministro que nos diga cómo se calculó el número de jueces, de tribunales y de funcionarios, porque aquí hay una falla de diseño. Veíamos venir el atochamiento, como lo anunciamos en la Comisión de Familia.
El ministro de Hacienda estuvo presente en esta sesión. Espero que con una mujer en la Presidencia de la República y con quien reemplace al ministro Eyzaguirre , el país cuente con más recursos para incorporar a los tribunales de familia, porque las mujeres no pueden esperar.
Además, quiero que el ministro señor Bates nos entregue un informe relativo a todas las redes de coordinación y de apoyo a los tribunales de familia. Aquí es muy importante que, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial tenga un centro de especialización en casos de familia, porque no es posible que se atiendan como cualquier cosa.
Por último, tuvimos muchas esperanzas con esta ley. Espero que en el próximo gobierno podamos concretar las esperanzas de muchos chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor ROBLES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor BATES ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , las intervenciones que he tenido ocasión de escuchar son extremadamente importantes y útiles para las medidas que se están adoptando y que tendrán que adoptarse en el futuro para abordar el tema de la sobrecarga inicial -insisto mucho en ello- que ha tenido el sistema.
Aquí se han hecho sugerencias, de las cuales he tomado debida nota. Asimismo, se han dado algunos datos inexactos, como el número de los mediadores. Quiero precisar esa cifra: los mediadores registrados son 1.804, no 180 mil.
De igual forma, se han tratado muchos temas. En este minuto no me puedo hacer cargo de todos.
La diputada señora Sepúlveda se refirió al cálculo del número de jueces de familia. Tengo una referencia sobre la materia que puedo poner a su disposición.
La estimación del número de jueces y de jurisdicción de los tribunales de familia se hizo en base a estudios muy serios elaborados, uno, por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y, otro, por la Escuela de Ingeniería Industrial de Santiago.
El primero tuvo como base el ingreso de causas y la división territorial de cada región. Se desagregaron las proyecciones de causas ingresadas en cuatro tipos: causas de tribunales de menores; aquellas que estaban en los tribunales civiles de letras, porque, como sabemos, se veían en forma dispersa; causas de violencia intrafamiliar, que también se veían en tribunales distintos de los de familia, y de filiación.
Al multiplicar las proyecciones por los tiempos estimados de duración de audiencias se obtuvo un número de jueces por juzgado, el cual, inicialmente, fue de 209 jueces. Pero esto fue revisado posteriormente, en 2000 y en 2003, dentro del proceso de desarrollo histórico que ha tenido la ley. Esta revisión comprendió todos los juzgados de competencia común y consideró que, como consecuencia de los cambios legislativos, los tiempos estimados de duración de las audiencias debería ser aumentado, porque, como aquí se ha dicho, los temas de familia tienen una característica propia, lo que origina, más que causas, problemas, con todo lo que ello significa.
Como consecuencia de la reactualización de las cifras, el número de jueces aumentó de 209 a 258, de los cuales 193 ya están completamente designados, dentro de la gradualidad que la propia ley asignó a las cortes de apelaciones para ir completando esos cargos. Como dije, esa reactualización aumentó de 209 a 258 jueces, y de los 41 juzgados iniciales, a los 60 juzgados actuales. O sea, se quintuplicó la cantidad de jueces respecto de la judicatura de menores.
También se ha hablado de las corporaciones de asistencia judicial, tema que, sin duda, es muy complejo. En la época en que se realizó la reforma procesal penal, tal vez por la creación de la defensoría penal pública, con todo lo que ello significó en recursos, las corporaciones de asistencia judicial quedaron marginadas del proceso de cambio. Yo trabajé durante 14 años en ellas, de manera que las conozco muy bien. Es uno de los grandes desafíos futuros. Dada la importancia de dichas corporaciones, de una u otra manera se proyectan en el tema de los tribunales de familia.
Después de haber tomado debida nota de las intervenciones de los señores diputados para seguir en el proceso de decisión de las medidas de orden administrativo, algunas de las cuales son de exclusiva iniciativa del Poder Judicial y otras del Ministerio de Justicia, y de las reformas legales, estamos dispuestos a estudiar la materia para determinar cuáles son esas necesidades.
El estudio a que se refirió la diputada María Pía Guzmán me parece interesante, porque no podemos tomar medidas simplemente por esta percepción o impresión, aunque tenga mucho de real. Por ejemplo, no podemos aumentar el número de jueces, porque, después de que se estabilice el sistema, podrían quedar con una carga de trabajo muy disminuida, como ha ocurrido en algunas partes dentro de la reforma procesal penal. Hay medidas urgentes que adoptar; ello se ha hecho y se seguirá haciendo. De manera que las reformas de fondo requieren estudios que apunten hacia medidas efectivas.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
A continuación, el señor Secretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 714, de la señora Cristi, doña María Angélica, y de los señores Kast, Bauer, Longueira, Cardemil, Masferrer, Pérez, don Víctor; Vargas, Forni y Monckeberg.
“Considerando:
1. Que la crisis que viven los tribunales de familia se debe a las expectativas que se generaron, al asegurar que ellos solucionarían todas las materias de conflictos familiares, sin prever que la realidad sería mucho más contundente que la proyección gubernamental. Al 24 de diciembre de 2005, en menos de tres meses de funcionamiento, habían ingresado 81.843 causa (8.578 por divorcio), en circunstancias que las estimaciones originales eran de 185.000 durante el primer año;
2. Que el país requiere contar con una judicatura de familia moderna, transparente, ágil, que proteja efectivamente a los afectados y garantice el acceso universal a la justicia, especialmente en un área tan sensible y vulnerable como son los conflictos al interior de la familia. Hoy, en un escenario en el que la población de más recursos no tiene el mismo acceso a la resolución de este tipo de conflictos que aquellas personas que pueden recurrir a una asesoría legal privada. Con la crisis del nuevo sistema, en la práctica se le niega justicia a mujeres y niños maltratados, a familias abandonadas y a otros tantos dramas familiares que se han intentado judicializar. Con la actual implementación y carencia de estos tribunales se hace imposible solucionar la inmensa demanda existente;
3. Que para lograr una pronta solución a esta crisis se requieren soluciones de fondo, más allá de simples ajustes de procedimiento. Además de una adecuada implementación en todo el país de los tribunales de familia, se hace urgente:
a) replantear la mediación como una medida eficaz para resolver los conflictos y que ayude a las partes para buscar por sí mismas soluciones mediante acuerdos, y
b) Que se designen a la brevedad los jueces necesarios para la atención de la demanda y el personal administrativo necesario para la atención de público, y
4. Que por su parte el Estado asigne los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para el logro de los objetivos señalados.
La Cámara de Diputados acuerda:
Disponer la entrega de los recursos financieros y humanos al Poder Judicial necesarios para que los Tribunales de Familia puedan operar a plenitud y de acuerdo a lo contemplado en la ley que los creó, muy en especial el nombramiento de los jueces faltantes y de personal a contrata capacitado para la eficiente atención de público.
Realizar las modificaciones legales necesarias para poder instaurar una “mediación obligatoria” en las causas que proceda, con el propósito de incentivar la resolución de conflictos en la etapa prejudicial, promoviendo ampliamente a la vez esta instancia como un cambio cultural en el proceso de resolución de conflictos.
Conceder un plazo de 30 días al Ministerio de Justicia, para que revise todos los factores que han influido en el colapso que se ha generado en los Tribunales de Familia y repare a la brevedad las fallas que presenta en el actual sistema”.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 715, de los señores Burgos, Aguiló, Montes, señora Caraball, doña Eliana; señores Ojeda, Mora, Walker, Ascencio, Luksic, Riveros, Silva, Mulet, Salas, Saffirio y Araya.
“Considerando la crítica situación que afecta a los Tribunales de Familia y lo tratado durante el curso de la presente sesión especial:
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Familia de esta Corporación para que en un plazo no superior a 45 días, informe a esta Cámara respecto de los hechos que han provocado la actual situación de crisis, que no permite entregar una administración de justicia rápida y eficiente, como es el interés de las autoridades y la ciudadanía.
La Comisión de Familia en cumplimiento del mandato aquí otorgado, deberá incluir en su informe proposiciones de solución tanto en el ámbito legislativo, como de políticas públicas en general, para ser implementadas por los organismos competentes”.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los dos proyectos de acuerdo.
Aprobados.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.41 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de enero de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Controles Integrados de Frontera”, suscrito el 17 de febrero de 2004, correspondiente al boletín Nº 3908-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5847, de 13 de septiembre de 2005.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
Moción de los diputados señores Alvarado y Galilea, don Pablo.
Modifica el artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de crear la comisión permanente de zonas extremas. (boletín N° 4084-16)
“Considerando
1. Que el día 9 de enero de 2001, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 508, por el cual se acordó constituir una Comisión Especial, la que debería informar a la Sala, a más tardar el 31 de julio de 2001, acerca del cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican a favor de las zonas extremas del país y proponer los perfeccionamientos y mejoras que en ellas convenga introducir.
2. Que, con fecha 10 de junio de 2001, la Cámara acordó prorrogar su mandato hasta el 30 de octubre de ese mismo año. Posteriormente, la Corporación, con fecha 13 de marzo de 2002, por acuerdo de Comités, prorrogó su vigencia por un año. Finalmente, con fecha 12 de marzo de 2003 se acordó prorrogar su mandato hasta el término de ese período legislativo.
3. Que, la Comisión, para el cumplimiento de su cometido, ha desarrollado una extensa labor. En efecto, se ha abocado al estudio de diversas iniciativas legales, tales como el proyecto de ley que modifica la ley Austral en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital (boletín Nº 2832-03), actual ley Nº ley 19.946; el proyecto de ley, de origen en un mensaje, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones I, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena , (boletín Nº 3107-05) actual ley Nº ley 19.853, y el proyecto de ley, de origen en un mensaje, que extiende la vigencia de la bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones I, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena y regula su régimen de tributación (boletín Nº 3438-05), que fue retirado por el Ejecutivo del Congreso Nacional una vez despachado por la Comisión.
4. Que, asimismo, le ha correspondido, por mandato de la H. Cámara de Diputado, estudiar la situación que afecta al mercado aéreo en el país, particularmente en los casos en que existe sólo un operador para algunas rutas; analizar las medidas administrativas adoptadas por los órganos reguladores en los últimos años y advertir las deficiencias que existen en la legislación para cautelar suficientemente los derechos de los usuarios (proyecto de acuerdo Nº 142), así como realizar los estudios pertinentes para analizar, investigar y proponer las adecuaciones necesarias de la legislación vigente destinadas a perfeccionar las herramientas legales para atacar el delito de contrabando de vehículos de alto valor comercial en las zonas extremas del país y, además, proponer cualquier modificación legal o administrativa orientada al mismo fin (proyecto de acuerdo Nº 551).
5. Que, del mismo modo, ha efectuado diversas sesiones destinadas a conocer las inquietudes y necesidades de los diferentes actores del sector, las que se detallan en documento adjunto y, además, ha desarrollado un calendario de visitas inspectivas a las zonas extremas de Coihaique (13 y 14 de junio de 2002), de Punta Arenas (23 de agosto de 2002), de Puerto Williams y Puerto Natales (8 y 9 de noviembre de 2002), de Arica (5 y 6 de junio de 2003), de Chiloé y Palena (23 y 24 de octubre de 2003), de Iquique (1 y 2 de abril de 2004), de Chaitén, Melinka y Puerto Ibáñez (17 y 18 de marzo de 2005), de Puerto Aisén y Coihaique (1 y 2 de septiembre de 2005) y de Puerto Natales (8 de septiembre de 2005).
6. Que, en consideración a la destacada labor realizada por esta Comisión Especial, resulta necesario transformarla en una Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, a fin de que continúe con el estudio del cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican a favor de las zonas extremas del país y proponer los perfeccionamientos y mejoras que en ellas convenga introducir, para lo cual se encuentra pendiente un extenso calendario de actividades, entre otras, la realización de audiencias y de visitas inspectivas, para canalizar ante las autoridades pertinentes, las múltiples necesidades e inquietudes de las zonas extremas del país.
Por las razones expuestas, someto a consideración de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase el artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para agregar el siguiente número 19 nuevo, pasando el actual número 19 a ser 20:
“19 De Zonas Extremas.”
Moción de los diputados señores Longueira , Bauer , Forni , Hernández , Molina , Moreira , Paya , Salaberry , Uriarte y Urrutia.
Reforma constitucional que modifica el artículo 74 de la Constitución Política de la República. (boletín 4083-07)
“Que una de las prerrogativas más importantes de los presidentes chilenos es la capacidad de controlar el proceso legislativo y determinar la agenda legislativa a través de las declaratorias de urgencia. El Presidente de la República puede declarar que una propuesta es urgente en cualquier etapa de su consideración o para todas ellas, sin importar en qué rama se origine la iniciativa. El Congreso debe actuar sobre la medida dentro de 30, 10, o 3 días dependiendo de si la propuesta es designada de “simple urgencia”, de “suma urgencia” o para “discusión inmediata”, respectivamente. Así entonces si un proyecto es declarado con urgencia, la consideración o estudio de todos los demás proyectos pendientes queda en suspenso.
Que, por su parte, la declaratoria de urgencia del Ejecutivo también altera el ritmo de trabajo en el Congreso y crea discontinuidad en la consideración particular de las otras propuestas de la agenda. Mientras una comisión estudia a fondo un proyecto específico, una propuesta urgente del Ejecutivo llega con frecuencia sin previo aviso y determina una demora en la discusión que estaba en curso.
Que las urgencias en materia legislativa pueden ser definidas como “el procedimiento que faculta al Presidente de la República para otorgar preferencia al despacho de proyectos de ley en el Congreso Nacional”. Sin embargo esta definición legal en la práctica se ha ido ampliando y en la práctica podemos señalar que es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo otorga preferencias a determinadas iniciativas legales que en su concepto pueden ser utilizadas para beneficiar una determinada campaña política ya sea municipal, parlamentaria o presidencial. Sin duda la experiencia legislativa acumulada indica que la utilización que el Presidente de la República ha hecho, en el tiempo, del mecanismo de las urgencias, responde más bien a motivaciones de orden mediático, político y comunicacional que a la real motivación fundacional que dio origen a este instrumento. De otro modo no se explica por que motivos en las últimas elecciones presidenciales los Gobiernos de la época han decidido reponer urgencias a proyectos de ley tales como la Reforma Laboral y Sub-Contratación, creando todo una suerte de presión, en nuestro concepto indebida, a quienes legítimamente puedan disentir de la forma y fondo de estas iniciativas.
Que, finalmente, y en la misma línea, estimamos que el mecanismo y la utilización de las urgencias, bajo el espíritu de impedir su uso para otros fines, debe quedar suspendido durante los 3 meses que anteceden a una elección municipal, parlamentaria o presidencial.
Por todo lo ya expuesto, venimos en presentar la siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Agrégase en el inciso primero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, a continuación del punto final (.) que pasa a ser seguido (.), lo siguiente :
“No obstante lo anterior, no podrá recurrirse a este mecanismo en los tres meses anteriores a la fecha de celebración de una elección municipal, parlamentaria o presidencial.”.”.
Moción de los diputados señores Longueira , Bauer , Forni , Hernández , Melero , Moreira , Paya , Salaberry , Uriarte y Urrutia
Modifica el sistema de uso de las urgencias establecido en la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (boletín 4089-07)
1. Que una de las prerrogativas más importantes de los presidentes chilenos es la capacidad de controlar el proceso legislativo y determinar la agenda legislativa a través de las declaratorias de urgencia. El Presidente de la República puede declarar que una propuesta es urgente en cualquier etapa de su consideración o para todas ellas, sin importar en qué rama se origine la iniciativa. El Congreso debe actuar sobre la medida dentro de 30, 10, o 3 días dependiendo de si la propuesta es designada de “simple urgencia”, de “suma urgencia” o para “ discusión inmediata”, respectivamente. Así entonces si un proyecto es declarado con urgencia, la consideración o estudio de todos los demás proyectos pendientes queda en suspenso.
2. Que, por su parte la declaratoria de urgencia del Ejecutivo también altera el ritmo de trabajo en el Congreso y crea discontinuidad en la consideración particular de las otras propuestas de la agenda. Mientras una comisión estudia a fondo un proyecto específico, una propuesta urgente del Ejecutivo llega con frecuencia sin previo aviso y determina una demora en la discusión que estaba en curso.
3. Que, las urgencias en materia legislativa pueden ser definidas como “el procedimiento que faculta al Presidente de la República para otorgar preferencia al despacho de proyectos de ley en el Congreso Nacional”. Sin embargo esta definición legal en la práctica se ha ido ampliando y en la práctica podemos señalar que es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo otorga preferencias a determinadas iniciativas legales que en su concepto pueden ser utilizadas para beneficiar una determinada campaña política ya sea municipal, parlamentaria o presidencial. Sin duda la experiencia legislativa acumulada indica que la utilización que el Presidente de la República ha hecho, en el tiempo, del mecanismo de las urgencias, responde más bien a motivaciones de orden mediático, político y comunicacional que a la real motivación fundacional que dio origen a este instrumento. De otro modo no se explica por que motivos en las últimas elecciones presidenciales los Gobiernos de la época han decidido reponer urgencias a proyectos de ley tales como la Reforma Laboral y Sub-Contratación, creando todo una suerte de presión, en nuestro concepto indebida, a quienes legítimamente puedan disentir de la forma y fondo de estas iniciativas.
4. Que, finalmente, y en la misma línea, estimamos que el mecanismo y la utilización de las urgencias, bajo el espíritu de impedir su uso para otros fines, debe quedar suspendido durante los 3 meses que anteceden a una elección municipal, parlamentaria o presidencial.
Por todo lo ya expuesto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO ÚNICO.- Modificase la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, N° 18.918, del modo que se indica:
Agrégase como inciso cuarto del artículo 28 el siguiente:
Con todo, el Presidente de la República no podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto de ley en los tres meses anteriores a la fecha de celebración de una elección municipal, parlamentaria o presidencial.”