Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Espejo Yaksic
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Patricio Vallespin Lopez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jenny Paola Alvarez Vera
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Perez Arriagada
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Patricio Vallespin Lopez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Tucapel Jimenez Fuentes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Yasna Provoste Campillay
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Hasbun Selume
- PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Hasbun Selume
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Norambuena Farias
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Celso Rene Morales Munoz
- Juan Enrique Morano Cornejo
- German Becker Alvear
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- INTEGRACIÓN
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Karol Aida Cariola Oliva
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Ramon Farias Ponce
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Denise Pascal Allende
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- Karla Rubilar Barahona
- Gabriel Silber Romo
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10185‐06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA (CONTINUACIÓN)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. (ECONSSA), RESPECTO DE LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE ENEL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10185‐06)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, CASTRO , COLOMA , ESPEJO, GAHONA , MORALES, NORAMBUENA , TUMA , ULLOA , Y URRUTIA, DON IGNACIO , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE SANCIONES APLICABLES A LOS CONTRATISTAS EN LOS CASOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10587-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Sergio Espejo Yaksic
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Joaquin Tuma Zedan
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ , NOGUEIRA, PASCAL , Y RUBILAR , Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; FARÍAS , OJEDA , SANDOVAL , Y VERDUGO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL CON EL OBJETO DE EXIGIR EL CONSENTIMIENTO DE LA MADRE EN EL CASO DEL RECONOCIMIENTO PATERNO DE UN HIJO DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL”. (BOLETÍN N° 10588-18)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Claudia Nogueira Fernandez
- Denise Pascal Allende
- Karla Rubilar Barahona
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Sergio Ojeda Uribe
- David Sandoval Plaza
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, CASTRO , COLOMA , ESPEJO, GAHONA , MORALES, NORAMBUENA , TUMA , ULLOA , Y URRUTIA, DON IGNACIO , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE SANCIONES APLICABLES A LOS CONTRATISTAS EN LOS CASOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10587-03)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 7ª, en jueves 24 de marzo de 2016
(Ordinaria, de 10.36 a 12.22 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo, y Espinosa Monardes, don Marcos.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA12
II.- APERTURA DE LA SESIÓN15
III.- ACTAS15
IV.- CUENTA15
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA15
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA16
V.- ORDEN DEL DÍA16
INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10185‐06)16
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA (CONTINUACIÓN)24
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. (ECONSSA), RESPECTO DE LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE EN EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN DE COQUIMBO34
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA43
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “CONCEDE LA NACIONALIDAD POR GRACIA AL SEÑOR LEOPOLDO LÓPEZ MAÑEZ”. (BOLETÍN N° 10589-06)43
2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9835-13)44
3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, CASTRO, COLOMA, ESPEJO, GAHONA, MORALES, NORAMBUENA, TUMA, ULLOA, Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE SANCIONES APLICABLES A LOS CONTRATISTAS EN LOS CASOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10587-03)45
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ, NOGUEIRA, PASCAL, Y RUBILAR, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; FARÍAS, OJEDA, SANDOVAL, Y VERDUGO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL CON EL OBJETO DE EXIGIR EL CONSENTIMIENTO DE LA MADRE EN EL CASO DEL RECONOCIMIENTO PATERNO DE UN HIJO DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL”. (BOLETÍN N° 10588-18)47
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
.
1.- Notas:
-Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 24 de marzo, para dirigirse a Argentina.
-Del diputado señor Lorenzini
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 23 de abril de 2016, para dirigirse a Europa.
-Del diputado señor Jarpa
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de marzo de 2016, para dirigirse a Israel.
-Del diputado señor Poblete
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de marzo de 2016, para dirigirse a Israel.
-Del diputado señor Espejo
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de marzo de 2016, para dirigirse a Israel.
-Del diputado señor Vallespín
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 24 de marzo, para dirigirse a Bélgica.
-De la diputada señora Álvarez
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 28 de marzo de 2016, para dirigirse a Bogotá, Colombia.
2. Comunicaciones:
-Del diputado señor Pérez, don José
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 24 de marzo, por impedimento grave.
-Del diputado señor Vallespín
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de sueldo para ausentarse, por razones personales, los días 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo, y 1 de abril de 2016.
3.Oficios:
-De la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidenta a la diputada señora Vallejo.
-De la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Jiménez.
-De la Comisión de Minería y Energía por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidenta a la diputada señora Provoste .
-De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Espinoza, don Fidel.
-De la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Farcas .
-De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Farías .
-De la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Alvarado .
-De la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Núñez, don Daniel .
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior
-Diputado Paulsen , Reitera el oficio N° 2667, de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (170 al 16721).
-Diputado Paulsen , Reitera el oficio N° 2680, de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (210 al 16722).
-Diputado Paulsen , Para reiterar el oficio N° 2712, de esta Corporación, de fecha 14 de Julio de 2014. (69 al 16687).
-Diputado Santana , Para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el Plan de Reconstrucción de Chaitén, en la provincia de Palena. (742 al 16812).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
-Diputada Cicardini doña Daniella , Se sirva informar a esta Cámara sobre el estudio acordado en el protocolo de acuerdo “Atacama Nuevo Trato”, del 5 de septiembre de 2014, sobre el costo de vida de carácter regional. (588 al 16340).
Ministerio de Educación
-Diputado Jackson , Remitir la información disponible sobre las investigaciones en curso y acabadas entre los años 2014 y 2015, respecto a las irregularidades en el manejo financiero y el incumplimiento de los estatutos en instituciones de educación superior, dando respuesta a las interrogantes que plantea en solicitud adjunta. (000206 al 14738).
-Diputado Jackson , Remitir la información disponible sobre las investigaciones en curso y acabadas entre los años 2014 y 2015, respecto a las irregularidades en el manejo financiero y el incumplimiento de los estatutos en instituciones de educación superior, dando respuesta a las interrogantes que plantea en solicitud adjunta. (000206 al 14739).
-Diputada Vallejo doña Camila , Para que, al tenor de la solicitud adjunta, se sirva informar sobre las eventuales prácticas irregulares que denuncia, ocurridas en la carrera de odontología de la Universidad de Antofagasta, emitiendo un pronunciamiento al respecto. (261 al 16526).
Ministerio de Justicia
-Diputado Berger , Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, remita a esta Cámara su opinión respecto de le necesidad de un proyecto de ley que modifique la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, para otorgar al hijo adoptivo los mismos derechos concedidos al hijo de filiación determinada, en cuanto a los beneficios especiales que se otorgan a través de fondos o prestaciones sociales estatales, planteada a S. E. la Presidenta de la República mediante el proyecto de resolución N° 489, aprobado el 1° de marzo del presente año. (123 al 16835).
-Diputado Jaramillo , Remita a esta corporación, la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con las mejoras realizadas al Centro de Detención Preventiva de la comuna de La Unión, Capital Regional de la provincia de Ranco. (1802 al 9267).
-Diputado Verdugo, Remitir el número de delitos de femicidio e infanticidio, tanto en calidad de consumado como frustrado, especificando el porcentaje de reincidencia en dichos delitos. (1803 al 14747).
-Diputado Verdugo, Reitera el oficio de esta Corporación N° 14.747, de 14 de diciembre de 2015. (1803 al 16801).
-Diputado Verdugo, Remitir las estadísticas de accidentes de peatones por cruce en lugares no habilitados. (1804 al 14746).
-Diputado Verdugo, Reiterar el oficio de esta Corporación N° 14.746, de 14 de diciembre de 2015. (1804 al 16800).
-Diputado Berger , Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, remita a esta Cámara su opinión respecto de le necesidad de un proyecto de ley que modifique la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, para otorgar al hijo adoptivo los mismos derechos concedidos al hijo de filiación determinada, en cuanto a los beneficios especiales que se otorgan a través de fondos o prestaciones sociales estatales, planteada a S. E. la Presidenta de la República mediante el proyecto de resolución N° 489, aprobado el 1° de marzo del presente año. (195 al 16829).
Ministerio de Bienes Nacionales
-Diputado Rincón, Inmuebles arrendados por los ministerios, servicios y embajadas, en el territorio nacional e internacional, precisando su costo anual, emolumento mensual y valor de los arriendos mensuales por región. (262 al 9099).
Ministerio de Salud
-Diputado Paulsen , Para reiterar el oficio N° 2684, de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (388 al 16699).
-Diputada Vallejo doña Camila , Solicita informar si la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las farmacias corresponde al mismo nivel jerárquico en la Región Metropolitana y en el resto de las regiones del país, indicando los resultados de todas las fiscalizaciones que se han efectuado a la fecha y el monto de las multas cursadas, así como los criterios que se aplican para su determinación (4 al 13516).
-Diputado Paulsen , Para reiterar el oficio N° 2.634 de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (4016 al 16680).
-Diputado Paulsen , Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (423 al 2647).
-Diputado Paulsen , Para reiterar el oficio N° 2647, de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (423 al 16702).
-Diputada Girardi doña Cristina , Se sirva emitir un pronunciamiento respecto del planteamiento que formula el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile A.G respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la leyN° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal, Boletín N° 10.490-11, cuya copia se adjunta. (669 al 16638).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Diputado Paulsen , Reitera el oficio N° 2602 de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (1196 al 16711).
-Diputado Paulsen , Para reiterar el oficio N° 2606 de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (1442 al 16679).
-Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Motivos que impidieron otorgar un subsidio de terremoto o de reconstrucción a la señora Ana María Reyes Díaz de la comuna de Nancagua, quien sufrió la pérdida de su vivienda en el terremoto del 27 de febrero de 2010. (466 al 16516).
-Diputado Paulsen , Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (954 al 2603).
-Diputado Paulsen , Reitera el oficio N° 2603 de esta Corporación, de fecha 11 de Julio de 2014. (954 al 16712).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Diputado Santana , Informar a esta Cámara sobre el estado de pago del subsidio al transporte terrestre en la Región de Los Lagos, en particular de aquellos vinculados a la comuna de Queilén, subsanando a la brevedad la situación de incumplimiento de contratos que plantea. (1976 al 16907).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Diputado Ward , Diputada Hoffmann , doña María José , Diputado KORT , Tenga a bien evaluar la entrega de beneficios del Estado al señor Galvarino Apablaza Guerra , en atención a su situación judicial. (20980 al 1556).
Ministerio Medio Ambiente
-Diputado Castro , Informar sobre la situación que afecta a los residentes de la población Granja de la comuna de Rancagua, por los efectos que provoca la empresa Barracas de Madera Castro, la fundición de metales pesados y el galpón de maquinaria pesada, ubicados en el sector. (626 al 15783). (626 al 15783).
-Diputada Girardi doña Cristina , Acciones adoptadas para verificar las denuncias efectuadas por la organización Greenpeace relacionadas con hallazgos de basurales en el glaciar Guanaco y el glaciarete Esperanza, próximos a las operaciones mineras de proyecto Pascua Lama . (641 al 16502).
Intendencias
-Diputado Paulsen , Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (210 al 2680). (210 al 2680).
-Diputado Ward , Se sirva informar la cantidad de lodo extraído de la comuna de Chañaral, arrojado por el aluvión del año 2015, el costo de los trabajos de extracción y las empresas que ejecutaros dichas labores. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (256 al 15952).
-Diputado Ward , Informar el número y tipo de cirugías que se han realizado desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha y el número de cirugías pendientes, indicando el nombre, dirección y teléfono de los pacientes que se encuentran en lista de espera, en la Región de Antofagasta. (282 al 15549).
-Diputado Rocafull , Se sirva informar si existe algún proyecto de adquisición de una planta faenadora móvil para la Región del Maule, y en caso afirmativo, remitir los antecedentes relacionados que se dispongan, especialmente su costo. (619 al 12411).
-Diputado Van Rysselberghe , Se sirva informar la cantidad de establecimientos educacionales que se encuentran funcionando en la Región del Biobío, señalando el número de alumnos de cada uno de ellos. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (819 al 15959).
Servicios
-Diputado Paulsen , Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (1442 al 2606).
-Diputado Monsalve , Solicita informar la situación del señor Omar Lorenzo Caamaño Cárcamo , en cuanto a si es efectivo que le correspondería un bono de reconocimiento en su calidad de exonerado político. (39504 al 16042).
-Diputado Norambuena , Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Los Álamos. (57 al 16354). (57al 16354).
-Diputado Paulsen , Entrega de los recursos asignados a las comunas de Curacautín, Galvarino , Lautaro , Lonquimay , Melipeuco , Perquenco , Victoria y Vilcún , con ocasión de la declaración de emergencia emitida por las nevazones que las afectaron durante el mes pasado, con los detalles que precisa en la solicitud que se acompaña. (69 al 2712).
Varios
-Diputado Castro , Para que se sirva informar sobre la negativa del Departamento del Sistema de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre de Chile de entregar audífonos recetados por especialistas en los casos de hipoacusia, denunciada por la agrupación de trabajadores pasivos y Adulto Mayor El Teniente. (16710 al 16522).
-Diputado Schilling , Se sirva informar las medidas que se han adoptado, ante el eventual cobro excesivo en la cuenta del suministro eléctrico de la señora Elena Soto Sepúlveda . (2308 al 14265).
Ministerio de Minería
-Diputado Castro , Informar sobre la nota interna emitida por la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional de fecha 22 de diciembre de 2015, sobre exámenes pre-ocupacionales. (032 al 15782).
Municipalidades
-Diputado Rathgeb , Reitera el oficio N° 13.816, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (07 al 16156). (07 al 16156).
-Diputado Rathgeb , Reiterar el oficio N° 13.899, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (125 al 16248).
-Diputado Berger , Se sirva informar a esta Corporación sobre el número de trabajadores a honorarios, con contrato vigente, en ese municipio. Asimismo, remite las observaciones que, a su juicio, debieran considerarse en futuras enmiendas a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. (205 al 17013).
-Diputado Verdugo, Diputado Santana , Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (225 al 15211).
-Diputado Rathgeb , Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (34 al 13872).
-Diputado Rathgeb , Reitera el oficio N° 13.872, de fecha 10 de noviembre de 2015, enviado al alcalde de la comuna de Punitaqui (34 al 16195). (34 al 16195).
-Diputado Mirosevic , Informar sobre el número de bienes raíces administrados por esa Municipalidad que se encuentren destinados a la práctica de baseball en la comuna de Arica, y el estado de tramitación de las solicitudes de uso gratuito de bienes raíces municipales para la práctica de dicho deporte. (414 al 15789).
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
-Diputado Trisotti Informar a esta Cámara sobre la situación de la señora Lidia Carrasco Vásquez , precisando el estado en que se encuentra la solicitud de factibilidad de suministro de agua en la ciudad de Arica, al tenor de los números de ingreso que indica. (17610 de 22/03/2016). A gerente regional de Tarapacá de la Empresa de Aguas del Altiplano S.A.
-Diputado Trisotti Informar a esta Cámara sobre la posibilidad de reponer el suministro de agua potable a la señora Lilian Terrazas , de la comuna de Alto Hospicio, por las consideraciones que señala. (17611 de 22/03/2016). A gerente regional de Tarapacá de la Empresa de Aguas del Altiplano S.A.
-Diputada Turres doña Marisol Fiscalizar en terreno las obras de construcción del camino que comunicará la central hidroeléctrica Mediterráneo con la Ruta V-721, en la comuna de Cochamó, en forma coordinada con los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Defensa Nacional, verificando una eventual vulneración en la prohibición de funcionamiento de dicha faena, por daño ambiental y posible perjuicio a la vida de las personas, dando respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto y remitiendo todos los antecedentes solicitados. (17618 de 22/03/2016). A Ministerio Medio Ambiente.
-Diputado Hasbún
Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, indicando la nomina de las personas encargadas de administrar o publicar mensajes en dicha cuenta, señalando las medidas disciplinarias tomadas en contra del responsable de la publicación. (17622 de 22/03/2016). A director nacional del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena.
-Diputado Hasbún
Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, indicando la nomina de las personas encargadas de administrar o publicar mensajes en dicha cuenta, señalando las medidas disciplinarias tomadas en contra del responsable de la publicación. (17623 de 22/03/2016). A Ministerio de Desarrollo Social.
-Diputado Norambuena Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación del señor Moisés Enrique Bustos Toledo , domiciliado en la Comuna de Lebu, revisando los antecedentes necesarios para regularizar su situación, otorgándole pensión de invalidez en virtud de la Ley 16.744 y concediéndole la suma correspondiente a los meses adeudados de la Indemnización del Carbón en función de la Ley 19.129. (17624 de 22/03/2016). A Varios.
-Diputado Kast Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara los antecedentes académicos, el contrato de trabajo y las bases del concurso público por el cual la señora Edith Ortiz Núñez accedió al cargo de Jefa de Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y las infecciones de Transmisión Sexual, de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaria de Salud Pública, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (17625 de 22/03/2016). A Ministerio de Salud.
-Diputada Núñez doña Paulina Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de estudiar los antecedentes, disponiendo los procedimientos disciplinarios que correspondan a fin de determinar si la incorporación de un parlamentario en ejercicio, en textos adquiridos y autorizados por el Ministerio de Educación, constituyen una transgresión al principio de Eficacia, Legalidad y Probidad que debe observar todo funcionario público. (17626 de 22/03/2016). A Contraloría General de la República.
-Diputado Arriagada Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el cumplimiento y seguimiento de los dictámenes N° 3.810 y N° 63.601, emitidos el 27 de Febrero de 2015 y 11 de Agosto de 2015 respectivamente. (17627 de 22/03/2016). A alcaldesa de la Municipalidad de Olmué.
-Diputado Arriagada Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el cumplimiento y seguimiento de los dictámenes N° 3.810 y N° 63.601, emitidos el 27 de Febrero de 2015 y 11 de Agosto de 2015 respectivamente. (17628 de 22/03/2016). A Contraloría General de la República.
-Diputado Hernández Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre el estado actual de los oficios números 1.521 y 13.498, pronunciándose sobre la legalidad y posible transgresión de normas de la portada de una revista de la Municipalidad de Osorno. (17629 de 22/03/2016). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
-Diputado Lavín Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número de sesiones realizadas por la Comisión de Salud, en los periodos de Marzo de 2014 a Marzo de 2015 y Abril de 2015 a Marzo de 2016. (17630de 22/03/2016). A presidente del Consejo Regional Metropolitano de Santiago.
-Diputado Lavín Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara el listado de médicos en los Centros de Salud Familiar Carlos Godoy y Michelle Bachelet , adjuntando copia de los certificados del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina de cada centro. (17631 de 22/03/2016). A Ministerio de Salud.
-Diputado Lavín Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el cronograma del Taller de Desprincesamiento y los recursos involucrados para su ejecución. (17632 de 22/03/2016). A Ministerio de Justicia.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Rivas Sánchez, Gaspar
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: Los diputados señores Ramón Barros Montero, Fuad Chahin Valenzuela, René Manuel García García, Hugo Gutiérrez Gálvez, Roberto León Ramírez, Felipe Letelier Norambuena y Patricio Vallespín López.
-Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende.
-Con licencia médica: Las diputadas señoras Karla Rubilar Barahona y Marcela Sabat Fernández.
-Con impedimento grave: El diputado señor José Pérez Arriagada.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 132ª de la legislatura 363ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 133ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).- Para hablar sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .- Señor Presidente, no sé si es conveniente que haga este planteamiento en reunión de Comités o directamente en la Sala.
Como jefe de bancada del Partido por la Democracia, solicito que discutamos y votemos de inmediato el primer proyecto que figura en la Tabla, que permite la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales, debido a la premura que tiene, en lugar de hacerlo al final de la sesión.
El señor ANDRADE (Presidente).- Señor diputado, no tenemos el quorum para votarlo de inmediato, pero lo tendremos presente.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica disposiciones legales aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Boletín N° 10057-06), con los siguientes señores diputados y señorita diputada: Celso Morales, Juan Morano , Germán Becker , Daniella Cicardini y Ramón Farías .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta , con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Jaime Bellolio , Karol Cariola, Juan Antonio Coloma , Ramón Farías , Gonzalo Fuenzalida , Marcela Hernando , Joaquín Lavín , Denise Pascal , Leopoldo Pérez , Jaime Pilowsky , Karla Rubilar , Silber y Leonardo Soto .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10185‐06)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 6ª de la presente legislatura, en 23 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, si bien el proyecto fue apoyado en la Cámara por la gran mayoría de las bancadas, en el Senado fue respaldado por todas las bancadas, incluidas las que se habían manifestado en contra en este hemiciclo.
Seguí muy de cerca el debate del proyecto en el Senado, donde experimentó varias modificaciones, algunas de ellas relevantes, pero todas muy necesarias.
En primer lugar, se confirma lo fundamental, es decir, se otorga el derecho a los partidos que lo deseen a establecer un pacto de alcaldes y un pacto diferente de concejales.
En segundo lugar, se consagra lo que aprobó la Cámara, de manera que el partido que suscriba un pacto de alcaldes para realizar primarias legales, debe inscribir al mismo tiempo los pactos de concejales.
En tercer lugar, se aumenta la consistencia entre los pactos de alcaldes y de concejales. ¿De qué manera? Limitando los pactos de concejales a que sean suscritos única y exclusivamente por partidos que suscriben el mismo y común pacto de alcaldes. Es decir, nadie puede hacer un pacto de concejales con partidos que no formen parte del mismo pacto de alcaldes. De ese modo, se hace consistente de manera perfecta la elección de alcaldes y subpactos, y la elección de concejales y subpactos.
¿Qué otras cosas corrige el Senado? Se perfecciona el pacto electoral al mismo tiempo que se inscriben las listas de candidatos. Es decir, se perfecciona el pacto electoral cuando las negociaciones político-electorales han concluido y todos los actores que forman parte de ese pacto están satisfechos con la cantidad de candidatos que tienen.
Cuando uno disocia la fecha de inscripción de los pactos de alcaldes y concejales, y la fecha de inscripción definitiva de los candidatos, naturalmente se crean incertidumbres que podrían provocar que un partido pudiera “extorsionar al resto”, porque, por ejemplo, los candidatos del PPD requerirían de la firma del partido socio para ser inscritos.
¿Cómo se resuelve esto? Otorgando la posibilidad de que un partido que suscribió un pacto y luego no esté satisfecho con la negociación, se retire de dicho pacto antes de la inscripción definitiva, pero quedará con la prohibición de presentar candidatos en aquellas comunas donde participó en las primarias. Por eso, entonces, se acaba la posibilidad de extorsión.
Ahora bien, la ley asimila a los candidatos independientes a los partidos, igualdad ante la ley, por lo que la segunda modificación relevante es que se permite la incorporación de los candidatos independientes en un pacto hasta el momento de la inscripción definitiva de los candidatos a alcalde y concejales. Sin esa modificación, los pactos no pueden inscribir ningún candidato independiente ni a alcalde ni a concejal que no hubiera suscrito, previamente, el pacto respectivo que permitió la primaria.
Actualmente, la ley establece que la declaración de las candidaturas de los pactos y candidatos a primarias se debe inscribir sesenta días antes de la elección. Al respecto, una modificación importante del Senado es que se acortó el plazo al cuadragésimo día previo a la elección, lo que significa que en lugar de inscribir los pactos, según entiendo, el 5 de abril, la inscripción se realizará alrededor del 20 de abril. Esos plazos serían permanentes, por lo que las campañas de primarias a alcalde no serán tan prolongadas, de sesenta días, sino solo de cuarenta días.
Por último, se incorporó un artículo transitorio que se hace cargo del fenómeno de la emergencia y la legalización de nuevos partidos, con el fin de permitir, transitoriamente para este efecto, que un partido en formación que se ha inscrito, pero que aún no ha concluido su trámite de legalización, concurra a formar un pacto, el cual se hará efectivo solo si ese partido culmina su proceso de legalización a tiempo.
Al respecto, hay varios partidos que están en esa situación y, formalmente, no podrían concurrir a los pactos, con todas las complicaciones legales que esto tiene. La modificación en comento lo permite.
Considero que el proyecto fue mejorado en el Senado, porque resuelve varios problemas, algunos de los cuales fueron planteados durante el debate en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue aprobada, de manera transversal, por 30 de los 31 senadores presentes en la sesión del martes recién pasado, y permite que haya primarias legales. En efecto, de no aprobarse el proyecto, no existiría ninguna posibilidad para ello.
Quiero recordar que estamos al filo de la navaja en cuanto al tiempo, porque de no aprobarse hoy las modificaciones del Senado, operaría la actual ley, y, por lo tanto, el 5 o 6 de abril el Servel no va a recibir ningún pacto electoral para llevar a cabo primarias, porque el único pacto electoral que hoy permite la normativa es el de alcaldes y concejales. Según entiendo, eso no existe ni en la derecha ni en la centroizquierda.
Por lo tanto, si queremos realizar elecciones primarias legales, debemos aprobar esta iniciativa.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Germán Becker .
El señor BECKER.-
Señor Presidente, el diputado Auth explicó lata y claramente las correcciones que introdujo el Senado al proyecto.
La bancada de Renovación Nacional va a aprobar la iniciativa, pues estamos ante un problema bastante grave. Actualmente, el pacto de alcaldes para las primarias se extiende hasta la elección definitiva, por lo cual solo puede haber una lista de candidatos a concejales.
Este proyecto propone llevar a cabo primarias de alcalde y, después, la formación de distintos pactos de candidatos a concejal. Obviamente, el partido que participó en una primaria de alcalde debe apoyar a ese mismo candidato.
Además, a través de un artículo transitorio, se propone la incorporación de partidos en formación.
Me parece que es un buen proyecto, que debemos aprobar, ya que, de lo contrario, como dijo el diputado Auth , no habrá posibilidad alguna de hacer elecciones primarias de alcalde.
Hago el llamado a todas las diputadas y los diputados a aprobar las modificaciones del Senado a la iniciativa.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana votará a favor las modificaciones introducidas por el Senado a esta iniciativa, así como lo hizo durante su tramitación en la Cámara de Diputados, con el fin de que a la brevedad se transforme en ley para que sea aplicada durante la próxima elección municipal.
Hay una justa expectativa ciudadana respecto de si habrá ley de primarias para llevarla a la práctica en esta elección municipal. La normativa señala que será vinculante el resultado de la elección primaria para los candidatos a alcalde.
El proyecto establece legalmente lo que es parte de la vida real. Me refiero a que distintos partidos que se organizaban en más de un pacto para la elección de concejales tenían el mismo candidato a alcalde. Eso sucedía porque había una convención entre esos partidos de realizar un pacto por omisión, donde se acordaba que el candidato a alcalde era el del sector A, por lo que los del sector B no presentaban candidato.
Ahora bien, esta modificación pretende garantizar una mayor participación ciudadana, no solo para elegir, sino para resultar elegido, ya que multiplica la cantidad posible de candidatos a concejal, lo que es muy bueno, tanto en las distintas listas como también entre quienes no tienen militancia partidaria: los independientes. Con ello, no se debilitará el hecho de que haya convergencia en una figura, un liderazgo, en el caso de los candidatos a alcalde.
Esto es muy importante para fortalecer y promover la participación ciudadana, por cuanto la potencial elección de más ciudadanos debería llevar consigo el aumento de los votantes, debido a la empatía que puede surgir entre la mirada, la opinión y el juicio de los votantes y las distintas candidaturas.
Por otro lado, para la disputa a alcalde existe la posibilidad de que se recabe el aporte de distintas listas de candidatos a concejal, lo que valoro altamente porque el debate será sobre un proyecto de ciudad de marca mayor.
Además, aprecio que esta iniciativa obligue a que se cumplan los compromisos contraídos. Al presentarse a una primaria, en la perspectiva de ser el candidato que represente a un arco mayor, existen obligaciones tanto si se gana la elección primaria como si se pierde.
Entonces, estas primarias legales vinculantes permitirán, por esa vía, elegir a un candidato de un sector y, además, obligarán a quienes fueron a esa disputa a que, una vez que gane uno de ellos, se pongan detrás de él para apoyarlo y aportar a su campaña.
Finalmente, valoramos altamente este proyecto, que esperamos que se someta a votación en breve tiempo, y esperamos que cuente con el respaldo de todos los sectores y bancadas, ya que todos serán beneficiados con este mecanismo.
Después de este debate, la vida nos mostrará cómo se cumplen los compromisos contraídos por los partidos, que han ido construyendo esta legislación y han tratado de representar la opinión ciudadana.
Por lo expuesto, anuncio que votaremos a favor.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, en un comienzo vimos este proyecto con cierta preocupación y resistencia, por su contenido y por lo que se buscaba conseguir en ese momento. Hoy el escenario es absolutamente distinto.
En el Senado se realizaron enmiendas y perfeccionamientos al proyecto que abren un nuevo espacio para la suscripción de pactos y acuerdos en las declaraciones de primarias para alcaldes o concejales.
El punto al que me quiero referir se relaciona con la premura con que debemos legislar permanentemente. No ha habido elección municipal en que no se hayan tenido que introducir diferentes cambios para adecuar las normas relativas a ese proceso. Pareciera ser que siempre estamos improvisando sobre un procedimiento tan relevante, ya que a través de él se elegirán las autoridades que las comunidades tienen más a la mano: sus concejales y sus alcaldes, que son los que llevarán a cabo los proyectos de desarrollo en sus respectivas comunas.
Por ello, es necesario que este tema se analice con más profundidad y estemos especialmente motivados para generar un marco regulatorio que se haga parte de la ley.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y este mismo procedimiento en materia de elecciones muestran esta urgencia. Es más, hace pocas semanas se trató un proyecto de resolución en relación con las elecciones de dirigentes sociales y vecinales y una suerte de inhabilidad para postular a ciertos cargos, que generó una gran discusión pública sobre las posturas de unos y otros en relación con ese proyecto.
Curiosamente, los mismos que patrocinaron ese proyecto votaron otro que impide a diversas personas ser candidatos a alcaldes o concejales. Por ejemplo, ningún profesor que trabaja en un establecimiento dependiente de un municipio puede ser candidato a algún cargo de ese mismo municipio. Pasa lo mismo con los servicios traspasados en materia de salud y con los servicios incorporados a la gestión municipal, como los jardines financiados a través de la vía de transferencia de fondos.
Entonces, se hace necesario que estos marcos de ley tengan una adecuada definición y no estemos improvisando permanentemente, como se ha señalado hoy.
Si el proyecto no se despacha hoy, no podrá aplicarse en las elecciones primarias que deben realizarse en abril. O sea, estamos sometidos a una situación que habla de la improvisación con que se están enfrentando temas tan relevantes como la elección de autoridades locales.
Finalmente, anuncio que como bancada apoyaremos las modificaciones, al igual como lo hicieron nuestros senadores.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en el primer trámite constitucional votamos en contra de este proyecto porque había que hacerle muchos perfeccionamientos y todavía faltaba mucho por avanzar en la discusión. Era evidente que iba a llegar de vuelta del Senado, y regresó enmendado. Por ello fue aprobado prácticamente por unanimidad y espero que lo votemos a la brevedad posible, para que sea aprobado y alcancen a cumplirse los plazos legales.
Quiero hacer un pequeño comentario. Durante la tramitación de distintos proyectos de ley, hemos escuchado a parlamentarios de partidos en formación, como Amplitud, Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, etcétera, que critican los distintos proyectos que se han discutido. Pero cuando se está concordando un mecanismo que permite hacer pactos con dichos partidos, no se escucha nada. Siento que es importante que se haga mención a ello. Cuando se quiera realizar una crítica, que se haga libremente, pero cuando se están solucionando problemas a muchos partidos a través de este tipo de pactos, espero que también se reconozca el esfuerzo, ya que, gracias a nuestro rechazo en el primer trámite y a la modificación que hizo el Senado, los partidos en formación podrán realizar pactos electorales con otros legalmente constituidos y, para estos efectos, se creará una ficción legal que permitirá que los afiliados a estos partidos se entiendan como militantes para todo efecto.
Es importante hacer esta aclaración, porque antes escuchamos muchos reclamos, pero cuando se hace este tipo de modificaciones para permitir y facilitar la participación en el proceso electoral, lamentablemente no se escuchan reconocimientos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en relación con lo que planteó el diputado Coloma , quiero expresar que nuestro partido, el Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (Miras) -para que el diputado Coloma lo conozca-, es un partido regional constituido. A pesar de los problemas que se presentaron, no nos costó mucho obtener las firmas. No fue difícil porque esta nueva propuesta se sostiene en el trabajo perseverante, diario y constante que realizan los dirigentes sociales, con quienes hemos trabajado durante muchos años, y con un modo de mirar la realidad local y regional desde la perspectiva de los actores sociales.
Nosotros pensábamos que íbamos a tener una larga vida, pero cuando a la Nueva Mayoría y a la derecha les conviene, hacen y deshacen pactos según lo que en esta Sala favorezca a cada uno de esos sectores políticos -se lo digo al propio Presidente-; sin embargo, no son capaces de cumplir los acuerdos, porque hubo un acuerdo, aunque el Presidente no lo reconozca y diga que no lo aprobó, al cual él también concurrió con su voto, cuando nos pidieron el apoyo para obtener la votación necesaria para lograr el cambio del sistema binominal. Obtuvieron los votos, pero a los cinco meses, por arte de magia, la Nueva Mayoría -con usted, señor Presidente, a la cabeza- y el diputado Cristián Monckeberg , de la Alianza por Chile, se pusieron de acuerdo.
Nos pusimos de acuerdo, pero después lo negaron. Firmamos un acuerdo, y no en cualquier lugar, sino en La Moneda, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Como digo, firmamos un acuerdo en que se consignaba que se iba a respetar a las fuerzas regionales, para que también tuvieran expresión. A las bancadas de enfrente no les gustó -es obvio, porque significa competencia-, pero nosotros, en cambio, sí vamos a votar a favor, porque nos gusta la competencia. ¡Nos gusta la competencia! ¡Es a ustedes a quienes no les gusta! ¡Reconózcanlo!
La diferencia es que los partidos y movimientos regionales tienen una expresión distinta, y esperamos que eso también se plasme en las elecciones municipales, porque tienen relación con las necesidades y con los actores sociales a nivel de las localidades y de las comunas.
Vamos a votar favorablemente las modificaciones por un concepto que es muy importante para nosotros, relacionado con que haya más facilidad para que la ciudadanía elija, informada y conscientemente, entre una gran cantidad de candidatos.
Vamos a concurrir por ese principio, el que ustedes tiraron al tacho de la basura, porque no les convenía reconocer que los partidos regionales eran importantes y necesarios. Por eso, en su momento solo nos utilizaron para conseguir votos. ¡Solo para obtener votos!
En la expresión democrática que se realizará en unos pocos meses más, espero que el pueblo de Chile tenga la capacidad, como ha demostrado muchas veces, de elegir a sus mejores representantes, dada la diversidad de opciones.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al diputado Juan Antonio Coloma que ojalá entienda que no estamos interesados en suscribir un pacto en las próximas elecciones municipales ni con la derecha ni con la Nueva Mayoría, porque creemos firmemente en la expresión regional.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, solo quiero referirme a algunas situaciones de interés para las regiones, vinculadas con la aprobación del presente proyecto.
Justamente, las modificaciones del Senado dan respuesta a la incertidumbre existente en diferentes regiones. Por ejemplo, en la Región de Los Ríos, constantemente se me consultó cuándo se aprobaría el proyecto con las modificaciones del Senado.
Por ello, quiero abordar un elemento que faltó en la ley en proyecto, el cual, a lo mejor, debió incorporarse en el marco de la discusión de la ley N° 20.640. Me refiero a una norma que impida que el candidato a alcalde perdedor postule al cargo de concejal, y viceversa.
Esta materia en particular generó una diferencia de opiniones y, finalmente, no se incorporó un artículo que zanjara esa inquietud. Considerábamos que, en el marco de las elecciones primarias, el candidato a alcalde al que no le iba bien no debía optar posteriormente a concejal.
Además, es importante precisar que solo corresponde efectuar primarias en los territorios electorales donde los partidos o pactos así lo definan, no estando obligados a declarar candidaturas en todas las regiones, distritos o comunas. Aquello quedó bien claro; así lo establece la ley y se ratifica mediante las actuales modificaciones.
De acuerdo a lo que establece la ley N° 20.640 -en adelante se llamará ley de primarias-, que es la matriz de este problema, en el caso de un pacto para la elección de alcalde, los partidos pueden participar en forma individual o en conjunto con otros partidos o candidatos independientes, como lo mencionó el colega Pepe Auth , conformando un solo pacto electoral para todo el país. Aquello también quedó claro.
Por lo tanto, anuncio que votaré a favor las modificaciones introducidas por el Senado.
La iniciativa da respuesta, en un momento casi final, para que las regiones tengan claridad respecto de la forma en que se realizarán las primarias con ocasión de las próximas elecciones municipales.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales.
Para su aprobación se requiere del voto favorable de 67 señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-Votó por la negativa el diputado señor Jackson Drago, Giorgio .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA (CONTINUACIÓN)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde iniciar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna de Antofagasta.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el 1 de marzo pasado, se destinará un tiempo de debate de media hora, distribuido proporcionalmente por bancada.
Hago presente a la Sala que el informe fue rendido en la sesión 130ª de la legislatura 363ª, de 3 de marzo del año en curso.
Antecedentes:
-La discusión del informe se inició en la sesión 130ª de la legislatura 363ª, en 3 de marzo de 2016.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, como miembro de la comisión investigadora en materia de protección de la salud y el medio ambiente en Antofagasta, quiero referirme a las recomendaciones y propuestas de acciones a ejecutar por los organismos involucrados de mayor relevancia, según el mandato otorgado a esta instancia.
Es invaluable el hecho de que la comisión no solo haya determinado responsabilidades pasadas, sino que también haya evaluado propuestas de futuro, con el claro foco de revertir la lamentable situación que afecta a miles de chilenos a lo largo del país, especialmente en Antofagasta, quienes han visto vulnerado su derecho a vivir una vida saludable en un medio ambiente sano.
Siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, la comisión elaboró propuestas, entre las que destaca la de solicitar a la Presidenta de la República que otorgue máxima urgencia a los proyectos de ley relacionados con el transporte, acopio, carga y descarga de concentrados de mineral, los que apuntan en esencia a regular adecuadamente el transporte de concentrados de cobre a través de zonas urbanas.
Por otra parte, considerando las serias deficiencias institucionales que existen en cuanto a protección de la salud de las personas y la ausencia de medidas de reparación de las mismas, queda en evidencia que se carece de una entidad dedicada exclusivamente a monitorear los riesgos a la salud generados por los concentrados de mineral.
A lo anterior se añade que el Estado no ha sido capaz de resolver los problemas de tratamiento y solución de los pasivos ambientales, al no contar con normas apropiadas que protejan la salud y el medio ambiente.
Debido a lo anterior, resulta indispensable identificar las responsabilidades del Estado y de los particulares, con el objeto de reparar la crisis, en especial en Antofagasta, región minera sometida durante largos años a constantes procesos extractivos de la industria.
En virtud de tales consideraciones, es valioso que la comisión haya acordado proponer a la Sala que solicite a la Presidenta de la República que presente un programa equivalente a la ley de polimetales en Arica que se aplique a todo el país. No deja de causarnos sorpresa que el Estado haya establecido tal programa de intervención en zonas con presencia de polimetales solo en Arica, mas no así en Antofagasta y el resto del país, lo que se traduce en una gravísima omisión, sobre todo al resultar notorio el pasivo ambiental histórico que el Estado tiene con los habitantes de dicha comuna.
Siempre en materia de salud, destaco que la comisión proponga solicitar al Ejecutivo que otorgue la máxima urgencia a proyectos de ley como el que modifica la ley N° 19.300, que busca fortalecer la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental.
La comisión también propone al gobierno y a sus autoridades que fortalezcan las secretarías regionales ministeriales con contingentes de especialistas y recursos en cada región, de modo de detectar oportunamente los potenciales riesgos y problemas en la salud de las personas, y que dispongan las medidas y los recursos para establecer un plan de monitoreo y estudio permanente de las condiciones de salud en Antofagasta.
Para dar cumplimiento a lo anterior, es indispensable que se generen registros históricos a disposición de la población, tanto en materia de salud y medioambiental, como respecto del actuar del Estado, que exista mayor coordinación en las acciones de los ministerios de Salud y del Medio Ambiente, y que se cree una base de datos comunes.
Es claro el llamado de la ciudadanía que exige un Estado y ministerios con un actuar solvente y proactivo. Se requiere un Ministerio del Medio Ambiente que se ajuste a dicha demanda, que se dicte una norma nacional de suelos y que se proponga al gobierno la creación de un órgano defensor público del medio ambiente, que se ocupe exclusivamente de representar a la población en materia medioambiental.
Por último, quiero expresar mi conformidad con el trabajo realizado por la comisión y hacer un llamado a las autoridades para que acojan las propuestas formuladas por esta instancia, a fin de que comprendan que para revertir crisis medioambientales como la señalada se requiere una labor conjunta y coordinada de los distintos órganos administrativos involucrados, los cuales aún necesitan implementar una serie de medidas para lograr un mejor funcionamiento que se adapte a las necesidades del país. De esa forma podremos contar con un Estado garante de la salud y de un medio ambiente sano y limpio para toda la ciudadanía.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, como diputada, me ha tocado participar en varias comisiones investigadoras, cada una de las cuales ha tenido diferentes resultados. En ese contexto, quiero destacar el trabajo que desarrolló la comisión investigadora en materia de protección de la salud y el medio ambiente en Antofagasta.
No han sido muchas las ocasiones en que comisiones parlamentarias, sean investigadoras o permanentes, han sesionado en los territorios específicamente afectados. En este caso, quiero reconocer y valorar la disposición de todos los diputados miembros de la comisión de viajar más de una vez hasta Antofagasta para conocer las diferentes visiones que existen en la capital regional sobre el problema de la contaminación histórica que afecta a nuestra comuna.
Como resultado de su trabajo, la comisión propone una serie de acciones para superar los puntos críticos de la contaminación y para fortalecer nuestra legislación sobre la materia. Como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, existe una serie de propuestas respecto de iniciativas de ley que emanó directamente de la comisión. No obstante, se necesita el compromiso del Ejecutivo a nivel central y regional de apoyar las medidas que la comisión considera necesarias para fiscalizar, controlar y terminar con la contaminación en Antofagasta. Es así como necesitamos que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre polimetales para todo el país, similar al proyecto sobre polimetales en Arica, y dé máxima urgencia al proyecto que somete al sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales; al que prohíbe el transporte de concentrado de cobre a través de camiones encarpados, y al que modifica la ley Nº 19.300, fortaleciendo la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental, moción parlamentaria en la que la gente está muy esperanzada y que significó un trabajo histórico y transversal -participaron diputados de corrientes políticas diferentes-, que releva un objetivo común.
La comisión propone medidas administrativas, como el fortalecimiento de las seremis en materia de protección, prevención y detección temprana de riesgos a la salud de las personas. Asimismo, propone que el gobierno se comprometa a adoptar medidas y a destinar recursos para solicitar al Ministerio del Medio Ambiente que, en un breve plazo, dicte normas nacionales respecto del suelo.
Son más de treinta las propuestas formuladas por la comisión investigadora.
Como parlamentaria de la Nueva Mayoría que he apoyado las reformas más importantes del gobierno porque creo que necesitamos cambios profundos para tener un mejor país, reitero que, por el bien de Antofagasta y de su gente, nuestras propuestas necesitan el apoyo y el compromiso serio del Ejecutivo, no una respuesta para las luces. Por ello, insistiré al gobierno que tome en cuenta las propuestas de la comisión.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, desde que asumí como diputado, he denunciado la verdadera crisis en que se encuentra el conjunto de nuestra institucionalidad ambiental. Esa situación redunda en la lesión de bienes jurídicos protegidos en la Carta Fundamental, como los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El informe que conocemos esta mañana constituye un relato casi macabro de muchos de los factores que explican la crisis, entre ellos la ausencia injustificada de normas, ordinarias y ambientales, que regulen, conforme a los principios del desarrollo sustentable, ciertas actividades económicas altamente contaminantes.
Al respecto, la comisión investigadora constató, por ejemplo, que no existe una regulación que precise o derechamente impida la circulación, por el centro de las ciudades, de camiones que carguen concentrado de cobre. Tampoco está normado el acopio de tales concentrados.
Con todo, dado que existen dos mociones parlamentarias al respecto, se ha solicitado al Ejecutivo que haga presente la urgencia necesaria para el despacho de ambas iniciativas. Mientras, en la Comisión de Minería y Energía, y en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales avanzaremos en su tramitación y despacho.
Lo más preocupante es que en el caso de Antofagasta hemos podido apreciar todo el desarrollo y camino precisos para transformar, una vez más, un territorio en una zona de sacrificio.
Igual como sucedió en Puchuncaví, Huasco y Tocopilla, la presión que está ejerciendo en Antofagasta determinado complejo industrial -generalmente, ellos son catalogados como estratégicos-, tanto sobre el ambiente como sobre la misma población, ha superado los niveles aceptables.
El fracaso de la institucionalidad ambiental para prever y reparar este estado de cosas ha sido mayúsculo. Lo relevante es que todo ello está ocurriendo hoy en una ciudad a la que la propaganda del lobby minero-eléctrico presenta como emblemática de la industria.
Ya no se trata -con el respeto que se merecen- de humildes o lejanas localidades, sino de una de las ciudades cuyo producto interno bruto más crece en Chile y que ha sido catalogada como la capital minera del país.
El informe de la comisión investigadora revela que las brillantes luces de la ciudad tienen un riesgo cierto de opacarse entre el humo y los contaminantes que estos megapolos industriales, que cuentan con resoluciones de calificación ambiental, en las cuales la ciudadanía no participa de manera vinculante, están generando por todo Chile.
Concluyo mi intervención recordando que el cúmulo de errores y horrores que tanto el informe de la comisión como quienes me han precedido en el uso de la palabra han descrito, es, con matices, el mismo que las comunidades y representantes de la sociedad civil nos denuncian semana tras semana en la Comisión de Medio Ambiente de esta Corporación.
La ciudanía nos está dando señales claras de que debemos acometer una profunda reforma a toda nuestra institucionalidad ambiental, que afronte su precariedad -el presupuesto del ministerio es ridículamente exiguo-; que actualice sus principios ante la evidencia de que los impactos del cambio climático pueden transformarse en irreversibles, ya que el país es extremamente vulnerable a ellos; que garantice la justicia de las decisiones ambientales y que reconozca que el modelo productivo del país es, social, económica y ambientalmente, inviable.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, esta comisión investigadora, que focalizó su labor en la ciudad de Antofagasta, reveló y desnudó una realidad en materia ambiental francamente brutal.
Para aproximarnos al tema, podría consignar que de las nueve comunas que componen la Segunda Región, tres están bajo decreto de zona saturada de contaminación: Calama , Tocopilla y María Elena , y cuatro en estado de latencia. Las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora nos develan de manera inequívoca que la ciudad de Antofagasta está pronta a ser declarada zona saturada de contaminación.
A partir de la exposición de distintos invitados que asistieron a la comisión, tanto de las instituciones encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de las personas como de académicos, investigadores y organizaciones ciudadanas, que nos hicieron ver que este tema es una preocupación central dentro de la agenda pública de Antofagasta, pudimos llegar a determinar que nuestra institucionalidad en materia ambiental requiere urgentemente correcciones, fortalecimientos y mayor preocupación de los organismos públicos para velar por la adecuada sustentabilidad del medio ambiente.
A propósito de eso, ayer presentamos a la Secretaría de la Cámara de Diputados una petición -la Sala deberá pronunciarse respecto de ella en los próximos días- para crear una comisión investigadora destinada a fiscalizar, evaluar y hacer un diagnóstico del rol que están cumpliendo las instituciones públicas -entre otras, la Conaf, la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero- en el cuidado, manejo e intervención de nuestro medio ambiente. Ello, porque francamente creemos que están siendo sobrepasadas en sus facultades y no están cumpliendo sus obligaciones, dado el uso indiscriminado que se está haciendo en nuestro país de recursos naturales, antes renovables, hoy no renovables, por ejemplo, el hídrico.
Esa comisión investigadora será la encargada de fiscalizar no solo si tales instituciones están cumpliendo sus funciones, sino también si las compañías mineras, particularmente las privadas, están cumpliendo las obligaciones que contrajeron al momento de suscribir los contratos para adquirir derechos de agua.
Lo señalo, porque en Antofagasta se han multiplicado las denuncias sobre abusos en la utilización de esos derechos por parte de algunas mineras privadas, que sobrepasan con creces lo autorizado por la Dirección General de Aguas mediante un contrato o convenio de concesión de aguas. Ello ha provocado irremediables daños a nuestro ecosistema.
En la Segunda Región tenemos salares que dan cuenta de esta situación, como el de Punta Negra. El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, diputado señor Fernando Meza , pudo constatar en terreno el grave daño ecológico-ambiental que hoy está sufriendo ese salar producto de una indiscriminada e irracional extracción del recurso hídrico.
Lo anterior fue lo que nos motivó a pedir la creación de la referida comisión investigadora.
En otro orden de cosas, es indispensable avanzar en una legislación que promueva y fortalezca la actual Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Para eso, junto con otros parlamentarios presenté un proyecto de ley que modifica dicho cuerpo legal en su artículo 10, incorporando en la letra i) de dicha disposición la obligación de que todo lo relativo al desplazamiento, embarque, desembarque y acopio de concentrado de cobre sea objeto de un estudio de impacto ambiental, es decir, que no se trate de una simple declaración de impacto ambiental, como es lo que se exige en la actualidad.
Si bien el concentrado de cobre no se halla calificado en nuestro ordenamiento jurídico ambiental como una sustancia peligrosa, está claramente demostrado que contiene gran cantidad de polimetales que dañan gravemente la vida humana y la salud de las personas.
Por tal razón, necesitamos perfeccionar dicha ley. Así, requerimos que el Ejecutivo, a través de la ministra de Salud, le dé una pronta tramitación a nuestro proyecto, el cual se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Concluyo mis palabras reforzando la idea de que nuestra institucionalidad ambiental requiere urgentemente correcciones y adecuaciones que la hagan compatible, equilibrada con un bien superior: la salud y la vida de los seres humanos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención haciendo un sincero reconocimiento a la labor realizada en esta materia por la Presidenta de la comisión investigadora, diputada Paulina Núñez -lamentablemente, ella no se encuentra ahora en la Sala-, pues considero que hizo su trabajo con gran esmero y dedicación.
Lo mismo respecto de la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que colaboró con la investigación asumiendo una altísima carga de trabajo durante los meses que funcionó dicha instancia, ya que no solo se sesionó intensivamente acá, en la Cámara de Diputados, sino también en la Región de Antofagasta, en reiteradas oportunidades.
Ahora bien, los dañinos efectos para la salud de las personas y el medio ambiente que ha experimentado la Región de Antofagasta se deben a las características de la acción estatal que ha promovido el sistema económico chileno.
En verdad, esto no es nuevo, pues Antofagasta ha venido sufriendo impactos medioambientales por mucho tiempo, durante décadas, a consecuencia de la actividad minera.
Sin embargo la creación de una institucionalidad medioambiental en Chile que cumpla con el objetivo de proteger el medio ambiente y resguardar el derecho de todo ser humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no ha tenido los frutos esperados para combatir, evitar o disminuir al máximo los efectos de la actividad minera, y no solo en Antofagasta, sino también en Arica, en Tocopilla, en el valle del Huasco, en Caimanes, en Puchuncaví, en Coronel y en otros lugares del país.
En mi opinión, eso evidencia que nuestro Estado se ha puesto un tanto de rodillas ante la actividad minera y empresarial extractiva y que no se ha hecho cargo de las externalidades negativas inherentes que produce, no solo en el medio ambiente, sino también en la salud de las personas. Es lo que ocurre en Antofagasta, por ejemplo, donde la actividad minera ha provocado un impacto tremendo en la salud de la gente, particularmente en la de los niños, sobre todo entre aquellos que asisten a jardines infantiles o escuelas aledaños al puerto de Antofagasta.
La salud de esos niños se ha visto deteriorada, lo que afecta mucho a sus madres, no obstante lo cual el Estado ha sido incapaz de hacerse cargo de esos efectos negativos.
Vemos cómo por generaciones la población ha estado expuesta a la contaminación por arsénico, plomo, zinc y otros minerales pesados, sin que el Estado se haya hecho cargo en absoluto de los efectos y consecuencias que eso ha producido en la salud de los perjudicados.
Algunos de mis colegas mencionaron las debilidades institucionales que existen. Lo hemos evidenciado de manera reiterada en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también lo expresamos en esta comisión investigadora.
Tal como expresé a un periódico en una entrevista que fue utilizada en un texto escolar, lo que causó bastante polémica, creo que Antofagasta es ejemplo de la debilidad institucional que tenemos como país en materia medioambiental para enfrentar la lógica extractiva con que se explotan nuestros recursos naturales, lo que perjudica notoriamente los derechos esenciales de nuestra gente, en especial el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
¿Cuáles son las principales debilidades?
La primera es la ausencia de ordenamiento territorial.
Entiendo que el gobierno de la Nueva Mayoría se comprometió a avanzar en esta materia, y, en los hechos, así ha ocurrido, pero aún no es una realidad plena, pues todavía no tenemos un ordenamiento territorial acabado, discutido participativamente y que incorpore todas las dimensiones de nuestros territorios: económica, política, social, cultural y geográfica; un ordenamiento que establezca en qué territorio no se permitirá más actividad productiva, principalmente extractiva; uno que señale a los titulares de los proyectos dónde ubicarse, y que los oriente sobre cómo deben realizar esa actividad desde la perspectiva más sustentable posible.
Como no tenemos esa política, resulta evidente que nuestra institucionalidad medioambiental no cuenta con todas las herramientas necesarias para operar como corresponde.
La segunda debilidad es la falta de participación ciudadana, que, como hemos dicho en forma reiterada, es casi inexistente, meramente consultiva y bastante tardía cuando se interviene. Los ciudadanos no tienen la posibilidad de estudiar los proyectos como es debido y cuentan con pocas herramientas para confrontar técnicamente la argumentación de la línea de base, que es elaborada por entidades financiadas por las mismas empresas titulares de los proyectos.
Como expresé, durante todo el proceso de calificación ambiental de los proyectos la participación ciudadana es casi inexistente, y si son aprobados pero no cumplen las recomendaciones o exigencias, no es posible revertir prácticamente nada, aunque se tengan los antecedentes que demuestren el impacto que genera un proyecto en el medio ambiente y en la salud de las personas.
La tercera debilidad institucional es la falta de funcionarios de planta en la superintendencia. No podemos tener un organismo fiscalizador que cuente con tan pocos funcionarios. Hay regiones en que existe solo un fiscalizador, el cual no puede hacerse cargo de controlar todo lo que ocurre en este ámbito en una zona tan vasta, en especial si consideramos la magnitud de las empresas que participan en la explotación de los recursos naturales.
Lo vimos en Antofagasta no solo respecto del acopio, sino también del traslado: no hay capacidad institucional suficiente, y la poca que hay es débil, porque no todos los funcionarios con que se cuenta son de planta, lo que otorga poca protección a los funcionarios frente a la presión que ejercen algunas autoridades de gobierno para que aprueben los proyectos que figuran dentro de los programas del gobierno en materia de, por ejemplo, agenda energética o minera.
Los propios funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente y los del Servicio Evaluación Ambiental, organizados en sindicatos o asociaciones, denunciaron sufrir ese tipo de presiones.
Está bien; se puede entender que en materia de agenda energética haya prioridades políticas de un gobierno que fue elegido democráticamente, pero eso debe ser contrastado con los elementos técnicos que permitan ajustar a la normativa vigente los proyectos, además de ser evaluados o fiscalizados como corresponde.
Esos dos aspectos o consideraciones no están bien conjugados; existe la inestabilidad laboral a la que me acabo de referir, dado que muchos funcionarios sufren la amenaza de tener que irse si no aprueban rápido lo que está en cuestión.
Por otra parte, no puede ser posible que los estudios sean elaborados por instituciones financiadas por las empresas titulares de los proyectos que se someten a evaluación. Eso no puede seguir ocurriendo, porque les resta autonomía e independencia técnica en la configuración y redacción de las líneas de base.
Cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recoge un proyecto, no hace una evaluación sistémica de los proyectos, sino que da una simple mirada particular a cada proyecto, sin considerar los efectos sinérgicos que produce el territorio, como ocurre en Antofagasta. Es lo mismo que se vio en Tiltil a causa de la gran cantidad de empresas que se instalaron en el sector.
Todos los integrantes de la comisión investigadora y los de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperamos que se apruebe este informe y que el gobierno recoja las recomendaciones que incluye para mejorar y robustecer nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de que se adopten las medidas necesarias para mejorar los procesos y se ejecuten las acciones de reparación en favor de la comunidad antofagastina afectada por la contaminación proveniente de minerales pesados.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en relación con el trabajo realizado por esta comisión investigadora es importante destacar la capacidad demostrada por la comunidad de Antofagasta para hacer valer sus derechos frente a las amenazas contra la salud de las personas causadas por el tránsito de camiones con cargas tóxicas y contaminantes por la ciudad, situación que también se da en otras ciudades del país.
Esa preocupación tomó especial relevancia a partir de la detección en niveles alarmantes de arsénico y plomo en muestras de sangre tomadas a 45 niños antofagastinos, momento en el cual la ciudadanía intensificó su reclamación para que las autoridades locales dieran pronta solución al problema de las fuentes que originaban dicha contaminación, en cumplimiento del mandato constitucional que tienen, derivado del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En este sentido, debemos recordar que aunque en la comisión no se logró reunir el quorum necesario para establecer responsabilidades políticas individuales, hubo consenso en cuanto a que las instituciones del Estado han incurrido en inacción respecto de sus deberes, lo que podría configurar la figura de falta de servicio, más que una responsabilidad política por una acción determinada.
Del informe de la comisión se extraen situaciones preocupantes, como la falta de fiscalización o la inefectividad de algunos organismos públicos, aspectos que deberán ser corregidos con prontitud por las autoridades regionales y nacionales. Es de esperar que esta situación sirva de paradigma para el resto del país.
Sin embargo, lo más preocupante es que la aparente inoperancia de las entidades llamadas a velar por los intereses de la comunidad, al menos en lo que se refiere a la salud de las personas y al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, genera un sentimiento de abandono en la gente, así como de indefensión, en especial cuando se trata de fiscalizar a empresas de gran tamaño.
Desde ese punto de vista, resulta esencial que en todo el país, no solo en Antofagasta, la institucionalidad demuestre con hechos que de verdad está comprometida con el bienestar de la gente, que ese compromiso es prioritario y que no está supeditado a ningún tipo de presión.
Muchos tienen la impresión de que las leyes no se hacen cumplir cuando se trata de infractores poderosos, y eso afecta la integridad del sistema político y económico. Lo ocurrido en Antofagasta es una clara señal de eso, y es lamentable constatar que este tipo de situaciones se producen principalmente en regiones.
Por eso, llamo a votar a favor este informe, en especial porque puede servir como modelo a seguir para la institucionalidad, que necesita perfeccionarse y aplicarse en todo el territorio nacional.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, no tengo preparado un discurso en esta ocasión, pero daré lectura a una carta enviada por Ricardo Díaz Cortés , vocero de “Este Polvo te Mata”, que dice relación con este tema.
“Honorables Diputados:
Es difícil para un simple ciudadano dirigirse a ustedes e intentar expresar en breves líneas el calvario que nos toca vivir día a día en Antofagasta. ¿Cómo lograr la empatía necesaria para que comprendan el grave riesgo que vivimos producto de la contaminación provocada por el puerto en mi ciudad?
Yo vivía tranquilo en mi querida Antofagasta acompañado del aroma y sonido de mar hasta que unos jóvenes amigos comenzaron a hablarme de los niveles de contaminación cercanos a mi hogar y que según ellos nacían del puerto de Antofagasta. La verdad es que vivía en la seguridad que nos da la ignorancia, la misma comodidad que sienten ustedes ahora al tratar un tema que quizás vean como algo lejano.
Sin embargo, había un detalle, cada mañana mi auto, las ventanas de mi casa aparecían impregnadas de un polvillo negro, muy brillante y viscoso, que de tanto verlo se hacía invisible. El Colegio Médico demostró que ese polvo contiene más de 16 metales pesados. El Instituto de Salud Pública descubrió que la cifra era corta, pues ratificó lo dicho y evidenció que había 19 metales pesados asociados a metales como cobre, zinc, plomo, hierro, cadmio y otros. Metales que descubrí después están asociados al surgimiento de enfermedades nerviosas, a trastornos de aprendizaje y al tan temido cáncer.
Mi vida dejó de ser tranquila. De pronto nos fuimos dando cuenta que la cantidad de personas enfermas de cáncer eran más de 8 veces la media nacional, nos dimos cuenta que las cifras de autismo en la región son de las más altas, en resumidas cuentas ese polvo nos está matando.
Pero es una muerte lenta. Esta es una muerte hipócrita, una muerte maricona, que cada día se asienta en nuestras mesas, en nuestras casas y que va cobrando víctimas sin que nadie haga algo por detenerla. Los antofagastinos van muriendo poco a poco, su calidad de vida es la peor de Chile y pareciera que todos dicen “¿y qué?”.
Porque, honorables, la impresión que tengo de todo lo que hemos descubierto es que al parecer da lo mismo mi vida, la vida de mis vecinos o la vida de nuestros hijos, mientras se asegure que Chile recibe su dinero por el cobre.
Si no, no me explico el porqué a pesar de tanta información como la que presenta esta comisión nadie haga nada por detener esta masacre silenciosa. La institucionalidad ambiental pareciera estar hecha para asegurarle a las empresas que pueden hacer lo que se les antoje con tal de producir. Encontramos metales pesados en la sangre de niños de un jardín infantil cercano al puerto y la corte de apelaciones rechazó nuestro recurso de protección para detener en forma preventiva la operación de la Empresa ATI. Encontramos metales pesados en el suelo de todo el borde costero de nuestra ciudad y el gobierno sigue esperando no sé qué voz desde el cielo para declarar como zona saturada nuestra ciudad y por alguna vez plantear un plan de descontaminación. Se han encontrado trazas de metales pesados en cordones umbilicales de niños recién nacidos y todavía no se instala el tribunal ambiental prometido hace más de dos años y que nos permita defendernos. Se ha encontrado evidencia suficiente en inspecciones de la Superintendencia del Medio Ambiente pero aún no se abre la Resolución de Calificación Ambiental del puerto pues todavía se espera una aclaración que se prometió para el 6 de febrero, por parte del director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. Total la empresa de Luksic puede seguir funcionando y la gente de Antofagasta puede seguir muriendo.
Estimados honorables, hemos hecho cuanto hemos podido: hemos recogido información científica que nos avala, tenemos el apoyo de la ciudadanía, hemos escrito más de 8.000 cartas a la Presidenta para esperar que alguien haga algo por nuestra ciudad. Tuvimos reportajes a nivel nacional mostrando nuestra realidad.
Pero en cada momento hay un poder oculto que pretende silenciar nuestra vida.
Puede que tengan razón y la vida nuestra valga menos que la de vuestras familias, puede ser que a la hora de votar valga más agradar al gran empresario dueño de Chile que escuchar a este ciudadano. Pero déjenme por favor decirles algo: ¿Qué será de Chile cuando pierda su norte? El norte no es solo la riqueza, es la gente que trabaja día a día por retirar esa riqueza. Somos los que vivimos acá y sostenemos esa maquinaria que tanto bien le da al país. El Norte se está muriendo, Chile pierde su norte cuando no asegura a sus hijos vivir en un ambiente sin contaminación. No sean cómplices de esta muerte hipócrita. Piensen en sus hijos, que no difieren mucho de los míos y por favor hagan algo que ayude a prevenir de una buena vez a favor de la vida de Antofagasta. Los queremos como defensores y no cómplices de esto. Recuerden que este polvo nos está matado, y esta vez requerimos de vuestro auxilio.
Ricardo Díaz Cortés .”
Señor Presidente, hago mías esas palabras. Por eso, solicito aprobar el informe.
Finalmente, quiero llamar la atención porque lamentablemente hay muy pocos diputados en la Sala para debatir un tema tan importante, debido a que muchos se fueron tempranamente de vacaciones a sus respectivos hogares.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muchos diputados y diputadas están en sesión en las distintas comisiones, y no en las eventuales vacaciones que señala su señoría.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión investigadora en los siguientes términos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y del medio ambiente en la comuna de Antofagasta.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. (ECONSSA), RESPECTO DE LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE ENEL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora acerca del rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa), respecto de los problemas generados por la Empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la Región de Coquimbo
De conformidad con los acuerdos de los Comités, se destinará un tiempo de debate de media hora, distribuido proporcionalmente por bancada.
Diputado informante de la comisión investigadora es el señor Miguel Ángel Alvarado .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Especial Investigadora, sesión 123ª de la legislatura 363ª, en 20 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¡Llamo al orden a los señores diputados!
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ALVARADO (de pie).-
Señor Presidente, cumplo con informar acerca de la competencia de la Comisión Especial Investigadora sobre el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., en los problemas generados por la Empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la Región de Coquimbo, y en particular sobre las conclusiones y sugerencias a las que arribó.
Creación de la comisión.
La comisión se constituyó en virtud del oficio N° 12.049, del 12 de agosto de 2015, de la Secretaría General, en el cual se informó que la Cámara de Diputados, en sesión de la misma fecha, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, dio su aprobación a la solicitud de cincuenta señoras diputadas y señores diputados para crear una Comisión Especial Investigadora respecto de la forma en que la superintendencia ha ejercido sus facultades fiscalizadoras en relación con los problemas generados por la empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la Región de Coquimbo -también se hizo extensiva a otras regiones- y el rol de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa), empresa pública que debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión entre el Estado y las empresas operadoras privadas en este ámbito.
En el ejercicio de su cometido, la comisión se abocó a investigar los hechos referidos a la fiscalización de la superintendencia sobre los problemas ocasionados por la empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la Región de Coquimbo y el rol de Econssa, que debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión entre el Estado y las empresas operadoras privadas en el sector sanitario, todo ello en los términos planteados en la solicitud aprobada por la Sala de la Corporación.
Asimismo, la comisión rindió su informe en un plazo no superior a noventa días, y para el desempeño de su mandato podía constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Lo hizo especialmente en Ovalle.
Tanto la integración como la relación del trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento de su cometido se describen latamente en el respectivo informe.
Cabe tener presente que para el cometido de su trabajo, la comisión celebró en total de 12 sesiones, 11 ordinarias y una especial, llevada a cabo en la Cuarta Región.
Conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión.
Se deja constancia que ante la secretaría de la comisión, este diputado informante presentó un texto de conclusiones y proposiciones, que luego de debatido, fue puesto en votación y aprobado por unanimidad.
Votaron a favor la diputada señora Yasna Provoste y los diputados señores Browne , Gahona , Lemus , Rathgeb , Robles , Saldívar , Walker y quien habla.
El texto íntegro, que incluye las conclusiones y proposiciones aprobadas por esta comisión investigadora, es del siguiente tenor.
Conclusiones.
En cumplimiento del mandato de la honorable Sala de la Cámara de Diputados, la comisión propone a las señoras diputadas y a los señores diputados las siguientes conclusiones:
1.- El marco regulatorio de las empresas sanitarias fue establecido en Chile a contar de la década de 1980 para suplir una falencia del Estado, que no contaba con medios para invertir en el sector -esos fueron los argumentos que se esgrimieron-, y para lograr un mayor acceso de la población a los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Por ello, considerando la falta de recursos del sector público, a contar del año 1977 se estimuló la entrada del sector privado al rubro sanitario. De acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre los años 2000 y 2010 se invirtieron 3.910 millones de dólares en el rubro, pero en la actualidad las inversiones arrojan una sostenida baja, así como el cumplimiento de los planes de desarrollo por parte de algunas empresas sanitarias.
Además, se estableció un sistema de regulación tarifaria que se lleva a cabo cada cinco años, resguardando la cobertura de costos y otorgando rentabilidad segura sobre sus activos a las empresas. Sus resultados han arrojado tarifas con una constante tendencia al alza. Por ejemplo, de acuerdo a las estimaciones de la superintendencia, en el periodo contemplado entre los años 1989 y 2005 las tarifas habrían aumentado en 125 por ciento en términos reales. Ya han pasado más de diez años.
Por lo expuesto, y por lo que veremos a continuación, el sistema sanitario en Chile resulta paradigmático, aun cuando es perfectible. Sin embargo, el éxito de una política pública no puede medirse solo por algunas de sus virtudes, como el grado de cobertura o la eficiencia económica que alcanzan los servicios regulados. Por el contrario, existen otras áreas de evaluación donde existen falencias reconocidas por la literatura especializada y por las propias autoridades citadas a exponer. En ese contexto, desde el punto de vista de las inversiones, resulta importante señalar la desigual respuesta de las empresas sanitarias con relación a aquellas inversiones que generan nuevos ingresos, respecto de las que no lo hacen.
En efecto, el interés de lograr un rápido incremento en la cobertura, en especial lo referido al tratamiento de aguas servidas, tiene su correlato en la aplicación de tarifas por un nuevo servicio de parte de la empresa. En contraste, en el caso de inversiones de reposición, cuyo componente queda considerado en las tarifas que se estudian cada cinco años, no existen incentivos para tales inversiones, puesto que, mientras más se posterga la reposición de la infraestructura, mayor es el beneficio de la empresa. La resistencia a llevar adelante sus programas de reposición en los tiempos adecuados hace que, en la práctica, sea inviable una acción verdaderamente preventiva de parte de la empresa sanitaria, porque le resulta más conveniente actuar sobre la base de una instalación que ha colapsado definitivamente, es decir, dilatan la solución del problema.
Sobre ese punto, me permito agregar que las empresas sanitarias tienen el carácter de monopolio legal sobre las áreas geográficas en que se ubican las actuales concesiones, especialmente en la Cuarta Región. Su marco regulatorio fue establecido con el objeto de permitir un mayor acceso de la población a los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, estimulando la entrada del sector privado al rubro sanitario.
Al inicio del proceso de incorporación de capital privado a las compañías sanitarias, desde 1998, la cobertura del servicio de agua potable ya había superado la marca del 99 por ciento -exactamente, 99,2 por ciento-, mientras que la de alcantarillado se empinaba a 92,1 por ciento.
Aun cuando la mayor parte de las inversiones de las empresas sanitarias se ha realizado en los periodos posteriores a la privatización de las empresas que pertenecían al Estado, de acuerdo a información de la Superintendencia, en la actualidad las inversiones arrojan una sostenida baja. Si bien mediante las inversiones realizadas se alcanzaba una cobertura muy alta en términos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el problema radica en el tratamiento de aguas servidas. Este último indicador llega solo a 86,9 por ciento, pese a que las proyecciones de la misma superintendencia, de por lo menos cinco años atrás, preveían que se llegaría a cerca de 99 por ciento de tratamiento hacia fines de la década del año 2000. Este punto es muy importante, por las dificultades que vamos a tener a futuro en Chile en el tema del agua.
Por lo tanto, existen posibilidades de inversión en el sector, ya que las fuertes inversiones de la década de 1990 se han visto mermadas en los últimos cinco años.
Las falencias que se observan y ameritan una revisión legislativa, a juicio de esta comisión, son las siguientes:
a) En materia de la regulación del ente regulador y fiscalizador, existe una indefinición de la autoridad a cargo de la política sanitaria. En efecto, en la regulación hídrica interfieren diversas instituciones del Estado, con diversos trámites y permisos que se deben obtener ante cada una de ellas. En nuestro derecho sanitario no se evidencia como factor claro la aplicación de los lineamientos de la política sanitaria al ente fiscalizador, por parte de la autoridad a cargo, ni que se retroalimenten en la práctica para su perfeccionamiento. Es más, no hay claridad respecto de la responsabilidad institucional en lo relativo a la formulación de políticas.
En lo formal, el Ministerio de Obras Públicas debe asumir dicha función. Sin embargo, dicho ministerio tiene otras áreas relevantes que atender y su tradición responde más a la de una institución ejecutora. En la práctica, el rol del MOP se limita a la ejecución de programas de agua potable en el sector rural y a la regulación de los recursos hídricos, y no al desarrollo del sector sanitario como servicio de utilidad pública.
En cuanto al Ministerio de Economía, este tiene una mayor cercanía al tema, pero no tiene un mandato claro sobre este sector y su relación formal con la entidad fiscalizadora se concentra en la fijación de tarifas.
b) Otro problema identificado dice relación con la obligación del ente regulado de responder por sus acciones, con escasa regulación en el derecho sanitario chileno. En este punto, es importante precisar que la normativa vigente no distingue la forma en que el organismo regulado -en este caso, la empresa Aguas del Valle, de la Cuarta Región- responde con un actuar negligente (como en la especie ocurre), salvo en el caso de las responsabilidades funcionarias, que siempre deben perseguirse conforme al estatuto administrativo.
En materia de derechos de los consumidores, lo que es peor, no existe una regulación diferente cuando el servicio prestado es un servicio público, un bien de extrema necesidad -el agua- cuya prestación tiene un claro objetivo social. Es decir, los derechos del consumidor debiesen estar regulados con distintos niveles de garantías de solución cuando se trata de objetos de lujo o de recreación y cuando se trata de servicios públicos que tienen las características anotadas y son prestadas por empresas privadas, ya sea por un sistema de concesión o bien como propietarios de las acciones respectivas.
c) En materia de participación ciudadana y transparencia regulatoria, en Estados Unidos de América, Reino Unido y otros países desarrollados los reguladores consultan a la comunidad para que esta presente sus observaciones; por ejemplo, futuras normas sobre calidad de servicio. En países vecinos, el mismo regulador del agua potable y saneamiento ha implementado audiencias públicas para dar cuenta tanto de su gestión como para recoger la opinión de los usuarios respecto de la calidad del servicio que prestan las empresas proveedoras.
En cuanto a la participación ciudadana, existe una normativa mínima prevista en el artículo 13 del DFL N° 70/88 y en el artículo 4 del DS N° 453/89. Esas son las únicas normas en materia de participación ciudadana en el procedimiento de cálculo tarifario de una empresa determinada, que consiste en que los interesados pueden presentar observaciones a las bases preliminares. Posteriormente, el estudio se efectúa entre la Superintendencia y la empresa, sin participación de terceros. Eso contrasta, por una parte, con la Ley General de Servicios Eléctricos, que contiene normas particulares sobre participación ciudadana. Por ejemplo, en el artículo 90 prevé la convocatoria a una “audiencia pública” luego de la recepción del estudio de transmisión troncal. A continuación, se abre un período de observaciones en que pueden expresar su visión los participantes, usuarios e instituciones interesadas, lo que debe ser considerado en el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía.
Por otro lado, las audiencias públicas constituyen un mecanismo con amplia experiencia de aplicación en diversos países, de modo que se podrían considerar como un mecanismo de consulta en los procesos de definición de estándares y niveles de calidad. Más que “podrían” exigirse, “deberían” exigirse.
Al mismo tiempo, la existencia de esas instancias de participación contribuye a la autonomía del regulador y a la responsabilidad del regulado.
d) Se cuestiona la autonomía de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dado que esta se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, que a su vez debe controlar la labor de la superintendencia, destacando la situación de afectación permanente de la prestación del servicio en el caso que se investiga de la empresa sanitaria de la Cuarta Región de Coquimbo, la que se explica en la falta de rigurosidad de la superintendenta saliente y de su equipo directivo, quien ha expresado a esta comisión no disponer del marco regulatorio adecuado ni de los presupuestos que requiere este sector.
2.- De acuerdo con la normativa sanitaria vigente, que establece la forma en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe cumplir con sus funciones, en que debe tener siempre un objetivo social y considerar la forma en que se deben prestar los servicios de agua potable y alcantarillado con la condición de un servicio público (DFL N° 382) y de un bien de extrema necesidad, según lo prescriben los artículos 2° y 4° de la ley N° 18.902, y el artículo 55 del DFL N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas; la ley N° 18.902, en sus artículos 18 y siguientes, y la ley N° 10.336, sobre la Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en sus artículos 51 y siguientes, y artículos 68 y siguientes, que prevén que la superintendencia queda sujeta al control de esta última en el ejercicio de sus funciones, se concluye que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha venido ejerciendo su función fiscalizadora respecto de la empresa Aguas del Valle de manera imperfecta y se ha alejado del marco legal referido, sin cumplir con las normas relativas a la supervigilancia que debe ejercer y las multas que debe aplicar, toda vez que, si concurren las situaciones de hecho previstas en la ley, debiese aplicarse la máxima sanción. Es decir, si existe la habilitación legal previa para la superintendencia en la normativa sanitaria vigente referida; si concurren en la realidad los supuestos legales, que son los diferentes periodos de infracción aquí descritos, considerando su número, reiteración y gravedad, por ser el agua potable y el alcantarillado un bien público de primera necesidad que presta la empresa Aguas del Valle, y si concurre el supuesto de hecho, la Superintendencia de Servicios Sanitarios debió aplicar las sanciones legales establecidas en la ley N° 18.902, artículo 11 y siguientes, y en el DFL N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, en su artículo 26, de manera que pudo imponer:
1) La ley N° 18.902, en su artículo 11, dispone que se aplicarán multas del siguiente tenor: “a) De una a cincuenta unidades tributarias anuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.
b) De cincuenta y una a mil unidades tributarias anuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios de los servicios.
c) De una a cien unidades tributarias anuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los prestadores de servicios sanitarios, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos por la ley respecto de las concesiones a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia…”.
2) El DFL N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, en su artículo 26, prescribe los casos que hacen procedente la caducidad de una concesión: “El Presidente de la República, en base a un informe técnico elaborado por la entidad normativa, podrá declarar caducadas las concesiones que se encuentren en explotación.”.
En este punto, es importante destacar que si bien la superintendencia no tiene la responsabilidad política para evaluar, proponer y llevar adelante modificaciones al marco regulatorio, le corresponde como responsabilidad esencial -hecho que no se constata en esta investigación- efectuar un seguimiento del sector sanitario y anticipar escenarios posibles sobre sus consecuencias en el sector y la prestación de los servicios. Para tal fin, la normativa le otorga a la superintendencia facultades para requerir de los prestadores toda la información necesaria que le permita realizar tales análisis.
Desde ese punto de vista, resulta revelador señalar que la superintendencia se desprendió, en una restructuración anterior, de su Área de Estudios, que precisamente pretendía cumplir dicha función, lo que posiblemente influya en la carencia de una visión estratégica de lo que es y será el sector sanitario y de las reformas que se debieran acometer por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Al respecto, es preciso destacar que la superintendenta que acaba de dejar el cargo prolongó su gestión durante nueve años, sin que en ese período se haya conocido una mirada de largo plazo o la posibilidad de tener un análisis crítico del sector, sin siquiera tener la intención de revelar algunos de los temas mencionados en esta comisión.
Preocupa la falta de discusión interna o la debida alternancia de los equipos directivos que han tenido una conducta reprochable, por decir lo menos. Recordemos el viaje a Barcelona, cuyos costos fueron pagados por la empresa Aguas Andinas S.A., lo que afecta la capacidad de disponer de una superintendencia moderna, no capturada y comprometida con los desafíos actuales del sector.
3.- Siguiendo las dos normas recién transcritas, sobre las sanciones a aplicar por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la empresa Aguas del Valle ha tenido un desempeño deficiente y negligente de sus obligaciones legales y contractuales en distintos ámbitos de su gestión.
Hay una larga serie de hechos que afectaron a toda la región. En Ovalle hubo un evento de Norovirus, que fue conocido a nivel mundial, que afectó a 5.470 personas. En otras zonas se registraron cortes del suministro y turbiedad en el agua. Hasta la semana pasada nos llamaron por esa razón.
También se puede mencionar la toma de decisiones de la empresa centralizada en Valparaíso, que cuenta con un gerente zonal sin facultades suficientes para la implementación de medidas de mitigación, de emergencia, falta de conocimiento de esas medidas por la autoridad regional y, por ende, la falta de información de las mismas de manera eficiente a los clientes y a la superintendencia.
Asimismo, se considera absolutamente insatisfactorio el exiguo ofrecimiento de la empresa Aguas del Valle de entregar una compensación económica de 5.000 pesos por cada familia afectada por esos hechos, en el marco del proceso de mediación colectiva.
A la vez, esta comisión reprocha las gestiones del Sernac, que han derivado en una débil defensa de los derechos de los usuarios aquejados por el actuar negligente de la empresa de servicios sanitarios.
Recomendaciones y proposiciones
Se propone:
Considerando la normativa sanitaria vigente, conforme a la cual la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe cumplir con sus funciones teniendo siempre un objetivo social y considerando la forma en que se deben prestar los servicios de agua potable y alcantarillado con la condición de un servicio público, se recomienda que se envíen todos los antecedentes de esta comisión al contralor general de la República y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se sirvan informar y, a su vez, determinar si proceden sumarios administrativos y sanciones, para perseguir las responsabilidades administrativas correspondientes.
En lo que respecta al rol de Econssa, empresa sanitaria estatal que tiene todas las concesiones donde la inversión privada funciona a través de un contrato de operaciones o de concesión del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, esta comisión especial investigadora viene en recomendar que se envíen todos los antecedentes al contralor general de la República y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se sirvan informar y, a su vez, determinar si proceden sumarios administrativos y sanciones por posibles delitos civiles y funcionarios de Econssa.
En cuanto a la prestación de servicios por parte del Sernac en conformidad a la ley N° 19.496, en cuanto a los hechos denunciados consistentes en altos niveles de turbiedad en 2015, brotes de enfermedades que afectaron a la población en septiembre de 2013, que aún se encuentran en etapa de evaluación por parte del Sernac aun cuando ha pasado más de un año de su ocurrencia, es posible asentar que las labores de mediación y de solución de controversias han sido poco satisfactorias para los clientes de la IV Región.
Por lo tanto, esta comisión viene en recomendar a su excelencia la Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un cambio en la legislación vigente del Sernac, mediante la consecuente presentación de un proyecto de ley que establezca una regulación más garante y estricta, desde el punto de vista de las sanciones y reparaciones o compensaciones.
También se recomienda impulsar una reforma legal del marco regulatorio vigente del derecho sanitario, para lo cual esta comisión propone oficiar a su excelencia la Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, a fin de solicitarle que se sirva presentar un proyecto de ley que busque modificar la ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a objeto de que se preocupe de la transparencia, participación ciudadana y fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía.
A su vez, este requerimiento de análisis de la legislación vigente y una modificación legal de la misma deberá incluir una reestructuración del régimen concesional, en que se aplique el principio general de derecho “Rebus sic stantibus”, y se revisen los contratos de transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias que vayan a vencer en las próximas décadas, a objeto de que el provecto de ley defina parámetros para exigir el cumplimiento de dichos contratos y mayores sanciones por no hacerlo, ampliando las facultades de su excelencia la Presidenta de la República para decretar la caducidad de la concesión sanitaria y, en su caso, de los contratos de operación y explotación, de acuerdo a la correspondiente regulación legal.
Finalmente, la comisión investigadora acordó proponer a la honorable Sala que se envíe copia de este informe a las siguientes autoridades, con la finalidad de que, de conformidad a su mérito, adopten las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación llevada a cabo por esta comisión parlamentaria.
En primer lugar, a su excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; en segundo lugar, al señor contralor general de la República, y, por último, al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
El debate del proyecto queda pendiente.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.22 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, CASTRO , COLOMA , ESPEJO, GAHONA , MORALES, NORAMBUENA , TUMA , ULLOA , Y URRUTIA, DON IGNACIO , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE SANCIONES APLICABLES A LOS CONTRATISTAS EN LOS CASOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10587-03)
I. IDEAS GENERALES.
Desde hace ya varias décadas nuestro país viene transitando por una senda de democracia y libertades como en ninguna otra época de nuestra historia republicana. Dicho camino, sin dudas, se ha debido, entre múltiples factores, a la sensatez del pueblo y los dirigentes políticos y sociales de nuestro país, estado de cosas que nos mantiene en la antesala del pleno desarrollo económico.
No obstante lo anterior, no es menos cierto, que en la medida que Chile se va consolidando como una nación desarrollada, comienzan a germinar otros problemas y desafíos que claramente amenazan nuestra estabilidad democrática; y uno de estos fenómenos desestabilizadores lo constituye el desprestigio en que ha caído nuestra clase dirigente, y también las fuerzas morales de nuestro país en tan sólo escasos lustros. Lo anterior, ha generado dentro de nuestra sociedad un estado de insatisfacción a la forma en cómo se manejan los destinos de nuestra patria y en general a la manera en cómo se ejerce el poder en nuestro país, provocando con lo anterior un juicio de reproche a todo el aparato público, lo que conlleva entre otras cosas una disminución del valor de la autoridad y de la democracia verdaderamente preocupante.
Uno de estos factores que ha inducido a la ciudadanía a desestimar la función pública en Chile lo constituyen diversos acontecimientos en los que se han visto involucradas connotados hombres públicos, y en este punto se ha generalizado como una conducta recurrente del actuar político y en general de todo funcionario de este orden.
Es por lo anterior, que la presente moción apunta fundamentalmente a establecer en la administración pública mayores niveles de certeza en torno a la idoneidad de los procesos llevados a cabo bajo el imperio de ésta, maximizando con ello, la legitimidad en el otorgamiento de derechos a particulares que postulan a contratar con el Estado aspectos de la más diversa índole.
La ley 19.886 establece en este sentido en su artículo 1°, que los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal, y bien sabemos que uno de los principios a. través-de los cuales se erige nuestro aparato administrativo es el de la probidad y transparencia
II. CONSIDERANDO.
1. Que, la ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios contempla en el ámbito de la probidad pública una exhaustiva reglamentación, estableciendo mecanismos legales que impulsan el ejercicio de este principio en materia de contratación pública, otorgándole a los contratantes y ciudadanía en general las garantías de pulcritud en las actuaciones.
2. Que, efectivamente, diversas normas se vinculan al pleno ejercicio del principio de probidad. En efecto disposiciones como las establecidas en el artículo 3' ó 4' de este cuerpo de leyes, consagran una clara prevalencia del actuar honesto y fundado, sin perjuicio de ello todavía esta ley adolece de ciertas y determinadas falencias que es necesario remediar.
3. Que, si bien es cierto en materia de inhabilidades o requisitos para contratar con la administración del Estado, el artículo 4' de la ley 19.886 establece un principio general en la materia, en efecto la norma indica que “podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común”. De acuerdo a lo anterior lo que primeramente exige la ley es el cumplimiento por parte de las entidades que pretenden contratar con el Estado de requisitos de orden financiero y técnico de acuerdo a lo previsto en el reglamento, tales requisitos apuntan más bien a otorgarle al proceso la viabilidad indispensable para la ejecución de los compromisos impuestos por el contrato.
4. Que, además, la norma prescribe inhabilidades respecto de aquellas entidades en la que exista condena por prácticas antisindicales o de infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores. En este sentido pensamos que ambos capítulos de inhabilidades constituyen causales que se explican por sí mismas y que en materia de contratación pública deben concurrir.
5. Que, sin embargo también es cierto que ninguna de las inhabilidades consagradas en la ley 19.886 consagra como causal de exclusión el hecho que la persona que pretende contratar, sea ésta natural o jurídica y se encuentre actualmente procesada o condenada por delitos denominados “funcionarios” como el cohecho.
6. Que, por otra parte, en materia de registro de contratantes tampoco existe una norma que directamente establezca como sanción la expulsión del referido registro cuando la persona natural o jurídica aparezca vinculada a procesos judiciales con ocasión de la comisión de un hecho delictual, ni tampoco cuando tales personas se encuentren vinculadas directamente con funcionarios públicos.
7. Que, si entendemos la función pública como una actividad en que los estándares de honestidad y pulcritud son (y deben serios) elevados, el proyecto que en esta oportunidad sometemos a consideración de nuestra corporación precisamente va en tal sentido ampliando con ello, las garantías de corrección en estos procesos tanto para los propios intervinientes como para la ciudadanía en general.
8. Que, tales elementos evidentemente constituyen un sensible vacío en nuestra legislación y que deben ser resueltos a través de las instancias legislativas pertinentes.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
La presente moción establece una modificación de la ley 19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, incorporando las siguientes ideas a la referida normativa y que pasan a constituir las ideas centrales de esta moción:
a) El proyecto establece como causal de inhabilidad para contratar con la administración del Estado el hecho que la persona natural o jurídica se encuentre actualmente en proceso por la comisión de algún delito funcionario de conformidad a la legislación penal vigente.
b) Junto con lo anterior, el proyecto establece como causal de expulsión del registro de contratistas aquellas personas (natural o jurídica) vinculadas a procesos judiciales en materia penal.
c) Finalmente, la iniciativa también establece como causal de expulsión del registro el hecho que la persona contratista tenga una vinculación directa con funcionarios públicos.
V. PROYECTO DE LEY.
Artículo 1: Modifíquese en el artículo 4° de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, incorporando luego de la palabra “concursales” la voz “o en los vinculados a funcionarios públicos”.
Artículo 2: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 16 de la misma ley de acuerdo al siguiente tenor:
“Se procederá a la suspensión y eliminación del registro mencionado en este artículo cuando, respecto del contratista, exista en su contra formalización y condena respectivamente, por la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito o cuando la entidad apareciere involucrada con funcionarios de la administración del Estado”.
Moción de los diputados, Hasbún, Castro, Coloma, Espejo, Gahona, Morales, Norambuena, Tuma, Ulloa, y Urrutia, Don Ignacio.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ , NOGUEIRA, PASCAL , Y RUBILAR , Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; FARÍAS , OJEDA , SANDOVAL , Y VERDUGO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL CON EL OBJETO DE EXIGIR EL CONSENTIMIENTO DE LA MADRE EN EL CASO DEL RECONOCIMIENTO PATERNO DE UN HIJO DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL”. (BOLETÍN N° 10588-18)
Considerando:
1.- Que, la filiación se encuentra regulada por el Código Civil, la Ley 19.585 de filiación y la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, principalmente.
2.- El Código Civil sobre esta materia, en su artículo 186 establece que “la filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre, la madre, o ambos, o por sentencia a firme en juicio de filiación”, por tanto el padre de forma unilateral puede reconocer un hijo, mediante las formas señaladas anteriormente. Y el artículo 187 sostiene que “para la realización del acto de reconocimiento, no procede exigir como requisito la obtención de una autorización de la madre”.
2.- Que si bien, en esta materia, se establecieron avances con la introducción de la Ley 19.585 (Ley de Filiación), esta no estableció certeza en el mecanismo que permite determinar con exactitud el parentesco de la persona que reconoce a otro como hijo. Es así, que la señalada ley presume que quien efectúa el reconocimiento es el padre biológico. Existe por tanto un vacío legal en términos que no hay un conducto o camino que logre establecer con certeza que quien reconozca a un hijo sea efectivamente el padre biológico.
3.- Que, el artículo 191 del Código Civil sostiene que el reconocimiento de un hijo puede ser repudiado si este fuere mayor de edad, dentro del término de un año, contado desde que conoció dicho acto. Si fuere menor, nadie podrá repudiarlo sino el hijo o hija, y dentro de un año, a contar desde que, llegando a la mayoría de edad, supo del reconocimiento. Por tanto, la norma no faculta a la madre a poder repudiar el reconocimiento hecho por un tercero, mediante la representación de su hijo, no obstante no existir vínculo algún entre las partes.
4.- Que, existen antecedentes de hecho en los medios de comunicación social sobre la problemática ciudadana que provoca este vacío legal, al no existir requisitos para que el padre voluntaria y unilateralmente pueda pedir el reconocimiento de un hijo, pudiendo provocar un perjuicio para el niño, produciéndose situaciones dramáticas, como que personas que nunca tuvieron relación con la madre o el menor, tengan derecho a solicitar relación directa y regular, autorización para salir del país y otras.
5.- En el derecho comparado, como España se ha diseñado un sistema en que el padre solo dentro del primer año de vida, podrá reconocer al hijo sin la participación de la madre. Vencido aquel plazo el reconocimiento solo surtirá efectos cuando sea confirmado por la madre. Respecto de este último caso, cabe agregar que no estamos en presencia de un reconocimiento sujeto a modalidad, sino que simplemente se trata de una manifestación de voluntad orientada a reconocer a un hijo, lo cual no constituye por sí misma reconocimiento, toda vez que el reconocimiento surtirá efectos jurídicos, luego de la confirmación materna.
6.- En refuerzo de lo anterior, la presente moción conjuntamente pretende dar un rol activo a la madre en el reconocimiento paterno voluntario de un hijo de filiación no matrimonial, que consiste en contar con la voluntad de la madre, ante oficial de Registro Civil o bien por escritura pública, otorgando el consentimiento para que tenga efecto legal el reconocimiento de la paternidad.
Es por lo señalado y sobre la base de los antecedentes anteriormente expuestos que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1: Agréguese al libro I, título VII, del Código Civil, el siguiente artículo 188 bis: “No obstante lo dispuesto en el inciso primero del artículo 188, el presunto padre al momento del reconocimiento manifestara dicha intención en los términos del artículo 187, pero para que el reconocimiento surta efectos de derecho, deberá ser confirmado por la madre, en los términos señalados en los siguientes incisos:
Cuando el presunto padre expresara la intención de reconocer la paternidad de un hijo de filiación no matrimonial, ante el Oficial de Registro Civil, se deberá notificar a la madre, por cualquier medio idóneo que fije un reglamento dictado al efecto, donde se fijara un plazo de 30 días hábiles para ratificar o desestimar el reconocimiento. Puesta en conocimiento la mujer, el evento de su no compareciere dentro del término señalado anteriormente expresando su conformidad o rechazo, traerá como consecuencia el reconocimiento de la paternidad.
Si la mujer comparece y rechaza la solicitud de reconocimiento paterno, el presunto padre podrá recurrir ante el Juez con competencia en materia de familia del domicilio de él o del hijo a fin de que resuelva la cuestión, previa citación de la madre y evacuado el informe pericial por el Servicio Médico Legal a que hace alusión el artículo 199.
El reconocimiento realizado mediante escritura pública siempre tendrá que contar con la voluntad de la mujer, siendo suscrito por ella y el presunto padre”.
Moción de las diputadas Cicardini, Fernández, Nogueira, Pascal, Rubilar, y de los diputados Espinoza don Marcos,Farías, Ojeda, Sandoval y Verdugo.