Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V . OBJETO DE LA SESIÓN
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS EN CHILEDEPORTES. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Pablo Prieto Lorca
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Prieto Lorca
- Pablo Galilea Carrillo
- Javier Hernandez Hernandez
- Waldo Mora Longa
- Alfonso Vargas Lyng
- Manuel Rojas Molina
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS EN CHILEDEPORTES. Proyecto de acuerdo.
- V . OBJETO DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Jose Perez Arriagada
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- German Becker Alvear
- Marcelo Forni Lobos
- Jose Antonio Kast Rist
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Montes Cisternas
- Carlos Olivares Zepeda
- Marcela Cubillos Sigall
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Quintana Leal
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Ojeda Uribe
- Leopoldo Sanchez Grunert
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Correa De La Cerda
- Marcelo Forni Lobos
- Jose Antonio Kast Rist
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Recondo Lavanderos
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Ramon Barros Montero
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Jose Antonio Kast Rist
- Pablo Longueira Montes
- Dario Paya Mira
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 58ª, en martes 5 de abril de 2005
(Especial, de 16.09 a 18.05 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Objeto de la sesión.
Presuntas irregularidades en asignación de fondos en Chiledeportes.
Proyecto de acuerdo7
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Moción de los diputados señores Muñoz, Álvarez, Encina, Pérez, don José, y Rossi que amplía el concepto de zona típica con el objeto de preservar el entorno de las áreas silvestres protegidas del Estado y de los santuarios de la naturaleza. (boletín N° 382212)32
2.Moción de los diputados señores Uriarte, Becker, Forni, Kast, González, Martínez, Montes y Olivares, y de las diputadas señoras Cubillos, doña
Marcela y Mella, doña María Eugenia, que autoriza erigir monumento en memoria del PadreDemetrio Bravo Santibáñez, en la ciudad de Melipilla. (boletín N° 382104)33
3.Moción de los diputados señores Quintana, ÁlvarezSalamanca, Jarpa,
Navarro, Ojeda y Sánchez que reforma la Constitución Política de la República con el objeto de establecer y regular el dominio público sobre los
recursos genéticos de las especies animales y vegetales autóctonas. (boletín
N° 382007)35
4.Moción de los diputados señores GarcíaHuidobro, Álvarez, Barros, Bauer,
Correa, Forni, Kast, Hernández, Recondo y Von Mühlenbrock, que modifica el artículo 36 de la ley de tránsito en la forma que indica. (boletín N° 382315)44
5.Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Barros, Ibáñez, Kast,
Longueira, Paya, Uriarte, y de las diputadas señoras Cristi, doña MaríaAngélica y Cubillos, doña Marcela, que autoriza a erigir monumentos a S.S. Juan Pablo Segundo en diversas ciudades de Chile. (boletín N° 382704)45
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señoras Isabel Allende y María Antonieta Saa, y el señor Guillermo Ceroni.
Asistieron, además, los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Rodríguez; de Justicia, don Luis Bates; de Salud, don Pedro García; de la Secretaría General de Gobierno, don Francisco Vidal, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.
Concurrió, también, la directora del Instituto de Deportes de Chile, señora Macarena Carvallo.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 16.09 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 52ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 53ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS EN CHILEDEPORTES. Proyecto de acuerdo.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
La presente sesión tiene por objeto analizar las “presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Deportes en la asignación directa de los fondos de fomento del deporte y la conformación del Registro de Donaciones”.
Han sido invitados el ministro Secretario General de Gobierno, señor Francisco Vidal , y la directora del Instituto Nacional de Deportes de Chile, señora Macarena Carvallo .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, como corresponde hacerlo reglamentariamente, anuncio que daremos nuestro acuerdo para que ingrese a la Sala la subsecretaria de Deportes, a fin de que comparta nuestra preocupación por el deporte.
Al iniciar esta sesión, tengo sensaciones encontradas, las que, lamentablemente, también deben sentir quienes hoy desarrollan actividades deportivas y son testigos de lo que está pasando en Chiledeportes.
Quienes, en nuestra labor legislativa, asumimos el compromiso de sacar adelante una ley que permitiera situar a nuestro deporte en el sitial que le corresponde, jamás pensamos que en el corto tiempo estaríamos frente a un hecho lamentable que enloda todo lo que queríamos para él.
No puedo dejar de expresar la molestia que siento al ver que en la institución por la que tanto luchamos y que cuyo objetivo es poner a nuestro deporte en el lugar que le corresponde estén ocurriendo, presuntamente, algunas irregularidades, que producen desconcierto en quienes hemos tenido una vida dedicada a esta actividad y que, como legisladores, dimos vida a la tan ansiada ley del Deporte.
El cúmulo de información periodística que denuncia irregularidades en Chiledeportes nos obliga a llamar la atención del supremo Gobierno para que, con transparencia, investigue en dicha institución los presuntos actos de corrupción, a fin de dar a nuestra ciudadanía una respuesta veraz, que permita tomar decisiones que apunten a que la ley funcione para todos y no sólo para algunos.
Hoy nadie puede discutir la importancia del deporte y de la actividad física en el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, estas denuncias no pueden quedar archivadas como ha ocurrido con tantas otras. Por el contrario, deben servir de base para que el Gobierno enmiende rumbos y dé el sitial que se merece nuestro deporte. Queremos verdaderos planes y programas para quienes hoy más lo necesitan: nuestros jóvenes; queremos que el deporte masivo sea la base del deporte de alta competencia; queremos que en los planes y programas de estudios se aumenten las horas de clases de educación física y de deporte en todos los establecimientos educacionales; queremos tener a Chile haciendo deporte. Este es el sueño de quienes, sin distingo alguno, ciframos nuestras esperanzas en sacar adelante la ley del Deporte. Lamentablemente, a la luz de los hechos, estamos lejos de que ese sueño se cumpla.
Lamentablemente, el Gobierno no fue capaz de entregar el cargo máximo del deporte a quien realmente fuese la persona que llevara adelante ese sueño, que estoy cierto no es sólo mío sino de todos los que de una u otra manera están ligados al desarrollo de esta linda y saludable actividad.
Por más de ocho años el proyecto de ley del Deporte durmió en el Congreso, pero, tras una larga e incansable lucha que dimos varios parlamentarios, logramos sacarlo adelante, de manera de contar con un marco regulatorio para apoyar el despegue definitivo de la actividad.
Millones de deportistas se alegraron porque se creaban las condiciones para que pudieran desarrollar sus capacidades y talentos, lo que les permitiría participar en mejores condiciones en actividades y eventos deportivos.
Es menester señalar que la ley del Deporte, en el inciso primero de su artículo 2º, señala claramente: “Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales objetivos.”
Lamentablemente, esa noble finalidad de la ley no se está cumpliendo y, lo que es peor, existe la clara presunción de que estamos frente al aprovechamiento de ciertas personas o instituciones que, más que ayudar al despegue de la actividad, están haciendo colapsar una normativa que tiene un propósito diferente que el de permitir que algunos lucren con ella.
Es necesario señalar que nos preocupa que públicamente los mismos funcionarios del instituto soliciten una investigación acuciosa de los proyectos aprobados por la modalidad de asignación directa, como lo señala en la nota de prensa del periódico “La Nación”, del día martes 15 de marzo, el dirigente de la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes señor Álvaro Muñoz , quien, además, solicita al Gobierno “una actitud intransigente y acuciosa en las investigaciones que se practiquen”. Pese a que han ratificado denuncias que se vienen haciendo desde hace más de un año, el Gobierno no ha dado ninguna explicación.
Lamentamos que este problema, tan importante para quienes queremos el deporte, no tenga en la televisión la cobertura que nosotros quisiéramos, porque el vocero del Gobierno, el ministro señor Vidal , parece que tiene interés de aparecer en este medio sólo con ocasión de otros temas.
En materia de fiscalización, lamentamos mucho que los oficios en que se denunciaron las irregularidades no fueran respondidos dentro del tiempo previsto para los funcionarios de los servicios públicos, es decir, a lo menos treinta días. Las respuestas llegaron después de sesenta días y, lo que es peor, su contenido eran simples evasivas, lo que nos hace presumir que Chiledeportes contesta lo que quiere y cuando quiere. Esto hace que tengamos la legítima desconfianza de la administración y, por ende, comprendamos las inquietudes de quienes reclaman una investigación acuciosa.
Las denuncias que el país está conociendo reflejan un aprovechamiento de ciertos personajes, que más que desarrollar un real proyecto deportivo, que desde luego se necesita, están amparándose quizás en una deficiencia de la ley para lucrar. Baste señalar que los deportistas olímpicos reclamaron por los recursos comprometidos y promesas de apoyo incumplidos, como es el caso del destacado lanzador de bala Marco Antonio Verni, entre tantos otros que han visto truncadas sus aspiraciones para seguir en la alta competencia.
Estamos frente a una lamentable situación que jamás quisiéramos que hubiese ocurrido, pero existe un aprovechamiento de información privilegiada, ya que muchos de quienes hoy conforman empresas, que se encuentran cuestionadas, son los mismos que ayer contribuyeron a hacer esta ley. Hoy son los actores principales de las irregularidades. Ello nos obliga a investigar a tales empresas, no sólo en la capital, sino que en todas las regiones del país, ya que puede darse la figura de negociación incompatible o de afectar la ley de Probidad Administrativa.
Llama la atención que esta repartición pública, que se relaciona directamente con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, recién ahora, debido al escándalo que se ha generado, esté preocupada de hacer las auditorías correspondientes.
Entonces, nos preguntamos por qué el ministro Vidal no investigó antes, como dijo uno de sus dirigentes cuando los mismos funcionarios de Chiledeportes denunciaron ciertas irregularidades. ¿Qué pasaba? ¿No le llamó la atención que de 495 proyectos, 421 se los llevara una fundación ligada al ex Presidente Frei , denominada Vidadeportes , o que en Chiledeportes existieran trabajadores con doble remuneración, como es el caso del ex funcionario Nolberto Salinas, quien pertenecía a la planta y, además, tenía un contrato a honorarios como asesor jurídico del ex director Arturo Salah ?
También vale la pena preguntarse por qué el ministro Vidal no supo que se aprobaron proyectos para programas radiales, televisivos y de revistas, en circunstancias de que hay deportistas que ni siquiera tienen zapatillas para desarrollar su actividad. ¡Y qué hablar de la falta de infraestructura que tiene el país, que es una cosa no menor!
La ley del Deporte, en su aspecto relativo a la integración de la empresa privada, la cual queremos que participe, supone que ésta dona dinero. Sin embargo, es necesario dejar en claro que la empresa privada invierte en la actividad y, por ende, busca un retorno que implique, a lo menos, publicidad. Por ello, nos preocupan sobremanera las irregularidades que se están produciendo en Chiledeportes, porque no va a ser fácil que una empresa desee participar en la actividad después del cuestionamiento público que tiene el organismo. En efecto, ellas no quieren verse involucradas en hechos de corrupción que puedan afectar su imagen. Es necesario comprender esta situación, que sólo traerá el alejamiento del apoyo que entrega la empresa privada, con el correspondiente problema para cada una de las asociaciones o federaciones de nuestro país y, en especial, para nuestros deportistas.
Señor Presidente, algo está pasando en Chiledeportes. No es posible que en el corto plazo desde que entró en funcionamiento hayan pasado cuatro directores que no contribuyeron a definir políticas de largo plazo en materia deportiva, lo que redunda en que hoy existen políticas erróneas y debilidades que rayan en la corrupción. El organismo rector del deporte no puede seguir en las condiciones en que está. Asimismo, es válido señalar que no cabe duda alguna acerca de que en la repartición de los recursos de que dispone esta institución existen fines políticos que en nada ayudan a mejorar la actividad por la cual tanto luchamos.
El país no resiste más irregularidades en el Gobierno. Por lo tanto, espero que al término de esta sesión aprobemos la conformación de una comisión investigadora que transparente la gestión de Chiledeportes y, al mismo tiempo, proponga las modificaciones legislativas necesarias para tener una ley que haga realidad los sueños de miles de deportistas.
He dicho.
El tiempo previo de 15 minutos que establece el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Rojas .
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que el objeto de la sesión es “analizar las irregularidades cometidas en Chiledeportes en la asignación directa de los fondos de fomento del deporte y la conformación del Registro de Donaciones de dicho organismo”.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, deseo saber si hay parlamentarios inscritos o si la Mesa ofrecerá la palabra.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Señor diputado, hasta el momento la Mesa no tiene parlamentarios inscritos.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, quiero recordar que cuando la Concertación pidió la realización de una sesión especial a fin de analizar el tema MOPGate, la Mesa obligó a hacer uso de la palabra de acuerdo con el orden en que aparecían inscritos los comités parlamentarios en la convocatoria.
No sé si la Mesa va a ocupar el mismo criterio, porque veo que la Concertación no quiere hacer uso de la palabra.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se ofrecerá la palabra en el orden especificado en la citación, en concordancia con lo que ha planteado el diputado Víctor Pérez .
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata independiente, tiene la palabra el diputado señor Pablo Prieto .
El señor PRIETO.-
Señor Presidente, el Instituto Nacional de Deportes de Chile es la expresión institucional de una larga discusión sobre la ley del deporte, que generó la expectativa de que nuestro deporte contaría con el apoyo indispensable para su despegue definitivo.
Millones de deportistas, cientos de miles de jóvenes esperaban y esperan de esta legislación el aporte para cumplir sus anhelos y desarrollar sus capacidades y talentos.
El inciso primero del artículo 2º de la ley Nº 19.712, del Deporte, señala expresamente: “Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales objetivos.”. En mi concepto lo señalo responsablemente, estos objetivos no se han cumplido.
En efecto, en abril de 2002 es decir, un mes después de haber jurado en el cargo de diputado, ya tenía conocimiento de irregularidades y manejos poco claros que se realizaban al interior de esta institución. Tal es así que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de su labor fiscalizadora, en virtud del artículo 48, Nº 1), inciso primero, de la Constitución, aprobó enviar un oficio mediante el cual solicitaba a Chiledeportes diversos antecedentes, que, en teoría, debería haber sido contestado en un plazo máximo de 30 días.
El contenido de la respuesta fue evasivo, poco claro y no contestaba todas las consultas realizadas en virtud del citado mandato constitucional. Más aún, el plazo que Chiledeportes tenía para responder, de 30 días, jamás fue respetado, porque la respuesta llegó con más de dos meses de retraso respecto del plazo constitucional. Éste es el primer hecho irregular que denuncié en la bancada de diputados de la UDI.
Tal como lo dijo mi colega Manuel Rojas, Chiledeportes contesta cuando quiere; Chiledeportes contesta lo que quiere.
No sólo se trata de un problema de irregularidades, sino que, además, existe una falta de fiscalización asombrosa de los recursos que maneja la institución. Para que no crean que hablo por hablar, les informo que, durante 2002, Chiledeportes asignó 58 millones de pesos a la Municipalidad de Constitución para la construcción de una casa de botes. ¿Cuál es el resultado concreto de esta inversión? Éste es.
(El diputado señor Prieto muestra una fotografía a los diputados presentes en la Sala).
Un informe de la Bridec referido a este tema señala lo siguiente: “En relación con la casa de canotaje que postuló al Fondeporte, quienes aprobaron el financiamiento del 50%, o sea 58 millones, los cuales han sido destinados a terminar el primer piso de la obra y el segundo piso de la obra gruesa, el proyecto no se realizó cabalmente y lo fabricado se debe demoler por no ser compatible el diseño arquitectónico con el estructural.”. Éste es un informe policial, Nº 5509, del 2 de septiembre de 2004.
La falta de fiscalización en este caso es evidente. ¿Cómo es posible que se roben 58 millones de pesos y nadie haga algo para impedirlo? ¿Acaso el Gobierno nos va a decir que éste es un “condoro” más?
Por otra parte, existen otros hechos que, sin ser ilícitos, son del todo absurdos. En efecto, en 2001, el señor Nolberto Salinas , director subrogante de Chiledeportes, despide a veintitrés funcionarios de la institución y fundamenta tal medida para permitir al señor Salah organizar el servicio como estimara conveniente. Sin embargo, y esto es lo curioso, el señor Salinas obtiene una doble remuneración de Chiledeportes: la primera, en su calidad de funcionario de planta y, la segunda, como asesor jurídico del director nacional, fuera de las horas de trabajo.
Este hecho es del todo irracional. El señor Salinas despide a veintitrés funcionarios que reciben doble sueldo, por estar acogidos a jubilación, y en el diario “La Tercera”, de 8 de febrero de 2001, expresa textualmente: “Sería muy mal visto, en un momento de muchas complicaciones por la situación de desempleo que vive el país, mantenerlos en la institución”, pero, cómo se explica que él reciba, por concepto de asesoría jurídica al director nacional, la suma de 7,5 millones de pesos. Es decir, se despide a algunos funcionarios por tener esa duplicidad de remuneraciones, pero se mantienen los doble sueldos por pitutos políticos, cuoteos y pago de favores. (Pareciera que sólo fue por aparentar).
En la misma situación se encuentra el señor Bladen Canales , cuestionado por la prensa en el último tiempo, quien recibía también un doble sueldo: como funcionario a contrata de Chiledeportes y como asesor técnico del director nacional.
Lamentablemente, estos casos no son aislados, ya que he recibido un sinnúmero de denuncias anónimas de los propios funcionarios de la institución, que me cuentan hechos similares a los descritos precedentemente.
Cuando el río suena es porque piedras trae. El 12 de septiembre de 2002, junto con el diputado Víctor Pérez gran fiscalizador le representamos a la Contraloría General de la República alrededor de treinta y dos irregularidades que Chiledeportes estaba cometiendo a lo largo del país. Sin embargo, nuevamente me llegó una respuesta insatisfactoria por parte del órgano contralor, lo que me motiva a reiterar mis fiscalizaciones. Constantemente, pienso que el dicho “Dejen que las instituciones funcionen” es válido siempre y cuando no afecten a la Concertación. Lo digo con el debido respeto a organismos independientes que, tal vez por falta de personal o acuciosidad, caen en evasivas, en preguntas sin respuestas o, simplemente, no contestan.
En cuanto a las donaciones con fines deportivos, es necesario precisar algunos aspectos que me parecen de vital importancia. En efecto, se pretende que las empresas entreguen sus aportes a distintas instituciones, con el propósito de que en la variedad se beneficie el mayor número de deportes o de deportistas.
No obstante, durante la entrada en vigencia de la ley, de un total de 498 proyectos financiados a través de esta modalidad, 421 fueron asignados a una sola fundación denominada Vidadeportes . Esto demuestra una concentración poco sana para la transparencia de la actividad, toda vez que esta sola fundación se adjudicará montos equivalentes a 2 mil 14 millones de pesos.
Sin embargo, eso no es todo. Me parece absolutamente contradictorio con los principios de probidad y transparencia que en esta fundación se encuentre en calidad de director el señor René Reyes Schifferli , quien el 24 de mayo de 2001 fue nombrado consejero nacional de Chiledeportes por el Presidente Lagos .
¿No habrá acá, a lo menos, una falta de transparencia en la asignación de recursos?
El artículo 15 de la ley del Deporte señala expresamente que el cargo de consejero nacional será incompatible con cualquier cargo directivo de organizaciones deportivas, toda vez que dicha ley establece como otra función del consejero nacional, aprobar anualmente, a propuesta del director nacional del instituto, los requisitos de elegibilidad de los proyectos que postulen a donaciones con fines deportivos. Es decir, estamos hablando de una persona que realiza las labores de juez y parte en la aprobación de estas donaciones y, extrañamente, este consejero asigna 421 proyectos a la fundación en que él participa en calidad de director.
Señor Presidente, es necesario investigar y corregir la situación de Chiledeportes. Durante 2002 se asignaron al Fondo Nacional del Fomento del Deporte alrededor de 16 mil millones de pesos, desglosados de la siguiente forma: sistema de concursabilidad, 12 mil 207 millones de pesos; asignación directa de las cuotas del fondo, 3 mil 177 millones de pesos.
Durante ese año se publicó en el diario “La Tercera” que se había asignado, a nivel nacional, por concepto de concursabilidad un monto equivalente a 4 mil millones de pesos, aproximadamente. Sin embargo, durante ese año existieron más de 8 mil millones de pesos que, según la ley y por no haberse asignado por concursabilidad, debían haberse incorporado al ítem de asignación directa de la cuota regional. En este punto quiero detenerme, ya que este procedimiento se ha repetido hasta hoy. La concursabilidad de proyectos a nivel nacional es de 30 por ciento. Sólo en relación con el presupuesto de 2004, en el concurso de 2005, la Región Metropolitana tenía 2 mil 544 millones de pesos para el fondo concursable y aparecieron asignados 738 millones de pesos. Eso equivale al 29 por ciento. La Séptima Región, que tenía 791 millones de pesos, figura, según publicaciones, con 261 millones de pesos, y de la cuota nacional, 344 millones de pesos, lo que equivale a 9,11 por ciento. O sea, se repite todos los años exactamente lo mismo.
Con ello, el director de Chiledeportes nos quiere decir que los chilenos somos tan poco creativos e incapaces de presentar proyectos deportivos acreedores de recursos para desarrollarlos y que sólo el 30 por ciento de los proyectos presentados son aptos. Como somos ineptos, debemos esperar que el director nacional o regional del instituto nos diga qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hará y dónde se hará.
Esto está sucediendo en la práctica, lo que contradice expresamente el memorándum Nº 32, del 8 de febrero de 2002, emanado del director nacional de Chiledeportes, que expresa lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 19 y siguientes del reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, la metodología de distribución directa, denominada asignación directa, corresponde a un sistema de distribución de recursos excepcional, y que operará con posterioridad a la resolución del concurso público.”.
Téngase presente que esta asignación directa disculpen que lo reitere es facultad exclusiva del director nacional o del regional. Ellos aprueban y asignan. Es decir, se ha invertido el espíritu del legislador de la ley del deporte, ya que es evidente que la ley privilegia el sistema de la concursabilidad por sobre el de la asignación de recursos, entregada a la burocracia de turno.
¿Qué pasa en la población? ¿Cuál es su sentimiento? No me cabe ninguna duda de que nuestros jóvenes piensan que miles de deportistas chilenos ven con impotencia cómo los recursos para ellos son acaparados por algunos con “pitutos” y “arreglines”.
La asignación directa de fondos de Chiledeportes se ha transformado en una caja negra, desde la cual se distribuyen recursos a diestra y siniestra con fines que no están para nada claros. Perdón, sí está claro. Son proyectos de dudosa rentabilidad social, a pesar de que la propia ley y su reglamento señalan que en relación con estos fondos se priorizarán los proyectos destinados al deporte escolar, es decir, a proyectos eminentemente sociales.
Si los recursos provenientes de asignación directa, distribuidos por ley por el director nacional o regional, según el caso, deben favorecer la inversión social deportiva, no me explico qué fin persigue la organización deportiva denominada Full Sport , que sólo menciono a modo de ejemplo hay otras, ya que ella ha sido mencionada por los medios de comunicación en el último tiempo.
En efecto, no mencionaré los recursos asignados a esta empresa durante 2004, ya que son de todos conocidos. Sin embargo, tengo en mi poder los antecedentes que acreditan que durante 2003, año en que nace Full Sport estoy hablando de asignación directa que no sale publicada, se le asignaron tres proyectos con recursos ascendentes a la suma de 30 millones de pesos cada uno. Lo curioso es que uno de ellos, denominado Ciencias Médicas Apoyando al Fútbol Chileno II, tiene una duración de quince días y cuesta 30 millones de pesos.
Lo insólito es que los tres proyectos están relacionados con el apoyo científico al proceso de entrenamiento de la selección nacional de fútbol, que busca clasificarse para Alemania 2006.
Los casi 90 millones de pesos se entregaron a Full Sport para prestar apoyo sicológico y realizar mediciones médicas funcionales a los futbolistas de la selección chilena, a fin de evaluar la condición física general y especial, de acuerdo con la planificación y metas propuestas por su técnico.
Como deportista y ex futbolista, como el que más, quiero que nuestra selección llegue a Alemania. ¿Pero alguien me podría explicar qué relación tienen estos proyectos con el fomento al deporte escolar? ¿No se vulneran las disposiciones legales en estos proyectos?
Otro caso que, en mi concepto, es digno de destacar es el del proyecto denominado Catastro Recintos Deportivos de Chile, que se realizó durante todo el 2004 y que tuvo un costo de 194 millones de pesos. No obstante, en 2003, Chiledeportes ejecutó ese mismo catastro de recintos deportivos en un plazo de quince días entre el 15 y el 31 de diciembre y su valor fue de 76 millones de pesos. ¿No les parece insólita esta situación? Claro está que algo pasa en Chiledeportes. Esta institución no esta funcionando tal como quisiéramos; los dineros, al parecer, no se están asignando correctamente.
Otro tema relevante, en mi parecer, dice relación con la rendición de cuentas del Instituto Nacional del Deporte. Es evidente que cuando los recursos son escasos, el uso racional de ellos es fundamental, por lo que quienes reciben aportes del Estado deben dar cuenta oportuna y completa de dichos recursos.
En este orden de ideas, es necesario señalar que en 2001, hubo en el sector público 1.200 millones de pesos respecto de los cuales no existió rendición de cuentas por parte de Chiledeportes, y más de 1.000 millones de pesos no rendidos por parte de federaciones, de entidades privadas, del Comité Olímpico y de clubes de fútbol profesional.
En 2003 se detectó que había más de 1.000 millones de pesos correspondiente a instituciones, tanto publicas como privadas, que se encuentran con sus aportes suspendidos. Sin embargo, existen instituciones que, a pesar de no haber rendido satisfactoriamente sus gastos a Chiledeportes, se le siguen aportando recursos. Es el caso de la Municipalidad de Valparaíso, que recibió 53 millones de pesos para el mejoramiento del estadio municipal, el cual, como todos sabemos, este año pasó al Estado para financiar deudas municipales.
Estimados colegas, estamos en una disyuntiva muy especial: hacemos vista gorda de la situación actual de Chiledeportes y decimos que está todo bien y que sólo son problemas administrativos que se deben superar con el tiempo o actuamos decididamente y corregimos de inmediato las anomalías. Lo señalo, porque hace más de un año concurrí al despacho del ministro Secretario General de Gobierno, señor Francisco Vidal , para darle a conocer las manifiestas irregularidades administrativas y penales en que estaba incurriendo Chiledeportes , a nivel nacional y, en especial, en la Séptima Región, en la administración de los recursos. El ministro, muy preocupado por los antecedentes que le entregué, me dijo que en 48 horas solucionaba el problema. Es decir, asumía la responsabilidad ministerial de esa institución.
Pues bien, han pasado más de 18 meses desde aquella reunión y la única institución que ha hecho algo por la probidad y transparencia en Chiledeportes ha sido el ministerio público de la Séptima Región, que el 11 de marzo del presente año formuló cargos en contra del director regional de ese servicio de la región del Maule, por el delito de fraude al Fisco, haciéndose parte, además, en calidad de querellante, el Consejo de Defensa del Estado.
De este modo, se constatan en los hechos la ley penal me avala los ilícitos cometidos en Chiledeportes con recursos públicos y privados.
Estoy seguro de que la gran mayoría de los funcionarios que se desempeñan leal y sacrificadamente en esa institución es gente honesta. En muchos casos han sido ellos quienes han denunciado situaciones irregulares, pero por temor a ser sancionados han guardado silencio.
Estamos a tiempo para que Chiledeportes no se transforme en el MopGate del deporte.
Por tal razón, presentamos un proyecto de acuerdo para conformar una comisión investigadora de todas las irregularidades ocurridas en dicho servicio. De igual forma, propondremos las medidas legales pertinentes para corregir la ley vigente.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, quienes de alguna manera hemos estado en la actividad deportiva en lo personal, como periodista durante 30 años tenemos que preocuparnos por las denuncias que se han hecho. En tal sentido, mi inquietud apunta a revisar si se está cumpliendo con el objetivo de la ley del deporte.
¿Qué dice la ley? El artículo 2º establece que: “Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales objetivos.”. En seguida, el artículo 3º señala que: “La política nacional del deporte deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley, reconociendo y fomentando el ejercicio del derecho de las personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades físicas y deportivas.”.
Al respecto, señor ministro ¿cuál es la política nacional del deporte que se ha fijado mediante esta ley y que correspondía a Chiledeportes haberla dado a conocer al Presidente de la República?
Les recuerdo que la tramitación de esta ley genero discusiones y tensiones; tardamos bastante en consensuar una norma legal que tendiera a la búsqueda y desarrollo de talentos deportivos. Pero de la lectura ceñida de cada uno de sus artículos, surgen grandes interrogantes en torno al cumplimiento de su objetivo. Por ejemplo, se establece que las instituciones de educación superior fomentarán y facilitarán la práctica del deporte por parte de sus alumnos, además de crear becas de acceso a ellas para deportistas destacados. ¿Y con qué nos encontramos? Con que no se conoce ninguna política que apunte a las universidades. ¿Cuántas becas se otorgan a estudiantes de escasos recursos que se han destacado en el deporte? Nada se sabe.
Por su parte, el artículo 8º señala: “El Instituto Nacional de Deportes de Chile desarrollará, con las federaciones deportivas nacionales, el Programa Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, destinado a elevar el nivel y la proyección internacional del deporte nacional.”. ¿Se conoce algo de ese programa o es lo que está haciendo “el pulga” De la Peña con los recursos destinados para desarrollar cuatro tenistas de alto rendimiento, que superan el costo que importa la formación de cada uno de ellos en Europa o en Estados Unidos?
No estoy diciendo que aquí haya ladrones, sinvergüenzas, o que se ha robado; quisiera partir de la base de que todo se hizo legalmente. Pero aquí hay un problema ético, moral.
Si revisamos por completo la ley, nos daremos cuenta de que, en cuanto a la utilización de los recursos, se ha distorsionado absolutamente casi todo su articulado. Es más, quisiera que los diputados me dijeran si a las comunas y poblaciones rurales que ellos representan han llegado los recursos que la ley del Deporte le asigna a esos sectores.
Un artículo de “El Mercurio”, escrito por la periodista deportiva Soledad Bacareza, señala: “¿Por qué no se fueron en picada también contra Iván Zamorano y los 1.045 millones de pesos que tiene aprobados para gastos operacionales de su club? ¿Por qué no analizaron los 200 millones de pesos para investigaciones del club deportivo Los Héroes, o los más de 3 mil millones de pesos que se otorgaron a Full Sport?” Son preguntas que hoy no tienen respuesta, pero espero que la tengan.
Si revisamos los listados publicados en internet por Chiledeportes y analizamos el destino de los recursos que ha asignado, nos encontraremos con que todos los proyectos de Full Sport una famosa organización deportiva, una empresa realmente extraordinaria todos los recursos que le han sido aprobados, se quedan en las comunas de Providencia, Las Condes, es decir, el barrio alto. Todos. Curiosamente, organiza campeonatos de tenis en Providencia que cuestan 28 ó 29 millones de pesos; y no sólo realiza uno, sino varios.
Si continuamos nuestra revisión, nos encontraremos con que, en la comuna Pedro Aguirre Cerda , el Club Deportivo Cordeportes también organizó un campeonato de tenis, pero por una suma de 462.900 pesos. Me pregunto con qué tipo de raquetas juegan los tenistas de Providencia versus los de Pedro Aguirre Cerda . Cordeporte que tiene varios proyectos realiza campeonatos de tenis por 462 mil pesos; torneos de futsal por 2 millones y medio de pesos, campeonatos de pesca por 1 millón 600 mil pesos. Es decir, pareciera que la utilización de los recursos que me perdone la gente de Pedro Aguirre Cerda estuviera de acuerdo con el sector y la zona. Pero, ¿qué diferencia hay en los otros campeonatos?
En Tocopilla, que es mi pueblo, yo podría organizar un campeonato deportivo de los barrios por un millón de pesos, y me sobraría plata. Entonces, ¿se está utilizando bien la ley? ¿Se está distorsionando su objetivo?
Pienso que aquí se han cometido errores; no hablo de delitos ni de sinvergüenzuras. Por eso, por la transparencia, por la sanidad mental que el país necesita, sería bueno que la situación se aclare para que la opinión pública sepa claramente dónde están llegando los recursos, que también son de particulares. Y digo particulares, porque se dice que no es plata del Estado. No se equivoquen. Son platas que ponen los particulares que se acogen a beneficios tributarios, como es la rebaja del impuesto a sus utilidades al acogerse a esas franquicias. En el fondo, esas son platas de todos los chilenos, no de las empresas. Es cierto que están focalizadas a determinadas eventualidades, pero, a la larga, son platas que el Estado deja de percibir por concepto de impuesto. Por lo tanto, se trata de recursos de todos los chilenos.
He pedido a algunos senadores, y también lo quiero pedir públicamente en esta Sala, que posterguen la votación del proyecto que concede la nacionalidad chilena al señor Horacio de la Peña , independientemente del respeto que merece tal iniciativa.
Por los antecedentes que tenemos, por la información que se ha entregado, que es parcial, porque tengo en mi poder mucha más, quiero pedirle al Senado, y ojalá que se le oficie en tal sentido, que la Sala suspenda la aprobación de la nacionalidad para el señor De la Peña , en espera de que la Comisión investigadora, que he pedido que se radique en la Comisión de Gobierno Interior, aclare todas las situaciones dudosas existentes, porque el que nada hace nada teme.
No puedo dejar de expresar que me siento violentado, puesto que he recibido amenazas con el objeto de que no me meta en el tema, porque se van a destapar ollas. Incluso, pido en forma especial que se investigue en mi distrito, en particular en mi pueblo. Jamás he utilizado influencias para obtener algún beneficio para una persona o grupo. Si algo de eso aparece, quiero saber quién lo pidió, porque ya en una oportunidad se dijo que Waldo Mora estaba realizando proyectos con recursos de otros fondos en Calama. Insisto: jamás he pedido dineros para financiar algún proyecto.
Por lo tanto, por transparencia, me gustaría saber por qué me amenazan. ¿Hay algo que temer? ¿Hay algo que ocultar? No tengo nada que ocultar ni que temer. Y creo que es bueno y saludable para muchos chilenos, en especial para los más pobres, quienes esperan que con recursos del Estado se construyan multicanchas y clubes deportivos, que se aclaren estos hechos. No puede ser que una cantidad importante de recursos para financiar este tipo de proyectos, en el barrio alto se destinen a organizar campeonatos de golf. No tengo nada en contra de la gente que practica ese deporte, pero ¿necesitan recursos para su práctica? ¿No creen ustedes que hay otras prioridades?
Por último, si se determina que gracias a estos recursos tenemos deportistas profesionales que terminan enriqueciéndose jugando tenis, por ejemplo, voy a presentar un proyecto de ley que establezca claramente que aquellos que se han beneficiado con recursos de la ley del Deporte y que terminan siendo deportistas profesionales, restituyan al Estado esos dineros, tal como lo hacen los estudiantes con el crédito universitario.
Quiero dejar tranquilos a mis camaradas de partido y a mis colegas de la Concertación. Debemos investigar, pero no porque busquemos a sinvergüenzas. Si hay que corregir la ley a través de una comisión investigadora, hagámoslo; si sus objetivos están poco claros, aclarémoslos para evitar que se les distorsionen. No olvidemos que este cuerpo legal tiene muy poco tiempo de aplicación. Cortemos ahora, si es que hay gente que se ha aprovechado de ella.
Es importante la presencia de los funcionarios de Chiledeportes en esta Sala; es necesario que los representantes de la asociación de funcionarios vengan y nos cuenten cómo se está aplicado la ley. Deberíamos citar a los directores regionales de Chiledeportes para que nos aporten en las modificaciones a la ley, en caso de ser necesarias. De lo contrario, perderemos una norma realmente necesaria para el país.
Por eso, pido que no se asusten, porque sólo deben temer quienes tienen la conciencia sucia y que no están tranquilos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial para analizar las irregularidades cometidas en Chiledeportes en la asignación directa de los fondos para el fomento del deporte y la operación del registro de donantes.
Solicitamos que se invitara al ministro Secretario General de Gobierno y a la directora de Chiledeportes. Me alegro de que hoy estén presentes en la Sala cumpliendo con su deber. También solicitamos que se invitara al ex director del organismo y actual tercer vicepresidente del Partido Radical, don Ernesto Velasco . No tiene ninguna obligación de venir. Sin embargo, esperábamos que diera la cara, porque ésta es una cuestión de ética, sobre todo, para las personas que aspiran a cargos de representación popular.
Todas las voces que se han referido a la gestión de Chiledeportes, de la Alianza por Chile, de la Concertación y al interior de Chiledeportes, coinciden en que, a lo menos, reitero a lo menos, existe un enorme desorden administrativo.
Antes de referirme a los hechos puntuales y a las enormes interrogantes respecto a esta materia, debemos necesariamente reparar en el origen del escandaloso funcionamiento de algunos servicios públicos.
La razón de ello es que el Gobierno nombra a personas incompetentes para desempeñar cargos de responsabilidad y, peor aún, para administrar grandes cantidades de dinero que, inevitablemente, quedan enredadas en redes de aprovechadores, verdaderas sanguijuelas de fondos públicos.
¿Por qué se nombra a personas incompetentes? Por la simple e inaceptable razón de que esos cargos pertenecen a los partidos políticos de la Concertación y no admiten que el Presidente de la República nombre al más capaz, sino que al más incrustado en la máquina de la repartija concertacionista.
Examinemos qué pasó en Chiledeportes, que es definida en la tómbola de la repartija como “parcela del Partido Radical”.
Desde 2003, cuando salió de la cartera de Justicia el ex ministro José Antonio Gómez , actual presidente del partido Radical, el Gobierno de la Concertación asignó dos subsecretarías a ese partido para compensar la pérdida del ministerio. Parte del botín de canje fue Chiledeportes.
Así comienza todo, y esto marca el inicio de una gestión.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué se puede esperar de lo que ocurre posteriormente? Lo que ocurrió: desorden administrativo, utilización inadecuada de fondos públicos, tráfico de influencias, escamoteo de dinero destinado al fomento del deporte, etcétera, etcétera, todos hechos inaceptables.
Quiero señalar al señor ministro, por su intermedio señor Presidente, que esto no se arregla con sumarios internos. Se soluciona, de una vez y para siempre, terminando con la práctica funesta del cuoteo político y con la designación de personas aptas profesional y moralmente para desempeñar cargos de responsabilidad.
Los cargos públicos deben dejar de ser parcelas y los fondos públicos deben dejar de ser tortas; un puesto en la administración pública debe dejar de ser un pituto.
Vamos a los hechos. Esperamos que las autoridades puedan aunque sea balbucear alguna explicación a las siguientes interrogantes:
¿Cómo explica el Gobierno que 2 mil 602 millones de pesos se asignaran en forma directa, sin concurso, a determinados proyectos?
¿Cómo puede la autoridad, sin ningún análisis técnico ni cumplimiento de requisito alguno, comprometer 150 millones de pesos para una escuela de talentos de tenis a un costo tres veces superior a las mejores ofertas del mercado mundial?
¿Puede explicar y desenmarañar el Gobierno la red de beneficiarios que constituyen Mall Sport , Full Sport , Cordeportes y Grado Diez?
¿Cómo acepta la autoridad que estas sociedades lo engañen, ocultando su voracidad por fondos públicos bajo la forma de clubes deportivos?
¿Qué pretende Chiledeportes al prestarse para blanquear rebajas tributarias y financiar 24 programas de televisión con un costo de 17 millones de pesos cada uno?
Lo más probable es que el señor ministro nos acuse de confrontacional por decir estas cosas, pero estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador como diputados y no podemos hacer la vista gorda frente a tan graves acusaciones.
Emplazo a los diputados de la Concertación para que aprobemos la constitución de una comisión investigadora, que será propuesta a través de un proyecto de acuerdo, cuyos autores son el diputado democratacristiano Waldo Mora y algunos diputados de la Alianza por Chile, a fin de que podamos investigar a fondo lo que sucede en Chiledeportes, para que no se repitan aquí los escándalos de MopGate y de MopCiade.
Es bueno que la gente sepa cómo están, con esta ley supuestamente tan bien intencionada, los clubes de barrios; dónde están los fondos para el fomento del deporte en las comunas y en las regiones, dónde está la preocupación por los niños y jóvenes con mayor riesgo social. De esos miles de millones de pesos de que estamos hablando no se destina nada para esa gente, que es la que pretendíamos beneficiar al aprobar el proyecto de ley, que votamos favorablemente los diputados de la Alianza y de la Concertación, hoy conocida como ley del Deporte.
Para los modestos clubes de barrio de las poblaciones marginales no corren las empresas de gestión y las puertas de Chiledeportes están cerradas. Para ellos burocracia, migajas y todas la exigencias de la ley; para los amigos, manga ancha.
Resulta repugnante la utilización que hace el Gobierno, a través de quienes nombra en Chiledeportes, del prestigio de esforzados deportistas y de la nobleza de la actividad deportiva.
No me referiré al ya manoseado otorgamiento, por especial gracia, de la nacionalidad chilena a Horacio de la Peña o a los “ofertones” que le hicieron, situación compleja que da para otra sesión, pero son varios los deportistas que han sido víctimas de la utilización grosera de sus nombres luego de haber confiado en proyectos que contaban con el aval y el respaldo de la autoridad.
¿Verificó alguna autoridad que los proyectos que se le presentaron, entre los que se encontraba uno que incluía al recordado Francisco “Chamaco ” Valdés, se ejecutaron y cumplieron? Chiledeportes los aceptó y entregó sin problemas los recursos, pero no se hizo nada de nada. Vayan a preguntarle al propio señor Valdés qué pasó con él. Simplemente lo engañaron y utilizaron su nombre y su prestigio como deportista. En cuanto a los fondos públicos, quizás dónde quedaron.
Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al señor ministro si podría enviarnos las actas de la comisión que creó Arturo Salah para aplicar criterios para las asignaciones directas de la ley del Deporte.
¡No se moleste en buscarla, señor ministro, no existen!
También le pido al señor ministro que nos explique por qué hay 923 proyectos, presentados por nueve instituciones, que concentran el 50 por ciento del dinero asignado.
Suma y sigue. En el transcurso de estos últimos días se ha evidenciado que también se aprovecha groseramente a la selección nacional de fútbol, pues aparece un ex funcionario de Chiledeportes y actual coordinador de la selección operando en las tinieblas y utilizando a cónyuges de seleccionados y a la del propio seleccionador para obtener fondos a través de Chiledeportes.
A esta altura no sé si llamar Chiledeportes a la institución, porque parece más apropiado denominarla Chilerrecortes .
Hoy un columnista deportivo señala que lo anterior es como haber sido ministro de Educación, despachar una ley para crear las empresas de acreditación universitaria, renunciar al cargo y, al rato, instalar la única empresa del país que se dedica a eso. Me parece feo. También lo es haber sido subsecretario de Transportes, enviar un proyecto de ley para la concesión de carreteras y luego salirse del Gobierno para integrar el directorio de una de las empresas que construyen carreteras.
Eso es feo, pero más lo es que todas esas cosas hayan pasado.
Hay muchos cabos sueltos, por lo que le pido al colega Waldo Mora , cuyo compromiso con el deporte es indesmentible, que nos diga quién lo ha llamado para pedirle que no se meta en este tema. ¿Son personeros del Gobierno?
El señor MORA.-
No.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Queda la interrogante. En todo caso, gracias por aclararnos que no son del Gobierno.
Descubramos a los cómplices y a los encubridores de estas irregularidades. Digamos los nombres.
La señora directora de Chiledeportes ha dicho por la prensa que para ella la firma Full Sport es “suficientemente seria”, pero ocurre que es una empresa de fachada destinada a obtener de Chiledeportes la aprobación de proyectos que presenta como una bien intencionada sociedad que busca fomentar el deporte. Además, en el mismo domicilio, en la misma oficina, y con participación abundante de cónyuges y parientes de deportistas, se dedica a las inversiones inmobiliarias. ¿Con qué capital hace esas inversiones?
De acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de la ley Nº 19.712, Chiledeportes es un servicio público que se vincula con el Presidente de la República a través del ministro secretario General de Gobierno. Por lo tanto, el señor ministro debiera decirnos qué va a hacer respecto de esta situación, más allá de los sumarios y auditorías, cuyos resultados nunca conocerá la opinión pública.
Esperamos, sin muchas esperanzas, su respuesta.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, vuelvo a plantear lo que reglamentariamente indiqué al inicio de la sesión, de que vemos con sorpresa que algunas bancadas no hablan, cuestión que la Mesa resolvió de una manera muy distinta en una sesión anterior. Me parece que habla mal de la Mesa de la Cámara que discrimine de esta manera. Vuelvo a hacer presente ese tema.
Vamos al tema de Chiledeportes.
Hace dos domingos, en la comuna de Los Ángeles, se llevó a cabo la Sexta Maratón del Biobío . Participaron más de 3 mil deportistas; se llenó la plaza de armas.
Una vez terminado dicho evento, en conversación con los organizadores les pregunté si habían obtenido recursos de Chiledeportes. La respuesta de esas personas, que llevan seis años organizando una actividad multitudinaria en la que participan jóvenes, adultos mayores, sectores poblacionales y estudiantes, fue una risotada. Creían que les estábamos tomando el pelo. Esa es la realidad.
El deporte masivo en Chile no tiene apoyo ni ayuda de Chiledeportes. Para el deportista amateur, poblacional y rural no existe Chiledeportes . Para las personas que tratan de impulsar el deporte masivo en distintas instancias, Chiledeportes es una entelequia que funciona en Santiago y que aparece de tiempo en tiempo en la televisión. Para los alcaldes que, a través de sus municipios, tratan de llevar adelante la práctica deportiva, Chiledeportes no existe. Esa es la realidad.
Cuando uno pregunta sobre Chiledeportes en las visitas que realiza a los distintos clubes deportivos de la comuna y de los sectores poblacionales, la respuesta, en el mejor de los casos, es una sonrisa o un enojo por la ironía de la pregunta.
Chiledeportes no existe para los deportistas de nuestro país, para el deporte campesino, no existe para el deporte laboral, no existe para el deporte estudiantil, no existe para el deporte poblacional.
Por eso, en las distintas comunas se realiza un sinnúmero de actividades deportivas masivas con financiamiento de los municipios, porque difícilmente se podrían llevar a cabo a través de los proyectos de Chiledeportes.
Cuando en el Congreso se discutió la ley de Deportes, que se analizó por harto tiempo, con gran tensión y con mucha exposición, jamás estuvo en nuestras mentes que serviría para el financiamiento de comentaristas deportivos o de empresas de radio y de televisión relacionadas con el deporte, que nada aportan a que la gente practique deporte.
Por eso, en los escasos segundos que me restan, más allá de las irregularidades que han señalado los diputados Pablo Prieto y Pablo Galilea , quiero expresar una protesta en nombre de los deportistas amateur, que tienen que buscar financiamiento para sus camisetas, sus balones de fútbol y para los implementos que utilizan en sus actividades deportivas, porque Chiledeportes no existe.
Por lo tanto, pedimos al señor ministro quien, con mucha exposición pública, como siempre lo hace, anunció auditorías internas y externas que nos diga quién va a hacer la auditoría externa. Sería bueno saberlo, porque de no ser así, y compartiendo los dichos del diputado Pablo Galilea , tendríamos muy pocas esperanzas de que algo se conozca. Por lo demás, con el diputado Pablo Prieto llevamos casi tres años pidiendo información de estas irregularidades. Pero ni a través de Chiledeportes, ni de la Contraloría, ni del Gobierno, hemos tenido la suerte de recibir alguna información o explicación.
Los años pasan y siempre se están asignando de 15 mil millones a 16 mil millones de pesos en el Presupuesto Nacional al deporte, y nuestros deportistas amateurs siguen mirando a Chiledeportes como una entelequia que, a veces, aparece en televisión.
He dicho.
Aplausos.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, no es efectivo que algunas bancadas no quieran participar del debate; pero sí es efectivo que algunos colegas han puesto demasiado énfasis a uno o dos de sus aspectos. La citación, dice: “analizar las irregularidades cometidas en Chiledeportes respecto de la asignación directa de los fondos de fomento del deporte y la conformación del Registro de Donaciones de dicho organismo”, pero resulta que nada dijeron durante las décadas de funcionamiento de la Digeder...
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor QUINTANA.-
...donde el ciento por ciento de los recursos era de asignación directa.
Hoy, justamente en la víspera del Día Internacional del Deporte Escolar y a cuatro años de la dictación de la ley del Deporte, es una buena oportunidad para plantearnos este debate acerca de dicha ley, durante cuya tramitación muchos colegas que han intervenido fueron entusiastas partidarios. ¡Qué bien!, porque esta ley ha permitido fomentar el deporte. Pero no me parece justo ni adecuado circunscribir el debate sólo a la política pública, aunque, como bien lo ha dicho el diputado Mora , la ley que actualmente tenemos es perfectible.
En ese ámbito debo señalar los dos planos en que se centra este debate. Primero, la administración directa, por un lado hay que dejarlo claro, la ley del Deporte lo señala expresamente. También la ley de Presupuestos lo hace con respecto al concepto de la vía concursable y la discrecionalidad.
Me resulta difícil pensar cómo se puede impulsar una política pública en deporte en la cual todo sea concursable.
Se trata de comprobar. A los colegas de la Alianza les pediría que consultaran a los alcaldes de Ñuñoa, de La Florida y de Recoleta cómo les ha ido con la ley del Deporte, cuántos recursos han recibido el último año por la vía concursable y por la vía de administración directa.
También preguntaría qué pasa con el modesto equipo de fútbol o de voleibol de barrio o de un sector rural que no tiene la posibilidad de contar con asesoría profesional para la elaboración de proyectos. ¿Cómo se presentan a esa concursabilidad?
Por ello, en innumerables cantidades de casos los proyectos que van a la administración directa son aquellos que no han quedado en la concursabilidad.
Quizás podemos perfeccionar los reglamentos y esta legislación, pero, por la sumatoria de casos particulares de los que hemos escuchado aquí y que a lo mejor ocurren en algunos distritos aquí no estamos hablando de entrega de camisetas ni de pelotas, como sí ocurría con la Digeder, debiéramos hacer un esfuerzo para privilegiar una política nacional de deportes. No me voy a pronunciar respecto de los casos específicos que se han planteado. No los conozco. En mi región no he oído hablar de ningún escándalo al respecto, pero sí de las donaciones. Aquí se ha hablado mucho de Cordeportes y de Full Sport. ¡Preguntemos a quién pertenecen estas empresas! Si políticamente se trata de ver alguna orientación, les aseguro que ambas empresas no tienen nada que ver con la Concertación.
Este debate surge a raíz del caso de Horacio de la Peña. Claro, 390 millones para seis proyectos. El banco de donaciones lo permitía y las empresas estaban dispuestas a donar. A lo mejor por ahí puede ir esta revisión que, tal vez, sea necesario realizar. El PPD está dispuesto. Si hay que investigar, investiguemos, pero pongamos las cosas en su justa medida. No sé si corresponde una comisión investigadora para revisar una serie de cosas que están ocurriendo.
Aquí se ha hablado de un proyecto de acuerdo con la firma de diputados de todas las bancadas para que la Comisión de Gobierno Interior sea la encargada de investigar. Me parece fantástico que un órgano permanente, que nos merece confianza, sea el que investigue lo que hay allí.
Por último, también es importante consignar que hasta el momento no hay ilícitos ni denuncia formal presentados en los tribunales. Por eso, sostengo que debemos poner la situación donde corresponde.
Algunos colegas me han dicho que, por el grado de apertura del reglamento de la ley de donaciones, algunas empresas de regiones han financiado el paseo de fin de año de sus trabajadores, lo cual debe hacer con recursos propios, y por jugar una pichanga, la empresa termina cargando eso a la franquicia y el Estado pagando la fiesta de fin de año. Creo que podemos corregir esas cosas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que la bancada del Partido Radical apoyará la constitución de una comisión investigadora en la que no sólo radique el tema que estamos planteando, sino que también tenga cabida lo que expuso el diputado Mora , es decir, revisar la ley del Deporte y proponer cambios estructurales, a través de la Comisión y del Ejecutivo. Pero me gustaría que esta comisión investigadora quedara radicada en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, porque a ella le competen estos temas.
Cuando uno comienza a analizar la ley del Deporte, promulgada el 9 de febrero de 2001, y revisa el debate de que fue objeto en la Cámara, se da cuenta de que quienes hoy rasgan vestiduras se opusieron al control de los actos del Estado por parte de organismos fiscalizadores, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a las franquicias tributarias. Uno de los grandes problemas existentes es que a nivel de franquicia tributaria las empresas pueden decidir el proyecto a apoyar.
Me parece muy bien que lo decidan, pero lo que no me parece bien es que quienes hoy rasgan vestiduras, en la época en que se promulgó la ley, hicieron caso omiso de lo que planteaba el Ejecutivo en el sentido de contar con un control sobre el tema. Si revisamos los debates de la época nos daremos cuenta de que algunos de los hoy están en este hemiciclo dicen cosas distintas a las que sostuvieron en esa oportunidad.
Me parece muy importante no sólo investigar, sino revisar por completo lo que ha pasado. Pero quiero dejar las cosas en su lugar.
En primer lugar, el diputado Pablo Galilea decía que Chiledeportes es una parcela del Partido Radical. Esa afirmación es inaceptable. En verdad, cuando uno habla en política debe hacerse cargo de las cosas que dice. En ese sentido, quiero decir que el Presidente de la República nombra a sus colaboradores según sus capacidades y, en este caso, nombró a un prestigioso radical en la Subsecretaría de Deportes. Pero en Chiledeportes sólo tres funcionarios de confianza del director son radicales. Todos los demás o pertenecen a otras tiendas políticas o son independientes. Por lo tanto, no puedo aceptar que el diputado Pablo Galilea venga a decir que éste es un botín de canje del partido ni cosas que son absolutamente imprudentes en términos políticos.
En segundo lugar, respecto de la petición de análisis, efectivamente, queremos análisis. Lo primero que hizo la actual directora es pedir una auditoría interna cuando empezaron a aparecer estas cosas. Más aún, el ministro planteaba una auditoría externa de Chiledeportes y se ha pedido a la Contraloría General de la República revisar los temas administrativos. Por lo tanto, habrá investigación interna y externa, desde el punto de vista legal, de cómo se han hecho las cosas en Chiledeportes. También estará el pronunciamiento de la Contraloría.
Pero hay más. Me parece que la comisión investigadora juzgará principalmente las responsabilidades políticas, porque eso le compete. Y si encuentra irregularidades o ilegalidades, lo hará saber a las instancias que correspondan, y nosotros apoyaremos esa decisión, porque creemos en la transparencia de la labor de un administrador o funcionario público.
Asimismo, vamos a pedir que declaren los directores regionales de cada institución, apelando a las autonomías establecidas en la ley y porque cuando pasa algo en las regiones, la primera entrevista debe ser con el director regional; no con el director nacional.
En verdad, durante el período de Ernesto Velasco , antes de plantearle a él los proyectos relacionados con el sector que estábamos apoyando, se los daba a conocer al director de mi región.
Cuando hablamos de la ley del Deporte todos queremos que se cumplan las aspiraciones del diputado Pérez : que los recursos lleguen principalmente a los deportistas amateur, ya que los profesionales tienen formas de obtenerlos. Pero, al revisar la forma en que se han entregado los dineros, se advierte que hay casos como los planteados por el diputado señor Prieto y otros, que necesariamente deberán ser investigados a fin de aclarar supuestas irregularidades, ya que no podemos permitirlas en ninguno de los actos de los funcionarios públicos.
En cuanto a lo señalado por el diputado señor Mora , en el sentido de que la forma cómo se han distribuido los recursos no es un problema legal sino éticomoral, nos parece esencial revisar la ley con el objeto de introducirle cambios. La actual legislación lleva tres o cuatro años de aplicación, pero ya se están advirtiendo vacíos que es necesario corregir, sobre todo en lo que dice relación con la asignación directa de recursos.
El ex director de Chiledeportes Arturo Salah emitió un instructivo que obligaba a asignar los recursos por la vía directa, con el objeto de no dejar su distribución al arbitrio de algún director regional o nacional. Es evidente que se han hecho esfuerzos en ese sentido.
En la comisión investigadora vamos a deslindar y juzgar las responsabilidades políticas con el apoyo del Partido Radical, que es lo que corresponde.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, los invito a hacer un poco de memoria.
En 2001 se dictó una ley que tenía por objeto mejorar el alicaído deporte nacional. Se necesitaba imponer una lógica que contribuyera, con una mirada de futuro, a crear una institucionalidad acorde con lo que el Chile de hoy necesita en esta materia.
Recordemos también que las acusaciones sobre irregularidades han sido siempre un buen dividendo político para los diputados de la Oposición y para algunos de los nuestros que atornillan al revés, no por dejar de ejercer constantemente nuestra función fiscalizadora, sino porque se quiere hacer un gallito político no sé con qué oscura intención u objetivo. Por transparencia, por responsabilidad política, pero sobre todo por nuestro compromiso con la ciudadanía, debemos pedir los antecedentes pertinentes para esclarecer dichas acusaciones.
Además, ¿por qué poner en discusión la nacionalidad aprobada por esta Sala para el entrenador Horacio de la Peña? Peras con manzanas o subirse por el chorro son las frases populares que, en mi opinión, le quedan bien a esas intervenciones anteriores.
Es posible cuestionar los criterios utilizados para entregar fondos a las organizaciones deportivas a la luz de los antecedentes que existan al respecto, pero esta tarde se ha dicho que las personas más vulnerables del país no han recibido recursos. ¡Falso, de falsedad absoluta! Son miles de ejemplos que vemos a diario en nuestros distritos y, por lo tanto, después de escuchar a mis colegas de la Alianza por Chile me queda claro que esta acusación no está dirigida a investigar de verdad las irregularidades que puedan existir en Chiledeportes.
¿Se puede desconocer que los recursos, que son siempre menos que las necesidades, llegan de hecho a la gente? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de inauguraciones de proyectos, programas e implementos deportivos y compartido la implementación de algunos proyectos con pobladores y organizaciones sociales de nuestros respectivos distritos? Hemos sido testigos de que la gente recibe, dentro de sus posibilidades, los beneficios de Chiledeportes. Por eso, a veces la ciudadanía no da la mayoría que se requiere, debido al doble discurso.
El financiamiento público del deporte no puede ser puesto en duda debido a presuntas irregularidades. Como en todo ámbito, los responsables de dichas conductas deben ser llevados ante los tribunales, a fin de determinar si existen responsabilidades civiles o penales en su proceder. Sin perjuicio de que los mecanismos de asignación de recursos sean perfectibles, no podemos borrar con la izquierda lo escrito con la derecha, o viceversa.
Después de muchos años nos hemos dado una institucionalidad que pretende elevar la calidad del deporte nacional. Debemos confiar en la eficacia con la que el Gobierno y el Congreso Nacional crearon los órganos correspondientes, lo que no implica dejar de tomar las medidas necesarias de acuerdo con el incremento de las necesidades de modernización del país.
El deporte es y debe ser una prioridad y su fomento es y debe ser una política de Estado. Por eso, junto con observar probables conductas de poca probidad, debemos reafirmar nuestro compromiso y saludar la creación de organismos tan importantes como Chiledeportes, porque representan un avance si se constituyen de la manera en que los hemos concebido.
Si bien la asignación directa de recursos, como mecanismo de financiamiento, puede presentar riesgos, es totalmente mejorable mediante el establecimiento de requisitos para cerciorarse de que el destino de los fondos asignados corresponde a lo que la ley establece.
El deporte, con instituciones modernas, reclama políticas públicas a la altura de la época. En el siglo que comienza sólo se podrán ver frutos en esta materia si los inconvenientes que detectemos en el sistema creado para la difusión y desarrollo del deporte son superados con certeza política y convicciones reales de justicia y probidad.
Debemos decir “sí” a las responsabilidades personales y al mejoramiento del funcionamiento de las instituciones y “no” a los aprovechamientos políticos furtivos y a cualquier forma de demagogia que critica la labor modernizadora del Gobierno.
La fiscalización es una de las herramientas que tenemos por mandato. Por lo tanto, debemos hacernos cargo del tema mediante una propuesta seria de estudio de los antecedentes relacionados con esta materia, para conocer su veracidad o falsedad, sea, como aquí se ha señalado, por la Comisión de Educación o la de Gobierno Interior. Ambas propuestas me parecen serias.
No podemos confundir el sentido de nuestro trabajo parlamentario: lo más importante es construir más oportunidades de desarrollo para las personas. Eso es lo que ha hecho y hace Chiledeportes: apoya, de Arica a Punta Arenas, a miles de niños, mujeres, jóvenes y adultos.
Debemos reconocer que puede haber responsabilidades comprometidas en el manejo de los fondos, pero es el Estado el que debe controlar y tomar las medidas administrativas y las acciones judiciales necesarias, si el caso lo amerita, a fin de informar de manera adecuada a la opinión pública.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, desde que el tema de Chiledeportes salió a la luz pública, hemos sido partidarios de la creación de una comisión investigadora que clarifique la situación. De hecho, los cuatro jefes de las bancadas de la Concertación, presentamos un proyecto de acuerdo en ese sentido antes de que lo hiciera el diputado señor Mora , porque creemos que es importante analizar el tema con calma y en profundidad.
Acá se han planteado diferentes cosas. Por ejemplo, que los cargos públicos deben dejar de ser un pituto. Quiero recordar a los diputados que hicieron esa afirmación que contamos con la ley de Servicio Civil, normativa que nunca había existido en nuestra historia, y que hay un nivel político y un nivel técnico para la toma de decisiones, a través de los cuales se entrega un conjunto de cargos a la decisión de un sistema que solamente propone a las personas más calificadas a la autoridad. Es cierto que esto ha avanzado más lento de lo esperado, que hay que apurar su implementación, porque el próximo Gobierno requiere de personas que estén en condiciones de ser seleccionadas para que no se produzca un desfase, pero contamos con un sistema. En todo caso, tenemos claro que para ocupar la mayoría de los cargos no basta con ser de un determinado sector político, sino que las personas deben ocuparlos por mérito. En ese sentido, hemos dado un paso trascendental en la estructura del Estado.
Se ha planteado un conjunto de argumentos orientados a decir que aquí hubo roles incompatibles, que funcionarios de la subsecretaría o de Chiledeportes, a su vez, gestionaban proyectos. Debo reconocer que existe una ley de probidad y que en esta materia hay ciertas limitaciones y algunos aspectos ambiguos. Estoy de acuerdo en que debemos legislar para evitar este tipo de situaciones.
También se señala que hay arbitrariedad en la asignación directa. Está claro, según los datos de que disponemos, que falta definir mejor las políticas y que los criterios deben ser más consistentes para asegurar que los beneficiarios sean adecuados, porque no siempre es así.
Sin embargo, me quedo con el argumento esgrimido por el diputado señor Robles, quien recordó que cuando se discutió la ley de Deportes, hubo un tema que generó un amplio debate: el de las donaciones.
Si bien la ley demuestra ser insuficiente, es importante que los diputados de Oposición asuman su responsabilidad respecto de la ley de Donaciones, porque aprobamos una legislación a medias aguas, en la cual, por un lado, hay un gestor de proyectos y, por otro, un gestor de beneficiarios de proyectos.
Varios diputados sostuvimos que la ley de Donaciones debería contemplar un sistema más parecido al norteamericano, según el cual se presentan proyectos con puntaje calificado y los donantes no se autodonan ni autoentregan recursos para cosas que ellos desean hacer, sino que los entregan a prioridades del deporte o proyectos más calificados.
Nos quedamos con un sistema malo, que establece un gestor de proyectos y un gestor de recursos, que es la misma persona, la cual va ganando una comisión. Ese sistema hay que desmontarlo.
Quiero recordar que esta materia se discutió bastante, más en el Senado que en la Cámara.
Nuestros acuerdos estaban orientados a dar mayor prioridad al deporte que a la autodonación. Esto nos ha ocurrido también con otras leyes. En donaciones culturales, a las universidades y, en general, respecto de las franquicias tributarias tenemos el mismo problema: hay más autodonaciones.
Si observamos de dónde provienen las donaciones a instituciones como el Inacap y vemos cuáles han sido las contraprestaciones, podemos apreciar que fue necesario parar esas donaciones mediante una ley. Hoy estamos con un proceso de exenciones tributarias paralizado, porque se prestó para muchas tergiversaciones. Ahora, en el caso que nos ocupa, estamos ante una situación similar, que debemos enfrentar en profundidad.
Creo que el sistema norteamericano es más ecuánime, con mayores donaciones y franquicias, pero entregadas en forma objetiva, no con mi amigo ni conmigo, sino de acuerdo con la calidad del proyecto, con una instancia que califica y da un determinado puntaje.
Hay temas que debemos volver a discutir. Nosotros estamos por constituir una comisión investigadora que tenga como gran objetivo clarificar dónde están los principales vacíos.
Pero también hay que pronunciarse respecto de la realidad. Me parece importante reconocer que hubo desorden en algunos aspectos, que no hubo procedimientos apropiados y que es necesario, en esta nueva institución, ver si hubo desorden.
Si se produjo alguna irregularidad, que se diga. Se han planteado dos tipos de irregularidades por distintos parlamentarios: las que tienen que ver con roles incompatibles, o sea, por estar dentro y fuera de la institución; por pertenecer a la directiva de organizaciones deportivas entrenador de fútbol y, además, recibir beneficios públicos. Hay situaciones incompatibles que no siempre son ilegales, pero éticamente muy discutibles, que debemos asumir y resolver.
Otra cosa es hablar de corrupción. Ningún diputado ha hablado de corrupción en Chiledeportes. Eso me parece importante, porque para hacer afirmaciones de ese tipo es necesario tener fundamentos concretos. Sin duda, una comisión investigadora tendrá que determinar si ello ocurrió.
Un tercer aspecto, además del desorden y de las irregularidades, es la eventual arbitrariedad y discrecionalidad. El sistema de asignación directa permite cierto nivel de arbitrariedad y discrecionalidad. Debemos ver cómo hacemos más consistente el sistema para que guarde relación con ciertas prioridades, como el deporte escolar y de barrios.
En cuarto lugar, creo que debemos conversar sobre la política deportiva. Esto no es un asunto de ley. Aquí la experiencia indica comparto lo dicho por varios señores diputados que es necesario poner más énfasis en el deporte en los colegios, porque gran parte del déficit en esta área tiene que ver con lo que ocurre en las escuelas.
El deporte amateur, los consejos locales de deportes y, en general, las instituciones deportivas de los barrios, que son el principal lugar de encuentro de la comunidad y de integración social, no tienen el apoyo que merecen y están quedando demasiados fondos en instituciones que tienen posibilidades de acceder a otros recursos.
Por lo tanto, hay que sugerir elementos de orientación en políticas deportivas y buscar cómo hacerlo mejor.
La experiencia de la Comisión Investigadora debemos transformarla en algo positivo, para sacar adelante a esta institución, de manera que pase a otra etapa, con mucha mayor solidez y madurez.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro Secretario General de Gobierno, señor Francisco Vidal .
El señor VIDAL (ministro secretario General de Gobierno).-
Señor Presidente, más allá de las alusiones efectuadas en algunas intervenciones, quiero abordar el tema de fondo que convoca esta sesión especial.
Como Gobierno, quiero plantear dos cosas y asumir la responsabilidad que me asigna la ley que creó Chiledeportes.
Como dijo el diputado señor Pablo Galilea, Chiledeportes se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Desempeño el cargo de ministro y asumo toda la responsabilidad que me compete. Por eso, a la fecha, he ordenado una auditoría externa al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, institución destinada a abordar estos temas. Asimismo, solicité a la directora de Chiledeportes una auditoría interna de ese organismo. La Contraloría General de la República inició hace tres semanas una investigación, a partir de las denuncias de carácter público a este respecto y hay sumarios en curso.
El Gobierno, por mi intermedio, en el espacio que la Cámara de Diputados determine, ya sea constituida como comisión investigadora general o acotada a una comisión, responderá cada una de las dudas, cuestionamientos y planteamientos que el debate nos ha permitido escuchar.
El Gobierno no amparará ninguna irregularidad. Será la comisión que constituya la Cámara de Diputados la encargada de determinar si hubo o no irregularidades.
Ayer recibí el informe de la auditoría externa, firmado por el auditor general de Gobierno, señor Gonzalo Sánchez , abogado. En resumen, dicha auditoría externa, en la muestra como toda auditoría, hace una muestra y no determina el conjunto no estableció irregularidades, pero hizo un conjunto de proposiciones de mejoramiento de la gestión, de los procedimientos y de los controles.
El Gobierno está disponible, en el marco de la comisión que la Cámara de Diputados resuelva constituir, a mejorar las disposiciones legales pertinentes. Ésa es la voluntad del Gobierno: asumir la responsabilidad que le corresponde y enfrentar todas las dudas, planteamientos e interrogantes que surjan en la comisión.
La información que tengo de la auditoría externa y la de la auditoría interna que obra en poder de la directora de Chiledeportes no implican temas de corrupción, pero contienen siete observaciones relativas a mejoramiento de procedimientos de la institución. De manera que, a propósito de tanta duda, pongo desde ahora a disposición de la comisión que determine constituir la Cámara de Diputados la auditoría externa completa, y la directora de Chiledeportes la auditoría interna y todos los elementos tendientes a esclarecer esta situación.
Por último, como concepto general. Tengo a la vista una declaración de la Unión Demócrata Independiente, a raíz de las denuncias respecto de un alcalde que, en su oportunidad, hizo el diputado señor Eduardo Díaz . No es que haya perseguido esta declaración, normalmente acumulo las del conjunto de los partidos y particularmente las de la Oposición. La leyó el diputado señor Patricio Melero , secretario general de la UDI, y comparto el ciento por ciento de su contenido, que en el punto número 2 dice: “Durante el último tiempo hemos aprendido lo inconveniente que resulta adelantar juicios que afecten a personas, a instituciones y a su reputación mientras no se pronuncien todas las instancias pertinentes”.
He escuchado ciertas presunciones, palabras que no corresponden a los dos anteriores directores nacionales de Chiledeportes. Lo único que solicito es que el espíritu, que resalta de esa declaración en formato público, lo mantengamos.
Chile ha vivido en los últimos dos años la facilidad para prejuzgar y por lo menos en el Gobierno hemos aprendido que no hay que hacerlo.
En consecuencia como se deduce del debate, se requiere una investigación seria y rigurosa sobre el tema. Si de ella se desprende la necesidad se los digo ahora de mejorar, de cambiar disposiciones de la ley, cuya tramitación demoró tanto tiempo, pero que fue un salto importante en materia de deportes en su momento, el Gobierno desde ahora compromete su disposición y respaldo. Por ejemplo, en el tema de la asignación directa, el Gobierno esta dispuesto a eliminarla y que el ciento por ciento de los fondos sean concursables; en materia de donaciones, a revisar mucho más. Se ha puesto mucho énfasis en la empresa que encabeza el ranking, Full Sport , y que hay que investigar. Pero quiero decirles que con el mismo criterio que utilizaba para la referencia del partido opositor, mientras no tengamos pruebas sobre una empresa en particular y me remito a una información pública del diario “La Segunda” del viernes 11 de marzo, no existe calidad moral ni personal para prejuzgar el conjunto de instituciones que han recibido beneficios tributarios.
La organización deportiva Full Sport encabeza el ranking, pero no tengo ningún prejuzgamiento que hacer sobre la Fundación Club Deportivo Universidad Católica, que recibió 2 mil 91 millones de pesos por franquicia tributaria. Me parece que es gente seria y responsable, salvo que se demuestre lo contrario. Tampoco tengo ningún prejuzgamiento sobre el Club Deportivo Universidad Católica, que recibió mil 767 millones en beneficios tributarios, ni tampoco respecto del Club Deportivo Cordeporte, que recibió mil 640 millones de pesos y que es la expresión deportiva de un gremio de tradición impecable en Chile, como lo es la Cámara Chilena de la Construcción.
Por su intermedio, señor Presidente, expreso a los señores diputados, primero, la voluntad del Gobierno, a través de la directora de Chiledeportes y todo su personal, para responder cada uno de los planteamientos, interrogantes y dudas de los señores parlamentarios en los espacios que determinen y, segundo, si de esa investigación resulta natural, pertinente y coherente modificar la ley, existe el compromiso del Gobierno, a través de mi persona, para patrocinar todo lo que signifique mejorar la ley del Deporte.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Señores diputados, llamaremos a las señoras diputadas y a los señores diputados que se encuentran en comisiones para que vengan a votar los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el jefe del Comité Parlamentario de Renovación Nacional, diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, al Comité Parlamentario de Renovación Nacional le sobraron cuatro minutos, que cedemos al Comité de la UDI.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional y hasta por cuatro minutos, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, en verdad son bastante decepcionantes las palabras del ministro Secretario General de Gobierno, puesto que esperábamos la realización de una auditoría externa, y él ha dado a conocer a la Cámara de Diputados que las dos son internas.
Estamos en presencia de una situación irregular al interior de un servicio público como Chiledeportes, y cuando el propio ministro denunció esta situación ante la opinión pública, ofreció la realización de una auditoría interna y de otra externa. Sin embargo, por lo que se ha dicho, ahora nos damos cuenta de que ambas fueron hechas por funcionarios públicos.
Por lo tanto reitero, me parece decepcionante la información que nos dio a conocer el señor ministro Secretario General de Gobierno en relación con esta materia.
Estoy de acuerdo en que no hay que prejuzgar. Pero el señor ministro expresó que, de acuerdo con el resultado de las dos auditorías internas, no hay irregularidades, sin esperar el resultado de la investigación de la Contraloría General de la República y, por otro lado, el de la eventual comisión que conformará la Cámara de Diputados.
Quería hacer notar esa decepción y, además, que no se responda a la que ha sido una constante en las intervenciones de los diputados Pablo Prieto , Manuel Rojas , Galilea y otros, en relación con que los miles y miles de millones de pesos de Chiledeportes no llegan a los deportistas de barrios, de campos, de colegios, de empresas, de sindicatos, del sector rural, etcétera. En suma, el deporte masivo no logra el apoyo de Chiledeportes.
En definitiva, después de escuchar al ministro Secretario General de Gobierno, queremos hacer presente esos dos aspectos: la decepción por auditorías solamente internas y por no dar cuenta de la ineficacia en el accionar de Chiledeportes hacia el deporte masivo.
Por intermedio de la Mesa, concedo una interrupción al diputado señor Manuel
Rojas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, por intermedio de la Mesa, deseo decir al señor ministro que así como encara algunos asuntos y saca a relucir lo relacionado con un club deportivo que incluso ni siquiera me representa, como la Universidad Católica, entre otras instituciones, le recomiendo que lea “La Nación” del día martes 15 de marzo, de manera que sepa qué ocurría y qué dicen los propios funcionarios de Chiledeportes: “realice una investigación acuciosa, intransigente y transparente”.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro señor Vidal .
El señor VIDAL (ministro Secretario General de Gobierno).-
Señor Presidente, por intermedio de la Mesa, deseo responder a los diputados señores Víctor Pérez y Rojas que las auditorías externas son las que utiliza el Gobierno; incluso, existe la posibilidad de efectuar una auditoría externa por una empresa privada.
Pero reitero que todos esos antecedentes se pondrán a disposición de los señores diputados en el espacio que ustedes determinen.
Muchas gracias.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
A continuación, el señor Secretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 602, de los señores Prieto ; Galilea, don Pablo ; Hernández , Mora , Vargas , Rojas, García-Huidobro , Cardemil , Álvarez y Von Mühlenbrock .
“Considerando:
Que, a raíz de los hechos que la opinión pública ha conocido en los últimos días y que se relacionan con la eventual malversación de recursos públicos en el interior del Instituto Nacional del Deporte (ex Chiledeportes), es necesario que esta Corporación asuma la labor fiscalizadora que, en virtud de la Constitución y de la ley, se le ha encomendado.
Que, en lo relativo al deporte, Chile ha hecho serios esfuerzos por lograr niveles adecuados en las más diversas disciplinas y por dotar a las regiones del país de la infraestructura necesaria, a fin de que toda la población pueda acceder a la práctica de variados deportes, por lo que estas denuncias no pueden pasar inadvertidas ni pueden dejar pasivos a los parlamentarios.
Que es de plena justicia que el país se entere de las verdaderas dimensiones y de los alcances de lo que ha estado sucediendo por años en el actualmente denominado Instituto Nacional del Deporte, ex Chiledeportes. Sobre el particular, resulta trascendental determinar las causas de lo sucedido y la forma de evitar que recursos de todos los chilenos se despilfarren sin control, ya que, cuando se destinan dineros para favorecer discrecionalmente a unos pocos, son las personas más necesitadas las que sufren las consecuencias directas de la falta de fondos estatales al concurrir a presentar sus proyectos.
Que, en sus más diversas facetas, el deporte constituye uno de los elementos centrales del desarrollo integral de la persona humana, especialmente de los más jóvenes. Por ello, lo que sucede en el Instituto Nacional del Deporte merece una investigación acuciosa. Respecto de esto, es del caso señalar que, a través de oficios de información y de fiscalización dirigidos a las autoridades de Gobierno, parlamentarios de distintas bancadas han intentado dilucidar lo que ha ocurrido en este Instituto, pero hasta la fecha no han recibido los suficientes antecedentes ni de parte del Instituto Nacional del Deporte ni de la Subsecretaría General de Gobierno.
Que, para aclarar la forma y los procedimientos que ha usado el Instituto Nacional del Deporte (ex Chiledeportes) en la aplicación de la ley N° 19.712, que rige al deporte nacional, el Gobierno ha decidido someter al organismo a una auditoría externa.
Que, en atención a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, es preciso indagar los criterios utilizados por el Instituto Nacional del Deporte (IND), sobre todo en lo que respecta a la destinación de los recursos estatales y de los beneficios tributarios, puesto que existen serias dudas sobre la forma en que se han distribuido. Por ejemplo, llama la atención que algunos programas de televisión se hayan beneficiado con exenciones tributarias, ya que la ley se hizo para apoyar a los deportistas y a las organizaciones deportivas, y no para quienes desarrollan actividades comerciales.
Que el Congreso Nacional aprobó, hace ya varios años, un marco regulativo que, justamente, trataba de prevenir esta clase de hechos, el cual ha demostrado a través del tiempo su falta de operatividad para promover y apoyar de manera cabal y eficiente la práctica del deporte, al establecer facultades casi discrecionales para que el organismo encargado disponga de los recursos.
Que, en consecuencia, se hace indispensable que esta Corporación efectúe un serio análisis del hecho reseñado, buscando las causas y evaluando la aplicación de la normativa legal vigente, de suerte tal de proponer a la Sala las medidas correctivas de índole administrativa y/o legislativa que sean procedentes.
Que, por otra parte, resulta esencial que una Comisión examine el desempeño del Instituto Nacional del Deporte (ex Chiledeportes) para apreciar si cuenta con las atribuciones adecuadas y con el personal y los medios materiales para cumplir con su cometido de órgano regulador y contralor de las acciones de fomento del deporte. Además, cabe indagar la forma en que han operado los concursos de proyectos y la asignación directa de recursos, respecto de las que existen algunas dudas en cuanto a su transparencia y efectividad.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Mandatar a la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social para que investigue la forma y los procedimientos utilizados por el Instituto Nacional del Deporte (IND) en la aplicación de la ley N° 19.712, que rige al deporte nacional, promulgada en enero de 2001.
En especial, deberá determinar:
a)Las autoridades responsables y los funcionarios envueltos en la toma de decisiones que han originado las distintas denuncias públicas.
b)Las eventuales responsabilidades políticas de las autoridades y de los funcionarios involucrados.
c)Las causas de lo sucedido en el interior del Instituto Nacional del Deporte (ex Chiledeportes), en conformidad con las conclusiones que emitan tanto los miembros de la Comisión como los invitados a exponer en ella, además de la lista de propuestas y de reformas legales, en su caso, tendientes a evitar situaciones como la investigada.
d)Todas aquellas materias anexas a lo ya señalado y que contribuyan al esclarecimiento de las reales dimensiones de las irregularidades detectadas.
Asimismo, la Comisión deberá proponer a la Sala las medidas legislativas y/o administrativas necesarias para cautelar de manera más efectiva y eficiente la asignación de los recursos dispuestos por la vía de subvenciones, exenciones tributarias o aportes directos del Estado destinados a la promoción del deporte.
Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión tendrá un plazo de noventa días. Ésta podrá acordar la realización de todas aquellas diligencias indispensables para el cumplimiento de su encargo, entre ellas las de citar a funcionarios públicos o invitar a personas naturales, incluidas las organizaciones de usuarios y particulares afectados, y, en general, disponer todos los medios y diligencias pertinentes para el buen cometido de su función”.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Para acceder a lo pedido a la Mesa, cito a reunión de comités parlamentarios.
Se suspende la sesión.
Trascurrido el tiempo de suspensión:
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Señoras y señores diputados, los comités parlamentarios acordaron, en primer lugar, refundir en un solo texto los proyectos de acuerdo presentados.
En segundo lugar, que el tema en discusión sea analizado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el texto refundido de los dos proyectos de acuerdo presentados.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 18.05 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Muñoz, Álvarez, Encina, José Pérez y Rossi.Amplía el concepto de zona típica con el objeto de preservar el entorno de las áreas silvestres protegidas del Estado y de los santuarios de la naturaleza. (boletín N° 3822-12)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19 numerales 8° y 10 y 60 de la Constitución Política de la República y en las leyes Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales y Nº 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Considerando:
1. Que la conservación del patrimonio histórico, ambiental y cultural del país es un deber del Estado y un compromiso ético de la sociedad con las antiguas y futuras generaciones de chilenos.
2. Que con tal objeto existe un marco regulatorio, tanto en lo referido a monumentos nacionales como a las áreas silvestres protegidas, las que norman las medidas de administración, conservación y desarrollo de dichos sitios y lugares, en atención a sus especiales características.
3. Que, en ese sentido, la ley Nº 17.288 se ocupa de los monumentos nacionales, definiendo las diversas clases de éstos, los procedimientos para su declaración como tales, las obligaciones que competen a sus propietarios y a la comunidad y los organismos públicos encargados de su tutela.
4. Que, del mismo modo, la ley Nº 18.362 crea un sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, distinguiendo diversas categorías de ellas, imponiendo obligaciones para sus titulares, estableciendo los mecanismos administración para el caso en que éste sea el Estado y fijando criterios para su concesión total o parcial a particulares.
5. Que, en muchos casos, tanto los monumentos nacionales como las áreas silvestres protegidas comparten, en sus diversas categorías, la característica común de convertirse en un polo de atracción cultural y turística, siendo deseable preservar no sólo la integridad de los lugares y sitios objeto de protección, sino, además, la armonía de su entorno.
6. Que, con este objeto, la ley Nº 17.288 sobre monumentos nacionales, en su Título VI, denominado “De la conservación de los caracteres ambientales” creó lo que se denomina zona típica o pintoresca.
7. Que, sin embargo, dicha calificación se encuentra restringida a aquéllas poblaciones y lugares en que existan ruinas y monumentos históricos, aún cuando interpretaciones más extensivas han permitido la declaración como tal de algunas áreas, siempre que exista un entorno respecto del cual preservar su armonía, no habiendo una disposición similar para la conservación de los caracteres ambientales de otros sitios de interés regidos por la propia ley de monumentos nacionales, como los santuarios de la naturaleza o como las áreas silvestres protegidas a que hace referencia la ley Nº 18.362.
8. Que lo anterior resulta especialmente negativo en el caso de los parques y reservas nacionales y santuarios de la naturaleza, cuyos atractivos ambientales y turísticos deben ser realzados con un entorno armónico.
9. Que, lamentablemente, el atractivo turístico de dichos lugares genera habitualmente en sus alrededores polos de servicios, los que crecen y se desarrollan sin ningún resguardo por mantener ciertas características propias del sector ni ordenamiento territorial, ocasionando a la larga un enorme perjuicio para el sitio de conservación que los justifica.
De este modo, es habitual encontrarse con terrenos circundantes a sitios de naturaleza virgen que comienzan a poblarse con construcciones cuyos materiales de construcción y características no guardan ninguna relación con el área protegida que le circunda y que termina por afectar su valía como sitio natural protegido.
10. Que, por ello, resulta aconsejable extender las normas aplicables a las zonas típicas o pintorescas a la conservación del entorno de otros lugares de interés ambiental y cultural tales como los Santuarios de la Naturaleza, regulados en la misma ley Nº 17.288 y las Áreas Silvestres Protegidas del Estado a que hacer referencia la ley Nº 18.362. Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese el artículo 29 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, de la siguiente forma:
a)Elimínese la letra “o” que sigue a la coma (,), posterior a la palabra “arqueológicas”.
b)Intercálese, entre la coma (,) que sucede a la expresión “Históricos” y la palabra “el”, la frase “Santuarios de la Naturaleza o Áreas Silvestres Protegidas del Estado a las que se refiere la ley Nº 18.362 y sus alrededores,”.
c)Reemplácese la letra “o” que sigue a la palabra “lugares”, la segunda vez que ésta aparece en el texto, por una coma (,); y
d)Agréguese entre la palabra final “ellas” y el punto aparte que le sucede la frase “o de su entorno”.
Moción de los diputados señores Uriarte, Becker, Forni, Kast, González, Martínez, Montes, Olivares y de las diputadas señoras Marcela Cubillos y María Eugenia Mella.Autoriza erigir monumento en memoria del padre Demetrio Bravo Santibáñez en la ciudad de Melipilla. (boletín N° 3821-04)
“El 18 de agosto de 1904, nace en Melipilla José Demetrio Bravo Santibáñez, hijo de don Tomás Bravo y doña Sara Santibáñez. En el año 1911, ingresó al colegio San Agustín de Melipilla.
Fue en vida un amante del campo y la agricultura. Tuvo una fuerte vocación religiosa, la que en su juventud encausó a través de la acción Católica, donde creó varios grupos juveniles además de formar la Legión de María, dado su profundo Amor a Dios y devoción a la virgen. En 1950 a los 46 años fue elegido Regidor (Concejal) por Melipilla, cargo que no llegó a ejercer ya que ese mismo año ingresó al Seminario. Fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1955 y celebró su primera misa el 9 de octubre de 1955 en Melipilla.
En San Pedro de las Condes fue párroco entre los años 1956 y 1974 y en Santa María de las Condes entre los años 1974 y 1976. A Melipilla volvió trabajando en el Templo Vicarial entre los años 1976 y 1980, y en la iglesia de la Sagrada Familia la cual es una de sus obras.
Al mismo tiempo tuvo a su cargo la iglesia de Puangue.
Una de sus labores más importantes guarda relación con su obra social. En ese sentido construyó capillas para las gentes de más escasos recursos, la casa de las hermanas de la caridad en la zona y la hospedería que hoy lleva su nombre ubicada en la Avenida Norte (actual Avenida Padre Demetrio Bravo), en la población Chacabucanos, institución que alberga durante la noche a quienes carecen de un techo o se encuentren en estado de carencia grave. Fueron estas obras las que le permitieron ganarse el cariño, admiración y el respeto de sus fieles.
Finalmente fallece a las 11:00 horas de un martes 03 de agosto de 1993, a la edad de 89 años, en su casa de Lampa. Su muerte proyectó su labor social la que hoy es canalizada a través de la Corporación “La Casa del Padre Demetrio».
Este abnegado sacerdote ha cautivado la vida de múltiples fieles los que hoy, a través de la Corporación, esperan que un monumento recuerde la figura de este gran melipillano. Por todo lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- Autorízase erigir un monumento en la comuna de Melipilla, en memoria del Padre José Demetrio Bravo Santibáñez.
Artículo 2.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará para tal efecto, en coordinación con la Intendencia Regional.
Artículo 3.- Créanse, en la Región Metropolitana, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en artículo precedente.
Artículo 4.- Créase, en la Región Metropolitana, una, comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta. ley, la que estará constituida por:
-Los senadores e la circunscripción Metropolitana Poniente.
-Los diputados del Distrito 31.
-El alcalde de la comuna de Melipilla.
-Un representante de la Arquidiócesis o Diócesis respectiva.
-Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
-Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile.
-Un representante de la Corporación La Casa del Padre Demetrio.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la Corporación La Casa del Padre Demetrio, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a)Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción,
b)Determinar las ubicaciones del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Melipilla y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c)Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo:
d)Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e)Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6.- Si una vez construido el monumento y santuario quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión determine.
Moción de los diputados señores Quintana, Álvarez-Salamanca, Jarpa, Navarro, Ojeda y Sánchez.
Proyecto de reforma constitucional que establece y regula el dominio público sobre los recursos genéticos de las especies animales y vegetales autóctonas. (boletín Nº 3820-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
Ciencia y Protección de la Inversión en Investigación + Desarrollo
El desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el ámbito de las ciencias biológicas, durante las dos últimas décadas, perfectamente puede ser equivalente a todo el conocimiento científico acumulado por la humanidad desde el comienzo de la Historia.
Los descubrimientos e inventos, consecuencia de este desarrollo, nos sorprenden a todos, no sólo por su novedad sino que también por la rapidez de su emergencia y por la forma en que estos pueden impactar nuestras vidas y las de las generaciones venideras. Son estos impactos los que hacen decir al profesor Enrique Yánez Pareja de la Universidad de Granada que “el progreso científico y técnico es uno de los bienes de nuestras sociedades, pero no es el único bien, y ha de armonizarse con otros intereses sociales.” La forma, precisamente de coordinar y armonizar intereses que pueden estar en colisión es justamente el desarrollo de regulaciones que permitan, por una parte limitar los posibles excesos de las actividades científicas, que pueden apreciarse en efectos sobre la raza humana y sobre el todas las especies vegetales o animales del planeta como del medio ambiente en su conjunto y por otra, el aseguramiento de un estatuto jurídico que dé estabilidad y seguridad a quienes con sus recursos financian los altísimos costos de la investigación y desarrollo y a la futura rentabilización de su trabajo, pues evidente, que a nivel corporativo, la ciencia, no se financia con fines puramente académicos o altruistas, y que al contrario la ciencia realizada en antiguos reductos (vg: La Academia) alejados del mundo de la empresa y los mercados, hoy se articula con ellos para generar conocimiento útil para el desarrollo de productos que tengan por finalidad satisfacer necesidades humanas en ámbitos que cubren casi todas las facetas de la vida humana.
La forma en que los estados a nivel doméstico y a través de dispositivos convencionales internacionales protege la inversión que se vuelca en ciencia y en tecnología es estableciendo marcos normativos, que hacen nacer derechos pecuniarios al inventor y descubridor en algunos casos y prohibiendo a terceros emplear esos conocimientos para fines propios. Estos institutos jurídicos conforman el denominado Derecho Marcario y el Derecho de la Propiedad Industrial.
Para Yánez, las instituciones más recurridas son el copyright (derecho de copia), las marcas registradas, los secretos comerciales y las patentes industriales. Ahora bien, en el ámbito de la biotecnología y en general de las innovaciones tecnológicas, los tres primeros casi no tienen relevancia siendo la patente o patente de invención como denomina el Derecho Chileno el más relevante.
El Derecho Interno chileno
La Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, se encarga en su Titulo IV de regular de manera detallada las denominadas patentes de invención. Su artículo 31 parte señalando que “por invención -se entiende- toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Y define en consecuencia, a la patente como “el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención”.
Enseguida, el Artículo 32, se establece los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable, que en el fondo es lo mismo que decir los requisitos para estar en presencia de la invención misma. Y que son, siguiendo en la materia la normativa internacional y el derecho comparado, el que la invención sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. El artículo 33 precisa cada uno de esos elementos, diciendo que “una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El artículo 34 indica que se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica y finalmente el artículo 36 dice que “se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria”.
A continuación la Ley Chilena, señala casos en los cuales no se considera invención y por tanto no hay amparo legal de derechos. Es el caso de:
a)Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b)Las variedades vegetales y las razas animales.
c)Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de sim-ple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
d)Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
e)El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a
no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.
Finalmente el artículo 38 especifica casos de impatentabilidad general, al decir que no son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quién no es su legítimo dueño. Nos hemos detenido en el relato de la normas del Derecho Interno Chileno, que por cierto se enmarcan en al legislación internacional convencional, por cuanto, nos parece fundamental dejar muy asentado el estado regulatorio de estas cuestiones, más aún, cuando el problema de fondo que aborda esta iniciativa de Reforma a la Carta Fundamental, persigue crear un instituto constitucional nuevo, modificando el artículo 19 N° 24 para crear la noción de Patrimonio Genético Nacional y a partir de ella de Dominio Público Nacional Genético como medio de resguardo ante la acción de personas e instituciones de terceros países e incluso también de connacionales de patentar especies biológicas o secuencias genéticas de especies endémicas de nuestro territorio nacional.
El Fenómeno de la Patentabilidad de la Vida
Esta preocupación, surge a partir del hecho público y notorio a esta altura, de que empresas de distintos países se han encargado de patentar recursos genéticos, provenientes de terceros países con la finalidad de apropiarse de ellos, impidiendo a futuro su empleo por parte de otras personas. Las patentes, que originalmente fueron concebidas sólo para proteger invenciones mecánicas, y excluían formas de vida, hoy sin embargo extienden su marco de acción y de exclusión.
Es en la década de los ochenta cuando comienza un proceso tendiente a patentar formas de vida. La primera patente de este tipo fue concedida en 1980 sobre una Bacteria Psudomona creada por ingeniería genética en los Estados Unidos. La Corte Suprema dictaminó que este organismo era una invención y no un producto de la naturaleza y lo que es más grave, pues esa fue la base doctrinaria empleada como precedente para casos análogos posteriores por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, señaló que las patentes pueden concederse “a cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”. Con esto, dice el Profesor Yánez, “caía la vieja objeción contra las patentes de seres vivos por el simple hecho de estar vivos: la jurisprudencia estableció que no puede discriminar a una invención por este hecho, si cumple con los criterios clásicos de patentabilidad, agregándose a partir de esto, en el Tratado de Budapest de 1977 como único requisito adicional que para estas solicitudes de patentes sobre seres vivos, que los microorganismos deben constar previamente en un depósito de colecciones reconocidas para estos efectos”.
Como se podrá adivinar, a partir de este caso, la evolución en la materia ha sido rápida. Ya en 1985, la misma Corte dictaminó que las plantas y semillas también podían patentarse y posteriormente en 1988 y en 1992 la Oficina de Patentes Europea otorgan la primera patente a un animal, en este caso un ratón manipulado genéticamente para ser susceptible al cáncer y sus descendientes (oncorratón) que había desarrollado por la Universidad de Harvard. Siguió a este caso, el patentamiento de líneas celulares por parte de la Universidad de California y las patentes sobre secuencias de ADN, que fueron solicitadas en 1991 y 1992 por los Institutos Nacionales de Salud de los estados Unidos
Esta situación ha provocado un debate, ético, jurídico y político de proporciones en el mundo entero. La cada vez menos clara distinción entre descubrimiento, por definición no patentable e invención y las implicancias para el futuro desarrollo de la ciencia y de las economías de las naciones, ha obligado a la Comunidad Internacional a tratar de detener este proceso de verdadera privatización o apropiación de la vida pro parte de grandes compañías transnacionales y a los estados nacionales a asegurarse algún estatuto de resguardo mínimo para evitar que sus especies animales y vegetales, terminen siendo genéticamente apropiados por personas o países.
Lamentablemente, como señalan algunos autores, los acuerdos comerciales internacionales han sido utilizados para extender los sistemas de patentes sobre seres vivos a nivel mundial. Debido a la presión de las grandes compañías de los países industrializados por proteger sus inventos biotecnológicos, la Organización Mundial de Comercio (OMC), en uno de sus acuerdos adoptados en 1995, incluye la obligación de proteger las variedades de plantas a través de un sistema de patentes o un sistema sui géneris que sea efectivo. Este tratado internacional denominado Adpic (Acuerdos de propiedad intelectual relativos al comercio) permite patentar plantas, animales y microorganismos. Su objetivo es globalizar y homogeneizar los sistemas de patentes a escala mundial, lo que asegura a las compañías poder cobrar regalías por sus inventos en todo el mundo. Estos acuerdos de propiedad intelectual relativos al comercio permiten por lo tanto la apropiación de seres vivos y sólo otorgan valor a las invenciones industriales, sin considerar el valor de las innovaciones desarrolladas de forma comunitaria por los campesinos y pueblos indígenas durante cientos de años.”
Hoy en día, existen amenazas y atentados a los derechos de los pueblos del mundo fruto de esta acción de los países más desarrollados y de sus complejos industriales y biotecnológicos. Esto es especialmente gravoso para los países subdesarrollados. En estados del Hemisferio Norte donde se asientan los más avanzados laboratorios de biotecnología, se están otorgando patentes sobre recursos genéticos de países del Sur como especies de plantas, animales o microorganismos que no cumplen con los criterios de ser algo nuevo o útil. Alo anterior hay que agregar las patentes sobre especies transgénicas, genes humanos, seres clonados, etc. La literatura internacional destacada casos que son emblemáticos. Como el del Neem en La India, que es un árbol autóctono de ese país, el que tiene propiedades plaguicidas y medicinales. Pues bien este árbol y algunos de sus derivados han sido patentados y actualmente existen mas de 80 patentes sobre este árbol.
Otros caos de antología, son los que se han producido con un frejol o poroto mexicano o la quínoa boliviana.
La Patentabilidad de Especies Chilenas en el Exterior.
El caso chileno, es algo más que preocupante a juicio de los especialistas. El Estado de Chile y en concreto sus actuales autoridades no han sido capaces hasta el momento de asumir posturas definitivas y proactivas en la materia. Uno de los elementos para prevenir situaciones como las descritas, es regulando el acceso a los recursos genéticos, lo que en términos generales denominaremos la bioprospección. Hoy cualquier investigador foráneo puede venir a Chile y sacar del país, material genético que posteriormente estudiado en territorio extranjero puede dar conocimiento útil para generarse una patente.
En un muy reciente informe, elaborado por María Isabel Manzur, investigadora de la Fundación de Sociedades Sustentables, se indica que Chile fruto de su situación geográfica, de las fronteras naturales que lo separan del resto del mundo (alta cordillera, océano), es una pequeña isla de biodiversidad, con especies únicas en el mundo.
Manzur en su informe indica en relación a los Derechos de Propiedad Intelectual que “De acuerdo a cifras del departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, la experiencia de Chile en materias de propiedad intelectual es baja respecto a otros países industrializados. En el año 2002, se concedió un total de 763 patentes, de las cuales 60 (8%) son nacionales. También el patentamiento en el extranjero es muy bajo. En los últimos años las empresas chilenas obtuvieron en EE.UU. y Europa solo tres patentes en el área de la biotecnología (Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, 2003, www.dpi.cl).
Continúa la investigadora diciendo que “En Chile se han hecho algunos esfuerzos por recopilar información sobre casos específicos de derechos de propiedad intelectual sobre materiales chilenos (Manzur, 1997; Odepa, 1999), sin embargo no existe una investigación completa y exhaustiva sobre este tema.
Esta estudiosa se dio el trabajo de efectuar una búsqueda por Internet en las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes (www.ep.espacenet.com) y en el sitio de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (www.uspto.gov). Se ensayó ingresando 85 especies nativas y endémicas de Chile en el aparato de búsqueda, encontrando derechos de propiedad intelectual sobre 11 compuestos o procesos derivados de 9 especies chilenas, a saber: streptomyces higroscopicus, de donde se deriva la rapamicyna y la droga rapamune, el tomate silvestre, Lycopersicon Alstroemeria o lirio del campo, boldo, quillay, avellano, quínoa, Calceolaria andina y pepino dulce.
En relación a algunas especies chilenas, llama poderosamente la atención la cantidad de patentes con que algunas de ellas están protegidas: la Alstroemeria con 143, el Quillay con 52, la con 926 y el Lycopersicon con 50.
El Marco Normativo Internacional
Ya hemos señalado que existe un Derecho Internacional Convencional, representado por múltiples Tratados y Organizaciones Internacionales a cargo de abordar la compleja temática de la propiedad intelectual e industrial.
Chile en su calidad de miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es suscriptor de uno de su varios tratados complementarios, como es el Acuerdo de sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo Adpic) que obliga en términos generales a respetar los derechos de propiedad intelectual y las patentes de invención de los países miembros de la Organización. El incumplimiento de estas normas, genera responsabilidad internacional ante la Organización.
Sin embrago, es menester indicar que el Acuerdo sobre los Adpic prevé que se lleve a cabo un examen del párrafo 3 b) del artículo 27, que trata de la patentabilidad o no patentabilidad de las invenciones relacionadas con las plantas y los animales, y de la protección de las obtenciones vegetales.
Según la información oficial publicada por la propia OMC (www.wto.org) el párrafo 19 de la Declaración de Doha de 2001 ha ampliado el alcance del debate. En Doha se encomienda al Consejo de los Adpic que examine también la relación entre el Acuerdo sobre los Adpic y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, por cuanto, lisa y llanamente se ha apreciado a juicio de muchos estados partes de la OMC, especialmente los del hemisferio sur, que con la actual normativa internacional no se salvaguardan derechos esenciales de sus pueblos, especialmente en el ámbito de la agricultura, de la obtención de nuevas especies vegetales y del resguardo de los conocimientos tradicionales e indígenas.
Según la Oficina de Difusión de la OMC “Hasta ahora, los temas planteados en los debates celebrados en el Consejo de los Adpic, incluye entre otros asuntos la manera de aplicar las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre los Adpic relacionadas con la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y la medida en la cual deberían ser patentables las formas de vida; el significado de una protección efectiva “sui generis” para las obtenciones vegetales (es decir, en lugar de patentes, conforme a las versiones del Convenio de la Upov de 1978 y 1991). Ello incluye la cuestión de permitir a los agricultores que sigan guardando e intercambiando las semillas que han cosechado; la forma de abordar los conocimientos tradicionales, el folclore y el material genético, así como los derechos de las comunidades de procedencia. Entre las cuestiones clave, figuran las siguientes: la manera de evitar una concesión indebida de patentes y la posibilidad de respaldar la creación de bases de datos para ayudar a los examinadores de patentes; la medida en la cual los derechos de propiedad intelectual contribuyen a proteger los conocimientos tradicionales y el folclore y la conveniencia de elaborar una ley específica a tal efecto (“sui generis”), así como la determinación del foro idóneo para desarrollar ese tema, y finalmente la forma de aplicar conjuntamente el Acuerdo sobre los Adpic y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), y la conveniencia de modificar el Acuerdo sobre los Adpic, en particular, la eventual divulgación en las solicitudes de patente de la fuente del conocimiento tradicional o del material genético; el tipo de autorización que podrían obtener los investigadores e inventores antes de estar autorizados a utilizar dichos conocimientos y material en sus invenciones, y los posibles métodos para compartir los beneficios con las comunidades locales cuando los inventores de otros países tienen derechos sobre invenciones basadas en material obtenido en la localidad correspondiente.
En relación al Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile, debemos señalar que sus objetivos prioritarios (Informe Final Fundación Sociedades Sustentables, Chile, 2004) son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización de los recursos genéticos. Asimismo este Convenio, trata de manera expresa el tema del respeto, preservación y mantención de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad natural que llevan a cabo las comunidades locales y pueblos indígenas.
Una de las principales preocupaciones de este Convenio y de su Secretaría Permanente, dice relación con el acceso a los recursos genéticos, con su regulación, justamente para evitar abusos, siendo el bioprospección una materia clave para generar, un acceso controlado a los mismos, que permita en el futuro, reclamar de los terceros que acceden al material genético las recompensas o compensaciones por parte de los países o comunidades locales que se pueden exponer a la patentación en territorio extranjero de su “patrimonio genético”. Tan solo en febrero de este año, 2004, las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica acordaron iniciar negociaciones internacionales para elaborar y negociar la naturaleza, el alcance y los elementos del régimen internacional de acceso y participación en los beneficios.
Acciones Gubernativas en la Materia
Hasta el momento la acción del ejecutivo en la materia no ha sido ni todo lo coherente ni todo lo proactiva que se podría desear, más aún, si se considera la importancia presente y futuro del tema. Hoy para algunos es la soberanía de los estados la que está en juego, fruto del proceso de apoderamiento del conocimiento tradicional o de apoderamiento de secuencias genéticas de especies endógenas de distintos países, especialmente de los más pobres, donde curiosamente existe una mayor concentración de biodiversidad de sus especies animales y vegetales.
El gobierno, sin embargo, y así lo prueban los documentos que sobre la materia ha elaborado el Gobierno (Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología: La Biotecnología como herramienta para el desarrollo y el Bienestar, Noviembre de 2003), el que indica en la materia que Chile debe impulsar modificaciones legales tendientes a asegurar que Chile actualizará el marco legal de Propiedad Industrial y de Obtentores de Variedades Vegetales. En efecto, está a punto de terminar su tramitación el Proyecto de Ley que Modifica la Ley Nº 19.039, Sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial (Boletín 2416). Este proyecto, en su fase final reforma el artículo 37 de la Ley diciendo que “no se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley: b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección y,
f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.”
En el fondo, Chile, a partir de la redacción de esta norma, y ante la carencia de otras normas legales en la materia, especialmente en relación a la regulación de la bioprospección, abre la puertas ya no solo a la patentabilidad de especies biológicas fuera de sus fronteras sino que también en nuestro propio país.
Más aún, si bien, formalmente aparece mencionada en la Política Nacional de Biotecnología el tema del acceso a los recursos genéticos, en la práctica nada concreto se ha hecho en la materia, salvo algunas iniciativas de la Conama y organismos especializados del Ministerio de Agricultura, entre otras cosas la elaboración de contratos tipos para regular convencional y voluntariamente el acceso recursos genéticos, los cuales, en la práctica no son imperativos de celebrar para ninguna compañía ni bio-explorador extranjero o nacional.
La Experiencia Comparada
A nivel regional, se ha constituido el denominado Régimen Andino de Acceso a Los Recursos Genéticos. Este régimen involucra a cinco países, que tiene en común el tener una alta diversidad biológica. Se trata de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, quienes al amparo de la Comunidad Andina han sido capaces de concordar un sistema común de acceso a sus recursos genéticos
Este Régimen se adoptó a través de la Decisión 391, de 1996, el que se complementa con un régimen común sobre propiedad industrial el que tiene su base en la Decisión 486, de 2000.
En relación al acceso a los recursos la parte considerativa de la misma señala que los Países Miembros son soberanos en el uso y aprovechamiento de sus recursos, principio que ha sido ratificado además por el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en junio de 1992 y refrendado por los cinco Países Miembros; asimismo, estos países cuentan con un importante patrimonio biológico y genético que debe preservarse y utilizarse de manera sostenible. También consideran especialmente el hecho que los países integrantes de la Comunidad Andina se caracterizan por su condición multiétnica y pluricultural y que la diversidad biológica, los recursos genéticos, el endemismo y rareza, así como los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales asociados a éstos, tienen un valor estratégico en el contexto internacional. Acto seguido se reconoce la contribución histórica de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo y a la utilización sostenible de sus componentes, así como los beneficios que dicha contribución genera y termina señalando que los recursos genéticos tienen un gran valor económico, por ser fuente primaria de productos y procesos para la industria.
En la parte doctrinaria más medular de la Decisión se señala en su Artículo 5. que “Los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión.
La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad Biológica y en la presente Decisión.
El artículo 6 agrega que “Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los Países Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas legislaciones internas.
Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado.
Asimismo, en su Artículo 7 se declara que “Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados”
Sin duda, que estas declaraciones, que tiene el carácter de Derecho Convencional Internacional entre los integrantes de la Comunidad Andina de naciones, deben servir de aliciente a estados como el chileno, para abordar con mayor decisión la regulación de las actividades científicas en su territorio y para resguardar sus derechos a sobre el patrimonio genético. Si analizamos con detención, los países del Pacto, nos señalan claramente que existe soberanía nacional de cada estado sobre el patrimonio genético, que son bienes públicos, bienes que integran el dominio público nacional, lo que a nuestro juicio, es el camino correcto, pues, dejan a las leyes nacionales la regulación de las consecuencias de esta declaración y en concreto, la normativa sobre el régimen de acceso a los mismos
Asimismo, los estados nacionales salvaguardan los derechos que a cada una de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales les corresponde sobre sus conocimientos tradicionales colectivos.
Consideramos, que la adopción de esta normativa, va por el camino correcto, pues ante la demanda de algunos, en el sentido de declarar absolutamente inapropiable el patrimonio genético, dejándolo como una res nullius, una cosa de nadie, lo único que se logra, ante la desprotección de un titular, es la apropiabilidad por parte de terceros estados o personas.
Creemos, que Chile, y por eso presentamos este proyecto de reforma constitucional, debe asumir el desafío de declarar ante el mundo que posee un patrimonio genético propio, que es el patrimonio común de la Nación Chilena, que está radicado en toda sus especies animales y vegetales, incluyendo en el genoma de sus habitantes, el cual, no puede ni debe ser patentado en terceros estados. Y al mismo tiempo, que cualquier aprovechamiento que se quiera hacer de nuestras especies, en terceros países debe hacerse en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, esto es, obteniendo a cambio las compensaciones justas, por el beneficio generado, a partir de lo que es propio.
Esta es la tendencia del mundo moderno. Los estados nacionales avanzan, dan pasos para proteger lo que consideran propio. Así lo ha hecho Costa Rica, con su ley sobre Biodiversidad de 1998, que regula de manera detallada el acceso a los recursos genéticos, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de la biodiversidad, asentado sobre el principio que las propiedades bioquímicas y genéticas de los recursos biológicos silvestres o domesticados son públicas, por lo que corresponde al Estado autorizar la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el aprovechamiento de los mismos. Lo mismo, hace hoy en día, Brasil, Filipinas, India y países de la Unión Africana. También se ha formado el Grupo de Países Megadiversos, formado por 15 de las naciones más ricas en biodiversidad, que contienen 70% de la biodiversidad mundial, entre ellas, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, Filipinas, China e India.
Hoy día en nuestro país se preparan iniciativas legales en materia de acceso a los recursos genéticos y también un Proyecto de Ley Marco sobre Biotecnología, pero todos estos procesos normativos, posteriores serían mucho más eficientes y sencillos, si es que tuviéramos una norma, de rango constitucional que consagrara el dominio público sobre el Patrimonio Genético Nacional y que al mismo tiempo reconociera el derecho de las comunidades indígenas a su conocimiento tradicional vinculado a la diversidad biológica y a su aprovechamiento sustentable en el tiempo.
Por lo señalado, es que proponemos, a la H. Cámara de Diputados este Proyecto de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 19, N° 24, agregando un inciso 12 que establece el dominio del Estado de carácter absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos genéticos y sus productos derivados en relación a las especies animales y vegetales, endémicas que se encuentren en su territorio. Asimismo, proponemos, dejar al legislador el regular, mediante una Ley Orgánica Constitucional el régimen de acceso y patentabilidad de estos recursos, el que siempre deberá velar por la salvaguarda de los intereses nacionales y por la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los de los recursos genéticos. Asimismo, proponemos que la Carta Fundamental, declare acto seguido que Chile reconoce el derecho de sus comunidades indígenas sobre sus conocimientos y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.
Confiamos, en que esta Cámara de Diputados, siguiendo el mandato constitucional de promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, sea capaz de entender lo imperativo que resulta hoy en día avanzar en esta materia, pues de lo contrario, y fruto de los avances científicos y tecnológicos nos podremos en el mediano plazo ver privados de algo tan esencial y tan nuestro, como es nuestra propia diversidad biológica, fruto del proceso constante y ascendente de apoderamiento que sobre él, a nivel planetario efectúan grandes compañías transnacionales, bajo el auspicio o con la complicidad de los países del Primer Mundo.
Por tanto
El diputado que suscribe, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Agréguese el siguiente inciso 12, 13 y 14 al Artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República:
“El Estado tiene el dominio de absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos genéticos y de sus productos derivados en relación a las especies animales y vegetales, endémicas que se encuentren en su territorio.
Una Ley Orgánica Constitucional regulará el régimen de acceso y patentabilidad de estos recursos, el que deberá velar por la salvaguarda de los intereses nacionales y por la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los recursos genéticos.
El Estado, reconoce el derecho de sus comunidades indígenas sobre sus conocimientos y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados”.
Moción de los diputados señores García-Huidobro, Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Forni, Kast, Hernández, Recondo y Von Mühlenbrock.Modifica el artículo 36 de la ley de tránsito en la forma que indica. (boletín Nº 3823-15)
“Considerando:
1.Que, en el Mes de Marzo de cada año, miles de automovilistas comienzan el proceso de renovación de sus permisos de circulación en las respectivas municipalidades del país.
2.Que, la ley vigente señala como un prerrequisito para la obtención de los permisos de circulación el no tener multas de tránsito pendientes o no pagadas al momento de obtener esta autorización, así se señala en l artículo 3 Letra E del Decreto Nº 152 del Ministerio de Transporte que dice expresamente que se proporcionará la información necesaria a las Municipalidades que les permita verificar que solo emitirán el permiso de circulación, una vez que no existan deudas originadas en multas de transito asociadas al vehículo en cuestión.
3.Que, sin embargo y siempre estando de acuerdo con el principio de que las infracciones a la ley del tránsito se deben cancelar, existe un tipo de parte o multa que se ha transformado en un problema permanente para los dueños de vehículos. Nos estamos refiriendo a los partes empadronados.
4.Que, no existe consenso en la ciudadanía ni siquiera entre nosotros, los legisladores, de la justicia o equidad de la sanción. El afectado por un parte empadronado, muchas veces ni siquiera ha tomado conocimiento de la infracción, o a veces ella es injusta o incluso por problemas que se desconocen se cursan estos partes a vehículos que ni siquiera estuvieron en la zona donde se les cursó el parte.
5.Que, la ley N° 18.290, de Tránsito, establece en su artículo 6 que el Notario u otro Ministro de Fe, cuando autoricen el contrato de compraventa, tendrán que requerir la inscripción de dominio en el Registro de Vehículos Motorizados a costa del comprador del vehículo. Creemos que este es el momento exacto y oportuno, es decir, al momento de la autorización, para que el adquirente pueda tornar conocimiento de si el auto comprado tiene multas empadronadas pendientes y poder realizar las negociaciones pertinentes para paliar este gasto imprevisto al momento de renovar su permiso de circulación.
6.Que, el mérito de esta iniciativa es solamente poner en conocimiento del comprador del vehículo, al momento de concurrir a la notaría o en presencia de otro Ministro de Fe si éste tiene o no multas pendientes y que de este modo dotaríamos a estas transacciones comerciales de un mayor grado de transparencia y equidad en la operación comercial.
PROYECTO DE LEY
“Artículo único: Modifíquese la ley del tránsito N° 18.290, de 1984, del modo que sigue: 1. Reemplázase el inciso quinto del artículo 36 por el siguiente
“En los casos en que el título translaticio de dominio sea autorizado por Notario u otro Ministro de fe, éste deberá requerir del vendedor un certificado del Registro de Multas del Tránsito no Pagadas con una vigencia no superior a 30 días y solicitar la inscripción a costa del adquirente, en el plazo señalado en el inciso anterior”.
Moción de los diputados señores Forni, Álvarez, Barros, Ibáñez, Kast, Longueira, Paya, Uriarte y de las diputadas señoras María Angélica Cristi y Marcela Cubillos.Proyecto de ley para erigir un monumento a S.S. Juan Pablo Segundo en diversas ciudades de Chile. (boletín Nº 3827-04)
I. SU VIDA.
Karol Józef Wojtyla, conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kms. de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund (médico) murió en 1932 y su padre (suboficial del ejército) en 1941.
A los 9 años hizo la Primera Comunión, y a los 18 recibió la Confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la Universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay), para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.
A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo de Cracovia, Cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del “Teatro Rapsódico”, también clandestino.
Tras la segunda guerra mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946.
Seguidamente, fue enviado por el Cardenal Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheler”. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el seminario mayor de Cracovia y en la facultad de Teología de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo Auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral del Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II (1962-65), con una contribución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el Cardenal Wojty_a tomó parte en todas las asambleas del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el Papa Juan Pablo II ha realizado 104 viajes pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior de este país. Además, como Obispo de Roma ha visitado 317 de las 333 parroquias romanas.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 44 Cartas apostólicas. El Papa también ha publicado cinco libros: “Cruzando el umbral de la esperanza” (octubre de 1994); “Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal” (noviembre de 1996); “Tríptico romano - Meditaciones”, libro de poesías (Marzo de 2003); “¡Levantaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004) y “Memoria y identidad” (su publicación está prevista para la primavera de 2005).
Juan Pablo II ha presidido 147 ceremonias de beatificación -en las que ha proclamado 1338 beatos- y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Ha celebrado 9 consistorios, durante los cuales ha creado 231 (+ 1 in pectore) Cardenales. También ha presidido 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 Asambleas del Sínodo de los Obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.100 peregrinos han participado en las más de 1160 Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Ese numero no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas [más de 8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del año 2000] y los millones de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 737 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 245 audiencias y encuentros con Primeros Ministros.
II. SU VISITA A CHILE.
Juan Pablo II inició su visita a Chile el 1º de abril de 1987 y a su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez fue recibido por una multitud emocionada por su presencia. En seis días recorrió nuestro país de norte a sur, reuniéndose con mapuches, trabajadores, presidiarios y los miembros de la Junta Militar.
Su primera actividad fue un encuentro con sacerdotes, diáconos y religiosos, en la liturgia celebrada en la Catedral Metropolitana. Al atardecer se dirigió hasta la virgen del cerro San Cristóbal y bendijo desde las alturas la ciudad de Santiago.
El segundo día de su visita, tuvo un encuentro con pobladores de toda la capital, en el parque La Bandera, en la comuna de San Ramón. En dicha ocasión hizo alusión al régimen de la época y señaló “sed fieles a vuestra vocación y a la misión que habéis recibido, y no permitáis que otros intereses, extraños al Evangelio, enturbien la pureza de vuestra labor de asistencia y santificación”.
También valoró las pequeñas organizaciones como juntas de vecinos y ollas familiares, por ser la base de un sistema democrático. Ese mismo día se traslado al Seminario Pontificado Mayor, donde instó al clero episcopal, a que siguieran las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
A menos de 24 horas de su llegada al país, Juan Pablo II se trasladó a la V Región, donde realizó la eucaristía de la familia en el aeródromo de Rodelillo, en Viña del Mar. Luego envió su bendición por radio y televisión a los habitantes de la Isla de Pascua. Cuando la noche casi arrullaba los hogares capitalinos, el santo padre pronunció un mensaje cargado de emoción ante más de 85 mil personas, que sobrepasaban las dependencias del Estadio Nacional. Al otro día, el Papa se reunió con religiosas y miembros de los institutos seculares en el Templo Votivo de Maipú. Ahí aprovechó de destacar su importancia para nuestra independencia. Posteriormente coronó a la virgen del Carmen. El Sumo Pontífice se dirigió la mañana del viernes al Hogar de Cristo donde dio su bendición a los enfermos y presentes. Una de las actividades más importantes para el pueblo cristiano chileno, fue la oficialización de la beatificación de sor Teresa de Los Andes, en la eucaristía de la Reconciliación, oficiada en el Parque O'Higgins. Luego se reunió con dirigentes empresariales, políticos y gremiales en la sede de las Obras Misionales Pontificias.
Su viaje a Punta Arenas se inició el sábado, donde ofició la Acción de Gracias por la Paz frente a miles de fieles que batían banderas de Chile y Argentina. En ese momento se vino a la memoria del Pontífice el conflicto que tuvieron a las dos naciones a fines de la década del setenta al borde de la guerra. Durante la tarde se trasladó a la Octava Región. En el Club Hípico de Concepción tuvo un encuentro con los trabajadores, al que asistieron 300 mil creyentes.
Posteriormente se trasladó a Temuco y se congregó con los habitantes de La Araucanía en una eucaristía en la Pampa Ganaderos.
Luego de su visita al sur, el santo padre se trasladó a La Serena y Antofagasta. El lunes 6 presidió la eucaristía del Norte Grande. No se olvidó de los que estaban privados de libertad y visitó a los reclusos de la cárcel de esa ciudad.
Les dijo que “desgraciadamente, las circunstancias no nos permiten el poder compartir a solas unos minutos, pero es mi deseo que mis palabras las recibáis como si fueran pronunciadas para cada uno de vosotros en particular”. La visita de Karol Wojtyla finalizó ese mismo día.
III MEDIACIÓN PAPAL CONFLICTO CHILE-ARGENTINA.
Era 1978 y la guerra entre Chile y Argentina parecía inminente.
Los problemas entre ambas naciones respecto a los límites en el Canal de Beagle, tenían a los países con la artillería lista.
En el caldeado ambiente, Chile propuso la mediación del Santo Padre.
Si bien era la única esperanza para no llegar a la guerra, la Santa Sede desde 1885 no participaba en una negociación internacional y el posible fracaso de la mediación, era un tema que preocupaba a los consejeros de Juan Pablo II.
Pero el Papa, a sólo dos meses de haber asumido, comenzaba a mostrar su voluntad de lucha por la paz.
En una conversación con un diplomático del Vaticano, el Pontífice dijo: “¿Cree usted que después de haber aceptado este ministerio podría quedarme aquí con los brazos cruzados, mientras esos dos países católicos van hacia la guerra?”
Y con esta respuesta de la Santa Sede, el 9 de enero de 1979 Chile y Argentina, con un representante del Mediador, firmaron el Acuerdo de Montevideo, cuya cláusula más inmediata fue el retiro de las tropas de las zonas más candentes y el cese del estado de guerra en Argentina.
El 12 de diciembre de 1980, el Papa entregó las primeras Propuestas, que Argentina, tardó cuatro años en darles su Aprobación.
Pero finalmente el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz entre ambos países, el que fue ratificado el 2 de mayo de 1985.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Autorízase erigir monumentos en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, Concepción, Temuco, La Serena y Antofagasta en memoria de S.S. Juan Pablo Segundo.
Artículo 2º.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará al efecto, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Autorízase la creación, en cada comuna, de un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por: a) Dos senadores y dos diputados;
b)El ministro de Educación, o quien designe en su representación;
c)Dos representantes designados por el Arzobispo u Obispo de la Arquidiócesis u Diócesis según corresponda;
d)El Director del Museo Nacional de Bellas Artes, o su representante, y
e)Los alcaldes de las comunas respectivas.
Los senadores y diputados serán designados por sus respectivas Cámaras.
El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a)Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b)Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la respectiva municipalidad y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos
Nacionales;
c)Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d)Administrar separadamente los fondos creados por el artículo 3º, y
e)Abrir una cuenta corriente especial para cada uno de los fondos que se constituyan en virtud del artículo 3º.
Artículo 6º.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que cada comisión determine.”.