Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ximena Vidal Lazaro
- Adriana Munoz D'albora
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V . ACUERDOS DE COMITÉS
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA. Primer trámite constitucional.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Roberto Delmastro Naso
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Juan Masferrer Pellizzari
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Ramon Barros Montero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Fulvio Rossi Ciocca
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 56ª, en miércoles 23 de marzo de 2005
(Especial, de 13.44 a 16.16 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel;
Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Acuerdo de Comités9
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala9
VI.Orden del Día.
Impuesto específico a la actividad minera. Primer trámite constitucional9
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que eligió como Presidente al senador señor Romero46
Oficios del honorable Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo:
2.Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003. (boletín N° 372210)46
3.Acuerdo sobre la Conservación de albatros y petreles, y sus Anexos 1 y 2, adoptados el 19 de junio de 2001, en Canberra. (boletín N° 365410)46
4.Primer informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que establece un impuesto específico a la actividad minera. (boletín N° 3772-08)47
5.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con
urgencia “suma”, que establece un impuesto específico a la actividad
minera. (boletín N° 3772-08)112
6.Moción de los diputados señores Errázuriz y Delmastro, que sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado. (boletín N° 381703)125
7.Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Masferrer,
Accorsi, Álvarez-Salamanca, Barros, Ceroni, Correa, García, Rossi y Silva, que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos transgénicos.
(boletín N° 381811)125
8.Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que sanciona al progenitor que acuse al otro de abusos
deshonestos para negar las visitas decretadas. (boletín N° 371807)126
VIII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Del Jefe de Comité del Partido por la Democracia por las cuales informa que en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, la diputada señora Vidal, doña Ximena, reemplazará en forma permanente a la diputada señora Saa, doña María Antonieta, y en la Comisión de Familia la diputada señora Muñoz, doña Adriana, reemplazará, de igual forma a la diputada señora Vidal, doña Ximena.
Contraloría General de la República:
DiputadoVon Mühlenbrock, información sobre proyecto denominado “Construcción de la Casa de la Cultura Ruka Kimun”.
Ministerio de Agricultura:
DiputadoMasferrer, tasa de morosidad de créditos otorgados en la Sexta Región.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, también, el senador señor Andrés Chadwick.
Asistieron, además, los ministros del Interior, don José Miguel Insulza; de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, y de Minería, don Alfonso Dulanto.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 13.44 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 50ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 51ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Ascencio , han adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.A partir del mes de abril, fijar las sesiones ordinarias de las comisiones permanentes que a continuación se indican en los siguientes horarios:
Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Constitución, Legislación y Justicia; de Educación, Cultura, Deportes y Recreación; de Hacienda, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, los martes de 15 a 17 horas.
Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social; de Defensa Nacional; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; de Salud; de Trabajo y Seguridad Social; de Economía, Fomento y Desarrollo, los martes, de 17 a 19 horas.
2.Trasladar la sesión ordinaria de los días jueves a los martes, de 19.15 a 22.15 horas.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato pueda sesionar simultáneamente con la Sala, a partir de las 15.45 horas, para el solo efecto de constituirse.
Acordado.
VI.ORDEN DEL DÍA
IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje, que establece un impuesto específico a la actividad minera.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Waldo Mora , y de la de Hacienda el señor Eugenio Tuma .
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3772-08, sesión 34ª, en 4 de enero de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5 de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Minería, señor Mario Cabezas .
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Waldo
Mora, hasta por quince minutos.
El señor MORA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley tiene por objeto establecer un impuesto específico a la renta obtenida por la venta de productos mineros, que se incorpora en la ley sobre Impuesto a la Renta.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
El artículo 3º permanente se incorporó al texto del proyecto mediante indicación formulada por el Ejecutivo.
No hay artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
El proyecto en su totalidad debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
El presidente de la Comisión declaró inadmisibles diez indicaciones formuladas por varios señores diputados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Para su estudio, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración de las siguientes personas:
El ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán ; el asesor del ministro, señor Marcelo Tokman ; la asesora, señora Jacqueline Saintard ; y el abogado asesor, Francisco Galli .
El ministro de Minería, señor Alfonso Dulanto Rencoret ; el jefe de gabinete, señor Pedro Urzúa Frei ; el subsecretario de Minería, señor Mario Cabezas Thomas ; el asesor, señor Ignacio Santelices , y el abogado asesor, señor Diego Vio .
El vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre, señor Patricio Cartagena y el analista de Cochilco, señor Luis Venegas .
Además, concurrieron invitados por la Comisión las siguientes personas e instituciones:
Por la Sociedad Nacional de Minería, los señores Alfredo Ovalle Rodríguez , presidente; Ramón Jara Araya , vicepresidente;
Alberto Salas Muñoz , segundo vicepresidente, y Álvaro Merino Lacoste , gerente de estudio.
Por el Consejo Minero, los señores William Hayes , presidente; Jean Paul Luksic , vicepresidente; Francisco Costabal Madrid , vicepresidente; Thomas Keller Lippold , tesorero, y Francisco Soto Retamal , ingeniero de estudios.
Por la Confederación de la Producción y el Comercio, los señores Hernán Somerville Senn , presidente, y Carlos Urenda , gerente general.
Por la Federación de Trabajadores del Cobre, los señores Raimundo Espinoza Concha , presidente; Bismarck Robles Guzmán , vicepresidente; Juan Raúl Zepeda , secretario general; Raúl Álvarez Cortés , asesor, y Héctor Olivares Solís , asesor legislativo.
Por el Servicio de Impuestos Internos, los señores Juan Toro Rivera , director, y René García Gallardo , subdirector.
Por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda , el señor Manuel Riesco Larraín .
Por la Fundación Terram, el señor Rodrigo Pizarro Gariazzo , director ejecutivo.
Por la Confederación Minera de Chile, el señor Moisés Labraña Mena .
Por el Instituto Libertad y Desarrollo, el señor Axel Bocheister , director de programas legislativos, y la señora Ana Luisa Covarrubias , directora del programa de medio ambiente.
I. Fundamentos del proyecto.
En el mensaje se indica que la Constitución Política de la República dispone en el inciso sexto, del numeral 24º del artículo 19, que el Estado tiene “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Se agrega que dichas minas se concesionan por el Estado para su explotación, en virtud de lo señalado en la ley orgánica constitucional Nº 18.097, sobre concesiones mineras.
Se señala que, desde la óptica económica, los recursos minerales no renovables poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad de explotarlos rentablemente. No obstante, en la actualidad, el concesionario minero aprovecha los recursos no renovables de la minería en forma gratuita, como si se tratase de un bien que no tiene valor económico.
Se plantea que el no cobrar por el uso de un insumo provocaría una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento de productos mineros. Dicha disminución artificial en el costo de explotación generaría incentivos a sobreexplotar los minerales, ya que los oferentes toman decisiones de producción sobre la base de los costos enfrentados por ellos.
Se enfatiza que, dada la naturaleza no renovable de los minerales, ante un eventual agotamiento de estos recursos, el país perdería una importante fuente de ingresos. Por lo tanto, se propone establecer un impuesto específico para corregir las situaciones descritas. Su cobro conllevaría a que los oferentes de productos mineros internalicen el costo correspondiente al valor del mineral extraído y que, por otra parte, la recaudación obtenida permitiría incrementar el esfuerzo fiscal destinado al fortalecimiento de la capacidad innovadora del país.
II. Minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo con esto último, la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer un impuesto específico a la renta obtenida por la venta de productos mineros e introducir modificaciones al Estatuto de la Inversión Extranjera, con el objeto de compatibilizar las garantías de invariabilidad tributaria para nuevos proyectos mineros, con este nuevo impuesto específico.
III. Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No los hay.
IV. Artículos del proyecto que, en conformidad con el artículo 220 del Reglamento, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Minería acordó que el proyecto en su conjunto fuera estudiado por la de Hacienda.
V. Artículos e indicaciones rechazadas por la Comisión.
Los diputados señores Bertolino y Rojas formularon una indicación para agregar en el inciso segundo del artículo 34 ter, nuevo, el siguiente número 4):
“4) Margen operacional, es la relación entre la renta imponible operacional y los ingresos totales obtenidos de la venta de productos mineros del explotador minero.”.
El presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Lo propio hizo con otras indicaciones presentadas por los mismos diputados, por lo que las omitiré.
El Presidente de la Comisión también declaró inadmisible una indicación que presentaron los diputados señores Leay , Vilches , Rojas, García-Huidobro y Kuschel para modificar el texto del inciso tercero del artículo 34, ter, nuevo, propuesto por el Ejecutivo, también por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Los diputados señores Leal , Jarpa y Valenzuela formularon una indicación al mismo artículo 34, ter, pero, por la misma razón que en los casos anteriores, el Presidente de la Comisión la declaró inadmisible. Lo mismo ocurrió con una indicación al señalado artículo presentada por los diputados señores Bertolino , Kuschel y Vilches y por la diputada señora Rosa González .
Por su parte, los diputados señores Robles, Vilches , Leal , Mora , Mulet , Encina y Bertolino formularon indicaciones para modificar otras disposiciones del proyecto, pero, una vez más por tratarse de atribuciones exclusivas del Presidente de la República, el diputado señor Leay , presidente de la Comisión, las declaró inadmisibles.
VI. Discusión y votación en general del proyecto.
Cómo sólo dispongo de quince minutos, hago presente a la Sala que sólo me referiré, mediante una síntesis, a las intervenciones más importantes habidas durante la discusión y votación del proyecto.
El ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre , inició su exposición señalando que a través del proyecto en estudio se desea obtener del sector minero una contribución adicional, para lo cual se tomó en consideración lo dispuesto en el número 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas.
También se consideró que los recursos minerales no renovables poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad de explotarlos rentablemente.
En tal sentido, la industria minera presenta una notoria e importante diferencia con otros sectores productivos, por cuanto explota un insumo que constituye un recurso natural no renovable.
Explicó que entre la variada literatura económica hay textos que señalan que quienes explotan recursos mineros deben pagar una renta por obtener un beneficio de ello, como ocurre en todos los países donde se ha concesionado la explotación de los minerales al sector privado. Como estos recursos tienen un gran valor económico, realidad indiscutida en la teoría económica universal, es perfectamente factible que el Estado cobre una regalía a quienes explotan yacimientos mineros.
Señaló que el uso gratuito de un insumo no renovable, en este caso los recursos mineros, provoca una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento del producto. Tal situación genera incentivos para sobreexplotar los minerales, en razón de que los oferentes toman decisiones de producción sobre la base de los costos que deben enfrentar.
Agregó que en Chile el concesionario minero aprovecha los recursos no renovables de la minería en forma gratuita, como si se tratase de un bien que no tiene valor económico, lo que conduce a la sobreoferta o sobreexplotación. Como consecuencia de ello, dado el tamaño de las exportaciones de Chile en este mercado, la sobreproducción lleva a una disminución en el precio internacional de los recursos mineros. Además, dada la importancia de las exportaciones minerales en el total de las exportaciones del país, la sobreproducción genera una moneda local más apreciada o, en otras palabras, un dólar más barato, por el exceso de divisas que llegan al país, lo que afecta negativamente la competitividad de otros sectores de la economía.
Es del caso explicar que, dada la naturaleza no renovable de los minerales, ante un eventual agotamiento de estos recursos el país perdería una importante fuente de ingresos y bienestar, lo que afectaría el presupuesto público tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Por lo tanto, al establecer un impuesto específico, como el propuesto mediante esta iniciativa, se corrigen ambas distorsiones: se evita la sobreexplotación y se permite paliar el daño que a las generaciones futuras les causa la explotación actual de los recursos y su eventual agotamiento.
En este punto no se parte de cero, pues ya se encuentran entregadas en concesión las explotaciones mineras contra el cobro de solo una patente, por lo que únicamente queda la corrección mediante el impuesto.
Explicó que existen varias modalidades de impuestos.
Una es la que tradicionalmente se aplica, que es la de un cobro por un porcentaje simple del valor de las ventas, conocido como Royalty ad valorem o impuesto ad valorem. Sin embargo, ésta ha dejado de aplicarse, porque no considera la diferencia de costos de producción entre las empresas, lo que da un valor económico al bien que puede ser mayor o menor y, por lo tanto, la renta a pagar por él no puede ser la misma. Este “costo fijo” distorsiona las decisiones de extracción, producción y exploración, subiendo la ley de corte y transformando proyectos rentables en no rentables.
Una segunda modalidad señaló el ministro es la de establecer un cobro sobre el valor de las ventas, deduciendo sólo algunos costos. Este mecanismo es desestimado porque desincentiva el uso de insumos, cuyo costo no se descuenta; dificulta la fiscalización, y tiene efectos sobre la extracción, producción y exploración.
La tercera modalidad es la que establece el proyecto, cual es la de efectuar un cobro o establecer un impuesto específico, que sea un porcentaje de la utilidad operacional del explotador, con deducción de todos o la generalidad de los costos, con la sola excepción de aquellos que no son costos económicos, sino que se imputan por convención contable.
En términos resumidos, se trata de un cobro sobre el valor de las ventas, deducidos los costos y gastos directos asociados a dichas ventas.
En definitiva, lo que se propone mediante esta iniciativa es cobrar un porcentaje de la utilidad operacional, que es un mecanismo simple y eficiente que corrige las deficiencias de otros mecanismos. Agregó el ministro que la experiencia internacional de países desarrollados como Australia y Canadá, en materia de tributación minera, avala este tipo de cobro en discusión.
Planteó que los impuestos no pueden ser discriminatorios, en razón de que no puede gravarse con impuestos distintos a agentes económicos que se encuentran en igualdad de condiciones. Ahora bien, el sector de la industria minera está en una condición distinta del resto de los sectores productivos, pues es el único que extrae, gratuitamente, un recurso no renovable que tiene una renta económica. El impuesto específico que se propone mediante este proyecto de ley, debiera aplicarse por igual a todos los agentes de la actividad minera. Sin embargo, no todos los explotadores mineros se encuentran exactamente en las mismas condiciones, pues, por aplicación del decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, algunos de ellos han suscrito un contratoley con el Estado que les otorga una invariabilidad tributaria, fijando un máximo al impuesto de primera categoría que es de 42 por ciento. Tales operadores se ampararán en dicha invariabilidad mientras les resulte menos gravosa que el nuevo impuesto que se establece.
Por lo tanto, el Estado debió preguntarse ¿cómo acelerar este abandono? ¿Cómo se puede incentivar a ello? Puesto que la propuesta se haría efectiva a través de modificar la ley de impuesto a la renta, no sería posible aplicar compulsivamente este impuesto y vulnerar la invariabilidad, ya que existe un impedimento legal para ello.
Con respecto a la invariabilidad, quiero hacer notar que a este impuesto se pueden acoger las empresas mineras y está garantizado en el decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera.
Explicó que, para aplicar el impuesto específico, se incluyen en el proyecto incentivos y mecanismos disuasivos, que fueron calculados de manera tal que la compensación entre ambos otorgue un efectivo estímulo para que el inversionista se cambie, pues si esto no se logra, la modificación legal no serviría de nada.
Expuso que los incentivos consisten en diversas medidas, a saber:
Primero, establecer para este impuesto específico una invariabilidad tributaria por un determinado plazo a cambio de la renuncia del inversionista a la invariabilidad que tiene en virtud del decreto ley Nº 600, de 1974. Por lo tanto, se cambia una invariabilidad por otra.
Segundo, establecer una tasa de impuesto específico menor de 4 por ciento, que afectará al operador que no se acoja voluntaria y oportunamente a este nuevo régimen.
Es decir, aquellos que no se acojan al nuevo régimen, pagarán mayores impuestos, y los que se acojan a éste gozarán de beneficios tributarios así lo establece el artículo transitorio del proyecto, en el sentido de que no pagarán en los próximos dos años el impuesto que estamos tratando.
Los aspectos disuasivos son los siguientes:
1.El nuevo impuesto igualmente afectará al inversionista que no se acoja al cambio propuesto dentro de un plazo determinado, renunciando voluntariamente cuando deba ingresar al nuevo régimen, sea porque se le vence la invariabilidad que establece el decreto ley Nº 600, de 1974, o porque tardíamente renuncia a ella. En este caso, el inversionista estará afecto a una tasa mayor por este impuesto minero de 5 por ciento y no de 4 por ciento, de haberse acogido oportunamente a este nuevo régimen.
2.Tampoco tendrán derecho a invariabilidad de la tasa de este impuesto específico los proyectos mineros que se caracterizan por ser de muy larga duración y maduración.
3.Mientras los inversionistas se acojan al decreto ley Nº 600, de 1974, pagarán por concepto de impuesto a la renta 42 por ciento y no 35 por ciento.
Señaló que este impuesto se aplicará en los siguientes casos:
a)Cuando el explotador minero presente una rentabilidad operacional igual o superior a 8 por ciento. Dicho en términos negativos, el impuesto específico no se aplicará a aquellos explotadores mineros cuyo margen operacional por la venta de productos mineros sea igual o inferior a 8 por ciento estarán exentos. Este piso permite atenuar los impactos que podría causar al explotador una muy fuerte baja del precio del mineral.
b)Cuando las ventas anuales de productos mineros del explotador excedan de 8 mil unidades tributarias anuales. En términos negativos, el impuesto tampoco se aplicará a aquellos explotadores cuya venta anual de productos mineros sea igual o inferior a 8 mil unidades tributarias anuales. Esta exención favorece a proyectos mineros de envergadura o de rentabilidad pequeña y mediana.
Planteó que por tratarse de un impuesto a la renta, admite ser pagado mensualmente mediante la modalidad de pagos provisionales mensuales, los que, en este régimen, serán obligatorios.
Por otro lado, los contribuyentes de este impuesto deberán someter sus estados financieros anuales a auditorías externas y presentar a la Superintendencia de Valores y Seguros estados financieros individuales y consolidados, trimestrales y anuales, y una memoria anual con información sobre la propiedad de la entidad, para mejor fiscalización y mayor transparencia.
Finalmente, indicó que las empresas que suscribieron un contrato ley con el Estado de Chile en conformidad al decreto ley Nº 600, de 1974, antes del 1 de diciembre de 2004, podrán acogerse a este nuevo régimen hasta el 30 de noviembre de 2005, para lo cual deberán renunciar a la invariabilidad tributaria contenida en los artículos 7º y 11 bis del señalado decreto ley, a cambio de la cual contarán con invariabilidad en el impuesto específico.
Por otra parte, se les aplicará una tasa especial de 4 por ciento sobre las utilidades operacionales y durante un período de transición de dos años, dentro del cual el 50 por ciento del monto pagado por concepto del impuesto específico operará como crédito, y el otro 50 por ciento como gasto para efectos de la determinación del impuesto de primera categoría.
Señor Presidente, con esto doy por terminado el informe de la Comisión de Minería, sin perjuicio de señalar que su texto escrito, en manos de los señores diputados, es mucho más extenso y completo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra, por 15 minutos, el diputado señor Eugenio Tuma , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encomendado informar el proyecto que establece un impuesto específico a la actividad minera.
Constancias previas.
Origen y urgencia. La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, calificada de “suma urgencia”.
Disposiciones o indicaciones rechazadas: No existen.
Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad: Todo el articulado.
Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Nicolás Eyzaguirrre , ministro de Hacienda; Alfonso Dulanto , ministro de Minería; Mario Cabezas , subsecretario de Minería; Marcelo Tokman y la señora Jacqueline Saintard , asesores del Ministerio de Hacienda, y Pedro Urzúa , jefe de Gabinete del ministro de Minería.
También concurrieron, especialmente invitados, los señores Francisco Costabal , Francisco Soto y Eduardo Loyola , en representación del Consejo Minero, y Alfredo Ovalle , Ramón Jara , Alberto Salas y Álvaro Merino , en representación de la Sociedad Nacional de Minería.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer un impuesto específico a la renta obtenida por la venta de productos mineros, cuyo sujeto activo es el explotador minero y la tasa del impuesto es de 5 por ciento, determinada sobre la renta imponible operacional. Dicho impuesto no se aplica a aquellos explotadores mineros cuyo margen operacional sea igual o inferior a 8 por ciento y a aquellos cuya venta anual de productos mineros no exceda de 8 mil unidades tributarias anuales.
Por otra parte, el proyecto permite que en régimen el monto del impuesto específico efectivamente pagado se considere como un gasto necesario para producir la renta, con el objeto de la determinación del impuesto a la renta.
El proyecto introduce modificaciones al decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, con el fin de compatibilizar las garantías de invariabilidad tributaria para nuevos proyectos mineros con la aplicación del nuevo impuesto. En primer lugar, explicita que las garantías de invariabilidad tributaria entregadas a inversionistas extranjeros no incluyen el impuesto específico de que se trata y, en segundo lugar, incorpora un nuevo artículo al decreto ley Nº 600 que establece una nueva invariabilidad aplicable al impuesto propuesto.
Finalmente, mediante disposiciones transitorias se establece el tratamiento tributario de las empresas actualmente en operación.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 21 de diciembre de 2004, considera, tomando como base un precio del cobre de 1,05 dólares la libra, para el año 2006, de 1,00 dólar la libra para el año 2007, de 0,93 centavos de dólar la libra desde el 2008 en adelante, una variabilidad de entre 96 millones y 148 millones de dólares anuales en promedio.
Durante el debate de la Comisión, el señor Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda, manifestó que los fundamentos teóricos del proyecto de ley en estudio son los mismos que se tuvieron en vista en el proyecto de ley sobre royalty. Por tanto, sus pilares son básicamente dos: a) Lo dispuesto en el artículo 19, número 24º, de la Constitución Política de la República; esto es, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y, b) Los recursos minerales no renovables poseen un valor intrínseco debido a la posibilidad de explotarlos rentablemente.
Expresó, en relación con el segundo fundamento, que debe tenerse presente que la industria minera presenta una notoria e importante diferencia con otros sectores productivos, por cuanto explota un insumo que constituye un recurso natural no renovable al que se le agrega una riqueza significativa.
Afirmó que, en general, los países mineros cobran por la extracción de sus riquezas, ya sea por la vía de uno u otro mecanismo.
Sostuvo que es necesario reconocer los derechos adquiridos de los concesionarios mineros, sin embargo, ello debe equilibrarse con la garantía constitucional del numeral 24º del artículo 19. Se propone, entonces, un impuesto sobre la base de la renta y, por tanto, parecido al impuesto a la renta.
El señor Alfonso Dulanto , ministro de Minería, complementó la exposición anterior resaltando los ingresos derivados del proyecto y sus efectos para la pequeña, mediana y gran minería. En resumen, sostuvo que la actividad minera no se verá perjudicada por el proyecto, manteniendo su nivel competitivo.
El señor Alfredo Ovalle , presidente de la Sociedad Nacional de Minería, señaló que la iniciativa del Ejecutivo, que crea un impuesto específico a la actividad minera, atenta contra el modelo de desarrollo que ha adoptado el país.
Analizó someramente los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo que justificarían el proyecto de ley en discusión. Puso en duda los argumentos del Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa podía significar un desincentivo para la inversión minera y, en definitiva, dijo que el nuevo impuesto hará que el sector minero sea menos competitivo y que disminuya el interés por emprender nuevos proyectos, mermando la contribución al desarrollo económico del país y la creación de nuevas fuentes de trabajo.
El señor Francisco Costabal , vicepresidente del Consejo Minero, reiteró los conceptos vertidos por el presidente del Consejo en la comisión técnica.
El diputado señor Dittborn opinó que el proyecto en estudio constituye un cambio conceptual muy profundo, puntualizando que en el plano de las ideas es una cuestión de gran relevancia. Afirmó que el Ejecutivo propone una modificación al concepto de renta.
Planteó, asimismo, que del pensamiento económico propuesto se puede derivar hacia otras industrias; por ejemplo, hacia la industria del salmón.
El ministro señor Eyzaguirre admitió que, efectivamente, existen conceptos que son discutibles.
Precisó que el monto de la renta es distinto en cada proyecto y que si ésta se asocia a un recurso natural, el mercado tendrá en consideración el costo de extracción y producción. Un impuesto a la venta en este sector sería muy distorsionador, por cuanto los costos involucrados serán muy distintos.
Por ello, el proyecto plantea un impuesto sobre las utilidades operacionales.
Opinó que es necesario distinguir entre las ventajas comparativas y las rentas que se generan.
Comentó que hoy existen limitaciones ambientales para la producción del salmón. Agregó que, en todo caso, no se trata de un recurso no renovable. Lo único no renovable es el mineral.
La Comisión de Minería dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de la totalidad del proyecto aprobado por ella.
En consecuencia, la Comisión de abocó a estudiar cada uno de los artículos aprobados por la Comisión de Minería.
El Ejecutivo formuló indicación para agregar en el numeral 1), en el número 3) del inciso quinto del artículo 34 ter que se crea, la siguiente letra e), nueva:
“e) La contraprestación que se pague en virtud de un contrato de avío, compraventa de minerales, arrendamiento o usufructo de una pertenencia minera, o cualquier otro que tenga su origen en la entrega de la explotación de un yacimiento minero a un tercero. También deberá agregarse aquella parte del precio de la compraventa de una pertenencia minera que haya sido pactado como un porcentaje de las ventas de productos mineros o de las utilidades del comprador.”.
Por el numeral 2), se intercala en el numeral 2º, del inciso tercero del artículo 31, después de la coma (,) que sigue a la palabra “ley”, lo siguiente:
“con excepción del impuesto establecido en el artículo 34 ter en el ejercicio en que se devengue,”.
Por el numeral 3), se agrega en el artículo 38, el siguiente inciso final:
“De igual forma se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando se trate de operaciones realizadas con empresas independientes, siempre que los valores asignados sean inferiores a los que normalmente se cobran en los mercados internacionales en operaciones de similar naturaleza.”.
Estas modificaciones son coherentes y resguardan la totalidad de la iniciativa en el proyecto.
El Ejecutivo también formuló indicación para reemplazar el numeral 3), por el siguiente:
“3) Modificase el artículo 38 del siguiente modo:
“a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la frase “tomando como base de referencia para dichos precios”, la expresión “los precios pactados con o entre partes independientes en operaciones comparables,” antecedida por una coma(,).”.
No detallaré el resto de la indicación, por cuanto los señores diputados tienen a su disposición el texto.
Puesto en votación este artículo con las indicaciones precedentes, fue aprobado por 7 votos a favor y 6 en contra.
El Ejecutivo formuló indicación al artículo 2º para intercalar en el número 2), en el inciso cuarto del artículo 11 ter, que se crea, a continuación de la frase “En la respectiva solicitud de inversión extranjero deberá describirse”, la palabra “detalladamente”.
El ministro Eyzaguirre explicó que lo que se busca con la indicación es establecer reglas del juego lo más clara posibles entre la autoridad fiscalizadora y el empresario privado.
Puesto en votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por 10 votos a favor y 2 abstenciones.
En seguida, puesto en votación el artículo 3º, fue aprobado por 7 votos a favor y 6 en contra.
Finalmente, sometidos a votación los artículos 1º al 7º transitorios, fueron aprobados por 7 votos a favor y 6 en contra.
La iniciativa en informe se diferencia del proyecto del royalty, en cuanto propone un impuesto específico a la actividad minera, por lo que no es menester esperar un año para ingresarlo a trámite legislativo y requiere de quórum simple para su aprobación.
El actual proyecto contempla igual tasa para la minería metálica y no metálica; en cambio, el proyecto del royalty establecía una significativamente menor para la minería no metálica.
Quedan exentas del impuesto específico las empresas cuyas ventas sean inferiores a 8 mil unidades tributarias anuales, en lugar de las 2 mil que contemplaba el proyecto anterior.
La propuesta de impuesto específico establece un crédito de 50 por ciento contra el impuesto de primera categoría por dos años, en comparación con el proyecto anterior, que establecía un ciento por ciento de crédito por tres años.
Asimismo, el cobro del impuesto específico se encuentra condicionado a la renuncia de los derechos a invariabilidad tributaria, otorgados en virtud del decreto ley Nº 600, por lo que no se afectan los contratos firmados por el Estado. De este modo, se disminuye el riesgo de disputas ante tribunales internacionales.
Por último, la recaudación estimada es mayor en esta iniciativa.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda, por mayoría de votos, recomienda la aprobación de este importante proyecto de ley.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, las encuestas respaldan abrumadoramente votar a favor, primero, el proyecto de royalty I, y ahora, el de royalty II. Por eso, el Gobierno, después de declarar varias veces que no lo impulsaría, finalmente lo hizo.
Estoy convencido de que una es la opinión masiva, a veces un poco superficial, mal o interesadamente informada, y otra, la técnica, de largo plazo y responsable, que es la que se debe buscar. A veces, la mayoría coincide con la opinión técnica, pero no en este caso.
En primer lugar, no estamos ante un proyecto de royalty o de regalía; no lo pagan los extranjeros o los marcianos. Es un proyecto de ley de impuesto específico y discriminatorio, que afecta sólo a la minería de cobre y no cobre, metálica y no metálica.
Desde 1992 hasta ahora, más del 30 por ciento de la inversión extranjera se ha destinado al sector minero, especialmente a la minería del cobre, gracias a las condiciones vigentes desde esa fecha.
La actividad minera tiene modernizado y dinamizado a todo el norte chileno. Grandes ciudades se han desplegado en torno de esta actividad, y han incorporado productos y servicios anexos.
El Estatuto de la Inversión Extranjera sigue vigente y ha amparado la mayor parte de esas inversiones, que tienen el carácter de contrato de ley entre el Estado de Chile y los inversionistas.
Chile tiene ventajas comparativas, como la disponibilidad de minerales y la angostura o estrechez de su territorio, lo que facilita llegar cuesta abajo con los minerales desde los cerros o la cordillera hasta los puertos. Pero también tiene desventajas comparativas: está en un rincón del mapa y sus productos deben atravesar océanos para llegar a los principales mercados. Así, para llegar a China es necesario ir al otro lado del mundo.
Chile era el país más interesante para la prospección y exploración minera. Ahora, lo superan países vecinos y algunos estados de Estados Unidos de América. En consecuencia, si tenemos menos prospección o exploración, tarde o temprano tendremos menos reservas e inversiones y, por ende, menos empleo.
Entonces, ¿estamos acercando o alejando a Chile de los mercados; estamos estimulando o no la actividad minera en relación, no con nosotros mismos, sino respecto de los demás países? ¿Quién paga los mayores impuestos, entonces? ¿Los pagarán los propios inversionistas? ¿Se podrán traspasar al hemisferio norte? ¿Se pagarán con menos inversión o actividad económica en nuestras zonas mineras o con menos empleo y reinversiones? ¿Cómo se distribuirá ese pago? ¿Vale la pena? Si se trata de conseguir votos para las próximas elecciones, el cálculo indica que sí vale la pena.
Por otra parte, ¿son interesantes o despreciables los recursos recaudados? ¿Se pueden comparar con la mayor recaudación que ya está generando la actividad minera? ¿Será mayor el daño o el beneficio? ¿Qué pasa con los nuevos proyectos que están eligiendo países para invertir?
No todos los productos o faenas gravados van a la exploración ni se trata de minerías grandes, sino de actividades pequeñas y medianas.
¿Qué pasa con la minería de la sal, en Cahuil y otras salinas? ¿Qué pasa con el cemento, el cuarzo, el feldespato, la cal y el ripio, que se distribuyen en todo Chile? ¿Qué pasa con la formalidad o informalidad de la actividad minera pequeña y mediana? ¿Cómo se tratará tributariamente a los mineros que se acojan a la invariabilidad del nuevo impuesto y su incompatibilidad con la garantía establecida en los artículos 7º y 11 bis del decreto ley Nº 600 y que opten por una u otra invariabilidad?
Es costumbre de la Concertación y de sus autoridades acusar de evasión o de elusión tributaria cuando el contribuyente se acoge libremente a las leyes existentes y a las alternativas que ellas mismas entregan. ¿Para qué el Gobierno entrega otras alternativas si después le va a parecer mal que se acojan a ellas y va a perseguir cualquier decisión que tomen los mineros?
En ningún informe se nos muestra cuáles son las empresas afectadas, dónde están ni de qué tamaño son. No vayamos a quedar sentados sobre una proporción de recursos mineros que debiera convertirse en riqueza para los chilenos de hoy y enfrentemos situaciones como las que hemos visto en países vecinos. Tengo antecedentes de lo que pasó con la actividad del salitre. De producir casi 3 millones de toneladas, en sólo cinco años bajamos a 270 mil, es decir, en ese lapso, redujimos la producción a menos de un 10 por ciento. ¿Qué pasaría si quedásemos con un décimo de la producción de cobre?
La Concertación se pavonea del crecimiento económico del país en estos años. ¿Acaso no saben que el 20 por ciento de ese crecimiento se debe, precisamente, a la actividad minera?
Se nos informó que en los próximos siete años el Estado recibirá, sólo por concepto de impuestos, pagos por 9 mil millones. ¿Es realmente necesario crear estos impuestos?
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, Chile enfrenta el momento histórico de debatir y votar este proyecto que, si bien no es el original de royalty que hemos impulsado muchos parlamentarios, si contiene sus mismas ideas matrices que, por lo demás, están comprendidas en el artículo 19, número 24º de la Constitución Política de la República, que consagra para el Estado el dominio absoluto y exclusivo de todas las minas, y la explotación de un recurso minero no renovable en forma gratuita.
Ante el eventual agotamiento del mineral, el Estado tiene la posibilidad de actuar y cobrar un royalty, como ocurre en muchos países del mundo, o un impuesto específico como el que se discute hoy.
Todo el mundo sabe y ha sido patético para la historia política y tributaria chilena cómo se han buscado subterfugios, como en el caso de la Disputada de Las Condes, para eludir el pago de impuestos, lo que constituyó un verdadero escándalo. Después de quince años, se vendió en mil quinientos millones de dólares, pero nunca pagó impuestos. Nadie se explica cómo pudo darse esta situación.
Es normal que las empresas utilicen en forma reiterada la depreciación acelerada para diferir en el tiempo el pago de impuestos sobre sus utilidades e incluso para traspasar parte de esos recursos, a través de la remisión de ganancias, al extranjero. Pero a través de este mecanismo, que está establecido en el decreto ley Nº 600, han eludido el pago de impuestos. El proyecto pretende que estas empresas hagan un aporte mayor a nuestro país, que paguen un impuesto específico del 5 por ciento, con la finalidad de dar énfasis a la innovación y al desarrollo, que son muy precarios en Chile.
La mayoría de los países han establecido royalties. En Chile no fue posible concretarlo por la oposición de la gran mayoría de los parlamentarios de los partidos de la Alianza por Chile. Por eso hemos escogido esta alternativa de un impuesto específico, cuyos frutos son superiores a los que esperábamos de esa regalía.
La gente se confunde con la información. Aquí estamos hablando de que las empresas que pagarán este impuesto específico en 2004 han tenido ganancias por 9 mil millones o 10 mil millones de dólares, según datos que ellas mismas han proporcionado. Es obvio que pagan impuestos a la renta y de primera categoría, pero este pequeño esfuerzo del 5 por ciento de la renta imponible operacional que se les está pidiendo va a significar entre 200 millones y 250 millones de dólares, que se destinarán a crear un fondo para la innovación y el desarrollo, que es clave para un país como Chile. Me parece bien la decisión del Ejecutivo de que estos recursos no vayan a gasto corriente, sino que a este frente debilitado que tiene el país para lograr su desarrollo y progreso.
Creo que este aporte no va a desfinanciar a las empresas. Este pequeño aporte que van a hacer éstas no las va a dejar en falencia económica, como pretenden hacer creer acá.
Al respecto, se han dicho una serie de falacias, como que esto va a inhibir la inversión. ¡Falso, absolutamente falso! Hay proyectos por 18 mil millones de dólares. Se dice que la credibilidad del país va a bajar. ¡Falso! Porque Chile es la economía que atrae a más inversiones en América Latina y en el mundo. Por lo tanto, la argumentación se viene abajo por sí sola.
Me parece importantísimo que estos recursos se inviertan en innovación y desarrollo. Chile tiene una base tributaria en este rubro del 17 por ciento en general, que es bajísima comparada con la de otros países del mundo. Todas las falsedades que ha planteado la oposición se han venido abajo por lo señalado.
Este fondo que se crea tiene una característica importante. El ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre , ha señalado en varias ocasiones que no debe pasarnos lo que sucedió con el salitre, para lo cual estos recursos irán a innovación y desarrollo en las regiones, para que se transforme en un impulso para generar más empleos, productos y procesos, es decir, lo que requiere Chile para tener una perspectiva económica mucho mejor de la que tiene en la actualidad.
Chile, que invierte el 0,5 ó el 0,7 por ciento del producto interno bruto en innovación y desarrollo está muy lejos de los países desarrollados, que invierten alrededor de un 3 por ciento de su producto interno bruto en este rubro.
Por lo tanto, el proyecto apunta en la dirección correcta, pues exige un esfuerzo mayor a estas empresas para que paguen sólo un poco más de impuestos; no se les pide una cifra inmensa, como algunos plantean.
También son falsas las apreciaciones de la Oposición respecto del tema impositivo. El país tiene credibilidad y puede hacer un esfuerzo más. La aplicación de este impuesto específico va en la dirección correcta para tener un país con mayor desarrollo e innovación, es decir, un país con mayor futuro en el siglo XXI, esfuerzo que Chile lo va a saber reconocer.
Quiero conceder una interrupción, con cargo al tiempo del Comité Socialista y Radical, al diputado señor Alejandro Navarro .
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero que se inserte mi intervención en el boletín, la que dice relación con las reparaciones por los daños sufridos por los pueblos aymara y andinos con cargo al royalty.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Señor diputado, hemos tomado nota de su petición.
En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, desde hace un tiempo viene discutiéndose acerca de cómo utilizar lo recaudado en virtud del royalty minero. Para ello es necesario determinar cuáles son los principales perjudicados con la actividad sobre la cual se aplicará la compensación por explotar los recursos naturales.
Como se sabe, la razón de ser del royalty dice relación con compensar al Estado por la extracción de recursos naturales no renovables o los renovables en que el recurso en cuestión es depredado; así como por el equitativo reparto de beneficios entre las transnacionales y la nación de origen de los recursos. Ahora, el proyecto de ley que revisamos impone un impuesto.
Así, el primer fundamento considera a las compensaciones al Estado como un medio de tutela de los intereses de las generaciones futuras, mientras que el segundo argumento lo considera como una protección de los intereses de la generación presente.
En estas líneas quiero defender la idea de un royalty como medio de tutelar los intereses de las generaciones pasadas, en tanto sus descendientes actuales sufren las consecuencias de un daño ya inferido, pero aún vivo y patente.
Como se sabe, el pueblo aymara sufrió la desestructuración de su cultura en virtud de la actividad minera. Esta industria usurpó los derechos de agua, y con ello secó los acuíferos y bofedales que alimentaban ganado y regaban los cultivos de muchas comunidades aymara. Sin agua, ellos tuvieron que abandonar sus lugares ancestrales, muchos de ellos habitados actualmente sólo por ancianos empobrecidos.
Paralelamente, el daño ambiental producido por la actividad minera ha sido suficientemente documentado. Los estudios antropológicos realizados por Milka Castro , académica de la Universidad de Chile, y el investigador Juan Van Kessel , de la Universidad de Amsterdam, demuestran hasta qué punto puede llegar el daño inferido a las culturas indígenas por los megaproyectos, si no respetan los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.
En los momentos en que se está discutiendo cómo resarcir a las regiones donde se ubica la actividad minera por la extracción de sus recursos naturales, se debe considerar que el daño que han sufrido los pueblos indígenas ha sido directo. No han sido pérdidas de inversión, de impuestos, o de riqueza en abstracto. Ha sido en suma, una lesión terrible contra su dignidad y sus derechos.
Un concepto mínimo de justicia debería mover a la autoridad a destinar por lo menos una parte del dinero obtenido con el royalty para financiar proyectos de etnodesarrollo, que aminoren los actuales efectos que la actividad minera sigue teniendo sobre el pueblo aymara.
Debe recordarse que los recursos naturales más valiosos, generalmente, se ubican en territorios ancestrales de pueblos indígenas, por lo que los indígenas tienen derecho a que esa riqueza, que se ubica en sus tierras, sea compartida equitativamente con ellos, así como tienen derecho a que se le indemnicen los daños y perjuicios que se les provocan con esas actividades. No cabe duda que este impuesto no es un factor de tutela de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero por lo menos podría ser un buen sistema para resarcirlos del profundo daño que las actividades productivas y megaproyectos han inferido en sus culturas y en su forma de vida.
Propongo las siguientes indicaciones al proyecto de ley sobre un impuesto específico a la minería, boletín 3772-08:
Artículo...- Créase un fondo de la Innovación Tecnológica de los pueblos andinos, el que tendrá por objeto financiar iniciativas de innovación productiva y el etnodesarrollo de estos pueblos, sus comunidades y organizaciones. Este fondo estará constituido por el 50 por ciento de lo recaudado a favor de las regiones mineras.
Artículo...- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Hacienda, los que deberán ser suscritos también por los Ministerios de Planificación y de Educación, determine la forma, condiciones y el organismo responsable de la administración del fondo, y para que fije las condiciones para la asignación de los recursos y los requisitos de evaluación, previa consulta a las organizaciones más representativas de los pueblos andinos reconocidos por la ley indígena.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, como dijo el diputado Francisco Encina , aquí hay que eliminar mitos. A partir de esa premisa, vamos a eliminar algunos inmediatamente.
En primer lugar, no estamos ante un hecho histórico ni en un momento histórico del país, porque aquí estamos castigando claramente a una economía que se desarrolla pujante y activa, principalmente en la región que represento. Por lo tanto, aquí se establece un impuesto simple, común y corriente, con el que se quiere castigar a una rama de la economía. Quizás podríamos buscar una fórmula para lograr que la mayoría de las grandes empresas mineras puedan aportar al desarrollo local de las distintas zonas del país.
En segundo lugar, quiero desmitificar otra situación que dice relación con los pueblos mineros. Somos partidarios de que estas empresas realicen un aporte, pero no soy partidario de la forma como hoy lo plantea el Gobierno. La explicación que se dio para cobrar el royalty, de que se trataba de un recurso no renovable, era más razonable que la que se da hoy para cobrar un impuesto específico, discriminatorio para la región que represento.
Se dice que se cobra este impuesto a las empresas mineras. Perfecto. Pero ¿qué mecanismos aplicaremos para que pueda retornar parte de la riqueza que se está sacando hoy de la Segunda Región?
Quiero recordar que la ley Nº 16.624, de 1967, relativa a la industria del cobre, ya disponía en esos tiempos en lo que se podía gastar el dinero que se obtenía con la venta del mineral. Señalaba específicamente que podían construirse carreteras, conexiones y el camino Longitudinal Sur. Incluso, estaba contemplada la construcción del camino de Arica a Santiago. También se entregaron recursos específicos para las ciudades de Antofagasta y Atacama , para la provincia de O’Higgins en ese entonces, y para Tarapacá .
Nuestro reclamo es: ¿cómo hacemos para que este recurso que hoy queremos quitar a una economía que se desarrolla pujante, viva y dinámica, y que mantiene al país con los niveles de ingresos insospechados, pueda volver de donde se está sacando?
Compartimos que se invierta en innovación tecnológica, pero por qué se destinan todos estos recursos a ella, en circunstancias de que en la región de Antofagasta tenemos problemas por la calidad de vida y por la carestía, ya que actualmente sufrimos un enorme aislamiento territorial respecto del resto del país. No tenemos las calles pavimentadas, un gran número de camiones transitan por Antofagasta con ácido sulfúrico y con materiales tóxicos, lo que produce contaminación; el desarrollo de la industria minera provoca efectos sociales colaterales, como la desvinculación matrimonial que producen los turnos denominados 4 por 4 ó 7 por 7.
¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo les podemos aportar mejor educación a nuestros hijos? ¿Cómo podemos reforzar la educación superior? ¿Cómo podemos entregar mejor salud a sus habitantes? Bueno, si se está sacando un recurso del lugar donde se desarrolla la minería, entonces por qué no preguntarse, ¿cuánto de esos recursos podrían retornar a nuestra región?
Quiero dejar en claro que luchamos mucho porque las patentes mineras quedaran en las regiones, y lo logramos; pero, por otro lado, nos quitaron el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr .
Por lo tanto, ¿qué hacemos si Calama tiene calles sin pavimentar; si Antofagasta tiene sectores poblacionales sin alcantarillado, donde la población flotante genera todo un problema social? El apetito de trabajar en las fuentes mineras va generando problemas sociales en cada municipio y en cada comuna. Tenemos la más alta tasa de delincuencia, problemas de sida y de drogadicción.
En consecuencia, hacemos un llamado al Gobierno para que entienda que no pedimos por pedir. En definitiva, vamos a aprobar este impuesto; perfecto, de acuerdo. Caminemos en esa lógica, pero de ese impuesto, ¿cuánto nos va a retornar a nosotros, pues el cobre se saca de nuestra región y somos quienes hacemos ese aporte al país? Quizás algo, pero por otra vía: la innovación tecnológica.
También los pueblos del salitre fueron abandonados porque en las oficinas nunca se desarrolló la vida ciudadana plenamente. Actualmente, siguen en pie las oficinas de María Elena, Pedro de Valdivia , Victoria, Humberstone y otras.
No es del caso atribuir responsabilidades, pero el hecho es que allí no se hizo la inversión que correspondía. Eso es lo que reclamamos hoy respecto del royalty. Perfecto, que aporten más las mineras; pero, ¿por qué el Gobierno no entiende que los recursos generados tienen que retornar a los lugares donde se desarrolla la actividad minera?
Lamentablemente, durante el análisis técnico del proyecto tuvimos la desgracia de no haber podido hacer entender al ministro Eyzaguirre que habría sido conveniente asociarlo al fondo de desarrollo, y haberlo plasmado en otra iniciativa de ley.
Cabe preguntarse cuánto dinero de lo que aportará este impuesto retornará a nuestra región. Estoy seguro de que la región de Antofagasta no se beneficiará con este impuesto; lamentablemente, los dineros no llegarán a la zona. Como ha ocurrido siempre, la zona que aporta, no recibe absolutamente nada a cambio.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, ¿quién puede discutir que nuestro país, que cuenta con una sólida economía, está en una situación espectacular? Por ello es que no podemos seguir permitiendo que quien explota nuestros recursos minerales no renovables no haga un aporte a su desarrollo. Chile ha retomado con fuerza la senda del crecimiento, inaugurando un ciclo que promete ser, además de vigoroso, prolongado.
En primer lugar, la estabilidad y confianza que hoy proyecta nuestro país se han constituido en factores claves de la generación de inversiones, convirtiendo a la economía en una de las de mayor y más rápido crecimiento en el mundo. Este logro no es casual. Nace de la pertinencia de las políticas públicas, que aceleran el crecimiento y generan mayor cohesión social y, especialmente, equidad. Así, nuestro país ha experimentado el mayor período de crecimiento y progreso social jamás visto en su historia.
En segundo lugar, países como China e India, actores claves en el nuevo mundo global, tienen gran necesidad de materias primas, entre ellas el cobre. Reputados analistas e instituciones internacionales pronostican que el precio del cobre, que hoy asciende a 1,50 centavos de dólar la libra, seguirá creciendo en los próximos siete años. Por lo tanto, Chile dispone de una excepcional combinación: altos precios del cobre y una base institucional política y económica que lo sitúa en el umbral del desarrollo.
¿En qué consiste el desafío que tenemos por delante? En aprovechar esta oportunidad que se nos presenta, convirtiendo lo que podría ser un impulso transitorio en un factor de desarrollo duradero. Para esto no se requieren fórmulas mágicas, sino que es importante aprender de las experiencias de los países ricos en recursos naturales, que abordaron con éxito estas situaciones que nuestra patria está viviendo hoy. Soy un profundo admirador de lo que puede significar para las arcas fiscales este impuesto específico al cobre. Con el precio actual, en 2006 habrá 300 millones de dólares para innovación tecnológica. Fui parte de las conversaciones de los parlamentarios de Gobierno, diputados y senadores, tras las cuales firmamos un protocolo de acuerdo uno debe respetar su firma y su palabra junto a algunos colegas de regiones mineras que ya han intervenido.
Se está planteando un mínimo de 15 por ciento y de 10 por ciento para el resto de las regiones, pero un 75 por ciento va a ser para todo el país.
Tengo confianza en la Octava Región, la cual tiene no menos de dos universidades y establecimientos de educación superior que financian muchas investigaciones y todo lo relativo a innovación tecnológica. Las regiones pueden postular a ese 75 por ciento de los 300 millones de dólares. Ahí tenemos la posibilidad de que los tratados y los acuerdos comerciales que ha suscrito nuestro país se demuestren en realidades.
Con la innovación tecnológica bajará la cesantía. Hay un compromiso del Gobierno para presentar una indicación en el proyecto de ley del royalty, del cual lo único que se salvó fue la innovación tecnológica, porque en el resto hubo parlamentarios que votaron en contra, para crear el fondo de innovación para la competitividad. Eso es importante, porque para disponer de esos recursos, los gobiernos regionales deberán suscribir convenios de programación e inversión pública con la Corporación de Fomento de la Producción o con Conicyt. Por lo tanto, nuestro país tiene una gran posibilidad. Es un hito histórico, porque hoy debiéramos poner término al primer trámite constitucional de este proyecto que significará la posibilidad a miles de profesionales de acceder al fondo de innovación tecnológica, de buscar mejores mercados y de aprovechar los actuales.
Por eso, votaremos favorablemente el proyecto en general y en particular.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, me habría gustado que este proyecto respecto del cual hemos llegado a un consenso bastante amplio en la Comisión de Minería y Energía y que espero sea votado favorablemente en esta Sala no sólo por los diputados de la Concertación, sino también por los de la Alianza hubiera establecido efectivamente un royalty. Ello no fue posible, dado que la ley de concesiones mineras requiere un quórum que, al parecer, aún no es posible encontrar en el Congreso Nacional.
En función de eso, hemos estado de acuerdo en avanzar en un tributo que tenga un principio del royalty: el pago por el usufructo del recurso natural no renovable. Este punto dio motivo a una larga discusión en el seno de la comisión que estudió la nueva constitución, como consta en sus actas. Fueron muchos los consultores que propusieron a la Junta de Gobierno que no se estableciera el derecho inalienable e imprescriptible del Estado respecto de los minerales. Eso fue rechazado y se consagró la norma constitucional que dispone que somos propietarios de los recursos naturales que se encuentran en el suelo y en el subsuelo.
Se trata de recursos naturales no renovables y, por tanto, no cobrar por el usufructo y la explotación de esos recursos implica que no tienen valor económico.
El royalty existe en todo el mundo minero. En todos los países se le da un valor económico al oro, a la plata, al cobre, a la minería metálica y no metálica, porque son recursos no renovables, que al explotarlos, al extraerlos, no se renuevan. Son riquezas que salen de un territorio, muchas veces sin dejar recursos suficientes al país de origen.
Durante el debate se dijo que la inversión extranjera se podía debilitar. Al respecto, el Consejo Minero no ha hecho una campaña respecto de este tema, porque es absolutamente imposible plantear, a seis meses de la discusión anterior, que la inversión extranjera se debilita frente a un proyecto de royalty, toda vez que ese mismo organismo confirmó que tenemos proyectadas inversiones por alrededor de 11 mil millones de dólares. Por lo tanto, ninguna de las empresas multinacionales que operan aquí y las inversiones señaladas abandonarán el país por un tributo de esta naturaleza, porque, además, la fórmula que se les ofrece es obtener una nueva invariabilidad tributaria con el fin de que tengan tiempo para hacer madurar sus proyectos y, a cambio, paguen al Estado chileno un mayor tributo.
Además, ello se justifica plenamente si se consideran las cuantiosas utilidades que han tenido durante estos años las grandes empresas mineras. Sólo en 2004 tuvieron utilidades por más de 6 mil millones de dólares y una rentabilidad sobre patrimonio que ascendió a 120 por ciento. No hay negocio alguno en Chile ni en el mundo en que se tenga una rentabilidad sobre patrimonio ascendente al 120 por ciento.
Quiero recordar, porque es un dato acreditado la discusión de este año ha servido para acreditar datos que no teníamos claros, que durante 15 años la gran minería ha pagado por impuesto a la renta 1.845 millones de dólares, de los cuales el 96 por ciento lo ha pagado la empresa La Escondida. El resto de las empresas no ha pagado impuestos, acogiéndose a la depreciación acelerada.
Sin embargo, se ha realizado una serie de operaciones contables, desde el punto de vista de la elusión del pago del 35 por ciento por exportación de utilidades, y muchas de estas empresas han terminado pagando sólo el 4 por ciento cuando han logrado demostrar, a través de una operación contable, que no exportaban utilidades, sino pago de capitales a sus propias casas matrices o a los bancos que las mismas sostienen en otros lugares del mundo. Este tributo a las utilidades operacionales puede significar entre 200 ó 250 millones dólares si el cobre se estabilizara en los precios actuales. Como nivel promedio del año eso podría ascender a una cifra mayor y nos parece positiva la idea de que esos recursos vayan a innovación tecnológica.
Cuando se habla de innovación tecnológica muchos piensan que esos recursos podrían ser utilizados para resolver problemas en las regiones. Al respecto, en la filosofía del royalty, esos recursos son destinados a grandes inversiones que reemplacen al recurso natural cuando este no exista, porque se trata de un recurso natural no renovable. Pero cuando hablamos de inversión tecnológica, pongo como ejemplo el gran descubrimiento del cambio genético de la uva de mesa que se exporta a Estados Unidos y Europa, que va a significar tener un producto de mejor calidad, más pronto en el mercado internacional y nuevos empleos directos para la gente en las zonas frutícolas de exportación de la uva de mesa.
Por lo tanto, la innovación tecnológica va ligada directamente a desarrollo científico, a cluster, es decir, a encadenamiento productivo, a fomento y desarrollo de la mediana empresa y, en consecuencia, al empleo.
Con los diputados señores Carlos Vilches , Jaime Mulet , Waldo Mora , Manuel Rojas , Cristian Leay y otros, hemos dado una dura batalla que no nos tiene del todo conformes para que una parte de estos recursos vaya a las zonas mineras. Hemos planteado la necesidad de dotar de recursos a las zonas mineras. Hemos conseguido que el 15 por ciento del fondo se destine a ellas, el 10 por ciento al resto de las regiones e intentaremos regular el 75 por ciento restante del fondo, de manera que ninguna región acumule más del 25 por ciento de los recursos en proyecto.
Queremos beneficiar a las zonas donde se produce la riqueza, porque allí están los silicosos, porque allí está la contaminación de las aguas, porque allí están los relaves botados, porque allí, cuando se agotan los minerales, la gente queda cesante y nacen los pueblos fantasmas.
No queremos ningún pueblo fantasma en el norte de Chile. Por eso somos partidarios de este royalty 2 y de que los recursos recaudados se destinen a innovación tecnológica.
Por último, junto con los diputados Vilches , Mulet , Robles, Mora y otros el diputado Cristián Leay está de acuerdo en ello, presentamos una indicación para subir el piso y excluir a la mediana minería del pago de este tributo.
La mediana minería tributa, a diferencia de las grandes empresas multinacionales, genera empleo y desarrollo en las regiones. Por eso, volveremos a presentar la indicación, aunque se declare inadmisible, para que se discuta en el Senado y lograr que la mediana minería no pague este impuesto que debe estar concentrado en la gran minería.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay .
El señor LEAY.-
Señor Presidente, si nos preguntamos si estamos dispuestos a que la minería haga una mayor contribución al país y a las regiones donde se extraen los recursos minerales, la respuesta es categórica: sí, lo estamos. La diferencia que hemos tenido con el Gobierno es respecto de cómo hacerlo.
Los fundamentos que ha dado el Gobierno para impulsar tanto el proyecto del royalty como el del impuesto específico son los mismos. En ese sentido, no podemos estar de acuerdo con él, porque se trata de buscar alguna fórmula, un subterfugio para no decir las cosas como son. Se habla de un impuesto específico, aun cuando se trata de uno sectorial. Pero como un impuesto sectorial está prohibido constitucionalmente, porque es discriminatorio, se buscan los subterfugios. Uno no puede estar de acuerdo con eso.
¿Estamos de acuerdo en que haya una mayor contribución? Sí, pero con claridad, sin subterfugios que, finalmente, generan incertidumbre en el sector.
Se habla de propiedad. La Constitución Política dispone que los yacimientos mineros son del Estado, pero, al mismo tiempo, permite a particulares constituir derechos, concesiones judiciales sobre dichos yacimientos, respecto de las cuales son propietarios. Ello es el primer fundamento que debilita el concepto de propiedad, tan esencial en la inversión, el desarrollo y la estabilidad de un país.
Se dice también que el recurso es no renovable. ¿Cuántos recursos renovables del país están en situación incierta? A algunos debemos colocarles cuotas, vedas; incluso, otros han desaparecido. Nunca he escuchado acerca de la existencia de un mineral en extinción; no conozco el concepto de “mineral en extinción”; sólo el de “especies en extinción”.
A mi juicio, las reservas de minerales del país no constituyen un stock definitivo, como para que alguien diga que alcanzan a 175 mil toneladas de cobre. ¿Es una cantidad fija? Por cierto, no lo es. Hace una década eran 70 mil toneladas, o sea, es una cifra movible. Sin duda, ello está sujeto a la evolución del desarrollo tecnológico. En esos años había yacimientos que no se explotaban e, incluso, se votaba mineral como escoria, porque no podía tratarse. Hoy, gracias al desarrollo tecnológico, es posible explotarlos.
Entonces, no estamos hablando de reservas definitivas, sino de que el concepto de reservas conocidas se basa en la capacidad tecnológica para explotar, en forma económica y rentable, los minerales descubiertos. Si existen desarrollos tecnológicos que hacen económicamente viable explotar nuevos yacimientos, estos se incorporan a reservas.
No me gusta el argumento de que no son recursos renovables, porque es sólo una buena etiqueta para justificar que no se trata de un impuesto sectorial y que, por lo tanto, no se discrimina. Me parecen incorrectas las acciones que se aplican en ese sentido. Repito: la posibilidad teórica de que se agoten los recursos podría aplicarse a tantos otros sectores y recursos renovables de la economía que, en verdad, abriríamos una brecha sumamente peligrosa. ¡Para qué hablar del concepto de rentas ricardianas! Porque si discutimos ese tema, que también menciona el proyecto, nos meteríamos en todos los sectores productivos del país para justificar el impuesto.
En mi opinión, la minería es un sector que ha generado riqueza al país. En 1970, producíamos, al igual que Zambia, 700 millones de toneladas de mineral. En el período 20012002 estuvimos cerca de los 4.700 millones de toneladas; en cambio, Zambia extrajo 240 millones de toneladas. En Chile se hicieron bien las cosas; en Zambia se hicieron mal. El recurso mineral y los yacimientos son los mismos, pero lo importante son las políticas que se aplican.
El 20 por ciento del crecimiento nacional experimentado en la década pasada se debe a la minería. La inversión extranjera en el país ha alcanzado a 18 mil millones de pesos, la cual se ha traducido en más fuentes de trabajo, mayor crecimiento económico, obras de infraestructura, etcétera. En fin, para qué señalar los logros en la minería. Por lo tanto, hay que cuidarla.
Con los elementos con que se ha manejado el tema, buscando el subterfugio de proponer un impuesto específico, sin decir que es un impuesto sectorial y descalificando a los inversionistas mineros en forma desproporcionada, ilógica, pienso que le hacemos un flaco favor al país.
Estoy absolutamente de acuerdo en que exista una mayor contribución de la minería al país, sobre todo en las regiones donde se extrae el recurso minero. Sin embargo, basta recorrer las ciudades del norte, específicamente Calama , que tiene más del 45 por ciento de sus calles sin pavimentar y donde se sitúa el principal yacimiento de cobre del mundo, para advertir que el excesivo centralismo con que se reparten los recursos, como bien se ha señalado, provoca una sensación en la gente que la lleva a decir “vivo en la riqueza, vivo mirando la riqueza, pero vivo en una tremenda pobreza”. Eso se debe exclusivamente a la mala distribución de los recursos estatales.
Me gustaba más el proyecto que presentamos al Gobierno para aumentar el valor de las patentes mineras, porque ahí los recursos iban directamente a las regiones, a obras de infraestructura, y creábamos una nueva invariabilidad tributaria, sin subterfugios.
Hay que ser categórico. Se dice que estos recursos irán a un fondo de innovación tecnológica, que no existe, que no está creado. La Concertación asumió el compromiso de crear este fondo y hacer una distribución del mismo. La Concertación, en gobiernos pasados, ya se comprometió con el Congreso en otras materias, por ejemplo, cuando se subió el IVA, con el compromiso de que se bajaría en dos años. ¿Qué pasó? No se le cumplió al Congreso Nacional.
¿Me van a decir que los dineros recaudados van a llegar al fondo de innovación tecnológica? ¡Falso! Lo que recaude este impuesto irá a los fondos generales de la Nación y la ley de Presupuestos los repartirá. ¿Qué llegará a las regiones mineras? Puedo asegurarles que nada.
Estoy dispuesto a seguir trabajando en esta iniciativa. Me encantaría tener un mayor diálogo con el Gobierno para que, ojalá, la minería privada realice una contribución de verdad a las regiones mineras, sin afectar a la mediana minería.
Concuerdo con el diputado Leal en presentar indicaciones todos las presentamos, pero son inadmisibles. El Gobierno ha hecho oídos sordos en esta materia que afecta a la pequeña y mediana minería. Incluso, su postura es totalmente contradictoria con su mensaje, porque dice que por el tamaño de operación de la pequeña y mediana minería, los márgenes con que trabaja y los costos de administración del impuesto, no resulta conveniente la aplicación de éste a dichos segmentos.
Lo que se dice en los fundamentos del proyecto se borra con el codo, porque no hay nadie de la mediana minería que no se vea afectado por este impuesto. Incluso, muchos pequeños mineros también serán afectados.
Por lo tanto, no estoy a favor del proyecto y me voy a abstener en la votación, a la espera de que se logre un consenso en el Senado que permita un mayor aporte de la minería, pero que no afecte a la pequeña y mediana minería, y en verdad la plata llegue a las regiones donde se extrae este recurso minero. Con el proyecto en debate nada de eso se logrará.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero responder a mi querido amigo y colega, diputado Cristián Leay , quien señaló que prefiere aumentar el valor de las patentes que pagan las empresas mineras.
Quienes hemos trabajado en la Comisión de Minería sabemos que las patentes mineras las termina pagando el Estado, porque las empresas las rebajan del pago de impuestos, es decir, en el balance anual recuperan lo pagado por las patentes mineras.
En segundo lugar, si aumentamos el valor de las patentes mineras, habrá pequeñas y medianas empresas que no podrán pagarlas, porque no pueden explotarla y así se producirá una concentración de la propiedad en manos de las grandes empresas, lo que provocará la muerte de la pequeña y mediana minería. Por lo tanto, el tema de las patentes mineras es una muy mala idea que hay que revisar y cambiar.
Ahora, me quiero referir a otro tema. No me gusta el impuesto que se propone en el proyecto, porque en el fondo cambia las reglas del juego que se establecieron para la inversión extranjera en Chile.
Todos sabemos que es conveniente que las empresas paguen tributos, para que no se repita quienes somos del norte y nos hemos criado allá lo sabemos lo que sucedió cuando se dejó de explotar el salitre y surgieron todos esos pueblos fantasmas, especialmente de las zonas de Antofagasta e Iquique, y que corresponden a antiguos asentamientos destinados a la explotación del salitre.
¿Qué está pasando? Las empresas saben que deben pagar un impuesto, porque se están llevando nuestras riquezas. Más aún las grandes compañías mineras, que se llevan el concentrado de cobre, el cual, además, contiene oro, plata, molibdeno, por los cuales perciben utilidades aparte.
Creo que se podría haber llegado a un acuerdo.
Me llama la atención que las grandes empresas no reclamen. Están todas calladitas. ¿Por qué? Si a mí me aplicaran un impuesto, reclamaría. ¿Por qué no reclaman? Porque están de acuerdo con el impuesto, ya que, en el fondo, el impuesto es gasto y, por lo tanto, lo rebajarán del impuesto a las utilidades.
Por otra parte, se establece un incentivo que consiste en que las empresas que se acojan a esta normativa no pagarán el impuesto durante dos años. El diputado señor Ortiz señalaba que se recaudarán entre 200 y 300 millones de dólares con la aplicación del nuevo impuesto, pero las empresas que se acojan a este régimen no pagarán.
¿Cuántas son las empresas que pagan? ¿Seis, siete, Ocho? Veamos la cantidad de plata que dejarán de pagar y por cuántos años más. Además, les estamos dando una invariabilidad por doce o quince años.
En definitiva, a pesar de todo ello, estoy de acuerdo con el proyecto, porque es más que cero, o sea, vamos a recibir algo.
Quiero aprovechar la presencia del ministro de Minería en la Sala, don Alfonso Dulanto , que sabe lo que es la minería, que fue intendente de la Segunda Región, que sabe lo que vive la gente de esa región y del norte en general, para señalar que no me parece que toda la plata que quede se destine a innovación tecnológica. Si así ocurre, las regiones mineras no recibirán plata, y lo que ellas necesitan son recursos, porque se han convertido en una especie de nueva California, donde llega mucha gente en busca de trabajo, por las expectativas que se han creado con la mayor inversión y el futuro espectacular que tiene el cobre a causa del mayor consumo de la India y de China.
No estoy de acuerdo en que no quede plata en las regiones mineras para lo que el mismo ministro Alfonso Dulanto defendió y enseñó: el cluster minero, al encadenamiento productivo en la zona norte.
Junto con otros diputados democratacristianos le solicitamos al ministro de Hacienda fuimos respaldados por todos los diputados de la Comisión de Minería, incluso los de la UDI que el cincuenta por ciento de los recursos del fondo de innovación tecnológica que queden en la región minera se destinen a capital de riesgo, para fomentar pequeñas y medianas empresas.
En primer lugar, eso no es gasto que es el temor del ministro, sino una inversión recuperable y, en segundo lugar, estaría acorde con la teoría del ministro Alfonso Dulanto , pues entra en el cluster minero.
El ministro de Hacienda nos dijo que estaba de acuerdo, pero no precisamos los porcentajes. Por eso, en presencia del ministro Dulanto , quiero reiterar nuestra petición, para que el Gobierno cumpla con su palabra, porque mi voto a favor lo he dado haciendo fe y confianza en que el Ejecutivo cumplirá con lo que comprometió en la Comisión de Minería, en cuanto a que una parte del impuesto no sé qué porcentaje, yo hablo del cincuenta por ciento quede para innovación tecnológica.
Por otra parte, adhiero a lo que viene señalando desde hace bastante tiempo el diputado señor Patricio Cornejo respecto de la grave y crítica situación de los enfermos de silicosis en las zonas mineras. Le pido al Gobierno que haya una preocupación especial, que no se exprese sólo a través del plan Auge, por los enfermos de silicosis de las regiones mineras.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto en debate fue objeto de un análisis serio, de un estudio que se hizo en el Senado y en esta Cámara de Diputados, sobre los beneficios del decreto ley Nº 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, que ha permitido la realización de cuantiosas inversiones en el sector minero, las que a su vez han permitido un importante desarrollo de la gran minería del cobre, el oro y la plata, lo cual ha significado un enorme crecimiento para el país. Pero este crecimiento no fue acompañado de una contribución al país por la explotación de un recurso natural no renovable.
En todo el mundo la explotación de estos recursos ha originado el pago de un royalty, un derecho o una regalía. Esos valores normalmente son de 3, 4 ó 5 por ciento sobre el valor del mineral, las ventas u otra variable. Incluso, ha sido noticia que por la explotación de otros recursos no renovables, como es el gas, en Argentina se paga un 12 por ciento de regalía. Además, nos hemos enterado de que en Bolivia se aprobó una nueva ley de hidrocarburos en que se establece una regalía alta, del 18 por ciento, por la explotación de su recurso natural, el gas.
Esto produce mucha admiración. Pero resulta que en Chile, para quienes nunca se han interesado en este tema, la mitad del precio de la gasolina son impuestos, pero nos causa admiración el monto de la regalía que establece Bolivia.
Por tanto, debemos tener la misma vara para medir y tomar decisiones que puedan ser razonables. En ese sentido, es absolutamente necesario que se haga una contribución por esta explotación del recurso no renovable.
Parece realmente extraño, teniendo en vista las leyes básicas de la ingeniería y del desarrollo, que se diga que tuvimos reservas en el pasado y que éstas por la mayor exploración han aumentado. Esto no se ajusta a los conceptos básicos de la explotación de un recurso natural no renovable ni está de acuerdo con la realidad.
Ahora bien, para buscar un equilibrio en la materia, se ha resuelto aplicar un impuesto específico. Con todas sus letras: es un impuesto y no un royalty, que ha sido mal llamado royalty II. Su recaudación permitiría que con un proyecto sobre innovación tecnológica que se ha comprometido a enviar el Ejecutivo, lo cual pido quede constancia en el acta de esta sesión, para despacharlo simultáneamente con la iniciativa que discutimos. De otra manera no tendremos la garantía de que parte de estos recursos irán a las regiones, y de una forma que me parece correcta: como desarrollo de la innovación y de las ciencias, porque eso es lo que permite crear nuevas áreas de conocimiento económico.
¿Por qué digo esto? Porque en las regiones hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de crecer, sobre todo los jóvenes. Nuestro país tiene una enorme deuda social con ellos. Si en Chile no se tiene una tarjeta de presentación, no se encuentra trabajo. Por eso pienso que al crear este fondo de innovación, con un 25 por ciento de decisión regional, las personas también se van a sentir de primera categoría y podrán acceder a esos recursos, a través del desarrollo de áreas que van a generar empleos. Los privados y las universidades van a contar con un recurso que nunca han tenido. Esa es la verdad. Corfo , Enami y otras instituciones del Estado no tienen fondos para impulsar este desarrollo tecnológico. Por tanto, considero absolutamente conveniente el proyecto y voy a votarlo favorablemente.
Además, tengo que defender en esta oportunidad una situación que es muy compleja. La minería está constituida por grandes, pequeños y medianos empresarios. Y los medianos están siendo perjudicados, en circunstancias de que nunca fueron favorecidos por el decreto ley Nº 600, que sí ayudaba a los grandes inversionistas extranjeros.
Con esto se termina la desigualdad y logramos un equilibrio, excluyendo a la mediana minería, que es un gran motor de desarrollo y empleo para el país.
He dicho.
Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en el país se explota su principal riqueza natural, en gran medida, por capitales foráneos, pero no queda en él una parte significativa de los beneficios económicos que produce su extracción.
Durante la discusión de esta materia en la Comisión señalé que Chile está en una encrucijada, en un momento en que debe adoptar posiciones de futuro y asumir los desafíos de un mundo y de una economía que cambia, en la que quienes no son capaces de pasar de un modelo exportador de materias primas a una sociedad del conocimiento, en la cual la inteligencia se convierte en bienes y servicios, no sólo carecen de la posibilidad de insertarse en el mundo y comenzar a girar a su velocidad, sino que están condenados a la pobreza, la dependencia y la marginalidad.
Al mirar la región sudamericana comprobamos que somos un país pequeño, con un mercado interno muy menor y con recursos que comienzan a agotarse, como los pesqueros que se encuentran sobreexplotados, los forestales nativos y los minerales. Mañana, probablemente, como consecuencia del desarrollo de la biotecnología, no tendremos capacidad de competir internacionalmente con nuevos productores agrícolas, y nuestros viñateros y exportadores de fruta serán desplazados, más temprano que tarde, de los mercados globales. Eso ocurrirá si no invertimos en recursos humanos y en ciencia y tecnología, como lo han hecho países con una estructura productiva similar a la nuestra, que tomaron decisiones de esta naturaleza hace veinte o treinta años. Suecia , Finlandia , Irlanda y Nueva Zelanda hace mucho asumieron la importancia de la inversión en investigación y desarrollo. Lamentablemente, hoy en Chile es muy baja.
Eso es lo que pretendemos revertir con el establecimiento de un nuevo impuesto específico a la actividad minera. Si nuestros empresarios, aliados con el sector público, no son capaces de sumar recursos y energía para hacer ciencia es muy difícil pensar que tendremos un futuro de bienestar para nuestro país, comenzando, por cierto, por las extensas zonas de nuestro territorio que hoy deben su ocupación humana a la presencia de las explotaciones mineras.
Por último, quiero decir que en el momento de votar a favor de este proyecto no podré dejar de recordar al Presidente Salvador Allende, a don Radomiro Tomic y a don Alejandro Hales Jamarne , los grandes defensores del cobre chileno.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en el breve tiempo, de que dispongo debo referirme a lo más importante y medular del proyecto.
Quienes vivimos en las regiones mineras hace mucho tiempo, sabemos lo que representa la minería para ellas. Primero, es un gran aporte de trabajo para sus habitantes y, en consecuencia, una gran contribución al desarrollo no sólo de esas zonas, sino del país. Por eso se dice que el cobre es el sueldo de Chile.
Sin embargo, desde hace años el cobre está siendo sobreexplotado por compañías minera foráneas que durante todo ese tiempo no han pagado impuestos. Al contrario, realizan una práctica casi ingenieril para evitar tributar en nuestro país.
La iniciativa busca el establecimiento de un impuesto específico a la actividad minera, preferentemente para aquellos que la practican eludiendo el pago de tributos. Por esa razón, el Partido Radical ha defendido con fuerza la posición de que los grandes empresarios mineros paguen un impuesto específico, porque en la actualidad no lo hacen.
La proposición de la iniciativa es distinta al royalty. Se trata de un impuesto cuyo monto se determinará según los ingresos de las empresas. Por su parte, el royalty proponía establecer un tributo en relación con la extracción del mineral en nuestra zona.
Estamos de acuerdo con que las empresas mineras paguen este impuesto.
Sin embargo, y antes de que termine mi tiempo, quiero dejar constancia de que quienes vivimos en regiones mineras estimamos que la mediana minería siempre ha hecho su aporte a nuestro desarrollo. Por tanto, incorporarla al pago de este impuesto nos parece injusto. Los medianos empresarios, con su productividad, siempre han logrado hacer su aporte al erario.
Por ello, hemos presentado una indicación con el fin de evitar que la mediana minería pague este impuesto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, Joaquín Lavín era partidario de que las empresas mineras hicieran un mayor aporte a la economía a través del aumento del valor de las patentes mineras. Lamentablemente, el Gobierno no optó por ese camino, sino por otro que hoy empezamos y no sabemos cuándo y dónde terminará: la aplicación de impuestos específicos o discriminatorios a ciertos sectores productivos.
Como dijo el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, el propósito del proyecto es gravar a las empresas mineras por las rentas económicas que generan.
El ministro de Hacienda argumenta que los recursos no renovables tienen rentas económicas. Por lo tanto, es razonable que el país quiera parte de ellas con la aplicación de este impuesto.
Pero el ministro aceptó en la Comisión, aunque no lo ha hecho público, que los recursos económicos no renovables, como el cobre, el oro y la plata, no constituyen el único origen de las rentas económicas. Es perfectamente posible que existan otras y que en el futuro también puedan ser objeto de impuestos.
¿Qué otros orígenes pueden tener las rentas económicas, además de los recursos no renovables como el cobre?
En la Comisión, el ministro de Hacienda aceptó que, si en ciertos sectores económicos falta competencia, pueden tener rentas económicas.
Por ejemplo, se argumentó que en el sector bancario no hay mucha competencia y, por lo tanto, las utilidades son muy altas. Como se generan rentas económicas, sería perfectamente legítimo que, en el futuro, se proponga la aplicación de impuestos a los bancos para obtener parte de esas rentas.
También se aceptó en la discusión de la Comisión de Hacienda que es perfectamente posible pensar que los recursos renovables, como salmones, frutas y bosques, que tienen utilidades extraordinarias y limitación de los lugares físicos donde desarrollar la correspondiente actividad por ejemplo, las concesiones para la extracción del salmón no pueden ser infinitas, porque Chile no tiene infinitos ríos o lagos, generan rentas económicas.
Por lo tanto, también es razonable y conceptualmente válido, según el ministro de Hacienda, aplicarles impuestos o royalties.
De manera que este proyecto de ley, que se discutió sólo algunas horas en la Comisión de Hacienda, es muy importante, porque representa un cambio profundo en la política tributaria.
Nuestro país pasó de tener una política de impuesto a la renta pareja para todos los sectores productivos, a otra que va a depender de las rentas económicas que tenga cada sector productivo.
Hoy, probablemente, se va a aprobar el royalty al cobre, a la minería metálica y no metálica. Pero como se introdujo un concepto nuevo, es perfectamente razonable que, en el futuro, otros ministros de Hacienda, usando esta argumentación, pretendan imponer impuestos para extraer parte de las rentas económicas de otros sectores productivos, como el financiero, en el cual no hay suficiente competencia y hay utilidades muy abultadas, o de recursos naturales renovables, localizados en una cantidad de espacios físicos limitados, los que, por lo tanto, también dan origen a rentas económicas.
Este cambio tan profundo en la legislación tributaria chilena, al menos merecía una discusión más de fondo, por lo menos en la Comisión de Hacienda, que la que se hizo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, lo dijo el diputado señor Dittborn : este tema no lo discutimos en Hacienda, tampoco aquí. Por lo tanto, sólo me resta decir que un proyecto de esta naturaleza, según los estudios que conocimos, nos va a dar 600 millones en los próximos cinco años.
Sólo este año, ¿cuánto ganaron las mineras? ¿Y el próximo, y el siguiente? La nada misma. Pero no voy a hablar por mí mejor, porque después alguien se enoja. Voy a repetir lo que dijo el Partido Radical en un documento, cuando vimos el proyecto hace unos meses: Nuestro partido ha sido celoso de los objetivos programáticos del programa fundacional de la Concertación. Necesitamos plantear propuestas para una política chilena del cobre.
En un extenso documento, dice que ha llegado la hora de derogar el decreto ley Nº 600, porque perpetúa condiciones privilegiadas al capital extranjero que no tienen los inversionistas locales. Además, estima de la mayor importancia que legislemos para corregir una injusta situación que privilegia al capitalista extranjero en desmedro de las condiciones en que opera el resto de los productores nacionales.
Hoy Chile no cobra la materia prima del recurso minero ni tampoco cobra las enormes ventajas de su localización ni de sus servicios. Chile tiene lo dice el Partido Radical las más bajas tasas impositivas del mundo. Estamos subsidiando, lesionando un patrimonio intergeneracional, que no sólo pertenece a la presente generación.
Nos manifestamos dice el Partido Radical disconformes en aquel entonces con la tasa del 13 por ciento. Ya proponían el 8 y el 12 por ciento.
No hablo por la Democracia Cristiana, porque después el diputado Mulet sabe lo que pasa. Él va a hablar por la Democracia Cristiana.
¿Qué estoy diciendo? Ahora voy a hablar por la Democracia Cristiana. Soledad Alvear lo dijo: avancemos; avanza conmigo.
Por eso, voy a votar favorablemente el proyecto. Porque como dicen los huasos en el sur: peor es na. Hay un restorán también por ahí que se llama “peor es na”.
¿Se acuerdan como tratamos el proyecto anterior? ¡Cómo hacían lobby las mineras! ¡Cómo hacían inserciones en los diarios! Hoy ¡qué dicen! ¡Nada! Si ésta es la panacea, es la nada misma. ¿Cómo no vamos a votar esto, diputado Mora?
Por su intermedio, señor Presidente, al diputado señor Vilches , le digo que ojalá llegue algo a regiones y que el protocolo se cumpla con los próximos gobiernos. Pero ésta es la nada misma.
Voy a apoyar el proyecto, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pero esto no es lo que conversamos hace algunos meses, esto no es un royalty, no es el compromiso que habíamos adquirido. Esto, simplemente, en este Gobierno, es nada. En el próximo, a medio camino, ya veremos qué pasa. Algo es. Pero estamos en deuda con Chile.
El Partido Radical lo dijo muy claro y comparto su posición, en el sentido de proteger a la pequeña minería. La Democracia Cristiana también y supongo que el diputado señor Mulet también quiere proteger a la pequeña minería. Habrá que presentar una indicación, porque en el proyecto no está bien protegido. El resto, bueno, que las mineras sigan caminando, felices; van a aplaudir.
Creo que deben votar favorablemente el proyecto, porque es lo menos. Además, les damos invariabilidad no sé por cuánto tiempo. ¡Qué buen proyectito! Cuenten con mi voto. Ayer no lo di en la Comisión, porque como dijo el diputado señor Dittborn , en media hora no estoy disponible para un proyecto; tampoco ahora en tres minutos.
Así estamos funcionando en un proyecto de esta naturaleza, como el Auge. Lo que significa el cobre de todos los chilenos. El cobre de los maulinos: 600 millones de dólares en cinco años. Peor es na, señor Presidente. Cuente con mi respaldo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, cuando el ministro de Hacienda informó en la Comisión de Minería el proyecto, reconoció que era mejor que el anterior de royalty, porque se basa en las rentas; el otro era un impuesto sobre el valor de venta o ad valorem.
Desde ese punto de vista podemos decir que es una línea más moderna para cobrar un impuesto, pero no quita que estemos creando un impuesto específico, con todo lo que ya se ha dicho.
De hecho, existen estudios que dicen que un impuesto específico presenta el inconveniente de ser considerado un posible precedente para medidas análogas dirigidas a otros sectores, lo que muy probablemente afectaría en forma negativa el clima general de inversiones.
Esto queda refrendado por el hecho de que en los últimos años han bajado considerablemente los capitales destinados a prospección minera en nuestro país. Así también, el Instituto Fraser de Estados Unidos ha calificado a Chile en el quinto lugar, siendo que el año pasado estaba en el primer lugar, como un país atractivo para las inversiones mineras. Ello ocurre en menos de un año, período en el que hemos estado con este tema sobre el tapete.
El diputado señor Mora se refería al proyecto de patentes que presentó la Alianza. Quiero aclarar que la única patente que puede descontar impuestos es la de la pertenencia en explotación. Por lo tanto, no hay un problema en la concentración de la propiedad y tampoco afectaba a la pequeña minería. Por tanto, era más justo que el que estamos debatiendo.
Otro de los problemas es que se afecta a la pequeña minería, porque se coloca una base de 8 mil UTA, sobre la cual se debe pagar el impuesto. Todos en el país estamos preocupados incluso el Gobierno lo hace saber permanentemente por las pequeñas y medianas empresas, y justamente este proyecto las está afectando.
Al principio se había dicho que quienes rentaban menos del 8 por ciento y vendían menos de 8 mil UTA, no pagaban impuestos, pero esas son las muy pequeñas. Existe un gran grupo que está sobre esa cantidad y, obviamente, no tienen la rentabilidad que pueden tener las grandes mineras. Todos coincidimos y estamos de acuerdo en que la gran minería debe hacer un mejor aporte al erario nacional. Pero con esto, desgraciadamente, se esta afectando, a la pequeña y mediana minería.
Otro aspecto importante es que se están cambiando las reglas del juego. Si bien es cierto, es legítimo que se haga y que el Gobierno puede tomar ese tipo de decisiones, también afecta la credibilidad y la responsabilidad con que nos miran desde afuera.
Veo con preocupación el hecho de que no quede claro en el proyecto si lo revisan y lo leen, en ninguna parte indica, hacia dónde van a ir los recursos recaudados. Existe un protocolo y un compromiso de que se formará un fondo de innovación tecnológica. Pero, ¿qué pasa con las regiones mineras, con las comunas mineras, que son las que se empobrecen por el hecho de extraer un mineral, que es un recurso no renovable? Se dice que se les estaría asignando, a lo menos, el 15 por ciento de esos recursos. Me preocupa, porque no todas las comunas y regiones mineras tienen la capacidad, la especialización y los profesionales apropiados para acceder a esos proyectos de innovación. Por tanto, una vez más estaríamos obteniendo recursos de las zonas mineras para llevarlos a la cuenta única fiscal, invertir en el gran Santiago para tener más Metro y mejores vías de comunicación. Y las regiones seguirán esperando.
Por eso, aun cuando comparto la preocupación de que el país debe tener estudios o fondos para innovar tecnológicamente y reconvertir algunas regiones o zonas del país que están quedando atrás por el hecho de no tener la posibilidad de otros recursos, aparte de este no renovable, no se nos aceptaron muchas indicaciones que lo habrían hecho más viable, como tener una tasa de exención en vez del 8 del 12 por ciento. A lo mejor, pagar impuestos en función de la rentabilidad es lo más justo.
Por tanto, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, éste es un extraordinario proyecto del Gobierno, con sentido patriótico, regionalista y de futuro.
En pocos minutos más, veremos la coherencia que se produce en las votaciones. No se puede hacer gárgara con las regiones mineras y apoyar la idea de legislar, cuando lo esencial del proyecto, que es aprobar que exista un impuesto del 4 ó 5 por ciento de las utilidades operacionales de la gran minería punto esencial, se vota en contra. Hay una tremenda contradicción. Incluso, se ha votado a favor de la nueva invariabilidad, pero en contra del impuesto. Es decir, quedan bien con los financistas, con las grandes empresas mineras, pero no están dispuestos a lo esencial. Cuando a un país, que destina sólo el 0,7 por ciento del PIB para investigación y desarrollo, se le dice una y otra vez, teniendo en vista la experiencia comparada, que debe destinar el 2 ó 3 por ciento del producto interno bruto para crear nuevas riquezas, éste debiera votar por un impuesto nuevo, moderado, flexible, con buena fiscalización, respetando las reglas del juego, por la inventiva del Gobierno de proponer una nueva invariabilidad para que las empresas se acojan voluntariamente. Pero, sin embargo, cuando llega el momento de votar por dicho impuesto, no lo hace.
En mis manos tengo un estudio de políticas tecnológicas del Ministerio de Economía, con datos actualizados, en el cual se señala que la Segunda Región, en proyectos de investigación y tecnología en 2002, obtuvo sólo el 1,85 por ciento; la Tercera Región, región minera, el 0,19 por ciento; la Sexta Región, El Teniente, que cumple cien años, el 0,16 por ciento.
De toda la investigación desarrollada en Chile en 2002, sólo 14 proyectos de 966 fueron vinculados a la minería, equivalente, en términos de recursos, al 2,4 por ciento de los recursos en investigación. Lo que queremos son los recursos que el Gobierno está ofreciendo a las regiones.
Un señor diputado decía que Calama tiene algunas calles sin pavimentar. Ahí, el poder local, el municipio de Calama se debe poner las pilas, porque el Gobierno tiene un programa que se llama Pavimento Participativo. Cuando un municipio lo organiza, el Estado financia el 90 por ciento del costo de la pavimentación. No engañemos a la gente de regiones diciendo que vamos a votar en contra de este impuesto porque la plata no va para regiones. El proyecto está atado a un compromiso del Gobierno para que el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología asegure puede ser mucho más dinero el 25 por ciento de los recursos en las regiones y un 15 por ciento del total en las regiones mineras. Es mucho dinero. Hablamos de 14 ó 15 millones de dólares en la Segunda Región, de Antofagasta; de 5 millones de dólares en regiones como la del Libertador Bernardo O’Higgins.
Además, el Gobierno ha dicho que va a flexibilizar los recursos. Las regiones, en los primeros años, para nivelarse pueden gastar dichos recursos en contratar investigadores y buscar líneas de trabajo con la empresa privada y centros de formación superior ubicadas en dichos territorios para prepararse a este desafío nacional de futuro.
Si hacemos populismo, al decir que la plata no está quedando en regiones, tajantemente debo señalar que son mentiras. ¡Atrévanse y sean coherentes! ¡Voten este proyecto! ¡Sean patrióticos! Sólo se va a cobrar este impuesto con las platas de hoy serían 200 millones de dólares a las empresas en tiempos de vacas gordas del precio internacional del cobre. Es un impuesto moderado, proporcional. Si sobrevienen momentos críticos, se pagará menos.
Por lo tanto, hago un llamado a los parlamentarios de la Alianza por Chile, a fin de que sean coherentes y apoyen la aplicación de este impuesto. No estamos actuando con un ánimo electoralista, porque podríamos esperar hasta agosto a que vuelva a tramitación el proyecto del royalty. El Presidente de la República y los ministros de Minería y de Hacienda están actuando con un criterio de largo plazo, ya que con esta iniciativa se vislumbra la posibilidad de que regiones más postergadas eleven su nivel de vida y comiencen a hacer proyectos relevantes que generen riqueza en el futuro.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley emblemático no sólo para el Gobierno, sino para todo el país.
Una vez que el proyecto sea ley de la República, se podrá hacer una importante inversión en innovación y tecnología, lo que significará mirar hacia el futuro e invertir en las nuevas generaciones pensando en la prosperidad del país.
Aquí se ha dicho que las pequeñas empresas serán afectadas por el impuesto del 5 por ciento que se aplicará a la actividad minera, pero no es así. Las empresas mineras que tienen ventas por debajo de los 5 millones de dólares esto incluye también a algunas medianas quedarán exentas del pago de este impuesto.
En todos los países del mundo, las empresas que explotan recursos naturales no renovables como gas, carbón, cobre, oro, plata, petróleo, etcétera, tributan en forma importante, porque son recursos de cada uno de ellos. En el caso de Chile, el cobre es su viga maestra. En consecuencia, no es posible que capitales internos o externos exploten yacimientos de gran importancia y extraigan el mineral sin dejar absolutamente nada aquí.
Creo que ha llegado el momento de las vacas gordas para el cobre, ya que cuando se vende a 75 centavos de dólar la libra es buen negocio, pero cuando se vende a un dólar 50 centavos y algo más, es un negocio más que redondo: es estupendo. De manera que el argumento de que existiría alguna dificultad para pagar el 5 por ciento sobre las utilidades sólo podemos entenderlo como una mezquindad enorme para con Chile y su pueblo.
Estoy tremendamente satisfecho por todo lo que se ha avanzado con este proyecto. Algunos dicen que ha habido poco tiempo para su discusión, pero hace años que veníamos hablando del cobre, y tanto este año como el pasado el Congreso Nacional ha discutido iniciativas relacionadas con distintas formas de gravar a la gran minería, con el fin de obtener algunos recursos para el Estado.
Por eso, en buena hora que aprobemos este proyecto por el bien de Chile y de su gente.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero responder al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quien manifestó que la iniciativa se había discutido durante varios años. La verdad es que la Comisión de Hacienda la despachó en menos de 24 horas. En realidad, es un hecho inédito que sólo demuestra la actitud irresponsable del Gobierno, al pretender que una comisión técnica en este caso, la de Hacienda legisle sobre una materia tan compleja en menos de 24 horas.
La industria minera es enorme, compleja, delicada. Genera 400 mil empleos y se han invertido más de 20 mil millones de dólares en los últimos 15 años. Es un mercado que puede llevar a realidades como las que hemos visto en los últimos seis años: en 2004, un precio promedio de 1 dólar 30 centavos la libra, pero en los cinco años anteriores fue sólo de 75 centavos de dólar la libra. Es decir, prácticamente una variación del ciento por ciento en unos cuantos meses. Ésta es la situación que enfrenta una industria que insisto ha invertido más de 20 mil millones de dólares.
Por supuesto, todos queremos que la minería entregue más recursos al Estado. Por lo pronto, los nuevos precios y la maduración de los distintos proyectos por lo tanto, no se pueden deducir los gastos de organización y puesta en marcha, ni la depreciación acelerada, ni las pérdidas aportarán al país 9 mil millones de dólares adicionales en los próximos cinco años.
Entonces, ante este escenario de una industria delicada, que tiene este mayor aporte, se nos presenta un proyecto que constituye un verdadero error; otros ya fueron descritos por el diputado Dittborn . Evidentemente, es una iniciativa discriminatoria porque establece incentivos sectoriales que, tal como lo señaló un diputado de la Democracia Cristiana, altera las reglas del juego y constituye es uno de los aspectos más graves, debido a que no se estudió adecuadamente un cambio mayor a nuestro sistema de rentas. Por ejemplo, la definición del monto de las rentas afectas al impuesto, porque estamos estableciendo un criterio según el cual algunas empresas deberán pagar y otras no.
Por otra parte, tal como lo afirmó el diputado Bertolino , afecta nuestra imagen como país, y ya se conocen algunas pruebas que lo ratifican, como la opinión del Instituto Fraser, de Canadá. Además, afecta directamente a la mediana minería así lo han reconocido varios diputados de la Concertación, pero, lamentablemente, todavía no se han presentado indicaciones tendientes a resolver ese problema. Sin duda, la gran afectada será la mediana minería.
Asimismo, establece concesiones tributarias que no las voy a aceptar jamás mientras no tengamos un modelo federal de país al implementar un verdadero sistema regional.
Considero inaceptable que se hable de un impuesto que beneficiará a las regiones mineras. ¡Por favor! Nuestro sistema tributario es absolutamente objetivo y genérico; no busca la radicación de los recursos recaudados en determinados lugares o regiones, sino que se distribuyan a todo el país. De lo contrario, deberíamos alterar fundamentalmente nuestro modelo tributario, de manera que, por ejemplo, a una región como la que represento Magallanes se le devuelva la enorme cantidad de dinero que ha aportado a través del petróleo.
Finalmente, no deja de sorprenderme la Concertación, porque en muchas ocasiones sus personeros han asegurado que no habrá nuevos debates tributarios y que no se aplicarán nuevos impuestos. Pero se contradicen una y otra vez, porque aparte de haber modificado el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto de timbres y estampillas y las contribuciones, ahora están creando un impuesto sectorial, discriminatorio que, a la larga, constituirá un gran error en la historia tributaria del país.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra, y pido votación separada para los tres artículos permanentes y los siete transitorios del proyecto.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Le ofrezco la palabra al señor ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, preferiría intervenir al final, después que hayan hecho uso de la palabra todos los señores diputados inscritos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Muy bien, señor ministro.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, indudablemente, este proyecto de ley constituye un paso importante en una lata discusión realizada especialmente en los últimos tres años.
El año pasado en la Democracia Cristiana hicimos un genuino esfuerzo y, junto a otros parlamentarios de la Concertación y al diputado Carlos Vilches , de Renovación Nacional, presentamos un proyecto para instaurar un royalty a la gran minería.
Como todos saben, posteriormente, el Gobierno presentó un proyecto muy parecido, que fue rechazado fundamentalmente por los votos en contra de la UDI y Renovación Nacional, con excepción del diputado Carlos Vilches , que votó a favor. Ese proyecto de ley requería quórum calificado, porque era una nueva obligación que se le imponía al concesionario minero.
Como ustedes saben, este proyecto establece un impuesto específico a la gran minería, en virtud del cual se pretende recaudar una cifra que, de acuerdo con los precios del cobre, puede variar entre 100 y 300 millones de dólares. Creo que es un avance.
Quiero detenerme un minuto en este tema, ya que para mí y para mi partido es tremendamente relevante, porque tiene que ver con imponer al concesionario la obligación de pagar una regalía o royalty, por cuanto se reconoce al Estado de Chile como dueño absoluto, exclusivo y excluyente de las propiedades mineras. Esa iniciativa, que fue rechazada el año pasado, ponía énfasis en eso, pero este proyecto, que establece un impuesto específico al margen operacional, no se refiere a ese punto, no lo define, no avanza ni retrocede en esa materia tan relevante.
Hemos decidido aprobar esta iniciativa porque, si bien es cierto que no toca esa cuestión de fondo, se menciona en el mensaje del Ejecutivo, manteniéndose la tesis de que, no obstante la concesión de la propiedad minera, el dueño sigue siendo el Estado. Lo vamos a apoyar porque constituye un avance políticamente razonable y porque no reunimos los votos necesarios para imponer una obligación al concesionario, mediante la modificación de la ley orgánica constitucional de minería. De manera que esto es lo único posible, aunque uno quisiera ir más allá siguiendo la lógica del proyecto anterior. Repito que es un avance.
Otra materia en discusión, respecto de la cual el Ejecutivo se ha comprometido a avanzar, tiene que ver con el destino de los recursos que serán recaudados de la gran minería, y de la mediana minería, hasta ahora. Nosotros queremos que una parte de los recursos vayan en beneficio de las regiones en las cuales se encuentran los yacimientos mineros, porque la lógica que se debe aplicar para distribuir los recursos debe estar relacionada con la forma, a través de la investigación y el desarrollo, en que se reemplazarán las fuentes de trabajo una vez que se agoten los minerales que generarán estos recursos. En ese sentido, es un proyecto de futuro muy importante para las regiones mineras y para el país en general.
No queremos que se repita la experiencia del salitre o de la plata. Por eso, con la buena voluntad que ha mostrado el Ejecutivo, de que el 25 por ciento de los recursos se destinen a investigación y desarrollo en un sentido amplio, como lo explicó el diputado Waldo Mora , se cumple con el objetivo de este proyecto, que constituye un paso adelante.
Por último, hemos renovado una indicación para liberar del pago de este impuesto a la mediana minería. Entiendo que la Mesa debe pronunciarse sobre su constitucionalidad, pero es una especie de testimonio que hemos suscrito 30 diputados, porque creemos que la mediana minería, que es la que da más trabajo, la que tiene costos más altos y la que siempre ha pagado sus impuestos, debería quedar liberada de este impuesto, que sólo debe aplicarse a la gran minería que, por lo demás, generará más del 99 por ciento de los recursos que se recaudarán.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, ante todo quiero ratificar el respaldo de nuestra bancada a esta iniciativa del Ejecutivo.
Entendemos que su historia es suficientemente conocida: comenzó con una propuesta del Ejecutivo, que consistía en la aplicación de un royalty, en el sentido más puro y original del concepto, para la extracción del recurso, iniciativa que lamentablemente no contó con el quórum constitucional que la situación exigía. Fue así como, acogiendo una petición entiendo que ampliamente mayoritaria del país y de los parlamentarios de la Concertación, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos envió este proyecto que establece un impuesto específico para la gran minería, con el propósito de gravarla por el uso de este recurso por la extracción de minerales y, en consecuencia, contar con un volumen de recursos suficientes para ampliar la atención de las necesidades del país. En este caso, hacemos nuestra la decisión de que se inviertan en ciencia y tecnología, a fin de que de este modo se prepararen las condiciones nacionales para un salto al desarrollo.
Al cálculo de 75 centavos, serían aproximadamente unos 150 millones de dólares. Pero como todos sabemos que el precio del cobre está bastante por encima de aquello, no serán menos de 200 ó 250 millones de dólares que se invertirán y distribuirán a lo largo y ancho del país en investigación científica y tecnológica, de forma de responder a las nuevas exigencias del desarrollo y de la globalización.
Lamento que, a pesar del volumen de rentabilidad que tiene la gran minería del cobre muy por encima a la de cualquier industria nacional o actividad productiva, no haya consenso para la votación del proyecto. Ésta es la realidad frente a la iniciativa concreta del PresidenteRicardo Lagos y su gobierno de invertir en ciencia y tecnología.
Los márgenes de utilidades del sector hacen perfectamente posible que se pueda establecer este impuesto específico sin que la industria tenga ningún daño. Incluso más, en la discusión de la Comisión de Hacienda ha quedado expresamente claro que el volumen de la cartera de proyectos a invertir en el próximo tiempo alcanza casi los 20 mil millones de dólares.
En consecuencia, esperamos que, una vez cerrado el debate y aprobado el proyecto de royalty en la Cámara, y después en el Senado, tengamos las condiciones para que el país pueda disfrutar de esa inversión extraordinariamente elevada de la gran minería, y, al mismo tiempo, contar con los 200 ó 250 millones de dólares para investigación científica y tecnológica.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre .
El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, simplemente para hacer justicia al debate que se ha planteado, porque para el Ejecutivo es un deber dialogar y hacer presente su parecer por lo que aquí se ha escuchado.
Se ha dicho es mi primer punto de tres que este impuesto es discriminatorio. En realidad, la única discriminación que existe es la que hoy disfruta la gran minería, porque, a diferencia de los otros sectores económicos, es la única que extrae recursos que no le pertenecen y no paga por ellos. Recibe un subsidio del resto del país, porque la Constitución establece que los minerales pertenecen a todos los chilenos y, por tanto, todos tenemos el más legítimo derecho a cobrar por los recursos que se extraen.
Idéntica situación ocurre con los otros bienes de propiedad privada que existen y que la Constitución no los declara de propiedad pública. Por ejemplo, un bosque o un pedazo de tierra. Un privado que tiene su propiedad siempre va a obtener la remuneración por el goce o usufructo si alguien se los arrienda. De tal manera que hoy estamos terminando con una discriminación o, quizás, empezando a terminar con una de las muchas discriminaciones que desgraciadamente siguen existiendo en nuestro país. Por lo menos, en este nivel de la producción.
En segundo lugar, los diputados Dittborn y Álvarez plantearon que el proyecto conlleva un nuevo concepto de la renta. Desgraciadamente el español no es suficientemente completo, porque el impuesto a la renta se refiere a los ingresos habituales de los factores productivos que todos aportamos: el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Aquí estamos hablando de otra cosa, cual es la renta económica de un recurso escaso. En español se llama de la misma manera, pero sucede lo mismo que con los conceptos de papa y Papa, que, como ustedes saben, son dos acepciones distintas. Creo que todos lo podemos entender.
En este caso se trata de un simple alcance de nombres. No estamos cambiando el concepto de impuesto a la renta. Estamos extrayendo una renta económica, que la Constitución dice que pertenece a todos los chilenos. De lo contrario, todos los chilenos, pobres, medianos y ricos, estarán subsidiando a un puñado de empresas para que saquen ese valor y lo exporten.
Por último, el Gobierno inicialmente no quería hacer una asignación regional, porque lo que corresponde es que un recurso no renovable sea usado en investigación para generar nuevas fuentes de trabajo y de riqueza para nuestros hijos. Pero hemos sido sensibles a un tema que los diputados de regiones conocen y lo han planteado en distintas oportunidades. Por eso, me extraña su poca participación y el poco respeto frente a este problema.
No existe un campo de juego nivelado. La oportunidad en materia de recursos humanos que tiene una región apartada, en comparación con Santiago, no es la misma. Los daños que sufre frente a la explotación minera lo planteaban con fuerza los diputados Leal y Mulet no son los mismos. La calidad de las universidades y de los programas de doctorado lo planteaban con fuerza los diputados Valenzuela y Encina no es la misma. Tampoco la actividad empresarial privada. La industria con capital de riesgo lo planteaba el diputado Mora , tiene la misma oportunidad de surgir en todas las regiones. Por lo tanto, vamos a dejar un piso por región, para que haya un campo de juego nivelado y podamos reemplazar esta riqueza que nos dio la naturaleza, por riqueza generada por la mano del hombre, pero con posibilidades similares para las distintas regiones, a fin de que no sigamos celebrando cifras macroeconómicas mientras cunde la pobreza en las regiones.
Éste es un proyecto equilibrado, justo y patriótico, e invito a los señores diputados a aprobarlo.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Minería, señor Alfonso Dulanto .
El señor DULANTO (ministro de Minería).-
Señor Presidente, quiero hacerme cargo de una serie de temas que se han planteado aquí.
En primer lugar, quiero referirme a la competitividad. Al fijar este impuesto hemos tenido especial cuidado en velar por que nuestra industria minera mantenga su competitividad. Ésa es la razón por la cual el impuesto que se cobra es del 5 por ciento, sobre el margen operacional. Para quienes estiman que esto es poco, debo aclarar que no es poco; es mucho. Con ese dinero el país podrá llevar a cabo proyectos muy importantes. Se establece una cuota por arriba, para que la industria no pierda la competitividad. Además, no es poco, porque 150 millones de dólares invertidos en innovación es una cifra tremendamente significativa, que tendrá un impacto importantísimo en el futuro del país.
En segundo lugar, quiero hacerme cargo del tema de la mediana minería. Este impuesto incluye a todos quienes explotan recursos mineros no renovables y concesibles, y excluye, en una discriminación positiva y de una manera absolutamente determinada, a la mediana minería. ¿Por qué sólo a la mediana minería? Porque es un sector vulnerable, que requiere de instrumentos de fomento especiales. Ustedes saben que la mediana minería tiene una política de fomento y una política de incentivo, paga patentes mineras especiales y tributa de una manera especial, lo cual no ocurre ni con la pequeña ni con la gran minería. En consecuencia, no sería discriminatorio excluir a la mediana minería de este proyecto, toda vez que los propios personeros de la mediana minería, a través de su institución gremial, la Sonami, han manifestado que operan en igualdad de condiciones con la gran minería. Esto fue declarado por los propios actores de la mediana minería.
En tercer lugar, el proyecto se hace cargo de las diferencias que existen entre unos yacimientos y otros. Por eso usamos el concepto de margen operacional, de forma tal que cuando los ciclos de mercado o los costos de una determinada faena estén bajo el 8 por ciento, el impuesto que se pague empiece a decaer en forma inmediata.
También quiero destacar el hecho de que este proyecto respeta integralmente los contratos de inversión extranjera existentes. En esto hay que ser absolutamente claro y meridiano. No estamos vulnerando ninguno de los contratos de invariabilidad tributaria que hoy tiene el país. Se da la opción voluntaria a aquellos protegidos por la invariabilidad, de acuerdo al decreto ley Nº 600, de salir del sistema a través de un conjunto de incentivos, incluidos en él. Esto garantiza a los inversionistas la igualdad de condiciones de las empresas nacionales y extranjeras. No hay discriminación respecto de chilenos ni de extranjeros, sino una discriminación positiva respecto de un sector vulnerable que se llama pequeña minería.
Por último, la cifra que se recaudará permitirá llevar a cabo programas de innovación tecnológica de manera importante, con una asignación especial para todas las regiones del país, de un 25 por ciento. Estas regiones podrán, además, optar al 75 por ciento, que es el fondo nacional, en igualdad de condiciones.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Díaz , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Dittborn , Galilea (don Pablo) , Kast , Kuschel , Monckeberg , Paya , Prieto y Urrutia.
Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez , Becker , Galilea (don José Antonio) , Ibáñez (don Gonzalo) , Leay , Pérez (don Ramón) , Rojas y Vargas .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar el artículo 1º, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda a sus números 1) y 3).
Hago presente que, en virtud de lo dispuesto en el número 1º del artículo 62 de la Constitución Política y en el artículo 25 de la ley orgánica del Congreso Nacional, declaro inadmisible la indicación presentada por el diputado Jaime Mulet y por otros treinta señores diputados, entre los cuales se incluyen tres jefes de comités, al número 1) del artículo 1º, que incide en el inciso final del artículo 34 ter, en atención a que altera la exención a que se refiere tal norma, lo que es una materia privativa de la iniciativa del Presidente de la República.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don aníbal), Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Dittborn, Kast , Kuschel, Paya y Urrutia.
Se abstuvieron los diputados señores:
Bertolino , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , Leay , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) y Rojas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el artículo 2º, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votó por la negativa el diputado señor Urrutia.
Se abstuvieron los diputados señores:
Bertolino , Delmastro , Galilea (don Pablo) , Kuschel , Pérez (don Ramón) y Rojas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el artículo 3º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados.
Alvarado , Álvarez , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Dittborn , Forni , Kast , Kuschel, Paya y Urrutia.
Se abstuvieron los diputados señores:
Bertolino , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , Leay , Pérez (don Ramón) , Rojas y Vargas .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
¿Habría acuerdo de las Sala para votar de una sola vez los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, transitorios?
Acordado.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobados.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Cardemil , Correa, Kuschel y Urrutia.
Se abstuvieron los diputados señores:
Bertolino , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , Pérez ( don Ramón) y Rojas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 16.16 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Errázuriz y Delmastro.Sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado. (boletín Nº 3817-03)
“Considerando:
1.Que el artículo 25 de la ley N° 19.496, sobre Protección al Consumidor, en su inciso primero sanciona al que "suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación un derecho previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención",
2.Que las empresas distribuidoras de gas o energía eléctrica, a pretexto de que las generadoras no les entregan gas o energía eléctrica, pueden suspender o paralizar dichos servicios sin sufrir ninguna sanción, pues la falta de prestación del servicio no sería "injustificada";
3.Que no se puede pretender que sea el consumidor quien deba enfrentarse a las generadoras, pues su otra parte es la distribuidora y no la generadora;
4.Que, para los efectos de la historia de la ley y la idea matriz del proyecto, las distribuidoras quedan plenamente facultadas para suspender un servicio por no pago del mismo, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.496 la expresión "suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención" por la expresión "suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención, entendiéndose que si la suspensión o paralización es por no pago del servicio, la suspensión o paralización no se entenderá que es injustificada”;
Moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Masferrer, Accorsi, Álvarez-Salamanca, Barros, Ceroni, Correa, García, Rossi y Silva.Establece la obligatoridad de rotulación en alimentos transgénicos. (boletín N° 3818)
Un alimento transgénico es aquel obtenido a partir de un organismo modificado por ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otras especies para producir una característica deseada.
Los beneficios pueden ser: para la salud (nutricionales), preservación (o de duración de la vida útil del alimento) y de producción (mejor utilización de las tierras de cultivo, menor uso de pesticidas en la producción agrícola). Hasta la fecha no hay casos probados de daño producido por el consumo de transgénicos, sin embargo los riesgos potenciales por consumo de estos alimentos son: a) Posible generación de resistencia de las bacterias a algunos antibióticos útiles para el ser humano; b) Reacción alérgica a los nuevos alimentos en personas susceptibles.
Hechos recientes en diversos puntos del país, dan cuenta que una serie de productos utilizados para la producción de alimentos, han puesto en debate la utilización de los referidos transgénícos. Es así, que por razones de transparencia y salud pública se hace necesaria dotar a los consumidores de esta necesaria información.
En virtud de lo expuesto, los Diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Las empresas encargadas de producción de materias primas alimentarias u otros alimentos destinadas a consumo humano deberán indicar especialmente en su rotulación si el referido producto utiliza o no transgénicos u otras características nutricionales distintas.
Su omisión será sancionada con multa de 500 a 5000 UTM”.