Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Prieto Lorca
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA GLADYS MARÍN MILLIE.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Edmundo Villouta Concha
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ENTREGA DE INFORMACIÓN VINCULADA A DETENIDOS DESAPARECIDOS.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Salaberry Soto
- Sergio Ojeda Uribe
- Laura Soto Gonzalez
- Alfonso Vargas Lyng
- Fulvio Rossi Ciocca
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL. Modificaciones de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PROCESAL APLICABLE A LAS CAUSAS POR ALIMENTOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- DEBATE
- FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL. Modificaciones de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA CORREGIR DEFICIENCIAS DE LA LEY 19.885, SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS. (Votación).
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA LEGAL SOBRE REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jaime Quintana Leal
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Fernando Meza Moncada
- Guido Girardi Lavin
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Enrique Accorsi Opazo
- Eugenio Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APOYO A GESTIONES DEL GOBIERNO PARA JUZGAR A INCULPADO EN CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Dario Molina Sanhueza
- Marcelo Forni Lobos
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Cristian Antonio Leay Moran
- Julio Dittborn Cordua
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Claudio Alvarado Andrade
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DESTINADA A ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA CHILENA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pablo Lorenzini Basso
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Zarko Luksic Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA CORREGIR DEFICIENCIAS DE LA LEY 19.885, SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS. (Votación).
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 47ª, en martes 8 de marzo de 2005
(Ordinaria, de 19.05 a 21.27 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; y Letelier Norambuena, don Felipe.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia9
II.Apertura de la sesión13
Minuto de silencio en memoria de la ex diputadaGladys Marín Millie13
III.Actas13
IV.Cuenta13
Día Internacional de la Mujer14
Permiso constitucional14
Integración de Comisión Mixta en proyecto sobre entrega de información vinculada a detenidos desaparecidos14
V.Orden del Día.
Fortalecimiento del gobierno regional. Modificaciones de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta15
Perfeccionamiento de normativa procesal aplicable a las causas por alimentos. Primer trámite constitucional22
VI.Proyectos de acuerdo.
Envío de proyecto de ley para corregir deficiencias de la ley N° 19.885,
sobre donaciones con beneficios tributarios. (Votación)41
Modificación de normativa legal sobre realización de autopsias41
Apoyo a gestiones del Gobierno para juzgar a inculpado en Chile45
Creación de Comisión Especial destinada a estudiar los efectos de la política antártica chilena47
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica las leyes N°s 18.556, sobre
sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral y 18.700, sobre
votaciones populares y escrutinios. (boletín N° 380306)49
2.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presenta la
urgencia con “discusión inmediata” para el proyecto que modifica las leyes N°s 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral y Nº 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios. (boletín N° 380306)53
Pág.
3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha rechazado el
proyecto que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta para resolver las discrepancias producidas. (boletín N° 339117)53
4.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia
“simple”, que modifica el Código de Aguas. (boletín N° 87609)54
5.Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo. (boletín N° 336713)85
6.Informe Complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo.
(boletín N° 336713)151
VIII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que, en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo se retira el Diputado señor Urrutia e ingresa el Diputado señor Prieto, y en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ingresa el Diputado señor Urrutia y se retira el diputado señor Prieto.
Del diputado señor Villouta quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, de la Constitución Política de la República y 35, del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 6 de marzo en curso para dirigirse a Buenos Aires.
Carta de S. E. el Presidentede los Estados Unidos Mexicanos dirigida a los señores Diputados de la República de Chile, referida al Mecanismo de Cooperación AsiaPacífico (Apec).
2.Oficios:
De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para que el proyecto sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal sea estudiado en Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, debido a los cambios producidos en su segundo trámite constitucional (boletín N° 66901).
Contraloría General de la República:
Señor Alvarado, presuntas irregularidades en la Municipalidad de Ancud.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Señor Letelier, don Felipe, construcción de camino entre Chile y Argentina en la Octava Región.
Señor Navarro, antecedentes sobre situación de jóvenes chilenos procesados en Cuzco.
Señora González, medidas adoptadas para liberar a jóvenes detenidos en Perú.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 510A, detalles proyecto “Astro Chile” y suscripción con Rusia de acuerdo cooperación en la investigación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 542, ayuda a los países afectados por terremoto y maremoto en Asia, por parte de los sectores público y privado de Chile.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Señor Martínez, resguardos para los productores agrícolas.
Señor Delmastro, comisión liquidadora de quiebra de la Cooperativa de la Vivienda Cardenal Silva Henríquez.
Señor Navarro, cesantía particularizada en comunas de Penco y Tomé.
Señor Bauer, situación habitacional en población Los Líderes, de Graneros, Sexta Región.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 530, medidas en protección de la pesquería de la merluza común.
Ministerio de Hacienda:
Señor Prieto, información sobre facturación de empresas a la Intendencia de la Séptima Región.
Señor Kuschel, conveniencia de eliminar el límite a la inversión internacional de los fondos de las AFP.
Señor García Huidobro, análisis de la gestión de Codelco.
Señor Navarro, omisión de facturas o boletas por parte de la asociación gremial de buses Central Placeres.
Señor Burgos, información sobre operaciones sospechosas denunciadas a la unidad de análisis financiero.
Ministerio de Justicia:
Señor Prieto, antecedentes sobre construcción del edificio de la Corte de Apelaciones de Talca.
Señor Prieto, antecedentes sobre construcción del edificio de la Corte de Apelaciones de Talca.
Señor Prieto, información respecto de la construcción de servicios sanitarios para cárcel concesionada de la Séptima Región.
Señor Kuschel, medidas para cumplimiento de requisitos por parte de encargado de oficina del Servicio Médico Legal en Puerto Montt.
Señor Ojeda, asignación de recursos adicionales para Gendarmería.
Ministerio de Defensa Nacional:
Señor Kuschel, instalación de cámaras de vigilancias en Puerto Montt.
Señor Bustos, información sobre comercialización de fuegos artificiales.
Señor Sánchez, información de delitos de narcotráfico.
Ministerio de Obras Públicas:
Señor Hernández, inspección técnica a puentes en ciudad de Osorno.
Señor Kuschel, información sobre obras en comunas de la Décima Región.
Ministerio de Bienes Nacionales:
Señor Prieto, antecedentes sobre regularización de inmuebles en la Séptima Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Señor Jaramillo, inclusión de la comuna de Los Lagos en los planes de empleo de emergencia.
Señor Robles, homologación de funcionarios fiscalizadores.
Señor Navarro, continuidad de planes de empleo en Penco y Tomé.
Señor Prieto, cobertura de planes gubernamentales de empleo en la Séptima Región.
Señor Riveros, copia de la resolución que autoriza cierre Planta de La Calera y despido del personal de Aceros Andes S.A.
Señor Venegas, fiscalización de normas laborales de trabajadores temporeros.
Ministerio de Salud:
Señor Vilches, situación de los funcionarios del hospital de Copiapó.
Señor Cornejo, criterios de elegibilidad para nombramiento de Secretarios Ministeriales de Salud.
Señor Galilea, don José Antonio estado de avance de proyecto sanitario para la comunidad Malpichahue, comuna de Lautaro.
Señor Kuschel, información sobre deuda de Servicio de Salud Llanquihue Chiloé y Palena.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 506, mayores exigencias a los extintores de incendio.
Ministerio de Minería:
Señor García-Huidobro, análisis de la gestión de Codelco.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
Señor Riveros, seguridad en cruces ferroviarios de provincia de Maipú.
Señor Hernández, inspección técnica a puentes en ciudad de Osorno.
Señor Pérez, don Ramón, obras de pavimentación en la calle Hyatt comuna de Iquique.
Señor Navarro, estudios técnicos sobre instalación de antenas de telefonía móvil.
Señor Villouta, información sobre construcción de puente de acceso a Traiguén.
Señor Becker, informe técnico conjunto habitacional Los Cóndores de Temuco.
Señor Becker, cambio en las especificaciones técnicas de construcción de Villa Los Cóndores, comuna de Temuco.
Señor Mora, pavimentación en Antofagasta.
Señor Navarro, morosidad de deudores habitacionales en la octava región.
Señor Palma, pavimentos de Villa Alegre.
Señor Hernández, antecedentes relacionados con instalación de planta de revisión técnica en Osorno.
Señor Delmastro, información sobre transferencia y subdivisión de sitio en la ciudad de Valdivia.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Señora Vidal, plantas de revisión técnica de vehículos.
Señor Espinoza, adopción de medidas de seguridad en favor de pasajeros de buses.
Señor Espinoza, mejoramiento gestión del transporte público en provincia de Llanquihue.
Señor Espinoza, adopción de medidas de seguridad en favor de pasajeros de buses.
Señor Kuschel, alternativas al congelamiento de parque de taxis en las principales ciudades de Chile.
Señor Kuschel, informe sobre plazo para concluir electrificación de islas de la Décima Región.
Señor Villouta, medidas para regular la transferencia de vehículos usados.
Señor Villouta, regulación de cybercafés.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 493, medidas sobre la regulación y la fiscalización de extintores portátiles.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Señor Burgos, construcción de templo religioso Bahá’is en el Parque Metropolitano.
Señor Monckeberg, construcción de templo religioso Bahá’is en el Parque Metropolitano.
Respuesta a Proyecto de Acuerdo 519, urgencia para proyectos de ley que regulan el consumo, comercialización y publicidad del tabaco.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
Señora Cristi, aplicación de nueva ficha Cas.
Respuesta a proyecto de acuerdo 499, envío de proyecto de ley que facilite las donaciones de insumos médicos y de aparatos de apoyo para discapacitados.
Consejo de Defensa del Estado:
Señor Quintana, superposición de títulos de dominio.
Señor Jaramillo, posibilidad de deducir acción judicial para reparar daño ambiental en Valdivia.
Ministerio Público:
Señor Prieto, información sobre situación tributaria del señor Víctor Reyes Mancilla.
Señor Von Mühlenbrock, eventuales irregularidades cometidas por asistente social de Río Bueno.
Señor Prieto, antecedentes respecto de don Luis Vásquez, funcionario de la municipalidad de Constitución.
Defensoría Penal Pública
Señor Ibáñez, designación de ex alcalde de Valparaíso como defensor público de comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Concón.
Servicio Electoral:
Señor Burgos, información acerca de cuentas de alcaldes de Providencia y de La Florida.
Señor Valenzuela, información sobre nuevo sistema de inscripción electoral.
Señor Ortiz, instalación de locales de votación en Lomas Coloradas, comuna de San Pedro de La Paz.
Juzgado de Policía Local de Antofagasta:
Señor Araya, número de partes cursados por Carabineros en Antofagasta.
Municipalidad de Yumbel:
Señor Monckeberg, adopción de medidas en el tránsito de la calle Las Perlas en la localidad de Temuco.
Municipalidad de Puerto Montt:
Señor Kuschel, creación de una feria libre en la ciudad de Puerto Montt.
Superintendencia de Quiebras:
Señor Villouta, eventuales quiebras de empresas que ofrecen vacaciones de tiempo compartido.
Programa Chile Barrios:
Señor Navarro, avance de programa Chile Barrios en comunas de la Octava Región.
Intendencia Regional del Biobío:
Señor Navarro, medios de transporte entre Coronel y la Isla Santa María.
Instituto de Fomento pesquero:
Respuesta a proyecto de acuerdo 530, medidas en protección de la pesquería de la merluza común.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Edmundo Villouta.
Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma.
Asistieron, además, los ministros del Interior (S), don JorgeCorrea Sutil, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 19.05 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA GLADYS MARÍN MILLIE.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados y señoras diputadas, en nombre de la Mesa, propongo guardar un minuto de silencio en memoria de la ex diputada señora Gladys Marín , electa en 1965 y reelecta en 1969 y 1973, quien falleció luego de una penosa enfermedad.
Los diputados y diputadas, los funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El acta de la sesión 41ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 42ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para hablar sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, se ha dado cuenta del ingreso a la Cámara de un proyecto que modifica las leyes Nºs 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, y 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Como existe mucho interés sobre el tema, solicito que ese proyecto ingrese a comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, a fin de agilizar su tramitación.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor Ortiz ?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en el punto Nº 4 de la Cuenta se plantea la revisión, en comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, de las modificaciones del Senado al proyecto sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
No tengo claro si existe acuerdo para que la iniciativa sea tramitada en conjunto por dichas comisiones o si habría que pedir el acuerdo de la Sala.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, entiendo que este punto todavía no puede ser resuelto porque las modificaciones del Senado aún no han llegado a la Corporación.
En consecuencia, lo único que se ha hecho es dar cuenta del oficio de la Comisión de Recursos Naturales. En su oportunidad, cuando lleguen las modificaciones, someteremos la materia a la decisión de la Sala.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todas las mujeres en su día, en especial a las que trabajan en la Corporación.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
La Mesa, en nombre de los varones de la Corporación, saluda a las señoras y señoritas diputadas, así como a todas las mujeres de Chile. Feliz Día Internacional de la Mujer queridas amigas, y señoras y señoritas diputadas, señoras y señoritas funcionarias de la Corporación.
Aplausos.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Edmundo Villouta para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 de marzo en curso, para dirigirse a Buenos Aires.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ENTREGA DE INFORMACIÓN VINCULADA A DETENIDOS DESAPARECIDOS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Propongo integrar la Comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que establece incentivos para la entrega de información respecto de los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por los diputados señores Felipe Salaberry , Sergio Ojeda , señora Laura Soto y señores Alfonso Vargas y Fulvio Rossi.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, quiero plantear una situación que ocurrió hoy.
Varias comisiones tenían invitados a las sesiones de hoy en la tarde. Por ejemplo, la Comisión del Trabajo y Seguridad Social estaba citada a las 18.30 horas. Su presidenta, doña Ximena Vidal , invitó a trabajadores portuarios de la Quinta Región, de Valparaíso y de San Antonio. A raíz del fallecimiento de doña Gladys Marín , se trasladó para esta tarde la sesión que la Sala debía realizar en la mañana de hoy, por lo que su celebración coincide con la hora de algunas comisiones. Esta situación no se alcanzó a comunicar a los invitados, los cuales quedaron molestos, especialmente los de San Antonio, por cuanto incurrieron en gastos para llegar a Valparaíso, donde no han sido recibidos ni se han escuchado sus planteamientos.
Por lo tanto, solicito que cuando se tome este tipo de decisiones, Secretaría informe a cada una de las comisiones, a fin de que evalúen con antelación si podrán sesionar. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo no pudo celebrar sesión para escuchar a los invitados, pues sus integrantes debíamos dar el quórum para la sesión de la Sala, citada a las 19.00 horas de hoy.
Además de mi reclamo, espero que en lo futuro se suspendan de inmediato todas las sesiones de las comisiones cuando se produzca una situación similar.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
La Mesa se hace cargo de esta observación.
Sin embargo, debo señalar que cuando los Comités Parlamentarios acordaron trasladar esa sesión para la tarde de hoy, inmediatamente se comunicó esa decisión a Secretaría, la que debió haber procedido de acuerdo con el Reglamento.
Otra solución habría sido haber solicitado la unanimidad para que su Comisión pudiese sesionar simultáneamente con la Sala.
V.ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL. Modificaciones de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto, originado en mensaje, que modifica la leyNº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los Gobiernos Regionales.
Antecedentes:
Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación de Desarrollo Social, boletín Nº 320306, sesión 45ª, en 2 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana , quien informó sobre el proyecto en su primer trámite constitucional.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 18 de enero pasado, pasa a emitir un informe respecto del proyecto, en tercer trámite constitucional, originado en mensaje y cuya urgencia fue calificada de “simple” el 4 de enero pasado. Al tenor de lo acordado, el informe versa exclusivamente sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano , y de los asesores jurídicos de dicha repartición, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez.
Sobre el particular, la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo hizo las siguientes precisiones:
El Senado modificó los artículos 24 y 36 de la ley Nº 19.175, en términos de fijar al intendente un plazo máximo de 20 días hábiles para responder por escrito sobre los actos de fiscalización que realice el consejo en su conjunto y las informaciones solicitadas por los consejeros en forma individual. Por otra parte, se faculta al peticionario para recurrir a la justicia en caso de que la autoridad no responda a la referida solicitud en tiempo oportuno.
Otra enmienda importante incorporada por el Senado dice relación con el artículo 31 de la ley. Al respecto, se prescribe que para ser elegido consejero regional se requerirá haber cursado enseñanza media o su equivalente, en tanto que el texto en vigor sólo exige saber leer y escribir. Esta norma es análoga a una que se aprobó respecto de los alcaldes.
Acerca del tema de las inhabilidades, el Senado incorporó una enmienda al artículo 35 de la ley, en el sentido de que cualquier persona que tome conocimiento de que un consejero participa en la discusión y votación de un asunto en que él o sus parientes tengan interés, podrá efectuar el reclamo correspondiente ante el Tribunal Electoral Regional, debiendo pagar una multa en el evento de que su presentación sea infundada. Cabe señalar que en el primer trámite la Cámara aprobó una reforma a este artículo solamente en cuanto a establecer una multa para el consejero que contravenga la prohibición en comento.
El Senado también modificó las normas sobre viáticos para los consejeros regionales aprobadas por esta Corporación en el trámite anterior artículo 39. Por un lado, reemplazó el concepto de “viático” por el de “reembolso de gastos de alimentación y alojamiento”, el que no podrá superar el valor del viático que le corresponda al intendente en las mismas condiciones, y, por otro, reguló por primera vez el tópico de los cometidos al extranjero, consagrando un límite de gastos, que alcanza al 30 por ciento del total contemplado en el presupuesto para el pago de gastos reembolsables de los consejeros.
Este tema no estuvo exento de discusión al interior de la Comisión. Distintos consejeros regionales, como Liselote Mayer y Mauricio Morales, expresaron el sentir de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de la época, dado que posteriormente se ha producido una renovación de ellos. El tema preocupa mucho y, sin duda, será parte de este debate.
Otra innovación interesante propuesta por la Cámara revisora consiste en crear la institución de las “biseremías”. Esto es, la facultad, plasmada en el artículo 62 de la ley, de que un secretario regional ministerial pueda tener a su cargo más de una seremía en la misma región por ejemplo, que el seremi de Obras Públicas lo sea también de Bienes Nacionales, teniendo para todos los efectos legales la calidad de funcionario del ministerio en que primeramente fue designado. Si bien esta situación ocurre actualmente en los seremis, la novedad es que, con el presente proyecto, esto se puede producir respecto de distintas carteras ministeriales.
Se perfeccionó el artículo 70 bis de la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional el cual, a su vez, fue incorporado en el primer trámite, que consagra el anteproyecto regional de inversión. Dicha norma viene a plasmar una práctica que data de hace dos años, y se traduce en que el nivel central, cuando está elaborando el presupuesto, debe informar, a través de los seremis y de los jefes de servicios, cuáles son los recursos y las principales obras que se van a desarrollar en la región respectiva. Esa información es recogida por el intendente y por el Core, Consejo Regional, y sirve de base para confeccionar el anteproyecto regional de inversión, el cual comprende los recursos del nivel central que se van a invertir en la región y los del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr. Sin duda, estamos en presencia de un avance significativo en la descentralización del país.
De acuerdo con una adición aprobada por el Senado a este precepto, se incorpora la participación de los representantes del Core en la formulación del aludido anteproyecto. También se fijó como límite el mes de abril de cada año para que los ministerios entreguen a los seremis y demás autoridades regionales competentes la información consignada precedentemente.
Vinculado a lo anterior, se complementó la disposición aprobada en su momento por la Cámara, relativa al artículo 72 de la ley en mención, según la cual, una vez publicada la ley de Presupuestos, los ministerios, a través de los seremis, deberán informar a los gobiernos regionales la inversión que realizarán en la región. Las adiciones incorporadas por el Senado dicen relación, sustancialmente, por un lado, a que esa información también debe ser puesta en conocimiento de los parlamentarios de la región de que se trate y, por el otro, a que dentro de los antecedentes deben incluirse los programas de gastos que se efectuarán en la región, desglosados por iniciativa, unidad territorial beneficiaria, monto de recursos comprometidos, etcétera. De este modo, en el mes de enero las regiones conocerán con certeza el volumen de recursos y los proyectos que se realizarán en su territorio. Así se logra una coordinación real de los procesos de inversión a nivel nacional y regional, obligándose a la autoridad central a considerar las peculiaridades de cada región.
Resulta relevante que los parlamentarios tengamos esta información, para los efectos de la discusión de la ley de Presupuestos y, naturalmente, para la función de fiscalización propia de esta Corporación.
En otro ámbito, el Senado introdujo enmiendas sustantivas al artículo 73 de la ley, sobre el Fndr. Actualmente, éste opera como un fondo de compensación territorial. El Senado, sin dejar de lado ese factor, incorporó la finalidad del desarrollo regional.
Vinculado a lo anterior, reformó el artículo 75, que regula la distribución del 90 por ciento del Fndr, estableciendo que la mitad de ese porcentaje debe asignarse de acuerdo al nivel socioeconómico de la región, y la otra parte, atendiendo a la condición territorial particular de ésta. Sin duda, respecto de este punto también existen opiniones bastante controvertidas, por cuanto la incorporación del elemento territorial es un tema que preocupa particularmente a la regiones más pequeñas del país.
La innovación del Senado consiste en que a lo menos el 50 por ciento del referido 90 por ciento debe invertirse atendiendo a la población en condiciones de pobreza e indigencia, y el porcentaje restante, en función de las características territoriales de cada región.
Por otra parte, modificó el artículo 76, que trata de la distribución del 10 por ciento restante del Fndr, de forma que la mitad de ese porcentaje 5 por ciento, que se asigna como estímulo a la eficiencia, no se distribuye atendiendo únicamente a la eficiencia en el gasto, que es lo que tradicionalmente se hace, sino que, también, se consideren indicadores que midan, por ejemplo, el mejoramiento de la educación y de la salud regionales. Estos indicadores y los procedimientos de cálculo deberán ser conocidos por los gobiernos regionales con dos años de anticipación.
El nuevo enfoque la distribución del 5 por ciento de eficiencia no pretende castigar a las regiones con autoridades menos competentes que otras, ya que esto significaría perjudicar injustamente a la población que vive en dicho territorio. La idea es que cada región se supere a si misma cumpliendo metas propias sin necesidad de compararse con las demás, porque la realidad socioeconómica, como decíamos, suele variar sustancialmente de un lugar a otro.
Al interior de la Comisión comentamos la importancia de la modificación, por cuanto hay regiones que muchas veces se ven privadas de recibir este 5 por ciento de eficiencia, fundamentalmente por las condiciones climáticas, donde gran parte de las obras financiadas con el Fndr, no se pueden desarrollar en plenitud, precisamente por las condiciones de cada región.
En lo que concierne al tema de la elección de los consejeros (Capítulo VI, artículo 81 y siguientes de la ley), el Ejecutivo era partidario en un principio de que los alcaldes puedan participar en ella, tal como lo aprobó la Cámara en el primer trámite. Sin embargo, el Senado rechazó esa proposición, optando por que sean únicamente los concejales quienes elijan a los consejeros regionales. El Ejecutivo no insistió sobre el punto, ya que tiene depositadas sus esperanzas en que en definitiva se apruebe el nuevo sistema de elección contenido en el proyecto de reforma constitucional sobre gobierno y administración regional, que contempla la elección directa y por sufragio universal de los consejeros regionales. Sin perjuicio de ello acotó la subsecretaria, señora Adriana del Piano, y de acuerdo al nuevo mecanismo de elección separada de alcaldes y concejales, la participación de los primeros en la elección de los consejeros regionales conllevaría una sobrerrepresentación de estos últimos, distorsionando, en alguna medida, la voluntad popular.
Por último, el artículo 5º transitorio introducido por el Senado fija un procedimiento compensatorio para las regiones durante los años 2006 y 2007, de manera que no se vean perjudicadas por los nuevos criterios de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional señalados en este informe.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente, la verdad es que estamos en el tercer trámite del proyecto que modifica la ley Nº 19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en espera de ver el gran proyecto de reforma regional, que es una reforma a la Constitución.
Notamos que se avanza en la transparencia, se mejoran las dietas de los consejeros regionales, se agregan algunos requisitos para optar a este cargo. En general, estamos de acuerdo en aprobar este proyecto. Sin embargo, la verdad es que en Renovación Nacional tenemos serios reparos al artículo 75 que regula la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr , que el Ejecutivo repuso en el Senado. En la Cámara de Diputados habíamos rechazado este artículo 75, porque pensamos que perjudica a las regiones, especialmente a las con menos habitantes, ya que es la introducción de la variable demográfica a la forma en que se distribuye el Fndr. Por lo tanto, las regiones que tengan más habitantes van a tener más recursos. El Ejecutivo repuso este artículo un tanto camuflado, porque no consideró la variable demográfica, sino la población en condiciones de pobreza, que es lo mismo.
En la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social le pedimos al Ejecutivo, en no menos de cuatro oportunidades, que nos hiciera una simulación de la situación en que quedaría cada región; en definitiva, cuanto recibiría cada región. Esa simulación nunca llegó, nunca se hizo. Por lo tanto, así como en su momento rechazamos el artículo 75, en esta segunda oportunidad lo volveremos a votar en contra.
El Ejecutivo también piensa que algunas regiones sufrirán un desmedro. Ello se comprueba por la redacción dada al artículo 5º transitorio, que dispone que las modificaciones introducidas por la presente ley a los artículos que se refieren a la distribución del Fndr, regirán a partir del año 2006, y durante ese año y el siguiente, se considerarán provisiones que permitan asegurar que, en ningún gobierno regional, la suma de la cuota correspondiente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y las provisiones distribuidas al 30 de abril de cada año se reduzcan respecto de la suma de ambos conceptos en el año 2003.
Esto significa que el artículo 5º transitorio resguarda que en 2006 y 2007 no disminuya el Fndr para ninguna región. Pero no tenemos garantías de que en 2008 ó 2009 algunas de ellas, como a la que corresponde el distrito que representa el señor Presidente, o la de Aisén, no sufrirán un deterioro considerable. De alguna manera se está transgrediendo lo que siempre se consideró: que el Fndr debe ser destinado a las regiones más pobres y alejadas.
Por lo expuesto, anuncio el voto en contra de la bancada de Renovación Nacional al artículo 75.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa ha acogido su petición. Por lo tanto, el artículo 75 será votado en forma separada.
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, sólo quiero ratificar el criterio planteado por el diputado señor Becker. Quienes representamos zonas extremas estamos preocupados por las consecuencias que podría tener lo dispuesto en el artículo 75, pues se pondera de manera distinta superficie y población. Como representante de un distrito que pertenece a la región de Aisén reitero la necesidad de que ese artículo se vote por separado.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, también adhiero a lo manifestado por los diputados señores Becker y Sánchez , en cuando a votar en forma separada el artículo 75.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, el proyecto se votará al final del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 19.175, orgánica constitucional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con excepción de las recaídas en los números 17), 18), 19) y 21), nuevos, que serán votados en forma separada.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobadas.
Se deja constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Martínez , Melero , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar la incorporación de un número 17), nuevo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Delmastro , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , Girardi , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen) , Kuschel, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Martínez , Meza , Monckeberg , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Quintana , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados.
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Dittborn , Egaña , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Leay , Melero , Molina , Moreira , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock.
Se abstuvieron los diputados señores:
Jaramillo y Sánchez.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación la incorporación de un número 18), nuevo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Díaz , Encina , Escalona , Espinoza , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Meza , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Quintana , Riveros , Robles, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer ,
Becker , Bertoloni , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Kuschel, Leay , Longton , Martínez , Melero , Monckeberg , Moreira , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Salaberry , Sánchez , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas y Von Mühlenbrock.
Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi y Tarud.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación la incorporación de un número 19), nuevo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Díaz , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Meza , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Quintana , Riveros , Robles, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal (doña Ximena) y Walker.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez ( doña Carmen) , Kast , Kuschel, Leay , Longton , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Moreira , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas , Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación la incorporación de un número 21), nuevo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Díaz , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Meza , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Quintana , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonio) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal (doña Ximena) y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Dittbon , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Kast , Kuschel, Leay , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Moreira , Norambuena , Palma , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas , Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Propongo integrar la Comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre la Cámara y el Senado sobre el proyecto recién despachado con la diputada señora Caraball , doña Eliana , y los diputados señores Varela, don Mario ; Quintana, don Jaime ; Becker, don Germán y Navarro, don Alejandro.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PROCESAL APLICABLE A LAS CAUSAS POR ALIMENTOS. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley, originados en mociones, que modifican la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con el objeto de establecer la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas provenientes de aquellas, penalizar el incumplimiento malicioso en el pago de las mismas y otorgar competencia a juez que indica para conocer sobre su aumento, disminución o cese.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María Angélica Cristi.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2600-18, sesión 6ª, en 12 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Moción, boletín Nº 3093-18, sesión 6ª, en 10 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Moción, boletín Nº 3619-18, sesión 20ª, en 22 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Informe de la Comisión de Familia, refundido en los boletines Nºs 2600-18, 3093-18 y 3619-18, sesión 46ª, en 3 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, me corresponde dar a conocer el informe de la Comisión de Familia sobre tres proyectos que tienen por finalidad modificar distintos aspectos de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Por tratarse de iniciativas referidas a una misma materia, la Comisión acordó estudiarlas en conjunto.
El hecho de que estos tres proyectos fueran conocidos por la Comisión de Familia coincidía con una preocupación de la propia Comisión por mejorar una ley aprobada hace un par de años, que ya había demostrado ser ineficaz para obligar al cumplimiento de los pagos de pensiones alimenticias, a pesar de haber introducido una serie de modificaciones que apuntan en el sentido correcto.
El primero, que dispone la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, tuvo su origen en una moción de la diputada que habla, de la diputada señora Pía Guzmán , del diputado señor Barrueto y de los ex diputados señores Orpis y Cornejo. En ese tiempo se consideró que su normativa no era aplicable, por distintas razones, a las cuales me referiré más adelante, y por eso fue archivado. Con posterioridad se presentó otro proyecto, que también establecía dicha medida, razón por la cual se desarchivó la moción original y se incluyó en este nuevo estudio.
El segundo, que establece pena por el incumplimiento malicioso en el pago de las pensiones alimenticias, corresponde a una moción de los diputados Norambuena , Forni , Ibáñez , Moreira , Salaberry , Recondo , Ulloa y Uriarte.
El tercero, que otorga competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensión alimenticia de menores, fue una moción del diputado señor Maximiano Errázuriz.
Los tres proyectos fueron analizados en conjunto y se les introdujo una serie de modificaciones que van en la misma línea o complementaban las propuestas originales, a las cuales se sumaron los antecedentes de que disponía la Comisión.
Durante el análisis de estas iniciativas, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores, señora Gabriela Ureta Roiron , juez titular del Séptimo Juzgado de Menores de Santiago; la abogada jefe del Departamento Situación Jurídica de la Mujer, del Servicio Nacional de la Mujer, señora Patricia Silva Meléndez ; los abogados asesores del mismo organismo, señor Marco Rendón y señora Carolina Espinoza , y la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia, señora Paula Recabarren.
Aun cuando no aparece en el informe, debo manifestar que la Comisión había acordado, antes del estudio de los proyectos, celebrar una asamblea ampliada para conocer, de parte de los jueces y juezas de menores, las causas por las cuales algunas demandas no llegan a término o no se cumplen las sentencias.
En términos generales, las ideas matrices de los proyectos son, en síntesis, perfeccionar la normativa procesal aplicable a las causas de alimentos para facilitar el ejercicio de los derechos del alimentario y asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del alimentante, derechos que, en la práctica, son reclamados con grandes dificultades por jefas de hogar que tienen a su cargo el cuidado de sus hijos.
Se calcula que hay más de doscientos mil juicios por no pago de pensiones alimenticias y que más del 75 por ciento de las causas radicadas en los tribunales y patrocinados por las asesorías judiciales gratuitas corresponde a demandas no cumplidas.
La normativa que regula el derecho de alimentos se encuentra consignada en diferentes cuerpos legales: en el Código Civil, en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias; en la ley sobre adopción de menores, en el artículo 60 de la ley de Quiebras y en la Convención de las Naciones Unidas sobre obtención de alimentos en el extranjero.
El hecho de que estas disposiciones se encuentren diseminadas en distintos cuerpos legales hace más difícil el cumplimiento de la legislación sobre los derechos de la familia.
No me voy a referir al detalle de los proyectos, pues ello aparece consignado en el informe. Sólo deseo señalar que la Comisión de Familia comparte la idea matriz de los mismos, que los aprobó en general y reformuló su contenido, con el propósito de mejorar las fórmulas propuestas para el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos.
Los acuerdos adoptados por la Comisión dieron lugar a la elaboración de un texto único, sustitutivo del articulado de las tres mociones en informe y estructurado en dos artículos permanentes.
El artículo 1º modifica los artículos 2º, 5º, 9º, 14, 16, 18 y 19 de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.
El artículo 2º modifica el artículo 147 del Código Orgánico de Tribunales.
En resumen, la Comisión acordó lo siguiente: rechazó la propuesta de comunicar al Boletín Comercial las resoluciones que impongan apremio a los deudores morosos de pensiones alimenticias, por estimar que ello afectaría la estabilidad laboral y, eventualmente, las posibilidades de acceso al empleo del alimentante que se encuentre cesante, haciendo aún más difícil el pago de las pensiones adeudadas. Del mismo modo, rechazó las modificaciones complementarias a la ley sobre protección de la vida privada.
Ésa es la misma razón por la cual este proyecto se rechazó hace muchos años, porque si una persona no tiene trabajo o enfrenta dificultades para obtener alguno, al estar en el Boletín Comercial, sus posibilidades de entrar al mundo laboral se ven mucho más restringidas.
La Comisión sugirió a cambio crear un registro público de deudas alimenticias impagas, que sirva de base para aplicar a quienes figuren en él otras medidas de apremio, tales como la privación del derecho a postular a ciertos subsidios estatales, la imposibilidad de iniciar nuevas negociaciones comerciales, de comprar un bien, en fin. Se encomendó a los representantes del Sernam la formulación de una propuesta legislativa al respecto, pues dicho registro debería ser llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación u otro órgano de la administración del Estado, lo que implicaría asignar una nueva función a alguno de ellos, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la república y que quedó pendiente.
Esperamos que el Ejecutivo, que hace unos días estaba preocupado de aumentar las penas en algunas materias relacionadas con la violencia intrafamiliar, acoja esta sugerencia para crear el referido registro.
La Comisión también desechó la propuesta de tipificar como delito el ocultamiento y dilapidación de bienes hechas con el propósito deliberado de evadir el pago de las pensiones alimenticias ya decretadas, por considerar que ello sería contraproducente, pues la privación de libertad del alimentante tendría los mismos efectos adversos que su inclusión en el Boletín Comercial, impidiéndole cumplir en definitiva su obligación.
No debemos olvidar que la ley vigente modificó el sistema de apremios para el caso de incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia, sustituyendo el arresto por la reclusión nocturna, con el objeto de que la persona demandada pueda seguir trabajando y, de esa manera, aportar a la familia. No obstante, el inciso segundo del artículo 5º bis que se agrega sanciona el ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados, por considerarlo una obstrucción a la justicia.
Igualmente, la Comisión rechazó la idea de hacer civilmente responsable al tercero que haya instigado a su autor a cometer los delitos de ocultamiento o dilapidación de bienes o participado activamente en su ejecución. Sin embargo, y esto motivó una larga discusión en la Comisión, estimó procedente sancionar con la pena de prisión al tercero que colabore con el alimentante, ocultando su paradero a fin de impedir que se le notifique o se le imponga una medida de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que la ley vigente atribuye a quienes injustamente dificulten o imposibiliten el pago de las pensiones alimenticias. Para estos efectos, se agregó un inciso segundo, nuevo, al artículo 18.
En relación con lo anterior, se observó, por una parte, que los jueces no utilizan todas las herramientas que la ley les proporciona para ubicar al alimentante y hacer posible la notificación de la demanda o la aplicación de los apremios decretados en su contra. La mayor parte de las mujeres que reclaman por la gran demora en el cumplimiento de la sentencia que ya ha costado muchísimo obtener plantea que muchas veces no se encuentra al demandado y que tampoco se hace esfuerzo alguno por ello. De hecho, en muchas ocasiones se sabe dónde está, pero es negado por sus parientes u otras personas, como la propia conviviente o la madre, y el demandado, a pesar de que ha sido ya notificada, para otras gestiones no aparece o no se encuentra, situación que puede seguir por muchos años.
En este sentido, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que se atribuye a quienes dificulten o imposibiliten el pago de las pensiones alimenticias, se agregó el inciso señalado al artículo 18.
Se modifica el inciso quinto del artículo 2º de la ley Nº 14.908 para que los magistrados ordenen, en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, que la demanda se notifique en cualquier lugar, sea en la oficina, en la calle, en un vehículo, en un cine o donde se encuentre la persona. Para hacer efectivo el apremio cuando el alimentante no sea habido en el domicilio registrado ante el tribunal, se decretará orden amplia de investigar su paradero, incluso pudiendo facultar a las policías para allanar y descerrajar los lugares en los que pudiere encontrarse. Es decir, con estas medidas no podrá existir nunca más la disculpa de que el demandado no es habido.
Por otra parte, se consideró discriminatoria la responsabilidad solidaria por el pago de la obligación alimenticia que se asignaba a quien viviese en concubinato con el padre, la madre o el cónyuge alimentante.
Adicionalmente a las medidas de apremio que contempla la ley vigente, que incluye el arraigo, se incorporan mediante el artículo 16, nuevo, la retención de la devolución de impuestos que puedan corresponderle al alimentante incumplidor, la suspensión de la licencia de conducir por un período determinado, con la salvedad de quienes se desempeñen como conductores profesionales con licencia clase A, que deberán hacer un compromiso de pago para interrumpirla, y la suspensión de la patria potestad.
Ahora bien, a fin de que el alimentario obtenga oportunamente lo que necesita, se aprobó una modificación al artículo 5º para que la parte afectada, por sí, adopte las providencias destinadas a hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del juez en caso de que no decrete los alimentos provisorios cuando corresponda.
Hubo una discusión importante respecto de las sanciones disciplinarias a los jueces que no fijaran las pensiones provisorias dentro de los diez días de notificada la demanda.
Asimismo, en el inciso cuarto del artículo 5º, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, se agrega lo siguiente: “La no fijación oportuna de la pensión provisoria constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez. Para tal efecto, la parte afectada, por sí, podrá solicitar al tribunal que envíe el expediente a la Corte de Apelaciones respectiva, señalando en su presentación la infracción a este artículo. El juez deberá hacerlo dentro de tercero día. El interesado podrá, asimismo, informar a la Corte de esta presentación para que verifique el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”. O sea, además de todas las sanciones impuestas y de las órdenes amplias de investigar, los allanamientos, etcétera, para encontrar al demandado, hoy se intensifica la responsabilidad disciplinaria para que los jueces, a la brevedad posible, determinen pensiones provisorias. Sabemos que a veces pasan años antes de que éstas se fijen, porque el demandado no aparece o porque hay muchas otras causas por resolver.
También se aceptó una modificación lógica: dar competencia al juez de letras de menores del domicilio del alimentante o del alimentario para conocer de las solicitudes de aumento de la pensión alimenticia, con el objeto de facilitar las gestiones que deban realizar los titulares del derecho de alimentos. Antes este trámite debía hacerse siempre en el mismo juzgado, aunque la persona se cambiara de ciudad o de región.
Asimismo, se acogió un planteamiento de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores, en orden a acotar los gastos efectuados por el alimentante que pueden imputarse a la pensión alimenticia. Se modificó el artículo 9º para limitar esos gastos a aquellos de carácter esencial que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas del alimentario, es decir, educación, salud, vivienda, alimentación y vestuario. El planteamiento de la magistrada se basa en el hecho de que muchas veces hay un abuso en la demanda de pensión alimenticia, motivo por el cual los juicios se alargan eternamente. Por lo tanto, se establece claramente que las pensiones de alimentos son para estas necesidades básicas y no para otras.
Finalmente, la Comisión se propuso revisar la situación de los abuelos, a quienes los alimentarios pueden demandar en caso de incumplimiento o insuficiencia del padre o madre alimentante, pues no pareció razonable que estas personas deban sufrir la falta de responsabilidad de sus hijos para con sus nietos; en definitiva se rechazó la idea de innovar en esta materia, teniendo en cuenta que los potenciales demandados no están sujetos a los apremios privativos de libertad que la ley contempla y que la imposibilidad de demandar a los abuelos reduciría innecesariamente la red de apoyo al alimentario.
Las modificaciones propuestas a la ley sobre pago de pensiones alimenticias se realizaron considerando las iniciativas presentadas por los distintos parlamentarios que ya han sido nombrados.
Se deja constancias de lo siguiente:
1.Que el artículo primero, Nº 1, letra a), y el artículo segundo del texto sustitutivo de las mociones en informe tienen carácter de normas orgánico constitucionales.
2.Que el texto sustitutivo que se somete a consideración de la Sala no contiene normas de quórum calificado.
3.Que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
4.Que las iniciativas a que se refiere este informe fueron aprobadas, en general, por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, en primer lugar manifiesto mi apoyo a esta iniciativa que modifica la ley sobre pensiones alimenticias y al amplio acuerdo logrado en la Comisión de Familia respecto de este importante tema.
El otorgamiento de las pensiones alimenticias es un imperativo ético para el país, pues se trata del derecho de los niños a ser mantenidos por sus padres.
La modificación propuesta surgió de la preocupación de muchos de los miembros de la Comisión de Familia por las imprecisiones y los problemas de los procedimientos para establecer el pago de una pensión alimenticia.
Hace unos años la Cámara de Diputados ya había modificado la ley sobre pensiones alimenticias. Se estableció como monto mínimo de ellas el 40 por ciento del ingreso mínimo, se cambió el peso de la prueba en favor de los derechos de los niños de nuestro país y se hizo un enorme esfuerzo para lograr celeridad en los juicios correspondientes. Pero, no obstante esas modificaciones, subsisten numerosos problemas que en la práctica no permiten hacer efectivo el derecho de los niños a recibir pensión de alimentos. Por eso, la Comisión de Familia ha hecho este esfuerzo destinado a agilizar ciertos procedimientos que hoy entraban el otorgamiento de las pensiones alimenticias.
Por ejemplo, en materia de notificación de la demanda. Como en numerosas causas no se ha podido practicar la notificación, se introduce una enmienda que dispone que ella se podrá realizar en el lugar en que se encuentre el demandado y que si éste no fuere habido, se deberá despachar una orden amplia de investigar para dar con su paradero, orden que incluirá las facultades de allanar y descerrajar. También se consideran sanciones para los terceros que colaboren con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación.
¿Qué pasa actualmente? Que la notificación al demandado debe realizarse en su domicilio, pero muchas veces éste no es habido o es negada su presencia, por lo cual pasa el tiempo sin que la demanda sea notificada y no se puede continuar la tramitación del juicio. Esto ocurre en miles de causas.
Otro problema con el que nos encontramos es la fijación de los alimentos provisorios. La ley vigente faculta al juez para decretarlos; sin embargo, se dilata la dictación de la resolución respectiva a la espera de la determinación de la pensión de alimentos definitivos. Al respecto, la Comisión aprobó una modificación que establece que la no fijación de alimentos provisorios en el plazo que se establece será causal de medida disciplinaria en contra del juez. Nos parece que esto ayudará a que se fijen las pensiones provisorias de alimentos.
Por otra parte, se establece claramente, bajo amenaza de sanción penal, la obligación del demandado de acompañar al proceso los documentos que den cuenta de su situación patrimonial.
Por último, se aumentan las medidas de apremio, respecto de las cuales ha habido problemas, porque en numerosos casos se decretan medidas de esta naturaleza, como el arresto, pero se produce un conflicto familiar de tal magnitud que no hay manera de hacerlas efectivas. Por eso, hemos incorporado nuevas medidas de apremio que sean más útiles en la protección del interés superior de la niña o del niño, esto es, que pueda recibir su pensión de alimentos. Por ello, se faculta al juez para que ordene a la Tesorería General de la República la retención de las devoluciones del impuesto a la renta que correspondieren a quienes no hayan cumplido con el pago de pensiones alimenticias. Ésta es una medida que duele y hubo total acuerdo en la Comisión para aprobarla.
Asimismo, aprobamos una medida de apremio que se utiliza en otros países: la suspensión de la licencia de conducir. En efecto, se faculta al juez para suspender la licencia de conducir del alimentante hasta por seis meses, medida que se podrá prorrogar hasta por otros seis meses si persiste en el incumplimiento de su obligación. Esto nos parece vital, porque a muchos deudores de alimentos les afectará la suspensión de su licencia. En todo caso, se han establecido salvedades respecto de aquellas personas que se desempeñan como conductores profesionales. Creemos que esta medida constituirá un apremio efectivo.
También aprobamos la facultad del juez de decretar la suspensión de la patria potestad del alimentante, porque un progenitor no puede mantener poder legal sobre un hijo si no cumple con su primera obligación, que es alimentarlo. Asimismo, el alimentante que no paga la pensión de alimentos perderá su derecho para autorizar la salida del país de su hijo menor de edad, sin perjuicio de la facultad que en subsidio le corresponde al juez, es decir, la autorización que otorga en ausencia del padre.
A mi juicio, este proyecto termina con la idea de que la pensión de alimento constituye una especie de chantaje entre las parejas y se centra en la responsabilidad ética y moral que todo padre debe tener respecto de la mantención de los hijos. No queremos una sociedad donde prime esta idea sobre cualquiera otra consideración. Aquí no se trata de los problemas de la pareja. Se trata de un problema de los niños. Pero nos encontramos con casos de personas de muchos recursos y que, por odiosidad con el cónyuge, se niegan a pagar la pensión de alimento.
He presentado una indicación al inciso primero del artículo 14, en la parte que dispone que los apremios deberán ser impuestos a petición de parte o de oficio y sin más trámite. Pensamos que es importante precisar más la expresión “sin más trámite”. Por ejemplo, si un padre debe depositar la pensión de alimentos en una libreta de ahorro y no lo ha hecho, el alimentante puede reclamar al juez y éste pedirá ver la libreta para dejar constancia del hecho. Sin embargo, muchas veces el juez pide certificar el hecho, aun cuando ha visto la libreta. Esta medida burocrática dilata el procedimiento y atenta contra el derecho fundamental de los niños y niñas de ser mantenidos por sus padres.
Pido que la indicación presentada se someta a votación ya que es muy importante, dada la gravedad de lo que está sucediendo en los juzgados respecto de las pensiones alimenticias.
Hay algunas cosas que hemos rechazado y que tienen su lógica; por ejemplo, la obligación de informar al Boletín Comercial, ya que ello puede poner en peligro la fuente laboral de la persona o puede usarse como una excusa para no encontrar trabajo, a pesar de que se ha fijado un monto mínimo, bastante reducido, que se puede lograr con trabajos esporádicos o pololos para la mantención de los hijos, que debe ser la primera obligación de un padre.
Este proyecto se suma a otros. Lo que se pretende es evitar la irresponsabilidad de los padres respecto de la mantención de los hijos.
Otra iniciativa que nos tocó analizar y que hoy se encuentra en Comisión Mixta es la relativa al reconocimiento paterno. Desgraciadamente, ha demorado su análisis en esa instancia. El Congreso Nacional está a un paso de aprobar un proyecto tremendamente importante, como es el relativo al derecho de los niños a ser reconocidos por sus padres, al cual se suma este proyecto sobre pensión alimenticia, lo que es tremendamente positivo.
Por lo tanto, al igual que el PPD, espero que las demás bancadas den su apoyo unánime a este proyecto.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, hace unas semanas estuve alojada en Huillinco, en una cabaña espléndida, aunque bastante cara. Conversando con el dueño, me comentó que él tenía dos hijos en Santiago, pero por conflictos que tuvo con su esposa no les pagaba la pensión alimenticia. Cuando los detectives lo iban a buscar para notificarlo, o detenerlo en circunstancias extremas, no pasaba nada porque “se habían hecho amigos”.
Esa es la situación de muchísimas madres.
Hoy es el Día de la Mujer y resulta paradigmático que en esta Cámara se esté analizando un proyecto que las favorece.
Quise dar a conocer este caso porque se trata de un hombre que huyó de su casa en Santiago, no paga la pensión alimenticia y además se las arregla con los detectives, como tantos otros.
Fui una de las autoras del primer proyecto de ley relativo a los casos en que las pensiones alimenticias no se pagan, el cual fue presentado el 3 de octubre de 2000. En esa época había muchos problemas económicos. En la oportunidad la ministra Adriana
Delpiano me planteó el mismo argumento que se ha esgrimido aquí respecto de las obligaciones de publicarlo en el Boletín Comercial, ya que si la persona no paga la pensión alimenticia porque no tiene trabajo y si además aparece en el Dicom, menos posibilidades va a tener de cumplir.
Quisiera saber que es más estigmatizante para encontrar trabajo: aparecer en el Dicom o estar 15 días en la cárcel, incluso repetidamente.
No hay mucha racionalidad en ese argumento, como tampoco la hay en el hecho mismo de que un padre o un cónyuge en el caso de que la mujer tenga más dinero no le pague lo necesario a sus hijos para alimentarse. ¡Eso tampoco es racional!
Nosotros estamos llamados a dar un mínimo de racionalidad a una situación irracional. Por eso, se trató de llegar a un sistema más armónico.
Actualmente, ¿qué se puede hacer cuando no se paga la pensión alimenticia? Primero, pedir que la retenga el empleador. Pero muchas veces existe connivencia entre el empleador y el trabajador para no pagarla, en cuyo caso hay una responsabilidad solidaria de parte del empleador, la cual es difícil de probar. También existe el juicio ejecutivo y el embargo. Pero todos sabemos lo que eso significa. Por último, están las medidas de apremio, que son los 15 días de arresto. Obviamente, ninguna de éstas es suficiente cuando la persona no quiere pagar.
Cuando un padre no quiere pagar a sus hijos la pensión alimenticia hace lo imposible para no cumplir; incluso en algunas ocasiones llegan a dejar su trabajo.
¿Qué propuse en el proyecto inicial? Tomando parte del derecho comparado vi que en algunos casos existían sanciones penales. Pero eso significaba volver a los arrestos y a que se cometan delitos, en circunstancias de lo que realmente queremos es que sea pagada una deuda económica dentro de la familia.
¿Cómo se hace hoy para que esas deudas económicas sean conocidas y haya un elemento disuasivo y eficaz para su pago? Pues bien, se pide informarlas en el Boletín Comercial. Se conversó con representantes de la Cámara de Comercio y se entendió que podía ser factible. Por ello, se presentó el proyecto. Obviamente, esto no es para todas las deudas de pensión alimenticia, sino para aquellas en que exista extrema gravedad. Para ello determinamos las que se considerarían de extrema gravedad. Es decir, primero, a las que ya se hubieran decretado medidas de apremio y éstas no hubiesen sido cumplidas; segundo, cuando se trate de obligaciones alimentarias del cónyuge padre o madre, generalmente es el padre, y, por último, cuando estas pensiones alimenticias hayan sido decretadas por un tribunal de menores.
Esto fue rechazado por la Comisión de Familia.
Vuelvo a preguntar ¿qué es peor? ¿Ir a la cárcel o aparecer en el Boletín Comercial?
Me parece que una especie de registro que dependa del Sernam, por mucho que sea público, no cumple con las necesidades propiamente tales que garanticen eficacia a la represión por el no pago de pensiones alimenticias.
Por tanto, en el segundo trámite, repondré como indicación el proyecto original.
En cuanto al proyecto que nos presenta la Comisión de Familia, creo que tiene muchos avances que no hay que dejar de lado, porque son realmente positivos. Por ejemplo, que se pueda notificar al alimentante en cualquier lugar y no sólo en su domicilio, porque generalmente éste es desconocido. También son positivos los nuevos apremios, como la medida de que la Tesorería General de la República pueda retener la devolución de impuestos y pagar con ella las pensiones alimenticias o saldos insolutos.
Sin embargo, el problema es el número de padres alimentantes a los que se les retiene la devolución de sus impuestos. Son los menos, la excepción. Obviamente, son los que tienen más dinero. En ese sentido, ¿qué pasa con la mujer de clase media de escasos recursos que está en la misma situación? ¿Vamos a legislar sólo para las personas de mayores recursos o para todos?
La suspensión de la licencia de vehículos motorizados es una estupenda sanción. Pero también conlleva un sesgo.
Decretar la suspensión de la patria potestad respecto del alimentante, también puede tener efecto. Pero no es una cosa sustancial.
No autorizarlos para salir del país, de nuevo se refiere a personas de mayores recursos, porque las de clase media o de bajos recursos no salen al exterior y, por lo tanto, no piden esa autorización.
En cuanto a la posibilidad de que el demandado deba acompañar al tribunal su liquidación de sueldo, la copia de su declaración de impuesto a la renta, boletas de honorarios, etcétera, son medidas muy positivas. Pero sería mucho mejor autorizar a los tribunales de familia para que exijan al Servicio de Impuestos Internos presentar copia de la declaración de impuestos del alimentante que no está cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia. Eso es mucho más efectivo, porque entre encontrar al demandado y que acompañe las liquidaciones de sueldo o la declaración de impuestos, todos sabemos cómo se puede evitar o irse por el lado y no cumplir. En cambio, es muy diferente que haya una orden judicial que exija al empleador entregar la liquidación de sueldos, y al Servicio de Impuestos Internos la declaración de impuestos.
Eso ayudaría a muchas mujeres que andan desesperadas detrás de distintos organismos públicos, como AFP, isapres o Impuestos Internos, pidiendo que por favor les den algún antecedente de cuánto gana su marido a fin de saber cuánto les corresponde de pensión alimenticia.
Espero que este proyecto se apruebe hoy, día en que se celebra el “Día Internacional de la Mujer”. Pero debemos introducirle modificaciones, por lo que solicito que vuelva a la Comisión para tratar de transparentar en forma más eficiente esta deuda de la familia y realizar algunos cambios para que el tribunal conozca lo que gana el alimentante.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, sin duda, el trabajo de la Comisión de Familia en este primer informe es muy bueno, porque intenta seriamente establecer mecanismos que tengan por objeto evitar una cuestión, por desgracia, muy común. Es decir, cuando los obligados normalmente hombres a pagar pensiones alimenticias, tanto a sus cónyuges como a sus hijos, no cumplen. Frente a ese hecho, muchas veces hay una inacción, una falta de instrumentos que permitan llevar a cabo las acciones destinadas a recuperar los fondos destinados a la subsistencia, muchas veces mínima, del grupo familiar que ese mismo deudor formó en su momento.
Probablemente, todos los diputados presentes habrán recibido emails que dan cuenta de situaciones francamente dramáticas provocadas por el incumplimiento de quienes están obligados por ley a pagar pensiones de alimentos. No hay nada peor que el incumplimiento de las sentencias que imponen esa obligación, lo que tiene, además, una connotación moral indudable y produce una sensación de abandono de las personas frente al aparato del Estado y al ordenamiento jurídico.
Dicho esto y atendido el hecho de que estamos ante un buen primer informe, en un esfuerzo por mejorar realmente una situación como la descrita, aprovecho de dar cuenta de las indicaciones que presenté durante el breve análisis del proyecto que tuvimos oportunidad de hacer hoy. Como de seguro se presentarán otras indicaciones, y se ha pedido que la iniciativa vuelva a la Comisión, las explicaré brevemente.
La primera es a la letra b) del inciso tercero, que se intercala en el artículo 2º de la ley Nº 14.908, y dice relación con la notificación de la demanda de aumento de pensiones. La norma propuesta dice que “se notifique en cualquier lugar”. Entiendo el sentido, pero creo necesario mejorar su redacción y señalar que el tribunal “ordenará que ésta la demanda se notifique en un lugar que permita garantizar la debida información del demandado para el adecuado ejercicio de sus derechos.” Con esto se justifica la posibilidad de que el juez fije un lugar distinto de los que se han señalado y han resultado ineficaces para el éxito de la gestión de notificación. A mi juicio, es insuficiente establecer “en cualquier lugar” para el ejercicio de esta etapa procesal.
La segunda indicación es al inciso segundo del artículo 5º bis no lo leeré porque los colegas lo tienen a la vista que tipifica un ilícito por el hecho de no indicar claramente sus fuentes de ingreso. Estoy de acuerdo en que es necesario discutir el tema de fondo, pero la tipificación de ilícitos no asegura necesariamente el cumplimiento de la ley. Es atendible que existan otras medidas, pero como la Comisión, en forma unánime y transversal, optó por establecerlos, me permito, modestamente, sugerir una redacción distinta, que diga más o menos lo siguiente: “El que maliciosamente se rehusare a proporcionar a la justicia alguno de los antecedentes indicados en el inciso anterior, habiendo sido requerido para ello...” Es preciso mejorar la técnica legislativa, porque cuando las normas son muy amplias, muchas veces, los jueces optan por no aplicarlas.
La tercera indicación es al artículo 16 nuevo que se incorpora a la ley Nº 14.908, que establece cosas novedosas destinadas a exigir el cumplimiento de lo que se debe. Por ejemplo, me parece interesante la suspensión de la licencia de conducir. Entiendo que se aplica en varias partes del mundo como una medida de apremio. También está otra medida que se ha puesto de moda: retener de la devolución anual de impuestos que reciben muchos chilenos los montos insolutos, que también se aplicó en el caso de los deudores morosos universitarios. Me parece bien; hay una cuestión menor, pero se trata de que la ley salga lo mejor posible. En todo caso, sería conveniente agregar que: “La Tesorería General de la República deberá comunicar al tribunal respectivo el hecho de la retención, el monto de la misma, la fecha y la individualización de la persona a quien se han enterado los fondos retenidos.”. Como no se dice, se podría dar el caso de que la Tesorería, acogiendo el oficio del tribunal, retuviera y pagara los montos adeudados, pero que no dejara constancia de ese hecho en el tribunal, lo que podría conducir a que, de mala fe, alguien se aprovechara de esa circunstancia para intentar repetir el pago. Es preciso establecer esa norma administrariva y procesal mínima que asegure la información de la Tesorería al tribunal y de éste al demandado de que le fueron retenidos los fondos y enterados al demandante o a su representante.
Por último, el inciso segundo que se agrega al artículo 18 establece otro tipo penal relacionado con quien ayude a ocultar a una persona que en un juicio de alimentos sea requerida para ser notificada de la demanda o de alguna de las medidas de apremio. Por las mismas razones que señalé respecto del tipo penal anterior, creo que se debe hacer un esfuerzo por mejorar su redacción. Al respecto, mi proposición es la siguiente: “El que a sabiendas del paradero de una persona requerida por los tribunales de justicia para los efectos de su notificación o del cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, consintiera en su ocultamiento...”. Es decir, se debe dejar claramente establecido que se trata de alguien que no sólo sabe que la persona requerida está oculta, sino que ayuda a que permanezca oculta para evitar su notificación de las medidas de apremio. Creo que hay que perfeccionar ese tipo penal, porque de lo contrario estaríamos frente a otra norma demasiado en blanco, lo que puede llevar a que muchos jueces se inhiban de aplicarla.
Por estas razones, reconociendo las bondades, la inteligencia y lo propositivo del proyecto y aprovechando que se presentarán otras indicaciones, espero que los miembros de la Comisión tengan a bien considerar las modestas observaciones que he señalado.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
La Mesa ha recogido sus sugerencias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, no deja de ser simbólico que al conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer” estemos debatiendo un proyecto que tiene profunda significación para la familia.
Es cierto que se han presentado diversas mociones y que ha habido preocupación por el tema, pero quiero rescatar el trabajo realizado por la Comisión de Familia, sin perjuicio de continuar revisando la iniciativa con el fin de mejorarla. La labor de la Comisión no fue fácil, y quiero destacar la disposición de su presidente, que logró que a partir de las diversas mociones existentes sobre la materia nos centráramos en los temas sustantivos que apuntan a lo mismo, es decir, a lograr de una manera más eficaz que los padres que han engendrado hijos y que por distintas circunstancias familiares ya no viven con ellos cumplan con sus obligaciones alimentantes.
Creo que en una sociedad más madura y responsable que tal vez todos soñamos lo óptimo sería que no tuviéramos que discutir medidas de apremio para que los padres cumplan con una responsabilidad tan vital como es la de hacerse cargo del compromiso que implica traer hijos al mundo. En realidad, este problema afecta a miles de hogares chilenos, y si bien no afecta sólo a las mujeres, en general, son éstas las que más sufren por la irresponsabilidad y la persistente conducta de los alimentantes de evadir sus obligaciones.
Lo señalado afecta a las mujeres de todos los sectores, pero en particular a las de los sectores populares, que tienen menos recursos y menos posibilidades de acceder a una asesoría jurídica. De hecho, muchas veces ni siquiera logran saber cuánto gana su ex pareja o ex cónyuge, porque cuando éste tiene un empleo fijo, en algunos casos, con la connivencia de sus empleadores, se les niega esa información tan fundamental.
Es un acierto que el proyecto establezca que el cambio de domicilio ya no es obstáculo para que la notificación se lleve a cabo sin mayor dilación y tenga los efectos deseados, pues ello permitirá a los jueces aplicar la medida con más rigor.
Asimismo, es muy importante establecer que la notificación se cumplirá a todo evento. La diputada señora Pía Guzmán contaba que algunos afectados se hacen amigos de quienes los van a notificar, logrando así evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy día apuntamos a algo muy importante: que la notificación se cumpla.
Cuando en la Comisión discutimos esta materia, se dijo que, tal vez, podría tomarse como una interferencia al Poder Judicial. Pero, más que eso es como lo digo con respeto un téngase presente porque, si existen instrumentos, deben aplicarse. No es conveniente la desidia que existe en muchos tribunales: cuando la persona no es habida a la primera, la notificación es archivada y permanece allí durante meses y meses. Esto es muy importante para que los jueces entiendan que cuentan con los instrumentos para hacer efectiva la notificación e iniciar el proceso.
Más allá de que siempre ocurrirán ciertos abusos, la verdad es que apuntamos al meollo del asunto, cual es que, desgraciadamente, el hecho de que exista una tremenda irresponsabilidad, inmadurez e incapacidad para asumir compromisos como éstos, nos obliga a legislar, a fin de buscar la manera más adecuada de resolver el problema.
La colega señora Pía Guzmán preguntaba si serían más efectivos los quince días de arresto que aparecer en Dicom. Creo que todos estamos abiertos a estudiar esta última posibilidad, básicamente, pensando en que se cumpla con esta obligación y que la persona cuente con los medios para poder pagar. En nuestro país, ocurre con frecuencia ahora con los medios electrónicos que el hecho de aparecer en el Boletín Comercial hace que se cierren muchas puertas y que la persona no encuentre trabajo o que lo pierda cuando lo tiene. Eso nos llevó a pensar en esta posibilidad. Quince días de arresto podría sonar peor, pero se trata de que las personas tomen en serio que en la vida como lo hemos señalado el ser padre o madre es un compromiso para siempre; que traer hijos al mundo implica hacerse cargo de ellos y no decir simplemente: “Bueno, tengo una nueva situación familiar. Ya no me hago cargo, me voy.”.
Hasta ahora, hemos visto cierta desidia en los tribunales. Ésa es la verdadera esencia de esta iniciativa: el intento serio de la Comisión de Familia de articular los diversos proyectos y de discutir las diversas temáticas, pero siempre apuntando a lo mismo: cómo lograr una mirada más integral del asunto, cómo evitar que las mujeres tengan que seguir soportando la humillación de tener que recorrer los pasillos de los tribunales para ser escuchadas, para saber dónde quedó el expediente, para averiguar, mediante la existencia de un contrato de trabajo, si el sueldo es real, etcétera.
Incluso buscamos algunas medidas adicionales de apremio que han sorprendido a algunos colegas. Quiero felicitar al diputado Juan Pablo Letelier , porque entre ellas propuso una que afecta a un sector, afortunadamente, cada vez más amplio. El hecho de que una persona no tenga su licencia de conducir y, por lo tanto, derecho a conducir es algo que duele profundamente. Obviamente, no se puede aplicar tal medida si el afectado es chofer profesional, es decir, taxista o colectivero. Pero si es un simple poseedor de un vehículo, estamos convencidos de que el hecho de quitarle por seis meses su licencia de conducir por no cumplimiento del pago de la pensión alimenticia que adeuda, será algo que le va a doler y que lo obligará a tomar más en serio. De todos modos, como legisladores estamos dispuestos ésta es la invitación que hago a los colegas, a discutir más en profundidad la iniciativa, porque, según dije al inicio de mi intervención, son miles los casos nadie lo rebate en que los padres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia para sus hijos.
Por eso, la suspensión de la licencia de conducir y la no devolución de impuestos luego de la declaración respectiva, entre otras medidas, apuntan a educar y socializar mejor a los futuros jefes y jefas de hogar, en beneficio de sus hijos. Eso tiene que ver, en la cultura de hoy, con una paternidad y maternidad responsables, de modo que cualesquiera sean los avatares de una relación de pareja, ellos constituyan una obligación para siempre y, por lo tanto, sean preocupación prioritaria para sus progenitores.
En consecuencia, invito a los colegas a aprobar en general el proyecto, no obstante que podamos mejorarlo sin cambiar su sentido más profundo, que es cumplir con el pago de la pensión alimenticia.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Sugiero a las señoras diputadas y señores diputados que van a intervenir en el debate que lo hagan en forma breve, por cuanto son muchas las indicaciones y ojalá podamos aprobar el proyecto en general para que vuelva a Comisión.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en su oportunidad tuve el privilegio de informar este proyecto en forma objetiva, tal como se discutió en la Comisión. Ahora quiero aportar algunas opiniones personales.
Es muy simbólico que lo discutamos precisamente en el “Día Internacional de la Mujer”. Cuando uno escucha los miles de problemas que enfrentan las mujeres en nuestro país, sorprende que se trate de la vida cotidiana, de cómo sobrevivir cuando hay pobreza, de cómo educar y alimentar a los hijos. A menudo me encuentro con mujeres que tienen cinco o seis hijos a las que les pregunto con cuánto dinero viven. La respuesta de ellas es: con nada.
¿Cómo se vive con nada? ¿Cómo se compran alimentos, útiles escolares? ¿Cómo se paga la matrícula de los colegios de sus hijos? En fin, la verdad es muy dramática y es probable que este proyecto no resuelva la situación de varias de esas mujeres, porque los padres de sus hijos muchas veces no están o han iniciado otras familias y los han dejado en la indefensión total.
Como bien dijo la diputada señora Isabel Allende , no han sido responsables ni tienen conciencia de la responsabilidad que implica el matrimonio: formar una familia y velar por los hijos para siempre.
Estamos insertos en una cultura que no sólo no impone los conceptos de que la familia es para siempre, sino que tampoco refuerza la responsabilidad que debemos tener los padres cuando decidimos constituir una familia. Algunos países vienen de vuelta respecto de nosotros en esta materia y han reforzado con mucho énfasis los lazos familiares, más que promovido o validado la convivencia.
En todo caso, son problemas profundos de la sociedad que no vamos a resolver con este proyecto ni con otros.
Es probable que muchas veces en sectores de pobreza no se cumplan las medidas de apremio que consagra la iniciativa, incluso el mínimo de pago establecido en la ley anterior, de 40 por ciento del sueldo, porque los hombres no tienen trabajo, están cesantes o en situación muy compleja. Pero hay un mundo de mujeres, pobres, de clase media e incluso acomodadas, que sufren por la irresponsabilidad del padre de sus hijos, que no paga las pensiones alimenticias, que es el derecho de los hijos de ser mantenidos por sus padres, para educarse, tener acceso a la salud, recrearse, en fin, tener una vida digna.
En la Comisión hemos escuchado mujeres de situación acomodada. Estoy autorizada para dar el nombre y apellido de una, la señora Adriana Pando , quien nos relató su drama. Es madre de cinco hijos y desde hace tres años que lucha por obtener el cumplimiento de una sentencia del Octavo Juzgado de Menores para que su ex marido, un hombre de muy buena situación económica y reconocido empresario de nuestro país, pague una pensión de alimentos, lo que no ha hecho no porque no tenga los medios, sino porque legalmente no ha sido ubicado. Existe una sentencia de la Corte de Apelaciones que ratifica su obligación de pagar, pero la jueza de la primera instancia no puede dictar la orden de arresto porque no es posible acreditar procesalmente su domicilio, a pesar de que todos saben donde vive y cual es su estacionamiento. Ésta es una de varias situaciones insólitas.
Frente a casos como el explica, cuando no es por razones económicas, soy partidaria de considerar la posibilidad de que se incluya el nombre de los deudores en el Boletín Comercial. Es la única forma de que vayan a los tribunales a resolver el problema. Así, presentamos una indicación para que, en casos excepcionales y cuando no sea por falta de medios económicos, se ponga el nombre del deudor en el Boletín Comercial de manera de obligarlo a pagar. Pero también hay deudores que están cesantes o que tienen un trabajo precario y sabemos lo que sucede con los microempresarios en su actividad económica cuando figuran en el Boletín Comercial.
Hemos presentado otra indicación para que las personas que ocultan información no tengan una sanción mayor que la de los deudores. Los deudores tienen hoy una sanción de prisión nocturna y, equivocadamente, estamos sancionando con prisión, en cualquiera de sus grados, a los que ocultan información. Creo que nos pasamos de la raya y es importante enmendar esa situación.
La Comisión ha hecho un buen trabajo. Su presidente ha sido muy ordenador y algunas de las indicaciones presentadas podrían mejorar el proyecto.
En el fondo, nos interesa que los padres velen por el derecho de sus hijos de vivir una vida digna y que los jueces dicten rápidamente las sentencias, como lo dispone el proyecto. La dictación de una sentencia de alimentos provisorios debe demorar diez días, pero este plazo no se cumple. El proyecto posibilita a la parte, por sí o por su abogado, perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez en caso de no fijación oportuna de la pensión provisoria. Se pretende que los jueces sean lo más diligentes posible para que se termine el drama de miles de madres chilenas que tienen que vagar, llorar y mendigar juzgado por juzgado para conseguir que los padres les den el alimento a sus hijos. ¡Eso no es posible!.
Como dijo un colega, ojalá no hubiera que imponer sanciones y castigos para quienes no pagan y que, sin más, aquellos que adeudan un derecho a sus hijos para que vivan dignamente, lo pagaran en la medida de sus posibilidades. Es lo que hemos tratado de hacer y lo que queremos lograr.
No me cabe duda de que la Comisión se abocará a estudiar lo antes posible las indicaciones que se han presentado.
El diputado señor Kast planteó la necesidad de revisar la orden de arraigo para aquellas personas que llevan mercaderías a países vecinos, como los camioneros, porque al estar en mora en el pago de la pensión alimenticia no podrían trabajar. Por lo tanto, se debe buscar un mecanismo, tal vez mediante un compromiso de pago ante los tribunales, para que se les suspenda la medida y puedan continuar su trabajo, cruzando las fronteras.
Ojalá se logre un buen proyecto para que, de una vez por todas, se cumpla el objetivo: el pago de la pensión alimenticia.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, a principios de los años 90 en el Congreso Nacional se firmó, en un acto solemne, la suscripción de Chile a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, compromiso internacional en el cual se enmarca el espíritu del proyecto en comento. Queremos cierta consistencia política y cultural a fin de situar a los niños y niñas de Chile en un pedestal de reconocimiento como sujetos de derecho y una sociedad que lo proteja.
Por desgracia, a veces se escucha un doble discurso. Por ejemplo, “La Segunda” de hoy en su titular se refiere al debate valórico sobre la denominada “píldora del día después”. Pero no se discute el problema que viven los niños no deseados o el problema de padres que no saben ser buenos padres. Este proyecto establece que las mujeres y hombres que traen vida a este mundo deben asumir su responsabilidad siempre y sin ninguna excusa. Más allá de fijar plazos a jueces y de establecer un procedimiento de notificación expedito y seguro, con él se quiere poner fin a la situación que viven ciertas mujeres, como la señora Adriana Pando.
En el caso de esta mujer existe un fallo judicial que dice que el padre de sus hijos debe más de 30 millones de pesos en pensión alimenticia. Es un gran empresario del grupo Trotter fabrica cocinas y calefont que todos conocen, pero se niega a pagar la pensión alimenticia y usa todos los resquicios legales para no hacerlo, principalmente a través de evitar ser notificado.
Con el proyecto se pretende terminar con ciertos resquicios que son utilizados en forma abusiva. Se obligará a que el proceso de notificación se haga siempre de forma tal que se garantice que la persona se entienda por notificada después de un plazo determinado. No puede ser que una acción de apremio no se pueda aplicar porque la persona no se deja notificar, aunque todo el mundo sabe que vive dentro de un determinado condominio y que tiene un Mercedes-Benz, en el que lo ven salir todos los días. Es decir, logra abusar abiertamente por la precariedad de los mecanismos legales que actualmente se usan.
Todos los que viven en la Región Metropolitana saben como funciona el sistema. La notificación se envía del tribunal a una oficina central. Los funcionarios que participan en él saben perfectamente cuándo sale la orden y le avisan a la persona que debe ser notificada para que se cambie esos días de casa. Se produce una situación de hipocresía social, a lo que el proyecto pretende poner fin.
Quienes traen hijos a este mundo, deben hacerse cargo de ellos.
En ese contexto, más allá de los conflictos que pueda haber entre las parejas, queremos asegurar que los niños no paguen o tengan que sufrir las consecuencias de los conflictos entre sus padres.
Por ello, junto con los procedimientos y sanciones para los que oculten la residencia o información respecto del alimentante, sin perjuicio de tener presente las sugerencias de la jueza Gabriela Ureta acerca de cómo perfeccionar ciertas normas sobre cálculo de pensiones y descuentos que se pueden aplicar a éstas, establecemos un conjunto de nuevas acciones o medidas de apremio.
Es cierto que toda ley puede ser burlada, pero, como Congreso, pretendemos hacer una afirmación de lo que queremos. Cuando planteamos, como en la legislación francesa, que al deudor le quiten la licencia de conducir, estamos diciendo, como sociedad, que si los padres quienes son, la mayoría de las veces, los que deben cubrir las pensiones de alimento tienen plata para andar en auto y ponerle bencina, primero paguen la pensión alimenticia de sus hijos. Si es necesario que deje su auto y se traslade en bus o en metro, que lo haga. Después de pagar la pensión de alimentos volverá a andar en auto.
De la misma forma se plantea la situación de quienes son empresarios, como el caso del señor Trotter , que no paga porque no quiere; no porque no pueda hacerlo. En ese sentido, se establece una reivindicación básica para miles de mujeres como Adriana Pando, que concurrió a la Comisión, cual es que se les retenga la devolución de impuestos y que ésta vaya directamente al pago de la pensión que se deba a sus hijos.
Soy partidario de que el proyecto vuelva a la Comisión, a fin de que cumpla con un segundo trámite reglamentario, porque queremos incluir otras propuestas, como la de asegurar que quien no pague la pensión de alimentos a sus hijos no tenga acceso a beneficios financiados con recursos públicos, como los excedentes establecidos en el decreto ley Nº 701 para forestación; la subvención para proyectos de riego; los créditos Corfo , etcétera. Por ejemplo, hay sostenedores de colegios que reciben subvención del Estado y, aunque cuentan con ingresos suficientes, no tienen la rectitud mínima para pagar la pensión de alimentos de sus hijos.
Por tanto insisto, queremos establecer una batería de acciones, pero siempre sobre la base del principio de que ninguna de estas medidas de apremio sea necesaria: ni la reclusión nocturna ni la privación de la patria potestad. El ideal es que vivamos en un país y en una cultura en que hombres y mujeres se hagan cargo de sus acciones y, principalmente, cuando decidan traer vida al mundo, no tengan un doble discurso.
Entendemos que la situación es distinta, lo cual no significa que sea más fácil, cuando las personas no tienen cómo pagar las pensiones, cuando están en estado de necesidad, lo que es un drama.
Hoy estuve leyendo la carta de una mujer de la comuna de Coltauco que no tiene plata para viajar a Rancagua. Tiene que escribir notas y cartas para pedir auxilio; no sabe cómo acceder a los tribunales en forma adecuada, porque, por desgracia, hay abogados que le sacan dinero para atender su caso. Como muchos sabemos, eso va a tender a corregirse y regularizarse hacia fines de este año, a través de un procedimiento distinto, cuando entren en funcionamiento los tribunales de familia.
Es cierto que en los sectores de menores ingresos existe el serio problema de hombres irresponsables por lo general, pero también hay mujeres que traen niños al mundo y no se hacen cargo de su crianza y de ayudar a su alimentación. Es una situación que no tiene una solución legal. Por desgracia, no todos los problemas la tienen; éste es uno de ellos, para dolor de mucha gente.
Por último, es muy discutible cada persona opina de acuerdo con su bagaje cultural cuánto una persona debiera pagar por pensión de alimentos. Actualmente se determina por la renta que percibe el alimentante o por lo que declara el empleador. A menudo se dice para qué normar esta situación si el trabajador puede ponerse de acuerdo con el empleador y éste declarar un sueldo mínimo de manera de burlar la ley. Es verdad, hay malos padres, pero espero que no haya empleadores que se hagan cómplices de esos malos padres. Por eso fijamos el criterio de sancionar a quien oculte información o se haga cómplice de los malos padres.
No sabemos si la medida propuesta será la más eficaz, pero, sin duda, la señal política, social y cultural que queremos dar es que en el Congreso Nacional de Chile vamos respetar los derechos de las niñas y niños y haremos todo lo posible para que las pensiones de alimentos se fijen y sean cobrables, y no tengamos que escuchar más, en la Comisión de Familia, testimonios como el de Adriana Pando, una mujer que vivía muy bien con su familia en La Dehesa, con altos ingresos, en una casa de más de 400 metros cuadrados, que tuvo una crisis familiar y, hoy, el hombre del cual tuvo a sus varios hijos no se hace cargo de ellos. Queremos evitar que esto siga ocurriendo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, me sumo a la alegría por debatir un tema de tanta importancia como éste, precisamente en el “Día Internacional de la Mujer”.
Estos son los asuntos que a la opinión pública le interesa que traten los parlamentarios. Por eso, la diputada María Angélica Cristi ha planteado mañana propondré la realización de una jornada temática al respecto que se escuche a jueces, a abogados, y a padres y madres en relación con los problemas de los menores, para analizar qué otras normas se deben corregir, además de las que modificaremos ahora.
Sin embargo, quiero ser muy claro en esta materia. Podemos modificar muchas normas, pero las leyes no van a solucionar jamás los problemas si no existe verdadera voluntad de parte de la sociedad para actuar con justicia. Siempre habrá resquicios legales. Éstos existen desde la antigua Roma , donde hubo que modificar tres veces la forma de testar para evitar que se burlara a los herederos. Aquí estamos ante un problema de paternidad responsable.
El año antepasado, el Presidente Lagos, en la comuna de La Pintana, en una lluviosa mañana de invierno, promulgó la ley que introducía una enmienda en esta materia. Allí señaló, en relación con los padres que no pagan pensiones alimenticias, que se eliminaba su privación de libertad diurna, de manera que sólo alojaran en la cárcel, para que pudieran trabajar durante el día.
Otra modificación importante fue establecer que, dentro de los diez días de notificada la demanda de alimentos, el juez debe fijar alimentos provisorios. Hay muchos juicios, que llevan años porque se iniciaron antes de la vigencia de dicha ley, en que no se han decretado alimentos provisorios.
Frecuentemente les pregunto a gente de Puente Alto y La Pintana que me visitan y tienen este problema: “Cuántos años llevan en esto”. Y ha habido casos en que me han respondido: “Cuatro años, y todavía no me fijan la pensión alimenticia”. Les digo que presenten ahora una nueva demanda, porque se deberá regir por la ley vigente que establece que el juez está obligado a fijar alimentos provisorios dentro de diez días.
Evidentemente, todas estas normas no siempre se han cumplido y han resuelto los problemas. Por cierto lo vimos en la Comisión, el hecho de incorporar en el Boletín Comercial al deudor, a lo mejor puede ser una sanción importante para una persona de muy buena situación económica que, por último, verá otra forma de resolver el problema, porque cuenta con otros ingresos y no le es tan grave. Pero, para una persona de escasos recursos estar en el Boletín Comercial le significa, sencillamente, no encontrar trabajo en ninguna parte.
El hecho de que se pueda notificar la demanda en cualquier lugar también es importante y esa modificación está vigente desde hace tres años. Cuando el tribunal de menores le pide a la mujer que quiere demandar al padre de sus hijos que indique el domicilio del alimentante, la demandante, comúnmente responde: “No sé donde vive; se cambia de domicilio”. Para encontrar a un delincuente, a un ladrón, a un asesino u homicida, los tribunales encargan a la Policía de Investigaciones que lo ubique; pero, para hallar a quien no cumple con la obligación de dar alimento a sus hijos, es la madre la que debe indicar el domicilio. Eso se modificó y de hoy en adelante no es necesario que la madre dé el domicilio del padre para que se le pueda notificar de la demanda. La Policía de Investigaciones y Carabineros deben encontrarlo.
Habría que estudiar la propuesta del colega Jorge Burgos , pero hasta ahora es mejor la redacción que hemos planteado nosotros, en el sentido de que se pueda notificar al demandado en cualquier parte y no en un lugar determinado, porque si el juez dice que se le debe notificar en un lugar determinado, la movilidad de los demandados por alimentos es tan grande que siempre les será mucho más fácil burlar dicha notificación.
Además, también dificulta la notificación el hecho de que la haga Carabineros, porque, por ejemplo, si ellos van en un radiopatrulla a la calle Rey Felipe, de la población San Rafael, en la comuna de La Pintana, a notificar en su casa a una persona que tiene que pagar alimentos, lo primero que van a hacer quienes los reciban es negar que el demandado está o que vive allí.
La Comisión dedicó mucho tiempo al tema de los alimentos provisorios, porque, en la práctica, no se están dando, a pesar de que la ley contempla un plazo de diez días. Se considera como falta disciplinaria de los jueces que no decreten alimentos provisorios dentro de ese plazo. Y en esto quiero ser muy claro, la parte que denuncia a un juez por no fijar alimentos provisorios, dentro de diez días, además de solicitarle que envíe el expediente a la Corte de Apelaciones respectiva dentro de tres días, está facultada para poner en conocimiento de la Corte sobre su presentación, porque el juez, quizás, podría dejar pasar, además, mucho tiempo más y no enviar el expediente a la Corte, de manera de evitar que ésta, que es su superior jerárquico, pueda sancionarlo. Por eso establecemos esa posibilidad.
Lamento, verdaderamente, que las visitas no estén amarradas a la pensión de alimentos, porque aquí hay que mirar ambas partes. Por una, hay padres que se niegan a dar alimentos; pero, por la otra, hay madres que se niegan a aceptar las visitas decretadas por el tribunal, que inventan que el niño está enfermo, que hay abusos deshonestos, y dejan pasar el tiempo y, finalmente, el niño se desapega de su padre y ya no le interesa verlo. Por ello, en esa jornada temática también tendremos que analizar la forma de resolver el tema de las visitas.
Ahora bien, en el caso de los abuelos demandados, la idea es modificar la norma y obligarlos a pagar sólo educación, alimento y salud, con el objeto que la pensión no se transforme en una suerte de lucro para el alimentario.
Lo más lamentable es que muchas veces, en los juicios de alimentos, los niños pagan los platos rotos por las desavenencias de los padres, por cuanto, para vengarse el uno del otro, utilizan a los niños. Por eso, la ley consagra un concepto muy importante: el bien superior del menor. Conozco muy bien la materia, porque me nutro de la experiencia de mi mujer, ya que ella se dedica exclusivamente a los temas de menores.
Espero que este proyecto, aun cuando no resuelve todos los problemas, contribuya a solucionar los más apremiantes.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Están inscritos la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Fidel Espinoza y Fernando Meza. ¿Habría acuerdo para que inserten sus discursos, a fin de que podamos votar el proyecto en general?
Acordado.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar, en general, los proyectos que modifican la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con excepción de la letra a) del numeral 1) del artículo 1º y del artículo 2º, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobados.
-Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker, Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación la letra a) del numeral 1) del artículo 1º y el artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez ( doña Carmen) , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El proyecto de ley vuelve a la Comisión de Familia para segundo informe.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA CORREGIR DEFICIENCIAS DE LA LEY 19.885, SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS. (Votación).
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 529.
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA LEGAL SOBRE REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 532, de los señores Navarro , Rossi , Quintana , Espinoza , Valenzuela , Meza , Girardi , Ceroni , Accorsi y Tuma.
“Considerando:
Que la autopsia es un examen quirúrgico del cuerpo de una persona muerta, efectuada para responder a cualquier pregunta que haya quedado pendiente sobre su enfermedad o sobre la causa de su deceso y, ciertamente, con el fin de proporcionar información valiosa a los médicos para ayudarlos a salvar otras vidas;
Que la palabra autopsia significa ver por sí mismo y se usa como sinónimo de necropsia o examen ‘post mortem’, pues, en realidad, representa un examen médico después de la vida, cuyo objetivo es la búsqueda de las causas de la muerte, el análisis de la enfermedad básica, de sus efectos y complicaciones en sus aspectos anatómicos, y de las consecuencias de la intervención médica;
Que la autopsia permite formular un diagnóstico médico final o definitivo, explicar observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Para el cirujano, la autopsia proporciona información sobre las causas de la muerte en el posoperatorio, sobre el estado de las suturas y sobre la presencia de complicaciones quirúrgicas;
Que la autopsia es el único método confiable que permite confirmar el acierto diagnóstico médico entre el 70% y el 85% de los casos. Sin embargo, estudios sistemáticos muestran que el 30% de los pacientes fallecidos que llegan a la autopsia no fueron diagnosticados correctamente en vida;
Que la autopsia es irreemplazable, por la información que aporta para confeccionar el certificado de defunción, pues la mayoría de las veces establece la causa de muerte en el caso individual. Así, por ejemplo, se ha comprobado que las infecciones por gérmenes oportunistas corresponden a la primera causa inmediata de muerte en pacientes inmunodeprimidos, y esta frecuencia se ha quintuplicado en los últimos decenios;
Que el objetivo principal de la autopsia es determinar la causa de la muerte. Por ello, cuando se produce un fallecimiento de forma violenta o en torno al mismo aparecen indicios o sospechas de criminalidad, el juez ordena su práctica a fin de dar respuesta a muchas de las preguntas e interrogantes que plantee el caso. Para esto, los antecedentes se ponen en conocimiento del juez que instruye el caso, quien toma la decisión final sobre la realización o no realización de la autopsia;
Que, en muchos países, el pariente más cercano o la persona legalmente responsable del difunto tienen derecho a solicitar una autopsia. El médico requerirá que se firme un formulario de consentimiento para ello; pero, cuando la causa de la muerte no es clara, puede realizarla sin la autorización de la familia;
Que Galeno, en el siglo II antes de Cristo, practicó disecciones quirúrgicas a cadáveres de animales y humanos para comprobar la teoría de los cuatro humores. Gracias a aquellas pioneras necropsias, el médico griego verificó que el organismo estaba impregnado por cuatro fluidos (sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla), cuyo equilibrio y pureza influían en la salud del organismo;
Que, pese a que siglos después, la medicina desechó esta teoría galénica, lo cierto es que las autopsias han seguido aportando datos a la ciencia acerca de las patologías. Sin embargo, los avances en las técnicas diagnósticas y el rechazo cultural a los exámenes ‘post mortem’, entre otras causas, han hecho que este procedimiento esté en franca retirada en muchos países, especialmente en los más desarrollados;
Que, de hecho, una encuesta, llevada a cabo por la Sociedad Española de Anatomía Patológica en cincuenta hospitales públicos, reveló que sólo se practicaban necropsias en el 5% de los decesos;
Que, ante este panorama, los patólogos han decidido renovarse. En efecto, así como durante el siglo XX las únicas innovaciones que había incorporado la necropsia fueron los guantes de látex y la sierra eléctrica, en la actualidad, los exámenes ‘post mortem’ comienzan a incluir las técnicas de imagen que ya ha modernizado la medicina de los vivos. El ecógrafo, el endoscopio, la resonancia magnética y la tomografía ya se usan en las necropsias modernas;
Que, entre estas nuevas técnicas, se encuentran la autopsia virtual o virtopsia, que se basa en técnicas de imagen como la tomografía axial computadorizada, la resonancia magnética y la espectroscopia por resonancia magnética; la ecopsia, que utiliza el ecógrafo para explorar el interior del fenecido, siendo esta técnica la de más aceptación entre los familiares, ya que sólo la rechaza el 32% de las personas que ya se habían negado a la autopsia clásica; la endoscopia ‘post mortem’ y la autopsia mediante laparoscopia, es decir, la introducción de un tubo flexible, con una cámara en la punta a través de mínimas incisiones en el cadáver;
Que el rechazo de los familiares a los exámenes invasivos es uno de los factores que explican el importante descenso que han experimentando las necropsias en los últimos tiempos. Un trabajo realizado en el Hospital Clínico de Barcelona señala que, mientras en 1993, el examen se practicaba en el 20% de los fallecidos en este hospital, en 2000 sólo se efectuó en el 9% de los casos, a pesar de que es uno de los centros que más autopsias ejecuta;
Que la tendencia es generalizada. Así, mientras que, a comienzos de los años ’50, en los Estados Unidos de América las autopsias clínicas se practicaban en el 50% de los decesos, en la década pasada sólo alcanzaron al 10%. En ese país, la gran baja se produjo en 1970, cuando el organismo encargado de establecer los estándares de calidad de los hospitales estadounidenses eliminó las exigencias de las necropsias, que hasta entonces había que realizar, como mínimo, entre el 20% y el 25% de los óbitos, en función de si se trataba de un centro docente o no docente;
Que, tras evaluar los datos de necropsias practicadas entre 1966 y 2002 en los Estados Unidos de América, se vio que las probabilidades de que un examen de este tipo revelase datos importantes e insospechados había disminuido a la par que el número global de autopsias, aunque sigue siendo lo suficientemente alto entre el 8% y el 24% de los casos como para garantizar que se sigan llevando a efecto;
Que, en Francia, por ejemplo, se produjo un fuerte descenso en 1994, cuando entró en vigor una ley que exige que siempre se solicite al familiar el consentimiento. Esto es algo difícil de conseguir. Según un pequeño trabajo realizado por Fariña en su centro, alrededor del 70% no da el consentimiento para examinar al fallecido;
Que, en el caso de Chile, el Código de Procedimiento Penal, antes, y el nuevo Código Procesal Penal, derivado de la Reforma Judicial, otorgan al juez y al fiscal la atribución de decidir sobre la necesidad de hacer una autopsia como procedimiento clave para despejar dudas respecto del deceso de una persona, especialmente cuando tras esa muerte existe la posible comisión de ilícitos, y
Que, además de las prácticas invasivas, ya sea por razones religiosas o culturales, muchos chilenos consideran que en los decesos con origen claro o evidente, como pueden serlo los originados por un cáncer, un suicidio o un accidente, no debería considerar como obligatoria la realización de una autopsia, la cual, finalmente, sólo causa más dolor a los familiares, a lo que debe agregarse el costo o la demora en la entrega del cadáver.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Justicia que tenga a bien estudiar una modificación de las actuales normas legales que obligan o facultan a los tribunales para determinar la pertinencia de la realización de una autopsia, a efectos de incorporar, en los casos que se tipifiquen, la solicitud de permiso de los familiares, de manera de evitar que al dolor de la muerte se agregue, especialmente cuando la causa del deceso es clara y evidente, el sufrimiento de una autopsia innecesaria, un costo adicional o la demora en la entrega del cadáver.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto de acuerdo que busca modificar la normativa legal sobre la realización de autopsias en los hospitales y en reparticiones del Servicio Médico Legal.
Actualmente, la decisión de realizar una autopsia está en manos del médico de turno, quien ordena su ejecución cuando las posibles causas del deceso no son claras. Asimismo, pueden solicitar su realización los familiares del occiso. Hoy se realizan autopsias con frecuencia, aun cuando la causa del deceso esté absolutamente clara. Cuando el deceso es de origen claro y evidente, como puede ser un accidente, comprobado como tal, o cuando se produce como un fenómeno natural después de una larga enfermedad, como el cáncer, o la vejez misma, no es conveniente agregar más dolor a los familiares del difunto o de la difunta.
Por ello, solicito a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo, con el objeto de que se excluya en el futuro la obligatoriedad de realizar autopsias cuando exista realmente una claridad meridiana sobre los motivos del fallecimiento.
En mi vida profesional, muchas veces me he encontrado con gente que se muestra desconsolada, porque no quieren que se realice la autopsia a un familiar que ha fallecido después de una larga enfermedad y sobre las causas del deceso en que no hay dudas. Pero deben permanecer en lugares fríos e inhóspitos hasta recibir el cadáver, después de realizada la autopsia, lo que agrava no sólo su dolor, sino que también lo prolonga por los trámites de la burocracia.
Por otro lado, los médicos realizamos esta labor no por tener dudas respecto de la causa del fallecimiento, sino porque la ley dispone que la autopsia se debe realizar prácticamente en el ciento por ciento de los casos de fallecidos en centros hospitalarios.
Por lo tanto, solicito a los colegas que ayuden a evitar el sufrimiento de todos los deudos que, día tras día, pululan por los hospitales, las morgues y los servicios médicos legales, en espera de cumplir con las sagradas obligaciones para sus deudos, después de la realización de autopsias que no siempre resultan necesarias.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo para impugnar el proyecto de acuerdo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, en Chile existe una normativa y una reglamentación para que cualquier médico cirujano, aun cuando no sea tratante de una persona fallecida, basado en la opinión de dos testigos, los cuales quedan registrados en el certificado, y en presunciones absolutamente indirectas que proporcionen familiares del occiso, pueda establecer una hipótesis diagnóstica que le permita extender el certificado de defunción correspondiente, a fin de evitar lo señalado por el diputado señor
Meza , cual es la realización de una autopsia médico legal.
Cuando el médico cirujano tiene dudas para extender el certificado de defunción, procede, de hecho y de derecho, la realización de la autopsia, lo cual se encuentra claramente establecida en nuestra legislación.
Las presunciones o ideas de los diputados firmantes del proyecto de acuerdo no se compadecen con nuestra legislación. Lo que sucede es que muchos médicos cirujanos se niegan a extender los certificados de defunción, porque, a mi juicio, hay una gran ignorancia al respecto.
Desde ese punto de vista, los ministerios de Salud y de Justicia deben hacer una fuerte campaña para que los médicos cirujanos se atrevan a firmar los certificados de defunción, basados en la información de dos testigos, ya que no les producirá ningún problema legal o de otra naturaleza.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo establecido en el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
APOYO A GESTIONES DEL GOBIERNO PARA JUZGAR A INCULPADO EN CHILE.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 533, de los señores Molina , Forni , Galilea, don Pablo ; Vilches , Leay , Dittborn , García, don René Manuel ; Ulloa , Alvarado y Cardemil.
“Considerando:
Que la detención del ‘frentista’ Galvarino Apablaza , en la República Argentina, resulta un gran paso para los esfuerzos que en este proceso ha realizado la justicia chilena, en el marco de la causa judicial por el asesinato del Senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards ;
Que, en Chile, los derechos de todas las personas se encuentran plenamente garantizados en virtud del ordenamiento constitucional y legal, por lo que las condiciones para un proceso justo se hallan debidamente establecidas en todos los casos y, naturalmente, en éste;
Que, tanto en Chile como en Argentina, los Tribunales de Justicia gozan de autonomía en sus decisiones, por lo que presiones o intervenciones de otros órganos del Estado podrían perjudicar el desarrollo de un proceso legal apegado tanto a las normas legales internas como a las directrices del ordenamiento jurídico internacional;
Que, en este contexto, un grupo de parlamentarios argentinos ha apoyado la solicitud formulada por la Liga de los Derechos del Hombre, en el sentido de otorgar a Galvarino Apablaza asilo político, argumentando que se trata de un ‘luchador de la causa popular chilena’. Sobre el particular, una diputada argentina anunció que diferentes bancadas políticas de su país han respaldado la petición de asilo político a través de una presentación efectuada ante el Comité de Elegibilidad para el Refugiado (Cepare), suscrita por parlamentarios de la Izquierda Unida y del Partido Socialista, quienes, a su vez, han avalado una exposición del abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. Resultan especialmente graves las declaraciones de una parlamentaria argentina, quien expresó que ‘sería una muy mala señal en nuestro país que una persona como Apablaza pudiera ser remitida a Chile’, en atención a que se trata de un individuo vinculado al asesinato de un senador chileno, y
Que las autoridades chilenas han sido claras y contundentes al señalar que se recurrirá a las autoridades argentinas a fin de traer a Chile a Galvarino Apablaza , toda vez que son los tribunales chilenos los llamados a juzgar los hechos en virtud de los cuales se lo ha apresado en Argentina.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Apoyar las gestiones que realiza el Gobierno para traer a Chile y juzgar aquí a Galvarino Apablaza , quien fue detenido en Argentina y respecto de quien existía una orden de captura internacional;
2.Realizar todas aquellas diligencias y actuaciones que se enmarquen dentro del objetivo señalado, a fin de colaborar con la justicia y especialmente para no interferir en el proceso judicial correspondiente, a la luz de lo expresado por algunos parlamentarios argentinos que se han opuesto públicamente a que Galvarino Apablaza sea devuelto a Chile y juzgado en nuestro país, y
3.Expresar a la Cámara de Diputados de la República Argentina su intención de colaborar en este proceso y su convicción respecto de la inconveniencia de entorpecer los esfuerzos que encabezan tanto los Tribunales de Justicia como las cancillerías de ambos países.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, sin perjuicio de que la situación que vive el ex frentista Galvarino Apablaza en la República Argentina es un tema pendiente, desde el momento en que fue detenido en ese país, diversos medios de comunicación dieron a conocer que importantes organizaciones de derechos humanos realizaban un intenso lobby en ese país, a fin de impedir que el detenido, perseguido por la justicia chilena por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán , fuera expulsado de Argentina y trasladado a Chile.
Conocimos de cerca ese lobby cuando visitamos Buenos Aires, donde verificamos que muchos parlamentarios argentinos reunían firmas para solicitar a su gobierno que el ex frentista no fuera expulsado del país y trasladado a Chile, porque aquí no existían las condiciones para que fuera juzgado en un Estado de derecho.
Es labor del Congreso apoyar las gestiones que realiza nuestro Gobierno, por intermedio de la Cancillería y del Poder Judicial, para lograr la extradición del detenido.
También es importante señalar al parlamento argentino que en Chile se dan todas las garantías de un debido proceso para que alguien que no es un perseguido político, sino un requerido por los tribunales de justicia sea juzgado.
Por lo tanto, creemos necesario, como señala el proyecto de acuerdo, no entorpecer la labor de la justicia. Si corresponde, a través de una solicitud de extradición, que Galvarino Apablaza sea enviado a nuestro país para ser juzgado, los políticos o el parlamento argentinos no deben interferir en este tema.
El proyecto de acuerdo es importante por la relación que debe existir entre nuestros parlamentos y por la necesidad de dejar operar a la justicia y a los órganos administrativos, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por eso, solicito aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DESTINADA A ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA CHILENA.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 534, de los diputados señores Álvarez , Lorenzini , Muñoz, don Pedro y Luksic.
“Considerando:
Que la soberanía antártica chilena se remonta a los títulos de dominio otorgados en favor de la Capitanía General de Chile por la Corona Española en el período de la conquista del continente americano y que, además, se encuentra legitimada en el hecho y en el derecho por las acciones llevadas a efecto por el Estado y el Gobierno de Chile, dentro de las cuales se destaca el decreto supremo Nº 1.747, de noviembre de 1940, cuerpo legal que vino a precisar los límites del territorio antártico chileno;
Que la política antártica chilena, sustentada a través de décadas, ha estado permanentemente orientada a proteger y fortalecer los derechos antárticos del país, con claros y contundentes fundamentos de orden geográfico, histórico y jurídico. El encomiable sacrificio patriótico de chilenos que, renunciando a una vida más cómoda, se han asentado en esas remotas latitudes, constituye una manifestación categórica del ánimo nacional, como pueblo, en orden a pervivir, aun desafiando al rigor de los elementos, en ese último rincón de la patria;
Que, del mismo modo, las diferentes bases antárticas que Chile ha instalado en aquel continente no sólo han servido de respaldo manifiesto a los propósitos patrióticos y soberanos anteriormente referidos, sino que también han colocado al país en la vanguardia de los esfuerzos mundiales por proteger y conocer a fondo las riquezas y ventajas comparativas que esconde y preserva de forma natural el continente helado;
Que, a la luz de lo expresado y en consideración a las invaluables proyecciones económicas que estos territorios pueden implicar en diversos sentidos para el país, es necesario llevar a cabo todas y cada una de las medidas que apunten a mantener y mejorar la aplicación práctica de las directrices de la política antártica nacional. Todo indica que el continente blanco no sólo es la mayor reserva de agua dulce del planeta, la cual, según las estadísticas, será un elemento escaso en las décadas venideras, sino que, igualmente, ofrece una enorme oportunidad para el desarrollo de actividades económicas, como lo es el turismo. Desde esta perspectiva, cabe concluir que es un imperativo emanado del espíritu fundacional de Chile y del esfuerzo desplegado por las generaciones precedentes propiciar y fomentar todas aquellas iniciativas que honren y justifiquen hacia adelante el paso pionero dado por Chile en materia de soberanía en el continente antártico;
Que se ha transformado casi en un lugar común del repertorio mediático nacional señalar la importancia de la aplicación de medidas que acerquen los territorios extremos al resto del país. Pero se suele olvidar que parte integrante de estos territorios está conformada por el Chile antártico, lo que, incluso, no es adecuadamente inculcado en el proceso de formación de los niños y jóvenes tanto en la educación básica y media como en la superior. En este ámbito, las políticas públicas que se estudien y se apliquen en relación con la protección de los intereses antárticos chilenos, que le dé el reconocimiento que se merece al Chile Austral, deben, necesariamente, contemplar la realidad cultural que en este ámbito existe y ha existido por décadas, y
Que la ubicación geoestratégica de Chile, su destino tricontinental y su condición de puerta de entrada a la Antártica demandan de esta generación así como lo hicieron las anteriores en el pasado y como lo harán las posteriores en el futuro el mayor de los compromisos tendientes a alcanzar el desarrollo de políticas públicas y privadas que incorporen al patrimonio cultural y económico nacional esa última frontera del planeta.
La Cámara de Diputados acuerda:
Crear una Comisión Especial que, en un plazo no superior a un año, se dedique al estudio de los efectos derivados de la aplicación de la política antártica chilena, con el objetivo de considerar y formular medidas concretas que sirvan los propósitos de proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile y de robustecer su posición estratégica soberana en dicho continente.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados, sólo quedan tres minutos para el término de la sesión, por lo que sugiero continuar mañana con la discusión del proyecto de acuerdo.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, dada la claridad del contenido del proyecto, estimo que podríamos votarlo de inmediato.
El señor SEGUEL.-
No.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
No hay acuerdo para votarlo ahora.
Tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo ya se leyó, pero estimo que debiéramos escuchar mañana las fundamentaciones de los señores diputados que lo presentaron, para que nos informemos mejor. Considero inconveniente discutir en este momento un tema tan importante como éste.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Vamos a proceder de esa forma, señor diputado. En consecuencia, discutiremos el proyecto de acuerdo en la sesión de mañana.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 21.27 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.