Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS Y DEL MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.850. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS, CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA.
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS Y DEL MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.850. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- TITULARES DE PRINCIPALES DIARIOS REGIONALES EN SET DE PRENSA DIARIA PARA DIPUTADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Cristian Antonio Leay Moran
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Patricio Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- TITULARES DE PRINCIPALES DIARIOS REGIONALES EN SET DE PRENSA DIARIA PARA DIPUTADOS.
- VII. INCIDENTES
- CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE PROPIEDADES EN PURRANQUE Y RÍO NEGRO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA LIBERAR A CIUDADANOS CHILENOS DETENIDOS EN PERÚ. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosa Gonzalez Roman
- CONOCIMIENTO DE PROPUESTAS DE PRECANDIDATAS PRESIDENCIALES DE LA CONCERTACIÓN.
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- ASALTOS A CAMIONES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Correa De La Cerda
- RECONOCIMIENTO A PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL EN CRUCES FERROVIARIOS DE PROVINCIA DE MAIPO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edgardo Riveros Marin
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Fernando Meza Moncada
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Sergio Correa De La Cerda
- Jose Antonio Kast Rist
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Ivan Norambuena Farias
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edgardo Riveros Marin
- INSTALACIÓN DE LOCALES DE VOTACIÓN EN LOMAS COLORADAS, COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Edgardo Riveros Marin
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Edmundo Villouta Concha
- Fernando Meza Moncada
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Javier Hernandez Hernandez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- RÉPLICAS A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO IVÁN MOREIRA.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INCLUSIÓN DE LA COMUNA DE LOS LAGOS EN LOS PLANES DE EMPLEO DE EMERGENCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- COMPRA DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE NIÑOS DISCAPACITADOS EN LA UNIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- TRASLADO DE DOTACIÓN DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- SOLUCIÓN A AISLAMIENTO DE HABITANTES DE ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- BONIFICACIÓN POR EGRESO AL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE. Tercer trámite constitucional.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. Proposición de la Comisión Mixta.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Investigadora relativa a la Tala Ilegal del Alerce.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Claudio Alvarado Andrade
- Roberto Delmastro Naso
- Guido Girardi Lavin
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Jose Perez Arriagada
- Carlos Recondo Lavanderos
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rodolfo Seguel Molina
- Edmundo Villouta Concha
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Marcelo Forni Lobos
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión Investigadora relativa a la Tala Ilegal del Alerce.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 44ª, en jueves 20 de enero de 2005
(Ordinaria, de 10.41 a 11.48 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Indice
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Orden del Día.
Prórroga de vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas y del
mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecidos en la ley N° 19.850. Tercer trámite constitucional9
Bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile. Tercer trámite constitucional9
Modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de bienes raíces sin recepción definitiva. Proposición de la Comisión Mixta9
Prórroga de plazo a Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, constituida en investigadora11
VI.Proyectos de acuerdo.
Titulares de principales diarios regionales en set de prensa diaria para diputados11
VII.Incidentes.
Cambios en la composición y funcionamiento de la Comisión de Medio Ambiente de la Décima Región. Oficio13
Información sobre saneamiento de títulos de dominio de propiedades en
Purranque y Río Negro. Oficio13
Información sobre medidas adoptadas para liberar a ciudadanos chilenos
detenidos en Perú. Oficio14
Conocimiento de propuestas de precandidatas presidenciales de la Concertación14
Asaltos a camiones en la Región Metropolitana. Oficios16
Reconocimiento a personal de la Cámara de Diputados17
Construcción de pasos a desnivel en cruces ferroviarios de provincia de Maipo. Oficios17
Instalación de locales de votación en Lomas Coloradas, comuna de San
Pedro de la Paz
. Oficio18
Réplicas a intervención de diputado
Iván Moreira19
Inclusión de la comuna de Los Lagos en los planes de empleo de emergencia. Oficio21
Pág.
Compra de vehículo para traslado de niños discapacitados en La Unión.
Oficio21
Traslado de dotación del Cuerpo Militar del Trabajo. Oficio21
Solución a aislamiento de habitantes de Isla Huapi, comuna de Futrono.
Oficio22
VIII.Documentos de la Cuenta.
Mensajes de S. E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Flexibiliza el manejo de los fondos asignados al Poder Judicial en la Ley de Presupuestos de la Nación. (boletín 378907)23
2.Reformas orgánicas y procedimentales. (boletín N° 379007)29
3.Modifica la regulación del Ministerio Público Judicial, del régimen disciplinario y del recurso de queja. (boletín N° 379107)32
Oficios del honorable Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
4.Otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que
indica. (boletín N° 371605)52
5.Prorroga vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecidos en la ley N° 19.850. (boletín N° 376305)54
6.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica el artículo 3° de la ley N° 18.340 que fija el Arancel Consular de Chile.
(boletín N° 371110)54
7.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva. (boletín N° 357414)55
8.Informe de la Comisión Investigadora relativa a la tala ilegal del alerce. (Proyecto de acuerdo N° 412)58
Mociones de los diputados señores
Ibáñez
,
Bauer
, GarcíaHuidobro y de la diputada señora
González
,
doña Rosa
, que modifican la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de:
9.Facilitar la asociación de municipalidades. (boletín N° 379306)149
10.Aclarar norma que rige suspensión de derecho a sufragio del alcalde.
(boletín N° 379406)151
11.Actualizar monto de obligaciones contractuales que requieren caución.
(boletín N° 379506)153
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para ampliar en 90 días el plazo concedido para realizar una investigación sobre el desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola. (Proyecto de Acuerdo N° 473).
Contraloría General de la República
Señor
Seguel
, antecedentes relacionados con empresa constructora Trío
Limitada.
Ministerio de Bienes Nacionales
Señor
Delmastro
, saneamiento de títulos en las comunas de Valdivia, Corral,
Lanco
,
Mariquina
y
Máfil
.
Señor
Delmastro
, estado de tramitación de solicitud de regularización de inmueble de
doña Marta Sonia Navarro Alvarado
.
Señor Kuschel, información sobre predios regularizados de la Décima
Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Señor
Vargas
, viabilidad de proyecto que establece obligatoriedad en el
pago de imposiciones de ex trabajadores del Pem y del Pojh.
Señor
Tuma
, cambio de régimen previsional de pensionados por invalidez de ferrocarriles.
Señor
Prieto
, antecedentes de la empresa capacitadora
Otic Proem
, de la ciudad de Talca.
Señor ÁlvarezSalamanca, devolución de dineros a contribuyentes que hicieron uso de franquicia tributaria para capacitación.
Señor
Juan Pablo Letelier
, medidas para garantizar los derechos laborales de médicos veterinarios que trabajan en mataderos privados.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Señor
González
, urgencia a proyecto de ley sobre instalación de antenas de telefonía móvil.
Consejo de Defensa del Estado
Señor
Sánchez
, información sobre actividad de la empresa
Áridos Maipú
S.A.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (80)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Opazo, Ramón
--Prieto Lorca, Pablo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abre la sesión a las 10.41 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 38ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 39ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V.ORDEN DEL DÍA
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS Y DEL MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.850. Tercer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados, en el Orden del Día figuran tres proyectos de ley que la Sala trató.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín
Nº 3763-05. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
Modificaciones del Senado, boletín
Nº 3716-05. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3574-14. Documentos de la Cuenta Nº 7, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El primero, originado en mensaje y con discusión inmediata, dice relación con la prórroga de la vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas del país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850, fue objeto de modificaciones por parte del Senado, en el sentido de que la entrada en vigencia de los reavalúos comience a regir a contar del 1 de enero de 2006 en lugar de julio de este año. Hay consenso para aprobarlo unánimemente.
En el número 2 de la tabla figuran las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificaciones por egreso al personal de Gendarmería de Chile, como las que siguen: al artículo 2º, para agregarle el siguiente inciso final, nuevo: “Los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 1º, que se retiren por aplicación de alguna medida disciplinaria o sean eliminados por haber sido calificados en lista cuatro o por estar dos años consecutivos en lista tres, tendrán derecho a la bonificación que será equivalente a dos meses de la remuneración imponible calculada de conformidad al
artículo 3º.”; al artículo 5º, para suprimir los aportes al fondo de bonificaciones que deben efectuar los gendarmes que hayan aprobado los cursos de formación técnica; al artículo primero transitorio, para suprimir la oración final “A los funcionarios que desde esa data y hasta el 31 de diciembre de 2004 accedan a la bonificación, ésta les será pagada en enero del 2005.”, y reemplazar su inciso segundo, por el siguiente: “Los aportes a que se refiere el artículo 5º, comenzarán a integrarse partir del primer día del mes subsiguiente al de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A partir de igual fecha, Gendarmería de Chile dejará de realizar los aportes al Tesoro Público, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto transitorio de la ley Nº 19.882, respecto de los funcionarios de las plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios, y del personal perteneciente al escalafón de oficiales administrativos penitenciarios.”.
El proyecto signado con el número 3, que modifica la ley General de Urbanismo y Construcción en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva, también fue objeto de un informe de Comisión Mixta, a raíz de que la Cámara de Diputados rechazó la modificación del Senado que eliminaba la garantía contenida en el literal b) del número 3) del artículo único. Sin embargo, los diputados que la rechazaron estuvieron por acogerla en la Comisión Mixta, de manera que se trata de una materia muy simple de aprobar.
Como existe acuerdo respecto de las modificaciones del Senado a los proyectos que figuran en los números 1 y 2 de la Tabla y del informe de la Comisión Mixta recaído en el que figura en el número 3 de la misma, solicito el acuerdo de la Sala para aprobarlos sin discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, un argumento adicional a los que usted ha dado es que ésta es la última sesión antes del receso parlamentario, de manera que si los tres proyectos no se aprueban ahora, quedarán pendientes para marzo. Para Gendarmería eso sería muy serio, porque se trata de un proyecto que concede un beneficio que su personal espera ansiosamente.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, se pensaba que el proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería sería despachado en 2004, pero va a terminar aprobándose este año. Es importante que lo hagamos hoy, porque los dos gremios de dicho servicio están absolutamente de acuerdo con las modificaciones introducidas a la iniciativa.
A los funcionarios que estaban en lista cuatro y a quienes tenían problemas de disciplina, de todas maneras se les pagará una bonificación de retiro equivalente a dos meses de remuneración imponible.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar, sin debate, los tres proyectos de la tabla.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecidos en la ley Nº 19.850.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica.
Si le parece a la Sala se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva.
Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, quiero hacer una pequeña acotación, porque me tomó por sorpresa la petición de votar los tres proyectos en un solo acto; fue muy rápido.
No me opuse a ello, pero respecto del proyecto que otorga una bonificación por egreso al personal de Gendarmería quiero dejar constancia de mi preocupación por no haberse hecho extensiva a sus funcionarios civiles. Se les excluyó sólo porque la normativa propuesta colisionaba con el proyecto de las Fuerzas Armadas. Como esa iniciativa fue retirada, me causa extrañeza que no se les haya incluido en dicho beneficio, en circunstancias que desde hace muchos años han sido considerados en todos los proyectos, porque pertenecen a la Dipreca.
Cumplo con dejar constancia de esta reserva y de mi abstención en la votación de las modificaciones del Senado al proyecto de ley en comento.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS, CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para prorrogar por noventa días el plazo inicialmente concedido para realizar una investigación sobre el desarrollo de un mercado secundario de carácter espectulativo de las concesiones de explotación acuícola.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
TITULARES DE PRINCIPALES DIARIOS REGIONALES EN SET DE PRENSA DIARIA PARA DIPUTADOS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 520.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 520, de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Cristián Leay , Leopoldo Sánchez y Patricio Walker.
“Considerando:
Que la labor parlamentaria es compleja, por lo mismo éste parlamento posee una serie de mecanismos tendientes a facilitar un mejor y adecuado apoyo a nuestra labor.
Que, por ejemplo, el apoyo prestado por la biblioteca del Congreso Nacional, los funcionarios de la corporación, nuestros asesores personales facilitan y contribuyen a este mismo objetivo.
Que en este mismo orden de ideas a los diputados se les hace llegar por parte del departamento de Relaciones Públicas de la Corporación un set de prensa con la información más relevante ocurrida en el día, lo cual constituye en nuestro concepto una idea sumamente útil, práctica y de mucha ayuda para interiorizarnos del quehacer nacional de manera precisa y concreta.
Que no obstante reconocer lo útil de esta información, ella es de carácter muy global y muchas veces centrada en lo que ocurre en la Región Metropolitana dejando de lado el quehacer regional, por lo que todos los diputados que no pertenecen a la gran capital quedan ajenos de los hechos más importantes de sus distritos.
Que por ello creemos necesarios implementar o mejor dicho, completar el set de prensa con los titulares de los principales diarios regionales y de esta forma dar una visión global y local de lo que ocurre diariamente en el país.
Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
Que en el set de prensa que se entrega diariamente a los parlamentarios se incluyan los titulares de los principales diarios regionales y de esta forma los diputados puedan tener una visión global y local del quehacer nacional”.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, ya se dijo que no era necesario tramitar un proyecto de acuerdo para abordar esta materia, porque se puede resolver por la vía administrativa.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aunque concuerdo con su argumento, la diputada patrocinante del proyecto de acuerdo señaló que no está en condiciones de retirarlo, lo cual me obliga a ponerlo en votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
El señor ORTIZ.-
¡No, votemos!
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por no haberse logrado el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Décima Región ha fracasado en su cometido por las reiteradas faltas de quórum en sus reuniones, debido a la inasistencia de sus miembros titulares, situación que se complica porque no se considera la participación de miembros suplentes.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia para que adopte las medidas que garanticen y aseguren el buen funcionamiento de esa Comisión. Es necesario hacer cambios en su composición y en su forma de operar, ya que la Corema de la Décima Región tiene la mayor carga de trabajo de todas las del país.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE PROPIEDADES EN PURRANQUE Y RÍO NEGRO. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, existe una serie de comunidades indígenas que comprenden un centenar de familias que habitan entre Purranque y San Juan de la Costa y que están dando una especial lucha por obtener el saneamiento de sus títulos en una zona donde siempre ha sido difícil realizar este tipo de tramites.
Me refiero a comunidades tan importantes como San Pedro, en la comuna de
Purranque, la cual visitaré el próximo sábado junto a funcionarios del Fosis de la Décima Región, al alcalde de Purranque, señor
César Negrón , y a la concejala señora
Roberta Vargas , para trabajar en temas de interés para la localidad. Es una zona muy apartada, sus habitantes tienen serias dificultades para llegar a la ciudad, pues demoran ocho horas hasta Purranque .
Lo mismo sucede en Manquemapu, de la comuna de Purranque; en caleta Cóndor y en otra serie de comunidades indígenas de la comuna de Río Negro.
Solicito oficiar a la señora ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, con el objeto de que nos informe a la brevedad respecto del avance que ha experimentado el trabajo relacionado con el saneamiento de los títulos de dominio de toda la zona cordillerana de la provincia de Osorno, en qué período del presente año se logrará la solución definitiva para estas familias y los mecanismos adoptados para agilizar dicha tramitación.
Para nadie es desconocido que el título de dominio constituye un elemento de enorme trascendencia para el mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo para las familias pobres y campesinas.
Desde esa perspectiva, es fundamental que se finalicen esos trabajos, que se han extendido demasiado en el tiempo, lo que crea situaciones complejas a esas familias.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA LIBERAR A CIUDADANOS CHILENOS DETENIDOS EN PERÚ. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista y Radical Social Demócrata, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, el 29 de diciembre pasado apareció en los medios de comunicación lo acontecido en la ciudad del Cusco, Perú , sobre la detención de dos jóvenes ariqueños que rayaron una muralla histórica para los peruanos.
Todos tenemos muy claro que cometieron un error, no lo podemos discutir. Lo que hicieron no fue correcto, pero ayer se supo que la fianza solicitada por el juez para darle la libertad a estos jóvenes es de 100 mil soles, que equivalen a 18 millones de pesos chilenos. De acuerdo con lo informado por la abogada, lo cobrado como fianza no tiene precedentes en Perú. En consecuencia, cabe preguntarse si es fianza o castigo lo que se aplica a los jóvenes.
Para sus padres, personas de clase media, es absolutamente imposible reunir 18 millones de pesos para pagar la fianza que dejaría a los jóvenes en libertad dentro de Perú, no para regresar a Chile; no estamos hablando de libertad incondicional.
Hemos conversado con representantes de la cancillería, a quienes, a mi juicio, le compete el tema. ¿A quién más podemos recurrir para ayudar a dos jóvenes chilenos que si bien cometieron un error, deben regresar a su país? No es posible que estemos en estas circunstancias desde el 29 de diciembre y no se pueda encontrar un arreglo hasta el momento.
También he recurrido a la Cruz Roja Internacional para que velen por la integridad de estos jóvenes.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que informe sobre las medidas que se han tomado al respecto; con qué aporte de dinero puede concurrir para pagar esta fianza; qué gestiones han realizado; qué abogados han contratado. Me dijeron que les habían contratado abogado, pero, en realidad, lo hicieron los familiares, con un costo de cien mil pesos diarios, que ellos no tienen. En fin, deseo que se indiquen todas las gestiones realizadas para lograr la libertad de estos jóvenes.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
CONOCIMIENTO DE PROPUESTAS DE PRECANDIDATAS PRESIDENCIALES DE LA CONCERTACIÓN.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en el mes de marzo se producirá el ajetreo propio de la próxima campaña presidencial.
En este sentido, hay que destacar que se ha despejado una duda en la Concertación, que tendrá que definir quien será la candidata presidencial de la Concertación. En todo caso, nos tiene sin cuidado quien sea esa candidata, porque estamos preparados para las próximas elecciones presidenciales.
No obstante, es importante, luego de todo este manejo comunicacional de la Concertación, conocer las propuestas y definiciones de ambas candidatas. Esperamos que se entreguen muy pronto las definiciones de la candidata o precandidata de la Concertación,
Soledad Alvear , sobre distintas materias.
Respecto de Michelle Bachelet , precandidata presidencial del Partido Socialista y del PPD, nos inquietan algunas expresiones que ha entregado a algunos medios de comunicación, en torno a materias importantes para el país, que demuestran falta de decisión y bastante ambigüedad. Se deben definir, pues la ciudadanía debe tener en claro quién es la candidata presidencial de la Concertación y qué aspira para el país.
Para gobernar Chile se requiere gente con propuestas serias y conocidas. Michelle Bachelet no puede pretender ser candidata a la presidencia sin antes definirse en temas tan relevantes y sensibles como el tributario, ya que al Gobierno ha dado uno de los golpes más duros, dolorosos, bajos, especialmente a la clase media y a los sectores emprendedores, al subir los impuestos en nueve oportunidades, sin que siquiera sea capaz de administrar honradamente lo recaudado, que proviene del bolsillo de todos los chilenos, aunque los presupuestos anuales de algunos ministerios se han triplicado, los puentes se sigan cayendo en Chile.
El señor MONTES.-
¡Por favor! ¡Cómo puede pedir la palabra para decir eso!
El señor MOREIRA.-
La Concertación se comienza a desesperar cuando se le dice la verdad. ¿Dónde está el pluralismo y la democracia? Se inquietan frente a una crítica como la que estoy haciendo en este minuto, en que estamos pidiendo al Partido Socialista, señor diputado Montes decisiones para el país y no ambigüedades.
Es posible imaginar la razón por la cual Michelle Bachelet no quiere definirse respecto del tema de los impuestos: seguirá castigando a los pobres y a la clase media con nuevas alzas de impuestos, que ni siquiera se atreve a reconocer.
Nos parece grave y poco transparente que la candidata de izquierda, Michelle Bachelet , no reconozca la verdad de su pensamiento en materia tributaria. Es justo que el país sepa lo que ella piensa y dice a puertas cerradas respecto de los impuestos que afectan a todos los chilenos, ya que, dada la forma en que la Concertación administra los recursos, nos preocupa doblemente que alguien con intenciones no declaradas intente llegar a La Moneda con dobleces en relación con materias en que no hay que tenerlos.
Estimamos que la ciudadanía tiene derecho a saber qué esconde la candidata de la extrema izquierda, Michelle Bachelet , en materia de impuestos. Si es verdad que no sabe qué hacer sobre el particular, más vale que compre algunos libros o que tome algunos cursos de economía.
El señor MONTES.-
¡Qué insolente! ¡Amárrenlo!
El señor MOREIRA.-
También podría haber asistido a los talleres del bicentenario, de Joaquín Lavín , a fin de definirse de una vez por todas, para que la ciudadanía pueda conocer y evaluar su planteamiento, en el entendido de que si no se define, simplemente no da garantía.
Y no da garantía la candidata de la Concertación, porque no ha sido capaz, en un momento previo a las elecciones, de definirse en materias tan sensibles para el país. Nos parece que estos rasgos de indefinición perjudican al país.
Por otra parte, Michelle Bachelet sigue basándose en informes externos para emitir opiniones. Incluso, se basó en un informe internacional para opinar sobre una posible modificación del sistema de las AFP, en circunstancias de que el Gobierno ha mantenido un poco de distancia en la materia y ha demorado las modificaciones a dicho sistema, porque perjudica al país, más aún si ese informe carece de credibilidad y de seriedad. Así se manejan las cosas en la Concertación.
El ocultamiento de la posición de la candidata Bachelet en materia de impuestos es una señal más de alerta, porque su candidatura de extrema izquierda es también la del diputado Escalona , la del secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios , y la del senador Ominami ; es decir, de una izquierda que no se ha renovado y que ha encontrado en su candidata un verdadero caballo de Troya para volver al gobierno con ideas de una extrema izquierda que creíamos superadas.
El tiempo nos dará la razón, y, en medio de la campaña, vamos a desenmascarar a los candidatos presidenciales de la Concertación.
No desesperen los miembros del Comité Socialista, porque queda más.
También sería bueno que Michelle Bachelet contestara algunas preguntas, ya que, como dije, requerimos definiciones y no ambigüedades.
El país se hace preguntas y quiere respuestas. ¡Que la candidata de extrema izquierda responda al país qué hará en materia de impuestos! ¡Que diga qué opina sobre la flexibilidad laboral y la libertad económica! ¡Que exprese cuál es su posición respecto del aborto y en materia de AFP! Que responda sobre esos y tantos otros temas tan relevantes, como el de la cesantía, el de la educación, el de la seguridad ciudadana y el del crecimiento. Que, por favor, explique al país sobre los desaciertos de este Gobierno en materia de cesantía.
Qué ha dado la Concertación al país durante sus tres gobiernos: cesantía, inseguridad y, sobre todo, no ha tenido claridad para asumir su responsabilidad ante estas materias.
En las encuestas, incluso las realizadas por la Concertación, aparece con mejores resultados la candidata Bachelet , pero eso lo vamos a remontar con Joaquín Lavín , gracias a una particularidad especial e importante, que dice relación con que en todas las encuestas, cuando a la gente se le pregunta acerca de quién puede solucionar los problemas de país en torno de materias tan significativas como crecimiento, cesantía, delincuencia, educación y salud, el primer lugar lo tiene Joaquín Lavín . ¡Qué curioso! Entonces, las encuestas son contradictorias porque, por una parte, la ciudadanía le entrega el respaldo y la confianza a Joaquín Lavín en el liderazgo de la solución de los problemas y, por otra, dicen algo distinto respecto de la precandidata
Michelle Bachelet .
Ahora estamos en carrera presidencial. Tenemos propuestas programáticas para defender a los chilenos y ofrecerle proyectos renovados, distintos, con ideas claras, con definiciones, sin ambigüedades, porque tenemos confianza en que vamos a derrotar a esa Concertación que está muy ligada a sectores de extrema izquierda que lo único que le ofrecen al país es más, pero de lo mismo.
A diferencia del nerviosismo que existe en sectores de la Concertación, tenemos confianza en que, a partir de este minuto y hasta fin de año, vamos a demostrar que el próximo presidente de Chile será Joaquín Lavín.
He dicho.
ASALTOS A CAMIONES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros, con el objeto de poner atajo a lo que está ocurriendo en el sector del enlace entre las avenidas General Velásquez y Américo Vespucio. Desde un tiempo a esta parte, en ese lugar se vienen produciendo asaltos a camiones que transitan en horas de la noche. Los antisociales colocan barreras y, cuando el camión se detiene, proceden a asaltar a los choferes.
Esta situación se está produciendo en forma frecuente, por lo que se hace necesario buscar una solución.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RECONOCIMIENTO A PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, antes de entrar al período de vacaciones, en nombre de la bancada del partido Unión Demócrata Independiente, quiero agradecer sinceramente a todo el personal de la Cámara de Diputados su colaboración en el desempeño de nuestras funciones. Cuando hablo del personal me refiero a los funcionarios de todos los estamentos que componen esta Corporación.
En nombre de nuestra bancada, deseo manifestar nuestro agradecimiento a quienes hacen posible el buen desempeño de nuestras funciones como legisladores.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
La Mesa también adhiere al reconocimiento expresado por el diputado señor Andrés Egaña.
CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL EN CRUCES FERROVIARIOS DE PROVINCIA DE MAIPO. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, hago uso de la palabra con dolor y legítima irritación a causa de los últimos accidentes ocurridos en cruces ferroviarios ubicados en la provincia de Maipo, que represento en la Cámara de Diputados.
En menos de 24 horas se han producido dos sucesos de esta naturaleza, con pérdida de vidas humanas. El primero, en el cruce El Diamante, de Buin, donde perdió la vida la señora María Berríos . El segundo, en el cruce Cinco Pinos, de San Bernardo, donde perdieron la vida los señores Avelino Vera Bravo y Óscar Pichuante , y quedaron otras dos personas gravemente heridas. Hace pocos meses, en el cruce Bascuñán , de Paine, un accidente provocó la muerte de una familia completa. Pocos días antes, se produjo otro hecho de la misma naturaleza, en el cruce San José , de San Bernardo, con consecuencias fatales para los pasajeros que viajaban en un microbús.
Si bien es cierto, es necesario exigir precaución a peatones y automovilistas, esto no exonera de responsabilidad a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la que debe mantener condiciones de seguridad eficientes para que no se produzcan accidentes en los pasos de vías férreas habilitados.
Observamos con inmensa preocupación que mientras se desarrolla un plan de modernización del servicio de ferrocarriles, que ha mostrado una mejoría notable, no sucede lo mismo con la seguridad de la vía férrea, lo que incide en el número de accidentes, todos ellos evitables de existir sistemas idóneos de seguridad, cuestión conversada en reiteradas oportunidades con las autoridades pertinentes. Por ejemplo, en el caso del cruce Cinco Pinos existen barreras, pero el guardavía, de acuerdo con la información entregada, tiene turnos sólo desde las 7.00 hasta las 23.00 horas, y el resto del tiempo el cruce queda sin este servicio. Justamente, en ese lapso, se produjo uno de los accidentes. Por otra parte, el cruce San José , de San Bernardo, requiere imperiosamente un paso a desnivel que no ha sido construido. Esto adquiere especial gravedad, ya que su construcción está comprometida desde hace varios años en un protocolo de acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, de la Municipalidad de San Bernardo y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Les corresponde asumir esta tarea a los servicios centralizados del Estado y no al municipio de San Bernardo. Una obra similar está en proyecto en el paso Cinco Pinos, donde anoche ocurrió el último accidente, pero tampoco se ha construido.
Entonces, es justificable lo señalado al principio de mis palabras: dolor y legítima irritación.
Solicito que se oficie, con copia de mi intervención, al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, al presidente y al directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a la ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, con el objeto de que se nos informe sobre el particular.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Fernando Meza , Eugenio Tuma , Enrique Jaramillo , Rodrigo González , Carlos Abel Jarpa , Ignacio Urrutia , Sergio Correa , José Antonio Kast , Gonzalo Ibáñez , Iván Norambuena , Gastón Von Mühlenbrock y Juan Masferrer.
INSTALACIÓN DE LOCALES DE VOTACIÓN EN LOMAS COLORADAS, COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, seguramente, muchos habrán escuchado las numerosas veces que he solicitado aportes extraordinarios para determinadas obras en Lomas Coloradas, sector ubicado en el límite de la comuna de San Pedro de la Paz con Coronel. Todas estas gestiones las he realizado también con el alcalde, señor Jaime Soto , quien acaba de salir reelecto con cerca del 63 por ciento de los votos.
Hace algunos años, en Lomas Coloradas había puro barro en invierno y un polvo infernal en verano, lo que afectaba la calidad de vida de sus habitantes. A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional logramos que se implementara un plan especial completo de urbanización para ese sector, es decir, alcantarillado, pavimento, aceras, luz eléctrica y agua potable, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos. De aquí a sesenta días se entregarán oficialmente todas las obras.
Además, hace unos seis meses se inauguró un jardín infantil y hace diez meses un consultorio nuevo. Aprovecho de enviar una noticia a los habitantes de Lomas Coloradas: gracias a una gestión realizada por el alcalde, señor Jaime Soto , y el diputado que habla, la próxima semana llegará una ambulancia nueva a ese consultorio.
Por otra parte, desde hace muchos años nos hemos reunido permanentemente con representantes de la junta de vecinos de ese sector, quienes tienen la siguiente inquietud: cuando se realizan elecciones, deben concurrir a emitir su voto al centro de la comuna de San Pedro de la Paz, donde se ubican los colegios municipales, o sea, en la Villa San Pedro, en Los Huertos Familiares, en Boca Sur y en Michaihue. Ellos me plantearon que sería bueno que en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, a realizarse en diciembre, pudieran votar en Lomas Coloradas, sector importante de la comuna de San Pedro de la Paz. Según el último censo, esta comuna cuenta con casi 82 mil habitantes, de los cuales 10 mil viven en Lomas Coloradas.
Por lo anterior, solicito se oficie al director del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio García , con el objeto de que en las próximas elecciones se instalen locales de votación en Lomas Coloradas. Lo estoy solicitando con prácticamente 11 meses de anticipación, para así cumplir el sueño de esos habitantes, de emitir el sufragio en su sector. Hay establecimientos educacionales e infraestructura y existe capacidad de organización en los habitantes de Lomas Coloradas. Por ello, creo justo y necesario que se acceda a esta petición.
Intervengo en nombre de muchos vecinos, pero, en particular, del presidente de la junta de vecinos de la calle Jerusalén, don Luis Mondaca , quien se ha destacado desde hace muchos años por transformar de manera absoluta al sector de Lomas Coloradas.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña , Edgardo Riveros , Carlos Abel Jarpa , Edmundo Villouta , Fernando Meza , Rodrigo González , Enrique Jaramillo y Javier Hernández.
RÉPLICAS A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO IVÁN MOREIRA.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, quería ocupar este tiempo en entregar algunos antecedentes relacionados con la situación de los resorts en Chile, a lo cual me referí en una intervención anterior. Pero no puedo dejar pasar las palabras del diputado señor Moreira , quien se manifestó muy preocupado por las precandidaturas presentadas hasta el momento por la Concertación, y pidió una serie de respuestas a las consultas que hizo sobre diversos temas.
Sería interesante que, a través del diputado señor Moreira , el señor Joaquín Lavín informara la opinión pública, especialmente a los habitantes de la comuna de Santiago, en qué se invirtieron los más de mil millones de pesos que recibió por el pago de los derechos de gratuidad de agua. Incluso, en esta Corporación se constituyó una comisión especial encargada de investigar si esa acción fue legal o no. Pero todo quedó en cierta penumbra.
Hemos leído informaciones, no contundentes, sobre la preocupación del actual alcalde de Santiago por la situación en que el señor Lavín dejó a esa comuna durante el tiempo en que fue su alcalde. No ha habido ninguna respuesta sobre el particular y existe una situación de penumbra sobre la forma en que el señor Lavín invirtió los dineros que recibió por el pago de esos derechos. No se sabe qué obras importantes se ejecutaron con ellos.
Por eso, pido al diputado señor Moreira que informe a la opinión pública sobre esta situación, porque creo que puede servir para sopesar la gestión del señor Lavín durante el tiempo en que fue alcalde. También queremos saber qué es lo importante de su ofrecimiento, porque no nos podría extrañar que en el tema de la aplicación de un impuesto a la minería, los partidos que lo respaldan no den una respuesta favorable. Por lo demás, todo el país lo sabe. Ellos van a seguir protegiendo a las grandes empresas, porque son las que financian sus campañas electorales. Precisamente en estos días hemos leído en la prensa las dudas que se han producido sobre la ley que regula el financiamiento de las campañas políticas, a raíz de los gastos excesivos en que incurrieron los partidos de la Alianza por Chile. Al respecto, no cabe la menor duda de que la opinión pública tiene una opinión formada.
Como el diputado señor Moreira no está presente en la Sala, pido que se le informe sobre lo que he expuesto, a fin de que, en una próxima intervención, aclare nuestras dudas.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, con sorpresa y consternación hemos escuchado las palabras del diputado Iván Moreira , pues contrastan con la seriedad de las intervenciones de los demás diputados, como la de los señores Ortiz y Riveros y el saludo del diputado Egaña , agradeciendo a los funcionarios de la Cámara por el apoyo brindado a nuestras labores parlamentarias. Incidentes es el tiempo establecido para que los diputados propongan cosas concretas, hablen sobre temas serios, pidan el envío de oficios a los distintos ministerios y no para hacer un discurso superficial, lleno de imputaciones y vaguedades, típico de una demagogia politiquera, que justamente no encarnan las dos candidatas de la Concertación. Por eso, representan la esperanza de renovación de la política. No es efectivo que no hayan dado respuestas adecuadas a los grandes temas que preocupan al país. Por lo demás, los gobiernos de la Concertación se han caracterizado por la seriedad, por el rigor y por una política fiscal creíble.
Hace algunos días una delegación del Congreso Nacional participó en un foro interparlamentario junto a representantes de veintiún países del mundo. Al respecto informo a la Cámara que Chile recibió respeto y reconocimiento por la seriedad con la que ha llevado a cabo sus políticas públicas, por mantener una política financiera fiscal adecuada, por dar credibilidad a sus políticas internacionales y por ser un país seguro. Además, la delegación chilena tuvo una destacada participación en los graves problemas que se denunciaron. Se le entregó la responsabilidad de dar cuenta de los acuerdos adoptados en la última reunión de Apec, que demuestra el progreso que ha tenido el país desde el punto de vista económico y de desarrollo.
Por la seriedad de las políticas económicas de la Concertación, no queda otra cosa que decir que las palabras del diputado
Moreira no tienen fundamento y que son expresiones de una persona que no actúa como corresponde en el Congreso.
Sin duda, las dos candidatas de la Concertación, especialmente Michelle Bachelet , tienen respuestas a los grandes problemas del país, como las ha tenido la Concertación. Se ha enfrentado la pobreza, se ha mejorado y avanzado sustantivamente en la educación y en la salud y se ha mantenido una política fiscal adecuada, seria y rigurosa. Sin duda, todo lo desarrollado por el Gobierno va a tener continuidad. Hay que enfrentar otros desafíos, por ejemplo, el desarrollo de la pequeña y de la microempresas, y la creación de mayor cantidad y de empleos de calidad para todos los chilenos. Hay propuestas de nuestras candidatas en los programas que han presentado a la ciudadanía, tanto en los documentos que se han dado a conocer como en sus intervenciones públicas. De manera que no se puede decir que no hay renovación en el discurso, que se trata de un discurso añejo o de extrema izquierda, como señaló el diputado Iván Moreira .
No queda ninguna duda de que en las entrevistas que ha dado a los grandes medios informativos nacionales, Michelle Bachelet ha dado respuesta a los grandes problemas e interrogantes que hoy se plantean en el país en materias económicas, tributaria, laboral y otras. Justamente, por eso es creíble. Es creíble, porque fue levantada como candidata presidencial por la confianza de la ciudadanía, porque encarna esperanzas y una forma de hacer política absolutamente distinta. Por ello existe esa tremenda preocupación en la Derecha, en la Alianza por Chile, debido al crecimiento en espiral de su popularidad y por la caída que ha tenido en las encuestas y en la credibilidad el candidato de la Derecha, Joaquín Lavín . A eso responden las palabras del diputado Iván Moreira , que, como un verdadero broche de oro, intervino mal usando el tiempo con el que cuentan los diputados para plantear propuestas serias, rigurosas y con respaldo.
Por tal motivo, en esta última sesión, quiero dejar constancia de que Incidentes no debe ser utilizado para plantear cuestiones superficiales y demagógicas, como lo ha hecho el diputado Iván Moreira .
He dicho.
INCLUSIÓN DE LA COMUNA DE LOS LAGOS EN LOS PLANES DE EMPLEO DE EMERGENCIA. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en primer lugar, pido oficiar al ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que considere a la población de la comuna de Los Lagos en los planes de empleo de emergencia, porque fue excluida del Fondo Social de Absorción de Cesantía, Fosac , en el mes de enero.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Samuel Venegas , Fernando Meza , Carlos Abel Jarpa , Patricio Hales y Rodrigo González.
COMPRA DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE NIÑOS DISCAPACITADOS EN LA UNIÓN. Oficio.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, las escuelas especiales desarrollan una labor encomiable con los niños discapacitados. Al respecto, en la ciudad de La Unión hay una escuela de ese tipo, la cual nos enorgullece por la calidad de su profesorado. Hace algún tiempo, conversando con el ministro de Educación, solicitamos la compra de un vehículo para que estos niños fueran trasladados a su escuela, sobre todo en invierno, cuando no asisten a clases por la rigurosidad del clima y porque viven a gran distancia de ella.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Educación para que estudie la posibilidad de comprar un vehículo para trasladar a los niños discapacitados de la comuna de La Unión.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Samuel Venegas , Fernando Meza , Carlos Abel Jarpa , Patricio Hales y Rodrigo González.
TRASLADO DE DOTACIÓN DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO. Oficio.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en la zona costera de la provincia de Valdivia hay una dotación del Cuerpo Militar del Trabajo que, en estos momentos, prácticamente ha paralizado sus tareas. Pero al costado del lugar donde se asienta este cuerpo militar, se encuentra el camino de acceso a la doble vía hacia el mar, denominado Hueicolla .
Por lo tanto, pido oficiar al director Nacional de Vialidad para que ese cuerpo sea trasladado unos kilómetros más al sur para posibilitar el acceso a la doble vía en el camino mencionado.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Samuel Venegas , Fernando Meza , Carlos Abel Jarpa , Patricio Hales y Rodrigo González.
SOLUCIÓN A AISLAMIENTO DE HABITANTES DE ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO. Oficio.
El señor JARAMILLO.-
Por último, hace aproximadamente un mes y medio envié un oficio con carácter de urgente debido a que las setecientas personas que habitan en isla Huapi, ubicada en medio del lago Ranco, comuna de Futrono, son trasladadas a través de una barcaza que hoy se encuentra prácticamente en desuso. Sólo se utiliza para emergencias. Es decir, ya no tiene un uso continuo, diario, debido al mal estado en que se encuentra, es muy antigua y puede zozobrar en cualquier minuto.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga la pronta reparación de la barcaza referida o, en su defecto, la compra de una nueva para el traslado de los setecientos habitantes de la zona que hoy viven prácticamente en el aislamiento.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Samuel Venegas , Fernando Meza , Carlos Abel Jarpa , Patricio Hales y Rodrigo González.
Antes de dar por concluida la presente sesión, la Mesa desea a todas las señoras diputadas y señores diputados unas felices y muy reparadoras vacaciones.
A los funcionarios de la Corporación, a quienes reiteramos nuestro reconocimiento por el trabajo tan esforzado que realizan en apoyo de la función legislativa, también les expresamos nuestros saludos y deseos de un feliz descanso.
Los diputados descansamos de la función legislativa, pero seguimos laborando en nuestros distritos. Ésa es nuestra realidad.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 11.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
BONIFICACIÓN POR EGRESO AL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE. Tercer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados, en el Orden del Día figuran tres proyectos de ley que la Sala trató. Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3763-05. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3716-05. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3574-14. Documentos de la Cuenta Nº 7, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El primero, originado en mensaje y con discusión inmediata, dice relación con la prórroga de la vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas del país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850, fue objeto de modificaciones por parte del Senado, en el sentido de que la entrada en vigencia de los reavalúos comience a regir a contar del 1 de enero de 2006 en lugar de julio de este año.
Hay consenso para aprobarlo unánimemente. En el número 2 de la tabla figuran las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificaciones por egreso al personal de Gendarmería de Chile, como las que siguen: al artículo 2º, para agregarle el siguiente inciso final, nuevo: “Los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 1º, que se retiren por aplicación de alguna medida disciplinaria o sean eliminados por haber sido calificados en lista cuatro o por estar dos años consecutivos en lista tres, tendrán derecho a la bonificación que será equivalente a dos meses de la remuneración imponible calculada de conformidad al artículo 3º.”; al artículo 5º, para suprimir los aportes al fondo de bonificaciones que deben efectuar los gendarmes que hayan aprobado los cursos de formación técnica; al artículo primero transitorio, para suprimir la oración final “A los funcionarios que desde esa data y hasta el 31 de diciembre de 2004 accedan a la bonificación, ésta les será pagada en enero del 2005.”, y reemplazar su inciso segundo, por el siguiente: “Los aportes a que se refiere el artículo 5º, comenzarán a integrarse partir del primer día del mes subsiguiente al de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A partir de igual fecha, Gendarmería de Chile dejará de realizar los aportes al Tesoro Público, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto transitorio de la ley Nº 19.882, respecto de los funcionarios de las plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios, y del personal perteneciente al escalafón de oficiales administrativos penitenciarios.”.
El proyecto signado con el número 3, que modifica la ley General de Urbanismo y Construcción en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva, también fue objeto de un informe de Comisión Mixta, a raíz de que la Cámara de Diputados rechazó la modificación del Senado que eliminaba la garantía contenida en el literal b) del número 3) del artículo único. Sin embargo, los diputados que la rechazaron estuvieron por acogerla en la Comisión Mixta, de manera que se trata de una materia muy simple de aprobar.
Como existe acuerdo respecto de las modificaciones del Senado a los proyectos que figuran en los números 1 y 2 de la Tabla y del informe de la Comisión Mixta recaído en el que figura en el número 3 de la misma, solicito el acuerdo de la Sala para aprobarlos sin discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, un argumento adicional a los que usted ha dado es que ésta es la última sesión antes del receso parlamentario, de manera que si los tres proyectos no se aprueban ahora, quedarán pendientes para marzo. Para Gendarmería eso sería muy serio, porque se trata de un proyecto que concede un beneficio que su personal espera ansiosamente.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, se pensaba que el proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería sería despachado en 2004, pero va a terminar aprobándose este año. Es importante que lo hagamos hoy, porque los dos gremios de dicho servicio están absolutamente de acuerdo con las modificaciones introducidas a la iniciativa.
A los funcionarios que estaban en lista cuatro y a quienes tenían problemas de disciplina, de todas maneras se les pagará una bonificación de retiro equivalente a dos meses de remuneración imponible.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar, sin debate, los tres proyectos de la tabla. ¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecidos en la ley Nº 19.850. Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica. Si le parece a la Sala se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva.
Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, quiero hacer una pequeña acotación, porque me tomó por sorpresa la petición de votar los tres proyectos en un solo acto; fue muy rápido.
No me opuse a ello, pero respecto del proyecto que otorga una bonificación por egreso al personal de Gendarmería quiero dejar constancia de mi preocupación por no haberse hecho extensiva a sus funcionarios civiles. Se les excluyó sólo porque la normativa propuesta colisionaba con el proyecto de las Fuerzas Armadas. Como esa iniciativa fue retirada, me causa extrañeza que no se les haya incluido en dicho beneficio, en circunstancias que desde hace muchos años han sido considerados en todos los proyectos, porque pertenecen a la Dipreca.
Cumplo con dejar constancia de esta reserva y de mi abstención en la votación de las modificaciones del Senado al proyecto de ley en comento.
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados, en el Orden del Día figuran tres proyectos de ley que la Sala trató. Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3763-05. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3716-05. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3574-14. Documentos de la Cuenta Nº 7, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El primero, originado en mensaje y con discusión inmediata, dice relación con la prórroga de la vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas del país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850, fue objeto de modificaciones por parte del Senado, en el sentido de que la entrada en vigencia de los reavalúos comience a regir a contar del 1 de enero de 2006 en lugar de julio de este año.
Hay consenso para aprobarlo unánimemente. En el número 2 de la tabla figuran las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificaciones por egreso al personal de Gendarmería de Chile, como las que siguen: al artículo 2º, para agregarle el siguiente inciso final, nuevo: “Los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 1º, que se retiren por aplicación de alguna medida disciplinaria o sean eliminados por haber sido calificados en lista cuatro o por estar dos años consecutivos en lista tres, tendrán derecho a la bonificación que será equivalente a dos meses de la remuneración imponible calculada de conformidad al artículo 3º.”; al artículo 5º, para suprimir los aportes al fondo de bonificaciones que deben efectuar los gendarmes que hayan aprobado los cursos de formación técnica; al artículo primero transitorio, para suprimir la oración final “A los funcionarios que desde esa data y hasta el 31 de diciembre de 2004 accedan a la bonificación, ésta les será pagada en enero del 2005.”, y reemplazar su inciso segundo, por el siguiente: “Los aportes a que se refiere el artículo 5º, comenzarán a integrarse partir del primer día del mes subsiguiente al de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A partir de igual fecha, Gendarmería de Chile dejará de realizar los aportes al Tesoro Público, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto transitorio de la ley Nº 19.882, respecto de los funcionarios de las plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios, y del personal perteneciente al escalafón de oficiales administrativos penitenciarios.”.
El proyecto signado con el número 3, que modifica la ley General de Urbanismo y Construcción en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva, también fue objeto de un informe de Comisión Mixta, a raíz de que la Cámara de Diputados rechazó la modificación del Senado que eliminaba la garantía contenida en el literal b) del número 3) del artículo único. Sin embargo, los diputados que la rechazaron estuvieron por acogerla en la Comisión Mixta, de manera que se trata de una materia muy simple de aprobar.
Como existe acuerdo respecto de las modificaciones del Senado a los proyectos que figuran en los números 1 y 2 de la Tabla y del informe de la Comisión Mixta recaído en el que figura en el número 3 de la misma, solicito el acuerdo de la Sala para aprobarlos sin discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, un argumento adicional a los que usted ha dado es que ésta es la última sesión antes del receso parlamentario, de manera que si los tres proyectos no se aprueban ahora, quedarán pendientes para marzo. Para Gendarmería eso sería muy serio, porque se trata de un proyecto que concede un beneficio que su personal espera ansiosamente.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, se pensaba que el proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería sería despachado en 2004, pero va a terminar aprobándose este año. Es importante que lo hagamos hoy, porque los dos gremios de dicho servicio están absolutamente de acuerdo con las modificaciones introducidas a la iniciativa.
A los funcionarios que estaban en lista cuatro y a quienes tenían problemas de disciplina, de todas maneras se les pagará una bonificación de retiro equivalente a dos meses de remuneración imponible.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar, sin debate, los tres proyectos de la tabla. ¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecidos en la ley Nº 19.850. Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica. Si le parece a la Sala se aprobarán por unanimidad.
Aprobadas.
En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva.
Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, quiero hacer una pequeña acotación, porque me tomó por sorpresa la petición de votar los tres proyectos en un solo acto; fue muy rápido.
No me opuse a ello, pero respecto del proyecto que otorga una bonificación por egreso al personal de Gendarmería quiero dejar constancia de mi preocupación por no haberse hecho extensiva a sus funcionarios civiles. Se les excluyó sólo porque la normativa propuesta colisionaba con el proyecto de las Fuerzas Armadas. Como esa iniciativa fue retirada, me causa extrañeza que no se les haya incluido en dicho beneficio, en circunstancias que desde hace muchos años han sido considerados en todos los proyectos, porque pertenecen a la Dipreca.
Cumplo con dejar constancia de esta reserva y de mi abstención en la votación de las modificaciones del Senado al proyecto de ley en comento.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión Investigadora relativa a la Tala Ilegal del Alerce.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión pasa a informaros acerca de la investigación que le fue encomendada en virtud de un proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación en la sesión 84ª, celebrada el 12 de mayo de 2004.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La honorable Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de votos, el proyecto de acuerdo N° 412, patrocinado por los diputados señores Álvarez, Delmastro; Galilea, don José
Antonio; García, Hernández, Jaramillo, Kuschel, Recondo, Sánchez y Vargas, por el cual ordenó crear una Comisión Investigadora que, en un plazo no superior a ciento veinte días, elaborare un informe tendente a determinar la real magnitud y gravedad de la tala ilegal del alerce en Chile, junto con el esclarecimiento de las situaciones denunciadas recientemente a través de los medios de comunicación, que dicen relación a las eventuales irregularidades en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a una red de protección y asociación ilícita referida a la tala y tráfico del alerce en la Décima Región, de Los Lagos.
Dispuso que el informe de la Comisión debería referirse a la aclaración de las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos de diversas reparticiones y servicios públicos que han sido implicados, directa o indirectamente, en estos hechos. Asimismo, la Comisión también habría de abocarse al estudio de los actuales procesos de fiscalización y control que aplica la Conaf en el cometido que le corresponde en la detección y solución de los casos de tala ilegal.
Finalmente, mandató a la Comisión investigar y analizar todas aquellas materias anexas a su objeto principal y que puedieren servir a los propósitos descritos en los párrafos anteriores.
Se fundamentó tal encargo, principalmente, en lo siguiente:
“Que, a la luz de los hechos conocidos por la opinión pública en los últimos días, que dicen relación a la detención del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), es necesario y urgente recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles a fin de dimensionar la magnitud del problema de fondo que envuelve esta orden judicial.
“Que, en este sentido, ha quedado manifiestamente en evidencia la tala ilegal del alerce, así como también la falta de control y la vulnerabilidad de los sistemas de fiscalización aplicados por la Conaf durante los últimos años.
“Que, en este contexto, cabe compartir plenamente la preocupación que han mostrado y demostrado diversas organizaciones ambientalistas en el sentido de que éste es el momento propicio para agotar todas las instancias que conduzcan a la clarificación de lo que está sucediendo en Chile en materia de tala ilegal y, además, respecto del funcionamiento de los planes de contingencia y de los mecanismos de control y fiscalización de la Conaf.
“Que resulta igualmente grave que, unidas a estos hechos, existan denuncias que hablan de presuntas irregularidades en la Conaf de la Décima Región, de Los Lagos, y de la existencia de una red de explotación ilegal del alerce, en la que estarían presuntamente involucrados funcionarios públicos.”
II. TRABAJO DE LA COMISIÓN.
A.Sesiones realizadas.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el día 9 de junio de 2004 y eligió como su Presidente al diputado señor Fidel Espinoza Sandoval. Fue integrada por los diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Carlos Recondo Lavanderos, Javier Hernández Hernández, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Gabriel Ascencio Mansilla, Rodolfo Seguel Molina, María Eugenia Mella Gajardo, Guido Girardi Lavín, Leopoldo Sánchez Grunert, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Roberto Delmastro Naso y José Pérez Arriagada.
En cumplimiento de la labor que le fue encomendada por la Honorable Cámara, la Comisión celebró un total de diecisiete sesiones y una reunión en comité, durante el período comprendido entre el 9 de junio de 2004 y el 18 de enero de 2005.
Contó, asimismo, con la participación de las siguientes personas:
El ministro de Agricultura, señor Jaime Campos, junto a su Jefe de Gabinete, señor
Dionisio Faulbaum.
El Presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, señor René Reyes, acompañado por los señores Luis Astorga, Vicepresidente; Eduardo Neira, Director, y Andrés Venegas, Socio.
El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile, señor Roberto Juacida, junto al Director del Instituto de Silvicultura, don Juan Schlatter.
El Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, señor Carlos Weber, acompañado por los señores Claudio Dartnell, Fiscal; Fernando Olave, asesor legislativo; Eugenia Saavedra, Gerente de Normativa y Fiscalización y Mariela Espejo, Jefa de la Secretaría de Comunicaciones.
El Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal Fenasic, señor Raúl Molina, acompañado de los señores Luis Cárdenas, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Conaf de la X Región y Director de Fenasic; Patricio Argandoña, Vicepresidente de Fenasic; Raúl Verdugo, Secretario de Fenasic; Erick Dreckmann, Tesorero de Fenasic, y Homero Altamirano, Tesorero del Sindicato de la Región Metropolitana.
El Director de la Conaf de la X Región, de Los Lagos, señor Pedro Bahamondez, junto a los señores Fernando Olave, asesor legislativo; Carmen Añazco, relacionadora pública; Carlos Poblete, Jefe de la Sección de Fiscalización de la Conaf de la X Región, de Los Lagos, y Raúl Molina, Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de la Conaf.
El Prefecto del Área de la Jefatura de Operaciones Especiales, señor Jaime Gaete Aránguiz, junto al Subcomisario Víctor Espinoza Espinoza, Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones de Chile.
El Director Nacional de Aduanas, don Raúl Allard, junto a los señores Marcelino Mellón, Jefe del Departamento de Fiscalización Operativa; Rodrigo González, asesor, y Germán Fibla, Jefe del Departamento Normativo.
La Directora Ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales Ciren, señora María Loreto Mery.
El Director Ejecutivo del Instituto Forestal Infor, señor Roberto Ipinza.
El Subdirector de Avaluaciones (s) del Servicio de Impuestos Internos, señor Carlos Orrego Acuña.
El propietario del fundo La Esperanza, señor Ángel Lagomarsino.
El periodista de Canal 13, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Arístides Progulakis.
El Jefe Provincial de Llanquihue de la Corporación Nacional Forestal de la X Región, señor Lisandro Barriga.
El Presidente de la Asociación MapuLahual, señor Jorge Loy, junto a los señores Luciano Huichalaf, Presidente de la Comunidad Indígena Mirehue; Anselmo Paillamanque, Lonco Encargado de Tierras y Aguas; Carlos Paillamanque, Tesorero de la Asociación Indígena MapuLahual y Secretario de la Unidad Indígena Maicolpi, y la señora Silvia Cañulef, representante de las Mujeres Huilliches de San Juan de La Costa.
B. Antecedentes recibidos.
Vuestra Comisión, en cumplimiento de diversos acuerdos adoptados en relación con los hechos materia de esta investigación, dispuso de los siguientes antecedentes.
1.Proyecto de acuerdo Nº 412, de fecha 8 de junio de 2004, mediante el cual la Cámara de Diputados acuerda crear una Comisión Investigadora que, en un plazo no superior a ciento veinte días, elabore un informe tendente a determinar la real magnitud y gravedad de la tala ilegal del alerce en Chile, junto con el esclarecimiento de las situaciones denunciadas recientemente a través de los medios de comunicación, que dicen relación a las eventuales irregularidades en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a una red de protección y asociación ilícita referida a la tala y tráfico del alerce en la Décima Región, de Los Lagos.
2.Oficio del señor Secretario General de la Corporación, mediante el cual, cita, por orden del Presidente de la Cámara de Diputados, a sesión constitutiva de la Comisión para el día miércoles 9 de junio de 2004, a las 15:00 horas.
3.Oficio Nº 4959, de fecha 8 de junio de 2004, del señor Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados acordó integrar la Comisión Investigadora relativa a la tala ilegal del alerce, con los siguientes señores Diputados: Claudio Alvarado Andrade, Carlos Recondo Lavanderos, Javier Hernández Hernández, Gastón von Mühlenbrock Zamora, Gabriel Ascencio Mansilla, Rodolfo Seguel Molina, María Eugenia Mella Gajardo, Guido Girardi Lavín, Leopoldo Sánchez Grunert, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Roberto Delmastro Naso, Fidel Espinoza Sandoval y José Pérez Arriagada.
4.Copias de las actas de las sesiones 5ª (5 de julio de 1994); 39ª (7 de enero de 1997); 41ª (21 de enero de 1997); 102ª (3 de abril de 2001); 106ª (17 de abril de 2001), y 55ª (16 de julio de 2003) de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, como, asimismo, la publicación del seminario titulado “El alerce: amenazas y oportunidades de una especie protegida”, organizado por la misma Comisión en octubre de 2000, y el informe de dicha Comisión sobre la visita inspectiva que realizó a la X Región en junio de 2003, relativa a la tala ilegal del alerce en la cordillera del Zarao.
5.“Set” con recortes de prensa en relación con la materia en estudio.
6.Exposición de representantes de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (power point).
7.Documento de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo sobre “Situación de los bosques de alerce en Chile. Sistematización de estudios realizados entre 19902003”.
8.Exposición del Ministro de Agricultura en base a los siguientes antecedentes proporcionados por la Conaf y por el INFOR:
Mapa tipo forestal del alerce y otros tipos forestales, con presencia del alerce de la X Región, de Los Lagos.
Cuadro comparativo del volumen autorizado en planes de extracción frente al volumen movilizado en el período 19902003.
Inspecciones realizadas en terreno, detección de cortas ilegales en bosque de alerce y verificación de cortas ilegales en otros bosques nativos, en el período 19902003, en la Región de Los Lagos.
Denuncias por corta ilegal de alerce vivo efectuadas por la Conaf, en el período 19902003.
Exportaciones de alerce, en el período 19782003.
Exportaciones de alerce en 19782003 (US$ FOB).
Principales exportadores de alerce en 19912003 (US$ FOB).
Exportaciones de alerce según país de destino en 19912003 (US$ FOB).
9.Exposición del Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile sobre “Alerce Proyecto” (power point).
10. Documento de Prensa, “Instituto de Silvicultura”, elaborado por el profesor Juan Schlatter. Síntesis de las exposiciones del profesor Schlatter en el seminariotaller “Bosque y sociedad en busca de un equilibrio”.
11. Exposición del Director Ejecutivo de la Conaf sobre “La situación del alerce en Chile” (power point y documento escrito).
12. Documento con las observaciones de la Conaf sobre el Informe “Determinación de áreas geográficas de volúmenes de madera de alerce (Fitzroya cupressoide) muerto antes y después de 1976, en las comunas de Fresia y Purranque”.
13. Un ejemplar sobre fomento forestal y otras disposiciones legales (decreto ley Nº 701, de 1974).
14. Exposición del Presidente del Sindicato de Trabajadores de Conaf (Fenasic) de la X Región sobre “El alerce y su conservación; la visión de los trabajadores” (power point).
15. Video sobre “Encuentro intercultural alerce costero”.
16. Documentos de tramitación del plan de extracción de alerce en el predio Cordillera, en Río Blanco.
17. Exposición del Director Regional de la Conaf de la X Región (power point). Se complementa con antecedentes remitidos en ORD. Nº 997, del 5 de agosto de 2004:
Anexo 1: Disco compacto con presentación realizada por Pedro Bahamondez Barría, Director de la Conaf de la Región de Los Lagos.
Anexo 2: Respuesta a la consulta formulada por el Diputado señor Fidel Espinoza respecto a la resolución Nº 592, del 9 de julio de 2002, relativa a compensaciones en el plan de extracción presentado por el señor Comandari.
Anexo 3: Copia del informe con las calificaciones del señor Lisandro Barriga, solicitadas por el Diputado señor Sánchez.
Anexo 4: Nómina solicitada por el Diputado señor Kuschel acerca de los planes de extracción vigentes a la fecha.
Anexo 5: Respuesta a consultas formuladas por la Diputada señora Mella, que por razones de tiempo no alcanzaron a ser respondidas en la sesión respectiva.
18. Un ejemplar de la “Propuesta estratégica: plan de desarrollo forestal, Región de Los Lagos”, elaborado por el Consejo Regional de Desarrollo Forestal (Coredefor).
19. Exposición del Jefe de la Sección de Fiscalización de la Conaf de Puerto Montt, titulada: “Protección de los bosques ae Alerce. Visión crítica”. (power point).
20. Presentación del Director Nacional de Aduanas denominada “Análisis del ámbito aduanero y de la aplicación de la Convención Cites en exportaciones de alerce”.
21. Un ejemplar del libro “Variación intraespecífica en las especies de los bosques templados de Chile y Argentina”, editado por Claudio Donoso, Andrea Premoli, Leonardo Gallo y Roberto Ipinza, Director Ejecutivo del Instituto Forestal.
22. Documento enviado por el Director Ejecutivo (s) del Instituto Forestal (Infor), relativo a la propuesta de estudio “Censo e inventario de bosques vivos y muertos de alerce”.
23. Mapa relativo a la ubicación del alerce en la X Región, proporcionado por la Directora Ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren).
24. Minuta del señor Carlos Orrego, Subdirector de Avaluaciones (s) del Servicio de Impuestos Internos, titulada “Normas relacionadas con beneficio tributario a predios agrícolas con bosques nativos”.
25. Exposición del señor Lisandro Barriga, Jefe Provincial de la Conaf, en la Oficina Provincial Llanquihue de la X Región (power point).
26. Exposición del señor Jorge Loy, Presidente de la Asociación MapuLahual denominada “Estrategia de desarrollo indígena del sector sur costero de la provincia de Osorno”. Proyecto “Red de Parques Comunitarios MapuLahualTierra de Alerces (power point).
27. Minuta entregada por la señora Silvia Cañulef, representante de las Mujeres Huilliches de San Juan de la Costa.
28. Declaración de Osorno de representantes de 13 comunidades y asociaciones indígenas huilliches del Buta Huilli Mapu.
COficios enviados.
Durante el curso de la investigación, la Comisión envió diversos oficios, cuyo contenido y respuestas recibidas se reseñan a continuación.
1.Oficio Nº 3, del 9 de junio de 2004, enviado al Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, por el cual se solicitan los antecedentes de que disponga en relación con la materia objeto de la investigación.
Se respondió mediante oficio Nº 316, del 14 de junio de 2004, por el cual se adjuntan las copias de las actas de las sesiones 5ª (5 de julio de 1994); 39ª (7 de enero de 1997); 41ª (21 de enero de 1997); 102ª (3 de abril de 2001); 106ª (17 de abril de 2001), y 55ª (16 de julio de 2003), como asimismo, la publicación del seminario titulado “El alerce: amenazas y oportunidades de una especie protegida”, organizado por la misma Comisión en octubre de 2000, y el informe de dicha Comisión sobre la visita inspectiva que realizó a la X Región en junio de 2003, relativa a la tala ilegal del alerce en la cordillera de Zarao.
2.Oficio Nº 6, del 17 de junio de 2004, dirigido al Ministro de Agricultura, con objeto de que se sirva instruir al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal para que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, proporcione, bajo reserva, a esta Comisión, copia del informe encargado a la Universidad Austral, denominado “Determinación de áreas geográficas y volúmenes de madera de alerce (Fitzroya cupressoide) muerto antes y después de 1976, en las comunas de Fresia y Purranque, de la X Región”.
Se respondió mediante oficio Ord. Nº 293, del 23 de junio de 2004, enviado por el Director Ejecutivo (s) de la Conaf, por el cual remite un ejemplar del informe, encargado el año 2003 por dicha Corporación a la Universidad Austral de Chile, denominado “Determinación de áreas geográficas y volúmenes de madera de alerce (Fitzroya cupressoide) muerto antes y después de 1976, en las comunas de Fresia y Purranque, Xª Región”. Acompaña, además, un resumen ejecutivo preparado por la Conaf.
III. MARCO REGULATIVO.
A.Antecedentes generales [1]
El alerce, Fitzroya cupressoide, reconocido como uno de los árboles más antiguos del planeta, exclusivo del sur de Chile (X Región) y más escaso en Argentina, declarado monumento natural, ha sido fuertemente explotado en las últimas cincuenta décadas debido principalmente a la fuerte demanda nacional, al desconocimiento de su valor y de su importancia ecológica, y a la poca efectividad de la ley, a lo que se suman las escasas posibilidades de manejo sostenible, incluso viable, dado que el tiempo de su recuperación es de al menos veinte años. La primera fuente de protección de este tipo forestal es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Snaspe), en el que se encuentran unas 263.191,8 hectáreas de alerce. Por otra parte, las principales fuentes legales de protección de la especie son la Constitución Política de la República, el decreto supremo Nº 490, las convenciones internacionales de Washington, Cites, y la diversidad biológica.
Finalmente, es importante destacar que los bosques nativos de la X Región, dentro de los cuales se incluyen los del alerce, son considerados uno de los bosques templados más importantes del mundo y, como tales, reúnen todas condiciones para que se asegure su conservación, a través de la adecuada aplicación de la normativa internacional ratificada por Chile, como, por ejemplo, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural, de la Unesco.
En la X Región de Chile, específicamente en las cordilleras de Los Andes y de la Costa, se encuentra uno de los pocos bosques templados más extensos del mundo, con clima, ecología, geografía, diversidad biológica y belleza que lo hacen único, a lo que se suma el ser reconocido como el poseedor del segundo árbol más longevo del mundo: el alerce. Su nombre científico es Fitzroya cupressoide, bautizado de este modo por Charles Darwin, en homenaje a Robert Fiztroy, capitán del HMS Beagle [2]. En la cordillera de Los Andes, se lo halla desde el volcán Puntiagudo hasta Chaitén, mientras que en cordillera de La Costa se ubica desde Corral hasta Maullín, en la Isla de Chiloé. Sus características genéticas varían según se desarrolle en una u otra cordillera.
Siendo, entonces, uno de los árboles más antiguos del planeta [3], se define como una conífera endémica que se desarrolla principalmente “entre los paralelos 39°50’ y 43°30’ de latitud sur, exclusivo del sur de Chile y más escaso en Argentina, y que crece sobre los 400 metros, cuyo óptimo se da entre los 700 y 900 metros, donde recibe un mínimo de 2.000 mm. de lluvia anual” [4], en un clima templado oceánico. Es la conífera más valiosa de Chile, que por su fisonomía se le relaciona con la sequoia norteamericana.
1.Características y amenazas.
En cuanto a sus características, es un árbol siempre verde, que alcanza una altura de entre los 45 y 50 metros, con un diámetro de más de 3 metros, que incluso puede superar los 4 metros. Llegar a estas proporciones requiere de muchísimos años, dado que su crecimiento es muy lento, anualmente milimétrico (en promedio, crece un milímetro al año). Sus hojas son perennes, escuamiformes y delgadas, al igual que su corteza, que es también fibrosa y de color pardo rojizo.
En los bosques en los que se lo encuentra, suele estar acompañado de otros árboles nativos. Por tanto, aunque por lo general es el tipo forestal predominante, casi no forma bosques puros. Entre las especies que se le asocian figuran el mañío macho, el roble de Chiloé, el roble o coihué de Magallanes, el tineo y el fuinque. Otra de sus características es que es un árbol muy adaptable al suelo y al clima, por lo que suele desarrollarse en suelos muy pobres y delgados, con alta concentración de humedad, muy impermeables o pantanosos, o de arenas volcánicas, si su crecimiento ocurre en la cordillera de Los Andes.
Las razones que explican su extinción, a pesar de las restricciones legales existentes, son principalmente tres [5]:
La fuerte demanda nacional. Por ser de excelente calidad, muy fácil de trabajar, poseedora de resinas que resisten la humedad y los insectos, condición que le otorga impermeabilidad y gran durabilidad, su madera de color rojizo se emplea para revestimientos, postes y embarcaciones, destacándose especialmente su utilización para la fabricación de tejuelas destinadas a proteger las viviendas. Es importante poner de relieve que el comercio internacional del alerce está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional en las Especies Puestas en Peligro (Cites, Apéndice 1), ratificada por Chile en el año 1975.
Desconocimiento de su valor y de su importancia ecológica. Dadas la situación de calentamiento global del planeta y la destrucción de la capa de ozono, los bosques [6], especialmente los templados, son una importante fuente de información sobre el estado del clima en el mundo en los últimos tres mil seiscientos o más años. Como bosque milenario, el alerce ha sido mudo testigo de la evolución del planeta y es un recurso biológico importante para el futuro.
Efectividad de la ley. La legislación nacional prohíbe la tala de especies vivas, pero permite la comercialización de los alerces muertos. A este respecto, por ejemplo, el decreto supremo N° 490 exigía un catastro respecto a la madera muerta, el que nunca se hizo.
Por estas razones, las principales amenazas que enfrentan los bosques de alerce son las talas o cortas ilegales que se practican en alerces vivos, sin los planes de manejo de la Conaf, y los incendios intencionales, que se provocan para solicitar, posteriormente, la extracción de las maderas muertas. Uno de los métodos más utilizados es la corta de los alerces vivos, los que después son escondidos por un período de unos dos años, lapso necesario para dar la apariencia de árboles muertos, oportunidad en que se pide el permiso para su explotación.
Otro aspecto importante de recalcar es que uno de los principales problemas que enfrenta la conservación del recurso alerce consiste en que su manejo sostenible es considerado inviable, ya que el tiempo que se necesita para el manejo en esta especie es, por lo menos, de unos veinte años, situación que no lo hace rentable económicamente.
2.Superficie y distribución.
Determinar el volumen del tipo forestal alerce en el país es una de las primeras dificultades en el momento de determinar las políticas para su conservación, dado que no existen cifras consensuadas en general respecto a la superficie total del bosque nativo, y en particular sobre la superficie que ocupa este árbol. Una de las más grandes controversias se vivió en el año 1995, cuando la Unidad de Cuentas Ambientales del Banco Central de Chile presentó un informe sobre el bosque nativo, en el que sostenía que la superficie de éste para el año 1994, era de 7,06 millones de hectáreas, de las cuales 1,44 millón de hectáreas estaba bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
En contraposición, el Catastro del Bosque Nativo, elaborado posteriormente por la Conaf en conjunto con la Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica, arrojó un resultado de 13.430.602,5 hectáreas, de las cuales 263.191,8 hectáreas correspondían al alerce, es decir el 2% del total. De éstas, de acuerdo con el catastro de la Conaf, sólo el 17,6% pertenecía al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe).
1
Otra cifra importante de tener en cuenta, es la que dice que, en el año 1950, existían en Chile unas 617.000 [7] hectáreas de alerce, ubicadas principalmente, al igual que hoy en día, en la X Región del país. Según estas cifras, en cincuenta años, habría disminuido la población de este tipo forestal en más del 50%.
En la actualidad, uno de los sectores donde se halla la mayor cantidad de alerces es la provincia de Palena, con una concentración aproximada del 41%, de la cual sólo el 6% se encuentra dentro del Snaspe.
En primer lugar, es importante subrayar que esta cartografía sólo muestra las áreas de distribución en que el tipo forestal predominante es el alerce, por lo que no es posible desconocer que éste se encuentra también en otras áreas de la región, en las que comparte la superficie con otras especies forestales.
Los “parques nacionales” del Estado existentes en la zona son cinco, más uno de iniciativa privada (Pumalín):
1.Parque Nacional Chiloé. Se ubica en dos sectores de la cordillera de la Costa, en la Isla Grande de Chiloé, en la comuna de Ancud.
2.Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Se ubica en la provincia de Llanquihue, en la comuna de Puerto Varas.
3.Parque Nacional Puyehue. Se ubica en la precordillera y en la cordillera de Los Andes. Su mayor extensión se sitúa en la provincia de Osorno, en la comuna de Puyehue, prolongándose en el norte a la provincia de Valdivia, en la comuna de Río Bueno.
4.Parque Nacional Alerce Andino. Se ubica en el seno y estuario de Reloncaví, zona montañosa al sur del lago Chapo, en la provincia de Llanquihue, en las comunas de Puerto Montt y Cochamó.
5.Parque Nacional de Hornopirén. Se ubica en la provincia de Palena, en la comuna de Hualaihué.
Respecto a la situación del alerce como parte del Snaspe, se encuentra protegido principalmente dentro de la Reserva Nacional Llanquihue, los Parques Nacionales Alerce Andino, Chiloé y Hornopirén, y por el Monumento Nacional Alerce Costero.
2
Por otra parte, se puede concluir lo siguiente:
La mayor concentración de la especie alerce se da en la Décima Región, en la que se constituye como actor principal.
El alerce que se desarrolla en la costa se encuentra ubicado entre Osorno y Puerto Montt.
El Monumento Natural Alerce Costero, ubicado a unos 55 kilómetros de La Unión, en plena cordillera de la Costa, cubre un área de sólo 2.308.000 hectáreas. En esta zona se encuentra un ejemplar de unos tres mil años, con un tronco de 4,2 metros de diámetro.
La extensa zona que bordea el Parque Nacional Hornopirén se sitúa fuera del Parque Nacional y, por lo tanto, carece de protección (orilla suroriente del estero de Reloncaví).
El Parque Pumalín, iniciativa de carácter privado de alrededor 270.000 hectáreas, contiene una alta proporción de alerces que no ha sido calculada.
La mayor superficie de la especie, se halla en las áreas no protegidas por el Estado.
B.Protección del alerce.
1.Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe).
En Chile, la primera fuente de protección y conservación de las áreas naturales está dada por el interés del Estado en conservar la diversidad biológica, acción que se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), dependiente de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), “santuarios de la naturaleza” establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y “parques” y “reservas marinas” dependientes del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).
En cuanto al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que representa el 18% del territorio, la conservación se realiza a través de tres categorías de manejo de la naturaleza: los “parques nacionales”, las “reservas nacionales” y los “monumentos naturales”.
Creado mediante la ley Nº 18.362, de 1984, el Snaspe tiene por objetivo la conservación del patrimonio natural de Chile (ambientes naturales, terrestres o acuáticos). Según la Conaf, Chile cuenta actualmente con 94 unidades, distribuidas en 31 “parques nacionales”, 48 “reservas naturales” y 15 “monumentos naturales”, las que, en total, cubren una superficie aproximada de 14 millones de hectáreas, equivalentes al 19% del territorio nacional.
Con el fin de entender el alcance del Snaspe y sus efectos sobre la protección del alerce, es importante conocer la definición que las autoridades[9] dan respecto a las categorías de manejo por parte del sistema:
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a.Parques nacionales.
Constituyen un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Desde 1983, está sujeto a un régimen internacional de protección, al ser declarado Reserva Mundial de la Biosfera.
Sus objetivos son la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación y recreación.
Los “parques nacionales” se distinguen porque todos los recursos naturales existentes en ellos flora, fauna, recursos hídricos, etc., no pueden ser utilizados con fines económicos; más bien, deben ser protegidos [10]. En cambio, los recursos existentes en las “reservas nacionales” pueden ser empleados en forma sostenible. La labor principal que en aquéllos se realiza es la conservación.
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b.Reservas nacionales.
Son áreas cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por su susceptibilidad a sufrir degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad.
Los objetivos de esta categoría son la conservación y la protección del recurso suelo y de las especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres, la mantención o el mejoramiento de la producción hídrica y el desarrollo y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y la fauna.
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c.Monumentos naturales.
Conforman áreas generalmente reducidas, caracterizadas por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde los puntos de vista escénico, cultural, educativo o científico.
Los objetivos de un “monumento natural” son la preservación de muestras de ambientes naturales de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos. Mientras sea compatible con tales finalidades, está permitida la realización de actividades de educación, investigación o recreación.
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Por último, es importante destacar que existen otros criterios utilizados para la protección de algunas áreas naturales, independientemente de la conservación de la biodiversidad, y que responden, entre otros factores, a la conservación de suelos a través de los bosques y aguas que se han definido para evitar la erosión o recuperar terrenos erosionados, a lugares de interés histórico o científico y a las áreas de protección turística.
2.Sistema de Áreas Silvestres Protegidas Privadas (Aspp).
Otro elemento esencial en la conservación del alerce y de otras especies es el sistema de Áreas Silvestres Protegidas Privadas (Aspp), cuyo reglamento aprobó recientemente el Comité de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). A este respecto, el Director de la Conama, Gianni López, señaló que “este reglamento permitirá alcanzar la meta planteada en la Agenda Ambiental País, en orden a proteger el 10% de la superficie de los ecosistemas más relevantes al 2006” [11]. Con este instrumento se intenta atraer al sector privado a interesarse en la conservación de la biodiversidad, de modo que los beneficios sean mayores que la inversión en el Aspp.
De acuerdo con lo expresado por la Conama, este reglamento implica que “podrán ser afectadas como Aspp áreas que contribuyan significativamente a asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio natural (en particular, áreas cuya conservación sea prioritaria en la Estrategia Nacional o Estrategias Regionales para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica); áreas que contengan ecosistemas únicos, escasos o representativos, y áreas que sean relevantes para la conservación de la flora y fauna, (especialmente, de aquéllas que se encuentren en categorías de conservación, o representen humedales de importancia internacional). La afectación de estas áreas sería voluntaria y podría comprender a uno o más predios o a parte de una propiedad. La solicitud de afectación deberá expresar la voluntad de mantener esa condición, al menos, por veinticinco años” [12].
Las categorías de manejo del Aspp se basan en las categorías propuestas por la Convención de Washington.
a.Área privada de preservación estricta.
El objetivo de manejo de esta área es la preservación estricta, por lo que se debe mantener inviolable, en tanto sea factible, excepto para la investigación científica autorizada.
b.Parque natural privado.
El propósito de manejo de esta área es la preservación de muestras de ambientes naturales y la continuidad de los procesos evolutivos, por lo que se excluye cualquier tipo de uso consuntivo incompatible con la preservación del patrimonio natural presente en ella. Está vedada la extracción de las riquezas existentes, la caza o la captura de especímenes de la fauna nativa, así como también la destrucción y la recolección de ejemplares de la flora nativa, salvo las autorizadas para fines científicos. Sin perjuicio de lo anterior, estas áreas admiten la realización de determinadas actividades recreativas, educativas y científicas que sean compatibles con los fines de preservación.
c.Monumento natural privado.
Su objetivo de manejo es la preservación del área y, en la medida en que sea compatible con esto, la realización de actividades de uso no consuntivo, tales como educación, investigación no experimental, recreación o ecoturismo.
d.Reserva natural privada.
La finalidad de esta área es la conservación. Por lo tanto, se pueden efectuar en ella actividades que proporcionen un flujo sostenible de productos naturales y de servicios cuya permanencia en el largo plazo esté garantizada. Se podrá autorizar la realización de proyectos ecoturísticos e inmobiliarios cuya área de influencia directa no ocupe un porcentaje superior al 10% de la superficie total del predio, o una superficie mayor, si estuviese plenamente justificada a través del plan de manejo de conservación, de manera tal que se asegure que no se distorsionarían las características por las que la reserva fue afectada. La infraestructura y las actividades deberán emplazarse en lugares que causen el menor impacto posible en el área.
3.Normativa nacional.
Las normas jurídicas nacionales que hacen relación a la protección del alerce pueden dividirse en constitucionales, legales y reglamentarias, a saber:
a.Normas constitucionales.
En primer término, el inciso segundo del número 8º del artículo 19 de la Constitución Política de la República determina el deber del Estado de preservar la naturaleza, mediante las restricciones legales necesarias para protegerla. De acuerdo con esto, las normas legales que se dicten respecto a la protección del medio ambiente deben guardar concordancia con la normativa constitucional. De este modo, la aplicación de esta norma se ve reflejada en la dictación del decreto supremo N° 490, que protege la especie forestal alerce según la Convención de Washington, de 1940.
“Artículo 19, Nº 8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.”
Por otra parte, el número 24º del mismo artículo 19 establece la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, este derecho presenta límites en relación con la importancia o función social que el bien represente: “los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. En función de estos principios, el Estado podrá aplicar la expropiación; pero, que en caso de ser necesario, existe siempre el derecho a indemnización para los afectados.
“Artículo 19, Nº 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.”
En relación con la normativa constitucional, Pablo Eisendecher sostiene, respecto a la jurisprudencia atinente al alerce y a la araucaria, que ésta se relaciona con normas reglamentarias y constitucionales, por lo que “por regla general, se ha fallado que las normas protectoras del alerce no implican una expropiación, por lo que no es necesario dictar una ley expropiatoria para los efectos de prohibir su corta”.
Las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Santiago, Concepción y Temuco han resuelto que, sólo en virtud de la función social de la propiedad y del deber del Estado de conservar el patrimonio ambiental, se pueden establecer prohibiciones de corta respecto de una especie forestal. En lo único en que las Cortes han estado divididas es respecto de si procede o no procede una indemnización para los dueños de los predios afectados”. [13]
b. Decreto supremo N° 490.
La especie forestal alerce, con el objeto de asegurar su supervivencia, fue declarada “monumento natural” mediante el decreto supremo N° 490, del Ministerio de Agricultura, promulgado el 1 de noviembre de 1976 y publicado en el Diario Oficial el 5 de septiembre de 1977, como intento de prohibir la corta y destrucción de este recurso, con la excepción de los árboles muertos anteriores a su promulgación.
De este modo, el decreto, reconociendo la explotación irracional de la especie, establece y declara que el alerce es un recurso biológico, científico y turístico que “constituye uno de los acervos naturales más valiosos del patrimonio nacional, tanto en lo científico como en lo histórico y en lo cultural”, siendo un deber del Estado proteger las especies forestales nativas que se encuentren en peligro de extinción.
Entre los articulados de esta norma, es conveniente destacar los siguientes:
“Primero: Declárase Monumento Natural, de acuerdo con la definición y con el espíritu de la "Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América", a la especie vegetal de carácter forestal denominada alerce o lahuén y cuyo nombre científico corresponde al de Fitzroya cupressoide (MOL) JOHNSTON. Esta declaración afectará a cada uno de los pies o individuos de la citada especie, cualquiera que sea su edad o el estado en que habiten dentro del territorio nacional.”
“Segundo: A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto, decláranse inviolables y prohíbense la corta y la destrucción del alerce, salvo autorización expresa, calificada y fundamentada, de la Corporación Nacional Forestal.”
“Quinto: Cuando se trate de árboles o bosques muertos de alerce, encontrándose éstos ya sea en pie, derribados o enterrados y no obstante lo establecido en el artículo segundo, podrá permitirse su aprovechamiento comercial mediante autorización expresa de la Corporación Nacional Forestal [...]. Además, y con el fin de ordenar los aprovechamientos de maderas muertas y evitar futuras depredaciones en los bosques de alerce, la Corporación Nacional Forestal determinará los sectores, dentro de la X Región, donde se podrán llevar a cabo estas explotaciones o faenas.”
“Sexto: Para controlar la comercialización de las maderas de alerce explotadas en conformidad con las normas establecidas en el presente decreto, las oficinas de la Corporación Nacional Forestal que correspondan abrirán Registros de Productores, anotándose las entradas, salidas y saldos de maderas de cada interesado.”
“Séptimo: La Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero y el Cuerpo de Carabineros de Chile serán los organismos encargados de fiscalizar el cumplimiento del presente decreto.”
Sin embargo, de lo anterior, las principales deficiencias del decreto supremo N° 490 son que carece de una estructura sancionatoria de las faltas establecidas en la norma y que no dispone la obligación de elaborar un catastro de las especies muertas previas a su dictación, situación que ha favorecido la práctica de matar árboles vivos, para declararlos posteriormente muertos.
Finalmente, es importante resaltar que este decreto supremo, a pesar de que no hace una declaración expresa sobre la calidad de especie en extinción del alerce, tácitamente declara: “Que este singular árbol nativo ha sido objeto, en las últimas décadas, de una explotación intensa e irracional, la que, de continuar, significará, en breve plazo, la extinción de los últimos montes de alerce, con el consiguiente perjuicio para el país y el patrimonio natural de América” [...]. “Que es un deber ineludible del Estado proteger especies forestales nativas que se encuentren en peligro de extinción, especialmente si se trata de especies de tanto valor como la señalada”. Esto demuestra una clara intención del legislador.
En contrasentido con esta declaración, se observa inicialmente que el decreto supremo
Nº 525, de 2003 [14], del Ministerio de Agricultura, autoriza la corta o la eliminación de los “monumentos naturales”, cuando cumpla, entre otros, el siguiente requisito:
“Artículo 1°, letra a), Que la especie no se encuentre clasificada en las categorías de “peligro de extinción”, “rara” o “insuficientemente conocida”.
4.Normativa internacional.
En materia internacional, las normas legales que hacen relación a la protección del alerce son:
a.Convención para la Protección de la Flora y Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América, también conocida como la Convención de Washington.
Ratificada y promulgada a través del decreto supremo N° 531, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1967, la Convención, suscrita en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene por objetivos “proteger a todas las especies y géneros de la flora y fauna de América de la extinción y preservar áreas de extraordinaria belleza, con énfasis en formaciones geológicas o con valor estético, histórico o científico; e impulsar una reglamentación, en el nivel de cada nación, respecto de las importaciones, exportaciones y tránsito de especies protegidas de flora y fauna.”
b.Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) [15]
Chile ratificó la Cites a través del decreto Nº 141, promulgado el 18 de febrero de 1975 y publicado el 25 de marzo del mismo año. La redacción de la Convención nace de una resolución aprobada por la reunión de miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UIC), celebrada en 1963.
El texto definitivo fue acordado en Washington el 3 de marzo de 1973 y entró en vigor el 1 de julio de 1975. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
En el Apéndice I de la Convención, en vigencia a partir del 16 de octubre de 2003, se declara a la especie Fitzroya cupressoide (alerce) como especie sujeta a la prohibición de comercio internacional. Bajo esta misma restricción, se ubica la araucaria.
c.Convenio de Diversidad Biológica.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro, fue ratificado por Chile a través del decreto N° 1963, publicado en el Diario Oficial el 6 de mayo de 1995.
En el sitio “web” de la Secretaría, responsable de velar por el cumplimiento del Convenio [16] , se declara que “la amenaza más grave a la diversidad biológica es la fragmentación, degradación y la pérdida directa de los bosques, humedales, arrecifes de coral y otros ecosistemas. Los bosques albergan gran parte de la diversidad biológica conocida en la Tierra, pero cerca del 45% de los bosques originales han desaparecido, como resultado de las talas emprendidas principalmente durante el siglo pasado. Pese a que ha habido cierta repoblación, los bosques de todo el mundo se siguen reduciendo rápidamente, especialmente en los trópicos”.
Por otra parte, en virtud del Convenio, los Estados, entre ellos Chile, se comprometen a “conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica, elaborar estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica e integrarlos en los planes nacionales más amplios en materia de medio ambiente y desarrollo”.
Este compromiso es particularmente importante, entre otros, en el sector forestal. Entre los compromisos del tratado, se pueden mencionar:
Establecimiento de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica y, al mismo tiempo, promover un desarrollo ambientalmente adecuado en zonas adyacentes a ellas.
Rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados y promoción de la recuperación de especies amenazadas, en colaboración con los residentes locales.
Respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos tradicionales de la utilización sostenible de la diversidad biológica, con participación de las poblaciones indígenas y de las comunidades locales.
d. Iniciativa Global 200 [17].
Por último, otro antecedente importante de considerar es que los bosques nativos de la X Región han sido clasificados en conjunto con los bosques adyacentes de Argentina, dentro de la Ecorregión de los Bosques Valdivianos Lluviosos por la iniciativa Global 200 [18], del Banco Mundial y del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Esta agenda establece que los bosques de Valdivia son uno de los mayores bosques templados del mundo (en total, son cinco). Las especies forestales incluidas son el alerce y la araucaria. En cuanto a la fauna, sobresale el pudú.
C.Alternativas de protección.
1.Patrimonio de la Humanidad.
La Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, suscrita en la Unesco, París, el 16 de noviembre de 1972, fue ratificada por Chile a través del decreto N° 259, publicado el 12 de mayo de 1980.
a.Procedimiento de declaración.
El procedimiento para la inscripción de la declaración de un bien como “patrimonio de la humanidad” se sigue en función de las directrices y criterios establecidos por el “Comité del Patrimonio Mundial” (integrado actualmente por 21 países, incluido Chile), por lo que cada país debe asignar a dos agencias nacionales la responsabilidad de organizar y coordinar las actividades en torno a las proposiciones de los bienes propuestos. La tramitación final de un bien es llevada a cabo por la División de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la cual asume la responsabilidad del Estado.
Los organismos nacionales dividen sus responsabilidades, según el carácter del bien que se intenta proteger (cultural o natural), para lo cual, siguiendo los procedimientos establecidos, deben elaborar una lista de bienes correspondientes. En Chile, estos organismos son el Consejo de Monumentos Nacionales y la Corporación Nacional Forestal.
b.Lista de bienes naturales en Chile.
En relación con los recursos naturales, para los efectos de la confección de la lista tentativa, es la Corporación Nacional Forestal, Conaf, el organismo responsable de su elaboración y ejecución. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna lista.
La elaboración de la lista de recursos naturales en Chile no es tema menor toda vez que, a través de la declaración patrimonial, se reconoce, en el caso de un bien natural, su “valor universal excepcional”. La protección internacional del patrimonio mundial cultural y natural implica el “establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Parte en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio”. Para los efectos de la Convención, se entiende por patrimonio natural:
Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.
De este modo, la Convención establece que, para que un bien natural sea presentado en una lista tentativa, debe:
Ser ejemplo sobresaliente y representativo de los diferentes períodos de la historia de la Tierra (incluido el registro de la evolución), de los procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos.
Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcionales.
2.Sitios prioritarios para la conservación.
a.Simposio “Sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile”.
En abril de 1993, se realizó en Santiago el simposio “Sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile”, actividad organizada por la Conaf, la Conama, el Museo Nacional de Historia Natural, la Universidad de Chile, el Codeff y la Fundación Lahuén. Los objetivos de esta reunión fueron:
Identificar los sitios de mayor relevancia para la conservación de la biodiversidad en Chile.
Priorizar la urgencia que reviste la protección de los sitios identificados en base a la relevancia de los recursos que albergan y a su grado actual o potencial de deterioro.
Proporcionar una herramienta para facilitar un desarrollo armónico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe).
Bajo estas premisas, los organizadores se abocaron a la tarea de definir los sitios que deberían ser afectos a conservación, de acuerdo con las siguientes categorías:
Sitios de prioridad I, urgente.
Sitios de prioridad II, importante.
Sitios de prioridad III, de interés.
Sitios de prioridad IV, de interés específico.
Con estos criterios, se levantó un mapa de prioridades de conservación para cada región del país, clasificando a la zona de Cordillera Pelada en la X Región, como sitio de Prioridad I, Urgente. Si nos remitimos al mapa de distribución del Alerce, podemos observar, que esta zona, se encuentra en un área con gran presencia de Alerces, y en la que está ubicado el Monumento Natural Alerce Costero, el que posee una superficie de 1.041 hectáreas de Alerce.
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b.Conama.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente, en el marco de la Agenda Ambiental País 20022006, que tiene por finalidad proteger el 10% de la superficie de los ecosistemas más relevantes del país al año 2006, elaboró un catastro con 68 sitios de biodiversidad prioritarios de resguardar.
El objetivo de esta meta “es que cada una de las regiones ponga bajo protección al menos dos sitios por año, lo que permitirá que, cuando concluya el Gobierno del Presidente Lagos, la totalidad de estas áreas estén resguardadas. Esta iniciativa dará origen a interesantes proyectos de inversión y desarrollo local, ya que incentivará, por ejemplo, el turismo de la naturaleza, haciendo que la protección del medio ambiente pueda ser también una actividad rentable” [20].
En la X Región, los sitios determinados como prioritarios para la conservación son Curiñanco, MochoChoshuenco, cordillera de la Costa, Parque Nacional Chiloé (ampliación), bahía TicToc, río Maullín y Chaiguata.
D.Definiciones.
A fin de ayudar a comprender la problemática de la protección del alerce en particular y del bosque nativo en general, se transcriben algunas definiciones de los conceptos utilizados en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile [21]:
1.Área silvestre protegida.
Superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y de los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces (UICN, 1984). Todas las categorías de manejo deben ajustarse a esta definición, aunque los fines específicos de las áreas sean muy diferentes.
Entre los objetivos de manejo, están: investigación científica, protección de zonas silvestres, preservación de las especies y de la diversidad genética, mantenimiento de los servicios ambientales, protección de características naturales y culturales específicas, turismo y recreación, educación, utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales.
2.Área protegida privada.
Corresponde a iniciativas de conservación in situ consistentes con la definición anterior (Uicn, 1984), establecidas en terrenos de propiedad privada, que protegen de manera sistemática y sostenida superficies de, al menos, 40 hectáreas, con presencia de ecosistemas nativos de valor ecológico.
3. Áreas desprovistas de vegetación.
Son sectores donde la cobertura vegetacional de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles, no alcanza al 25%. Se encuentran en esta categoría playas, dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas, escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares y cajas de ríos.
4.Áreas urbanas e industriales.
Son sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales.
5.Bosque nativo.
Ecosistema en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor al 25%.
6.Bosque nativo adulto.
Bosque primario, por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles tienen una altura superior a los 8 metros. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y, eventualmente, ofrece un estrato de regeneración.
7.Bosque mixto.
Corresponde a bosques que se presentan mezclados en alguna proporción con las estructuras del bosque nativo adulto, del bosque nativo renoval y de los bosques nativos achaparrados.
8.Bosque nativo; plantación.
Es una mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente, se vincula con plantaciones en que se han consolidado los renuevos de las especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
9.Densidad.
Es la expresión simplificada de la cobertura de copas de los tipos biológicos que conforman una determinada formación, expresada en las categorías densas, semidensas, abiertas y muy abiertas. Se aplica a las praderas y matorrales; al matorral pradera, al matorral arborescente; al matorral con suculentas; a la formación de suculentas; al bosque nativo y a los terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación. A modo de ejemplo, un renoval denso tiene EAF 75% de árboles, 0100% de arbustos y 0100% de hierbas. Un matorral semidenso tiene FEA 25% de árboles, 5075% de arbustos y entre 0100% de hierbas.
10. Especie dominante.
Son las especies que ocupan la mayor cobertura de copas del dosel dominante y del dosel intermedio en una formación vegetal. Para que una especie sea considerada dominante debe alcanzar, al menos, el 25% de la cobertura de copas. En los bosques pluriestratificados se describen las especies dominantes de cada estrato. En las praderas, las especies dominantes corresponden a las hierbas. En el catastro, se identifican hasta seis especies dominantes.
11. Estructura.
Corresponde a la arquitectura de la formación vegetal del bosque nativo, distinguiéndose las siguientes estructuras: bosque nativo adulto, bosque nativo renoval, bosque nativo adulto renoval, bosque nativo achaparrado.
12. Plantación.
Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones y plantaciones jóvenes o recién cosechadas; plantaciones en sus primeros estados de desarrollo o que han sido recientemente cosechadas. En el catastro, sólo se determinaron las especies que conforman la plantación.
13. Renoval.
Corresponde a un bosque nativo secundario, originado ya sea de semillas y/o de reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, es homogéneo en su estructura vertical y sus diámetros.
14. Tipo forestal predominante.
Denominación de los ingenieros forestales, que alude a la especie arbórea que constituye el principal componente dentro de un área.
15. Tipos forestales.
Clasificación de los bosques basada en el o en los árboles predominantes en un área determinada. Para el catastro, se definieron los doce tipos forestales que contempla la legislación y veinticinco subtipos, a saber:
16. Uso del suelo predominante.
El uso del suelo es una clasificación en la cual se caracteriza la principal aplicación que cubre una porción de territorio. En este caso, se señalan las áreas en las cuales predomina el bosque nativo.
E. Consideraciones finales.
Por último, como resultado de este análisis, se pueden deducir las siguientes consideraciones finales:
El bosque nativo chileno es aquel compuesto por especies originarias del país y cuyos tipos forestales constituyen algunos de los ecosistemas más escasos del mundo, como el bosque valdiviano. El bosque templado de Valdivia, en el que se halla la especie alerce, es uno de los cinco más importantes del mundo (los otros se encuentran en el noroeste del Pacífico de América del Norte, el Mar Negro occidental, Nueva Zelanda y Tasmania).
Los expertos afirman que este recurso guarda directa relación con el cambio climático, la extinción de especies de flora y fauna, la pérdida de suelos y nutrientes, la sedimentación de los cursos de agua e inundaciones.
En el contexto nacional, la Décima Región sobresale como la segunda con mayor superficie de bosques nativos y con mayor proporción de bosques adultos.
Las áreas protegidas del SNASPE de la Décima Región configuran, en la actualidad, el principal mecanismo para la conservación de la diversidad biológica característica de ese territorio.
Las áreas protegidas de menor superficie y con mayor aislamiento biogeográfico, como el Monumento Nacional Alerce Costero, son sometidas a una fuerte presión en su entorno inmediato, por lo cual son estimadas como sitio de conservación de prioridad urgente.
La jerarquía jurídica de protección del alerce está dada, en primer lugar, por la Constitución Política de la República; las normas legales, como el decreto supremo 490, y los convenios internacionales ratificados por Chile.
El decreto supremo 490 declara que el alerce “constituye uno de los acervos naturales más valiosos del patrimonio nacional, tanto en lo científico como en lo histórico”.
Los bosques nativos de la X Región han sido incluidos, en conjunto con los bosques adyacentes de Argentina, dentro de la Ecorregión de los Bosques Valdivianos Lluviosos por la iniciativa Global 200, del Banco Mundial y del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
En la firma del Acuerdo de Marrakech, en la séptima Conferencia de las Partes (COP7), en noviembre de 2001, los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) reconocieron las cuatro funciones principales de los bosques en el cambio climático, como fuentes de dióxido de carbono cuando se destruyen o degradan, como indicadores de un cambio climático, como fuentes de biocombustibles para sustituir a los combustibles fósiles y como sumideros de carbono cuando se explotan en forma sostenible. Los bosques proporcionan un servicio ambiental único en su género, al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, almacenarlo en la biomasa, el suelo y los productos, y ofrecer una alternativa sostenible a los combustibles fósiles.
IV. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
1.Ministerio de Agricultura.
El señor Jaime Campos, Ministro de Agricultura, afirmó que no tiene conocimiento de la existencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura y, particularmente, de la Corporación Nacional Forestal, involucrados en hechos ilícitos. Añadió que, si tuviese conocimiento de ello, esos antecedentes no solamente justificarían la instrucción de un sumario interno, sino que, también, los pondría en conocimiento de los tribunales de justicia, puesto que su política en el Ministerio de Agricultura es no ocultar ni amparar irregularidades. Por el contrario, sostuvo que las denuncias deben ser investigadas y sancionadas.
Señaló que, según la información de que disponía, proporcionada por la Conaf y por el Instituto Forestal en torno a la situación general del alerce en Chile, existen alrededor de 260 mil hectáreas de bosques de alerce. A ello se agregan 100 mil hectáreas adicionales en las que existe presencia de alerce, pero que no tienen el carácter de bosque de alerce, debido a que éste no es la especie arbórea principal. Todas estas hectáreas están ubicadas en la Décima Región, exclusivamente en un sector de la cordillera de la Costa y también en la de Los Andes. El alerce es una especie que solamente se da en territorios de altura y, además, en terrenos bastante húmedos.
De las 260 mil hectáreas de bosque de alerce existentes en Chile, el 42% 110 mil hectáreas están sometidas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tanto en “parques nacionales”, que son propiedad del Estado, como también en parques de particulares. Sólo 150 mil hectáreas se sitúan en predios de particulares, no sometidos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por la Corporación Nacional Forestal, se calcula que en Chile hay alrededor de 300 millones de alerces vivos, de más de cinco metros de alto. Es decir, existen veinte alerces por cada ciudadano chileno. Una hectárea de bosque de alerces, en promedio, comprende 786 árboles. Un árbol adulto de alerce produce aproximadamente 0,8 metro cúbico de madera. También se estima que la superficie de bosques de alerce afectada por incendios da una cifra de 25 metros cúbicos de alerce muerto. Se cree que, en el país, hay entre 2 millones y medio a 3 millones de metros cúbicos de alerce muerto.
La particularidad de esta especie es que se puede seguir explotando después de muchos años de su muerte. No hay inconveniente en explotar un alerce después de que hayan transcurrido cincuenta, cien o doscientos años de su muerte. De las 260 mil hectáreas de bosque de alerce, unas 30 mil hectáreas han sido afectadas por incendios forestales. Los incendios son provocados por el hombre, porque, por la ubicación geográfica de los bosques de alerce, es muy difícil que se produzcan incendios de manera natural. El fuego fue utilizado de forma muy intensa por los colonizadores de la Décima Región, lo que explicaría, en gran medida, los elevados volúmenes de alerce muerto.
De las 260 mil hectáreas de bosques de alerces, una cantidad levemente superior a las 50 mil hectáreas corresponde a renovables. El alerce es un árbol con una capacidad de regeneración muy grande, porque se reproduce a través de semillas. Se estima que una hectárea de alerce genera anualmente un metro cúbico de alerce nuevo. Dicho de otra manera, los antecedentes anteriormente indicados permiten aseverar que en Chile existe una masa muy apreciable de alerces. El alerce es una especie vulnerable, pero no está en peligro de extinción, como sucede con otras especies.
Desde el punto de vista jurídico, en 1975, Chile suscribió la Convención Cites, y el alerce está incorporado en su Apéndice 1, que prohíbe la comercialización internacional de la especie. Sin embargo, en 1987, Chile hizo expresa reserva respecto del alerce muerto. En consecuencia, Chile siempre ha entendido que puede comercializar el alerce muerto hacia aquellos países que aceptan la aludida reserva.
Desde el punto de vista interno, desde el 1 de octubre de 1976, por decreto supremo
N° 490, del Ministerio de Agricultura, el alerce es una especie que se halla protegida, ya que fue declarada “monumento natural”. Está absolutamente prohibida la corta de alerce vivo. Sin embargo, este mismo decreto supremo permitió la utilización de maderas muertas. Se consideró conveniente que así se procediese, por dos razones: en primer término, por el hecho de que a esa fecha había una considerable masa de alerce muerto y, en segundo lugar, por un motivo de orden constitucional. Si se prohibía incluso la extracción del alerce muerto, el Estado se exponía a un juicio de indemnización de perjuicios, ya que alguien podría haber sostenido, con fundados argumentos, que se estaba afectando su derecho de propiedad.
Por tal razón, entonces, el decreto supremo N° 490 prohíbe absolutamente la corta de alerce vivo y permite la utilización de maderas de alerce muerto. Ello se hace a través de la autorización que la Corporación Nacional Forestal da a los planes de extracción de madera de alerce muerto que los propietarios de los predios formulen.
La Conaf verifica la existencia de alerces muertos en el predio, da una autorización por un volumen determinado de madera y, posteriormente, participa en la movilización o en el transporte, o en la distribución de la especie desde el predio hacia los lugares de comercialización, a través de la extensión de las guías de libre tránsito respectivas. Después, en un decreto dictado en 2001, se estableció la obligación de la Corporación Nacional Forestal de verificar en terreno la existencia de alerces muertos antes de autorizar los planes de extracción.
En materia de sanciones, en 2003, se dictó el decreto N° 161, en virtud del cual se asimilaron a las penas del decreto ley N° 701 las establecidas en el decreto supremo N° 490 para las transgresiones de las disposiciones de la ley. Las sanciones de las transgresiones del decreto supremo N° 490 eran multas irrisorias; en cambio, las del decreto ley 701 son bastante fuertes y pueden significar el doble o el triple del valor comercial de lo explotado.
Desde 1994 a 2004, se ha aprobado un total de 826 planes de extracción de alerce en la Décima Región y se han rechazado 65 solicitudes en relación con esta materia, porque no han cumplido los requisitos señalados en la ley.
Mientras, en 1990 y 1991, se autorizaba una extracción anual del orden de los 130 mil metros cúbicos de alerce, en 2000, los volúmenes de extracción permitidos nunca superaron los 20 mil metros cúbicos, cifra que se mantiene hasta 2003. Por lo tanto, ha habido un descenso absoluto en las autorizaciones de extracción.
Durante su gestión ministerial, en 2000, se aprobaron 89 planes de extracción. El volumen autorizado fue de 14 mil metros cúbicos, pero sólo se movilizaron 12 mil metros cúbicos. En 2001, se aprobaron 72 planes de extracción; se autorizaron 10.600 metros cúbicos de extracción, pero sólo se movilizaron 8 mil metros cúbicos. En 2002, se autorizaron 13 mil metros cúbicos de extracción y se movilizaron sólo 8.200 metros cúbicos. En consecuencia, las cifras han permanecido en niveles muy acotados en los últimos cuatro años.
En este período, según los antecedentes aportados por la Corporación Nacional Forestal, se han extraído, en promedio, montos inferiores a los 10 mil metros cúbicos de alerce muerto por año. Si se tiene presente que en el país hay aproximadamente tres millones de metros cúbicos de alerce muerto, si se sigue extrayendo sólo el alerce muerto existente, se podría extraer dicha especie por unos trescientos años más. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre los volúmenes de alerce muerto autorizados para extraer y la masa real de alerces muertos existentes en el país.
En cuanto a las exportaciones de alerce, en 1978, se exportó una cifra superior al millón de dólares; en 1979, una cifra superior a los 3 millones de dólares; en 1980, una cantidad cercana a los 2,5 millones de dólares. En 2000, se exportó alerce por un valor de 93 mil dólares; en 2001, por 12 mil dólares; en 2002, por 25 mil dólares, y en 2003, por 23 mil dólares.
En los últimos cuatro años, se ha exportado alerce por 154 mil dólares, de un universo de 2.800 millones de dólares, que son las exportaciones forestales del país. En volumen, el alerce exportado en este lapso suma 334 metros cúbicos, es decir, una cifra más o menos equivalente a media hectárea de alerce. En otras palabras, el problema no está en las exportaciones, sino más bien en el consumo interno.
En lo relativo al control y a la fiscalización, el decreto supremo Nº 490 establece que la Corporación Nacional Forestal es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa. De acuerdo con ese decreto supremo, y en relación con lo que prescribe el decreto ley Nº 701, las obligaciones de la Conaf se circunscriben a dar las autorizaciones para la extracción del alerce muerto y a extender las guías de libre tránsito para transportarlo. Cada vez que la Conaf tiene conocimiento del incumplimiento de estas normas o de la existencia de explotación ilegal de alerce, su obligación es denunciarlos ante los tribunales de justicia.
Es necesario recordar que la Conaf no es una institución pública, sino de derecho privado. Lo único que puede hacer es denunciar y, en lo sucesivo, cumplir con las instrucciones que le dé el juez. La Conaf no tiene facultades para entrar a un fundo o a un bosque sin autorización del dueño, salvo una orden judicial, según la modificación que el Congreso Nacional le introdujo al decreto ley Nº 701 en 1997.
Las denuncias de la Conaf por tala ilegal de alerce han ido creciendo continuadamente desde 2000 a la fecha, lo que evidencia que las labores de control y de fiscalización, al menos en la Décima Región, han aumentado. En 2000, se hicieron 11 denuncias; 9, en 2001; 14, en 2002, y 19, en 2003, todas presentadas ante los tribunales de justicia. El avance en las investigaciones depende del celo de los tribunales.
Las multas propuestas por la Conaf por hechos vinculados a la tala ilegal del alerce, sólo en la Décima Región, dan una cifra superior a 1.500 millones de pesos. Pero los juzgados de policía local son los que resuelven. En 2003, se verificaron 101 inspecciones a predios en la Décima Región. Se efectuaron 50 inspecciones a centros de comercialización, además de los controles carreteros y patrullajes que se llevan a cabo habitualmente.
En relación con la fiscalización, precisó que, hasta 2000, la principal actividad de la Conaf, vinculada a la preservación del bosque nativo, estuvo concentrada en el control de la producción de astilla, que era, hasta esa fecha, la gran actividad industrial forestal relacionada con el bosque nativo. Sin embargo, a partir de esa fecha, en la Décima Región no existe producción de astilla, y eso ha permitido que el mismo personal destinado al control del bosque nativo, en general, haya dedicado su actividad a la preservación del alerce.
A partir de 2000 y 2001, la Conaf ha cambiado su sistema de fiscalización. El alerce está ubicado en las cordilleras de Los Andes y de la Costa, lugares de difícil acceso, porque casi no existen caminos hacia ellos. Ni el Ministerio de Agricultura ni la Corporación Nacional Forestal cuentan con aviones ni helicópteros. A pesar de eso, se hacen inspecciones en avión y helicópteros, en la medida en que los medios lo permiten. Como se trata de un universo de 360 mil hectáreas, es imposible ejecutar un control absoluto.
Por ende, a partir de esa fecha, los esfuerzos de fiscalización, sin perjuicio de hacer las inspecciones prediales correspondientes, se han ido articulando con otro tipo de instituciones, fundamentalmente con Carabineros, en controles carreteros de camiones y con el Servicio de Impuestos Internos, a través de la revisión de las facturas y de la inspección de los centros de comercialización de madera en la Décima Región y en Santiago.
Además, se examinan las construcciones, ya que la utilización del alerce en materia de construcción en la Décima Región es una costumbre ancestral. Por eso, la Conaf se ha dedicado a controlar las construcciones, especialmente las nuevas. De modo que los funcionarios de la Conaf, más que andar en el cerro, supervisan las construcciones de casas. Ello les ha permitido detectar que alguna parte de la madera de alerce que se transa en la región no tenía el apoyo de las guías correspondientes, no cuadraba, y también que algunos adulteraban las guías, así como las guías de la Conaf.
Eso lo hacían los particulares, los comerciantes, la gente de la Décima Región que se dedica a este negocio. Todos estos hechos la Conaf los ha denunciado a los tribunales de justicia. Ello, en alguna medida, explica el incremento de las denuncias por parte de la Corporación.
En consecuencia, en materia de fiscalización, se efectúan inspecciones prediales, se verifica el cumplimiento de los planes de manejo, se ejecutan operativos de fiscalización, controles carreteros, patrullajes terrestres e incluso aéreos. Hay todo un proceso tendente a comprobar los productos en terreno.
En 2001, se dictó un decreto que obliga a la Corporación Nacional Forestal, antes de autorizar un plan de extracción, a constatar, en terreno, que los alerces muertos existen, a realizar la fiscalización periódica de los centros de acopio, así como el control de los predios que cuentan con planes de extracción de maderas muertas autorizadas por ella, a elaborar y presentar denuncias a los tribunales competentes, a confeccionar un catastro, entre otras funciones. Todas estas actividades han permitido mayor eficiencia en el empleo de los recursos humanos y materiales de que dispone la Conaf, los que, por supuesto, siempre serán escasos, como lo son todos los que posee el Estado para las distintas instituciones o ministerios.
Por último, en comunidades situadas en las zonas de Palena, Chaitén y Hualaihué se está hablando de la extracción ilegal de alerce. Esta extracción ilegal es un mal endémico en la Décima Región, asociado a sectores de extrema pobreza, vulnerables, comunidades huilliches o gente muy pobre que va al cerro y que, si encuentra un alerce muerto, lo transforma en tejuelas. Un metro cúbico de alerce cuesta más de 500 mil pesos y un árbol da 0,8 metro cúbico.
La Corporación Nacional Forestal ha estado trabajando con esos sectores vulnerables, fundamentalmente en el sector de Hualaihué y Alto Palena, a través de una adecuada educación y persuasión. Por consideraciones turísticas, se los ha ido capacitando. En algunas comunidades, el proceso ha sido exitoso, pero lento.
Finalmente, hace algunas semanas, en una causa en que la Corporación Nacional Forestal era querellante, la jueza de Los Muermos citó a declarar y detuvo al Director Ejecutivo de la Conaf. El Ministerio de Agricultura estimó que la actuación de la jueza fue ilegal y arbitraria, pues no tenía ningún motivo para detenerlo, por lo que ordenó interponer un recurso de amparo en su favor. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por unanimidad, acogió el recurso. Es decir, juzgó que la detención del Director Ejecutivo de la Conaf era ilegal y arbitraria. Obviamente, ahora la Conaf está colaborando con el ministro en visita designado, proporcionándole todos los antecedentes con que cuenta.
Actualmente, existen 34 funcionarios de la Conaf que trabajan en materias de fiscalización en la Décima Región. En 2000, eran 47; en 2001, 43; en 2002, 36; en 2003, 34. Ha habido un leve descenso, porque ya no está el asunto de la explotación de las astillas, que fue el gran tema del bosque nativo en la Décima Región durante toda la década de los 90. En 2000, se gastaron 332 millones de pesos; en 2001, 277 millones de pesos; en 2002, 270 millones de pesos; y en 2003, en la Décima Región solamente, 300 millones de pesos en el ámbito de la fiscalización.
Consultado respecto del proyecto de ley sobre bosque nativo, informó que se rehizo todo ese proyecto de ley y se presentaron las indicaciones en el Senado a fines del año pasado. Su aprobación en la Comisión respectiva está bastante avanzada. Se están analizando los temas de fondo, como los referidos a las instituciones y a la habilitación de la actividad agrícola. Estas dos grandes cuestiones ya están prácticamente resueltas, por lo que se espera que el proyecto salga de la Comisión al término de este mes, para que pase a la Sala.
Acerca de la evolución de la superficie del alerce, hizo presente que, de las 260 mil hectáreas de bosque de alerce, alrededor de 50 mil corresponden a renovales, lo que implica la existencia de un proceso de regeneración del bosque de manera natural y significativa. De las 260 mil hectáreas, 47.760 son de propiedad del Estado y están dentro de los “parques nacionales”. Además, existen 110 mil hectáreas que están acogidas al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas Privadas. O sea, se trata de predios de propiedad privada. Lo importante es que en estas 110 mil hectáreas no existe ninguna explotación de alerce, ni vivo ni muerto. Ni de los parques nacionales fiscales ni de los privados se extrae alerce; ni siquiera muerto.
El problema está circunscrito a las restantes 150 mil hectáreas, que son de particulares propiamente tales y que no están sometidas a ninguno de estos sistemas. El escollo se presenta en la cordillera del Zarao, donde existen dos grandes predios, de propiedad de los señores Lagomarsino y Comandari. En Hualaihué, en la zona de Alto Palena, no hay tantos problemas, porque son muchos los propietarios. En las otras áreas, el asunto se vincula más a la explotación de tejuelas.
Respecto de la prohibición para explotar alerce muerto, teóricamente esto se puede hacer; pero hay una dificultad relacionada con la constitucionalidad de una resolución de esa naturaleza. Recordó que fue necesario indemnizar a los propietarios cuando se declaró “monumento natural” a la araucaria y se prohibió absolutamente su explotación. Además, si al propietario se le prohíbe que extraiga el alerce muerto, se pueden originar las condiciones para que él demande al Estado de Chile.
Según el estudio realizado por la Universidad de Chile en 1983, se hizo un catastro de alerce muerto en un solo sector, que arrojó 1.200.000 metros cúbicos. Hay un volumen considerable de alerce muerto, varias veces superior a lo que legalmente se extrae año tras año.
Agregó que el Ministerio de Agricultura tiene absolutamente terminado el proyecto de ley de nueva institucionalidad forestal, en que se crea la Conaf pública. Esto se consensuó con los funcionarios de la Conaf, la Mesa Forestal, la Corma y los medioambientalistas, entre otros. Pero, como la materia tiene alguna implicancia presupuestaria, está detenida en el Ministerio de Hacienda.
Sobre el catastro de maderas, puntualizó que no existe uno totalmente completo. El estudio de 1983 de la Universidad de Chile indicó que había 28 mil hectáreas de alerce muerto en Chile; 54 mil hectáreas de alerce verde; 96 mil hectáreas con menos del 50% de alerce verde; 124 mil hectáreas con presencia de alerce y 2.650 hectáreas con alerce enterrado. Se dice que, como consecuencia de las quemas forestales que hubo en la época de la colonización, el alerce quedó enterrado y es aprovechable comercialmente.
Hace algún tiempo, se solicitó a la Universidad Austral de Chile que hiciera un catastro del alerce muerto en las comunas de Fresia y Purranque, en la cordillera del Zarao. Sin embargo, la Conaf no quedó satisfecha con el estudio realizado. En primer lugar, la Universidad debía revisar 12 mil hectáreas, pero sólo pudo estudiar 8 mil. En segundo término, sólo pudo datar el 18% o el 19% de los árboles; o sea, no lo pudo hacer en el 80% de la especie. De manera que las cifras proporcionadas sólo corresponden al 20% de los alerces. Eso quiere decir que el procedimiento técnico empleado no fue muy bueno. En este momento, la Corporación está en conversaciones con la Universidad Austral de Chile para que efectúe el estudio sobre la base de los términos de referencia que se habían convenido oportunamente.
En relación con la explotación del alerce muerto, la masa existente ofrece complicaciones legales, constitucionales y presupuestarias. Manifestó su convencimiento de que algunos actores que han participado en la discusión nacional en torno al alerce están movidos por intereses económicos en un doble sentido. Una posibilidad es que los propietarios de bosques de alerce estén creando esta conmoción con objeto de que algún ecologista o filántropo estadounidense les compre sus predios en varias decenas de millones de dólares, y otra es que, a través de alguna ley, se prohíba absolutamente la explotación de alerce muerto, siempre que el Estado los indemnice.
Respecto de las multas efectivamente pagadas, es un tema propio de los juzgados de policía local que han tenido competencia sobre el particular. De acuerdo con su experiencia en materia de infracciones del decreto ley Nº 701, su impresión es que los juicios se demoran “una eternidad” en los juzgados de policía local. De manera que no le cabe la menor duda de que la cantidad de juicios terminados debe ser infinitamente inferior a la cantidad de los que todavía están en proceso.
En cuanto a la posibilidad de que exista un fraude aduanero, aseveró que siempre existe la posibilidad de que alguien exporte alerce encubiertamente usando otro tipo de madera o producto; pero ése es un tema de exclusiva responsabilidad del Servicio Nacional de Aduanas. En todo caso, no tiene conocimiento de que se haya detectado una situación de esa naturaleza.
Consultado respecto de eventuales presiones políticas en esta materia, sostuvo que, desde hace cuatro años y medio, ejerce como Ministro de Agricultura y que, en ese período, nunca el Senador Páez ni otro Senador o Diputado le ha sugerido o pedido que intervenga en un plan de manejo del alerce ni acerca del decreto ley N° 701, ni de ninguna especie perteneciente al bosque nativo. Reiteró que jamás un congresista le ha hecho una solicitud de esa índole. Añadió que no tiene conocimiento de que una autoridad o un funcionario de jerarquía del Ministerio de Agricultura haya recibido presiones ni del Senador Páez ni de congresista alguno sobre esta materia, ni siquiera una insinuación.
Acerca de la supuesta conversación entre el Director de la Conaf y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la versión del Director Ejecutivo de la Conaf y del Subdirector de la Odepa, Octavio Sotomayor, testigo de esa conversación, es que la situación fue absolutamente contraria a lo que se ha señalado, pues afirman que fueron los ingenieros forestales quienes les habrían planteado que el Senador Páez estaba detrás de aquello; pero eso jamás lo dijo el Director de la Conaf.
Sostuvo que al Senador Páez lo ve una vez al año, con motivo de la discusión de la ley de Presupuestos, y que jamás le ha formulado la más mínima insinuación en relación con esta materia. Además, debe hacer fe en la versión del Director Ejecutivo de la Conaf y del Subdirector de la Odepa, ya que no estuvo presente en esa conversación
Sobre el tema de los títulos de propiedad, explicó que, para acogerse a cualquier sistema de explotación forestal sometido al decreto ley N° 701, a la petición se debe acompañar el título de propiedad. Hasta 1997, sólo podía solicitarlo el dueño, con el título de dominio inscrito. A partir de la modificación del decreto ley N° 701, la Conaf puede autorizar planes de manejo o de extracción cuando el solicitante acredite que ha presentado una solicitud de saneamiento de título ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Esto no sólo opera respecto del alerce, sino, en general, para el decreto ley N° 701, de 1976.
En resumen, sostuvo que existe explotación legal de alerce en el país y que está reglamentada. También hay explotación ilegal de alerce. Las denuncias que están conociendo los tribunales dan cuenta de ello; pero, en su concepto, esta tala ilegal no está poniendo en riesgo a la especie.
En relación con los procesos judiciales que conocen los tribunales de la Décima Región acerca de cuántos de esos procesos han terminado, cuántos están pendientes y en qué porcentaje las multas aplicadas se han pagado efectivamente, la Corporación Nacional Forestal le informó que, entre 2000 y 2003, se fallaron 29 causas vinculadas a la explotación ilegal del alerce. De esa cifra, en 2000, una causa tuvo sentencia condenatoria y dos se sobreseyeron. En 2001, cuatro causas tuvieron sentencia condenatoria, una se sobreseyó y otra se absolvió. En 2002, cinco tuvieron sentencia condenatoria y tres se sobreseyeron. En 2003, cinco causas tuvieron sentencia condenatoria, tres se sobreseyeron, cuatro se archivaron y sólo se absolvió una.
En síntesis, de las 29 causas falladas o terminadas, el 51,7% sufrió multas; el 27,6% se sobreseyó, el 13,8% se archivó y sólo el 6,9% se absolvió. En el caso de las causas falladas con sentencia condenatoria, prácticamente en el 99,5% los tribunales acogieron las multas que la propia Conaf había solicitado.
En lo relativo al tiempo que se demora la Conaf en autorizar los planes de extracción de madera muerta de alerce, según cifras proporcionadas por la propia Corporación, en 2000 el promedio fue de cuarenta y ocho días; en 2001, también de cuarenta y ocho días; en 2002, de sesenta días; en 2003, de cincuenta y siete días, y en lo que va transcurrido de 2004, de sesenta y un días. El promedio, en estos cinco años, ha sido de cincuenta y cuatro días.
Respecto de los planes de extracción de madera de alerces muertos que pertenecían a personas que no exhibían título de propiedad inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, sino sólo la simple solicitud de saneamiento de títulos a través del procedimiento especial que establece el Ministerio de Bienes Nacionales, en 2000, de un total de 89 solicitudes de planes de extracción, una solicitud, por un volumen de 121 metros cúbicos, corresponde a predios en trámite de saneamiento de título; y 6 solicitudes, por un volumen de 406 metros cúbicos, a predios fiscales con actas de radicación, y 82 solicitudes a personas que acreditaron título de dominio, por un volumen de 16.434 metros cúbicos.
En 2001, hubo una solicitud de predio en trámite de título de dominio, por un volumen de 795 metros cúbicos; 8 solicitudes de predios fiscales con acta de radicación, por un volumen de 1.295 metros cúbicos, y 63 solicitudes de predios que sí exhibieron título de dominio, por un volumen de 12.457 metros cúbicos. En 2002 no hubo solicitudes de predios en trámite de saneamiento de título de dominio; hubo 8 solicitudes de predios fiscales con acta de radicación, por un volumen de 1.000 metros cúbicos, y 80 solicitudes de personas que exhibieron título de dominio inscrito, por un volumen de 16.795 metros cúbicos.
En 2003, no hubo solicitudes de predios en trámite de saneamiento de título de dominio; sí hubo 8 solicitudes de predios fiscales con acta de radicación, por un volumen de 1.502 metros cúbicos, y 82 solicitudes de particulares que exhibieron título de dominio, por un volumen total de 14.974 metros cúbicos. En lo que va transcurrido de 2004, no hay solicitudes de predios en trámite de saneamiento de título de dominio, como tampoco de predios fiscales con acta de radicación, y sí hay 37 solicitudes de predios con título de dominio, por un volumen de 7.231 metros cúbicos.
De manera que, en los cinco años a los cuales se refiere la información proporcionada, de 376 solicitudes o planes de extracción que en total se han presentado, sólo 2 se fundaban en predios en trámite de saneamiento de título, 30 concernían a predios fiscales con acta de radicación y 344 a predios sobre los cuales se exhibieron títulos de dominio. Obviamente, esta diferencia ostensible también se expresa en los volúmenes de metros cúbicos autorizados.
Según los antecedentes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal, en 2003, hubo más de 400 inspecciones prediales. En ese año, se aprobaron 89 planes de extracción, los cuales quedaron dentro de las 400 inspecciones prediales, y, como resultado de éstas, se detectaron más de 100 talas ilegales de bosque nativo y 28 talas ilegales de alerce.
Aseguró que todas las exportaciones de alerce deben estar acompañadas de un certificado Cites, pues sin éste es imposible exportar. Recordó que sólo aceptan este certificado aquellos países que reconocen la reserva que Chile hizo con respecto al alerce muerto. Hay países tan importantes, como Estados Unidos de Amércia, que no la reconocen, de manera que Chile no puede exportar alerce a esa nación.
El decreto supremo N° 525, que declaró “monumento natural” al alerce, razón por lo cual está absolutamente prohibida su explotación, estableció que, excepcionalmente, la Corporación Nacional Forestal puede autorizar la corta de algunos de esos individuos por razones científicas, de obras públicas o de seguridad nacional. No se trata de autorizar la explotación, sino sólo la corta de algunos individuos.
Esa normativa se revisó, con objeto de perfeccionarla, en las siguientes materias. En primer término, se distinguió lo que era “monumento natural” propiamente tal y se dispuso que todas las restricciones sólo afectaban a los “monumentos naturales” propiamente dichos. En otras palabras, se prescribió que, si estos monumentos eran plantados por el hombre, no tenían el carácter de “monumentos naturales”. De esa manera, se creó un incentivo para que la gente plantara monumentos naturales.
En segundo lugar, se estableció la obligación de que quien se vea favorecido por estas autorizaciones estará obligado a compensarlas, para fomentar la preservación del bosque nativo. Por último, entre las causales, se agregaron las obras de interés comunal, regional y nacional, vinculadas a algunos emprendimientos económicos. Por ende, el decreto supremo N° 525 nada tiene que ver con la explotación ilegal del alerce. Ese decreto suprema se ha utilizado en relación con algunos emprendimientos que se han desarrollado en las Regiones Metropolitana, Cuarta y Quinta. Sólo cien árboles han sido derribados en virtud de esa atribución.
Sostuvo que hay antecedentes reales para señalar que la tala ilegal se ha estado verificando por dos vías: primero, por la adulteración de las guías de libre tránsito, hecho constatado y denunciado por la Conaf, y, segundo, por la tala que se realiza sin planes de extracción, ni guías de despacho, ni guías de movilización, de manera absolutamente clandestina.
El decreto ley Nº 701, el gran instrumento que ha posibilitado contar con un patrimonio de dos millones de hectáreas de bosque artificial, se dictó en 1974. Desde ese año hasta 2003, el Estado ha gastado 300 millones de dólares en bonificaciones otorgadas en virtud de este decreto ley, lo que se ha traducido en 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con una recaudación de 1.800 millones de dólares sólo por concepto de IVA forestal.
Lo referente a los procesos judiciales, afirmó que las estadísticas demuestran que las causas se demoran y que un número importante de ellas no se resuelve. Se trata de juicios de gran cuantía, pues en ocasiones están involucradas empresas forestales y las multas son el doble o el triple del monto de lo explotado. Sostuvo que hay un déficit institucional bastante serio. A lo mejor, lo que está sucediendo con el alerce podría ser el impulso para revisar todo el sistema jurisdiccional y procedimental relacionado con el tema del bosque nativo.
Respecto de las fiscalizaciones, recordó que la Conaf es una corporación de derecho privado. En 1997, se modificó el decreto ley N° 701 y se le restringió la facultad de ingresar libremente a un predio. En la actualidad, sólo puede hacerlo a través de una orden judicial o porque el dueño del predio lo permite. Cada vez que la Conaf se entera de una denuncia o de un hecho que viola la normativa, tiene la obligación de efectuar la denuncia, pero lo que ocurra en adelante depende de la actividad o de la inactividad de los tribunales respectivos.
Por ello, estimó indispensable contar con una Corporación Nacional Forestal que sea servicio público, con todas las facultades legales, cuyas denuncias no sólo sean presunciones, sino que actúe como ministro de fe, que directamente tenga la atribución de recabar el auxilio de la fuerza pública cada vez que sea necesario y, naturalmente, conformada con muchos más funcionarios y recursos, tal como lo proponía el proyecto de nueva institucionalidad forestal que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que fue rechazado en el Senado.
En lo atinente al informe Lahuen, que la Conaf tiene en su poder, observó que ésta le ha manifestado que el estudio no cumplía con los términos de referencia pactados con la Universidad Austral de Chile, puesto que, de un universo de 12 mil hectáreas que se había pedido auditar, sólo se habían auditado 8.700. De las 8.700 hectáreas realmente auditadas, sólo se pudo datar el 10% de esos árboles; es decir, el 81% quedó con una fecha de data de muerte ignota. Sólo del 19%, el informe estima que el 33% de los árboles murió antes de 1976; el 29% entre 1977 y 1978; el 38%, entre 1979 y 1998, y que desde 1999 a la fecha, en ese sector, no ha muerto ningún árbol.
En este momento, la Corporación Nacional Forestal está en conversaciones con la Universidad Austral de Chile, para ver la manera en que ésta modifique la metodología, al objeto de hacer un estudio que realmente dé cuenta de lo que se le ha solicitado, como fue el que, en su tiempo, se pidió a la Universidad de Chile en 1983, que sí cumplió con los términos de referencia que se habían convenido.
2. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
El señor René Reyes, Presidente, explicó que, en 1550, había aproximadamente 617 mil hectáreas de alerce. En los años 1994 y 1995, quedaban 265 mil hectáreas de bosques de alerce. Es decir, hay una disminución del 53% de los bosques de alerce. Se ha perdido más de la mitad de la superficie original.
La principal zona de alerces es Llanquihue, donde se ubican las comunas de Fresia, Los Muermos y Purranque. Ha habido una gran merma en toda esta área, desde la cordillera de la Costa a la cordillera de Los Andes, y en la Isla de Chiloé. Cochamó tiene una gran superficie de alerces.
Puerto Montt también poseía gran cantidad de alerces. Gran parte de sus alerzales desaparecieron, debido a los incendios durante la colonización alemana, entre Puerto Varas y Puerto Montt. Era una gran zona de alerces, que llegaban hasta Pargua, incluso al área costera, que fue quemada en esa época para habilitar terrenos agrícolas y ganaderos.
La superficie se concentraba en la cordillera de Los Andes; pero las grandes disminuciones se observan en la cordillera de la Costa. Por ejemplo, en Los Muermos la cifra histórica era bastante importante, pero actualmente no queda nada. En Fresia ha sucedido un fenómeno similar.
La medición de los anillos de crecimiento del alerce permite determinar la edad de los árboles y hacer estudios sobre el cambio climático. Uno de los valores científicos más grandes del alerce, no sólo en Chile, sino también en el nivel mundial, es que ha posibilitado reconstruir los últimos cinco mil años en relación con las temperaturas y las precipitaciones medias.
La distribución actual del tipo forestal alerce por zonas geográficas de origen es la siguiente: el 70% de los bosques de alerce está en la cordillera de Los Andes; el 28% en la cordillera de la Costa, y muy poco, cerca del 3%, en la depresión intermedia.
Hay que tomar en cuenta que las poblaciones de alerce de las cordilleras de Los Andes y de la Costa son muy distintas. Se han efectuado estudios genéticos que han encontrado enormes diferencias entre ellas. La hipótesis inicial, previa al estudio, era que los bosques de alerce, después de la última glaciación ocurrida hace catorce mil o veinte 20 mil años, que cubrió gran parte del valle central de la Décima Región, se habían refugiado en la cordillera de la Costa.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la biodiversidad, la cordillera de la Costa era muy importante. Sin embargo, este estudio dejó en evidencia que los alerzales hoy existentes en la cordillera de los Andes no provienen directamente de la cordillera de la Costa, sino que, más bien, son refugios que quedaron en el sector argentino. Por lo tanto, se mantuvieron aislados durante miles de años y generaron ciertas particularidades genéticas.
Las poblaciones de alerces de la cordillera de los Andes y de la Costa no son equivalentes. No sirve proteger el alerce sólo en la cordillera de Los Andes; también hay que hacerlo en la de la Costa, porque son genéticamente distintos. Son variaciones genéticas de una misma especie. La “convención marco” sobre Conservación de la Biodiversidad señala que hay que guardar muestras representativas de la biodiversidad en todos los niveles, y uno de ellos es el genético. Por eso, es importante mantener muestras representativas en los distintos lugares en que existe alerce.
Desde el punto de vista legal, también hay diferencias entre las poblaciones de alerzales de la cordillera de la Costa y las de la cordillera de Los Andes, porque el alerce fue declarado “monumento natural” por el decreto supremo Nº 490, de 1976, que lo protege. En 1978, en el apéndice 1 de la Cites fue declarado “monumento natural”, lo que impide su exportación. Luego, en 1983 se solicitó que el alerce de la cordillera de la Costa pasara al apéndice 2 de la Cites, con la finalidad de permitir su exportación a otros países.
El paso del apéndice 1 al 2 ha permitido que mucha madera de alerce proveniente de la cordillera de la Costa sea exportada. Se conformó una reserva de exportación de determinado volumen. El alerce proveniente de la cordillera de la Costa se puede exportar; no así el que proviene de la cordillera de Los Andes, aunque muchas veces hay tráfico de un lugar a otro y, al final, no se sabe de dónde salió la madera que se exporta.
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Snaspe, protege sólo al 2,6% de los alerces provenientes de la cordillera de la Costa. Esto es una superficie mínima, ínfima, fundamentalmente de la reserva de Valdivia, que queda en la comuna de Corral, y del monumento alerce costero, ubicado en la comuna de La Unión, de 1.600 hectáreas. Ése es el alerce resguardado de la cordillera de la Costa.
Por su parte, en la cordillera de Los Andes se protege el 20,5% de los bosques de alerce que están en los grandes parques de la Décima Región. Chiloé posee una gran superficie protegida en el Parque Nacional Chiloé, con cerca del 40% salvaguardado en la zona costera.
En la cordillera de la Costa se confluyen varios fenómenos. Además de la salvedad otorgada por la Cites, que permite exportar la madera, hay ecosistemas muy mal protegidos, muy poco representados en el Snaspe.
En lo que respecta a las debilidades legales que afectan al alerce, el decreto supremo
N° 490, de 1976, si bien prescribe una protección y declara “monumento natural” a la especie forestal alerce e impide la corta de ejemplares vivos de la misma, paralelamente permite la extracción de madera muerta. En esa época, ello era lógico, porque durante la colonización se había quemado mucha madera y había madera botada en el bosque, disponible, valiosa, útil y en muy buenas condiciones.
El alerce tiene la característica de ser muy resistente a la pudrición. Entonces, era lógico resguardar el alerce, pero la gente podía sacar alerce muerto para construir tejuelas o casas. Lo malo fue que el mismo decreto supremo dispuso levantar un catastro, un inventario de la madera muerta disponible, el cual nunca se hizo. Por lo tanto, se inició la aplicación del decreto supremo Nº 490 sin saber cuánto alerce había y dónde estaba. En consecuencia, se empezaron a aprobar planes de extracción sin saber efectivamente si se trataba de madera muerta.
Otra de las debilidades de la legislación actual tiene que ver con la Convención Internacional para la Exportación de Maderas de Especies Protegidas, Cites, que establece una reserva para comercializar y exportar madera proveniente de la cordillera de la Costa. Ello también es una puerta que admite la legislación y que está contribuyendo a la destrucción actual del alerce.
Sostuvo que un error muy grande del Ministerio de Agricultura ha sido el decreto supremo Nº 525, de noviembre del año pasado, en el que se amplían las excepciones para talar especies protegidas: no sólo el alerce, sino también la araucaria, el alerce, el belloto. En suma, comprende todas las especies que están en la lista de especies protegidas. Las excepciones originales que la legislación establecía para cortar especies protegidas eran para investigación científica, con autorización de la Conaf, y para obras civiles.
Lamentablemente, ese decreto supremo prescribe otra excepción, que es muy amplia: permite autorizar la corta de especies protegidas siempre y cuando estén consideradas en un proyecto de interés regional o de interés nacional. No explica de qué se trata cuando habla de un interés regional. Manifestó sospechas, fundadas en la última versión del decreto supremo, de que esto se hizo para beneficiar directamente a la minera Disputada Las Condes, porque el año pasado había solicitado cortar 80 bellotos del norte especie protegida para ampliar un relave en un sector cercano a Santiago. Como la ley no lo permitía, aparentemente el decreto supremo se hizo a medida de la Disputada.
Respecto de las técnicas detectadas para la explotación ilegal del alerce, hay dos posibilidades de explotarlo. Una es el anillado de los árboles, que significa cortar una banda de corteza en torno al árbol, que es una forma de matarlo, porque lo deja sin circulación. La otra es, derechamente, prender un fósforo, que ha sido la forma más masiva de destrucción de la especie.
Esto provoca la muerte del individuo, en el caso del anillado, y lo otro, la muerte masiva de un bosque. Esto hace que se soliciten planes de extracción de maderas muertas en la cordillera de Los Andes, en la cordillera de la Costa y en las vías de libre tránsito. En el caso de la cordillera de Los Andes, la madera va al comercio interno y, en el de la cordillera de la Costa, a la exportación.
En 1989, el fiscal de la Conaf hizo una reinterpretación del decreto supremo Nº 490
página 8, memorando Nº 2002, del 2 de julio de 1998, que dice textualmente: “No encontrándose afinado el procedimiento penal que motivó el incendio y aun en el caso de que se llegase a condenar al propietario por el delito de incendio, no habría fundamento legal para que la Corporación no dé lugar al plan de extracción de madera de alerce muerta y, en consecuencia, para que no se pueda prohibir el aprovechamiento de madera de bosque quemado intencionalmente de alerce”.
En el fondo, la Conaf está autorizando explícitamente la aprobación de planes de extracción de madera de alerce en lugares donde, incluso, hay evidencia de que hubo incendios intencionales. Es decir, se desvirtuó el espíritu del decreto supremo Nº 490. Por ese motivo, se han aprobado planes de extracción en lugares donde, evidentemente, ha habido incendios intencionales. Eso ha provocado este círculo vicioso: incendios, planes de extracción, comercialización y la destrucción interna del recurso.
La acción sobre el anillamiento consiste en sacar una banda de corteza, porque el flujo de agua y de savia en los árboles, es decir, las venas de los árboles, están en la parte superficial del tronco, no en el interior. Es como cortarle las venas a alguien y dejar que se desangre o se seque en pie.
Uno de los problemas es que la Conaf está autorizando planes de extracción sin ir a terreno. Le llega una solicitud y la aprueba sin observar o pedir un estudio que pruebe que la madera muerta es anterior a 1976. La dificultad de la Conaf radica en la falta de presupuesto para ir a terreno. En el período 19902001, se cursaron 170 infracciones por corta ilegal de alerce; 87, bajo el decreto supremo 490, y 83 bajo el decreto ley 701.
Las cortas ilegales de alerce se concentran en los árboles abuelos, en los grandes, en los que poseen harto volumen, lo que es muy negativo, porque, justamente, son los que se utilizan para el estudio científico, crean las condiciones para la regeneración natural de la especie y producen semillas. En el fondo, se están cortando los árboles milenarios, que tienen una connotación muy importante.
Esta corta ha ascendido a 3.192 metros cúbicos entre 1990 y 2001. Ésta es la corta ilegal típica de alerce. Cuando el árbol está grande, de dos o más metros de diámetro, se tala en medio del bosque y la corta es muy difícil de detectar, porque el bosque es denso y, desde el aire, el árbol se ve como un punto muy pequeño.
El 70% de los bosques de alerce están en la cordillera de Los Andes y solamente el 30% restante se halla en la cordillera de la Costa. Pero gran parte de las cortas ilegales se llevan a la práctica en la cordillera de la Costa. O sea, la presión por el alerce se sitúa en esta última. Fresia es, lejos, una de las comunas con mayor cantidad de cortas ilegales de alerce, lo mismo que Hualaihué, en la cordillera de los Andes.
En cuanto a las infracciones, en 1999 y 2000, la Conaf cursó una multa de 40 millones de pesos al fundo Candelaria, por un total de 88 metros cúbicos. En el fundo Esperanza Norte y Sur, lote A, se cursaron 62 millones de pesos, de los cuales 40 mil pesos se fallaron en contra de la empresa, en uno de los sectores donde ahora se presenta el problema.
El caso de la señora Schumacher se produjo una vez en 1991 y en otra oportunidad en 1995, por un volumen de más 250 metros cúbicos y una multa de 41 millones de pesos, que ella conmutó por una semana de hospital, lo que es permitido por la ley.
El predio que ha originado la polémica más grande es el que ha tenido más causas judiciales en su contra 15, la primera de las cuales ocurrió en 1990 y la última en 2000, por un volumen de más de 440 metros cúbicos y una multa total de 723 millones de pesos, donde sólo cuatro causas por una suma cercana a los 8,5 millones de pesos fueron falladas en su contra. El resto se encuentra pendiente o sin información. De esa multa, sólo 8,5 millones de pesos se han pagado. El predio del señor Comandari es el que ahora está en conflicto y es el que ha causado toda esta polémica.
El incendio en la comuna de Fresia es el que representa la mayor tasa de destrucción de bosques de alerce, con 9.477 hectáreas quemadas, entre 1997 y 1998, y 11 mil hectáreas, entre 1987 y 1988. Han sido los dos incendios más grandes en bosques de alerce, los que representan el 68% del total de los bosques de alerce de la comuna. O sea, cerca del 70% de los bosques de alerce de Fresia están totalmente destruidos.
En cuanto a la extracción autorizada, hay dos estudios. Uno dice que son 683.080 metros cúbicos y, otro, 883.348 metros cúbicos. No hay cifras exactas, porque todos los papeles y las carpetas están en la Conaf. Por lo tanto, es muy complicado hacer una estimación. Los números de permisos son 1.086, pero han ido en decrecimiento.
Una cosa es el volumen autorizado para extraer, que ha fluctuado entre 680 mil metros cúbicos y 880 mil metros cúbicos, y otro son los volúmenes autorizados para movilizarlos, es decir, para moverlos por las carreteras mediante las guías de libre tránsito. Entonces, aquí hay dos posibilidades: o la gente está pidiendo solicitudes de extracción, que son aprobadas, pero después no sacan la madera y no la explotan por algún motivo, o por gran parte de la madera que se autoriza extraer no se solicita la guía de libre tránsito y se la está sacando en forma ilegal, clandestina.
Parte de la madera llega a Santiago. Se hizo un estudio en 37 empresas y barracas que trabajan y venden madera de alerce, de las cuales 15 tenían alerce; incluso, una reconoció que poseía alerce verde. En la cordillera de la Costa es donde se centraliza gran parte del problema del alerce, ya que el 70% viene de allí, mientras que el 30% viene de la cordillera de Los Andes.
En cuanto a los ingresos generados, precisó que, desde 1978, se han obtenido aproximadamente 24 millones de dólares durante todo el período. Han sido 19 millones de dólares hasta 1991, y de 1992 a 1999, 4,2 millones de dólares, en tanto que en los últimos tres años únicamente 154 mil dólares han ingresado por concepto de exportación. Es un volumen total de 52.110.000 metros cúbicos, en circunstancias que lo autorizado a extraer son entre 680 mil y 880 mil, lo autorizado a movilizar fluctúa entre 170 mil y 220 mil, y lo que se exporta son 52 mil. El resto corresponde al mercado interno.
Eso es lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas. No es posible tener un dato fidedigno sobre lo que sale en forma ilegal o clandestina. Los puertos de embarque por donde sale el alerce son Pajaritos, Valparaíso, San Antonio, San Vicente y Lirquén. El principal país de destino, entre 1977 y 1990, fue Japón; entre 1991 y 2001, los principales destinos fueron Argentina y Estados Unidos de América.
En lo pertinente a la fiscalización, reseñó que, por cada tres fiscalizaciones, se detecta una infracción. Por lo tanto, una extrapolación simple permitiría concluir que una de cada tres autorizaciones presenta una infracción. En consecuencia, podría triplicarse el volumen de corta ilegal de alerce.
Insistió en que el problema radica en el bajo presupuesto o en el mal destino del mismo, pero en ningún caso implica una mala gestión de los funcionarios de la Conaf. En el período 19902001, se controló sólo el 17,5% de todo lo que se aprobó.
En lo concerniente a las debilidades del aparato jurídico y del procedimiento actual, afirmó que hay mucho desinterés de los jueces de policía local y del Poder Judicial en función de aplicar multas. Muchas veces se sobreseen los casos y se conmutan las multas. Además, los montos de estas últimas son bajos y hay falta de seguimiento de los casos por los abogados.
Consultado respecto de la estimación sobre la detección frente a la realidad, aseveró que sólo se está fiscalizando el 17,5% de lo que se aprueba en oficinas, no en terreno. Ningún estudio indica cuánta es la corta ilegal que se descubre, pero la detección es alta, no sólo según la Conaf, sino según el Codeff, que todos los veranos saca fotos desde avionetas y luego verifica en terreno los lugares fotografiados.
Por lo tanto, están identificados los polos de ilegalidad. Por ejemplo, Fresia es el lugar donde se registra la mayor tala ilegal; luego, vienen Purranque, Hualaihué y Cochamó.
Consultado acerca de la prohibición total de la corta de alerce, consideró que el problema no es simple, primordialmente por el tema indígena, pues el alerce no da frutos y los huilliches viven de la madera. Por eso, se pudo prohibir la tala de la araucaria, porque el pehuenche no vive de la madera, sino del fruto, que es su principal fuente de alimento. Pero los huilliches talan el alerce.
Sin embargo, el problema principal no radica en las áreas huilliches, sino en las privadas, donde hay colonos, o en terrenos de empresas. En las áreas huilliches no ha habido una destrucción masiva del recurso. Incluso, hay proyectos muy innovadores que están tratando de reconvertir la actividad indígena, como el proyecto Mapu Lahual.
Su propuesta es que la ley se modifique, pero que se haga una excepción favorable a las comunidades indígenas y se fije un plazo, porque la madera muerta también tiene un plazo. Se trata de un plan de manejo especial sobre el que todavía se está discutiendo.
La solución pasa por llevar a efecto planes de manejo particular en las comunidades indígenas, que no son muchas y están bien localizadas. Se puede realizar una fiscalización permanente y aplicar una política de reconversión, que podría ser de tipo turístico.
La situación de los artesanos no es problema, porque podrían estar vinculados con las comunidades indígenas y abastecerse de esa manera, ya que el volumen que manejan es ínfimo. Incluso, podrían trabajar sin dificultad con desechos de casas viejas.
En el caso de los caminos, antes del decreto supremo N° 525, se permitía cortar especies protegidas para obras civiles, como puentes y caminos. Ahora, se amplía esa posibilidad para los llamados proyectos de interés regional o nacional.
Respecto de las responsabilidades de la Conaf en este tema, expresó que en la institución se ve buena fe, sacrificio y mucho trabajo de parte de los colegas que en ella laboran, que tratan de cumplir su cometido con los pocos recursos de que disponen.
De todas maneras, la Conaf tiene responsabilidad, porque no ha modificado el memorando interno de 1989, que permite sacar madera de incendios intencionales, ni ha cambiado los procedimientos, por ejemplo, en cuanto a ir a terreno antes de aprobar un plan de extracción.
En 2002, celebró una reunión con Carlos Weber y Octavio Sotomayor para hablar sobre el bosque nativo. Lo acompañaban, en esa ocasión, sus colegas Antonio Lara y Rodrigo Catalán. La reunión fue formal, ya que había sido previamente acordada.
En el transcurso de la reunión, le preguntaron a Carlos Weber por qué la Conaf se había demorado tanto en rechazar un plan de extracción de alerces muertos presentado por el señor Comandari. No se entendía la tardanza, porque el plan era evidentemente irregular, ya que la zona para la que se había solicitado la autorización coincidía con una en la que, meses antes, se había detectado una corta ilegal de 2.500 alerces que el mismo señor Comandari había denunciado. En definitiva, el plan se rechazó, pero tan sólo en diciembre, es decir, después de transcurrido casi un año.
El señor Weber les respondió: “Pregúntenle a Páez”. No entendieron a qué Páez se refería, así que le consultaron y les dijo que “al Senador Páez”. Cuando les dio esa respuesta, reaccionaron indignados y le inquirieron por qué debían interrogar a un Senador de la República sobre un asunto que hacía relación a las funciones del Director de la Conaf.
Consultado, denunció que se han descubierto cortas ilegales en el predio del señor Comandari desde 1990, pero sólo ahora ha formulado la denuncia pública y, ante la ONG, en 2002. Después, presentó un plan para extraer la madera muerta del mismo lugar. Era mucha madera y, por consiguiente, era mucho dinero. La Conaf otorga permisos en zonas donde no hay madera, pero, por problemas de presupuesto, lo hace sin ir a terreno. Así, es posible que conceda autorizaciones para lugares donde ya no queda madera.
Por otra parte, adujo que el proyecto de ley sobre bosque nativo y de institucionalidad forestal son básicos para solucionar, de una vez por todas, el tema relacionado con el alerce y con el bosque nativo. La Conaf no puede seguir siendo una institución de derecho privado. Quienes fiscalizan deben pedir permiso antes de entrar a un predio, lo cual es ridículo. En cuanto a la ley del bosque nativo, se requieren subsidios para los incentivos, reconvertir comunidades y hacer buen uso de los bosques.
Antes de que estallara esta polémica, a fines de 2002, la Conaf le pidió un estudio a la Universidad Austral de Chile, que consistía en hacer un catastro de madera muerta en las comunas de Fresia y Purranque, pendiente desde 1976. Se hizo un trabajo de primer nivel, que demuestra que el 70% de la madera muerta, en esas cordilleras, proviene de árboles que murieron después de 1976. Por lo tanto, el decreto supremo no ha protegido al alerce, sino que ha fomentado su destrucción. Ésa es la conclusión.
El informe se entregó hace dos o tres semanas. Hay un contrato entre la Universidad Austral de Chile y la Conaf, con una cláusula de confidencialidad, es decir, que la Universidad no puede hacerlo público. En todo caso, se ha sabido que la Conaf lo quiere rechazar. Se está esperando la carta formal que diga por qué lo va a rechazar, porque, técnicamente, el estudio es impecable.
3. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile.
El señor Roberto Juacida, Decano, hizo presentes dos hechos importantes en relación con el alerce: uno, la tala ilegal de dicha especie, y el otro, la entrega de un informe que la Universidad Austral de Chile hizo a la Corporación Nacional Forestal con fecha 30 de mayo de 2004.
Hace un año, la Conaf solicitó a la Universidad Austral de Chile un proyecto para definir algunos aspectos relacionados con el alerce muerto, el cual tuvo un año de duración y fue entregado en mayo pasado. El informe fue dado a conocer a la Corporación Nacional Forestal hace apenas un mes, de manera que aún está en proceso de análisis, sin perjuicio de que se han emitido algunos comentarios y observaciones.
A continuación, viene la etapa de resolución de problemas, aspecto eminentemente técnico. Respecto de las cláusulas de confiabilidad, sostuvo que es normal que ellas estén incluidas en los cuarenta proyectos que la facultad ha suscrito con distintas instituciones.
De acuerdo con los últimos catastros, el recurso alerce configura una superficie de 260 mil hectáreas, la cual no es homogénea, porque el número de individuos por hectárea es diferente. Hay zonas mucho más densas que otras. Aproximadamente, 50 mil hectáreas, es decir, alrededor del 18%, se encuentran bajo el SNASPE, es decir, protegidas por el Estado, por tratarse de “parques nacionales” o áreas equivalentes. Las hectáreas de alerce sin protección son 210 mil.
Las 260 mil hectáreas de alerce se encuentran distribuidas principalmente en la isla de Chiloé, en Puerto Montt y en las zonas costeras y cordilleranas, aunque con mayor presencia en la cordillera de Los Andes que en la de la Costa. El estudio abarcó un área de alrededor de 13 mil hectáreas, en las comunas de Fresia y Purranque.
La relación entre la Universidad Austral de Chile y la Corporación Nacional Forestal en trabajos relacionados con el alerce data de antaño. En 1989, se llevó a cabo un proyecto mediante el cual se definió que el alerce es un recurso manejable, que posee crecimientos anuales de sostenibilidad equivalentes a los de los bosques de Europa. Por ejemplo, anualmente, una hectárea de alerce produce 2,4 ó 2,8 metros cúbicos, según la zona de que se trate.
En 1997, se llevó a cabo un catastro nacional, antecedente de última generación, por el cual se está guiando el manejo de prácticamente todos los recursos forestales. La Conama y la Conaf están trabajando en un proyecto de seguimiento de la vegetación relacionado con el alerce muerto. La Universidad sólo ha trabajado en la determinación de áreas geográficas, es decir, de superficies y volúmenes de madera de alerce muerto antes y después de 1976, y focalizadas en las comunas de Fresia y Purranque.
Entre los objetivos específicos, se pidió determinar el volumen de alerce muerto en las comunas de Fresia y Purranque; fijar la fecha de muerte de los individuos inventariados y estimar el volumen de madera asociado a ello; precisar factores limitantes para la extracción de madera de alerce muerto, tipificando las situaciones halladas en terreno según esos factores, así como proponer criterios técnicos decisivos para la aprobación o el rechazo de planes de trabajo, especialmente de alerce muerto y definido en el decreto supremo N° 490.
Consultado respecto de la posibilidad de prohibir totalmente la extracción de alerce vivo o muerto, señaló que la experiencia de los países desarrollados indica que, más que prohibir la explotación, se deben controlar los recursos. Por consiguiente, las legislaciones, en su mayoría, no son restrictivas, sino sólo las que son procedentes tecnológicamente. En los países donde se establecen restricciones a los recursos, es más difícil obtener desarrollo, porque éste va unido a la cultura.
El alerce es un recurso sostenible que tiene la capacidad de regenerarse absolutamente. Los recursos bien administrados son perfectamente sostenibles. Eso es lo que hacen todos los países desarrollados que manejan adecuadamente sus recursos.
Consultado acerca de las observaciones que la Conaf formuló sobre el informe, expresó que ellas no han llegado oficialmente. Explicó que todos estos proyectos tienen un período de maduración, en que se efectúa un análisis por parte de la organización que lo demanda, se reúnen los técnicos y examinan la metodología y la validez estadística de los sistemas. El resultado del informe no va a variar sustancialmente, por el hecho de que la metodología tenga mayor o menor representatividad. Se trata de temas estadísticos y se podría decir, con el 95% de probabilidad, que va a ocurrir o no ocurrir tal evento. En líneas generales, hay reparos, pero no un rechazo.
Estimó que la Conaf debería abrir prontamente este estudio, porque ella lo mandó a hacer y proporcionó toda la información. Este estudio es un análisis de esa información, que no aporta muchas cosas nuevas, salvo, por ejemplo, que con la metodología de la dendrocronología se puede saber si un árbol fue quemado en tal o cual fecha, con cierto grado de seguridad, porque el crecimiento del alerce es muy pequeño. Ahora, la técnica sobre cronología de anillos es mundialmente conocida y se basa en que el árbol sigue la tendencia del clima. Por ejemplo, climas con mucha agua proporcionan un crecimiento ancho; climas muy serios, un crecimiento del anillo muy pequeño. En base a esas secuencias, se puede apreciar el año en que el árbol murió.
El señor Juan Schlatter, Director del Instituto de Silvicultura, expresó que el énfasis debe ponerse en la regeneración de la especie, que la naturaleza da gratis, porque la plantación tiene un costo muy alto. Para una regeneración se requieren árboles maduros que den semillas. En el caso de los incendios, mueren los árboles semilleros, sobre todo en verano. En esos casos, hay un área muy grande adonde la semilla no llega y la regeneración se posterga hasta que la sucesión vegetal le permite acercarse nuevamente.
Los expertos señalan que, en esos casos, hay que ayudar un poco a la naturaleza, incorporando de nuevo la especie para que, en lo futuro, haya árboles semilleros que permitan la regeneración. En la década del 70 se decía que el alerce no se regeneraba, que era una especie de reliquia y que estaba disminuyendo naturalmente. Pero, con los estudios que la Universidad Austral de Chile hizo a principios de la década del 80, esa teoría quedó absolutamente descartada.
En términos forestales, lo normal es que en este tipo de bosques se coseche lo que vaya creciendo. Los bosques se manejan con regeneración natural. La norma, en este tipo de bosques, es cosechar el crecimiento sin disminuir el “stock”. Es decir, el bosque siempre existe. No se lo elimina ni se le aplica la tala rasa, que es a lo que se está más familiarizado, sino que se entresacan árboles que cumplen la madurez. Es decir, para extraerlos, se define un diámetro y una dimensión mínima. Al hacerlo, se favorece el paso para la regeneración. Así se autosostiene el bosque.
Apuntó que lo ideal sería manejar el bosque cosechando el crecimiento, lo que significa que el bosque permanece, se regenera y mantiene una cobertura de protección de suelo y evolución de agua. Es decir, las técnicas del manejo forestal son compatibles con la protección del medio ambiente y la optimización de la producción.
Hoy en día, el énfasis está en la madera muerta; pero, en su concepto, el enfoque está mal dirigido, porque, en la cosecha, al poner importancia en los muertos, se pueden destruir los vivos. Por lo tanto, el desarrollo forestal debería efectuarse manejando el bosque en forma integral, para proteger a los árboles vivos y, así, darles la posibilidad de seguir creciendo y autosostenerse, lo que técnicamente es absolutamente posible.
El otro problema, que constituye una limitante muy grande, es que, por la complejidad del bosque nativo, incluido el alerce, no puede ser manejado por el propietario, quien tiene que ser asesorado por un profesional. En la actualidad, tanto la cosecha del árbol muerto como el manejo del bosque no están en manos de los ingenieros forestales. Al profesional simplemente se le exige elaborar y firmar un plan de manejo, que se le entrega al propietario, y éste decide después qué hacer con él. Ésa es una traba que impide que el ingeniero forestal haga el seguimiento del manejo del bosque. Ahí reside gran parte del actual problema.
Consultado acerca de si posee información acerca de algún tipo de protección o de presiones indebidas de algún funcionario público, un congresista u otra autoridad, afirmó que no tiene ningún antecedente al respecto, por lo que, deplorablemente, no puede hacer aportes en ese sentido.
Respecto de la calidad del sitio en que se presenta el alerce, indicó que, históricamente, el alerce es un árbol muy antiguo, periglacial. Es decir, cuando la glaciación estaba muy avanzada en Chile, cuando el glaciar estaba retrocediendo, el alerce iba detrás, colonizando el terreno.
El alerce es una especie que necesita luz plena; no puede crecer como árbol bajo la sombra de otro. Y si hay un bosque oscuro, no se puede regenerar. Por eso, coloniza terrenos nuevos. Sube a los conos volcánicos recientes, a los suelos malos de la cordillera de la Costa. Se instala ahí, porque los bosques más exigentes, los de las otras especies, crecen bajo su sombra y le impiden que se regenere. Aun así, el alerce, como vive entre mil y tres mil años, tiene paciencia y cuando una erupción volcánica mata a los otros árboles, él sobrevive y puede volver a colonizar. O sea, tiene una estrategia a largo plazo.
El alerce crece donde otras especies no pueden hacerlo. Y no lo pueden desplazar. Es decir, ocupa aquellos sitios malos, más limitados en suelo y en clima aprecia el clima de alta montaña, con más de 4 mil milímetros de lluvia anual, o sea, altamente erosivos; generalmente, son suelos semipantanosos. El alerce demora entre 300 y 500 años en alcanzar su máxima dimensión, su edad fustal. La edad que necesita para regenerarse debe ser superior a los cincuenta años. Por desgracia, sobre eso no se puede ser muy preciso, pero, como en todo ser biológico, la viabilidad sube, y cuando envejece, decae otra vez.
El decreto supremo Nº 490, que estableció el impedimento para utilizar el alerce vivo y permitió la explotación del alerce muerto, contemplaba un catastro, pero éste no se ha efectuado. Sólo hay un estudio de la Universidad de Chile que estimó la cantidad y la ubicación del alerce muerto sobre la base de un muestreo. En otro estudio, que también se hizo a través de un muestreo representativo, se levantó un inventario del alerce que había, pero no en todo Chile.
En lo referente a si hoy en día existen inventarios para otorgar permisos de extracción, aseveró que no se está exigiendo dicho plan, sino un plan de cosecha de madera muerta. Por lo tanto, no existe un plan de manejo del bosque y, por ende, no se demanda un inventario de todo lo que hay. Ése es el punto débil del asunto. El inventario de maderas muertas debería existir por parte del propietario. Manifestó dudas de si hay un inventario preciso sobre la materia. No obstante, hay autorización de extracción por los muestreos que estiman el porcentaje de madera muerta. Entonces, de ahí viene la autorización de volúmenes por cosechar.
La Conaf no posee los recursos para acceder continuamente a los bosques, porque hay pésimos caminos y carece de los recursos adecuados para movilizarse. Por lo tanto, hay una serie de limitaciones que hacen que el sistema de control sea complejo. En cuanto a si la fiscalización es efectiva, es utópico postular que el Estado debe tener un conocimiento absoluto de sus recursos.
La ley forestal suiza, una de las más recientes en Europa, indica que una obligación del propietario forestal es entregar inventarios al Estado y al servicio forestal. De acuerdo con la ley, si él entrega un dato falso o manipulado, es sancionado con distintos grados de penas. Es decir, una de las faltas más graves es entregar información falsa. Como el Estado no tiene los recursos necesarios para fiscalizar todo su patrimonio, sólo hace un muestreo.
En Chile, ese mecanismo no está en funcionamiento, porque el bosque no lo maneja un profesional que lleve los inventarios. Los propietarios de bosque nativo no poseen un inventario preciso, puesto que les significa un costo. Por lo tanto, hay una serie de limitaciones, en el manejo y en la legalidad, que impiden que los inventarios alcancen la precisión adecuada, pero existe la tecnología.
4. Corporación Nacional Forestal.
El señor Carlos Weber, Director Ejecutivo, señaló, en cuanto a las existencias de alerces en el país que, durante los últimos meses, se ha generalizado la impresión de que quedan muy pocos. Según el catastro de vegetación nativa, la superficie de terrenos de bosques de alerces, esto es, de aquéllos en los que el alerce es un componente importante, alcanza a las 261 mil hectáreas. Además, hay presencia de alerces en otras 105 mil hectáreas, que corresponden a otros tipos de bosques.
Por su parte, si se considera la definición del tipo forestal alerce que contempla el reglamento del decreto ley N° 701, la superficie superaría esas 370 mil hectáreas, pero no es cartografiable. Se hizo para evitar la corta de alerces que se encuentran mezclados con otros tipos de vegetación. De manera que se cuenta con una superficie no despreciable de bosques de alerces en el país, principalmente en la Décima Región. En cuanto a la distribución por provincias, el alerce se encuentra mayoritariamente en Llanquihue y Palena y, en menor grado, en Osorno, Valdivia y Chiloé.
Hizo presente que uno de los medios más efectivos de cualquier país para salvaguardar determinadas especies y ecosistemas es la constitución de áreas silvestres protegidas, como parques nacionales y reservas, entre otras. Ellas se sujetan a un régimen especial de protección y normalmente están exentas de la explotación comercial de bienes. Chile tiene una larga tradición y continuidad en la protección de especies. En 1907, se constituyó la primera reserva natural. Por lo demás, ha habido continuidad respecto de esta materia, por cuanto los distintos gobiernos han complementado y ampliado el sistema.
En la última década apareció un nuevo elemento: la existencia de particulares interesados en la constitución de áreas protegidas. En el caso del alerce, subrayó que la mayor parte de la superficie resguardada está en manos de particulares. El Estado es responsable del 17% de las áreas que en este momento se encuentran bajo protección, en tanto que el total de la superficie salvaguardada, alcanza al 40%.
Las talas ilegales se han verificado en la zona de Osorno y Llanquihue. El resto de las áreas están protegidas por el Estado o por privados, o se trata de territorios donde no existe mayor conflicto, por cuanto sobre ellos existe un control periódico. Es el caso del Parque Pumalín y del Parque Nacional Chiloé. También se ha trabajado el tema con las comunidades huilliches. En el caso de Corral y de La Unión, hay zonas que fueron compradas recientemente por una fundación estadounidense, con fines de protección.
Desde 2001, se ha estado trabajando en la zona de la costa de Osorno con algunas comunidades mapuches y huilliches, las que, debido a su situación de aislamiento y falta de otras opciones, se encontraban destruyendo vastas zonas de alerce. A través del proyecto Mapu Lahual, gradualmente se han creado estructuras de apoyo, entrenamiento y capacitación. En la actualidad, los propios integrantes de las comunidades han designado áreas de protección llamadas “parques indígenas”. De esta forma, se mantiene viva la especie, lo que es positivo para el turismo.
Con todo, subsiste cierta explotación del alerce muerto, pero ahora en forma mucho más ordenada y con la colaboración de la población. En lugar de ser vigilada o castigada, ella se ha convertido en la mejor colaboradora para la consecución de los fines propuestos. De este modo, la labor de la Conaf se ha reducido a promover y apoyar su labor, como, asimismo, a indicar cuáles son las oportunidades en las áreas de capacitación.
Al personal le ha costado pasar del sistema punitivo al de promoción y entrenamiento de la comunidad; pero el proceso ha valido la pena, pues la comunidad ha comprendido la importancia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Además, para muchos, el cuidado del entorno se ha constituido en una oportunidad de desarrollo personal. En esa misma línea, se han constituido más de 20 consejos consultivos de áreas protegidas, en los cuales participan el administrador del parque nacional, los empresarios turísticos y las comunidades locales. Se trata de una política que va a continuar hasta cubrir la totalidad de las áreas protegidas de Chile, por cuanto estos consejos vinculan la protección del área con los intereses y la visión de la comunidad.
En cuanto a la normativa de protección del alerce, ésta se instauró a través del decreto supremo N° 490, de 1996, que lo declaró “monumento natural”, prohibiendo la corta de alerce vivo, pero permitiendo la utilización de maderas muertas, según un procedimiento que quedó establecido en ese texto legal. Se solicita un plan de extracción, donde se entregan guías de libre tránsito para la movilización, tanto para la primera movilización desde un predio hasta un centro de acopio en el nivel intermedio, como, posteriormente, desde allí hasta los consumidores finales. Estas guías, de acuerdo con el plan de extracción, las autoriza la Conaf.
En primer término, se presenta la solicitud de plan de extracción a la Conaf. Se efectúa un análisis jurídico; si no corresponde, se devuelve; de lo contrario pasa a la unidad técnica, la cual hace una visita a terreno y revisa otros antecedentes que puede haber con respecto al predio. Si se rechaza, vuelve al solicitante. Si se aprueba, ya sea total o parcialmente, se emite el certificado y el registro de marca, si no lo tuviera. Luego, se emite la guía de libre tránsito y, por último, las siguientes, que se llaman “de continuidad”, que son las que permiten el transporte a partir del primer punto de acopio.
Con relación al número de autorizaciones, en general, se otorgan entre 60 y 100 cada año, cifra que no ha variado mayormente desde 1990. Sin embargo, tanto la superficie como los volúmenes han disminuido fuertemente. En este sentido, han sido restringidos y ha habido más exigencias en el tiempo, lo cual se nota en especial a partir de 2000, en el caso de los volúmenes de madera autorizados, los cuales siempre han sido inferiores a 20 mil metros cúbicos.
Es indispensable distinguir entre el volumen autorizado y el volumen efectivamente movilizado. Por ejemplo, en 1990, de un volumen autorizado de más de 120 mil metros cúbicos, lo que se movió en total, entre solicitudes y guías de continuidad, correspondió a alrededor de 10 mil. Desde 1992 a 1993, subió un poco. Luego, ha mostrado una fluctuación; pero, en general, con tendencia a la baja. Desde 2000, la extracción ha decrecido, por merma de los volúmenes autorizados.
Por otra parte, aclaró que existe un volumen importante de madera muerta de alerce. En 1982, muy poco después de la entrada en vigencia de la declaración de “monumento natural”, se contrató, por parte de la Conaf, un estudio con la Universidad de Chile. Este estudio, que fue parcial, sólo cubrió 30 mil hectáreas, de las que se cubicaron 11.200. Indicó que, en esa fecha, había 1.200.000 metros cúbicos de madera muerta de alerce.
Ése es un elemento que le interesa subrayar, porque no todo el alerce que hoy se extrae proviene de alerces vivos, puesto que hay un “stock” importante de madera muerta. Tampoco hay ningún inventario detallado de alerce vivo, pero las estimaciones más conservadoras indican que hay al menos 30 millones de metros cúbicos de bosques de alerce en Chile.
No existe una estimación de alerces muertos. El trabajo que se contrató para las comunas de Fresia y Purranque, las más conflictivas, es un primer intento de establecer una cubicación gradual del volumen de alerce muerto en Chile. En todo caso, el dato, al año 1983, establece un punto de referencia que es imprescindible tener en cuenta.
En lo tocante al comercio internacional, el alerce está cubierto en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. En 1975, a propuesta de Chile, se incluyó al alerce en el Apéndice I, que prohíbe su comercialización. Sólo hay exportación o cruce de fronteras con fines científicos.
En 1983, también a sugerencia de Chile, los alerces de la cordillera de la Costa se incorporaron en el Apéndice II, lo que significa que sí se permite su comercialización, pero sujeta a determinados controles y autorizaciones. Debe haber un permiso de la autoridad administrativa, en este caso de la Conaf, para realizar la exportación. El país importador debe tener, también, el mismo permiso de la autoridad administrativa.
En 1987, la Conferencia de las Partes de la Convención volvió a poner todos los alerces en el Apéndice I, a proposición de Argentina. En ese momento, Chile estableció una reserva con respecto a esta modificación. Para Chile, por lo tanto, la población de la cordillera de la Costa va a seguir siendo del Apéndice II y, por lo tanto, se continuarán emitiendo certificados para la exportación del alerce con fines comerciales. Esa reserva no necesariamente tiene que ser reconocida por otros países.
Otro elemento esencial es el volumen de madera que ya estaba cosechada y procesada; por lo tanto, quedaba exenta de las disposiciones de la Convención. Dada la duración de la madera de alerce, tres empresas poseen todavía existencias de madera anteriores a la Cites. En consecuencia, pueden obtener autorizaciones de exportación sin sujetarse a los requisitos de la Convención, lo cual es aceptado por terceros países.
La tendencia ha sido hacia la disminución. Sobre todo en los últimos tres años, los montos, tanto en dólares como en volúmenes exportados, han sido muy reducidos. Los países de destino son Tahití, de dependencia francesa y Taiwán, donde se acepta la reserva. Se trata de volúmenes de, aproximadamente, 30 metros cúbicos. Es decir, en cuatro años se transaron internacionalmente 334,8 metros cúbicos de alerce.
En lo atinente a la fiscalización, hay una serie de acciones de control de cumplimiento de los planes de extracción. Se programan inspecciones en áreas prioritarias de fiscalización y se verifican denuncias de terceros. La enorme superficie de alerce hace que sea físicamente imposible saber con exactitud cuándo alguien, en algún lugar, cortó uno o varios alerces, aunque todos los funcionarios de la Conaf estuvieran exclusivamente dedicados a esa labor.
También hay operativos de fiscalización de carácter general, como controles carreteros, en los que se trabaja con Carabineros; patrullajes terrestres, los que forman parte de otras actividades de la institución; prevención de incendios y labores de fomento, entre otras.
Los patrullajes aéreos han perdido efectividad en el último tiempo, porque, como las infracciones ya no se cometen en forma masiva, sino selectiva, rápidamente se ocultan las huellas. Por lo tanto, aunque se sobrevuele a baja altura, no es posible detectar las zonas donde se ha incurrido en alguna infracción.
La fiscalización preventiva consiste en un trabajo directo con las personas, para darles a conocer la normativa vigente, porque hay mucha gente, sobre todo en zonas aisladas, que la desconoce. Si bien la ley se supone de todos conocida, en la práctica hay grados de incumplimiento por ignorancia.
Otra medida que ha dado resultados en el último tiempo ha sido la aplicación del plan de protección del alerce en la Décima Región, apoyado y auspiciado por la Intendencia. En dicha labor, se ha trabajado en contacto estrecho con el Servicio de Impuestos Internos, para fiscalizar tanto la aplicación de la legislación tributaria como la existencia de documentación de respaldo para el alerce en centros de acopio, barracas y sitios de construcción en los que se lo utiliza.
Asimismo, parte del trabajo consiste en la preparación de informes, porque, a diferencia de lo que hace Carabineros, que emite una boleta y luego la envía al tribunal correspondiente, la Conaf prepara un informe técnico junto con cada denuncia. Como los funcionarios no son ministros de fe, la comunicación al tribunal respectivo se acompaña de un informe técnico sobre la infracción cometida.
En el último tiempo, también se ha desarrollado un “software” para administrar las autorizaciones de extracción, transporte y acopio de madera de alerce, el cual ha posibilitado mejorar la velocidad de acción y, en lo futuro, permitirá cruzar información y tener un panorama más claro de qué está sucediendo y cuáles son los movimientos, los transportes y los actores en esta actividad. Dicho programa fue puesto “en marcha blanca” en el año pasado, pero, a fines de 2004, se contará con un programa definitivo y de mejor calidad.
Hay tres instituciones con las que se ha efectuado un trabajo coordinado: el Servicio de Impuestos Internos, en la fiscalización tributaria en centros de acopio y barracas; Carabineros, que es la autoridad facultada para detener un vehículo de carga en la carretera a fin de controlar su documentación, institución a la que también se ha brindado capacitación para que su personal tenga mayor conocimiento respecto de la normativa forestal vigente y sobre el alerce en particular, y el Servicio Nacional de Aduanas, al que se ha apoyado para la verificación de las exportaciones y al cual se ha impartido capacitación en procedimientos relativos a esta Convención.
A lo largo del tiempo, el número de denuncias ha aumentado, debido a la mayor eficacia en la labor de fiscalización, a la focalización de sectores prioritarios y al mejor conocimiento de lo que sucede. Por consiguiente, la probabilidad de descubrir infracciones se ha incrementado.
Los volúmenes de corta ilegal son erráticos en el tiempo. Hay años en que han sido muy bajos; pero, por ejemplo, en 2002, se detectó una corta de bastante magnitud. Sin embargo, si se comparan los volúmenes de cortas ilegales con el volumen de alerces vivos, se puede deducir que aún existen varias decenas de millones de metros cúbicos de estos últimos. En el mejor año, desde el punto de vista de la fiscalización, el resultado alcanzó a 3.500 metros cúbicos; pero el promedio, normalmente, es de algunas decenas de metros cúbicos.
A partir de 1990 y, particularmente, a mediados de la década, existía en Angelmó el famoso “cerro de astillas”. La Conaf fue respondiendo al fuerte aumento de demanda de administración y fiscalización, lo que representó exportar astillas de bosque nativo con un incremento que llegó hasta el año 2000. Luego, se ha mantenido una inversión mucho mayor que en la primera mitad de la década de los 90, con la diferencia de que el cerro de astillas desapareció alrededor de 2002. Es decir, la carga de trabajo, en cuanto a número y planes de manejo y en cuanto a posibles infracciones debidas a corta de bosque nativo, ha bajado significativamente, porque ya no está presente la demanda de las empresas astilladoras.
De modo que, a partir de 2001, se estabilizó esa situación y se ha mantenido, en términos generales, el esfuerzo de fiscalización y administración, pese a que ha disminuido ese peak de demanda en cuanto a fiscalización.
Algunos factores que dificultan el control son la ubicación del recurso. Además de ocupar éste una extensión importante de acceso difícil, la Conaf tiene que pedir autorización previa a los propietarios para ingresar a los predios. Los fiscalizadores no tienen la facultad de ingresar sin permiso del propietario y, a veces, es complicado encontrar al propietario de un bosque de alerce. Los infractores también han ido elaborando una serie de técnicas para dificultar la detección.
Adicionalmente, los fiscalizadores no tienen el carácter de ministros de fe, lo que los obliga a invertir tiempo en informes técnicos y, luego, en estar presentes en los comparendos en los juzgados de policía local. No basta la palabra o el informe firmado, sino que es necesario también estar presente allí.
El catastro del bosque nativo permitió lograr una idea más cercana sobre la superficie cubierta por el alerce, como la de 54 mil hectáreas de renovales o de bosques secundarios. Esto refleja la capacidad del alerce para recuperarse y regenerarse, incluso después de hechos bastante catastróficos. No se está en presencia de una especie que no se reproduzca o que vaya a desaparecer con mucha facilidad.
La superficie involucrada indica, también, que en la primera mitad del siglo XX hubo factores de deterioro o de destrucción bastante fuertes. Hubo explotación comercial a escala importante, sobre todo en el sector de Contao, en La Unión, y en los aserraderos Venecia. También existió la costumbre de muchas empresas, como tradición de la época, de quemar primero, porque el alerce resiste bien el fuego, para librarse de la vegetación acompañante, de manera que la extracción de los árboles fuera mucho más fácil.
Por eso, el alerce ha sido calificado como una especie vulnerable dentro de las categorías de peligro, lo que significa que, por el momento, no presenta problemas; pero, si volvieran a surgir esos factores que le causaron deterioro en el pasado, podría, eventualmente, llegar a algún grado de amenaza. Por ahora, no se vislumbra ningún peligro importante que afecte mayormente al alerce.
El Saff, Sistema de Administración Forestal y Fiscalización, es un método computarizado contratado con la Universidad de Chile y que está en proceso de aplicación para el decreto ley Nº 701 y, posteriormente, para incorporar la documentación del decreto supremo Nº 490, lo que posibilitará un mejoramiento en la eficacia, la eficiencia y la capacidad de análisis de la información.
El convenio con la Universidad Austral de Chile está por finalizar, porque surgieron algunos inconvenientes. Por una parte, dos demoras de la Universidad, que no ha completado lo establecido en el contrato ni en los objetivos propuestos. No se abarcó toda el área geográfica y algunos elementos de juicio, que debían proporcionarse, aún no están disponibles en el informe.
Un elemento interesante de considerar es que la gran esperanza que había en la dendrocronología para datar en forma exacta la fecha de muerte de un alerce no se concretó. Sólo el 20% de los árboles pudo datarse con un grado aceptable de precisión. Por lo tanto, en este momento, no se puede establecer en forma fehaciente el año cierto en que se produjo la muerte de un alerce.
Algunas conclusiones muestran que hay un porcentaje importante de bosques dentro de las áreas protegidas, ya sean públicas o privadas. También hay un conjunto de normativas que se han ido perfeccionado en el tiempo, tanto en su texto como en su aplicación. Hay una fiscalización que recientemente se ha ido coordinando con otros servicios. Existía la tradición de actuar en solitario; pero, de a poco, se ha ido superando y ahora se está trabajando coordinadamente en muchos ámbitos. También se trabaja con las Fuerzas Armadas y otras instituciones para aprovechar las capacidades de cada una de ellas, pues cada servicio por sí solo produce un impacto menor.
Indudablemente, frente a toda normativa de prohibición, hay ciertos márgenes de incumplimiento o de transgresión. En el caso del alerce, están focalizados geográficamente; corresponden a zonas con problemas sociales reconocibles. Pero hay una experiencia y todo un trabajo que se ha ido haciendo, a efectos de ir reduciendo el ámbito geográfico de las zonas problemáticas, para luego atacarlas y lograr tener “cero” alerce cortado, aunque los niveles de incumplimiento de la legislación que prohíbe la corta de alerce verde no ponen en absoluto en peligro la especie como tal, debido a las existencias actuales.
Consultado, afirmó no haber recibido presiones de parte de ningún Senador, ni Diputado, ni político para conceder o denegar permisos de extracción de alerce. En eso fue absolutamente categórico.
Respecto del estudio contratado por la Conaf a la Universidad Austral de Chile, fue entregado en los últimos días del mes pasado, pero la Corporación lo ha estimado inconcluso, porque faltan elementos que estaban comprometidos en el contrato. No está en desacuerdo con algún elemento en particular. De hecho, se está trabajando con la Universidad para que un equipo de profesores, junto a profesionales de la Conaf, puedan completarlo.
De todas maneras, el estudio es valioso, porque, no obstante no cubrir el área que debía abarcar, indica la presencia de varios centenares de metros cúbicos de alerce muerto. Es valioso, en el sentido de que deja en claro que hay existencias importantes en relación con las extracciones que se efectúan. Es decir, no se están dando permisos sobre alerce inexistente, sino que hay un volumen grande de alerce en la zona respectiva.
En lo concerniente a la cláusula de confidencialidad, habitualmente se establece en los contratos con las universidades, para evitar que los profesores publiquen en periódicos científicos los resultados del documento. En ese sentido, para que el trabajo sea aceptado, no debe ser un documento previamente publicado. En consecuencia, la cláusula se inserta para que las conclusiones del informe no sean dadas a conocer a publicaciones internacionales y le quiten la prioridad al investigador. Cuando esté concluido, como muchos otros informes, estará disponible para el público en las bibliotecas de la Conaf y de la Universidad Austral de Chile.
5. Federación Nacional de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal.
El señor Luis Cárdenas, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Conaf de la X Región, manifestó que es ingeniero forestal y que está encargado del Departamento de Administración y Fiscalización Forestal de la provincia de Osorno.
En relación con la situación de los trabajadores fiscalizadores de la Décima Región, indicó que el aparato de control de dicha región comprende casi en el 80% a trabajadores que han sido marginados sistemáticamente de la institución. Su contrato corresponde a trabajadores a suma alzada y, por lo tanto, no les es aplicable la ley de modernización del Estado ni la de Nuevo Trato Laboral. Últimamente, ni siquiera estaban considerados en los organigramas técnicos de la región, porque tienen el carácter de trabajadores a suma alzada. Pese a estas dificultades de marginación, en el sentido de que ni siquiera pueden estar en el servicio de bienestar, los trabajadores de la Conaf, en general, dan fe de su disposición a trabajar por la conservación de los recursos naturales.
Los bosques de alerce de Valdivia se concentran en el sector costero, donde existe una pequeña área silvestre protegida, de 1.493 hectáreas, pero donde el año pasado organizaciones internacionales, como la WWF (World Wildlife Fund) y el PMC (Programa Mundial sobre el Clima), compraron un fundo de 60 mil hectáreas, por lo cual ese bosque de alerce está mayoritariamente protegido en función de conservación del recurso y de la fiscalización. La actividad extractiva de alerce ilegal es mínima.
En la provincia de Chiloé sucede casi lo mismo, porque la mayoría del bosque de alerce está protegido dentro del Parque Nacional Chiloé, por lo que la presión de uso es bajísima.
En la provincia de Palena es donde predominantemente se encuentran los bosques de alerce, los que, casi en su totalidad, están protegidos por el Parque Pumalín, por lo cual su extracción se limita sólo a un sector muy apartado, donde la Conaf ha realizado fiscalizaciones y ha multado a los infractores.
En la provincia de Llanquihue, los bosques de alerce están protegidos por el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en el Parque Nacional Alerce Andino y en el Parque Nacional Hornopirén. Las cortas ilegales denunciadas corresponden a una situación puntual de una comunidad indígena que tiene problemas territoriales con una empresa particular. En ese sector, la Conaf también ha actuado.
La diferencia entre los bosques de la cordillera de Los Andes y los de la cordillera de la Costa es fundamental, desde el punto de vista genético, pues son variedades distintas que requieren esfuerzos de conservación. De hecho, el área de la cordillera de la Costa está considerada como uno de los veinticinco sitios prioritarios de conservación en el nivel mundial.
Por lo tanto, como Valdivia, Palena y el sector de la cordillera de Los Andes de la provincia de Llanquihue están protegidos bajo el Snaspe o bajo el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas Privadas, sólo queda sin salvaguardia el bosque de alerce ubicado en la cordillera de la Costa de la provincia de Llanquihue, donde se han producido las cortas ilegales que han aparecido en televisión y que se ubican en tres predios: Cordillera Río Blanco de aproximadamente 60 mil hectáreas, Esperanza Norte y Esperanza Sur.
Esos predios poseen características muy particulares, porque tienen muchos ocupantes ilegales, por lo que el tema de la propiedad de la tierra incide de manera directa en la conservación de los bosques. La tala de alerces efectivamente existe y fue denunciada por la Conaf. Si bien el tema del alerce es exclusivo de la Conaf, pues como misión legal le corresponde su fiscalización, la conservación de los bosques de alerce debe ser abordado por distintas instituciones, ya sea del Estado o privadas.
En la provincia de Osorno, se trabaja desde 1998 en una estrategia de desarrollo indígena de los sectores donde se sitúa la mayoría de los bosques de alerce. Junto a organizaciones internacionales como el WWF y el Fondo de las Américas, o nacionales, como el Codeff, se está ejecutando un proyecto especial denominado red de parques comunitarios Mapu Lahual, expresión que significa “tierra de alerce”. Esta operación no sólo busca la conservación de los bosques, sino el desarrollo de las comunidades que allí habitan. En la medida en que las comunidades tengan posibilidades de progreso, se podrán conservar los bosques naturales que hay en ese sector, el cual, reiteró, está considerado como uno de los veinticinco sitios prioritarios de conservación mundial.
Se cuenta con cuatro pilares fundamentales para el éxito de esta estrategia: las organizaciones indígenas, la potencialidad de los recursos naturales escénicos, la ley Indígena, promulgada en 1993, y un programa de adelanto del ecoturismo, que está implementado desde 2000 y que contempla diversas actividades. A comienzos de 2004, se inauguró esta red de áreas silvestres protegidas.
Además, se cuenta con un programa de manejo forestal que se lleva a cabo con aportes del Fondo de Desarrollo Regional, por un total de 82 millones de pesos, que ha permitido forestar, trabajar el bosque nativo y otorgar asistencia para la extracción de maderas muertas de alerce.
Asimismo, hay un plan de saneamiento de títulos, efectuado por el Fondo de Tierras a través de la Conadi y del Ministerio de Bienes Nacionales, que consiste en el traspaso de predios fiscales a diversas comunidades en un procedimiento de regularización de problemas puntuales que les afectan.
También existe un proyecto de ordenación hídrica de los bordes costeros, que ha posibilitado crear en la provincia de Osorno uno de los tres parques marinos comprendidos en el nivel nacional.
Esta red de parques comunitarios, llamada “Mapu Lahual”, consiste en la creación de áreas silvestres protegidas indígenas en el interior de los territorios de las comunidades de la costa de Osorno, las primeras en Chile. A través de ella, se pretende conservar bosques de alerce y de olivillo costero y, en general, bosques siempre verdes, para lo cual se realizan actividades turísticas respecto de los servicios ambientales que el bosque nativo puede otorgar.
Hasta ahora, son seis los parques instaurados en el interior de las comunidades indígenas. Uno de ellos está en el sector de Maicolpué, a 65 kilómetros de Osorno. En ese lugar existía gran presión de la comunidad indígena, pues quería vender casas de veraneo, por lo cual, cada vez que un turista compraba una casa, se talaba bosque.
Con la aprobación del proyecto, toda esa zona pasó a ser parque comunitario y se construyeron senderos de integración, que incluyen la identificación en mapudungu y en castellano de las especies arbóreas que en él existen y el desenvolvimiento de diversas actividades turísticas. Con financiamiento de la Conaf, durante 2004 ese parque se convertirá en un área piloto para que otras comunidades de la región constaten esta otra forma de trabajar el bosque.
Otro caso es el del parque de la comunidad indígena de Caleta Cóndor, donde se creará el parque marino de la Décima Región. A través de la regularización de tierras, se están traspasando terrenos fiscales, que tienen alerces, a esta comunidad. Este programa ha permitido sanear esas tierras y normalizar los planes de manejo.
Gracias a los trabajos que ya se han iniciado, la comunidad ha podido construir infraestructura turística y comunitaria con la que no contaba, con lo cual puede desplegar su quehacer dignamente.
Es importante señalar que los recursos destinados a estos proyectos más de 80 millones de pesos son administrados íntegramente por las comunidades. Los fondos les llegan directamente. La Conaf sólo otorga la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos.
Los mayores impactos que ha habido como producto de estas actividades en los terrenos de estas comunidades, que concentran la mayor parte de los bosques de alerce de la cordillera de la Costa, se han producido en la provincia de Osorno, donde se ha llevado a cabo una red de áreas silvestres protegidas interconectada por senderos con oferta turística.
Estos proyectos han tenido un gran efecto productivo y han originado varios puestos de trabajo, lo que ha permitido absorber en parte la alta cesantía que había en la zona. Además, han causado gran impacto social, porque las comunidades han mejorado su autoestima al comprobar que son capaces de forjar y administrar proyectos que, desde el punto de vista financiero, han sido un éxito rotundo.
Por otra parte, estos planes han ocasionado impacto ambiental, porque las comunidades se han comprometido con la conservación de su bosque nativo, lo que las ha llevado a denunciar formalmente las talas ilegales que se han producido en el interior de sus territorios, lo cual ha sido esencial para el éxito de la fiscalización preventiva que desarrolla la Conaf.
El alerce es una especie extraordinariamente importante, por cuanto se encuentra en situación de recurso no renovable. En 450 años, el 54% de los bosques de alerce se ha perdido. Por otra parte, se ha determinado una disminución del bosque nativo en 2.216 hectáreas. Si continúa esta tendencia, podría desaparecer.
El tema de la protección del alerce no está, entonces, en discusión. Existe una normativa interna de incendios forestales, de control del comercio internacional, de fiscalización preventiva y de mejoramiento comunitario. Entre los años 1989 y 1998, la quema intencional estuvo entre las principales causas de destrucción por fuego. De hecho, se consumieron más de 10 mil hectáreas de bosques de alerce en la cordillera de la Costa.
Un organismo interno de la Conaf, a cargo del fiscal de la institución, señaló que, aun en caso de que se llegara a condenar al propietario por un delito de incendio, no existiría fundamento legal para que la Corporación no diera lugar a un plan de extracción del alerce muerto. En 1998, la Conaf cambió ese procedimiento y ahora ello está prohibido en forma absoluta.
Ha habido una importante disminución de las exportaciones de productos forestales derivados del alerce durante el período 19902003. Ese hecho se debe no sólo a una política institucional o de Gobierno, sino simplemente, a una reducción de los mercados internacionales como fruto de la Convención internacional Cites. Toda la actual exportación de alerce chileno va únicamente a Taiwán. Entre los años 1990 y 1993, Argentina concentraba el 60%.
La experiencia indica que la fiscalización preventiva está dando resultados en la conservación del recurso. Involucrar a la población en esta tarea es lo que ha tenido mejor éxito. Durante 2004 no había recursos para fiscalizar las guías de extracción de alerce muerto, es decir, para determinar, en terreno, si la madera que salía efectivamente provenía de un plan de extracción.
En los últimos años, las inspecciones prediales de detección de corta ilegal han disminuido en el 30% respecto de lo ejecutado entre 1996 y 1999. En 1999, se cumplieron 800 planes de manejo con intervención en bosque nativo. Pero, a partir de 2000, se ha ido reduciendo la actividad fiscalizadora.
El control carretero, imprescindible en la región para la detección del transporte ilegal de maderas, se ha reducido en el 600% entre 1998 y 2003. Esto es muy importante, porque en 1996 un equipo de profesionales, entre quienes se cuenta, materializó un proyecto de fiscalización que creó una unidad de control en cada una de las provincias de la Décima Región.
Ese proyecto, muy exitoso, basado en el decreto supremo Nº 87, daba la posibilidad de supervisar el transporte carretero y centraba toda su efectividad en la información que proporcionaba ese control carretero, en función de que la persona estaba obligada a timbrar las guías que iba a movilizar. Por lo tanto, la fiscalización apuntaba, justamente, a los predios con mayor actividad. Eso, en la práctica, ha desaparecido de la región, como producto de una gestión regional que no valorizaba el trabajo desplegado en el control carretero.
El personal destinado a labores de fiscalización en forma exclusiva ha disminuido de 23 profesionales, en 2000, a 13, en 2004. De los 13, aproximadamente 9 están en calidad de contrato a suma alzada, con ninguna de las garantías del resto de los trabajadores de la Conaf. Aun cuando, como sindicato, denunciaron en los tribunales la injusticia cometida contra estos trabajadores y obtuvieron un fallo favorable a ellos, que obligaba a la Conaf a incorporarlos en el régimen del resto de los trabajadores, la Conaf apeló y desde hace seis meses esperan el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones.
El presupuesto del Departamento de Administración Forestal y Fiscalización, que controla los planes de manejo, ha decrecido en el 40% entre 2000 y 2003.
La fiscalización efectiva de la tala ilegal tiene que ver también con las sanciones. En la conservación de los bosques de alerce están involucradas otras instituciones públicas, entre ellas las relacionadas con las sanciones y los juicios que se llevan a cabo, como producto de las denuncias hechas por la Conaf. Hay un porcentaje de fallos condenatorios que alcanza el 31%; el 1%, corresponde a amonestaciones; el 10%, a sobreseimientos; el 35%, a fallos pendientes, incluso desde la década del 80; el 23% está sin información, es decir, no se sabe en qué estado se encuentra la causa. Gran parte de las multas de los fallos condenatorios son conmutadas por reclusión nocturna.
La visión de los trabajadores respecto de la conservación de los bosques de alerce es que, si bien el problema existe, es necesario contextualizarlo en el lugar efectivo donde está sucediendo, que es un predio llamado Cordillera Río Blanco, parte sur, en la comuna de Fresia.
Se trata de un lugar tan extraordinariamente particular, que la Conaf, después de haber denunciado la corta ilegal de 2.500 árboles de alerce verde en esa área, recibió, acerca de esta misma superficie, una presentación, por parte del propietario, de un plan de extracción. La Conaf demoró diez meses en denegarlo, en circunstancias que debió haberlo hecho a la semana siguiente, porque así lo proponía el informe de los profesionales técnicos.
Hizo presente que, en esta presentación, los iba a acompañar el señor Carlos Poblete, ingeniero forestal, jefe encargado de fiscalización en la Décima Región, pero la dirección regional le negó la autorización para que lo hiciera, porque estimaba inconveniente que él concurriera.
Sobre las remuneraciones de los fiscalizadores, señaló que la situación de estos trabajadores no es ni a contrata, ni a honorarios. Ellos tienen un contrato laboral regido por el Código del Trabajo. No están sujetos a la ley del Nuevo Trato Laboral ni a la ley de modernización del Estado. Se inició un juicio en 2001 y la resolución del juzgado, de 2003, establece que son funcionarios de la Conaf con contrato indefinido, en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, esta marginación realizada por la Conaf es ilegal. Ella está obligada a darles las mismas garantías que a cualquier trabajador de la planta.
En cuanto a por qué hay tantos fallos pendientes y si esa situación justifica modificar la legislación, informó que todas las causas entran al juzgado de policía local, y éste debe estar absolutamente saturado con ellas, con las infracciones de tránsito y con otros juicios. Además, se trata de una materia que los actuarios desconocen totalmente. Por lo tanto, cuando quieren tomar una determinación, llaman a ratificar las denuncias o a que se les den señales acerca de cómo pueden resolver, porque, en la práctica, no poseen el conocimiento técnico para cumplir de buena forma su gestión. Igual cosa les sucede a los jueces de policía local.
Son trámites que tardan mucho tiempo. Por ejemplo, en la semana pasada, tuvo que ir a declarar, justamente, por un caso de alerce. La denuncia se formuló en “parte” del año pasado y tan sólo ahora se está ratificando. Ésa es la realidad, y ello depende exclusivamente de los juzgados y no de los trabajadores.
Consultado, sostuvo que la demora de diez meses en denegar el plan de extracción es una situación absolutamente anormal. No debió ocurrir que, ante una situación in fraganti de corta ilegal del propio propietario del predio denunciado, se haya actuado de esta manera. La Conaf emitió los “partes”, denunció y dio a conocer a los tribunales de justicia esta corta ilegal. Al mes siguiente, el mismo propietario que denunció la corta presentó el plan de extracción de maderas muertas de alerce sobre la misma superficie en que se había perpetrado la corta ilegal. Ante ese hecho, el informe técnico del Departamento de Administración y Fiscalización Forestal concluyó que había que denegar dicho plan; por lo tanto, no debió haber pasado tanto tiempo.
En el entretanto, al propietario se le debe haber señalado que en las condiciones en que presentó el plan de extracción de maderas muertas que involucraba la superficie, se le iba a denegar. En consecuencia, se le dio la opción de que lo retirara. En este caso, el propietario, además, cambió la superficie y modificó el plan de extracción. Por ello, se estaba ante una situación distinta, por lo que la Conaf le debería haber cobrado como le cobraría a cualquier otro ciudadano, pero eso tampoco ocurrió.
En esos diez meses, los antecedentes se pasaron desde el Director Regional al Jefe Provincial de Llanquihue, quien tiene la facultad de firmar la resolución denegatoria. Consideró que algo había sucedido ahí, porque era un hecho que no tenía explicación. Finalmente, el plan de extracción fue denegado, porque había cortas ilegales y otras situaciones excepcionales que justificaban su rechazo.
El trabajo que se ha estado concretando en Osorno inicialmente implicó mucho esfuerzo para los trabajadores de la oficina provincial de esa ciudad. Ha sido difícil emprender esta actividad a partir de 1998. En su momento, no se contó con la aprobación de la Dirección Regional. Fue muy difícil introducir esa modalidad, al no existir una política de fiscalización preventiva. Por eso, existe una diferencia entre lo que está haciendo Osorno y lo que hacía Llanquihue. A ello se agregan las dificultades propias del sector de Fresia, las ocupaciones ilegales de los predios Esperanza Norte y Sur y Cordillera de Río Blanco, parte sur, todo lo cual hace muy dificultoso iniciar estas acciones.
En lo referente a si cuentan con información sobre presiones políticas, puntualizó que, como trabajadores, no tienen certeza de esa situación. Como en todo orden de cosas, existen rumores de que “podrían existir” presiones. Pero no tienen convicción fehaciente de un hecho de esa naturaleza.
Como presidente del sindicato en la región y como encargado de la fiscalización de su provincia, jamás ha recibido presiones para proceder de una u otra forma. Como no trabaja específicamente en la provincia de Llanquihue, desconoce si esas presiones políticas han existido o no han existido. Como trabajador responsable, no podría aventurarse a dar una opinión, sin antecedentes fidedignos que permitieran llegar a una conclusión de esa índole.
El señor Raúl Molina, Presidente de Fenasic, hizo presente que la Conaf es una corporación de régimen jurídico de carácter privado. Por lo tanto, si bien es cierto se le han encomendado responsabilidades a través de diferentes leyes, los trabajadores no tienen la potestad para ejercer sus funciones básicas, especialmente la labor de fiscalización, que les ha sido atribuida por diversas leyes.
Los fiscalizadores requieren del expreso permiso de los dueños de los predios para poder ingresar a ellos. En muchas oportunidades, los propietarios han expulsado a balazos a los fiscalizadores, quienes arriesgarse su vida por cumplir su cometido. Por ejemplo, un guardaparques no puede cursar infracciones ni citar a un juzgado a quien haya robado una especie forestal en peligro de extinción, y no sólo de flora, sino también de fauna. También hay otras labores que requieren potestades públicas, como las fiscalizaciones ambientales, la protección contra incendios forestales y las prospecciones fitosanitarias. Sin lugar a dudas, necesitan estas potestades para ingresar a los predios y fiscalizar como corresponde.
Por supuesto, la posición remunerativa de los trabajadores de la Conaf agrava más la situación, porque es, aproximadamente, el 40% más baja que la de sus similares del Ministerio de Agricultura. Entre 1996 y 1997, se inició el proceso hacia una nueva institucionalidad forestal pública. Se formuló un proyecto, con poca participación de los directivos de la Corporación Nacional Forestal y, por supuesto, sin ninguna participación de los trabajadores.
En resumen, se pretendía crear la Subsecretaría Forestal, el Servicio Nacional Forestal y mantener en su actual condición jurídica a la Corporación Nacional Forestal, especialmente con las funciones de conservación y protección. Los trabajadores organizados concurrieron a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Se consiguió firmar un protocolo de acuerdo con el Director Ejecutivo de la época, el que el Diputado señor Exequiel Silva, Presidente de dicha Comisión, firmó como garante.
En el punto segundo, se manifestaba la extrema necesidad del Estado de contar con los instrumentos de potestades públicas para los efectos de ejercer una cada vez más eficaz fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan la actividad forestal. Ahí hay un tema de fondo pendiente y que hoy se refleja en la crisis de este sector.
El punto tercero indicaba el acuerdo de las partes acerca de la necesidad de perfeccionar el proyecto y establecer con claridad el rol de la Corporación Nacional Forestal en la nueva institucionalidad, asegurar su estabilidad y proyección y, por otra parte, garantizar los derechos de los trabajadores en el proceso de cambio y su permanencia laboral en el tiempo.
El proyecto pasó al Senado, en segundo trámite constitucional. Con el Ministro de Agricultura, Jaime Campos, se concordó una mesa de trabajo para revisar la ley N° 18.348 y formular un nuevo proyecto a través de indicaciones sustitutivas. El acuerdo fue que, a más tardar, en junio de 2001, las indicaciones serían enviadas al Congreso Nacional, cosa que no ocurrió.
Después de una movilización en reclamación contra los reiterados incumplimientos de parte del Gobierno para con los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, que duró alrededor de veinticinco días, se logró constituir una mesa de trabajo interministerial, en la que participaron los Ministerios de Hacienda, de Agricultura y Secretaría General de la Presidencia.
La mesa se constituyó de acuerdo con el compromiso del Ministro de Agricultura; pero, lamentablemente, no participó ningún integrante del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no se logró la decisión final para informar sobre los presupuestos asociados a las indicaciones sustitutivas y, una vez más, las indicaciones no fueron enviadas al Congreso Nacional, a pesar del compromiso del Gobierno.
El malestar y la preocupación los trabajadores los han reiterado en tres cartas dirigidas al Presidente de la República, con una completa información y una síntesis de todo el proceso de cambio de la nueva institucionalidad; pero, por desgracia, tampoco obtuvieron respuesta.
En 2002, celebraron una reunión con el Ministro de Agricultura, en la que le hicieron ver su gran inquietud por los reiterados incumplimientos de parte del Gobierno. El Ministro, en un documento que les envió en la misma fecha, destaca que el Presidente ha designado al ministro de Hacienda para que éste designe la persona que debe encabezar el análisis correspondiente, y que la responsabilidad ha recaído en la Subsecretaria de esa Cartera.
En verdad, nunca recibieron noticias. Parece que nunca se constituyó esa comisión que encabezaría la Subsecretaria. Por lo tanto, todavía no existe el análisis de esa Secretaría de Estado para informar respecto de los recursos asociados a las indicaciones.
En reunión posterior con el Ministro de Agricultura, en diciembre de 2003, en la que le reiteraron la preocupación y la reclamación por los compromisos incumplidos, el Ministro fue categórico en manifestar que, si no se concretaba la propuesta después de los plazos que el propio Presidente de la República propuso y se mantenía esta situación más allá de enero de 2004, los apoyaría con un proyecto de ley misceláneo para mejorar las remuneraciones, lo que, hasta la fecha, tampoco ha ocurrido.
Reiteró la preocupación de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal en esta materia. Si bien es cierto que se han cometido algunos errores, a lo mejor por omisión o porque ha habido tala ilegal del alerce en el sur, son casos muy menores comparados con el compromiso asumido por el Estado de Chile en el sentido de otorgar al país una institucionalidad forestal pública capaz de dar cuenta, no sólo de las necesidades de la ciudadanía, sino también de los compromisos internacionales que el Gobierno ha contraído, los cuales no ha podido cumplir, debido a las deficiencias que muestra la institución.
6.Corporación Nacional Forestal de la X Región de Los Lagos.
a)Director Regional.
El señor Pedro Bahamondez, Director Regional, se refirió a la aplicación del decreto supremo N° 490 en la Región y cuáles son las tareas realizadas, atendido que la Región de Los Lagos es la única en Chile que cuenta con la presencia del recurso alerce.
Recalcó que la problemática va mucho más allá del ámbito productivo, ya que, de alguna u otra manera refleja connotaciones históricas y culturales. Al respecto, no sólo se ha afectado al sector productivo, sino, principalmente, a las comunidades indígenas, tanto en la cordillera de la Costa como en la zona de Hualaihué.
Por otra parte, el 47% del alerce está bajo protección, ya sea a través del Sistema de Áreas Protegidas del Estado o del ámbito privado. El decreto supremo Nº 490, que le reconoce la categoría de “monumento natural” y, por lo tanto, prohíbe su corta y destrucción, nace como consecuencia de una exigencia internacional de convenciones suscritas por Chile, en especial, la Cites, en 1975.
En ese contexto, si bien la normativa como tal, desde el punto de vista del procedimiento parece perfecta, evidencia falencias en su aplicación. Sin perjuicio de ello, como acciones del Estado, en particular de la Conaf, en esta época se han creado los principales “parques nacionales” que dan la mayor cobertura a la protección de la especie del alerce, como es el caso de los “parques nacionales” Alerce Andino, Chiloé, Hornopirén y Lahuén Ñadi, los que, en suma, salvaguardan entre el 60% y el 70% de lo que en la actualidad, como sistema propiamente tal, está resguardado por el Estado.
Sin perjuicio de lo señalado, como institución, la Conaf se ve enfrentada a aplicar el decreto supremo Nº 490, en particular frente a una relación histórica en la que la situación del alerce estaba asociada a incendios y bajo condiciones locales. Dentro de las falencias del decreto supremo N° 490, estaba la pena máxima que establecía para cualquier infracción, no sólo de transporte, sino también de toda magnitud de corta. Era una multa máxima de seis sueldos vitales anuales, esto es, de una cantidad no superior a los 600 mil pesos.
Se ha interpretado la ley, desde el punto de vista del ámbito local, determinando que las cortas como tales se asocian a las establecidas en el decreto ley N° 701, en el entendimiento de que son ejecutadas básicamente sin plan de manejo. Asimismo, a través de una resolución de 1988, se dispuso la prohibición de planes de extracción de madera muerta proveniente de incendios forestales. Hay una serie de elementos que se van resolviendo regionalmente, frente a las limitaciones de la propia normativa.
En la región, la década del 90 estuvo marcada por el tema de la exportación de astilla. La figura destacada de la alteración o del mal uso del recurso consistió en la producción del metroruma. Como figura icono, existió el cerro de astilla prácticamente en el centro de la ciudad de Puerto Montt. El año 1997 señaló el peak de las exportaciones. El 30% de las astillas que exporta el país sale de la región. De esa cifra, el 77% de lo que se obtiene regionalmente se origina en el bosque nativo.
En ese contexto se desarrolla la fiscalización, particularmente desde la perspectiva de la Conaf. La exportación de astillas desaparece a contar de 2000. Hoy, en el nivel regional, no se exportan astillas derivadas del bosque nativo. Las exportaciones que se materializan desde la región corresponden a la especie eucalipto.
Regionalmente, esta evolución del sector coincide con el cambio de administración. Las decisiones adoptadas en ese momento se encuadran en el marco político institucional. La primera se integra en el proceso de estrategia de desarrollo regional como una condición sine qua non. A través de la preocupación de la autoridad administrativa local del Intendente, se incentiva la creación de una instancia Coredefor que agrupa a los distintos actores regionales del sector, tanto productivos como académicos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores, de manera de construir una visión única de lo que debería ser el sector en 2010.
Como consecuencia de esta comisión, se logró modificar el reglamento del decreto ley N° 701, lo que permite simplificar los trámites de incorporación en los beneficios del citado cuerpo legal, en especial en la bonificación; minimizar las exigencias técnicas para que la región sea incluida dentro de los beneficios de la forestación, y cohesionar al mismo Coredefor.
El desafío es crear una propuesta de adelanto, la cual se transforme en un documento donde se establezcan nuevos objetivos estratégicos. Uno de ellos es la promoción de la protección de los ecosistemas forestales, en cuyas líneas de acción se encuentra la elaboración de un plan integral de fiscalización regional, sobre todo para las especies protegidas. Desde la perspectiva institucional, la Conaf cumple con actividades que contribuyen al progreso local y, en particular, a originar impactos en las localidades y comunidades.
Ese documento, inserto dentro de la operación de mejoramiento forestal para la región, fue avalado por los Seremis de Agricultura y de Planificación y Cooperación. En cumplimiento de este mandato de estrategia regional, avalada políticamente por el Intendente Regional, se pone en marcha el plan de protección del alerce, bajo los conceptos actualmente exigidos, mayormente gracias a la actuación del sector público, enmarcado en las leyes de modernización del Estado y de Nuevo Trato.
La puesta en aplicación de dicho plan no sólo considera la necesidad de ir más allá del quehacer institucional y del marco normativo en que se actúa, sino también el establecimiento de algunas variables de formación, como la revisión del proceso de fiscalización. Sin perjuicio del cambio histórico o de comportamiento que ha tenido el sector forestal desde 1990 hasta la fecha, hay algunos elementos que es importante dejar establecidos.
Gran parte del control está basado en una estructura presupuestaria que no es única. Una porción notable de la fiscalización se ha sustentado, desde 1992, en partidas de transferencia.
Una de las falencias del marco normativo es la participación de los distintos actores en las labores de fiscalización y protección del alerce, lo que ha motivado el imperativo de mejorar la colaboración interinstitucional. Además, desde el punto de vista mediático, durante la década del 90 surgieron temas conflictivos que marcaron la situación del alerce, los que se centraron en su tala ilegal en los predios privados Cordillera Río Blanco y Esperanza Norte.
El Plan de Protección del Alerce es coordinado y presidido por el Intendente de la Décima Región, en coordinación con el Seremi de Agricultura. En él actúan la Gobernación Provincial, el Servicio de Impuestos Internos, Carabineros de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero.
Sus objetivos son los siguientes:
Elaborar una propuesta para la modificación del decreto supremo Nº 490, de 1976, y el decreto ley Nº 701, sobre Fomento Forestal, instrumentos normativos que prescriben la protección de la especie.
Establecer un convenio con la Universidad Austral de Chile, instancia especializada históricamente en la materia, a fin de determinar las áreas críticas en la cordillera de Río Blanco, en especial en las comunas de Fresia y Purranque.
Determinar la disponibilidad de alerces para ser utilizados bajo el concepto de madera muerta y las condiciones en que debe llevarse a cabo su extracción.
Mantener una labor mancomunada interestatal, con instancias como la Conaf, el Servicio de Impuestos Internos, Carabineros de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero. En una primera fase, se dispone un trabajo de vinculación entre esas instituciones para analizar y enfrentar la situación; finiquitar las causas pendientes en los tribunales agrarios; intensificar y perfeccionar el control del transporte de madera, tarea que corresponde a Carabineros, que es la entidad mandatada para el control de las guías de libre tránsito; realizar auditorías contables a los actores de la cadena de comercialización del alerce, procedimiento primordial para conocer cuál es la cadena de comercialización normal de la especie, entendiendo que, por defecto, se puede identificar su venta ilegal; transferir información a las distintas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos, mediante la creación de bases de datos comunes que puedan ser intercambiadas y permutar experticia con otros organismos asesores o coadyuvantes, como Carabineros.
Esas labores se han realizado no sólo con Carabineros, sino también con la Armada, y se han practicado por el movimiento del tráfico de alerce en los sectores de Hualaihué y Bahía Mansa. Este plan de protección no se ocultó, pues tuvo alta cobertura de difusión. Se informó de él a distintas instancias.
Las tareas ejecutadas por la Conaf bajo este plan, especialmente los controles de los centros de acopio, las inspecciones prediales de marcación y las denuncias judiciales, están asociadas a sus resultados. Se produjeron resultados y las infracciones generaron acciones judiciales.
El cometido del Servicio de Impuestos Internos, por el traspaso de información de la Conaf, en particular de las guías de 1999 a 2001, constituyó 21 casos. Dio como consecuencia el cobro de impuestos del orden de 19 millones de pesos y multas de 42 millones de pesos y la interposición de una querella del Servicio de Impuestos Internos en contra de un contribuyente.
En cuanto al quehacer de Carabineros, se define su estrategia, se incrementa el control carretero en el nivel de caminos secundarios y se constituye una comisión especial para combatir el abigeato y la corta de alerce.
El hecho de contar con una coordinación directa, especialmente entre la Dirección de Carabineros y la Subcomisaría de Purranque, sitúa el problema dentro del área de conflicto. El 90% de los controles de Carabineros se efectuaron en los sectores críticos de la cordillera del Zarao. Se cometieron 14 infracciones.
Las experiencias derivadas del plan del alerce deberían potenciar este proyecto, a fin de fortalecerlo, junto con agregar otros factores, particularmente tanto de orden ambiental como de regularización de la propiedad. Gran parte de los problemas generados en el tema del alerce radica en la debilidad o en la irregularidad de las propiedades de las comunidades involucradas, como también en la falta de acuerdos o de transacciones sociales con estas propias comunidades sobre cómo dar valor y uso a recursos valiosos como el alerce.
Consultado, afirmó que la baja en la fiscalización a contar de 2000 hay que contextualizarla en el escenario en que se encuentra el sector forestal, ya que la actividad que se desarrolla en la región respecto del bosque nativo es hoy prácticamente nula. Entre 1990 y 2000, existió una fuerte presión sobre los recursos del bosque nativo en toda la región, mayormente en las zonas cercanas a embarques, tanto en Valdivia como en Puerto Montt. La Conaf también se focalizó en el control carretero.
Si se revisa la acción sobre el alerce, a modo de ejemplo, entre 1990 y 2000, se formularon cuatro denuncias sobre el conflictivo sector de la cordillera del Zarao. Desde esa fecha a 2004, se han efectuado nueve fiscalizaciones. Actualmente, se ha priorizado y se ha incrementado el control con respecto al alerce.
Por otro parte, ha habido un mejoramiento de remuneraciones muy fuerte a contar de los años 90 hasta la fecha, hasta el punto de que, en un momento, prácticamente, todo el presupuesto del decreto supremo Nº 87, que sustentaba el tema de la fiscalización, estaba dedicado a financiar personal y no operaciones. En ese sentido, es fácil explicar que los gastos operacionales han caído, porque, en este caso, están financiados por el decreto supremo Nº 87, que tiene una estructura relativamente plana desde el punto de vista del aporte presupuestario del Estado. Entonces, en esa dirección, ha habido una baja de recursos dedicados a la operación. El hecho de transformar la tercerización de servicios a la contratación directa de personal ha llevado a que haya estrechez presupuestaria, más que fuertes modificaciones.
Con relación al tema del plan de manejo, hay que dejar establecido que el señor Comandari presentó un primer plan en enero. Como producto de este tema, en relación con las condiciones, los volúmenes involucrados y la determinación que hubo prácticamente la totalidad de la superficie que él estaba solicitando recaía, justamente, sobre áreas infraccionadas, decidió retirar su plan de extracción y presentó otro, pero en otra área. La tramitación de estos dos planes demoró diez meses.
Cuando él tuvo conocimiento de que el plan le iba a ser denegado, pidió su retiro. Incluso, hay una tercera tramitación de un plan de obras civiles que, en una primera instancia, fue denegado y, en segunda, aprobado. Ahora, sobre el predio del señor Comandari, la única autorización que hay vigente es un plan de obras civiles que no ha sido ejecutado.
En cuanto a la compensación del pago de diversas solicitudes de plan de extracción de alerce del predio Cordillera Río Blanco, señaló que ello es posible, siempre que haya involucradas algunas áreas comunes.
En este caso, se le indicó al señor Lisandro Barriga la urgencia de pronunciarse sobre este plan de extracción. Él envió esa documentación a la región, la cual le fue devuelta inmediatamente para que la pronunciación fuera firmada por él. Cuando, como Director Regional, apura ese pronunciamiento, lo hace porque es un tema vigente que podía originar conflictos. Recordó que en ese año se efectuaba la convención Cites, que era la convención internacional más grande que se había llevado a efecto en Chile en los últimos años. Por lo tanto, ese tema no sólo tenía la característica de una tramitación, sino que podría tener connotaciones políticas mediáticas. Por lo tanto, para no dejar ese asunto pendiente, se exigió mayor celeridad en esa pronunciación.
Sostuvo que carece de elementos para juzgar una mala intención. A lo mejor, el Jefe Provincial pensó que, como se lo estaba apurando, debía enviar los antecedentes al Director Regional. Pero los antecedentes le fueron devueltos en forma inmediata, para seguir el procedimiento normal, ya que, en este caso corresponde que el Jefe Provincial se pronuncie.
En cuanto al desempeño de Lisandro Barriga como Jefe Provincial, expresó que se trata de un funcionario de antigua data en la institución. Ha sido Jefe Provincial en Palena. Incluso, fue nombrado en la Administración anterior como Jefe Provincial de Llanquihue. En este momento, su comportamiento se enmarca dentro de lo que debe esperarse de un funcionario de la Conaf. Reconoció la existencia de rumores, pero nunca se han presentado denuncias que acrediten alguna falta.
Los rumores implican, en general, a todos los funcionarios de la Conaf, no sólo a Lisandro Barriga. Prácticamente todos los funcionarios de la Conaf están bajo el rumor de coimas y de cosas de ese tipo. La imagen general de la opinión pública es que los funcionarios de la Conaf son todos unos “coimeados”.
En cuanto a los planes de extracción, afirmó que ellos son revisados con antelación. Los planes de extracción tienen una vigencia de un año. Por ello, es común que haya una solicitud de un plan de extracción por un volumen dado y que no alcance a utilizarse todo. La estadística así lo demuestra, porque hay una diferencia entre los volúmenes autorizados y los transportados. Por lo tanto, la segunda solicitud de extracción muchas veces está supeditada a la experticia de las personas que fiscalizan las actividades que se han ido ejecutando. Entonces, no requiere necesariamente de una segunda visita específica previa.
Cuando el plan de extracción se formula, tiene que seguir su tramitación. Hay una verificación del mismo y hay, prácticamente, una apertura de una cuenta respecto de los volúmenes que deben ser utilizados. Normalmente, la solicitud de extracción no ocupa todo. Reconoció que esa cuenta puede ser vulnerada, si alguien actúa de mala fe. Ésa ha sido precisamente una de las preocupaciones institucionales en el último tiempo. Es decir, es preciso sistematizar toda la información para poder trabajar, incluso en red, de manera de que pueda ser auditable.
Respecto del tema de los taladores, la institución debe dar cumplimiento a la ley. En ese sentido, si se detecta una infracción, hay que denunciarla. Pero, de acuerdo con la ley, son los tribunales los que deben investigar y aplicar la ley. En cuanto a las redes de personas que se benefician de la tala, los tribunales deberán encargar las diligencias necesarias a los organismos policiales, Carabineros o Investigaciones.
En cuanto a los planes de extracción, puntualizó que han mostrado una tendencia a la baja. El recurso alerce ha tenido un comportamiento de uso diferente en el transcurso del tiempo. En el principio, fue fuertemente utilitario en el caso de los sectores rurales, en los que las construcciones se hacían con tejuela. En la actualidad, tiende más al uso ornamental. La tendencia de empleo ha cambiado; por lo tanto, también han variado los volúmenes.
La reducción de controles está asociada a los escenarios. Desde el punto de vista del alerce, si bien hay un problema presupuestario que compromete al recurso personal, los fondos son suficientes para los niveles de intensidad que se aplican en la región. Si se examina la gráfica de las denuncias, el comportamiento que ha tenido en los últimos años es prácticamente homogéneo, a excepción de la situación de 2002. A esto se debe añadir que los controles no los está asumiendo la Conaf por sí sola. Debido al plan de protección, una de las acciones específicas de Carabineros es, justamente, intensificar el control carretero. Sin perjuicio de ello, de los 105 controles realizados, particularmente en las zonas más conflictivas, se cursaron 14 infracciones.
En este caso no sólo está actuando la Conaf con recursos propios, sino que también se están empleando facultades y recursos de otras instituciones. También se está operando en el sector de Hualaihué, pero el de Fresia y Purranque está definido como área crítica, en especial por las condiciones de abandono de propiedades que, al final, se transforman en tierra de nadie.
Por otra parte, dudó de que exista una red ilegal de tráfico de alerce. Pero no pudo desconocer que hay personas que se benefician de las condiciones sociales en que vive la gente del sector del predio Cordillera Río Blanco. Especialmente, los establecimientos de centros de compra se aprovechan de esta situación. Reiteró que no cree que exista una red desde la corta del árbol hasta la exportación de la madera de alerce.
En otro orden de materias, aseguró no haber recibido presión alguna durante su gestión de ningún Alcalde, Diputado o Senador, ni de un bando ni del otro.
En las zonas de Hualaihué, Bahía Mansa y cordillera del Zarao, hay alrededor de 450 familias involucradas, con necesidades de sobrevivencia y hay inescrupulosos que quieren utilizar dichas necesidades. En esto debe realizare un esfuerzo tanto normativo como educativo y, en particular, dar valor a la especie. Se está operando en el sector de Bahía Mansa, con la Federación Indígena de Chiloé. Esta misma se encuentra estableciendo una normativa de uso de esos recursos. En ese sentido, el Plan de Protección del Alerce debe dar los espacios para llegar a una transacción social de utilización del recurso.
Sobre la existencia de alerce muerto en la cordillera de la Costa, en un estudio de la Universidad de Chile de 1983 se habla del orden de seiscientos mil metros cúbicos de madera muerta de alerce.
b)Jefe de Fiscalización.
El señor Carlos Poblete, Jefe de la Sección de Fiscalización, señaló que es ingeniero forestal y que está a cargo de la sección de fiscalización de la Conaf de Puerto Montt, la cual no está dentro del estamento directivo de la institución, sino que es una unidad asesora. Es decir, ese departamento no adopta decisiones, sino que sugiere y coordina. Hizo un posgrado sobre el tema del comercio internacional de especies amenazadas. Asimismo, en 1992, redactó una tesis bastante crítica sobre los sistemas de protección del alerce, que constituye una evaluación y una propuesta de solución de los problemas que identificó. Por lo tanto, su visión acerca del problema del alerce es crítica.
En primer lugar, Chile tiene compromisos internacionales en el ámbito de la protección del alerce. Ésta es una de las 21 especies protegidas por la Convención Cites, sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. De las miles de especies de árboles que hay en el mundo, sólo 21 están protegidas. Una de ellas es el alerce, junto con la araucaria araucana, otra especie emblemática chilena.
Además, el alerce posee el carácter de “monumento natural”, sobre la base del tratado internacional denominado “Convención para la Protección de Flora y Fauna y Bellezas Naturales de América”, conocida comúnmente como Convención de Washington, suscrita en 1967, sobre la cual se promulgó el decreto supremo Nº 490, que otorga al alerce la calidad de “monumento natural”.
Recalcó la importancia de respetar estos tratados internacionales, porque, actualmente, el mundo es sensible frente al tema medioambiental y los mercados internacionales exigen una producción buena desde ese punto de vista.
Respecto del estado de conservación del alerce, hay que partir de la base de que esta especie no es un recurso renovable a escala humana. Es impensable regenerar especies que tienen dos mil o tres mil años de antigüedad con plantas de vivero de un año. Es probable que la comunidad actual no exista cuando éstas sean adultas.
Como el alerce se concentra en Chile y marginalmente en Argentina, el país es el responsable de la protección mundial de esta especie. Los bosques de alerce han sufrido un fuerte retroceso. De hecho, han desaparecido del llano central los alerces que existían entre Puerto Varas y Puerto Montt. El alerce de la cordillera de la Costa, que es el más afectado, se encuentra muy degradado y en un fuerte proceso de fragmentación; está dividido en “bosquetes”.
En lo relativo a si la superficie de bosque se ha incrementado o reducido, puntualizó que la única medición oficial es un catastro del bosque nativo hecho en 1995, cuya actualización, en 1998, reveló una merma de 2.216 hectáreas. Este informe oficial de la Conaf habla de una tasa de disminución del 0,84% en cuatro años. Si esa tasa se mantuviera, en cuatrocientos años el bosque de alerce decrecería en el 84%. Es decir, en quinientos años no habría bosques de alerce.
Por otra parte, la Universidad Austral de Chile, sobre la base de prospectar las áreas donde se hallan raíces y tocones de alerce muy antiguos hay que considerar que es una especie prácticamente imputrescible, llegó a la conclusión de que, desde la llegada de los españoles a Chile hasta el año 2000, la superficie cubierta con bosques de alerces se ha reducido en el 54%, lo cual es consistente con la tasa anterior. Es decir, la mitad de los bosques de alerce se perdió en un período de cuatrocientos cincuenta o quinientos años.
El tercer elemento son los criterios de la convención Cites, que establecen que una especie se encuentra en proceso de extinción cuando, en el lapso de dos generaciones, se ha perdido el 50% de su población.
En una generación de alerce, alrededor de ochocientos o mil años, podría malograrse prácticamente el 100% de la población. La afirmación de que el alerce está en peligro de extinción se sustenta en el criterio científico dado por la convención Cites. Hay que tener en cuenta que el alerce se comporta a escalas no humanas. Es probable que, a escala humana, de setenta u ochenta años, el alerce no tenga problemas de existencia de manera puntual; pero, si esto se lo ve en el contexto de lo que vive una generación de alerces, en una generación puede desaparecer toda la población.
Sostuvo que existe deterioro en los bosques de alerce: hay reducción de su superficie y fragmentación de su población. Entre las causas, destacó la carencia de una política clara para su protección. Ello causa el uso inadecuado de los instrumentos existentes para controlar su extracción y comercio, la insuficiencia de recursos para fiscalizar en forma preventiva y punitiva la actividad sobre sus bosques, lo que origina la ineficacia de las instituciones fiscalizadoras y provoca la debilidad global en el sistema de protección del alerce. A ello también contribuye una normativa imperfecta, en la que hay que considerar las leyes forestales y las deficiencias propias del sistema judicial, como la lentitud de los procesos.
Por otro lado, hizo presente que el uso de la madera de alerce constituye una costumbre muy arraigada en el sur del país, especialmente en las provincias de Llanquihue y Chiloé. Se la utiliza, principalmente, para la elaboración de muebles y adornos, que son muy apetecidos, lo que crea una alta demanda de esta madera.
A lo anterior se suma la falta de conciencia acerca de la necesidad de conservar los bosques de alerce, de los ecosistemas en general y de incentivos para la conservación de especies amenazadas, porque especies como el alerce y la araucaria constituyen un recurso inmovilizado para los propietarios de bosques, razón por la cual no las valoran.
Por consiguiente, si a la gente que está dispuesta a comprar se suma la existencia de propietarios dispuestos a vender, se origina un mercado informal o, en muchos casos, ilegal, ya que contraviene la legislación vigente. Si a esta situación se agregan las debilidades del sistema de protección, no es de extrañarse que se provoquen incendios intencionales y se produzcan talas ilegales.
Por ello, consideró que, bajo este conjunto de problemas, subyace una indefinición valórica nacional sobre protección de los recursos naturales. Chile, como sociedad, no tiene claro cómo debe enfrentar el problema.
En cuanto a los incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal aplicó la política de aprobar planes de extracción de alerce desde bosques incendiados intencionalmente. En el fondo, era un llamado a quemar los alerces, porque la Conaf igual aprobaría los planes de extracción. Esto generó incendios como el de la cordillera del Zarao, en 1998, más los de 1988, en que se consumieron aproximadamente diez mil hectáreas.
En lo atinente al comercio internacional, existe una prohibición de comercializar alerce en el nivel internacional, por lo menos entre los países suscriptores de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, que son prácticamente todos; sólo se exceptúan algunos países africanos, que no compran alerce; Irán e Irak, que tampoco lo adquieren, algunos países que pertenecían a la ex Unión Soviética y Taiwán.
En ese contexto de prohibición, Chile recurre a una excepción de la Convención para exportar alerce, la cual no es bien vista por la comunidad internacional. Por ello, las exportaciones de esta madera se han ido reduciendo, hasta el punto de que en el último cuatrienio sólo Taiwán la ha comprado.
Chile contraviene la Convención, pues ésta exige el dictamen de una autoridad científica independiente para autorizar las exportaciones de alerce. Dicho dictamen debe expresar que la exportación no tiene carácter perjudicial. En los hechos, no existe una autoridad científica como la que ordena el tratado.
En lo tocante a la asignación de recursos para fiscalización, ha habido una política de disminución del personal del Departamento de Administración Forestal y Fiscalización de la Conaf. En 2000, había 48 funcionarios, de los cuales hoy quedan 32. Sólo algunos de esos funcionarios son fiscalizadores a tiempo completo.
Por otro lado, esta reducción de personal ha conducido a que la Décima Región tenga la más alta asignación de superficie de bosques en alta prioridad de fiscalización por funcionario, llegando a 27 mil o 28 mil hectáreas de bosque en donde hay más cortas ilegales y actividad extractiva.
Por lo mismo, el financiamiento del departamento donde está incluida la fiscalización se ha reducido en el 40% entre 2000 y 2003. Estas cifras pueden ser manejadas, puesto que en las presentaciones que ha visto de la Dirección Ejecutiva se incluyen presupuestos que no fueron incorporados dentro de los planes de acciones anuales, que son las declaraciones de intención sobre cuántos son los recursos que se van a poner a disposición de la institución para ejecutar la fiscalización.
Un efecto claro de estas reducciones presupuestarias es que ha habido momentos en que la disponibilidad de recursos para que los fiscalizadores salgan a terreno no alcanza a más allá de cuatro días por mes. En otras palabras, la gente que tiene que revisar en terreno cómo se está cumpliendo la legislación forestal pasa sentada en su escritorio dieciocho de veintidós días hábiles, debido a la escasez de presupuesto.
También, a causa de razones presupuestarias, la capacidad de la Conaf para revisar las tramitaciones que requieren inspección de terreno es de alrededor del 35%. O sea, de cada 100 tramitaciones que presentan los interesados, la Conaf puede concurrir a terreno sólo en 35 oportunidades. En el caso específico del alerce, dos de cada diez veces la Corporación puede cumplir con las solicitudes de movilización hacia predios autorizados. Es decir, en ocho casos, la Conaf no sabe realmente si el alerce se está sacando de predios autorizados y si realmente se trata de madera muerta.
Por otra parte, las inversiones prediales para la detección de cortas ilegales se han reducido en el 30% en los últimos años. Entre 1996 y 1998, se hacían por lo menos 500 inspecciones prediales para comprobar y denunciar cortas ilegales, pero en los últimos años esa cifra ha bajado a 350. Existe una correlación positiva entre el número de inspecciones y las cortas ilegales que se detectan. En consecuencia, como se están haciendo pocas inspecciones, quiere decir que hay cortas ilegales que no están siendo detectadas.
Las inspecciones de control y de cumplimiento de planes de detección de la corta de alerce están por debajo del 20%. Anualmente, se extienden entre 80 y 100 autorizaciones para extraer alerce, pero sólo hay capacidad para fiscalizar 15 ó 20. Debido a la falta de fiscalización, es muy probable que haya infracciones que no estén siendo detectadas. El control carretero, que se ha esgrimido como una de las actividades que desarrolla la Conaf, ha decrecido en el 600% entre 1998 y 2003.
En consecuencia, las cortas ilegales de alerce se han quintuplicado en los últimos cuatro años. Entre 2000 y 2003, el promedio anual de corta de madera de alerce es cinco veces superior al promedio anual de lo que se dio en toda la década entre 1990 y 1999.
Además, en el trabajo judicial que se ha hecho sobre el alerce para conseguir sanciones para las infracciones detectadas, los resultados son bastante magros. De todas las causas iniciadas por infracción de la legislación forestal, no se llega más allá del 31% de fallos condenatorios; y, de ese 31%, hay muchas multas conmutadas por reclusión nocturna; es decir, no se consigue una sanción ejemplarizadora.
Por ello, sugirió recuperar la labor preventiva, como las campañas públicas de uso responsable de la madera de alerce, que alguna vez se hicieron; la certificación de origen, es decir, que quien compre muebles o tejuelas de alerce para una techumbre la exija. Eso se puede lograr mediante sensibilización. Hay que potenciar los programas gubernamentales de desarrollo comunitario, como los que se ejecutan en San Juan de la Costa, que son labores que no responden a políticas de la Conaf. Son iniciativas personales exitosas, pero personales.
En lo concerniente a convención Cites, hay que poner fin a la exclusión del alerce de la cordillera de la Costa de las disposiciones del tratado. Es necesario que se nomine a una autoridad científica en flora maderable, de manera de brindar credibilidad intencional.
Hay muchas actividades que se pueden realizar en colaboración interinstitucional para potenciar el tema de la fiscalización, a saber: con el Servicio de Impuestos Internos; se pueden lograr buenas experiencias con el Consejo de Defensa del Estado en las acciones por daño ambiental; con el Ministerio de Bienes Nacionales, en el saneamiento de títulos de terrenos fiscales donde hay alerce; con la Universidad Austral de Chile, a través de sus estudios dendrocronológicos para fechar la muerte del alerce, a fin de determinar si la tala ha sido legal; con la Conama, mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental, para establecer medidas mitigadoras de las obras que afectan al alerce; con el Servicio Agrícola y Ganadero, en lo relativo a sus divisiones prediales que involucran alerce; con Carabineros, en el resguardo policial para labores de fiscalización.
En la operación de fiscalización, hay mucho por hacer en alerta temprana. A estas alturas, se deberían usar imágenes satelitales para detectar cortas ilegales. Se puede actuar con la precisión de las imágenes satelitales. Además, hay que abarcar el tema del control de los centros de acopio, consumo y transporte, que ha efectuado la Conaf, pero sólo excepcionalmente, puesto que no es una política institucional.
En relación con eso, es indispensable la verificación física, en terreno, de los planes de extracción de alerce y de las guías de libre tránsito, en un porcentaje que realmente dé confianza en que la madera que se está movilizando es legal y no es madera verde. Asimismo, se debe operar el decomiso y el remate de los productos ilegales. Muchas veces los productos quedan en los predios y se pierden, o bien quedan en manos de los infractores que usufructúan de ellos.
Del mismo modo, estimó necesario tratar de recuperar el presupuesto y la dotación de personal acordes con estas tareas, que se tuvieron hasta el año 2000, por lo menos.
En la aplicación del decreto supremo N° 490, hay algunas medidas que no se están cumpliendo y que es conveniente poner en práctica en plenitud. Entre ellas, están definir las áreas susceptibles de explotación en la región con respecto al aprovechamiento del alerce; establecer legalmente un año límite de muerte de especímenes aprovechables; determinar los contenidos del Plan de Extracción de Alerce Muerto, por cuanto es un documento que tiene muy poca profundidad y que requiere ser tecnificado y, por último, informatizar los procedimientos administrativos sobre el alerce.
Respecto de la aplicación del decreto ley N° 701, que tiene que ver con las sanciones que se imponen con respecto al alerce, propuso solucionar las debilidades en el seguimiento de las causas judiciales en el trabajo de los abogados, para conseguir mayores sanciones y fallos más contundentes que los que se están logrando ahora. Asimismo, propuso incentivar el efectivo cobro de las multas a través de las acciones ejecutivas que establece la ley sobre procedimientos ante los juzgados de policía local.
En lo que atañe al manejo de la información, uno de los grandes problemas que presenta el asunto del alerce es que existe mucha ambigüedad, una gran nebulosa sobre las cifras, volúmenes, cantidad de autorizaciones, superficies. Por ende, es menester elaborar estadísticas confiables y consistentes, destinando recursos para ello, a efectos de que la sociedad tenga confianza en que las cifras que se están dando a conocer son reales. Por último, hay que establecer una política de transparencia extrainstitucional.
Consultado, aseveró que la reducción de personal se debe a la falta de recursos, porque, globalmente, la Conaf ha mantenido el mismo nivel de fondos desde 2000 hasta la fecha. Pero, en el caso de la Región de Los Lagos, el presupuesto para fiscalización se ha disminuido significativamente, por lo que, al parecer, se trataría de una política.
Aclaró que las causas judiciales son defendidas por abogados externos contratados por la Conaf. El decreto ley N° 701 establece que lo que se recaude por concepto de multas, en el marco de la legislación forestal, va a las municipalidades, y que los decomisos son a beneficio de la Corporación Nacional Forestal, entidad que debe rematarlos e ingresar a su patrimonio los dineros que se perciban por ese concepto.
En cuanto al daño que ocasionan los incendios, sostuvo que éste es profundo, quizás más devastador que las cortas ilegales en sí, porque muchas veces las cortas son selectivas. Se cortan los árboles de aquí y de allá y se dejan algunos ejemplares en pie.
En el país, todos los incendios son provocados por la acción del hombre. Algunos son casuales y otros intencionales. En el caso del alerce, es evidente que son intencionales, puesto que era uno de los mecanismos para aprovechar la madera de árboles que antes estaban vivos y no podían ser aprovechados.
Manifestó que el sistema más exitoso en el mundo es el de la certificación forestal. Se trata de promover entre los consumidores la costumbre de exigir la acreditación de origen respecto de lo que está comprando, ya se trate de una mesa, una puerta, un objeto artesanal o un escritorio. El sello verde está en boga en los países del primer mundo y es uno de los problemas que afronta Chile actualmente, porque las exportaciones deben acreditar que la producción fue ambientalmente buena. Declaró que ésta es la mejor estrategia de control de la ilegalidad.
Si bien la detección satelital es un control caro, puede abarcar no sólo el área forestal, sino también la de los recursos naturales no renovables, como en el caso de la minería. Por lo tanto, puede darse que, en el largo plazo, no sea tan costoso.
Respecto de si antes de otorgar las autorizaciones de extracción se va a terreno, precisó que, tras la crisis, eso se está haciendo, es decir, desde el período en que se efectuaron las grandes cortas ilegales, a fines de 2001.
Consultado acerca de si conoce algún tipo de presiones políticas, por ejemplo, de parte de los propios solicitantes, para autorizar planes de extracción, afirmó que no tiene conocimiento de que se hayan efectuado presiones para autorizar planes de extracción.
En lo relativo a si el sistema de cuentas que maneja la Conaf es vulnerable, afirmó que sí lo es. En el caso del alerce, hasta hace un año se llevaba un sistema de tarjetas confeccionadas a mano. La persona encargada de llevar las cuentas corrientes de los volúmenes autorizados tenía limitaciones, pero no hubo voluntad para poner a alguien más eficiente para cumplir esa función. Los errores que cometió han hecho imposible, hasta ahora, la elaboración de estadísticas. Debido a lo anterior, hace un año, con los recursos propios de la Décima Región, se decidió emprender la tarea de informatizar las cuentas corrientes de los volúmenes de alerce movilizados. Sin embargo, como se contaba con pocos recursos, el “software” que se creó puede ser fácilmente vulnerado.
c)Jefe Provincial de Llanquihue.
El señor Lisandro Barriga, Jefe Provincial de Llanquihue, dio a conocer algunos antecedentes relativos al quehacer de la oficina provincial de la Conaf que dirige. La gestión territorial comprende toda la provincia de Llanquihue y, además, la comuna de Hualaihué. En total, administra alrededor de 1 millón 800 mil hectáreas de bosques, de las cuales aproximadamente 970 mil, el 55%, corresponden a bosque nativo.
Uno de sus roles es la administración del Snaspe, que está constituido por parques nacionales, reservas y monumentos naturales, con una extensión aproximada de 375 mil hectáreas, de las cuales alrededor del 10% tienen bosques de alerce. De acuerdo con la distribución espacial, los parques nacionales y los bosques nativos están ubicados, principalmente, en las cordilleras de la Costa y de Los Andes. El alerce se concentra mayormente en la provincia de Llanquihue y en la comuna de Hualaihué.
El “parque nacional” más importante es el del Alerce Andino, que concentra más de 20 mil hectáreas con esta especie y llega hasta el estuario de Reloncaví, donde también habita una fauna protegida. El Parque Nacional Hornopirén es un lugar muy prístino y poco visitado. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará recursos para que sea más visitado por los turistas. Tiene alrededor de 8.500 hectáreas de alerce y lugares de extrema belleza.
El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el más visitado del país, con alrededor de 300 mil turistas al año. Recientemente, se inauguró un centro invernal que ocasiona mucho trabajo. Este parque tiene muy poco alerce, pero grandes conflictos en su interior, porque hay ocupantes de terrenos fiscales y propietarios dentro de su perímetro.
Otra actividad que se despliega son los proyectos sociales. Hay convenios de forestación con pequeños propietarios, en terrenos en los cuales nunca nadie se había interesado. Son suelos situados en la zona de Calbuco y en el camino a Pargua, cerca de Puerto Montt. Se ha tratado de convencer a los pequeños y medianos propietarios para que realicen plantaciones y les presten atención fitosanitaria con carácter especial.
Estos proyectos sociales están relacionados con un largo trabajo ejecutado con los municipios de Fresia y Los Muermos y consisten en atender a pequeños propietarios para que se inserten en el marco legal de la actividad forestal, mediante la realización de planes de manejo, el trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio, a fin de sanear los terrenos, a efectos de no tener que estar visitando el lugar sólo para cursar infracciones.
Asimismo, esto sirvió de base para que Chile, cuando firmó un convenio de colaboración en materia de manejo del bosque nativo con el gobierno alemán, estableciera dos proyectos relacionados con la conservación y el manejo sostenible del bosque nativo en la zona de Fresia y Los Muermos. Ambos proyectos se han desarrollado gracias a la disponibilidad de mayores recursos, con lo cual se pudo manejar el bosque nativo y lograr un acercamiento con los pequeños propietarios. Ese bosque tiene alerce y, principalmente, especies forestales siempre verdes.
Por otra parte, la actividad más importante que se lleva a cabo es la administración del decreto ley N° 701 y del decreto supremo N° 490. Debido a este último, la Conaf tiene la obligación de aprobar todos los planes de extracción de alerce muerto en la zona. Se deben cumplir una serie de requisitos para que sean aprobados. Una vez que lo son, se entrega, en acto administrativo, la guía de libre tránsito, con lo cual los productos del plan de extracción del alerce muerto pueden ser movilizados en terreno.
La explotación de los alerces se autoriza a través de planes de extracción. Sin embargo, para otorgar tal autorización, se deben cumplir otras exigencias legales. Por ejemplo, hay que establecer límites en cuanto al volumen de extracción, presentar un plano y mencionar las características del predio, así como los antecedentes del propietario. Sólo si se llenan estos requisitos, se autoriza el plan de extracción y se despachan las guías de libre tránsito.
Respecto de estas últimas, antiguamente se autorizaban a través de un mero acto administrativo efectuado en las oficinas de la Corporación. En cambio, en la actualidad, previamente se va a terreno para verificar que la extracción se haga con la debida autorización, inspeccionar que los productos estén en el lugar y provengan de madera muerta, para proceder a marcarlos según su tipo. Son las marcas que se requieren para emitir la guía de libre tránsito, la cual, a su vez, debe contener los antecedentes del propietario y los del transportista, el lugar de destino, los productos autorizados, el lugar donde fueron visados, las fechas de emisión y vencimiento y, finalmente, la firma y el timbre de la Conaf y de Carabineros.
Después de que se han entregado las guías, el explotador puede sacar los productos y hacer el “madereo”, o sea, acercar los productos a la orilla del camino o bien transportarlos en el medio que se señala en la guía.
Otra función que le corresponde realizar a la Conaf es la de fiscalizar la actividad forestal que se lleva a cabo en la provincia, tanto en materia de alerce como de otras especies. Debe investigar las denuncias por corta ilegal, realizar visitas sorpresivas a los predios, verificar el grado de cumplimiento de los planes de manejo. Es decir, cada vez que se presenta un estudio y es aprobado por la Conaf, se chequea el terreno.
Lo mismo ocurre en el caso del alerce. Se marcan, en las áreas afectas, los productos derivados del alerce antes de la emisión de las guías y se fiscaliza en los centros de acopio que los intermediarios mantengan registrado el alerce que han comprado. Por cada salida a terreno, se debe preparar un informe técnico, con respuestas formales a las denuncias, además de las fiscalizaciones programadas, las preventivas y los controles carreteros.
Recalcó que, en 2003, en la provincia de Llanquihue se realizaron 271 cometidos, de un total de 952 en la Décima Región. Ello representa, aproximadamente, el 30% con respecto al nivel regional y, comparado con el nivel nacional, corresponde al 9,6%. Eso significa que estas 271 actividades son mayores que la fiscalización que se hace en las Regiones Quinta, Octava y Undécima. Sólo en la Novena y la Décima Regiones se ejecutan más controles que en la provincia de Llanquihue.
Puntualizó que el cometido consiste en una serie de actividades, tales como el control de los planes de manejo, las marcaciones de los productos en terreno, los controles carreteros, las visitas a terreno, el cumplimiento de los planes de extracción y de la fiscalización.
Los antecedentes del primer semestre de 2004, de la Décima Región, señalan que, de un total de 337 cometidos de fiscalización, la provincia de Llanquihue ha realizado 138, lo cual la sitúa con el 40% de actividades de control en la provincia.
En febrero de 2002, la Conaf denunció todas las cortas ilegales en el área de la cordillera del Zarao. En enero, se hizo la fiscalización a través de un proceso bastante arduo, tedioso y largo. Incluso, fue necesario conseguir presupuesto adicional a través del nivel central, porque se detectó que se trataba de una corta bastante grande. En esa ocasión, no hubo conmoción nacional por el tema. Sólo en octubre o noviembre se dio a la publicidad la noticia, con otros propósitos.
Una vez que fueron conocidos los datos, la Forestal Sarao S.A. presentó un plan de extracción de alerce muerto, a sabiendas de que este asunto debería estar en poder de los tribunales. Se hizo la denuncia y el caso pasó a conocimiento de los tribunales.
Cuando el señor Comandari presentó el plan, se le informó que no iba a poder ser aprobado. Ante ello, pidió un plazo para consultarlo con sus abogados y presentó una carta en donde comunicaba el retiro del plan de extracción. Posteriormente, en julio, efectuó una segunda presentación, que también se denegó, porque no estaba bien hecha. Lo único que se aprobó, de todas estas presentaciones, fue el camino, porque no había razones para denegarlo.
El predio del señor Lagomarsino también ha sido conflictivo por años. En este lugar hay ocupantes por muchos años, con quienes ha habido numerosos problemas. Las sesenta familias que ahí viven trabajaron el alerce hasta que el ministro en visita dio orden de paralizar la extracción. Con ello, se normalizó una situación que, por años, ocasionó graves conflictos, ya que al predio Esperanza Norte y Sur no se podía entrar sin carabineros.
El problema lo constituía la gente que vivía ahí. El señor Vergara, administrador del predio, nunca impidió el acceso. Se cursaron muchas infracciones, pero nunca hubo impedimento de su parte ni del propietario. Sí lo hubo de los agricultores, que permanentemente obstaculizaban el trabajo.
En el caso concreto del predio Esperanza Norte y Sur, la gran corta fue de aproximadamente 112 mil pulgadas. Es la tala más grande que ha habido, con alrededor de 1.200 árboles cortados. Se ha calculado que 125 hectáreas fueron alteradas por esta corta.
La demanda se interpuso en el segundo juzgado de policía local de Puerto Montt. Su sentencia concluyó que los culpables eran algunos trabajadores, quienes, presumiblemente, efectuaron cortas ilegales. Sin embargo, ni el propietario ni el cuidador figuraron con responsabilidad alguna, razón por la cual han apelado.
Relató que es muy difícil identificar a los infractores, porque se niegan a proporcionar datos de su identidad o a exhibir su cédula de identidad. En algunas ocasiones, se les toman fotografías sin que lo adviertan o cuando cuentan con el respaldo de Carabineros. Ese material gráfico se entrega con posterioridad al tribunal, a fin de que lleve a cabo el procedimiento de identificación que corresponda.
Expuso algunas propuestas técnicas para mejorar el sistema. Resaltó que la Conaf cada vez cuenta con menos recursos. Debido a eso, se deben efectuar grandes esfuerzos para cumplir con las funciones. Sin embargo, estimó indispensable que, en los casos de tala ilegal de alerce, todos los predios sean visitados en terreno por personal de la Conaf, antes de emitirse el certificado de aprobación o de rechazo.
Además, resulta necesario marcar la totalidad de los productos en el terreno, antes de emitir la guía. Esto no se está haciendo, porque no hay presupuesto para ello. Con suerte, se ha materializado en las áreas más críticas. Por ejemplo, en el predio Esperanza Norte y Sur se está marcando desde hace dos años, previa constatación de los productos. En otras áreas, como en la colonia Río Sur o en Hualaihué, que son puntos conflictivos, también se practica. Pero eso tiene un alto costo. El presupuesto de estas operaciones es de cinco millones de pesos y una hora en helicóptero cuesta 650 mil pesos.
No hay un presupuesto anual para la situación del alerce. Se debe postular a los proyectos. El año pasado, sólo se adjudicó uno, para obtener fondos y trabajar completamente en el tema del alerce y en el seguimiento de la comercialización. Pero se debe estar postulando año tras año.
Los fiscalizadores tampoco son de planta, sino a contrata, y por los mismos proyectos. Los resultados de la fiscalización son ejecutados por estas personas, que no tienen acceso a beneficios, como los del servicio de bienestar, ni a incentivos dados por la modernización y el cumplimiento de metas. De hecho, algunos han demandado a la Conaf por estos problemas laborales.
Desde 1996, hay dos fiscalizadores en la provincia de Llanquihue, que se contrataron para controlar la actividad forestal en bosques de especies distintas del alerce. El alerce nunca estuvo considerado dentro de la actividad de control de la Conaf. Ellos deberían fiscalizar, entre otras maderas, la del alerce.
El nivel de fiscalización ha ido en aumento. La demanda de la sociedad por la actividad forestal se ha incrementado notablemente, pero ellos siguen con el mismo número de funcionarios.
En la inspección en terreno, se hace una estimación del volumen, pero no se hace una cubicación, como en las plantaciones. En el caso concreto del señor Comandari, él pedía 380 metros cúbicos por hectárea de alerce muerto. Se fue a terreno y se constató que había alerce muerto, pero era mucho menos.
En lo referente a las propuestas para mejorar la actividad, juzgó necesario hacer una inspección predial, al menos, una vez al año. Lo mismo vale para los centros de acopio, es decir, para los intermediarios y para los que están comprando.
Además, se debe actualizar la base de datos a través de un monitoreo, ya sea mediante fotografías aéreas o imágenes satelitales. Se ha de aumentar el control carretero. Para ello, es fundamental trabajar con Carabineros y con el Servicio de Impuestos Internos. Es menester efectuar sobrevuelos, para una detección temprana de las posibles talas ilegales.
Como propuestas administrativas, consideró que los procedimientos en el interior de la Conaf deben mejorar, además de contar con “software” moderno. Por ejemplo, hay que obligar al intermediario a que informe, en un plazo perentorio, sobre las compras que realiza; mejorar la complementación de los servicios públicos; educar y difundir la importancia valórica del alerce en la comunidad; priorizar el combate de incendios.
Primero, se combaten los incendios en los parques nacionales y reservas naturales; segundo, en los caminos, y, finalmente, en las empresas. Pero el alerce no tiene prioridad especial, por lo cual, la oficina de combate de incendios acude de acuerdo con la programación.
Además, el comprador debe tener la obligación de informar a la Conaf acerca de la transacción. Ahora, las personas que compran alerce no son de escasos recursos, sino que pertenecen a un segmento que puede informar a través de distintas vías en forma expedita, como medios electrónicos, teléfono o fax. Tampoco se trata de un agricultor que viva lejos. Por lo tanto, se les puede exigir un poco más, como un compromiso de sociedad.
Otro tema en discusión es la incorporación, en la guía de transporte de libre tránsito, de la boleta de venta, la guía del Servicio de Impuestos Internos o la factura misma, si el negocio ya está realizado e identificado.
Asimismo, la búsqueda de nuevas alternativas económicas del núcleo familiar es fundamental; no se puede pensar que siempre dependerá del alerce para vivir. El grupo familiar debe propender al mayor valor agregado de sus productos. También están los sistemas crediticios para ayudar a estos procesos, ojalá, mediante productos rentables, no madereros, como el turismo.
En el caso del alerce, los catastros se deben actualizar. No se puede tener información que no esté actualizada. Si se quiere hacer un seguimiento, se deben tener fotografías aéreas recientes. Se debe crear un programa del alerce dentro de la Conaf; destinar fondos de otras partes para esta actividad; incorporar los funcionarios fiscalizadores a la planta, como en los servicios públicos. En definitiva, se han de allegar mayores recursos para la contratación de profesionales, gastos operacionales y capacitación.
Por último, en cuanto a las propuestas legales, se debe hacer un cambio jurídico de la situación de la institucionalidad de la Conaf. Es indispensable que sea un servicio público y que sus denuncias sean conocidas por los tribunales del crimen y no por los juzgados de policía local. Las infracciones han de tipificarse como delitos y no como faltas. Se deben elevar las multas actuales.
Además, se debe intentar que sean efectivamente pagadas o que se embarguen los bienes de los responsables, que se requisen los medios de transporte empleados en la corta ilegal o en su comercialización, así como las maquinarias y herramientas respectivas. Finalmente, sugirió hacer responsable al propietario del predio en donde se detecte la tala ilegal de alerce.
7.Policía de Investigaciones de Chile.
El señor Víctor Espinoza, Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente, señaló que su especialidad es la evaluación de impacto ambiental y que, en estos momentos, está asesorando al ministro en visita, don Hernán Crisosto, en el caso de la tala ilegal del alerce en la Décima Región.
La investigación comenzó por un movimiento excesivo de este recurso en esa región. No había correlación entre las guías de libre tránsito que daba la Conaf para mover la madera en la región y en el territorio nacional. La indagación se inició por la falsificación de dichas guías, la cual lleva más de un año.
Apenas el propietario de un predio que tiene alerce solicita un plan de extracción, los ingenieros de la Conaf se presentan en el lugar y certifican que es alerce muerto. Se permite el trabajo sólo en los tocones, que son troncos de alerces milenarios que han quedado en la región. De ellos, se hacen tejuelas, postes, basas, vigas, entre otras cosas.
Luego, se cubica la cantidad de madera por extraer y se inicia la faena. La guía de libre tránsito se puede falsificar, por ejemplo, anteponiéndole un número delante de la cifra original y, como se necesita más madera para completar el cupo de la guía falsificada, clandestinamente se compra más en el lugar. Para ello, se comienza a contactar gente, a colonos de la cordillera de la Costa, y ellos se encargan de matar el recurso vivo de alerce, cortarlo y entregar lo que les piden. En uno de los casos investigados, se estableció que eran 85 mil las tejuelas transportadas y no cinco mil, que era el volumen autorizado.
Hay tres detenidos por falsificación en la región, pero faltan otros. Lo que sucede es que no se ha podido acceder a la cordillera por cuestiones de adversidad climática, pero hay una orden de incautación pendiente del Ministro. Pero a los predios no pueden ir sólo dos personas, porque hay resistencia. Agregó que es posible que el propietario ignore la falsificación de la guía de despacho, que se efectúa por el chofer del camión que la transporta.
Consultado respecto de si existe algún impedimento legal para un buen desempeño de su gestión, sostuvo que la tala ilegal como tal no puede ser investigada, porque no está penada. Para indagar, se ha debido fundar en la figura de la falsificación de instrumento público, en este caso, de la guía de libre tránsito. En tres apéndices del convenio Cites, al que Chile está suscrito desde 1975, se fijan las especies de flora y fauna que están en peligro de extinción, pero, reiteró, la tala como tal no está tipificada como delito.
El sistema es el siguiente. Cuando el dueño de un predio solicita un plan de extracción, los ingenieros de la Conaf visitan el lugar y cubican cuántas pulgadas se puede sacar de los troncos allí existentes. Entonces, luego de extraer, elaborar y faenar los troncos, se tienen que dejar esas maderas puestas en el predio. La Conaf visita nuevamente el lugar, certifica que están faenadas las pulgadas de madera que se autorizaron y hace la marcación de la misma con unos cuños de fierro. Posteriormente, se extiende la guía de libre tránsito.
Explicó que la mayor dificultad se halla en la cordillera de la Costa, en la cual hay dos predios de casi 50 mil hectáreas cada uno, de difícil acceso, como que sólo se puede ingresar a ellos en bote y a caballo. No se sabe con certeza por dónde se saca el alerce; probablemente se lo haga por mar. Consta que está llegando a Bahía Mansa, en las costas de Osorno. También se lo puede sacar por el río Llico hacia arriba, mediante líneas de flotaciones con tambores de doscientos litros.
Asimismo, muchos de esos movimientos ocurren de noche, por lo cual se hace más difícil controlarlos. En la cordillera de Los Andes, utilizan caminos, pero acá pueden hacerlo a través del mar, los ríos y los accesos cordilleranos que ellos mismos han construido.
Expresó que el instrumento satelital es un sistema de información geográfico que trabaja en niveles moleculares con niveles de clorofila en ese sector. Si hay una tala, bajan los niveles de clorofila y el satélite lo manifiesta con otro color. No se ve la tala propiamente tal, pero sí cuando los árboles se están muriendo, puesto que bajan los procesos fotosintéticos, la síntesis de carbohidratos, entre otros aspectos técnicos. Existen los conocimientos necesarios para el uso de esa tecnología, pero no el acceso a ella, por su elevado costo.
Asimismo, precisó que el destino es tanto el mercado interno como el mercado externo. En su labor como parte del grupo de trabajo mundial de Interpol, en la semana pasada se enteró por el jefe nacional de Medio Ambiente de Nueva Zelanda, que se había detectado alerce en ese país. Se lo había descubierto en un contenedor, junto con catorce alfombras de pieles de guanaco.
Consultado respecto de si tiene información acerca de si alguna autoridad, de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, directa o indirectamente, ha ejercido presión sobre la Policía de Investigaciones o si existe una red de protección de la tala ilegal del alerce, afirmó que no había recibido ninguna presión.
En todo caso, informó que la gente no los recibe bien. Él, personalmente, se ha hecho cargo de la investigación como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente. Aclaró que la Brigada es poderosa en el sentido de que es como un pequeño FBI, pero apenas cuenta con ocho profesionales para todo el país: abogados, médicos veterinarios, biólogos marinos y un químico farmacéutico. Ahora, en virtud del Tratado de Madrid, abarca también el territorio antártico, el mar territorial y las islas Juan Fernández y de Pascua.
Los principales delitos ambientales que están investigando, de norte a sur, son contrabando de animales exóticos desde la selva peruana y boliviana; contaminación por relaves mineros y de riles; controles de tejidos vegetales debido a la presencia de la mosca de la fruta y falsificación de agroquímicos y de ingredientes activos.
Los agroquímicos se utilizan para el control de plagas cuarentenales o de enfermedades en frutales u hortalizas. La mayoría contiene ingredientes activos muy caros, por lo que hay personas que los falsifican a través de químicas clandestinas y los revenden. Por supuesto, se trata de productos que no han sido registrados por el SAG ni han sido objeto de estudio sobre límites máximos de uso, tiempos de carencia, etcétera. Para el agricultor, es conveniente adquirir estos productos porque son mucho más baratos. Este delito se da con frecuencia en la Quinta Región.
El paso de Los Libertadores es otro lugar donde se averigua el tráfico de animales exóticos. También se investiga que el movimiento transfronterizo de cargas peligrosas se ajuste a lo establecido en el Convenio de Basilea, esto es, que los manifiestos aduaneros consignen el lugar de origen y el de destino de la carga. De este modo, se evita la desviación de químicos, la síntesis de droga, entre otras materias.
El foco de investigación, en la Séptima Región, es la fiebre aftosa. En ese sector, la cordillera alcanza su altura mínima. Además, durante las invernadas y veranadas se suben animales para engorda. Lo mismo ocurre en el lado argentino. En este movimiento, los cuatreros revenden animales y el peligro de contaminación por fiebre aftosa se incrementa.
En la Octava Región, deben lidiar con el problema de la deforestación provocado por la gran actividad de empresas madereras. Lo mismo sucede en la Novena Región. En esas regiones existe agotamiento del suelo por erosión y sobreexplotación. En la Décima Región, hay problemas con el alerce y con el robo de ganado.
En la Undécima Región, han sucedido dos casos, más o menos graves, de averías o naufragios de buques tranqueros, con grandes pérdidas de hidrocarburos, que han contaminado las costas de Aisén y el canal de Moraleda. En el último tiempo, se produjo la muerte de fauna y de flora nativas, afectando también las producciones de ostras, de salmones y a caletas de pescadores, con daño para la salud humana. En la Antártica, son responsables del Tratado de Kioto, por el calentamiento global, y del de Montreal, referido a sustancias depresoras de la capa de ozono.
Asimismo, están analizando con la Conama el proyecto país que es el “Sendero de
Chile”, por el impacto ambiental que se puede llevar a cabo al trazar una línea para el ecoturismo. Se está construyendo a lo largo de todo el territorio nacional. Se ha hecho un análisis integral, ya que un camino por la cordillera de Los Andes, puede acentuar la comisión de algunos delitos, como el movimiento ilegal de madera, de maquinarias, de animales.
Informó que, en la última reunión que se llevó a cabo en Washington, Shepperton, con el equivalente estadounidense del SAG, por la gran cantidad de diligencias que han realizado en la detección de animales de contrabando, como Policía de Investigaciones de Chile y como país, fueron incluidos dentro de los 21 países expertos en crímenes contra la vida salvaje. Esto se debe a la gran detección que han hecho de contrabando de flora y de fauna, de mataderos clandestinos y, también, de partes de animales, tales como marfil de elefante y piel de serpiente.
Actualmente, la Brigada está trabajando con 15 tribunales a lo largo del país, tres fiscalías y un ministro en visita. Las órdenes de investigar aumentan cada día, porque los jueces también han tomado conocimiento de los hechos que investiga la Brigada respecto de delitos específicos. Hay técnicos en la materia que les envían las órdenes, alrededor de dos por Región.
El señor Jaime Gaete, Prefecto del Área de la Jefatura de Operaciones Especiales, hizo presente que la unidad que ha explicado el subcomisario Espinoza es una de las más nuevas dentro del área de la Jefatura de Operaciones Especiales. Es bastante pequeña en relación con toda la jurisdicción que tiene para investigar estos delitos y, lo que es peor, posee pocos recursos.
Sostuvo que esta sesión servirá para explicar a la Superioridad la necesidad de incrementar esta unidad nueva, creada el 24 de diciembre de 2002, con funcionarios que ella misma prepare y capacite para desarrollar la inmensa cantidad de investigaciones que se están llevando a cabo.
8.Servicio Nacional de Aduanas.
El Raúl Allard, Director Nacional, consideró que la capacitación del personal, en materia forestal, es muy satisfactoria, pues, para realizarla, se trabaja en coordinación con la Conaf y con otros servicios públicos. Chile es miembro de la convención Cites, sobre el comercio internacional de especies en peligro de extinción. Este tratado, ratificado por el país, tiene tres anexos que hacen relación a los aspectos forestales, ambientales y de operaciones aduaneras.
En el anexo 1, se incluyen las especies arbóreas cuya comercialización está prohibida, entre ellas tres chilenas: el alerce, la araucaria y el ciprés de Las Guaitecas. No obstante dicha prohibición, se puede exportar alerce con fines comerciales en tres casos: uno, en el caso de la reserva hecha por el país respecto del alerce que se halla en la zona costera, siempre que se otorguen ciertas autorizaciones o que se trate de especies adquiridas con anterioridad a la vigencia de la disposición de la Convención. Esas empresas son: Víctor Schmidt, Sociedad Agrícola y Maderera Lenca e Inversiones Columbia.
Ahora, conforme al artículo 9° de la Convención, tratándose de la prueba forestal, la autoridad administrativa que fiscaliza los sitios en Chile es la Conaf. Además, hay una serie de decretos y oficios de la Dirección Nacional de Aduanas, todo lo cual conforma un marco que se está modernizando continuamente. Sobre el particular, el Servicio posee facultades de tipo interpretativo y reglamentario.
En virtud del decreto ley N° 873, de 1975, Chile adhirió a la convención y, en 1989, el Director de Aduanas estableció el procedimiento por seguir. Éste se completó en 1990, por oficio circular N° 149, mediante el cual se incorporó al Sernapesca como autoridad en determinados casos.
Luego, en 1997, el directorio de Aduanas instruyó acerca del control del tráfico ilegal de especies de flora y fauna. El oficio circular N° 575, de 2002, disposo procedimientos de fiscalización en zonas primarias y secundarias. Zona primaria es todo aquel espacio en el cual es lícito o está autorizado efectuar operaciones aduaneras. Cualquier actividad que se haga fuera de las zonas primarias se presume contrabando.
Este año, justamente por la preocupación manifestada por esta Comisión y el interés nacional despertado por el alerce, en coordinación con la Conaf emitió dos circulares: la
N° 145, de 16 de junio, mediante la cual se reiteran a los directores regionales y administradores de Aduanas las normas anteriores, actualizadas, y la N° 2520, de 10 de junio de este año, en virtud de la cual se agrega al compendio de normas aduaneras, el material que todos los fiscalizadores usan en la línea, es decir, en el puerto, en el aeropuerto y en la avanzada fronteriza. En ella, se señaló que el agente de aduanas tiene la obligación de mantener los documentos del despacho durante cinco años. Se reiteró que la autorización de la Cites, que otorga la Conaf, es un documento tan importante como, por ejemplo, la declaración de importación o la de exportación.
Por otra parte, en el comité interministerial de la Cites, que existe en el nivel de Gobierno, se está elaborando un anteproyecto de ley que pretende modificar el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas. De aprobarse, se podría sancionar con una pena mayor que la actual el delito de contrabando de especies protegidas.
En el proceso de control en que participan la Conaf, el SAG y Aduanas, en especial en el caso de las exportaciones, la salida legal de un producto al exterior se formaliza mediante la tramitación en la aduana del documento único de salida, DUS. Aduanas está completamente modernizada, en el sentido de que todos los DUS son transmitidos en forma electrónica por el agente de aduanas al servicio. En el caso del alerce, se requiere autorización otorgada por la Conaf, llamado certificado Cites.
Se presentan las mercancías al servicio, en este caso la madera de alerce, y se emite, en lenguaje aduanero, un “DUS primer mensaje”, que da cuenta de la aceptación a tramitación del procedimiento. En otras palabras, es el primer mensaje de exportación por vía electrónica antes de que llegue la madera a la zona primaria. Ahí está el DUS, fechado, numerado y aceptado por Aduanas.
Luego, viene el 32, el ingreso a zona primaria, el examen físico y la autorización de salida. Mencionó que el alerce siempre es sometido a examen físico. O sea, Aduanas no opera sobre la base del sorteo, sino sobre la base de la gestión de riesgo. Esto es, todo lo riesgoso se revisa físicamente; pero, en el caso del alerce, por ser una especie protegida, la totalidad es sometida a examen físico. Ahora, el temor es que puede describirse como otra mercancía y, por lo tanto, el filtro de riesgo es la alerta que está puesta en el sistema.
Como posibles operaciones anómalas, están la del alerce y las de todas las otras especies de madera, como el raulí, entre otros. De hecho, se examinan todas las coníferas, porque cualquiera otra podría pasar por alerce. Por lo tanto, hay un filtro de riesgo. En suma, lo que es declarado como alerce o raulí u otras coníferas, es examinado físicamente.
Luego, se produce el embarque y la legalización. El embarque o la salida al exterior debe ser certificado por el agente de Aduanas. Existe para eso un plazo de veinticinco días, contados desde la aceptación, y el documento que certifica el embarque de la mercancía es el que da a conocer el embarque o el que hace sus veces. Esta legalización de la operación de exportación es solicitada también en forma electrónica. Es lo que se llama “declaración de exportación segundo mensaje”. Este DUS debe ser presentado por el agente de Aduanas dentro de los veinticinco días, contados desde el primer mensaje.
Previamente a este control, la Conaf lleva a cabo acciones de fiscalización del producto, de manera que ante el Servicio de Aduanas se materializa la declaración aduanera y se verifican las exigencias del certificado Cites. La Conaf tramita la solicitud del productor, el plan de extracción en áreas autorizadas, la determinación del “stock” teórico y emite las guías de libre tránsito y el certificado Cites. El SAG expide un certificado fitosanitario.
Sostuvo que la fiscalización “en línea”, al momento de salir, se está haciendo adecuadamente. Pero, si sale alerce inadvertidamente, existe una facultad legal que se extiende por tres años, lapso en el cual se pueden formular los cargos o las denuncias por el contrabando correspondiente. Es decir, lo precedente no significa que terminó el control aduanero, porque, en el nivel mundial, es muy importante toda la fiscalización que se hace a posteriori.
Según la investigación realizada, se han detectado cuatro operaciones embarcadas sin la certificación Cites, que constituyen el 0,5% del volumen exportado, y 31 casos que han contado con ka certificación. De estas cuatro operaciones, tres son menores o no comerciales. La única exportación que no debió salir, por no tener certificado, fue de la empresa Norex Chile Exportaciones, con madera aserrada para muebles. Los demás casos son uno de galvano, otro de relojes en madera y otro no comercial de una mesa para muestra.
Entonces, el caso que se está fiscalizando es el de la empresa Norex Chile Exportaciones. El control se hizo en Puerto Montt, en conjunto con funcionarios de la Conaf, y se concluyó que la exportación de madera aserrada de alerce realizada en 2003 se tramitó por la aduana de Talcahuano. Dicha empresa no presentó la certificación Cites ni la fitosanitaria.
Debido a ese incumplimiento, la aduana de Talcahuano formalizó la denuncia correspondiente a la fiscalía local, en contra de la empresa Norex Chile Exportaciones Ltda., por haber exportado sin autorización una mercancía que la requería.
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo que ha informado la Conaf, el origen de este alerce exportado cuenta con las respectivas guías de libre tránsito y provendría de la zona costera. Aun cuando hubiese procedido de la zona costera, según las primeras investigaciones, de todas maneras faltó el certificado y por eso se hizo la denuncia.
Ahora, la coordinación entre la Conaf y la Aduana debe tender a que, en el futuro, esta especie se atenga a las autorizaciones del caso. Hay un comité interministerial Cites, donde participan en conjunto con el SAG, la Conaf y el Sernapesca, coordinados por el Ministerio de Agricultura.
Además, hay un sistema de intercambio de información en el nivel nacional para fines de fiscalización que interesan a la Conaf y a Aduanas para los efectos de control de las exportaciones. Se trabaja en la implementación de la interconexión electrónica entre ambas instituciones. Para ello, existe un sistema de “ventanilla única”, para incorporar precisamente las autorizaciones de otros servicios. Aduanas ya está operando con el Servicio de Registro Civil e Identificación en el caso de los vehículos motorizados y con el sector de la Salud. También se ha invitado a la Conaf a incorporarse a este proyecto, que se llama “Ventanilla Única de Comercio Exterior”.
Asimismo, existe coordinación operativa. Las aduanas con mayor incidencia en exportación de alerce tienen relación con funcionarios de la Conaf, en zonas como Osorno, Puerto Montt y Talcahuano.
En el tema de la capacitación, con el objetivo de instruir y orientar a los funcionarios de Aduanas sobre la aplicación de la convención Cites en el ámbito forestal y aportar elementos prácticos para la identificación y reconocimiento del alerce, se desarrolló un curso, entre el 21 y el 22 de junio, en la aduana de Talcahuano, en el que también participaron funcionarios de la aduana de Osorno. Fue dictado por funcionarios de la Conaf. Se orientó especialmente al reconocimiento de especies forestales y maderas chilenas. Próximamente, se repetirá esta experiencia en la aduana de Puerto Montt.
En general, los fiscalizadores están bien preparados, porque deben actuar con distintas especies. Constantemente, se les están otorgando distintas responsabilidades. Por ejemplo, en otro escenario, a partir de noviembre pasado, deben detectar también las falsificaciones de marca. Están bien adiestrados en lo básico y no les cuesta agregar productos nuevos, como la falsificación de marca o la detección de un determinado tipo de madera.
En la descripción arancelaria, hay un tema interesante en el que se está trabajando. El alerce está incluido actualmente en la partida 44032090 del sistema armonizado de codificación y descripción de mercancías. Ése es el formato del Arancel Aduanero. Es universal, elaborado por la Organización Mundial de Aduanas, y ha sido adoptado por 164 países, entre ellos Chile. Se va perfeccionando anualmente y, por primera vez, la Comisión Central está Chile.
Se encuentra en estudio la posibilidad de especificar mediante aperturas nacionales, en el nivel de 8 dígitos, al alerce y a las demás especies forestales protegidas, como la araucaria y el ciprés de Las Guaitecas. En esa comisión participan, además, el Banco Central, los Ministerios de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura y de Relaciones Exteriores.
Explicó que, en su mayoría, los países tienen el arancel de ocho dígitos, que es el grado de generalidad universal. Estados Unidos tiene apertura de diez dígitos y todo mucho más especificado. Los países hacen esto según su conveniencia. En general, se trata de que las normas sean lo más universales posible y ello se logra con ocho dígitos, en la forma en que está ahora. Pero, cuando algún país, por alguna situación nacional, justifica aperturar más, lo puede hacer sólo en los casos absolutamente necesarios para que la nomenclatura sea más uniforme. En esta oportunidad, junto con los Ministerios mencionados, se está estudiando si se justifica hacer la apertura nacional.
Consultado en cuanto al procedimiento que deben seguir los exportadores, señaló que ellos deben informar que van a exportar y solicitar en todos los casos la guía de libre tránsito. Con posterioridad, la Conaf acepta que se traslade el alerce y procede a verificar que la exportación corresponda a alerce muerto o a una especie que se encuentre en el grupo de los casos denominados “pre Cites”, o “pre Convención”, o alerce de la costa, cuya exportación está permitida, previa autorización. Carabineros está facultado para controlar la guía de libre tránsito a los camiones que circulan por la carretera. Incluso, hay algunos retenes camineros por donde los camiones tienen la obligación de pasar.
En el caso de la empresa Norex, la factura consignaba red wood, denominación que corresponde a maderas rojas o coníferas. Ello no fue detectado por la Aduana respectiva en el momento de la salida, sino a través de una investigación a posteriori. En ella se constató que Norex, empresa de propiedad de un norteamericano, funcionaba en el país en una casa particular. Es decir, no era una empresa establecida. Si bien no se pudo detectar esa exportación en su lugar de destino, finalmente se lo logró, debido a que existe mucha coordinación entre las Aduanas. Las especies exportadas pasaron en tránsito por los Estados Unidos hasta llegar a Canadá, donde en la actualidad se está llevando a cabo una indagación.
Se contó con gran colaboración externa, porque Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea son extraordinariamente estrictos en esta materia, porque no quieren que a sus territorios ingrese mercancía no permitida. De hecho, a las autoridades canadienses correspondientes no les gustó que se haya consignado como red wood al alerce. Eso no fue detectado en Chile ni en Estados Unidos ni en Canadá, pero se trata de una situación excepcional, porque ningún país desea amparar este tipo de tráfico.
Por otra parte, puntualizó que, en todos los casos, se hacen las denuncias respectivas, en Santiago, al tribunal aduanero y, en regiones, a la fiscalía. Las denuncias se formulan en forma rutinaria; nada se deja sin denuncia judicial. Aduanas siempre ha operado de ese modo en los casos en que existe un aparente contrabando, para lo cual está muy bien coordinadas con la Conaf.
Respecto al personal fiscalizador, informó que, desde 2002, existe un plan nacional de Cites, consistente en un mapa de Arica a Punta Arenas, o mejor dicho de Visviri a Puerto Williams, en el que aparecen las posibles especies animales y vegetales protegidas por localidades. El personal de Aduanas de Osorno, Puerto Montt y Talcahuano se encuentra en permanente capacitación con la Conaf y con el SAG. No obstante, en caso de duda, se consulta a la Conaf. Por ejemplo, en Arica, en el paso fronterizo de Chacalluta, se han detectado las mayores importaciones de animales, entre los que se incluyen distintos tipos de monos. En esos casos interviene el personal especializado de Aduanas, porque no todas las especies de ese género están protegidas.
En el Servicio Nacional de Aduanas hay gran capacidad para fiscalizar. Hay fiscalizadores especializados en distintos tipos de especies. Este año, el Presidente de la República le otorgó el Premio de Conservación de Monumentos Nacionales, en la categoría de instituciones. Lo que no alcanza a hacer Monumentos Nacionales, lo hace Aduanas en la frontera de salida y de entrada, fundamentalmente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. En síntesis, Aduanas posee competencia para verificar cualquier cosa.
El señor Marcelino Mellón, Jefe del Departamento de Fiscalización Operativa del Servicio Nacional de Aduanas, clarificó que Aduanas identifica el tráfico ilegal de especies protegidas por la Cites dentro de los diferentes riesgos. Para ello, se asocia a Aduanas con el riesgo de los posibles tráficos. Así como los puertos del sur son vinculados a la madera, a las especies protegidas y a los productos del mar, también lo son a las especies animales de origen argentino, tortugas o iguanas que vienen del norte.
Cada plan tiene su contraparte de coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas o con la autoridad administrativa reconocida en la Cites, en el Sernapesca, en la Conaf y en el SAG. De manera que uno es el tema de protección de las especies y otro, a quién hay que entregarlas una vez incautadas, porque el Servicio Nacional de Aduanas no puede conservar una especie ni tiene el conocimiento para cuidarla.
Los procedimientos que tienen que ver con la denuncia están contemplados en el oficio Nº 775, que señala lo que debe hacer el funcionario en zonas con reforma y en zonas sin reforma. En el último año, se incautaron cerca de 700 especies en el nivel nacional. Se forjó este procedimiento con ocasión de la convención de la Cites en Chile, en noviembre de 2002. La convención denomina “especie” tanto a la viva como a la manufactura. Por ejemplo, un charango hecho de un quirquincho es una especie. Indistintamente, se han incautado especies vivas y manufacturas.
9. Centro de Información de Recursos Naturales.
La señora María Loreto Mery, Directora Ejecutiva, proporcionó antecedentes que hacen relación a la misión del Ciren de proveer al país de información sobre recursos naturales. En el Centro, se manejan las matrices que conforman el patrimonio del país.
En relación con el tema forestal, se basa en las investigaciones que hacen las instituciones “primas hermanas” del Ciren, el Infor y la Conaf. El Infor se dedica a la investigación y al desarrollo e innovación tecnológica en el campo forestal, en tanto que la Conaf se preocupa de la fiscalización, de la gestión y de los incendios forestales.
El Ciren maneja el catastro del bosque nativo, realizado por la Conama y la Conaf, y tiene la misión de traspasarlo, vía comercialización, al sector privado. Ocupa la misma matriz de información que el resto del Ministerio de Agricultura y corrobora las cifras que ha dado la Conaf respecto de las 260 mil hectáreas de bosques de alerce existentes, de acuerdo con los instrumentos y la tecnología disponibles.
Sin embargo, desde el punto de vista del Centro de Información de Recursos Naturales, existen nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas, pero que, obviamente, tienen un costo importante. Desde 2003, el Ciren viene promoviendo la gestación en el país de una cartografía distinta, basada en imágenes satelitales. Las que existen son cartografías basadas en fotografías aéreas. Tanto la del Instituto Geográfico Militar como la de Ciren se conforman por mosaicos de fotografías, que son diferentes de la imagen satelital, que abarca un área bastante extensa y que permite menos distorsiones, porque no hay un proceso ni un manejo de la información de la imagen que ahí resulta.
El Ciren está postulando a ese proyecto desde hace bastante tiempo, al igual que el Instituto Geográfico Militar, ya que la escala de trabajo con que cuenta el país no permite ni la realización de catastros, ni el manejo de extensiones urbanas, ni el tratamiento de problemas ambientales. En el país hay cartografías de escalas de 50 mil, con las cuales se puede registrar muy poco detalle. En el nivel nacional, se dispone sólo de la cartografía del Ciren, que es propiedad y know how del Ciren, independientemente de que el Instituto Geográfico Militar pueda hacer uso de ella para los fines de defensa que estime necesarios.
Esa cartografía está a escala de 1 a 20 mil y de 1 a 10 mil. Los investigadores y la gente que adopta decisiones puede “bajar” la información al propio computador. Para ello no se requiere de gran tecnología, sino de computadores comunes y corrientes. Esta tecnología, para todo el país, tiene un costo actual de 12.900.000 dólares; es de primer nivel y está desarrollada. Sobre estas hojas cartográficas, las otras instituciones pueden realizar cualquier tipo de prospección, información, preservación, fiscalización, entre otras tareas.
En términos generales, como país, se debe tender a una gestión integral de manejo territorial de toda la información que posee el Estado, con el fin de no caer en dobles estudios y gastos innecesarios. Estimó que la línea por seguir en el futuro, más allá del tema del alerce, está en gestionar una fusión de información a lo largo del país que posibilite resolver muchos problemas, entre ellos el del alerce.
En cuanto al tema del alerce, existe la tecnología, pero la Conaf no la ha utilizado porque no cuenta con los recursos necesarios. Además, la tecnología la han desarrollado, en los dos últimos años, los institutos tecnológicos, principalmente el Ciren y, en el campo forestal, el Infor. En el país existen las posibilidades y el tema pasa, más que por los recursos humanos y las capacidades tecnológicas, por los recursos económicos.
Según la información del catastro de bosque nativo que maneja el Ciren, efectivamente, las provincias de Llanquihue y Palena presentan la mayor cantidad de lo que puede denominarse bosques de alerce. Es una especie que no se encuentra por sí sola, sino asociada. Reiteró que esta información detalla la ubicación del alerce. La fuente de información es el catastro de bosque nativo de ConamaConaf de 1998. Están señaladas las comunas y, según esa información, se ratifican las 260 mil hectáreas que existen en el país y sobre las que ha informado la Conaf.
El tema del alerce le toca al Ciren tangencialmente, ya que, como Centro de Información, debe proveer antecedentes a las instituciones del Estado, a través de sus profesionales, para que adopten las mejores decisiones, sobre todo hoy, cuando la economía nacional se está basando en los recursos naturales. Entonces, es indispensable procurar preservarlos. Como sociedad, se debe trabajar con normas y estándares internacionales, buscar las líneas ambientales y proporcionar, de la mejor forma, los datos adecuados, para que un determinado funcionario tenga acceso real a la información que necesita, lo más actualizada y completa posible, y pueda tomar la mejor decisión para el país.
El Ciren ha trabajado en áreas muy importantes. Probablemente, ello no ha sido muy publicitado, pero todo el material disponible es información base del Centro de Información de Recursos Naturales. Por ejemplo, los catastros y toda la información frutícola base para las planificaciones vitivinícolas que se han efectuado para mejorar las cepas ha provenido del Ciren. Últimamente, también ha provisto de información y de metodologías de prospección a las comunidades agrícolas para la búsqueda de aguas subterráneas.
La tecnología satelital permitiría, por ejemplo, si se piensa que hay una tala ilegal, solicitar la imagen del satélite del día en que se produjo y hacer las comparaciones correspondientes. Esa información se puede complementar con las curvas de nivel y la propiedad. Es decir, se puede complementar la información para saber quién es el propietario del predio, mediante la trama de propiedades, y a qué altura se está desarrollando la acción, mediante las curvas de nivel.
Además, hay una nueva línea de investigación que fue abierta por el Fondo de Desarrollo e Innovación para materias de interés público recurrente. En este sentido, el Ciren está trabajando con instituciones del Estado para ver la posibilidad de presentar este proyecto en el largo plazo. Existen muchas tecnologías desarrolladas por los institutos tecnológicos, que han quedado en los planes piloto, porque no cuentan con recursos para aplicarlas a todo el país.
Otro ejemplo de cómo se puede abordar este tema es que, a partir de fotografías satelitales y vuelos virtuales, es posible establecer el terreno en tres dimensiones. Ahora, es factible construir los simuladores. Los países desarrollados trabajan con ellos, en Chile. Se cuenta con toda esa tecnología, pero faltan recursos para aplicarla.
10. Instituto Forestal.
El señor Roberto Ipinza, Director Ejecutivo, informó que el Instituto Forestal tiene como misión fundamental transparentar los mercados para el libre y mejor ejercicio de los agentes públicos y privados.
En relación con la temática en análisis, que no le toca muy directamente, en marzo recibió la noticia de que el Instituto Forestal se convertía en la autoridad de investigación de la Cites, convención para la protección de las especies de fauna y arbóreas amenazadas. Antiguamente, la tuición y administración estaba en manos de la Conaf. A partir de marzo, el Infor es el encargado de la investigación.
Desde ese momento, ha intentado hacer una reflexión con los agentes públicos y privados y con los que están en otras partes del mundo, considerando el problema de la Cites, mirando qué hacen ellos, cuál es el rol que debe desempeñar su organismo en cuanto a la investigación. Desde esa perspectiva, su contribución a la Comisión es una mirada, más que al presente, a qué se debería hacer en el futuro, para lo cual esbozará algunas ideas básicas.
A su juicio, es evidente la necesidad de añadir tecnología al sistema. En la actualidad, el sistema, por las cantidades de dinero y por las atribuciones involucradas, es bastante precario, a pesar de la posición de Chile, debida a los acuerdos de libre comercio y a la necesidad de mantener su vocación exportadora.
Desde ese punto de vista, como una recomendación tecnológica, se debe utilizar la tecnología que hoy está a disposición de organismos tan diversos como el Instituto Forestal, el Ciren y otros, que poseen una tecnología que permite llevar el monitoreo de los cambios en forma permanente.
En esa perspectiva, consideró necesario realizar un catastro del alerce existente en el país. Hoy, la tecnología permite identificar alerce por alerce; se podría tener un censo del alerce tal como el que se tiene de las personas. Hay satélites que pueden hacer eso y revelar efectivamente la cantidad de alerce muerto, con lo cual se pueden adoptar decisiones. Es difícil tomarlas en un ambiente en que no hay una información sobre una base sólida. Chile debe mirar siempre hacia el futuro y protegerse. Ello implica saber exactamente cuántos alerces vivos existen, tanto aéreos como subterráneos.
Sostuvo que la responsabilidad de proteger esta especie amenazada es un problema que involucra a toda la sociedad. En cierta forma, hoy existe sensibilidad frente al tema y por eso se han detectado los problemas y conflictos de este último tiempo. Hay un lineamiento “macro”, político, de educación y de cultura muy fuerte con respecto al tema. Toda la sociedad debe ser responsable de no permitir, a pesar de la ambigüedad hoy existente, que sucedan ese tipo de situaciones.
En resumen, en Chile se produce un problema cultural, que tampoco han enfrentado otros países. Lógicamente, como país en vías de desarrollo, a veces no existe conciencia del alto valor cultural, de ecoturismo e, incluso, comercial de estas especies. En todo caso, afirmó que los profesionales respectivos son competentes y hacen lo que está en sus manos; no se llevan a cabo más acciones porque no se dispone de los recursos humanos y financieros para poder hacerlo.
El Instituto Forestal está en una línea de mejoría de su presupuesto. Cuando se hizo cargo de la institución, estaba a punto de cerrarse. Ha implementado una política de racionalización, de ajuste, con apoyo del Ministerio de Agricultura. A partir de entonces, tiene un contrato de desempeño que ha ido incrementándose. Ese contrato es lo que paga el Estado por la función pública. Actualmente, el presupuesto por contrato de desempeño es de 918 millones de pesos y espera que en el presupuesto de 2005 ascienda a 1.300 millones de pesos.
Este aumento se justifica porque ahora el Infor es responsable de la parte de investigación de la Cites, que tiene un elemento estratégico muy importante, porque, en la actual globalización, no se puede comprometer la capacidad exportadora nacional. Estimó que ése es el punto focal. De alguna manera, desde el punto de vista comercial, todas ésas son amenazas.
Explicó que la crisis del Instituto comenzó a ocurrir cuando la Corfo lo eliminó como instituto de su dependencia, en circunstancias que la ley determina que es instituto perteneciente a esa entidad. Actualmente, no hay una asignación directa de la Corfo ni al Ciren, ni al Infor, ni a la actividad pesquera. A partir de esa decisión de la Corfo, se produjo un vacío que provocó una crisis. Pero, después, el Ministerio de Agricultura lo ha apoyado sistemáticamente.
11. Servicio de Impuestos Internos.
El señor Carlos Orrego, Subdirector de Avaluaciones (s), se refirió a la situación tributaria en que se encuentran las propiedades de la zona en comento, específicamente, en lo relativo al impuesto territorial. Respecto de las normas relacionadas con beneficios tributarios para predios agrícolas con bosques nativos, la historia de la situación tributaria es bastante antigua. La primera disposición legal data de 1931 y corresponde al decreto con fuerza de ley Nº 265, que estableció que, mientras se respetara la prohibición de corta, los bosques naturales estarían exentos del ciento por ciento de las contribuciones de bienes raíces.
Posteriormente, este decreto con fuerza de ley se refundió con el decreto supremo
Nº 4.363, de 31 de julio de 1931, que dispuso la prohibición de la corta de árboles y arbustos nativos situados en determinados lugares y concedió exenciones especiales del impuesto territorial, determinando que “los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas y los bosques nativos estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas”.
Esto concuerda con el artículo 13 del decreto ley Nº 701, de 1974, que indica que “los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas y los bosques nativos estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas”. Es decir, ambas disposiciones legales otorgan esta exención.
El Servicio de Impuestos Internos, que posee facultades fiscalizadoras, asignadas por el Código Tributario, en este caso específico, en realidad no las tiene, sino que opera de acuerdo con lo que le informa la Conaf. Es ésta la que reúne los antecedentes, analiza la situación e informa al Servicio de Impuestos Internos que debe otorgar la exención a este tipo de propiedades. Del mismo modo, la Conaf debe informar cuándo a una propiedad que ha estado gozando de este beneficio tributario no pagar contribuciones debe levantársele esa exención y dejarla afecta al pago del impuesto territorial.
En este caso y, tal como lo establece el decreto ley Nº 701, se registra que “el Servicio de Impuestos Internos, con el solo mérito del certificado que otorgue la Corporación Nacional Forestal, ordenará la inmediata exención de los impuestos señalados en este artículo, la que comenzará a regir a contar de la fecha del respectivo certificado, salvo la exención del impuesto territorial, que regirá a contar del 1 de enero del año siguiente al de la certificación”.
Esto se debe a que el impuesto territorial es de carácter anual y, por lo tanto, todas las vigencias de las disposiciones sobre el impuesto territorial se aplican al año siguiente. En resumen, se opera en función de la existencia del certificado otorgado por la Conaf.
El mismo decreto ley Nº 701 establece, además, en su artículo 25, que “para todos los efectos tributarios relacionados con el presente decreto ley, y sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que corresponden a los particulares, la Corporación deberá efectuar, en los casos que proceda, las comunicaciones pertinentes al Servicio de Impuestos Internos”.
Desde el punto de vista de su operación y aplicación, el decreto ley Nº 701 tiene un vacío que el Servicio de Impuestos Internos ha corregido mediante la dictación de la resolución exenta Nº 21, de 29 de enero de 2004, la cual prescribe que, para efectos de normar y ordenar la entrega de estos beneficios tributarios, se obliga a la Corporación Nacional Forestal a “informar, en la forma y plazos que se indican, con relación a predios acogidos al decreto ley N° 701, de 1974, lo siguiente: nombre y RUT del propietario, nombre, rol y comuna del predio, superficie total y superficie calificada con aptitud forestal del predio, superficie explotada y año de explotación, en el caso que corresponda”.
Se dictó esa resolución porque en el decreto ley N° 701 no existe una disposición directa y clara que establezca que la Conaf debe informar inmediatamente al Servicio de Impuestos Internos cuando se otorga una exención.
Aclaró que todas las propiedades correspondientes a bosques nativos están absolutamente exentas del pago del impuesto territorial, siempre que la Conaf las califique de esa forma e informe oportunamente al Servicio de Impuestos Internos para que aplique la exención. Se está estudiando la celebración de un convenio con la Conaf para la transferencia más ejecutiva y rápida de esta información, atendido el hecho de que la Conaf no cuenta con recursos importantes para ejercer la fiscalización.
En Chile, el bosque nativo no paga contribuciones, siempre que se cumpla el requisito de que la Conaf otorgue la calificación. El control de esa situación también le corresponde a la Conaf; no al Servicio de Impuestos Internos. En este caso, hay una norma excepcional, porque siempre es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la facultad para fiscalizar si las propiedades siguen cumpliendo con los requisitos para estar exentas del pago.
En resumen, el bosque nativo está exento del pago de contribuciones. Por lo tanto, no existe morosidad ni deuda de esos predios, siempre que la Conaf certifique tal situación e informe oportunamente al Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, la atribución para fiscalizar si esos predios continúan cumpliendo con los requisitos para mantenerse exentos le corresponde exclusivamente a la Conaf; no al Servicio de Impuestos Internos.
12. Fundo La Esperanza.
El señor Ángel Lagomarsino, propietario, informó que, desde que lo compró, sólo ha ido una vez al fundo. Una persona llamada Daniel Vergara es quien entiende todo este problema de la tala ilegal.
En lo que a él respecta, le es difícil cuidar que eso no suceda. Se trata de una cordillera y el fundo es demasiado extenso, por lo que no hay cómo vigilarlo ni cómo evitar que se produzcan robos. Ha realizado varias peticiones al alcalde y otras autoridades para que le ayuden, pero ellos tampoco han podido solucionar el problema. Él no puede evitar la tala ilegal.
Estimó que en esto hay bandidaje, porque se autorizó la instalación ilegal de 150 ó 160 personas en su fundo, facilitándoseles el uso de electricidad, cosa que él no ha autorizado. Tiene entendido que van a electrificar un sector que le pertenece, pero no le han avisado. Por eso, sostuvo que, tácitamente, se está permitiendo que la gente siga arriba y continúen las anomalías en el asunto de las cortas.
Se trata de gente que se alimenta y fabrica sus casas gracias a la leña que sacan del fundo de él. Esto se viene produciendo desde hace mucho tiempo y está en conocimiento de las autoridades. Está diciendo algo que es conocido en toda la región. La verdad es que ellos viven de su fundo. Lamentablemente, se metió a ojos cerrados en esto y le ha traído muchos problemas. Son alrededor de 14 mil hectáreas.
Reiteró que el fundo lo visitó sólo cuando lo compró y no ha vuelto a él. Para evitar los problemas, lo entregó en arriendo, más que nada para que lo cuidaran. La idea era venderlo, pero primero debía dimensionar su potencialidad según la madera existente y, para ello, solicitó algunos planes de manejo. Sólo algunos se ejecutaron. Ésa fue la única vez que intervino, y de manera indirecta, porque autorizó la solicitud desde la Quinta Región, donde tiene su residencia habitual.
Cuando tomó conocimiento de que se estaba produciendo un gran hurto, decidió arrendar el fundo al señor Daniel Vergara. Nunca le ha cobrado la renta de arrendamiento, porque el interés era que hubiera una persona presente en el fundo para que impusiera un poco de respeto, porque es una tierra de nadie. Afirmó que nadie se atreve a subir, ni siquiera la policía, porque la gente que vive ahí es insolente y se cree dueñas del fundo. Hasta los periodistas tuvieron que arrancar del lugar ante las amenazas. Por eso, consideró que no hay manera de controlar el asunto. Tendría que utilizarse una fuerza policial numerosa.
Lamentablemente, para todo el mundo el culpable es el dueño del fundo y, en este caso, no sabe cómo defenderse, porque uno culpa a otro y éste a otro, y la verdad es que nadie sabe nada.
Consultado respecto de los motivos que lo llevaron a comprar este fundo, señaló que se trató de un tremendo error financiero, que lo ha llevado a una catástrofe económica, sobre todo por los gastos en que ha incurrido. La idea era comprarlo a bajo precio y después venderlo más caro, pero, en definitiva, no ocurrió así y ha estado atado al fundo por cinco o seis años.
Agregó que le dijeron que los planes de manejo autorizados auguraban una explotación auspiciosa de los recursos, entre ellos el alerce. Pero, con todas las dificultades que han surgido, no ha podido explotar nada.
Aclaró que, si bien tenía conocimiento de que había ocupantes ilegales, no se preocupó, porque era una cantidad ínfima que no tenía mayor relevancia. Sin embargo, la ocupación se ha incrementado mucho desde que posee el fundo, desde hace cinco o seis años.
Consultado respecto de si ha iniciado alguna acción legal en contra de algún organismo del Estado por haberse hecho una inversión en terrenos particulares para electrificarlo, sin su autorización, sostuvo que no, ya que juzgó que la gente también necesita tener comodidades. Desde un punto de vista humano, es justo que tenga electricidad.
Además, precisó que, si ellos son los culpables de la tala ilegal, es en pequeña escala; son como “hormiguitas”. Lo malo es que no respetan las normas de un plan de manejo. Entonces, sacan árboles de cualquier lado y después lo responsabilizan a él. Incluso, hace un tiempo, debió pagar una gran multa. Trató de vender, pero no ha podido hacerlo. Reiteró que fue un gran error haber invertido en este predio, porque le ha traído muchos problemas, tanto de tipo legal como económico.
Tampoco ha emprendido ninguna acción legal para sacar a los ocupantes del predio. Desconoce si lo ha hecho su administrador, aunque le consta que ha formulado reclamaciones.
Dio a conocer que no ha tenido una posibilidad cierta de vender el fundo, ya que, por todo este problema, está totalmente desvalorizado. Estimó una buena idea la posibilidad de entregarles un pedazo de terreno a los ocupantes ilegales y vender el resto del fundo sin inconvenientes.
Añadió que, además de los problemas económicos, este asunto le ha acarreado grandes problemas, de diversa índole. Su abogado le ha manifestado que el tema de la madera es sumamente delicado y que, incluso, podría sufrir una pena de reclusión, lo que ha afectado fuertemente su salud. Además, debe una gran cantidad de contribuciones, alrededor de tres años. Incluso, casi pierde su matrimonio por culpa de este drama.
Consultado acerca de la propuesta que ha formulado públicamente el alcalde de Fresia en relación con que el Estado debería comprarle esos terrenos en 2 millones de dólares y solucionar el problema de la gente, expresó que no ha tenido contacto con el alcalde de Fresia ni con ninguna autoridad sobre el particular, aunque la estima una propuesta interesante.
Explicó que el señor Vergara tiene un contrato de arriendo, pero que, más bien se trata de que defienda lo poco que hay en el predio. Él se financia con algunos planes de manejo pequeños. En el contrato de arriendo se estableció una renta, para que él tuviera cierta autoridad y fuera una especie de administrador, pero nunca la ha pagado efectivamente. No sabe si ello ha dado resultados, pero piensa que, si él no hubiese estado, a estas alturas no tendría ni la mitad del fundo.
Destacó que no tiene nada en contra de la gente modesta; pero, según lo que le ha dicho todo el mundo, porque no lo ha visto personalmente, la madera sale fácilmente, aunque desconoce si con planes de manejo falsos. Por otra parte, en la prensa se lo acusa de que le aprueban planes de manejo, pero se saca la madera de otro lado, lo cual constituye un ofensa. Eso lo desconoce completamente.
Él firmaba los planes de manejo. Tenía que ir un ingeniero, se hacía un cuadrante y se determinaba que se podía trabajar en un determinado lugar, pero no en otro. Todo eso significaba puros gastos, todos los días, así que finalmente se aburrió y no continuó con eso.
Consultado respecto de si tiene conciencia de que el ser propietario de un predio en el cual hay alerce, que es una especie protegida, le significa una serie de responsabilidades, señaló que ahora lo sabe. Si lo hubiera sabido antes, jamás lo habría comprado. Lo supo después y, a medida que ha pasado el tiempo, se le ha ido aclarando más el asunto y le ha quitado el sueño. Nunca intuyó que el tema era tan grave. Pensó que era un suelo cualquiera, y punto. Sólo sabía que se necesitaba un plan de manejo para poder trabajar.
Además del daño económico, esto le ha ocasionado un problema de integridad y de prestigio. Todo el mundo se refiere a los planes de manejo de Lagomarsino y que los usa para sacar madera de otra parte. Eso ha dicho el señor Comandari, a quien no conoce. Ha leído las declaraciones de prensa de su abogado, un señor Fredes, quien se pregunta por qué se le otorgan planes de manejo con tanta facilidad al predio de Lagomarsino y no a Comandari.
Insistió en que estaría dispuesto a que se le diera a la gente una solución social, aunque le parece impracticable. La dificultad es determinar dónde instalarla, porque, por las condiciones del terreno, tendría que ser en un lugar de fácil acceso, para que no tenga la oportunidad de transitar por el predio y de continuar utilizando el alerce existente en él.
Comunicó que ha recibido un exhorto del juzgado de policía local de Los Muermos en que lo citan al 2° juzgado de policía local de Viña del Mar, para realizar una prueba caligráfica. A esa citación no pudo concurrir, porque asistió a esta sesión, pero acudirá en el día de mañana.
13. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El señor Arístides Progulakis, periodista, señaló las impresiones que se ha ido formando en relación con el tema que interesa a esta Comisión, que han sido casi siempre puestas en conocimiento de la opinión pública en las notas periodísticas correspondientes. No se ha guardado información, salvo los rumores sobre la materia, por razones obvias.
Se enteró de la situación como producto de que don José Comandari, propietario de la Forestal Sarao S.A., lo contactó el 2002 para contarle que tenía una serie de problemas porque no le reconocían su propiedad y existía una tala ilegal de alerce. Además, trajo unas fotografías. Al principio, no le dio mayor importancia al tema. Finalmente, a raíz de un viaje que realizó al sur, por otro asunto, decidió ir al sector señalado.
Tuvo la oportunidad de sobrevolar la zona y el panorama que vio fue impresionante. Decidió ir a terreno a constatar lo que pasaba. Le sobrecogió la usurpación evidente de los terrenos y la violencia con que actuaban quienes estaban en el lugar, que lo amenazaron a él y a quienes lo acompañaban y les dijeron que la próxima vez que fueran les iba a caer una ruma de palos y no les iban a quedar ni los zapatos. Fue muy emocionante para ellos. Lograron subir algo y ver algunos alerces, pero no llegaron a su destino final.
Empezó a investigar por qué se había sobreseído esta causa en Puerto Varas. La jueza Sierpe no lo quiso recibir. Además, la causa había sido sobreseída por hurto famélico. Se determinó que las personas que sacaban los alerces lo hacían porque tenían hambre. No sé cómo se tipificó el delito como hurto, si se considera que para talar un árbol hay que aplicar fuerza. En su opinión, se trata de un robo; no de un hurto. Se le dio a entender que la madera ya estaba cortada. Es probable, pero esas personas tenían aserraderos ilegales, lo que constaba en el proceso. Sin embargo, éste se cerró.
El juez de policía local de Puerto Montt, Juan Santana, se atrevió a ir a la zona, donde pudo constatar, efectivamente, cómo estaban las basas cortadas e informarse un poco más de la situación. Recurrió a la Conaf, a fin de consultar qué pasaba, pero dicho organismo no le proporcionó mayores antecedentes. Después, la causa fue investigada por otro magistrado.
Hubo rumores por millones en ese entonces. Comandari dijo que le ofrecieron dinero para comprarle el terreno. En un minuto, se habló de la posibilidad de vender el terreno. También mencionó el hecho de que intervenía el Senador Páez. Se habló de que se podría llegar a un arreglo para que esos terrenos pudieran tener otro uso. Al parecer, no se llegó al acuerdo económico, que era una de las posibilidades para terminar con el gran conflicto. En todo caso, se planteó una intervención para que, en definitiva, se pudiese llegar a un acuerdo y, así, poner fin a la gran disputa sobre el tema, pensando en dar una solución global al conflicto existente con esta persona y sus predios por la ocupación ilegal.
Todo esto se dio en el marco del proceso y de la necesidad de resolver el problema. Como es evidente, esto no prosperó. También había intereses particulares obvios. Comandari no ha entrado en esto porque sea un benefactor del alerce. Él, en su momento, pidió planes de manejo, que fueron negados. En definitiva, él alega que se los denegaron, en circunstancias que a los ocupantes sí se los concedieron, sobre la base de la sola petición que ellos formularon ante el Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de regularizar su situación. Después, esos planes de manejo fueron anulados.
El magistrado Juan Santana va a caballo a la zona, con una actuaria. Comienza a hacer una serie de diligencias y empieza a trabajar la brigada especial de la policía que, se supone, avanza y da pasos más importantes. El proceso, aparentemente, tiene algunos avances, pero la verdad es que desconoce cuáles son.
Por razones de dificultades varias, cuesta mucho hacer una fiscalización permanente en el lugar, pero no le cabe la menor duda de que la explotación se va a seguir ejecutando, aunque desconoce cuáles son los últimos pasos que ha dado el ministro. Pero, sin duda, la explotación no solamente se hace ahí, sino que también se realiza en otros lugares.
Además, está presente el problema con la empresa Larix, en Hornopirén, adonde también tuvo la oportunidad de ir, que está en disputa con comunidades huilliches. Fue con dos cuidadores del lugar en una camioneta arrendada. En el camino encontraron una carga de alerce. Los transportistas mostraron unos papeles, pero estaban muy nerviosos. Cuando ya estaba en la zona, estas personas se pusieron muy agresivas. Cuando, por fin, llegó, se percató de que el lugar estaba lleno de esas marcas que dejan las ramas para borrar las huellas de los tractores. Por supuesto, nadie tenía idea de nada. Al rato, llegó Carabineros, pero su capacidad para operar en la zona es mínima, lo que es comprensible, pues son enormes las extensiones de predios y los lugares de difícil acceso. Sin embargo, hay una situación igual de tala frente a la cual no hay tampoco mayor preocupación.
La Conaf sigue exhibiendo resultados y explica que hay una gran cantidad de denuncias al año. Sin embargo, su impresión es que hay una mínima posibilidad de controlar el asunto. Tampoco hay preparación de los efectivos policiales. Así también lo manifiesta la gente especialista en el tema. Incluso, existe la posibilidad de hacer pasar ciertas maderas por otras. Su visión es que, como país, se está actuando como si no existiera alerce, a pesar de que es una especie muy conocida. No existe capacitación específica y puntual respecto del asunto.
Hasta el momento, lo único que ha visto, sobre todo en las autoridades provinciales de la Conaf, es una actitud de defensa. Cada vez que ha ido para allá, ha quedado como el malo. La última vez, cuando salió la noticia de la detención del señor Weber, se la tomó prácticamente como si él hubiera dictado la resolución. Su trabajo es tratar de enterarse, con antelación, de las cosas que van a suceder; pero, obviamente, él no dicta las resoluciones.
En resumen, lo que siempre ha visto ha sido un espíritu defensivo. Ha pedido varias veces que le muestren el trabajo que se está llevando a cabo. Ha conversado fuera de cámara con inspectores que le han manifestado su total desacuerdo con las políticas aplicadas. Tuvo la posibilidad de conversar con algunos de ellos fuera del juzgado de policía local de Los Muermos. Le informaron sobre algunos proyectos que se estaban llevando a cabo con la comunidad, que después fueron anunciados como proyectos de la Conaf. Hay mucha disconformidad con las políticas de la Conaf.
Cuesta acceder a los lugares en que la tala se efectúa. Sin embargo, pudo llegar a algunos lugares sólo gracias a un par de datos que, por lo demás, se conocen a viva voz en cualquier lugar de la zona. Basta pararse en una plaza y preguntar dónde se tala alerce y todo el mundo lo sabe. Entonces, se pregunta por qué si todo el mundo lo sabe, no se toman las medidas para detener esa práctica. Su impresión es que o no hay recursos, o no existe la voluntad, o hay cierta desidia frente al tema.
Consultado, manifestó que se dice que algunas personas con cargos importantes están involucradas en situaciones relacionadas con intereses propios. Pero son comentarios que han quedado ahí, porque nadie ha podido probar algo de esa índole. Por lo tanto, no podría hacer una acusación al respecto, porque sería muy grave. Pero sí ha escuchado comentarios. Siempre se habla de Puerto Montt como una zona donde las relaciones son demasiado estrechas entre todo el mundo. Los mundos políticos se relacionan.
Expuso que, como el negocio es muy rentable, no es necesario mover grandes cantidades para generar mucho dinero. Una basa puede costar 100 mil o 120 mil pesos. En consecuencia, no es preciso tener una gran cantidad de basas para que el negocio sea rentable. Estas personas tenían cuatro o cinco yuntas de bueyes, jeeps y camionetas, sumados a los aserraderos, lo que habla de gente con cierto poder económico. Es sabido que estas personas no viven en el lugar. Tienen ahí algunas casas que ocupan temporalmente, pero sus familias viven en otros lados. Es muy fácil investigar ese tema y puede ser un elemento interesante. Además, se podrían averiguar los vínculos que ellas tienen con personas de Fresia. Al parecer, hay algunos lazos de corte político.
Recordó que la primera vez que fue al sector y volvía hacia Fresia, la concejala socialista Mirta Lerchundy salió en defensa de la gente y les reprochó que le creyeran a Comandari, quien fue su fuente de información original, pues le contó el caso. En realidad, el señor Comandari no es su financista ni le ha pagado viajes ni estancias, por lo que no tendría ningún inconveniente en denunciarlo, si fuera necesario.
La concejala le dijo que le estaba creyendo todo a Comandari y que ésta era una pobre gente. Tiene la impresión de que ello no es así, pues. para sacar el material, hay que tener camiones. Hay denuncias al respecto e, incluso, se ha tratado de involucrar a personal de Carabineros en el tema. Desconoce cuál es la última información con que se cuenta. Según la jueza Rosa Muñoz, existían antecedentes concretos respecto de que había carabineros involucrados y pretendía dictar un auto de procesamiento.
Conversó con el alcalde de Fresia y se veía muy preocupado. Otro hecho interesante en este asunto es la participación del señor Lagomarsino, de quien se dice que “blanquea” el alerce que sale de El Zarao. Además, se lo vincula con el alcalde de Fresia. Pero eso se da en el plano de los rumores.
En Hornopirén, efectivamente, se tala alerce en forma ilegal. A la orilla del lago están las pruebas clarísimas. Ese mismo día, encontró un camión cargando alerce y que llevaba su guía en orden. Pero el dueño de los árboles, el cortador, no le mostró los papeles que daban cuenta de que era alerce. Con todo, no tiene la capacidad técnica para determinar si la carga correspondía a alerce o a otra madera, como tampoco la tienen quienes, eventualmente, podrían fiscalizar esta materia. Le han contado que cargan el alerce y lo cubren con otro tipo de árboles. Entonces, sucede que, en días de lluvia, de noche, el carabinero, todo mojado, ni siquiera se percata de ese hecho.
Además, hay una situación de deuda social concreta. La gente vive de lo prestado, porque el combustible, los víveres y otras cosas son facilitados por los compradores. Al final, mucha de la madera sirve para pagar deudas. Hay situaciones de pobreza y de alcoholismo en las familias del sector. No le cabe duda de que eso mismo sucede en las comunidades huilliches. No cree que obtengan grandes ingresos. Lo más probable es que pagan con los árboles todo lo que consumen. Es como el sistema de fichas.
Aclaró que una de las preguntas que hizo a la Conaf, la primera vez, fue por qué razón había otorgado planes de manejo a personas que sólo habían hecho una solicitud. Eso surgía a la luz de una serie de documentos que le exhibió el señor Comandari y que contenían antecedentes muy concretos. De hecho, él los impugnó en su momento.
Además, el problema previo que hizo surgir todo el asunto fue que él intentó vender a una empresa, de propiedad de una compañía transnacional, que quería trabajar los parques o algo por el estilo, la cual era representada por el abogado señor Baraona, quien trató de comprar esos predios en nombre de la empresa, que, al parecer, tenía proyectos medioambientales o de protección, lo cual, en definitiva, no prosperó.
Las personas que ocupaban esos terrenos tenían el propósito de talar el alerce y seguir luchando por la propiedad. No se trata de personas que vivan permanentemente en ese lugar. Sus casas son muy precarias y no se condicen con los vehículos que poseen, ni con el movimiento que originan ni con la tala ilegal que han efectuado. Ellos alegan que han estado allí toda una vida y que prácticamente sólo sobreviven.
El señor Comandari argumenta que le cobraron una multa, no obstante que la explotación no era suya. Más allá de si él es el propietario del terreno donde se produjo la tala y de su actuar, lo concreto es que se sigue sacando alerce y, frente a esa situación, hasta ahora no se han adoptado medidas claras.
Comandari señala que tiene más de 44.000 hectáreas, pero nadie ha podido determinar con exactitud hasta dónde llegan en ese sector cordillerano. La gente también reconoce que Comandari es dueño de un predio de esas dimensiones, pero aduce que ella se encuentra fuera de él. Por eso, ningún juez se atreve a expulsarla, ya que no está claro qué terrenos está ocupando.
Sostuvo, que el aparato público es responsable de la falta de fiscalización, aunque no sabe en qué medida. Alguien es responsable por la falta de control, lo cual permite que se trabaje tranquilamente en la tala del alerce y se contribuye a la ocupación ilegal. Es muy fácil darse cuenta de esta situación; basta llegar al lugar y preguntar. Se planteó, por último, por qué una entidad que está dedicada permanentemente al tema no es capaz de determinarla.
14. Comunidades huilliches de Osorno.
El señor Jorge Loy, Presidente de la Asociación Mapu Lahual, en representación de las comunidades huilliches de la costa de Osorno, se refirió a lo que ha acontecido últimamente en la provincia de Llanquihue con el alerce y aludió a la importancia que éste tiene para su comunidad.
Las comunidades huilliches de la Asociación Indígena Mapu Lahual trabajan en un proyecto de conservación y de manejo de sus recursos naturales, incluido el alerce, en diversos lugares de la cordillera de la Costa de la Décima Región, que constituyen la red indígena de áreas silvestres protegidas Mapu Lahual.
Laboran en conjunto con las comunidades Mahui Dantu, de bahía San Pedro, comuna de Purranque; Manquemapu, en la misma comuna; caleta Cóndor; Nirehue: caleta Hueyelhue, dentro de la comuna de Río Negro; Maicolpi ríosur, Maicolpi y Melillanca Huanque, en la comuna de San Juan de la Costa.
Cada cierto tiempo, se juntan todas las comunidades en una ceremonia cultural llamada “rehue”, con el propósito de planificar su desarrollo y determinar de qué manera se deben cuidar los recursos naturales y darles un manejo sostenible.
Dentro de todas las comunidades señaladas, se están fijando algunos sectores como áreas protegidas, que las propias comunidades han definido. Los recursos naturales deben existir para siempre. De hecho, los han cuidado históricamente. Sus ancestros así se lo han inculcado. Actúan en conjunto con las demás comunidades para que esto sea una realidad.
Se logró establecer una mesa de trabajo compuesta por todos los servicios públicos de la región y todos los dirigentes que representan a las comunidades mencionadas. Se ha señalado la importancia de los recursos naturales en la cordillera de la Costa y cómo trabajarlos en el futuro. Las comunidades huilliches no sólo se encargan de extraer el alerce muerto, sino también de proteger el recurso. Por lo tanto, el impacto en el ecosistema es mínimo.
Si se comparan con empresas y particulares, trabajan el recurso en forma artesanal. Ello se puede comprobar con las estadísticas de la Conaf, de Osorno. Si se coteja con lo que sucede en la provincia de Llanquihue, lo que extraen anualmente las trece comunidades indígenas un particular o una empresa privada lo hace sólo en una semana.
Por otra parte, de alguna u otra forma, están capacitando a su gente para reforzar la valoración de sus recursos naturales. En el sector de San Juan de la Costa, específicamente en Maicolpi, ríosur, hay un bosque de olivillo costero que la comunidad ha decidido dejar como parque. Había una intervención fuerte en el bosque. Entonces, la comunidad, demostrando que es capaz de cuidar y manejar sus recursos naturales, acordó dejar ese sector como parque, para protegerlo y trabajarlo. Se están construyendo senderos para que, en el verano, pueda ser visitado.
En la comunidad indígena de la caleta Hueyelhue, lugar donde no existe la intervención de empresas grandes de extracción de madera, se trabaja de tal manera que exista un mínimo impacto en los recursos naturales. En general, todas las comunidades han resuelto dejar áreas protegidas. Se está haciendo toda una labor al respecto y se está capacitando a la gente.
Existen también centros de información ambiental y cultural huilliches, en los cuales se concentra toda la información que cada una de las comunidades posee en materia de manejo de los recursos naturales y de turismo, específicamente en relación con la oferta turística que cada comunidad ofrece en su lugar de origen. Existen cinco de dichos centros de información en el sector de la cordillera de la Costa.
Están pensando en una nueva alternativa de desarrollo económico para las comunidades. Aparte del alerce, que es muy importante muchas familias y, en general, las comunidades viven de él, se está reflexionando sobre otras opciones de adelanto. No obstante esto último, el alerce no dejará de ser fundamental para las comunidades.
La Conaf está abocada a prestar su colaboración en esta tarea y ha apoyado fuertemente la iniciativa emprendida en materia de dar un buen uso al bosque, con la fiscalización correspondiente. Asimismo, cuentan con el apoyo de algunas ONGs, de manera que tienen bastante trabajo avanzado. Esta es la “Estrategia de desarrollo indígena del sector sur costero de la provincia de Osorno”.
Respecto de la fiscalización que se hizo a partir de este trabajo, quedó absolutamente en claro que el deterioro que se produjo en el bosque sucedió en la década pasada, puesto que las grandes empresas extrajeron grandes cantidades de alerce. Esa situación no se ha repetido por parte de las comunidades. O sea, es mínimo el impacto que ha habido después de que esas empresas pasaron por ahí y depredaron el recurso.
Por el hecho de estar organizadas en comunidades, desde hace cinco años, han realizado talleres de fortalecimiento y liderazgo en todas ellas, a fin de preocuparse de la fiscalización y del cuidado. Hace diez años, llegaba cualquier persona ajena a la comunidad y, obviamente, su mentalidad no era igual a la de ellas, puesto que, si veía un alerce frondoso, lo cortaba y, si le cursaban un “parte”, lo pagaba y se llevaba el dinero sobrante.
Al parecer, fueron estratégicos en las comunidades, en el sentido de no permitir que gente externa llegara al bosque, porque están conscientes de que no poseen una mentalidad conservacionista. Han tenido la capacidad de fiscalizar y enseñar en sus comunidades. Asimismo, han colaborado con el control que ha hecho la Conaf.
La Conadi no ha efectuado un aporte al desarrollo del turismo, pero sí ha resuelto el tema de las tierras, aunque aún falta mucho. Si bien, donde hay planes de manejo, ya está resuelto el tema de las tierras, la demanda va mucho más allá, ya que, desde el punto de vista ancestral, ella cubre más que las 2 mil o 3 mil hectáreas que posee cada comunidad.
En la cordillera de la Costa sólo hay bosques, con gran diversidad de especies nativas. Por lo tanto, en el otorgamiento de tierras, sólo se contemplan bosques, los que se trabajan de manera sostenible. En este caso, sólo se trabaja el alerce, pues las otras especies no se extraen.
En cuanto a la situación legal de la tierra, la Conadi está trabajando en favor de las comunidades, en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, pero el proceso ha sido muy lento. En la mesa de coordinación de Osorno, siempre han planteado que solucionar este problema debe ser prioritario. Saben que hay una empresa consultora que está desarrollando un trabajo al respecto y que ha determinado las áreas de influencia de todas las comunidades, parte de lo cual ya se ha comunicado, pero no se ha procedido con la rapidez deseable.
Cuando el Presidente de la República visitó la comuna de Río Negro, le entregaron una carta donde hacen presentes su preocupación por el tema y su anhelo de que se resuelva pronto.
En cuanto a cuál es la relación de las comunidades con la Conaf, incluyó que hace un par de años la relación no era de las mejores, en el caso de la provincia de Osorno. Sólo a partir del trabajo que pusieron en práctica, entró en conversaciones con ellos. Denunció que, hace quince años, la Conaf apoyaba la corta ilegal. Se envió gente externa a las comunidades a hacer corta de alerce. Por eso, en esa época, también tuvo un conflicto con ellos.
Después de eso, hace aproximadamente cinco años, la relación ha mejorado bastante entre las comunidades y la Conaf. Hay participación de ambos lados. Fue un problema que plantearon en la junta general de caciques y en todas las comunidades representadas.
Se les dijo a los funcionarios que, para que la situación mejorara y actuaran coordinadamente, había que empezar a educar a la gente de las comunidades. En el fondo, se trataba de entrar en una relación más participativa, porque antes la función de ellos era llegar y fiscalizar. Si había cortas ilegales, sacaban “partes”, y listo. De ninguna forma ello se iba a evitar, porque había gente externa. Por eso sucedía todo esto.
Pero, mediante un trabajo coordinado, esto mejoró y la situación está controlada. Podría decirse que, en el último tiempo, hay una buena relación con la Conaf, al menos en la provincia de Osorno, porque, en el nivel nacional, hay sectores donde aún hay problemas.
Dejó en claro que son los mejores fiscalizadores de sus recursos, de acuerdo con un trabajo que realizan con todas las comunidades. Les interesa dar a conocer su situación y lo que les preocupa. No pretenden tan sólo señalar que están inquietos por el nuevo reglamento de la Conaf, sino también demostrar la forma en que trabajan. Están dando a conocer las capacidades que desarrollan para cuidar el recurso dentro de las comunidades indígenas, es decir, que le están dando el uso que corresponde.
La señora Silvia Cañulef, representante de las Mujeres Huilliches de San Juan de La Costa, dio lectura a una carta que dejó a disposición de la Comisión. Dice así:
“Honorables Diputados, personas todas.
Como mujeres mapuches huilliches de la futa Huillimapu, cordillera de la Costa Pacífico, habitantes de la tierra, desde tiempos inmemoriales, de la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, nos dirigimos a ustedes con el mayor respeto y damos a conocer nuestras apreciaciones:
“1. Que somos madres y esposas de hombres esforzados, trabajadores y valientes, cuya fuente de trabajo e ingresos para el grupo familiar ha sido de por vida la recolección del producto alerce muerto, produciendo con tan noble madera tejuelas, basas y otros artículos, los que son transportados por vía del mar, con todo el peligro que tan arriesgada labor significa, hacia el puerto de Bahía Mansa, para su comercialización.
“2. Que, con fecha 28 de septiembre de 2004, fuimos citadas por la Conaf de Osorno a una reunión en la que se dio a conocer la nueva modalidad de reglamentación que será utilizada por dicha entidad, la que debería haber empezado a regir el 1 de octubre del 2004, en virtud de la cual, según nuestro parecer, quedaría una gran cantidad de jefes de hogar sin trabajo, creándose con esto un grave problema social. Nunca nos habíamos quejado de nuestro destino; por el contrario, éramos felices viviendo rodeados de la naturaleza, porque con el trabajo que nuestros esposos realizaban nos alcanzaba para el sustento diario y la educación de nuestros hijos. A la vez, queremos decir que no contamos con otra fuente de ingresos inmediatos para la sobrevivencia del grupo familiar y que, si para personas educadas muchas veces no hay trabajo, qué va a ser de ellos, si en algunos casos apenas sabemos leer y escribir.
“3. Deseamos informarles a ustedes que, como habitantes de la cordillera de la Costa Pacífico, vivimos totalmente aislados, carentes de caminos, electrificación, telefonía y no contamos con servicios permanentes de salud; a lo mucho, tenemos una escuelita en la caleta Hueyelhue, que imparte educación básica.
“4. Si todo este problema se originó por lo ocurrido en la provincia de Llanquihue, no se debería globalizar, ya que lo que acontece en la provincia de Osorno es una realidad muy diferente. La Conaf cuenta en Osorno con el apoyo de todas las comunidades involucradas, sean comunidades indígenas, Carabineros de Chile, Servicio de Impuestos Internos y pequeños productores particulares y además este organismo está constantemente enviando funcionarios a supervisar las cordilleras.
“5. Queremos decir que el recurso alerce muerto queda, al menos en esta provincia, para varias generaciones, ya que el trabajo se hace de manera artesanal. A la hora de dar su decisión, por favor tómennos en consideración; no permitan que los jefes de hogar se encuentren forzados a abandonar su grupo familiar en busca del tan ansiado trabajo; no permitan que aumente la cesantía en nuestra patria.
“6. Proponemos que se cree una comisión para la cordillera de la Costa Pacífico de la provincia de Osorno, donde se les dé participación a los trabajadores, conjuntamente con funcionarios de la Conaf y con los que ustedes estimen conveniente para que corroboren lo que aquí decimos.”
El señor Carlos Paillamanque, Tesorero de la Asociación Indígena Mapu Lahual y Secretario de la Unidad Indígena Maicolpi, agregó que no es por casualidad que en la cordillera de la Costa exista este recurso forestal tan grande ni tampoco es casualidad que esté todavía allí. La razón es porque el pueblo huilliche maneja ordenada y equilibradamente la forma de ver el mundo, el cual no está enmarcado en monedas, sino en recursos, en una forma de vida distinta. Por eso, por excelencia, es conservacionista.
De ahí que los indígenas buscan una estrategia de desarrollo sobre cómo hacer uso de los recursos en forma sostenible. Es el conocimiento empírico lo que tiene que ver con la forma de vida, con los árboles y con lo que se denomina biodiversidad o ecosistema. No es desde ahora que los están cuidando, sino desde siempre. Necesitan vivir de esos recursos, para lo cual están elaborando una estrategia de manejo sostenible del bosque, razón por la cual se están haciendo asesorar y se están capacitando al respecto.
Dejó en claro que sus conocimientos existen. Lo que pasa es que no se los valora. Por eso, quieren que en la Cámara de Diputados se los respete y se los valore. No quieren que se los mire de la misma forma que a los otros. Quieren que con ellos haya una excepción, pues sus comunidades han sobrevivido mucho tiempo con sus recursos, que no los han depredado. Tampoco hay peligro de extinción. Es más, están para que muchas generaciones del futuro vean la riqueza de sus bosques.
Explicó, en primer lugar, que la Asociación Mapu Lahual está compuesta por nueve comunidades. Pero ésa es la parte desde el fundo Maicolpi al sur. Hay otras en la provincia de Osorno que no pertenecen a su asociación y que también trabajan el alerce. Tienen los permisos correspondientes, etcétera. Entonces, eso suma mucha más gente. Ellos son alrededor de 2.500 personas.
Respecto del uso de la especie alerce, hacen tejuelas de alerce y también basas. Las artesanías que se elaboran son figuras de cosas prácticas, tales como tacitas, mates, vasos, mesas, ventanas, ese tipo de objetos. Pero las cantidades no son grandes y tampoco lo que se recibe por ello es mucho dinero; alcanza apenas como para sostenerse.
No sólo viven de esto, sino también del turismo durante los meses de verano. Realizan ecoturismo y un poco de turismo rural, porque la gente también quiere ver las casas e interiorizarse de su sistema de vida. Eso va acompañado de la venta de productos hortícolas. Como organizaciones lafquenches, muchos de sus recursos los sacan del mar, como una forma de complementar su actividad.
En cuanto a las nuevas políticas que la Conaf va a implementar en el tema del alerce, para ellos son muy perjudiciales desde el punto de vista técnico. De acuerdo con el formato que tienen, si en una hectárea existen cien plantas de renoval alerce o de otras especies de alerce de un metro o más, no se podría otorgar un plan de manejo.
Dentro de la hectárea, aparte del centenar de alerces, hay miles de especies renovales. De allí hacen 2 mil o 3 mil tejuelas, con un impacto mínimo en el ecosistema, pues no cortan los árboles y sacan la madera al hombro. Por eso, la nueva disposición los afecta enormemente. Ayer, le explicaron al Director Ejecutivo de la Conaf su situación. Los entendió y les dijo que su caso es muy distinto. La norma se está flexibilizando y eso constituye un avance para ellos.
Consultado sobre si sabe de algún congresista que esté apoyando la tala ilegal del alerce, afirmó que, como comunidad indígena, no tienen ese apoyo. Ninguna autoridad les ha dicho que talen el alerce. Las autoridades que los respaldan, tanto en la fiscalización como en el otorgamiento de los planes de manejo, han sido muy rígidas en esa materia y muy claras, al señalarles que, como comunidades indígenas, les otorgan planes de manejo siempre que adquieran un compromiso con ellas, de manera que, si ocurre algo ilegal, sean los denunciantes, lo cual les conviene, porque son los encargados de cuidar el área.
Sin embargo, sucede que, en los años cincuenta, la Endesa construyó un camino en el fundo Maicolpi, por el cual permanentemente están ingresando personas extrañas a la comunidad a talar árboles ilegalmente, ya que no pueden vigilar adecuadamente ese acceso. No obstante, han hecho varias denuncias y están buscando los mecanismos que les permitan terminar con esa situación.
El señor Anselmo Paillamanque, Lonco Encargado de Tierras y Aguas, señaló que son personas que han estado siempre ahí y haciendo uso de sus recursos muy cuidadosamente. Por ejemplo, desde que tiene uso de razón, el alerce ha sido comercializado entre ellos mismos. Había comunidades de los valles que, cuando querían construir, iban a comprar y se producía el trueque, que es el intercambio de mercaderías entre las comunidades.
La gente de los valles, de las zonas agrícolas, llevaba productos como el trigo o la papa, que no se cultivan en todas las comunidades de la cordillera, y lo que les daba la madera lo convertían en mercadería. El que compra alerce todavía tiene sus galpones o pequeñas habitaciones para vivienda. En fin, han sido cuidadosos. Siempre han usado la prudencia. Nunca un mapuche se levanta, toma el hacha y dice: “Voy a derribar este árbol.” Primero tiene que pedir permiso. Son personas que conocen a un dios. Si van a derribar un árbol, piden permiso. Si van a arar la tierra, hacen lo mismo, porque van a romper el seno de su madre para cosechar la semilla. Su cultura es muy respetuosa de la naturaleza.
En cuanto al agua, por ley, han tenido que solicitar lo que les pertenecía. Por ello, estimó que las leyes son injustas. A veces, son creadas por intereses. Se los obliga a cumplir las exigencias de una ley de la sociedad. Las aguas están inscritas a nombre de las comunidades. Ellos hacen uso de ellas, y evitan el corte de árboles donde hay una vertiente. Han cuidado las vertientes subterráneas para que el agua no desaparezca. Han trabajado y cuidado la naturaleza.
Lo que ha pasado es que el propio Estado ha hecho una mala administración de los recursos. Es extraño que, por algún decreto, se los condene. Si no fuera por ellos, no habría alerce. Quieren hacer uso de los recursos en forma sostenible, pero sin perder el horizonte. Eso es lo que son. Por eso, solicitó comprensión mutua, para lograr el avance significativo que necesita el país.
El señor Luciano Huichalaf, Presidente de la Comunidad Indígena Mirehue, expresó que es padre de familia y que le afecta demasiado el problema del alerce. Tienen bastantes recursos para el sustento de sus familias, pues queda mucha madera muerta. Por consiguiente, piden que se les sigan dando planes de manejo.
V. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en el seno de la Comisión, del examen de la documentación recopilada, vuestra Comisión ha llegado a las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que, con motivo de la detención del Director Ejecutivo de la Conaf, señor Carlos Weber, en el marco de un proceso por adulteración de guías de tránsito para transporte de alerce, en la localidad de Los Muermos, se despertaron dudas y suspicacias en la opinión pública respecto de la transparencia de los actos públicos que hacen relación a los procesos de autorización de explotación y de fiscalización de la especie forestal alerce, en la Décima Región, de Los Lagos, por parte del organismo responsable de estas tareas, la Corporación Nacional Forestal.
Que, junto a lo anterior, se conocieron denuncias públicas de que esta falta de transparencia estaba asociada a la participación de personajes públicos con poder para impedir el cumplimiento de las disposiciones de control y fiscalización de la explotación de esta especie protegida, de lo cual se dedujo que la tala ilegal del alerce y su posterior comercialización constituían una práctica común y de magnitudes preocupantes.
Que estas razones motivaron la creación de esta Comisión Investigadora que, entre otras materias, debía determinar la real magnitud y gravedad de la tala ilegal del alerce, como, asimismo, eventuales irregularidades en la Conaf y la existencia de una red de protección y asociación ilícita en la Décima Región. Además, debía abocarse al estudio de los actuales procedimientos de fiscalización y control que aplica la Conaf en el cometido que le corresponde en la detección y solución de los casos de tala ilegal.
Para estos efectos, vuestra Comisión se abocó a citar, escuchar e inquirir a diversas personas y autoridades que asistieron a sus sesiones y la ilustraron en relación con las materias que provocaban inquietud en la opinión pública.
De las declaraciones del Director Nacional de la Conaf y del Ministro de Agricultura, principales autoridades públicas responsables de la fiscalización y control de la explotación del alerce en Chile, se desprende que las medidas dispuestas para realizar una adecuada fiscalización y control tanto de las autorizaciones de explotación como de los controles de las mismas son apropiadas, suficientes, transparentes y garantizan la debida protección de la especie.
Estas declaraciones se contraponen con las vertidas por otras agrupaciones de profesionales, como la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la cual sostiene lo contrario e, incluso, acusa al Director Ejecutivo de la Conaf de haber manifestado que presiones de personeros políticos importantes de la zona le impedían llevar a cabo eficazmente las acciones tendentes a proteger con más celo la especie amenazada.
Ambas posiciones contradictorias son motivo de la investigación que se lleva adelante por un ministro en visita de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt y, por tanto, no compete a esta Comisión indagar la veracidad de las afirmaciones de unos u otros.
La Comisión se abocó a intentar despejar las otras inquietudes planteadas en el proyecto de acuerdo, tales como las denuncias de tala ilegal de alerce, la falta de control y la vulnerabilidad de la especie, las inquietudes manifestadas por diversas organizaciones ambientalistas sobre la necesidad de profundizar en la pesquisa del cumplimiento de las disposiciones legales y de los sistemas de fiscalización y control, así como sobre la existencia de posibles irregularidades en el interior de la Conaf.
CONCLUSIONES
1.De conformidad con los antecedentes recopilados, la Comisión no pudo determinar fehacientemente si hubo o no hubo asociación ilícita o tráfico de influencias.
Respecto de la responsabilidad de la Conaf, se constataron anomalías en cuanto a la fiscalización de los planes de explotación autorizados por la institución, así como en el seguimiento y la comprobación de los volúmenes autorizados por extraer en cada uno de los planes.
2.No existen cifras consensuadas en el país para fijar los volúmenes de alerce existentes, por lo que el organismo fiscalizador no cuenta con información precisa de los volúmenes de alerce muerto disponible y susceptible de autorizar su explotación.
Asimismo, la información proporcionada por el Ministro de Agricultura no es coincidente con la dada a conocer por la Universidad Austral de Chile acerca de la misma materia. El Ministro sostiene que, de las 260 mil hectáreas de alerce existentes, 110 mil hectáreas, es decir, el 42%, se encuentran bajo la protección del Snaspe. La Universidad asevera que sólo el 18% de ellas, es decir, aproximadamente 50 mil hectáreas se hallan bajo la protección del Snaspe.
3.La actual normativa que regula las medidas y acciones que debe ejecutar la Conaf resultan insuficientes e ineficaces para garantizar la adecuada protección de la especie. Las instrucciones emanadas del ministro de Agricultura, a través de un decreto del año 2001, que obliga a los funcionarios de la Conaf a verificar, en terreno, la existencia de alerces muertos antes de autorizar los planes de extracción, no se llevan a efecto. Esta disposición fue considerada por el Ministro en la Comisión como un avance en materia de fiscalización. No obstante, los propios funcionarios de la Conaf de la Décima Región reconocen que esta instrucción no se cumple.
Por otra parte, la fiscalización se entorpece y dificulta cuando la Conaf autoriza planes de extracción de alerce a personas que sólo exhiben una simple solicitud de saneamiento de títulos a través del procedimiento especial que establece el Ministerio de Bienes Nacionales, y no únicamente a propietarios con inscripción de dominio vigente. La imposibilidad para delimitar el predio y su ubicación hace que sea relativamente simple utilizar esas autorizaciones de explotación para extraer madera de distintos predios.
4.De los antecedentes recopilados por la Comisión, es posible concluir que existe tala ilegal de alerce en la Décima Región. Ello se corrobora, además, con el hecho de que los Tribunales de Justicia, entre los años 2000 y 2003, fallaron 29 causas vinculadas a la explotación ilegal de alerce.
5.La actual institucionalidad pública del sector forestal, que contempla una Corporación Nacional Forestal como corporación de derecho privado, que ejerce potestades públicas, ha dificultado la acción de fiscalización de la institución.
PROPOSICIONES.
1.Resulta urgente contar con una ley de bosque nativo y una institucionalidad pública forestal que garanticen mayor eficacia en el cumplimiento de los planes de fiscalización. Ello permitiría, además, que la Conaf no deba requerir autorización del propietario para ingresar a un bosque o a un fundo, cuando existan presunciones fundadas de que en él se está cometiendo un delito ambiental.
2.Es imprescindible, para la protección de la especie, aumentar los recursos fiscales tanto de la Conaf como de Carabineros de Chile y de la Policía Ambiental de Investigaciones, a efectos de que puedan cumplir eficazmente sus funciones en la zona de alerzales.
3.Atendida la complejidad de la situación actual del alerce en Chile y como requisito para implementar una adecuada política de conservación, resulta necesario solicitar al Infor que efectúe, dentro de 2005, un censo de bosques vivos y un inventario de bosques vivos y muertos de alerce, que permita cuantificar tanto su estado como el grado de intervención a que han estado sometidos, mediante técnicas de teledetección, que utilizan imágenes satelitales y fotografías aéreas infrarrojas.
4.Modificar el decreto supremo Nº 490, precisando que los planes de explotación sólo puedan otorgarse previo análisis, en terreno, del espacio por explotar y de las pulgadas de alerce por extraer. Esto impediría el otorgamiento de planes de manejo sobre áreas en donde no existe la especie o donde existe en muy pequeño volumen, eliminando la posibilidad de “blanqueo” de la misma. La autorización concedida sin la visita previa a terreno habrá de ser constitutiva de falta grave, cuya sanción podrá producir la destitución del funcionario otorgante.
5.Establecer que una zona con presencia de alerce, afectada por un incendio, cualesquiera que sean las características del mismo, quede impedida automáticamente para el otorgamiento de planes de manejo por parte de la Conaf, en un plazo no inferior a diez años, que puede elevarse en el caso de que se compruebe la responsabilidad del propietario del predio en el incendio.
6.Aparece como fundamental la confección, por parte de la Conaf, de un sistema de registro de productores de alerce que sea inviolable y dé garantías de seguridad. En este registro deberán consignarse todas las operaciones de producción, comercialización y transporte que se realicen.
7.Recomendar a la Conaf que lleve a cabo una sistematización y consolidación de todos los documentos que identifican al producto, tales como guías de libre tránsito, guías de despacho, boletas y facturas, entre otros.
8.Enmendar la tipificación de la tala ilegal del alerce, de manera que ya no sea considerada una falta, cuyo conocimiento está encomendado a los juzgados de policía local, sino un delito. Del mismo modo, es menester elevar las multas aplicables a este delito e impedir su conmutación por penas de cárcel u otras medidas alternativas, como la detención en un establecimiento hospitalario.
9.Establecer la pena de comiso para todos los medios de transporte, maquinarias, herramientas y otros productos o efectos del delito. Asimismo, prohibir los remates o subastas del alerce decomisado, el que deberá entregarse a la municipalidad respectiva, para ser destinado a obras sociales.
10. Reconociendo que los programas de desarrollo indígena, como el ejecutado en las comunidades de la costa de la provincia de Osorno, denominado “Proyecto Red de Parques Comunitarios Mapu Lahual”, han obtenido resultados económicos, sociales y ambientales positivos, se recomienda fomentar planes de esta naturaleza en aquellas zonas de alerzales en que se puedan implementar.
11. El Servicio Nacional de Aduanas deberá contar con la asesoría profesional de ingenieros forestales, que le posibilite evitar la exportación de alerce con guías falsas, que tipifiquen la salida de otras maderas similares, de difícil reconocimiento.
Puestas en votación las consideraciones, fueron aprobadas por unanimidad. Las conclusiones Nºs 1, 2, 3 y 4 fueron aprobadas por asentimiento unánime; la Nº 5, se aprobó por mayoría de votos. La proposición Nº 1, resultó aprobada por mayoría de votos y las Nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, se aprobaron por unanimidad.
Además, la Comisión acordó:
Remitir este informe a S. E. el Presidente de la República y al Ministro de Agricultura, para su conocimiento y fines pertinentes.
Se designó diputado informante al señor Fidel Espinoza Sandoval.
Sala de la Comisión, a 18 de enero de 2005.
Acordado en sesiones de fecha 9, 17, 23 y 24 de junio, 7, 8, 15 y 22 de julio, 4 de agosto, 1, 8 y 15 de septiembre, 6 y 20 de octubre y 1 de diciembre de 2004 y 5 y 18 de enero de 2005, con la asistencia de los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval (Presidente), Claudio Alvarado Andrade, Roberto Delmastro Naso, Guido Girardi Lavín, Javier Hernández Hernández, Carlos Kuschel Silva, María Eugenia Mella Gajardo, José Pérez Arriagada, Carlos Recondo Lavanderos, Leopoldo Sánchez Grunert, Rodolfo Seguel Molina, Edmundo Villouta Concha, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
Por la vía del reemplazo, asistieron los Diputados señores Andrés Egaña Respaldiza, Marcelo Forni Lobos, Pablo Galilea Carrillo, Carlos Abel Jarpa Webar, Fernando Meza Moncada, Pedro Muñoz Aburto, Alejandro Navarro Brain, Iván Norambuena Farías, y Felipe Salaberry Soto.
Asistieron, además, los Diputados no miembros de la Comisión, señores Eugenio Bauer Jouanne y señora Alejandra Sepúlveda Orbenes.
(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ, Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Gonzalo Ibáñez, Bauer, García-Huidobro, y de la diputada señora Rosa González.
Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades para facilitar asociación de Municipalidades. (Boletín 3793-06)
“Considerando:
Imposibilidad de que municipios con mayores recursos, tanto económicos como humanos, puedan asociarse con otros municipios del país carentes de las condiciones recién mencionadas.
La legislación municipal contempla en el Título VI “De las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales”, párrafo 2p, “De las asociaciones de municipalidades”, normas que permiten que dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, puedan constituir asociaciones municipales, para así facilitar problemas que le sean comunes o lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Dicha regulación en la práctica no ha permitido lograr concretarse, no obstante encontrarse regulada a nivel constitucional.
Es así como el artículo 107 inciso 6° de la Carta Fundamental consagra que “Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios”. El constituyente plasma en dicha norma el fundamento a través del cual permite que distintas municipalidades puedan unirse, reconociendo otro mecanismo de solidaridad entre municipios (caso típico de mecanismo de solidaridad es el fondo de distribución solidaria, denominado Fondo Común Municipal), y así por medio de dicho mecanismo satisfacer de la mejor manera las necesidades de la comunidad local, permitiéndole obtener a ella, progresos económicos, sociales y culturales.
Los objetivos generales de las asociaciones de municipalidades los detalla la normativa municipal, en el artículo 135 inciso 2º y apuntan a lo siguiente:
a) atención de servicios comunes;
b) ejecución de obras de desarrollo local;
c) fortalecimiento de instrumentos de gestión;
d) realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente turismo, salud u otros fines que les sean propios a dichos municipios asociados,
e) capacitación y perfeccionamiento del personal municipal y
f) coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal.
Lo objetivos anteriores no han podido concretarse y se han visto limitados en atención a que efectivamente se exige, por parte del artículo 135 de la Ley de Municipalidades, que se constituyan o creen dichas asociaciones de municipalidades para la “solución de problemas que les sean comunes”.
Dicha exigencia que indica la legislación municipal, no está establecida a nivel constitucional, y es por ello que tales asociaciones que se podrían constituir, no debiendo, necesariamente, pertenecer a una misma provincia o región, no se han formado, en virtud de no existir entre las asociaciones problemas que le sean comunes.
Suele suceder que las comunas con más ingresos, como son por ejemplo, alguna comunas que están ubicadas dentro de la Región Metropolitana, específicamente, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, entre otras, no pueden asociarse con otras comunas, por ejemplo de zonas aisladas, o más alejadas, debido a que no cumplen con el requisito de solucionar problemas “que le sean comunes”, ya que la configuración de ellas es distinta según sean las características de cada municipio, no pudiendo, en la mayor de las veces, lograr la reciprocidad o equivalencia de las contraprestaciones otorgadas por los municipios asociados.
2. Propuesta.
Para solucionar los problemas anteriores, es que se propone hacer una modificación a la legislación orgánica municipal:
En el sentido de permitir que comunas que cuentan con mayores capacidades, tanto económicas, del área de recursos humanos, tecnología e infraestructura puedan asociarse con comunas a lo largo de todo el país, con el objeto de efectivamente lograr los objetivos contemplados en el artículo 135.
Por las razones antes mencionadas es que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
Suprímase en el artículo 135 inciso primero la expresión “que le sean comunes”.
Moción de los diputados señores Gonzalo Ibáñez, Bauer, García-Huidobro y de la diputada señora Rosa González.
Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades para aclarar norma que rige suspension de derecho a sufragio del alcalde. (Boletín 3794-06)
“Considerando:
Falta de claridad en el procedimiento aplicable respecto de las normas de inhabilidad a que se ve afectado el alcalde cuando a éste se le suspende su derecho a sufragio.
La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en el artículo 73 letra a), dentro de los requisitos que debe tener todo candidato a concejal (aplicable al candidato a alcalde), el de “ser ciudadano con derecho a sufragio”.
Son ciudadanos con derecho a sufragio, aquellos que cumplen con lo establecido en la Constitución Política de la República, artículo 13 inciso 1º, o sea, “Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”.
A su vez, la Carta Fundamental complementa lo anterior disponiendo que el derecho de sufragio se suspende cuando se incurren en las causales mencionadas en el artículo 16, esto es:
“1°por interdicción en caso de demencia;
2°por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y
3°Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 159 del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 151 del artículo 19”.
Es así como respecto de las inhabilidades sobrevinientes que afectan a los Alcaldes cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, recién mencionadas, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure su incapacidad, así lo indica el artículo 61 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Para que proceda lo anterior, deberán operar las reglas de sustitución previstas en el artículo 62 de la Ley de Municipalidades, o sea, la subrogación o suplencia, según sea la incapacidad a la que se vea afectado, sea de hasta cuarenta y cinco días o superior a ese lapso, respectivamente.
Ahora bien, según criterios fijados por la Contraloría General de la República la incapacidad temporal del alcalde, para ejercer su cargo por haber sido sometido a proceso como autor de un delito, opera de pleno derecho bastando sólo el mérito del auto de procesamiento ejecutoriado, y para que se haga efectiva requiere solamente una certificación del Tribunal del Crimen, que de cuenta que el alcalde se encuentre sometido a proceso por delito que merezca pena aflictiva.
Lo anterior se concluye en atención a que no existe ninguna disposición legal que establezca la forma o procedimiento en que debe operar y hacerse efectiva la referida incapacidad temporal de suspensión del derecho a sufragio.
De este modo, el artículo 61 de la Ley de Municipalidades no establece de manera expresa que para incapacitar temporalmente al alcalde, deba necesariamente requerirse el pronunciamiento declarativo del Tribunal Electoral Regional, como sí se menciona en el artículo 60 a propósito de las normas de cesación de la máxima autoridad municipal, normas que no dicen relación con esta situación puntual y específica de suspensión del alcalde por incurrir en suspensión del derecho a sufragio y que sí está señalado de manera expresa para el caso de los concejales, como bien lo señala el artículo 76 en relación con el artículo 77, bastando el requerimiento de al menos un concejal ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, que declare tal inhabilidad para el desempeño de su cargo.
Por lo expuesto es que se ve necesario plasmar de manera expresa el procedimiento a aplicar en estos casos, para evitar que el alcalde, estando afectado por dicha causal de suspensión, en atención a haber incurrido en alguno de los motivos mencionados en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, continúe ejerciendo su cargo, en una abierta infracción y grave atentado a la legislación constitucional y municipal, conociendo de su incapacidad para hacerlo, pero abusando de la falta de concreción normativa existente.
2. Propuesta
Para solucionar el problema anterior, se propone hacer una modificación a la legislación orgánica municipal:
a)Establecer procedimiento operativo cuando alcalde sea suspendido de su derecho a sufragio:
Como no existe, actualmente, norma alguna en la Ley de Municipalidades que determine qué procedimiento adoptar en caso de que el alcalde se encuentre afecto a la suspensión del derecho a sufragio, por encontrarse, por ejemplo, procesado por un delito cuya pena sea superior a tres años y un día (pena aflictiva), es que se ve la necesidad que sea el propio tribunal del crimen o el juez de garantía el que certifique que el procesado o imputado, se encuentra afecto a la causal mencionada en e1 artículo 16 de la Constitución.
Como la propia sede penal notificará al afectado (alcalde, en el caso en cuestión), se entenderá de pleno derecho que se encuentra incapacitado para el desempeño de su cargo.
Por lo tanto, regirán desde dicha certificación en sede penal, las normas establecidas para su subrogación o suplencia, según sea el caso, en los artículos 62 y 78, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley de Municipalidades.
b)Establecer oportunidad de operatividad cuando alcalde sea suspendido de su derecho a sufragio:
Si bien es suficiente con la certificación efectuada en sede penal, para que el alcalde deje de desempeñar temporalmente su cargo, es necesario consignar que ello empezará a regir desde el día siguiente de la correspondiente certificación, no obstante que desde que ella se encuentre realizada opera de pleno derecho, pero para los efectos organizativos al interior del municipio, y para la correspondiente efectividad de los actos administrativos municipales, se entenderá que le corresponderá desempeñar el cargo de alcalde subrogante o suplente, según sea el caso, a partir del día siguiente hábil.
c)Que sea considerado contravención grave a las normas de probidad administrativa, el no acatamiento por parte del alcalde de su incapacidad temporal para desempeñar su cargo:
Tomando en consideración que pudiese vulnerarse la normativa anterior, es necesario establecer una sanción ante su incumplimiento por parte de la autoridad edilicia, al verse éste incapacitado temporalmente de ejercer su cargo, y seguir desempeñándolo, haciendo caso omiso a lo establecido en el ordenamiento municipal.
Lo anterior, permite ser reforzado en virtud de las atribuciones propias de los concejales, los que tal como establece la Ley de Municipalidades, en su artículo 71, se constituyen en un órgano fiscalizador. Para ello podrán presentar requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, con el objeto de que el alcalde, no sólo temporalmente se vea incapacitado de ejercer su cargo, sino que en atención a la contravención a los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen en el desempeño de la función pública, ello produzca un entorpecimiento del servicio en pro de la comunidad, sea dicha actitud de desacato de los tribunales de justicia, considerado corno contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, tal como lo establece la Ley N° 18.575, orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en sus artículos 52 inciso 2°, y especialmente artículo 62 Nº 8.
Por lo tanto, se aplicaría el procedimiento establecido en el artículo 60 letra c).
Por las razones antes mencionadas es que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
Agréguese al artículo 61, el siguiente inciso 2°:
“Dicha incapacidad temporal para ejercer el cargo empezará a regir desde el día siguiente hábil de la certificación que efectúe el juez de garantía o del crimen, según corresponda. El no cumplimiento de lo establecido en este artículo, por parte del alcalde, será considerado como contravención grave a las normas sobre probidad administrativa”.
Moción de los diputados señores Gonzalo Ibáñez, Bauer, García-Huidobro y de la diputada señora Rosa González.
Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades para actualizar monto de obligaciones contractuales que requieren caución. (Boletín 3795-06)
Considerando:
1.Falta de concordancia con la realidad municipal, a propósito de las garantías exigidas a nivel municipal
La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone en su artículo 38 lo siguiente:
“Las personas que contraigan obligaciones contractuales con la municipalidades por una suma no inferior a dos unidades tributarias mensuales, deberán rendir caución”.
Tal disposición en la actualidad, importa una situación engorrosa que hace que en la práctica no se cumpla.
Efectivamente atendido los múltiples requerimientos de la comunidad local y producto de la dinamicidad que ello conlleva, para dar eficaz cumplimiento a las respuestas a estos requerimientos, es que las municipalidades se ven enfrentadas a realizar diariamente una gran cantidad de relaciones contractuales con terceros, que como regla general superan el margen de las 2 U.T.M. (unidades tributarias mensuales) que establece la norma, y que al tenor de la mencionada disposición debieran rendir caución a favor de la municipalidad.
Por ello, es necesario que se regule adecuadamente este tema, dándole mayor flexibilidad a la norma manteniendo respecto de terceros la obligación de rendir fianza, pero sobre valores más significativos.
Debe tenerse presente que mediante la Ley Nº 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, dictada el 30 de julio del 2004 y cuya entrada en aplicación, por parte de todos los municipios de Chile, se encuentra diferida por así disponerlo la misma ley en su artículo 11 transitorio, encargándole al Ministerio de Hacienda, establecer mediante decretos supremos la gradualidad de incorporación de los organismos públicos regidos por dicha ley N° 19.886, dentro de los que se encuentran los municipios. Es así como a través del Decreto Supremo Nº 1.179, publicado el 05.02.2004, que establece gradualidad para incorporación de municipios del país a los sistemas a que se refieren los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Nº 19.886, se estableció tres etapas de incorporación al sistema electrónico de compras públicas, y posteriormente por el Decreto Supremo N° 638, publicado el 24 de septiembre del mismo año, se dispuso un período de seis meses de puesta en marcha para la implementación del proceso de compras públicas.
En ella existe regulación en materia de garantías y cauciones en los procesos de compras por parte de terceros, pero en aquellos casos en que no se aplique la Ley N° 19.886, por así disponerlo expresamente dicha normativa en su artículo 3°, regirá en materia de contratos que recaen en bienes lo establecido en su artículo 38.
Es por ello que es necesario la eliminación de las 2 UTM a que hace alusión la norma del artículo 38 de la Ley de Municipalidades.
2.Propuesta.
Para solucionar los problemas anteriores, se propone modificar en la normativa municipal lo siguiente:
Eliminar la caución a que hace alusión el artículo 38 de la Ley de Municipalidades, exigiéndose caución respecto de sumas superiores a 20 UTM.
Por las razones antes mencionadas es que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúzcase la siguiente modificación a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1.Modifícase el artículo 38, de la siguiente manera:
“Artículo 38: Las personas que contraigan obligaciones contractuales con la municipalidad, por sumas iguales o superiores a 20 unidades tributarias mensuales, deberán rendir caución”.