Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDO DE COMITÉS
- ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- DEBATE
- PAREO
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Osvaldo Palma Flores
- Exequiel Silva Ortiz
- Fernando Meza Moncada
- Arturo Longton Guerrero
- PAREO
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- ARCHIVO DE PROYECTO.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Ivan Paredes Fierro
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- VI. FÁCIL DESPACHO
- CREACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO. Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INDICACIÓN
- CREACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO. Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados. Primer trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN REGISTROS ELECTORALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN REGISTROS ELECTORALES. Primer trámite constitucional.
- VIII PROYECTOS DE ACUERDO
- BENEFICIOS PARA VOCALES DE MESA EN PROCESOS ELECTORALES. (Votación).
- DEBATE
- COMISIÓN INVESTIGADORA PARA EVALUAR RESULTADOS DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Fulvio Rossi Ciocca
- Samuel Venegas Rubio
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Alberto Robles Pantoja
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Anibal Perez Lobos
- Zarko Luksic Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- BENEFICIOS PARA VOCALES DE MESA EN PROCESOS ELECTORALES. (Votación).
- IX. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE COMODATO GRATUITO DE TERRENOS DE PARQUE METROPOLITANO EN FAVOR DE AGRUPACIÓN RELIGIOSA. Oficios.
- ADHESION
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- ADHESION
- DESIGNACIÓN DE ANGOL COMO CAPITAL DE LAS TRADICIONES. Oficio.
- OPCIONES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CANAL DE CHACAO. Oficios.
- SALUDO A NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LOCALIDAD DE NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS. Oficios.
- EXTENSIÓN DE METROTRÉN A CHIMBARONGO. Oficios.
- UNIVERSIDAD PARA CIUDAD DE SAN FERNANDO. Oficio.
- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA RAMADA, DE SAN FERNANDO. Oficios.
- DEVOLUCIÓN DE APORTE ADICIONAL A TRABAJADORES DE LA ENAP DE MAGALLANES. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE COMODATO GRATUITO DE TERRENOS DE PARQUE METROPOLITANO EN FAVOR DE AGRUPACIÓN RELIGIOSA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Samuel Venegas Rubio
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Leopoldo Sanchez Grunert
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 37ª, en martes 11 de enero de 2005
(Ordinaria, de 11.06 a 14.38 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Letelier Norambuena, don Felipe; y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDO DE COMITÉS.
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Acuerdo de Comités 11
- Elección de Presidente de la Cámara de Diputados 11
- Archivo de proyecto 13
- Permisos constitucionales 13
VI. Fácil Despacho.
- Creación de Comisión permanente para el control del sistema de inteligencia del Estado. Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados. Primer trámite constitucional 14
VII. Orden del Día.
- Establecimiento de sistema de inscripción automática en registros electorales. Primer trámite constitucional 20
VIII. Proyectos de acuerdo.
- Beneficios para vocales de mesa en procesos electorales. (Votación) 35
- Comisión investigadora para evaluar resultados de privatización de empresas sanitarias 36
IX. Incidentes.
- Antecedentes sobre comodato gratuito de terrenos de Parque Metropolitano en favor de agrupación religiosa. Oficios 38
- Designación de Angol como capital de las tradiciones. Oficio 39
- Opciones para proyecto de construcción de puente sobre canal de Chacao. Oficios 40
- Saludo a nuevo Presidente de la Cámara de Diputados 41
- Funcionamiento de planta de tratamiento de aguas en localidad de Nueva Braunau, Puerto Varas. Oficios 41
- Extensión de metrotrén a Chimbarongo. Oficios 42
- Universidad para ciudad de San Fernando. Oficio 42
- Pavimentación de camino en sector La Ramada, de San Fernando. Oficios 42
- Devolución de aporte adicional a trabajadores de la Enap de Magallanes. Oficio 43
Pág.
X. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que acordó disponer, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, el archivo del proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados. (boletín N° 1766-07) 44
2. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que aprobó, con modificaciones, el proyecto sobre acoso sexual. (boletín N° 1419-07) 44
3. Oficio del honorable Senado por el cual remite intervención del Senador señor José García Ruminot referida a irregularidades que se habrían cometido en el Ministerio de Obras Públicas con la obra “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco” 47
4. Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a carabineros con resultado de muerte o lesiones graves. (boletín N° 3587-02) 52
5. Informe de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Salud recaído en el proyecto de acuerdo Aprobatorio del “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”. (boletín N° 3722-10) 59
6. Moción de los diputados señores Venegas, Ascencio, Muñoz, don Pedro; Navarro y Sánchez, que prohíbe en la pesquería de la merluza común, la utilización del cerco y del arrastre en todas sus formas. (boletín N° 3784-21) 85
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1 Comunicaciones:
- De los diputados señores González, don Rodrigo y Paredes quienes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 7 de enero en curso para dirigirse a Asia (Vietnam).
2. Oficios:
Ministerio de Defensa Nacional
- Señor Kuschel, medidas para prevenir el abigeato en la temporada de navidad y año nuevo.
Ministerio de Agricultura
- Señor Navarro, proyectos en la comuna de Coronel, Octava Región.
- Señor Espinoza, deuda agricultores Décima Región.
- Señor Hernández, exportaciones de trigo.
- Señor Prieto, sumario administrativo.
Ministerio de Obras Públicas
- Señor Delmastro, reparación del terraplén.
- Señor Felipe Letelier, obras viales en tramo de la carretera 5 sur de la Séptima Región.
- Señor Felipe Letelier, construcción de obra de regadío Laja-Diguillín, provincia de Biobío- Ñuble.
- Señor Jaramillo, estado de avance de regularización deuda de Corporación Vial de Valdivia.
- Señor Bauer, información sobre estado de la ruta 5 Sur en tramo de la Sexta Región.
- Señor Ortiz, informe sobre construcción de Costanera Sur en San Pedro de La Paz.
- Señor Hidalgo, construcción de nuevo acceso portuario en San Antonio.
- Señor Villouta, atraso en la construcción de Cod-Cereco de Cholchol.
- Señor Alvarado, proyecto de pavimentación camino Rilán, comuna de Castro.
- Señor Juan Pablo Letelier, cumplimiento de requisitos legales en la instalación de Rodoviario en la ciudad de Rancagua.
- Señora Sepúlveda, construcción de camino lateral entre Chimbarongo y San Fernando.
- Señor Jaramillo, reparación del puente Itropulli en la comuna de Paillaco.
- Señor Meza, cierre de camino público en Menetué, Novena Región.
- Señor Hales, cambio de modalidad en llamado a licitación de grandes obras públicas.
- Señor Navarro, información relativa a Essbio S.A.
- Señor Kuschel, auditoría por fallas en estudios de ingeniería y en construcción de rampa para pescadores artesanales en Carelmapu.
- Señor Mora, reparación de camino que une Chuquicamata con Tocopilla.
- Señor José Antonio Galilea, cierre del camino que conecta la vía Puente Quillén-El Sol.
- Señor Navarro, mejoramiento de ruta O-274, Tomé-Cocholgue y accesos.
- Señor Hidalgo, mantención de caminos rurales en distrito 15, Quinta Región.
- Señor Masferrer, construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en el sector Santa Inés de la comuna de Las Cabras.
- Señor Navarro información relativa a la distribución de agua potable realizada por la Empresa Essbio S.A.
- Señor Uriarte, construcción de una defensa metálica en la lado norte de la Ruta 68, frente a Curacaví.
- Señor Navarro, informe sobre multas aplicadas a Essbio y reclamos recibidos por su gestión.
- Señora Lily Pérez, retraso de construcción de colector de aguas lluvias en La Florida.
- Señor Ramón Pérez, ejecución de obras de mejoramiento en la vía de acceso a la comuna de Camiña.
- Señor Bayo, estado del proyecto de regadío para la comuna de Traiguén.
- Señor Navarro, mejoramiento de la infraestructura portuaria de la caleta Coliumo de Tomé.
- Señor Ulloa, inversiones para caleta Tumbes de Talcahuano.
- Señor Álvarez-Salamanca, pavimentación del sector comprendido entre Puente Lautaro y la ciudad de Curepto.
- Señor Kuschel, informe sobre situación de las Corporaciones Viales de la Décima Región.
- Señor Ulloa, inversiones para caleta Tumbes de Talcahuano.
- Señor Mulet, proyectos obras viales Tercera Región.
- Señor Mulet, proyectos obras viales Tercera Región.
- Señor Lagos, falta de señalética pública en el sector Los Alcerces, Puerto Montt.
- Señor Kuschel, obras a realizar en comuna de Cochamó para evitar desbordes e inundaciones.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Señor Navarro, fusión de Telefónica Móvil y Bellsouth.
- Señor González, urgencia a proyecto de ley sobre instalación de antenas de telefonía móvil.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Rodrigo González, Iván Paredes y la señora Laura Soto.
-Concurrió, también, el senador señor Jaime Gazmuri.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , don José Miguel Insulza, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
El acta de la sesión 31ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ACUERDO DE COMITÉS
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
Informo a la honorable Cámara que los Comités parlamentarios acordaron, en sesión celebrada hoy, que cada bancada designe a un representante para consensuar los criterios en relación con el proyecto de Código de Aguas, cuyo plazo para ser votado vence mañana a las 12.00 horas.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente accidental).-
Corresponde efectuar la elección de Presidente de la Corporación.
El señor Secretario informará sobre los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Señor Presidente , se han registrado en la Secretaría los siguientes pareos: de los diputados José Pérez con Alberto Cardemil, Osvaldo Palma con Exequiel Silva y Fernando Meza con Arturo Longton.
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
La votación se realizará en forma secreta, por el sistema de cédulas y en un solo acto.
El señor Secretario procederá a llamar a votar a las señoras diputadas y señores diputados.
-Terminada la votación y verificado el escrutinio:
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Han votado 90 señores diputados y se han escrutado 90 cédulas.
El resultado es el siguiente: por don Gabriel Ascencio, 49 votos; por don Rodrigo Álvarez, 37 votos. Hubo 1 voto nulo y 3 votos en blanco.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente accidental).
-En consecuencia, ha sido elegido Presidente de la Corporación el señor Gabriel Ascencio.
-Aplausos en la Sala y en tribunas.
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
Ruego al señor diputado pasar a ocupar su lugar en la Mesa.
-El diputado señor Gabriel Ascencio pasa a ocupar su lugar en la testera de la Mesa.
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
Se suspende la sesión.
-Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LETELIER, don Felipe ( Presidente accidental ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Presidente recién electo de la Corporación.
El señor ASCENCIO, Presidente (de pie).-
Señoras diputadas y señores diputados:
Asumo la Presidencia de la Cámara de Diputados en un momento en que la Corporación ha estado tensionada en su relación con otro poder del Estado por cuestiones que no debieron haber ocurrido.
Debemos aprender que las formas hacen al fondo o, en palabras de Jacques Maritain, un fin bueno se transforma en malo si los métodos para alcanzarlo no son nobles. Por desgracia, ello pasa más veces que las que estamos dispuestos a aceptar en nuestras relaciones políticas. El respeto entre los poderes tiene que ver con las formalidades y también con los simbolismos.
Espero que durante nuestra administración estas relaciones se mantengan en el nivel que corresponde al funcionamiento de las instituciones de una democracia en desarrollo y que la cortesía y respeto que los diferentes poderes se deben entre sí nunca más estén ausentes en nuestras relaciones.
Lo sucedido hace que la gente vea a sus parlamentarios como lejanos de sus preocupaciones del diario vivir. Pese a lo anterior, inicio mis palabras con un reconocimiento al trabajo abnegado y consciente que las señoras diputadas y señores diputados despliegan barrio a barrio, comuna a comuna, en cada uno de sus distritos, intentando
acercar las soluciones del Estado a las preocupaciones ciudadanas.
De esta manera, nuestros colegas interpretan el sentir de sus electores y del país en el trabajo de comisiones y Sala, muchas veces anónimo y carente del brillo de las cámaras de televisión que parecen cada vez más preocupadas de lo accesorio, sin reparar que lo sustancial ocupa una proporción muy significativa del tiempo de los legisladores.
Muchas veces la crítica a la labor de los diputados nos suena injusta y carente de realismo. Cierto es que hay oportunidades en que algunos de nuestros errores permiten que se nos caricaturice, mostrándonos como parte de un espectáculo al que no pertenecemos.
Tal vez aquí radique una de las preocupaciones a las cuales debamos entregar más tiempo en los próximos meses. No basta con saber que realizamos nuestra labor con dedicación y eficiencia, es preciso que sepamos involucrar a los ciudadanos en la tarea parlamentaria, generar espacios reales de participación, a través de los cuales sus intereses y preocupaciones sean mejor representadas en este lugar: el Poder Legislativo.
Espero que no ahorremos esfuerzos, al igual que las administraciones anteriores, en la labor de hacer más eficiente el trabajo legislativo, avanzando en la tarea de modernizar esta Corporación.
Daré y daremos garantías a todos los sectores políticos para que puedan cumplir a cabalidad y con responsabilidad y seriedad las atribuciones legislativas y fiscalizadoras que nos entrega la Constitución Política que juramos respetar. Espero que de esta manera los ciudadanos confíen en que esta Cámara cumplirá sus obligaciones en resguardo de los intereses del país.
Entendemos que en un año particularmente complejo no será fácil asumir todos los desafíos que tenemos por delante, pero el debate de los grandes temas nacionales no debe quedar ausente por motivo alguno: la
mala distribución del ingreso, la necesidad de contar con una política nacional de empleo, el impulso y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, por señalar sólo algunos ejemplos, son materias que deben estar presentes en nuestro debate parlamentario.
El Congreso Nacional y en especial esta Cámara siempre fueron el reflejo del debate democrático acerca de las cuestiones que preocupan a la nación. Ello puede volver a ser parte de nuestra dedicación permanente. Nuestro país sigue siendo una nación que se construye día a día.
En los próximos días se promulgará la ley Nº 20.000, lo que refleja el trabajo de este Poder del Estado a través de la historia. Como feliz coincidencia, también se cumplen 112 años de la ley que lleva el Nº 1, que prorrogó por diez años la prohibición de adquirir terrenos de indígenas a particulares en las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé, zona esta última que represento con orgullo.
En este contexto y desde esta presidencia, en conjunto con el Ejecutivo , impulsaremos con vigor la tarea de convertir en leyes proyectos tales como el financiamiento a la educación superior, la modificación del Código de Aguas, las reformas constitucionales, la regulación del lobby, la inscripción automática en los Registros Electorales, el relativo al bosque nativo, el nuevo tributo a la minería, el de rentas II, la modificación a la ley de isapres, el que crea los juzgados y establece procedimientos laborales y la obligatoriedad de hacer una declaración patrimonial de bienes a las altas autoridades del Estado, incluidos los parlamentarios.
Saludo a mis camaradas y a mi partido, el Demócrata Cristiano, en el cual he militado por más de treinta años; a mis amigos y colegas de la Concertación, con la cual me siento comprometido, y a los trabajadores de la Corporación, importantes colaboradores en nuestra labor parlamentaria.
Aprovecho también de saludar a los pocos pero buenos amigos que han alcanzado a llegar desde Chiloé a esta sesión para acompañarme al momento de asumir esta responsabilidad. Agradezco su presencia y la de las autoridades de Chiloé que se encuentran en tribunas, quienes podrán transmitir el orgullo que siente este hijo de Chiloé al ser elegido para presidir la Cámara de Diputados.
A mis colegas, sin excepción, quiero transmitirle la confianza de que encontrarán en este presidente toda la ecuanimidad, amistad y respeto que mis modestas condiciones me permitan.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor LETELIER, don Felipe ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por tres minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor LETELIER, don Felipe ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
ARCHIVO DE PROYECTO.
El señor LETELIER, don Felipe ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del honorable Senado de archivar el proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República , senadores y diputados, por encontrarse esta materia comprendida en el proyecto sobre reforma constitucional.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor LETELIER, don Felipe ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Rodrigo González e Iván Paredes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. FÁCIL DESPACHO
CREACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO. Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados. Primer trámite constitucional.
El señor LETELIER, don Felipe ( Vicepresidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto originado en moción que modifica el Reglamento de la Corporación, con el objeto de crear una comisión permanente de control del Sistema de Inteligencia del Estado.
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno , Administración y Reglamento es el diputado señor Jorge Ulloa.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3699-16, sesión 3ª, en 7 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, sesión 36ª, en 6 de enero de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, paso a in-
formar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de acuerdo que tiene el propósito de incorporar en el Reglamento interno de la Corporación una comisión permanente de control del Sistema de Inteligencia del Estado , a fin de cumplir con el mandato que nos ha dado la ley Nº 19.974, recientemente promulgada, que establece un Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.
El proyecto de acuerdo fue iniciado en moción de los diputados señores Álvarez , Bertolino , Cardemil , Encina , Leal , Mora, Norambuena , Pérez, don José , y Ulloa , con el fin de incorporar en el Libro Tercero del Reglamento la referida comisión.
La ley Nº 19.974, publicada en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2004, que estableció un Sistema de Inteligencia del Estado y creó la Agencia Nacional de Inteligencia, está conformado por un conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, pero que funcionan coordinadamente, de manera que cada uno tiene asignada una competencia específica, con el propósito de asesorar al Presidente de la República y a las autoridades de los niveles superiores del Estado en materia de protección de la soberanía nacional y la preservación del orden institucional.
El Sistema de Inteligencia del Estado se halla integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Por expresa disposición del artículo 37 de la ley en comento, corresponde que nuestra Corporación, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituya una comisión especial que tenga como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que componen el Sistema de Inteligencia del Estado.
Para cumplir con dicho propósito, los autores de la iniciativa proponen regular, en el Libro Tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, dedicado especialmente al ejercicio de la facultad fiscalizadora, la integración y funcionamiento de esta comisión especial y se le dota de las facultades esenciales para el cumplimiento de sus fines.
El proyecto de acuerdo consta de un artículo único, que incorpora un nuevo título en el Libro Tercero del Reglamento de la Cámara, y agrega los artículos 303 bis y 303 ter.
Por el primero de ellos se crea la Comisión Especial de Inteligencia, se fija su competencia, se regula su composición y se establece el carácter secreto de sus actuaciones. Además, se repite la obligación legal del director de la Agencia Nacional de Inteligencia de presentar anualmente a esta instancia un informe secreto sobre la labor realizada por la dicha agencia y respecto del funcionamiento del sistema.
Por el segundo, se le otorga a la nueva Comisión una serie de atribuciones para que pueda cumplir cabalmente con su cometido. Desde luego, se le faculta para conocer los informes anuales que le remita el director de la Agencia, pero también para formular recomendaciones al Presidente de la República referentes al funcionamiento, la eficiencia u otros aspectos del Sistema.
Durante el debate habido en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento se estimó oportuno y necesario introducir esta adecuación en el Reglamento interno, de manera de poder cumplir con la obligación legal de recibir los antecedentes e informes del director de la Agencia Nacional de Inteligencia , sobre todo si se considera que dicha entidad se encuentra en pleno funcionamiento desde el nombramiento de su primer director en octubre del año pasado, quien ha manifestado su intención de concurrir a esta Corporación a la brevedad, con el fin de rendir su primer informe sobre esta importante materia de interés público.
Hago presente que la iniciativa fue aprobada en general por unanimidad.
La discusión particular se centró básicamente en aspectos del proyecto que originaron algunas dudas.
En este sentido, los puntos más controvertidos dicen relación con la composición de la Comisión Permanente Especial, ya que se trata de una comisión con menos integrantes que las otras; en vez de trece miembros, siete. Ello es fundamental para mantener la reserva y el secreto de la información conocida.
También se discutió su procedimiento de integración y el carácter excesivamente permanente de sus integrantes.
Además, se buscaron fórmulas de solución que quedaron plasmadas en el documento que cada uno de los señores diputados tiene en su poder.
Las causales de remoción aparecían como muy restringidas a las excesivas facultades que le conferían a la comisión, particularmente por la posibilidad de requerir la comparecencia de los ministros de Estado -materia que fue modificada- y la necesidad de repetir el juramento de guardar reserva que efectúan los diputados al incorporarse a la Cámara.
Cada una de las inquietudes señaladas, como se indica en el informe, fueron abordadas y resueltas convenientemente por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, mediante la formulación de indicaciones sustitutivas que mejoraron el texto que hoy somete a consideración de la honorable Cámara tras haberlo aprobado en forma unánime.
Por último, hago presente que aquí se recogió el trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, especialmente el que se efectuó durante la tramitación de la ley Nº 19.974. Además, el informe contiene las opiniones y aportes de diputados de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento que se dedicaron a debatir el tema durante varias sesiones.
Luego de conversar con algunos integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, y posteriormente con diputados de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, integrada por representantes de los distintos Comités, se llegó a un texto que fue aprobado en forma unánime.
Por lo tanto, estimo imprescindible aprobar esta modificación del Reglamento, con el objeto no sólo de cumplir con el mandato de la ley del sistema de inteligencia del Estado, sino también de hacer más eficiente su aplicación.
Esta iniciativa fue producto de la labor de la Cámara de Diputados y no de otra instancia.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , no en el ánimo de entorpecer el trámite, sino de hacerlo expedito y de la mejor forma, quiero formular algunas consideraciones que, a mi juicio, no sólo hacen aconsejable, sino absolutamente necesario, que nos demos un tiempo más, de modo que el proyecto de modificación del Reglamento vuelva a las comisiones que voy a proponer.
El texto que se propone es mejor que el contenido en el proyecto de acuerdo original.
No obstante la gentileza de los redactores de ofrecerme firmar, me pareció que éste adolecía de grandes inconvenientes.
Sin duda, hay un avance respecto del texto original, pese a ello, el texto propuesto por la unanimidad de los diputados de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento aún adolece de inconvenientes que no hacen aconsejable aprobarlo en esta oportunidad, razón por la cual solicito que se remita nuevamente a dicha comisión, sin perjuicio de que paralelamente se envíe a la Comisión de Defensa Nacional, que conoció la ley que origina esta iniciativa.
A mayor abundamiento, he presentado tres o cuatro indicaciones para que sean vistas en el trámite reglamentario que corresponda.
En la discusión hay que tener presente un artículo de la ley que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que dice de manera muy clara que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras -en ningún otro ámbito- constituirá, en conformidad a su Reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado.
En este sentido, me parece que al texto propuesto no es suficientemente claro en cuanto a que la competencia de la comisión que se crea es restrictivo en su origen, por cuanto no es posible al tenor del Reglamento ampliar tácita o expresamente aquello que la ley de manera perentoria señala como ámbito único, exclusivo y excluyente de su competencia, la fiscalización.
En virtud de ello, el texto propuesto merece serias dudas en términos de una relativa extralimitación reglamentaria; en otras palabras, una pseudo eventual ultraactividad en la gestión que se nos ha encomendado por ley. A mi juicio, atendidas las características de esta materia, es decir, inteligencia, con todo lo que ello implica, la falta de claridad en un Reglamento puede, en este caso específico, crear problemas de interpretación muy complejos.
Me pregunto, por ejemplo, si puede una comisión -como señala uno de los artículos propuestos, en particular el de las competencias, el ter- por sí, formular recomendaciones al Presidente de la República . ¿No es ésa una actividad propia de la Corporación en Sala?
Entiendo que la propuesta busca que la comisión conozca y proponga eventuales recomendaciones, pero ésas, necesariamente, deben ser tratadas en la Sala. ¡Cómo una comisión de siete miembros, por sí y ante sí, hará recomendaciones al Presidente de la República , en circunstancias de que ello le corresponde a la Sala, por decisión unánime o por mayoría de los diputados!
Asimismo, ¿puede una comisión requerir -facultad más bien propia de los tribunales de justicia- a otro poder del Estado cualquier antecedente de una información con la amplitud que señala el texto? O, por el contrario, lo que podría solicitar es aquello que justifique el rol de fiscalización, pero, como está dicho, puede pedir cualquier antecedente o información.
En rigor, aunque no sea la intención de los redactores, por ese mecanismo puede llegar a convertirse en una especie de agencia paralela.
¿Puede solicitar información para evaluar la gestión, como dice el artículo, para saber sobre el grado del cumplimiento de los planes de inteligencia? No dice gestión, pero señala: para saber el “grado de cumplimiento de los planes de inteligencia”. ¿Es aquello labor de la Comisión o se trata de una extralimitación del rol fiscalizador, como a mí me parece?
¿Se pueden evaluar las directivas, las estrategias y las tácticas de la inteligencia? Derechamente, me parece que no.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo.
Como estamos en Fácil Despacho, su señoría disponía de cinco minutos.
El señor BURGOS .-
Termino enseguida, señor Presidente .
Además no se dice a quién se hace presente “cualquier acto que, a su juicio, vulnere la normativa que regula la actividad de inteligencia”. En consecuencia, hay una tendencia a confundir el rol de la fiscalización de los actos de Gobierno o sus agencias con labores propias de la inteligencia. Eso me parece complejo.
Presenté unas indicaciones para cuestiones más bien formales, pero me parece de absoluta necesidad remitir el proyecto de acuerdo a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento para que conozca las indicaciones y las consideraciones que se han hecho y también, si es posible, paralelamente enviarlo a la Comisión de Defensa Nacional que trabajó el texto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , estamos ante una situación algo complicada. Este proyecto cubre una necesidad generada por la reciente dictación de la ley que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI para que la Cámara de Diputados cumpla en la mejor forma con la función fiscalizadora que le da esa normativa.
Escuché con atención al diputado señor Burgos y me parece que analiza el tema con racionalidad e ilustración, pero, en general, sus aprensiones pueden ser contrastadas con la literalidad del texto y las atribuciones que otorga a la comisión que se crea, bastante acotadas en el artículo 303 ter nuevo.
Enviar el proyecto a dos o tres comisiones para un nuevo estudio, va a dilatar el despacho de una iniciativa que en su origen es muy simple, cual es facultar a la comisión permanente que se crea para fiscalizar la Agencia Nacional de Inteligencia en los términos que la ley establece.
Dado que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, que preside la Mesa, propuso este texto, le pido un pronunciamiento, ahora, a la Mesa. ¿Es necesario seguir dilatando esta tramitación? ¿Está la Mesa en condiciones de aclarar lo que plantea el diputado señor Burgos ? Si eso es así, y me imagino que lo está, que nos lo diga y votamos en el acto. Si cree que es conveniente darle otra vuelta, que tome sobre sí esa tarea y lo lleve nuevamente a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento para que analice lo que se ha planteado en la Sala y nos proponga un nuevo texto.
No soy partidario de seguir dilatando la tramitación y aprobación de una norma simple, por lo cual se incluyó en Fácil Despacho.
Me tomo la atribución de darle traslado a la Mesa de las aprensiones del diputado señor Burgos , con el objeto de que nos diga si a su juicio el proyecto está en condiciones de ser votado inmediatamente o si sería conveniente que la Comisión de Régimen lo analice nuevamente. Las demás comisiones tendrán opinión pero, en definitiva, el informe que corresponde es el de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, porque es una modificación de las normas que rigen a la Corporación.
Señor Presidente, le pido un pronunciamiento.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el artículo 37 de la ley Nº 19.974, que establece un Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituya, en conformidad con su Reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la facultad para la creación de este organismo fiscalizador está establecida en la ley.
¿Cuál es la petición concreta del diputado Cardemil?
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , quisiera saber si la Mesa estima que la Sala está en condiciones de votar la propuesta de la Comisión de Régimen Interno o, a la luz de lo planteado por el diputado señor Burgos , ésta debe ser analizada nuevamente por la Comisión de Régimen Interno para una propuesta distinta, modificada, complementada, etcétera.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Señor diputado, esa es una facultad de la Sala y no mía como Presidente.
Tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , pienso que no tiene mucho sentido votar cuando existe desacuerdo, aun cuando hay consenso para la formación de la comisión especial.
El diputado señor Burgos ha dicho que algunas de las atribuciones no están especificadas en la ley ni caen dentro del ámbito de la facultad fiscalizadora de esta Cámara. Tengo mis dudas. Concuerdo más con el informe de la Comisión de Régimen Interno. Todos estamos de acuerdo con la formación de la comisión especial, la que tendrá que analizar temas de inteligencia y, por lo tanto, tendrá una responsabilidad distinta de la del resto de las comisiones.
El problema está -como lo planteaba el diputado señor Cardemil - en si la Mesa determina que las dos o tres atribuciones mencionadas por el diputado señor Burgos están en la ley o se deducen de ella. En definitiva, ése es el tema de fondo. Habría que ver si se vota ahora esta moción o si vuelve a la Comisión de Régimen Interno a fin de lograr consenso. Insisto: no hay discrepancia respecto de la formación de la comisión especial que, desde mi punto de vista, es lo principal; además, coincido con lo señalado por el diputado señor Cardemil .
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Cuando corresponda votar, se adoptará una resolución.
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , siento que estamos en una discusión que no nos lleva a puerto. En primer lugar, porque tenemos una ley, y por mandato de esa ley que nosotros mismos dictamos la estamos desarrollando. Entonces, cuando nos referimos al artículo 37 de la ley Nº 19.974, en el sentido de que la Cámara de Diputados deberá constituir, en la esfera de sus facultades fiscalizadoras, una comisión especial, lo único que estamos haciendo es respetar el mandato legal. Cuando la Constitución se refiere a la fiscalización, dice que ésta se hace a través de observaciones al Presidente de la República . Por tanto, cuando se habla de si se puede o no formular alguna recomendación, evidentemente, está dentro del marco constitucional.
En segundo lugar, cuando se señala la estricta necesidad de mantener un número reducido de diputados que conozca la información secreta, se intenta mantener en el mejor nivel de la reserva la posibilidad de que los agentes de inteligencia puedan mantenerse con vida. Se trata de la vida de funcionarios del Estado que realizan una labor extraordinariamente importante. Por lo tanto, en esto debemos ser muy rigurosos.
Finalmente, no sólo es posible formular recomendaciones en virtud de la disposición constitucional, sino que también es completamente necesario y atingente expresar con precisión -desde mi perspectiva, está lo suficientemente precisado y resguardado- las atribuciones de dicha comisión. No se trata de una instancia que por sí y ante sí haga lo que se le ocurra. Hay que recordar que se flexibilizó la norma respectiva, de manera de permitir que los Comités, por unanimidad, puedan cambiar a sus diputados integrantes.
En consecuencia, no podemos dejar que pase el tiempo y que la ley Nº 19.974, cuyo texto se encuentra vigente, esté coja porque quienes la elaboramos no estamos cumpliendo con una de sus disposiciones.
Por lo tanto, este proyecto debiera ser votado con prontitud, de manera de cumplir con el correspondiente mandato legal.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Votaremos el proyecto en general al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
La Mesa sugiere votar en general el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Corporación, con el objeto de crear una Comisión Permanente de control del Sistema de Inteligencia del Estado , y que vuelva a la Comisión de Régimen Interno, por haber sido objeto de indicaciones.
El señor ULLOA.-
Pido la palabra.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , estoy de acuerdo en que el proyecto se vote sólo en general, pero fijemos un plazo para votarlo en particular, que no puede pasar de la próxima semana, porque estamos pasando a llevar el mandato establecido en la ley Nº 19.974.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , solicito que se aplique el Reglamento. Como se han presentado indicaciones, el proyecto debe volver a la Comisión de Régimen Interno, instancia en la cual veremos cuándo vence el plazo.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
La Comisión de Régimen Interno lo tramitará lo más rápido posible.
En votación general el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Mella (
-Se abstuvieron los diputados señores:
álvarez-Salamanca,
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único: 1. Del señor Burgos 2. Del señor Burgos, para suprimir en el artículo 303 bis, el inciso tercero. 3. Del señor Burgos, para eliminar en el artículo 303 ter, las letras b) y e).
VII. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN REGISTROS ELECTORALES. Primer trámite constitucional.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto, originado en mensaje, sobre sistemas de inscripción en registros electorales.
Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, son los señores Longton y Alvarado, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3586-06, sesión 11ª, en 6 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, y de la de Hacienda, sesión 36ª, en 6 de enero de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de “simple”, sobre sistema de inscripción en registros electorales.
La iniciativa legal tiene como primera finalidad incrementar el universo efectivo de electores y, en definitiva la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes, en los procesos eleccionarios y plebiscitarios. Al efecto, establece la inscripción automática en el Registro Electoral .
En segundo término, considera la eliminación de la multa establecida para sancionar a los ciudadanos que no sufraguen.
Fue aprobado, en general, por simple mayoría de votos.
En su totalidad, es calificado de quórum orgánico constitucional al tenor del artículo 18 de la Carta Fundamental, con excepción de sus artículos 33 y 40.
Durante el estudio, la Comisión de Gobierno Interior contó con la participación de muchas personas, entre las que se encuentran el ministro del Interior , don José Miguel Insulza , y su jefe de gabinete, señor Gonzalo García ; el abogado del aludido ministerio, señor Jorge Claissac ; el director del Servicio Electoral , don Juan Ignacio García ; la subdirectora y la jefa de organismos y padrones electorales de esa repartición, señoras Elizabeth Cabrera y Blanca Palacios, respectivamente; representantes del Instituto Libertad y Desarrollo y del Instituto Libertad, etcétera.
El mensaje.
La ampliación del sufragio.
El mensaje comienza señalando que la ampliación del derecho a sufragio constituye una cuestión central de la democracia. Hay que recordar que en la época del voto censitario la aspiración era lograr el sufragio universal. Posteriormente, éste se extendió a las mujeres y, más tarde, a los analfabetos y a los jóvenes.
Desde una perspectiva conceptual, la ampliación del sufragio tiene una dimensión individual, en cuanto a derecho ciudadano, y otra colectiva, porque supone un fortalecimiento de la democracia.
El sufragio patentiza la libertad del individuo y su involucramiento como ciudadano en la democracia. Negar o perturbar el ejercicio del sufragio implica, pues, restringir la libertad personal.
Si bien hay distintas aproximaciones al tema de la democracia -concebida por algunos como un espacio en que se agregan las distintas preferencias individuales de los ciudadanos y por otros como un mecanismo de deliberación acerca de las preferencias colectivas-, lo cierto es que su legitimidad arranca, precisamente, de la existencia de múltiples preferencias u opiniones que participan en el juego deliberativo. Por eso, mientras mayor sea el número de participantes en el proceso democrático, más legítima es la definición que colectivamente se adopte y más fuerte es la adhesión del ciudadano a esa definición colectiva.
De este modo, se plantea como una tarea permanente buscar los instrumentos que permitan profundizar las libertades públicas y perfeccionar la democracia, objetivos a los que apunta la presente iniciativa, al decir del Ejecutivo.
Situación actual.
A continuación, el mensaje recuerda que la Constitución Política, en su artículo 13, prescribe que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, confiriendo a los ciudadanos el derecho de sufragio. La Carta Fundamental reconoce este derecho en la forma más amplia, estableciendo al efecto únicamente requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, la edad y a no haber sido condenado a pena aflictiva.
En cambio, la Constitución de 1925 contemplaba un requisito adicional para adquirir la ciudadanía, cuyo cumplimiento pesaba en forma más o menos obligatoria en el propio ciudadano, cual era la inscripción en los registros electorales. La ley establecía sanciones para los ciudadanos que no cumplían con el trámite de inscripción, cuya acreditación se exigía para la realización de ciertos actos administrativos, notariales o para la obtención de créditos.
Hoy, la situación es diferente, porque la calidad de ciudadano se obtiene sin necesidad de cumplir ningún trámite.
A la luz de estos antecedentes, no se justifica hacer pesar sobre los ciudadanos la obligación de inscribirse en los registros electorales para ejercer los derechos que la Carta Fundamental les otorga por el solo hecho de serlo. De ahí que resulte indispensable establecer mecanismos destinados a que los ciudadanos puedan ejercer cabalmente su derecho de sufragio.
La inscripción automática.
El mensaje afirma que para el Gobierno no existe duda alguna acerca de la no voluntariedad de la calidad de ciudadano. El texto constitucional es claro al respecto. No resulta lógico ni aceptable que la norma constitucional descanse, para su efectividad, en un acto de carácter voluntario del ciudadano.
Desde 1990, con la reinstauración de la democracia, la participación de los ciudadanos en los procesos electorales ha sufrido una paulatina disminución. De acuerdo con el último censo, 10 millones 444 mil 605 chilenos tienen más de 18 años, lo que significa que hay cerca de 2 millones 400 mil ciudadanos que no se han inscrito en los registros electorales, no obstante reunir los requisitos para votar. De estos, según cifras del Servicio Electoral, casi 2 millones tienen menos de 29 años.
Estos datos representan un llamado de atención para que se disponga un sistema que involucre a los jóvenes en los procesos electorales y así participen en las decisiones de su país.
Se han dado varias explicaciones sobre la apatía de los jóvenes por inscribirse en los registros. Lo que sí está claro es que el sistema de inscripción existente no responde a los actuales requerimientos y, por ende, debe ser modernizado.
Respecto al funcionamiento de los registros, hay que tener presente que permanecen abiertos todos los meses del año, salvo períodos breves, antes, durante y después de una elección. Sin embargo, el horario de atención es reducido: las oficinas están abiertas para los efectos de las inscripciones durante las mañanas de los primeros siete días de cada mes. Por otra parte, en el denominado “período extraordinario” de atención, las juntas inscriptoras funcionan todos los días hábiles del mes, pero igualmente su horario es breve.
En síntesis, el sistema vigente no brinda facilidades para inscribirse, lo que implica que el mandato constitucional sea precario en la práctica. Por ello -afirma el mensaje-, la solución más acertada parece ser la inscripción automática de los electores.
Este mecanismo no es inédito en el derecho comparado, pero hasta ahora no se ha podido implementar en Chile, porque para poder crear un padrón de electores en forma automática es necesario conocer quiénes son los ciudadanos y dónde se encuentran. De lo contrario, no es posible saber cuántos electores hay ni dónde votan. Hoy, con la nueva cédula nacional de identidad y las bases de datos que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, es posible, si bien con algunas dificultades, poner en marcha el sistema de inscripción automática.
Finalmente, el Ejecutivo sostiene que el cambio del actual procedimiento de inscripción a uno de tipo automático no requiere una reforma constitucional previa, porque la calidad de ciudadano se adquiere, al tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política, por el sólo hecho de reunir los requisitos señalados en esa disposición.
A mayor abundamiento, el proyecto permite dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 1º, en cuanto a que el Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. La presente iniciativa legal supone una actitud proactiva en torno a garantizar esa condición de igualdad básica como “piso” para la participación política.
A continuación, el informe incluye extractos de las intervenciones del ministro del Interior , don José Miguel Insulza ; del director del Servicio Electoral , don Juan Ignacio García ; del director del Servicio de Registro Civil e Identificación , señor Aldo Signorelli ; del asesor jurídico del Instituto Nacional de la Juventud, señor Jaime Junyent ; del analista de Flacso, señor Claudio Fuentes ; de la analista del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Ena Von Baer ; del analista del Instituto Libertad, señor José Miguel Izquierdo ; del presidente de la Juventud del Partido por la Democracia, señor Juan Eduardo Faúndez y del analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señor Manuel Antonio Garretón.
El artículo 13 de la Constitución Política expresa que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenadas a pena aflictiva, agregando que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
De acuerdo con el artículo 15 de la misma, el sufragio es obligatorio para los ciudadanos.
El artículo 18 de la Carta Fundamental encomienda a una ley orgánica constitucional determinar la organización y funcionamiento del sistema electoral público, debiendo regular también la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios.
Por su parte, la ley orgánica constitucional consta de varios cuerpos normativos, entre ellos la ley Nº 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y la ley Nº 18.556, sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Esta última regula pormenorizadamente en su Título II, artículos 25 al 60, el tema de la inscripción electoral, materia sobre la que versa el presente proyecto.
Respecto de la ley Nº 18.700, su título VII, De las sanciones y procedimientos judiciales, establece las sanciones por las faltas y delitos que tipifica. Entre las infracciones se incluye la de no sufragar, aspecto que aborda el proyecto de ley.
Ideas matrices o fundamentales.
El proyecto de ley del Ejecutivo contiene dos ideas matrices:
1. Incrementar el universo efectivo de electores y, en definitiva, la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes, en los procesos eleccionarios y plebiscitarios; y
2. Eliminar la multa considerada para los ciudadanos inscritos que no cumplan con la obligación de emitir su sufragio en dichos procesos.
Discusión y votación en general.
La Comisión compartió los fundamentos de la iniciativa en informe contenidos en la moción, aprobando por siete votos contra cinco la idea de legislar sobre la materia.
De acuerdo con lo prescrito en el Nº 6 del artículo 287 del Reglamento, a continuación se ofrece una síntesis de las opiniones de los diputados que sustentaron el voto de minoría, cuestión que voy a obviar, ya que se encuentra en el documento que todos los colegas tienen en sus escritorios.
Discusión y votación en particular.
Durante la discusión pormenorizada del proyecto, la Comisión adoptó varios acuerdos que también figuran en el informe.
Se trata de un proyecto importante aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social hace un par de semanas y que ponemos a consideración de la honorable Sala.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar acerca del proyecto de ley sobre sistema de inscripción electoral.
Durante el estudio del proyecto, asistió a la Comisión el señor Gonzalo García , abogado del Ministerio del Interior.
El propósito de la iniciativa consiste en modificar el actual sistema electoral, con el objeto de incrementar el universo de votantes, especialmente de los jóvenes, estableciendo al efecto la inscripción automática en el Registro Electoral y eliminando la multa que se aplica a los ciudadanos inscritos que no cumplan con la obligación de emitir su sufragio.
El señor García señaló que el proyecto no sólo articula el sistema de inscripción automática, sino que establece el sistema de transición entre el actual sistema de juntas inscriptoras a juntas de actualización de domicilio, lo que constituye una de las principales fuentes del gasto de esta nueva legislación.
Afirmó que los principales gastos que irroga el proyecto son por efecto de los siguientes rubros:
-Notificación a los cerca de 2,5 millones de personas no inscritas actualmente en los registros electorales del domicilio electoral que les corresponde, que es aquél que indicaron al momento de solicitar su cédula de identidad.
-Transformación de las actuales juntas inscriptoras en juntas de actualización. El cambio que se pretende introducir es establecer un régimen de funcionamiento permanente de las juntas de actualización, con doble horario y durante todos los días del año, incluidos los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Esta ampliación del horario constituye un costo por el incremento de los honorarios de los funcionarios de esas juntas.
-Gastos en equipamiento computacional que permita manejar los grandes volúmenes de información que requiere este nuevo sistema y que incluyen fotografía y huella digital de más de 10 millones de personas.
-Implementación provisional para el año 2005 que configure computacionalmente el actual sistema de información de los registros electorales en el Servicio Electoral.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de noviembre de 2004, señala que el proyecto de ley busca impulsar la inscripción automática en los registros electorales, así como el voto voluntario.
El gasto que implica esta modificación legal tiene un costo, el primer año de aplicación, de 2 millones 574 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle: gastos en personal, 671 millones; bienes y servicios de consumo, 1.545 millones; adquisiciones de activos no financieros, 357 millones.
En régimen normal, es decir, después de su puesta en marcha e implementación inicial, el gasto anual ascenderá a 946 millones de pesos.
Durante el debate de la Comisión se plantearon diversas interrogantes acerca de la naturaleza de la iniciativa.
Por un lado, el diputado señor Dittborn expresó que lo que el Gobierno ha denominado sistema de inscripción automática no es más que un sistema de inscripción forzosa, porque se está obligando al ciudadano a inscribirse, en circunstancias de que, legítimamente, quizá no esté interesado en participar en las elecciones. Consideró que lo lógico hubiera sido votar primero la voluntariedad del voto y, una vez aprobado este concepto, estudiar y analizar el proyecto. Señaló que, en este contexto, se puede dar la peor de las situaciones, cual es la inscripción forzosa y el voto obligatorio. Además, planteó su preocupación por el ciudadano que es forzado a inscribirse y llamado a participar como vocal en un acto electoral, en circunstancias de que él no quiere participar en la elección y menos ser designado vocal de mesa.
Sostuvo que con el proyecto se termina con los registros electorales, lo que, a su juicio, no es sensato, puesto que por años han sido garantía de transparencia, lo que ha impedido la realización de grandes fraudes electorales en las últimas elecciones. El sistema computacional que reemplazaría a los registros electorales no da, en su opinión, la misma garantía y confianza.
Por su parte, el diputado señor Silva precisó que el proyecto establece la inscripción automática y el voto voluntario, al eliminar la sanción que se aplica a quien no vota. Manifestó que, a su juicio, en el mensaje están dadas todas las garantías para que los registros electorales sigan siendo confiables.
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo 33 aprobado por ella.
Por su parte, la misma Comisión acordó incorporar a su conocimiento los artículos 1º y 2º, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El artículo 1º establece que la inscripción electoral de las personas habilitadas para ejercer el derecho de sufragio se verificará de conformidad con las reglas contenidas en el proyecto.
El artículo 2º consigna que habrá un registro electoral que contendrá la nómina de todas las personas, chilenas o extranjeras, que cumplan con los requisitos legales para ejercer el derecho de sufragio, como asimismo, de aquellos que se encontraren con su derecho de sufragio suspendido y de los que hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa después de su inscripción.
El artículo 33 dispone que el mayor gasto que irrogue el proyecto para el Servicio Electoral se solventará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del año respectivo. Si tales recursos no fueren suficientes, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida del Tesoro Público del Presupuesto del sector público del mismo año.
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el artículo 33 la expresión “50-01-03-25-33.104”, por la palabra “correspondiente”, por razones de técnica presupuestaria.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
Puestos en votación los artículos 1º, 2º y 33, fueron aprobados por 7 votos a favor y 3 en contra.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en atención a que el Orden del Día concluye a las 13.20 horas y, por lo tanto, sólo dispondremos de 35 minutos para discutir el proyecto y a que cada diputado dispondrá de hasta 15 minutos, ¿no sería conveniente que los Comités acordaran un tratamiento para el proyecto? Entiendo que hoy sólo se iniciará su debate.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el acuerdo de los Comités es iniciar hoy la discusión del proyecto y continuarla en una próxima sesión, con el objeto de que todos los diputados puedan dar a conocer su opinión dentro del tiempo reglamentario. En la presente sesión se debatirá hasta el término del Orden del Día.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , el proyecto en discusión es de la mayor importancia desde el punto de vista de nuestro desarrollo institucional, puesto que una de las bases fundamentales de la democracia es la capacidad de las personas de expresar su opinión a través del voto. Es cierto que no basta simplemente con ejercerse ese derecho para sostener que la democracia es plena, pero es absolutamente necesario hacerlo.
La discusión de fondo está en el concepto que tengamos sobre el voto o la importancia que le asignamos al acto de emitirlo en favor de determinado candidato.
¿El voto se considera un derecho o una obligación? Si se considera un derecho, es evidente que la inscripción automática y el voto voluntario sería la fórmula ideal para satisfacer esa postura. Pero si se entiende como una obligación -porque la democracia necesita de la expresión de los ciudadanos para que la mayoría de las opiniones sea la que imponga su punto de vista, con el respeto, por supuesto, a las minorías-, la inscripción automática también corresponde. Sin embargo, si se está en esta posición, el voto también tendría carácter de obligatorio.
Luego, no basta pensar que una inscripción automática genera necesariamente una mayor participación electoral de las personas. Sin duda, la inscripción automática favorece la participación, porque evita las colas y la concurrencia a inscribirse y le facilita al ciudadano la posibilidad de votar.
Sin embargo, en mi particular punto de vista, estando de acuerdo con la inscripción automática, tengo serias dudas respecto del voto voluntario, porque hoy hay un universo electoral mermado, puesto que mucha gente no ejerce su derecho a inscribirse en los registros, ya que es un acto voluntario. Esto sucede mayoritariamente con las personas más jóvenes.
Indudablemente, el padrón electoral va sufriendo deterioro; se va envejeciendo, no se van incorporando nuevos miembros y él sólo representa, más o menos, al 60 por ciento del universo electoral del país. Entonces, alguna medida hay que tomar.
Pienso que la inscripción automática, desde el punto de vista formal, cumple con ese objetivo, porque ya no tendremos un padrón que represente al 60 por ciento, sino al ciento por ciento del potencial universo electoral. Pero eso no asegura que toda esa
gente participe de las elecciones o manifieste su opinión el día que corresponda. Por lo tanto, aquí empieza a pesar el concepto que cada cual tenga respecto de la obligación del ciudadano de ejercer o no un derecho que es básico para la democracia.
En nuestro caso, la madurez ciudadana aún no es suficiente para el voto voluntario. Hay mucha gente que ha manifestado su disposición a inscribirse siempre que el voto sea voluntario. Sin duda, esa postura es muy atendible y respetable, pero, desde el punto de vista de la ética social, el derecho que tienen todos los ciudadanos a expresar su opinión en algún momento se vería seriamente vulnerado.
En ese sentido, cuando corresponda, debería votarse en forma separada la parte que elimina las multas y los castigos que la ley dispone para aquellos que no ejerzan su derecho a voto aun cuando estén inscritos en los registros electorales, porque, de aprobarse el proyecto, ello sería en forma automática.
Otro punto interesante dice relación con la fecha en que empezará a regir esta reforma, porque si es a partir de la próxima elección, estará cruzada por distintos temores o intereses, lo que no es conveniente para una materia tan importante para la sociedad. Creo que debe haber el tiempo suficiente para discutirla sin el apuro que significaría su aplicación en la próxima elección. Tal vez debamos pedir al Ejecutivo una indicación en ese sentido, para que empiece a regir en la elección subsiguiente -siempre ha sido así-, puesto que habrá elección de parlamentarios próximamente. Sin duda, con ello estaríamos legislando con más libertad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , sin duda, este es un proyecto relevante, máxime que no se ha logrado perfeccionar la democracia, ni siquiera un consenso para eliminar el sistema binominal o establecer uno mayoritario corregido. No tenemos revocatoria de los cargos de elección popular y estamos anclados en lo que se estableció en los años ochenta.
No hay que tener miedo a los jóvenes.
Según una información, en Rancagua, en las últimas mesas de votación, que por primera vez fueron escrutadas en la pasada elección municipal, donde se inscribieron los votantes más jóvenes, ganó el candidato a alcalde de la UDI.
Los diputados de la Concertación que patrocinamos este proyecto, en particular del PPD, no hemos sacado cifras con calculadora. Somos consecuentes con lo manifestado una y otra vez.
Voy a leer lo que se dijo a propósito de un proyecto de 1998: “Es razonable que se imponga a las personas la obligación de inscribirse en los registros electorales -inscripción automática-. La inscripción en los registros se puede imponer, porque efectivamente de ella deriva un beneficio social”. ¿Quiénes lo firmaban? Los diputados señores Pablo Longueira , Darío Paya , Víctor Pérez, Iván Moreira , Patricio Melero , Juan Masferrer , Cristián Leay , Sergio Correa, entre otros parlamentarios de la UDI, los mismos que hoy están en contra del proyecto en discusión, que manifiestan que se puede prestar para manipulaciones por parte del Registro Civil y que es malo legislar sobre la materia antes de una elección.
En el caso de Renovación Nacional, el 8 de junio de 2004 se presentó una moción al respecto en el Senado por los senadores Romero , Horvath , Espina , entre otros, que en una de sus partes dice que lo que otrora fuera una conquista para el pueblo -los registros electorales-, fundamentalmente para aquellas personas de estratos económicos más humildes, hoy constituye una pesada carga que, paradójicamente, afecta con mayor rigor a los ciudadanos de ingresos más modestos y termina abogando por consagrar en esta indicación el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.
El problema de nuestra democracia es grave. Según la Flacso, de las dieciocho democracias de América Latina, sólo dos tienen un sistema de inscripción en registros electorales que no es automática: Chile y Colombia.
Juan Ignacio García , director del Servicio Electoral -a quien no podemos acusar de ser proclive a la Concertación-, dijo que estamos en una situación dramática, ya que el padrón electoral chileno es el más envejecido de todas las democracias del mundo.
Durante una década se han presentado indicaciones para corregir esta situación, pero ad portas de una elección aparecen miedos inconfesables. Se argumenta que se despenalizarán las multas por no asistir a votar. ¡Por favor! Salvo la Municipalidad de Las Condes en la elección municipal de 1992 -terminemos con la hipocresía-, ningún municipio del país cobró las multas por no acudir a votar.
Se sostiene que esta iniciativa terminaría con las multas y al ser voluntario el sufragio votarían menos personas. ¡Otra mentira! Si analizamos los datos veremos que por primera vez en la historia contemporánea de Chile, desde que se logró ampliar el sufragio y terminar con la discriminación a las mujeres y a los pobres por la vía del voto censitario, votó menos del 50 por ciento de las personas potencialmente electoras, es decir, los mayores de dieciocho años. ¡Menos del 50 por ciento marcó una preferencia! A saber, el 27 por ciento no estaba inscrito, es decir, 2 millones y medio de personas, de las cuales 2 millones son menores de treinta años, esto es, tres generaciones de jóvenes; el 20 por ciento se excusó o abstuvo de ir a votar y el 18 por ciento marcó nulo o blanco. En los sistemas de inscripción automática y de voto voluntario nadie comete la ridiculez de hacer una cola para luego votar nulo o blanco. La gente que acude a votar marca su preferencia en un 99,99 por ciento.
Por lo tanto, la participación electoral es menos del 50 por ciento.
Estamos frente a un drama que también se refleja en otro aspecto. Junto con la diputada Carolina Tohá y el diputado Fulvio Rossi , en la Comisión Especial de la Juventud de la Cámara de Diputados hemos comprobado que existe un problema de políticas públicas, puesto que los jóvenes no son sujetos políticos electorales relevantes.
Una investigación hecha por la fundación Ebert señala que el ciento por ciento de los municipios -en buena hora- tienen proyectos para el adulto mayor. Sin embargo, sólo el 8 por ciento de ellos desarrollan proyectos para los jóvenes que finalizan la educación secundaria. Por ejemplo, un centro de desarrollo juvenil o de soportes permanentes para que los jóvenes no caigan en la delincuencia, la que no se resuelve sólo con mano dura y más policías, un banco de emprendedores jóvenes, un sistema de becas pos secundaria, etcétera. La distorsión de las políticas públicas provocará que en la agenda de la próxima elección presidencial quizás lo más relevante sea el aumento de las pensiones.
La preocupación por el empleo, por dar oportunidades a los jóvenes, por alternativas al servicio militar obligatorio y por la agenda de las nuevas generaciones no impacta al Ejecutivo , a nivel nacional y regional, ni al Congreso. Por eso, hay que cambiar esta regla de juego perversa.
Se pueden buscar explicaciones y asumir responsabilidades por la mala calidad de la política, porque los partidos políticos no movilizan ni encantan a los jóvenes. Quizás los mismos dirigentes estudiantiles no se han politizado y no ven la relevancia de participar en la democracia, no obstante todas sus imperfecciones.
El fenómeno es ése: el 72 por ciento de los menores de treinta años no están inscritos en los registros electorales. Entonces, impulsemos este perfeccionamiento. Tengamos menos miedo.
Una encuesta nacional, realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, que consideró 5.500 casos, demuestra que los jóvenes tienen, relativamente, las mismas preferencias de los adultos. No hay grandes sesgos en uno u otro sentido; pero nos veremos obligados a mejorar nuestras ofertas, a ser más competitivos.
Es la lucha que han estado dando algunas agrupaciones juveniles relevantes, como la juventud de mi partido -a través de su presidente Juan Eduardo Faúndez -, la Juventud Socialista y también la Juventud Demócrata Cristiana. El presidente de esta última agrupación se expresó, en la Comisión de Gobierno Interior, a favor de este proyecto por considerarlo esencial para el perfeccionamiento democrático.
Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al diputado Arturo Longton por su gran colaboración en esta materia.
La Juventud de Renovación Nacional también se manifestó a favor del proyecto. Asimismo, Joaquín Lavín , quien quiere presidir Chile y pretende demostrar gobernabilidad, les ha pedido a sus partidos que aprueben la inscripción automática; que no le tengan miedo a los jóvenes, que cumplan con las mociones que han presentado; que seamos coherentes y que, por favor, no legislemos para que esto sea realidad en 2010. ¿Qué temor hay a que sea ahora? Todas las dudas respecto al control del Registro Civil e Identificación, como que lo maneja el gobierno de turno, son leseras. Hoy, con el actual sistema de registro electoral, es el Servicio de Registro Civil e Identificación el que informa al Servicio Electoral respecto de las personas que han sido condenadas a pena aflictiva o de las que han fallecido, y dicho servicio sigue siendo un ente controlador.
En el nuevo sistema, cuando a los ocho millones doscientos mil inscritos se sumen los dos millones y medio de personas mayores de dieciocho años que no están inscritas, el Servicio Electoral seguirá siendo el ente supervisor. Se dieron todas las garantías, como que los listados van a ser públicos y se van a conocer con anterioridad.
Andrés Tagle , columnista de “El Mercurio”, escribió, a propósito del problema ocurrido en Talcahuano, que esto podía prestarse para fraudes. Al respecto, se puede seguir el control, porque el intento de fraude en Talcahuano se pudo descubrir, aunque aún no sabemos quiénes son sus autores, gracias a que se comprobaron irregularidades en el registro electoral. El sistema que se propone también considera un libro, la firma de las personas que votan en cada mesa y se incluye su foto.
No hay nada que pueda excusarnos de que Chile, el país de la modernidad, paradigmático de América Latina, no tenga un sistema de inscripción automática y voto voluntario a la altura del siglo XXI. Hoy, declarativamente, el voto es obligatorio, pero, en la práctica, las multas no se aplican. En el nuevo proyecto se despenaliza para terminar con una de nuestras hipocresías.
Leí los comentarios que llegaron a la página web del movimiento Atina Chile, en el que participan muchos jóvenes. Conversé con Jorge Domínguez y Camilo Herrera , sus coordinadores, y, si bien tienen diversas posturas, la gran mayoría está a favor de la inscripción automática.
Le digo, con mucho respeto, a la colega Eliana Caraball -por su intermedio, señor Presidente - que en un amplio cabildo juvenil en Rancagua se discutió acerca del voto voluntario y del obligatorio, y la mayoría de ellos se manifestaron a favor del voluntario. Ellos dicen que hay interés, que es posible participar, pero que debemos mejorar nuestra oferta, enriquecer nuestra agenda y mirar más hacia su mundo.
Lo hacemos por amor a la patria, porque es importante incluir a las nuevas generaciones. Pertenecemos a un Congreso que no está bien evaluado y debemos mostrar generosidad, amplitud y ser capaces de hacer un gesto que demuestre que nuestra democracia se renovará con la incorporación de dos millones y medio de jóvenes.
Ojalá que, como Cámara, no tengamos miedo y estemos a la altura de las circunstancias. En particular, hago un llamado a nuestros amigos de la Alianza por Chile para que honren sus ideas y podamos alcanzar un acuerdo para hacer factible este proceso, hoy, durante enero. No sigamos dando mensajes equívocos, porque si este proyecto fracasa, tengamos las cosas claras. En marzo, los mismos estaremos encabezando una movilización ciudadana para lograr que muchos jóvenes se inscriban, pero aclaremos las cosas acá. No sigamos buscando argumentos superfluos, subalternos, para quitarle el bulto a lo esencial. ¿Hay miedo o no hay miedo para ampliar la democracia? ¿Se tiene miedo a los jóvenes? Esas son las consideraciones que debe tener presente esta Cámara en su votación.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , es difícil intervenir después del diputado Esteban Valenzuela , quien ha dado la mayoría de los argumentos que fundamentan la necesidad de Chile de contar con un sistema electoral distinto que permita incluir a quienes han estado, de alguna manera, marginados o excluidos del sistema político representativo.
Es muy fácil y cómodo para la clase política seguir excusando a los jóvenes de su baja participación en dicho sistema con el argumento de que “no están ni ahí”, pero todos sabemos -quiero ser muy claro y enfático en ese sentido-, que esa afirmación es absolutamente falsa. Los jóvenes sí participan, sí valoran la democracia. Ejemplo de ello -ya lo decía el diputado Valenzuela - es que hoy, más del 75 u 80 por ciento de ellos participan en instancias como organizaciones sociales, culturales, virtuales, juntas de vecinos, movimientos religiosos o de iglesias de los más amplios credos, scouts, etcétera; sin embargo, no han sido convocados ni seducidos a participar y a ejercer realmente la ciudadanía para fortalecer nuestra democracia. ¿Y por qué no? Porque, claramente, hoy, los jóvenes constituyen sólo el 4 por ciento de nuestro padrón electoral.
Faltan políticas públicas con respecto a ellos. Hoy, no hay interés de los candidatos en incluir en su agenda programática los temas de los jóvenes. Sabemos cuales son: el empleo juvenil, la capacitación y la enseñanza y la igualdad de oportunidades.
Que importante es hacer notar, a aquellos que dicen que los jóvenes “no están ni ahí” con la democracia, que la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud señala que sobre el 80 por ciento de los jóvenes sí están con la democracia y la valoran. No es que me guste señalar cifras en forma reiterada, pero cuando digo sobre el 80 por ciento es que prácticamente todos los jóvenes en Chile valoran la democracia, pero le hacen observaciones. La encuentran poco participativa, poco meritocrática; no hay igualdad de oportunidades. En el fondo, tenemos una serie de derechos constitucionales que están sólo consagrados en el papel; no se plasman en la vida cotidiana. No hay espacio ni plataforma para dialogar con los jóvenes.
Por eso, me sorprende tremendamente que, cuando tenemos una herramienta potente que fomenta la participación en el sistema electoral, en la vida política, un grupo importante de la sociedad esté en contra de ella. Más aún, cuando su representante máximo -lo decía el diputado Valenzuela -, el candidato a Presidente de la República de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín , fue uno de los primeros en reconocer que este proyecto de ley era muy importante porque iba a favorecer la incorporación de los jóvenes en el sistema democrático, a través del ejercicio de la ciudadanía. Pero, lamentablemente, en vez de ser coherentes, algunos sacaron la calculadora y empezaron a preguntar a quién pertenecen esos jóvenes, de quién serán sus votos, a quién apoyarán. Estos jóvenes no son patrimonio de ningún sector político y el verdadero desafío de este sistema es contar con un gran universo de chilenos y chilenas, de potenciales electores, que obligue al régimen político en su conjunto, a todos los conglomerados, a todos los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso a convocarlos, seducirlos, reencantarlos, para que voten.
Por eso, cuando se dice aquí que este proyecto de ley estaría imponiéndoles una obligación a los jóvenes en el sentido de votar es totalmente falso, porque ellos quedarán inscritos en forma automática, pero si no se sienten convocados, seducidos, o, por último, si les da lata votar, no lo harán y no pasará nada.
Entonces, cortémosla con el cuento de la UDI de decir que ésta es una inscripción forzosa. No tiene ninguna implicancia, porque nadie obliga a nadie a votar. El que quiere vota. Este tema debemos zanjarlo de una vez por todas porque se presta para mucha confusión.
Además, también es falso el argumento de que si el voto es obligatorio se debilitaría la democracia, porque un número alto de inscritos podría no votar y, por tanto, bajaría la participación. Ya se dijo aquí que, hoy, sobre el 50 por ciento de las personas no vota, no participa. Es cuestión de contar a quienes estando inscritas en los registros electorales, se excusaron y -¡ojo!- todavía ningún municipio ha cobrado multa alguna. En la práctica, el voto obligatorio es absolutamente voluntario porque no hay sanción y nunca la ha habido, a menos que se aplique. Si sumamos los votos blancos, los nulos y los no inscritos, llegamos a ese 50 por ciento de las personas que no participan.
Entonces, lo que ocurrió en España hace pocos meses, puede ocurrir también en Chile. Los jóvenes, cuando saben que cuentan para la democracia, que su voto vale y puede cambiar la historia del país, se sienten llamados a votar y se levantan con ese fin. En España, cuando los jóvenes se dieron cuenta de que el Partido Popular o Mariano Rajoy no representaba sus intereses, que habían sido “sumergidos” en una gran mentira, se pronunciaron y dieron vuelta los resultados de las elecciones.
Entonces, me hace mucha fuerza y reitero lo de que ojalá ningún parlamentario o candidato le tenga miedo a los jóvenes. Ellos y su voto no son patrimonio de ningún sector político. Hagamos el esfuerzo de seducirlos con nuestras propuestas y programas para que se interesen y participen ahora en este sistema político representativo.
Tenemos un sistema electoral binominal que produce per se la automarginación de los jóvenes, la exclusión de posturas más definidas. No fomenta precisamente la inclusión y la participación. Ahora, tenemos una herramienta que permitiría aquello.
Por eso, llamo a aquellos que en un momento plantearon su beneplácito con este proyecto que sean coherentes. A la gente hay que escucharla siempre; no sólo cuando conviene; más aún cuando siento que la clase política chilena tiene una deuda tremenda con los jóvenes y a través de este proyecto, precisamente, se esmera en saldarla.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por favor, ruego a los asistentes en las tribunas guardar silencio y escuchar a los demás diputados.
-Manifestaciones en tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Reitero mi petición a las personas que se encuentran en las tribunas.
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , respecto de la inscripción automática tengo poco que agregar a lo ya expresado por otros diputados de la Concertación. Sin embargo, sí tengo mis reparos respecto del voto voluntario.
Como dijo el diputado Estaban Valenzuela, esta no es una discusión baladí; no estamos en presencia de un debate sin importancia, desde el punto de vista de la marcha de la democracia.
Por formación profesional -tengo estudios de ciencia política- conozco bastante el tema, desde el punto de vista de lo que significa la alternativa del voto voluntario u obligatorio para la legitimidad de una democracia y el impacto que eso tiene, como dijo el colega Estaban Valenzuela, a propósito de la exclusión de ciertos sectores de los destinatarios de las políticas públicas.
Uno de los argumentos más doctrinarios lo dio el entonces director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Carretón . Creo que aquí hay un debate legítimo, desde el punto de vista de las opciones de las distintas corrientes ideológicas.
Para quienes tienen una aproximación al régimen democrática desde una perspectiva más bien liberal individualista, este tema no les plantea mayor problema y lo lógico es que estimen que el voto debe ser voluntario.
Pero dentro de la teoría democrática hay otra concepción, a la cual me siento mucho más cercano. Me refiero a la corriente republicana, para la cual el voto, a diferencia de la aproximación ideológicamente más liberal, no sólo es un derecho, sino también un deber. Desde ese punto de vista, ser miembro de una sociedad, de una polis, según los términos que planteó el profesor Garretón, implica derechos y deberes, tal como existen otras cargas, que en una concepción republicana de la ciudadanía, estamos obligados a cumplir.
Pero el tema más delicado es lo que nos muestran la experiencia y el análisis empírico de la no participación de potenciales ciudadanos en el régimen democrático.
No conozco ningún estudio de ciencia política -si el diputado Valenzuela me puede corregir, con gusto le concedo una interrupción en el momento que lo pida- que no esté conteste en que la no participación política afecta principalmente a los sectores más débiles, más pobres y menos educados.
Hay un viejo debate en teoría democrática. Unos sostienen que la no participación significa que un sistema político tiene alta legitimidad; que la gente no participa porque está de acuerdo con el sistema. Otros dicen lo contrario. No es que los que no participan estén de acuerdo con el sistema, sino que están completamente alienados y fuera del mismo. Y precisamente, la información empírica que conozco, me demuestra que los sectores más reacios a la participación política, normalmente son los pobres, los menos educados y, por ende, los más débiles. Ejemplo de ello son los afroamericanos y los sectores marginados desde el punto de vista socioeconómico en el caso norteamericano.
Desde el punto de vista de la teoría democrática, lo anterior nos plantea un problema de la mayor importancia, porque estamos obligados a defender instituciones que incentiven la participación. En caso contrario, podríamos llegar a lo que nos señalaba el diputado Valenzuela a propósito de la no inscripción.
Creo que además de la multa y la coerción puede haber otra opción. No me parece razonable que una persona con potencialidad para ser ciudadano y que ha decidido no inscribirse o no votar, pueda pedir créditos subsidiados al Estado o quiera ser beneficiario de políticas públicas. Es decir, el Estado podría defender la inscripción automática y el voto obligatorio por la vía de establecer que aquellos que no voten no pueden ser beneficiarios de políticas públicas.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado . ha terminado el Orden del Día, de manera que su señoría puede continuar en la próxima sesión.
Tiene la palabra el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA ( ministro del Interior ).-
Señor Presidente , quiero hacer hincapié en un aspecto que ha sido tocado en el informe y que, a mi juicio, resulta central en esta discusión.
La primitiva Constitución Política de 1925 establecía que para ser ciudadano había que tener 21 años de edad, no haber sido condenado por delito que mereciera pena aflictiva y estar inscrito en los registros electorales. Sin embargo, la actual Constitución señala que lo son los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva y -por alguna razón que sería bueno indagar- en ninguna parte señala que hay que estar inscrito en un registro.
En todas las democracias del mundo, del pasado y del presente, la ciudadanía tiene algunos atributos fundamentales, el principal de los cuales es, precisamente, el derecho a votar y a ser elegido; pero el sistema actual de la nuestra le niega, de hecho, a más de 2 millones 500 mil chilenos la condición de ciudadano, al imponerles una obligación que no está consignada en nuestra Carta Fundamental.
Alguien podría decir que hay que formar el registro; pero ocurre que en Chile tenemos un listado de todos los ciudadanos. El Registro Civil lo tiene, y es legítimo, claro, transparente y abierto. En consecuencia, este proyecto es obvio, y no requiere mucha reflexión decir que si existe un listado de todos los ciudadanos, que consigna las edades de todos, para garantizar la ciudadanía basta con sacar de esa nómina a todos los mayores de 18 años. Ese es el proyecto que se está proponiendo.
Ya en los años 1977 y l978, en las discusiones de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, que formara el gobierno militar, se decía que el padrón electoral era innecesario, ya que, técnicamente, se podía reemplazar por uno que consignara los datos de todos los ciudadanos chilenos. Entonces, uno se pregunta por qué, si ello era posible en 1978, no lo es en 2004, en circunstancias de que ese padrón electoral se puede configurar con un simple programa computacional que le permita al Registro Civil tener de inmediato un listado con todos los ciudadanos mayores de dieciocho años.
Aquí se ha hablado mucho de inscripción automática, pero no es eso. Al proyecto se le llamó así, pero en realidad es de no inscripción. Se trata de un registro automático, mediante el cual el Estado, con los recursos tecnológicos disponibles, configura un padrón de todos los ciudadanos, independientemente de que el ciudadano quiera o no ejercer su derecho a voto. Este sistema no es novedad, pues en la mayoría de las democracias europeas existe.
Todos estamos disponibles para examinar cualquier medida que se quiera adoptar con el objeto de asegurar la plena transparencia del padrón, la cual actualmente se da. Es decir, si alguien quiere establecer una comisión electoral, algún mecanismo de supervisión u otro sistema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero lo que queremos es alcanzar un objetivo obvio: tener un listado de ciudadanos -lo cual es absolutamente posible- y garantizar a todos los chilenos la posibilidad de votar si así lo desean, sin importar si están o no inscritos, porque gracias a la base de datos que tiene el Registro Civil la inscripción electoral no es necesaria.
¿Por qué se debería imponer a todos los chilenos, en especial a los jóvenes, un requisito para ser ciudadano que no está preceptuado en la Constitución Política? Ésa es la pregunta que debemos hacernos.
Si se desea estudiar en detalle el funcionamiento del sistema, qué comisión se puede crear, de qué manera los partidos pueden tener acceso al padrón y cómo chequearlo y rechequearlo, hagámoslo; por nuestra parte no habrá ninguna oposición en tal sentido; pero el principio básico es que todos los ciudadanos chilenos tengan derecho a voto, y eso es posible facilitarlo hoy día.
Muchas gracias.
-Aplausos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ruego a las tribunas guardar silencio para continuar con la sesión.
Informo a la Sala que el debate del proyecto continuará en la sesión que se dará a conocer oportunamente y que los diputados que deseen agregarse en la lista de inscritos para hacer uso de la palabra lo podrán hacer en la próxima sesión.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme al primer proyecto.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MASFERRER .-
¡Desaloje las tribunas, señor Presidente!
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Reitero a las tribunas que deben mantener silencio.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Hago presente a quienes ocupan las tribunas que no deben continuar con sus manifestaciones. De lo contrario, ordenaré su desalojo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ALVAREZ .-
¡Censuramos a la Mesa!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por 10 minutos. Si después de ese lapso continúan las manifestaciones, haré desalojar las tribunas.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor HALES .-
Señor Presidente , para que no haya malentendidos, su señoría dijo que el debate quedaba abierto para la próxima sesión y que era posible inscribirse.
Me pregunto ¿su señoría se refirió a los que estaban inscritos, hay que inscribirse en este instante o será posible inscribirse después?
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Los señores diputados podrán inscribirse en la próxima sesión.
El señor HALES .-
Señor Presidente , por lo tanto, está abierta la inscripción.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Señor diputado, eso está claro; ya lo dije.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , hemos planteado la censura por la falta absoluta de pantalones de su señoría para conducir esta sesión.
Acabamos de salir de un problema a que nos hemos visto expuestos ante la opinión pública, porque no hemos sido capaces de conducir esta Cámara de Diputados. Ahora la Mesa nos somete al griterío de unos jóvenes militantes de los partidos de la Concertación y no ha sido capaz de dar garantía a todos los partidos en esta sesión.
(Manifestaciones en las tribunas).
Le pido que desaloje las tribunas, de acuerdo con lo que señala el Reglamento.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Informo a la Sala -también a los jóvenes que se encuentran en tribunas, quienes nos merecen un gran respeto, pero también pedimos que nos respeten a nosotros-, que la discusión del proyecto sobre sistema de inscripción electoral continuará la próxima sesión, debido a que ha terminado el Orden del Día.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
-Manifestaciones en las tribunas.
VIII PROYECTOS DE ACUERDO
BENEFICIOS PARA VOCALES DE MESA EN PROCESOS ELECTORALES. (Votación).
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 517, sobre asignación de colación para vocales de mesa en los procesos electorales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
COMISIÓN INVESTIGADORA PARA EVALUAR RESULTADOS DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 518, de los diputados señores Encina, Rossi, Venegas, Girardi, Vilches, Robles, Muñoz, don Pedro; Jarpa, Pérez, don Aníbal, y Luksic.
“Considerando:
Que Chile ha desarrollado un proceso de incorporación de capital privado en materia de obras públicas, cumpliendo con ello el doble objetivo de modernizar más rápidamente su infraestructura y liberar recursos fiscales para atender necesidades urgentes en áreas y zonas en las que sólo puede intervenir el Estado.
Que, en el caso de la infraestructura sanitaria, ello ha tenido lugar desde 1998, ya sea incorporando capital a las empresas públicas, transfiriendo su propiedad a privados, o licitando los derechos de explotación, proceso que acaba de culminar.
Que lo anterior, en lo específico, tenía por finalidad asegurar el abastecimiento del vital elemento a la población -atendiendo el incremento en la demanda-, mejorar la calidad del servicio y, principalmente, acometer las crecientes inversiones en el tratamiento de aguas servidas, indispensable para la protección del medio ambiente y el uso sostenible y racional de los recursos hídricos del país.
Que diversos hechos ocurridos en varias regiones dan cuenta de dificultades en la materia.
La opinión pública ha conocido los graves hechos de contaminación ambiental y deficiente operación de la planta de tratamiento de La Farfana, de propiedad de Aguas Andinas, en la Región Metropolitana, de Santiago. El funcionamiento de esta planta de tratamiento de aguas servidas, la más moderna de América Latina y una de las más grandes del mundo, ha estado rodeada de problemas desde su partida.
En diciembre de 2003, a dos meses de su puesta en marcha, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente ( Sesma ) la multó por malos olores, por un monto de mil unidades tributarias mensuales. La reiteración de ello, en octubre de 2004, le significó una sanción del mismo organismo, que duplica el monto de la anterior, y la decisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de prohibir el cobro por concepto de este servicio a los usuarios afectados.
En el último tiempo, han sido sancionadas, también, en otro sentido, Esval, Essbio, Essar y Essal, Essel y Aguas Nuevo Sur, por no cumplir con los planes de desarrollo programados o por deficiencias en el servicio.
Que, por ello, resulta muy importante evaluar los resultados de este proceso de privatización y concesión de empresas y derechos de operación desde el punto de vista del cumplimiento de los propósitos tenidos en cuenta por el Fisco, tanto en materia de inversión en el desarrollo y modernización de la red de agua potable como en el tratamiento de las aguas servidas, con especial énfasis en los problemas que esta política haya traído para los usuarios, sea por las deficiencias en el servicio, por el impacto medioambiental o por el alza de tarifas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Conformar una Comisión Investigadora con objeto de analizar el cumplimiento de los objetivos técnicos propuestos por el Estado al emprender el proceso de privatización y concesión de los derechos de explotación de las empresas sanitarias del país y el rol de los organismos públicos involucrados en el control y regulación del funcionamiento de dichas entidades en sus aspectos operativos, económicos y medioambientales.
En particular, la Comisión deberá examinar: el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por las empresas; las sanciones aplicadas, en caso de que ello no hubiere ocurrido o existiere retardo; el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas, los inconvenientes que éstas estuvieren provocando en la población y las medidas de atenuación, de control y de sanción aplicadas; la debida correspondencia entre las variaciones tarifarias autorizadas, desde el traspaso o entrega de la administración a privados, con las inversiones efectivamente materializadas por las empresas, y la existencia de situaciones comerciales anómalas en la cadena de producción del agua potable que pudieren incidir en un aumento de los costos.”
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , como el país y los señores diputados saben, en 1998 se concesionaron empresas del Estado, en especial sanitarias, fundamentalmente, para optimizar su eficiencia y ejecutar una serie de servicios que no se podían llevar a cabo porque no se contaba con los recursos, como, por ejemplo, el tratamiento de las aguas servidas, que Chile necesitaba a fin de calificar para efectuar exportaciones y, en general, para facilitar sus relaciones comerciales.
Además, se dijo que Chile necesitaba inversiones en sectores que estaban postergados, para mejorar la calidad del servicio, para una adecuada protección del medio ambiente y para dar un uso sustentable a este recurso tan importante para el país, las cuales no podía asumir el Estado con su propios recursos.
Sin embargo, diversos hechos ocurridos confirman las aprensiones y temores que teníamos respecto de la privatización o concesión de estas empresas.
Todo el mundo ha conocido los graves defectos que presenta la planta de tratamiento La Farfana, de Aguas Andinas, de la Región Metropolitana, que han significado muchos problemas para los vecinos. En definitiva, la empresa no ha cumplido con el compromiso de tratar las aguas servidas del Gran Santiago. Asimismo, esta situación ha repercutido económicamente en los vecinos, porque ha disminuido la plusvalía de sus propiedades. Realmente, estamos ante una situación dramática, que exige nuestra preocupación. Algunas de estas empresas sanitarias han sido multadas. Incluso, el Presidente de la República ha planteado el no pago del tratamiento de las aguas servidas en el Gran Santiago.
El problema no sólo se ha producido con Aguas Andinas, sino también con otras empresas sanitarias, como Essbío, Essar , Essal , Essel y Aguas Nuevo Sur, que no han cumplido, por ejemplo, con los planes de desarrollo programado y han tenido serias deficiencias en su servicio. Además, muchas han concesionado estos servicios a otras empresas. En ese sentido, es fundamental que la Cámara de Diputados investigue esta situación, atendida la gravedad de los hechos.
En consecuencia, proponemos la creación de una comisión investigadora que analice la realidad de las empresas sanitarias, el servicio que están cumpliendo y por qué se ha dejado de invertir en sectores y regiones del país, que era su compromiso original. También queremos analizar qué pasó con ellas y por qué esta situación -que aparecía tan auspiciosa, desde el punto de vista de la incorporación de capital privado mediante la concesión de estas empresas-, al final, ha sido contraria a los intereses de la gente, que no han sido defendidos como corresponde, lo cual nos preocupa mucho.
Queremos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos explique lo que ha pasado con estas empresas, por qué no se ha cumplido con los planes programados y por qué se han producido las alzas de tarifas que han afectado a los consumidores.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Queda un minuto para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ha pedido la palabra el diputado Alberto Robles; sin embargo, para apoyar el proyecto de acuerdo no puede intervenir otro diputado del mismo Comité del que ya hizo uso de la palabra.
Como no hay quórum, tampoco puedo pedir la unanimidad para otorgarle la palabra al diputado que la ha solicitado.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima sesión.
IX. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE COMODATO GRATUITO DE TERRENOS DE PARQUE METROPOLITANO EN FAVOR DE AGRUPACIÓN RELIGIOSA. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , la semana pasada nos enteramos por los medios de comunicación de la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en noviembre del año 2004, de entregar en comodato gratuito, por cincuenta años, veinte hectáreas ubicadas en la cima del cerro Dos Gemelos, del Parque Metropolitano , al grupo religioso Bahai para que construya un templo de enormes dimensiones.
Lamentablemente, esta Corporación no tomó conocimiento por ningún medio oficial de esta decisión, razón por la que, en conjunto con el diputado señor Jorge Burgos , solicitamos que se oficie al ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales para que suspenda el otorgamiento de este comodato. Asimismo, pedimos que informe a esta Corporación sobre todos los antecedentes de hecho y de derecho tomados en consideración para acordar ese contrato. También queremos que nos informe sobre los procedimientos previos a este comodato, ya que a través de la prensa hemos tomado conocimiento de que primero se entregó a la Corporación Forestal, entidad que, a su vez, transferiría ese terreno en comodato al grupo religioso Bahai .
Por otra parte, solicitamos se oficie al ministro de Justicia para que haga llegar a esta Corporación todos los antecedentes legales de respaldo tanto de dicha agrupación religiosa como de esa Corporación Forestal que habría sido la primera beneficiaria.
Finalmente, solicitamos se oficie al ministro secretario general de la Presidencia para que nos informe si es efectivo que la construcción de este templo Bahai forma parte de los proyectos patrocinados por la Comisión Bicentenario. Si ello es efectivo, que nos detalle todas las razones por las cuales se consideró que un proyecto de esta naturaleza, que poco y nada tiene que ver con la historia de Chile ni mucho menos con los doscientos años de independencia, cuenta con el patrocinio y respaldo de la Comisión Bicentenario.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Bayo.
DESIGNACIÓN DE ANGOL COMO CAPITAL DE LAS TRADICIONES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , ocuparé algunos minutos para informar a la Cámara que esta semana en la comuna de Angol, capital de la provincia de Malleco, se realiza simultáneamente el mejor de los festivales folklóricos de Chile, llamado “Brotes de Chile”, así calificado por el Ministerio de Educación y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Simultáneamente, se realizan una muestra gastronómica, que en años precedentes ha sido considerada como la mejor del sur de Chile; una feria artesanal, en la que representantes de Isla de Pascua y de Punta Arenas muestran el fruto de su trabajo, y -como si fuera poco- un rodeo oficial.
Estas actividades demuestran la preocupación de la capital de la provincia de Malleco por la preservación de nuestra cultura y tradiciones, y son una prueba más que suficiente para señalar que Angol se transforma en esta semana en la capital de las tradiciones.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Cultura, señor José Weinstein, para que estudie la posibilidad de considerar oficialmente a Angol como la capital de las tradiciones en Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
En los cinco minutos que restan del tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
OPCIONES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CANAL DE CHACAO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , hace pocos días envié una carta al ministro de Obras Públicas debido a un artículo que apareció en el diario “El Mercurio” en relación con el proyecto de construcción de un puente sobre el canal de Chacao. Me he informado de que dicha construcción será licitada muy pronto. En ese artículo, el señor Fishman , un distinguido ingeniero que milita en el Partido Radical, habría informado a la opinión pública que existe la posibilidad de construir un puente sobre el canal de Chacao a un costo mucho menor que el que se propone en la licitación y, además, instalar turbinas generadoras de electricidad, que, al tenor de lo averiguado, podrían producir una potencia eléctrica de cuatro a cinco veces la de la central Ralco . El planteamiento del ingeniero me parece tremendamente importante, porque en Chile hace falta energía eléctrica y existen problemas para producirla. Si un ingeniero plantea que es posible construir un puente sobre el canal de Chacao y, además, producir energía eléctrica utilizando las mareas -con tecnología que hoy se aplica en otros países- a un costo mucho menor que el que se pretende en la licitación, el Ministerio de Obras Públicas debería considerar dicho planteamiento.
He levantado la voz porque me parece importante decir al nuevo ministro de Obras Públicas que es importante escuchar la voz de quienes tienen nuevas ideas y planteamientos distintos de los que tienen los ingenieros de Obras Públicas. En los estudios técnicos que seguramente deben realizarse, es conveniente tener presente el planteamiento del ingeniero Fishman que tal vez permitiría al país contar con mayores fuentes energéticas, además de abordar la construcción de dicho puente a menores valores.
Por eso, me parece que el Ministerio de Obras Públicas debe actuar con amplitud de criterio y considerar las ideas de aquellas personas que no necesariamente son funcionarios ni determinan sus directrices desde el punto de vista de los llamados a licitación de obras de envergadura. Después de lo sucedido con dicho Ministerio en distintas acciones, creo que no es posible dejar de lado las observaciones que en esta área hacen distinguidos profesionales.
El señor Fishman trabajó en Obras Públicas como ingeniero de Vialidad y, posteriormente, en distintas otras actividades. Además, es autor de distintos manuales, entre los que se encuentran los de carretera de la Dirección de Vialidad, lo que demuestra el conocimiento que tiene sobre la materia.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Publicas , al intendente de la Región de Los Lagos , a los presidentes de las Comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del Senado y al director de Vialidad , para que den una respuesta clara respecto de la información que el ingeniero señor Fishman entregó al Ministerio de Obras Públicas hace más de un año, en qué forma fue evaluada la información y si hay una respuesta técnica que permita la licitación y construcción del puente en la forma en que se está haciendo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SALUDO A NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , en nombre de todos los socialistas de la Décima Región, quiero manifestar mi alegría y satisfacción por el triunfo obtenido esta mañana en esta Sala por el honorable colega Gabriel Ascencio .
Le deseo el mayor de los éxitos a este gran amigo y colaborador de las tareas que juntos hemos emprendido. Su éxito será también el de mucha gente y la coronación de un trabajo desarrollado durante dieciséis años en el distrito 58 de Chiloé como parlamentario de la Décima Región.
Gabriel Ascencio representa el mundo concertacionista, como los socialistas lo queremos: trabajando sin sectarismos, y dialogando con todos los sectores.
Por ello, como presidente Regional del Partido Socialista en la Décima Región, deseo hacer llegar al nuevo Presidente de la Corporación nuestro más cordial Saludo.
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LOCALIDAD DE NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS. Oficios.
El señor ESPINOZA .-
En segundo lugar, quiero denunciar una grave situación que está ocurriendo en Puerto Varas, específicamente en Nueva Braunau, localidad de más de 2.500 habitantes de clase media y de sectores populares de escasos recursos, con los cuales por largos años hemos trabajado junto a un gran amigo y ex concejal de esa comuna, Manuel Rivera .
Por largos años hemos luchado para que Nueva Braunau, que se ubica a cinco kilómetros de Puerto Varas, salga adelante y tenga la posibilidad de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de su gente. Con el apoyo del Gobierno hemos logrado mayores subsidios y el mejoramiento de barrios y espacios para el deporte y recreación de la juventud. No obstante, hoy esa localidad está pasando por una grave situación.
Hace poco más de tres años, se consiguió un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos, para construir una planta de tratamiento y purificación de agua, y mejorar la calidad de vida de casi mil familias de esta importante localidad de Puerto Varas.
Sin embargo, a pesar de la materialización de esa obra, que se realizó después de una licitación efectuada por la Municipalidad de Puerto Varas, los resultados han sido desastrosos, pues el alcalde de la comuna, señor Ramón Bahamonde , no ha tenido voluntad política, ni menos social y humana -porque elementos de ese tipo, al parecer, están muy alejados de su accionar cotidiano- para buscar una solución al problema, que, entre otras cosas, hoy impide -como me lo ha manifestado Manuel Ribera , hace pocos minutos- que el Servicio de Salud de la Décima Región y la Conama reciban la planta de tratamiento por encontrarse en pésimas condiciones después de su ejecución, lo cual acarreará graves consecuencias a la población. En este sentido, hay 500 familias que están esperando incorporarse a la red de alcantarillado público, pero se encuentran inhabilitadas para ello debido a las deficiencias técnicas que presenta la planta.
Creemos que en esta situación existe directa responsabilidad de la Municipalidad de Puertos Varas, la que no sólo se debe a un hecho técnico, sino que, además -estoy absolutamente convencidos de ello-, a la inoperancia de la primera autoridad de la comuna para solucionar el problema, que hoy se traduce en las graves consecuencias que afectarán a los habitantes de esa comuna.
Por lo tanto, pido oficiar al contralor general de la república a fin de que investigue esta grave situación, porque hablamos de 1.000 millones de pesos, más de 2 millones de dólares, invertidos en ese proyecto.
Además, solicito oficiar al intendente de la región para que tome conocimiento de la situación e inicie la investigación pertinente para delimitar las responsabilidades que tiene el municipio en los graves hechos que acabo de denunciar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
EXTENSIÓN DE METROTRÉN A CHIMBARONGO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con copia al subsecretario de Transportes , a fin de darles a conocer un compromiso de parte del Presidente de la República para que el metrotren llegue a la comuna de Chimbarongo. Hemos hecho varias presentaciones desde esta Corporación por el problema que tienen las vías laterales. El hecho es que es muy importante contar con este medio de transporte, porque la localidad se encuentra realmente aislada.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
UNIVERSIDAD PARA CIUDAD DE SAN FERNANDO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra ).-
En segundo lugar, quiero dar a conocer el anhelo de una universidad en la ciudad de San Fernando -postergado por alrededor de dos años- que debería ser financiada con una parte del Fondo de Desarrollo Regional.
Por lo tanto, pido oficiar al intendente de la región de O’Higgins , señor Carlos Bravo , para que nos informe en qué etapa se encuentra la licitación para la construcción de dicha universidad, puesto que la ciudadanía lo desconoce. Sabemos que postularon dos universidades: la Federico Santa María y la Tecnológica Metropolitana.
Además, quiero saber cuántas etapas tendrá la construcción de la universidad. La comunidad de San Fernando donó alrededor de tres o cuatro hectáreas para ello, pero el intendente aún no aclara la situación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA RAMADA, DE SAN FERNANDO. Oficios.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Por último, en el sector de La Ramada, San Fernando -una localidad muy poblada: viven allí alrededor de dos mil personas-, hay un camino fundamentalmente rural, con 700 metros que corresponden a un sector urbano.
El Presidente de la República entregó a la localidad un certificado de pavimentación de ese sector, pero lamentablemente ello no se ha llevado a cabo, porque los citados 700 metros se encuentran en un sector de vialidad intermedia.
Por lo tanto, solicito que, se oficie al director nacional de Vialidad , a través del ministro de Obras Públicas , y al intendente de la Sexta Región , porque es él quien, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, prioriza los proyectos relacionados con vialidad intermedia, sobre la materia. Además, existe el compromiso del Gobierno de colocar pavimento económico en esa importante localidad, pero la situación se ha complicado y aún no se convierte en realidad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DEVOLUCIÓN DE APORTE ADICIONAL A TRABAJADORES DE LA ENAP DE MAGALLANES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , tanto en Santiago como en Magallanes tuve oportunidad de reunirme con los dirigentes de la Asociación Nacional de Exonerados Políticos de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, quienes me plantearon un problema que lleva mucho tiempo.
En virtud del decreto ley Nº 2.071, de 1977, se estableció un aporte adicional para la jubilación que recibirían los empleados de dicha empresa. El monto era de 4 por ciento, del cual un 2 por ciento era aportado por el empleado y el 2 por ciento restante por el Estado.
Pero ese 4 por ciento que se agregaba como beneficio a la jubilación de los empleados, de un día para otro, fue derogado.
Los señores José Cárcamo Barría , presidente Nacional de la asociación; Mario Palacios Palacios , subsecretario general, y otros funcionarios de Santiago y Magallanes , me señalaron que existía un compromiso del Gobierno, concretamente del actual Presidente de la República , don Ricardo Lagos , cuando era candidato, y del ministro del Trabajo , don Ricardo Solari , en cuanto a buscar una fórmula para la devolución de ese aporte efectuado por más de mil trabajadores. Hace algún tiempo, los dirigentes me manifestaron que ya han fallecido 125 exonerados, pero nunca recibieron el beneficio.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Trabajo , señor Ricardo Solari , para que clarifique de una vez por todas lo señalado en 2001, respecto de la posibilidad de buscar una fórmula para rembolsar en parte ese 4 por ciento que pertenece a los trabajadores de la Enap. Si existe una solución, que la haga saber a nuestra Corporación, de manera de dársela a conocer a esos miles de funcionarios que tienen una familia y que han dedicado muchos años de su vida a engrandecer a la Enap y a nuestro país, trabajando en un territorio tan inhóspito y hostil como Magallanes.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
Restan 4 minutos y 11 segundos al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de enero de 2005.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, ha accedido a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en orden a disponer el archivo del proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República , senadores y diputados, correspondiente al boletín Nº 1766-07.
En tal consideración, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa honorable Cámara, a fin de proceder al archivo de la referida iniciativa.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de enero de 2005.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa honorable Cámara, sobre acoso sexual, correspondiente al Boletín Nº 1.419-07, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
número 1
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“1.- Modifícase el artículo 2º, del siguiente modo:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente:
“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, que pasa a ser sexto, la referencia al “inciso tercero” por otra al “inciso cuarto”.
c) Sustitúyese, en el inciso séptimo, que pasa a ser octavo, la frase “incisos segundo y tercero” por “incisos tercero y cuarto”.”.
número 3
letra c)
Ha reemplazado el inciso primero del número 12, nuevo, que se propone, por el siguiente:
“12.- El procedimiento al que se someterán y las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual.”.
En el inciso segundo del mismo número 12, nuevo, ha sustituido la expresión “este número,” por “el Título IV del LIBRO II,”.
número 4
Ha sustituido la letra b), nueva, que se propone, por la siguiente:
“b) Conductas de acoso sexual;”.
-o-
Ha incorporado como número 5, nuevo, el siguiente:
“5.- En el artículo 168, intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto, a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el caso de las denuncias de acoso sexual, el empleador que haya cumplido con su obligación en los términos que señalan el artículo 153, inciso segundo, y el Título IV del Libro II, no estará afecto al recargo de la indemnización a que hubiere lugar, en caso de que el despido sea declarado injusto, indebido o improcedente.”.”.
-o-
número 5
Ha pasado a ser número 6, con las siguientes enmiendas:
letra a)
Ha sustituido su encabezamiento, por el siguiente:
“a) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:”.
En el inciso segundo, nuevo, que se propone, ha suprimido la frase “incluido el daño moral”, las comillas que le siguen y la coma (,) que la precede.
Ha incorporado el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II, responderá en conformidad a los incisos primero y segundo precedentes.”.
letra b)
En el inciso final propuesto, ha agregado la siguiente oración final: “En el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan.”.
-o-
Ha incorporado como número 7, nuevo, el siguiente:
“7.- Incorpórase, a continuación del artículo 211, el siguiente Título IV, nuevo, en el Libro II:
“TITULO IV
DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL
Artículo 211- A.- En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio o a la respectiva Inspección del Trabajo.
Artículo 211-B.- Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.
En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la adopción de aquellas medidas al empleador.
Artículo 211-C.- El empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.
En cualquier caso la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días.
Si se optare por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva.
Artículo 211-D.- Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta a aquélla practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado.
Artículo 211-E.- En conformidad al mérito del informe, el empleador deberá, dentro de los siguientes quince días, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan.”.”.
-o-
Número 6
Ha pasado a ser número 8, sin enmiendas.
Artículo 2º
letra a)
número 3
En la letra l), nueva, que se propone, ha sustituido la frase “de la letra b) del número 1 del artículo 160” por “del artículo 2º, inciso segundo,”.
Artículo 3º
letra a)
número 3
En la letra l), nueva, que se propone, ha reemplazado la frase “de la letra b) del número 1 del artículo 160” por “del artículo 2º, inciso segundo,”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3767, de 4 de junio de 2002.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de enero de 2005.
En sesión del Senado de día 4 del mes en curso, el honorable senador señor José García Ruminot se refirió a las irregularidades que se habrían cometido en el Ministerio de Obras Públicas, en relación con la obra “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, según lo estableció el sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, de lo que da cuenta la intervención de su señoría que se adjunta al presente oficio.
En relación con las materias planteadas en esa oportunidad, solicito dirigir oficio a Usía, en su nombre, con el objeto de remitirle dichos antecedentes; hacerle ver la gravedad de esta situación, y para que, en caso de estimar que ello resulta procedente, se ejerzan las facultades fiscalizadoras que corresponden a dicha Corporación.
Envío el presente oficio en nombre del mencionado señor senador, y del Comité de Renovación Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de la Corporación.
Dios guarde a su Señoría.
(Fdo.): HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario (S) del Senado”.
IRREGULARIDADES EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ESTABLECIDAS POR SUMARIO DE CONTRALORÍA. OFICIOS
El señor García .- Señor Presidente , en conocimiento de antecedentes fidedignos que hacían sospechar irregularidades, el 15 de mayo de 2002 dirigí oficio al señor Contralor General de la República solicitándole que se investigaran las indemnizaciones pagadas por el Ministerio de Obras Públicas a la empresa constructora JCB S.A, por un monto superior a los 400 millones de pesos, a raíz del retraso en la entrega de terrenos y proyectos definitivos a ejecutar, y de la liquidación anticipada de contrato en la obra “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”.
Días más tarde, el 4 de junio de ese mismo año, oficié nuevamente al señor Contralor General de la República , pidiéndole investigar un contrato adjudicado en trato directo por el Ministerio de Obras Públicas a la misma empresa JCB S.A, esta vez para ejecutar obras viales en Avenida Prat, Borde Río hasta Avenida Valparaíso, en la comuna de Temuco, dado que existían indicios de que había sido sobrevalorado en forma irregular.
Sobre la base de mi denuncia y de las comprobaciones efectuadas por la Contraloría, que demostraron el fundamento de mi solicitud, el 17 de marzo de 2003 el organismo contralor ordenó la instrucción de un sumario administrativo en el Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de investigar dichas anormalidades.
Transcurridos más de un año de investigación y casi tres desde mi denuncia, recientemente la Contraloría General de la República ha concluido el referido sumario administrativo, acreditándose numerosas irregularidades e ilegalidades cometidas por autoridades y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Aquéllas causaron un importante daño patrimonial al Estado, que -como se verá- supera los mil millones de pesos.
Aunque no hemos tenido acceso a la totalidad del expediente del sumario incoado por la Contraloría, sino únicamente al cuaderno principal remitido al Senado -no a los numerosos otros documentos en que consta importante información adicional-, es posible reseñar de la siguiente manera la línea gruesa de las más graves irregularidades comprobadas en dicha investigación administrativa:
1. A principios del año 2000, el MOP llamó a propuesta pública para la adjudicación del contrato de obra pública denominado “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”. En conformidad a la Ley de Presupuestos de la Nación, el proyecto vial fue identificado por el Ministerio de Hacienda con la asignación presupuestaria 31-69-129, radicándose la gestión en el nivel central del Ministerio de Obras Públicas, concretamente en la Subdirección de Obras Urbanas de la Dirección de Vialidad.
2. El 22 de marzo del mismo año el contrato de obra pública fue adjudicado a la empresa Gender Ingeniería y Construcción Ltda., por la suma de 4.937.733.392 pesos.
3. Por otra parte, la asesoría a la Inspección Fiscal de la obra pública “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco” fue adjudicada, mediante propuesta pública, a la firma Axioma Ingenieros Consultores S A., por la suma de 356.199.444 pesos.
4. Con fecha 12 de septiembre de 2000, el Jefe de la Unidad de Revisión de Capacidad Económica del MOP informó que su departamento se abstenía de informar por falta de certificado de deuda fiscal, documento que emite la Tesorería General de la República. Pese a ello, durante el curso del sumario, la Contraloría comprobó que la empresa Gender Ingeniería y Construcción Ltda., adjudicataria del contrato de obra pública, mantenía una deuda con el Fisco de 1.435.648.034 pesos, al 7 de abril de 2003.
5. Sin embargo, en marzo de 2001, la referida empresa pidió al Ministerio de Obras Públicas y obtuvo de éste el traspaso del contrato a favor de otra sociedad, íntimamente relacionada con ella, llamada JCB S. A. Tan estrecha era esta relación que la solicitud de traspaso del contrato fue suscrita, en representación de Gender Ltda., por la misma persona que figuraba como gerente general de la empresa beneficiaria, JCB S. A.
6. Una vez verificado el traspaso del contrato, en noviembre de 2001 la nueva empresa contratista (JCB S. A.) solicitó al MOP el término anticipado del contrato, a lo cual dicho Ministerio accedió mediante resolución de 15 de febrero de 2002, pagándole, además, una indemnización de 490.738.257 pesos, sin el informe en derecho que correspondía y a sabiendas de que, como quedó comprobado en el sumario, no procedía legalmente dicho pago y de que existían claros antecedentes que contrastaban con esa decisión.
7. En definitiva, a causa de los numerosos inconvenientes que se detectaron, especialmente debido al impacto vial que causarían los desvíos de tránsito, la obra pública “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, asignación presupuestaria 31-69-129, no se construyó.
8. Sin embargo, pese a esto y a que se liquidó anticipadamente el contrato para tal construcción, el MOP procedió a pagar a la firma Axioma Ingenieros Consultores S. A. a ésta se había encomendado la asesoría a la Inspección Fiscal de la obra pública “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”- el monto íntegro de dicha asesoría, esto es, 356.199.444 pesos.
9. Además, no obstante estar establecida en las bases del contrato de asesoría la obligación de esta empresa de estudiar los cambios y modificaciones del proyecto de acuerdo con las condiciones reales del terreno, en noviembre de 2000 el Ministerio de Obras Públicas pagó a la firma Axioma, en forma completamente irregular, una ampliación de 56.960.000 pesos, por asesoría de nuevos desvíos de tránsito.
10. Una vez descartada la construcción de la obra pública “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, asignación presupuestaria 31-69-129, y liquidado el contrato respectivo, el MOP procedió a desviar los fondos públicos destinados a este proyecto, dándoles una aplicación diferente, al emplearlos en la construcción de un nuevo proyecto vial, por completo distinto, denominado “Costanera Borde Río”, en cuyas obras se cometieron numerosas otras irregularidades.
11. Desde luego, se incurrió en la ilegalidad de haber dado a recursos públicos una destinación diferente de la que les correspondía, pues consta en el sumario que la totalidad de los pagos efectuados a Gender Ltda . y a su sucesora, JCB S. A., esto es, 1.248.812.139 pesos, se hizo con cargo a la obra no ejecutada “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, asignación presupuestaria 31-69-129, a sabiendas de que no correspondían a obras contempladas en dicho proyecto.
12. Para consumar el desvío ilegal de fondos públicos, se utilizó el ardid de hacer aparecer la nueva construcción “Costanera Borde Río” como un mero “desvío de tránsito”, lo que permitiría imputar los pagos al proyecto “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, pese a que aquella obra constituye un proyecto vial completo y permanente para la red vial estructurante de Temuco, totalmente diferente del proyecto no ejecutado, al cual, sin embargo, se continuarían cargando los gastos.
13. A fin de continuar con la argucia, en una primera instancia, en concierto con la misma empresa JCB S. A. y coetáneamente a la liquidación del contrato y al pago de la indemnización de 490 millones de pesos a su favor, se convino incorporar, bajo la falsa apariencia de obras complementarias, construcciones totalmente ajenas al proyecto original, correspondientes al nuevo proyecto “Borde Río”. Esto se hizo mediante un aumento del valor del contrato en más de un 25 por ciento, a pesar de que dichos trabajos fueron realizados sólo parcialmente. Lo anterior, en circunstancias de que las bases de licitación originales establecían que “el contratista deberá ajustarse estrictamente a la ejecución de las obras contratadas, tal cual se señala en los documentos que conforman el contrato”.
14. Con posterioridad, el Ministerio de Obras Públicas llamó a licitación privada para terminar las obras inconclusas y continuar la nueva obra “Costanera Borde Río”. La Constructora Internacional S. A. se adjudicó la obra “Avenida Recabarren-Ruta 5 Sur” y Gutiérrez Hermanos Ltda., la “Construcción Borde Río 1, Etapa 1”.
15. Por su parte, a JCB S. A. se le contrató en forma directa para participar en el nuevo proyecto, asignándole la obra denominada “Construcción Costanera Borde Río Sector 2”. Se estableció en el sumario que, en este caso, los precios unitarios de los materiales a utilizar fueron convenidos entre la Inspección Fiscal y JCB S. A. con anterioridad al estudio de ingeniería, comprobándose que tales precios fueron sobrevalorados en un monto total de 95.804.793 pesos.
16. Al mismo tiempo, se procedió a contratar, en trato directo, a la firma Axioma Ingenieros Consultores S. A., la misma a la cual se pagó íntegramente por la asesoría de la obra que no se construyó, encomendándole ahora la elaboración de los estudios de la nueva obra y la asesoría del nuevo proyecto. De esta manera, paradójicamente, la consultora debía revisar y controlar proyectos confeccionados por ella misma.
17. Los pagos efectuados por asesoría a la Inspección Fiscal de la nueva obra, por un total de 276.530.905 pesos, se hicieron también figurar como ampliaciones al contrato de asesoría a la obra “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”. En efecto, se pagaron a Axioma Ingenieros Consultores S. A. las sumas de 173.876.757 pesos y 102.654.148 pesos, por aumento de los servicios de asesoría contratados, el cual fue aprobado por resoluciones de mayo, septiembre y octubre de 2002, en circunstancias de que el contrato de obra motivo de la asesoría, “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”, había sido liquidado meses antes mediante resolución de 15 de febrero de ese año.
Señor Presidente , a raíz de estas sorprendentes revelaciones, hace pocas semanas, a través de la resolución Nº 2112, de 30 de noviembre de 2004, el Contralor General de la República propuso al Ministro de Obras Públicas la aplicación de medidas disciplinarias, que van desde la destitución hasta la suspensión del empleo y multas, contra ocho funcionarios de dicha Secretaría de Estado , a quienes se encontró responsables de graves infracciones administrativas, especialmente violaciones a los deberes de probidad y transparencia.
Dichas sanciones son sin perjuicio de la responsabilidad civil que les asiste por el daño causado al patrimonio fiscal, daño que, como se ha visto, es cuantioso. Corresponde en consecuencia que, sin mayor dilación, el Ministro de Obras Públicas proceda a aplicar las sanciones propuestas por el Contralor o a aumentarlas, a fin de que la Contraloría pueda iniciar el respectivo juicio de cuentas, destinado a hacer efectiva la responsabilidad civil de los involucrados, por el daño causado al patrimonio del Estado.
Sin embargo, debiendo reconocerse el acucioso trabajo desarrollado por el fiscal instructor y por las unidades de la Contraloría General que revisaron el proceso, el cual permitió reconstruir una enmarañada cadena de hechos irregulares que causaron perjuicio al Estado y establecer responsabilidades administrativas de ocho funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, la magnitud, gravedad y complejidad de las irregularidades dejan la impresión de que el sumario administrativo, probablemente por las limitaciones propias de una investigación de esta especie, no ha podido ir al fondo de lo que a todas luces parece haber configurado una maquinación más elaborada, en la que es difícil no advertir la posibilidad de un concierto doloso para defraudar al Fisco.
Surgen, por ello, algunas interrogantes que no son completamente respondidas por el sumario.
¿Cómo fue posible que, contra toda legalidad y sin sujeción a las bases de la propuesta pública mediante la cual se había adjudicado, se desviaran más de mil quinientos millones de pesos destinados a una obra pública determinada y específica para utilizarlos en otra distinta sin que los licitantes originales pudieran participar en una nueva licitación en igualdad de oportunidades?
2. ¿Cómo fue posible que se burlaran todos los controles presupuestarios y de legalidad del gasto público para desviar mas de mil quinientos millones de pesos destinados a una obra pública que no se ejecutó, la cual estaba perfectamente determinada y con una precisa identificación presupuestaria asignada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, aplicándolos a un cometido diferente y manteniéndose subrepticiamente la misma asignación presupuestaria de la obra no ejecutada, sin que ello se reflejara en el Banco Integrado de Proyectos ni fuese advertido por el recién citado Ministerio?
3. ¿Por qué motivo y por instrucciones de quién primero se autorizó el traspaso del contrato de obra pública adjudicado a Gender Ingeniería y Construcción Ltda., que mantenía una importante deuda fiscal, a otra empresa del mismo propietario, JCB S.A., para a los pocos meses pagarle una indemnización ilegal de casi 500 millones de pesos no obstante existir antecedentes precisos sobre su improcedencia?
4. ¿Por qué motivo y por instrucciones de quién, en la misma época en que se le pagó esa cuantiosa indemnización, se le asignaron a JCB S.A. ampliaciones improcedentes del contrato y se le adjudicó en trato directo un nuevo contrato, donde se convienen los precios de los materiales con antelación al estudio de ingeniería, causando un nuevo perjuicio al Fisco, por casi 100 millones de pesos?
5. ¿Cómo fue posible que se pagara a la empresa consultora Axioma Ingenieros Consultores S.A. el importe total de la asesoría contratada para una obra que no se ejecutó, para luego concederle ampliaciones de un contrato ya inexistente y, más tarde, asignarle en trato directo un nuevo contrato que incluía tanto la elaboración de un proyecto de ingeniería como la asesoría para su ejecución?
Aunque el sumario no emite un pronunciamiento al respecto como podría esperarse, las interrogantes planteadas dejan pendiente la determinación de la procedencia de acciones criminales si se llegara a comprobar que los hechos descubiertos son, además, constitutivos de delito, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 236 del Código Penal sanciona al empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o a los efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, sea que resulte o no daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y que el artículo 239 del mismo cuerpo legal castiga al empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo defraudare o consintiere en que se defraudare al Estado, sea originándole pérdida o privándole de un lucro legítimo.
Señor Presidente, por las razones expresadas, en ejercicio del derecho que me confiere el artículo 105 del Reglamento, solicito lo siguiente:
Primero, oficiar en mi nombre al señor Contralor para pedirle que, en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 139 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, proceda, si lo tiene a bien, a pronunciarse acerca de si del sumario administrativo instruido en el Ministerio de Obras Públicas resulta que puede haberse cometido el delito de malversación de fondos públicos, fraude al Fisco u otro semejante, y si así fuere, que pase los antecedentes a la justicia y solicite al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte en el respectivo proceso.
Segundo, oficiar en mi nombre al Consejo de Defensa del Estado transcribiéndole los antecedentes aquí expuestos y pidiéndole que, en cumplimiento de las funciones y atribuciones que le son propias, asuma la defensa del patrimonio fiscal mediante las acciones que estime procedentes en contra de los que resulten responsables del perjuicio causado al Estado por los hechos establecidos mediante el sumario incoado por la Contraloría General de la República en el Ministerio de Obras Públicas, aprobado por resolución Nº 2112, de 30 de noviembre de 2004, en relación con el contrato de obra pública denominado “Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco”.
Tercero, oficiar en mi nombre al señor ministro de Hacienda haciéndole llegar esta intervención y solicitándole que, si lo tiene a bien, se sirva informar en lo que atañe a su Cartera, al tenor de las consideraciones ya expuestas.
Cuarto, oficiar en mi nombre al señor Ministro de Obras Públicas , por una parte, pidiéndole que, si lo tiene a bien, se sirva informar acerca de la decisión adoptada sobre la proposición de sanciones formuladas en la resolución Nº 2112, de 30 de noviembre de 2004, de la Contraloría General de la República, indicando las que efectivamente han sido aplicadas a los funcionarios responsables; y por la otra, solicitándole que, si así no lo ha hecho, proceda con la mayor brevedad, a fin de que la Contraloría pueda iniciar los respectivos juicios de cuentas destinados a reparar el daño causado al patrimonio fiscal.
Quinto, transcribir en mi nombre estos antecedentes a la Honorable Cámara de Diputados haciéndole ver su gravedad y pidiéndole que, si lo estima pertinente, ejerza sus facultades fiscalizadoras con el objeto de investigarlos y determinar las responsabilidades políticas que de ellos puedan seguirse.
He dicho.
El señor Prokurica .- Señor Presidente , nuestro Comité se suma a la petición de oficios.
Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del senador señor García , conforme al Reglamento, con la adhesión del Comité Renovación Nacional”.
4. Segundo Informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre el proyecto de ley que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves. (boletín Nº 3587-02)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Defensa Nacional informa el proyecto de ley singularizado en el epígrafe, iniciado en un mensaje, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
1. El número 1 del artículo 1° y el número 1 del artículo 2° no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
2. La Comisión mantuvo el criterio de que el proyecto no contiene disposiciones que deban aprobarse con quórum especial, como asimismo, que no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3. Se aprobaron sendas indicaciones respecto del numeral 2 del artículo 1° y del numeral 2 del artículo 2°.
4. Se rechazaron las indicaciones que se consignan en el acápite IV.
5. No existen artículos suprimidos ni artículos nuevos introducidos en este trámite reglamentario.
II. LO OBRADO EN EL PRIMER TRÁMITE REGLAMENTARIO.
El proyecto aprobado en el primer trámite reglamentario consta de dos artículos que introducen sendas modificaciones en el Código de Justicia Militar y en el decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con objeto de aumentar el ámbito de aplicación y las penas establecidas para el delito de maltrato de obra cometido en contra de los miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, en el ejercicio de sus funciones, cuando tal acción conlleve como resultado la muerte o lesiones graves.
En lo fundamental, se reemplazan, tanto en el artículo 416 del Código de Justicia Militar como en el artículo 17 de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones, los tipos penales que sancionan al que violentare o maltratare de obra a un carabinero o al personal de la Policía de Investigaciones, según sea el caso, con resultado de muerte, lesiones graves, menos graves o leves. Esta sustitución tiene por objeto incorporar un tipo penal que sanciona en forma independiente el delito de homicidio en contra de estos funcionarios policiales, aumentando en un grado el mínimo de la pena aplicable. De esta manera, se castiga al que matare a un carabinero o a un miembro de la Policía de Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, cuya extensión es de quince años y un día a cuarenta años sin libertad condicional.
Se sustituye, además, el tipo penal contemplado en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, que sanciona al que atentare en contra de un carabinero en su calidad de tal y no le causare lesiones o bien le ocasionare lesiones simplemente graves, menos graves o leves. Su supresión obedece, por una parte, a que se trata de un tipo penal deficiente, que considera solamente determinados resultados lesivos, sin colocarse en el supuesto de que el atentado en contra del carabinero pudiera ocasionarle la muerte o lesiones gravísimas y, por otra, a la inconveniencia que representa el establecimiento de una pena única que se aplica independientemente de la gravedad de los resultados producidos.
En su lugar, se tipifican en forma independiente las diversas clases de lesiones que pueden cometerse en contra de un carabinero en el ejercicio de sus funciones, de un modo similar a las figuras contempladas en el Código Penal, asignando penas mayores a las establecidas en este último para idénticos supuestos, en consonancia con el espíritu del mensaje.
Se intercala, con el mismo propósito, el artículo 17 bis en el mencionado decreto ley N° 2.460, de 1979, para el caso de la Policía de Investigaciones de Chile.
Las penas se gradúan en función de la gravedad de las lesiones que se producen y se distingue, al igual que en el Código Penal, entre lesiones gravísimas, graves, menos graves y leves, manteniendo en lo general la nomenclatura establecida tanto en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar como en el artículo 17 de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones.
Adicionalmente, se incorpora una sanción específica consistente en prisión en su grado mínimo (uno a veinte días) o multa de una a diez unidades tributarias mensuales, para el caso de que el atentado o maltrato de obra no cause lesiones al ofendido.
Asimismo, se agrega, en el mencionado artículo 17 bis, nuevo, la figura penal contemplada actualmente en el inciso final del artículo 17 de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, que sanciona las amenazas u ofensas públicas en contra de un funcionario de la citada institución, con una modificación consistente en el aumento de la sanción, con objeto de equipararla a la establecida en el artículo 417 del Código de Justicia Militar, que contiene un tipo similar para Carabineros de Chile.
III. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
Las indicaciones presentadas por los señores Diputados dicen relación con modificaciones propuestas para los artículos 1° y 2°, que fueron discutidas y votadas del modo que se señala seguidamente.
Artículo 1°
Consta de dos numerales, mediante los cuales se propone introducir las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:
-Mediante el número 1, se reemplaza el artículo 416 con objeto de tipificar el delito de homicidio en contra de un carabinero que se encuentra en el ejercicio de sus funciones y de aumentar en un grado el mínimo de la pena aplicable.
- Por medio del número 2, se sustituye el artículo 416 bis con el propósito de tipificar el delito de lesiones en contra de un carabinero en el ejercicio de sus funciones, distinguiendo, para estos efectos, entre lesiones gravísimas, graves, menos graves y leves.
Se presentaron las siguientes indicaciones:
1. De la diputada señora Guzmán y de los Diputados señores Burgos , Bustos , Ceroni , Meza , Montes, Pérez Arriagada y Riveros , para sustituir el artículo 1º por el siguiente:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en los textos legales que a continuación se indican:
a) Agrégase en el Código Penal el siguiente artículo 391 bis, nuevo:
“Artículo 391 bis. El que matare a un carabinero o a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena establecida en el Nº 1 del artículo anterior.”.
b) Agrégase en el Código Penal el siguiente artículo 403 ter, nuevo:
“Artículo 403 ter.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero o a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:
1º Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º Con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si le causare lesiones menos graves.
4º Con prisión en su grado máximo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si le ocasionare lesiones leves.”.
c) Derógase el artículo 416 del Código de Justicia Militar.
d) Derógase el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar.
Esta indicación tiene por objeto incorporar en el Código Penal los tipos penales que sancionan en forma especial los delitos de homicidio y lesiones en contra de un carabinero o de un miembro de la Policía de Investigaciones, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual se propone derogar los artículos 416 y 416 bis del Código de Justicia Militar.
En el debate habido en la Comisión no se compartió dicha propuesta y se estimó más apropiado mantener su ubicación en el Código de Justicia Militar. Por otra parte, se hizo presente que la pena contemplada en la indicación para el delito de homicidio cometido en contra de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, en circunstancias de que actualmente es de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado, con lo cual no se cumple el objetivo del proyecto que consiste en aumentar las penas aplicables a los autores de esta figura delictiva.
-Puesta en votación, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes.
2. De la diputada señora Guzmán y de los Diputados señores Burgos y Ortiz , para suprimir el número 5º del artículo 416 bis, cuyo tenor es el siguiente:
“5°.- Con prisión en su grado mínimo o multa de una a diez unidades tributarias mensuales, si el atentado o maltrato de obra no le causare lesiones”.
El texto propuesto en el primer trámite reglamentario sanciona al que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones o bien atentare en su contra, con prisión en su grado mínimo o multa de una a diez unidades tributarias mensuales, si el atentado o maltrato de obra no le causare lesiones.
El diputado señor Burgos , en su calidad de autor de la indicación, hizo hincapié en la inconveniencia de sancionar el atentado o maltrato que no causa lesiones, en razón de que esta hipótesis debería ser castigada en conformidad con las reglas generales como tentativa o delito frustrado, según lo preceptuado en el artículo 7º del Código Penal. Además, opinó que la existencia de esta norma podría dar lugar a interpretaciones en virtud de las cuales se concluya que, en definitiva, se sancionan las meras intenciones de atentar en contra de un carabinero, lo que pugna con la teoría del Derecho Penal.
Luego de un breve debate en que se compartieron los argumentos expuestos con precedencia, hubo acuerdo en aprobar esta propuesta.
-Puesta en votación, fue aprobada por asentimiento unánime.
Artículo 2°
Consta de dos numerales, mediante los cuales se propone introducir las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:
-Por el número 1, se reemplaza el artículo 17 con objeto de tipificar el delito de homicidio en contra de un miembro de dicha institución que se encuentra en el ejercicio de sus funciones y de aumentar en un grado el mínimo de la pena aplicable.
-A través del número 2, se incorpora el artículo 17 bis, con el propósito de tipificar el delito de lesiones que se comete en contra de un miembro de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, distinguiendo para estos efectos entre lesiones gravísimas, graves, menos graves y leves.
Se presentaron las siguientes indicaciones:
1. De la diputada señora Guzmán y de los diputados señores Burgos , Bustos , Ceroni , Meza , Montes, Pérez Arriagada y Riveros , para reemplazar el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo 2º.- Derógase el artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”.
Esta indicación guarda relación con la propuesta efectuada por los mencionados señores Diputados respecto del artículo 1º, en virtud de la cual los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de un miembro de la Policía de Investigaciones se incorporarían en un tipo especial del Código Penal. Como consecuencia del rechazo de la indicación presentada con tal propósito, se hizo presente que no se justifica la derogación del citado artículo 17.
-Puesta en votación, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes.
2. De la diputada señora Guzmán y de los Diputados señores Burgos y Ortiz , para suprimir el número 5 del artículo 17 bis, cuyo tenor es el siguiente:
“5.- Con prisión en su grado mínimo o multa de una a diez unidades tributarias mensuales, si el atentado o maltrato de obra no le causare lesiones”.
El texto propuesto en el primer trámite reglamentario sanciona al que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un miembro de la Policía de Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones o bien atentare en su contra, con prisión en su grado mínimo o multa de una a diez unidades tributarias mensuales, si el atentado o maltrato de obra no le causare lesiones.
Durante el debate hubo consenso en orden a que debe existir un mismo tratamiento entre el tipo penal que sanciona el delito de lesiones en contra de un carabinero y la figura penal correspondiente a dicho ilícito cuyo sujeto pasivo es un miembro de la Policía de Investigaciones. En consecuencia, se acogió el criterio de eliminar este numeral por las razones invocadas con motivo de la indicación presentada en relación con el artículo 416 bis.
-Puesta en votación, fue aprobada por asentimiento unánime.
IV. INDICACIONES RECHAZADAS.
1. De la diputada señora Guzmán y de los Diputados señores Burgos , Bustos , Ceroni , Meza , Montes, Pérez Arriagada y Riveros , para sustituir el artículo 1º por el siguiente:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en los textos legales que a continuación se indican:
a) Agrégase en el Código Penal el siguiente artículo 391 bis, nuevo:
“Artículo 391 bis. El que matare a un carabinero o a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena establecida en el Nº 1 del artículo anterior.”.
b) Agrégase en el Código Penal el siguiente artículo 403 ter, nuevo:
“Artículo 403 ter.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero o a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:
1º Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º Con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si le causare lesiones menos graves.
4º Con prisión en su grado máximo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si le ocasionare lesiones leves.”.
c) Derógase el artículo 416 del Código de Justicia Militar.
d) Derógase el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar.
2. De la diputada señora Guzmán y de los Diputados señores Burgos , Bustos , Ceroni , Meza , Montes, Pérez Arriagada y Riveros , para reemplazar el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo 2º.- Derógase el artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”.
V. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, dará a conocer el señor diputado informante , la Comisión de Defensa Nacional recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:
1) Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:
“Artículo 416.- El que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.”.
2) Sustitúyese el artículo 416 bis por el siguiente:
“Artículo 416 bis.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, o bien atentare en su contra, será castigado:
1º Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º Con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si le causare lesiones menos graves.
4º Con prisión en su grado máximo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si le ocasionare lesiones leves.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:
1) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:
“Artículo 17.- El que matare a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.”.
2) Intercálase el siguiente artículo 17 bis:
“Artículo 17 bis.- El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, o bien atentare en su contra, será castigado:
1. Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2. Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3. Con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si le causare lesiones menos graves.
4. Con prisión en su grado máximo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si le ocasionare lesiones leves.
Asimismo, el que amenazare u ofendiere públicamente a un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile en el desempeño de sus deberes funcionarios será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.”.
-o-
Se mantuvo como diputado informante al señor Bertolino Rendic, don Mario .
Sala de la Comisión, a 4 de enero de 2005.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión celebrada con esta fecha, con la asistencia de los diputados señores Ulloa, don Jorge , ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Bertolino, don Mario ; Burgos, don Jorge ; Leal, don Antonio , y Norambuena, don Iván .
Concurrió, además, el diputado señor Kuschel, don Carlos Ignacio .
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogado Secretaria de la Comisión ”.
5. Informe de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Salud sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”. (boletín N° 3722-10)
“Honorable Cámara:
Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Salud, unidas por acuerdo de la honorable Corporación, pasan a informar sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y sin urgencia, aprobatorio del tratado multilateral indicado en el epígrafe, adoptado en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objeto de “proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco” (artículo 3).
Por la extensión de este informe, se ha estimado conveniente proporcionar una visión general de su contenido.
En su capítulo I, se hacen constar las menciones reglamentarias que deben contemplarse en los informes recaídos en proyectos de ley o de acuerdo aprobatorios de tratados internacionales;
En su capítulo II, se proporcionan diversos antecedentes relacionados con el origen de este Convenio; la necesidad de la cooperación internacional para combatir el tabaquismo; las cifras mundiales y nacionales sobre el daño que el tabaquismo produce en la salud de las personas; se hace referencia a las metas y estrategias a seguir por Chile en el decenio 2000-2010 para controlar el tabaquismo, y al marco constitucional y legal involucrado en el logro de dichas metas y estrategias;
En el capítulo III, se reseña el contenido normativo del Convenio en informe;
En el capítulo IV, se expone lo sustancial de las opiniones de la Compañía Chilena de Tabaco sobre los alcances de este instrumento internacional, y
En el capítulo V, se da cuenta de las decisiones de la Comisión y su fundamento principal que proponen a la honorable Cámara aprobar el proyecto de acuerdo sometido a su consideración.
Finalmente, se adjuntan al informe dos anexos. El anexo Nº 1 contiene las opiniones de las autoridades de Gobierno y representantes de organizaciones privadas recibidas por la Comisión, y el anexo Nº 2, entrega diversos antecedentes del derecho comparado en la materia.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos del artículo 287 del Reglamento de la honorable Cámara, se deja constancia de lo siguiente:
1º Que el tratado sometido a la consideración de la honorable Cámara no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.
2º Que la Comisión escuchó a las personas siguientes:
- Ministro de Salud , señor Pedro García Aspillaga ;
-Jefe de la Unidad Tabaco del Ministerio de Salud, señor Sergio Bello ;
-Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, señor Stefan Larenas;
-Director del Programa de Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón, doctor Eduardo Bianco ;
-Doctora Marisol Acuña , miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, y
-Gerente General de la Compañía Chilena de Tabacos, señor Michael Hardy.
Todas las personas señaladas dieron opiniones favorables a la aprobación del Convenio Marco en trámite, análogas a las dadas por el mensaje, de las cuales se proporciona una versión extractada en el anexo Nº 1, agregado a este informe.
No obstante lo anterior, por los efectos directos que este Convenio Marco podría tener para el desarrollo de la industria del tabaco se ha considerado de interés proporcionar en el cuerpo principal de este informe, después de la reseña del contenido normativo del Convenio, lo sustancial de las opiniones y particulares consideraciones de la Compañía Chilena de Tabacos sobre los asuntos más controversiales que se plantean a propósito de la aplicación del instrumento internacional en estudio.
3º Que el proyecto no contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
A mayor abundamiento, el informe financiero del Ministerio de Hacienda acompañado con el mensaje señala que “Las medidas administrativas requeridas en el Convenio Marco se encuentran incorporadas en los objetivos sanitarios del Ministerio de Salud para el decenio 2000-2010, por lo que la aprobación de dicho convenio no significa un costo fiscal adicional”, y agrega que “si con ocasión de la discusión de este Convenio se identificara la necesidad de introducir modificaciones legales o modificar las políticas existentes para su debida implementación, la implicancia fiscal de dichas iniciativas será informado para cada una de ellas.”.
4º Que sometido a votación el proyecto de acuerdo, fue aprobado por la unanimidad de los señores diputados presentes; a saber: Diputados Allende Bussi , doña Isabel ( Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana) y Rossi Ciocca, don Fulvio ( Presidente de la Comisión de Salud ); las señoras diputadas Pérez San Martín , doña Lily , y González Román, doña Rosa ; y los señores Diputados Accorsi Opazo, don Enrique ; Bayo Veloso, don Francisco ; Forni Lobos, don Marcelo ; Girardi Lavín, don Guido ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Leay Morán, don Cristián ; Melero Abaroa, don Patricio ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Flores, don Osvaldo ; Riveros Marín, don Edgardo ; Robles Pantoja, don Alberto ; Sánchez Grunert, don Leopoldo ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Villouta Concha, don Edmundo .
5º Que diputada informante fue designada, por unanimidad, la honorable diputada Allende Bussi , doña Isabel
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II. ANTECEDENTES GENERALES.
A. Sobre el origen del Convenio Marco en trámite.
La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO, según se use su sigla en español o inglés) tiene como finalidad alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Su órgano plenario es la Asamblea Mundial de la Salud, compuesta por delegados que representan a los Estados miembros, con facultades para adoptar reglamentaciones internacionales en materias referentes a la lucha contra la propagación de enfermedades, nomenclatura de enfermedades, causas de muerte, normas uniformes sobre los procedimientos de diagnóstico y sobre la seguridad, pureza y potencia de los productos biológicos, farmacéuticos y similares (artículos 1 y 21 de su Constitución).
El mensaje señala que considerando el importante impacto negativo sobre la salud a nivel mundial provocado por el consumo de tabaco y para que las estrategias de su control puedan funcionar globalmente, la OMS lideró la elaboración de un tratado internacional que aúne esfuerzos y voluntades de todos los países miembros. Este trabajo se inició en 1999 culminando en el año 2003, con la aprobación del Convenio Marco para el Control del Tabaco sometido a la consideración de la honorable Cámara, primer tratado de salud pública mundial.
Cabe precisar que instrumento fue adoptado el 21 de mayo de 2003, por la unanimidad de los 192 Estados miembros de la OMS participantes en su 56ª. Asamblea Mundial, que tuvo lugar en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, del 19 al 28 de mayo de 2003, y fue firmado en representación de Chile por el señor Ministro de Salud , el 25 de septiembre del mismo año.
Al 7 de enero de 2005, había sido firmado por 168 Estados Miembros de la OMS y por la Comunidad Europea; 49 de los cuales lo habían ratificado.1
Entre los signatarios se registra la firma de treinta Estados de las Américas y el Caribe, seis de los cuales lo han ratificado: Canadá , México , Panamá , Perú, Trinidad-Tobago y Uruguay . Sólo no lo han suscrito: Colombia y República Dominicana.
B. Sobre la necesidad de la cooperación internacional para actuar contra las nocivas consecuencias del tabaquismo.
Entre las diversas declaraciones que las Partes en el Convenio formulan en su preámbulo, destaca su reconocimiento de que la propagación de la “epidemia de tabaquismo” es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública, que requiere la más amplia cooperación internacional posible y la participación de todos los países en una respuesta eficaz, apropiada e integral.
Lo mismo que de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco en el mundo entero; particularmente, su seria preocupación por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos del tabaco en los países en desarrollo, con las graves consecuencias, científicamente probadas, en las causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad entre los dependientes del tabaco.
Además, reconocen que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades.
Asimismo, dejan constancia de su profunda preocupación por el importante aumento, en el mundo entero, del número de fumadores y de consumidores de tabaco entre niños, niñas, adolescentes y mujeres.
A propósito, reconocen que los propósitos de este Convenio de la OMS para el control del tabaco se relacionan con derechos consagrados en diversos instrumentos internacionales aprobados en el seno de la ONU, de los cuales Chile es Estado Parte, como es el caso del derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, según lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; y el derecho de la mujer a no ser discriminada en la esfera de la atención médica, conforme lo dispone la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.
C. Cifras mundiales y nacionales sobre el daño del tabaquismo en la salud de las personas.
El mensaje indica que estudios del Banco Mundial atribuyen al tabaquismo cuatro millones de muertes al año, correspondiendo el 63% a personas entre 35 y 69 años, con una pérdida de cerca de 22 años de vida normal. Agrega que los hombres tienen una mortalidad atribuible al tabaco 3 veces superior a la de las mujeres, lo que se relaciona con la alta prevalencia entre ellos; no obstante que en el futuro se espera un aumento de la mortalidad femenina dado el aumento de consumo registrado entre ellas, evidenciado en los países desarrollados.
La OMS, en antecedente publicado el 12 de agosto de 2003, señala que en la actualidad el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en el mundo. Habida cuenta de los 4,9 millones de defunciones anuales relacionadas con el tabaco, ningún otro producto de consumo es tan peligroso ni mata a tantas personas como el tabaco. Agrega la OMS que el tabaco causa alrededor de 13.500 defunciones por día; que la mitad de los niños están expuestos al humo del tabaco en la propia vivienda, y que el cigarrillo es el único producto de consumo legalmente disponible que mata a quien lo consume normalmente.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que el consumo de tabaco seguirá aumentando hasta el año 2010, pero el ritmo de este crecimiento será más lento que el registrado hasta ahora. Precisa que la tendencia en los países industrializados será a la baja (para el 2010 consumirán 29% del tabaco), mientras que en los países en desarrollo el número de fumadores aumentará (consumirían el 71%).
Según este estudio, el número de fumadores pasará de los 1.100 millones de 1998 a unos 1.300 millones en 2010, lo que significaría un aumento anual de 1,5%.
Los cigarrillos son la forma más común de consumo de tabaco, representan el 85% del tabaco consumido en todo el mundo. Actualmente, existen cerca de 100 países productores de tabaco. Los principales son China (con 320 millones de fumadores), India , Brasil, Estados Unidos de América, Turquía, Zimbabwe y Malawi, que juntos producen más del 80% del tabaco del mundo. China produce más del 35%.2
En Chile, el Ministerio de Salud, aplicando los índices de riesgo relativo propuestos por la OMS, estimó en 1999 que un 16,9% de la mortalidad total (13.888 personas) ocurrida ese año era atribuible al tabaquismo. El 21% de las muertes (2.917) fueron por diversos tipos de cáncer; un 15% (2.083) por enfermedades respiratorias, y un 64% (8.888) por problemas cardiovasculares.
Por otra parte, según el mensaje, se estima que el 11% de la mortalidad infantil, de acuerdo a datos nacionales, se originaría en el hábito tabáquico de las madres, debido a que los hijos de las madres que fuman durante el embarazo, tienen menor peso de nacimiento y mayor riesgo de prematuridad.
En Chile, en los últimos 30 años el número de fumadores ha ido en aumento a expensas, principalmente, de las mujeres, disminuyendo así la brecha con los varones. Además, se ha observado un aumento de la prevalencia en los estratos socio-económicos más bajos, constituyéndose en otra fuente de inequidad. Las encuestas de Conace se están realizando desde 1994, cada dos años, y constituyen una fuente de datos altamente confiable sobre el consumo de drogas en el país.
De acuerdo al último informe del año 2002, la prevalencia del tabaquismo en Chile es de un 42,9% (hombres 46,4% y mujeres 39,5%), lo cual nos constituye como el país con más alta prevalencia de América Latina.
Las Comisiones Unidas tomaron conocimiento, además, de la “Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (Emta), 2000-2003, que forma parte de un sistema mundial de vigilancia del consumo de tabaco desarrollado por la OMS y el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta (CDC).
Esta encuesta es aplicada, cada tres o cuatro años, por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de más de cien países y hasta ahora han sido encuestados un millón cuatrocientos mil estudiantes alrededor del mundo.
En Chile se ha aplicado en dos oportunidades: el año 2000, en las regiones IV (Coquimbo), V (Valparaíso) y XIII (Metropolitana. En esta oportunidad la aplicación fue encargada a la Universidad de Chile, y el año 2003: en las regiones I (Tarapacá), V (Valparaíso), VIII (Bío-Bío), y XIII (Metropolitana).
El Emta se aplica, según un diseño muestral realizado en el CDC de Atlanta, en colegios públicos y privados: 100, en el 2003, 25 en cada región seleccionada. Incluye a estudiantes de 13 a 15 años, los que se concentran entre 7° básico y 1° medio, con un total de 271 cursos. La participación fue del 91,6%: se encuestó a 8.460 alumnos, de un total de 9.238.
La prevalencia de los últimos 30 días, Emta 2003: son las siguientes:
-Las prevalencias más altas se observan en la Región Metropolitana y en la VIII Región, donde 1 de cada 3 escolares entre 13 y 15 años fuma.
-La I Región (Tarapacá) tiene la prevalencia más baja.
-En todas las regiones las mujeres fuman más que los hombres, sin que las diferencias alcancen a ser significativas.
-Mayor consumo mientras mayor es el curso, llegando a más del 40% en los alumnos de 1° medio de las regiones Metropolitana y VIII (Bío-Bío).
-Entre los países que tienen resultados para la segunda aplicación del Emta, la Región Metropolitana y la del Bío-Bío tienen las prevalencias más altas de consumo de tabaco en adolescentes (primer y segundo lugar, respectivamente), la Región de Valparaíso ocupa el 6° lugar y Tarapacá el 9°.
-Los jóvenes que consumieron cigarrillos en el último mes fumaron alrededor de 2 cigarrillos diarios, con cifras similares en las cuatro regiones.
La edad de inicio del consumo:
-La gran mayoría de los jóvenes fuma por primera vez a partir de los 10 años, especialmente después de los 12 años. Este fenómeno es similar en las cuatro regiones estudiadas.
-Entre un 17% (I Región) y un 19% (RM) de los alumnos que alguna vez probó un cigarrillo lo hizo antes de los 10 años, sin variaciones significativas entre las Regiones.
Lugares de consumo y acceso:
-El lugar donde más fuman los adolescentes es en lugares públicos, seguidos de fiestas.
-Llama la atención que alrededor de un 10% de estos estudiantes fuma en su casa, y
-Entre un 8 y un 10% de los jóvenes ha recibido cigarrillos gratis por parte de un promotor.
Información sobre riesgos del tabaco:
En ambas Regiones sube el porcentaje de jóvenes que recibió en la escuela información sobre los daños que provoca el tabaco, situándose en ambas sobre el 40%; este aumento sólo es significativo en la RM, que sube de 23,2% en el 2000 a 44,3% en el 2003 (91% de aumento), alcanzando significación tanto en hombres como en mujeres.
Exposición ambiental al humo del tabaco:
Existe una alta proporción de jóvenes expuestos al humo de tabaco en lugares públicos, con una escasa reducción en los últimos cuatro años, pasando de 72% a 68% en la RM, y de 68% a 62% en la V Región.
Acuerdo con prohibición de fumar en lugares públicos:
Se mantiene una proporción alta de jóvenes que está de acuerdo con la prohibición de fumar en lugares públicos (sobre 70% en ambas Regiones).
Acceso a cigarrillos:
-Existe una alta proporción de jóvenes fumadores que no son rechazados por su edad al comprar cigarrillos (en el 2003 en la RM: 84% y en V Región: 91%). Sin variaciones en el período.
-El 2003 el 10% de los jóvenes en la RM y el 8% en la V Región recibió cigarrillos gratis de parte de algún promotor, sin variaciones en el período.
Conclusiones:
-Chile sigue siendo uno de los países con las prevalencias de consumo más altas. A nivel poblacional el consumo de tabaco no ha experimentado variación desde hace varios años, situándose alrededor del 40%.3
D. Metas específicas y estrategias a seguir por el Ministerio de Salud para lograr, en el decenio 2000-2010, un control del consumo de tabaco.
El mensaje informa que entre los objetivos sanitarios proyectados para el período señalado, se contempla alcanzar las metas específicas siguientes:
1) Reducir el consumo de tabaco en la población general en 25%, pasando de una prevalencia del 40% al 30%;
2) Reducir el consumo de tabaco en escolares de 8° básico en 26%, pasando de una prevalencia del 27% al 20%, y
3) Reducir el consumo de tabaco en mujeres en edad fértil en 11%, pasando de una prevalencia del 45% al 40%.
Las estrategias sectoriales e intersectoriales a seguir para lograr tales metas son las siguientes:
1) Políticas de ambientes libres de humo de tabaco, que contribuirán al cambio de paradigma social sobre el tabaquismo, que de ser un hábito socialmente aceptado pase a ser un hábito no aceptado;
2) Comunicación social de los efectos del tabaquismo en fumadores y no fumadores, revelando ante la opinión pública la verdadera situación del tabaco como un producto adictivo y dañino para la salud de fumadores y no fumadores;
3) Aumento de los impuestos sobre el tabaco, ya que existe evidencia que esta estrategia incentiva a algunas personas a dejar de fumar, evita que otras comiencen a hacerlo y reduce el número de ex fumadores que recaen. Por cada 10% que aumenta el precio de los cigarrillos, el consumo disminuye entre un 4% y un 8%;
4) Control del contrabando. Es fundamental evitar cigarrillos baratos, que faciliten el acceso a los más pobres y a los jóvenes;
5) Control de la publicidad. Cuando este control es parcial, existen experiencias no efectivas. Para que haya un impacto en el consumo de cigarrillos, este control debe ser amplio y total, y
6) Políticas de ayuda a las personas a dejar de fumar. Es necesario poner a disposición de los fumadores, programas de cesación del tabaquismo, de la mayor cobertura posible y con las metodologías e insumos adecuados, según las evidencias.
Por último, el Presidente de la República estima que es necesario que el Estado de Chile se haga partícipe del esfuerzo mundial para enfrentar coordinadamente el problema del tabaco, por lo que somete a la consideración de la honorable Cámara el Convenio Marco en informe.
E. Marco constitucional y legal involucrado en el cumplimiento de las metas y estrategias proyectadas para controlar el consumo de tabaco.
En primer término, debe tenerse presente que entre las bases de la institucionalidad se indica, en el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política, que el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que establece la Constitución.
Precisamente, la Carta Fundamental asegura a todas las personas, su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en cuyo resguardo se permite que la ley establezca restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, como podría ocurrir con la normativa que se proyecta para controlar el consumo de tabaco, y, por último, se asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud (N°s. 1, 8 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política).
Los textos legales involucrados son, en primer lugar, la ley N° 19.419, que regula, principalmente, la publicidad, el ofrecimiento, distribución o entrega a título gratuito a menores de edad de productos hechos con tabaco y las advertencias que se deben hacer a la población acerca de los riesgos específicos que para la salud implica el consumo de tabaco o de productos elaborados con él; la incorporación a los objetivos y contenidos de los programas de estudio de la Educación Básica y Media los daños que provoca en el organismo el hábito de fumar y los distintos tipos de enfermedades que su consumo genera, y las limitaciones impuestas a los fumadores en los medios de transportes, hospitales, oficinas públicas, teatros, cines, restaurantes, bares y hoteles.
En segundo término, está el decreto ley Nº 828, de 1974, que establece normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuesto que afectan al tabaco.
Para mayor información, se adjunta a este informe en anexo Nº 2, un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la “regulación del tabaco: experiencias extranjeras”, en el que se proporcionan antecedentes generales sobre la legislación de Canadá, Unión Europea, Austria , Bélgica, Dinamarca , Finlandia, Francia, Alemania, Grecia , Irlanda , Italia , Holanda , Noruega, Portugal , Rumania , España , Suecia y el Reino Unido.
III. LO SUSTANCIAL DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL CONVENIO.
Además del preámbulo ya reseñado, este Convenio consta de 38 artículos, agrupados en once partes, referidas a las materias siguientes:
La Parte I: Introducción, contempla una lista de expresiones utilizadas en su articulado y regula la relación del Convenio con otros acuerdos e instrumentos jurídicos que las Partes concierten sobre cuestiones relacionadas o adicionales a la previstas en este Convenio Marco (artículos 1 y 2).
Entre las expresiones definidas, la principal es la de “control del tabaco”, que comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su exposición al humo de tabaco (letra d) del artículo 1).
En lo que concierne a la relación del Convenio con otros acuerdos e instrumentos jurídicos, es relevante señalar que para proteger mejor la salud humana, este Convenio alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas y dispone que ninguna de sus normas impedirá que una Parte imponga exigencias más estrictas que sean compatibles con su derecho interno y el derecho internacional (N° 1 del artículo 2).
La Parte II: relativa al objetivo, principios básicos y obligaciones generales, define el objetivo enunciado anteriormente en este informe y establece los principios básicos que deberán ser observados para alcanzar los objetivos del Convenio, entre los que se contemplan:
1) El que todos los Estados Partes deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco;
2) El del compromiso político firme para establecer y respaldar, en el ámbito nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas para:
-Proteger a todas las personas de la exposición al humo del tabaco;
-Prevenir el inicio y promover y apoyar el abandono y reducción del consumo del tabaco;
-Promover la participación de personas y comunidades indígenas en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de control del tabaco, y
-Adoptar medidas para que en las estrategias de control del tabaco se tengan en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género.
3) El de la cooperación internacional, particularmente la transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiera para el control del tabaco;
4) El de la responsabilidad, según determine cada Parte en su jurisdicción, y
5) El de la participación de la sociedad civil para conseguir los objetivos de este Convenio Marco y sus protocolos.
En cuanto a las obligaciones generales que contraen los Estados Partes en este instrumento, se establece que cada Estado Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrados de control del tabaco. Con este fin, cada Parte, establecerá, con arreglo a su capacidad, un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para el control del tabaco, y adoptará y aplicará las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo del tabaco.
La Parte III: relativa a las “Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco”, indica a los Estados Partes que las medidas sobre precios e impuestos a los tabacos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco, materias en las cuales se les reconoce su derecho soberano para decidir.
Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que cada Estado Parte, teniendo en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco, aplicará políticas tributarias o políticas de precios que contribuyan a reducir el consumo de tabaco, y a prohibir o restringir su venta y/o importación libre de impuestos y libres de derechos de aduana por viajeros internacionales (artículos 6 y 7).
En esta Parte III, se contemplan también las medidas que los Estados pueden adoptar contra la exposición al humo de tabaco en lugares de tabaco interiores, medios de transportes, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos; la reglamentación del contenido de los productos del tabaco; de la divulgación de información sobre tales productos, el empaquetado y etiquetado de los mismos, la educación, comunicación, formación y concientización del público, la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y la reducción de la demanda, dependencia y abandono del tabaco (artículos 8 a 14).
En lo que se refiere al empaquetado y etiquetado, los Estados Partes deberán adoptar medidas eficaces para que en los paquetes y etiquetas de los productos del tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como “con bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves” (letra a) del N° 1 del artículo 11).
Las advertencias sanitarias en los paquetes y envases deberán ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y, en ningún caso, menos del 30% de las superficies principales expuestas (párrafo iv) de letra b) del artículo 11).
La Parte IV, relativa a las “Medidas relacionadas con la reducción de la oferta de tabaco”, contempla las normas sobre el comercio ilícito de productos del tabaco; la venta a menores y por menores, y el apoyo a actividades alternativas económicamente viables (artículos 15, 16 y 17, respectivamente).
En lo que se refiere al comercio ilícito de productos del tabaco, los Estados Partes podrán adoptar las medidas que su ordenamiento interno o los acuerdos internacionales contemplen para eliminar el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación de productos del tabaco (N° 1 del artículo 15).
Todo Estado Parte deberá exigir que los paquetes y envases lleven la declaración: “venta autorizada únicamente en (insertar el nombre del país o de la unidad subnacional, regional o federal)”, o lleven cualquiera otra indicación útil en la que figure el destino final o que ayude a las autoridades a determinar si está legalmente autorizada la venta del producto en el mercado interno (letra a) del N° 2 del artículo 15).
En cuanto a los menores de edad, se considerarán tales, para los efectos de este Convenio, los que determine la legislación interna o a los menores de 18 años (N° 1 del artículo 16).
Entre las actividades alternativas económicamente viables se considerará a los pequeños vendedores de tabaco (artículo 17).
La Parte V: se refiere a la “Protección del Medio Ambiente”, y al respecto se dispone que los Estados Partes acuerdan prestar atención a los efectos que en éste ámbito y en la salud de las personas pueden producir el cultivo del tabaco y la fabricación de productos del tabaco (artículo 18).
La Parte VI: se ocupa de las “Cuestiones relacionadas con la responsabilidad”. Se trata de la regulación, conforme a la legislación nacional, de las responsabilidades civil o penal, sin afectar de modo alguno los derechos de las Partes a los tribunales de las otras Partes, donde existan esos derechos, ni los limitará en modo alguno (artículo 19).
La Parte VII: trata de la “Cooperación Técnica y Científica y Comunicación de Información”, entre cuyas normas son destacables los compromisos generales de cooperación en la investigación, vigilancia e intercambio de información entre los Estados Partes y el de presentar informes a la Conferencia de los Estados Partes por conducto de la Secretaría del Convenio sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adoptadas para aplicar este Convenio (artículos 20 y 21).
La Parte VIII: trata de los “Arreglos Institucionales y Recursos Financieros”. Como órganos del Convenio establece la Conferencia de las Partes y la Secretaría permanente. La primera de las Conferencias será convocada por la Organización Mundial de la Salud a más tardar un año después de la entrada en vigor del Convenio. A ella le corresponderá, principalmente, adoptar por consenso sus normas de gestión financiera y las decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz; podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas del Convenio, y recibirá los informes que le presente las Partes sobre el cumplimiento del Convenio (artículo 23).
La Secretaría permanente será el órgano técnico-administrativo del Convenio, y mientras no sea designada por la Conferencia de las Partes sus funciones serán ejercidas por la OMS (artículo 24).
Los recursos financieros para las actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del Convenio: el control del tabaco, serán aportados por cada Parte, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales, y promoverán la cooperación financiera con los países en desarrollo y los que tengan economías en transición (N°s. 1 a 4 del artículo 26).
La Parte IX: concerniente a la “Solución de Controversias”, indica que las Partes procurarán resolver sus controversias relacionadas con la interpretación o aplicación del Convenio mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, por ejemplo, buenos oficios, mediación o conciliación. Sin embargo, al momento de la incorporación definitiva al Convenio podrá la Parte declarar que acepta el arbitraje obligatorio que regula la Conferencia de las Partes (artículo 27).
La Parte X: se refiere al “Desarrollo del Convenio”, y regula el procedimiento de enmiendas, que deberán ser examinadas por la Conferencia de las Partes, y la adopción y enmienda de los anexos del Convenio (artículos 28 y 29).
La Parte XI: dedicada a las “Disposiciones Finales”, se refiere a la inadmisibilidad de reservas al Convenio, a la denuncia de este instrumento, que podrá formularse en cualquier momento después de dos años de vigencia del Convenio para la Parte correspondiente; al derecho de voto que cada Parte tendrá en el régimen del Convenio; a los protocolos que podrá adoptar la Conferencia de las Partes para complementar este Convenio, a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial o adhesión y a la entrada en vigor (artículos 30 a 36).
Es importante señalar que para que este Convenio entre en vigor se necesitará la ratificación de, a lo menos, cuarenta Estados Partes, para lo cual los instrumentos respectivos deberán ser depositados ante el Secretario General de la ONU (artículo 36 y 37).
Por último, el original del Convenio se adopta en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, en textos que son igualmente auténticos (artículo 38).
IV. LO SUSTANCIAL DE LAS OPINIONES DE LA COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS RECIBIDAS POR LAS COMISIONES UNIDAS.
La Compañía Chile de Tabacos, también Chiletabacos, representada por su Gerente General, señor Michael Hardy , informó que apoya e incentiva la regulación de una actividad económica lícita, como la que desarrolla, impacto negativo que el consumo de tabaco puede tener en la salud del fumador. Hizo notar que la Compañía basa su política empresarial en que fabrica y comercializa un producto para el consumo de adultos, quienes deben tener información apropiada y suficiente sobre los riesgos que su consumo conlleva.
En ese contexto, apoya, aprueba y estimula la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Estima que se trata de un documento que aborda todos los temas relevantes a la problemática del tabaco y, como tal, lo considera un excelente documento de referencia para que cada país que lo suscribe pueda establecer su regulación interna, conforme a sus particularidades propias y su entorno legal y constitucional.
Recuerda que la elaboración de este Convenio pasó por varias etapas. Inicialmente, se pretendía erradicar el consumo del tabaco; luego, y en el entendimiento de que esto sólo eliminaría la comercialización formal (en favor de un abastecimiento informal sin control regulatorio ni pago de impuestos), rápidamente lo llevó a ser más bien un referente regulatorio. En este plano, también tuvo un proceso evolutivo en el que, los participantes en su negociación estuvieron conscientes de los marcos jurídicos y constitucionales de los distintos países, de manera que el Convenio Marco no impone posiciones, sino que recomienda un marco regulatorio para que cada país, dentro de su realidad jurídica y respetando su Constitución Política, defina una normativa regulatoria apropiada.
Con respecto a las materias concretas que el Convenio recomienda, Chiletabacos sostiene:
1. Sobre los efectos del precio e impuestos para reducir la demanda, afirma que, efectivamente, el factor precio es un elemento que puede reducir la demanda. Reconoce que las externalidades negativas del producto hacen comprensible que el producto tenga una carga tributaria elevada. Sostiene que este tributo puede y debe ser un camino para desincentivar la demanda y generar recursos para enfrentar estas externalidades. Estima que el tema es cuanto es su nivel y cual es la seguridad de que esta demanda existente no sea suplida por comercio ilícito o contrabando. Señala que todos los países que han sobredimensionado esta situación enfrentan un problema de contrabando donde no sólo se pierde este efecto (recaudación – disminución de demanda) sino que todo o casi todos los temas que la regulación busca ejercer (información, esfuerzo de reducción de riesgo, etc.)
2. En cuanto a la exposición al humo de tabaco, señala que este es un tema particularmente complejo y, en su opinión cae fundamentalmente en el área del respeto recíproco y propio de una convivencia. Si se parte de la base que el fumar no es un acto prohibido, entonces es atentar contra las libertades y derechos del individuo, limitar en exceso los espacios en los que se puede fumar. Independiente del grado de riesgo del humo en el ambiente, este es, a lo menos, molesto por lo que es necesario respetar al prójimo. Este respeto hace de toda lógica la prohibición de fumar en ciertos lugares públicos, la segregación en otros y la libertad en áreas abiertas.
3. Acerca de la información, descriptores y advertencia, opina que esta es otra área particularmente compleja. Señala que, en general, existe consenso de que el tabaco debe ser consumido por adultos quienes tienen la información suficiente sobre su acto y las posibles consecuencias de éste. La discusión aquí es que tipo de información es ésta. Se pregunta: ¿Necesita un adulto de pictogramas impactantes para advertirle de una realidad universal? ¿Necesita llenarse caras enteras de un envase de por sí pequeño, cuestionando el derecho sobre la propiedad que el fabricante puede o no tener sobre este envase? Este espacio puede ser llenado con información relevante y más útil al consumidor como pueden ser los niveles de presencia de distintos elementos identificados como más tóxicos.
Respecto de los descriptores, entiende que algunos de ellos puedan estar cuestionados, sin embargo, no se puede desconocer la necesidad de comunicar a los consumidores la características propias de cada producto.
En resumen, en el tema de información, descriptores y advertencia Chiletabacos cree que estos temas deben de ser abordados con racionalidad.
4. En lo que concierne a educación, expone que esta es un área clave en esta problemática. Es fundamental que la sociedad tome este tema con particular fuerza, en especial en los menores. En esta materia es más efectiva la educación que la prohibición (sin querer decir que no hay que prohibir la venta a menores de edad) que muchas veces crea en el menor la rebeldía, el romper con lo establecido y desafiar lo prohibido. Esta es un área donde la sociedad, a través de los pilares fundamentales de esta -la familia, el colegio, centros formativos, etc.- debe focalizar el esfuerzo.
5. Sobre la publicidad señala que esta es quizás el área donde la legislación chilena es menos severa que en otras áreas. Afirma que muchos países han adoptado posturas extremas hasta el punto de crear una seria dicotomía entre la potestad de poder comunicar que debería tener una empresa lícita y la prohibición total de poder comunicar y publicitar su producto. Entendible es el peligro de que la comunicación sea percibida y actúe de estimulador a los jóvenes y debido a esto la publicidad debe ser regulada.
Informa que Chiletabacos tiene vigente, desde el año 2001, un principio autoregulatorio de mercadeo que va mucho más allá de la actual regulación chilena. Se podrá discutir si esto es suficiente o no, discusión que es válida y necesaria, pero siempre recordando que, mientras la industria sea legítima, existe el derecho constitucional de poder comunicar y hay evidencia mundial de que la eliminación de la publicidad no ha disminuido el consumo en los países donde se aplica.
6. Respecto del contrabando indica que éste es un punto controversial y fundamental en toda discusión sobre regulaciones en esta industria. Existe y seguramente existirá por mucho tiempo más, una demanda por este producto y existen dos posibles abastecedores. La industria formal, institucionalizada, responsable, alineada con un entorno regulador razonable y lógico; o un abastecimiento ilegal ajeno a todo protocolo regulador ni preocupado de trabajar en busca de un producto menos dañino y quien no paga impuesto.
Esto no es una amenaza, es una realidad en gran parte del mundo. Se estima hoy que un 25% del consumo mundial es contrabando y producto falsificado con todas las implicancias que esto tiene.
Chiletabacos considera que este escenario o el de cualquiera de nuestros países vecinos de la región con niveles de hasta 55% de contrabando puede desarrollarse en Chile si una sobre regulación, en cualquiera de sus ámbitos, termina ahogando a la industria establecida.
7. Sobre la venta a menores informa que la política empresarial de Chiletabacos parte sobre la base de que produce y comercializa un producto para el consumo de adultos. Jamás ha sido política ni intención promover el consumo entre menores y enfáticamente negamos toda insinuación a este respecto. Por años hemos indicado la necesidad de una legislación más enérgica en esta área. Indicación de que es un producto sólo para mayores ha sido incluida en las cajetillas como iniciativa propia, así como un programa de concientización a aquellos puntos de venta atendidos en forma directa por Chiletabacos.
A pesar de lo anterior, la industria está en el convencimiento que el problema de menores radica más en la educación que en la prohibición. Esta última debe existir para ser más difícil el acceso al producto, pero el control de esto, las alternativas de abastecimiento, hace muy difícil un control. Por sobre la prohibición, que reitera debe existir, el esfuerzo principal debe estar en la educación.
8. En el ámbito del medio ambiente, señala que esta es un área no circunscrita sólo a esta industria sino a toda industria, cualquiera sea su naturaleza. Esta es una responsabilidad intrínseca de toda industria y Chiletabacos toma esta área con particular preocupación. La Planta de Casablanca tiene estándares de medio ambiente superiores a los promedios de Alemania y muchos países europeos. En los últimos dos años la Planta ha sido visitada por más de 1.500 personas interesadas en las prácticas ahí realizadas. Chiletabacos ha sido visitado por delegaciones extranjeras para ver trabajos de biodiversidad que se están realizando. En el campo donde Chiletabacos subcontrata su plantación de tabaco, los estándares medioambientales son de los más altos del mundo donde ya no se cura el tabaco con hornos a leña (gas), se eliminó el bromuro de metilo y hay un trabajo progresivo con la destrucción de envases de pesticidas.
V. DECISIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS.
Concluido el examen de este Convenio en informe, las Comisiones Unidas concluyeron:
A) Que este instrumento internacional es armónico con la política sanitaria proyectada por el Ministerio de Salud para el decenio 2000-2010; con las disposiciones constitucionales y legales relativas a los derechos fundamentales que las personas tienen a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación, y con la participación de Chile en la Organización Mundial de la Salud;
B) Que comparten la decisión de S.E. el Presidente de la República en cuanto a la necesidad de que el Estado de Chile se haga partícipe del esfuerzo mundial para enfrentar coordinadamente el problema del tabaco, de manera que por la unanimidad de los Diputados participantes en la votación, según se indicó en el N° 4 de las constancias reglamentarias, decidió recomendar a la honorable Cámara que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales que tienen por objeto citar el Convenio según el título con que lo aprueba la resolución WHA56.1, de 21 de mayo de 2003, de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, y que corresponde al usado en el texto autenticado del Convenio sometido a la consideración de la honorable Cámara.
El texto que proponen las Comisiones Unidas, es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003, y suscrito por Chile el 25 de septiembre de 2003.”
-o-
Discutido y despachado en sesiones de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Salud, celebradas el 14 de diciembre de 2004 y el 4 de enero de 2005, con la asistencia de la honorable diputada Allende Bussi , doña Isabel ( Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana) y del honorable diputado Rossi Ciocca, don Fulvio ( Presidente de la Comisión de Salud ). Asimismo, asistieron por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, las honorables diputadas Pérez San Martín , doña Lily , y González Román, doña Rosa ; y los honorables diputados Bayo Veloso, don Francisco ; Ibáñez Santa María, don Gonzalo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Leay Morán, don Cristián ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Riveros Marín, don Edgardo ; Sánchez Grunert, don Leopoldo ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Villouta Concha, don Edmundo . Por la Comisión de Salud, asistieron los honorables diputados Accorsi Opazo, don Enrique ; Forni Lobos, don Marcelo ; Girardi Lavín, don Guido ; Melero Abaroa, don Patricio ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Palma Flores, don Osvaldo , y Robles Pantoja, don Alberto . Se deja constancia que los honorables diputados Bayo Veloso, don Francisco , y Masferrer Pellizzari, don Juan , son asimismo, miembros de la Comisión de Salud.
Sala de las Comisiones Unidas, a 5 de enero de 2005.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de las Comisiones Unidas ?.
ANEXO Nº 1
LO SUSTANCIAL DE LAS OPINIONES RECIBIDAS CON MOTIVO DEL
ESTUDIO Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA
EL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO
I. Opiniones de autoridades de Gobierno.
a) Del ministro de Salud , señor Pedro García Aspillaga (sesión 103ª de 14 de diciembre de 2004).
Destacó que el tabaco es un fármaco adictivo que genera daño a la salud y dependencia, señalando que cada año se producen en el mundo 5 millones de muertes atribuibles al tabaquismo, según estudios del Banco Mundial. También señaló que en Chile se estima que un 17% de la mortalidad general, y un 11% de la mortalidad infantil por consumo materno (año 2002) es atribuible al consumo de tabaco.
Procedió a indicar las principales patologías producidas por el consumo de tabaco, mencionando, entre otras, distintos tipos de cáncer; enfermedades del sistema cardiovascular y patologías diversas del sistema respiratorio.
Afirmó que el último informe del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace) informa que las cifras de prevalencia del tabaquismo en nuestro país son alarmantes, así alcanza al 42,9% de la población ( 46,4% hombres y 39,5% mujeres) la más alta de Latinoamérica, con aumento en los estratos socio-económicos más bajos.
Aseveró que las prioridades del Ministerio de Salud en materia de tabaquismo, son reducir las cifras de prevalencia mismo en el decenio que termina el año 2010, por ejemplo reduciendo el consumo general en un 25%; el tabaquismo en los escolares de 8º básico en un 26% y el consumo entre las mujeres en un 11%.
Para alcanzar tales metas señaló como herramientas la política de ambiente libre de humo de tabaco; la comunicación social de los efectos del tabaquismo en fumadores y no fumadores; aumento de los impuestos sobre el tabaco; control del contrabando; control de la publicidad del tabaco, y políticas de ayuda a las personas para dejar de fumar.
Hizo hincapié que el objetivo del Convenio Marco para el Control del Tabaco es proteger a las generaciones presentes y futuras de las nocivas consecuencias de salud, sociales, medioambientales y económicas producidas por el tabaquismo, solicitando la aprobación de este instrumento internacional.
Agregó que las dependencias centrales de su Ministerio han sido declaradas ambiente libre de humo de tabaco. Asimismo, señaló se están tomando medidas para que se respeten en los hospitales las normas que restringen el tabaquismo.
Explicó que la ley del tabaco se encuentra vigente desde hace nueve años y que se han hecho necesaria algunas modificaciones en orden a establecer sanciones efectivas frente al incumplimiento de sus disposiciones.
Afirmó que ya se están tomando medidas para prevenir el tabaquismo. Como ejemplo citó un programa de difusión entre los jóvenes para inhibir el consumo de tabaco. Añadió que se ha dictado reglamentación antitabaco que no ha sido aprobada por la Contraloría General de la República, se trata de normas encaminadas a establecer leyendas más asertivas en las cajetillas de cigarrillos. La ley reconoce que el tabaco es potencialmente dañino para la salud, razón por la cual la Contraloría ha estimado que no es posible, vía reglamentación, fijar leyendas más asertivas en cuanto a los efectos del tabaquismo.
En cuanto a la posibilidad de que el Estado demande a las tabacaleras por los perjuicios a la salud causados, expresó que no es que exista una negativa definitiva en ese sentido, sino que en la actualidad los esfuerzos ministeriales se abocan a tareas prioritarias, tales como el Plan Auge y, entre otras materias, este Convenio Marco. Asimismo, se preguntó cuántas demandas han sido exitosas, de las presentadas en otros países, y cuánto ha costado llevarlas adelante.
Hizo presente que existe coordinación interministerial en la campaña antitabaco a través del Comité Vida, al cual se han integrado, recientemente, algunas empresas del sector privado.
b) Del Encargado de la Unidad Tabaco del Ministerio de Salud, doctor Sergio Bello (sesiones 103ª, de 14 de diciembre de 2004, y 104ª, de 4 de enero de 2005).
Explicó que la Unidad que dirige está desarrollando medidas para combatir el tabaquismo que ya han sido probadas, con éxito, en otros países, tales como prevenir el consumo en los niños; desarrollar programas para que los fumadores dejen de hacerlo y proteger a los no fumadores.
Consideró que la estrategia que persigue el fin más relevante en estos momentos, es la encaminada a prevenir el consumo de tabaco entre los niños. Para ello, desde hace cuatro años que se están formando promotores de la salud en las escuelas, desde la enseñanza parvularia a la educación media, complementado por la difusión de la actividad física, de una alimentación saludable y las relaciones interpersonales. Se trabaja con el Ministerio de Educación y otras instituciones.
Agregó que se están capacitando equipos de salud en el país para que hagan consejería antitabaco en la atención primaria de salud. Así, se ha implementado el concurso denominado “ déjalo y gánalo”, en el cual se han inscrito entre 10.000 a 18.000 personas cada año. Este concurso implica medidas de compromiso y de seriedad para hacer fe de quienes han sido exitosos en dejar de fumar.
Señaló que desde hace tres años se viene desarrollando el programa “ambiente libre de humo del tabaco” al cual han adherido distintos establecimientos. Comprende escuelas, ministerios y empresas.
Informó que el Convenio Marco se ha ratificado por 47 países y que éste regula el uso del tabaco, comprendiendo aspectos que incluso sobrepasan a un Estado, como es el caso del contrabando. Informó que el contrabando en Chile sólo alcanza a un 4% del mercado de cigarrillos.
Aseveró que si bien se recaudan 700 millones de dólares por concepto de impuesto al tabaco, el tabaquismo significa 1000 millones anuales de costo para el país por los daños que produce en la salud de los fumadores.
Afirmó que los pictogramas utilizados en las cajetillas de cigarrillos en Brasil, han permitido reducir su consumo en un 20%.
II. Opiniones del sector privado.
a) Del Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) señor Stefan Larenas (sesión 103ª de 14 de diciembre de 2004).
Explicó que Odecu es una corporación privada sin fines de lucro que promueve la defensa de los derechos del consumidor, la cual posee 14 filiales en el país y afirmó que esa entidad considera que este Convenio Marco va a reforzar la legislación existente en defensa de los derechos del consumidor.
Estimó que el derecho del consumidor a ser informado está consagrado en nuestra legislación, de tal forma que los productos deben contar con una información veraz y oportuna. Además de las advertencias necesarias en el caso que representen un riesgo para la salud. Así, el Convenio Marco establece que los consumidores deberán ser informados acerca de los riesgos que representa para ellos el consumir tabaco; asimismo, se restringe la publicidad y el patrocinio de eventos.
Opinó que ninguna Convención produce efectos sin que exista una sociedad civil organizada que la haga respetar y cumplir.
b) Del Director del Programa de Control de Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón , señor Eduardo Bianco (sesión 103ª de 14 de diciembre de 2004).
Explicó que para llegar a este Convenio Marco fueron necesarias intensas negociaciones, de forma tal que este instrumento ha recogido estrategias que se han probado, han resultado y fueron consensuadas.
Aseveró que el tabaquismo es un grave problema a la salud pública por su magnitud y que termina aniquilando a la mitad de los fumadores. Daña no sólo al fumador, sino también al que pasivamente aspira el humo del tabaco. Se trata de un hábito que produce altos costos y que genera adicción.
Afirmó que el objetivo principal de las empresas tabacaleras son los jóvenes, de los cuales el 80% se transforma en dependiente del tabaco antes de los 18 años de edad. La estrategia que usan dichas empresas es la publicidad que normaliza la conducta.
Informó que en la década de los ochenta la industria tabacalera perdió el primer juicio entablado por los daños producidos por el tabaco y debió exponer documentos confidenciales demostrativos que desde la década de los años cincuenta esa industria estaba conciente de los daños que produce el tabaco a la salud. Sabían que la capacidad adictiva de la nicotina era la verdadera razón del consumo de tabaco, razón por la cual le agregaron amoniaco, químico que favorece la adicción.
Sostuvo que la industria tabacalera intentó sabotear las medidas para el control del tabaco en algunos países y procuró sabotear las medidas y esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, para evitar el tabaquismo.
c) De la doctora Marisol Acuña , miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, (sesión 103ª de 14 de diciembre de 2004).
Afirmó que el tabaco es causa de enfermedades, incapacidades y muerte y aseveró que es la principal causa de muerte evitable en el mundo, siendo el consumo de tabaco no sólo un hábito, porque el tabaco genera dependencia y adicción. Los cigarrillos no son más que una forma de administrar nicotina, para lo cual los fumadores absorben grandes cantidades de humo que contienen material particulado dañino, más sustancias tóxicas irritantes y cancerígenas. Este problema se agrava cuando el consumo se inicia a temprana edad, cuando no se tiene conciencia de los riesgos que implica fumar como un rito de pasaje a la edad adulta.
Explicó que los efectos dañinos del tabaco no se producen sino muchos años después, lo cual dificulta hacer una relación entre el consumo del tabaco y el daño producido.
Expresó la preocupación de la Sociedad Científica por el hecho de que el tabaquismo ha adquirido la magnitud de una epidemia. Así, las estadísticas indican que el 70% de escolares consumen tabaco antes de los 14 años.
Estimó que las estrategias aisladas no sirven para combatir el tabaquismo, requiriéndose un enfoque global e integral del problema, que genere sinergia, siendo ese es el gran valor del Convenio Marco, el que contiene un resumen de estrategias que deben ser implementadas. Su gran propósito es proteger de las consecuencias del tabaco a las generaciones presentes y futuras, razón por la cual solicita se apruebe dicho Convenio dentro de la mayor brevedad posible porque gran parte de la población, hoy fumadora, sufrirá severas consecuencias para su salud dentro de 10 a 20 años.
Explicó que durante la negociación de este Convenio Marco funcionó una Comisión Interministerial para elaborar la posición del Gobierno y sostuvo que este Convenio contempla dar asistencia en el caso que se llegue a afectar una fuente productiva.
d) Del Gerente General de Chiletabacos, señor Michael Hardy (sesión 104ª de 4 de enero de 2005).
Señaló que la comercialización del tabaco es una actividad lícita, pero referida a un producto controversial, siendo claves el Poder Legislativo y la empresa en este complejo tema.
Explicó que en el mundo hay cerca de mil millones de fumadores, que representan una demanda frente a la cual las opciones son una industria establecida y regulada o el comercio ilícito.
Destacó logros del trabajo conjunto empresa y Gobierno, como en la reducción del contrabando de cigarrillos y opinó que la empresa tabacalera debe ser socialmente responsable, razón por la cual Chiletabacos realizó un proceso de diálogo con distintos sectores de la sociedad, detectándose más de 150 expectativas en el tema del tabaco, a modo de ejemplo, la expectativa de trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y de Educación en tareas de prevención del tabaquismo, entre otras.
En cuanto a comportamiento de consumo, expresó que existe una incidencia de 45% de tabaquismo entre los adultos y un consumo promedio de 7 cigarrillos diarios. Asimismo, mostró un grafico comparativo de incidencia del tabaquismo en Latinoamérica, siendo Chile el país con más alto porcentaje, aún cuando con un consumo diario menor, si se le compara con otros países como Uruguay, por ejemplo, país que registra un promedio diario de 16 unidades.
En materia de impuesto al tabaco, regulado por el artículo 6º del Convenio Marco como un instrumento para reducir demanda, sostuvo que un impuesto excesivo ahoga la industria tabacalera regulada y estimula el contrabando. Enfatizó que el 5% del ingreso fiscal chileno es por concepto de la recaudación derivada del impuesto al tabaco, el cual Chiletabacos retiene y entrega al Estado cada año, por una suma de 700 millones de dólares aproximadamente, siendo la carga tributaria del cigarrillo en Chile una de las cinco más altas del mundo, equivaliendo al 77% del precio de venta.
Precisó que este impuesto se aplica sobre el precio de venta. Con la última alza de impuestos el contrabando de cigarrillos creció un 7%, lo que fue combatido eficazmente por la autoridad, con la cual colaboró Chiletabacos.
Manifestó que el artículo 8º del Convenio Marco consagra la protección contra la exposición al humo del tabaco, considerando Chiletabacos que es un riesgo para la salud y una molestia y describió algunos programas que la empresa ha desarrollado para combatir esta exposición involuntaria.
Cuando se refirió a las leyendas de advertencia en la cajetillas de los cigarrillos, aseveró que existe un conocimiento universal sobre los daños del tabaco y que esto debe ser claramente indicado en los envases del producto. Agregó que la industria busca producir tabacos con menor riesgo, lo cual también debe ser informado y exige respeto a la propiedad de Chiletabacos sobre sus envases.
En materia de educación, precisó que el artículo 12º del Convenio Marco contempla la educación, comunicación formación y concientización sobre los riesgos del tabaco para la salud. Al respecto, expresó que es un área en la cual la sociedad debe enfocar sus esfuerzos.
En materia de publicidad, consideró que el marco regulatorio nacional es menos severo y que Chiletabacos desde hace diez años se ha aplicado un marco autoregulatorio. En lo que se refiere al contrabando de productos de tabaco, materia regulada por el artículo 15 del Convenio, expresó que existe una dicotomía entre el esfuerzo regulador y el comercio ilícito, aseverando que el 25% del comercio mundial de productos de tabaco es contrabando, por su parte en Inglaterra, Brasil y Perú estas cifras alcanzan un 25%, 35% y 55%, respectivamente.
En cuanto a la venta a menores y por menores, regulada por el artículo 16 del Convenio, afirmó que es una área que debe ser legislada a la brevedad, un tema preocupante que es complementario a la educación. Por parte, indicó que el artículo18 del Convenio regla la protección del medio ambiente, materia en al cual Chiletabacos se adhiere a los estándares mundiales y supera los niveles europeos.
A modo de conclusión de su exposición, afirmó que Chiletabacos apoya la ratificación del Convenio Marco y que en el tema regulatorio se debe considerar si se quiere trabajar con la industria formal regulada o con el comercio ilícito.
Aseveró que la intención original manifestada por la Presidencia de la Organización Mundial de la Salud , cuando se comenzó a trabajar en la redacción del Convenio Marco, era la de erradicar el tabaquismo. Luego, se tomó conciencia de que ello significaba destruir la industria tabacalera formal, razón por la cual se optó por redactar un instrumento regulador del tabaquismo.
En cuanto a la información de prensa en el sentido de que la empresa Chiletabacos regala cigarrillos a los menores, enfatizó que la política de su empresa es que los cigarrillos son un producto para adultos. Cuando se entregaban muestras de cigarrillos era en lugares y circunstancias en que solo podía haber adultos. Para evitar todo riesgo, afirmó, se ha dispuesto que tales entregas se hagan exclusivamente en eventos que estén totalmente controlados por la compañía, en especial el acceso, para evitar cualquier error.
En cuanto a las advertencias sobre las cajetillas de cigarrillos, afirma que en los mercados donde se utilizan pictogramas, como Brasil o Canadá, la industria tabacalera es rentable. Hace el alcance que en Canadá se aplicaron altos impuestos a los cigarrillos para disminuir el acceso a los mismos, como consecuencia de ello el mercado se inundó de cigarrillos a través del contrabando, de muy bajo precio y sin regulación alguna. Por esta razón, se bajó la carga tributaria.
Informó que Chiletabacos, para combatir la nitrosamina del tabaco, ha procedido a someterlo a un lavado que elimina esa sustancia, y que dicha empresa está exportando el “know how” de este procedimiento.
Sostuvo que en Estados Unidos la advertencia contra el tabaco se mantiene en el costado del paquete y se ha bajado considerablemente el consumo de cigarrillos.
Indicó que Chiletabacos cubre el 98% del mercado nacional de cigarrillos y factura 900 millones de dólares anuales, de los cuales 700 millones corresponden a impuestos que recibe el Estado.
ANEXO Nº 2
REGULACIÓN DEL TABACO: EXPERIENCIAS EXTRANJERAS
I. Canadá.
La Ley sobre el Tabaco de Canadá, sancionada el 25 de abril de 1997, reglamenta la fabricación, venta, etiquetado y promoción de productos del tabaco.
La regulación canadiense define como “productos del tabaco” a aquellos fabricados a partir de tabaco (hojas y extractos), a los cuales son asimilados los tubos, papeles y filtros.
Por otra parte, son excluidos expresamente los alimentos, drogas e instrumentos que contienen nicotina, los que están regulados por la Ley de Alimentos y Drogas.
La Ley sobre el Tabaco de Canadá se sustenta en el diagnóstico de que existe un vínculo indiscutible entre el uso del tabaco y enfermedades invalidantes o mortales, por lo que esta sustancia es considerada dentro del dominio de la Salud Pública.
En ese marco, la regulación canadiense sobre esta materia tiene por propósitos:
Proteger la salud de los canadienses.
Preservar a los jóvenes de incitaciones al consumo del tabaco.
Proteger la salud los jóvenes, limitando su acceso al tabaco.
Sensibilizar a la población sobre los daños que el uso del tabaco genera para la salud.
El citado cuerpo legal, al regular la fabricación de productos que tienen como base el tabaco, entregó a la autoridad ejecutiva del Estado, el Gobernador, la facultad de reglamentar:
Normas aplicables a productos del tabaco, particularmente en lo que se refiere a la cantidad de substancias que pueden contener los productos y sus emisiones; y a la determinación de aquellas substancias que no pueden ser añadidas a los productos.
Métodos de ensayo.
Información que el fabricante debe transmitir al Ministro de Salud , así como los medios de transmisión de esta información.
1. Información que debe entregarse a la autoridad de salud
Respecto al punto 3, la información que los fabricantes de productos cuya base es el tabaco, deben entregar al Ministro, tiene que encontrarse actualizada a fines de cada trimestre.
Esa información debe contener, en líneas generales, el nombre, la dirección municipal y el teléfono del fabricante; la dirección del lugar donde son elaborados los productos; la lista de productos, y la lista de productos idénticos que se revenden bajo marcas distintas.
Al mismo tiempo debe entregar los siguientes datos sobre los ingredientes de un producto de tabaco (cigarros, cigarrillos):
Contenido de tabaco en miligramos, así como su tipo y origen.
Tipo, y especificaciones del papel.
Eficacia de los filtros, calculada según el método oficial del Ministerio de Salud.
Junto con ello, el fabricante debe indicar, para cada componente del producto, los siguientes datos:
Nombre común, químico y comercial.
Origen biológico según la nomenclatura latina normalizada.
El número de registro asignado al ingrediente por Chemical Abstracts Service de l´American Chemical Society.
La media -al 95% de confianza- de la cantidad en miligramos.
2. Métodos de ensayo
En relación a los métodos de ensayo, el reglamento establece que los análisis deben ser realizados por laboratorios acreditados mediante las normas ISO/IEC guía 25: 1990.
El fabricante debe proveer al Ministro de una muestra –representativa- de sus productos, para que sean sometidos a análisis.
Al mismo tiempo debe proveer de una representación del etiquetado, así como del embalaje. En este caso, la toma de muestras debe realizarse según las normas establecidas en ISO 8243, artículos A y B de la tabla 1. La metodología de cálculo de un componente está definida según la metodología oficial (T-402) del Ministerio de Salud, y ajustada según el grado de humedad, de acuerdo a la metodología oficial 966.02.
Se exceptúan de la necesidad de efectuar estos reportes los fabricantes que tengan ventas anuales iguales o inferiores a 1.000.000 (un millón) de unidades de cigarros por marcas o a 8.000 (ocho mil) kilos de tabaco de pipa.
Junto con ello, los fabricantes de cigarros cuyas ventas sean inferiores al 1% del total de las ventas registradas en Canadá, así como los fabricantes de tabaco en hoja con ventas inferiores al 5% de las ventas totales en Canadá, pueden presentar un informe que dé cuenta de los siguientes componentes en sus productos: nicotina, nitrosaminas, níquel, plomo cadmio, cromo, arsénico, selenio y mercurio.
Al mismo tiempo, el fabricante debe informar -al 95% de confianza- sobre los componentes de la combustión principal (aspirado) y lateral (humo) de los productos del tabaco. Cada uno de estos análisis y toma de muestras se encuentra normado por el Ministerio de Salud.
Los fabricantes en sus informes deben dar cuenta de las ventas realizadas – tanto a nivel local como de exportación- así como de los niveles de producción.
3. Acceso, etiquetado y promoción
En otro orden, en relación al acceso, la ley establece expresamente que:
En los lugares públicos o a los que normalmente accede público, se prohíbe proveer -a título gratuito, venta u otro- de tabaco a jóvenes (menores de 18 años).
La venta de cigarrillos debe efectuarse sólo en paquetes sellados de al menos 20 unidades.
Se prohíbe la venta de cigarrillos por medio de máquinas de autoexpendio, salvo que se encuentren en un lugar donde el acceso al público es restringido, o sea un bar o taberna
En los lugares de venta de productos de tabaco deben encontrarse publicadas -mediante un afiche- las normas que regulan el mismo.
Además, está estrictamente prohibido vender productos del tabaco que no cumplan con las normas de etiquetado, en particular aquellas respecto al producto, sus emisiones y los peligros asociados a la salud. Al mismo tiempo, el fabricante se encuentra obligado a presentar un plan de investigación en relación al tabaco y sus productos.
En esta regulación se comprende por promoción: “La presentación por cualquier medio, de un producto o servicio -incluida la comunicación de información sobre su precio y distribución- directa o indirectamente susceptible de influenciar y de crear actitudes, creencias y comportamientos en relación al producto o servicio”.
En ese entendido, la ley prohíbe realizar promoción sobre los productos cuya base es el tabaco, salvo aquella permitida o autorizada a través de la ley o el reglamento respectivo. En particular, se prohíbe efectuar una promoción de forma falsa o engañosa respecto a las propiedades del producto o sus efectos.
Se dificulta el acceso a la publicidad de productos del tabaco por parte de menores mediante las siguientes disposiciones:
Restringir el envío de propaganda por correo a personas adultas designadas por su nombre (publicidad nominal).
Restringir la publicidad a publicaciones cuyo público está compuesto al menos por un 85% de adultos.
Se permiten los afiches en lugares donde el acceso a menores esta prohibido.
Las restricciones anteriores no rigen en caso de tratarse de información respecto a precios.
Tampoco se permite el uso de marcas de tabaco o el nombre de un fabricante en la promoción de actividades, manifestaciones o instalaciones; particularmente si éstas son de carácter deportivo o cultural. Al mismo tiempo, se prohíbe incentivar la adquisición de productos de tabaco mediante:
La entrega de accesorios.
La participación en concursos.
La entrega de tabaco como obsequio por otras compras.
4. Mecanismos de inspección y sanción
En cuanto a las medidas de control respecto de la aplicación de la ley, existen los siguientes mecanismos de inspección y de sanción:
La inspección se encuentra a cargo de inspectores los que pueden visitar los lugares donde se fabrican, embalan, etiquetan o venden productos de tabaco.
Los inspectores se encuentran facultados para visitar los depósitos de elementos utilizados en el embalaje, etiquetado o promoción de productos de tabaco, o donde se encuentra la información sobre la fabricación el embalaje, etiquetado, la promoción o la venta.
En estas visitas los inspectores pueden examinar productos, abrir o hacer abrir productos embalados, tomar muestras, efectuar análisis y exigir información, con independencia del medio de soporte de la misma (se incluye información en soporte magnético o de papel).
Las sanciones, por su parte, son tanto de carácter pecuniario como privativa de libertad, pudiendo aplicarse ambos tipos de sanciones o sólo uno de ellos. En el cuadro 1 se describen las penas máximas asociadas a cada tipo de infracción.
Cuadro 1
Resumen de sanciones según norma contravenida
Norma contravenida
Tipo de
procedimiento
Monto de pena máxima
Pena máxima de cárcel
Dólar
canadiense
Conversión a pesos (1 dólar canadiense = 500 pesos)
Embalaje y promoción
Sumario
100.000
50.000.000
1 año
Acusación
300.000
150.000.000
2 años
Infracciones como: no entrega de información, obstaculización a la misma, venta bajo formatos no autorizados
Procedimiento sumario
50.000
25.000.000
6 meses
Venta a jóvenes o en lugares no permitidos
1º infracción. Procedimiento sumario
3.000
1.500.000
No tiene
2º infracción y subsecuentes. Procedimiento sumario
50.000
25.000.000
No tiene
Venta sin etiquetado o información correspondiente
Detallista
50.000
25.000.000
No tiene
Fabricante
300.000
150.000.000
2 años
Transporte con fines comerciales de productos de tabaco entre provincias. Publicidad engañosa, embalaje fuera de reglamento
Procedimiento sumario
300.000
150.000.000
2 años
Infracción a cualquier disposición
Procedimiento sumario
25.000
12.500.000
No tiene
5. Comentarios
La regulación canadiense en relación al tabaco tiene como finalidad explícita el disminuir el consumo de esta sustancia debido al daño a la salud que produce. En la perspectiva de los reguladores canadienses, el consumo de tabaco constituye un problema de salud pública por:
La adicción que genera la nicotina, elemento contenido en los productos del tabaco.
Su incidencia en la pérdida de capacidades por parte de la población. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud, ello significaría:
Mayor costo laboral de fumadores, estimado en 2.300 dólares canadienses anuales (aproximadamente 1.150.000 pesos).
Costos globales para la sociedad canadiense de 11 mil millones de dólares, cifra superior a la recaudación fiscal de 2,6 mil millones de dólares por concepto de productos cuya base es el tabaco.
Los efectos que genera el tabaco demoran entre 20 y 30 años en manifestarse, de ahí la importancia de generar conciencia y análisis respecto a los daños que genera.
En función de ello, en 1997 se estableció la ley que regula la oferta y comercialización del tabaco. Junto con ello, se determinó que los cinco pilares fundamentales en relación a este tema corresponden a:
Las políticas y las leyes.
Educación pública.
Responsabilidad de la industria y control del producto.
Investigación y desarrollo.
Apoyo a la capacidad de emprender acciones.
Estas orientaciones se trasladan a acciones orientadas a:
Prevención: prevenir el uso del tabaco en los jóvenes.
Abandono: persuadir y ayudar a los fumadores a dejar de utilizar productos del tabaco.
Protección: proteger a la población, eliminando la exposición al humo del tabaco.
Volver conciente: Educar a la población respecto a las estrategias y tácticas de marketing utilizadas por la industria del tabaco; así como respecto a los efectos del uso del mismo, de forma tal que las actitudes sociales se correspondan con la naturaleza peligrosa del tabaco que crea dependencia.
Es bajo este contexto que surge la Ley sobre el Tabaco, como una expresión de la voluntad de restringir y disminuir el consumo del mismo, mediante la aplicación de restricciones a su venta y mercadeo.
La ley y su reglamento establecen procedimientos claros, normados incluso al detalle de mecanismos y formas de cálculo. Ello disminuye el riesgo de la elusión de las normas. Al mismo tiempo, la ley establece una autoridad encargada de vigilar la veracidad de la información aportada por el fabricante, así como un procedimiento para recoger dicha información; y sanciones en el caso de haber falseado datos.
II. Unión Europea.
Muchos países de la Unión Europea cuentan con legislaciones que prohíben total o parcialmente el consumo de tabaco en lugares públicos. En ciertos países esta prohibición incluye también los bares y restaurantes. Cada vez es mayor la legislación existente sobre este particular. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de sus Estados miembro de la Región Europea han confirmado disponer de legislaciones que prohíben o limitan estrictamente el consumo de tabaco en los principales lugares públicos, caso de centros de asistencia sanitaria, centros educativos y edificios oficiales, además de teatros, cines y todo tipo de transporte público nacional.
No obstante, es muy escasa la normativa que mencione específicamente los lugares de trabajo, a pesar de que muchos de los lugares citados anteriormente son también lugares de trabajo.
Algunos países como Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda , Italia , Holanda , Suecia y el Reino Unido cuentan con legislación para proteger los derechos de los no fumadores. La legislación obliga a las empresas a facilitar un entorno laboral seguro y se sostiene que obligar a los empleados a trabajar en ámbitos laborales con humo constituye un riesgo para la salud en el lugar de trabajo.
III. Austria.
Está prohibido fumar en zonas de trabajo compartidas por fumadores y no fumadores si éstos últimos no pueden disponer de la adecuada protección mediante ventilación. Está prohibido fumar en edificios oficiales, centros educativos y salas de cine.
IV.Bélgica.
En el año 1976 se prohibió fumar en los transportes públicos. Asimismo, está prohibido fumar en numerosos lugares públicos, estando restringida esta actividad en bares y restaurantes. Los restaurantes deben contar con extractores de humo y sistemas de ventilación.
V. Dinamarca.
Existen ciertas restricciones al consumo de tabaco en lugares públicos; sin embargo, no hay ninguna limitación para su consumo en bares, restaurantes, discotecas, hoteles o salas de cine. Está prohibido fumar en teatros y salas de cine.
VI. Finlandia.
Las restricciones al consumo de tabaco en el lugar de trabajo tenían carácter voluntario hasta marzo de 1995, fecha en la que reforma de la Ley de Control del Tabaco impuso la prohibición de fumar en todas las instalaciones públicas y comunitarias. La legislación ofrecía dos opciones a las empresas: o la imposición de una prohibición total al tabaco o la habilitación de salas específicas para fumadores con sistemas de ventilación separados y menor presión de aire que las instalaciones para no fumadores.
VII. Francia.
Está prohibido fumar en los lugares de trabajo, con excepción de las oficinas personales. Existen también restricciones al tabaco en bares y restaurantes.
VIII. Alemania.
Alemania cuenta con normativas para proteger a los empleados no fumadores, aunque éstas no incluyen a bares y restaurantes, de este modo, se prohíbe el consumo de tabaco en los lugares de trabajo.
IX. Grecia.
El consumo de tabaco en público está prohibido en muchos lugares. Las cafeterías, bares y restaurantes deben habilitar su espacio para incluir zonas de no fumadores.
X. Irlanda.
Desde el mes de enero de 2004 los lugares de trabajo en Irlanda, incluyendo bares y restaurantes, disponen de un año de plazo para introducir la prohibición de fumar.
XI. Italia.
Hasta hace poco, estaba prohibido fumar en la mayoría de lugares públicos, pero no así en bares y restaurantes. El gobierno ha anunciado recientemente que aquellos que ignoren la prohibición de fumar en lugares como cines, hospitales, oficinas, escuelas, autobuses y aeropuertos podrán ser castigados con multas que oscilan entre 25 y 250 euros. La cantidad de la multa puede duplicarse si los infractores fuman en presencia de mujeres embarazadas o de niños. Los propietarios de bares y restaurantes se enfrentan a multas máximas de 3.000 euros si incumplen la nueva ley. La policía italiana vigila el cumplimiento de la legislación sobre tabaco.
XII. Holanda.
Conforme a lo dispuesto en una nueva ley que entrará en vigor en enero de 2004, todas las empresas deben garantizar que sus empleados no están expuestos al humo de tabaco. Los bares y restaurantes están incluidos en la nueva ley, aunque disponen hasta enero de 2005 para hacerla efectiva.
XIII. Noruega.
A partir de enero de 2004 estará prohibido fumar en lugares públicos. Esta prohibición incluye también a restaurantes y bares para proteger a los camareros y comensales. Noruega cuenta en la actualidad con una de las políticas sobre tabaco más restrictivas del mundo, y fumar en lugares públicos, en el trabajo o en los transportes públicos está prohibido desde 1988. Según el gobierno, el principal motivo para la prohibición propuesta radica en la protección de los empleados y de los clientes. Antes de que entre en vigor la prohibición los bares y restaurantes noruegos deben contar ya con zonas separadas para no fumadores.
XIV. Portugal.
En Portugal fumar está restringido en los lugares de trabajo y prohibido en centros educativos, edificios oficiales, centros sanitarios y transportes públicos. Sin embargo, no existen restricciones en la industria del ocio y el turismo.
XV. Rumania.
Está prohibido fumar en lugares públicos desde 2002, aunque no existen restricciones en lugares de trabajo y oficinas cerradas, restaurantes y bares.
XVI. España.
Está restringido fumar en los lugares de trabajo, pero no así en bares y restaurantes.
XVII. Suecia.
La Ley sobre Tabaco (1983) establece la prohibición de fumar en instalaciones destinadas a la infancia y la juventud, centros médicos y sanitarios, instalaciones comunitarias de viviendas, transportes públicos, salas de espera y demás instalaciones abiertas al público. Los restaurantes y demás lugares donde se sirve comida quedaban exentos de esta prohibición, pero a partir del 1 de enero de 2003 las instalaciones que sirven comida deben contar con zonas para no fumadores. Los hoteles están obligados a ofrecer habitaciones para no fumadores. La Autoridad Sueca para el Ámbito Laboral es la responsable de controlar los lugares de trabajo, mientras que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene a su cargo la supervisión de las instalaciones públicas.
XVIII. Reino Unido.
En la actualidad el Reino Unido no cuenta con legislación específica sobre fumar en el trabajo. La Ley de 1974 sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo exige a las empresas que garanticen la salud, seguridad y bienestar de sus empleados. Por ello, si existen riesgos para la salud producidos por trabajar en un entorno con humo la empresa debe tomar las medidas oportunas para atajar dicho riesgo. Asimismo, la Normativa para el Lugar de Trabajo (Salud, Seguridad y Bienestar) de 1992 exige que los puestos de trabajo cerrados cuenten con la ventilación suficiente. Las empresas deben proteger también a los no fumadores del humo de tabaco en las zonas de descanso, bien facilitándoles estancias separadas o prohibiendo fumar en las citadas zonas.
Instancias legales han afirmado que la Normativa para el Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (Coshh) (2002) es de aplicación al humo de tabaco ambiental. Consiguientemente, las empresas están en la obligación de evitar o controlar la exposición al humo de tabaco, al igual que hacen con otras sustancias peligrosas en el trabajo.
El Reino Unido está a la espera de un Código de Prácticas Aprobado (con un estatus prácticamente de ley) sobre el tabaquismo pasivo que ayudará a los empresarios a comprender con mayor claridad sus responsabilidades conforme a la legislación existente. El TUC británico está haciendo campaña para la aprobación y ejecución del citado Código de Prácticas.
-o-
Moción de los diputados señores Venegas , Ascencio , Pedro Muñoz , Navarro y Sánchez .
Proyecto de ley que prohíbe en la pesquería de la merluza común la utilización del cerco y del arrastre en todas sus formas. (boletín N° 3784-21)
Considerando:
1) Que, no obstante, esta honorable Cámara haber aprobado en distintos momentos varios proyectos de acuerdo que solicitaban al Ejecutivo la adopción de diversas medidas tendientes a la conservación y preservación de los Recursos Hidrobiológicos y que a su vez protegieran y resguardaran a los pescadores artesanales, estos no han dado los frutos esperados, especialmente en la pesquería de la merluza común, y, además, el sector pesquero está en crisis.
2) Que, la pesquería de merluza común se inicia a fines de la década de los años 30, pudiendo identificarse las siguientes etapas en la evolución histórica de los desembarques:
Período de desarrollo entre 1938 y 1945, época en la que alcanzó niveles cercanos a las 10.000 toneladas anuales;
Crecimiento sostenido entre 1945 y 1955, años durante los cuales se lograron 90.000 toneladas anuales;
Período de estabilidad entre 1956 y 1961, con un promedio de 76.000 toneladas anuales;
Grandes fluctuaciones entre 1961 y 1968;
Notable disminución a partir de 1969, año en que se desembarcaron oficialmente 130.000 toneladas, y hasta 1976, año en que se desembarcaron sólo 30.000 toneladas;
Relativa estabilización entre 1976 y 1986;
A partir de 1988 se observa un aumento sostenido de los desembarques, los cuales han llegado a poco más de 122.000 toneladas en el año 2001.
3) Que, desde 1983 la Cuota Global Anual de Captura aumentó peligrosamente en un 300%, de 45000 toneladas a 135.000 toneladas el año 2004. Cuyas consecuencias están a la vista, la pesquería colapsó.
Que, según un informe de la propia Subsecretaría de Pesca “existen dudas razonables que los reclutamientos de los años 2000 y 2002 no sean tan altos (como los que se esperaban)”, entendiéndo el reclutamiento como la entrada de nuevos individuos (peces) a la pesquería y que el mismo informe indica que “para los últimos años los modelos manifiestan un favorable período de reclutamiento aunque la incerteza de estas estimaciones es alta. Particularmente, la información auxiliar analizada indica que es poco probable que el 2002 se haya producido un reclutamiento tan exitoso, como el informado por el modelo.”
Que, pese a que la actual ley de pesca lo prohíbe, se sabe que hay descarte en la actividad extractiva de la flota. Es imprescindible evaluar su magnitud y las distintas formas en cómo se efectúa a fin de identificar mecanismos de control que lo minimicen. Ya que, el sistema de administración pesquera denominado Límite Máximo de Captura por Armador está basado en el control del desembarque y ha demostrado ser eficiente en lo económico para las empresas. Pero, no en cuanto a la conservación y preservación de las especies ni tampoco para los pescadores artesanales. Puesto que, privilegia peligrosamente el desembarque de pescados de tamaño óptimo y de buen valor comercial, lo demás hay que botarlo para no copar la cuota y obtener mayores beneficios económicos con ella.
Que, el 2003 la determinación de la cuota de captura de merluza común para el 2004 se hizo equivocada e irresponsablementemente sin contar con el respaldo técnico suficiente o pertinente de un estudio hidroacústico de la biomasa disponible y de sus características. El Ifop hizo una evaluación, subjetiva e indirecta y un análisis estadístico.
Error, que se estaría repitiendo al fijar la cuota global anual de captura de merluza común para el año 2005 sobre la base de pre-informe final que a más tardar durante el transcurso de diciembre de 2004 será enviado al FIP para su: análisis, evaluación y aprobación.
Que, cuando el stock de merluza común era de un millón quinientas mil toneladas aproximadamente se aprobó una cuota cercana al 10% de la biomasa disponible y, hoy, que apenas quedan cerca de doscientas setenta mil toneladas de la cual casi el 75% son juveniles, se aprueba una cuota global anual de captura que representa casi el tercio de la biomasa disponible.
Que, de acuerdo a informes del Instituto de Fomento Pesquero, la biomasa calculada en el crucero hidroacústico para el presente año es de 272.084 toneladas, cifra que es menor a la del crucero realizado en el 2002, calculada en 1.555.422 toneladas, en un porcentaje aproximado al 82,5%, agregándose a ello el que los pesos promedios de los individuos de la especie disminuyeron de 466 gramos a 310 gramos en relación con el último crucero.
Que, en comparación a los cruceros anteriores se aprecia claramente que los grupos de edad más importantes están debajo del GE IV, GE V y GE VI han, prácticamente, desaparecido. Esto significa que más del 75% de la población actual está por debajo de la talla de primera madurez sexual.
Que, aunque se ha insistido en que entre las principales causas del colapso de la pesquería de la merluza común está abundante presencia de Jibia en los últimos años, e incluso el calentamiento global de la Tierra, los propios informes que maneja la autoridad pesquera indican que hay hipótesis alternativas que explicarían el estado actual del recurso.
Que, como resulta de los considerandos anteriores, los únicos hechos ciertos que existen respecto de la merluza común, son los siguientes:
Su precaria situación actual.
El desconocimiento de las causas de tal situación.
La ineficiencia de los modelos predictivos.
La práctica del descarte.
El Subreporte.
Que, existe evidencia que el descarte, no obstante estar sancionado en la legislación pesquera, es una práctica habitual y que escapa al control de la autoridad.
Que, también, fomenta la práctica del descarte el riguroso control de las medidas de conservación y de las cuotas de captura que se realiza en los puertos de desembarque.
Que, el origen del descarte se encuentra entonces en la falta de selectividad de los artes de pesca utilizados, especialmente el cerco y el arrastre, toda vez que las embarcaciones pesqueras realizan descartes por la precisa circunstancia de no querer desembarcar peces que no han querido capturar.
Que, por consiguiente, para atacar el problema del descarte en su origen, se hace necesario legislar para impedir de manera general el uso del cerco y del arrastre para la captura de merluza común en todo el litoral nacional.
PROYECTO DE LEY
Introdúcese la siguiente modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D. S. Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 5º :
“De la misma manera, prohíbense en la pesquería de la merluza común todas las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca en el mar territorial, que entre otras cosas afecten el fondo marino y/o sean poco selectivos, tales como: redes y/o sistemas de arrastre en todas sus formas y el cerco.”.