Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
- RECLAMACIÓN POR CONDUCTA DE LA MESA.
- ELECCIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA.
- INTEGRACIÓN
- Felipe Letelier Norambuena
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V. ACUERDO DE COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- BONIFICACIÓN POR EGRESO AL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- DEBATE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NACIONAL CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO ECONÓMICO DEL MERCOSUR Y DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN ARANCELARIA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- DEBATE
- BONIFICACIÓN POR EGRESO AL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE EXTINTORES DE INCENDIO. (Votación pendiente).
- COBROS A COOPERATIVAS POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Barrueto
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Samuel Venegas Rubio
- Zarko Luksic Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MANDATO A COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PARA INVESTIGAR CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES SERVIU.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Lily Perez San Martin
- Anibal Perez Lobos
- Victor Perez Varela
- Boris Tapia Martinez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Alberto Robles Pantoja
- Edmundo Salas De La Fuente
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SALAR DE PUCSA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Guido Girardi Lavin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- REGLAMENTACIÓN DEL USO DE CANCHAS Y RECINTOS DEPORTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Guido Girardi Lavin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTES SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES DEL ESTADO A LA FUNDACIÓN CEMA CHILE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Guido Girardi Lavin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA “LA NACIÓN S.A.” EN PODER DE PRIVADOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Guido Girardi Lavin
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Enrique Jaramillo Becker
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Guido Girardi Lavin
- FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CHILENO-JORDANAS. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Edmundo Villouta Concha
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- EFECTOS EN LA AGRICULTURA DE ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE-MERCOSUR. Oficios.
- INVESTIGACIÓN SOBRE LEGALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS PARA JUEGOS DE AZAR. Oficios.
- DEFICIENTE FORMACIÓN DE DOCENTES POR ALGUNAS UNIVERSIDADES. Oficio.
- ADHESION
- Felipe Salaberry Soto
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SALAR DE PUCSA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Rojas Molina
- Sergio Correa De La Cerda
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Fernando Meza Moncada
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Pablo Prieto Lorca
- Jorge Burgos Varela
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Ramon Barros Montero
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Javier Hernandez Hernandez
- Ivan Norambuena Farias
- Pablo Prieto Lorca
- Manuel Rojas Molina
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 33ª, en jueves 16 de diciembre de 2004
(Ordinaria, de 10.37 a 14.38 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Tramitación de proyecto sobre violencia en espectáculos deportivos a Comisión de Seguridad Ciudadana11
-Reclamación por conducta de la Mesa11
-Elección de Primer Vicepresidente de la Cámara12
V.Acuerdos de Comités13
VI.Orden del Día.
-Bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile. Primer trámite constitucional13
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural,
sobre cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del acuerdo complementario económico del Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria23
VII.Proyectos de acuerdo.
-Modificación de normativa sobre extintores de incendio. (Votación pendiente)42
-Cobros a cooperativas por concepto de fiscalización42
-Mandato a Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para investigar calidad de la construcción de conjuntos habitacionales Serviu44
VIII.Incidentes.
-Información sobre proyecto de explotación del salar de Pucsa. Oficios46
-Reglamentación del uso de canchas y recintos deportivos de establecimientos educacionales. Oficios47
-Antecedentes sobre transferencia de bienes del Estado a la fundación Cema Chile. Oficios47
-Información sobre acciones de la empresa periodística “La Nación S.A.” en poder de privados. Oficios47
-Fortalecimiento de las relaciones diplomáticas chileno-jordanas. Oficio48
-Efectos en la agricultura de acuerdo de complementación económica Chile-Mercosur. Oficios50
Pág.
-Investigación sobre legalidad de funcionamiento de máquinas electrónicas para juegos de azar. Oficios53
-Deficiente formación de docentes por algunas universidades. Oficio55
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la
tramitación de un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena a don Horacio de la Peña. (boletín N° 3771-17)56
2.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha
resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del
artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial. (boletín N° 2416-03)58
3.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que establece asignaciones que indica para funcionarios municipales y jueces de policía local. (boletín N° 3736-06)59
-Oficios del honorable Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
4.Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Reino de
Dinamarca para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio y su Protocolo. (boletín N° 3725-10)59
5.Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la
renta y sobre las ganancias de capital. (boletín N° 3723-10)60
6.Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Croacia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta, y su protocolo. (boletín N° 3724-10)60
7.Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las
personas que indica. (boletín N° 3762-17)61
8.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado el
proyecto, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República y con
urgencia de “discusión inmediata”, que establece asignaciones que indica para funcionarios municipales y jueces de policía local. (boletín N° 3736-06) (S)61
9.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto que Aprueba el Acuerdo entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas, suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003. (boletín N° 3624-10)63
10.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que Aprueba el Acuerdo entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas, suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003. (boletín N° 3624-10)69
Pág.
11.Moción del diputado señor Errázuriz que establece una reforma constitucional que impide, a todo evento, tomar posesión del bien expropiado sin previo pago de la indemnización. (boletín N° 3767-07)71
12.Moción del diputado señor Errázuriz que obliga al juez a acatar el informe de peritos en los casos que indica. (boletín N° 3766-07)71
13.Moción de los diputados señores Rojas; Correa; Espinoza; García; donGonzalo Ibáñez; Meza; Pérez, don Ramón; Prieto; Varela y Walker, que
establece sanciones para los hechos de violencia cometidos con ocasión de espectáculos deportivos. (boletín N° 3769-0472
14.Moción de los diputados señores Forni; Álvarez-Salamanca; Barros, Galilea, don José Antonio; Hernández, Norambuena; Prieto; Rojas; Uriarte y Von Mühlenbrok, que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola. (boletín N° 3770-01)74
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Contraloría General de la República
-Señor Alvarado, programas de absorción de mano de obra en la municipalidad de Chaitén.
-Señor Leay, pronunciamiento acerca de actuación de Aduanas de Iquique.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Señor José Antonio Galilea, normas que rigen a empresas de cobranza.
-Respuesta a proyecto de acuerdo 472, solicitar al INE incluir las comunas de menos de cien mil habitantes en informes periódicos sobre fuerza de trabajo y desempleo.
-Respuesta a proyecto de acuerdo 493, fiscalización de extintores portátiles.
Ministerio de Hacienda
-Señor Mora, situación legal y tributaria del semanario “El Polémico”, de la ciudad de Tocopilla.
-Respuesta a proyecto de acuerdo 469- B, legislación para transparentar aún más la función pública.
Ministerio del Trabajo
-Señor Navarro, información geológica sobre pirquenes de comuna de
Coronel.
-Señor Von Mühlenbrock, proyectos realizados en la Décima Región en los últimos doce meses.
-Señor Vilches, proyecto de ley de modernización de la planta del personal de la dirección del trabajo.
-Señor Correa, beneficiarios de programa pro empleo en la comuna de
Curicó.
-Señor Navarro, adopción de medidas para paliar la crisis de la pesca de la merluza en la Octava Región.
-Respuesta a proyecto de acuerdo 501, solución a la demanda de mejoramiento salarial de los funcionarios de la Dirección del Trabajo.
Ministerio de Salud
-Señor Hernández, farmacias registradas en comunas de San Juan de la Costa y San Pablo, de la Décima Región.
-Señor Uriarte, farmacias registradas en la provincia de Talagante- Melipilla.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Señor Juan Pablo Letelier, construcción o rehabilitación de puentes en comunas de Machalí y San Francisco de Mostazal.
-Señora Vidal, contaminación y molestias causadas por plantas de revisión técnica.
-Señor Delmastro, situación de doña Marta Aedo Yáñez.
Ministerio Secretaria General de Gobierno
-Respuesta a proyecto de acuerdo 512, necesidad de persistir en las políticas para combatir la delincuencia.
Ministerio Secretaria General de la Presidencia
-Respuesta a proyecto de acuerdo 464, perfeccionar los sistemas de asistencia jurídica gratuita de los trabajadores.
-Respuesta a proyecto de acuerdo 478, proyecto de ley sobre suplementeros.
Municipalidad de San Antonio
-Copia de decretos de nombramiento de alcalde y concejales de la municipalidad.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (92)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 27ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a la Cuenta.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en el punto 8 figura un proyecto que establece sanciones para los hechos de violencia cometidos con ocasión de espectáculos deportivos, el cual se envía a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Sin embargo, todas las iniciativas relacionadas con este tema han sido tramitadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Como no encuentro razones para cambiar de criterio, pido que se revise esa decisión y el proyecto se envíe a esta última Comisión.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Parece muy razonable el planteamiento.
Si le parece a la Sala, se acogerá la petición formulada por el diputado Burgos .
Acordado.
RECLAMACIÓN POR CONDUCTA DE LA MESA.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en nombre del Comité del Partido por la Democracia, hago uso del derecho que como comité me corresponde para presentar una censura a la Mesa por las declaraciones que su señoría formuló en contra del ministro de Obras Públicas.
Compartimos el celo que ha tenido como Presidente de la Cámara de Diputados para resguardar el derecho de los diputados a fiscalizar y entendemos la vehemencia con que, a veces, asumimos nuestras responsabilidades y la defensa de los intereses de nuestros representados, particularmente, en este caso, los de los habitantes de la Séptima Región, que están indignados por la situación del puente Loncomilla , y de miles de ciudadanos que están muy molestos debido a que se les cobra peaje por usar una carretera que aún no está terminada, lo que atenta contra el sentido común. Los parlamentarios también han manifestado su descontento porque el ministro no concurrió a la Corporación cuando fue citado.
Ante esas situaciones, tenemos el recurso de la crítica a la gestión ministerial e, incluso, en situaciones extremas, podemos recurrir a la acusación constitucional. Sin embargo, a juicio de la bancada del Partido por la Democracia, en particular, y de las bancadas de la Concertación, en general, lo que no podemos hacer...
El señor LORENZINI (Presidente).-
Perdón, diputado Tuma , pero no estamos en Incidentes.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estoy dejando constancia de los de argumento de la censura.
En nuestra opinión, se pueden formular todas las observaciones que se quiera en contra del ministro, pero no se puede afectar la honra de una persona, sobre todo porque, como su señoría lo sabe, es un ministro probo.
Por lo tanto, dado que el Presidente de la Cámara no se ha retractado por el atentado a la honra del ministro de Obras Públicas, censuramos a la Mesa. Queremos que se tome nota de ella para que, de acuerdo con el Reglamento, se vote en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se procederá de acuerdo con el Reglamento.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento, pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, los sucesos de estos últimos días no solamente agravian al ministro de Obras Públicas,...
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, respecto de su intervención, no corresponde la aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
...sino también a esta institución.
En este contexto, junto con sumarnos a la censura en contra de la Mesa, solicitamos que, por la situación que se ha presentado, su señoría pida el asentimiento unánime de la Sala para que se postergue la elección del Primer Vicepresidente, porque no sería correcto afectar a una persona que aún no es parte de la Mesa, toda vez que la censura presentada no involucra su ejercicio.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aplazar la elección del Primer Vicepresidente de la Corporación?
No hay acuerdo.
ELECCIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA.
El señor LORENZINI (Presidente).-
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 del Reglamento de la Corporación, corresponde elegir, por mayoría absoluta de los diputados presentes, al Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
La votación se realizará en forma secreta, por el sistema de cédulas y en un solo acto.
El señor Secretario dará a conocer los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Me permito informar a la Sala que se encuentran pareados los diputados señores Carlos Olivares con el diputado señor Francisco Bayo ; don Roberto Delmastro con don Exequiel Silva ; don Zarko Luksic con don Patricio Melero ; doña Carmen Ibáñez con don Fulvio Rossi ; don Aníbal Pérez con don Ramón Barros , y don Leopoldo Sánchez con don Pablo Galilea .
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Secretario procederá a llamar a votar a las señoras diputadas y a los señores diputados.
-Verificado el escrutinio:
El señor LOYOLA (Secretario).-
Han votado 68 señores diputados y se han escrutado 68 cédulas.
El resultado es el siguiente: por el diputado señor Felipe Letelier , 43 votos; por el diputado señor Masferrer , 1 voto, y por el diputado señor Navarro , 1 voto. Hubo 2 votos nulos y 21 votos en blanco.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En consecuencia, ha sido elegido Primer Vicepresidente el señor Felipe Letelier.
El señor MOREIRA.-
Pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, luego de la censura a la Mesa ¿en qué situación queda el diputado señor Felipe Letelier , recientemente electo Primer Vicepresidente? ¿También queda censurado?
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se censura a la Mesa.
El señor RIVEROS.-
Pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, a propósito de la consulta del diputado Moreira es conveniente aclarar la situación en que ha quedado el Primer Vicepresidente recién elegido, porque la censura a la Mesa fue planteada antes de su elección.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, no hay diferencias. La censura es a la Mesa. Eso ya fue analizado.
-
Se suspende la sesión para efectuar una reunión de comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
V. ACUERDO DE COMITÉS
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Los Comités acordaron, por unanimidad, votar al término del Orden del Día de esta sesión el proyecto de ley, originado en mensaje, que establece una bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica, y las conclusiones de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sobre cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del acuerdo complementario económico del Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria.
VI.ORDEN DEL DÍA
BONIFICACIÓN POR EGRESO AL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que otorga una bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José Miguel Ortiz .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3716-05, sesión 18ª, en 11 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 32ª, en 15 de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el proyecto que otorga una bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile se originó a raíz de la promulgación de la ley Nº 19.882, conocida como “ley del nuevo trato laboral”, que exige, entre otros requisitos, haber cumplido 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 en el de las mujeres, para recibir la bonificación por retiro que establece su título II. Los gremios de Gendarmería expresaron que ellos no recibirían tal beneficio en caso de retiro, porque la inmensa mayoría de sus funcionarios jubila entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años de edad, ya que pertenecen a la Dipreca y, por tanto, se les aplica un sistema de retiro similar al de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, esto es, pueden acogerse a retiro a los veinte años de servicio.
Para ser justos y objetivos y clarificar la situación en que labora el personal de Gendarmería, es bueno recordar que casi todos ellos no tienen horario, que a muy pocos se les pagan horas extraordinarias y que en la práctica deben desempeñar sus funciones en las mismas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad a las que vigilan.
Cuando se discutió la ley Nº 19.882, la diputada Eliana Caraball y los diputados Camilo Escalona , Exequiel Silva , Eduardo Saffirio , José Pérez , Eugenio Tuma , Enrique Jaramillo y el que habla, nos reunimos con las tres asociaciones gremiales que representan al personal de Gendarmería de Chile y constituimos una mesa de diálogo con el Ministerio de Hacienda, donde expresamos nuestra inquietud, porque considerábamos que lo que planteaban los funcionarios era absolutamente justo.
Debo agradecer a los colegas que acabo de nombrar por la confianza que depositaron en mí al otorgarme la condición de vocero. Asimismo, agradezco a los seis colegas de la Oposición que integran la Comisión de Hacienda que hayan dado su apoyo total a esta iniciativa y al conjunto de ella que me haya concedido el honor de ser el diputado informante.
La idea fundamental del proyecto consiste en otorgar una bonificación por egreso al personal de las plantas I y II y del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios que cumpla con los requisitos que se indican, reemplazando la bonificación por retiro establecida por la ley Nº 19.882 que se aplica en la actualidad a dicho personal.
El Ejecutivo estimó necesario conceder a estos funcionarios un incentivo al egreso de la carrera en reconocimiento a las características propias de su labor.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión de Hacienda recibió a los señores Carlos Donoso y Leopoldo Henríquez , presidente y vicepresidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Anfup , y a los señores Juan Soto , Vicente Alcántara y Octavio Sáez , presidente, primer director nacional y tesorero de la Asociación Nacional de Directivas Profesionales y Técnicos de Gendarmería de Chile, Adiptgen .
Debo señalar que no invitamos a audiencia a los dirigentes de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Anop , que presiden los señores Claudio Pérez Silva , Eduardo Muñoz Bravo, Daniel Silva Galindo y Cristián Alvear Gutiérrez , pero ellos tuvieron tres conversaciones previas con el grupo de parlamentarios que acabo de mencionar, en el palacio Ariztía , en Santiago, y ayer se reunieron con la Comisión y dieron a conocer su posición sobre la materia en análisis. Lo menciono para la historia de la ley, porque esos dirigentes son buenos servidores públicos y están preocupados por quienes representan.
Objetivo y estructura del proyecto.
El proyecto sustituye el requisito de años de edad, por el de treinta años o más de servicios efectivos en las plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios y del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios. Las restantes plantas continuarán afectas al beneficio instaurado por el título II de la ley Nº 19.882.
Se pretende, de este modo, mejorar las tareas de vigilancia penitenciaria, generando instrumentos de apoyo al egreso, que reconozcan las funciones particulares de los vigilantes y oficiales penitenciarios.
El proyecto contiene 7 artículos permanentes y 2 transitorios.
Disposiciones legales que se relacionan con el proyecto o que éste modifica.
Este cuerpo legal modifica la ley Nº 19.882 y el decreto con fuerza de ley Nº 1.791, de 1980, del Ministerio de Justicia, cuyo artículo 8º establece las plantas del personal de Gendarmería.
En el inciso sexto del artículo 14 se considera como tiempo servido en la institución, para todos los efectos legales, el lapso desempeñado como aspirante a oficial y vigilante-alumno.
Antecedentes presupuestarios o financieros.
El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 5 de noviembre de 2004, señala que el proyecto no irrogará mayor costo fiscal en el año 2004. El costo para el primer año de aplicación de la ley es de 1.796 millones pesos, y para el segundo año de aplicación y en régimen de 1.300 millones de pesos, los que serán financiados con los recursos contemplados en los presupuestos anuales de Gendarmería de Chile.
Es necesario destacar otro aspecto. En el análisis del proyecto, cuando expresó su posición el señor Carlos Donoso como presidente de Anfup, reconoció que la mesa de negociaciones había llegado a un feliz éxito, por lo menos para las plantas I y II de Gendarmería. Ahí se planteó también que prácticamente existe un financiamiento en partes casi iguales, por un lado del personal y por otro del Estado. Por ejemplo, se expresó con claridad que hay un 0,7 por ciento de la remuneración mensual imponible como aporte de los trabajadores. Pero hay algo que quiero destacar, repito, para la historia fidedigna de la ley.
En el artículo 1º se plantea claramente la referencia de los treinta años o más de servicios efectivos servidos en dichas plantas o escalafones. Pero, ¿cuál es el problema? Que a las plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios, y del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios, establecidos en 1980, fueron incorporados los funcionarios que a esa época pertenecían a las nueve plantas de personal que se desempeñaban al interior de la institución, entre otras, las de jefes y directivos, de alcaides, de oficiales administrativos y de oficiales de vigilancia o tratamiento. En virtud de ello, cumplidos treinta años de desempeño, todo funcionario que pertenezca a las plantas I y II tiene derecho a percibir la bonificación de incentivo al retiro señalada.
¿Qué quiero expresar con esto? Que el espíritu del legislador y de la Comisión, tal como lo expresaron los señores Jaime Arellano , subsecretario de Justicia, José Pablo Lagos , subdirector administrativo de Gendarmería, y don Julio Valladares, en su calidad de asesor del Ministerio de Hacienda, es que cuando en 1980 se fijaron las plantas, se entendió que para obtener este beneficio de retiro se consideran los años desempeñados dentro de la institución. Esto es bueno tenerlo presente para que el día de mañana no haya una interpretación errónea al respecto.
Como en la reunión de los Comités me comprometí a abreviar este informe, porque se ha destinado una hora para la discusión del proyecto, solamente quiero dar las gracias al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos por haber accedido a la petición que le hicimos, y, además, hacer un reconocimiento a los dirigentes.
Queda pendiente la planta de profesionales, respecto de la cual hay un acuerdo unánime de la Comisión, en el sentido de hacer llegar un oficio a Hacienda para pedirle que el beneficio se considere en otro proyecto. Así fue solicitado por los dirigentes a través del señor Juan Soto , presidente de Adiptgen.
Por último, solicito a la Sala despachar en esta sesión el primer trámite constitucional, en general y en particular, de este proyecto de ley que beneficia a miles de trabajadores de Gendarmería de Chile.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, la UDI votará favorablemente este proyecto que beneficia al personal de las plantas I y II, y del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios, que cumpla con determinados requisitos para obtener la bonificación por retiro.
El Ejecutivo ha estimado necesario, a nuestro juicio con buen criterio, crear este incentivo al egreso de la carrera de Gendarmería, específicamente para las plantas I y II, por considerar que esos funcionarios tienen una vida laboral muy estresante y dura al estar en contacto permanente con reclusos durante treinta o treinta y cinco años. La idea general del proyecto es positiva, por cuanto es razonable otorgar un beneficio a un personal que, por sus funciones, está más expuesto al deterioro físico y psicológico.
Pero, con motivo de proyectos como éste, algunos se sienten discriminados y marginados de los incentivos que conceder. Así, el personal de Gendarmería que cumple labores de carácter administrativo ha hecho presente su insatisfacción en la Comisión de Hacienda por no haber sido considerado. Su descontento nos parece aceptable y, como dijo el diputado informante, es probable que el Ejecutivo los incorpore en el futuro. Ojalá.
Asimismo, se discutió una indicación del Ejecutivo que incluye como acreedores al beneficio a los funcionarios que hayan sido excluidos del servicio por sanción disciplinaria o por haber sido mal evaluados en lista cuatro, por una vez, o en lista tres, por dos años consecutivos.
La UDI se abstuvo de aprobar esta indicación, porque, de alguna manera, las calificaciones en el sector público han perdido bastante valor. Dicho sea de paso -seamos honestos-, la mayoría de los funcionarios públicos cumple siempre con los requisitos para ser bien calificados. De manera que el hecho de incluir a quienes son dejados fuera del servicio por sanción disciplinaria o por haber sido mal evaluados contribuye un poco a quitarle fuerza a la calificación en la Administración Pública, en este caso en Gendarmería. En ese sentido, habría sido interesante motivar a los funcionarios a mantener siempre la mejor actitud en su trabajo para hacerse acreedores a este beneficio, y no otorgarlo independientemente de las calificaciones o del cumplimiento de sus tareas.
El proyecto es bastante simple y los diputados de la UDI lo votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, para los diputados que, de una u otra forma, siempre hemos atendido a las inquietudes de los funcionarios de Gendarmería, nos parece que este proyecto satisface sus aspiraciones en cuanto al beneficio que establece. Sin duda, no es posible concordar todas las situaciones que se nos plantean, dado que debemos legislar para la generalidad y no para casos particulares.
El Partido Demócrata Cristiano apoyará el proyecto y espera que sea tramitado lo más rápido posible, puesto que concreta inquietudes planteadas hace años. Estamos ciertos de que la labor que desarrolla ese personal, en sus diversos escalafones y servicios, requiere preocupación y responsabilidad permanentes, es estresante, incluso, riesgosa para su vida, dado que deben permanecer mucho tiempo en los centros de detención.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en la actualidad existe una bonificación de retiro para el personal de las plantas I y II del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios que hayan cumplido con los requisitos establecidos para jubilar, básicamente, 60 años de edad las mujeres y 65 años de edad los hombres, que es la establecida en la ley Nº 19.882. Dada su escasa aplicabiblidad, por las especiales condiciones de las funciones de Gendarmería, esa bonificación se reemplaza por esta bonificación de egreso. Por los precarios sueldos de la administración pública, el desincentivo para retirarse por haber cumplido el requisito de edad es generalizado en el personal de todos los organismos del Estado. Como consecuencia de los bajos sueldos jubilar significa recibir el 40 ó 50 por ciento de la actual remuneración, lo cual desalienta a todos. A ningún profesor o funcionario de ministerio le interesa acogerse a retiro.
En el proyecto se sustituye el requisito de edad de la ley Nº 19.882 por el de treinta años o más de servicios efectivos, lo cual es importante, porque muchos funcionarios que ingresaron jóvenes al Servicio de Gendarmería podrán jubilar sin tener que esperar cumplir el requisito de vejez o antigüedad exigido por la legislación mencionada.
La aplicación del proyecto costará 1.796 mil millones de pesos en el primer año y l.300 millones en el segundo año. Los recursos están contemplados en el presupuesto de Gendarmería de Chile.
Sin duda, el hecho de que los funcionarios del Servicio permanezcan tres, cuatro, cinco, seis días y, a veces, mucho más, sin salir de las unidades penales, les significa un deterioro físico y psíquico. Por lo tanto, es acreedor de garantías especiales -no privilegios- que resguarden su seguridad e integridad física y representen un reconocimiento a su labor. No realizan la misma labor que el resto de los funcionarios públicos; muchos comparten, al interior de las unidades penales, el mismo régimen severo o estricto que se aplica a la población penal en cuanto a seguridad, custodia y sistema de internado.
El personal de Gendarmería está afiliado a la Dipreca y, por tanto, goza de un sistema de retiro similar al de Carabineros e Investigaciones. Sin embargo, según el informe, los representantes de los sindicatos señalaron en la Comisión, como una crítica al proyecto, que es de justicia que todos los trabajadores reciban este beneficio, cualquiera que sea la causal de retiro, considerando que todos ellos aportan al fondo de Dipreca, mensualmente el 0,7 por ciento de sus remuneraciones. Este tema está pendiente e imagino que habrá sido debatido en la Comisión. Esperamos que, en definitiva, la explicación plausible para una negativa a extenderlo a todos sea de orden económico o, si es afirmativa, estaría fundado en la justicia, en cuanto ellos estarían haciendo uso de sus propios ahorros en el fondo al cual han contribuido a formar, aportando mensualmente el 0,7 de sus ingresos. Al menos, me gustaría saber cuánto sería el costo de un sistema aplicable a todos los trabajadores de Gendarmería.
Pero hay un asunto que no ha sido mencionado y que constituye una manifiesta discriminación.
El caso es del personal de las plantas de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares que se desempeñan en unidades penales sin uniforme. Tanto más discriminatorio es si se considera que de acuerdo con las nuevas exigencias de la reforma procesal penal, a este personal le va a corresponder nuevas funciones, por ejemplo concurrir sin custodia a las poblaciones donde viven los internos para elaborar los informes que determinen que éstos no constituyen un riesgo para el establecimiento penal en caso de cumplimiento de penas alternativas. La experiencia demuestra que en ese ambiente la recepción nunca ha sido buena, como sucede con los funcionarios de Carabineros o de Investigaciones cuando concurren a los domicilios a requerir información. Los funcionarios administrativos de Gendarmería tendrán el mismo problema.
Como hay un riesgo asociado a la nueva función que deberán desempeñar, deberían concurrir con custodia. Espero que el tema sea revisado, porque me imagino que el personal de Gendarmería, como miembros de un órgano auxiliar del Ministerio de Justicia, no puede contar con menos condiciones de seguridad que el de Carabineros o el de la Policía de Investigaciones. La incorporación de los estamentos profesionales, directivos, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería tiene un costo que hace que uno se pregunte por qué no se les incluyó en el beneficio. Si se les incluyera, el impacto económico sobre el gasto fiscal sería muy bajo, ya que de los 1.073 funcionarios civiles de Gendarmería al benefició se agregarían sólo a cinco funcionarios en 2005, dos en 2006, dos en 2007 y diez en 2008. Por lo tanto, la explicación que se ha dado, en cuanto a que su inclusión incidiría en el presupuesto de Gendarmería o del Tesoro Público, el cual asigna los recursos, no me parece suficiente.
Entiendo que el proyecto haya sido discutido en la Comisión de Hacienda, pero este tipo de iniciativas también deberían ser vistas por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque sus disposiciones dicen relación con la relación laboral y con las condiciones de trabajo que se establecen entre el empleador, en este caso el Estado, y sus funcionarios. He integrado dicha Comisión por más de diez años, de manera que tengo claro que cuando un proyecto establece beneficios sociales o reformas que inciden en las condiciones de trabajo, de contrato o de protección de los trabajadores en el ámbito de la salud o en cualesquiera de los aspectos relacionados con materia laboral, debe ser analizado por ella, porque allí se pueden valorar adecuadamente esos elementos. En este caso eso es pertinente, porque la iniciativa no sólo dispone un incentivo para el retiro anticipado, sino que las condiciones de trabajo que hacen que dicho incentivo tenga plena justificación.
No están dadas las condiciones para despachar hoy el proyecto y no votaré a favor el artículo que excluye de ese beneficio al personal de la planta administrativa de Gendarmería. En la Comisión de Trabajo habríamos podido debatir más en profundidad un aspecto que parece ser una constante. Cuando discutimos las relaciones laborales en el sector privado todos estos elementos están en debate. De hecho, tenemos una fuerte crítica respecto de un número importante de empleadores -afortunadamente, no sobre todos- que han hecho de la relación laboral un infierno, antecedentes que constan en la segunda Comisión creada para investigar los abusos que se cometen en contra de los trabajadores, presidida por el diputado señor Juan Pablo Letelier . Invito a los colegas a leer el informe de la primera Comisión creada para tal efecto y leer los testimonios de dirigentes sindicales y de trabajadores respecto de los abusos que se cometen en el sector privado.
Las relaciones contractuales entre el Estado y sus trabajadores tienen que ser impecables. En ellas no debe existir discriminación y los acuerdos se tienen que alcanzar con sus funcionarios. Sin embargo, como se desprende del informe, el personal de Gendarmería excluido del beneficio no está de acuerdo con esa medida, por cuanto el que vistan o no uniforme no resulta una condición distintiva suficiente para su exclusión, porque permanece prácticamente el mismo número de horas en el trabajo y en las mismas condiciones de inseguridad que quienes percibirán el beneficio.
Votaré a favor la idea de legislar, porque la iniciativa constituye, sin duda, un avance; pero me quedo con la sensación de que pudimos hacer algo más.
Quiero que algún miembro de la Comisión de Hacienda me informe si existe algún acuerdo para que el proyecto no vuelva a Comisión; de lo contrario, sería posible presentar indicaciones.
Sin perjuicio de que lo aprobaré en general, no estoy de acuerdo con lo que establece el artículo pertinente, de manera que pediré a mi bancada que revise la exclusión de estos funcionarios de Gendarmería del beneficio, situación que desconozco si cuenta o no con el acuerdo de los sindicatos de la institución.
Apoyaré la idea de legislar a fin de que el proyecto se transforme en ley a la brevedad, porque estamos en la última sesión de la Cámara de Diputados del año 2004. Sin embargo, quiero reiterar que no estoy disponible para votar a favor el artículo 1º, que excluye y discrimina a los funcionarios señalados.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, comprendo que los 120 diputados no pueden estar en todas las Comisiones a la vez, por lo que quienes no integran alguna, para estar debidamente informados, deben dar fe de lo que sus colegas de bancada, que sí participan en ella, les den a conocer.
Tanto el colega Julio Dittborn , de la UDI, como yo, democratacristiano y de la Concertación, fuimos claros al señalar que no considerábamos justo que se excluyera al personal de las plantas de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería. Lo dijimos.
El diputado señor Navarro , tiene en su bancada un compañero socialista que es presidente de la Comisión. Por lo tanto, no se trata de protagonismo o de aparecer en los titulares de los diarios...
El señor NAVARRO.-
¡Permítame discrepar, señor diputado!
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
¡Señor Navarro , no interrumpa al diputado señor Ortiz !
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, si el diputado señor Navarro considera que le estoy faltando el respeto, le pido disculpas; pero él ha dicho que va a rechazar el proyecto, en circunstancias que hay más de 6 mil funcionarios de Gendarmería que esperan su aprobación.
¿Qué es lo lógico? Lo que hicimos los trece integrantes de la Comisión de Hacienda -lo señalé cuando relaté el informe- que, por unanimidad, acordamos oficiar al ministro de Hacienda para que incluyera a ese personal y, en paralelo -para que se registre en la historia fidedigna de la ley-, buscar una salida administrativa para ellos. La primera medida que se adopte en ese sentido, bienvenida sea.
Rechazar este proyecto ocasionaría un grave daño a más de 6 mil funcionarios.
Por otro lado, lo breve del informe fue consecuencia de un acuerdo de los Comités y, precisamente, por ello, me faltó decir algo. Lo haré ahora, porque su omisión podría generar problemas el día de mañana. Me refiero a que, para todos los efectos legales, serán considerados como años efectivos servidos en la institución, el año de Escuela, el servicio militar, los años de abono por accidentes en actos de servicio y los años de abono por hijos, en el caso de las mujeres, tal como se jubila en la actualidad. Es bueno decirlo, porque el día de mañana la institución podría darle una interpretación que no corresponda a la realidad.
En representación de la Comisión de Hacienda me interesa que el proyecto se despache en su primer trámite constitucional, porque si hay buena disposición y voluntad de parte de mis colegas, en la primera sesión del próximo año del Senado, se podrán formular las indicaciones respectivas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, me parece adecuada la explicación del diputado señor Ortiz , pero quiero decirle que los diputados tenemos derecho a emitir opiniones libres respecto de los proyectos, y no tenemos por qué conocer todo el debate habido en la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, considero que es ésta la ocasión para debatir y aclarar dudas.
Espero que el compromiso adquirido por los trece diputados miembros de la Comisión de Hacienda se cumpla, y que se revise el artículo 1º, y se le permita a dicho personal gozar de este beneficio, ya sea por la vía administrativa u otra.
Espero que mi Gobierno cumpla sus compromisos. No quiero que luego de este debate y de votar favorablemente el proyecto, nos encontremos con sorpresas y que aquello no se cumpla. Estoy dispuesto a asumir las responsabilidades que ello implica, y espero que el ministro de Hacienda pueda encontrar la salida administrativa que corresponda, porque es muy difícil explicar el voto favorable a un artículo respecto del cual se tienen reparos. Es muy difícil cuando no se está totalmente de acuerdo, y yo manifiesto mi desacuerdo.
Votaré a favor del artículo 1º, pero haré todos los esfuerzos de seguimiento del proyecto, para que el Gobierno cumpla con su revisión y con la solución administrativa planteada por el diputado José Miguel Ortiz y con la que estoy de acuerdo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el informe del diputado José Miguel Ortiz , quien, a mi juicio, está muy versado sobre la materia, porque su participación en el tema es de larga data. Incluso, luego de la firma del protocolo, los directivos de las diferentes asociaciones gremiales de Gendarmería de Chile se acercaron a conversar con él y, en alguna oportunidad, tuve la suerte de participar en dichas conversaciones.
Sin duda, éste es un gran proyecto y nadie puede estar en desacuerdo con él, aunque quisiéramos que sus beneficios incluyeran a muchos funcionarios de Gendarmería que han quedado fuera: técnicos, administrativos, profesionales. Eso está en la historia de la ley.
Si mal no recuerda el diputado Ortiz , fui yo quien pidió oficiar al ministro de Hacienda. Lamentablemente, hasta hoy el Ejecutivo no nos ha dado respuesta. Espero que en ella, cuando nos llegue, se considere que no sólo el personal uniformado realiza su labor en las cárceles, sino que también la cumplen los funcionarios que no visten uniforme, y todos en las mismas condiciones de riesgo.
Quisimos revertir la idea, pero ello no nos fue posible; el Ejecutivo sostuvo otra posición. Pero no por eso vamos a votar en contra, porque con ello perjudicaríamos a la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería.
Quiero decir a quienes han quedado fuera de los beneficios que consagra el proyecto, que todavía tenemos esperanza de algo mejor para ellos, una vez que tengamos la respuesta del Ejecutivo. Luego trataremos, ya sea por la vía administrativa u otra, de incluir a aquellos que no van a gozar de estos beneficios que debieron haber sido para todos.
Termino diciendo que votaré favorablemente el proyecto, porque no puedo perjudicar a la gran mayoría que será favorecida. Voto con un sabor amargo, porque han quedado fuera de esos beneficios muchos funcionarios de Gendarmería que trabajan en las mismas condiciones de riesgo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, un grupo importante de dirigentes del gremio conversó conmigo. Algunos de ellos apoyaron el proyecto; otros, hasta hoy en la mañana, me enviaron documentos manifestando su rechazo. Incluso, el dirigente sindical Milenko Mihovilovic me ha llamado a mi domicilio para darme a conocer su rechazo a la iniciativa.
Las opiniones de todos los dirigentes del gremio no concuerdan; algunos están a favor -se lo hice saber a Milenko- y otros, como él y muchos más, están en contra.
Hace dos semanas y media, un grupo de dirigentes de los no uniformados vino a manifestarme su oposición al proyecto. Informé de su preocupación al diputado José Miguel Ortiz y le señalé que era inconcebible apoyar una iniciativa que discrimina entre trabajadores que usan uniforme y los que no lo usan.
Ya en la década de los 90, a raíz de una gestión que hiciéramos Milenko Mihovilovic , quien habla y el diputado señor José Miguel Ortiz , incorporamos a todos los trabajadores de este sector, civiles y uniformados a la Dipreca, porque la única diferencia entre ellos es la ropa que usan, ya que los uniformados tampoco cargan armas.
Fue una muy mala costumbre en la época de la dictadura separar a los uniformados de los civiles. ( Milenko Mihovilovic siempre decía que el uniforme hace la diferencia). Son trabajadores que pertenecen al mismo sector, no portan armas, están bajo la misma dependencia y jefaturas y corren los mismos riesgos.
Asumo que la responsabilidad de esto quedó en manos del diputado José Miguel Ortiz , quien se ha jugado por entero para que esto se solucione, pero la tozudez del Ejecutivo no lo ha permitido.
No voy a aprobar el proyecto en estas condiciones, porque no quiero crear un apartheid en Prisiones.
Señor Presidente, solicito que no se vote el proyecto hasta solucionar el problema, porque además de crear un apartheid al interior de Prisiones, vamos a hacer una separación de dirigentes sindicales: los de los uniformados y los de los no uniformados. Son todos dirigentes y representan a trabajadores de la misma condición. No hay diferencia entre los trabajadores y, por lo tanto, no hay diferencia entre sus dirigentes. Por eso no deben existir diferencias en la ley para preferir a unos sobre otros; todos tienen la misma condición social y los mismos derechos.
En consecuencia, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión para que se dé la solución que planteamos los diputados José Miguel Ortiz , Alejandro Navarro y yo, y que es la misma que han pedido los dirigente.
No queremos un acuerdo o un protocolo de acuerdo; queremos la solución en la ley. Si no es así, voy a pedir que los diputados no se pronuncien al votar, para que el proyecto quede pendiente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Debo informar que los comités acordaron despachar hoy el proyecto. En todo caso, cuando haya quórum, consultaré a la Sala si se envía nuevamente a Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. El proyecto se votará al final del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto que establece una bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica.
Se ha pedido votar separadamente el artículo 1º.
Por lo tanto, en votación general el proyecto, con exclusión del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cornejo , Díaz , Dittborn , Egaña , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Kast , Kuschel, Leal , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Martínez , Masferrer , Meza , Monckeberg , Montes, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
-Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio) .
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Ascencio , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Egaña , Galilea (don José Antonio) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leal , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Martínez , Masferrer , Meza , Monckeberg , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Ortiz , Palma , Pérez ( doña Lily) , Recondo , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Pérez (don Víctor) y Prieto .
-Se abstuvo el diputado señor Navarro .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NACIONAL CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO ECONÓMICO DEL MERCOSUR Y DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN ARANCELARIA.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sobre cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del acuerdo complementario económico del Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria.
Diputado informante es el señor José Antonio Galilea .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 15ª, en 9 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, me corresponde rendir el informe sobre cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del acuerdo complementario económico del Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria.
La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de votos, el proyecto de acuerdo
Nº 220, que facultó a la Comisión de Agricultura para iniciar una investigación e informar “si se ha dado cumplimiento al acuerdo suscrito por el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria, en especial en lo relativo a los recursos adicionales comprometidos y a los programas que financian, además de efectuar una evaluación de sus resultados y de la modalidad utilizada para facilitar el acceso de los agricultores a estos beneficios.”
El mandato se fundamentó en la aprobación, por parte del Congreso Nacional, del acuerdo Mercosur , en septiembre de 1996, y de la reducción de aranceles establecida a través de una ley, en septiembre de 1998, y a un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso Nacional, el cual contempló la entrega de recursos adicionales para el sector agrícola por 612 millones de dólares, cono base en el presupuesto de 1996, distribuidos entre los años 1997 y 2001, es decir, en cinco años, en cifras anuales que alcanzaron entre los 100 millones y los 150 millones de dólares al año. El argumento esencial para dicho acuerdo fue que el sector agrícola sería el más afectado tanto por el Mercosur como por la rebaja arancelaria.
A partir de 2002, el acuerdo entraba en régimen, con un total de 258 millones de dólares.
En general, esos recursos debían tender a fortalecer la competitividad agrícola y serían destinados a investigación, innovación, desarrollo de mercados y para los subsectores con mayores dificultades.
El acuerdo incluía informar al Congreso Nacional el modo en que se distribuirían los montos que se adeudaren, transcurrido ese tiempo, de los 612 millones de dólares, considerando como base los entregados en el año 2002, en los presupuestos desde 2003 hasta 2008.
Finalmente, el acuerdo estableció que la inversión de esos recursos sería para perfeccionamiento y desarrollo de mercado, riego, innovación y gestión, recuperación de suelos degradados, fomento forestal y mejoramiento sanitario.
Fueron invitados a la Comisión numerosos funcionarios del sector público, como el director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, el director nacional de Indap, el gerente del Área de Agroindustrias de la Fundación Chile, el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el jefe del Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero, el director nacional de la Corporación Nacional Forestal. Asimismo, concurrieron representantes del sector privado, como el presidente del consorcio Agrícola del Sur y la directiva y el presidente de la Cooperativa Campesina Las Nieves, quienes dieron a conocer sus opiniones sobre la materia.
La Subsecretaría de Agricultura explicó los alcances de cada uno de los acuerdos: Mercosur, 500 millones de dólares, y la rebaja de aranceles, 112 millones de dólares, lo que suma 612 millones de dólares. El addendum que el año 1999 fundió ambos acuerdos, estableció los montos anuales y la forma de compensar las diferencias entre los años 2003 y 2008. Asimismo, detalló la forma en que se han distribuido los recursos entre 1997 y 2001, del modo indicado en los cuadros que los señores diputados pueden revisar en el informe que se encuentra sobre sus escritorios. También podrán observar en esos cuadros la distribución de los recursos por líneas, programas, de acuerdo con las instituciones que los ejecutaban, y los montos en materia de recursos económicos por cada región.
Resulta importante destacar que en el segundo cuadro se indican los recursos comprometidos y ejecutados, y también los recursos pendientes. Llamo la atención sobre esto, porque, según la Subsecretaría de Agricultura, ascenderían a 101,4 millones de dólares; es decir, de los 612 millones de dólares, quedan por entregar al sector 101,4 millones de dólares.
No me extenderé en las consideraciones de la Subsecretaría, que son numerosas, pero señalaré algunas. Los proyectos emblemáticos que, según la Subsecretaría, han sido exitosos en los lugares donde se han implementado son los centros de gestión, en particular en lo relativo a la producción láctea, el seguro agrícola, los programas de recuperación de suelos, el mejoramiento sanitario, el Fondo de Promoción de Exportaciones, el Bogan, el programa de desarrollo de la agroindustria y la forestación campesina.
Respecto del programa de recuperación de suelos, si bien se han realizado mediciones respecto de los indicadores directos, como la fertilización fosfatada y las enmiendas calcáreas, la Subsecretaría reconoce que no se ha realizado una evaluación de su impacto.
Hace dos meses, la Comisión Mixta de Presupuestos optó por hacer una reducción presupuestaria del Ministerio de Agricultura, en que el programa que resultó más disminuido fue precisamente el de recuperación de suelos degradados, que, según el propio subsecretario, es uno de los más exitosos.
Siempre se entendió que los recursos adicionales eran para las regiones del sur, el secano costero de la zona centro, que tiene una agricultura muy similar. A pesar de que ello nunca se señaló expresamente ni se mencionaron las frases “pequeña agricultura” o “agricultura del sur”, ése fue el espíritu. Se intentó dar prioridad a los subsectores agrícolas que presentan más dificultades para acumular capital, conocimiento, productividad y rentabilidad.
Vale la pena destacar la deuda pendiente. De los 612 millones de dólares adicionales comprometidos, se han ejecutado 510 millones. Por lo tanto, están pendientes 101,4 millones de dólares. A partir del 2003 y hasta el 2008, se iban a repartir en cuotas iguales los fondos que no se hubieran gastado. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura señala que ha planteado esta inquietud, pero aún no ha obtenido una respuesta del Ministerio de Hacienda.
El addendum que fundió ambos acuerdos estableció claramente que los recursos se invertirían entre los años 1997 y 2001. El 2002, los recursos quedaban en régimen. A partir del 2003 y hasta el 2008, se ocuparían en cuotas iguales los que no se hubieran invertido.
Tanto en el protocolo como en el addendum se fijan claramente los procedimientos y los programas. No todos los recursos adicionales implicaban la implementación de programas nuevos. Adicionalmente, todo el presupuesto y todos los programas se analizaban y aprobaban anualmente, al estudiarse la respectiva ley de Presupuestos.
En materia de recuperación de suelos, uno de los programas más importantes, existen ciertos indicadores que demuestran su impacto, pero ello no se ha traducido en mayor productividad, por lo que debe ser apoyada por un conjunto de instrumentos, tales como transferencia tecnológica y Bogan . De todas maneras, se requiere contar con indicadores de gestión que permitan evaluar y comparar su efectivo impacto.
Resumidamente, esto es lo que señaló en la Comisión en señor subsecretario de Agricultura.
Los señores diputados pueden revisar en el informe los testimonios y opiniones de los diversos invitados a la Comisión, como las del Consorcio Agrícola del Sur, que entregó un análisis de los programas más importantes, en que se echa de menos una utilización preferente de los recursos del Compromiso con la Agricultura de las regiones del sur, como fue el espíritu del acuerdo, según el Consorcio Agrícola del Sur. Asimismo, se observa una contradicción entre la inversión para apoyar las exportaciones y abrir nuevos mercados y el hecho de que éste se realice principalmente en la zonas norte y centro sur, que ya están incorporadas al comercio internacional.
El Consorcio Agrícola del Sur también se extendió en un análisis del sistema de recuperación de suelos degradados, tanto para celebrar los efectos de este programa como para criticar su operatoria, porque se desvirtúan los recursos destinados a esta finalidad, errores que, naturalmente, es necesario corregir.
El Consorcio también se refirió al incumplimiento de los compromisos adquiridos en la denominada “Mesa Agrícola”.
Además, se recogió la opinión de la Cooperativa Las Nieves, de pequeños agricultores dedicados al rubro de la quínoa, que exportan a Canadá. Sus representantes señalaron que han recibido apoyo de organismos del Estado, a su juicio, insuficientes, y que no existe un instrumento de fomento para la pequeña agricultura.
Señalaron que el Indap, la Corfo y ProChile prestan respaldo a la pequeña agricultura, pero éste no alcanza a constituir un apoyo real al sector. Los representantes de la Cooperativa Las Nieves manifestaron su preocupación porque el apoyo a iniciativas para exportar productos se interrumpa, poniendo en peligro la continuidad del negocio y el cumplimento de compromisos de los agricultores.
A continuación, el informe contiene una detallada relación del trabajo realizado por diversos servicios, entregando cifras que dan cuenta de los recursos que han manejado: Pro Chile, con su fondo de promoción de exportación agropecuaria; el Indap, con desarrollo de riego, innovación, gestión y recuperación de suelos degradados, así como también las principales líneas de programas, como el Bogan, el subsidio agrícola y familiar, etcétera. Por otra parte, documentos de la Dirección de Obras Hidráulicas con las grandes obras de riego y el desarrollo de embalses; de la Comisión Nacional de Riego, con el aporte que realiza al fomento en la inversión privada en obras de riego y de drenaje. Así mismo, documentos del Inia, del FIA, de la Fundación Chile, de la Conaf, de la Corfo, del SAG. Todos estos organismos públicos recibieron y administraron el grueso de los recursos del compromiso, sobre los que no detallaré para dar tiempo a las conclusiones de este informe y su posterior debate.
Sin embargo, me quiero detener en un estudio realizado por la biblioteca del Congreso, que detallan no sólo las etapas en que se cambiaron o agregaron programas para los recursos comprometidos, sino los montos y el grado de cumplimiento del acuerdo a partir de la información que entregaron los servicios comprometidos y la Subsecretaría de Agricultura.
El estudio concluye que el grado de cumplimiento del acuerdo, en materia de recursos, está muy vinculado al tipo de cambio que se utilice, ya que los recursos del compromiso se establecieron en dólares norteamericanos.
En resumen, si se considera un tipo de cambio fijo a 1998, efectivamente se adeudan alrededor de 102 millones de dólares; pero con un tipo de cambio variable, los recursos pendientes se elevan por sobre los 230 millones de dólares.
A la Comisión le resulta claro que el compromiso consideró un tipo de cambio variable. Cuesta pensar que los parlamentarios de 1998 aceptarían un acuerdo construido a varios años plazo y que considerarían un valor congelado del dólar a 460 pesos. En el numeral 2 del Addendum de 1999 se establece en forma explícita que la verificación del cumplimiento de los compromisos se realizará en dólares, convirtiendo la ejecución presupuestaria en pesos al valor promedio anual del dólar norteamericano conforme a lo informado por el Banco Central.
Lo que no deja lugar a dudas es el criterio que debería utilizarse. Lo curioso de este asunto, y que la comisión no alcanza a entender, es que el Ministerio de Agricultura sostiene que el tipo de cambio debió ser fijo para efectos del cálculo. La Comisión consultó al Ministerio de Hacienda. En agosto obtuvo la respuesta de que debía considerarse un valor del dólar variable e indicó, incluso, las cifras del dólar considerado cada año. Resulta curioso que hace pocos días, en noviembre, la Subsecretaría de Hacienda, a través de un oficio llegado a la Comisión, rectifica esta información al señalar que el valor del dólar que se tenía que considerar para efectos del cumplimiento del compromiso era de 460 pesos, fijo en todos lo años que rigen para el acuerdo.
Sobre esta materia, la Comisión tiene una posición clara y está contenida en las conclusiones que paso a informar y que fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión estima indispensable hacer constar que, para la realización de su cometido, contó con la información proporcionada por el Ejecutivo en lo relativo a los montos estipulados y a la utilización de los mismos, determinada en el “Addendum Protocolos de Entendimiento, Proyecto de Ley de Rebaja de Aranceles y Aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur”. Lo anterior significa que debió hacer fe en esos antecedentes, frente a la imposibilidad de disponer de antecedentes diversos con los cuales contrastarlos.
El procedimiento empleado para arribar a las diversas conclusiones contenidas en este informe consistió en una revisión exhaustiva de los recursos y programas financiados en cada una de las reparticiones públicas involucradas en el compromiso, en particular en aquellas a las que se les asignaron cantidades más relevantes de dinero.
Sin perjuicio del acabado análisis de los antecedentes tenidos a la vista, cabe destacar los siguientes:
1.Perfeccionamiento y desarrollo de mercados.
Los recursos se han concentrado fundamentalmente en el área metropolitana y en la zona norte del país. La explicación del Ejecutivo se funda en que se encuentran en Santiago las sedes de las empresas, de modo que tal concentración se debe a que todas las campañas de promoción se efectúan en la capital, lo cual agrava la situación. Se deduce de esta razón que el provecho lo obtuvieron no sólo empresas ya incorporadas al negocio exportador, sino, al parecer, grandes empresas.
Esos recursos, en un porcentaje importante, debieron destinarse a apoyar a la agricultura sustitutiva de importaciones, con el objeto de incorporar ese sector al negocio exportador.
2.Desarrollo del riego.
Los recursos de la ley Nº 18.450 se han concentrado básicamente en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, lo que significa que no ha sido un instrumento útil para cumplir el objetivo del acuerdo, que es “fortalecer la competitividad del sector agrícola”, en especial el que se verá afectado. Urge, entre otros aspectos, revisar lo relativo a los derechos de agua.
Asimismo, hace falta un esfuerzo efectivo para incrementar la demanda de este instrumento, en particular en las regiones donde la falta de riego es una limitante para la diversificación agrícola.
El Programa de Riego Campesino ha tenido una adecuada distribución regional. Su desarrollo ha de ir acompañado de un especial apoyo para aprovechar la potencialidad del riego entre los pequeños agricultores.
Los recursos invertidos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas se han concentrado, casi completamente, en el norte del país, faltando así al espíritu del acuerdo.
La Comisión estima que se incumple el compromiso al imputarle los recursos invertidos en grandes obras, como Puclaro y otras, que debieron enfrentarse con presupuesto propio del Ministerio de Obras Públicas, ya que muchas de ellas estaban contempladas antes de la suscripción del acuerdo.
La Comisión estima indispensable radicar en la Comisión Nacional de Riego el financiamiento tanto de los estudios de factibilidad de riego como de la ejecución de las obras.
De igual modo, es menester descentralizar regionalmente los concursos de la Comisión Nacional de Riego, a fin de evitar la competencia entre proyectos de alta rentabilidad de la zona central con proyectos menos rentables de la zona sur, debido a la ventaja que les proporcionan el suelo y el clima a los primeros respecto de los últimos.
3.Innovación y gestión.
El destino de recursos otorgados a organismos como la Fundación para la Innovación Agraria parece haber sido demasiado amplio y diversificado, carente de una orientación estratégica a lo largo del país. No obstante lo anterior, la Comisión evalúa positivamente su realización y la distribución regional de sus recursos.
4.Recuperación de suelos degradados.
Este programa ha sufrido permanentes cambios en su aplicación, lo que ha traído consigo falta de claridad para los usuarios y una inconveniente discontinuidad en su aprovechamiento, lo que atenta contra los resultados que de él se esperan y constituye una desviación de recursos a finalidades más bien administrativas.
Resulta indispensable una apropiada evaluación de este programa que apunte a facilitar su uso por parte de los agricultores y, eventualmente, a extenderlo a otros insumos que mejoren la calidad del recurso suelo, así como a asegurar su necesaria continuidad en el tiempo.
Ha sido completamente inconveniente que este programa haya bonificado labores ajenas a su finalidad, especialmente por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, desnaturalizándolo.
Es un aspecto positivo que se haya orientado fundamentalmente a las regiones más necesitadas de lograr una transformación productiva, atendiendo al espíritu del acuerdo, tanto respecto de los recursos administrados por el Servicio Agrícola y Ganadero como por el Indap. Es imprescindible simplificar el acceso a este programa para aumentar y fomentar su demanda.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en ella y del examen de la documentación recopilada, vuestra Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones:
1.La rebaja de aranceles y, muy en especial, la asociación de Chile al Mercosur han impactado negativamente a algunos rubros del sector agrícola, en especial en el sur y en el secano costero de la zona central, entre ellos, el trigo, el maíz, las oleaginosas y la carne bovina. Lo anterior se demuestra en la balanza comercial, que en la clasificación “agricultura” exhibe, entre 1997 y 1999, 302,6 millones de dólares de déficit, y entre 2001 y 2003, 329,6 millones de dólares, lo que significa un incremento de 8,9 por ciento.
Los recursos públicos destinados al sector, como fruto del acuerdo, desde el punto de vista de sus montos, destino y utilización, no han compensado de modo suficiente el daño provocado.
2.El Ministerio de Agricultura ha reconocido que del compromiso con la agricultura se adeudan 101,4 millones dólares, considerando para el cálculo el tipo de cambio fijo correspondiente a 1998. Sin embargo, consultado el Ministerio de Hacienda respecto del tipo de cambio que se debe aplicar, señaló un criterio completamente distinto del empleado por la cartera de Agricultura. Los antecedentes del Ministerio de Hacienda demuestran que el monto de lo adeudado se eleva a 231,5 millones de dólares.
La Comisión estima que este último criterio se acerca de modo más preciso a lo establecido en el addendum de 10 de noviembre de 1999.
3.Sin embargo, en opinión de la Comisión, esta cifra se ve incrementada, dado que 25,7 millones de dólares de los recursos de Conaf, del año 2001, se dedicaron a la generación de empleo, lo que, evidentemente, está al margen del acuerdo alcanzado.
Cabe señalar que, de esta cantidad, alrededor de 75 por ciento se destinó a remuneraciones, previsión y salud, y el saldo a insumos para llevar a cabo el programa.
4.Del análisis efectuado en relación con las grandes inversiones de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas e imputadas a los recursos adicionales, la Comisión no tiene antecedentes que demuestren que dichos proyectos se hayan ejecutado impulsados necesariamente por el acuerdo. Aun aceptando que dichas obras se hubiesen adelantado a partir de los nuevos recursos comprometidos, se estima que, a lo menos, se debe agregar a la deuda la recuperación que el Estado recibirá por parte de los sectores que se verán favorecidos con dichos proyectos de riego.
Para graficar la situación, sirve de ejemplo el caso del embalse Puclaro , en la IV Región, en que la recuperación alcanza una cifra aproximada a los 50 millones de dólares, de acuerdo con lo informado por autoridades del Ejecutivo invitadas a exponer sobre la materia. Este criterio es el mismo que el propio Ejecutivo aplicó respecto de la recuperación de créditos otorgados por el Indap en los años 1998 y 1999.
5.En consecuencia, y conforme a lo concluido en los puntos anteriores, la Comisión considera que, contrariamente a lo señalado por el Ministerio de Agricultura, el monto de recursos adeudados al sector agrícola, por parte del Estado, asciende a la suma de 257,2 millones dólares, a lo que habría que agregar la recuperación que se obtendrá por concepto de grandes obras de riego. A la fecha de este informe, ha sido imposible conseguir del Ministerio de Obras Públicas el detalle de las obras de riego financiadas con recursos del compromiso y los montos susceptibles de recuperación por parte del Estado (oficio Nº 154, del 14 de septiembre, sin respuesta).
6.Por otra parte, el Ejecutivo está incumpliendo, de modo categórico, lo estipulado en el número 6 del addendum, esto es: “En base al informe de marzo del año 2002, se establecerá el monto definitivo a compensar para cumplir con los 612 millones de dólares comprometidos para los ejercicios presupuestarios de 1997 a 2001. Esta merma será distribuida en recursos adicionales al nivel presupuestario en régimen en seis cuotas anuales, de igual valor en dólares, en los presupuestos de los años 2003 al 2008”.
En ninguno de estos ejercicios presupuestarios se cumplió dicho compromiso. Más aún, en el presupuesto para el 2005 no sólo no se incrementan las cifras del modo establecido, sino que el Ministerio de Agricultura sufre una rebaja de 14 por ciento, que se suma a la merma, en el año 2004, de 3,9 por ciento, en circunstancias de que el gasto público, en términos globales, aumenta en 5 por ciento. Esto hace aún más evidente el incumplimiento. En otras palabras, el Ejecutivo no está saldando la deuda con el sector ni la reconocida por sus autoridades ni mucho menos la detectada por esta Comisión.
7.La Comisión juzga que lo sustancial del acuerdo alcanzado debía ser el impacto que los recursos comprometidos provocarían en el sector agrícola más sensible al Mercosur y a la rebaja de aranceles, tanto en la mediana como en la pequeña agricultura. En tal sentido, es preocupante la inexistencia de una apropiada evaluación, así como la necesidad de mejorar los indicadores de gestión que permitan justamente medir ese impacto. Tal carencia sólo ha permitido cuantificar montos y analizar programas, pero ha resultado imposible valorar sus resultados.
8.Los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea hacen necesaria una revisión de los instrumentos, una reorientación de la estrategia y una evaluación de la gestión, esto es, de la forma de implementar los programas, así como del aumento de los recursos, lo que, naturalmente, puede exceder el ámbito del Ministerio de Agricultura. Para tal efecto, la Comisión estima indispensable la participación del sector productivo, que ha sido el destinatario de estos recursos, por su experiencia y por la visión de sus resultados.
9.El acuerdo contemplaba, entre otras materias, modificar la composición de la Comisión de Distorsiones, en orden a incorporar expertos independientes del Po-der Ejecutivo y a revisar los procedimientos con que opera. Sobre esta misma materia, parece ineludible señalar que entre los acuerdos de la denominada Mesa Agrícola, constituida por el Presidente de la República con fecha 28 de junio del 2000, en su número 9, letra c, se establece: “El Gobierno se compromete, en un plazo de 90 días, a evaluar y proponer medidas que fortalezcan la Comisión
Nacional de Distorsiones y que faciliten la presentación, por parte de los agentes privados involucrados, de solicitudes destinadas a corregir eventuales distorsiones en el funcionamiento de los mercados externos que afecten a productores nacionales. Todo ello preservando la autonomía y el carácter esencialmente técnico de este organismo y el pleno cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en materia comercial.”.
Este aspecto, de enorme importancia, no ha sido cumplido. La mencionada Comisión continúa siendo inoperante frente a la competencia desleal de los países que subsidian su agricultura, especialmente Estados Unidos y los de la Unión Europea.
Sobre esta materia, la Comisión estima su deber manifestar su preocupación por la falta de diligencia con que ha actuado dicho organismo frente al requerimiento presentado por diversas organizaciones gremiales vinculadas al agro y a la industria, relativas al ingreso al país de carnes de aves y mezclas de harina de trigo desde Argentina -el informe en esta materia se hizo con posterioridad al pronunciamiento de la Comisión de Distorsiones en esta materia-, que cuentan con un tratamiento tributario que origina, para los productores chilenos, una clara competencia desleal, con trasgresión de los acuerdos de complementación económica suscritos. A la fecha de este informe, la Comisión de Distorsiones no se había reunido para analizar la materia, aun cuando han transcurrido más de treinta días de formulado el requerimiento.
10. En atención a la vigencia de nuevos tratados comerciales que afectan a algunos rubros agrícolas y regiones del país, resulta urgente que los recursos adeudados se incluyan a partir del Presupuesto de 2005 -cuestión que, como sabemos, no ocurrió-, prorrateados en cuotas iguales hasta el año 2008, conforme al acuerdo. El Ministerio de Hacienda debe pronunciarse a la brevedad acerca de la deuda que mantiene con el sector agrícola afectado por el Mercosur y la rebaja de aranceles, y aclarar la forma y plazos en que se dispondrá de esos recursos. Para la Comisión resulta inquietante lo expresado por el Ministerio de Agricultura, en orden a que al respecto “no hay una respuesta formal del Ministerio de Hacienda”.
Sometidas a votación las diez conclusiones a que he dado lectura, por considerarlas como lo más importante del exhaustivo trabajo realizado por la Comisión de Agricultura, fueron aprobadas por unanimidad.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, felicito al diputado informante, señor José Antonio Galilea , por el enorme trabajo realizado en las sesiones destinadas al estudio de este tema por parte de la Comisión de Agricultura. Asimismo, agradezco a los funcionarios de dicha Comisión, porque, de alguna manera, en el informe se reflejan todos los antecedentes que aportaron las diferentes autoridades y por los cuales se llegó a estas conclusiones.
Los parlamentarios que representamos a zonas agrícolas siempre hemos rechazado el Mercosur. Hace una semana, el nuevo director económico de la Cancillería manifestó que no tenía claro si dicho acuerdo había sido negativo para el país, queriendo decir que no había sido positivo.
Muchas veces, los tecnócratas de gobierno no ven la realidad, porque no la quieren ver. Ellos sacan números, multiplican, pero no ven personas, no ven corazones, no ven tradiciones, familias, campesinos, agricultores. Seguramente, hoy sacan cuenta de que la agricultura está empezando a exportar millones de dólares en la zona sur. En verdad, puede ser, pero a costa de los miles de pequeños y medianos agricultores que ya no existen o están muy endeudados. A lo mejor, llegaron inversionistas que quieren comprar y ellos han tenido que vender o rematar sus campos. Si el costo de ingresar al Mercosur se midiera sobre la base de la cantidad de personas que han dejado la actividad agrícola, es evidente que no nos conviene ni nos seguirá conviniendo ingresar. ¿Por qué? Porque los parlamentarios nos debemos a la gente que nos elige.
Si uno quisiera buscar algún aspecto que demuestre que el Mercosur ha servido, podría mencionar uno. Hoy habríamos entrado en la misma crisis del año pasado, cuando estábamos muy complicados con todos nuestros vecinos, debido a la ineficiencia de la autoridad para relacionarse con los países vecinos en forma normal, pero gracias al Acuerdo de Complementación Económica, Chile-Mercosur ello no ha sucedido. Ese sería un punto a favor.
Quiero referirme a mi visión inicial en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de que nuestro país tenga participación en el Mercosur.
Considerando mi formación profesional, ligada a la agricultura, y mi preocupación por la casi permanente inestabilidad económica e, incluso, política en que viven algunos de los países miembros de pleno derecho de este tratado, tal visión negativa se agrava si nos circunscribimos al área agrícola, en la cual, por múltiples razones, existía la convicción de que se vería afectada por esta relación comercial. De hecho, el informe al que me referiré más adelante fue generado por las dudas de esta Cámara de que las medidas para aminorar el impacto negativo en la agricultura se hubieran cumplido adecuadamente. Si analizamos sólo estos aspectos, podríamos decir que no era ni es conveniente participar en esta instancia.
Pero, en la medida en que me he adentrado en la lógica del funcionamiento del Mercosur y a la luz de las situaciones vividas durante este último tiempo en la relación de Chile con sus vecinos, tanto limítrofes como continentales, me he convencido de que esta participación, que a lo mejor no da los dividendos económicos que se obtienen o que se obtendrán por los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, sí es importante para mejorar y afianzar las relaciones con los países de nuestro barrio, debido a la ineficiencia de la Cancillería en el tema de las relaciones bilaterales y continentales.
Aunque en un principio la Cancillería negó que no estuviéramos bien en el continente, hoy ha admitido esta situación en forma tácita, al reconocer y destacar que estas relaciones han mejorado, lo cual ha tenido como apoyo, entre otros aspectos, el haber firmado dicho tratado -reitero, es uno de sus aspectos positivos-, para tener algún lazo de cercanía con los países vecinos.
No obstante lo anterior, a la luz del completo informe acerca de la investigación efectuada para determinar si se ha dado cumplimiento al acuerdo suscrito por el Gobierno y el Congreso Nacional, con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria, a lo que se agrega el estudio acerca de la utilización de los recursos adicionales comprometidos y los programas implementados, deseo manifestar mi preocupación por la confirmación de que la asociación de Chile al Mercosur ha impactado negativamente en numerosos rubros de la agricultura, en especial a los productores de carne, actividad económica vital para las provincias que represento.
Este hecho se ve agravado porque los montos, destinos y utilización de los recursos públicos destinados al sector, en cuanto no han compensado el daño provocado, fundamentalmente, por errores de los organismos del Estado responsables de su cumplimiento. Por ejemplo, no tiene presentación que los ministerios de Agricultura y de Hacienda entreguen cifras distintas acerca de los montos pendientes o adeudados. Incluso, el Ministerio de Hacienda señala que la deuda asciende a 231 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Agricultura dice que sólo es de 101,4 millones de dólares.
Cabe destacar que para la Comisión la deuda del fisco a los agricultores ascendería a 257 millones de dólares. El Gobierno reconoce que nunca se ha cumplido con el ejercicio presupuestario en estos aportes.
También es grave que se hayan utilizado esos recursos para otros fines, por loables y urgentes que sean. La Conaf, por ejemplo, los utilizó para la generación de empleos, ítem que no estaba contemplado en el acuerdo. Si bien socialmente se entiende la situación, lo concreto es que esos fondos estaban destinados a retrotraer los efectos negativos del Mercosur sobre la agricultura. Estos dineros deben devolverse para que vayan a los fines presupuestados.
Si a estos graves hechos agregamos, entre otros, que no se aprobó que la Dirección de Obras Hidráulicas efectuara importantes inversiones en riego, que se financiarían con estos recursos adicionales y, lo que es peor, que el propio Ministerio de Obras Públicas tampoco fue capaz de informar acerca de estos hechos y que, además, no se cumplió con la modificación de la composición de la Comisión de Distorsiones, en cuanto a incorporar expertos independientes del Poder Ejecutivo y revisar los procedimientos con que opera, podemos afirmar que éste es un fracaso más de las políticas agrícolas del Gobierno.
Por lo tanto, el incumplimiento del Gobierno perjudica ostensiblemente tanto a la mediana como a la pequeña agricultura, que es el sector más sensible al Mercosur y a la rebaja de aranceles. Son cifras difíciles de cuantificar, pero de gran importancia por su impacto negativo.
Considerando que el escenario económico es diferente al que se tenía cuando se suscribió este acuerdo, se debe realizar un reestudio de la situación para adecuar los montos de las compensaciones a la verdadera realidad, tomando en cuenta, además, el daño sufrido por los agricultores a causa de estos desafortunados incumplimientos, que se ven agravados por la competencia desleal de los países miembros del Mercosur.
El Gobierno no sólo debe reconocer la deuda con el sector agrícola, sino que debe pagarla a la brevedad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones del diputado Hernández a la Comisión de Agricultura por su especial interés para abocarse a este tema, dada la gran cantidad de información con que se contaba y el importante número de invitados. Además, quiero felicitar al diputado señor José Antonio Galilea por la forma en que nos ha entregado el informe -lo digo cono Presidente de la Comisión- que nos llevó seis o siete meses elaborar, con el fin de recabar todos los detalles para que los señores diputados puedan formarse una idea clara de lo que ha significado este estudio realizado a partir del mandato que nos dio la Sala a través del proyecto de acuerdo Nº 220.
Voy a hacer varios comentarios acerca de este estudio relativo a lo que ha significado en términos económicos dicho tratado internacional, en especial acerca de las compensaciones económicas que contemplaba para los agricultores, las cuales debían tener características bastante especiales, como la fiscalización y su distribución entre los distintos tipos de agricultores.
Uno de las conclusiones de la Comisión tiene que ver con el tipo de beneficiario.
Si bien la compensación se estableció para los agricultores de la zona sur, lo cierto es que se concede a un cierto tipo de agricultor que también se encuentra en otras regiones del país, por ejemplo, en la Sexta Región, que represento. Me refiero a aquellos agricultores que no tienen la posibilidad de exportar o de realizar la reconversión productiva que han hecho otros.
La Comisión considera que ellos también deberían ser beneficiarios de estos recursos relacionados con la deuda del sector agrícola, por lo que concluyó que el beneficio no sólo debe otorgarse a los agricultores de la zona sur, sino a un tipo específico de agricultor que también existe en otras regiones del país, como las de la zona central, pues necesitan dicha compensación económica para enfrentar las consecuencias derivadas del acuerdo suscrito con el Mercosur.
Para mí, como diputada de la zona central, de la Sexta Región, ésa es una de las conclusiones fundamentales.
Por otra parte, me parece que el Ejecutivo debe hacer una evaluación muy profunda respecto de lo que ha significado en términos económicos el acuerdo con el Mercosur.
No me voy a referir a lo que ha significado en términos políticos pues, como pudimos constatar en una reciente reunión realizada en Ecuador, nuestros vecinos de América Latina asignan gran importancia al hecho de que Chile se haya asociado con el Mercosur y consideran fundamental fortalecerlo políticamente. Así lo señalaron parlamentarios de otros países latinoamericanos.
No obstante, cuando se analiza lo que ha significado ese acuerdo desde el punto de vista económico, las cifras no dan. No nos podemos engañar. Nuestra balanza comercial con el Mercosur es deficitaria. Lo fue entre 1997 y 1999 y el déficit aumentó entre el 2001 y el 2003.
Si no hacemos un cambio y elaboramos una nueva estrategia para enfrentar ese balance comercial, el tratado no tendrá las consecuencias económicas esperadas para nuestro país, especialmente para la agricultura de exportación.
También nos preocupa -lo mencionó el diputado Hernández - la discrepancia que existe entre el Ministerio de Agricultura y el de Hacienda en cuanto a cómo se calcula el monto de la deuda.
La diferencia no es menor, ya que si el cálculo se hace de acuerdo con el criterio del Ministerio de Hacienda, es decir, con un dólar variable, el monto final se duplica en relación con el que resulta de aplicar el del Ministerio de Agricultura, esto es, un valor fijo del dólar, el de 1998. Al respecto, quiero hacer una acotación a las actas respectivas del Congreso Nacional. Tuvimos acceso a ellas y las pudimos estudiar; lamentablemente, no ratifican este acuerdo y ni siquiera contemplan el tipo de cambio al que debemos referirnos para concretar la cifra de esta deuda. ¡Y por Dios que es importante la diferencia que se produce con estos dos tipos de información!
Otro aspecto dice relación con la forma en que se hizo la evaluación de las distintas instituciones que comparecieron ante la Comisión de Agricultura.
Fueron dos los criterios utilizados para emitir este informe. El primero, tiene que ver con la focalización, con el espíritu de este convenio, es decir, ver si a esta deuda se estaba incorporando a la agricultura empresarial, a los grandes empresarios agrícolas, a los que ya estaban establecidos o se refería a personas u organizaciones que recién estaban emergiendo y que necesitaban apoyo para consolidarse en los mercados internacionales.
El segundo, con la distribución a nivel regional, potenciando la zona sur, pero, al mismo tiempo, ayudando y compensando a agricultores de la zona central que no tuvieron la misma capacidad de reaccionar frente al tratado internacional del Mercosur.
Frente a eso, las conclusiones son bastante claras, pero me gustaría enfatizar algunos programas.
Primero, quiero referirme al perfeccionamiento y desarrollo de mercados, que no es para seguir apoyando a los exportadores que ya están consolidados. Si no existen los recursos para los programas que se van a implementar en el futuro, si hoy no hacemos esfuerzos para apoyar efectivamente a las pequeñas y medianas empresas agrícolas que recién están consolidados- están empezando a exportar, no tiene ningún sentido el perfeccionamiento y desarrollo de los mercados.
El segundo programa que, sin duda, marca la diferencia, sobre todo en la zona central, y hoy también en la zona sur, dice relación con el nuevo Código de Aguas, que permitirá el desarrollo del riego, y con la ley Nº 18.450, otras formas para compensar a los pequeños agricultores.
Por ejemplo, en la Décima Región no se han ocupado los fondos de riego. Por tanto, esperamos que el Código de Aguas, más estos recursos que tienen que ver con la compensación del Mercosur, hagan más eficiente la producción de la zona sur del país.
En la zona central existe, sin duda, una mayor disposición de recursos, pero no se utilizan con la misma proporcionalidad y con el mismo empuje hacia los pequeños y medianos agricultores.
Proponemos que la ley Nº 18.450 tenga una diferenciación y una priorización mayor hacia los pequeños y medianos agricultores.
En cuanto a la recuperación de suelos degradados, la opinión unánime es que lo que tiene que ver con este programa se ha hecho de una forma bastante interesante. Creemos que la focalización es la correcta. Existe una canalización importante hacia los pequeños agricultores, pero si no hacemos una simplificación de los instrumentos y tratamos de que sean más amigables con los usuarios, no vamos a lograr el objetivo final.
El Ejecutivo plantea que la deuda con la agricultura en relación con el Mercosur, asciende a 101 millones de dólares. Lamentablemente, lo que hemos podido concluir de esta investigación es que la deuda es mucho mayor. Son 257 millones de dólares, además de otros problemas que nos preocupan, como las grandes inversiones de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Lamentamos que no exista acuerdo en lo que se refiere a esta deuda.
Señor Presidente, su señoría es miembro de la Comisión de Hacienda y sabe que todos los años se ha llegado a un acuerdo en la Comisión Mixta, donde se ha planteado que existe una deuda que hay que cumplir y, sin duda, debemos incorporar a la pequeña y mediana agricultura.
Hemos firmado nuevamente este convenio por 40 millones de dólares de estos 101 ó 257 millones de dólares, monto que debemos aclarar. De los 101 millones de dólares, 40 son reconocidos con cargo al Presupuesto 2005. En verdad, esperamos que esta vez efectivamente el Ejecutivo cumpla el compromiso y podamos seguir conversando para solucionar el problema.
Hay una deuda importante hacia el sector agrícola y los democratacristianos hemos dicho que debemos impulsar la pequeña y mediana agricultura. Eso es lo que pretendemos con los recursos de la deuda relacionada con el Mercosur.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, hace algún tiempo muchos parlamentarios de Renovación Nacional que representamos distritos rurales del sur de Chile votamos en contra o nos abstuvimos en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esa decisión la adoptamos no porque seamos antimodernización o antiglobalización, sino sencillamente porque el Gobierno no se comprometía a compensaciones serias en favor de nuestra agricultura, la cual en el corto plazo iba a resultar perjudicada con este tratado.
Se nos dijo que confiáramos en el Gobierno porque las compensaciones iban a llegar; sin embargo, nunca se concretaron en el papel ni mucho menos en la práctica.
Con el Mercosur, poco tiempo antes, ocurrió lo mismo y hoy estamos destapando la verdad, porque lo que se sospechaba se ha confirmado. El Gobierno se comprometió a compensar a las zonas agrícolas que podrían verse afectadas. Han pasado varios años y nos damos cuenta de que está muy lejos de cumplir ese compromiso, de entregar, en definitiva, 612 millones de dólares especialmente a las zonas más perjudicadas.
Primero, se adeudan 257 millones de dólares y, segundo, tampoco se ha entregado los recursos correspondientes a las regiones perjudicadas con el tratado de Mercosur.
Mayoritariamente los ha asignado a la zona central, donde la agricultura se ve beneficiada con dicho tratado.
¿Qué sentido tenía inventar compensaciones si éstas no iban a ir en ayuda de las regiones más perjudicadas, como son la Séptima, Octava y Novena?
Ahora se explica por qué un grupo de parlamentarios votamos en contra de estos tratados internacionales: porque perjudican a la agricultura en la medida en que el Gobierno no cumple sus compromisos ni tampoco entrega los recursos para compensar.
Se dice que se deben sólo 100 millones de dólares y se argumenta que el compromiso del Gobierno debería contener un congelamiento en el tipo de cambio al año 1998.
Ese argumento es imposible de creer. Es como si le dijéramos a los deudores del Serviu o del Banco del Estado que mensualmente deben pagar la UF al valor que tenía al momento en que firmaron la escritura. ¿Por qué el Gobierno no aplica el mismo criterio respecto de los deudores contra el Estado y congela sus créditos al momento de tomar la deuda, como lo hace cuando es él quien tiene que dar la plata?
Ese argumento no me parece razonable. El Gobierno debería partir por reconocer que debe sobre 250 millones de dólares y hacer que esa plata llegue a las regiones más perjudicadas.
El Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur ha traído muchos problemas a los agricultores que represento. Sin embargo, traerá muchos más si el Gobierno no cumple su compromiso y no compensa a esa zona con programas específicos. Con esos 250 millones que faltan mi zona se vería muy beneficiada, ya que se podrían aumentar los programas de recuperación de praderas, crear programas de fomento ganadero y, de una vez por todas, sacar adelante el embalse La Punilla.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En nombre del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el diputado José Antonio Galilea emitió un excelente informe sobre el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria.
Es un hombre muy conocedor de la agricultura chilena. Quizás ese detalle nos hace escuchar con atención y comprender aún más las dificultades que viven nuestros representados que se dedican a ese rubro.
Sin embargo, me gustaría saber por qué no se invitó a esta sesión a las autoridades de los ministerios de Agricultura y Hacienda.
El diputado Recondo me solicita una interrupción.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Siempre que sea con cargo al tiempo de su bancada, señor diputado.
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, durante la discusión en la Comisión, se invitó a las autoridades de los ministerios de Hacienda y de Agricultura, además de autoridades de otros servicios públicos. De manera que el Ejecutivo tuvo una participación muy directa en esta investigación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Puede continuar el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, habría sido interesante contar con la presencia de representantes del Ejecutivo en este debate.
A mi juicio, este informe es una pieza muy valiosa para todos quienes estamos relacionados con la agricultura, sobre todo con la tradicional. Quienes representamos zonas agrícolas, especialmente en los últimos años, a partir de la suscripción del acuerdo, lo que pudo ser una liberalización comercial, ha provocado situaciones muy complicadas a quienes somos sus voceros, pero incomprendidos por los afectados, los agricultores del sur. Muchas veces nos culpan del problema pese a estar en la búsqueda de soluciones.
Nos complica un poco el hecho de no poder dar respuestas. Han pasado años desde que se aprobó el acuerdo, el que en un momento se creyó que era la panacea para los agricultores, pero en la práctica resultó ser un error, especialmente para la agricultura tradicional.
El Mercosur no ha sido fácil para los chilenos. Hemos debido enfrentar innumerables acciones desleales de parte de esos socios comerciales, que a veces han perforado las bandas de precios que con tanto costo nos hemos dado dentro de la política comercial chilena.
Ellos han perforado las bandas de productos agrícolas a precios muy por debajo de los costos de producción. Cabe recordar al respecto los años más duros de la crisis económica argentina cuando, por ejemplo, llegaba a nuestro país una mezcla de harina -que hoy continúa y constituye un problema muy polémico- y de azúcar. Además de otras mil situaciones que sólo han empobrecido a los campesinos chilenos, como el desorden en el quehacer de la agricultura tradicional y desencanto que demuestran, porque no entienden por qué los legisladores hemos legislado en contra de quienes representamos en la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, y a sabiendas de que alguna situación parecida se produciría en su momento, se acordó con el Ejecutivo protocolos de acuerdo para compensar de alguna forma con un reforzamiento a ciertos programas de los sectores perjudicados, entre ellos, los campesinos chilenos. En todo caso, había que evitar un descalabro mayúsculo, porque el correr de los días nos indicaba que estábamos, prácticamente, ante un acuerdo comercial tremendamente nocivo para el sur de Chile.
Ahora, para determinar si se han cumplido esos protocolos, motivo de esta investigación, la Comisión hizo un análisis de la ejecución presupuestaria de estos cuatro años con los organismos comprometidos. En el informe se dice que ello no se ha producido y, por lo mismo, se recomienda dar a conocer al Ejecutivo su parecer negativo sobre esta situación, en especial a los ministerios de Hacienda y de Agricultura.
Estimo que el Gobierno debe asumir una posición distinta, no sólo por respeto a los fueros y atribuciones de esta Corporación. Aquí se han firmado protocolos, se ha llegado a acuerdos, pero, a lo mejor, debemos entender que el país no estaba económicamente preparado para firmar este tipo de acuerdos. A lo mejor, la crisis económica mundial y la crisis asiática contribuyeron y habrá que entender, disculpar o tolerar lo acontecido.
En todo caso, se debe asumir un nuevo tipo de relaciones con el sector agrícola. En Francia, por ejemplo, país desarrollado donde existe una buena relación entre el sector productivo y el Gobierno, cada diez años se fija una política de largo plazo a nivel nacional. Si un contrato no se cumple, se exige su cumplimiento ante los tribunales; se señala a los productores, a los habitantes del campo y a los servicios públicos que ejecutan las políticas sobre la materia cuánto dinero se gastará y en qué áreas se focalizarán los recursos, a partir de pilares de gestión de largo aliento. La posibilidad de que, el afectado pueda pedir el cumplimiento forzado o compulsivo del contrato ante los tribunales de justicia, es una clara demostración del respeto con que se trata a los campesinos, a quienes viven de la tierra y de la agricultura tradicional, así como al mundo de la producción rural en los países en desarrollo.
Tal vez nos falten algunas décadas para ser considerados un país desarrollado, pero estamos en vías de lograrlo, de manera que aún debemos cumplir etapas parecidas a las de las naciones que ya lo han alcanzado.
A lo mejor debido a que somos una nación tercermundista todavía tratamos con desdén a la gente del campo. Desde ese punto de vista, el informe me parece muy positivo, pues constituye un instrumento de reflexión respecto de lo que acontece en el mundo rural.
Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que cada día más gente emigra del campo a las ciudades. Esa situación nos tiene muy complicados, porque ellos no sólo se trasladan a vivir a las urbes más importantes del sur, sino que muchos migran hacia la Región Metropolitana, a la cual se entregan la mayoría de los recursos, lo cual, como representantes de regiones, nos parece discutible. Los mayores recursos para la agricultura se focalizan en la zona central, en circunstancias de que sus productores agrícolas se encuentran muy bien económicamente, porque las exportaciones del sector frutícola les han reportado grandes rentabilidades.
El informe constituye un instrumento de resguardo, de discusión y de entendimiento entre el sector agrícola y el Ejecutivo, porque permitirá que el mundo rural se sienta respaldado por la labor que estamos llevando a cabo los legisladores. Por lo tanto, es conveniente que sea enviado a todas las secretarías regionales ministeriales de Agricultura, con el objeto de que pueda ser ampliamente conocido.
En consecuencia, anuncio mi respaldo al informe de la Comisión.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural analizó si se ha dado cumplimiento al acuerdo suscrito por el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el Mercosur y a la entrega de los recursos adicionales comprometidos en el proyecto sobre reducción arancelaria.
Los integrantes de la Comisión llegamos a la conclusión que tanto el Acuerdo con el Mercosur como la rebaja de aranceles generarán perjuicios importantes a la agricultura tradicional chilena. Además, se pudo constatar que los acuerdos a los que llegó el Gobierno con el Congreso Nacional están incumplidos, y no sólo en la cantidad de recursos que el Gobierno comprometió en su oportunidad, sino que también, en nuestra opinión, están incumplidos en cuanto a la calidad de los programas que se han implementado y a la focalización que se debió haber dado a los mismos.
Ahora bien, estos acuerdos están incumplidos, de acuerdo con las cifras que revela esta investigación, no sólo en los 101 millones de dólares que reconoce el propio Ministerio de Agricultura que adeuda, sino que, además, en la investigación constatamos que la forma de cálculo que utilizó para rendir estas cuentas no es la adecuada. De manera que la deuda real asciende a 257 millones de dólares.
¿Cuáles son, a nuestro juicio, los efectos que esto tiene para la agricultura?
Primero, el efecto que queríamos evitar, cuando se firmaron estos acuerdos, era, precisamente, que el acuerdo con el Mercosur incentivara una entrada muy fuerte de productos de los países vecinos, en particular de aquellos que tienen ventajas comparativas y competitivas, y con los cuales sería muy difícil que nuestra agricultura pudiera competir. Por lo tanto, iba a haber una pérdida para el sector de la agricultura tradicional.
En los hechos, hemos constatado esto como una realidad porque, como se ha señalado, al año 2003 tenemos una balanza comercial negativa de 329 millones de dólares con los países del Mercosur. Es decir, la amenaza que queríamos prevenir, hoy se ha convertido en un hecho real.
Por eso, es muy importante lo que estamos discutiendo porque, como dije al principio, no sólo ha habido incumplimiento en las cantidades, sino que también en la calidad y en la focalización de los recursos.
El informe es claro al señalar, por ejemplo, que respecto del perfeccionamiento y desarrollo de mercados -el compromiso era destinar los recursos a ese rubro-, tales recursos se han concentrado fundamental y curiosamente en el Área Metropolitana, es decir, en la zona central del país, cuando el propósito era, precisamente, compensar a los sectores de la agricultura tradicional, que son sustituidores de importaciones y, por lo tanto, no son exportadores, y, en lo posible, tratar de incentivar y fomentar sus exportaciones. Obviamente, esto no se cumple, atendida la forma en que se han focalizado los recursos a las distintas zonas de la agricultura tradicional.
Otro ejemplo es que en la rendición de cuentas, el Ministerio de Agricultura incorpora obras realizadas con presupuestos distintos. Es así como se incorporan grandes obras de riego que no sólo estaban planificadas y anunciadas, sino que, incluso, su construcción se había iniciado mucho antes de que se llegara a este acuerdo que estamos analizando.
Pero lo más importante es que la realidad actual de la agricultura tradicional, producto de estos acuerdos y, por lo tanto, también de su incumplimiento, indica que la balanza comercial negativa se debe a un considerable ingreso de productos que compiten fuertemente con los productos de la agricultura del sur. Esto ha generado un cambio estructural en dicha agricultura, pero lo reconocemos como un cambio positivo. Hoy día vemos que esto ha obligado, de alguna manera, a los agricultores a acelerar cambios y a buscar mercados.
Así han tenido que hacerlo los productores de leche y de carne, que han tenido que ir adecuando sus sistemas de producción para poder exportar. Sin embargo, sólo han podido llevarlo a cabo aquellos productores que cuentan con capital para adaptarse a las economías de escala que les exigen estos cambios estructurales, pero no el mundo de la pequeña y mediana agricultura. Es allí, entonces, donde reclamamos que se focalicen estos recursos, puesto que debido al acuerdo con el Mercosur no ha ocurrido así.
Por eso, echamos de menos no sólo el cumplimiento en cuanto a cantidad, sino que también la calidad. Pedimos que el Gobierno cumpla estos compromisos, focalizando la ayuda hacia los sectores de la pequeña y la mediana agricultura del sur, que es la más afectada por los efectos negativos del Mercosur y por la rebaja de aranceles.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los miembros de la Comisión de Agricultura por el excelente informe que nos ha entregado. Deseo reiterar algunos conceptos que ya expresamos cuando aprobamos los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos, los que han dado muy buenos resultados económicos, puesto que nuestra economía se basa en los productos de exportación. Así lo señaló el ministro de Hacienda cuando informó al Congreso Nacional sobre la gestión presupuestaria, señalando que nuestro país, en los últimos veinte años, aparece entre las ocho economías más potentes.
Sin embargo, en esa oportunidad señalamos que el talón de Aquiles de estos tratados es que afectan a nuestra agricultura tradicional, en especial a los pequeños y medianos agricultores. En ese sentido, quiero referirme a los tres últimos puntos de las conclusiones del informe.
La conclusión número 8 señala que el cambio que han generado en nuestra agricultura los tratados de libre comercio hacen necesaria una revisión de los instrumentos, una reorientación de la estrategia y una evaluación de la gestión de nuestras organizaciones. Es indispensable la participación del sector productivo, al cual esperamos que lleguen los recursos que permitan a los pequeños y medianos agricultores capacitarse, tanto en el aspecto técnico como en la gestión, de manera de estar en condiciones de competir y de aprovechar todas las posibilidades que les abren los tratados de libre comercio.
La conclusión número 9 se refiere a la necesidad de modificar la composición de la Comisión de Distorsiones. Al señor Presidente le consta, porque en su distrito se cultiva remolacha, la forma en que se perforan las bandas de precios, a través de las importaciones de mezclas, tanto de azúcar como de harina. La conclusión es muy clara al señalar la independencia que debe tener dicha comisión y que también debe ser más eficiente y rápida en sus ejecuciones. Algo similar ocurre con la leche.
Por último, la conclusión número 10 expresa que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para contar con los recursos que permitan implementar políticas de riego, de praderas y otras, se requiere que sean consultados a partir del Presupuesto de 2005. Como bien lo señala el informe, no ha habido una respuesta formal del Ministerio de Hacienda.
Finalizo mi intervención felicitando una vez más a los integrantes de la Comisión de Agricultura por el excelente informe que han elaborado, puesto que ello permitirá a los organismos del sector público y privado disponer de una herramienta de trabajo para modernizarse y a los pequeños y medianos agricultores estar en condiciones de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los diversos tratados de libre comercio ya suscritos por nuestro país y los que esperamos que próximamente celebre con Nueva Zelanda, China y Japón .
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, ya todos se han referido al incumplimiento del Gobierno de los compromisos que contrajo cuando se votó el acuerdo con el Mercosur. Por eso, quiero poner énfasis en el hecho de que el informe que nos entregó el diputado José Antonio Galilea reviste especial importancia para nuestras zonas agrícolas, puesto que deja de manifiesto que tal incumplimiento representa un monto de 257 millones de dólares.
A mi juicio, esto justifica lo que campesinos, agricultores y autoridades del mundo rural han venido reclamando durante mucho tiempo. Dicho incumplimiento tiene un costo de 257 millones de dólares, que representan cerca del 50 por ciento de lo prometido por el Gobierno para que los parlamentarios de las zonas rurales votaran a favor del acuerdo con el Mercosur cuando éste se discutió en el Congreso Nacional. Sin ese compromiso, habría sido rechazado en el Senado.
Pero ese compromiso no se ha cumplido y la ausencia de esa inversión de más de 250 millones de dólares, tal como lo explicó el diputado José Antonio Galilea , podría ser incluso mayor, si no se valoran las inversiones de riego que no deberían hacerse con los recursos de ese compromiso. No hay duda de que en el mundo rural y agrícola la falta de una inversión por ese monto ha afectado notoriamente a las provincias, comunas y regiones, y, sobre todo, a los agricultores más modestos del mundo rural.
Para terminar, lo que quiero destacar de este informe es que el incumplimiento del Gobierno tiene un monto: 257 millones de dólares.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, seré muy breve porque el informe que me correspondió entregar a la Sala me interpreta plenamente y, por cierto, también a los diputados de Renovación Nacional.
Sólo quiero señalar que teníamos razón quienes en su momento votamos en contra del acuerdo con el Mercosur y de la rebaja de aranceles, pensando en los efectos que esas dos iniciativas iban a tener en los distritos que representamos, a pesar de las compensaciones que a través de los acuerdos se entregaron al sector.
En primer lugar, el informe deja claro que no se cumplió, a lo menos, en los montos que se entregarían al sector agrícola para compensar los daños que el Mercosur y la rebaja de aranceles generarían en buena parte de la agricultura del sur de Chile y en la del secano costero de la zona central. Además, el Mercosur, en verdad, afectará a ese sector agrícola.
El efecto nocivo para el sector agrícola del sur y para el de secano costero deseo graficarlo en algo que está ocurriendo en estos días: el ingreso de mezclas de harina provenientes desde Argentina, favorecido por impuestos a las exportaciones que en forma arbitraria estableció ese país al trigo, lo que trajo como consecuencia la llegada a Chile de mezclas de harina a un precio artificialmente menor que el de mercado.
Ese ingreso de harina argentina genera competencia desleal, por la aplicación del impuesto a la exportación, el cual, sin lugar a dudas, vulnera de manera flagrante el acuerdo del Mercosur, en el que se establece una disposición expresa que prohíbe la aplicación de tales gravámenes.
¿Qué tiene Chile para defenderse?
Otro aspecto que tampoco se ha cumplido del acuerdo Mercosur y del proyecto sobre aranceles es la modificación del funcionamiento, composición, atribuciones y autonomía con que opera en Chile la Comisión de Distorsiones. Es decir, nos embarcamos en un acuerdo como el del Mercosur, que, como aquí se ha dicho, tiene una balanza comercial negativa para Chile, porque los países que forman parte de él venden más a Chile que lo que Chile vende a esos países, con lo cual el sector agrícola se ve afectado con un déficit de más de 320 millones de dólares, pero cuando Argentina no cumple el acuerdo del Mercosur, los chilenos no contamos con un sistema para protegernos porque no tenemos una Comisión de Distorsiones que responda a esa situación y ponga en aplicación medidas que permitan neutralizar los efectos de ese incumplimiento. Esto trae consigo que hoy buena parte del sector productor de trigo tenga una enorme incertidumbre respecto de los precios que recibirá en esta temporada, precisamente por el efecto que provoca el ingreso de mezclas de harina argentina favorecidas por un impuesto a las exportaciones absoluta y completamente arbitrario.
Lo que está ocurriendo nos da la razón a lo que dijimos quienes, en su momento, votamos en contra del Mercosur.
Espero que el informe, aprobado por unanimidad en la Comisión -confío y espero que ocurra lo mismo en la Sala, puesto que no hay razón a la vista ni se ha dado argumento alguno que contradiga los conceptos entregados-, le sirva al Ejecutivo, en primer lugar, para cumplir, y en segundo lugar, para tomar todos los resguardos y las medidas necesarios para que cuando nuestros socios comerciales no cumplan, Chile tenga los instrumentos necesarios para defenderse. Aquí, el pato terminan pagándolo fundamentalmente los pequeños y medianos agricultores de buena parte de la zona sur de Chile, y también los del secano costero, donde la economía gira, en especial, en torno a la actividad agrícola, por lo que nos preocupa el destino de la agricultura.
De modo que en el mismo sentido de lo señalado por el diputado señor Jaramillo , pido que el informe sea enviado a los ministros de Agricultura, de Hacienda y, en general, a todos los de aquellas carteras cuyos servicios estuvieron comprometidos en los acuerdos adoptados. Asimismo, al Presidente de la República, porque en él hay materias que tienen que ver con la denominada mesa agrícola del año 2000 -que contó con su firma-, instancia en la que también se aprobaron numerosas medidas a las que no se ha dado cumplimiento.
He dicho.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, que el informe también se remita al Senado.
El señor LORENZINI (Presidente).-
La Comisión acordó remitir el informe a su excelencia el Presidente de la República y a los ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Economía, de Obras Públicas y de Agricultura. Ahora se agregaría el Senado.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural sobre cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del acuerdo complementario económico del Mercosur y del proyecto de reducción arancelaria.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Ascencio , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García-Huidobro , Girardi , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leal , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Martínez , Masferrer , Meza , Monckeberg , Mora, Moreira , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Robles, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Hales y Montes.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE EXTINTORES DE INCENDIO. (Votación pendiente).
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 507.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Rechazado por falta de quórum.
COBROS A COOPERATIVAS POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 508, de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Rodrigo González , Eugenio Tuma , Enrique Jaramillo , Víctor Barrueto , Alberto Cardemil, José Miguel Ortiz , Carlos Hidalgo , Samuel Venegas y Zarko Luksic.
“Considerando:
Que las cooperativas son instituciones sin fines de lucro, cuya finalidad -de servicio a sus socios y de ayuda mutua- no es otra que procurar el bien común. Son figuras societarias de una tremenda importancia, ya que son manifestación directa del espíritu de emprendimiento de los chilenos, el que, igual como sucede con las pequeñas y medianas empresas, el Estado debería fomentar.
Que, en la actualidad, son más de un millón doscientas mil las personas asociadas a las distintas cooperativas existentes en el país. Los sectores a los cuales dirigen sus acciones son de la más diversa naturaleza. Así es como encontramos cooperativas de electrificación rural, de agua potable, de sectores pesqueros, agrícolas, de vivienda, de ahorro y crédito, etcétera.
Que, atendida su significación social, las cooperativas -en cuanto a su establecimiento y desempeño- deben cumplir con una serie de normas, tanto de carácter legal como de tipo reglamentario. Así, su fiscalización, es decir, la vigilancia sobre su correcto desempeño, se encuentra radicada en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que ejerce esta función a través de su Departamento de Cooperativas.
Que, el 10 de mayo de 2004, el Diario Oficial publicó el decreto N° 233, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó los valores que el Departamento de Cooperativas ha de cobrar por concepto de fiscalización de estas entidades. Sucede que el cobro ha significado un gravamen excesivo en relación con la capacidad de las cooperativas -teniendo presente que ellas no lucran-, lo que, en definitiva, afecta los intereses de sus afiliados.
Que los montos determinados en el decreto N° 233, relativo a la ley de Cooperativas, no corresponden al espíritu del legislador respecto al tipo ni a las formas de cobro que habrían de efectuarse.
Que, desde otro punto de vista, el cobro, en la práctica, más que el pago de un derecho se convierte en un tributo, ya que la fiscalización es eventual y no así su pago. Además, sólo afecta a algunas cooperativas, ya que otras se encuentran bajo la tuición de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, lo que infringe las garantías de igualdad que establece el ordenamiento constitucional chileno.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Manifestar al Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, la preocupación por el cobro que deben soportar las cooperativas por concepto de fiscalización.
2.Solicitar la revisión de las normas reglamentarias, de modo que las fiscalizaciones que se realicen a las cooperativas sean gratuitas. De ser necesario algún tipo de cobro, que sólo se efectúe en la medida en que la fiscalización se realice y en que ésta importe realmente un costo adicional a las labores ordinarias del Departamento de Cooperativas.
3.Asimismo, solicitar a S.E. el Presidente de la República que, de requerirse una enmienda legal para conseguir los fines propuestos precedentemente, y por incidir ello en materias de su iniciativa exclusiva, se sirva remitir al Congreso Nacional, con la mayor brevedad posible, un proyecto de ley sobre este tema, con calificación de urgencia.”
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
MANDATO A COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PARA INVESTIGAR CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES SERVIU.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 509, de la señora Lily Pérez y de los señores Aníbal Pérez , Víctor Pérez , Boris Tapia , Alejandro García-Huidobro , René Manuel García , Patricio Hales , Alberto Robles , Edmundo Salas y Fidel Espinoza .
“Considerando:
Que, desde hace algún tiempo, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano ha tomado conocimiento de que existen diversos conjuntos habitacionales, levantados por mandato de los Servicios de Vivienda y Urbanización, que adolecen de fallas en la calidad de la construcción, lo cual ha ocasionado un evidente daño moral y patrimonial a las personas que optaron por estas soluciones habitacionales a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Que, a modo de ejemplo, a partir del año 2000 esta Comisión ha recibido denuncias de los dirigentes de las poblaciones Villa Los Poetas, de Puerto Montt; Villa Los Mañíos , de Futrono; Guañacagua I , de Arica; Villa Los Presidentes, de Castro; Comités de Vivienda Melilahuén y Calafquén, de Lican-Ray; Costa del Sol, Vicuña Mackenna y Villa Los Parques, de Rancagua; Villa Los Cóndores, de Temuco, y Villa Verde Bosque, de Carahue.
Que, desde la publicación de la ley N° 19.472, que modificó la ley General de Urbanismo y Construcciones mediante la incorporación de normas relativas a la calidad de la edificación, se hizo obligatorio para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo disponer, en sus programas habitacionales, los procedimientos que aseguren la calidad de las viviendas que cuenten con financiamiento estatal para su construcción o adquisición.
Que, no obstante, los Servicios de Vivienda y Urbanización no han asumido las responsabilidades que les competen en esta materia, en su calidad de promitentes compradores de este tipo de viviendas, y se han abstenido de ejercer las acciones legales en contra de las empresas constructoras, conforme a la citada normativa sobre calidad de la edificación.
Que, con motivo de la investigación encomendada a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre la calidad de la construcción de las viviendas sociales afectadas por los temporales ocurridos en el transcurso del año 1997, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo adoptaron una serie de medidas destinadas a mejorar las normas y estándares que regulan la adecuada construcción de tales viviendas.
Que, sin embargo, la Contraloría General de la República, a través de investigaciones sumarias, ha detectado deficiencias en los procedimientos utilizados por los Servicios de Vivienda y Urbanización en la elección de los terrenos en que se emplazan las poblaciones, en las inspecciones de las obras, en la recepción de las viviendas, así como las falencias en las asesorías técnicas que han brindado a los beneficiarios de los subsidios habitacionales.
Que, a mayor abundamiento, las municipalidades, a través de sus direcciones de obras, no han desempeñado satisfactoriamente sus funciones de fiscalización de las obras de edificación y de urbanización y de verificación del cumplimiento de las normas sobre seguridad y conservación de las construcciones en el momento de aprobar los permisos de edificación y de otorgar la recepción final de las viviendas sociales.
Que, del mismo modo, las empresas constructoras de este tipo de viviendas no han aplicado las medidas tendentes a resolver en forma oportuna los problemas suscitados por fallas o defectos en su edificación.
Que, por otra parte, los pobladores continúan afectos al pago de dividendos, pese a que el estado en que se encuentran muchas de sus viviendas perjudica la calidad de vida e, incluso, pone en riesgo la integridad física de los grupos familiares que las habitan.
Que se hace indispensable que la Cámara de Diputados contribuya a precisar las situaciones denunciadas y a proponer los procedimientos legales y normativos que conduzcan a solucionar los problemas que afectan en la actualidad a los adquirentes de viviendas construidas con financiamiento estatal.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Encomendar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano que se constituya en Comisión Investigadora para conocer, analizar, estudiar y evaluar las fallas o los defectos en materia de calidad de la construcción que puedan detectarse en conjuntos habitacionales levantados por mandato de los Servicios de Vivienda y Urbanización; los daños y perjuicios que tales situaciones han irrogado a los adquirentes de las viviendas que los componen; las deficiencias de los procedimientos utilizados por los mencionados servicios en la compra, adjudicación y fiscalización de la construcción de las mismas, y lo obrado en materia de otorgamiento de los permisos de edificación y de recepción de obras por las distintas municipalidades del país.
La Comisión deberá, en el plazo de sesenta días hábiles, proponer las medidas tendentes a solucionar los problemas detectados y a hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondieren como consecuencia de las conclusiones de su investigación.
2.Solicitar a la ministra de Vivienda y Urbanismo que, mientras se investigan estos hechos, tenga a bien disponer la suspensión del pago de los dividendos hipotecarios en favor de los adquirentes de viviendas de conjuntos habitacionales construidos con financiamiento estatal en los que se registren problemas en la calidad de la construcción.”
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, debido a la compleja situación que están viviendo muchos pobladores cuyas viviendas fueron mal construidas, la Comisión de la Vivienda, por unanimidad, solicita a la Sala que apruebe este proyecto de acuerdo que la facultaría para constituirse en investigadora de las deficiencias en la calidad de la construcción de esas viviendas y de la falta de fiscalización, a fin de proponer, en el plazo de sesenta días, las soluciones que se deriven de su investigación.
La Cámara de Diputados ha aprobado una serie de proyectos de acuerdo referidos a esta materia y sólo falta que se conforme una comisión especial investigadora -en este caso, sería la propia Comisión de la Vivienda- que se aboque a recabar antecedentes, a solicitar información del Serviu y a llevar a cabo una fiscalización a nivel nacional al respecto.
Por eso, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
No se alcanzó el quórum requerido.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Nuevamente no se alcanzó el quórum requerido.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Por no haberse obtenido el quórum requerido, el proyecto de acuerdo será votado en la próxima sesión.
VIII.INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SALAR DE PUCSA. Oficios.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, he tomado conocimiento de un proyecto de explotación del salar de Pucsa, aprobado por el Corema de la Segunda Región. Ese lugar es un humedal que se encuentra a 81 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama y a 4.500 metros de altura.
Al respecto, los servicios públicos más relacionados con la preservación de reservas naturales, como el Sernatur, el Sag, la Conadi, la Conaf, y, asimismo, la Municipalidad de San Pedro y el Consejo de Pueblos Atacameños, han rechazado el proyecto.
Además, en este caso, no se ha aplicado el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Snaspe .
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y a los directores de la Conama, de la Conadi, de la Conaf, del Sernatur y del Sag, para que nos den a conocer las observaciones de rechazo, las mitigaciones presentadas y los informes técnicos que se tuvieron en vista para votar favorablemente ese proyecto que, a todas luces, va a significar una nueva intervención en un área preservada para los flamencos. Ya tenemos suficiente con la muerte de los cisnes de cuello negro en Valdivia. Los experimentos desarrollados en estas zonas de conservación ecológica y de biodiversidad han sido un
desastre.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Girardi , Hales , Jaramillo y de quien preside la sesión.
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE CANCHAS Y RECINTOS DEPORTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la reforma educacional estableció “la escuela de puertas abiertas” y, en ese sentido, es absurdo que los estudiantes ocupen las canchas de sus establecimientos sólo de lunes a viernes y que deban saltar las rejas para utilizarlas nuevamente los sábados y domingos. Es absurdo que permanezcan cerrados los fines de semana, cuando existe una población, de padres, apoderados y estudiantes, interesada en practicar deportes. Es una situación que no tiene presentación.
El ministro Sergio Bitar ha sido muy claro en cuanto a la reforma educacional y la jornada escolar completa. Ha dado instrucciones precisas a los directores de liceos y no sé por qué no se cumplen.
Pido que se oficie al ministro de Educación y al director de ChileDeporte a fin de que nos envíen una copia de la reglamentación existente para el uso de recintos deportivos al interior de los establecimientos educacionales, y, si ésta no existe, solicito formalmente al ministro que se elabore una para que sus directores tengan claras instrucciones respecto del uso de las canchas y recintos deportivos por parte de la comunidad y los estudiantes durante los fines de semana.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Girardi , Hales , Jaramillo y de quien preside la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES DEL ESTADO A LA FUNDACIÓN CEMA CHILE. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por último, pido que se oficie a la señora ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, señora Sonia Tschorne , para que, a la brevedad, nos informe en detalle -un listado completo- respecto del traspaso o transferencia de bienes del Estado a Cema Chile en todo el país, en cada una de las regiones, con las fechas y los avalúos correspondientes.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Girardi , Hales , Jaramillo y de quien preside esta sesión.
INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA “LA NACIÓN S.A.” EN PODER DE PRIVADOS. Oficios.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi .
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a los ministros secretario general de Gobierno y secretario general de la Presidencia, como asimismo al presidente del directorio de la empresa periodística “La Nación S.A.”, para que nos respondan y confirmen acerca de lo siguiente:
1ºEn qué fecha, bajo qué circunstancias y a qué valor los accionistas privados de la empresa periodística “La Nación S.A.” compraron sus acciones.
2ºSi es efectivo que esas acciones tienen carácter preferente y si eso significa que podrían tener el control real, periodístico y administrativo, de la referida empresa. Esa clase de acciones les dan la posibilidad de controlarla.
3ºQue se investigue -y analice- si, de acuerdo con lo señalado, puede concluirse en que la empresa periodística “La Nación S.A.” se encuentra virtualmente privatizada.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Enrique Jaramillo , Patricio Hales y Alejandro Navarro .
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CHILENO-JORDANAS. Oficio.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Salvo que los diputados presentes así lo acuerden.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor HALES.-
Señor Presidente, agradezco la disposición de la señora diputada y de los señores diputados presentes.
Pido que se envíe un oficio al señor ministro de Relaciones Exteriores, señor Ignacio Walker , adjuntando copia del texto de mis palabras, para pedirle que contribuya a activar, de buena forma, la Sociedad de Amistad
Chileno-Jordana, recientemente formada en Amán, Reino de Jordania.
No he preparado un discurso. Vengo llegando del Reino de Jordania.
Sólo quiero entregar al Parlamento algunos comentarios para fundamentar mi petición al Gobierno. En este momento improvisaré mis palabras, en el breve tiempo que dispongo en la sesión, para darles sólo una impresión inmediata de mi reciente visita a Jordania. Ya habrá otras ocasiones para rendir una cuenta rigurosa.
En el parlamento jordano existe, desde antes, un comité parlamentario chileno-jordano.
Tuve la oportunidad de asistir a la reunión de las autoridades de la referida sociedad y estoy convencido de que será beneficiosa en cuanto a la continuidad de las relaciones diplomáticas entre Chile y el Reino de Jordania, que ya tienen cincuenta años de existencia.
En ese sentido, más allá de la activación de esa sociedad, yo planteo un fortalecimiento de las relaciones diplomáticas chileno-jordanas tanto desde el punto de financiamiento de la misión como del vínculo más estrecho que debe establecerse.
Quiero aprovechar de informarle a la honorable Sala que, conforme al permiso constitucional otorgado entre noviembre y principios de diciembre de este año, viajé a Jordania, invitado oficialmente por el reino hachemita, recorrí parte de su territorio y, además, tuve el privilegio de ser invitado y recibido formalmente por las más altas autoridades del gobierno jordano. Agradezco la especial deferencia que tuvo hacia mí el Primer Ministro de Jordania, don Faisal Al Fayez con quien intercambié conceptos sobre desarrollo, pobreza y desigualdad.
Estuve con el ministro de Desarrollo Público, don Munther Shara .
Mi visita fue cubierta por los noticiarios de televisión durante dos días y en diferentes horarios y la prensa escrita la cubrió en diferentes oportunidades. Además, se publicó una entrevista especial en el “ Jordan Times ” y fue noticia en los diarios “Ad-Dustour” y “Jordan”. Me sorprendió el interés que había por Chile, mucho más allá de mi persona, pues apenas era sólo un representante.
Es impresionante el interés de esos pueblos tan lejanos y, a la vez, tan cercanos, por algunos procesos de democratización. Sostuve conversaciones de más de una hora sobre los sistemas electorales. Entendían perfectamente cuáles eran las dificultades del sistema binominal, que no permite la representación de los partidos políticos pequeños. Hubo especial interés por el sistema de financiamiento de los partidos políticos, que controla el gasto en las campañas electorales. Es interesante que pueblos que parecen tan lejanos tengan visiones tan cercanas, aun cuando exista tan poco contacto e intercambio sobre experiencias de este tipo.
Conozco el interés del Prosecretario de la Cámara, señor Adrián Álvarez , por compartir experiencias con distintos países en el uso de la informática. Sin embargo, no aprovechamos ese intercambio de tecnología en mejorar la forma de relacionarnos, manifestación que dejamos sólo en las valijas diplomáticas. El mundo de hoy nos permitiría estar todos los días cerca de Jordania para intercambiar temas de tanto interés para ambos países.
Fui recibido por el ministro de Asuntos Parlamentarios, don Nayef Al Hadid , por diferentes autoridades del gobierno y del reino, y por quien formalizó oficialmente mi invitación, el Presidente de la Cámara de Diputados de Jordania, don Abdel Hadi Majali . Durante mi entrevista con él, aproveché de entregarle una carta del Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, con un saludo de la Corporación.
En el aeropuerto fui recibido por una delegación oficial, encabezada por el Vicepresidente de la Cámara, don Nayef Al Fayez . Organizó mi visita Mustafá Hamameh , Director del Centro de Estudios Estratégicos, un profesional excepcional, formado en Estados Unidos y que merecería un discurso aparte, especial. Su calidad humana y su eficiencia.
Tengo la certeza de que la importancia que el reino de Jordania dio a mi visita va más allá de mi persona: es un interés por Chile. Lo acaba de expresar el embajador de Jordania, don Nabil Masarweh , durante la celebración de los cincuenta años de relaciones diplomáticas con Chile. En esa oportunidad, planteó la necesidad de estrechar las relaciones, considerando la importancia que tiene el que ciudadanos de origen árabe, en Chile, hayan fortalecido la economía, el trabajo, las relaciones humanas y culturales de nuestro Chile, abierto país de inmigrantes. Somos un país formado por inmigrantes: suizos y franceses, en Traiguén; italianos, en Capitán Pastene; alemanes, en Osorno y Puerto Montt; chinos, en Tocopilla, croatas, rusos, españoles, árabes e indígenas en todo Chile.
Le manifesté a las autoridades jordanas que Chile era un país abierto y tolerante, donde se puede invertir y establecer relaciones de distinto tipo. Muestra de ello, es la comunidad árabe, que se ha desarrollado en todos los campos en función de su propia capacidad, oportunidad que hacíamos extensiva al reino y al gobierno jordano.
Agradezco el contenido humano que el reino de Jordania le dio a la invitación que me cursara, en la cual reconoce mi calidad de descendiente de palestino y de jordano. Pero lo que importa es lo que pueda hacer el país y no mis emociones.
Jordania ha tenido una capacidad de articulación, en una zona de conflicto permanente, que deberíamos imitar. Está en el ojo de la tormenta al limitar con Iraq, Arabia Saudita e Israel, en el borde del río Jordán. Incluso, entre el 37 y el 40 por ciento de sus habitantes son palestinos, lo que constituye la población de refugiados más grande del mundo árabe. Es increíble la sabiduría que han tenido para mantener su estabilidad y su existencia, que hace de este reino un motor de paz. Muestra de ello, es la ayuda que brindo a los palestinos al representarlos en la misión de Madrid.
Estuve con Abdel Salam Madjali , ex primer ministro jordano, que dirigió esa delegación. Me contó cómo fue su llegada con la delegación palestina a Madrid. Esa cita abrió la posibilidad para el Acuerdo de Oslo, con Clinton, Arafat y Rabin , que desembocaron en la actual autonomía palestina, cuyas dificultades no mencionaré en esta oportunidad.
Cuando murió Rabin , el rey de Jordania asistió a su funeral y señaló: “Rabin, mi hermano en la paz”. Aún recuerdo el homenaje que rindió la Cámara de Diputados al fallecido rey Hussein.
Su sucesor, el rey Abdallah, es un hombre que invoca permanentemente el nombre de su padre, el rey Hussein, y se inspira en su sabiduría.
Cuando se camina por los paisajes jordanos, uno percibe algo milenario que no se compra en el mercado, sino que se adquiere a través de los miles de años de sabiduría, de cruce de razas y de apertura. Recordemos que esa zona formó parte del Imperio Romano. Allí los nabateos construyeron Petra , su capital; estuvieron los griegos; por ahí pasó Alejandro Magno . Son pueblos que tienen miles de años de tradición, que sabían de la existencia de la rueda hace 3 mil años, que conocían el arco romano hace más de 2 mil años. Nosotros sólo tenemos 500 años de existencia desde Colón , y casi 200 como nación. Hay mucho que aprender.
Nuestro orgullo patrio no debe sólo reflejarse en enarbolar una bandera y decir que somos un país exitoso, sino en que también sabemos aprender.
Jordania se ha ganado el respeto en esa zona.
Tengo la certeza de que la Cámara de Diputados, a través de la invitación que recibí para visitar ese país, siente que se ha creado un vínculo.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, al embajador del reino hachemita de Jordania en Chile y al embajador de Chile en Jordania, señor Ovid Harasich , adjuntando copia de mi intervención, que queda registrada en el Acta Oficial de Sesiones de la Cámara de Diputados de Chile.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia del texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball , del diputado señor Edmundo Villouta y de quien preside esta sesión.
EFECTOS EN LA AGRICULTURA DE ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE-MERCOSUR. Oficios.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Gastón Von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, para este diputado, que representa a una parte importante de la Décima Región, de Los Lagos, resultan tremendamente inquietante las conclusiones a las que arribó la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural luego de evaluar el acuerdo de complementación económica suscrito por nuestro país con el Mercosur y los efectos de la rebaja arancelaria.
Las conclusiones son lapidarias para la agricultura tradicional del sur de Chile, especialmente para el pequeño y mediano campesino.
El informe, que fue aprobado por unanimidad, es extenso y da cuenta de un estudio concienzudo.
Resulta preocupante constatar el impacto negativo que ha tenido la rebaja arancelaria en algunos rubros del sector agrícola, en especial del sur y del secano costero de la zona central de nuestro país.
Al analizar las grandes inversiones en riego realizadas por la Dirección de Obras Públicas, que se imputaron a los recursos adicionales, la Comisión no encontró antecedentes que demostraran que dichos proyectos se habían ejecutado por necesidades derivadas de la aplicación del acuerdo.
Por otra parte, estimo de absoluta gravedad que la deuda del Estado con nuestro sector agrícola ascienda a más de 257 millones de dólares. Para que los pequeños agricultores del sur de Chile puedan dimensionar esta cantidad, voy a entregar la cifra en pesos: son 154 mil 200 millones de pesos.
Ésa es la deuda del Estado con los pequeños y medianos agricultores producto del acuerdo con el Mercosur. A ella se debe sumar un aporte por casi 35 mil millones de pesos, de acuerdo con la adenda número seis del tratado, con lo cual el total la deuda se acerca a los 200 mil millones de pesos. Ese es el costo del acuerdo con el Mercosur para los pequeños y medianos agricultores del sur de Chile.
Si los parlamentarios de la época hubiesen sabido que éstas serían las consecuencias, ¿habrían aprobado el acuerdo con el Mercosur? Lo pregunto, porque está liquidando la agricultura tradicional del sur de Chile.
Nuestros remolacheros son campeones del mundo en eficiencia. Lo mismo sucede con otros cultivos; pero no los dejamos competir en igualdad de condiciones.
El fundamento de una economía social de mercado es justamente la igualdad para competir. Esto se está respetando en muchos otros rubros, pero no en la agricultura, sobre todo en la tradicional del sur. Exigimos a nuestros pequeños y medianos agricultores que sean eficientes, que en el caso de la remolacha son los más eficientes del mundo, a pesar de que tienen que defenderse de una gran cantidad de subsidios derivados de políticas de estado de otros países, que nos obligan a competir en desigualdad de oportunidades y de derechos, lo que está liquidando una fuente de trabajo tremendamente importante de miles de personas que viven de la agricultura desde la Octava Región hacia el sur. Si la agricultura está mal, también lo estará el comercio, el transporte, etcétera, porque se produce una cadena tremendamente importante. Por eso la gravedad de esta situación.
Reitero: sin considerar los 35 mil millones de pesos, el Estado tiene una deuda de 154.200 millones de pesos. ¡Es mucha plata!
Por eso estoy absolutamente de acuerdo en que, de una vez por todas, debemos agilizar la labor de la Comisión Antidistorsiones, porque marchamos a distintas velocidades, porque ante la perforación de las bandas de precios o la entrada de productos subsidiados, los agricultores no tienen nada más que hacer.
Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a aumentar los recursos, pero eso no se ha cumplido en ninguno de los ejercicios presupuestarios. Más aún, en la ley de Presupuestos de 2005 no sólo no se incrementa la cifra del modo establecido, sino que el presupuesto del Ministerio de Agricultura sufre una rebaja de 14 por ciento. Si sumamos la merma de 3,9 por ciento que señala el informe de la Comisión, estaríamos hablando de una rebaja del 18 por ciento.
En otras palabras, el Ejecutivo no está saldando la deuda con el sector, ni la ha reconocido; tampoco escucha a la Comisión de Agricultura.
Muchas veces he dicho a los ministros de Agricultura y de Hacienda que estamos haciendo todo lo posible para que más gente de nuestras regiones se vengan a vivir a Santiago. Hoy existe un centralismo brutal, que está tragando a la gente.
Cuando uno mide los dos datos intercensales, puede comprobar que, en diez años, hay una disminución real de los habitantes de las regiones agrícolas, que ni siquiera ha sido neutralizada con la tasa de natalidad normal. Nuestra gente, nuestros jóvenes, se están viniendo a Santiago; no tienen oportunidades. Eso le dije al ministro de Hacienda hace más de dos años.
Si el ministro tiene grandes equipos de economistas, ¿por qué no les pide que calculen el costo que significa para el Estado que los jóvenes emigren a la capital? Les aseguro que si se hiciera esa evaluación, se aplicaría otro tipo de políticas públicas, como ocurre en países europeos, donde se sujeta a la gente en los campos para que no emigren a las ciudades.
Indudablemente, es insostenible que una capital como la nuestra tenga, de aquí a poco andar, prácticamente a la mitad de la población de Chile. Santiago no puede tener siete millones de habitantes, con todos los problemas que eso genera, como mayor número de poblaciones y de subsidios, porque la necesidad crea el órgano.
Este informe está demostrando en forma clara y precisa que el Gobierno tiene una deuda de 154 mil 200 millones de pesos con nuestra agricultura tradicional del sur. Llegó el momento de dar una voz de alerta, porque nuestros agricultores, especialmente los trigueros, están absolutamente amenazados por el ingreso de mezclas argentinas. El hecho de que nuestro país vecino haya fijado impuestos a las exportaciones nos está dando una señal más que clara de que tenemos que pedir a los ministros correspondientes que nos indiquen cuál es la voluntad política del Gobierno respecto de nuestra agricultura tradicional del sur de Chile.
La deuda de 154 mil 200 millones de pesos requiere una respuesta clara y precisa, porque me preocupa que estemos permitiendo que desaparezcan los pequeños y medianos agricultores de nuestros distritos.
También me preocupa que el Ministerio de Agricultura no tenga respuestas a lo que plantea la Comisión. Por lo tanto, considero que llegó la hora en que, no sólo los integrantes de la Comisión de Agricultura, sino que los diputados que defendemos los distritos del sur, que tenemos la misma importancia que quienes representan a Santiago, solidaricemos de una vez por todas con la deuda social que el Gobierno tiene con los miles de campesinos por los tratados internacionales que ha suscrito Chile, ya que han pagado el costo de esos acuerdos.
No me opongo a la firma de los tratados internacionales cuando el Gobierno compensa a las regiones que van a sufrir problemas, porque después de las sumas y restas, siempre se gana; pero considero que se deben adoptar políticas públicas en favor de las regiones que resultan castigadas o tienen que pagar el costo por la firma de esos tratados. Esto es tremendamente importante.
Solicito que el Gobierno señale en forma categórica cuál es su voluntad política y si va a saldar la deuda de los 154 mil 200 millones de pesos que mantiene con la agricultura tradicional del sur de Chile.
Por lo tanto, pido oficiar a los ministros del Interior, de Agricultura, de Hacienda, de Economía y al Secretario General de la Presidencia, además a todas las agrupaciones agrícolas del sur de Chile, en cada una de sus áreas, información que haré llegar a la Mesa en su oportunidad, con copia del texto de mi intervención, para que tengan la oportunidad de conocer mi posición y del valiosísimo documento que elaboró la Comisión de Agricultura respecto del Tratado del Mercosur.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría.
INVESTIGACIÓN SOBRE LEGALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS PARA JUEGOS DE AZAR. Oficios.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, aprovecho la oportunidad de felicitarlo por su nuevo cargo.
Como diputada de un distrito de la zona sur de Santiago, que incluye a las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón , abordaré un tema que tiene gran trascendencia por el impacto social negativo que está produciendo, pese a que ha sido planteado por distintos colegas en esta Sala. Incluso, el diputado Edmundo Villouta solicitó oficiar al ministro de Hacienda y al Tesorero General de la República sobre el problema, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Me refiero a los tragamonedas ilegales, verdadera lacra social que se ha extendido rápidamente por el país. En el caso de la Región Metropolitana, afecta por lo menos a trece comunas, de acuerdo con la Polla Chilena de Beneficencia, que ha iniciado dos juicios en dos juzgados de Santiago, en el 29º y en el 22º juzgado del crimen. En este último el juicio es por asociación ilícita, infracción tipificada y sancionada en el Código Penal.
Lo curioso es que pese a que la Polla Chilena de Beneficencia ha hecho todos los esfuerzos porque el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de su juicio, puesto que está involucrada una pérdida para el fisco de cerca de 30 mil millones de pesos, no lo ha logrado. Hasta hace poco, no había obtenido ni siquiera respuesta de ese organismo, en circunstancias de que había hecho una presentación ante él en mayo pasado. Recién en noviembre se le indicó que no había interés en resolverlo y que, si se sentían perjudicados, debían iniciar acciones legales por su cuenta y riesgo. Sin embargo, afortunadamente, como lo destaca hoy el diario electrónico “El Mostrador”, ayer el Consejo de Defensa del Estado volvió a instalar el asunto en la agenda de discusión, cuestión que celebro.
El abogado que expuso ante el Consejo no sólo abordó el asunto desde la perspectiva de la merma que implica esta actividad para los juegos de azar tradicionales y reglamentados, sino que también argumentó desde el punto de vista de la flagrante ilegalidad significa la existencia de estas máquinas, algunas de ellas autorizadas incluso por algunas municipalidades de Santiago.
El hecho de que algunas municipalidades hayan permitido la instalación de estas máquinas para realizar este tipo de juego es un tópico de interés para el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo con su ley orgánica. Ojalá que el Consejo haya concluido en la reunión sostenida ayer que debe hacerse parte en esos juicios, porque por los antecedentes que obran en nuestro poder, esta actividad afecta a personas de muy bajos ingresos, puesto que las máquinas están instaladas en pequeños negocios, como panaderías, verdulerías, etcétera, donde, sobre todo las mujeres, se juegan el dinero que tienen para la comida del día, por lo que resulta increíble que hasta hoy no haya una reacción social acorde con el problema denunciado.
Pido oficiar a la Contraloría General de la República a fin de que se inicie una investigación en los trece municipios de la Región Metropolitana mencionados en la denuncia que la Polla Chilena de Beneficencia presentó ante el Consejo de Defensa del Estado, que son Santiago Centro, Pedro Aguirre Cerda , Conchalí , Cerrillos , Estación Central, Maipú , Puente Alto, San Ramón -comuna que represento-, San Joaquín , Renca , Lo Espejo, Lo Prado y Cerro Navia . Como se puede comprobar, está involucrada prácticamente toda la Región Metropolitana.
El objeto del oficio es establecer si existen permisos o autorizaciones otorgados por alguno de los municipios nombrados, tanto por autoridades políticas, alcaldes o concejales, o por autoridades administrativas, y bajo qué rubros se otorgaron esos permisos.
También solicito revisar las actas de esos concejos municipales para verificar si se ha planteado esto como una inversión en las comunas. Llama la atención que toda esta ilegalidad funciona a vista y paciencia de la gente y no se actúa en consecuencia.
Además, en aquellas comunas donde existe este tipo de máquinas y el municipio no ha iniciado acción alguna para fiscalizar su instalación en locales que cuentan con patente municipal otorgada para otros fines, la Contraloría General de la República deberá ordenar una investigación, con el objeto de establecer las responsabilidades. Se trata -repito- del funcionamiento de máquinas ilegales en locales autorizados por una patente municipal otorgada para otros fines.
Además pido oficiar al ministro del Interior para que investigue por qué no se han iniciado acciones para fiscalizar esta suerte de negocio ilícito que se desarrolla a vista y paciencia del público y ante la indiferencia generalizada de las autoridades municipales, policiales, regionales y nacionales, con la honrosa excepción de la Polla Chilena de Beneficencia.
También pido que se oficie al ministro de Hacienda para que se haga parte en la investigación y en los juicios iniciados al respecto, ya que la evasión tributaria que produce este juego ilícito se estima en cerca de 30 mil millones de pesos al año, o sea, más o menos de 50 millones de dólares, lo que no deja de ser importante si nos atenemos a la necesidad de contar con mayores ingresos para atender los planes sociales del Gobierno.
Finalmente, pido oficiar al ministro de Justicia para que interponga sus buenos oficios a fin de que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de esta investigación, puesto que no sólo se trata del ejercicio de una actividad ilícta, sino de la sospecha de que en torno a ella se han formado verdaderas asociaciones ilícitas. Además, el daño social que se está produciendo en sectores de muy bajos ingresos debe ser objeto de la acción pública del Consejo de Defensa del Estado, que de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica constitucional, está obligado a hacerse parte en los juicios por amenazas a la paz social o de aquellos que tengan por objeto resguardar los intereses del Estado -evasión tributaria- y los de la sociedad, es decir, impedir que se siga incitando a la gente modesta a invertir sus escasos recursos en un vicio como el juego. En
Chile el juego sólo está permitido en lugares debidamente autorizados por ley: los casinos. Durante años se ha estado discutiendo en el Congreso un proyecto para autorizar el funcionamiento de nuevos casinos y, sin embargo, este tipo de juegos se está expandiendo con toda tranquilidad no sólo en la Región Metropolitana, sino en todo el país.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, acompañando copia de su intervención para mayor claridad.
DEFICIENTE FORMACIÓN DE DOCENTES POR ALGUNAS UNIVERSIDADES. Oficio.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, durante doce años pertenecí a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de esta Cámara y sigo preocupado del tema.
Estoy impactado por el resultado de una prueba realizada a nivel mundial en la cual participaron 46 naciones y en la que Chile ocupó el trigesimonoveno lugar, lo cual es lamentable si a ello se agregan los malos resultados de la mayoría de los establecimientos educacionales en la prueba Simce .
He insistido mucho en que algunas universidades no deben seguir impartiendo cursos de fines de semana, de un día a la semana, o de algunos días en el verano, porque no pueden ser buenos docentes los profesores que sólo han cumplido con la décima parte de las horas de estudio que normalmente exigen estas carreras.
A mi juicio, los malos resultados en la prueba de matemáticas deben impulsar a los rectores y decanos de pedagogía de las universidades que imparten este tipo de carrera a analizar esta situación, porque si bien es cierto que no son muchos los profesores que se han titulado bajo dicha modalidad de estudio, ese sistema se está haciendo demasiado común en las universidades. Me preocupa lo que está ocurriendo, porque cuando esos docentes comiencen a impartir clases -algunos lo están haciendo en zonas rurales- los resultados de la medición de la calidad de la educación serán peores.
En reiteradas oportunidades he solicitado al Ministerio de Educación, tanto desde esta tribuna como de manera informal, que exija a los establecimientos de educación superior adoptar medidas sobre lo que he señalado y que efectúe un análisis profundo respecto de las medidas que impiden la expulsión de algunos alumnos, porque tal vez ello influye en que éstos no tengan la responsabilidad acorde con las exigencias educacionales. De hecho, muchos alumnos de enseñanza básica y media saben que, a pesar de su bajo nivel de rendimiento, no los dejarán repitiendo y que si se portan mal no les cancelarán la matrícula, de manera que carecen de incentivos para preocuparse de los resultados de sus estudios.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Educación a fin de que dé a conocer estas inquietudes a los rectores y decanos de los establecimientos de educación superior y para que esa secretaría de Estado lleve a cabo un análisis del tema, con el objeto de que se adopten medidas urgentes para corregir esa situación, porque la globalización exige profesionales y técnicos mejor capacitados, lo que indudablemente puede verse muy mermado con la educación incompleta o de mala calidad que están impartiendo algunas universidades.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con mi adhesión.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción del diputado señor Errázuriz
Reforma constitucional que impide a todo evento, tomar posesion del bien expropiado sin previo pago de la indemnización. (boletín N° 3767-07)
“Considerando
1. Que la Constitución Política, en su articula 19 número 24 señala que “la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización”;
2. Que se está transformando en una costumbre la toma de posesión del bien expropiado sin que antes se pague la indemnización, para lo cual el expropiante obtiene una autorización escrita del expropiado para tomar posesión del inmueble, como ha ocurrido en La Pintana con personas a quienes se ha expropiado para construir el acceso sur a Santiago sin que se le pague hasta muchos meses después;
3. Que lo anterior implica burlar el espíritu y la letra del legislador, pues lo que se busca es que, antes de tomar posesión del bien expropiado, se pague la indemnización correspondiente, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Sustitúyese la primera parte del inciso quinto del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política por la siguiente:
“La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, sin que baste la autorización escrita del expropiado para dicha toma de posesión si no se le ha indemnizado. A falta de acuerdo sobre su monto, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que determine la ley.”.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Obliga al juez a acatar el informe de peritos en el caso que indica. (boletín N° 3766-07)
“Considerando:
1. Que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 223 permite al tribunal que el reconocimiento pueda hacerlo “uno o más peritos”;
2. Que si el juez designa un perito y permite a las partes nombrar un perito cada una, aún cuando dos o incluso, los tres peritos tengan una misma posición, ello no obliga al juez;
3. Que no tiene sentido la designación de más de un perito si el juez puede hacer caso omiso de su pronunciamiento, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil el siguiente inciso segundo: “Si hubiere más de dos peritos y más de la mitad de ellos estuvieren contestes en su informe, el juez deberá ceñirse al pronunciamiento mayoritario de los peritos”.
Moción de los diputados señores Rojas, Correa, Espinoza, García, don Gonzalo Ibáñez, Meza, Ramón Pérez, Prieto, Varela y Walker.
Proyecto de ley que establece sanciones para los hechos de violencia cometidos con ocasión de espectáculos deportivos. (boletín N° 3769-04)
Desde 1994, nuestro país cuenta con una legislación especial para la prevención y condena de los actos de violencia ocurridos en espectáculos de fútbol profesional, la ley N° 19.327, la cual ha sido perfeccionada para su mejor aplicación.
Sin duda ella se ha convertido en un importante instrumento para combatir acciones delictuales y violentas por parte de quienes asisten a este tipo de espectáculos, pero que no representan en ningún caso el espíritu deportivo que se asocia a estos eventos.
Sin embargo, la especificidad del ámbito de aplicación de dicha ley impide la prevención y sanción en términos similares para otro tipo de deportes que no sean el fútbol profesional.
Aún cuando los hechos de violencia en los eventos deportivos son asociados, principalmente, a dicha actividad y a las llamadas “barras bravas” que alienta a los equipos de fútbol, lo cierto es que los demás deportes no están exentos de que se presenten circunstancias que empañen el espectáculo o pongan en riesgo la seguridad de los protagonistas o de los mismos asistentes.
Chile tiene experiencia de que esto puede suceder. Sin ir más lejos, el año 2000, el tenis nacional sufrió un duro castigo de la Federación Internacional de Tenis, por los incidentes ocurridos durante uno de los partidos de Copa Davis jugados contra Argentina en la cúpula del Parque O’Higgins. El lanzamiento de diversos objetos hacia la cancha, incluidas las mismas sillas del recinto, por parte de los espectadores, no sólo provocó la suspensión de ese encuentro, sino que significó el equipo chileno no jugara el repechaje al Grupo Mundial frente a Marruecos ese año y actuaran sólo de visita por dos años. Pero quienes iniciaron estos incidentes o participaron de ellos, no recibieron sanción alguna, quedando impunes del gran daño producido a la imagen internacional de nuestro país en esa instancia.
Por ello, es que se considera necesario establecer una normativa que busque impedir este tipo de acciones no sólo en el fútbol profesional, sino que en todos los eventos deportivos, atendiendo a la responsabilidad que les cabe a los organizadores y dirigentes por la seguridad que debe primar en ellos, así como a la conducta responsable y acorde con el espíritu de sana competencia que deben tener los mismos asistentes y espectadores de dichos espectáculos.
En virtud de todo esto, es que tengo a bien proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
FIJA NORMAS PARA LA SANCIÓN DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA COMETIDOS CON OCASIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER PROFESIONAL Y AMATEUR TÍTULO ÚNICO
De los delitos cometidos con ocasión de espectáculos deportivos
profesionales y amateurs
Artículo 1°.- El que con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo profesional o amateur, causare desordenes o tuviere conductas que impidan el normal desarrollo del evento o pongan en riesgo la seguridad de las personas, y sin causar lesiones a éstas o daños a la propiedad, será sancionado con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.
Artículo 2°.- El que con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo profesional o amateur causare lesiones a las personas o daños a bienes, ya sea en el recinto donde éste se realiza o en sus inmediaciones, antes, durante o después de su desarrollo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, a excepción que el hecho delictual merezca una pena superior.
Artículo 3°.- El que en las mismas circunstancias mencionadas en el artículo anterior, y sin cometer esos delitos, portare armas o elementos idóneos para perpetrarlos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio, salvo que el delito merezca una pena superior.
Artículo 4°.- El que incitare o promoviere la ejecución de las conductas descritas precedentemente, será sancionado con presidio menor en su grado medio.
Si se tratara de los representantes legales o dirigentes de los clubes participantes del espectáculo deportivo profesional o amateur, que, por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la organización de tales eventos, contribuyeran o facilitaren la comisión de las conductas tipificadas en los artículos 1° y 2°, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, que se duplicará en caso de reincidencia.
Artículo 5°.- Las conductas descritas en los artículos anteriores recibirá, en todo caso, las siguientes penas accesorias:
a) Inhabilitación por quince años para ser dirigente o representante legal de un club deportivo profesional o amateur.
b) Inhabilitación absoluta, por el tiempo que dure la condena, para asociarse a un club o asociación deportiva profesional o amateur.
c) Prohibición para asistir, durante el tiempo de condena, a los espectáculos deportivos profesionales o amateur correspondientes, con obligación de presentarse en el lugar fijado por el juez en los días y horas en que ellos se realicen.
Esta sanción podrá ser aplicada como medida cautelar por el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o de la víctima, después de formalizarse la investigación. El tiempo de duración de ésta, será imputado a la sanción definitiva.
Artículo 6°.- Se considerarán circunstancias agravantes especiales:
a) Ser integrante o actuar dentro de un grupo organizado para la realización de los delitos descritos, o ser socio de alguno de los clubes o asociaciones deportivas profesionales o amateur que participen del espectáculo.
b) Ser organizador o protagonista en el espectáculo deportivo, o dirigente de alguno de los clubes o asociaciones participantes en él.
c) Actuar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
d) Haber causado lesiones a técnicos, dirigentes, organizadores, protagonistas o encargados de la seguridad del espectáculo deportivo.
Artículo 7°.- Si el infractor no ha sido condenado a una pena superior a las contempladas en esta ley, y de sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, puede presumirse que no volverá a delinquir, el juez, una vez ejecutoriada la sentencia, podrá conmutar, de acuerdo con el infractor, la pena privativa de libertad por la realización de trabajos determinados en
beneficio de la comunidad.
La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán por un tiempo no inferior al fijado para la sanción que se conmute, ni superior al doble de ella, de preferencia sin afectar la jornada laboral que tenga el infractor y en los fines de semana, con un máximo de ocho horas semanales.
La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, y deberá cumplirse íntegramente la sanción primitivamente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.
Artículo 8°.- A las personas menores de edad que cometan los delitos contemplados en esta ley, se les aplicarán las normas previstas en la Ley Nº 16.618, de Menores.
Si el menor fuere mayor de dieciséis añosy menor de dieciocho años, y se declara que obró sin discernimiento, el juez de letras de menores podrá imponerle, sin perjuicio de las medidas de protección previstas en ese cuerpo legal, las siguientes:
a) Prohibición para asistir, hasta por un año, a los espectáculos deportivos profesionales o amateur correspondientes, con obligación de presentarse en el lugar fijado por el juez en los días y horas en que ellos se realicen.
b) Actividades determinadas en beneficio de la comunidad, las que deberán fijarse de común acuerdo con el infractor. Las actividades en beneficio de la comunidad se regirán, en cuanto a su forma, por lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 6°, y no podrán tener una duración superior a dos meses.
La persona que tuviese a su cargo el cuidado del menor será civilmente responsable de los perjuicios que éste cause”.
Moción de los diputados señores Forni, Álvarez-Salamanca, Barros, Galilea, don José Antonio; Hernández, Norambuena, Prieto, Rojas, Uriarte y Von Mühlenbrock.
Modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola. (boletín N° 3770-01)
“Considerando que:
1. Chile como país pequeño y abierto al mundo ha enfrentado exitosamente durante los últimos 30 años el desafío de apertura de nuevos mercados. El mejor ejemplo de ello es la diversificación volúmenes de nuestra oferta exportadora, en los sectores frutícola, pecuario, forestal, vitivinícola y agroindustrial, entre otros.
2. Nuestro liderazgo en el hemisferio sur corro productor y exportador de frutas a los principales mercados de Europa y los Estados Unidos de América es hoy indiscutida. Sólo a modo de ejemplo, podemos señalar que los volúmenes a embarcarse durante la temporada 200.312004, superarán las 200 millones de cajas, lo que implicará, respecto a la temporada anterior, un incremento cercano al 10%.
3. Por lo tanto, no cabe duda alguna que las exportaciones del sector silvoagropecuario constituyen un pilar fundamental para nuestra actividad económica. Es un sector que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 25 años, llegando en la actualidad a representar el 309 del PIS Nacional, con un total de U$ 5.800 millones en exportaciones el año 2003.
4. Este importante aumento en la oferta exportadora tea significado no sólo mayores divisas para el país, sino que también tea generado dinamismo económico para amplios sectores productivos y lo más importante, un número considerable de empleos, especialmente concentrados en las áreas rurales de país.
5. Buena parte del éxito y la excelente imagen internacional de nuestros productos descansa en el esfuerzo de nuestros productores y exportadores por mejorar la calidad y al cumplimento de exigencias internacionales a través, de programas de verificación de las Buenas Prácticas Agrícolas. A ello ha contribuido también una eficiente gestión gubernamental en materia de control de plagas y cuidado del patrimonio feto y zoosanitario del país.
6. Es así como ha generado gran alarma y preocupación en el sector productor-exportador y en la opinión pública, la reciente detección de ejemplares de mosca de la fruta en trampas emplazadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes, lo que viene a sumarse a la difícil situación por la que atravesaran los productores y exportadores de aves, con motivo del brote de influencia avial, así como el permanente riesgo de ingreso de fiebre aftosa al país.
7. Existe consenso en que la labor del S.A.G. es fundamental en la mantención de las condiciones básicas de prevención y control de riesgos. Por ello y sin perjuicio de que será necesario en el corto plazo redefinir y priorizar sus objetivos, líneas de acción y presupuesto, es necesario dotarlo, desde ya, de los instrumentos legales que sea necesario para hacer más efectiva su labor.
8. En este sentido y dado el sostenido incremento de la actividad importadora y exportadora, como asimismo del aumento del tránsito de turistas que ingresan y salen del país, resulta imperioso modificar las disposiciones que actualmente regulan las revisiones del SAG en los controles fronterizos, las declaraciones juradas, la extensión de estas obligaciones y por cierto, las sanciones que deben aplicarse en caso de infracciones a esta normativa, pues la experiencia indica que las actuales no han sido suficientes, ni eficientes en el propósito de prevenir el ingreso de productos o subproductos de origen animal a vegetal prohibidos.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Reemplázase el actual artículo 21 del decreto ley 3.557 de 1981, que establece disposiciones sobre protección agrícola por el siguiente:
“Artículo 21.- Los productos de origen vegetal o animal que pretendan ingresarse al país deberán ser revisados antes de su nacionalización. Practicada la revisión, se podrá ordenar algunas de las siguientes medidas: libertad de ingreso, reexportación, desinfección o desinfectación, industrialización, cuarentena o eliminación. Los gastos que demande la ejecución de estas medidas serán de cargo de los importadores. Los productos o subproductos de origen vegetal o animal que una persona lleve consigo o en su equipaje, como también aquellos transportados en cabinas, contenedores, maleteros y en general de cualquier forma en un medio de transporte de pasajeros o mercaderías, deberán ser declarados bajo juramento en formularios especiales por el tenedor del producto, el propietario del equipaje, o por el conductor o el responsable del respectivo medio de transporte, según sea el caso. Dichos formularios indicarán los vegetales, animales, productos y subproductos de origen vegetal o animal prohibidos de ingresar al país.
Estas normas se aplicarán a toda clase de personas y equipajes, incluso al de diplomáticos y funcionarios oficiales del país, de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales.
La declaración jurada antes indicada, será considerada requisito previo, indispensable e insustituible para obtener la autorización de ingreso al país.
El que faltare a la verdad en su declaración será sancionado como autor del delito de perjurio previsto en el articulo 210 del Código Penal sin perjuicio de estar además afecto al pago de una multa no inferior a cuatro ni superior a cuarenta Unidades Tributarias Mensuales, la cual será determinada por las autoridades considerando la gravedad de la falta. La resolución que imponga la multa será inapelable y su pago será considerado esencial para obtener la autorización de ingreso al país. Todo lo anterior sin perjuicio de las demás medidas que pueda adoptar la autoridad sanitaria para proteger el patrimonio fito y zoosanitario.
En el caso de que la infracción indicada en el inciso precedente fuere cometida por el conductor o el responsable de un medio de transporte, los propietarios de estos medios serán solidariamente responsables del pago de las multas que eco virtud de este artículo fueren aplicadas.”.