Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- German Becker Alvear
- Arturo Longton Guerrero
- INTEGRACIÓN
- Francisco Prado
- Arturo Longton Guerrero
- Lily Perez San Martin
- INTEGRACIÓN
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Maria Pia Guzman Mena
- INTEGRACIÓN
- German Becker Alvear
- Rosauro Martinez Labbe
- INTEGRACIÓN
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTEGRACIÓN
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Carmen Ibanez Soto
- INTEGRACIÓN
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTEGRACIÓN
- Roberto Delmastro Naso
- Rosauro Martinez Labbe
- INTEGRACIÓN
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Osvaldo Palma Flores
- INTEGRACIÓN
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTEGRACIÓN
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTEGRACIÓN
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Lily Perez San Martin
- INTEGRACIÓN
- Alfonso Vargas Lyng
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTEGRACIÓN
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Maria Pia Guzman Mena
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Carmen Ibanez Soto
- INTEGRACIÓN
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- Alfonso Vargas Lyng
- Osvaldo Palma Flores
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE LOS ANDES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS ACERCA DEL DESARROLLO DE UN MERCADO SECUNDARIO DE CARÁCTER ESPECULATIVO DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE LOS ANDES.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 112a Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 3 y el 8 de abril del año 2005, en Manila, Filipinas.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Edgardo Boeninger Kausel
- Roberto Munoz Barra
- Baldo Prokurica Prokurica
- Maria Isabel Allende Bussi
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Pablo Lorenzini Basso
- Fernando Meza Moncada
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 112a Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 3 y el 8 de abril del año 2005, en Manila, Filipinas.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 78ª, en miércoles 18 de mayo de 2005
(Especial, de 11.08 a 12.54 horas)
Presidencia del los señores Letelier Norambuena, don Felipe,y Ojeda Uribe, don Sergio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Tabla.
Informe complementario de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes9
Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos acerca del desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola22
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, sobre
libertad condicional. (boletín N° 385407)31
2.Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 3 y el 6 de abril del año 2005, en Manila, Filipinas31
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
- De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Espinoza.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación Nacional por el cual comunica la nómina de los señores diputados que integrarán las Comisiones Permanentes:
Comisión de Gobierno Interior: Germán Becker, Arturo Longton
Comisión de RR.EE: Francisco Bayo, Arturo Longton, Lily Pérez
Comisión de Constitución: Alberto Cardemil, Pía Guzmán
Comisión de Educación: Germán Becker, Rosauro Martínez
Comisión de Hacienda: Carlos Hidalgo, Carlos I. Kuschel
Comisión de Defensa Nacional Mario Bertolino, Alberto Cardemil, Carmen Ibáñez
Comisión de OO.PP: Roberto Delmastro, René Manuel García
Comisión de Agricultura: Pedro Pablo Alvarez-Salamanca., José Antonio Galilea
Comisión de Recursos Naturales: Roberto Delmastro, Rosauro Martínez
Comisión de Salud: Francisco Bayo, Osvaldo Palma
Comisión de Trabajo: Nicolás Monckeberg, Carlos Vilches
Comisión de Minería: Mario Bertolino, Carlos Vilches, Carlos I.Kuschel
Comisión de Economía: José Antonio Galilea, Carlos Hidalgo
Comisión de Vivienda: René M. García, Lily Pérez
Comisión de DD.HH: Alfonso Vargas, Maximiano Errázuriz
Comisión de Familia: Maximiano Errázuriz, M. Pía Guzmán
Comisión de Ciencias y Tecnología: Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Francisco Bayo, Carmen Ibáñez
Comisión Pesca y Acuicultura: Pablo Galilea, Carlos Hidalgo
Comisión Régimen Interno: Alfonso Vargas, Osvaldo Palma.
Ministerio del Interior:
DiputadoJaramillo, medidas inconsultas en materia de seguridad ciudadana, restar un 25 por ciento de la dotación de Carabineros en las comunas de Paillaco, Los Lagos, Panguipulli, Futrono, Río Bueno, Lago Ranco y La Unión.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
DiputadoEgaña, irregularidades en Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío S.A., Octava Región y nómina de Directores que han integrado e integran, respectivamente, el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas.
Ministerio de Educación:
DiputadoAlvarado, factibilidad de estudio proyecto de reconstrucción de la Escuela G.8990, de la Comuna Quinterquén.
DiputadoAlvarado, construcción de un establecimiento educacional en la Isla Llahuen de la Provincia de Palena.
DiputadoAlvarado, rebaja de asignación por desempeño difícil a docentes del Liceo Italia de Chaitén.
DiputadoSánchez, información de construcción gimnasio de Chile Chico.
DiputadoNavarro, situación de la empresa constructora encargada de la ampliación de la Escuela Recaredo Vigueras, comuna de Santa Juana.
DiputadoNavarro, información en qué liceos los centros de alumnos y padres y apoderados cuentan con salas para reunirse.
Proyecto de Acuerdo Nº 451, becas “Primera Dama” adicionales para las Regiones de Aisén y de Magallanes.
Ministerio de Defensa Nacional:
DiputadoNavarro, solicita antecedentes de la calidad de agua y bioética del “Canal Ifarle” de Talcahuano.
Proyecto de Acuerdo Nº 549B, solicitudes en relación con delitos de homofobia.
Proyecto de Acuerdo Nº 620, medidas en relación con la actuación de Villa Baviera.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
DiputadoDelmastro, información sobre situación de población San Pedro VI, de la ciudad de Valdivia.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Prieto, solicita antecedentes respecto de don Luis Vásquez, funcionario de la municipalidad de Constitución.
Intendencia Primera Región de Tarapacá:
DiputadaGonzález, doña Rosa, información sobre pensiones asistenciales otorgadas en Arica.
Intendencia Décima Región de Los Lagos:
DiputadoDelmastro, situación social del señor Luis Andrés Coñocar Ponce.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Waldo Mora, Iván Paredes y Eduardo Saffirio.
Concurrió, también, el senador señor Hernán Larraín.
Asistió, además, el ministro del Interior, don José Miguel Insulza.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El acta de la sesión 72ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 73ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
- El Señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la cuenta.
V. TABLA
INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE LOS ANDES.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde considerar el informe complementario de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de los Andes.
Diputado informante es el señor José Antonio Galilea .
Antecedentes:
- Informe de la Comisión Investigadora, sesión 72ª, en 10 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, la Comisión Investigadora encargada de analizar las presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas me ha encargado rendir el informe complementario solicitado por la Sala en virtud del acuerdo del pasado 12 de abril. En conformidad a lo resuelto por el plenario, la Comisión Investigadora debió reevaluar el contenido del acápite 4, capítulo V del informe de 22 de marzo, que lleva el título: “Clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar”.
Los señores diputados tienen en sus escritorios el informe con las conclusiones a las que arribó la Comisión Investigadora y el informe complementario del que estoy dando cuenta.
En el informe que conoció la Sala el pasado 12 de abril, las conclusiones se encuentran consignados en cinco puntos vinculados con infraestructura, vigilancia fronteriza, control de ingreso de mercaderías, clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar y coordinación entre diversos servicios para el control de drogas en las fronteras del país. Sin embargo, no me abocaré al informe preliminar, sino más bien al complementario, que fue el mandato que le dio la Sala a esta Comisión.
En el capítulo V del informe preliminar se consigna diversas consideraciones en relación con la actuación del Servicio Nacional de Aduanas respecto de la clasificación arancelaria aduanera que efectúa de dos tipos de mezclas que contienen azúcar: las mezclas con cacao y las mezclas con gelatina.
La Comisión encomendó a su presidente, el diputado que habla, elaborar una propuesta de informe complementario para ser debatido y votado.
Los argumentos en que se fundaron las diversas tesis respecto del punto en cuestión son los siguientes:
De acuerdo con el voto mayoritario, el Servicio Nacional de Aduanas ha hecho una aplicación impropia y errónea de la leyNº 19.897, de bandas de precio, en lo que concierne a las denominadas mezclas de azúcar. En efecto, el director del referido organismo está dejando de cumplir con dicha normativa al no clasificar mezclas con un contenido de azúcar que fluctúa entre el 98 y el 99 por ciento, y del 1 al 2 por ciento de cacao o gelatina, en su caso, en la partida 17.01 del arancel y, por ende, sujeta al sistema de bandas de precio.
Dicho voto mayoritario agrega que la clasificación de este tipo de mezclas necesariamente debe hacerse en la partida en cuestión, por la aplicación de las Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, recogidas por nuestro arancel aduanero.
De acuerdo con esos antecedentes, la Comisión concluyó que Aduanas debería proceder, sin demora, a reclasificar las mezclas de azúcar con cacao o gelatina en la partida 17.01 del arancel, quedando sujetas, por ende, al mecanismo de bandas de precio.
Por su parte, el voto de minoría sostuvo que para concluir que dichas mezclas de azúcar deben ser clasificadas como “preparaciones alimenticias”, que el Servicio Nacional de Aduanas se ha limitado a aplicar los criterios y normas contenidas en la propia ley, sin señalar qué cosas, sustancias u objetos constituyen tales preparaciones y qué las diferencia de otras mercancías, ya que no está dentro de las atribuciones de dicho organismo interpretar las normas incorporadas en la ley, sino sólo aplicarlas de acuerdo con los criterios dados por ésta.
En consonancia con lo anterior, se recomienda que el director nacional de Aduanas se pronuncie de acuerdo con el procedimiento existente, el cual necesariamente requiere la presentación de algún interesado de una petición de clasificación arancelaria o solicitar la reconsideración, si existiese el dictamen de clasificación arancelaria, de algún producto en particular, en este caso sobre una mezcla de azúcar con cacao o de una con gelatina, en las proporciones que se han señalado.
En resumen, esos son los argumentos dados en la Comisión, tanto del voto de mayoría como del de minoría, en lo que dice relación con la clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar. El cometido de la Comisión y el mandato de la Sala era reconsiderar este punto.
Como podrán apreciar los señores diputados, una y otra postura no tienen mayores puntos de encuentro, puesto que sustentan tesis radicalmente distintas. Una considera que el Servicio Nacional de Aduanas no ha dado cumplimiento a la ley y a su espíritu y al acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, con motivo de la dictación de la ley de bandas de precios, y la otra, que dicho Servicio ha dado estricto cumplimiento al mandato y al espíritu de la ley, razón por la cual a la Comisión le resulta imposible encontrar un punto medio entre dos tesis absolutamente discrepantes.
En todo caso, el informe complementario de la Comisión Investigadora ha aprobado lo siguiente:
“1º.- La Comisión deja expresa constancia que en el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se la mandató para el cumplimiento de su cometido, textualmente se indicaba entre sus considerandos: “La alta probabilidad de que se vulneren normas legales y reglamentarias como las concernientes a las bandas de precios, toda vez que pueden entrar al país mercaderías afectas sin pagar los derechos correspondientes.
“Dado que el tema de las mezclas de mercaderías se relaciona estrechamente con el sistema de bandas de precios y que el azúcar es uno de los productos sometidos a dicho sistema, a juicio de la Comisión, el punto 4 de las conclusiones de su informe, titulado “Clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar”, es plenamente pertinente.
“Más aún, a juicio de la Comisión, el mandato de la Sala contempló un amplísimo ámbito de materias susceptibles de ser investigadas, lo que queda demostrado en la parte resolutiva del Proyecto de Acuerdo, al señalar: investigue los hechos denunciados..., además de otras materias que la Comisión considere que deben ser analizadas. En efecto, la Comisión estimó que sobre la base de la denuncia que originó el mandato de la Sala, respaldada a su vez en la queja de agricultores e industriales en relación al ingreso al país de ciertas mezclas que eluden el pago de derechos específicos, investigar la conducta del Servicio Nacional de Aduanas y el cumplimiento de los compromisos entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la dictación de la ley Nº 19.897, era parte fundamental de su cometido y en caso alguno estima que se excedió del mandato aprobado por la Corporación.
“2º.- La Comisión considera que, en el marco de la investigación realizada, no procede efectuar una discusión acerca de la conveniencia o no de contar con un sistema de bandas de precios, pues tal materia quedó resuelta justamente con motivo del trámite de la ley Nº 19.897. Dicho trámite no sólo fue impulsado por el Ejecutivo a través del proyecto de ley respectivo y con lo cual quedó explícita su voluntad de mantener este sistema, sino que además contó con la aprobación ampliamente mayoritaria del Congreso Nacional y en particular de la Cámara de Diputados.
“3º.- Habiendo sido la ley Nº 19.897 motivo de un acuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo que buscó, entre otras materias, impedir la perforación de las bandas de precios, la Comisión estima legítimo y pertinente pronunciarse acerca del cumplimiento de dicho acuerdo, en particular por parte del órgano llamado a clasificar las mercaderías que ingresan al país, es decir, el Servicio Nacional de Aduanas. No estamos frente a una investigación que se realiza para interpretar una norma legal, materia que le compete a los Tribunales de Justicia, sino para establecer si existen o no irregularidades en su aplicación, lo que claramente corresponde a una atribución de la Cámara de Diputados. Dicho pronunciamiento la Comisión lo emitió por medio de su informe y en particular en las conclusiones contenidas en él.
“4º.- Por lo antes expuesto, la Comisión mantiene en los mismos términos el numeral 4 de las conclusiones de su informe.”.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En discusión el informe complementario de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes.
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, el informe de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes fue despachado hace tiempo en los términos que todos conocen. Hubo unanimidad en cuatro de sus cinco conclusiones. Tras conocer el fondo del informe y a fin de evitar la votación separada del numeral 4, la Sala solicitó a la Comisión realizar un esfuerzo para no romper con el precedente histórico de votar como un todo los informes. Sin embargo, más allá de los argumentos, el informe complementario no da solución al asunto. Basta leer su punto 4 para darse cuenta de que no resuelve el problema planteado por algunos señores diputados en aquella oportunidad y que motivó el reenvío del informe a la Comisión.
El punto 4 señala de manera categórica: “Por lo antes expuesto, la Comisión mantiene en los mismos términos el numeral 4 de las conclusiones de su informe.”. En ese punto se pidió votación separada.
Solicité al señor presidente de la Comisión no es una queja personal, pues me he podido entender con él en todos los temas que buscara una fórmula para que la Comisión excluyera este punto de las conclusiones y lo presentara como un proyecto de acuerdo específico, dándole preferencia para que se tratara hoy, junto con el informe, pero no se adoptó ese camino que, a mi juicio, permitía mantener la regla de votar los informes como un todo. Legítimamente, se optó por otro camino, pero que no resuelve el problema.
Un número importante de los miembros de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes y, probablemente, un número importante de diputados en la Sala, votaremos separadamente las conclusiones del informe porque, si bien aprobamos unánimemente el 90 por ciento de ellas, hay un punto de discordia.
No me encuentro entre los que creen que la Comisión en este punto se excedió en su mandato. A mi juicio, el proyecto de acuerdo se lo permitía, pero el tema en cuestión es que corresponde pronunciarse separadamente.
La fórmula que propusimos no fue aceptada y se optó por mantener en los mismos términos el informe. Por eso, insisto en que se vote de manera separada ese punto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, no puedo comenzar esta breve intervención sin destacar la objetividad del informe entregado por el diputado José Antonio Galilea , cuya posición conozco, porque la hemos conversado en la bancada de Renovación Nacional. Considero extraordinariamente objetiva la forma en que planteó el informe, pues logró separar lo que él piensa, su posición frente al tema, de lo que le correspondía hacer como diputado informante.
Fundamentalmente me voy a referir a lo mismo que señaló el diputado Jorge Burgos , esto es, al punto 4 del informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes.
Después de conversar con el diputado José Antonio Galilea , coincido con la conclusión a la que llegó el diputado señor Burgos , esto es, que la Comisión no se excedió al abordar la materia de que trata ese punto. Sin embargo, en él se cuestionan los criterios de clasificación de los productos que contienen azúcar, incorporados a nuestra legislación por el artículo 2º de la ley Nº 19.897, y apunta a que el Servicio Nacional de Aduanas cambie la clasificación arancelaria de las mezclas de cacao y de gelatina, de manera que éstas queden afectas al sistema de bandas de precio.
La propuesta de reclasificar las mezclas de cacao y de gelatina no sólo es ilegal, sino que carece de fundamento económico, ya que tienen una partida arancelaria propia: la ley Nº 19.897. A ello se suma el hecho de que una nueva clasificación expone al país a problemas con algunos de sus socios comerciales, como Colombia, Argentina o Brasil.
A mayor abundamiento, las importaciones de preparaciones alimenticias no afectan a la agricultura nacional, debido al ínfimo porcentaje de compra: un 3 por ciento del consumo total de azúcar en el país, pues sólo se destinan a un uso industrial definido: ser materia prima para la elaboración de chocolates, galletas, caramelos y refrescos en polvo. Además, son irreversibles, ya que sus ingredientes no se pueden separar ni usar para otros fines.
Me parece muy negativo que, a menos de dos años de la entrada en vigencia de la mencionada ley, comiencen a realizarse nuevamente acciones que buscan el cambio de la regulación vigente o la modificación de los criterios y parámetros de su aplicación.
Considero esencial que la Cámara de Diputados dé una señal clara e inequívoca en cuanto a que lo que corresponde es la aplicación íntegra y cabal de la normativa vigente.
También espero que la autoridad, específicamente el Servicio Nacional de Aduanas, siga actuando en consecuencia, como lo ha hecho hasta ahora, y que todas las preparaciones alimenticias que estén contempladas en una partida o en una norma de sección o de capítulo del arancel aduanero, como el cacao con azúcar o la gelatina con azúcar, se clasifiquen de manera definitiva como tales preparaciones, no como azúcar, y, por tanto, libres de banda, independientemente del porcentaje de azúcar que contengan.
Las afectadas son más de doscientas industrias, como Nestlé, Soprole , Carozzi , Córpora Tres Montes, Molinera San Cristóbal , Aconcagua , Wasil , Dos Caballos, Arcos , Lever , Penske y Watts , entre otras. Probablemente algunos de sus trabajadores se encuentran en nuestras tribunas.
Dichas empresas dan trabajo a más de 70 mil personas, que junto a su grupo familiar suman 350 mil personas que podrían verse afectadas; utilizan 190 mil hectáreas agrícolas anuales en el desarrollo de su actividad los remolacheros ocupan 30 mil y llevan cien años en nuestro país.
Estas compañías necesitan certeza jurídica para desarrollar sus actividades en el país, por lo que es indispensable velar por el cumplimiento de la ley Nº 19.897, que entró en vigencia recientemente, en 2003.
Por las consideraciones expuestas, anuncio mi voto en contra del punto 4 de las conclusiones del documento denominado “Clasificación Aduanera de Ciertas Mezclas de Azúcar”, en el informe de la Comisión Investigadora.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, me corresponde pronunciarme sobre la situación creada a raíz del informe de la Comisión Investigadora de eventuales irregularidades en aduanas. Primero, la investigación estaba referida a lo que acontecía en la aduana de Los Andes. Después, como consecuencia de distintas situaciones que se daban a través de todo nuestro territorio fronterizo y en zonas portuarias, fue ampliada a lo que establece el artículo 2º de la ley Nº 19.897, en la parte pertinente a la clasificación de los productos considerados mezclas con cacao o con gelatina.
Es en este último aspecto donde hemos tenido serias diferencias de apreciación, porque, en mi opinión, el informe de la Comisión no analiza expresamente lo referido a esta parte, a la luz del texto de la ley Nº 19.897.
Se ha producido controversia, pues no ha habido forma de conciliar lo referido a la protección de los agricultores que cultivan la remolacha, que es la materia prima de la elaboración del azúcar, y a la vez la protección de quienes trabajan en la industria de distintos productos elaborados con esta materia prima que contiene azúcar, pero también cacao o gelatina.
Por mantener un privilegio de la empresa monopólica del azúcar, Iansa , por favorecer a los cultivos de remolacha, se castiga a toda la población, especialmente a los más pobres, a pagar por el kilo de azúcar alrededor de 200 pesos más. En este proyecto se establece un beneficio o un privilegio para los agricultores, pero se aprovecha de ello esa empresa monopólica.
Por eso, en la Comisión voté en contra de este acápite. Hoy, veo nuevamente que no existe voluntad para separarlo del informe general. Lo votaré en contra, porque no ha habido voluntad de respetar la letra la ley. Lamento esta diferencia de opinión, sobre todo después de haber trabajado en armonía en todas las otras materias sometidas a la consideración de esta Comisión Investigadora.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, después de escuchar a los diputados señores Errázuriz y Venegas , me queda muy claro que aquí se está confundiendo la ley de bandas de precios con un informe de una Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes, en circunstancias que son dos cosas muy distintas.
Hace poco menos de dos años tuvimos una larga discusión para aprobar una nueva ley de bandas de precios. Eso costó a los agricultores y a la industria ceder en una gran cantidad de tonelaje de mezclas de azúcar para compensar a la industria y dejarla satisfecha. Llegamos a un acuerdo entre todos los actores, no sólo con los productores de remolacha, sino también con industrias como Ambrosoli, Carozzi y las que mencionó hace un rato el diputado señor Errázuriz . En esa oportunidad, parlamentarios de las distintas bancadas, con distintas ideas al respecto y de distintas zonas, aprobamos una ley de bandas de precios.
¿Y qué resuelve esta Comisión Investigadora después de haber realizado todo un trabajo de investigación? Resuelve que se está vulnerando una ley que aprobó este Congreso Nacional, y que aprobó después de un acuerdo. O sea, nos estamos haciendo lesos a nosotros mismos. Si no somos capaces de entender eso, realmente no entiendo nada. Entonces, ¡qué estamos haciendo aquí! Los proyectos que aprueba este Congreso Nacional y que se transforman en ley deben cumplirse, no pueden ser vulnerados; de lo contrario, estamos trabajando en vano. Por lo tanto, el informe de la Comisión Investigadora está en lo cierto. Sin lugar a dudas, es así.
Dicha comisión investigadora se inició y quiero aclararle al diputado Burgos que reconoció que ahora teníamos facultades, porque antes había dicho que no por una petición que nos hizo un grupo de agricultores y transportistas que asistieron a la Comisión de Agricultura para pedir que fuéramos a la Aduana de Los Andes para constatar las irregularidades que ahí estaban ocurriendo.
Cuando llegamos a dicho recinto, efectivamente nos dimos cuenta de que las irregularidades eran tremendas, ante lo cual nos asaltaron una serie de dudas. No sólo podía ingresar mercadería a nuestro país sin pagar impuesto, sino que, también podía haber tráfico de drogas u otro tipo de cosas. Es una aduana que está prácticamente abandonada, donde se revisaban solamente 100 camiones por 500 que ingresan. Además, a esos 100 camiones se les avisaba con 60 ó 90 días de anticipación que iban a ser revisados. Era lo más fácil del mundo vulnerar el control.
Ahora las cosas han cambiado. Es cierto. Han cambiado y en buena hora. La Aduana se ha “puesto las pilas” y ha terminado con esta situación, pero gracias a que la Comisión de Agricultura visitó el recinto y propuso a la Sala constituirse en investigadora.
No confundamos las cosas. Como dije antes, ¿estamos o no dispuestos a exigir que se cumplan las leyes que nosotros mismos aprobamos? Porque si no lo hacemos, me voy mañana para mi casa. Se los digo con toda sinceridad. No tiene razón ser legislador si al día siguiente las leyes no se aplican. Quiere decir que no estamos cumpliendo con el objetivo por el cual estamos en este Congreso, ya que nunca en su historia se ha votado el informe de una comisión investigadora en forma separada. ¡Nunca! Encuentro inaceptable que sea ésta la oportunidad en que se vote en forma separada el informe de una comisión investigadora. No me parece correcto, porque jamás ha sido así.
Por tanto, exijo que se vote en forma total el informe de la Comisión Investigadora de Aduanas, como ha ocurrido con todos los informes de las comisiones investigadoras que se han constituido en la Cámara de Diputados.
He dicho.
Aplausos.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el 18 de mayo de 2004, se aprobó el proyecto de acuerdo Nº 409, cuyo resumen especifica crear una comisión investigadora para que en un plazo no superior a 30 días desde el momento de su constitución, investigue los hechos denunciados, en especial, lo relativo al tráfico de drogas, violación de la normativa vigente, y perjuicio del patrimonio fitosanitario. Además, de otras materias que la Comisión considere que deben ser analizadas.
Comienzo recordando el objetivo por el cual se formó esta Comisión, porque en varias oportunidades me correspondió reemplazar a un miembro titular de mi bancada. En todas las sesiones expresamos que no le correspondía a esta Comisión analizar el tema relacionado con la ley de bandas de precios.
Yo fui uno de los que planteé eso dentro de la Comisión, por la simple razón de que, al revés de lo que dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, las leyes son para cumplirlas.
En esa ocasión escuchamos a los representantes de Iansa, a todos los industriales de las bebidas, confites, chocolates, etcétera. Al final, se llegó a un proyecto de ley definitivo.
En cuanto a la ley de bandas de precios, hay una normativa que expresa que si alguien considera que se está pasando a llevar la ley, los reclamos deben hacerse directamente en Aduanas. Y, al parecer, hasta hoy no se ha presentado reclamo formal alguno. Si los colegas quieren que el punto 4 de las conclusiones del primer informe sea parte del acuerdo definitivo de la Comisión, en primer lugar, deben decir a las personas que se sienten menoscabadas que presenten los reclamos. En caso contrario, estaríamos planteando situaciones que sucedieron, rumores y malas interpretaciones de la ley que estableció las bandas de precios.
Quería plantear ese tema, porque me parece que no corresponde a esta Comisión Investigadora tratar ese punto. Si se considera que la ley ha sido pasado a llevar, deberían presentar un proyecto de acuerdo, tal como se hizo con el tema de las franquicias tributarias del Sence. Para mi sorpresa, de quienes presentaron dicho proyecto de acuerdo, en la práctica nadie ha ido a la Comisión de las pymes a escuchar a las partes que tienen que ver con los antecedentes.
En segundo lugar, me preocupa la ley sobre bandas de precios, porque en este instante nuestro país tiene instancias de discusión pendiente con otros países, como Colombia y Argentina. Eso, en vez de ser positivo, podría constituir un daño mucho más grande para la gente que tiene acceso a esa normativa.
Además, ¿quién puede desconocer que en la actualidad existen negociaciones pendientes con algunos países interesados en estos productos? Una eventual reclasificación de las mezclas de azúcar sería una señal que debilitaría la posición negociadora de Chile para sostener la defensa del mecanismo de banda de precios ante diversos foros internacionales, como la Aladi y la OMC.
Por otro lado, quiero aclarar que la importación de mezclas representa cerca del 3 por ciento de las importaciones totales de azúcar. Por lo tanto, el efecto de esta reclasificación sería limitada y marginal.
Deseo hacer una especial defensa de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector de alimentos, confiterías, bebidas y otros. La reclasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar tendría un gran efecto respecto del empleo en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, votaré en contra del punto 4 de las conclusiones del informe.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, en este corto tiempo, trataré de hacerme cargo de algunas cosas que se han dicho en esta sesión.
Me parece positivo que algunos señores diputados, salvo el señor Ortiz , reconozcan que el referido tema de las mezclas de azúcar efectivamente fue un mandato que la Sala dio a la Comisión a través del proyecto de acuerdo.
Pido al diputado Ortiz que lea el informe complementario. Después de ello, se dará cuenta que el tema de las bandas de precios y sus implicancias cae expresamente en el mandato de la Comisión.
En segundo lugar, el diputado Burgos señaló que existía una propuesta de sacar el numeral 4 de las conclusiones del informe original.
Al respecto, como presidente de la Comisión, quiero decir que me resulta imposible sacar del informe parte importante del cometido de la Comisión. Si lo hubiéramos hecho, la Sala tendría que saber, con legítimo derecho, qué parte del mandato no se cumplió.
Me alegro de que en su momento se haya hecho un esfuerzo por tratar de buscar unanimidad a la hora de votar las conclusiones de la investigación; pero, claramente, no era el camino adecuado así lo estimó la Comisión mayoritariamente y no sólo yo extraer del informe la parte que no fue objeto de una posición consensuada y unánime.
En tercer lugar, en relación con los dichos del diputado Errázuriz lamento que no esté en la Sala en estos momentos, quiero decirle con toda franqueza que no puedo aceptar que sostenga que 200 empresas y sus trabajadores se verán afectadas porque las mezclas de azúcar con cacao y con gelatina serán incluidas en las bandas de precio. Con ese argumento se pretende sembrar el terror, ya que concluir que si las mezclas de azúcar con cacao y con gelatina quedan sujetas al sistema de bandas de precio, los trabajadores de 200 empresas quedarán cesantes. Eso es totalmente ridículo y no resiste análisis alguno.
No entraré en una discusión técnica sobre este punto con el diputado Errázuriz , porque no tengo tiempo. Sólo quiero dar lectura a un párrafo de la carta enviada, en octubre pasado, al Presidente de la República, por los senadores Bombal , Cariola , Chadwick , Cordero , Espina , Flores, García , Gazmuri , Horvath , Larraín , Lavandero , Naranjo , Páez , Prokurica , Ríos, Romero , Sabag , Stange , Valdés , VieraGallo y Adolfo Zaldívar , que dice que: “La Comisión de Agricultura del Senado también dejó clara evidencia de la voluntad de los poderes colegisladores. En consecuencia la Comisión deja constancia de que la voluntad efectiva del Gobierno es blindar las mezclas y, por lo tanto, impedir que cualquier arancel que se abra por la vía estadística u otro concepto administrativo no altera la voluntad de impedir el ingreso de ninguna mezcla. Es decir, el Servicio de Aduanas no podrá admitir, por ejemplo, que ingrese el azúcar en un 98 por ciento con un 2 por ciento de cacao, porque en el espíritu y en el texto de la legislación queda excluida esta alternativa por constituir mezcla.”.
No creo que deba gastar los escasos minutos de que dispongo en explicar técnicamente al diputado Errázuriz por qué no estoy equivocado, porque entonces tendrían que estar equivocados todos los senadores que firmaron la carta que mandaron al Presidente de la República.
Termino respondiendo un argumento del diputado Venegas . Las bandas de precio no provocan a los consumidores de azúcar el efecto que él sostiene. Aquí tengo un cuadro del Instituto Nacional de Estadísticas, que muestra que desde 2002 al 2004 el precio del azúcar en el mercado ha caído a pesar de las bandas de precio.
No tengo más tiempo, señor Presidente. Me habría encantado tener un debate más a fondo...
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente.-
Señor diputado, la UDI le ha cedido dos minutos de su tiempo.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Agradezco a la UDI la cesión de parte de su tiempo.
Quiero agregar algo más sobre esta materia. Hay quienes sostienen que las mezclas de azúcar con cacao y con gelatina que entran el país son tan insignificantes que no tienen mayor relevancia que sean incorporadas al sistema de bandas de precio.
Pues bien, este argumento corre para los dos lados. Si es tan insignificante dicha cantidad, no veo por qué se ha convertido en una verdadera guerra santa, por un lado, entre los agricultores productores de remolacha y la empresa Iansa y, por otro, entre aquellos que utilizan el azúcar como un elemento importante en su industrialización.
Si eso es tan insignificante, ¿por qué estamos en esta discusión? ¿Por qué no aceptamos, lisa y llanamente, que el Servicio Nacional de Aduanas se ha equivocado en la interpretación de la ley al no someter al sistema de bandas de precio a estos dos productos? Aquí no estamos discutiendo si las bandas de precio son lícitas o ilícitas; si corresponde o no tenerlas. Esa discusión fue zanjada por la Cámara de Diputados, por el Ejecutivo y por el Senado cuando se modificó la ley de bandas de precio. En esa oportunidad estuvimos de acuerdo en que deben existir las bandas de precio.
De modo que esa no es la discusión que debemos tener hoy día, sino determinar si se está cumpliendo la ley o no, si el Ejecutivo está dando cumplimiento a un acuerdo que contrajo con la Cámara de Diputados y con el Senado. La conclusión en esto, de buena fe, no puede ser otra que dicho acuerdo no se ha cumplido. Y lo que acabo de leer de la carta que un grupo de senadores envió al Presidente de la República da cuenta de ello, es decir, que no podían entrar mezclas de azúcar con cacao o con gelatina sin estar incluidas en las bandas de precios, porque era una forma de perforarlas. Eso es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.
A mi juicio, sostener otra cosa a estas alturas francamente no resiste mayor análisis, porque cualquier visión objetiva sobre esta situación terminará siempre por reconocer que ha habido una falta de cumplimiento del acuerdo adoptado entre la Cámara, el Senado y el Gobierno en esta materia.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los diputados José Antonio Galilea y Burgos, porque la Comisión llegó a acuerdo respecto de la mayor parte de este informe que, sin duda, no estuvo ajeno a complicaciones.
Respecto del punto en discusión, la posición del diputado señor José Antonio Galilea no es personal, sino que compartida en forma unánime por los miembros de la Comisión de Agricultura, que está integrada por diputados de los distintos partidos políticos.
Lo primero que hicimos fue reconocer que el punto 4 de las conclusiones del informe era plenamente pertinente. En este sentido, me alegra que el diputado Burgos haya señalado que efectivamente correspondía efectuar un estudio sobre la materia contenida en dicho punto, y no como se dijo en el debate del primer informe, en cuanto a que no estaba dentro de las atribuciones de la Comisión investigadora, a pesar de que fueron amplias las atribuciones que se le otorgaron.
Es más, como ex presidenta de la Comisión de Agricultura, puedo decir que una de las razones fundamentales que tuvimos en cuenta para visitar distintos recintos aduaneros, fue comprobar en terreno si se estaba aplicando la legislación relacionada con las bandas de precios.
Desde hace algún tiempo se viene produciendo una discusión entre los sectores rural y urbano en relación con las bandas de precios de las mezclas con contenido de azúcar, tal como ocurrió hace algunos meses con el trigo y el maíz. Pero el problema no sólo dice relación con lo planteado por el diputado José Antonio Galilea , en cuanto a que es necesario analizar qué pasa con las industrias que utilizan estas mezclas, sino que también habría que preguntarse qué sucede con los productores de remolacha y con los agricultores de la zona sur, algunos de los cuales eran de mi distrito y constituían verdaderas pymes rurales. Hoy debemos considerar a ese sector que produce alimentos para nuestros compatriotas, porque, lamentablemente, no siempre han tenido eco nuestras propuestas en su favor.
Creo que no tiene ningún sentido la banda de precios para las mezclas de azúcar si el Servicio Nacional de Aduanas no lleva a cabo una clasificación, si no entiende el concepto de preparación alimenticia y si no toma en cuenta que en la discusión sobre las bandas de precios se dio, precisamente, el ejemplo de las mezclas de azúcar con cacao, porque suponíamos lo que iba a suceder. Esa fue la razón de la carta de los senadores y diputados al Presidente de la República haciéndole presente la situación.
Creo que si hoy no zanjamos esta discusión, debería efectuarse votación separada. Si no llegamos a acuerdo al interior del Congreso y del Ejecutivo estaremos vulnerando las bandas de precios.
En consecuencia, solicito a los parlamentarios de los sectores urbanos y rurales que aprueben este informe complementario y que, de una vez por todas, respetemos lo que hemos aprobado.
He dicho.
Aplausos.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en verdad, ya se ha dicho todo: cómo actuó la Comisión y cómo se generó la investigación.
Los integrantes de la Comisión de Agricultura, atendiendo un reclamo del gremio de los camioneros, concurrimos a la aduana de Los Andes donde pudimos comprobar personalmente las deficiencias que presentaba ese recinto en varios aspectos. De hecho, durante el transcurso de la investigación se fueron subsanando muchos de los problemas detectados, como la inexistencia de control de pesaje de camiones o el control de sólo 500 de los camiones que ingresaban en determinado lapso a Chile, con una suerte de predeterminación de alrededor de diez días respecto de la fecha en que debían ingresar, lo que les permitía a estos calibrar su carga con el tonelaje justo.
Evidentemente, esa no es la misión del Servicio Nacional de Aduanas, pero reitero que la situación se ha ido corrigiendo y esperamos que con la nueva aduana de Los Andes pueda ir mejorando.
Pero aquí estamos ante dos posturas. Según vislumbro, en el Congreso Nacional existen dos posiciones, como consecuencia de intereses diferentes. Hago un llamado a los colegas parlamentarios, en cuanto a que es necesario hacer cumplir la ley, porque se está vulnerando la normativa que fijó las bandas de precios, que costó mucho esfuerzo sacar adelante.
El director del Servicio Nacional de Aduanas está actuando en forma parcial y no está cumpliendo las leyes al tipificar de acuerdo con su criterio que, al parecer, no da garantía a los productores chilenos, sino, por el contrario, a los extranjeros.
Con esto no quiero sacar a relucir patriotismos trasnochados. Lo digo porque, por ejemplo, en enero y febrero ingresaron por la aduana de Osorno camiones con harinilla de trigo. Entonces, los gremios de la zona tuvieron que sacar muestras del producto no la aduana, que lo clasificó como harinilla de trigo y laboratorios independientes de universidades independientes determinaron que era harina. Por lo tanto, esa importación estaba evadiendo la banda de precios del trigo, lo que nos lleva a concluir que existe parcialidad, por un lado, respecto del criterio empleado y, por otro, respecto de la defensa de los intereses de Chile.
Por eso, quiero reiterar que el director nacional de Aduanas no está cumpliendo las leyes y está perjudicando a los agricultores de Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, sólo para hacer un par de reflexiones.
Primero, cuando los diputados de la Comisión de Agricultura fueron al paso Los Libertadores, no lo hicieron para conocer la situación administrativa de los funcionarios y cómo operaban el SAG y los demás servicios que allí funcionan. Fundamentalmente, visitaron el paso Los Libertadores y la aduana de Los Andes por el tema de las mezclas.
Me pregunto qué sentido tuvo realizar, hace dos años y medio, tomas de carreteras, paros de agricultores de la zona central sur y múltiples reuniones con los ministros políticos y de Hacienda y de Agricultura. ¿Qué sentido tuvo ese gran esfuerzo si, tal como se ha afirmado hoy, al final se sigue haciendo lo mismo?
Hace dos años y medio les señalé a los amigos remolacheros que debíamos realizar una modificación fundamental en la ley de aduanas, a fin de cambiar la frase conflictiva en el artículo correspondiente, para evitar que siguiera ingresando mezcla, y acatar el acuerdo político elaborado en torno a las bandas de precios. Incluso, fijamos cuotas para la mezcla que ingresaría al país y determinamos cómo se repartiría.
El hecho de que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural se constituyera en el paso Los Libertadores se debió a esta materia, lo cual por cierto que mejoró muchas cosas en este servicio, especialmente en cuanto a la fiscalización y a la infraestructura. A buena hora. Me alegro de que, a partir de esa visita de la Comisión, se haya mejorado la situación y se produjeran compromisos.
Se debe apuntar al fondo del tema, porque, objetivamente, se perjudica a una parte de la producción nacional, en especial a los agricultores remolacheros.
El ejercicio y los esfuerzos desplegados hace dos años y medio no sirvieron de nada, porque no se han cumplido los compromisos. Y una parte importante de esta Corporación pide que esos acuerdos políticos se cumplan y se vaya al fondo del tema.
Algunos se preguntan por qué los productores no recurren a los tribunales y por qué no hacemos algo distinto a lo que hoy estamos verificando en esta sesión. En ese entonces creímos que lo que se había convenido con los ministros de Hacienda y de Agricultura es decir, con el Gobierno había quedado muy claro.
Objetivamente, para la mayoría de los diputados presentes este punto es crucial y, por ello, será aprobado. Éste es el tema central de esta Comisión Investigadora y de esta sesión.
No le echo la culpa al Servicio Nacional de Aduanas. No estamos culpando a directores o a una institución específica. El fondo del asunto es que se debe modificar la ley de aduanas en un punto, en un artículo muy sencillo, porque no podemos permitir que los acuerdos políticos y las normas que establecimos como caballeros sean vulneradas a la vuelta de la esquina.
Por lo anterior, aprobaré el informe complementario.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Cerrado el debate.
Recuerdo a los señores diputados que la votación del informe se realizará alrededor de las 13 horas.
Posteriormente, la Sala votó esta materia en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, le solicito que nos aclare cómo se realizará la votación, porque tenemos dos informes: el original, que fue conocido por la Sala el 12 de abril, sin que se votara, y el complementario.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Efectivamente, vamos a votar el informe original, pues si bien ya fue conocido por la Sala, no fue votado en esa oportunidad, ya que se quería buscar una fórmula de entendimiento que permitiera subsanar las diferencias o, por lo menos, una mejor comprensión del mismo, razón por la cual fue enviado nuevamente a la Comisión.
En relación con la forma en que votaremos el informe, los jefes de los comités parlamentarios, en sesión celebrada ayer, acordaron por unanimidad votar separadamente el numeral 4 de las conclusiones de ese informe.
Del mismo modo, acordaron que se explicitara del modo más categórico a la Sala que esta resolución, adoptada ocasionalmente con relación al asunto que nos ocupa, se considerará, de acuerdo con el Reglamento, sin fuerza obligatoria para la práctica sucesiva.
De igual manera, la Mesa reitera la necesidad de mantener en lo sucesivo la unidad de los informes de las comisiones, por lo que se declara que cualquier resolución futura sobre situaciones similares será consultada siempre con los jefes de los Comités parlamentarios.
En votación las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes, con excepción de la contenida en su numeral 4.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , ÁlvarezSalamanca , Álvarez , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Kuschel, Leal , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Muñoz (don Pedro) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
Votó por la negativa el diputado señor Pérez (don José ).
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el numeral 4 de las conclusiones del informe.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señores diputados, debido a las abstenciones, el numeral 4 no ha alcanzado mayoría.
Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ÁlvarezSalamanca, Araya , Becker , Bertolino , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Egaña , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Jaramillo , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Martínez , Masferrer , Monckeberg , Ojeda , Olivares, Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Sánchez , Sepúlveda (doña Alejandra), Tarud , Tuma , Ulloa , Urrutia , Varela , Vilches y Von Mühlenbrock.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Ascencio , Burgos , Bustos , Díaz , Errázuriz , Escalona , Espinoza , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jarpa , Leal , Luksic , Meza , Molina , Montes, Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Riveros , Robles, Rossi , Salaberry , Salas , Seguel , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Valenzuela , Venegas y Walker.
Se abstuvieron los diputados señores:
Bayo , Forni , Melero , Norambuena y Vidal (doña Ximena).
INFORME DE LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS ACERCA DEL DESARROLLO DE UN MERCADO SECUNDARIO DE CARÁCTER ESPECULATIVO DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
A continuación, corresponde tratar el informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos acerca del desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola.
Antecedentes:
- Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 73ª, en 10 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Diputado informante es el señor Carlos Recondo, quien dispondrá de quince minutos.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, me corresponde dar cuenta del informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos acerca del desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola.
Tal como se señala en el informe, la Comisión se constituyó en investigadora por mandato de la Sala, que aprobó un proyecto de acuerdo patrocinado por los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Ceroni, don Guillermo ; Escalona, don Camilo ; Jaramillo, don Enrique , y Ortiz, don José Miguel .
El proyecto de acuerdo establece:
“Considerado:
Que el Estado de Chile, prácticamente a título gratuito, entrega a los particulares que lo solicitan concesiones de explotación de recursos hídricos.
Que los titulares de las concesiones, una vez que las han obtenido, sólo deben pagar al Estado una patente de explotación de baja cuantía.
Que se ha denunciado públicamente, a través de un reportaje periodístico, publicado por el diario “El Mercurio”, la existencia de un verdadero mercado secundario de las concesiones en tramitación.
Que esta situación, si bien puede ser legal, en la práctica resulta cuestionable en su legitimidad, por el enriquecimiento sin causa e ilegítimo que implica para los titulares que se dedican a especular con sus concesiones.
La Cámara de Diputados acuerda mandatar a su Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos con la finalidad de que, en un plazo de noventa días corridos, efectúe una investigación a fondo sobre el desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola”.
Es importante señalar cómo se desarrolla la acuicultura y por qué se puede derivar en un mercado especulativo de las concesiones.
La acuicultura se desarrolla en espacios que están sometidos a distintos estatutos jurídicos.
Si la actividad se desarrolla en cuerpos o cursos de agua que constituyan bienes nacionales que se encuentran sometidos a la jurisdicción de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, se requiere de una concesión acuícola otorgada por esta Secretaría de Estado para desarrollarla.
Si la actividad tiene lugar en cursos o cuerpos de agua que constituyan bienes nacionales y que no sean de la jurisdicción de la Subsecretaría de Marina, se requiere de una autorización de acuicultura otorgada por la Subsecretaría de Pesca para desarrollarla.
También se requiere de una autorización de acuicultura cuando la actividad se desarrolla en terrenos privados con abastecimiento de agua obtenida a través del ejercicio de los correspondientes derechos de aprovechamiento otorgados por la Dirección General de Aguas.
Si la actividad se realiza en un curso o cuerpo de agua que nace, corre y muere dentro de la misma heredad, se requiere sólo la inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura que lleva el Servicio Nacional de Pesca.
Con esto, son muchas las instancias para desarrollar esa actividad, para la cual se requiere de una autorización o una concesión acuícola.
Ahora bien, la concesión de acuicultura está definida en el número 13 del artículo 2º, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, como el “acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo indefinido sobre determinados bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de acuicultura”.
Ésa definición de concesión de acuicultura es necesaria e indispensable para desarrollar la actividad acuícola.
Titulares de una concesión de acuicultura, de acuerdo al artículo 71 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sólo podrán ser las siguientes personas: personas naturales chilenas; personas naturales extranjeras que dispongan de permanencia definitiva, y personas jurídicas que sean chilenas constituidas según las leyes patrias. Si la persona jurídica tiene participación de capital extranjero, será necesario que éste haya sido debidamente aprobado en forma previa por el organismo oficial apropiado para autorizar la correspondiente inversión extranjera de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes.
Lo engorroso del procedimiento para el otorgamiento de una concesión de acuicultura es una de las razones dadas para que se genere una suerte de mercado especulativo.
Por tanto, las concesiones de acuicultura son otorgadas mediante resolución de la Subsecretaría de Marina. El procedimiento está rigurosamente regulado en la Ley General de Pesca y Acuicultura y, fundamentalmente, en el reglamento de concesiones y autorizaciones de acuicultura, contenido en el decreto supremo Nº 290, de 1993, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Actualmente, debe agregarse al procedimiento la regulación establecida en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, contenido en el decreto supremo Nº 30, de 1997, modificado por decreto supremo Nº 95, de 2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Así, establecido en esa normativa el procedimiento para obtener concesiones, cada titular tendrá las siguientes obligaciones: publicar un extracto de la resolución que otorga la concesión, pagar la patente única el no pago de la patente única de acuicultura constituye una causal de caducidad de la concesión, inscribir la concesión en el Registro Nacional de Acuicultura, solicitar la entrega de la concesión, iniciar y mantener operaciones, informar su operación, en fin.
A su vez, de la concesión emanan derechos del concesionario. Entre ellos, ejercer la actividad de acuicultura respecto de la o las especies autorizadas, sin más limitaciones que las establecidas en la ley general. La concesión de porciones de agua y fondo otorga por sí sola a su titular el privilegio del uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada, verticalmente, por la superficie de la porción de agua concedida. Son muy importantes las características que tienen estas concesiones de acuicultura.
A modo de resumen, se pueden precisar las siguientes características de las concesiones de acuicultura: las otorga la Subsecretaría de Marina; otorgan a su titular un derecho real administrativo: el uso y goce de un sector de bien nacional; se otorgan para desarrollar actividades de acuicultura; son indefinidas, aunque sujetas a causales de caducidad; su trámite es gratuito; se resuelven de acuerdo al orden de presentación de la solicitud; son transmisibles, y son transferibles y susceptibles de ser entregadas en arriendo y comodato.
De acuerdo con el tiempo que se me ha otorgado, no podría detallar el procedimiento engorroso, complejo y burocrático que implica la tramitación de una concesión acuícola. Sin embargo, en el informe que tienen los señores diputados en su poder, en la página 15, aparece el diagrama de flujo.
La Comisión Investigadora escuchó a las siguientes autoridades expertas en esta materia: al subsecretario de Pesca, don Felipe Sandoval ; al subsecretario de Marina, don Carlos Mackenney , y a distintos asesores, y al subdirector de Avaluaciones de Impuestos Internos, don Ernesto Terán . Asimismo, al gerente general de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, don Rodrigo Infante , y los abogados asesores de dicha agrupación, señores Javier Ovalle y Álvaro Varela .
El señor Ricardo Norambuena , jefe del Departamento de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, entregó algunos antecedentes importantes.
En primer lugar, afirmó que el total de solicitantes que han concurrido bajo la actual ley de pesca asciende a la suma de 3.446 personas, que han presentado un total de 11.534 solicitudes.
De los 3.446 solicitantes, el 74 por ciento de ellos corresponde a personas naturales, el 19 por ciento a personas jurídicas y el 7 por ciento a asociaciones artesanales.
El alto porcentaje correspondiente a las personas naturales se debe y esto es muy importante a que la tramitación para ellas resulta mucho más expedita, dado que se le exigen menos requisitos que a las personas jurídicas. Por ello, muchas empresas optan porque sus gerentes o algunos de sus funcionarios presenten las solicitudes, a fin de evitar someterse al engorroso procedimiento contemplado para las personas jurídicas.
Por otra parte, de las 15.534 solicitudes presentadas, el 57 por ciento corresponde a personas naturales, el 40 por ciento a personas jurídicas y sólo el 3 por ciento a asociaciones artesanales.
En las páginas 18 y 19 del informe aparecen cuadros resumen sobre el número de solicitudes presentadas, el número de solicitudes autorizadas, la forma como se han concentrado esas solicitudes en las distintas empresas y las personas naturales que las han solicitado.
El jefe del Departamento de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca expresó, asimismo, que en la actualidad existen alrededor de 2.400 concesiones vigentes y que, con todo, día a día esa cifra va cambiando, porque periódicamente se acogen y caducan nuevas concesiones.
Por su parte, la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señorita Jessica Fuentes , aseveró que son varias las causas que dan origen a la existencia de este mercado secundario especulativo. Entre las más importantes señala las siguientes:
a)La presentación de solicitudes es un trámite gratuito para el solicitante. El único costo estaría constituido por la confección de los planos que, por lo general, son bastante sencillos.
b)Los lugares respecto de los cuales se pueden presentar solicitudes de concesión son limitados.
Por ello, en la medida que existan varias presentaciones, las que pueden superponerse unas con otras, se genera una tramitación imposible o muy difícil de resolver en un breve tiempo, por cuanto no se puede iniciar el estudio de una solicitud sin que antes se haya resuelto la que la precedía.
Esta situación se agrava con la entrada en vigencia de la ley de bases del medio ambiente y su reglamento, ya que al someterse los centros de cultivo al sistema de evaluación de impacto ambiental, se requiere el pronunciamiento de la Comisión Regional del Medio Ambiente.
Estos trámites conllevan, en general, una demora de dos a tres años en la tramitación de la concesión acuícola.
Ello se ha traducido en la aparición de un grupo de personas que se han transformado en “expertos” en la tramitación de concesiones acuícolas, quienes ofrecen a los posibles interesados una solicitud que eventualmente sería aprobada, comprometiendo su venta a través de un contrato de promesa.
Mencionó que existe un acuerdo con los actores del sector involucrado, vale decir, salmoneros y acuicultores de ostiones y choritos, en los siguientes términos:
a)Extender los plazos para iniciar la explotación de la concesión, a fin de evitar la caducidad de la misma.
b)Cobrar una tasa de inscripción para iniciar el trámite, que ascienda a una suma cercana a los diez mil dólares. La persona que inicia la operación de la concesión, luego de un lapso, recibe el reintegro de la mitad de la suma pagada por concepto de inscripción.
La Subsecretaría de Marina coincide en estos criterios, que son fundamentales, y en las razones por las cuales se ha generado el mercado especulativo.
A continuación, daré a conocer algunas conclusiones de la Comisión.
El desarrollo de la acuicultura, en los últimos diez años, la ha posicionado como una de las actividades económicas relevantes del país debido, fundamentalmente, a las ventajas comparativas que ofrece nuestro territorio, a la política económica nacional favorable a las inversiones y a la existencia de una demanda internacional insatisfecha.
En 2003, el valor de las exportaciones de este sector representó el 6 por ciento del total de productos exportados a nivel nacional, superando el de la pesca y representando el 56 por ciento del total de ambos sectores.
En este contexto, la acuicultura es una actividad que requiere la utilización de recursos ambientales, fundamentalmente el medio acuático, cuya característica fundamental es que se trata de bienes nacionales de uso público y, por ende, debe someterse a las figuras legales que permitan al Estado traspasar el uso exclusivo de estos bienes a quienes ejerzan la actividad.
Antes de 1991, la entrega en exclusividad de sectores marítimos, fluviales o lacustres, se regía por las disposiciones de las concesiones marítimas. Esta situación cambió con la modificación introducida a la Ley General de Pesca y Acuicultura que creó un estatuto especial, contemplando una serie de instrumentos para promover el desarrollo de la actividad.
Entre los mecanismos que se previeron en el referido cuerpo legal, cabe señalar la figura de la concesión y autorización de acuicultura de carácter indefinido pero sometidas a causales de caducidad.
El análisis sistemático de las diferentes aseveraciones contenidas en el proyecto de acuerdo, a la luz de los antecedentes analizados en los capítulos anteriores, especialmente en sus considerandos, ha permitido que la Comisión efectúe las siguientes conclusiones:
La existencia de actividades especulativas en torno a las concesiones de acuicultura. Ésta se ha generado en atención al excesivo tiempo que demora la tramitación de dichas concesiones.
Ello ha significado el surgimiento de agentes que se dedican a presentar solicitudes con la sola intención de transferirlas al mejor oferente en el momento de obtenerlas y, como para las personas naturales es más fácil conseguirlas, las empresas recurren a ellas.
Al tenor de todos los antecedentes y testimonios recibidos durante la investigación, los miembros de la Comisión acordaron efectuar las siguientes proposiciones:
Solicitar al Ejecutivo esto es lo más relevante la presentación de un proyecto de ley que modifique el sistema de otorgamiento de las concesiones acuícolas, contemplado en la ley General de Pesca y Acuicultura. Esta iniciativa debe contener, entre otras, las siguientes medidas:
Fijación de restricciones a la transferencia de concesiones; ampliación de plazos para iniciar las actividades; agilización de los trámites se deben simplificar; modificar las normas sobre causales de caducidad; solicitar al Ejecutivo la dictación o modificación de las normas reglamentarias que permitan el ejercicio de una mejor fiscalización; solicitar al Ejecutivo que implemente medidas tendientes a establecer una cartografía moderna, y, por último, solicitar al Poder Ejecutivo que transparente toda la información disponible en el sistema, publicando en internet las concesiones otorgadas, con sus respectivas coordenadas y el nombre de sus titulares, junto con la totalidad de las solicitudes en tramitación.
Finalmente, informo a esta honorable Sala que existe hoy un acuerdo amplio sobre la necesidad de un proyecto de ley. Está el borrador del proyecto de ley y el Ejecutivo se ha comprometido, después de las semanas distritales, a ingresar a esta honorable Cámara el proyecto que permita clarificar, en alguna medida, el mercado secundario de concesiones y agilizar la tramitación de éstas para desarrollar la actividad de la acuicultura, de manera de evitar el mercado especulativo que se ha generado.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a mi colega Carlos Recondo por su informe sobre la misión que la Sala encomendó a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y por su contundente y clara explicación sobre las distintas situaciones que en la actualidad impiden obtener con agilidad una concesión acuícola, tan importante para el desarrollo de nuestra economía, especialmente en aquellos sectores donde está instalada la gran infraestructura productora de salmones, fuerte de la acuicultura del país.
En la Décima y Undécima regiones, por ejemplo, se han establecido plantas productoras de salmones que han significado la solución a la cesantía tradicional, a las formas de trabajo sin resguardo previsional, a los tremendos esfuerzos para desplazarse en áreas despobladas, especialmente de las zonas de Chiloé y de Aisén. Asimismo, han permitido que nuestro país se haya convertido en unos de los principales exportadores de este producto tan apetecido y ya estamos superando los mil millones de dólares en exportaciones. Por eso, es importante regularizar el carácter especulativo que han alcanzado las concesiones de explotación acuícola. Así lo entendió la Comisión y en esa dirección se orientó el trabajo de un número significativo de personas relacionadas, las que, junto con la Subsecretaria de Pesca, conciliaron posiciones para dar lugar a un mensaje del Ejecutivo que recoja los planteamientos de todos lo actores involucrados.
También quiero destacar la participación de mis colegas de la UDI, por su consecuencia y permanente presencia en la Comisión para trabajar con seriedad y dar respuesta a todos quienes trabajan en la acuicultura, incluso a aquellos que no tenían trabajo, previsión ni esperaban días mejores. Hoy los tienen, y lo hemos comprobado, porque visitamos la ma¬yor parte de las plantas y trabajamos junto a ellos para poder responder a la voluntad de invertir en un país tan alejado como el nuestro, en una actividad tan relevante, cuyo creci¬miento anual es de 15 por ciento, aproximadamente. Los valores de mercado también se mantienen en términos muy positivos. Por lo tanto, debemos apoyar a quienes invierten, dándoles la seguridad de que obtendrán una concesión en debida forma, evitando a los especuladores que tratan de obtener pingües beneficios encareciendo los costos para quie¬nes invierten en un ámbito riesgoso y no en¬tienden que se debe trabajar para el conjunto.
Por eso, estoy muy conforme con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría de Pesca. He sido crítico en otras oportunidades, por razones muy poderosas también, pero, hidalgamente, reconozco que sus representantes han estado atentos y dado la importancia que el caso requiere.
Espero que pronto contemos con el mensaje del Ejecutivo para tratarlo a la brevedad y tener una ley de concesiones que, por una parte, aleje definitivamente a los especuladores y, por otra, permita continuar el desarrollo de la acuicultura, especialmente en lo que se relaciona con la crianza de salmones.
Felicito a la Subsecretaría de Pesca por haber agilizado las soluciones, de manera de regularizar la situación en el menor tiempo posible.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar el hecho de que esta Cámara haya tomado la decisión de tratar un tema tan importante como es el manejo especulativo de las concesiones de explotación acuícola.
Debemos tener presente que, fundamentalmente en la zona sur austral, gran parte del crecimiento económico, de la actividad empresarial y de la actividad económica productiva, se ha ido gestando a través del uso de porciones de agua de lagos, ríos o mares para generar empleos. En el caso específico de la industria del salmón, son cerca de cuarenta y cinco mil las personas que laboran directamente en la industria, más quienes prestan servicios, que genera exportaciones del orden de los 1.500 millones de dólares. Pero, muchas veces, el desarrollo sostenido de esta actividad se ve entrabado por el mal uso o abuso de las normas de otorgamiento de concesiones.
Al analizar el informe, uno queda realmente impresionado de que personas naturales, sin ejercer actividad productiva alguna en el rubro acuícola, tienen ingresadas doscientas veinte solicitudes de concesiones, prácticamente el 5 por ciento del total de las que se están tramitando. Hay que terminar con esto. Pero para ello se requiere superar las trabas administrativas existentes para obtener una concesión, trabas que hacen extremadamente largo el proceso y que permiten que personas que se especializan en el trámite de concesiones inicien negociaciones con quienes efectivamente se van a dedicar a la explotación de la concesión, lucrando con ellas a través de la especulación.
A mi juicio, una de esas trabas es la participación de muchos entes públicos en el otorgamiento de una concesión, como el Sernapesca, la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Marina. En cada una de estas entidades el trámite demora una cantidad no despreciable de días, incluso de meses. A lo mejor, se podría incluir en el proyecto de ley que el Ejecutivo se comprometió enviar al Congreso para corregir esta materia la creación de un ente con capacidad resolutiva para darle mayor agilidad al proceso.
Se dice que existen limitaciones para evitar la especulación, pero ha quedado demostrado que son un total y absoluto fracaso.
¿Qué se exige para mantener una concesión acuícola? Ejecutar las actividades comprometidas para el primer año de operación y evitar paralizar las actividades productivas por dos años consecutivos. De lo contrario, se pierde el derecho.
Porque quienes se dedican a la especulación conocen muy bien esas normas, cuando está a punto de vencer el período del año inicial, solicitan una reconsideración, cuya resolución generalmente demora entre cuatro a seis meses. Así van ganando tiempo, hasta dos o tres años más, hasta lograr un buen negocio con esa actividad.
Por eso, comparto plenamente algunas conclusiones que se señalan en el informe, como establecer un costo al trámite de solicitud de la concesión. De esa manera, se obligará a arriesgar un cierto capital que, de una u otra forma, hará menos rentable la especulación. También comparto las proposiciones de fijar restricciones a la transferencia de concesiones, exigiendo la explotación continua de dos o tres años, lo que obligará a su titular a dedicarse efectivamente a la actividad y no sólo ejercerla en el papel, evitando así un lucro indebido de la concesión; y de ampliar los plazos para la suspensión de actividades, medida que contribuirá a dar ciertos aires de renovación a los centros de cultivo, que requieren de períodos de descanso suficientes, desde el punto de vista medioambiental, para recuperarse y tener una producción futura más limpia.
Como es lógico, todo lo anterior pasa por agilizar los trámites. Las actuales demoras de cinco años para obtener una resolución permiten que el mercado especulativo surja en gloria y majestad.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, como parlamentario de la Décima Región de Los Lagos, lamento que tengamos tan poco tiempo para analizar el extenso informe de la Comisión de Pesca sobre un sector que aporta miles de millones de dólares al país. Cuando se trata de problemas que afectan a sectores de tanta importancia para nuestra economía, debemos darnos más tiempo para su discusión.
En agosto pasado, me alarmé por el contenido de un reportaje aparecido en un medio de comunicación de circulación nacional que daba cuenta que un grupo de personas se dedicaban a vender concesiones acuícolas y a especular con ellas al límite de la ley. En esa oportunidad, comprobé personalmente que, a través de internet, se ofrecían, a inversionistas nacionales y extranjeros, concesiones de pequeñas parcelas de mar en varios cientos de miles de dólares; y lo hacían particulares que decían ser sus dueños.
Esta situación me motivó a presentar un proyecto de acuerdo para mandatar a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos a que investigara ese mercado secundario, que no sólo lesiona severamente la institucionalidad pública, sino que provoca perjuicios en personas emprendedoras decentes que quieren desarrollar proyectos de inversión en la acuicultura, actividad económica pujante y con tremendo futuro.
Según lo han reconocido la Subsecretaría de Pesca, autoridad a cargo del área, y las asociaciones gremiales que agrupan a los empresarios acuícolas del país, en los últimos años ha venido operado un mercado secundario informal de concesiones acuícolas, conformado por personas que, en forma concertada, presentan ante la autoridad solicitudes de concesiones para acumularlas y luego venderlas al mejor postor. Si bien estas personas o empresas no han transgredido flagrantemente la ley, porque la concesión y sus derechos constituyen un bien que se puede transferir libremente, situación que, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, se denomina ejercicio abusivo de un derecho, dicha actuación es ilegítima y jurídicamente reprochable, toda vez que con ella se obtienen beneficios económicos en perjuicio del sector y los inversionistas, que ante la urgencia de desarrollar sus proyectos, terminan comprando las concesiones a las personas que las han acumulado en los últimos años.
La existencia de ese mercado especulativo radica en la tardía reacción del Estado ante los desafíos que planteaba el desarrollo de la industria acuícola.
Según se establece en el informe, y como lo ha reconocido la propia autoridad en la Comisión, en 1995, al entrar en vigencia la Ley General de Pesca y Acuicultura, se produjo una avalancha de solicitudes al señalarse las áreas para ejercer la acuicultura. En ese momento, el Gobierno debió haber hecho algo muy sencillo: dotar a la Subsecretaría de Pesca en esa época crecía; hoy es enorme de los medios materiales y humanos para evitar el colapso del sistema y la demora cada vez mayor de los expedientes concesionados. Recién en 2004 se hizo algo; se contrató más personal y las demoras se redujeron de cuatro años, como promedio, a uno o dos, con suerte.
En el intertanto, los especuladores vendían sus lugares a la larga lista de interesados en una concesión. Pero más que la concesión, los especuladores venden el tiempo que llevan esperando para la aprobación de los proyectos.
El diputado señor Alvarado describió muy bien la situación al señalar que hay 220 solicitudes que no se sabe a quién corresponden pero sí de donde vienen. Se trata de personas que jamás han estado en el sector pesquero ni han invertido en la industria acuícola. Sólo el tiempo dirá si en este caso hubo negligencia o burocracia.
El subsecretario de Pesca dijo en la Comisión: “Sabemos quienes son los que se dedican a pedir concesiones para especular; que este problema se origina en el marco regulatorio y en la falta de personal; sabemos que esta situación provocaba daños en la industria y en la institucionalidad del Estado; sabemos que esto es ilegítimo”. Lo dijo la autoridad.
Me reservo mis conclusiones. Cada uno sacará las suyas y concluirá si hubo negligencia, burocracia o si el crecimiento del sector produjo esta enorme y peligrosa especulación para quienes trabajan en uno de los sectores económicos más importantes del país.
Sin entrar al mérito de las posibles soluciones planteadas, no sé si cobrar por entrar al sistema perjudicará severamente a los pequeños emprendedores y, sobre todo, a los pequeños pescadores artesanales que, agrupados en caletas, también tienen derecho a reconvertirse a la acuicultura. Eso lo dirá la historia de este sector que, pese a sus pocos años, ya es prioritario para nuestra economía.
No basta con decir que los especuladores se aprovechan de los déficit existentes, pues cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo sabe que cuando el Estado quiere dificultar el accionar de esta clase de personas, lo hace a través de exigir más papeles, demorar las decisiones, es decir, burocratizando el sistema. Para este tipo de gente debiera imperar la burocracia.
Los especuladores no sólo constituyen una amenaza para el sistema de concesiones del Estado, sino también para la probidad pública. Por eso, hay que poner término a esta situación ahora y no en uno o dos años más.
Me alegra saber que el Ejecutivo pronto enviará al Congreso Nacional un proyecto sobre el tema.
Por último, anunció mi voto favorable al informe de la Comisión.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación las proposiciones del informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos acerca del desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cubillos (doña Marcela) , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Leal , Leay , Letelier (don Felipe) , Longueira , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily ), Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rossi , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 12.54 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 112a Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 3 y el 8 de abril del año 2005, en Manila, Filipinas.
“Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
Vuestra delegación de parlamentarios que concurrió a la 112a Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada en la ciudad de Manila, Filipinas, entre el 3 y el 8 de abril, pasa a informaros sobre su cometido.
I. NÓMINA DE LA DELEGACIÓN.
El Congreso Nacional estuvo representado por los senadores señores Edgardo Boeninger Kausel, Roberto Muñoz Barra, Baldo Prokurica Prokurica (Presidente de la delegación) y por los diputados señora Isabel Allende Bussi y los señores Guillermo Ceroni Fuentes, Pablo Lorenzini Basso, Fernando Meza Moncada, Nicolás Monckeberg Díaz, Iván Norambuena Farías y Gonzalo Uriarte Herrera.
II. 176a SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Nuestro país estuvo representado por los senadores señores Boeninger, Muñoz Barra y por el diputado señor Lorenzini
El Presidente de la UIP, senador señor Sergio Páez informó sobre la labor realizada desde la última Asamblea, donde destacó visitas realizadas a tres continentes, el desarrollo de actividades relativas a reforzamiento de las políticas que conciernen a la institucionalidad de la UIP para el cumplimiento de sus cometidos en cuanto al desarrollo de objetivos como la obtención de la paz en todas las regiones del mundo.
Es así, como efectuó visitas a Naciones Unidas durante la Asamblea General, ocasión donde se desarrolló la reunión anual de los parlamentarios con el alto comisionado, dentro del marco de cooperación. También, se abordó el tema relativo a la Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos, que se llevará a cabo en Nueva York, en el mes de septiembre y también, sobre participación en el debate sobre la evaluación de las metas del milenio.
Además, se refirió a otras reuniones sostenidas en Japón, con el Primer Ministro, y con los Presidentes de ambas ramas del Parlamento; en Bruselas con ocasión de la reunión parlamentaria que se desarrolló bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio y cuyo objetivo fue hacer un seguimiento de los acuerdos adoptados en Doha y preparar la próxima reunión de Hong Kong y finalmente, una visita realizada a Arabia Saudita, donde sostuvo importantes reuniones con altas autoridades.
Asimismo, el señor Presidente informó sobre su participación en la Cuarta Conferencia Interparlamentaria sobre seguridad y cooperación en el Mediterráneo, y en relación con las reuniones sostenidas en Naciones Unidas, dentro del marco de la cooperación entre ambos organismos, donde pueden destacarse las siguientes:
-Participación en la Asamblea General, donde se firmó una resolución de cooperación entre ambos organismos, que fue patrocinada por más de 100 Estados Miembros.
-Panel sobre relaciones entre ONU y la sociedad civil y parlamentarios.
-Conferencia relativa al desarme y paz durable y la definición del rol parlamentario.
-Reunión parlamentaria con ocasión del 49° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, denominada Beijing + 10.
-Participación en otras reuniones cuyo listado se adjunta como anexo N° 1.
En cuanto a las reformas a los estatutos de la UIP, informó sobre una relativa a otorgar facilidades a ciertos países que se encuentran en situación de mora con respecto al pago de sus contribuciones, y que han sido suspendidos por esta razón, y que deseen reafiliarse, puedan hacerlo bajo ciertas condiciones previo acuerdo del Comité Ejecutivo, reforma que será sometida a la consideración de la 113a Asamblea, en Ginebra. En otro orden de materias, informó asimismo, sobre acciones desarrolladas para reforzar la democracia y las instituciones parlamentarias, donde la UIP brindó asistencia a países como Nigeria, Pakistán, Kosovo, Timor Oriental, Uruguay y otros.
III. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA 112a ASAMBLEA DE LA UIP.
La ceremonia inaugural se llevó a cabo el domingo 3 de abril y contó con la participación de la Presidenta de Filipinas, señora Gloria Macapagal Arroyo, del Presidente del Senado de Filipinas, señor Franklin M. Drilon, del Presidente de la Unión Interparlamentaria, senador señor Sergio Páez, y del Secretario General de la UIP, señor Anders Johnsson, entre otras autoridades. En síntesis las alocuciones se refirieron a la importancia que reviste el tema elegido para el debate general, y a los temas de las tres comisiones y de los paneles, destacando la relevancia de los mismos dentro del contexto mundial.
IV.AGENDA DE LA 112a ASAMBLEA.
1) Elección de Presidente de la Asamblea.
En esta oportunidad presidió la Asamblea, el Presidente del Senado de Filipinas, señor Franklin M. Drilon.
2) Inclusión de puntos suplementarios de urgencia.
En total se presentaron 8 solicitudes, las cuales versaron en torno a los desastres naturales. Fueron presentados por Sri Lanka, Algeria, Japón, Hungría, Turquía, Indonesia, República Islámica de Irán y Chile.
Nuestro país presentó una solicitud denominada “Creación de un fondo parlamentario en la UIP para ir en ayuda de países devastados por catástrofes naturales”.
En razón de que todas las solicitudes recayeron sobre la misma materia, se acordó refundirlas en una propuesta única, titulada “Desastres naturales: el rol de los Parlamentos en la prevención, rehabilitación, reconstrucción y protección de los grupos vulnerables”, cuya redacción final estuvo a cargo de un Comité de Redacción, en donde se formulan variadas consideraciones para luego establecer 15 numerales, entre los cuales se pueden destacar el que compromete a la comunidad internacional a reafirmar la voluntad de prevenir las catástrofes, en la medida de lo posible y de reducir al máximo los efectos inevitables, aprovechando las experiencias del pasado de manera de reducir lo más posible las pérdidas humanas.
También, se hace un llamado a los países para instaurar sistemas de coordinación destinados a la prevención, a compartir experiencias, tecnología e información con la finalidad de poner en práctica un sistema de alerta rápida para el caso de fenómenos como los tsumanis en la región del Océano Indico, cuya administración estaría en manos de Naciones Unidas, especialmente por las Comisiones de Oceanografía Intergubernamental de Ciencias y de Educación y por el Secretariado de Estrategia Internacional para la prevención de catástrofes, y con participación de otros importantes organismos, como la Cruz Roja y otros.
Desde otro punto de vista, también, se recalca la necesidad de instaurar planes de protección y supervivencia para niños, la adopción de medidas tendientes a la reunificación familiar en casos de pérdida de vidas humanas, de creación de alberges temporales para las familias monoparentales, de ayuda sicológica y de programas contra las enfermedades infecciosas y relativas a ayuda alimenticia. Asimismo, de practicar las reformas judiciales necesarias para hacer frente a este tipo de catástrofes, como pudieran ser los procesos de adopción, y en general sobre apoyo financiero por parte de las principales instituciones financieras, para que este sea otorgado en forma rápida y oportuna, velando por que estos fondos sean usados para los fines pertinentes y dentro de un marco de transparencia.
Finalmente, la resolución adoptada invita a todos los Parlamentos miembros de la UIP a adoptar todas los aspectos que ella aborda, reafirmando su voluntad para concretizar las iniciativas que ella enumera, especialmente en períodos de extrema urgencia a fin de preservar el carácter sacro de la vida, de atenuar los sufrimientos humanos y de defensa de la dignidad de todos.
Sometido a la consideración de la Asamblea, fue ampliamente ratificado, en los términos que se consigna el anexo N° 2.
3) Debate general.
El tema objeto del debate general fue “Incidencia de las políticas nacionales e internacionales en la situación de las mujeres”. Dio inició al debate la Directora General de la Unicef, señora Carol Bellamy, quien en síntesis destacó que la mortalidad infantil había disminuido en un 18% desde el año 1990, pero que la marginalización y la explotación de niños persistía.
Apeló a emplear el poder en pos de mejoras duraderas para los niños. Destacó que en vez de actos de caridad, se requiere de actos tendientes a perfeccionar la legislación y adoptar el liderazgo por parte de los parlamentarios en este tipo de materias. Por eso, señaló que tanto los gobiernos como la sociedad civil tienen un importante rol que jugar, pero que todo avance positivo en ese sentido requiere de una legislación adecuada.
Asimismo, señaló que los parlamentarios tienen el derecho de investigar todo el espectro social, lo que no siempre resulta fácil en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres y niños, puesto que gran parte de los presupuestos se emplea en el ejército y en el aparato burocrático.
Un reciente informe de Unicef detectó que los conflictos armados, la pobreza y el sida son los desafíos claves que enfrentan las mujeres y los niños; a más de un billón de niños se les ha robado su infancia por causa de ellos. La Unicef desea particularmente proteger a los más marginados. Medio millón de mujeres han muerto durante el parto cada año. El sida se ha diseminado más rápidamente entre las mujeres, mientras que el uso de la violación sistemática como arma de guerra ha crecido. Uno de los objetivos del milenio de Unicef ha sido fortalecer a los niños y mujeres. Los resultados hasta ahora han sido disparejos, pero los legisladores del mundo tienen la autoridad para cambiar eso.
También intervinieron los señores Alberto Romulo, Canciller de Filipinas, y Robert Orr Subsecretario General de Planificación de Políticas, en representación del Secretario General de Naciones Unidas.
Chile estuvo representado por la diputada señora Isabel Allende, quien en una destacada alocución, señaló que las buenas intenciones, las declaraciones de principios, las convenciones y proposiciones son desgraciadamente olvidadas muy rápidamente cuando se trata del derecho de las mujeres. En numerosos países, las mujeres continúan siendo discriminadas y siguen siendo objeto de actos de violencia, en razón de lo cual se preguntó el porque de la lentitud de estos progresos y escasa disminución de los actos de discriminación en contra de las mujeres. Ante lo cual, precisó que tal vez faltaba voluntad o tal vez la causa se debería encontrar en un problema de vacío legal o tal vez de carácter cultural.
Destacó los avances experimentados a partir del año 1990 por nuestro país en cuestiones de género, y enumeró los principales cuerpos legales dictados durante el último tiempo, desde donde concluyó que las mujeres comienzan a tener los mismos derechos y deberes que los hombres, lo cual podría explicarse en torno a la adopción de políticas públicas que han jugado un rol preponderante en esta evolución, pese a lo cual quedaba un largo camino por recorrer.
A continuación efectuó una enumeración de las principales reformas constitucionales, la adopción de convenios internacionales, como el relativo a la eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres y su Protocolo Adicional, el que reprime la violencia en contra de las mujeres. Asimismo, lamentó que el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional no hubiera sido aprobado en nuestro país, pese a ser un instrumento que sanciona los actos de violencia contra la humanidad, en circunstancias de que las mujeres son las principales víctimas de ese tipo de crímenes que atentan contra la humanidad, situación que podría revertirse con una modificación constitucional.
Del mismo modo, hizo una enumeración sobre algunos avances en materia de legislación interna, como han sido la nueva ley de matrimonio civil y la que reprime los actos de violencia en contra de las mujeres.
Finalmente destacó que en Chile, desde no hace mucho tiempo el 70% de las mujeres menores de 25 años realizan trabajos no remunerados y las que tienen un trabajo remunerado reciben un 30% menos del ingreso que perciben los hombres por el mismo trabajo, cifra que puede aumentar en un 70% en casos de trabajos de alto nivel.
Desde otro punto de vista, sostuvo que si dentro del mundo entero la mitad, del tiempo del trabajo realizado es efectuado por mujeres, significa que solo un tercio de ese tiempo es remunerado. De acuerdo con los cálculos más objetivos, el cúmulo de estos trabajos no remunerados, se elevaría a la suma de once mil millones de dólares por año.
Concluyó que la tabla de empleo de las mujeres es más baja que la de los hombres.
En otro orden de materias, afirmó que en Chile, más de la mitad de las mujeres señala haber sido víctima de violencia doméstica, ya sea psíquica o física. Más aún, se ha comprobado que las cifras por muerte de mujeres por parte de sus maridos, parejas, etc., ha ido en aumento, lo que da cuenta de la gravedad del problema que conlleva la violencia doméstica, lo que se encuentra lejos de ser solucionado, pese a la legislación existente.
Finalizó su intervención, destacando el hecho de que nuestro país tenga dos candidatas a la Presidencia de la República.
Asimismo, se llevaron a cabo dos paneles, denominados ”Migración y desarrollo” y “Violencia contra las mujeres y los niños en situación de conflicto”, donde nuestro país estuvo representado por los diputados señora Allende y señores Noranbuena y Meza.
4) Comisiones Permanentes.
-La Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional, encargada del tema “El rol de los Parlamentos en el establecimiento y funcionamiento de mecanismos para asegurar el juicio, la condena de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el terrorismo, con el fin de evitar su impunidad”, analizó un informe y una propuesta de resolución elaborada por los señores Hourla Bouhired (Algeria) y Jorge Arguello (Argentina).
Básicamente, el informe parte por afirmar que no existe ninguna justificación para la perpetración de tales crímenes, para lo cual se enumeran todos los instrumentos internacionales sobre la materia partiendo por la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención de Ginebra y sus Protocolos, el Estatuto de Roma y las respectivas resoluciones adoptadas por la UIP, sobre la materia.
Asimismo, se recalca la imprescriptibilidad de tales delitos y la importancia que reviste la creación de la Corte Penal Internacional, ante lo cual formulan un llamado a aquellos Parlamentos que no han ratificado el Estatuto de Roma, para que agilicen los trámites tendientes a su incorporación, como también a adoptar la legislación interna concerniente a dar cumplimiento a los principios que sustenta dicho organismo internacional, de manera de establecer las sanciones correspondientes y evitar la impunidad de tales delitos.
Entre los obstáculos que impiden el debido accionar de la justicia, se enumeran la falta de voluntad política para introducir reformas, ausencia de una justicia independiente, escasez de conocimientos técnicos especializados, carencia de recursos materiales y financieros, desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno, el no respeto de los derechos humanos y otros asuntos vinculados a la paz y seguridad.
En razón de lo anterior, consideran que el desarrollo de un marco jurídico sólido resulta indispensable para alcanzar los objetivos perseguidos, particularmente en cuanto se refiere a derechos humanos, derecho penal y normativa de derecho internacional humanitario (el cual también sanciona no solamente a quienes cometieron tales violaciones, sino también a quienes ordenaron a otros cometerlas).
Dentro de los instrumentos internacionales más relevantes en esta materia, se puede citar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del año 1998, y entre sus objetivos principales se pueden señalar los siguientes:
-Llevar a la justicia a aquellas personas que han violado gravemente los derechos humanos o el derecho humanitario.
-Poner fin a dichas violaciones y prevenir su repetición.
-Asegurar justicia y dignidad para las víctimas, y guardar un registro de los eventos pasados.
-Advertir a los potenciales violadores que no existe un refugio seguro.
-Promover una reconciliación y una paz duradera en el plano nacional.
-Abrir la vía a las soluciones no militares en el restablecimiento del estado de derecho.
-Brindar a las víctimas y a sus familiares la posibilidad de obtener justicia y de conocer la verdad, y de iniciar el proceso hacia la reconciliación.
-Garantizar la independencia y objetividad en su calidad de institución internacional basada en las convenciones multilaterales.
El Estatuto de Roma define 11 tipos de actos que atentan contra la humanidad, donde cabe tener presente lo relativo a la agresión contra las mujeres, como son los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución, embarazo, esterilización, forzados y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
Cabe destacar, asimismo, que fuera de los crímenes para los cuales tiene competencia la CPI, han surgido otros, como son el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la corrupción y la cibercriminalidad, que tienen una importante incidencia en los llamados crímenes de guerra, lo cual se ha visto contrarestado con la eliminación del secreto bancario adoptada por la Unión Europea, la adopción de la Convención Europea sobre la cibercriminalidad y en general, con el establecimiento de un marco internacional para la cooperación sobre estas materias.
El informe consigna, además, otras consideraciones como la primacía del derecho interno. Es así, como el Estatuto de Roma establece que la lucha contra la impunidad comienza primeramente a nivel nacional y todo Estado Parte, tiene la obligación de ejercer la jurisdicción penal sobre los autores de los crímenes internacionales. De esta manera, de acuerdo con el principio de complementariedad, los Estados Parte deben penalizar los crímenes de guerra, contra la humanidad, el genocidio, mientras que la CPI asume esta responsabilidad, cuando los Estados no tengan la voluntad de hacerlo o no tengan la capacidad para ello.
De acuerdo con el principio de universalidad, resulta que algunos crímenes presentan tal gravedad por lo que todos los países tienen interés en que sean sometidos a los tribunales, aun cuando no exista un vínculo directo entre el crimen y el país en que tiene lugar el proceso judicial, ocasión donde la CPI puede actuar. Esta forma excepcional, de jurisdicción está reservada para aquellos casos donde el sistema judicial del país donde se cometieron está imposibilitado o no está dispuesto a ejercer sus atribuciones.
En lo que se refiere al rol y responsabilidades de los Parlamentos, se menciona, que 97 Estados han ratificado el Estatuto de Roma. En este sentido, se hace un llamado a los países que aún no lo han ratificado para actuar con premura, también a incorporar las modificaciones legales necesarias para su cabal aplicación y ratificar los 12 tratados internacionales sobre terrorismo.
Dentro del campo de la cooperación internacional, cobra importancia el principio “aut dedere, aut judicature”, de acuerdo con el cual un Estado que no ordena la extradición de una persona acusada de estos crímenes está obligada a procesar a dicha persona, para lo cual es necesario contar con los mecanismos apropiados que aseguren el cumplimiento efectivo de este principio, como también de proveerse de un marco efectivo para la cooperación judicial con otros Estados.
Finalmente, se insta a los Parlamentos a trabajar en forma conjunta, a compartir experiencias en torno a la persecución y juzgamiento de este tipo de atentados contra la humanidad, sin dejar de lado el hecho de que todas las víctimas tienen derecho a ser respetadas en sus derechos y a obtener una reparación justa, a instaurar mecanismos que permitan prevenir este tipo de actos y a examinar las causas que originan este tipo de violaciones, entre las cuales se mencionan la disparidad económica, la discriminación y la injusticia social. También, se recalca la importancia que reviste la participación de la sociedad civil en lo que dice relación con la definición de los mecanismos tendientes a introducir reformas judiciales.
A su vez, el proyecto de resolución contiene 15 considerandos, donde se reafirman las ideas expresadas en el cuerpo del informe y se hace una larga enumeración de los instrumentos jurídicos vigentes.
La resolución aprobada reafirma lo señalado en el informe y expresamente exhorta a los Parlamentos a ratificar y adherir al Estatuto de Roma, a implementar y aprobar la normativa nacional e internacional a fin de obtener el debido castigo por tales crímenes, a instaurar mecanismos de cooperación, a tratar expresamente la comisión de este tipo de delitos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado Estatuto, a establecer los procedimientos civiles de reparación y en general, a incluir en las agendas legislativas, todas las iniciativas necesarias para implementar mecanismos tendientes a entablar una acción judicial contra este tipo de delitos, de manera de evitar su impunidad y asegurar el derecho de las víctimas.
Finalmente, insta a Naciones Unidas y a los Parlamentos a establecer un fondo de indemnización para las víctimas de los crímenes de genocidio y contra la humanidad.
La delegación chilena fue representada por los diputados señores Ceroni, y Uriarte, quienes además participaron en el Comité de Redacción. Asistió, asimismo, el senador señor Prokurica.
La Comisión al revisar el proyecto de resolución, analizó las enmiendas propuestas y concluyó en un texto que contiene 19 numerales, que se incluye como anexo N° 3.
Sometido a la consideración de la Asamblea, fue aprobado por consenso.
La Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio, analizó el tema: “El rol de los Parlamentos en la puesta en marcha de los mecanismos de finan-ciamiento y de comercio internacional innovadores preparados para permitir la regulación del problema de la deuda y la realización de los objetivos del Milenio”.
Participaron tanto en la redacción del proyecto de informe como de resolución los señores O. Martínez (Cuba) y Robert del Picchia (Francia), quienes presentaron una propuesta conjunta y otra donde incorporan otros aspectos, como se consignará más adelante. Tanto el proyecto de informe como de resolución abordan aspectos concernientes al nivel de endeudamiento de los países en vías de desarrollo, su incidencia en la educación y salud de las personas, y muy especialmente en lo que se refiere a la situación apremiante de los países, hecho que se presenta con mayor magnitud en África. También, se tocan puntos relativos a las políticas proteccionistas en la agricultura.
La propuesta de resolución conjunta, entre otros aspectos, destaca el hecho de que el cumplimiento de los objetivos del milenio no tiene asegurado su financiamiento ni su implementación; que la carga de la deuda económica continúa siendo un obstáculo para el desarrollo humano; mientras que la globalización representa una fuente de oportunidades y desafíos para todos los países; destaca los avances relativos a los acuerdos adoptados por la OMC, en Ginebra de julio del año pasado; insta a los Parlamentos de los gobiernos que aprobaron la Declaración del Milenio para apoyar la implementación de los objetivos, para lo cual se recomienda la asignación de fondos para dar cumplimiento a los programas a nivel nacional y del mismo modo, a establecer las estrategias internas para priorizar estas metas, dentro de las políticas nacionales, así como, promover la democracia, los derechos humanos y a profundizar los principios de buena gobernanza.
También enfatiza la necesidad de que las expectativas de los países en desarrollo sean tomadas en cuenta en los procesos de negociaciones internacionales dentro del marco de la OMC, específicamente, en cuanto a la lucha contra la pobreza, la seguridad alimenticia y el ingreso sustentable.
En consideración a lo anterior, recomienda la creación de comisiones especializadas destinadas a efectuar seguimientos sobre este tipo de negociaciones y de control de la acción gubernamental, al interior de los Parlamentos, así como también, sobre la incorporación de parlamentarios en las delegaciones oficiales que concurren a las reuniones ministeriales de la OMC.
La propuesta del señor Martínez incorpora nuevos párrafos, entre los cuales se pueden señalar proposiciones que dicen relación con la pobreza, con la polarización social, con medidas para combatir el hambre y la pobreza en el mundo y la puesta en marcha de campañas por parte de los parlamentarios tendientes a dar cumplimiento a los objetivos del milenio.
A su vez, el señor del Picchia, propuso intensificar el trabajo mancomunado que debería existir entre la UIP y la OMC, de manera de establecer un nuevo recurso adicional a los mecanismos existentes, que sea previsible, concesionario, y estable.
La delegación chilena fue representada por el senador señor Boeninger y por el diputado señor Monckeberg.
El senador señor Boeninger presentó una propuesta de enmienda para el proyecto de resolución que consistió en agregar un nuevo párrafo destinado a conciliar las discrepancias que surgieron entre los relatores.
En su intervención, partió por señalar que la situación en materia de deuda exterior en países pobres y en países en desarrollo en general, es la que es. De ahí surgió la presentación formulada por los relatores, la cual a su parecer, estaría ajustada a la realidad.
Sin embargo, a su juicio, no hay nada inevitable en que un país en desarrollo llegue a esta materia en situaciones tan angustiantes como las que se conocieron durante esta Asamblea.
En el caso de Chile, somos un país en desarrollo, aun cuando la deuda externa es muy baja. Nuestra balanza de pagos es sólida y contamos con altas tasas de inversión y superhabit fiscal. Todo esto se ha logrado en base a políticas económicas adecuadas y sostenidas en el tiempo por instituciones democráticas que funcionan bien, con bajos niveles de corrupción, en definitiva, condiciones todas que definen el buen gobierno.
Pero como aquí no estamos para discutir el caso de ningún país en particular, si no analizar una situación global y buscar soluciones, estimó adecuadas las recomendaciones efectuadas por los relatores, las cuales son compartidas por nuestro país.
Chile sólo presentó pequeñas enmiendas tendientes a conciliar posiciones en torno a algunas propuestas en que los relatores no llegaron a acuerdo.
Por último, enumeró algunos elementos para la solución del problema:
Que los países desarrollados cumplan efectivamente con los compromisos adquiridos, es decir, alcanzar al menos a un 0,7% del producto interno bruto.
Fortalecer los mecanismos de financiamiento internacional y buscar nuevos instrumentos de mayor eficacia, como por ejemplo, la propuesta del Reino Unido de crear un fondo especial de largo plazo.
Que los países desarrollados contribuyan efectivamente a un desenlace exitoso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, eliminando sus subsidios a la agricultura y otras barreras no arancelarias que dificultan el acceso a sus mercados de los productos de los países en desarrollo.
Cabe hacer notar que este costo puede ser mayor que lo que estos países reciben por concepto de asistencia internacional.
Es necesario, también, recalcar que se trata no solo de resolver la actual crisis de la deuda, sino de evitar también que una situación similar se vuelva a producir en el futuro.
La resolución fue ampliamente apoyada y se incluye como anexo N° 4. La Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos, se abocó a analizar “¿Cómo los Parlamentos pueden promover y hacer respetar los derechos del hombre en las estrategias de prevención y de gestión en el tratamiento de la pandemia del VIH/Sida?”
Elaboraron los proyectos de informe y de resolución la señora Clavel Martínez (Filipinas) y el doctor Elioda Tumwesigye (Uganda).
La resolución, luego de hacer una enumeración de los instrumentos jurídicos que existen sobre la materia, formula una serie de recomendaciones que dicen relación con el ejercicio de los derechos humanos de quienes sufren o están expuestos a esta pandemia, en cuanto a las discriminaciones que se les generan en torno a áreas como trabajo, educación y otro tipo de servicios.
Destaca, la importancia de que cada país conozca el nivel de infección a fin de adaptar los programas de prevención y tratamiento de acuerdo con las necesidades reales.
Hace hincapié en la necesidad de que los Parlamentos adopten todas las medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas que presentan VIH/SIDA, de manera de evitar todo tipo de discriminaciones, garantizar la privacidad y confidencialidad en investigaciones que involucren a personas, entreguen soluciones judiciales, administrativas, civiles rápidas y efectivas para estas personas.
Insta a garantizar una adecuada información para la prevención, manejo, tratamiento, cuidado y apoyo del VIH/Sida, incluyendo la entrega de drogas antirretrovilares, diagnósticos y tecnologías adecuadas para los grupos vulnerables.
Hace un llamado a reformular las legislaciones internas en torno al respeto de los derechos de las personas que padecen este mal, en cuanto a la difusión de programas preventivos, con la participación de los distintos sectores en procesos de toma de decisiones de alto nivel.
Recalca la necesidad de eliminar todas las formas de estigma y discriminación, especialmente en grupos vulnerables, como son las mujeres y los niños.
La delegación chilena estuvo representada por los diputados señores Meza y Lorenzini.
El diputado señor Meza, presentó una indicación al texto del proyecto de resolución, cuyo objeto era agregar dos ideas con el fin de solicitar a los Parlamentos que intercedan ante sus gobiernos a objeto de reforzar las políticas de prevención y tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirido, como también para implementar medidas para la reinserción social y laboral de los enfermos aptos, incluyendo el apoyo psicológico a través de profesionales.
Durante su intervención, formuló diversas apreciaciones basadas en su vasta experiencia como especialista en la materia, para luego concluir en cuatro propuestas, bien definidas.
-La primera de ellas, dice relación con un llamado para que todos los Parlamentos miembros intercedan antes las compañías americanas con el objeto que éstas cedan en cuanto a sus pretensiones en lo que concierne a las patentes que se aplican a los medicamentos antirretrovilares de carácter genérico, como se ha hecho en países como Brasil e India, en los cuales se han fabricado este tipo de medicamentos de forma tal de poder atender a todos sus enfermos.
-En segundo lugar, planteó la necesidad de trabajar en programas de reinserción laboral y social para todas aquellas personas que tienen controlada la enfermedad, a la vez que instó por que se creen las condiciones para que también puedan recibir asistencia sicológica.
-En tercer plano, también, consideró necesario que los países pongan en práctica un sistema tendiente a instaurar la especialidad médica en dicho mal, dado el alto número de pacientes, que según estimaciones alcanzaría a 70 millones de personas y la necesidad de que puedan recibir una atención integral.
-Por último, instó a los Parlamentos para intensificar las conversaciones con el grupo de los ocho a fin de que se de cumplimiento al aporte de 10 mil millones de dólares que comprometieron para ir en ayuda de las personas afectadas por esta pandemia, contribución que a la fecha sólo ha alcanzado a tres mil millones, lo cual está lejos de ser suficiente.
Sometida la resolución a la consideración de la Asamblea, esta fue aprobada y su texto final se incluye como anexo N° 5.
Agenda para la 113a Asamblea y nombramiento de relatores.
Cabe dejar constancia que por acuerdo de la Asamblea, la reunión de Ginebra se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de octubre.
Los temas a analizar por las distintas Comisiones Permanentes son los siguientes:
Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional: “Los respectivos roles de los Parlamentos y de los medios de comunicación para que el público sea informado objetivamente, en particular, sobre los conflictos armados y la lucha contra el terrorismo.
Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio: “Migración y desarrollo”
Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos: “La importancia de la sociedad civil y su interacción con los Parlamentos y las demás asambleas electas democráticamente para la madurez y el desarrollo de la democracia”.
Agenda para la 114a Asamblea, a desarrollarse en Nairobi, Kenya, entre el 7 y el 12 de mayo de 2006.
Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional: “El rol de los Parlamentos para reforzar el control del tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre, así como sus municiones”. Relatores: señor Francois-Xavier de Donnea (Bélgica) y señora Ruth Oniago (Kenya).
Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio: “ El rol de los Parlamentos en la cuestión del medio ambiente y de la lucha contra la degradación del medio ambiente en la escena mundial”. Relatores: señores Shuichi Katoh (Japón) y José Thomaz Nonó (Brasil).
Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos: “Como los Parlamentos pueden y deben promover una lucha eficaz contra la violencia en contra de las mujeres en todos los dominios”. Relatores: señoras María Antonia Martínez García (España) y Hyehoon Lee (Corea).
7) Con ocasión de la 112a Asamblea, se reunieron, además, otros órganos, como se señala a
continuación.
El Comité de Coordinación de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias, se reunió bajo la presidencia de la senadora señora Pía Cayetano (México). Concurrió la diputada señora Isabel Allende, como representante del Grulac.
Se preparó la agenda de la próxima Asamblea, se celebró el XX Aniversario de la creación de la Comisión de las Mujeres, ocasión donde se hizo un recuento de la labor realizada, y se presentó una pequeña exposición que da cuenta de su desarrollo y evolución, desde su creación en Togo en el año 1985.
Se dio a conocer el trabajo del Grupo de Asociación de Género, donde se recordó las recientes elecciones llevadas a cabo en Méjico, los logros obtenidos por el grupo, las tareas a desarrollar durante la Asamblea, en cuanto a los aportes que deberían hacerse durante los paneles y también sobre modificaciones a los estatutos, con el fin de que las mujeres puedan participar más activamente en las distintas comisiones permanentes.
También, se dio cuenta de los avances experimentados en torno a la participación de las mujeres en algunos Parlamentos, para lo cual se citó el caso de Francia, donde gracias a la incorporación de una ley de paridad, se obtuvo un aumento de 12 a 17%.
Se informó sobre otras reuniones sostenidas en el Foro Regional Árabe, sobre Beijing + 10; en Beirut denominado un llamado para la paz, respecto de una publicación relativa a presupuesto dentro de una perspectiva de género y sobre un futuro seminario en conjunto con la UIP y Naciones Unidas sobre implementación del Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Adicional.
Se destacó la reunión sostenida con ocasión de la 49a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se llevó a cabo durante esta Asamblea referido a situaciones de violencia en contra de mujeres y niños en situación de conflicto. Se consideraron estrategias para aumentar la participación de las mujeres dentro de la UIP, destacando el hecho de que mujeres que ocupan cargos en la directiva no sean consideradas por sus delegaciones, en forma automática, ante lo cual se planteó la necesidad de reforzar esta idea con la finalidad de sensibilizar esta situación en los respectivos Parlamentos.
Finalmente, se recordó la necesidad de reformar los estatutos a fin de que tanto el Comité de Coordinación como el de las Mujeres Parlamentarias puedan presentar enmiendas a las resoluciones de las distintas comisiones.
A su vez, la Comisión de las Mujeres Parlamentarias, celebró su X sesión, oportunidad donde se reunieron 120 mujeres procedentes de 79 países, donde entre otras materias, se informó que el tema relativo al Sida, a cargo de la tercera comisión, sería analizado por dos grupos, como una manera de efectuar una contribución efectiva.
Durante esta Asamblea, la Comisión de las Mujeres Parlamentarias llevó a cabo un panel, denominado “Situaciones de violencia en mujeres y niños en situación de conflicto”, extracto del cual se adjunta como anexo N° 6, donde participó la Diputada Isabel Allende.
Se dio cuenta de acciones adoptadas por la UIP para promover la asociación de género entre hombres y mujeres, como son monitorear a través de estadísticas la participación femenina y examinar el presupuesto de la UIP desde una perspectiva de género, como también, monitorear la situación de los Parlamentos que no cuentan con representantes femeninas. Se analizó el caso, por ejemplo de Kuwait. Cabe tener presente un documento emanado de la Comisión de Asociación de Género que da cuenta de un gráfico sobre participación de mujeres durante esta Asamblea, que se incluye como anexo N° 7.
También, se discutió sobre los temas para las próximas Asambleas. Se nominó a la diputada señora Allende para ser relatora del tema de la tercera comisión.
8) El Comité de Derechos Humanos Parlamentarios.
Llevó a cabo sus reuniones a puertas cerradas y se abocó a analizar casos de violación a los derechos humanos en contra de parlamentarios de distintos países, como Belarus, Burundi, Cambodia, Colombia, Ecuador, Eritreo, Honduras, Indonesia, Malasia, Mongolia, Mynamar, Pakistán, Palestina, Ruanda, República Siria, Turquía y Zimbague, en los términos en que se da cuenta en el anexo N° 8.
Cabe dejar constancia, que el senador señor Prokurica fue elegido como miembro suplente de este Comité.
9)El Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac).
Presidió la diputada señora Zury Ríos Montt, (Guatemala). Se sostuvieron diversas reuniones de coordinación, dentro de las cuales cabe consignar los siguientes aspectos principales:
-Apoyo a la propuesta para refundir las solicitudes de puntos de emergencia.
-Análisis de los distintos temas de estudio para las próximas Conferencias.
-Información sobre Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos. Se insta a efectuar trámites a la brevedad, en cuanto a visas, inscripciones y reservas. Se ratifica que en el caso de los Parlamentos bicamerales, ambos Presidentes podrán hacer uso de la palabra. Se solicita pronunciamiento sobre proyecto de declaración.
-Se informa sobre difusión del trabajo que realiza la UIP, tanto hacia el interior como hacia el exterior, al tenor de un informe emitido por una consultora (anexo N° 9).
-Se anuncia la realización de dos seminarios.
-Uno, relativo a procesos presupuestarios desde una perspectiva de género y el otro concerniente a visión parlamentaria en torno al tema de la seguridad.
-Se informa sobre reunión en el Senado de Francia, los días 22 y 23 de abril, en materia de derecho internacional medioambiental y sobre instituciones de desarrollo sustentable.
-Se discuten temas para las próximas Asambleas. Se mencionan Migraciones y otro sobre armas cortas o ligeras, para lo cual se propone que de no ser aprobado sea materia de un panel.
-Se acuerda que el grupo se reunirá el domingo 16 de octubre en Ginebra, de 16:00 a 18:30 horas.
-Se acuerda encomendar al senador señor Juan Antonio Coloma que realice un estudio sobre eventuales modificaciones a los estatutos.
En el tema de las candidaturas a la Presidencia de la UIP, se acuerda posponer el encuentro con los candidatos en razón de que el señor Casini, no concurrió y celebrarlo en Ginebra.
10) Otras reuniones.
También, se reunieron el Comité Coordinador de las partes representantes del proceso de seguridad y cooperación en el mediterráneo (Cscm), el Comité de Asuntos del Medio Oriente, el Grupo de facilitadores para Chipre, y el Comité Ad hoc para fomentar el respeto por el derecho internacional humanitario.
Asimismo, el Secretario General de la UIP, señor Anders Johnsson rindió un exhaustivo informe, donde se destaca las evaluaciones y encuestas que se han enviado a los distintos Parlamentos, sobre la participación en las Asambleas y reuniones conexas y respecto de asuntos administrativos y financieros, como también de los resultados de otras reuniones llevadas a cabo.
11) Próximas Asambleas y reuniones parlamentarias.
Al respecto se anunció la celebración de la 113a Asamblea en Ginebra, del 15 al 20 de octubre.
El calendario de las reuniones conexas se adjuntan en el anexo N° 9 de este informe.
V. PARLAMENTARIOS INFORMANTES.
El senador señor Prokurica y la diputada señora Isabel Allende informarán a sus respectivas Corporaciones sobre el cometido de esta delegación.
(Fdo): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno ante la Unión Interparlamentaria”.