Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REQUISITOS Y DURACIÓN DE CARGO DE DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE LAS COMUNAS DE ALTO HOSPICIO, HUALPÉN, ALTO BIOBÍO, CHOLCHOL, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE A LOS TERRITORIOS JURISDICCIONALES RESPECTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- DEBATE
- REGULACIÓN DEL LOBBY PARLAMENTARIO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- REQUISITOS Y DURACIÓN DE CARGO DE DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CODIFICACIÓN EN FONASA DE LAS PRESTACIONES DE LA TELETÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Pablo Lorenzini Basso
- Fulvio Rossi Ciocca
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Edgardo Riveros Marin
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Antonio Leal Labrin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FISCALIZACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES. (Votación).
- DEBATE
- RATIFICACIÓN DE TRATADOS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES Y PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SU TRÁFICO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Fernando Meza Moncada
- Laura Soto Gonzalez
- Jorge Tarud Daccarett
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ximena Vidal Lazaro
- Felipe Letelier Norambuena
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Exequiel Silva Ortiz
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jaime Quintana Leal
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Pablo Letelier Morel
- Edmundo Villouta Concha
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTE
- CODIFICACIÓN EN FONASA DE LAS PRESTACIONES DE LA TELETÓN.
- VIII. INCIDENTES
- NÓMINA DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE PERTENECIERON A SERVICIOS DE INTELIGENCIA. Oficio.
- ADHESION
- Laura Soto Gonzalez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Exequiel Silva Ortiz
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rodolfo Seguel Molina
- Zarko Luksic Sandoval
- Edgardo Riveros Marin
- Carlos Montes Cisternas
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Felipe Letelier Norambuena
- Pedro Araya Guerrero
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Boris Tapia Martinez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Edmundo Villouta Concha
- Felipe Letelier Norambuena
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- FELICITACIONES A ALCALDE REELECTO DE COMUNA DE SAN PABLO, DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- AUMENTO DE SUBSIDO PARA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRÍCOLAS. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Boris Tapia Martinez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
-
SOLUCIÓN AL DAÑO PREVISIONAL QUE AFECTA A EX AFILIADOS A CAJAS DE PREVISIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Boris Tapia Martinez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES MUNICIPALES Y DE ORGANISMOS PÚBLICOS CON CARÁCTER DE RESERVADAS QUE AFECTAN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. Oficios.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Boris Tapia Martinez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- SUSPENSIÓN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PERÍODOS DE COSECHA. Oficios.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Boris Tapia Martinez
- Ximena Vidal Lazaro
- Enrique Jaramillo Becker
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- CONTAMINACIÓN Y MOLESTIAS CAUSADAS POR PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA. Oficios.
- ADHESION
- Felipe Letelier Norambuena
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- SITUACIÓN QUE AFECTA A FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS. Oficios.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Felipe Letelier Norambuena
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- ROBO Y DESAPARICIÓN DE CAMIONES CARGADOS CON ANIMALES. Oficios.
- MEDIDAS CON MOTIVO DEL TRASPASO DE LA FUNDICIÓN Y REFINERÍA DE LAS VENTANAS A CODELCO CHILE.
- ADHESION
- Jaime Mulet Martinez
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN QUE OBLIGA A ACCESO PÚBLICO EN LAGUNA AVENDAÑO, DE QUILLÓN. Oficio.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PALIATIVAS DE LA CRISIS DE LA PESCA DE LA MERLUZA EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE LEY DEL IVA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE BUSES CENTRAL PLACERES. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ADQUIRIENTES DE TERRENOS EN LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- SALUDOS Y FELICITACIONES A LOS CANDIDATOS A EDILES DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- NÓMINA DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE PERTENECIERON A SERVICIOS DE INTELIGENCIA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 10 de noviembre de 2004
(Ordinaria, de 10.37 a 14.14 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Leal Labrín, don Antonio, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Preferencia para tratar proyecto de acuerdo 9
V. Acuerdos de Comités 9
VI. Orden del Día.
- Requisitos y duración de cargo de director de la Policía de Investigaciones de Chile. Proposición de la Comisión Mixta 9
- Adecuación de las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales respectivos. Primer trámite constitucional 15
- Regulación del lobby parlamentario. Primer trámite constitucional. (Continuación) 17
VII. Proyectos de acuerdo 34
- Codificación en Fonasa de las prestaciones de la Teletón 34
- Adopción de medidas para fiscalización de extintores portátiles. (Votación) 36
- Ratificación de tratados sobre protección de los bienes culturales y prevención y sanción de su tráfico 37
VIII. Incidentes.
- Nómina de oficiales de las Fuerzas Armadas que pertenecieron a servicios de inteligencia. Oficio 41
- Pavimentación de caminos en Décima Región. Oficio 41
- Felicitaciones a alcalde reelecto de comuna de San Pablo, Décima Región. Oficio 42
- Aumento de subsidio para contratación de seguros agrícolas. Oficios 42
- Solución al daño previsional que afecta a ex afiliados a cajas de previsión. Oficios 43
- Impugnación de resoluciones municipales y de organismos públicos con carácter de reservadas que afectan a organizaciones no gubernamentales. Oficios 43
- Suspensión de importación de productos agrícolas en periódos de cosecha 44
- Contaminación y molestias causadas por plantas de revisión técnica. Oficios 45
- Situación que afecta a funcionario de la Municipalidad de Guaitecas. Oficios 46
Pág.
- Robo y desaparición de camiones cargados con animales. Oficios 46
- Medidas con motivo del traspaso de la fundición y refinería de Las Ventanas a Codelco Chile 47
- Cumplimiento de resolución que obliga a acceso público en laguna Avedaño, de Quillón. Oficio 48
- Adopción de medidas paliativas de la crisis de la pesca de la merluza en la Octava Región. Oficios 49
- Incumplimiento de ley del IVA por parte de la asociación gremial de buses Central Placeres. Oficios 50
- Información sobre adquirentes de terrenos en las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas. Oficios 50
- Saludos y felicitaciones a los candidatos a ediles del Partido Socialista de la Décima Región. Oficios 51
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “simple” para el despacho del proyecto que fusiona los escalafones femeninos y masculinos de oficiales de Carabineros de Chile. (boletín N° 3694-02) 53
2. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal. (boletín N° 3474-03) (S) 53
3. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19. 848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. (boletín N° 3712-04) 60
4. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19. 848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. (boletín N° 3712-04) 63
- Proyectos iniciados en moción del diputado señor Errázuriz:
5. Reforma constitucional que precisa la suspensión del derecho a sufragio. (boletín N° 3717-07) 65
6. Sanciona al progenitor que acuse al otro de abusos deshonestos para no dar lugar a las visitas decretadas judicialmente. (boletín N° 3718-07) 66
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Contraloría General de la República
- Señor José Pérez, legitimidad de cobro por tratamiento de aguas servidas a quienes no se otorga ese servicio.
Ministerio del Interior
- Señor Pablo Galilea, informe detallado de competitividad regional año 2001 de todas las regiones.
- Señora Sepúlveda, aplicación de leyes que favorecen a exonerados políticos.
- Señor Meza, aplicación de leyes que favorecen a exonerados políticos.
- Señor Jaramillo, aplicación de leyes que favorecen a exonerados políticos.
- Señor Jaramillo, aplicación de leyes que favorecen a exonerados políticos.
- Señor Ramón Pérez, situación de los exonerados de las FF.AA y de Orden que no han podido acceder a los beneficios de la ley 19.582.
- Señor Navarro, situación judicial de pehuenches del sector Alto Biobío.
- Señor Kuschel, medidas para evitar abigeato.
- Señor Rossi, informes de ejecución presupuestaria de la municipalidad de Cerrillos.
Ministerio de Relaciones Exteriores
- Señor Muñoz, incremento de recursos para el Instituto Antártico Chileno.
Ministerio de Educación
- Señor Alvarado, motivos de Junaeb para finalizar programa de alimentación escolar año 2002 en la provincia de Chiloé.
- Señor Espinoza, raciones alimenticias asignadas en 2003 en cada uno de los establecimientos incorporados al régimen de jornada escolar completa.
- Señor Muñoz, proyecto destinado a dotar de una biblioteca regional a la Región de Magallanes.
- Señor Navarro, antecedentes sobre el programa capital Humano de Avanzada.
- Señor Bertolino, concurso de proyectos culturales realizados por el Fondart en la Cuarta Región en el año 2003.
- Señor Navarro, cantidad de personas acogidas a la ley de reprogramación de deuda de los créditos universitarios.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Señor Navarro, resultados de fiscalizaciones a empresa IGI Llaima Internacional S.A.
- Señor Martínez, información sobre traspaso de cotizantes a AFP.
- Respuesta a proyecto de acuerdo 434-A, información respecto de los costos de administración de las AFP.
Ministerio de Minería
- Señor Burgos, contratación de estudios de abogados extranjeros.
- Señor Burgos, contratación de estudios de abogados extranjeros.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Señor Muñoz, exigencias a considerar en el otorgamiento de subsidio de transporte.
- Señor Juan Pablo Letelier, cumplimiento de requisitos legales en la instalación de Rodoviario en la ciudad de Rancagua.
Ministerio de Planificación y Cooperación
- Señor Ramón Pérez, construcción de una red de agua potable y alcantarillado en sector El Boro Poniente en la comuna de Alto Hospicio.
- Señor Meza, adjudicación del “Programa Un Barrio para Mi Familia”.
Municipalidad de Tomé
- Señor Navarro, informe sobre situación de infraestructura Escuelas D-417, E-440, F-422 y E-427.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Alfonso Vargas.
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia , don Eduardo Dockendorff.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 11ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO
.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para tratar hoy el proyecto de acuerdo Nº 516, respaldado en forma unánime por la Comisión de Régimen Interno, que plantea oficiar al Ejecutivo para que disponga las medidas normativas y administrativas del caso para que las prestaciones médicas de carácter terapéutico que reciben los niños atendidos por la Teletón sean cubiertas por el Fonasa y las Isapres, para lo cual habrá que codificarlas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Informo a sus señorías que los Comités parlamentarios acordaron lo siguiente:
1. Conocer en la sesión del próximo martes el informe sobre la visita de la delegación de diputados que viajó a Estados Unidos para recabar antecedentes respecto del informe del banco Riggs. No habrá debate, y
2. Trasladar a la primera semana de diciembre las sesiones ordinarias de los días 7 y 9 del mismo mes. Por lo tanto, el miércoles 1º de diciembre habrá dos sesiones: la ordinaria y una extraordinaria, de 21 a 24 horas. También, el jueves 2 de diciembre habrá dos sesiones: la ordinaria y una extraordinaria, entre las 14.30 y las 17 horas.
VI. ORDEN DEL DÍA
REQUISITOS Y DURACIÓN DE CARGO DE DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, originado en moción, que modifica los decretos leyes Nºs. 2.460, de 1979, y 1.487, de 1976, a fin de establecer requisitos para el nombramiento del director general de Investigaciones .
Se otorgarán cinco minutos a cada una de las bancadas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletines Nºs 2643-02, 3266-02, 3267-02 y 3288-02, sesión 13ª, en 3 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , intervendré durante dos minutos y el tiempo restante lo cederé al diputado señor Burgos.
Sólo deseo celebrar que la Comisión Mixta haya acordado un texto respecto de la designación de la jefatura superior de la Policía de Investigaciones de Chile.
Pero quiero llamar la atención sobre el inciso segundo del artículo 9º, que reemplaza el proyecto de ley, para mostrar la incongruencia que se producirá con la decisión adoptada por quienes representan a la Derecha política en esta Corporación, que rechazaron el proyecto relacionado con la obligación de presentar una declaración jurada de patrimonio. La normativa exige a un funcionario específico, al director general de Investigaciones , que haga la declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio dentro de los treinta días de haber asumido el cargo y los treinta días siguientes a la fecha de cesación en el mismo. En cambio, en virtud de la posición asumida por quienes representan el espectro político de Oposición en la Cámara, los parlamentarios quedaremos exentos de una obligación de esta naturaleza. Nos podemos encontrar frecuentemente con incongruencias de este tipo, pero en virtud de la transparencia, es nuestra obligación hacerlo presente cada vez que ello ocurra, a fin de que, a través de esta vía, en esta materia exista un tratamiento común, particularmente para quienes somos representantes de la soberanía popular.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , la proposición de la Comisión Mixta viene a salvar una incongruencia en cuanto a la situación del resto de los funcionarios públicos. Eso es lo más significativo que puede decirse respecto de ella.
Frente a la idea de la Cámara de Diputados de que la designación del director general debía recaer en cualquier persona que cumpliera los requisitos establecidos en el Estatuto Administrativo, de manera que la elección no quedara limitada, la Comisión Mixta propone una solución intermedia interesante, que, aunque no es la ideal, es respetable y debiera ser apoyada. Si bien el nombramiento debe recaer en alguien que pertenezca a la institución -lo que tiene ciertas ventajas-, se amplía en cuatro el número de personas que originalmente estableció el Senado. Así, el Presidente de la República podrá elegir entre ocho.
Por otra parte, se pone término a un absurdo jurídico respecto del subsecretario de Investigaciones . Podrá ser nombrada una persona de confianza del Presidente de la República , sin la limitación de que en ese cargo se designe sólo a un oficial general retirado de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.
En consecuencia, la proposición de la Comisión Mixta debe ser aprobada para que el proyecto se convierta en ley a la brevedad posible.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en primer lugar, debo manifestar mi extrañeza por las palabras del diputado señor Riveros . No sé si las dijo en relación con el proyecto. Si no fuera así, sugiero que se eliminen de la versión.
En segundo lugar, en la Comisión Mixta pudimos conocer los argumentos que tuvo el Senado para desechar algo que dio origen al proyecto.
Con motivo de los lamentables hechos, por todos conocidos, en relación al mando institucional de la Policía de Investigaciones, un grupo de diputados planteó que se modificara la forma mediante la cual se accede al cargo de director general.
Debo reconocer que en el Senado se plantearon argumentos suficientes para flexibilizar nuestra postura. Se señaló que dado que la Policía de Investigaciones es eminentemente técnica y cada día más profesional, es necesario que su jefatura máxima, que es de exclusiva confianza del Presidente de la República , surja de las propias filas institucionales. Sin embargo, junto con el diputado Bustos y, si mal no recuerdo, el diputado Encina , planteamos que su elección entre las cinco primeras antigüedades implicaba un margen demasiado pequeño para el Presidente de la República , más aún si consideramos que el universo total de funcionarios también es pequeño.
Por esa razón, comenzamos a examinar otras posibilidades y, junto con el diputado señor Bustos , propusimos que el director general de la Policía de Investigaciones se pudiera elegir de entre los trece oficiales generales de la institución. Sin embargo, en el Senado se nos señaló que esa alternativa significaba la posibilidad cierta de dejar grandes vacíos en el alto mando, por lo que concordamos en la propuesta que hoy conoce esta Sala. La consideramos plausible, pues no considera un número cualquiera, elegido al azar, sino a las ocho primeras antigüedades del escalafón de jefaturas de Investigaciones, lo cual significa que no sólo tendrán la opción los prefecto generales, sino también los mandos que les siguen. De esta forma, la institución jamás quedará sin altos jefes policiales que tengan a lo menos un año de experiencia, o más, en cargos directivos superiores.
Ésas son las razones que llevaron a los diputados señores Bustos , Leal , Encina y al que habla a llegar a un acuerdo con los senadores para acotar y, a la vez, flexibilizar la iniciativa en esta materia, de manera que el Presidente de la República pueda escoger al director general de Investigaciones de entre las ocho primeras antigüedades del escalafón. Eso le da mayor flexibilidad al Presidente para adoptar su decisión y, a su vez, permite que el mando superior de la Policía de Investigaciones se genere de entre el personal de la misma institución, con lo cual damos una señal potente en el sentido de reconocer en Investigaciones un nivel de profesionalismo y seriedad que le hace bien al país entero, en tanto ello significa que el servicio es capaz de generar sus mandos máximos.
En relación con el artículo 2º, se igualó la situación del cargo de subsecretario de Investigaciones con la de los demás subsecretarios de Estado, para lo cual se elimina una serie de requisitos adicionales.
En consecuencia, la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , el acuerdo adoptado por la Comisión Mixta implica un fortalecimiento de la Policía de Investigaciones, pues no había fundamento o razón para que se mantuvieran las diferencias entre esa institución y Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas, así como para que uno de sus funcionarios no pudiese llegar a desempeñar el cargo de director general.
Por eso, el Comité Socialista y Radical Social Demócrata, en su momento, cuando el proyecto de discutió en la Sala, no estuvo de acuerdo con que se rechazara la posición del Senado que establecía que el director general de la Policía de Investigaciones se eligiera de entre los funcionarios del servicio. Lo único que no compartíamos era el número, pues pensábamos que cinco quizás limitaba enormemente al Presidente de la República desde el punto de vista de lo que podía ser bueno para la institución.
Por eso, fuimos a la Comisión Mixta con el objetivo de flexibilizar la posición del Senado. Si bien en ella se acordó que cinco era un número muy restrictivo, también se consideró que la idea primitiva -elegir dentro de los catorce- podía ir en contra del fortalecimiento de la institución, porque si se llegaba al caso de elegirse el número catorce, dentro de las altas autoridades de la Policía de Investigaciones, lo cual, ciertamente, podría suceder si en ese momento no existía la persona con la experiencia suficiente para ocupar el cargo, eso podía significar una grave perturbación, ya que había que reemplazar a trece altos jefes de Investigaciones, es decir, a los prefectos generales y a los prefectos inspectores.
El fundamento que surgió de diferentes sectores en la discusión de la Comisión Mixta nos hizo llegar a una posición intermedia, que permite, por una parte, que el Presidente tenga un mayor margen para la elección y, por otra, que llegado el caso no signifique una alteración o perturbación grave al interior de la Policía de Investigaciones. Por eso, se llegó a la cifra de ocho, que es una posición ecléctica, mixta y equitativa entre los cinco y los catorce.
En consecuencia, estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión Mixta, porque plantea el principio básico de fortalecimiento de nuestras instituciones, de la no discriminación, de la no diferencia. Además, y especialmente, porque aparece conveniente y adecuado que dentro de la Policía de Investigaciones se elija a la persona que será el director general, ya que será la más apta, adecuada, con todos los conocimientos y la experiencia para dirigir una institución tan importante para nosotros, sobre todo después de la reforma procesal penal, en que la función de policía judicial es básica desde el punto de vista democrático, pero también desde el punto de vista de la persecución delictiva.
Por eso, el Comité Socialista y Radical le dará su pleno apoyo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , cuando en la Comisión de Defensa, tiempo atrás, se determinó establecer, sobre la base de diferentes proyectos de ley que se habían presentado, y mientras se discutía el proyecto que creaba la Agencia Nacional de Inteligencia, la forma de designar al director general de Investigaciones , recuerdo, como si fuera hoy, que parlamentarios de distintas bancadas redactamos ahí, en esa misma sesión, el artículo que establecía que el director de Investigaciones no necesariamente tendría que ser designado de entre los funcionarios del servicio. Sin embargo, con posterioridad, a medida en que ha ido transcurriendo el tiempo, conversé con funcionarios de Investigaciones de Puente Alto, de La Pintana, de San Bernardo y de otras comunas, y después de escuchar sus argumentos, hemos reconsiderado esa propuesta, porque un director general de Investigaciones que no salga de las filas de la institución, aunque se trate de una entidad de carácter civil y no uniformada, de alguna manera equivaldría a nombrar como comandante en jefe del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea , a alguien extraño a la institución.
Por eso, la propuesta de que el director general de Investigaciones deba ser designado necesariamente de entre sus funcionarios, privilegia a esa institución y estimula la carrera funcionaria. Aun cuando, al igual que en el Ejército, en que la carrera termina en el grado de coronel y no de general, en Investigaciones la carrera no termina en el grado de director general, constituye un aliciente para que cualquier funcionario, en la medida en que tenga un buen desempeño y actúe con sentido de responsabilidad y profesionalismo, tenga la opción, al menos, de llegar al grado de director general de Investigaciones .
Ahora, el hecho de que deba ser designado de entre las ocho primeras antigüedades tiene de dulce y de agraz. De dulce, porque es bueno que el Presidente de la República tenga un abanico de ocho personas de entre las cuales elegir al director general de Investigaciones . Y de agraz, porque si se nombra a la octava antigüedad, como lo señalaba el diputado Juan Bustos , refiriéndose a las instituciones de la defensa nacional, significa que salen los siete primeros.
No obstante, la propuesta es buena porque, a pesar de los altos grados que ostentan quienes pueden ser designados director general de Investigaciones, respecto de los cuales se supone que han alcanzado gran profesionalismo, permite al Presidente de la República seleccionarlo.
Además, la circunstancia de que no pueda durar más de seis años consecutivos en su cargo, también es una buena propuesta, porque de ese modo no se producirá acostumbramiento o rutina en el cargo, como asimismo se evitarán los vicios que pudieran generarse como consecuencia del excesivo tiempo que se ocupe.
Renovación Nacional va a apoyar la propuesta de la Comisión mixta porque la considera conveniente. Investigaciones está esperando desde hace tiempo este proyecto, aun cuando las materias más importante no están aquí, porque, entre otras, las remuneraciones, las jubilaciones y los aspectos previsionales de la institución, que también preocupan a Gendarmería, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, no dependen de nosotros.
Por todo lo anterior, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , me correspondió asistir a la Comisión Mixta en representación del Partido por la Democracia, y lo que ahí decidimos fue lo más sabio, porque esta institución ha demostrado, a través de los años, ser muy profesional -está inserta en el país con ese carácter- y que contribuye al combate contra la delincuencia en forma eficaz, precisamente por su profesionalismo.
Sería una tremenda contradicción de parte del Congreso Nacional que llegara al cargo de director general una persona ajena a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, con este proyecto de ley resolvimos que sólo funcionarios de la institución puedan acceder a tan alto cargo.
Pero discutió también hasta qué grado o entre quiénes podría elegir el Presidente de la República para ocupar dicho cargo, y se decidió que fuera una persona con la experiencia necesaria y el tiempo de desempeño suficiente en un alto grado en Investigaciones. Por eso, se estableció que el cargo será designado por el Presidente de la República de entre los ocho oficiales policiales de mayor antigüedad, con grado de prefecto general o prefecto inspector, en consideración a que ellos tienen suficiente experiencia como para ocuparlo.
La Comisión resolvió en forma adecuada este tema y, en mi opinión, es un reconocimiento al profesionalismo de la institución. De manera que la futura ley es acertada, buena para el país y para la Policía de Investigaciones.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito a la Comisión Mixta por su excelente labor. Como señalaron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto fortalece nuestras instituciones al reconocer la importante labor de la policía en cuanto a seguridad ciudadana, desde el punto de vista de la investigación y de la prevención del delito.
Hago extensivo este reconocimiento también a el esfuerzo realizado tanto por el Ejecutivo como por el Congreso Nacional y la Dirección General por dar la debida importancia a la Policía de Investigaciones. Efectivamente, hoy, Investigaciones ha recuperado su prestigio -reitero- en el ámbito de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, hemos visto los esfuerzos realizados en la construcción de la Escuela de Investigaciones que, justamente, entrega a su recurso humano los mejores elementos técnicos para que pueda desempeñarse en el futuro de la mejor manera posible.
Esta iniciativa, como lo señaló el diputado Errázuriz , constituye un estímulo a los funcionarios para llegar al cargo más alto de director general, que, como se sabe, son pocos los que pueden llegar a él. Es un deseo reconocido por ellos que el cargo sea ejercido por un hombre de sus filas.
Ésa es la importancia de este proyecto. Además, el hecho de que el funcionario figure entre las ocho primeras antigüedades, si se optare por el número ocho, aún quedarían prefectos generales con la capacidad suficiente para llevar a cabo la labor de la Policía de Investigaciones de Chile.
Por todo lo anterior, la bancada radical aprobará el informe de la Comisión Mixta, porque -insisto- significa un fortalecimiento de la institucionalidad y reconocimiento a la importante labor de la Policía de Investigaciones de Chile.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
A continuación, corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley que modifica los decretos leyes Nºs. 2.460, de 1979, y 1.487, de 1976, con el objeto de establecer requisitos para el nombramiento del cargo de director general de la Policía de Investigaciones de Chile, de fijar la duración del mismo y de eliminar requisitos del cargo de subsecretario de Investigaciones .
En votación.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADECUACIÓN DE LAS COMUNAS DE ALTO HOSPICIO, HUALPÉN, ALTO BIOBÍO, CHOLCHOL, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE A LOS TERRITORIOS JURISDICCIONALES RESPECTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776 para incorporar las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales correspondientes.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aníbal Pérez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3708-07, sesión 10ª, en 20 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 15ª, en 9 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , en el nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, para incorporar las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío , Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales de justicia.
El mensaje hace presente que durante 2004 se crearon las comunas de Hualpén, en la región del Biobío, con parte de la comuna de Talcahuano; de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, con parte de la comuna de Iquique; de Cholchol, en la región de La Araucanía, con parte de la comuna de Nueva Imperial, y de Alto Biobío, en la región de Biobío, con parte de la comuna de Santa Bárbara. Asimismo, que en 1995 se creó la comuna de San Pedro de la Paz y, en 1996, la comuna de Chiguayante. A su vez, que mediante la ley Nº 19.592 se incorporaron estas comunas a la jurisdicción de los juzgados de letras en lo civil de Concepción, pero sin modificar los territorios de los juzgados de letras de menores y del trabajo.
El hecho de que las comunas nuevas no tengan asignado un tribunal competente significa que las personas que las habitan, que determinan la competencia, no pueden ser juzgadas porque no existe tribunal competente llamado a conocer de las causas que se originen. Lo anterior es grave, ya que se podrían generar situaciones de denegación de justicia.
Para salvar esa situación, mediante el proyecto se propone modificar dos cuerpos legales: los artículos 16, 21, 28, 35 y 36 del Código Orgánico de Tribunales, que tratan acerca de la conformación y competencia de los tribunales de garantía de los distintos territorios jurisdiccionales, de los tribunales de juicio oral en lo penal y de los jueces de letras, respectivamente, y la ley Nº 18.776, que dispone la adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país y fija los territorios jurisdiccionales de los tribunales y demás servicios judiciales.
En la discusión en general se aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
En su discusión en particular se tomaron los siguientes acuerdos:
Por la letra a) del numeral 1) del artículo 1º se agrega la comuna de Alto Hospicio a la competencia del juzgado de garantía de Iquique.
Por la letra b) se incluye la comuna de Hualpén a la competencia del juzgado de garantía de Talcahuano.
Por la letra c) incorpora la comuna de Cholchol a la competencia del juzgado de garantía de Nueva Imperial.
El numeral 5) propone modificar el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, que trata sobre los juzgados de letras de la Novena Región, de La Araucanía, con la finalidad de adecuarlo, de tal manera que el juzgado de letras con competencia común de Nueva Imperial tenga competencia, además de las comunas de Nueva Imperial y Teodoro Schmidt , sobre la de Cholchol.
El artículo propuesto en el mensaje se aprobó por unanimidad, sin debate.
De conformidad con lo establecido en el Nº 2 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia de que los dos artículos del proyecto son de carácter orgánico constitucional, atendido lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política.
No existen normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad.
Por las razones expuestas, pido a la Sala la aprobación de la iniciativa.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , el proyecto en debate es de toda lógica, por cuanto actualiza el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, en lo que se refiere a la conformación y competencia de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal y de los juzgados de letras del trabajo y de menores, incorporando en la jurisdicción de dichos tribunales las nuevas comunas que señala.
La iniciativa es adecuada, porque permite corregir la situación de inseguridad en la que se encuentran las comunas recientemente creadas, por no estar sujetas a ninguna jurisdicción legal, situación que no fue prevista al momento de su creación.
La iniciativa propone modificar el artículo 28 del Código Orgánico de Tribunales, relativo a los juzgados de letras de la primera región, de Tarapacá, donde está ubicado el distrito que represento, con la finalidad de que el juzgado de letras de Iquique tenga competencia no sólo sobre esta comuna, sino también sobre la de Alto Hospicio.
Considero que el proyecto apunta en la dirección correcta, porque clarifica la situación de comunas que se encontraban en indefensión.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de la UDI apoyará decididamente la iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, que incorpora las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica.
La iniciativa es de carácter orgánico constitucional, de manera que para su aprobación requiere del voto afirmativo de 65 señores diputados.
En votación en general el proyecto.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REGULACIÓN DEL LOBBY PARLAMENTARIO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Corresponde continuar el debate sobre el proyecto de ley que regula el lobby.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , la iniciativa en debate es de gran importancia para el país, porque es parte del proyecto de modernización de las instituciones estatales.
El ingreso de Chile a los mercados internacionales y su amplia apertura a toda clase de inversiones en el extranjero, produjo un cambio radical que creó una instancia, entre otras, que antes no se conocía, cual es el cabildeo o lobby, lo que podría perjudicar a nuestras instituciones. Este hecho podría ser nocivo desde la perspectiva de la igualdad, porque las grandes empresas y las transnacionales que están instaladas en Chile cuentan con infraestructura para hacer lobby. Por eso, las posibilidades de acceso que pudiera tener cualquier persona no se igualan con aquellas que tienen los funcionarios públicos o las entidades con gran capacidad económica para contratar a personas que manejan mucha información y que se han especializado en el lobby o cabildeo y que, por ende, pueden llegar con facilidad a los diferentes entes públicos como parlamentarios, ministros de Estado , directores o ejecutivos de servicios o empresas del Estado.
Por lo tanto, aquí se nos plantea un tema fundamental, cual es el del principio de la igualdad.
Lo mismo sucede con la transparencia y la probidad. En un sistema de carácter administrativo como el nuestro, propio del siglo XIX e influido, de alguna manera, por la tradición española, la gran mayoría de nuestras actuaciones son de carácter reservado o secreto. Por eso, la instancia del cabildeo o lobby hoy se desarrolla en absoluta reserva, sin que se sepa nada de los temas abordados, de las motivaciones o de los intereses allí representados.
Lo señalado, podría provocar graves problemas de corrupción, porque podría transformarse en unión de los poderes económicos y políticos. Es decir, la gente poderosa del sistema podría influir, de alguna manera, en todas las decisiones importantes, sea a nivel político o económico, sin que la opinión pública tuviera el menor conocimiento de ello, lo cual sería sumamente grave para la evolución del sistema democrático, en el que debe darse la debida participación e información de la ciudadanía. Es evidente que para que pueda haber participación tiene que darse el conocimiento de lo que sucede, y eso hoy no ocurre con el lobby o cabildeo.
Por lo tanto, el cabildeo no regulado es la antesala para el tráfico de influencias y el cohecho, lo que redundaría en actos de corrupción que afectarían gravemente la vida democrática del sistema.
En consecuencia, resulta sumamente importante y trascendental la regulación del lobby, a fin de que queden claramente establecidas las reglas que enmarcarán esta actividad, sobre todo porque, como se ha dado en el último tiempo, políticos o funcionarios públicos importantes, inmediatamente después de dejar sus cargos, han aparecido ejerciendo el cabildeo sin ninguna regulación ni limitación.
Resulta fundamental regular la actividad del lobby, concretamente la profesional, del que la ejerce con determinada habitualidad y es remunerado. Es necesario establecer claramente los límites y las restricciones del lobbysta profesional y del lobbysmo, en general.
Esta actividad también se conecta con aspectos de carácter político. Por eso, el artículo 11 establece que “los lobbystas profesionales no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos ni de campañas electorales”, porque allí se encuentran las posibilidades de corrupción, de tráfico de influencias y de cohecho, dada la vinculación perniciosa y perversa para el sistema democrático de dos poderes: el económico y el político.
Por ello, el proyecto establece expresamente cómo, quién y cuándo puede ejercer el lobby. Además, señala inhabilidades para su ejercicio, sobre todo para el profesional. También dispone determinados requisitos para el ejercicio de la actividad, como la obligación de estar inscrito en el Registro Público de Lobbystas para ejercer la actividad en forma profesional, y la existencia de dos registros públicos de lobbystas, uno en el Congreso y otro en la Administración Pública, con vinculación electrónica automática, para que no haya disparidad entre las personas inscritas en uno u otro. Asimismo, obliga a que cualquier conversación entre un lobbysta profesional y un funcionario de Estado, debe quedar claramente registrada en una minuta, señalando expresamente de dónde viene el lobbysta, cuántas veces ha realizado sus actividades de lobby, si las ha llevado a cabo con otras autoridades y cuáles son los motivos; debe quedar constancia de la conversación, la que será pública, es decir, cualquier persona podrá saber cuáles fueron los intereses representados y el objetivo de la reunión.
Por último, establece una sanción penal para quien ejerza el lobby en forma profesional sin estar inscrito en los registros respectivos.
Pienso que ésta es una muy buena legislación, porque regula en forma exhaustiva una profesión que hoy se está realizando de hecho, y si no lo hacemos así, esta actividad profesional puede acarrear graves problemas.
Por lo tanto, para fortalecer nuestras instituciones, para mantener la igualdad, la transparencia y la probidad, resulta indispensable normar el lobby, y creo que el proyecto lo hace de la mejor forma posible. Es evidente que todo es perfectible, y veamos cómo funciona en la práctica. Si algunos aspectos no permiten la debida regulación de una actividad que puede ser muy importante para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, haremos las modificaciones correspondientes.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , sólo quiero señalar tres cuestiones fundamentales.
En primer lugar, nos parece que el proyecto va en el sentido correcto, pues constituye un avance importante en cuanto a la transparencia, a la modernización del funcionamiento institucional y a la buena relación entre los sectores público y privado, por lo cual daremos nuestro apoyo a esta iniciativa.
En segundo lugar, consideramos conveniente la creación del Registro Público de Lobbystas , puesto que, dada la idiosincrasia chilena, se podían presentar algunos problemas de funcionamiento. Pero entendemos que se trata de un requerimiento de los países con los cuales hemos celebrado tratados internacionales, lo cual nos parece bueno.
En tercer lugar, deseo plantear dos situaciones que, a nuestro juicio, es necesario corregir en este proyecto.
La primera tiene menos importancia y es casi formal.
El inciso primero del artículo 6º dispone: “Créase el Registro Público de Lobbystas , en el cual deberán inscribirse, de manera obligatoria, todas aquellas personas que ejerzan dicha actividad de manera profesional.”
Por su parte, el artículo 7º comienza diciendo: “Existirán dos Registros Públicos de lobbystas:”.
Obviamente, es necesario hacer una corrección en este sentido, para llegar a una redacción más feliz.
Sin embargo, a nuestro juicio, tiene mayor importancia -lo discutimos muy transversalmente en la Comisión de Hacienda cuando analizamos el proyecto- la manifiesta inconveniencia de la redacción del artículo 11, que establece: “Los lobbystas profesionales no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos ni de campañas electorales.”
A su vez, el artículo 20 refuerza esta idea de manera muy inconveniente, por cuanto señala: “Las personas naturales o jurídicas que contraten servicios de lobby o se hagan representar por lobbystas inscritos en los registros, no podrán contribuir al financiamiento de campañas electorales.”
Esto es absolutamente contradictorio con la idea central del proyecto, cual es transparentar las relaciones públicas o privadas. O sea, hacer lícito el lobby; decir que es perfectamente legítimo que una empresa que se hace representar por una oficina se contacte con diputados y senadores, les haga ver sus puntos de vista y trate de influirlos para que adopten una decisión a), b) o c), es decir, está transparentando todo el proceso.
Al mismo tiempo, se ha dictado una ley sobre financiamiento electoral que transparenta todo el proceso de donaciones, que las hace lícitas y conforme a la ley.
En consecuencia, confundir estas dos cuestiones sólo crea una especie de área gris, porque si el lobby es lícito, no se entiende por qué puede ser ilícito que la empresa que hace lobby haga una donación, de acuerdo con un sistema de registro público perfectamente transparente, a los diputados, senadores o al partido político que éstos representan y que han votado a), b) o c), de acuerdo con lo que trató de influirles el propio lobbysta.
En definitiva, el artículo 20, respecto del cual ha habido absoluta unanimidad de parte de los diputados de todos los partidos políticos, borra con el codo lo que se escribe con la mano, puesto que deja en una situación de duda o de sospecha al parlamentario o al partido político que es objeto de lobby, en circunstancias de que la ley pretende absolutamente todo lo contrario, es decir, transparentar el lobby para que no quede oculto o en un área gris.
Como considero que esto fue una exageración que se produjo cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia discutió el proyecto, lo lógico sería decir que cuando un diputado , un senador o un partido político sean objeto pasivo de lobby, las donaciones para sus campañas políticas deberán hacerse públicas, de manera que toda la gente sepa lo que ocurrió. De lo contrario, los parlamentarios arrancarán a perderse cuando reciban un llamado telefónico o sean contactados por una empresa de lobby. En lo personal, por ningún motivo aceptaría que algún representante de una empresa me llamase o me contactase para hacer lobby, lo que es lícito, porque si soy sujeto pasivo de lobby, quedaré inhabilitado para recibir cualquier donación de esa empresa, pues será calificada como ilícita.
Esto se parece a lo que sucede con los cuidados del sacristán que matan al señor cura; es decir, por un exceso de celo, por una extrema rigurosidad en un punto, se anula la utilidad de un proyecto que apunta en la dirección correcta.
Por lo tanto, se formularán indicaciones para corregir estos dos aspectos, uno de forma y otro de fondo, con el objeto de mejorar este buen proyecto de ley.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta las postrimerías del siglo pasado, se han identificado tres grandes males que afectan a la humanidad: el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción que se produce por la relación entre el poder o la influencia y el dinero. Hace mucho tiempo que los Estados modernos dictaron normas para evitar que se produzca esta mala asociación entre el tráfico de influencias y las decisiones tomadas por los órganos del Estado, que tienen grandes efectos económicos.
El Gobierno elaboró una agenda de probidad, de transparencia. La semana pasada aprobamos, lamentable con los votos en contra y las abstenciones de la Derecha respecto de importantes artículos, la obligación de las altas autoridades de nuestro orden institucional de declarar su patrimonio. Hoy discutimos en general el proyecto que regula la relación entre el dinero y el poder.
El proyecto constituye un gran avance, pues define lo que se entiende por lobby, señala quiénes son sus sujetos y establece la obligación de tener dos registros. Nosotros, como corporación, estamos obligados a ello.
Quiero señalar dos temas que me preocupan y que no están regulados en el proyecto de ley.
El primero dice relación con las sanciones.
Me parece muy bien que se establezcan sanciones de carácter penal, pero hay otras, de carácter administrativo constitucional, establecidas en la Carta Fundamental, que dicen relación con la mantención del cargo en el caso de ciertos funcionarios públicos.
Creo que en ese aspecto debiéramos avanzar, especialmente en lo que dice relación con nosotros, los parlamentarios. Lo lógico es que quien incurre o se aprovecha del tráfico de influencias no sólo reciba amonestación o que las sanciones queden pendientes a la espera de lo que determine la futura comisión bicameral permanente destinada a fiscalizar el lobby, sino que debemos establecer ciertas inhabilidades para estos casos, para lo cual deberemos reformar la Constitución obligatoriamente, pues, como ustedes bien saben, las sanciones a los parlamentarios, como las inhabilidades, la suspensión u otras de carácter administrativo constitucional, están establecidas en ella.
En este sentido, considero que podríamos complementar el proyecto con las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Senado.
Otro aspecto que me tocó debatir -reconozco que no participé en todas las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- dice relación con las personas que desempeñan altas funciones públicas, como los fiscalizadores, cuando dejan sus cargos.
Al respecto, considero que debiera establecerse una suerte de prohibición para ellos. Sé que la ley de probidad establece algo en cuanto a los fiscalizadores: una inhabilidad y una prohibición para ejercer cargos en el mismo sector privado que les correspondió fiscalizar. En el fondo, se les impide pasar al otro bando cuando dejan de ejercer la función fiscalizadora. Sin embargo, me parece que el plazo de la inhabilidad establecido por la ley de probidad es muy breve, apenas seis meses; creo que debiera ser mayor. A mi juicio, debiera existir una prohibición similar respecto de la materia que hoy estamos tratando, porque considero que un parlamentario o un ministro no puede transformarse en un gran lobbysta al día siguiente de dejar su cargo. Debe haber un plazo razonable, de uno o dos años, durante el cual queden absolutamente inhabilitados para ejercer una tarea de esta naturaleza.
En materia de lobby, podemos distinguir tres actores: en primer lugar, la persona que ejerce la presión y que da a conocer sus intereses, es decir, el interesado; en segundo lugar, la persona sobre la cual se ejerce la presión, es decir, quien ocupa el cargo público y debe tomar la decisión, y, finalmente, el lobbysta, es decir, quien intercede ante la autoridad.
Hasta ahora se han establecido sanciones importantes respecto de los dos primeros, pero no del tercero. En consecuencia, considero que también debiera establecerse una limitación a éste cuando haya ejercido una función pública, para que no se aproveche del cargo que sirvió. Considero que deberían transcurrir uno o dos años antes de que la persona que sirvió un cargo público, que tiene influencia en quienes toman las decisiones, pueda ejercer la actividad de lobbysta.
Por eso, presentaré una indicación que establezca la prohibición de ejercer lobby por un tiempo a quienes han sido funcionarios públicos.
Digamos las cuestiones con claridad. En buena parte, ellos son los que hoy ejercen el lobby. Sería injusto decir que todos, pero muchos han tenido importantes cargos públicos tanto en los gobiernos de la Concertación como en gobiernos anteriores. Tampoco uno puede señalar que esto es sólo una cuestión de carácter partidista político, también es una forma de ganarse la vida.
La transparencia es un requerimiento de la ciudadanía que ya está instalado en la agenda de políticas públicas. Hemos hablado de la obligación de determinadas autoridades de efectuar una declaración patrimonial y también es bueno que se conozca quiénes son los lobbystas.
Me parece bien y legítimo que alguien quiera ganarse la vida de esa forma, pero es importante que lo haga de manera transparente. También debe ser muy transparente el actuar de quien recibe la presión, lo cual está bien regulado en el proyecto.
Es legítimo que a los diputados de zonas agrícolas les gusten las bandas de precios para el trigo y el azúcar, aunque los de Santiago tenemos dudas de si son necesarias, si se trata de una intervención brutal, desde el punto de vista de una economía libre; si son discriminatorias, en fin. Ahí se ejerce lobby por personas que han ocupado cargos políticos, por presidentes de empresas, etcétera. Es bueno decirlo.
No podemos terminar con eso. Seguirá existiendo, pero lo importante es que se sepa, por ejemplo, que tales diputados o senadores han recibido presión, en el buen sentido y legítima, de parte de determinados sectores. El diputado dirá que representa zonas agrícolas, que están en juego miles de puestos de trabajo o que tal medida beneficia a muchos parceleros. Muy bien. Es legítimo, pero que se diga, que sea transparente. Lo mismo debe aplicarse en otros rubros, como el minero y el pesquero, porque eso le hace bien al país y a la democracia. El punto de la transparencia es muy positivo y está en la idea de consolidar nuestra democracia.
Por lo tanto, anuncio que votaré a favor el proyecto y que contribuiré a su perfeccionamiento con la indicación que he mencionado.
He dicho.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , estamos frente a un proyecto trascendente. Hoy, en el país nadie discute que hay personas con influencia política que realizan una actividad remunerada que los beneficia y que tienen una fuerte influencia en las decisiones públicas.
Cuesta encontrar alguna empresa internacional o conglomerado económico que no tenga que contratar a una, dos o tres personas del mercado nacional para llevar adelante su accionar económico.
Por lo tanto, es necesario regular esta actividad, que es legítima, de influir ante la autoridad pública, pero debe estar normada para que la sociedad tenga conocimiento de ella.
Al analizar las disposiciones del proyecto, se encuentran falencias que, a nuestro juicio, no es posible superar y que estarán siempre presentes en la discusión pública. Una de ellas consiste en que el esfuerzo se centra en sancionar a privados que ejercen funciones ilegítimas para presionar a autoridades públicas y no regula en nada la situación entre autoridades de distinto rango para influir en decisiones que benefician a determinados sectores económicos. Un ejemplo, conocido latamente por la opinión pública y dado a conocer con gran profusión por los medios de comunicación social cuando se discutía la decisión por la Corema y la Conama respecto de la ubicación de un aeródromo en la comuna de Buin. Durante toda la discusión del proyecto, ciertos funcionarios de rango medio que integraban dichas comisiones, tenían una determinada postura, la cual estaba dada en documentos oficiales y en entrevistas de prensa. Llegó el momento de la definición y todos los que habían planteado una posición A, por razones bastante oscuras terminaron votando Z. Este ejemplo demuestra que no sólo debemos preocuparnos por la influencia de los actores privados sobre los actores públicos, sino también de las acciones que al interior de la administración se dan con funcionarios de distinto nivel que deben tomar decisiones que pueden favorecer o perjudicar a un determinado conglomerado económico, una inversión o un proyecto.
No hay duda de que en el ejemplo dado la acción del Gobierno resultó fundamental para cambiar la decisión de funcionarios públicos que habían emitido documentos y opiniones públicas respecto de una determinada materia.
Aquí pasamos al segundo elemento respecto del cual debemos poner especial énfasis: para evitar influencias subterráneas o soterradas que uno puede calificar de oscuras, es vital, esencial, que en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de la autoridad sean fundadas. Al no exigírsele que responda con fundamento y que acepte o rechace una determinada propuesta sin más, estamos dando pábulo a un actuar absolutamente discriminatorio.
Es muy distinto si por cada decisión, sobre todo con la presentación de proyectos e iniciativas de carácter económico, la autoridad tenga que fundar su resolución. En muchas ocasiones las solicitudes o requerimientos son rechazados o aceptados pura y simplemente. Al no conocerse los fundamentos de tal aceptación o rechazo por parte de la opinión pública, queda la duda en cuanto a si la decisión se adoptó por la presión ejercida a través de lobbys o influencias de manera negativa.
Por ello, más allá de encontrar positivo el establecimiento de un registro para que se conozca quienes realizan esta función, más allá de regular ciertas relaciones entre la autoridad o el funcionario público y quien ejerce lobby con el conocimiento público de esos encuentros, es vital avanzar en el sentido de que las resoluciones de la autoridad deben ser fundadas.
En el ejemplo del aeródromo de Buin la resolución de la Corema no fue fundada. El informe ambiental fue aceptado y aprobado sin más por parte de funcionarios que algunos días antes habían opinado absolutamente en contrario. Por ende, debemos avanzar en lo referente a las relaciones al interior de la administración y en que ésta siempre deba fundar sus resoluciones, por último para ser controvertidas por quienes consideran que sus derechos han sido transgredidos o creen que la resolución no está de acuerdo con las normas jurídicas de nuestro ordenamiento institucional.
Estimamos que el proyecto no avanza lo suficiente en esta materia ni resuelve el tema de fondo, cual es que personas con influencias, básicamente políticas, puedan seguir actuando frente a la autoridad administrativa, a espaldas de la opinión pública, debido a estos dos elementos que, a nuestro juicio, son fundamentales.
De acuerdo con el proyecto, el lobbysta o quien ejerza esa función debe estar inscrito en un registro y dar a conocer las reuniones concertadas con determinadas autoridades o funcionarios. Todos vamos a conocer esa información. Pero un lobbysta puede no estar registrado, ir a comer a la casa de un ministro y luego éste ordenar que se resuelva un asunto de determinada manera; o sea, ni siquiera hubo contacto entre el lobbysta y el funcionario que, en definitiva, resolvió el tema. Por eso, es fundamental la regulación al interior de la administración pública. Quiero hacer especial énfasis en esos dos puntos, porque en ellos está el elemento central de la discusión para seguir perfeccionando esta normativa.
Otro aspecto que me preocupa es la definición de lobbysta profesional y de lobbysta particular que se da en el proyecto. La línea de la habitualidad para que sea o no sea profesional es demasiado sutil. Por eso, además del registro, debe reforzarse el accionar que deben tener en este aspecto las autoridades y funcionarios públicos, y nosotros como parlamentarios.
El ejemplo que dio el diputado Luksic , si bien es cierto, en ese caso están en juego ciertos elementos de beneficio económico por un proyecto. Siempre que se ha actuado de esa manera ha sido por establecer políticas públicas que vayan en beneficio de las mayorías que viven en esas regiones. El tema de cómo acoger los planteamientos de los agricultores y proteger una actividad económica fundamental en algunas regiones no entra en lo que la Cámara tendrá en cuenta cuando avancemos en materia del lobby.
¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando en una de nuestras regiones se presenta un gran proyecto, a pesar de que existe gran discusión por parte de la comunidad, de repente un órgano público, sin fundamento alguno, lo aprueba en materia ambiental. Sin embargo -tenemos ejemplos en nuestra región- una vez aprobados por la autoridad ambiental y ejecutado el proyecto, se puede apreciar el mal olor y otras dificultades que afectan a los vecinos. Pero la autoridad, al no tener que fundar su decisión, queda sometida al arbitrio de una influencia que tiene como común denominador haber contratado personas con poder político al interior de la administración. Ello debe ser necesariamente resuelto.
Votaremos favorablemente, pues el proyecto va por el camino correcto. Sin embargo, presenta una serie de falencias que no solucionan el problema de fondo. Si no lo perfeccionamos, dentro de un tiempo más estaremos discutiendo esas deficiencias, porque, reitero, a nuestro juicio, el proyecto no aborda temas fundamentales. No toca la relación de las autoridades y funcionarios entre sí, la necesidad de que la administración funde sus resoluciones y, además, las diferencias entre el lobby profesional y el particular son demasiado sutiles, lo que, de no enfrentarse nuevamente quedaremos en tierra de nadie en esta materia.
Repito, vamos a votar favorablemente, pero queremos remarcar que es necesario seguir avanzando en este tema. Nadie puede desconocer que, en la actualidad, dos o tres personas logran que distintas empresas aprueben proyectos de impacto ambiental, superen deficultades de la administración, o regulaciones con una facilidad que asombra.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , no hay duda de que este proyecto constituye un gran paso para tener más transparencia en el país. Es evidente que las autoridades necesitan tener el máximo de información en el momento de tomar decisiones. Muchas veces, se legisla o se deciden aspectos que tienen que ver con la vida económica de un país y los sectores interesados representan a las autoridades sus propias visiones. Eso existe y ha existido siempre.
Es así como diversas personas o agrupaciones, sindicales, económicas o de otra naturaleza, llegan al Congreso, se reúnen con nosotros e incluso asisten como invitados a las comisiones para dar a conocer sus puntos de vista. Además, con el mismo objeto, se reúnen en forma individual con parlamentarios o con ministros. Eso está bien, pero en la medida en que no se actúe en forma transparente, se pueden generar situaciones profundamente negativas que afectan la imagen de una autoridad, que debe tomar las decisiones mirando al bien común.
Es legítimo escuchar a todos los sectores, sin duda, pero hay que tener presente que la decisión de la autoridad debe tener por finalidad producir un bien para toda la ciudadanía. Desde ese punto de vista, la regulación de esas acciones destinadas a conocer puntos de vista, debe ser muy transparente, especialmente porque muchos sectores no tienen posibilidad alguna de saber qué está ocurriendo y de entregar sus argumentos. Por lo tanto, es muy importante la regulación del lobby para el sistema democrático, para la transparencia y para combatir la corrupción.
El proyecto apunta en la dirección correcta, pero después de haber participado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de haber trabajado en él, me vuelven a asaltar dudas en algunos aspectos, motivo por el que hemos presentado indicaciones, a fin de que volvamos a analizarlos en la Comisión.
La iniciativa establece quién es lobbysta profesional y quién no lo es, así como definiciones y sanciones penales para quien ejerza ilegalmente dicha actividad. Sin embargo, dicha disposición me merece dudas, porque crea un mecanismo mediante el cual, en forma subrepticia, un lobbysta no profesional podría actuar como tal, lo cual introduce un elemento distorsionador que permite burlar la ley. Por eso, hemos presentado una indicación para volver a considerar el tema.
Asimismo, hemos formulado indicación con el objeto de aclarar aún más las actividades que no constituyen lobby, con el fin de lograr absoluta claridad y precisión al respecto, lo que evitará una discusión sobre qué actuaciones se consideran como tal. No me voy a extender más sobre la materia, porque analizaremos esta disposición en detalle en la Comisión.
Es importante establecer con precisión lo anterior, porque, por ejemplo, la letra f) del artículo 4º dispone que no constituyen actividades de lobby las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas a una comisión del Congreso Nacional. Pero para que efectivamente dicha actividad no sea considerada lobby, debería quedar un registro público de la presentación hecha ante una comisión del Congreso, de lo contrario podría considerarse que sí lo es. Además, el registro público de las declaraciones o las informaciones entregadas permitirá que éstas puedan ser conocidas por cualquier lobbysta o persona que lo desee.
Por otra parte, el proyecto dispone que la información contenida en el registro de lobbystas debe tener carácter público y que cualquier persona podrá acceder a ella sin más requisito o condición que el cumplimiento de los procedimientos fijados al efecto. Al respecto, para que haya absoluta claridad de que se trata de un registro público, presentamos una indicación para eliminar la frase “sin más requisito o condición que el cumplimiento de los procedimientos fijados al efecto”, sino que la información es pública y cualquier persona podrá acceder a ella.
Por otro lado, es importante aclarar quiénes no pueden ejercer la actividad de lobbysta. Se estableció que los ex miembros del Poder Judicial no pueden serlo. Hay que precisar la disposición y señalar: “Los miembros y los ex miembros del Poder Judicial , hasta un año después de hacer abandono de sus funciones”.
En relación con las autoridades de los partidos políticos, presentamos una indicación que aclara quiénes y hasta qué grado no pueden ser lobbystas.
Es positivo que la iniciativa vuelva a Comisión, porque eso nos permitirá discutir éstas y otras materias, con el objeto de perfeccionarlas y obtener un consenso que vaya en la dirección correcta.
Creo que el proyecto va en la dirección correcta.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , a diferencia de lo planteado por los colegas, considero que éste es un muy mal proyecto. Me parecen ingenuas las interpretaciones respecto de lo que es el lobby y lo que pretende en un país.
Si por lobby se entienden aquellas actividades realizadas por los grandes intereses económicos para influir sobre las autoridades públicas en beneficio de sus propios objetivos corporativos, o la actividad directa o por interpósita persona para que las políticas públicas los favorezcan, entonces el lobby, en su esencia, me parece absolutamente ilegítimo.
Las sociedades democráticas cuentan con los mecanismos necesarios para resolver otro tema muy distinto con el que, ingenuamente, quiere confundírselo. Toda autoridad pública, sea del Ejecutivo o del Legislativo , debe disponer de los medios para tomar sus decisiones de la manera más ilustrada posible. En este sentido, una cosa es que los ejecutivos de una determinada empresa nacional o transnacional vengan a la Comisión técnica respectiva y en una sesión formal -como por lo demás ocurre en cumplimiento de la ley orgánica del Congreso y del reglamento de la Cámara-, con el registro de su exposición en el acta correspondiente y ante un ministro de fe, den cuenta de las bondades y defectos del proyecto que estamos discutiendo, y otra muy distinta que los mismos ejecutivos inviten a un grupo de parlamentarios a sus casas, a su empresa o a cualquier otro lugar para, luego de agasajarlos, convencerlos de que actúen o voten de manera favorable el proyecto de ley. Ésa es la diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo.
Por lo tanto, si consideramos la definición que se le ha dado y cómo ha sido regulado en este proyecto, en mi opinión, el lobby es ilegítimo, antidemocrático y profundiza las desigualdades brutales que existen en nuestro país.
Es evidente que el señor Perico Pérez Portales , de la Villa Manríquez, de la comuna de La Pintana, nunca va a poder hacer lobby, aun con todas las regulaciones propuestas por los señores diputados que han señalado que el proyecto es bueno y perfectible. En tanto, los señores Luksic seguirán haciéndolo. Es decir, el 2 por ciento de la población del país podrá seguir haciendo todo el lobby que quiera y el 98 por ciento restante no tendrá nunca la posibilidad de hacerlo. En el mejor de los casos, el señor Pacheco , de La Pintana, podrá plantear sus puntos de vista si se hace miembro de algún sindicato que asista a la Comisión de Trabajo de la Cámara, o a la que hoy está analizando las distorsiones del mercado laboral. Pero será imposible que él pueda invitar, con todos los gastos pagados, a parlamentarios o a ejecutivos para influir sobre sus puntos de vista.
Según datos del Servicio de Impuestos internos, el 80 por ciento de los chilenos gana 300 mil pesos o menos. Por lo tanto, no hablamos sólo de un señor equis de una posición muy marginal en la sociedad, que vive en La Pintana, en Talcahuano o en alguna población de Talca. Pero el resto de los chilenos tampoco gana seis o siete millones de pesos; sobre 90 por ciento gana menos de setecientos mil pesos.
Insisto, el 2, 3 o, en el mejor de los casos, el 5 por ciento de chilenos o extranjeros que realizan actividades lucrativas de alto rendimiento económico sí pueden influir en las autoridades públicas. Pero deberán cumplir con un par de regulaciones. Primero, registrarse en una “listita”. Segundo, si hacen un regalo, publicarlo. Si van a regalar un caballo, que no sea una actividad de parlamentarios opositores la que lo descubra, sino que manden primero una fotografía del caballo, luego su pedigrí y después lo regalan. Pero eso no cambia mucho la naturaleza del problema.
Este lobby así regulado -vamos a llamarle, a juicio de la mayoría del Congreso, el “lobby decente”- viola el principio esencial de toda democracia, cual es la igualdad frente a la ley. O sea, ese mismo lobby, aun regulado -¡para qué decir el ilegítimo!-, lo puede hacer un grupo reducido de ciudadanos o no ciudadanos -porque pueden ser extranjeros-, y el 90 por ciento de la sociedad quede excluida.
El segundo problema del lobby es que crea incentivos poderosos para corromper a funcionarios públicos. Porque -se los digo con toda franqueza- el objetivo de una empresa no es generar mayor cultura general en la autoridad pública objeto de su lobby, no es ilustrarla cual esfuerzo de Enciclopedia Barsa, sino incentivarla para que actúe en la dirección de un interés específico. Ése es el punto.
La empresa Telefónica asistió en su oportunidad a la Cámara no para que estuviéramos mejor ilustrados de cómo funcionan en el mercado de las telecomunicaciones, sino para señalar de qué manera había que legislar para mejorar sus condiciones en el mercado. Ése era el punto.
Y así sucesivamente, cada uno de los grandes intereses económicos.
Del argumento convincente, al estipendio, al obsequio, al regalo, al cariño y -¿por qué no decirlo?- al ayudar a una campaña onerosa, hay pasos muy leves. Y si uno quiere transparentarlos, puede hacerlo, pero eso no quita la fuerza que tiene la desigualdad brutal que produce el efecto que acarrean.
Un tercer efecto del lobby es convertir en letra muerta o superfluos los espacios que tiene la propia democracia para resolver, por ejemplo, el problema que planteó el diputado Ceroni , que es cómo nos enteramos de los legítimos puntos de vista de la comunidad nacional frente a un determinado proyecto de ley. El diputado Ceroni lleva muchos años en el Congreso, por su propia capacidad y por la voluntad soberana de los electores de su distrito. ¡Enhorabuena! Y sabe que en las comisiones en que participan los diputados estamos obligados a escuchar a todas las organizaciones que así lo hayan solicitado y que tengan algo que decir respecto de un proyecto sobre el cual estemos trabajando. Y eso, que lo hacemos en el Congreso en cada una de las comisiones técnicas, deben y debieran hacerlo cada uno de los miembros del Ejecutivo. Debería haber audiencias públicas, como las hay en países desarrollados, porque es mentira que todos los que tienen esta condición hayan aceptado el lobby regulado. En efecto, hay varios que lo han prohibido -en buena hora- y, simplemente, han determinado cómo, a través de mecanismos democráticos, abiertos, públicos, de conocimiento ciudadano, se dan a conocer los distintos intereses y se informan las autoridades, tal cual lo tiene bastante avanzado el Congreso chileno.
Incluso se presentan inconvenientes como el que, con razón, planteaba el diputado Alberto Cardemil . La solución que dio es la peor de todas, pero el problema que planteó es razonable. Así, por ejemplo, ¿qué habría que hacer si la empresa Luksic hiciera un lobby,..?
El señor BURGOS .-
¿Sería legítimo?
El señor AGUILÓ .-
Si por lobby se entiende el interés de influir al margen de los mecanismos que tiene el Congreso actualmente, en mi modesta opinión, sería ilegítimo.
Si la empresa Luksic quisiera hacer un lobby y contrata a Tironi y Correa Limitada, de acuerdo con el proyecto, Tironi y Correa Limitada no podría pagar ni financiar ninguna campaña de parlamentario. Tampoco el señor Luksic , por haber contratado ese lobby, podría hacerlo, porque se supone que esos lobbystas están actuando en función de sus intereses. Sin embargo, el colega Cardemil dice que ello sería un grave error, por cuanto se estaría distorsionando el proyecto de ley. De manera que ningún parlamentario querrá ser parte pasiva del lobby, es decir, recibir esta influencia o reunirse siquiera con los lobbystas, porque no podrá recibir directamente apoyo de ellos para su campaña ni de la empresa que los mandató.
Francamente, considero muy obvio que ningún candidato reciba recursos de alguien, sobre todo ahora que existe financiamiento público. Ésta es una de las cien controversias -por decirlo en forma genérica- que motivará este proyecto de ley, porque si por una parte hace agua, por la otra también lo hará, porque estamos considerando legítima una actividad que, en esencia, no lo es. Ningún ciudadano debiera estar por encima de la ley ni de los demás ciudadanos. Tampoco debería haber un grupo, por muy poderoso que sea desde el punto de vista económico, con acceso indefinido e ilimitado a las autoridades, por muy transparente que sea ese acceso, en circunstancias de que el resto de la población no tiene ninguno o sólo los contemplados en la Constitución y en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
De manera que planteo estas inquietudes, porque Chile vivió -entiendo que la actividad del lobby se está realizando con algún nivel de profesionalismo desde hace tres o cuatro años- como un país independiente, sin grandes sobresaltos económicos -los problemas que hemos tenido no tienen que ver con la aparición del lobby-, y perfectamente podría seguir desarrollándose económicamente sin el lobby. De hecho, no habría problema en declararlo ilegítimo, sobre la base de decir que los mecanismos constitucionales, legítimos y legales, que tiene el Congreso para escuchar a los distintos intereses económicos o ciudadanos están perfectamente estipulados en nuestra ley orgánica y en nuestros estatutos y, por lo demás, son suficientemente conocidos y respetados.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , este proyecto tuvo su origen en un mensaje, pero antes hubo varias iniciativas parlamentarias, en algunas de las cuales participé sobre la materia. En términos generales, es positivo y necesario.
Sin embargo, la regulación del lobby tiene dificultades. Nunca vamos a ser capaces de regular, por ejemplo, el lobby que se produce a la salida de un evento social o por teléfono entre un particular y una autoridad. No podemos pretender que una ley llegue hasta esos rincones de la vida privada. Siempre habrá dificultades en tal sentido.
El fondo del problema es cómo crear un marco que reduzca al máximo esas dificultades. La respuesta está en la mayor transparencia, en encender las luces, en ejercer el derecho de petición, en contratar a alguien para que nos represente frente a la autoridad. Pero todo debe ser conocido. Si una persona tiene interés en una decisión, debe saber si su contraparte habló con el ministro , el parlamentario, el intendente o el gobernador que tomará la decisión, de modo que también pueda hablar con la autoridad que corresponda.
No podemos regular lo que no puede ser regulable, pero sí podemos encender las luces para que todo sea transparente, para que exista igualdad en el acceso a las autoridades.
El proyecto regula, básicamente, la labor del lobbysta profesional, a quien define como aquella persona que recibe una remuneración por su labor y que, además, lo realiza en forma habitual, es decir, dos o más veces en seis meses. Esta definición es compleja, porque muchos lobbystas pueden no ser remunerados y ejercer una influencia mucho más fuerte que el lobbysta remunerado. De hecho, muchos lobbystas pueden hacer una sola acción de lobby en el semestre y lograr una influencia mayor.
Sin embargo, todas las deficiencias, a mi juicio, se compensan con el artículo 21, que comparto plenamente y respecto del cual propusimos varias indicaciones. Es el más importante del proyecto, pues sin perjuicio de la información contenida en los registros públicos de lobbystas, todo órgano de la Administración del Estado y el Congreso Nacional deberá contar con procedimientos de registro de las reuniones y comunicaciones efectuadas entre los lobbystas y las autoridades y funcionarios. Es decir, los chilenos que quieran ejercer su derecho a petición personalmente y hablen con la autoridad o a través de lobbystas, aparecerán en un registro público en internet o en un libro. Así, todos sabrán con quién se reunió la autoridad y con qué objeto, y si quieren expresar su punto de vista, lo podrán hacer en la misma instancia. Eso es transparencia. Con eso evitamos que sólo algunos privilegiados accedan a las autoridades.
Las autoridades de Gobierno y los integrantes de la Mesa de la Cámara de Diputados tendrán una gran responsabilidad en el tema. Deberán implementar un sistema que posibilite que cualquier chileno conozca la agenda de un parlamentario o de ministro y sepa con quien se reunió para discutir sobre determinado proyecto de ley.
A continuación, enumeraré algunas situaciones que deben ser objeto de indicaciones.
En primer lugar, me preocupa que la única sanción para el lobbysta profesional que ejerce inadecuadamente su labor o que no cumple con las normas sea la eliminación del registro respectivo, porque puede suceder que lo saquen del registro, pero va a seguir ejerciendo el lobby sin estar registrado y, por tanto, sin ninguna de las obligaciones que le exige la ley. Eso, a mi juicio, no es suficiente y debe haber otro tipo de sanción.
En segundo término, no me parece apropiado -ya se ha dicho aquí- que se diga en forma genérica que ni los lobbystas ni las empresas que contraten sus servicios pueden aportar ni contribuir al financiamiento de campañas públicas de ningún tipo ni para ningún candidato y en ningún tiempo. A mi juicio, esa norma es absolutamente genérica y no se justifica. Además, es contradictoria con el espíritu del proyecto, porque parecería, entonces, que el ejercicio del lobby o la gestión de intereses es ilegal; todo lo contrario de lo que establece la iniciativa. Mucho más razonable, por ejemplo, es restringir el financiamiento a las campañas políticas de candidatos que en un determinado momento fueron sujetos pasivos del lobby.
En tercer lugar, el artículo 13 también debe ser modificado, porque establece impedimentos para que ciertas autoridades puedan ejercer esta actividad. Se dice, por ejemplo, que los parlamentarios y quienes desempeñen funciones en los órganos de la administración del Estado no podrán ejercerla mientras cumplan sus funciones, lo cual me parece evidente. Sin embargo, tratándose de los jueces y de los presidentes de partidos políticos, esta prohibición se prolonga hasta un año después de que dejen su cargo. Me pregunto por qué esa diferencia. ¿Por qué un magistrado que renuncie a su cargo, por ejemplo, no puede ejercitar el lobby durante un año y, en cambio, un diputado que deje de serlo puede hacerlo al día siguiente? Me parece razonable que exista la prohibición de un año para que quien deje un cargo administrativo o parlamentario pueda ejercerlo, porque ésa es la puerta giratoria entre el ejercicio público y el privado a que queremos poner fin. Y estimo absolutamente inaceptable y erróneo discriminar en contra de los jueces y de las autoridades de los partidos políticos o a favor de los parlamentarios y de los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la administración del Estado.
Finalmente, en el proyecto del lobby, que presentamos con la diputada Marcela Cubillos y el diputado Marcelo Forni , consideramos fundamental agregar tres modificaciones adicionales sin las cuales el lobby no tiene ningún sentido.
La primera es que, por ley, las votaciones en las sesiones de Sala y de Comisión de la Cámara deben ser públicas, porque de nada sirve transparentar el lobby si después no sabemos cómo votan los diputados. Por ejemplo, no sabríamos si fueron o no influenciados.
Sé que hoy existe la posibilidad de que las Mesas de la Cámara y del Senado pueden hacer las votaciones públicas, pero nosotros queríamos que ésa fuera una obligación legal para que la decisión no quedara al arbitrio de la Mesa de turno. Es una forma de transparentar, pues permite saber si realmente hay o no hay influencia. Eso está pendiente.
La segunda es que, con el fin de terminar con la mencionada puerta giratoria del sector público al privado, actualmente la ley de probidad establece una prohibición de seis meses que nos parece un plazo tremendamente breve, sobre todo si consideramos que un funcionario público, desde que es notificado de que deberá dejar su cargo, puede anticiparse. En consecuencia, nos parece mucho más prudente ampliar ese plazo a un año, de manera que no suceda que quienes dejen de servir al Gobierno o a un ministerio, al séptimo mes se encuentren trabajando en las empresas que les correspondía fiscalizar. Ampliemos ese plazo a un año y tendremos más transparencia.
La tercera dice relación con el artículo 13 de la ley de bases. Cuando se aprobó la ley sobre probidad se dijo que todos los actos y documentos del Estado serían públicos y que sólo en casos excepcionales, a través del reglamento, se podría dar el carácter de secreto o reservado a alguno de ellos. Sin embargo, desde su promulgación, hace un par de años, se han dictado más de cien reglamentos en tal carácter y todo lo que por ley debía ser público, hoy es reservado. Cualquiera de nosotros puede ir a una institución pública a pedir un documento y es probable que no se lo entreguen porque es reservado. De alguna forma, se tergiversó el espíritu de la ley. Por eso, en este proyecto que regula el lobby, que tiene directa relación con la transparencia, planteamos que sólo a través de la ley pueda declararse secreto o reservado un documento.
Propusimos a la Comisión que se incorporaran al proyecto estas tres modificaciones anexas; sin embargo, ésta, por votación dividida, decidió tramitarlas en proyectos separados.
Una vez más, llamo la atención en el sentido de que el proyecto del lobby no es suficiente si no aprobamos proyectos paralelos como los que he mencionado. Es la única forma de transparentar y encender las luces de la administración pública para que todos los chilenos sepan que su opinión vale lo mismo a la hora de tomar una decisión administrativa.
En términos generales, con las perfecciones que al proyecto se le deben hacer en la Comisión, desde ya anticipo el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , entiendo que el objeto fundamental de este proyecto de ley, como ha quedado de manifiesto en varias intervenciones -y quiero reiterar y sumarme a un concepto de esa naturaleza-, es la transparencia en torno a una actividad que existe. No es una actividad respecto de la cual uno pueda decir que está dentro del plano de lo teórico o de lo que pueda ocurrir. Existe y se ejecuta con normalidad. De lo que se trata, para lograr mayor transparencia, es que exista una regulación, un conocimiento público, a través de registros idóneos, sobre quiénes se dedican a una actividad de esta índole, los cuales, particularmente, lo hacen con carácter habitual o profesional.
Además, tener claridad acerca de los argumentos esgrimidos para poder influir -es el tema esencial- en una decisión que debe adoptarse en cualquier ámbito de los órganos del Estado.
El lobbysta, indudablemente, busca ejercer influencia. Ahora, ¿qué métodos ocupa o cuáles son las calificaciones que existen? Unas pueden ser profesionales y otras el cúmulo de contactos, de vínculos personales, que se han ido desarrollando y que permiten que una persona pueda acceder donde otros no pueden.
A mi juicio, el hecho de regular de manera legal este tema nos coloca en una perspectiva adecuada, sobre todo en un país con inserción internacional, donde el lobby no tan solo se practica fronteras adentro, sino también en el ámbito internacional.
El propio mensaje nos entrega antecedentes comparados. Por ejemplo, con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio y con la Unión Europea, un tratado de asociación. En América Latina estos vínculos formales son todavía inexistentes o incipientes, desde el punto de vista legislativo, como ocurre con nuestros vecinos argentinos.
Por tanto, en la discusión de este proyecto de ley en general -porque todavía no entramos a las particularidades y, con seguridad, se presentarán múltiples indicaciones, como aquí han sido anunciadas-, me parece que debiéramos jerarquizar -reitero- los objetivos para lograr transparencia, como el conocimiento acerca de las calidades de personas que se dedican a esta actividad y la publicidad de los argumentos, para tener claro que en el momento en que una persona o institución, con capacidad de decisión, opte por una u otra resolución, particularmente cuando hay conflictos de intereses, pueda dar cuenta también de las razones que la motivaron. Es esencial tener presente también las diversas opciones sobre las cuales puede adoptarse una decisión, situación que, por lo demás, es normal, incluso, en el ámbito legislativo.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
Señor Presidente , el diputado Jorge Burgos ha pedido una interrupción, con cargo a mi tiempo, la cual estoy dispuesto a otorgársela, si su señoría lo autoriza.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , agradezco al diputado Riveros su deferencia por otorgarme la interrupción.
Quiero hacer dos comentarios.
El primero es más central y se refiere a la reciente intervención del diputado Sergio Aguiló que, probablemente, ha sido la única voz crítica al proyecto.
Me parece muy legítimo que haya diputados que crean que el lobby no deba regularse porque lo consideran una actividad ilícita. En ese caso, se requeriría una indicación o un proyecto de ley que lo estableciera o prohibiera su ejercicio, porque, lo contrario, es decir, creer que se va a dañar el lobby y que vamos a perderlo por no regularlo, es autoengañarse, ha crecido de manera desmesurada y, a mi juicio, ha traspasado la frontera de la ilicitud -y en eso tienen razón- por falta de regulación.
Cuando hace dos años y medio, junto con la diputada Tohá , presentamos la moción que motivó esencialmente el proyecto del Ejecutivo , establecimos como elemento principal la existencia de una actividad que, por no estar regulada, cotidianamente traspasa -o puede traspasar- la frontera de lo lícito.
Entonces, aquí hay una discusión de fondo. Si alguien cree, como bien lo expresó el diputado Aguiló, que el lobby tiene el carácter de ilícito por el solo hecho de ser lobby, la consecuencia jurídica de eso es su prohibición.
Es necesario plantear el tema sobre la base de esa consideración.
Creo que es importante regular el lobby y, en la medida en que el aparato del Estado sea capaz de fiscalizarlo, debiera obtener buenos resultados.
Mi segundo comentario dice relación con lo mencionado por algunos diputados en cuanto a que el artículo 20, referido a la prohibición de aquellos que contraten servicios de lobby para financiar campañas políticas, es de dudosa constitucionalidad y se ha criticado profusamente. Ése es el nervio, el motor de este proyecto. Hay quienes opinan que no se va a poder hacer lobby. Sí, se va a poder, pero el que lo contrate no podrá contribuir al financiamiento de campañas electorales, lo cual me parece de absoluta lógica. ¿Qué va a disminuir el lobby? Probablemente, disminuirá. ¿Qué tiene de malo que ello suceda? Lo importante es que seamos capaces de fijar un límite muy claro en el sentido de que, a partir de la promoción de intereses legítimos el encargado profesional que va a golpear puertas, particularmente las de quienes legislan y dictan las leyes, se inhiba de financiar campañas políticas, porque aparecerá como un elemento central de distinción a la hora de mayor transparencia.
Creo que esos dos elementos son básicos y la iniciativa hay que apoyarla con todo. De lo contrario, no vamos a hacer un esfuerzo por transparentar y avanzar en el tema de la probidad.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
¿Habría acuerdo para prorrogarlo por el tiempo que ocupen los diez diputados inscritos, quienes harán uso de la palabra hasta por siete minutos cada uno?
No hay acuerdo.
En consecuencia, en la sesión que se celebraremos el miércoles 1º de diciembre, de 21 a 24 horas, continuaremos con el debate del proyecto de ley que regula el lobby, ocasión en que lo votaremos en general, ya que deberá volver a Comisión, porque hasta el momento ha sido objeto de más de setenta indicaciones.
Para la ocasión, se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra las diputadas señoras Carolina Tohá y Laura Soto, y los diputados señores Saffirio, Jaramillo, Leal, Navarro, Felipe Letelier, René Manuel García, Hidalgo, Errázuriz y Araya.
Tiene la palabra el ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor DOCKENDORFF ( ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo quiero formular algunas referencias para complementar lo señalado por los honorables diputados que me antecedieron en el uso de la palabra sobre los marcos y alcances del proyecto en relación con otras iniciativas que está propiciando el Ejecutivo , tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En el mundo moderno las demandas sobre el buen gobierno o la política son básicamente tres. En primer lugar, claridad de objetivos. En segundo lugar, real preocupación e involucramiento por los problemas de la gente, lo que no implica necesariamente capacidad resolutiva, sino de empatía por los problemas reales de la gente. En tercer lugar, transparencia, al punto que ésta se ha constituido en una exigencia ciudadana que se refleja, incluso, en la expresión electoral.
Los gobiernos de la Concertación, siguiendo el principio de la transparencia y en la convicción de los programas de gobierno de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de la actual administración en materia de modernización del Estado y de probidad y transparencia, se han desarrollado y llevado adelante un conjunto de iniciativas, muchas de ellas conocidas, como la creación de la comisión de ética pública; la modificación al Código Penal, a través de la ley Nº 19.645, que sanciona delitos de corrupción; la Convención Interamericana contra la corrupción; la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales, las cuales se hacen cargo, en parte, de las observaciones del diputado Edgardo Riveros; la promulgación de la ley Nº 19.817, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
En 2003, el Ejecutivo acordó y aprobó con la Oposición la denominada “agenda corta”, a través de la cual se han llevado adelante varias iniciativas importantes, tales como la regulación de los gastos reservados, la creación de la Agencia para el Servicio Civil, el mejoramiento de la regulación de las inhabilidades de los funcionarios públicos, la formación de la Comisión Mixta Permanente de Presupuestos, que hace un seguimiento a la gestión financiera del Estado, la declaración jurada patrimonial -lamentablemente inhibida en la decisión adoptada en la semana pasada por la Cámara de Diputados-, la creación de ChileCompra, además de otras.
Actualmente, y para tranquilidad del diputado Monckeberg, estamos patrocinando una moción de los senadores Larraín y Gazmuri destinada a legislar sobre la transparencia pública. Nos parece esencial que, en este proceso, la transparencia alcance a todos los niveles de la Administración del Estado y de los Poderes Públicos, ya que ello es complementario a los objetivos de profundización democrática que inspiran la tarea del Supremo Gobierno.
No me detendré en la necesidad de regular el lobby, por cuanto ese aspecto ha sido mencionado latamente por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, ni sobre el funcionamiento del sistema. Sólo quiero señalar que ante una realidad social, política, económica y laboral como es el lobby, hoy instalado en nuestra sociedad, el rol subsidiario y regulador del Estado deja pie para la posibilidad de captura de las decisiones de los agentes públicos por parte de intereses que, si no se regulan, terminan por introducir profundas alteraciones o distorsiones en la toma de decisiones.
El proyecto no asegura un control abrumador, definitivo o decisivo de la totalidad de las decisiones que pueden interferir en la toma de decisiones por parte del Estado o de alguno de sus poderes. Sin embargo, estimamos que avanza en el sentido correcto, pues recoge una aspiración que está en la convicción del Ejecutivo.
El proyecto también asume, en el espíritu, un grado importante de responsabilidades de quienes tienen que cumplir esa función, de quienes son objeto pasivo de lobby y de los parlamentarios y de los funcionarios públicos. Tal como una ley de tránsito no garantiza el absoluto control sobre la decisión del usuario de un automóvil en el radio urbano, una ley que regule la actividad del lobby tampoco podrá penetrar en la intimidad o en las decisiones que, muchas veces, tienen que ver con el campo de la ética. Nosotros hacemos aquí un acto de confianza en las decisiones de quienes tienen responsabilidades en los asuntos públicos.
El populismo florece gracias a la ignorancia y el autoritarismo y la dictadura gracias a la opacidad y al miedo. Sin embargo, la democracia florece en la transparencia y la tolerancia. Pensamos que estamos construyendo un marco jurídico que nos permite avanzar en el proceso de modernización del Estado y aumentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y en la política como actividad.
No deben haber espacios opacos en la actividad pública, cualesquiera sean las tareas que desempeñamos quienes tenemos responsabilidades en lo público. Confío sinceramente, como ministro , en que en esta rama del Congreso Nacional se van corregir los errores cometidos hace algunos días con otra disposición legal que, no obstante estar dentro del acuerdo convenido en la denominada “agenda corta”, en 2003, no pudo ser aprobada. Espero que el rechazo ciudadano que provocó esa decisión constituya una lección aprendida, y que en esta oportunidad contemos con los votos de los miembros de la Cámara de Diputados para aprobar esta iniciativa, indispensable para la transparencia en la modernización del Estado y de nuestra democracia.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
-La Mesa informa sobre la presencia, en las tribunas, del embajador de Israel en Chile , señor Josef Regev, a quien brinda un afectuoso saludo.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar los proyectos de acuerdo.
Debo recordar a la Sala que en la mañana se aprobó en forma unánime discutir sobre tabla el proyecto que trata la relación Fonasa-Teletón, que fue firmado por todos los jefes de bancada.
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez para plantear una cuestión reglamentaria.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda, pido tratar ahora el proyecto de acuerdo Nº 509, que encomienda a dicha Comisión constituirse en investigadora para conocer, analizar, estudiar y evaluar las fallas o defectos en la calidad de la construcción de conjuntos habitacionales en que el Serviu fue el primer vendedor.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo Nº 498 está íntimamente relacionado con el mencionado por el diputado Aníbal Pérez , porque a través de él se solicita al Presidente de la República adoptar medidas en favor de las familias afectadas por la mala construcción de sus viviendas.
Por lo tanto, pido que solicite el acuerdo de la Sala para ver ambos proyectos.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para tratar el proyecto de acuerdo Nº 509?
No hay acuerdo.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
No hay unanimidad.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Nadie se ha opuesto, señor Presidente .
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Estoy diciendo que no hay unanimidad. El Reglamento no me obliga a decir quién se opone.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
¿Me permite, señor Presidente ? Me parece razonable lo que plantea la diputada Isabel Allende , en cuanto a tratar los asuntos que dicen relación con la misma materia. Además, les recuerdo que el proyecto de acuerdo Nº 509 fue presentado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Vivienda.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Señor diputado , el Reglamento establece que para hacer un cambio en ese sentido se necesita la unanimidad de la Sala, pero ésta no ha sido otorgada. Tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, la solución al problema es que usted pida nuevamente la unanimidad de la Sala para ver los dos proyectos de acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Seguel?
No hay acuerdo.
CODIFICACIÓN EN FONASA DE LAS PRESTACIONES DE LA TELETÓN.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 516, de los señores Accorsi, Lorenzini, Rossi, Jarpa, Riveros, Vilches, García, don René Manuel, y Leal.
“Considerando:
Que la Fundación Teletón, gracias al aporte voluntario de millones de chilenos, realiza una obra insustituible en beneficio de más de cincuenta mil niños que sufren de algún tipo de discapacidad física. Por tanto, corresponde a las autoridades públicas colaborar con ella, generando, entre otras cosas, los marcos regulativos que faciliten su trabajo en favor de la rehabilitación y de la plena integración social de los afectados.
Que uno de los problemas más graves que enfrenta la Fundación Teletón es que muchas de las prestaciones médicas que se ofrecen en sus centros no se encuentran codificadas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), razón por la cual, éste no se hace cargo de su financiamiento, como tampoco lo hacen las Isapres, cuando sus familias están afiliadas a ellas. La codificación es la expresión concreta de la cobertura y financiamiento de las prestaciones, la cual es indispensable para lograr una optimización de los recursos de la seguridad social y para aliviar los costos que, en definitiva, deben soportar la Fundación y/o las familias de los niños tratados por ella.
Que Chile debe acoger y potenciar los procesos de rehabilitación de sus niños discapacitados. En esta materia, la Cámara de Diputados, en el marco de su política permanente en pro de la plena integración social de las personas con discapacidad, debe ejercer todas sus competencias y buenos oficios con el fin de crear las condiciones para un mejor desempeño de obras de bien público como lo es la Fundación Teletón.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. el Presidente de la República y a los ministros de Salud y de Planificación y Cooperación, a efectos de que se sirvan disponer las medidas normativas y administrativas del caso para que las prestaciones médicas de carácter terapéutico que se aplican a los niños atendidos por la Fundación Teletón sean cubiertas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o por las Instituciones de Salud Previsión (Isapres), según corresponda, para lo cual se deberá proceder a su codificación por parte del Fonasa.”
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , quiero recordarles a mis colegas que estamos en el mes de la discapacidad y que cuando rendimos homenaje a don Francisco , la semana pasada, nos comprometimos a encontrar la forma para que las prestaciones que se entregan a los niños en la Fundación Teletón fueran codificadas por el Fonasa, ya que al no estar codificadas las isapres tampoco se hacen cargo de su financiamiento. La concreción de esto será algo muy positivo. Además, el Fonasa está en ese predicamento y hay una buena disposición de todas las partes para incorporar dichas prestaciones, sobre todo las relacionadas con el meliomelingocele y otras patologías que son prevalentes en la Teletón.
El objetivo es permitir que los niños de la Teletón tengan una mejor cobertura en sus necesidades médicas.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , todos estamos sensibilizados con la proximidad de la Teletón, por lo que surge esta iniciativa para incorporar al código del Fonasa algunas de las prestaciones que se entregan a los niños atendidos por la Fundación Teletón. Pero son múltiples las prestaciones que hoy no están codificadas por el Fonasa y no tienen reembolso. Numerosas instituciones han acudido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a plantear lo mismo. Ayer nos dimos cuenta del drama que viven los pacientes bipolares, los que padecen fibrosis quística, los que no tienen la enzima para digerir el germen del trigo o la lactosa. Son innumerables las patologías, los problemas de salud y los tratamientos que no están codificados por el Fonasa y, por consiguiente, las isapres que toman esa codificación como base no las reembolsan. Entonces, cómo negarse a lo que pide la Fundación Teletón.
Sin embargo, la pregunta de fondo es por qué el Estado se niega permanentemente a incorporar una gran cantidad de prestaciones que postergan la debida atención y bonificación de miles de pacientes que padecen otras enfermedades. La razón es estrictamente económica, porque la incorporación de estas patologías o tratamientos le significará un mayor gasto.
Si vamos a hacer justicia con estos pacientes, hagámosla con todos; que no se trate de que un grupo de parlamentarios sensibilizados quede bien con la Teletón, pero se desentienda de los miles de otros pacientes que no tienen cobertura en esta materia. La justicia obliga a que esto se extienda para todos los pacientes. Ojalá éste sea el primer paso que sensibilice al Gobierno para avanzar en el tema y no sólo para promoverlo en vísperas de la Teletón y después se olvide de miles de pacientes que sufren esta postergación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LORENZINI (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FISCALIZACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES. (Votación).
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 493, referido a la adopción de medidas sobre la regulación y fiscalización de extintores portátiles.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-
Se abstuvo el diputado señor
.
RATIFICACIÓN DE TRATADOS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES Y PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SU TRÁFICO.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 494, de los diputados señores Navarro, Olivares, Muñoz, don Pedro; González, don Rodrigo; Meza, Araya; señora Soto, doña Laura; señores Tarud, Espinoza; señora Vidal, doña Ximena, y señores Letelier, don Felipe; Valenzuela, Silva, Rossi, Quintana, Ceroni, Sánchez, Jaramillo, Letelier, don Juan Pablo; Villouta y Palma.
“Considerando:
Que el diario “El Mercurio”, de Santiago, de 2 de mayo recién pasado, destacó las debilidades de la legislación chilena que protege el patrimonio cultural material de los pueblos indígenas, particularmente contra los huaqueros. En ese artículo, se narra la situación de Jaime Quinteros Chiang, el primer sancionado por saquear tumbas precolombinas, quien ha dedicado treinta y cinco de sus cincuenta y dos años al saqueo de sitios precolombinos, ejerciendo este mal denominado ‘oficio’, que nació en Perú con La Conquista y que tomó el nombre de huaqueo de la palabra quechua huaca o waca, que significa ‘lugar sagrado’. Cuando fue detenido, Quinteros Chiang, a quien sus vecinos apodaban ‘el huaquero’, aseguró a la policía que ‘sólo fue hallada la grasa; lo mejor, el filete, fue vendido’.
Que, cuatro años después de su detención, cuando fue sorprendido con mil seiscientas sesenta y una obras precolombinas en su poder, y declaró que se dedicaba al saqueo de sitios arqueológicos de Arica desde 1965. Este ariqueño, que aprendió a huaquear como profesional después de haber trabajado con destacados arqueólogos de la zona, ha sido condenado a setecientos treinta días de reclusión nocturna. Los intermediarios y los compradores salvaron ilesos gracias a que Chile no ha ratificado la ‘Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’, que castiga el tráfico ilegal de patrimonio.
Que estos hechos son conocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual, según la ley Nº 17.288, es el organismo estatal competente para la protección y el resguardo del patrimonio nacional, incluido el patrimonio indígena. Según don Mario Vásquez, arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales, cada vez son más frecuentes los saqueos de piezas mapuches en la Novena Región, de la Araucanía. El huaqueo se sigue concentrando en las tres regiones del norte y alcanza dimensiones industriales en Perú.
Que, en este reportaje sobre el saqueo de tumbas o huaqueo, el abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y experto en patrimonio cultural, don Rodrigo Ropert, señala que ‘la determinación de la pena es un tema complejo, que depende de los delitos que se imputan y de la existencia de agravantes o atenuantes. En la situación de los huaqueros -las personas que realizan excavaciones arqueológicas ilegales para comercializarlas-, procede el delito de destrucción de monumentos nacionales contemplado en el artículo 38 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Para este caso, se aplican las penas de los delitos de daños contemplados en el Código Penal, que se determinan en base al valor de lo dañado, con un rango de presidio menor en sus grados mínimo a máximo (de quinientos cuarenta y un días a cinco años) y multas de cinco a quince unidades tributarias mensuales.
Que, no obstante, las penas aplicadas no han sido suficientes para disuadir a la verdadera red de tráfico que está detrás del huaqueo. El huaquero generalmente es pobre. El intermediario y el comprador son generalmente extranjeros y muy ricos.
Que prueba de este tráfico es la página web www.precolumbianart4sale.com, en la que se exhiben, como piezas arqueológicas más atractivas para la venta, las fotografías de espectaculares cerámicas, tejidos y trabajos en piedra de grandes culturas precolombinas peruanas y bolivianas. Entre ellas, se encuentran también varias piezas arqueológicas y etnográficas de Chile, que nuestra legislación supone patrimonio cultural de la nación. Un cesto cilíndrico tejido, adornado con figuras de caimanes, que corresponde a la fase Gentilar (1.000 al 1.470 d.C.), de la costa norte de Chile, es ofrecido en mil quinientos dólares en una ‘galería de arte virtual’, construida en el ciberespacio por el norteamericano David Bernstein. Este personaje fue sindicado por el huaquero (saqueador) ariqueño Jaime Quinteros Chiang como uno de sus compradores. Una zampoña de doce cañas, de mil años, perteneciente a la cultura Arica, se ofrece en quinientos dólares, mientras que un rehue mapuche del siglo XIX se vende en dieciocho mil dólares. Bernstein explica, en su página en inglés, que adquirió esta ‘profesión’ en 1968, mientras servía en el Cuerpo de Paz en Perú. Entre sus clientes, se encuentran coleccionistas privados y corporativos, así como museos de todo el mundo, a los que les ofrece ventas o los asesora en el mercado de objetos de arte andinos.
Que uno de los vacíos normativos que dificultan la tarea del Consejo de Monumentos Nacionales para que el resto de los actores sea penalmente perseguido es el hecho de que está pendiente ratificar la ‘Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’. Según el diario “El Mercurio”, de Santiago, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , don Ángel Cabeza, señala que ‘Chile pasa vergüenza en los foros internacionales, pues es el único país de Latinoamérica que no la ha ratificado’.
Que, entre otros tratados acerca del tráfico de bienes culturales, se encuentra la ‘Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954’; la ‘Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, de 1970’; el ‘Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995’, y la ’Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001’.
Que S.E. el Presidente ha reiterado el compromiso de su gobierno en pro del respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Que el resguardo del patrimonio indígena debería contar con estos valiosos instrumentos internacionales, que darían pie a la protección internacional de las piezas arqueológicas robadas por huaqueros extranjeros y haría patente aun más la necesidad de reformar la legislación interna.
Que, al hacer una somera revisión de estos tratados, no aparece en ninguna parte alguna disposición que sea contraria a la legislación interna o que sea incompatible con alguna garantía establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Que, finalmente, no ratificar estos tratados implicaría una rotunda renuncia a nuestra soberanía cultural, un espolonazo insoportable contra nuestra historia y nuestro pasado y una verdadera afrenta a los descendientes de los pueblos que originalmente poblaron el territorio nacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a S.E. el Presidente de la República la urgente suscripción, aprobación, ratificación o publicación, según correspondiere, de los siguientes tratados internacionales que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales:
a) ‘Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’.
b) ‘Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954’.
c) ‘Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, 1970’.
d) ‘Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995’.
e) ‘Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001’.
2. Que, una vez ratificados los tratados, se localice el patrimonio arqueológico robado e ilícitamente puesto a la venta, para obtener su retomo a Chile, promoviendo, a través de las instancias correspondientes, la más alta sanción contra los saqueadores, destructores, vendedores, reducidores y compradores del patrimonio arqueológico indígena nacional, y se incoen las acciones judiciales, cuando procedieren.
3. Que el Ejecutivo estudie las vías diplomáticas, de negociación y mediación que establece la Unesco para el retomo a Chile del patrimonio arqueológico que se encuentre en museos extranjeros.”
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo solicita la ratificación de los tratados.
Quiero consultar a sus autores en qué situación se encuentran esos tratados. ¿Fueron firmados por Chile? ¿Está pendiente su aprobación en el Congreso Nacional? ¿Los hemos aprobado? La ratificación es la fase final del procedimiento de tramitación de los tratados. Por eso, sería bueno conocer la situación en que se encuentran para saber a qué atenernos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en relación con las consultas del diputado señor Riveros , el proyecto de acuerdo pide “solicitar al Presidente de la República la urgente ratificación y publicación” de diversos tratados. Ninguno de ellos se encuentra aprobado por el Congreso Nacional.
Se solicita al Presidente de la República que en uso de su potestad utilice el mecanismo de la urgencia para solicitar al Congreso su aprobación en cada uno de los casos y luego efectuar su ratificación a nivel internacional.
Para apoyar este proyecto de acuerdo, quiero recordar que en el diario “El Mercurio” del 2 de mayo pasado se publicó la situación de Jaime Quinteros , el primer sancionado en el país por saquear tumbas precolombinas, quien dedicó 35 de sus 62 años al saqueo de sitios precolombinos, oficio que nace en el norte del país y que se conoce como huaquero.
Cuatro años después de su detención, luego de ser sorprendido con 1.661 artefactos precolombinos en su poder, y de declarar que se dedicaba al saqueo de sitios arqueológicos en Arica desde 1965, fue condenado a 730 días de reclusión nocturna. Sin embargo, los compradores y quienes realizaban el transporte de estos objetos salvaron ilesos. No se les pudo aplicar ninguna sanción, porque Chile no ha ratificado la Convención de la Unesco, de 1970, que castiga el tráfico ilegal de patrimonio.
Estos hechos son conocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales que, según la ley Nº 17.288, es el organismo estatal encargado de proteger y de resguardar el patrimonio nacional. Sin embargo, diversos funcionarios, entre ellos Mario Vásquez , arqueólogo del citado consejo, señalan que cada vez son más frecuentes los saqueos de piezas mapuches particularmente en la Novena Región.
Rodrigo Ropert , abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y experto en patrimonio cultural, ha señalado que las penas para la comisión de estos delitos son insuficientes y, en definitiva, no han dado resultado. Para este delito se aplican las penas contempladas en el Código Penal, que se determinan según el valor de lo dañado, con un rango que va de presidio menor en su grado mínimo a máximo y una multa de 5 a 15 unidades tributarias mensuales.
Prueba de todo lo que he señalado se encuentra en la página web www.precolumbianart4sale.com, en la que un ciudadano norteamericanos exhibe y ofrece para la venta un conjunto de piezas chilenas, entre ellas un cesto cilíndrico que corresponde a la fase gentilar, que va del años 1000 a 1470 después de Cristo, de la costa norte de nuestro país. También se ofrece, por quinientos dólares, una zampoña de 12 cañas, de mil años de antigüedad, perteneciente a la cultura Arica, y un rehue mapuche del siglo XIX, en 18 mil dólares.
De acuerdo con las convenciones mencionadas, todos esos artículos no deberían haber salido de nuestro país y deberían estar protegidos.
El Consejo de Monumentos Nacionales ha señalado que hay vacíos legales enormes. Por ello, la ratificación de los mencionados convenios internacionales es urgente y necesaria, de manera de proteger la soberanía cultural y los objetos de nuestras culturas originarias, precolombinas, tanto del norte como del sur del país.
En consecuencia, pido a las señoras diputadas y señores diputados que aprueben esta petición al Presidente de la República .
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Se acabó el tiempo, señor Presidente .
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Tiene razón, señor diputado . En consecuencia, la votación del proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
VIII. INCIDENTES
NÓMINA DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE PERTENECIERON A SERVICIOS DE INTELIGENCIA. Oficio.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet , para que tenga a bien remitir a esta Corporación un listado que contenga la individualización de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública que, durante el período que medió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, pertenecieron a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y/o a la Central Nacional de Informaciones (CNI).
La información, que se puede obtener de las hojas de vida y calificaciones que se llevan y guardan en las subsecretarías respectivas del Ministerio de Defensa, deberá contener, además, las fechas de inició y término de la comisión institucional y las misiones que contempló, especialmente las que se realizaron en el extranjero, con mención del decreto supremo que las autorizó.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Laura Soto , Isabel Allende y María Eugenia Mella , y de los diputados señores Exequiel Silva , Gabriel Ascencio , Rodolfo Seguel , Zarko Luksic , Edgardo Riveros , Carlos Montes , Rodrigo González , Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Sergio Ojeda , Felipe Letelier , Pedro Araya , Fidel Espinoza y de quien preside.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , Javier Etcheberry para que instruya al director nacional de Vialidad que realice los estudios de ingeniería pertinentes que permitan determinar la factibilidad de pavimentar los caminos Pichil-Pichidamas, Cancura y Rupanquito, desde la Ruta U-51.
Se trata de caminos que unen sectores productivos de gran impacto en la economía regional, por lo que soportan un intenso transito diario. Son utilizados preferentemente por productores agrícolas, ganaderos, forestales y por los alumnos de más de diez escuelas rurales del sector.
A cuatro kilómetros del cruce Pichil a Pichidamas se construye un complejo matadero frigorífico, mientras que a nueve kilómetros de Cancura, hacia Rupanquito, se construye una piscicultura que, desde ya, genera un movimiento considerable de camiones -aproximadamente 400 diarios- que transportan small, alevines y concentrados, lo que ratifica la importancia de este sector productivo para el desarrollo del país.
Ante una respuesta a oficios enviados por el director regional de Vialidad de la Décima Región al secretario ejecutivo del Consejo Regional de Los Lagos , se indica que de una inspección en terreno realizada por parte del personal de la Dirección Regional y Provincial de Vialidad Osorno, se logró determinar que el camino Pichil-Pichidamas-Rupanquito es el que reúne las mejores condiciones para estudiar una futura pavimentación.
En virtud de los antecedentes expuestos, solicito el envío de un oficio para que se evalúe la pavimentación de este camino, Ruta Rol U-51, con el objeto de que se determine la factibilidad técnico-económica del proyecto y, de ser factible, postular a la etapa de diseño en los próximos procesos presupuestarios y, posteriormente, a la ejecución de las obras de pavimentación solicitada.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Carlos Vilches , Boris Tapia , Gabriel Ascencio , Edmundo Villouta , Felipe Letelier , Fidel Espinoza , Enrique Jaramillo y de quien habla.
FELICITACIONES A ALCALDE REELECTO DE COMUNA DE SAN PABLO, DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , solicito que se oficie a la Municipalidad de San Pablo, de la provincia de Osorno, distrito 55, Décima Región, para que se exprese, en mi nombre, las felicitaciones al alcalde reelecto por esa comuna, señor Omar Alvarado Agüero , de la Democracia Cristiana, por su reelección y por el gran porcentaje de votos obtenidos, que ascendió a 70,55 por ciento.
Expreso al señor Alvarado mis deseos de éxito en esta nueva etapa que se inicia, ya que su éxito conlleva el bienestar de todos los habitantes de San Pablo, el desarrollo y el progreso que ellos y nosotros perseguimos.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con el texto de su intervención y con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Carlos Vilches , Boris Tapia , Gabriel Ascencio , Edmundo Villouta , Felipe Letelier , Fidel Espinoza , Enrique Jaramillo y de quien habla.
AUMENTO DE SUBSIDO PARA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRÍCOLAS. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señora Presidenta , los subsidios para los seguros agrícolas implementados desde hace tres o cuatro años por el Ministerio de Agricultura han tenido gran éxito.
Tanto es así que, según me he informado, la totalidad de los productores agrícolas remolacheros, como grupo, ha suscrito este tipo de seguro y conseguido un tratamiento muy especial.
Pero de acuerdo con la información que he recabado, se está haciendo difícil para algunos pequeños agricultores acceder a este tipo de seguros, porque la bonificación no es suficiente para su capacidad económica. Muchos de ellos están interesados en contratarlo en la medida en que se aumente el monto del subsidio o bonificación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura , señor Jaime Campos , para que se active dicho subsidio, y al ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre , a fin de que considere los recursos necesarios en el próximo presupuesto -si no fuera posible dejo planteada la petición para que sea considerada en el presupuesto del año 2006-, ya que estimamos que, dadas las condiciones climáticas de la zona que represento, es preciso que se acceda a lo que están pidiendo las diversas organizaciones agrícolas de pequeños campesinos.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches , Boris Tapia , Leopoldo Sánchez , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y la diputada señora Eliana Caraball .
SOLUCIÓN AL DAÑO PREVISIONAL QUE AFECTA A EX AFILIADOS A CAJAS DE PREVISIÓN. Oficios.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , también quiero referirme al presupuesto que fijamos en 2003 para el año 2004 en lo que se refiere al daño previsional.
Como muchos saben, un alto número de las personas que se cambiaron a las AFP -en la mayoría de los casos obligados o engañadas por funcionarias que trabajaban para dichas administradoras- no pueden acceder al beneficio de la jubilación, porque su monto es excesivamente bajo en relación con el sueldo o remuneración que están recibiendo en este momento.
Esta es la tercera vez que me refiero al tema. El Ministerio de Hacienda ha estado en conversaciones con la Anef y la CUT para tratar este problema, pero no se ha llegado a un acuerdo. Según las últimas informaciones, se estaría ofreciendo una suma de 40 mil pesos mensuales para las pensiones inferiores a 160 mil pesos.
Por otra parte, según los informes de prensa que nos entregan, el Ministerio de Hacienda estaría cuestionando el monto del reajuste que se otorgará a los funcionarios públicos el próximo año, además de estar poniendo dificultades para legislar sobre el daño previsional.
Por lo tanto, estimo que esto debe ser considerado socialmente por el Ministerio de Hacienda y buscar un punto de encuentro con las organizaciones señaladas para que este problema se solucione a la mayor brevedad, porque es increíble la cantidad de funcionarios afectados, quienes, al no acogerse a jubilación, impiden el ingreso de otras personas a la administración pública.
Por lo expuesto, solicito que se oficie tanto al ministro de Hacienda como al ministro del Trabajo para que revisen la situación del daño previsional.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches , Boris Tapia , Leopoldo Sánchez , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y la diputada señora Eliana Caraball .
IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES MUNICIPALES Y DE ORGANISMOS PÚBLICOS CON CARÁCTER DE RESERVADAS QUE AFECTAN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. Oficios.
El señor VILLOUTA.-
Por último, me voy a referir a un reclamo de diversas ONG que impugnan resoluciones sobre documentos reservados que estarían planteando municipalidades y algunos organismos públicos, lo cual no es legal.
Hace poco tiempo la Contraloría General de la República declaró como ilegales diversas resoluciones que servicios públicos decretaban como secretas. Debe ponerse término de inmediato a esta irregularidad, sobre todo ahora que nuestra Cámara está estudiando un proyecto de ley para eliminar la condición de reservadas o secretas las leyes del régimen militar. Hay organismos que no tienen esa atribución y están buscando resquicios para fundamentar su decisión.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior , José Miguel Insulza , para que ordene a los municipios que no sigan con esta práctica, como también a la Contraloría General de la República para que nos informe si estiman necesario legislar al respecto o es suficiente con los cuerpos legales existentes para dar una instrucción general a fin de que no se siga incurriendo en esta irregularidad.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Carlos Vilches , Boris Tapia , Leopoldo Sánchez , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y de la señora Eliana Caraball.
SUSPENSIÓN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PERÍODOS DE COSECHA. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , el lunes 28 se celebró el “Día Nacional de la Agricultura”. A dicho encuentro llegaron muchos invitados, especialmente ligados al agro. Se contó con la presencia del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Ojeda ; con diplomáticos acreditados en el país, con algunos ministros chilenos y de países vecinos.
Hoy quiero saludar a todos los agricultores de mi patria, porque muchos de ellos no sólo producen, sino que hacen chilenidad y soberanía en muchos lugares donde no cualquier chileno o chilena viviría.
Como se sabe, nuestra agricultura es altamente eficiente y de muy buena calidad. Por eso, sus productos han conquistado los mercados mundiales. Pero no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, somos campeones en producción de remolacha en el mundo y de excelente calidad. Me siento orgulloso de quienes desarrollan los diferentes rubros agrícolas y, además, con gran esfuerzo; porque muchos agricultores, pequeños, medianos o grandes, incluso siendo los dueños de la tierra, no tienen horario y trabajan de sol a sol.
Por ello, tenemos que rendirle un homenaje a esta gente nuestra, que ha venido haciendo patria, abriendo camino con mucho esfuerzo y, por supuesto, con el apoyo del Estado. Aquí quiero llamar la atención de los señores diputados. Nuestros agricultores son eficientes y sus productos son de buena calidad, pero hace rato que están soportando una competencia desleal del mercado internacional. Es difícil competir con los agricultores de Estados Unidos o de Europa, pues son fuertemente subsidiados. Una hectárea de producción orgánica agrícola en Europa tiene un subsidio de varios miles de dólares. ¿Qué tenemos en Chile? ¿Qué se les da? Nada; que se las arreglen como puedan.
No sólo deben soportar la competencia desleal que significan tremendos subsidios y protección que los países ricos y no tan ricos, desarrollados y no tan desarrollados, entregan a sus productores, sino que también la ausencia de una clara política agrícola que tenga que ver con nuestras fronteras. No pueden seguir ingresando al país mezclas de harina con sal, porque es un atentado contra nuestros esforzados productores; ni trigo en tiempos de cosecha, ni mezclas con 99 por ciento de azúcar y 1 por ciento de cacao. Eso es no pensar en nuestro país.
La Aduana no puede dejar de respetar los acuerdos alcanzados entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo con respecto a las mezclas y bandas de precio. Al parecer, importan más los tratados internacionales que las leyes dictadas en el país en defensa de nuestros agricultores.
Hace dos años, se dictó una ley que establece, claramente, que las mezclas que contengan más de 65 por ciento de determinado producto dejan de ser tal y pasan a ser un producto equis.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre, para que, de una vez por todas, se deje de importar productos agrícolas en tiempos de cosecha; que no quede todo entregado a las reglas del libre mercado.
Además, solicito que se envíe nota de saludo a los agricultores de mi país a través de la Agrupación de Agricultores del Sur, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de toda organización que represente a nuestra tierra.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Esta Mesa adhiere a la celebración del “Día Nacional del Agricultor”, acto al cual concurrímos junto con el diputado Felipe Letelier.
Los diputados siempre hemos denunciado los graves problemas que afectan a la agricultura a través de la bancada agrícola y de la Comisión de Agricultura.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Carlos Vilches , Boris Tapia ; señora Ximena Vidal ; señores Enrique Jaramillo , Leopoldo Sánchez , Fidel Espinoza y de quien habla.
CONTAMINACIÓN Y MOLESTIAS CAUSADAS POR PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , quiero plantear una preocupación constante de vecinos que viven en Macul, San Joaquín y La Granja, comunas que conforman el distrito que represento en la Cámara de Diputados, y que es, al mismo tiempo, un problema de país. Me refiero a las plantas de revisión técnica.
Abordaré el tema desde el punto de vista de la contaminación, de los ruidos y de las molestias que deben soportar quienes viven en los lugares aledaños a estas plantas.
Nuestro deber es buscar el equilibrio entre la calidad de vida de las personas y la entrega de servicios adecuados, en este caso, la revisión de los medios de transporte y locomoción que tanto nos hacen falta en este siglo XXI. Por ello, me he sumado a un comunicado del concejo municipal de San Joaquín, encabezado por su alcalde, en el que se plantea esta inquietud.
Además, a raíz de la información entregada por los vecinos, quienes están preocupados por lo que sucede en sus comunas, pedí algunos antecedentes sobre la situación de Macul y de San Joaquín. En la primera hay una planta de revisión técnica, ubicada en la intersección de Avenida Marathon con Avenida Quilín, y en la segunda, dos, en Avenida Departamental y en Avenida Salvador Allende.
Para avanzar en la solución de este problema debemos trabajar en forma coordinada con el Ejecutivo , a fin de modificar la normativa vigente que clasifica a las plantas de revisión técnica como “comercio minorista”, denominación que causa las dificultades que he planteado. A la luz de los antecedentes y de los estudios técnicos respectivos se debe elaborar la regulación que se requiere para lograr el equilibrio deseado.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , señor Javier Etcheberry , y a la ministra de la Vivienda y Bienes Nacionales , señora Sonia Tschorne , con el objeto de que nos hagan llegar una respuesta coordinada y adecuada sobre la situación a la que me he referido. Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención al presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, con la adhesión de los diputados señores Felipe Letelier , Leopoldo Sánchez , Fidel Espinoza y Carlos Vilches .
SITUACIÓN QUE AFECTA A FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , el distrito que represento, ubicado en la provincia de Aisén, es extremadamente extenso y está compuesto por una serie de poblados insulares, como el archipiélago de Guaitecas, cuya capital es Melinka, en el cual ocurrió una situación muy delicada.
En las últimas elecciones municipales el alcalde de la comuna de Guaitecas se presentó a la reelección y algunos funcionarios del municipio, que trabajan a contrata o a honorarios, postularon al cargo de concejales. Podría aprovecharme del pánico y mencionar el sector político al que pertenece el edil, pero eso no es lo importante, sino la persecución horrorosa de que fue víctima el trabajador de la Municipalidad de Guaitecas, señor Gastón Iván Alvarado Alvarado , quien tiene un hijo que recibe tratamiento de rehabilitación en la Teletón, lo que implica un grave problema para su familia. Por extraña coincidencia, en el período de campaña para elegir alcalde y concejales -no obstante el alcalde de Guaitecas y dicho funcionario municipal no competían entre sí, ya que son del mismo sector político- se produjo una persecución horrorosa de parte del edil hacia el señor Alvarado , quien le negó el permiso administrativo que solicitó para participar en la campaña para ser electo concejal y, además, caducó su contrato, con todo el drama familiar que eso significa en
una zona insular, donde no es cuestión de cruzar a la vereda del frente para buscar trabajo. Para quienes viven en las grandes ciudades es difícil de entender la situación de los pequeños poblados aislados, como aquellos que pertenecen a Aisén, Magallanes y Chiloé.
No voy a dar detalles respecto de la cantidad de canastas familiares que repartió el alcalde que postuló a la reelección de esa comuna ni del acarreo de gente de otros lugares que efectuó para la elección, pero, en definitiva, éste salió reelecto y el señor Alvarado fue elegido concejal.
Por lo planteado, pido que se oficie al Contralor General de la República , señor Gustavo Sciolla , a fin de que disponga una investigación sobre lo que está pasando en la Municipalidad de Guaitecas, y al director del Servicio Electoral, de la Undécima Región , con el objeto de que informe cuál es la situación en derecho que corresponde en el caso planteado.
El hecho que he descrito, que no es el único, es extremadamente delicado e injusto. Hay que terminar con los abusos en aquellas comunidades chicas, donde ciertos personajes que cuentan con un pequeño apoyo se creen pequeños reyezuelos.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y los diputados señores Felipe Letelier , Fidel Espinoza y Carlos Vilches .
ROBO Y DESAPARICIÓN DE CAMIONES CARGADOS CON ANIMALES. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , sólo haré uso de cinco minutos para que el resto del tiempo que nos corresponde sea utilizado por mi colega Carlos Vilches .
Hace pocos días, se dio a conocer una nueva forma de robo. Durante la anterior temporada de cosechas se robaban los camiones con trigo. Pues bien, la semana pasada, en el camino Cabrero-Concepción, desapareció el camión, cargado con cuarenta animales, del señor Sergio Serra Telechea . Hasta hoy, aún no son hallados ni el camión ni los animales.
Es más, anoche, en General Velásquez con Departamental, al señor Manuel Urrutia le fue robado su camión, que también iba cargado con cuarenta animales. Esta vez, el camión apareció abandonado.
Quiero saber qué harán Carabineros y la Policía de Investigaciones con los casos que he reseñado, especialmente en el del señor Serra , porque su camión lleva más de quince días desaparecido.
Cosa curiosa, pero varios camioneros me han informado que el camino más seguro para robar es la doble vía de la Ruta 5 Sur, porque nadie hace parar a los camiones para controlarlos.
Pido formalmente que se incrementen los controles nocturnos a estos vehículos en dicha ruta, porque nunca había sucedido que en un período de quince días desaparecieran dos cargados con ganado, provenientes, el del señor Urrutia , de la provincia de Valdivia hacia Lo Valledor, y el del señor Serra , de la ciudad de Pitrufquén hacia la ciudad de Concepción.
Por lo tanto, pido que se oficie para que los directores generales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, informen en qué situación están las diligencias.
También, pido que se oficie para que el director del Servicio de Impuestos Internos tome las medidas necesarias para que ese servicio redoble los controles nocturnos en la doble vía señalada por los camioneros como la más propicia para que se cometan los delitos señalados, porque no hay suficiente vigilancia.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS CON MOTIVO DEL TRASPASO DE LA FUNDICIÓN Y REFINERÍA DE LAS VENTANAS A CODELCO CHILE.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , el proyecto de traspaso de la fundición y refinería de Las Ventanas a Codelco Chile, tema que es de la mayor relevancia no sólo para la región que represento, sino también para el país, ya ha avanzado dos trámites constitucionales, el primero en la Cámara de Diputados y el segundo en el Senado, pero en éste se le introdujeron algunas modificaciones y deberá pasar a tercer trámite constitucional. Al respecto quiero hacer referencia a los siguientes dos puntos de importancia:
En primer lugar, la Enami es una empresa nacional que tiene poderes de compra a lo largo del país y, además, planteles de concentración de minerales y fundiciones que le permiten atender a todos los pequeños y medianos mineros de Chile, e, incluso, vende servicios y ha hecho contratos con grandes empresas, todo lo cual justifica plenamente mantener la casa matriz, con todas sus funciones de comercialización, en Santiago. De lo contrario, se encarecería el costo operacional, porque si los gerentes fueran trasladados a regiones, debería pagárseles viáticos porque tendrían que viajar a Santiago en forma permanente.
En consecuencia, las indicaciones presentadas al proyecto, en el sentido de trasladar la casa matriz a Copiapó, no se justifican en absoluto. Espero que en el tercer trámite constitucional se apruebe su permanencia en Santiago, como aspiran tanto los trabajadores como los supervisores de la empresa.
En segundo lugar, se ha generado un problema que debe ser resuelto en el más breve plazo para evitar consecuencias que pudieran dañar a la Empresa Nacional de Minería.
La fundición Hernán Videla Lira , en Copiapó, se abastece de los concentrados de pequeños y medianos mineros y de grandes empresas. Pero como en el mercado hay libertad de competencia, Codelco Chile y la fundición de Potrerillos han comprado concentrados a particulares, compitiendo con la Empresa Nacional de Minería.
Por eso, solicito que se oficie a los ministros de Minería , señor Alfonso Dulanto , y de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre , ya que ambos tienen representantes en los directorios de Codelco Chile y de la Empresa Nacional de Minería, para que informen a la Cámara, primero, respecto del abastecimiento de concentrados, tanto para la fundición Hernán Videla Lira como para la fundición y refinería de Potrerillos, y segundo, si se va a celebrar un convenio, acuerdo o contrato de no competencia en el abastecimiento de concentrados, porque ello pone en riesgo las ampliaciones de la fundición Hernán Videla Lira y la posibilidad de construir una refinería en los próximos años.
Es absolutamente necesario que dicho compromiso sea formal, de manera que se cumpla. Porque la posibilidad de abastecimiento de concentrados en el mercado seguirá creciendo, y si Codelco compite con la Enami, esta última y los pequeños y medianos mineros serán los grandes perjudicados, ya que, al no tener un abastecimiento pleno para Paipote, las operaciones se encarecerán, lo que repercutirá en las tarifas de compra de minerales y de concentrados para Paipote.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a los ministros señalados y a los dirigentes de la fundición Hernán Videla Lira y de la planta Manuel Antonio Matta .
Finalmente, la Empresa Nacional de Minería ha cumplido un rol fundamental, no obstante las diferencias que ha tenido con sus sindicatos. Sin embargo, éstos, representados, en el caso de la planta Manuel Antonio Matta , por la señora Nora Miranda , en el de los trabajadores de la fundición Hernán Videla Lira , por don Eduardo de la Barrera, y en Santiago, por el presidente de la asociación de supervisores, don Francisco Baghetti , han hecho un trabajo minucioso que ha permitido un avance significativo, que el traspaso sea menos doloroso y que el saldo de deuda de Enami -hoy son 450 millones de dólares- se transforme en cero, con las consiguientes posibilidades de inversión y desarrollo de la empresa en el futuro.
Espero que los dirigentes de Enami y el presidente del sindicato de Las Ventanas , don Luis Guerra, superen sus diferencias. La pequeña y mediana minería deben trabajar para que el país gane. Cabe recordar que la labor de dirigentes está por sobre la coyuntura, en este caso, del traspaso de la fundición y refinería Las Ventanas a Codelco Chile, cuyas características ya han sido resueltas.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jaime Mulet y Nicolás Monckeberg .
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN QUE OBLIGA A ACCESO PÚBLICO EN LAGUNA AVENDAÑO, DE QUILLÓN. Oficio.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En los dos minutos que restan al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , represento a la comuna de Quillón, de la Octava Región, que posee un enorme potencial turístico. Su eje central es la laguna Avendaño , que está ubicada en el centro de la ciudad y que, dado su atractivo, todos los veranos acoge a muchos turistas.
Sin embargo, durante el año hemos escuchado el reclamo de miles de vecinos de esa comuna porque no pueden acceder libremente a la laguna, ya que todas sus riberas son privadas o están concesionadas. No tienen acceso gratuito y esto, francamente, es preocupante, porque es ilegal. Todos sabemos que las playas de las lagunas, de los lagos y ríos de Chile son bienes nacionales de uso público y, si bien se pueden concesionar, no puede ser en su totalidad y que se impida completamente el acceso.
El 9 de agosto de este año, el gobierno regional dictó una resolución que obliga a dicha municipalidad a abrir un acceso público. A través de esta Cámara, deseo respaldar esa resolución y decirles claramente a los vecinos de Quillón que las leyes los apoyan.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente regional de la Octava Región para que ejecute la resolución del 9 de agosto e implemente cuanto antes las medidas para abrir accesos a la laguna Avendaño y así los vecinos puedan ingresar a ella sin tener que pagar, como lo hacen en la actualidad.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PALIATIVAS DE LA CRISIS DE LA PESCA DE LA MERLUZA EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido que se oficie a los ministros de Economía y del Trabajo , al subsecretario de Pesca y al intendente regional, a fin de que nos informen en detalle sobre las medidas que se adoptarán para poder enfrentar la crisis de la pesca de la merluza en la Octava Región, en particular en las caletas de Cocholhue, Coronel Lo Rojas y San Vicente , en las cuales, desde hace tres meses, no se captura ni un solo ejemplar.
La crisis está desatada y hay que buscar la responsabilidad. Claramente, alguien se equivocó; se sobreexplotó y se estableció un proceso de descarte. Existe el problema de la jibia y, en particular, el calentamiento global. El asunto es que no hay merluzas y lo único que tengo claro es que los pescadores artesanales no tienen la culpa; ésta es ajena a las caletas artesanales y debe ser investigada.
En consecuencia, reitero el envío de esos oficios a fin de que se adopten las medidas necesarias para paliar el desempleo, especialmente en la caleta Cocholhue, donde opera una olla común desde hace dos semanas, porque sus habitantes no tienen que comer. Claramente, la depredación de los recursos marinos nos obliga a revisar la denominada “ley de pesca larga”.
Hemos conversado al respecto con el subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval ; con el señor Julio Valladares , asesor del Ministerio de Hacienda, y con los presidentes de las comisiones de Pesca del Senado y de la Cámara de Diputados, senador José Ruiz De Giorgio y diputado Samuel Venegas , respectivamente, para que haya mayor conciencia sobre la crisis que está enfrentando el sector pesquero artesanal, la cual, a mi juicio, ha sido subestimada.
Mientras dure la crisis de la merluza, pido que se entreguen cupos de empleos para subvencionar directamente a las mujeres de los pescadores artesanales, quienes tienen la posibilidad de desarrollar, en áreas de manejo, el cultivo y la extracción de algas. Eso les significaría un ingreso adicional que hoy no perciben. Esta iniciativa requiere repoblar las áreas de manejo, con recursos que debe proveer, ojalá, el gobierno regional o el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, medidas que deben ser tomadas de inmediato.
En Coliumo, además, existe una situación adicional como consecuencia de las áreas de manejo, pero lo claro es que se tienen que desarrollar. Mientras más áreas de manejo y más hectáreas puedan ser repobladas con algas, más pescadores y sus mujeres podrán explotarlas, lo cual es tremendamente positivo.
Hemos presentado a la consideración del gobierno regional y de la Subsecretaría de Pesca un listado de los hombres y mujeres que quedaron sin ingresos debido a la falta de la merluza.
Por lo tanto, insisto en que el Gobierno nos informe cuándo va a implementar los mencionados programas de empleo en las caletas de la Octava Región que señalo.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCUMPLIMIENTO DE LEY DEL IVA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE BUSES CENTRAL PLACERES. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el 15 de marzo de 2004, pedí enviar oficios a los ministros de Economía, de Hacienda y de Transportes , a fin de que me aclararan la denuncia que recibí en el sentido de que la Asociación Gremial de Buses Central Placeres, de Valparaíso, no emitió facturas o boletas por ingresos que percibe de terceros, estén exentos o no del pago del IVA, como corresponde.
El Servicio de Impuestos Internos ha desarrollado una férrea política destinada a que todos los pequeños comerciantes del país paguen sus impuestos. Con tal objeto en mi distrito les ha cursado multas, que pueden llegar a los 57 mil pesos, por no dar una boleta de 700 pesos. En el caso que me ocupa, se trata de montos elevadísimos, de centenares de millones de pesos, y no hemos tenido respuesta a esos oficios. Si bien el Ministerio de Economía, a través de una carta, dio respuesta a un conjunto de socios de dicha asociación gremial, señalándoles que existían irregularidades en ese sentido, y también en la provisión y venta de combustibles, en definitiva, la denuncia que hiciéramos resultó acertada respecto de la inexistencia de contratos entre la Asociación Gremial de Buses Central Placeres y la empresa YPF. Efectivamente, estos no existen y las utilidades que de ahí se desprenden han ido a parar a manos de terceros, en este caso, a la sociedad de hecho de Luis Pereira Faull y otros.
Por lo tanto, pido respuesta a mis oficios anteriores.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ADQUIRIENTES DE TERRENOS EN LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , a fines de la década de los años ‘90 en la Décima Región, cuando se proyectaba la creación de la ciudad satélite Alerce, que hoy alberga a miles de familias provenientes de diferentes sectores sociales de las comunas de Puerto Montt y de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, circuló insistentemente el rumor de que hubo personas, que trabajaban para el Estado o tenían vinculaciones con éste, adquirieron a precios viles, bajísimos, un importante número de terrenos de la zona donde se construyó la ciudad satélite Alerce y circundantes, los cuales, posteriormente, vendieron a otros particulares a precios elevadísimos o, simplemente, los utilizaron en proyectos educacionales o habitacionales.
A simple vista, pudiésemos estar ante un gran negocio que no tendría nada de objetable, desde el punto de vista ético y moral; sin embargo, estamos en presencia de una mala utilización de información privilegiada del Estado para fines particulares.
Debido al hecho de que la comunidad de la región quiere conocer los nombres de quienes adquirieron esas tierras, que después vendieron a precios elevados o han trabajado con ellas, pido, en primer lugar, que se oficie a los alcaldes de Puerto Montt y de Puerto Varas para que informen a esta Cámara respecto de la inscripción de roles de propiedades ubicadas en la zona de la actual ciudad satélite Alerce y los sectores circundantes.
En segundo lugar, quiero que se oficie al conservador de Bienes Raíces de la Décima Región para que nos informe acerca de quiénes fueron los primeros adquirentes de esas tierras, con posterioridad a 1996, qué transferencias se han realizado después de ese año y quiénes son los particulares que actualmente pagan contribuciones al Estado por terrenos ubicados en esa zona -repito- ubicada entre las comunas de Puerto Montt y de Puerto Varas.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Alejandro Navarro .
SALUDOS Y FELICITACIONES A LOS CANDIDATOS A EDILES DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , en relación con el importante proceso eleccionario que se llevó a cabo el 31 de octubre, quiero felicitar a todas aquellas personas que postularon a alcalde o a concejal por el Partido Socialista, tanto en la Décima Región como en el resto del país. Mis felicitaciones a todos quienes fueron elegidos como también a los que dieron una importante lucha por ocupar un lugar en sus respectivos municipios.
Quiero destacar que, en la Décima Región, el Partido Socialista aumentó de cuatro a ocho el número de sus alcaldes. Especial relevancia adquieren los triunfos de los nuevos ediles que asumirán sus funciones el próximo 6 de diciembre, señores Luis Cuvertino , de la comuna de Lanco; Ramón Espinoza , de la comuna de Frutillar; Luis Macías , de la comuna de Quemchi, y Santiago Torres, de la comuna de Quinchao. A todos les enviamos, desde esta Cámara, un caluroso saludo, una muy cordial felicitación y los deseos de pleno éxito en su gestión, por cuanto ésta permitirá el desarrollo de sus comunidades.
Quiero destacar, asimismo, que, en la Décima Región, el Partido Socialista eligió a diez mujeres concejalas, cifra histórica para nuestra región y que da cuenta de la importante participación que las mujeres están adquiriendo en el ámbito político.
Felicito, entonces, a Jenny Álvarez , de la comuna de Chonchi, quien obtuvo la primera mayoría regional, con el 20,83 por ciento de los votos; a Noemí Mella, de Puqueldón; a Mirta Lerchundy , de Fresia; a Patricia Espinoza , de Llanquihue; a Roberta Vargas , de Purranque; a Emilia Nuyado , de San Pablo -a quien también conoce el señor Presidente , pues es la presidenta de las comunidades indígenas de la zona-; a Alicia Raillanca , de Lago Ranco; a Rosa Romero , de Hualaihué, y a Rosa Pérez , de Los Muermos.
La presencia de la mujer en la política adquiere cada día mayor importancia, por lo que, desde esta Sala, les quiero enviar -reitero- mis más cordiales felicitaciones y los augurios de mucho éxito en sus gestiones como grandes concejalas de la Concertación y del Partido Socialista en la Décima Región.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán notas de felicitaciones a los alcaldes y concejales del Partido Socialista recientemente electos en la Décima Región.
Desde luego, me adhiero a esas felicitaciones y valoro el hecho de que las mujeres, del partido que sean, estén siendo elegidas en gran número en todo el país.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.14 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que fusiona los escalafones femeninos y masculinos de oficiales de Carabineros de Chile. (boletín Nº 3694-02).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal. (boletín Nº 3474-03)
?Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Mixta, constituida en conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, tiene a honra proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.
-o-
El honorable Senado, en sesión de fecha 5 de octubre del año en curso, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los Honorables señores Senadores que integran la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
La honorable Cámara de Diputados, por su parte, comunicó la designación al efecto de los honorables diputados señores Samuel Venegas Rubio , Pablo Galilea Carrillo , Jorge Ulloa Aguillón , Leopoldo Sánchez Grunert y Exequiel Silva Ortiz
La Comisión se constituyó el día 19 de octubre de 2004, con la asistencia de los honorables senadores señores José Ruiz De Giorgio , Jorge Arancibia Reyes , Nelson Ávila Contreras y Mario Ríos Santander y de los Honorables Diputados señores Samuel Venegas Rubio , Pablo Galilea Carrillo , Jorge Ulloa Aguillón , Leopoldo Sánchez Grunert y Exequiel Silva Ortiz , eligiendo como Presidente , por unanimidad, al Honorable Senador señor José Ruiz De Giorgio . Hecho lo anterior, se abocó al cumplimiento de su cometido.
A la sesión concurrió el señor Subsecretario de Pesca , don Felipe Sandoval Precht , acompañado de sus asesoras, señoras María Alicia Baltierra y Edith Saa .
-o-
OBJETIVO DEL PROYECTO
La iniciativa en informe regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal, de modo de reforzar su autonomía y evitar que la actividad sea permeada por factores externos.
La protección a la autonomía de la pesca artesanal se hace especialmente necesaria a partir de la vigencia de la ley Nº 19.849, que, entre otras materias reguladas, fraccionó las cuotas globales de captura de las principales pesquerías del país entre el sector industrial y el sector artesanal. Una manera de desvirtuar el esquema de protección y afianzamiento de esta autonomía -y dado que la legislación sólo exige al armador artesanal exhibir la mera tenencia de la embarcación con que ejercerá la actividad- consiste en invocar cualquier arbitrio jurídico (arrendamiento, comodato, sociedad) que transforme al armador en un empleado y no en un agente económico autónomo.
Para evitar tal efecto la iniciativa establece como exigencia, para inscribirse en el Registro Artesanal, la de que los armadores artesanales sean titulares del dominio de las embarcaciones con que operan, de manera que estos últimos mantengan el control de su actividad, evitando el ingreso indebido de personas ajenas al sector.
Con el propósito de evitar perjudicar a los actuales embarcadores que no son propietarios de las naves en las que desarrollan la actividad, se establece un régimen transitorio que regua el traspaso al nuevo régimen.
Para ello, la iniciativa propone un plazo de cinco años para hacer exigible el requisito ya señalado. Asimismo, se establece que mientras no se acredite el dominio de las embarcaciones, el pescador artesanal estará inhibido de hacer aplicable a las embarcaciones que tenga inscritas las instituciones tradicionales que contempla la Ley de Pesca: sustitución, reemplazo e inscripción de una segunda embarcación en el Registro Artesanal .
-o-
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL PROYECTO APROBADO EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, CUYA MODIFICACIÓN, ACORDADA EN SEGUNDO TRÁMITE, FUE RECHAZADA POR LA CÁMARA DE ORIGEN EN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
La controversia suscitada entre ambas ramas legislativas deriva del rechazo del Senado, en tercer trámite constitucional, a las enmiendas recaídas en el artículo transitorio, que fueron acordadas por la Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional.
A continuación, se describe suscintamente el contenido del precepto materia de la controversia. Además, se incluyen los aspectos centrales de la discusión generada en la Comisión Mixta, así como los acuerdos adoptados para resolver la discrepancia.
ARTÍCULO TRANSITORIO
La norma acordada por el Senado, en el primer trámite constitucional, otorga un plazo de cinco años a los armadores artesanales que, a la fecha de vigencia de esta ley, no sean propietarios de las embarcaciones inscritas a su nombre en el Registro Artesanal , para acreditar su dominio sobre ellas o para sustituirlas por otra de su propiedad. Transcurrido el plazo sin haberse cumplido esa exigencia, quedan sin efecto las inscripciones.
Agrega la disposición que durante el referido plazo de cinco años los armadores no propietarios quedarán sujetos a las siguientes limitaciones:
1) El que tenga una embarcación inscrita (a otro título que el de propietario) no podrá inscribir una segunda embarcación, aunque sea su dueño,
2) El armador sólo podrá sustituir la o las embarcaciones inscritas por otras de su propiedad.
3) No podrá reemplazar su inscripción, aun cuando el reemplazante sea dueño de la nave.
El artículo transitorio finaliza expresando que las solicitudes de sustitución de embarcaciones en trámite a la fecha de publicación de la ley deberán ajustarse a las reglas precedentes, y que el reemplazo de las naves, en todo caso, queda sujeto a la ley Nº 19.922 (Suspende el reemplazo de inscripciones en el registro artesanal por un plazo de 18 meses contados desde el 23 de diciembre de 2003).
En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados introdujo las siguientes modificaciones al texto aprobado por el Senado:
1) Redujo a tres años el plazo para que los armadores no propietarios se transformen en tales.
2) Suprimió la norma del numeral 3 del inciso tercero del artículo transitorio que prohíbe a los armadores no artesanales reemplazar su inscripción.
3) Reemplazó el inciso cuarto de la norma transitoria por otro que permite el reemplazo de los armadores artesanales por pesqueros artesanales que cumplan con los requisitos que se indican:
a) Que el reemplazante esté inscrito en el Registro Artesanal en una categoría distinta de la del armador al 31 de diciembre del año 2002, agregando que si el reemplazante es una persona jurídica, los socios deberán acreditar el cumplimiento de este requisito,
b) Que el reemplazante sea propietario de una embarcación artesanal al 31 de diciembre del año 2002, requisito acreditado con la matrícula que otorga la autoridad marítima,
c) Que el reemplazante acredite habitualidad. Se entiende cumplida esta condición si la operación de la embarcación artesanal de la que es propietario es igual o superior a un tercio del promedio de los viajes de pesca de las naves inscritas en la misma pesquería en el año 2003, y
d) Que la embarcación de la que es dueño el reemplazante tiene inscripción vigente en el Registro Artesanal a la fecha de vigencia de esta ley.
4) Sustituyó el inciso quinto por otro que prevé que los propietarios de embarcaciones que conforme a esta ley pueden ser reemplazantes de una inscripción artesanal, sólo adquirirán la inscripción del pescador con la que la embarcación está operando a la fecha de la vigencia de esta ley. También dispone que el titular de la inscripción artesanal sólo podrá adquirir la embarcación con la cual está desarrollando la actividad.
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Con motivo del breve debate generado en la Comisión respecto de las controversias señaladas, el honorable senador señor Ruiz De Giorgio , expresó que el rechazo del Senado a las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, obedeció a que las normas de reemplazo de las embarcaciones artesanales tienen efectos muy amplios y que, previo a aceptarlas era menester conocer el número de naves, con identificación de las categorías que podrían ser beneficiadas con el proyecto e identificación de las categorías de pescadores artesanales de sus propietarios.
Por su parte, el honorable diputado señor Ulloa manifestó que las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara de Diputados, tienen por objeto otorgar mayor transparencia en el procedimiento para acreditar la propiedad de las embarcaciones.
La Subsecretaría de Pesca proporcionó a vuestra Comisión Mixta la información relativa al universo de naves que serán beneficiadas con el proyecto, y resolvió las demás inquietudes que le asistían.
Atendido lo anterior, la Comisión Mixta resolvió las controversias suscitadas adoptando los siguientes acuerdos:
1) Reemplazar en el inciso primero del artículo transitorio la palabra “cinco” por “cuatro”;
2) Suprimir el numeral 3) del inciso tercero del artículo transitorio, y
3) Sustituir los incisos cuarto y quinto, por los siguientes:
“No obstante, lo establecido en la ley N° 19.922, en el plazo de ciento veinte días, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los pescadores artesanales que cumplan con los siguientes requisitos, podrán, ser reemplazantes de un armador pesquero artesanal:
a) que el reemplazante se encuentre inscrito en el Registro Artesanal en una categoría distinta a la de armador, al 31 de diciembre de 2001. En caso que el reemplazante sea una persona jurídica, los socios de ella deberán acreditar el cumplimiento de este requisito.
b) que el reemplazante sea propietario de una embarcación artesanal, al 31 de diciembre del año 2001, conforme a la matrícula otorgada por la Autoridad Marítima.
c) que el reemplazante acredite habitualidad. Se entenderá acreditada ésta si la operación de la embarcación artesanal de la que es propietario es igual o superior a un tercio del promedio de los viajes de pesca de las naves inscritas en la misma pesquería en la Región correspondiente, en el año 2003. La habitualidad se acreditará mediante los formularios de desembarque debidamente recibidos por el Servicio Nacional de Pesca, conforme las disposiciones comunes contenidas en el Título V de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
d) que la embarcación artesanal de la que el reemplazante es dueño, cuente con inscripción vigente en el Registro Artesanal a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Con todo, los propietarios de embarcaciones artesanales que de acuerdo a esta ley pueden ser reemplazantes de una inscripción artesanal, sólo podrán adquirir la inscripción artesanal del pescador artesanal con la que la embarcación se encuentre operando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Asimismo, el titular de la inscripción artesanal sólo podrá adquirir la embarcación con la cual está desarrollando la actividad pesquera inscrita.”.
Sometidas a votación las modificaciones propuestas al artículo transitorio, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Ruiz De Giorgio , Arancibia , Ávila y Ríos, y de los Honorables Diputados, señores Venegas , Galilea , Ulloa , Sánchez y Silva.
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PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En mérito del acuerdo descrito precedentemente, para salvar las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Honorable Congreso Nacional, vuestra Comisión Mixta os propone, por la unanimidad de sus miembros presentes, sustituir el artículo transitorio por el siguiente:
ARTÍCULO TRANSITORIO
“Artículo transitorio.- Aquellos armadores artesanales que a la fecha de publicación de la presente ley no sean propietarios de la o las embarcaciones que tengan inscritas en el Registro Artesanal , tendrán un plazo de cuatro años para acreditar su dominio sobre ellas ante el Servicio Nacional de Pesca o para sustituirlas por otra u otras embarcaciones de su propiedad.
En caso de no cumplirse la exigencia anterior, quedará sin efecto la o las inscripciones en el Registro Artesanal.
Durante el plazo establecido en el inciso primero de este artículo, los armadores artesanales que no sean propietarios de la o las embarcaciones inscritas a su nombre en el Registro Artesanal, quedarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1) El armador que sólo tenga una embarcación inscrita, no podrá inscribir una segunda embarcación, aún cuando sea propietario de esta última, y
2) El armador sólo podrá sustituir la o las embarcaciones inscritas, por embarcaciones de su propiedad.
No obstante, lo establecido en la ley N° 19.922, en el plazo de ciento veinte días, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los pescadores artesanales que cumplan con los siguientes requisitos, podrán, ser reemplazantes de un armador pesquero artesanal:
a) que el reemplazante se encuentre inscrito en el Registro Artesanal en una categoría distinta a la de armador, al 31 de diciembre de 2001. En caso que el reemplazante sea una persona jurídica, los socios de ella deberán acreditar el cumplimiento de este requisito.
b) que el reemplazante sea propietario de una embarcación artesanal, al 31 de diciembre del año 2001, conforme a la matrícula otorgada por la Autoridad Marítima.
c) que el reemplazante acredite habitualidad. Se entenderá acreditada ésta si la operación de la embarcación artesanal de la que es propietario es igual o superior a un tercio del promedio de los viajes de pesca de las naves inscritas en la misma pesquería en la Región correspondiente, en el año 2003. La habitualidad se acreditará mediante los formularios de desembarque debidamente recibidos por el Servicio Nacional de Pesca, conforme las disposiciones comunes contenidas en el Título V de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
d) que la embarcación artesanal de la que el reemplazante es dueño, cuente con inscripción vigente en el Registro Artesanal a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Con todo, los propietarios de embarcaciones artesanales que de acuerdo a esta ley pueden ser reemplazantes de una inscripción artesanal, sólo podrán adquirir la inscripción artesanal del pescador artesanal con la que la embarcación se encuentre operando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Asimismo, el titular de la inscripción artesanal sólo podrá adquirir la embarcación con la cual está desarrollando la actividad pesquera inscrita.”.
(Aprobado por unanimidad 9x0)
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TEXTO DEL PROYECTO
Finalmente, cabe hacer presente, a título meramente informativo, que de aprobarse la proposición de la Comisión Mixta, el texto del proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Articulo único.- Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el siguiente sentido:
1. En el artículo 2°, numeral 29:
a) Sustitúyense, en la definición de armador artesanal, las palabras “a cuyo nombre se explotan” por “propietario de”.
b) Elimínase la oración “Se presume que lo es el propietario de toda embarcación artesanal inscrita en los registros a cargo de la autoridad marítima.”.
2. En el artículo 52:
a) Sustitúyese, en el primer párrafo de la letra a), la expresión “la posesión” por “el dominio”.
b) Elimínase el párrafo segundo de la letra a).
c) Reemplázase en la letra c), la frase “su poseedor o dueño, o su armador, según corresponda” por la expresión “el armador”.
Articulo transitorio.- Aquellos armadores artesanales que a la fecha de publicación de la presente ley no sean propietarios de la o las embarcaciones que tengan inscritas en el Registro Artesanal , tendrán un plazo de cuatro años para acreditar su dominio sobre ellas ante el Servicio Nacional de Pesca o para sustituirlas por otra u otras embarcaciones de su propiedad.
En caso de no cumplirse la exigencia anterior, quedará sin efecto la o las inscripciones en el Registro Artesanal.
Durante el plazo establecido en el inciso primero de este artículo, los armadores artesanales que no sean propietarios de la o las embarcaciones inscritas a su nombre en el Registro Artesanal, quedarán sujetos a las siguientes limitaciones:
1) El armador que sólo tenga una embarcación inscrita, no podrá inscribir una segunda embarcación, aun cuando sea propietario de esta última, y
2) El armador sólo podrá sustituir la o las embarcaciones inscritas, por embarcaciones de su propiedad.
No obstante, lo establecido en la ley N° 19.922, en el plazo de ciento veinte días, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los pescadores artesanales que cumplan con los siguientes requisitos, podrán, ser reemplazantes de un armador pesquero artesanal:
a) que el reemplazante se encuentre inscrito en el Registro Artesanal en una categoría distinta a la de armador, al 31 de diciembre de 2001. En caso que el reemplazante sea una persona jurídica, los socios de ella deberán acreditar el cumplimiento de este requisito.
b) que el reemplazante sea propietario de una embarcación artesanal, al 31 de diciembre del año 2001, conforme a la matrícula otorgada por la Autoridad Marítima.
c) que el reemplazante acredite habitualidad. Se entenderá acreditada ésta si la operación de la embarcación artesanal de la que es propietario es igual o superior a un tercio del promedio de los viajes de pesca de las naves inscritas en la misma pesquería en la Región correspondiente, en el año 2003.La habitualidad se acreditará mediante los formularios de desembarque debidamente recibidos por el Servicio Nacional de Pesca, conforme las disposiciones comunes contenidas en el Título V de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
d) que la embarcación artesanal de la que el reemplazante es dueño, cuente con inscripción vigente en el Registro Artesanal a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Con todo, los propietarios de embarcaciones artesanales que de acuerdo a esta ley pueden ser reemplazantes de una inscripción artesanal, sólo podrán adquirir la inscripción artesanal del pescador artesanal con la que la embarcación se encuentre operando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Asimismo, el titular de la inscripción artesanal sólo podrá adquirir la embarcación con la cual está desarrollando la actividad pesquera inscrita.”.
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Acordado en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2004, con asistencia de los honorables senadores señores José Ruiz De Giorgio , Jorge Arancibia Reyes , Nelson Ávila Contreras y Mario Ríos Santander , y de los honorables diputados señores Samuel Venegas Rubio , Pablo Galilea . Carrillo , Jorge Ulloa Aguillón , Leopoldo Sánchez Grunert y Exequiel Silva Ortiz .
Sala de la Comisión, a 19 de octubre de 2004.
(Fdo.): MAGDALENA PALUMBO OSSA, Secretario Accidental ?.
3. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, sobre el proyecto de ley que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. (boletín N° 3712-04)
Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley de la referencia, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la República , incluido en la actual legislatura extraordinaria de sesiones.
PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
Participaron en el despacho de este proyecto el señor Ministro de Educación , don Sergio Bitar Chacra ; la señora Pilar Armanet , Jefa de la División de Educación Superior; el señor Rodrigo González , Jefe del Departamento Jurídico ; el señor Gianni Lambertini , Tesorero General de la República , y el señor José Espinoza de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
ANTECEDENTES.
La transformación de la Educación Superior producida en Chile en la última década, que ha significado la incorporación de numerosas instituciones y una muy importante expansión de la cobertura en este segmento educacional, ha traído como consecuencia la duplicación de la matrícula, como lo demuestran las cifras del grupo constituido por las universidades del Consejo de Rectores, que se ha incrementado desde 114.591 estudiantes en el año 1990 a 230.174 alumnos en el 2003.
Este positivo aumento constituye un desafío considerable para el Estado, que es responsable de garantizar a todos los jóvenes con talento el acceso a la educación superior.
La realidad actual es que los incrementos en la demanda por crédito universitario se transforman en problemas fiscales para el Gobierno. Ello crea una situación contradictoria en un sistema en el que el financiamiento para la Educación Superior reside, en última instancia, en sus beneficiarios.
Pero constituye también para los estudiantes una importante inversión personal, de lo cual deriva que los jóvenes beneficiarios deban contribuir a pagar su costo. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en Chile, el salario de los trabajadores con educación universitaria completa es, en promedio, cuatro veces superior al de los egresados de la educación secundaria.
El sistema de crédito solidario permite a los estudiantes que no tienen recursos para financiar sus aranceles, recibir el apoyo necesario para estudiar, debiendo devolver al Estado los recursos que se le prestaron, con el objeto de contribuir a que nuevas generaciones de jóvenes, con talento y necesidades socioeconómicas como las suyas, puedan, a su vez, cursar estudios superiores.
Este sistema, establecido por la ley Nº 19.287 se sustenta en la responsabilidad personal y social de los profesionales de cumplir con su obligación de pagar el préstamo recibido, pago que es contingente al ingreso, esto es, nadie paga más del 5% de su renta por este concepto. Por ello, deben establecerse todos los mecanismos necesarios para asegurar el pago efectivo de ese 5%.
Los mecanismos de cobranza de los créditos que contempla la Ley N° 19.287 han demostrado ser insuficientes para cumplir los objetivos de recuperación de los créditos entregados.
En razón de lo anterior se ha venido impulsando un conjunto de medidas tendientes a superar las deficiencias que se han observado durante los 10 años de funcionamiento del sistema de crédito solidario, como la Ley Nº 19.848 sobre Reprogramación de Deudas a los Fondos de Crédito Solidario.
Pero ello no ha sido suficiente, hay que mejorar la recuperación de los créditos, implementando medidas que ya fueron objeto de análisis durante la discusión parlamentaria de la ley antes mencionada.
CONTENIDO E IDEAS MATRICES DEL PROYECTO.
La idea rectora de esta iniciativa legal, es mejorar la recuperación de los fondos entregados por concepto de crédito solidario universitario.
Con el propósito de buscar la mejor manera de recuperar los créditos otorgados, se propone en este proyecto facultar a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuesto a la renta el monto de los créditos morosos (inciso primero del artículo 1°).
De acuerdo a la información proporcionada por dicha institución, del total de deudores de crédito solidario que actualmente se encuentran morosos en el sistema, y que no acudieron al proceso de reprogramación de dichas deudas, 20.895 obtuvieron devolución de impuestos a la renta en el año 2004. De haber existido un mecanismo que permitiera a la Tesorería General de la República retener las devoluciones e imputarlas al pago del crédito moroso, se habría podido recuperar una suma aproximada de $ 4.057.770.619.
Otro de los mecanismos propuestos, es el de facultar al Servicio de Impuestos Internos, en forma expresa, para informar a los administradores de fondos del crédito solidario, acerca de los ingresos efectivos declarados cada año por el contribuyente deudor de crédito, de manera de evitar que una subdeclaración de rentas afecte el cálculo de la cuota contingente al ingreso que debe pagar al año siguiente. Para reforzar el propósito señalado, el Servicio de Impuestos Internos queda liberado del deber de mantener secreto o reserva de los antecedentes tributarios del deudor moroso.
En la actualidad la recuperación de crédito solidario alcanza una cifra de $ 26.000 millones, lo que representa una tasa promedio de recuperación de un 50% en el sistema. Si consideramos que el promedio de los créditos que se asignan a los actuales alumnos de las universidades del Consejo de Rectores alcanza a los $900.000, podemos concluir que por cada $ 1.000 millones que son recuperados es posible entregar más de 1000 nuevos créditos. En consecuencia, un incremento en las tasas de recuperación de los créditos beneficia al conjunto de alumnos que se incorporan a la educación superior que requieren financiamiento para sus aranceles.
Con tal propósito, el actual proyecto se propone extender los mecanismos que introdujo la Ley Nº 19.848 sobre reprogramación de deudas de créditos solidarios al conjunto del sistema, haciéndolos aplicables a todos los deudores de dichos fondos y no tan sólo a los que han acudido a la reprogramación ofrecida por la ley citada.
Asimismo, se regula la forma en que la Tesorería debe enterar los dineros recaudados a las entidades acreedoras.
Por otra parte, el artículo 2º del presente proyecto modifica el artículo 12º de la Ley N° 19.848, en el sentido de aclarar, a través de una mejor redacción, la excepción contenida en esta norma, al deber de reserva o secreto tributario, de modo de posibilitar su aplicación a las finalidades del presente proyecto.
De esta manera, se faculta expresamente al Servicio de Impuestos Internos para proporcionar a los Administradores de Fondo de Crédito Solidario aquellos antecedentes relativos a los ingresos declarados anualmente por los deudores del Crédito, a objeto de poder contrastarlos por la información proporcionada por los propios deudores.
Mediante esta modificación también se especifica a quienes se considera como deudores de los fondos de crédito solidario, extendiendo la aplicación de dichos instrumentos a todos los deudores de estos fondos y no tan sólo a los que han reprogramado de acuerdo a la Ley Nº 19.848.
APROBACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto fue aprobado en general y en particular por unanimidad.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
Se deja constancia de lo siguiente:
Que el proyecto no consulta normas de carácter orgánico constitucional ni que requieran un quórum calificado.
ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
Atendido que esta iniciativa comprende normas sobre materias financieras del Estado todo el proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda:
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
Con el mérito de las consideraciones precedentes y de los antecedentes que pueda entregar el señor Diputado informante , la Comisión prestó su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.
La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.
Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.848, que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidarios de la Educación Superior:
1. Modifícase el inciso primero del artículo 12º, sustituyendo la frase “lo dispuesto en el artículo 35º” por la oración “el deber de secreto o reserva de los antecedentes tributarios, contenido en el artículo 35º”.
2. Incorpórase al artículo 12 el siguiente inciso final:
“Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, Nº 19.287, y Nº 19.848”.”.
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Se designó diputado informante al honorable diputado señor Germán Becker Alvear .
Tratado y acordado en sesión de fecha 2 de noviembre de 2004, con la asistencia de los diputados señores Carlos Olivares Zepeda ( Presidente de la Comisión); Germán Becker Alvear ; Rodrigo González Torres, José Antonio Kast Rist ; Carlos Montes Cisternas ; Iván Paredes Fierro ; y de las Diputadas señoras Marcela Cubillos Sigall ; María Antonieta Saa Díaz y Carolina Tohá Morales .
Sala de la Comisión, a 2 de noviembre de 2004.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión ”.
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. (boletín Nº 3712-04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS PREVIAS
1. Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3. Disposiciones que fueron aprobadas por unanimidad
Los artículos 1° y 2°.
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Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Sergio Bitar , ministro de Educación ; la señora Pilar Armanet , Jefa de la División de Educación Superior; el señor Rodrigo González , Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, y el señor José Espinoza , Asesor de la Dirección de Presupuestos.
El propósito de la iniciativa consiste en mejorar los mecanismos de cobranza del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, extendiendo los mecanismos que introdujo la ley N° 19.848 sobre reprogramación de deudas de créditos solidarios al conjunto del sistema. En efecto, se faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los respectivos deudores, los montos de dicho crédito que se encontraren morosos y regula la forma en que la Tesorería deberá enterar los dineros recaudados a las entidades acreedoras. Por otra parte, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para proporcionar a los Administradores del Fondo de Crédito Solidario los antecedentes relativos a los ingresos declarados anualmente por los deudores del crédito, a fin de contrastarlos con la información proporcionada por los propios deudores.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 28 de octubre de 2004, señala que el proyecto no representa mayor gasto fiscal, tanto en el presente año como en el futuro.
En el debate de la Comisión la señora Pilar Armanet justificó la iniciativa en la medida que los mecanismos de cobranza de los créditos que contempla la ley N° 19.287 han demostrado ser insuficientes.
Hizo presente que del total de deudores de crédito solidario que no concurrieron al proceso de reprogramación de dichas deudas, 20.895 obtuvieron devolución de impuestos a la renta en el año 2004.
De ahí, entonces, que se faculte a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuesto a la renta el monto de los créditos morosos, lo que -se calcula- habría permitido recuperar una suma aproximada a los $ 4.057.770 miles de existir tal mecanismo durante esta año.
Otro de los aspectos vulnerables del actual sistema, sostuvo la señora Armanet , es la posibilidad de que el deudor haga una subdeclaración de sus rentas, reduciendo por esta vía la cuota de pago futura contingente al ingreso (nadie paga más del 5% de su renta anual), razón por la que la información que proporcione el Servicio de Impuestos Internos a los Administradores del Fondo de Crédito Solidario permitirá contrastarla con la proporcionada por los propios deudores.
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo 1° del proyecto, se faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.
En el inciso segundo, se dispone que la Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.
En el inciso tercero, se señala que si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.
En el artículo 2°, se introducen las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.848, que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior:
1. Modifícase el inciso primero del artículo 12, sustituyendo la frase “lo dispuesto en el artículo 35” por la oración “el deber de secreto o reserva de los antecedentes tributarios, contenido en el artículo 35”.
2. Incorpórase al artículo 12 el siguiente inciso final:
“Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, Nº 19.287, y Nº 19.848”.
Puestos en votación los artículos 1° y 2° fueron aprobados por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 9 de noviembre de 2004.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los diputados señores Escalona, don Camilo ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Alvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Saffirio, don Eduardo ; Silva, don Exequiel , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Cardemil, don Alberto .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción del diputado señor Errázuriz .
Proyecto de reforma constitucional que precisa suspensión del derecho a sufragio. (boletín N° 3717-07)
“Considerando:
1) Que el número 2°.- del artículo 16.- de la Constitución Política señala que el derecho de sufragio se suspende “2°.- Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que, la ley califique como conducta terrorista”;
2) Que personas procesadas por delito que merece pena aflictiva, pero sin que el tribunal haya notificado al Servicio Electoral de este hecho y, por tanto, encontrándose vigente su derecho a sufragio, han sido amenazadas de ser detenidas si votan, lo que ha hecho que se abstengan de cumplir con su deber cívico, exponiéndose a las sanciones que la ley contempla en tales casos;
3) Que resulta indispensable precisar de que la suspensión del derecho a sufragio sólo tiene lugar cuando los tribunales de justicia notifican al Servicio Electoral de este hecho y el Servicio elimina el elector e sus registros, vengo en proponer la siguiente
REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único.- Sustitúyese la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a las palabras “conducta terrorista” en el número 2°.- del artículo 16.- de la Constitución Política por un punto seguido (.) y agrégase, a continuación, lo siguiente:
“Para que la suspensión del derecho a sufragio se produzca, los tribunales deberán notificar este hecho al Servicio Electoral, el que deberá ordenar la correspondiente anotación en los registros electorales, y”“.
Moción del diputado señor Errázuriz .
Sanciona al progenitor que acuse al otro de abusos deshonestos para no dar las visitas decretadas judicialmente. (boletín N° 3718-07)
“Considerando:
1) Que se está transformando en un expediente cada vez más frecuente la denuncia de un progenitor contra el otro de cometer abusos deshonestos contra los hijos para impedir que los vea, pese a que las visitas han sido convenidas de común acuerdo o decretadas por el tribunal;
2) Que durante el tiempo en que los menores permanecen en poder de quien los tiene a su cuidado, con frecuencia les hace un verdadero “lavado de cerebro” contra el otro progenitor, de modo que cuando, finalmente, las visitas se concretan, los menores ya no quieren ver a quien han aprendido a rechazar a la distancia;
3) Que los jueces de menores se resisten a dictar orden de arresto contra quien arbitrariamente se niegue a permitir las visitas decretadas por el mismo tribunal, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- El progenitor que tenga a su cargo el cuidado de sus hijos y se niegue arbitrariamente a permitir la visita decretada o aprobada por el tribunal, será sancionado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
Artículo 2°.- Cuando la negativa se fundamente en la comisión de abusos deshonestos y éstos no se probaren, a la multa señalada l en el artículo anterior se añadirá la de reclusión menor en su grado mínimo.
Artículo 3°.- Si la negativa a permitir la visita se fundamenta en enfermedad del menor, el hecho deberá ser comunicado por quien tiene a su cargo el cuidado del menor al otro progenitor antes de la hora en que comience la visita. En tal caso, el otro progenitor tendrá derecho a enviar un médico para verificar el estado de salud de su hijo.
Artículo 4°.- Si luego de dos visitas consecutivas o de tres en un mes que no puedan realizarse, sin justificación, el juez no acoge de inmediato la orden de arresto solicitada por quien tiene derecho a visita, produciéndose el delito de desacato, será motivo del una anotación en la hoja de vida del juez.”.