Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- INTEGRACIÓN
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INTEGRACIÓN
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CUENTA ANUAL PRESUPUESTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- DEBATE
- SUSTITUCIÓN DE PROCEDIMIENTO LABORAL CONTENIDO EN EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Boris Tapia Martinez
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Fulvio Rossi Ciocca
- Ivan Moreira Barros
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Perez Arriagada
- Pablo Galilea Carrillo
- Eugenio Tuma Zedan
- Alberto Robles Pantoja
- Lily Perez San Martin
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- DEBATE
- DEBATE
- CUENTA ANUAL PRESUPUESTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- VI. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN DE DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES MUNICIPALIZADOS DE CHILLÁN. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- CELEBRACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”. Oficio.
- AMPLIACIÓN DE QUERELLA POR TALA ILEGAL DE ALERCE. Oficio.
- INFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A RAÍZ DE TEMPORAL EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES MUNICIPALIZADOS DE CHILLÁN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Samuel Venegas Rubio
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Adriana Munoz D'albora
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Samuel Venegas Rubio
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Exequiel Silva Ortiz
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Patricio Melero Abaroa
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Marcelo Forni Lobos
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Dario Paya Mira
- Jorge Burgos Varela
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Marcelo Forni Lobos
- Pablo Lorenzini Basso
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Felipe Salaberry Soto
- Rodolfo Seguel Molina
- Patricio Walker Prieto
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 75ª, en miércoles 11 de mayo de 2005
(Ordinaria, de 17.09 a 19.34 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Orden del Día.
Cuenta anual presupuestaria de la Cámara de Diputados9
Sustitución de procedimiento laboral contenido en el Libro V del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional11
VI.Incidentes34
Investigación de deuda histórica con profesores municipalizados de Chillán. Oficio34
Celebración del “Día Internacional de la Enfermera”. Oficio36
Ampliación de querella por tala ilegal de alerce. Oficio37
Información y adopción de medidas respecto de cortes de energía eléctrica a raíz de temporal en provincia de Ñuble. Oficios38
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Moción de los diputados señores Venegas, Jarpa, Meza, Pérez, don José, y de las diputadas señora Muñoz, doña Adriana y Soto, doña Laura, que establece nuevos hitos para medir el área de reserva de la pesca artesanal.
(boletín N° 386021)40
2.Moción de los diputados señores Venegas, Jarpa, Meza, Pérez, don José y Silva, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que establece como pesquerías artesanales la denominada “pesca fina” que indica. (boletín N° 386121)42
3.Moción de los diputados señores Melero, Barros, Bauer, Forni, García-Huidobro, Masferrer, Norambuena, Uriarte, Urrutia, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que modifica la ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República. (boletín N° 386207)45
4.Moción de los diputados señores Paya, Burgos, Cardemil, Forni, Lorenzini, Monckeberg, Salaberry, Seguel y Walker, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que establece una reforma constitucional que sustituye el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República. (boletín N° 386307)46
5.Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que establece medidas en contra de la discriminación. (boletín N° 381507)47
VIII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
De la Comisión Investigadora encargada de analizar el cumplimiento de los objetivos técnicos propuestos por el Estado al emprender el proceso de privatización y concesión de los derechos de explotación de las empresas sanitarias del país y el rol de los organismos públicos involucrados en el control y regulación del funcionamiento de dichas entidades en sus aspectos operativos, económicos y medioambientales, por la que informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación procedió a constituirse y eligió como Presidente al diputado señor Encina.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 17.09 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El acta de la sesión 69ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 70ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la cuenta.
V.ORDEN DEL DÍA
CUENTA ANUAL PRESUPUESTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde recibir el informe de la Cuenta Anual Presupuestaria de la Cámara de Diputados, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2004.
Antecedentes:
- Informe de la Cuenta Anual Presupuestaria, sesión 64ª, en 12 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Diputado informante es el señor Alvarado .
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, me corresponde informar respecto de la gestión de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados.
La Comisión Revisora de Cuentas, designada por la Corporación en sesión 13ª, de 17 de abril de 2002, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha procedido a revisar y evaluar la liquidación y el balance de las cuentas del Departamento de Finanzas, presentadas por su director, correspondiente al ejercicio financiero y contable del año 2004.
Informe operacional.
En primer lugar, se revisó una copia del oficio Nº 57, de 2005, del Departamento de Finanzas, de fecha 7 de enero.
Se efectuaron las comprobaciones, las cuales se hicieron con la documentación contable y se corroboró con los informes mensuales presentados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, por lo cual éstos son parte integral del presente informe.
El texto definitivo de la ley de presupuesto de la nación, aprobada por el Congreso Nacional, consultó para la Cámara de Diputados la cantidad de $ 27.782.819.000, que, posteriormente, se complementó en el transcurso del año 2004 con las cantidades asignadas por diversos decretos emanados del Ministerio de Hacienda, que arrojaron una cantidad adicional de $ 871.165.003. Por lo tanto, el presupuesto final con que contó la Corporación fue de $ 28.653.984.003. Estos incrementos adicionales fueron producto fundamentalmente de materias relacionadas con reajuste legal, incorporación del saldo inicial de caja al presupuesto del año 2005, la ley Nº 19.882, conocida como ley Anef; aporte fiscal extraordinario y otros ingresos.
Por lo tanto, el presupuesto final con que contó la Corporación fue de $ 28.653.984.003.
Los gastos e inversiones en el mismo período, es decir, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, ascendieron a la suma de $ 28.640.748.870.
En resumen, la administración de los recursos, en moneda corriente, de esta Cámara de Diputados durante 2004, teniendo presente las cifras de ingresos y de gastos recién indicadas, permitió terminar con un saldo final de caja, al 31 de diciembre de 2004, de 13 millones 235 mil 133 pesos, los cuales se encuentran depositados en la cuenta corriente única fiscal del BancoEstado que, a esa fecha, arrojaba un saldo de 10 millones 131 mil 694 pesos y un adicional de 3 millones 103 mil 439 pesos, correspondiente a anticipos varios y cajas chicas para gastos menores.
Adjunto al presente informe se encuentran, como corresponde, las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2004, que sustentan la información que acabo de señalar.
Una tercera etapa de la acción ejercida por la Comisión Revisora de Cuentas dice relación con el examen efectuado a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, con respecto a los pagos habituales, mensuales y esporádicos, que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, sueldos del personal, secretarias de diputados, asignaciones de combustible, mantención, entre otros.
Este examen fue practicado de acuerdo a los procedimientos contables para el sector público e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión, en la medida en que se consideró necesario para el objetivo perseguido.
Se pudo comprobar que se dio entero cumplimiento a los acuerdos de esa Comisión y que los respectivos comprobantes originales de todos los pagos, que los respaldan, se encuentran archivados.
La revisión alcanzó a un ciento por ciento de la materia correspondiente y representa razonablemente la situación financiera de la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2004.
Los resultados de sus operaciones fueron registrados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y debidamente aplicados.
Por lo anterior, la Comisión Revisora de Cuentas somete a consideración de la honorable Sala el siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo único.- Apruébese el balance de las cuentas del Departamento de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados correspondiente al año presupuestario y contable 2004, que presentó el director de Finanzas de la Corporación, don Orlando Catalán González .
El presupuesto final con que contó la Corporación en moneda nacional, alcanzó a la suma de $ 28.653.984.003, en conformidad al siguiente detalle:
1
Las partidas de gastos se reflejan en los subtítulos 21, Gastos en personal; 22, Bienes y servicios de consumo; 24, Prestaciones previsionales; 25, Transferencias corrientes; 31, Inversión real; 70, Otros compromisos pendientes, lo que totaliza $ 28.640.748.870, quedando el saldo final de caja repito, tal como se señaló anteriormente, en $ 13.235.133.
Es todo cuanto puedo informar en representación de la Comisión Revisora de Cuentas. Desde ya, manifestamos nuestra opinión en cuanto a aprobar el presente proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En discusión el informe de la Cuenta Anual Presupuestaria.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobarla en forma unánime?
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, pido su votación de inmediato.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, ¿se puede votar ahora?
El señor ASCENCIO (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, sí, señora diputada.
En votación el informe de la Cuenta Anual Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Araya , Ascencio ,Barros, Bauer , Bertolino , Caraball ( doña Eliana) , Cornejo , Correa, Egaña , Encina , Errázuriz , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Martínez , Masferrer , Meza , Molina , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Recondo , Riveros , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Seguel , Silva, Tapia , Tarud , Urrutia , Varela , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro y Pérez (doña Lily ).
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, ante las críticas que formulan algunos medios de comunicación a la Cámara de Diputados, quiero destacar la transparencia con que se ha actuado. Éste es un ejemplo de la forma como se trabaja en esta Corporación y de la transparencia de las cuentas que se entregan. Ojalá que los medios de comunicación, así como destacan los aspectos negativos, pongan de relieve también esta muestra de transparencia.
He dicho.
Aplausos.
SUSTITUCIÓN DE PROCEDIMIENTO LABORAL CONTENIDO EN EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde tratar, en particular, el proyecto de ley, originado en mensaje, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Pedro Muñoz .
Antecedentes:
- Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín Nº 3367-13, sesión 74ª, en 11 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MUÑOZ.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo.
En la discusión particular de esta iniciativa, la Comisión contó con la participación del señor Yerko Ljubetic Godoy , ministro del Trabajo y Previsión Social; de la señora Marisol Aravena Puelma , subsecretaria de Seguridad Social, y del señor Francisco Del Río Correa, asesor del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Los antecedentes generales y las ideas matrices o fundamentales del proyecto ya fueron latamente debatidas durante el primer trámite reglamentario. Sin embargo, no resulta inoficioso recordar que este proyecto se enmarca dentro de una serie de esfuerzos para modernizar la justicia laboral y previsional, la cual será reformada siguiendo principios procesales como la especialidad, la concentración, la publicidad, la inmediación, la contradicción y la oralidad. Todas estas iniciativas y principios, en conjunto, permitirán lograr una justicia al alcance de todos los habitantes y, en particular, de los trabajadores, que resuelva los conflictos de manera oportuna y justa.
Cabe hacer presente, previamente, que los artículos 420, contenido en el numeral 1; 436, 480, 513 y 514, inciso tercero, contenidos en el numeral 2; 292, inciso tercero, contenido en el numeral 5, y 389, inciso tercero, contenido en el numeral 7, todos del artículo 1º permanente, y el artículo 3º transitorio, del proyecto de ley propuesto en el primer informe de esta Comisión, contenían normas orgánicas constitucionales y no alcanzaron el quórum de aprobación requerido en la votación general del proyecto de ley en informe, acaecida en la sesión 51ª de la Cámara de Diputados, celebrada con fecha 16 de marzo del presente año, por lo que no han sido considerados en el nuevo informe propuesto por la Comisión para su aprobación.
Respecto del texto propuesto en este segundo informe, debo señalar que recoge casi todas las modificaciones planteadas por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, las cuales la Comisión de Trabajo y Seguridad Social consideró que constituyen un aporte importante para la consecución de los objetivos del proyecto. Se orientan, en general, a agilizar las causas y a resguardar los derechos de las partes en el proceso y de los trabajadores en sus relaciones laborales, y se refieren a los siguientes aspectos:
Facultar al juez para encomendar ciertas actuaciones a los secretarios; asegurar la publicidad de los actos procesales; precisar los requisitos y formas de impetrar la nulidad procesal; permitir la realización de actuaciones por medios electrónicos; disponer la notificación previa de ciertas diligencias probatorias; facultar al juez para decretar la realización de ciertas pruebas como medidas para mejor resolver, cuando aquéllas no hubieran podido rendirse oportunamente; incorporar un procedimiento monitorio para la tramitación de las causas por término de la relación laboral de una cuantía inferior a cuatro ingresos mínimo mensuales y enmendar el sistema de recursos estableciendo el carácter supletorio del Código de Procedimiento Civil en su regulación, limitando la procedencia de la apelación y disponiendo un nuevo recurso de nulidad para atacar sentencias definitivas dictadas con infracción de garantías constitucionales o con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
En la discusión en particular se suprimieron los artículos 428, 495, 496, 498, 499 y 500 del numeral 2 del artículo 1º permanente del texto del proyecto contenido en el primer informe de la Comisión.
Adicionalmente, fueron aprobadas indicaciones destinadas a precisar las condiciones en que las actas suscritas ante la Inspección del Trabajo tendrán mérito ejecutivo; a mejorar la regulación del procedimiento especial de tutela laboral que por el proyecto se crea para requerir protección legal cuando ciertos derechos constitucionales de los trabajadores han sido afectados en el marco de una relación laboral y hacer aplicable ese mismo procedimiento a las infracciones por prácticas desleales o antisindicales.
La Comisión rechazó, por mayoría de votos, una serie de indicaciones de varios señores diputados.
Asimismo, en el debate en particular no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 431, 432, 440, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 465, 466, 469, 470, 471, 472, 473 474, 475, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 505, 508, 511 y 515 del numeral 2; los numerales 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 del artículo 1º permanente; el artículo 2º permanente y los artículos 1º, 2º, y 4º transitorios.
Además, debo señalar que durante el transcurso de la discusión en particular, el diputado señor Nicolás Monckeberg hizo expresa reserva de constitucionalidad sobre las normas e indicaciones aprobadas en relación con los artículos 292, inciso tercero; 389, inciso tercero; 420, letra c); 502, inciso primero, y 510, en consideración de que, a su juicio, dichas normas vulneran el artículo 65 de la Constitución Política de la República, que dispone: "El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.
Finalmente, cabe acotar que la casi totalidad del texto acordado contó con la aprobación unánime de los integrantes de la Comisión y, en los escasos casos en que ello no ocurrió, se obtuvo el respaldo favorable a la incorporación de enmiendas.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, merece algunas consideraciones por parte de la bancada radical.
La iniciativa propone la creación de un nuevo procedimiento para ventilar los juicios del trabajo, lo que permitirá disminuir los tiempos de tramitación judicial, haciendo efectivos los derechos sustantivos de los trabajadores, porque las actuales demoras de tres a cinco años son, virtualmente, una denegación de justicia laboral.
Dicho objetivo se va a lograr tras la aprobación de varios principios formativos del proceso laboral, como la oralidad, la publicidad, la concentración, la inmediación, el impulso procesal de oficio, la celeridad, la buena fe y la gratuidad.
Paso a explicar en qué consiste cada uno de esos principios, pues es importante que los trabajadores de Chile conozcan más en detalle las leyes que estamos aprobando en beneficio de ellos.
Oralidad.
Se ha advertido que este principio responde a la tendencia predominante en las experiencias comparadas, lo que supone que todas las actuaciones judiciales y, en particular, las resoluciones sean entendibles para los ciudadanos, lo que redunda en mayor grado de legitimidad del sistema de administración de justicia. La oralidad se verifica fundamentalmente en los actos de conciliación y juicio.
Inmediación.
El contacto directo del juez con las partes, con el objeto del litigio y con las pruebas rendidas resulta ser el sistema más idóneo, ya que favorece enormemente la formación de la convicción del juez. Por ello, el proyecto contempla que las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad de las actuaciones, la que el juez deberá declarar de oficio o a petición de parte.
Concentración.
Este principio supone el agrupamiento de la mayor cantidad de actos procesales en un solo acto complejo sin solución de continuidad. La concentración del procedimiento se manifiesta en el establecimiento de una única audiencia de conciliación y juicio, sin que exista la posibilidad de suspender la audiencia ya iniciada, maximizando los recursos judiciales, lo que conlleva un mayor grado de certeza para los justiciables.
Impulso procesal de oficio.
Se prescribe, entre otras materias, que el juez podrá decretar las pruebas que sean necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes, y rechazará aquéllas que considere inconducentes. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida, no siendo aplicable la figura del abandono del procedimiento.
Celeridad.
Este principio es también recepcionado en el proyecto, pues el proceso está ordenado hacia la abreviación de las actuaciones y plazos, debiendo el juez evitar toda dilación o su extensión a cuestiones ajenas al pleito.
Buena fe procesal.
Se dispone que los actos procesales deben ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias.
Gratuidad.
La gratuidad en el acceso a la justicia se garantiza al establecerse que toda actuación, trámite o diligencia del juicio realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las partes. Asimismo, las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita de las corporaciones de asistencia judicial o, en su defecto, por un abogado de turno.
Por último, el proyecto contempla una norma adicional de hermenéutica, al disponer que, en la interpretación de las normas procesales, el tribunal deberá tener siempre presente que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustantivos de las partes.
El proyecto considera un procedimiento especial para juzgar las causas en que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, como el derecho a la intimidad uso de cámaras de vigilancia, a la sindicación, a la vida y a la integridad física y síquica.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó un procedimiento expedito para la resolución de causas de baja cuantía y una instancia de nulidad similar a la vigente en materia procesal penal.
En lo particular, la modificación a la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo tiene gran importancia. En la actualidad, los conflictos en materias de seguridad social son de conocimiento de los tribunales ordinarios en lo civil, lo que implica que un juicio por el derecho a un beneficio previsional pensión o desahucio, entre otros o por reliquidación de una pensión en atención al monto calculado por la institución previsional, puede extenderse hasta cinco años.
La actual normativa del Código del Trabajo sólo permite a los juzgados laborales conocer de estas materias en la medida en que se genere un conflicto entre empleador y trabajador, circunstancia no muy común. La mayoría de los conflictos en materias de seguridad social se producen entre los trabajadores o los pensionados y las instituciones de previsión y/o seguridad social que rechazan el beneficio solicitado.
De esta forma, si contamos con tribunales especializados, como los de cobranza laboral y previsional, para el cobro de las cotizaciones, con mayor razón, en virtud del principio de la especialidad, se requieren para la solución de conflictos en materias sustantivas de seguridad social.
En consideración a los argumentos expuestos, se modifica la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo, en cuanto se amplía la competencia de los tribunales del trabajo se incorpora a los pensionados en materia de seguridad social, la que no se extenderá a la revisión de resoluciones de otorgamiento de licencias médicas o de declaraciones de invalidez. Los estudios realizados por el Foro sobre Derecho Comparado así lo aconsejaron.
La modificación es necesaria para la correspondiente armonía y concordancia con los artículos 446 y 447 del proyecto, los cuales fueron aprobados por la Sala.
Los diputados del Partido Radical votaremos a favor, por cuanto el proyecto implica más justicia, más tranquilidad y más seguridad para los trabajadores de Chile.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, el fundamento de la iniciativa en debate, que es parte del proceso de reforma laboral, que contempla tres proyectos, todos iniciados en mensaje, es modernizar la justicia del trabajo, asegurando el cumplimiento de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, a través de modificar el procedimiento laboral ordinario.
Para tal efecto, contempla una serie de nuevos principios formativos del procedimiento, como la oralidad y la inmediación. Es decir, habrá un contacto directo del juez con las partes y con los medios de prueba; habrá mayor celeridad en la resolución del conflicto; empleadores y trabajadores se harán parte del proceso, y contarán con una oportuna justicia y con la debida información sobre el estado de las causas. En consecuencia, se reemplaza un procedimiento escriturado, de doble instancia y de largo conocimiento, por uno oral, ante un tribunal colegiado tres jueces y de primera instancia.
De esta manera, se hace realidad una de las aspiraciones más importantes de la democracia, cual es perfeccionar los derechos de los trabajadores, recuperando los terrenos perdidos en tiempos de ausencia de libertad y de posibilidad de diálogo.
Esta reforma viene a generar espacios que hoy valoramos más que nunca. Es, quizás, la más importante desde la dictación del Código del Trabajo, en 1924, además de la modificación del régimen previsional y de seguridad social a comienzo de los años ‘80, cuando se crean para bien o para mal las AFP y las isapres. Es una reforma que va en beneficio directo de los trabajadores, ya que actualmente no hay igualdad real entre trabajadores y empleadores. El derecho es el llamado a superar esta situación para que los conflictos que entre ellos se den sean solucionados por normas rápidas, eficaces y justas en el tiempo. Una justicia que llega tarde, es una injusticia.
El procedimiento de tutela laboral es una verdadera innovación en el marco del derecho del trabajo, puesto que se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas por la aplicación de las disposiciones que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, números 1º, inciso primero, integridad física y síquica de la persona; 4º, inciso primero, respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; 5º, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; 6º, inciso primero, libertad de conciencia; 12º, inciso primero, libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, y por cualquier medio; y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.
También se aplicará este procedimiento para conocer los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2º del Código del Trabajo.
¿Cuándo se lesionan los derechos? Cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.
El plazo para interponer la denuncia es de sesenta días, contados desde que se produzca la vulneración de los derechos fundamentales alegada.
Junto con las evidentes ventajas de este procedimiento, creemos que será muy difícil que por esta vía se castiguen las prácticas de acoso laboral. Por eso, vamos a perseverar en un proyecto que he presentado, que las sanciona. Ello será un gran aporte al país, pues actualizará aún más nuestra legislación.
Antes de finalizar mi intervención, quiero señalar que la discusión política en la Comisión fue intensa y que, en el fragor del debate, constaté que al diputado señor Monckeberg no le es amigable el concepto de derechos laborales, pues se opuso tenazmente a votar afirmativamente los artículos que apuntaban a agilizar el procedimiento laboral en todos sus párrafos.
Gracias a que tenemos este sistema democrático, aunque imperfecto, hoy podemos avanzar con esta reforma laboral, que beneficiará a un sector tan postergado de la sociedad como son los trabajadores.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia .
El señor TAPIA.-
Señor Presidente, desde ya anuncio que votaré favorablemente esta loable iniciativa de su excelencia el Presidente de la República, porque ésta apunta en el sentido correcto, al proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país.
No basta con avanzar en el perfeccionamiento de los derechos de los trabajadores o en un sistema de protección de los derechos laborales si no se soluciona el tema de la eficacia de esos derechos. Un derecho laboral no es eficaz si no cuenta con un adecuado sistema procesal capaz de amparar sus pretensiones y acciones. Un sistema como el actual, en el que los trabajadores deben esperar años para ver concretadas sus expectativas, no otorga protección a los asalariados. Hoy Chile dista mucho de contar con un sistema judicial que otorgue garantías a los trabajadores y trabajadoras. El día que poseamos un sistema de tribunales y un proceso adecuado a nuestra realidad laboral, podremos afirmar que contamos con una legislación laboral eficaz, pero ahora no lo podemos decir.
Muchos de nuestros invitados coincidieron en que el gran problema del abuso hacia los trabajadores se debe a que no contamos con un sistema judicial laboral adecuado, rápido, inmediato, económico y ágil, que derribe los esquemas de abuso hacia los trabajadores.
La iniciativa que nos convoca tiende a poner término a las estructuras anquilosadas en los tribunales y nos ofrece un procedimiento oral y de audiencia única que satisfacen las falencias del actual sistema, que salvan sus debilidades y que dejan atrás plazos y recursos que sólo han demorado la aplicación de justicia.
Felicito a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por su aporte en el mejoramiento sustancialmente del proyecto, así como a los autores de las indicaciones presentadas en la Comisión, suscritas por parlamentarios de todas las bancadas, en el marco de un acuerdo que le otorga una importante base de aprobación.
Finalmente, hago un llamado para que votemos favorable y unánimemente el proyecto.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, de los discursos que he escuchado se podría colegir claramente y sin ninguna duda que le estamos diciendo al país que, este proyecto se convierte en ley, los procedimientos se van a acortar, los trabajadores podrán acudir a un tribunal y en cuestión de semanas tendrán un fallo, y que si tienen dudas al respecto, podrán recurrir a la corte de apelaciones, la cual rápidamente va a resolver y, en consecuencia, que se van a acabar todas las injusticias laborales cometidas, especialmente contra los trabajadores más modestos.
Señor Presidente, eso no es efectivo.
El proyecto, como he manifestado en todas las instancias, corrige ciertas normas procesales que hacen más lento el proceso, pero no va al fondo del problema que alegan los trabajadores cuando van a los tribunales.
Todos queremos un procedimiento oral para la defensa de los trabajadores; nadie en esta Sala se va a oponer a ello. Pero no digamos cosas que no son exactas. Hoy, con un procedimiento escrito, que no es el más perfecto, y con el código vigente, el proceso dura exactamente 60 días. El proyecto, si sumamos todos los plazos, alarga el proceso a sesenta y cinco días. Pero ningún plazo, ni el vigente ni el que se propone, efectivamente se cumple.
¿Por qué hoy no se dictan fallos y sentencias finales en los plazos que establecen los códigos? Sencillamente, porque el Gobierno no ha querido dotar de recursos suficientes para aumentar el número de tribunales que se necesita, ni mucho menos el de cortes.
Estamos creando nuevos tribunales laborales. Como se dice hoy en jerga futbolística, “aplaudimos de pie” que el Senado haya ampliado de quince a veinte los nuevos juzgados laborales. Pero si todo funcionara a la perfección, como todos queremos, y se dictara un fallo de primera instancia en treinta días, ¿qué propone el Gobierno concretamente en este proyecto para que esa causa, que llega a segunda instancia, no pase un año en tabla, como ocurre hoy? Se nos propone una segunda instancia que incorpora tres exámenes de admisibilidad. Probablemente, un juez demora veinte minutos en determinar si un recurso es admisible o inadmisible. Eso nadie lo discute; pero, hoy, antes de que esa causa llegue a la vista del juez permanece un año en tabla. Respecto de eso el proyecto no cambia nada.
¡Por supuesto que todos debemos subirnos al carro de la modernización de las instituciones! ¡Pero no digamos que con este proyecto los procesos laborales se van a acabar en cuestión de meses, porque no es así!
Habría estado absolutamente a favor de cualquier indicación lo dijimos muchas veces en la Comisión que el Ejecutivo hubiera incorporado para, por ejemplo, crear salas especializadas en las cortes o establecer nuevos recursos a las cortes de provincia, para que la apelación sea mucho más rápida. ¡Eso sí que es cambiarle la vida al trabajador! Pero hoy se dice que como no hay plata para implementar salas especializadas en la corte, se restringirá la apelación, que ojalá no exista apelación. Como si los que apelaran fueran siempre los poderosos. ¿Y si el trabajador quiere apelar porque probablemente no tuvo un abogado que defendiera bien su causa en primera instancia? Ese trabajador tendrá que esperar el mismo año que espera hoy.
Por lo tanto, el problema de fondo, ¡digámoslo de una vez por todas!, es que no se pueden vender ilusiones.
En segundo lugar, junto con el diputado Vilches presentamos una indicación que es de sentido común. Planteamos que, dado que el Código del Trabajo dispone que el juicio debe fallarse en sesenta días, pero como demora años, se estableciera que los plazos fueran fatales no sólo para las partes a una parte que se le vence un plazo fatal pierde el juicio, sino también, si de verdad queremos agilizar los procedimientos, para los jueces, con el objeto de que se sancione en forma inmediata a quienes no fallen en el plazo establecido.
Sin embargo, pese a que lo propusimos varias veces, ningún representante del Ejecutivo se atrevió a decir: “Si el juez no falla en determinado tiempo, se repite la instancia o se le sanciona”. Nada. Y hoy no tiene ningún efecto el hecho de que un juez se demore varias semanas o meses más de lo que establece el Código del Trabajo para emitir un fallo.
En tercer lugar, es cierto que este procedimiento es copia de otras experiencias exitosas, como el caso español. La gran diferencia es que para que funcionara en España se crearon, proporcionalmente, cuatro veces más tribunales que los que se pretenden crear en Chile.
Es obvio, porque este procedimiento establece, en primer lugar, que las audiencias ante el juez no se puedan interrumpir, salvo causa de fuerza mayor. ¡Vaya a saber uno cuándo va a existir esa causa de fuerza mayor! En segundo lugar, dispone que el juez no podrá denegar audiencia a nadie. O sea, los magistrados de las provincias donde hay justicia común, que conocen de los asuntos laborales, civiles y criminales, deberán estar presente en la audiencias; no podrán pedir al secretario que tome la declaración del testigo, la audiencia no se podrá interrumpir y, más encima, deberá fallar a tiempo.
Evidentemente, éste sería un proyecto fantástico si se tuviera el número de tribunales que el país requiere. Por eso en España funciona bien, porque, como señalé, hay tres veces más tribunales que en Chile.
Desde la primera audiencia de la Comisión, pedimos a los asesores del Ministerio del Trabajo un estudio comparado respecto del número de tribunales en Chile versus los de España. Hoy, 11 de mayo, todavía no llega ese informe. Por tanto, concluyo que el Ejecutivo no tuvo a la vista la proporcionalidad del número de tribunales que se requieren para este procedimiento.
En cuarto lugar, es muy importante que el Senado corrija ciertas normas de procedimiento que, a mi juicio, podrían atentar contra el debido proceso que garantiza nuestra Constitución. Por ejemplo, se señala que varios trabajadores, cuando la contraparte demandada es un empleador y aun cuando las reclamaciones tengan distintos motivos, como pago de vacaciones o de indemnizaciones, pueden acumular sus causas para agilizarlas, lo cual me parece muy bien; pero los medios de prueba se limitan y el juez está facultado para decir que una persona puede presentar un máximo de cuatro testigos a la vez. Imaginen que diez funcionarios de este Congreso presentaran demandas por vacaciones; otros, por indemnizaciones, y el resto, por sueldos. Cada uno de ellos puede presentar a un testigo para probar sus dichos; sin embargo, el juez está facultado para decir que presenten a cuatro testigos, es decir, cuatro testigos para diez trabajadores y diez demandas distintas. Eso no va a funcionar.
Finalmente, tengo una aprensión de legalidad, porque esta Sala ya rechazó muchas disposiciones en esa materia.
Cuando se rechazó el artículo 420, que establece la competencia para conocer, por ejemplo, denuncias sobre daño moral o derechos fundamentales, la Sala dijo en forma clara y categórica que se trataba de indicaciones rechazadas y que no se podían reponer dentro del plazo de un año. Sin embargo, en forma casi mágica, algunas de esas ideas legales rechazadas por la Sala se han repuesto a través de distintas argucias como normas de quórum simple y otras con quórum de ley orgánica constitucional, como si el Tribunal Constitucional no las fuera a examinar.
Entonces, no me parece responsable aprobarlas y decir a los trabajadores que en algunos meses más tendrán solucionado todos sus problemas, en circunstancias de que, por tratarse de normas con carácter de ley orgánica constitucional, el Tribunal Constitucional deberá conocerlas y las echará abajo, por lo que habremos perdido todo este tiempo.
Estamos absolutamente de acuerdo con que es fundamental agilizar los procesos para los trabajadores, pero este proyecto es una venta de ilusiones si el Gobierno no financia una segunda instancia más ágil, que es el punto central del proyecto.
Hace algunos días vimos como un automóvil se incrustó a gran velocidad en un muro de contención de la carretera. Al parecer, estamos haciendo lo mismo. Aquí estamos diciendo que, en primera instancia, se puede manejar a 120 kilómetros por hora; pero, ¡cuidado!, porque en cualquier momento se pueden encontrar con una pared y chocar de frente. Es decir, estamos diciendo que las causas saldrán en un mes de la primera instancia, pero al llegar a la corte deberán esperar un año, como ocurre en la actualidad. Eso no es resguardar los derechos de los trabajadores.
Toda mi intervención, más que para criticar, va dirigida a que este proyecto sea enmendado en el Senado en beneficio de los trabajadores.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, como dijo el diputado de nuestra bancada y abogado laboralista Pedro Muñoz , a quien le correspondió tramitar muchas veces este tipo de causas en su región, la Constitución y la ley, en teoría, conceden derechos a los trabajadores; pero, en la práctica, la defensa de esos derechos se dilata enormemente.
Como todos sabemos, cuando no es posible defender los derechos laborales por la vía administrativa, es decir, a través de la Dirección del Trabajo y la inspección del trabajo respectiva, y llegan finalmente a litigio en los tribunales, su solución demora uno a dos años y medio, en lugar de los sesenta y cinco días que ha mencionado un señor diputado como plazo excesivo. Dos años y medio de tramitación en los tribunales es el tiempo que demora la defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el cobro de una indemnización, el establecimiento de un despido arbitrario o el reestablecimiento del fuero para una persona mal despedida.
El proyecto es de enorme importancia para los socialistas, ya que se legisla para transformar cualitativamente la defensa de los derechos de los trabajadores chilenos que, sistemáticamente, por desgracia, siguen siendo vulnerados. La iniciativa se agrega a otras presentadas por el Ejecutivo, que respaldamos y aplaudimos con mucho entusiasmo. El proyecto que crea veinte nuevos tribunales laborales fue respaldado por ambas cámaras y el que crea un nuevo procedimiento laboral en los tribunales de letras generará un conjunto de nuevas disposiciones que favorecerán la defensa de los derechos laborales.
Estas iniciativas colocan los derechos de los trabajadores en una situación muy distinta a la actual.
Por otra parte, nos alegramos de que, por primera vez, en una materia vinculada a modificaciones de fondo del Código del Trabajo se haya alcanzado un acuerdo con un partido de la Alianza por Chile. Queremos saludar sinceramente ese hecho, porque coloca a la Concertación y a la Unión Demócrata Independiente en un camino de acuerdos, de conversaciones y de entendimiento. Se colocó a los derechos de los trabajadores por encima de cualquier otra consideración.
El acuerdo se alcanzó tras largas conversaciones e intercambio de puntos de vista. No hubo transacciones espurias, sino un recto y legítimo debate acerca de cuáles normas eran capaces de perfeccionar el proyecto del Ejecutivo. Queremos destacar la espléndida labor del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, diputado señor Seguel , y saludar a los diputados señores Dittborn y Salaberry que, junto a los diputados de la Concertación, enriquecieron las normas de este proyecto.
Sin embargo, lamentamos que no se haya alcanzado un acuerdo nacional, que reuniera a todos los partidos políticos. En particular, lamentamos la intervención del diputado señor Monckeberg . Si bien no queremos generar una polémica en un proyecto que aprobaremos por amplia mayoría, no es razonable, ahora menos que nunca, señalar que esta iniciativa es demagógica por decirles a los trabajadores que la legislación se está modificando de tal manera de que en pocos días se obtendrán resultados que no se obtuvieron en años.
No se puede hablar de un acto de populismo y de demagogia si el Gobierno ha enviado un proyecto que crea veinte nuevos tribunales laborales y otro que establece un nuevo procedimiento laboral, que acorta, de manera sustantiva, los tiempos de tramitación de los juicios laborales en los tribunales especializados.
Por eso, no es razonable el planteamiento del diputado señor Monckeberg . Si el año pasado o antepasado hubiese preguntado por qué no hay nuevos tribunales laborales y por qué no hay un nuevo procedimiento, se podría haber entendido su alegato, pero lo hace en medio de la tramitación de dos proyectos significativos, que cambian cualitativamente la institucionalidad laboral. No se entiende la disposición anímica en que se encuentra, porque todos debiéramos alegrarnos de que se aprueben estos proyectos.
En segundo lugar, también respecto de la intervención del señor Monckeberg , creo que a todos los diputados de la Comisión de Trabajo, sin excepción, nos quedó la sensación de que muchas de las indicaciones que legítimamente presentó iban en la dirección de hacer más lento el nuevo procedimiento y no en la de acortar los plazos.
Entonces, no me parece razonable que, contrariando la actitud que mantuvo durante la discusión del proyecto en la Comisión, hoy señale que el procedimiento que queremos aprobar establece plazos excesivos, cuando él patrocinó alrededor de quince indicaciones que iban precisamente en el sentido contrario, entre otras, la que acabo de recordar: que en vez de cuatro testigos para probar que una actitud empresarial fue lesiva para sus derechos, los trabajadores deban presentar ocho.
Por último, quiero decir que ni el Gobierno ni nadie en esta Sala ha planteado que normas que tienen el carácter de orgánicas constitucionales sean aprobadas con quórum de ley simple. Toda ley debe aprobarse con el quórum que la Constitución exige.
No obstante, el artículo 65 de la Carta Fundamental dispone que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Claramente, la norma se refiere al proyecto, no a un artículo en particular.
Hay una pregunta interesante para los constitucionalistas, aunque para mí la respuesta es relativamente obvia: ¿qué pasa cuando en general se votan separadamente del resto de proyecto las normas de carácter orgánico constitucional y no se alcanzan los votos requeridos para su aprobación, pero, producto de acuerdos políticos posteriores, como los que hemos mencionado, en su votación particular, antes que pase a la cámara revisora, se aprueban con el quórum exigido o más?
Si el espíritu del constituyente de aquel entonces, si es que tenía espíritu me refiero a la junta militar, era que cuando en una mismo proyecto hubiere normas orgánico constitucionales y otras de quórum simple, cada cual debía aprobarse con las mayorías que correspondan; entonces el test efectivo debe ser la votación en particular, artículo por artículo, que es la que nos corresponde realizar ahora respecto de este proyecto. Por tanto, si hoy los artículos que tienen el carácter de norma orgánica constitucional obtienen el quórum requerido, quedarán aprobados; de lo contrario, no.
Espero que las normas que preocupan al señor Monckeberg se voten y, dado el acuerdo político que hemos alcanzado, obtengan el quórum que la Constitución exige, de manera que podamos despachar hoy al Senado este proyecto que, en el momento en que se empiecen a aplicar sus disposiciones, hará historia.
Hace algunos días Arturo Martínez , presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, me dijo que este era uno de los proyectos del Gobierno respecto del cual se ha hecho poca gárgara, poco alarde, pero que es de los que son capaces de cambiar efectivamente la vida de mucha gente que hoy ve pisoteados sus derechos laborales y no cuentan con los canales institucionales suficientes para hacerlos valer como corresponde.
Ésa es una de las razones por las que vamos a votar a favor de esta iniciativa.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del señor Cristóbal Pascal , subsecretario del Trabajo.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, al igual que varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, manifiesto mi respaldo y el del resto de mi bancada, el Partido por la Democracia, a tramitar y a despachar hoy este importante proyecto.
En octubre de 2003 el Ejecutivo envió esta iniciativa a la Cámara como parte de un conjunto de reformas a la judicatura laboral, con el fin de dignificar a los trabajadores, sometidos a muchos abusos y a muchas infracciones de la ley laboral.
Un año y ocho meses para la tramitación de un proyecto de ley de esta importancia es harto tiempo, sobre todo por lo que significa en materia de hacer breve y ágil el procedimiento y tramitación de las demandas laborales.
Cuando un trabajador y una trabajadora acuden a un tribunal es por una cuestión muy concreta y dramática: fueron despedidos, no han sido pagados sus sueldos o sus cotizaciones previsionales, infracciones que los perjudican enormemente.
Por eso, es muy importante que existan más tribunales, que se hayan separado los tribunales del trabajo y de previsión social, porque hoy casi el 80 por ciento de las causas de los tribunales del trabajo son materias de previsión social.
Además, con este proyecto, que perfecciona y hace más ágil el procedimiento en los tribunales, estamos completando una gran obra de los gobiernos de la Concertación y del PresidenteRicardo Lagos, orientada a dar dignidad a nuestros trabajadores.
Por eso, ha sorprendido reafirmo lo dicho por el diputado señor Aguiló la participación del diputado señor Monckeberg en la Comisión de Trabajo, porque el discurso que ha planteado me sorprende. Ha hecho reparos y observaciones sobre indicaciones que no habríamos aprobado y que apuntaban a agilizar aún más y mejorar las propuestas de perfeccionamiento del procedimiento de la judicatura laboral.
Es cierto que tenemos derechos y que es nuestro deber estudiar y perfeccionar las propuestas del Ejecutivo por medio de indicaciones; sin embargo, durante todo el debate del proyecto esto fue usado en forma permanente por el diputado señor Monckeberg para paralizar la tramitación del proyecto.
Quisiera agregar que ayer, después de un gran esfuerzo del presidente de nuestra Comisión, diputado señor Rodolfo Seguel , con el respaldo de toda la Comisión para resolver diferencias que en esta Sala se produjeron en la tramitación pasada del proyecto en los años que llevo ejerciendo este cargo parlamentario fue una experiencia inédita, a través de observaciones de constitucionalidad que realizó el diputado señor Monckeberg , que aquí las ha reiterado, ha generado una atmósfera prácticamente de ilegalidad en que estábamos trabajando como Comisión, es decir, una tramitación bajo sospecha de un proyecto de esta naturaleza y de suma importancia para los trabajadores de Chile.
El diputado señor Monckeberg apela nuevamente nada más ni nada menos que al artículo 65 de la Constitución Política, que dispone que: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”. Él ha tratado de aplicar esta norma, que es para los proyectos, a artículos en los que tuvimos diferencias y que fueron rechazados por no tener quórum.
En ese sentido, me cabe la duda acerca del interés de fondo que tiene el diputado señor Monckeberg para que se apruebe el proyecto, ya que se ha acudido a un conjunto de subterfugios a fin de evitar que se aprueben normas específicas de fundamental importancia para que se logre el objetivo propuesto por el Gobierno.
Sin embargo, estos son los temas lo reitero y lo reiteraré en cada uno de los proyectos de esta naturaleza en los cuales el Congreso da una señal de que en verdad estamos haciendo un debate serio y responsable sobre la igualdad y redistribución de la riqueza.
No hay mecanismo más serio y más eficiente en la redistribución de la riqueza que la justicia laboral; no hay mecanismo más eficiente, claro y transparente de igualdad y redistribución de riqueza cuando se pagan los salarios y todos los derechos contractuales a los trabajadores; cuando no se les despide con subterfugios y cuando el Congreso facilita la aprobación de este tipo de iniciativas.
Considero que un año y ocho meses para el estudio de un proyecto es mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de abordar el tema de la igualdad de oportunidades. Deberíamos haberlo aprobado en 24 horas o, quizás, en dos o tres semanas, pues está dirigido directamente a redistribuir la riqueza y a contribuir a la igualdad de oportunidades.
Un trabajador o trabajadora al que no se le paga su salario no puede pagar el dividendo, no puede pagar la colegiatura de sus hijos ni tampoco puede alimentarse. Eso es pobreza, eso es desigualdad. Esto es lo que está sucediendo en el Chile de hoy, donde los juicios laborales demoran hasta cinco o seis años. Si un trabajador gana un juicio laboral, el empleador en lugar de pagar los 500 mil pesos que le adeuda, prefiere apelar a la corte de apelaciones y recurrir a la Corte Suprema.
Entonces, si somos serios para enfrentar el problema de la desigualdad y no lo tratamos sólo como un tema de campaña, debemos demostrar voluntad política para entregar estos instrumentos de justicia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
La demora de un año y ocho meses en un trámite legislativo es mucha y demuestra cierta incoherencia con los encendidos discursos que se están haciendo este último tiempo sobre la igualdad. La propuesta en estudio constituye un gran instrumento para lograr que en poco tiempo, con un juicio rápido, expedito, oral, los trabajadores y trabajadoras puedan encontrar respuesta al sinnúmero de abusos que hoy se cometen en contra de ellos.
Este no es tema de interés sólo de los poderes políticos del Ejecutivo, del Congreso, sino también del poder económico, que está en las empresas.
Cuando aprobamos iniciativas para establecer un equilibrio entre los empleadores y los trabajadores, estamos buscando construir una cultura de respeto, en la cual el capital humano y el económico tengan el mismo valor. Por lo demás, así es, porque en una empresa es tan importante el empresario como los trabajadores. Estoy convencida de que proyectos de esta naturaleza ayudan a conseguir ese objetivo. El Gobierno y el Congreso debemos dar una clara señal de respaldo a estas iniciativas, pues estamos mostrando el camino para lograr la igualdad de oportunidades. Las buenas relaciones laborales, la justicia en el trabajo, el salario mínimo, la protección de los derechos de los trabajadores para que no sean despedidos en forma arbitraria, son mecanismos reales de redistribución de riqueza y de igualdad de oportunidades.
Considero que la tramitación del proyecto ha demorado demasiado, dada la importancia social que tiene. Creo que el diputado señor Monckeberg no quiere que se apruebe, porque en la Comisión nos sometió a un conjunto de situaciones, incluso cuestionó su legalidad. Felizmente, logramos un acuerdo con la UDI, que firmó con nosotros un conjunto de indicaciones, lo cual es una gran señal para llegar a un acuerdo país y establecer una agenda pro igualdad de oportunidades. Con una señal de esta naturaleza es posible tener esperanza y confianza en que todas las fuerzas políticas esto no se logra por un solo sector podremos llegar a un acuerdo sobre igualdad de oportunidad en nuestro país, donde estos temas son fundamentales.
Por ello, invito a aprobar el proyecto con la celeridad que requiere. En nombre de la bancada del Partido por la Democracia anuncio que respaldaremos con mucha fuerza la iniciativa en debate.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, creo que no se justifica repetir los argumentos dados en la primera discusión del proyecto. Esto es lo que aleja a muchas personas de la actividad pública. Este segundo informe es el resultado de una serie de conversaciones y acuerdos para desentrampar un proyecto de modificación de la justicia laboral. Sin embargo, partir de la lógica del conflicto cuando se plantean temas laborales es lo que hace mal al mundo del trabajo.
La diputada señora Muñoz señaló recién que el proyecto lleva alrededor de dos años de trámite; pero, justo es reconocer, quien fija las urgencias es el Ejecutivo, no el Congreso Nacional. Por lo tanto, los ritmos muchas veces no obedecen a falta de voluntad de los parlamentarios o a la oposición de algunos de ellos, sino a las urgencias que pone el Ejecutivo.
Debo reconocer que en la votación en general del proyecto en la Comisión de Trabajo me abstuve. Consideraba que dejaba demasiado evidente la lógica del conflicto, entre los que creen que el trabajador siempre es el explotado, versus el empresario, explotador; que no seríamos capaces de avanzar con esa lógica, y que no guardaba normas del debido proceso, de igualdad ante la ley entre el demandado y el demandante. Sin embargo, en la discusión en la Comisión y en la Sala durante su primer informe, avanzamos en un proyecto que apunta en el sentido correcto, aun cuando debemos reconocer que no soluciona todos los problemas del mundo del trabajo.
Considero que la mayoría de las injusticias laborales se deben no sólo a las malas prácticas, sino al sistema injusto, anticuado y lento. En ese sentido, el proyecto avanza en el procedimiento laboral, recoge la oralidad, la rapidez y la agilidad.
Me alegra lo dicho por el diputado señor Aguiló , pues avanzamos y acordamos modificar los puntos que no habían tenido resolución positiva en la discusión anterior. Algunos conceptos eran demasiado amplios, como los derechos fundamentales y el daño moral, los cuales ahora quedan acotados a lo que la Constitución establece.
En otras Comisiones de la Cámara estamos discutiendo proyectos antidiscriminación. En la medida en que sus normas estén referidas a la Constitución, avanzamos en un sentido correcto y evitamos una ola de demandas por daño moral, faltas a los derechos fundamentales o prácticas discriminatorias, sin el debido resguardo del demandado.
Un punto que le falta al proyecto esperamos que el Senado lo acoja se refiere a la segunda instancia o, en otros casos, a la oralidad para unos y la escrituración para otros. En el fondo, debemos ser capaces de que el proyecto resguarde el debido proceso y la igualdad ante la ley, pues el demandante puede presentar la demanda en forma escrita, pero el demandado sólo se puede defender en forma oral. Creo que hay que avanzar para que haya mayor grado de justicia e igualdad entre las partes.
Para terminar, anuncio que la UDI concurrirá con su voto favorable a la aprobación del proyecto, lo cual habla bien de los acuerdos que es posible alcanzar en pos de la igualdad y de una mejor justicia en el mundo del trabajo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, el viernes de la semana recién pasada me reuní con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, señor Arturo Martínez , y con los miembros del Consejo Directivo Nacional quienes se encuentran en tribunas para escuchar el debate, con el fin de darles a conocer nuestra posición sobre esta iniciativa y otras situaciones de orden laboral.
En esa oportunidad les señalé que el proyecto tendría un buen desenlace, por cuanto se despacharía en forma oportuna y rápida, como consecuencia de un acuerdo político alcanzado con la UDI, específicamente con los diputados señores Julio Dittbon , Gonzalo Uriarte y Felipe Salaberry , información que hoy quiero ampliar.
A pesar de que el diputado señor Monckeberg se ha manifestado en contra del proyecto, su posición no tiene nada que ver con la disposición que ha demostrado Renovación Nacional, por intermedio del diputado Carlos Vilches , quien firmó todas las indicaciones que presentamos al proyecto, lo cual me lleva a pensar que es muy probable que se apruebe por unanimidad en esta Sala y, como dijo la diputada Adriana Muñoz , logremos prácticamente el acuerdo unánime del Congreso Nacional, salvo ojalá que no del diputado Monckeberg . Felicito públicamente al diputado señor Carlos Vilches por su disposición a respaldar el proyecto en cumplimiento de un acuerdo político. Eso augura buenos vientos en su tramitación.
Como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Corporación, para mí constituye un honor participar en la discusión de una de las iniciativas de mayor trascendencia en la historia del derecho del trabajo de nuestro país. Lo digo, porque en la historia de la legislación laboral chilena no existe ninguna acción encaminada a buscar soluciones rápidas, eficientes y oportunas a las reclamaciones de los trabajadores ante los tribunales de justicia, lo cual contradice absolutamente las palabras del señor Monckeberg , quien tiene una opinión totalmente distinta de la expresada por la UDI, por la gran mayoría de Renovación Nacional y por toda la Concertación. Nosotros creemos repito que el sistema consagrado en el proyecto es oportuno, rápido y eficiente; pero él estima que demora, retrasa y no da justicia. Tenemos una diferencia con un nuevo constitucionalista en Chile. Todo el resto del Congreso Nacional dice una cosa, pero él, en su calidad de abogado constitucionalista, sostiene totalmente lo contrario.
En efecto, para explicar la real importancia de esta iniciativa, lo mejor es graficarla a través de la vivencia concreta de un trabajador común y corriente, que vive de su salario, que paga la educación de sus hijos, que llega a duras penas a fin de mes y que, como todos nosotros, tiene anhelos, alegrías y muchos temores.
Dichos temores pasan por el simple hecho de ser despedido y carecer de ingresos para sus necesidades básicas, de un mes para otro y de súbito. Sin embargo, la ley prevé que en estos casos el trabajador tiene un conjunto de derechos que permiten apoyarlo económicamente en este trance, entre otros, la indemnización por años de servicio, el mes de desahucio, sus cotizaciones de seguro de desempleo y el pago efectivo de las remuneraciones adeudadas.
Pero, ¿qué sucede si el empleador, por cualquier motivo, no cumple con estas prestaciones y posterga su pago al trabajador o, más aún, si rechaza hacerlo, amparado en algún cuestionamiento legal, con o sin razón jurídica? Se dirá que para ello están los tribunales laborales, ante los cuales el trabajador puede reclamar eficazmente sus derechos. Pero la realidad es otra, si no, que lo digan los dirigentes de la CUT que se encuentran en las tribunas, que por años han visto lo que ocurre.
La realidad es otra. Si hoy un trabajador va a reclamar por sus derechos ante los tribunales del trabajo debe esperar por sus pagos un lapso de tiempo que lo escuche bien el diputado señor Monckeberg que nunca es menor a tres años, con la posibilidad casi segura de que se extienda, por lo general, hasta los cinco años, con lo que la efectividad de la justicia no alcanza para solucionar sus problemas inmediatos y urgentes. En cualquier parte del mundo esto se denomina como lo sabe muy bien el diputado señor Monckeberg denegación de justicia.
A continuación, voy a explicar una vez más al diputado señor Monckeberg , con tranquilidad quiero convencerlo, porque deseo que haya unanimidad en el despacho de este proyecto, por qué esta iniciativa es distinta a lo que él dijo.
Oralidad. La inclusión del juicio oral supone que todas las actuaciones judiciales, en particular las resoluciones, sean entendibles para los trabajadores, lo que, a su vez, redunda en un mayor grado de legitimidad del sistema de administración de justicia. Este principio se verifica fundamentalmente en los actos de conciliación y juicio.
Inmediación. Las partes tendrán contacto directo con el juez, ya que las audiencias serán en su totalidad ante él, quien las presidirá siempre, sin poder delegar sus facultades, ya sea a actuarios o a otros funcionarios del juzgado.
Concentración. El principio de concentración supone el agrupamiento de la mayor cantidad de actos procesales en un solo acto, sin interrupción.
Impulso procesal de oficio. El juez estará obligado a fallar. Con esto se busca comprometerlo con la rapidez y calidad de la tramitación del juicio.
Celeridad. Los procesos estarán ordenados hacia la abreviación de las actuaciones y del plazo, el juez deberá evitar toda dilación y su extensión a cuestiones ajenas al proceso.
Buena fe procesal. Los actos procesales se ejecutarán de buena fe. Se faculta al tribunal para adoptar las medidas necesarias que impidan el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias.
Gratuidad. La gratuidad en el acceso a la justicia se garantiza al establecer que toda actuación, trámite o diligencia del juicio realizado por funcionarios del tribunal serán gratuitos para las partes.
Espero que todo lo que estoy explicando pueda convencer al diputado señor Monckeberg .
Es en este último punto en el que radica la importancia del proyecto que discutimos. Esta iniciativa legal debe entenderse concordada con la que aumenta al doble el número de tribunales del trabajo a lo largo del país el diputado señor Monckeberg señaló que no íbamos a tener tribunales, lo que permitirá un cobro más expedito de las cotizaciones de seguridad social en tribunales especializados. Dicha ley ya ha sido promulgada.
En particular, este proyecto de ley reemplaza el actual procedimiento laboral por uno de carácter oral, en el que las partes deben explicar sus posiciones directamente al juez en una sola audiencia, en la que se tiene que probar lo afirmado por demandante y demandado, precaviéndose la dictación de la sentencia en un breve lapso de días o de semanas, no de tres, cuatro o cinco años, como vemos hoy.
Hace un mes, los beneficios de este sistema fueron reconocidos ampliamente por esta Sala, cuando aprobó en general el proyecto.
En la discusión particular, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social generó un interesante debate sobre varios puntos del proyecto.
Además, un conjunto de indicaciones formuladas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fueron acogidas como un perfeccionamiento importante al texto legal. La especialización jurídica de la Comisión de Constitución otorgó mayor riqueza al texto aprobado y perfeccionó numerosas normas referidas a las notificaciones y procedimientos aplicables a las causas de menor cuantía, donde las urgencias de los trabajadores son mayores.
Asimismo, se mejoraron sustantivamente las normas referidas a la intervención de los tribunales de segunda instancia y se estableció un recurso de nulidad similar al que se aplica en materia penal.
Al respecto, quiero decirle al diputado señor Monckeberg que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que participan sólo abogados constitucionalistas y penalistas, dio su aprobación al proyecto en las condiciones señaladas. Por lo tanto, hubo unanimidad de criterios en los juristas respecto de esta materia.
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se arribó a relevantes acuerdos en cuanto a la aplicación de procedimientos en materia de tutela laboral en los que se ventilan derechos del trabajador en su calidad de persona, como la intimidad de la vida privada y su dignidad personal.
Estos acuerdos han implicado que el Ejecutivo y la Comisión no insistan en la reposición de materias referidas a las alegaciones sobre indemnizaciones por daño moral en sede laboral.
Se acordaron algunas modificaciones y el acotamiento del artículo 510 propuesto, relativo a que los indicios que el trabajador aporte en su demanda sobre infracción a los derechos constitucionales protegidos por el párrafo VI, deben ser suficientes para admitirse su demanda. El empleador sólo deberá explicar los fundamentos y proporcionalidad en las materias que dieron origen a la demanda.
Quiero insistir en que respecto de este proyecto hay un acuerdo político y que esta Cámara es política. La Concertación, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, con excepción de uno de sus diputados, accedieron a este acuerdo político.
Termino señalando que éste debería ser un acuerdo nacional vinculante, de modo que los senadores de la Concertación, de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, lo respaldarán, con el objeto de que el proyecto se transforme pronto en ley de la República.
He dicho.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte .
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, el Partido Unión Demócrata Independiente no sólo participó en este acuerdo, sino que también hemos concurrido con nuestros votos a la aprobación de otros proyectos, por ejemplo, el que creó los tribunales laborales y el que estableció el procedimiento de cobro ejecutivo previsional. Ello, porque entiende que detrás de este proyecto hay una buena posibilidad para mejorar la defensa de los derechos de los trabajadores y para construir y asegurar un sistema de igualdad de oportunidades a todos los habitantes de la nación, como lo señala nuestra Constitución Política.
Apoyamos esta iniciativa porque, en general, creemos que constituye un avance, un logro en la defensa de los derechos de los trabajadores, propósito que naturalmente encontramos sano, loable, deseable y bueno en la medida en que no sobrepase determinados equilibrios que deben existir para que todos ganen.
No queremos tampoco que nuestra actitud se mal interprete y el día mañana, cuando se aplique esta legislación, se judicialice excesivamente la relación laboral, por ejemplo, o que vaya en contra de los propios trabajadores.
Digo esto, porque la protección de los derechos de los trabajadores dentro de la relación laboral es uno de los elementos importantes que debemos cuidar, pero no el único. Cuando se legisla, no hay que ponerse una venda en los ojos e ignorar los efectos que en el mediano o largo plazo puede tener esa normativa, por bienintencionada que sea.
Por eso, es muy importante analizar y considerar los efectos que podría tener esta legislación en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la cifra de desempleo, que en los últimos diez años no ha bajado del 10 por ciento como promedio; o en la informalidad laboral, que forma parte de nuestra realidad y afecta a gran parte de la pequeña, micro y mediana empresa; o en la misma pequeña y mediana empresa que, como bien sabemos, genera más del 80 por ciento del empleo en Chile.
Hecho ese alcance, cabe subrayar que el proyecto es positivo. Además, que se perfeccionó mucho desde el momento en que entró a primer trámite constitucional a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que hay que avanzar aún más. Por ejemplo, en los principios de la bilateralidad de la audiencia, del debido proceso, etcétera. No parece comparable la situación de un pequeño o de un microtaller con la de una gran empresa multinacional. Eso forma parte de nuestra realidad.
Hace muy pocas horas, durante la discusión del Plan Transantiago, las tribunas estuvieron llenas. De manera muy acalorada, no pocos dijeron que el 80 por ciento de los empresarios de la locomoción colectiva eran pymes y que necesitaban un trato especial de las autoridades de Gobierno.
Comparto el diagnóstico y espero que acojamos esa preocupación y la dejemos plasmada en nuestra legislación laboral, en especial en los procedimientos laborales.
Hay todavía aspectos pendientes que esperamos se perfeccionen en el segundo trámite constitucional: la no discriminación, la carga de la prueba, la apelación, las facultades de la inspección del trabajo, etcétera. Entiendo que se trata de materias que requieren un análisis y estudio más profundo y reposado, las cuales, en la medida en que se acojan ponderadamente, mejorarán nuestra legislación y protegerán de mejor manera los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados ha debatido con muy buenos argumentos el proyecto que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo.
Aprovecho la presencia en la Sala del ministro del Trabajo para decirle, por su intermedio, señor Presidente, que los diputados de Renovación Nacional siempre hemos estado dispuestos a colaborar en la construcción de buenos proyectos, sobre todo los de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Es necesario entender la intervención del diputado señor Monckeberg en el contexto apropiado, porque él intervino con mucha franqueza y sinceridad. Señaló que apoyará las indicaciones que mejoran el proyecto en su segundo informe.
Entonces, de una vez por todas, por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al diputado señor Seguel que le agradezco mucho su referencia a los diputados de Renovación Nacional y al acuerdo político que hemos logrado, porque es sano llegar a acuerdos, pero también el diputado Monckeberg está dentro de ese contexto porque ha trabajado intensamente y ha tenido una especial dedicación en esta materia.
Pero no confundamos las cosas. Hay disposiciones que pueden tener vicios de inconstitucionalidad que, como lo dijo muy bien el diputado Monckeberg , podrían hacernos perder el tiempo. Esa es su preocupación pero, de igual forma va a apoyar estas indicaciones.
Respecto del artículo 502, hay que reconocer que su contenido es polémico, ya que allí están fundamentados los derechos de los trabajadores. Por tanto, creo que esta materia requiere de otro proyecto de ley; pero en este caso, vamos a apoyar la iniciativa.
Los diputados de Renovación Nacional tienen opinión y en conciencia sabrán qué normas van a aprobar y cuáles van a rechazar. No se puede tomar la palabra de cada unos de ellos y decir qué vamos a aprobar, porque hay un acuerdo, un consenso entre algunos partidos políticos.
Aplaudo que el diputado señor Aguiló reconozca cuando hay participación de los partidos de Oposición en estos proyectos de ley. Hemos intentado buscar soluciones. ¡Cómo no lo vamos a hacer, cuando esto va a permitir algunos cambios sustantivos en la relación entre trabajadores y empresarios!
En Chile, la gran mayoría de los empresarios son personas emprendedoras, que cumplen con sus obligaciones y con los trabajadores. Pero, también hay empresarios que no cumplen la legislación, perjudican a los trabajadores, incluso los persiguen.
Es necesario este proyecto y la modernización del juicio oral. El trabajador tendrá la posibilidad de estar delante de un juez. Antes nunca lo ha estado, nunca ha tenido en la inspección del trabajo respectiva quien escuche sus problemas por el no pago de remuneraciones, por el atraso en la previsión o porque se han atropellado en sus derechos como trabajador. En esos casos siente impotencia.
¿Cuál es el procedimiento laboral ahora? Uno en el que tiene que esperar años. Esa es la verdad. ¿Qué trabajador puede esperar años para que le paguen lo que corresponde si tiene que buscar trabajo, el cual difícilmente fallará por no contar con el finiquito?
Ya que estos son temas que nos interesan, y como diputados de la Derecha y sensibilizados con los temas del trabajo, vamos a colaborar con nuestros votos, porque creemos que es un proyecto que ayuda a los trabajadores, que les abre una nueva oportunidad, porque digámoslo ahora se van a crear nuevos tribunales del trabajo en capitales de regiones. Ello facilita el acceso.
Efectivamente habrá una agilización en el procedimiento que va a ayudar al mundo del trabajo. Por esa razón lo vamos a apoyar. No me cansaré de decirlo, porque muchas veces nos dicen que estamos en contra de los trabajadores. ¡No, señor! Vamos a apoyar todas las normas que están dentro de la Constitución, y las que, por los antecedentes recogidos, como lo hizo el diputado señor Monckeberg tienen que ser revisadas por el Tribunal Constitucional, así lo será, para finalmente tener un proyecto bien fundado.
Los diputados de Renovación Nacional tienen la libertad para votar como estimen conveniente, pero aquí no hay otro tipo de compromiso que la conciencia de votar por los proyectos que sirven a los trabajadores.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Yerko Ljubetic , ministro del Trabajo y Previsión Social.
El señor LJUBETIC (ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, quiero destacar algo que se ha hecho presente y que es bueno enfatizar, cual es el amplio acuerdo que se ha producido en torno a una materia como ésta.
Agradezco a todos los diputados que han sido parte del debate y del trabajo en comisiones, porque está llevándonos a buen término de la primera fase del tratamiento legislativo de una materia tan importante.
Este amplio acuerdo se explica porque nos estamos haciendo cargo de algo que se hizo más evidente con la tramitación de la reforma laboral que esta Corporación aprobó el año 2001. Es de sentido común establecer que no basta mejorar la ley, sino que deben tomarse medidas concretas para que ella se cumpla. Nos hacemos cargo todos particularmente, el Gobierno del Presidente Lagos, del déficit institucional que se arrastraba en esta materia. Por eso, le asignamos la mayor importancia no tan sólo a esta iniciativa, sino al acuerdo político que en torno a ella se ha generado.
Haciéndonos cargo de dicha constatación, el Gobierno ha impulsado, al igual que este proyecto, en el marco de la reforma laboral, la ampliación de las facultades y la incorporación de recursos humanos y materiales a la Dirección del Trabajo, a fin de tener efectivamente medidas y políticas concretas que apunten en la dirección del cumplimiento de la ley.
Eso, como objetivo, tiene que ser ampliamente compartido y explica, a mi juicio, el nivel de acuerdo y de apoyo que se está dando en esta discusión y que esperamos que se replique en el resto de las instancias del tratamiento legislativo de esta importante iniciativa.
Sin el ánimo de polemizar, quiero ilustrar a los señores diputados acerca de las medidas que adicionalmente se tomaron en materia de segunda instancia en este proyecto, en dos sentidos. En primer lugar, la ampliación de la cobertura de la justicia laboral no tiene que ver sólo con el aumento a cuarenta del número de tribunales especializados, sino que va acompañado de un conjunto de medidas que permiten que los tribunales de letras, en los lugares en que no existan tribunales especializados, van a poder llevar de mejor manera y en términos más rápidos y expeditos los asuntos laborales que hasta ahora llevaban y que seguirán haciendo en el futuro. Por lo tanto, tenemos una ampliación de cobertura que va mucho más allá del aumento a cuarenta del número de tribunales especializados.
En segundo lugar, en materia de segunda instancia es bueno decir que, tal como fueron informados todos los diputados de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y del Trabajo, en el marco de la discusión de este acuerdo, con motivo de otro proyecto de ley, el Gobierno ha presentado una indicación que implica que en las cuatro cortes de apelaciones más grandes del país se van a establecer por ley salas especializadas en materia laboral. Por tanto, nos estamos haciendo cargo también de una demanda muy sentida del mundo del trabajo, como es la especialización de la segunda instancia en materia del trabajo. Ahí hay un avance muy sustantivo y coherente con lo que estamos haciendo en esta materia. No vamos a tener una figura de una primera instancia acelerada y una segunda instancia con problemas, sino que el proyecto abarca el conjunto de las necesidades que en esta perspectiva se han planteado desde siempre.
Por último, quiero destacar el hecho de que en este procedimiento no sólo se establece una perspectiva procesal que asegura un buen resultado, desde el punto de vista de la eficiencia, rapidez y expedición de los juicios, sino que se incorporan algunas instituciones que ponen a nuestra legislación en un muy alto estándar desde el punto de vista del derecho laboral comparado. Cito sólo lo planteado sobre el procedimiento monitorio, en que vamos a tener la posibilidad de que los trabajadores más humildes tengan acceso aún más rápido y expedito a un procedimiento más corto y abreviado planteado como juicio ordinario, lo que va a beneficiar a una gruesa parte de los trabajadores que demandan justicia de los tribunales a lo largo del país. También la incorporación de un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. Éste es un tema emergente. Todos los días asistimos a situaciones de violaciones de privacidad, de intimidad, a una vulneración de derechos de los trabajadores en su calidad de personas y ciudadanos. Hoy vamos a disponer en la medida en que eso está incorporado en el proyecto de un procedimiento que va a atender esa materia tan propia de la dignidad de los trabajadores de una forma expedita y eficaz.
En definitiva, creemos que este proyecto va a contribuir, parafraseando a alguna autoridad de la OIT, a tener trabajo decente, y desde esa perspectiva y en esa medida, ser naturalmente un país más decente.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Muchas gracias, señor ministro.
Señores diputados, el Orden del Día termina a las 19:05 horas.
Correspondería ocuparse del tercer proyecto en tabla, pero los diputados informantes me han señalado que cada uno necesita aproximadamente de quince minutos. Por lo tanto, el proyecto será puesto nuevamente en tabla para la próxima sesión.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, la presidenta de la Comisión de Familia, diputada señora María Eugenia Mella , con acuerdo unánime de sus integrantes, propuso no sé si llegó la comunicación a la Mesa que se votaran sobre Tabla las modificaciones del Senado al proyecto que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención.
La materia está absolutamente acordada, por lo cual se pidió emitir un informe al respecto.
La Cámara despachó la iniciativa hace bastante tiempo, pero en el Senado se retrasó su tramitación.
En consecuencia, solicito que el señor Presidente recabe la unanimidad para votar las modificaciones del Senado al proyecto mencionado, sobre todo considerando que es tremendamente importante para las instituciones de protección y cuidado de los niños en situación de vulnerabilidad.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, pedí la unanimidad de los jefes de los comités parlamentarios para incorporar dichas modificaciones del Senado en la Tabla, pero se me dijo que son extraordinariamente importantes y que se necesita tiempo para hacer el análisis de ellas.
Por lo tanto, las modificaciones del Senado serán tratadas en el segundo lugar de la Tabla de la sesión citada para el martes 17, a contar de las 11 horas.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el proyecto que figura en el tercer lugar de la Tabla de hoy, es decir, el que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, ¿será puesto en el primer lugar de la Tabla de la sesión del próximo martes?
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo figura en la Tabla de la sesión del martes en la tarde, que comienza a las 19.15 horas, pero no en el primer lugar, porque seguramente antes vamos a tratar las proposiciones de la Comisión Mixta en relación con el proyecto sobre modernización del servicio militar obligatorio.
Tiene la palabra el diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, ¿cómo quedó confeccionada la Tabla para la sesión del próximo martes en la mañana?
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, la Tabla tentativa para la sesión del martes en la mañana considera, en primer lugar, en Fácil Despacho, un acuerdo marco; en segundo lugar, las proposiciones de la Comisión Mixta en relación con el proyecto sobre perros guías para personas con discapacidad, materia que debería ser resuelta en forma rápida. Posteriormente, conoceremos las modificaciones del Senado al proyecto que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención.
En la sesión del martes en la tarde, la Tabla considera, en Fácil Despacho, un acuerdo de cooperación, y en el Orden del Día, las proposiciones de la Comisión Mixta en relación con el proyecto sobre servicio militar obligatorio, materia que también tiene un tiempo limitado, de media hora, y el proyecto que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo.
El miércoles en la mañana está citada una sesión especial, a partir de las 11 horas, para estudiar tres informes: el complementario de la Comisión Investigadora de irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes; el de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, acerca del desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola, y el de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en presentación efectuada por el señor Francisco Yurazeck Tagle , a fin de reclamar acerca de la conducta del fiscal del Ministerio Público de la Sexta Región.
El miércoles en la tarde, la Tabla considerará las reformas constitucionales dependiendo de si son despachadas por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia o un grupo de importantes proyectos que se encuentran pendientes, como, por ejemplo, uno sobre discriminación, el que tiene que ver con los notarios, que viene del Senado, o bien el que sanciona los rayados, pinturas y conductas similares que se efectúan sin autorización.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, como las proposiciones de la Comisión Mixta sobre el proyecto de rentas municipales fueron despachadas hace unos instantes, podrían incorporarse en la Tabla de la sesión del martes en la mañana.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, sólo para que me aclare una duda.
Entiendo que el martes en la mañana se discutirá el proyecto sobre la red colaboradora del Sename, iniciativa que en el Senado fue aprobada por unanimidad. Quiero saber cuánto tiempo se destinará a la discusión de esa importante iniciativa, ya que como existe consenso en torno a ella, sería aconsejable que la Cámara la despachara lo antes posible.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señora diputada, obviamente, ello dependerá del tiempo que demoren las intervenciones de los diputados. Sin embargo, como se incorporará en la Tabla el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de rentas municipales que debería ser resuelto fácilmente, lo más probable es que la mayor parte del tiempo del Orden del Día de esa sesión se destine a la discusión del proyecto mencionado por su señoría.
Antes de proceder a la votación, el señor Secretario va a informar sobre los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Se han registrado los siguientes pareos: el señor Rossi con el señor Moreira , el señor Cardemil con el señor José Pérez , el señor Pablo Galilea con el señor Tuma , y el señor Robles con la señora Lily Pérez.
El señor MONCKEBERG.-
Pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, antes de empezar a votar, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto de los numerales 7, inciso tercero, artículo 292; y 13, inciso tercero, artículo 389.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
La Mesa ha tomado nota de la reserva de constitucionalidad planteada por su señoría, con el objeto de tenerla presente en los procedimientos que correspondan.
En votación el texto del proyecto contenido en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, con excepción del artículo 1º, numerales 15 y 16, en relación con los artículos 426, 447, 464, 502, 503, 504, 506, 507, 509, 510 y 512.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , Girardi , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia ), Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, tal como quedó consignado en el informe del diputado Pedro Muñoz , todas las normas son de quórum simple; pero como existe controversia al respecto, pido que quede constancia de que en el evento de que alguna norma requiriera quórum especial, éste fue alcanzado.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, no es necesaria tal constancia, porque el texto del proyecto aprobado va al Tribunal Constitucional con las votaciones correspondientes.
En votación el numeral 15 del artículo 1º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Forni , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Maferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia ), Meza , Molina , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Olivares, Ortiz , Paredes, Paya , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Quintana , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación los artículos 426, 447 y 464, contenidos en el numeral 16.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , Hales ,Hernández, Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia ), Meza , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino , Galilea (don José Antonio) , Hidalgo y Monckeberg.
Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación los artículos 502, 503, 504, 506, 507, 509, 510 y 512, contenidos en el numeral 16.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la afirmativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , Girardi , Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia ), Meza , Molina , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Olivares, Ortiz , Paredes, Paya , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Aplausos.
El señor MASFERRER.-
Pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, solicito que se envíe copia de la votación al Presidente de la República, para que se entere de nuestro total apoyo al proyecto.
VI.INCIDENTES
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para suspender la Hora de Incidentes?
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
INVESTIGACIÓN DE DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES MUNICIPALIZADOS DE CHILLÁN. Oficio.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, me referiré a una situación que se está dando en forma reiterada y que se está transformando en una constante al leer la prensa.
Se trata de la periódica y sistemática alusión a los problemas económicos que afectan a los municipios, en particular, a los departamentos de educación, cuyos efectos y consecuencias afectan directamente a los profesionales de la educación adscritos a las corporaciones edilicias.
En verdad, éste es un tema serio, puesto que existen problemas de financiamiento reales. Ya lo vimos con ocasión de la discusión del proyecto de ley sobre rentas municipales II, que aprobamos ayer, como consecuencia de un conjunto de variables que aunque no son de exclusiva responsabilidad de los municipios, no los exime, ya que existen, en no pocos casos, administraciones educacionales deficientes, que son seriamente cuestionadas por el profesorado, por las autoridades educacionales ministeriales y por la opinión pública; sin embargo, se mantienen porque cuentan con la confianza del alcalde.
Como parlamentario, he sido muy respetuoso de las instancias comunales, pero cuando se lesionan y afectan ciertos derechos, en este caso de los docentes, me veo en la necesidad de denunciar las anomalías y de solicitar acciones. Incluso, hace algunos años, participé en la presentación de una acusación constitucional por la deuda que se mantenía con los profesores por concepto de perfeccionamiento. Como se recordará, un conjunto de parlamentarios formulamos una acusación constitucional en contra del ministro de Educación de la época, don José Pablo Arellano , porque, tal como se demostró en esa oportunidad, el ministerio a su cargo no había entregado los recursos necesarios para que los municipios pudieran cumplir con lo establecido en la leyNº 19.070, toda vez que la totalidad del proceso estaba en manos de ese ministerio.
Como consecuencia, el Ministerio de Educación, junto con entregar los recursos requeridos para pagar lo adeudado hasta 1995, se desprendió del proceso de perfeccionamiento, radicándolo en los municipios e incorporando para tales efectos, vía subvención, valores proporcionales a la asignación inicial de perfeccionamiento, con el correspondiente factor de reajustabilidad anual. Como esta asignación está condicionada a variables tales como número de horas contratadas, nuevos cursos realizados y aumento de los años de servicios bienios, dicha asignación crece más que los recursos establecidos vía subvención, lo que, unido a factores como la sostenida baja de matrícula en los establecimientos del sector, produce la acumulación de deudas millonarias con los profesores que, evidentemente, no tienen responsabilidad ni en el origen ni en el desarrollo de esta problemática.
Hechos estos alcances y aludiendo a los antecedentes que me ha proporcionado el Colegio de Profesores de Ñuble y a las informaciones de prensa, por lo demás, muy abundantes, quiero señalar que los profesores dependientes de la Municipalidad de Chillán están impagos, debido a lo cual no han podido impetrar este derecho consagrado en la ley, respecto de los cursos correspondientes a los años 2003 y 2004, toda vez que se pagan por año vencido.
Como se recordará, a raíz de esta misma situación, en el 2003 aprobamos un cuerpo legal, consignado con el Nº 19.926, de 31 de diciembre de 2003, que facultaba a los municipios afectados para solicitar a la subdere un adelanto, a modo de préstamo, al Fondo Común Municipal para atender esta deuda, recursos que, por cierto, se tienen que devolver. En el caso que nos ocupa los recursos solicitados, que debían ser complementados con recursos propios del municipio, alcanzaron sólo para pagar lo correspondiente a los años 2001 y 2002, pues no hubo, contrariándose el protocolo de acuerdo, aporte municipal. Es decir, sólo se destinaron los dineros provenientes del préstamo, del orden de 133 millones de pesos.
Lo grave de esto es que una vez que el profesor recibe una asignación o un aumento de ella, porque se le reconoció un curso de perfeccionamiento, se incrementa su remuneración mensual en forma permanente. En otras palabras, recibe, por única vez, la totalidad de lo acumulado durante el año adeudado y el porcentaje de incremento que va a su remuneración mensual. En el caso que nos ocupa, Chillán , y sólo respecto de 2001 y 2002, esa deuda acumulada se pagó por una sola vez, pero quedó pendiente el incremento mensual o actualización de la asignación desde mayo de 2003 a la fecha. Ello es extraordinariamente grave, primero, porque implica una apropiación indebida de dineros que pertenecen a los profesores, quienes no han podido disponer de ellos; segundo, esa deuda produce un efecto en la pensión e indemnización municipal de un importante número de docentes que ha jubilado o que está en vías de hacerlo; tercero, la autoridad municipal, a raíz de la crisis que atraviesa el sector, ha excúsenme el término “recortado” horas a los profesores, lo que, junto con perjudicarlos, agrava aún más su situación.
Por lo tanto, dada la magnitud de lo que estoy señalando, la alarma pública en el sector y en la comunidad, la desazón, la angustia y la indefensión en que se encuentran los profesores, quienes, incluso, evalúan realizar manifestaciones, según lo consigna el diario “La Discusión” en su edición del domingo pasado, pido que se oficie al Contralor General de la República, con copia de mi intervención, a fin de que disponga, a la mayor brevedad, una amplia investigación en la Municipalidad de Chillán, con el objeto de determinar la cantidad exacta de dinero que se adeuda a los profesores por concepto de perfeccionamiento; los incrementos impagos correspondientes a 2001 y 2002 y los que deriven de 2003 y 2004; la cantidad enviada por el Ministerio de Educación, vía subvención escolar, desde 1996 a la fecha, y la reajustabilidad aplicada y los destinos que la municipalidad dio a esos recursos, en el evento de que hayan sido percibidos.
Espero que estos problemas que afectan a los profesionales de la educación de Chillán sean solucionados prontamente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Carlos Abel Jarpa.
CELEBRACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, mañana 12 de mayo se celebra el “Día Internacional de la Enfermera”, instituido en recuerdo de Florence Nightingale , enfermera inglesa, perteneciente a una familia aristocrática, nacida ese día en Florencia y que luego dedicaría su vida entera para hacer de su labor de enfermera una profesión de honor y abnegación al servicio de la comunidad.
En mis años de médico y salubrista nunca he dejado de admirar la dedicación y la constancia de las enfermeras chilenas, quienes, con su profesionalismo, se han ganado merecidamente un espacio privilegiado entre sus colegas de América Latina y de Estados Unidos, donde sus servicios son requeridos y escogidos con frecuencia.
Sin embargo, debo agregar que estas ventajas y valores de nuestras enfermeras son el principal resultado de sus propios esfuerzos, más que de una legislación que las favorezca con exactitud.
Estimo pertinente hacer presente que lamentablemente nuestro Código Sanitario no las obliga a formarse en una carrera exclusivamente universitaria. Esto debe ser replanteado, pues deja a estas profesionales en desventaja frente a otras profesiones.
Es digno de todo elogio, más allá de las simples palabras, que la carrera de enfermera implique gran vocación de servicio público, que centra toda su atención en el ser humano, luchando codo a codo junto a otros profesionales de la salud para salvar primero las vidas y lograr su bienestar después.
En Chile aún tenemos carencia de enfermeras, en especial en el sector público, por lo que llamo la atención de todos para que asumamos el trabajo de estudiar iniciativas, a fin de corregir la falencia de este recurso humano tan calificado e imprescindible.
Quiero terminar estas palabras recordando el juramento de Florence Nightingale , redactado en 1893 y utilizado por todas estas profesionales.
“Juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honrosamente.
“Me abstendré de todo cuanto sea nocivo y dañino y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y consideraré como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi profesión, así como todos los asuntos familiares en mis pacientes.
“Seré una fiel asistente de los médicos y dedicaré mi vida al bienestar de las personas confiadas a mi cuidado.”.
Ojalá que este juramento pudiera ser un ejemplo para otras profesiones.
En este día internacional de las enfermeras, las saludo y les rindo mi más sincero reconocimiento, el que estoy seguro comparte la honorable Cámara y toda la ciudadanía.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
La Mesa adhiere a su reconocimiento.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches , Rosauro Martínez , Carlos Abel Jarpa , Samuel Venegas y Fidel Espinoza.
AMPLIACIÓN DE QUERELLA POR TALA ILEGAL DE ALERCE. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, en las últimas horas, no sólo la Décima Región, sino también el país, se han visto conmovidos por la situación que ha ocurrido en relación con el denominado caso alerce.
Una red delictual ha caído en manos de la justicia después de una investigación que duró aproximadamente doce meses, investigación que en el camino fue determinando como diferentes tipos de personalidades, policiales, políticas y civiles, se asociaron para cometer un desastre ecológico de incuantificable significado, como fue la tala de cientos de alerces milenarios en la Cordillera del Sarao, en la Décima Región.
En las últimas horas, en los medios de prensa regionales, el honorable diputado Carlos Ignacio Kuschel ha señalado que la detención de un alcalde de sus filas, el señor Nelson Schwerter , en el marco de la investigación que sustanció el ministro en visita, señor Hernán Crisosto , obedece a razones estrictamente de carácter político y a una persecución de la justicia y de políticos, entre los cuales me involucró.
Públicamente, en esta Sala, no sólo quiero repudiar la poca hombría de los dichos del diputado Kuschel, sino que señalar, de la forma más enfática posible ante el país, que los hechos acaecidos en la investigación del caso alerce, en la Décima Región, no obedecen desde ningún punto de vista alguno a carácter político de ninguna índole, sino que a acciones de tipo delictual que fueron investigados de manera minuciosa, seria y profunda, por un ministro en visita que determinó, lamentablemente, que las responsabilidades recaían de manera directa en el alcalde de una comuna de la Décima Región.
Quiero aprovechar estos breves minutos para aclarar la situación, porque considero que no es posible que parlamentarios como el señor Carlos Kuschel , que deben cumplir un rol fiscalizador, sólo utilicen esa facultad cuando aparece involucrada alguna persona del otro sector político, y no cuando, lamentablemente, en un hecho irregular y atentatorio contra la justicia, cae uno de sus filas, como en este caso, y aparezca realizando defensas corporativas que dañan al país.
No es posible que hoy el señor Kuschel defienda a una autoridad política de su partido comprometida en un hecho judicial,y no lo haga para proteger lo que es de todos los chilenos: el alerce, tema de fondo de la investigación judicial, especie que ha sido brutal e ilegalmente talada en nuestra región y que permitió que ciertas personas, como las que han caído durante esta semana en manos de la justicia, se lucraran por largos años, obteniendo millonarias ganancias, a costa del sacrificio de campesinos, que, lamentablemente, tuvieron que recurrir a este ilícito para sobrevivir, aun cuando los compradores del alerce les pagaban salarios irrisorios para provocar este daño ecológico de incuantificables resultados.
Por eso, quiero ser muy claro al señalar que aquí se debe dejar que la justicia actúe
como ellos mismos lo han pedido respecto de otros casos ocurridos en el país y que los tribunales lleguen hasta el final, evitando las presiones políticas, que es lo que ellos están haciendo al realizar defensas corporativas cuando alguien de sus filas aparece involucrado.
Por lo tanto, pido oficiar a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, a fin de que la querella contra el señor Ángel Lagomarsino , uno de los propietarios de los fundos comprometido en el caso alerce, sea ampliada a todas las personas que en las últimas horas han sido sindicadas como responsables por la justicia.
He dicho
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor BAYO.-
Pido una interrupción, señor Presidente.
El señor JARPA.-
Con su venia, señor Presidente, le concedo la interrupción al diputado señor Bayo .
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Con cargo al tiempo del diputado señor Jarpa , tiene la palabra su señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, solicito que la intervención del diputado señor Espinoza se haga llegar a la brevedad a la Mesa, para ponerla en conocimiento del señor Kuschel, pues los términos en que se refirió a un diputado que está ausente no corresponden a la dignidad del Congreso Nacional. No me pronuncio sobre a la cuestión de fondo, sino sobre la forma en que se ha referido a otro parlamentario.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se dará curso a su petición, señor diputado.
INFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A RAÍZ DE TEMPORAL EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, más allá de reiterar mi adhesión al reconocimiento del diputado y colega doctor Francisco Bayo por el “Día Internacional de la Enfermera”, que se celebra mañana, quiero destacar la importante labor de este imprescindible personal para promover, mantener y mejorar la salud de todos los chilenos.
Señor Presidente, ha sido preocupación especial de los gobiernos de la Concertación aumentar la dotación de electrificación rural y urbana. Así, en 1992, la cobertura en electricidad rural alcanzaba el 50 por ciento y hoy supera el 92 por ciento.
La semana pasada, en la ciudad de Chillán y en la provincia de Ñuble, a raíz del intenso temporal, que provocó caída de árboles, se produjeron cortes eléctricos prácticamente en la totalidad de los sectores urbanos y rurales. Lo más grave fue que la reposición de la energía demoró, incluso en los sectores urbanos, 36 horas y hasta 48 horas y cuando los afectados consultaron sobre este contratiempo a las compañías distribuidoras, éstas les señalaron que era prácticamente normal.
En los sectores rurales, la situación fue aún más grave, porque la electricidad, a 48 horas de su corte, todavía no volvía a los hogares. Sabemos lo que ésta significa para esos sectores, especialmente para las personas de menores recursos.
Si bien éste hecho podría decirse que es “de fuerza mayor”, una de las razones fundamentales para que se produzca es, precisamente, la falta de mantención adecuada de las líneas de conducción de electricidad.
Por eso, solicito que se oficie al Ministerio de Economía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que nos den a conocer la información correcta respecto de lo sucedido en Chillán y en la provincia de Ñuble, y qué medidas se adoptarán, de manera que acontecimientos de esta índole no se vuelvan a repetir.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez y Samuel Venegas.
Se levantó la sesión a las 19.34 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Venegas, Jarpa, Meza, José Pérez y de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Laura Soto.
Establece nuevos hitos para medir el área de reserva de la pesca artesanal. (boletín N°3860-21)
“Considerando:
Que, la franja costera desde la línea de playa a las 5 millas marinas es considerada un área de reserva y por tanto protegidas a la entrada de naves industriales por los impactos en el fondo y en los ecosistemas que produce esta flota. Sin embargo, la autoridad pesquera ha asumido esa zona como netamente productiva y la reserva en forma exclusiva para la pesca artesanal, pero en los lugares en que no existen actividades de los pescadores artesanales la exclusividad se acaba y la flota industrial puede operar sin restricciones.
Que, la existencia de comunidades de pescadores artesanales y sus condiciones de vida, el uso racional y sostenible de los recursos nacionales; asentamiento territorial de los pescadores; acceso a transferencia tecnológica y condiciones de fomento y desarrollo productivo serán inútiles sino existe también una condicionante previa, el cierre definitivo y total de la zona de reserva, sin que ello implique en modo alguno, promover que la pesca artesanal quede encerrada sólo en las cinco millas.
Que, los problemas que afectan a la pesca artesanal por contaminantes industriales que son arrojados al mar, en algunos casos, sin ningún tratramiento previo:
Que, existen focos contaminantes producto de la minería, tales como: el Relave: Líquido que contiene metales pesados, peligrosos para la salud humana, por ejemplo “cadmio, cobre, arsénico, mercurio, etc. Es en los tanques de relave que la contaminación se produce, mediante el filtrado natural, en el caso de catástrofe natural o simple descuido, como ya ha ocurrido en la minera “Las Luces”, “Tal Tal” o el río Loa. Otro tipo de contaminación es producida por las plantas desalinizadoras a gran escala.
Que, otro foco lo conforman los barcos graneleros, los que como lastre llenan sus bodegas con agua de mar en sus puertos de origen. Donde las aguas ya están contaminadas, luego esta agua es arrojada en nuestros puertos sin que exista control a pesar de las continuas denuncias realizadas. Esta agua debíesen ser desechadas fuera de las doscientas millas.
Que, otra forma de contaminación es la denominada eólica esparcida por el viento, ésta se produce cuando se rompen los ductos que transportan el concentrado a las plantas de filtro antes del embarque y después. Este tipo de contaminación es transportada por el viento.
Que, la Salmonicultura también se ha transformado en un foco de contaminación, (contaminación de aguas continentales) para este caso, la contaminación es responsabilidad de quienes dirigen la actividad. La masificación, es justificada (por sus responsables) con “la disminución de la presión a los recursos pesqueros”.
Que, la salmonicultura implica el uso de: antibióticos, biosidas, inmuno-estimulantes, etc., todo esto, con el fin de eliminar o prevenir enfermedades en los cultivos, ya sea, bacterianas, virales o parasitarios. Por ejemplo, en 1990 se utilizaron 13 toneladas de esos productos químicos. En 1995, sesenta toneladas, en 1998, 100 toneladas.
Estas cifras continúan en aumento, la contaminación por estos productos también ocurre en otros países exportadores como Noruega que también, hoy, ha aumentado su producción de salmón, pero paralelo a este aumento productivo han sido capaces de disminuir en cantidad el uso de estos productos.
Que, la contaminación marina afecta el entorno reduciendo los espacios de recreación y alterando negativamente el paisaje generando un nuevo tipo de contaminación, nos referimos a la contaminación visual.
Que, la marea roja, de la cual poco se sabe, pero existen antecedentes en otros países como Canadá en que la marea roja ha sido introducida a través de agua de lastre de los barcos graneleros. Por tanto, si las salmoneras han introducido enfermedades a sus propios salmones, y por las descomposición de alimento sobrante y desechos orgánicos podrían generar nuevas enfermedades o acrecentar las consecuencias de una marea roja o del vibrión parahemolítico.
Que, el crecimiento poblacional y el aumento de asentamientos humanos en las costas ha generado por décadas una importante contaminación con residuos domésticos que ha dañado de forma apreciable la fauna existente en la áreas marinas más cercanas a la costa
Que, la construcción de grandes sistemas de colectores durante la última década, sólo revistió un efecto cosmético sobre las playas del país al alejar los residuos de la costa al internar y profundizar las salidas de los efluentes.
Que, la operación en muchas regiones de puertos estatales o privados de tipo comercial y otros puertos menores, no sólo genera enormes posibilidades de que se produzcan eventos que dañen el medio ambiente, si no que además genera un uso de grandes áreas de mar frente a los puertos como canales de entrada y salida de las embarcaciones, así como áreas de ubicación de embarcaciones a la gira.
Que, la ubicación de importantes centros industriales y depósitos de combustibles aumentan el peligro de contaminación y daño al ambiente. Esta situación de riesgo permanente desafortunadamente se ha visto confirmada a lo largo del tiempo con diversas acciones y accidentes que han perjudicado las áreas costeras y fondos marinos, para ejemplificar: caída de container con cianuro y otros químicos de mercantes en tránsito; contaminación por metales pesados; numerosos accidentes con varado de naves y vertimiento de hidrocarburos; derrames de petróleo y vertimientos; vaciado y limpieza de sentinas de naves en tránsito en rutas de acceso a los diversos puertos; salida de colectores directos en ciudades y caletas más pequeñas, y vertimientos programados de residuos sólidos de grandes colectores urbanos.
Que, el presente proyecto de ley es la respuesta parlamentaria a la solicitud manifestada por la Confederación de Pescadores de Chile (Confepach), a través de su presidente Humberto Chamorro.
Que, existe un Acuerdo regional(Acuerdo de Galápagos) de pesca orientado a proteger no sólo los derechos de los Estados ribereños sobre las 200 millas marítimas, sino también la conservación de las especies, ampliando los derechos del ribereño hacia la alta mar contigua a la zona económica exclusiva. Ya que, si a partir de la milla 201 se realiza una extracción pesquera desbocada cualquier medida de conservación y protección, adoptada por el ribereño, puede perder su eficacia. Pues existe una relación de interdependencia, de mayor o menor intensidad entre las especies situadas a uno y otro lado de esta delimitación convencional, algunas de las cuales migran entre uno y otro en su ciclo vital. De allí, que los nuevos desafíos miren hacia la regulación de la explotación de los recursos más allá de las 200 millas, en cuanto su extracción indiscriminada repercute directamente en la existencia y conservación de los recursos de la zona económica exclusiva de los Estados ribereños. Iguales argumentos avalan la necesidad de legislar en el sentido propuesto en el presente proyecto de ley.
Que, todo lo expuesto precedentemente ha tenido efectos sobre las distintas biomasas y, por consiguiente, en la actividad de los pescadores artesanales. Tanto más, si consideramos que el espíritu de la ley de establecer esta área de protección era precisamente proteger los habitat y las bahías que es necesario desplazarla hacia el occidente.
Que, en definitiva, con este proyecto, estamos, protegiendo a las diferentes pesquerías que tenían sus habitat al interior del Arpa y, hoy, producto de la contaminación latamente expuesta han debido desplazar sus áreas de apareamiento y desove hacia el oeste por fuera de la actual Arpa (Área de Reserva para la Pesca Artesanal).
Por tanto, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único: Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el siguiente sentido:
1) Reemplácese en el inciso primero, del artículo 47, la frase: “las líneas de base normales” que se encuentra entre la preposición “desde” y la coma “,” que antecede a la expresión “a partir del límite norte...” por la siguiente: “la línea imaginaria que une los dos puntos notables de la costa que se encuentren más al occidente”.
Moción de los diputados señores Venegas, Jarpa, Meza, José Pérez, Silva, y de la diputada señora Adriana Muñoz.
Establece como pesquerías artesanales, la denominada pesca fina que indica. (boletín N°3861-21)
“Considerando:
Que, uno de los factores determinantes en el colapso de algunas pesquerías, que son centrales en la matriz económica de los pescadores artesanales, ha sido la utilización por parte de la industria de artes y aparejos de pesca no selectivos. A diferencia de aquellos utilizados por los artesanos del mar, es decir, aquellos pescadores que utilizan en sus capturas un arte (los de pesca) sano (que no daña el medioambiente, ni pesca y destruye lo que no se ha querido pescar por tamaño o por su bajo valor económico).
Que, la utilización de artes de pesca selectivos por parte de los pescadores artesanales garantiza la preservación y conservación de las especies. Como, asimismo, permite que se establezcan Planes de Manejo en determinadas pesquerías y optimizar el rendimiento de estas unidades económicas, ya que permite regular tamaño y cantidad de anzuelos, con ello se limita el esfuerzo y se respetan los ciclos naturales de la especie en cuestión y se reduce el riesgo de sobreexplotar el recurso o una sobreoferta que provoque una disminución de los precios.
Que, la direccionalidad de las capturas es, también, un factor importante ha tener en cuenta. Es decir, las capturas industriales van a la reducción para industria alimentaria. En cambio, las capturas artesanales en un 90% van a consumo humano directo. Un kilo de pescado utilizado para consumo humano directo rinde 800 gramos de producto terminado y para obtener un kilo de salmón se requieren 6 kilos de harina de pescado, en otras palabras un salmón se come 30 kilos de pescado por cada kilo de peso (sin considerar el descarte por talla ni el subreporte, ya que ello aumentaría esta relación). No obstante, el jurel tener el mismo valor proteico que el salmón.
Que, según estadísticas de Pro-Chile, en 1998 el 78,5% de las exportaciones de productos del mar correspondió a harina de pescado y un 1,5% de aceite y alrededor de una 20% corresponde a conservas, fresco-enfriado, frescongelado, seco-salado, fresco-ahumado, etc. Ahora bien, el retorno en dólares FOB por estas exportaciones fue el siguiente: por el 80% de Harina y Aceite, correspondió al 49,6%, y el 20% destinado a consumo humano, representó el 50,4% de los dólares FOB que ingresaron al país. Más, comentarios sería majadería.
Que, según estadísticas de Pro-Chile, la merluza fresca tiene un mayor valor, en el extranjero, que el filete de merluza. Es decir, el mayor valor agregado que se puede incorporar es el fresco enfriado (sólo eviscerado con hielo, no congelado). Mayor valor con menos materia prima debe ser el objetivo de nuestra política pesquera.
Que, los únicos que tienen capacidad de pescar pequeñas cantidades, asegurar un buen trato a la pesca, un transporte adecuado y una mantención apropiada de la cadena de frío para obtener una pesca de exportación en fresco-enfriado de alto valor son los pescadores artesanales. Ya que, la poca selectividad de los artes y su forma de operación los industriales se ven imposibilitados. (La Yoma Industrial aspira los pescados, en cambio la Pangareta Artesanal los toma y deja en cubierta.).
Que, los peces no son simplemente “recursos” donde el capital invertido produce ganancia. Los peces no fueron creados para terminar en harina y que luego la coman los animales. Chile, comete un grave error. Es inconcebible que se depreden los mares y colapsen los recursos para alimentar cerdos, pollos, salmones y otros animales.
Que, transformar nuestros peces en harina es un muy buen mecanismo para mantenemos en el subdesarrollo, además de reproducir un modelo pesquero insustentable en lo ambiental e inequitativo en lo social, atenta directamente contra la seguridad alimentaria nacional, la generación de empleos estables y de calidad y el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades costeras y economías regionales.
Que, el sector Artesanal es capaz de administrar los recursos pesqueros que se les asignen, ellos mismos dentro de la normativa, es deber de la autoridad el implementar medidas que vayan en función de la preservación de los recursos. Los mercados internacionales demandan pesca fina de alta calidad, fresca. Los artesanales son los únicos capaces de entregarla en esos términos
Que el mar para los pescadores artesanales significa la vida y la muerte. La mayoría de los pescadores que dependen plenamente del mar piensan así porque su actividad los hace convivir a diario con la sombra de la muerte. Esa es la compleja sencillez de la vida, de la vida del pescador artesanal en el mar, que les entrega sustento y, a su vez, les quita vidas
Que, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares han experimentado un explosivo aumento y se han transformado en un problema para la salud pública. Pero, Chile, país pesquero, reduce la mejor proteína alimenticia del planeta a alimento para cerdos y aves y más recientemente, para el cultivo industrial de salmones. Pero, si el Estado iniciara una campaña de salud pública, basada en esta proteína sana y de buena calidad, a valores accequibles para los más pobres. Entonces, estaríamos cumpliendo dos grandes objetivos: proteger nuestros recursos marinos, y la salud de nuestra población. Un solo comentario, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos que representan 1/6 de la población mundial consumen más de la mitad de la producción marina del planeta.
Que, los argumentos esgrimidos en su oportunidad con ocasión de la Agenda ProCrecimiento dieron excelentes resultados en la industria, que ha crecido de un 12% el año 2000 a un 26% el año 2004. Pero, todo ese crecimiento no se ha reproducido en el desarrollo social de las comunidades artesanales y las regiones del país. Mientras más ha crecido la industria más se han empobrecido los artesanales. Las comunidades locales han pagado los graves impactos de no contar con una política pesquera. Chile, no puede basar su modelo de desarrollo condenando a la miseria a los pescadores artesanales. Por la misma razón, debemos proteger a los pescadores artesanales y sus pesquerías.
Que, uno de los objetivos más importantes en la lucha por los derechos humanos, es la erradicación de la pobreza. Esta consideración no se corresponde en absoluto con el tipo de desarrollo que, en general, el país ha adoptado, y no se corresponde con la realidad del modelo pesquero chileno.
Que, el Estado no puede continuar con proyectos de emergencia e indigencia para los pescadores artesanales y el presente proyecto va en esa dirección, en incorporar la sustentabilidad y la equidad a las decisiones que se toman. No sacamos nada con tener infraestructura portuaria para la pesca artesanal, si no les garantizamos el acceso a los recursos.
Que, los excluyentes procesos de concentración económica y transnacionalización en el sector pesquero y de acuicultura amenazan no sólo los derechos de la pesca artesanal, sino la existencia de la misma en sus comunidades y caletas.
Que, para una política pesquera artesanal debemos tener en cuenta, a lo menos, los siguientes factores: el reconocimiento a los derechos de acceso de las comunidades a los recursos pesqueros nacionales; el asentamiento definitivo de las caletas como unidades económicas y sociales y el acceso a condiciones estables para un desarrollo económico y social.
Que, la necesidad de incorporar modelos operacionales que involucren otros elementos de la pesquería, no sólo del estado del recurso para la toma de decisiones, y considerar objetivos socioeconómicos para el manejo y no sólo de conservación, hace que lo dispuesto en este proyecto y el establecimiento de planes de manejo de estas pesquerías sea la prioridad uno que debemos asumir. Ello, permitirá una asociatividad más armoniosa entre los pescadores artesanales y los sectores industriales. Pero asegurando una asociación autónoma y digna.
Que, es necesario intervenir en pro de resguardar el futuro laboral de los pescadores artesanales y sus familias. Las especies marinas representan la fuente de sustento de cientos de familias y es el único patrimonio de las generaciones futuras.
Que, los pescadores artesanales tienen derechos, ya no históricos, sino ancestrales sobre las diversas pesquerías. Pero, tales derechos, no han sido resguardados ni respetados. Durante siglos se desempeñaron en el sistema de Libertad de Pesca y, en tal sistema, lograron mantener su cultura sin poner en peligro la seguridad alimentaria para todos los chilenos
Que, el presente proyecto de ley es la respuesta parlamentaria a la solicitud manifestada por la Confederación de Nacional de Pescadores de Chile (Conapach), a través de su Presidente Cosme Caracciolo.
Que, en definitiva, con este proyecto, estamos, asumiendo el desafío de establecer condiciones que permitan un desarrollo sustentable de las comunidades costeras.
Por tanto, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único: Establécense como pesquerías artesanales, en todo el territorio nacional, las siguientes: Anguila, Apañado, Ayanque, Azulejo, Bacalao de Profundidad, Barrilete Negro, Blanquillo, Bonito, Breca o Bilagay, Brotula, Cabinza, Cabrilla, Cabrilla Común, Cachurreta, Chancharro, Cojinoba del Norte, Cojinoba del Sur, Cojinoba Moteada, Corvina,
Dorado (Túnido, Atún), Lenguado, Lenguado Fino, Lisa, Machuelo o Tritre, Marlin, Nanue, Palometa, Pampanito, Pejegallo, Remoremo, Róbalo, Rococó, Roncacho, Sardina Austral, Sargo, Sierra, Tiburón o Marrajo, Tollo, Vidriola o Toremo, Vieja o Mulata.”
Moción de los diputados señores Melero, Barros, Bauer, Forni, García-Huidobro, Masferrer, Norambuena, Uriarte, Urrutia y de la diputada señora María Angélica Cristi.
Modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República. (boletín N° 3862-07)
“Vistos que:
1. La ley N° 19.817 vino, entre otras, cosas a superar un largo vacío que existía en nuestro sistema Nacional de Control. Por largas décadas se había criticado la falta de independencias de la justicia de cuenta de nuestro país.
2. En efecto, el Tribunal de Cuenta los constituía, en primera instancia, el señor Subcontralor General de la República y en la segunda instancia el mismo señor Contralor como juez unipersonal. Si a ello agregábamos que las denuncias de que conocía, esa especial forma de jurisdicción administrativa, eran y son formuladas por una División del mismo órgano de fiscalización, ocurría entonces que las exigencia de un tribunal del todo independiente no parecían cumplirse, pues la Contraloría no sólo actuaba como formuladora de cargos y examinadora de las cuentas, sino que al mismo tiempo como juzgadora de las mismas.
3. En ese orden de consideraciones, el legislador buscando otorgar un buen equilibrio al principio de independencia, presuntamente comprometido, y observando al mismo tiempo la necesidad de no desconocer el mérito del conocimiento contralor en una materia de suyo especial, estimo justo y conveniente, transformar al tribunal de segunda instancia en el juicio de cuenta, de un juez unipersonal a un tribunal colegiado.
4. Para lo anterior optó, por una integración bajo los parámetros lógicos con los que se constituye la inmensa mayoría de los tribunales colegiados del país, esto es, con la intervención directa del señor Presidente de la República. Así, en su designación, a propuesta de terna o quina del órgano jurisdiccional superior, éste finalmente nombra a sus integrantes. Sin embargo, el legislador no reparó entonces que el Tribunal de cuenta tiene como principal sujeto de su fiscalización al mismo Ejecutivo, del que, el señor Presidente es su Supremo Administrador. Por lo que, el principio de la independencia del órgano jurisdiccional quedó en su origen del todo comprometido.
5. Por esta razón, he estimado indispensable presentar esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, proponiendo que no sea el señor Presidente de la República quien en lo sucesivo designe a los abogados integrantes del Tribunal de segunda instancia, los que, en los hechos forman la mayoría del Tribunal, dejando en duda, hoy, aún más su independencia de fiscalizado.
6. El proyecto en cuestión corrige este error, y siguiendo la lógica de la designación del mismo señor Contralor General, hace que la integración del tribunal de segunda instancia en el juicio de cuenta sea por elección del Senado, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio y en votaciones sucesivas, a propuesta de una quina del Contralor General.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúzcase la siguiente modificación al artículo 118, de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
Reemplácese su inciso primero por el siguiente: "El tribunal de segunda instancia estará integrado por el Contralor General, quien lo presidirá, y por dos abogados que hayan destacado en la actividad profesional o universitaria, los cuales serán elegidos por el Senado por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio y en votaciones sucesivas, a propuesta de una quina del Contralor General. Sus reemplazantes serán designados de igual forma."
Moción de los diputados señores Paya, Burgos, Cardemil, Forni, Lorenzini, Monckeberg, Salaberry, Seguel, Walker y de la diputada señora Marcela Cubillos.
Reforma Constitucional que sustituye el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República. (boletín N° 3863-07)
“Considerando:
1. Que han surgido en nuestro país distintas interpretaciones en relación a la protección que nuestra Carta Fundamental contempla respecto de la familia y de la institución matrimonial, tal y como la actual legislación la ampara y reconoce, es decir, la que se produce entre un hombre y una mujer.
2. Que se ha planteado la pretensión de extender dicha protección constitucional de la familia a uniones entre personas del mismo sexo, lo que implicaría desconocer un elemento fundacional y de la esencia de la institución del matrimonio.
3. Que tratándose de un elemento central del matrimonio, y siendo éste, a su vez, el acto fundante principal de la familia, merece ser explicitado más allá de toda duda que el matrimonio es constitucionalmente reconocido y lo es como la unión entre un hombre y una mujer.
4. Que en atención a la validez que se le reconoce en Chile a matrimonios contraídos en el exterior, disposición de toda lógica y sentido práctico, resulta conveniente explicitar a nivel constitucional, y no meramente legal, la exigencia de que, para ser reconocido en Chile, dicho vínculo sea el contraído entre un hombre y una mujer.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Reemplácese el actual inciso quinto del artículo primero de la Constitución Política, por el siguiente:
"Son deberes del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propendiendo al fortalecimiento de ésta y reconociendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional."