Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II . APERTURA DE LA SESIÓN
- III ACTAS
- IV CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- CAMBIOS EN LA TABLA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN ARICA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- DEBATE
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Rosa Gonzalez Roman
- Pedro Munoz Rojas
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 458, DE 1975, LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN LO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE ANÁLISIS DE LA ACTUAL NORMATIVA SANITARIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN ARICA.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA VIGENCIA DE LAS LEYES NÚMEROS 18.348 Y 18.362, QUE CREAN LA CONAF PÚBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, RESPECTIVAMENTE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Arturo Longton Guerrero
- Enrique Accorsi Opazo
- Antonio Leal Labrin
- Felipe Letelier Norambuena
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Fernando Meza Moncada
- Sergio Ojeda Uribe
- Ximena Vidal Lazaro
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Toha Morales
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Saffirio Suarez
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Felipe Kast Sommerhoff
- Carlos Montes Cisternas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA VIGENCIA DE LAS LEYES NÚMEROS 18.348 Y 18.362, QUE CREAN LA CONAF PÚBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, RESPECTIVAMENTE.
- VII. INCIDENTES
- RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL DE PARRAL.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIRIGENTE SOCIAL DE CONCEPCIÓN CAMILO FERNÁNDEZ SANHUEZA . Oficios.
- HOMENAJE : Andres Antonio Egana Respaldiza
- CIERRE Y TRASLADO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- HOMENAJE A CLUB DE FÚTBOL AMATEUR “JUVENTUD COLO-COLO”, DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
- HOMENAJE : Jose Miguel Ortiz Novoa
- EXIGENCIAS TRIBUTARIAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- VOTACIÓN DE PROYECTO RELATIVO AL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTES SOBRE RED DE PROTECCIÓN FINANCIERA DE PAUL SCHÄFER. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL DE PARRAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 53ª, en jueves 17 de marzo de 2005
(Ordinaria, de 10.43 a 13.40 horas)
Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Letelier Norambuena, don Felipe; y Ojeda Uribe,don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia 5
II.Apertura de la sesión 9
III.Actas
IV.Cuenta
-Archivo de proyectos 9
-Cambios en la tabla
V. Orden del Día.
-Informe de la Comisión Investigadora de la contaminación por plomo en
Arica................................................................................................................. 9
-Modificación del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, ley general de
Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a la calidad de la construcción.
Tercer trámite constitucional............................................................................ 21
-Informe de la Comisión de Salud sobre análisis de la actual normativa sani-
taria sobre la calidad de los alimentos.............................................................. 31
VI.Proyectos de acuerdo.
-Adopción de medidas para la vigencia de las leyes números 18.348 y 18.362,
que crean la Conaf Pública y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Prote-
gidas, respectivamente ..................................................................................... 34
-Discusión de las propuestas de modernización y transparencia de la gestión
de la Cámara de Diputados .............................................................................. 41
VII.Incidentes.
-Reconstrucción de jardín infantil de Parral...................................................... 42
-Homenaje en memoria del dirigente social de
Concepción Camilo Fernández
Sanhueza
. Oficios ............................................................................................. 43
-Cierre y traslado de vertedero municipal de Antofagasta. Oficio.................... 45
-Homenaje a club de fútbol amateur “Juventud Colo-Colo”, de San Pedro de
la Paz. Oficios .................................................................................................. 45
-Exigencias tributarias a productores agrícolas. Oficios................................... 47
-Votación de proyecto relativo al nuevo procedimiento laboral ....................... 48
-Antecedentes sobre red de protección financiera de
Paul Schäefer
. Oficios... 48
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica las leyes números 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y servicio
electoral, y 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios. (boletín N° 3803-
06)............................................................................................................................ 52
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual comunica que eligió como su Presidente al diputado señor Aguiló
Contraloría General de la República:
-Diputado Bertolino, información posibles responsabilidades funcionarias que afectarían a miembros de la municipalidad de Paihuano.
-Diputado Recondo, situación legal de funcionarios de Fosis que son candida-tos a concejales.
-Diputado Perez, don Ramón, irregularidades que han afectado a funcionarios del Servicio de Salud Iquique.
-Diputado Perez, don Ramón, toma de razón del decreto 132 del Ministerio de Transportes.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-Diputado Alvarado, información sobre medidas de control de veda extractiva de recurso macha en el sector de Mar Brava,Ancud.
Ministerio de Defensa Nacional:
-Señor Delmastro, información relativa a los nuevos procedimientos de la fis-calización de la vigilancia privada.
Ministerio de Salud:
-Respuesta a proyecto de acuerdo 499, que facilite las donaciones de insumos médicos y de aparatos de apoyo para discapacitados.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (81)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Burgos Varela, Jorge
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, WaldoPDC
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, DaríoUDI
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gaston
--Walker Prieto, Patricio
-Asistió, además, la ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Sonia Tschorne.
II . APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El acta de la sesión 47ª se declara aprobada. El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El honorable Senado solicita el archivo del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al Registro de Vehículos Motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos (boletín Nº 3104-15).
La petición se basa en que la iniciativa ha perdido su oportunidad por entenderse comprendida en el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre (boletín 999-15), que se encuentra en tercer trámite constitucional en esta Corporación, a la espera del informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado? Acordado.
CAMBIOS EN LA TABLA.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Algunos señores diputados me han solicitado cambiar el orden de los proyectos consignados en la Tabla en el Orden del Día, de la siguiente forma: en primer lugar, conocer el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar la grave contaminación por plomo que afecta a miles de personas en la ciudad de Arica, y dedicar treinta minutos para su discusión; en segundo lugar, conocer el proyecto, originado en mensaje, que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción, y, en tercer lugar, conocer el informe de la Comisión de Salud relativo al análisis de la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, para cuya discusión se destinarán treinta minutos.
¿Habría acuerdo para acceder a esta petición?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN ARICA.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Investigadora encargada de “analizar la grave contaminación por plomo que afecta a miles de personas en la ciudad de Arica”. Diputado informante es el señor Patricio Cornejo .
Reitero que se destinarán treinta minutos para su discusión, en la que cada diputado dispondrá de cinco minutos.
Tiene la palabra el diputado informante.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión investigadora, sesión 33ª, en 18 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe Complementario de la Comisión Investigadora, sesión 43ª, en 15 de septiembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, me corresponde informar sobre el trabajo efectuado por la Comisión Investigadora encargada de “analizar la grave contaminación por plomo que afecta a los habitantes de Arica”.
La Comisión tuvo su origen en los proyectos de acuerdo Nºs 299 y 300, refundidos, mediante los cuales la Cámara de Diputados acordó constituir una Comisión Especial Investigadora.
Los proyectos de acuerdo refundidos rezan de la siguiente manera: “Constituir una Comisión Especial Investigadora que, conociendo los antecedentes relativos al ingreso ilegal y al acopio de residuos tóxicos y peligrosos en Arica, determine la actuación de los organismos del Estado en el ejercicio de su obligación de fiscalizar, previa o posteriormente, los actos jurídicos privados que ejecutaron la empresa chilena Promel Limitada y la empresa sueca Bolliden Metal, propietaria de los residuos, con el consiguiente grave deterioro de la salud y la calidad de vida de miles de habitantes de Arica, de manera de garantizar el estricto cumplimiento de la ley vigente”. La Comisión fue integrada por los diputados señores Enrique Accorsi , Francisco Bayo , Patricio Cornejo ; señora Rosa González ; señores Antonio Leal , Pablo Lorenzini , Alejandro Navarro , Carlos Olivares, Iván Paredes, Manuel Rojas , Felipe Salaberry , Mario Varela y Carlos Vilches . Posteriormente, el diputado Carlos Ignacio Kuschel reemplazó en forma permanente al diputado señor Carlos Vilches .
La Comisión se constituyó el 14 de octubre de 2003 y eligió como presidente al diputado señor Iván Paredes Fierro . Además, acordó fijar como día y hora de sesión los miércoles de 11.00 a 13.00 horas. Relación del trabajo realizado por la Comisión en cumplimiento de su cometido. La Comisión celebró veinticinco sesiones y una visita inspectiva a la ciudad de Arica, al sector donde se encuentran las poblaciones afectadas y al lugar donde hoy están confinados los productos materia de discusión de esta Comisión. El detalle de lo efectuado por la Comisión al constituirse en Arica se encuentra en el informe que tienen los señores diputados en sus escritorios. Concurrieron a la Comisión las siguientes personas: el ministro de Salud, señor Pedro García Aspillaga ; el doctor Enrique Paris , director del Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el doctor Andrei Tchernitchin , profesor titular del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; la doctora Laura Börgel , toxicóloga, experta en contaminación por plomo, de las Universidades de Chile, Andrés Bello y de la Corporación Rita-Chile, coordinadora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Católica de Chile; la doctora Patricia Matus , coordinadora del Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile; don Raúl Allard Neumann , abogado, director del Servicio Nacional de Aduanas; la señora Laura Hardin , jefa del Departamento del Laboratorio Químico del Servicio Nacional de Aduanas; don Domingo Herrera , jefe del Departamento de Inteligencia Aduanera; don Mario Arrué , subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas; don Víctor Valenzuela , subdirector técnico del Servicio Nacional de Aduanas; don Francisco Zuleta Gómez , director de Obras de la Municipalidad de Arica; don Domingo Barrientos Vásquez , director del Servicio de Salud de Arica; don Nolberto García Díaz , jefe del Departamento de Salud del Ambiente de Arica; don Julio Montreal , jefe del Subdepartamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; don Fernando Dougnac , abogado, presidente de la Fiscalía Nacional del Medio Ambiente; doctor Rodrigo Salinas , director del Instituto de Salud Pública; señora Sonia Tschorne , en esa época subsecretaria de Vivienda y Urbanismo; doña María de la Luz Nieto, asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; don Pedro Pierry Arrau , abogado, consejero del Consejo de Defensa del Estado, y don Daniel Benoit Marchetti , experto en contaminación en plomo, abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado.
Relación de los hechos:
Entre 1984 y 1989, ingresaron por el puerto de Arica cerca de 21.000 toneladas de desechos minerales con alto contenido de plomo, arsénico, mercurio, cobre, zinc, cadmio, entre otros elementos. Estos concentrados minerales provenían de la empresa sueca Bolliden Metal, consignados a la empresa chilena Promel Limitada , de Arica.
La Empresa Promel Limitada ingresó las 21.000 toneladas como residuos metálicos, a objeto de obtener metales en sus faenas de proceso.
Las autoridades sanitarias y aduaneras aprobaron el ingreso de estos productos, los que fueron acopiados en las afueras de la ciudad de Arica, en terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales.
Con posterioridad, la empresa Promel Limitada abandonó estos desechos minerales.
A raíz del crecimiento de la población de Arica, se construyeron viviendas sociales en forma progresiva, las que prácticamente rodearon, en su totalidad, la zona de acopio de los residuos minerales
Se tomó conocimiento de manifestaciones de intoxicación en personas del lugar y se realizó un análisis de los residuos minerales, comprobándose su alto contenido en plomo y otros metales. Se efectuaron estudios de concentración de plomo en la sangre, a partir de 275 muestras, obteniéndose los siguientes resultados: 77,9 por ciento de las personas presentaron concentraciones menores a 10 microgramos por decilitro, 19,6 por ciento entre 11 y 20 microgramos por decilitro, 1,1 por ciento entre 20 y 30 microgramos por decilitro, 1 por ciento entre 30 y 40 microgramos por decilitro y 0,4 por ciento presentó cifras mayores a 40 microgramos por decilitro. Se decidió extraer el acopio mineral y trasladarlo a 4 kilómetros de Arica, a un sector llamado Quebrada Encantada, donde permanecen hasta hoy aislados con un muro perimetral y un portón metálico de acceso. Se ha hecho limpieza, de diversa magnitud y calidad, en los terrenos contaminados y en las poblaciones aledañas. No existe un seguimiento adecuado de la población afectada o potencialmente afectada.
Síntesis de las exposiciones:
Las entrevistas con los doctores Enrique Paris , Laura Börgel , Patricia Matus y Andrei Tchernitchin nos permitieron tener claridad en los efectos tóxicos, agudos y crónicos del plomo, del boro y del arsénico. Respecto del plomo, su concentración en la sangre debería ser igual a cero. Sin embargo, a partir de la revolución industrial y la utilización de combustibles fósiles, se observan aumentos de las concentraciones sanguíneas en poblaciones estudiadas. Se constata que las personas que viven cerca de las grandes avenidas presentan plumbemias mayores que aquellos que viven donde no circulan vehículos con motores a explosión, especialmente durante la época en que el uso de gasolina con plomo fue más habitual.
El límite de los valores en la sangre, años atrás, era de hasta 50 microgramo por decilitro, pero actualmente no se aceptan plumbemias mayores a 10 microgramos por decilitro. Por sobre este valor se han pesquisado daños a la salud humana. Las fuentes de plomo son diversas en aire, suelo y agua, pero las fuentes de intoxicación más frecuentes son: el contacto con concentrados de mineral de plomo, la pintura
(fabricación y aplicación) y las baterías. La fisiopatología del plomo se caracteriza por un compromiso neurológico en el sistema nervioso central, encefalitis por degeneración de la sustancia blanca y también en los nervios periféricos por daño axonal que afecta la mielina y produce neuropatías periféricas de diferente magnitud.
Una característica de intoxicación son los dolores cólicos abdominales, llamado cólico saturnino o saturnismo. También afecta la producción y maduración de los glóbulos rojos, generando anemia. Igualmente, se describe un efecto sobre el epitelio germinal de las gónadas, generando disminución de los espermatozoides en el hombre y anovulación en la mujer: infertilidad.
Respecto del arsénico, se encuentra contenido en yacimientos minerales de diferente naturaleza, como los cúpricos, ferrosos, etcétera. En forma industrial se lo encuentra en insecticidas y algunos medicamentos. Clínicamente, la intoxicación con arsénico provoca hemorragias digestivas, necrosis tubular renal y disminución de la mielina de los nervios periféricos, al igual que el plomo. La intoxicación aguda se caracteriza por náuseas, vómitos, diarreas, quemaduras de boca y laringe, dolores abdominales, hematuria, shock y muerte. La intoxicación crónica produce debilidad progresiva, pérdida de la capacidad de concentración, dolores musculares, neuralgias, hemólisis, anemia, lesiones cutáneas y de las uñas, descamación, sequedad e hiperqueratosis en las palmas de las manos.
Respecto del boro, se ha utilizado mucho -y aún se usa- como desinfectante (ácido bórico). También se utiliza como insecticida y en la fabricación de vidrio, como retardador de fuego, en las curtiembres, fotografía, cosméticos y jabones. La absorción se puede producir por la piel y por las vías digestiva y respiratoria. Entre los efectos más destacados se observa que en la piel produce dermatitis, descamaciones, excoriaciones y heridas; en el sistema nervioso central produce letargia, debilidad generalizada, convulsiones, y coma (intoxicación aguda); en el sistema cardiovascular produce hipotensión y shock; en los riñones produce lesión tubular renal; en las gónadas produce infertilidad, y en el hígado fibrosis hepática.
La dosis letal en adultos es de 15 a 20 gramos y la dosis umbral tóxica es de 13 a 25 miligramos.
Hay información de que en el agua potable de Arica habría elevadas concentraciones de boro.
De la exposición del señor Raúl Allard Neumann , queda claro el ingreso, entre 1984 y 1989, de 20.901 toneladas de desechos metálicos compactados, provenientes de la empresa sueca Bolliden Metal, la consignante, que exportaba desde Suecia hacia Chile. En Chile, el consignatario era la empresa Procesadora Metalúrgica Ltda . Promel, y que estos residuos minerales contaron con la autorización del Servicio de Salud de Arica a través del respectivo Certificado de Destinación Aduanera (CDA).
También señaló que por razones de servicio, Aduanas sólo mantiene la documentación por 5 años y luego la destruye.
En su exposición, el director de Obras Municipales de Arica, señor Francisco Zuleta , señaló que en ese sector, fuera del radio urbano, conociéndose que había contaminación y sin recepción municipal se construyeron, sin autorización varias poblaciones.
De las exposiciones del doctor Domingo Barrientos Vásquez , director del Servicio de Salud Arica, y del señor Nolberto García Díaz , jefe del Departamento de Salud del Ambiente de ese mismo servicio, se comprueba que la autoridad sanitaria de la época no ejerció el rol que le asigna el Código Sanitario, es decir, controlar el acopio de sustancias toxicas, dentro de su jurisdicción, que pueden afectar la salud humana. A través de lo expuesto por la señora Sonia Tschorne , en ese entonces subsecretaria de Vivienda, queda suficientemente claro que las poblaciones que se levantaron alrededor del acopio de residuos minerales tóxicos se hicieron sin los permisos de edificación, fuera del radio urbano y sin recepción municipal posterior.
Conclusiones aprobadas por la Comisión. En virtud de las exposiciones efectuadas por las personas invitadas y de los antecedentes recopilados por esta Comisión, se concluye lo siguiente:
1.Que se encuentra acreditada la existencia de un grave problema de contaminación ambiental en Arica, vinculado al plomo, al arsénico, al cadmio y al boro, substancias reconocidas como tóxicas para la salud humana.
Se hace presente que el 25 por ciento de las muestras analizadas en el polvo sedimentado de los patios de algunas casas afectadas, sobrepasó las normas más permisivas a nivel internacional.
2.Que existe una evidente relación de lo anteriormente expuesto con la internación al país, entre 1984 y 1989, de 21.900 toneladas de desechos tóxicos, con metales pesados en polvo y compactados, por parte de la Empresa Sueca Bolliden Metal.
3.Que la empresa Promel , cuando menos, no entregó información fidedigna a las entidades públicas correspondientes, al no dar a conocer el verdadero contenido
de los productos importados, los que nunca fueron procesados.
4.Que el Servicio de Salud autorizó desaduanar una muestra de los materiales, porque, de acuerdo a lo informado por el importador, se trataba de sustancias no tóxicas. Sin embargo, igualmente requirió del Instituto de Salud Pública un informe sobre la materia.
El director de la época de dicha institución afirmó que no era necesario efectuar un análisis de la muestra y que sólo bastaba una declaración jurada en un documento que certificara lo aseverado por el solicitante.
Se ignora sobre la base de qué información el Instituto de Salud Pública califica los materiales como “no tóxicos” en su respuesta al director del Servicio de Salud Arica.
5.Que tanto el Servicio de Salud como el Instituto de Salud Pública pecaron, al menos, de excesiva confianza, al hacer plena fe de que lo informado por el importador era absolutamente cierto.
El Servicio de Salud, pudiendo rechazar por resolución fundada la solicitud de desaduanar una muestra de los contenidos, no lo hizo, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto de Salud Pública.
6.Que resulta inconcebible que recién en 1997 se hayan realizado las primeras fiscalizaciones al material ingresado entre los años 1984 y 1989, habida cuenta de que a la luz de las disposiciones legales mencionadas en el informe existían facultades para efectuar un seguimiento a las sustancias ingresadas.
7.Que se construyeron viviendas en los terrenos contaminados por los desechos tóxicos. En dicha construcción se cometieron una serie de irregularidades, entre las que se cuentan las siguientes:
a)Las poblaciones Los Industriales I y III, Cerro Chuño I, II, III, IV, V y VII se construyeron sin contar con el permiso de construcción correspondiente.
b)En virtud del plano regulador vigente a la fecha en que se iniciaron las obras en las poblaciones recién mencionadas, no estaba permitida la construcción de viviendas en aquellos sectores, ya sea porque se construyó en terrenos destinados a actividades industriales o se hizo fuera del límite urbano.
c)Las poblaciones Los Industriales II y IV no cuentan con recepción final.
8.Que la explicación dada a esta Comisión para justificar el accionar de las autoridades que permitieron esta irregularidad resulta absolutamente insatisfactoria. Por más que exista una gran demanda por viviendas sociales en una zona determinada, ello no constituye un argumento suficiente para permitirse infringir nuestro ordenamiento jurídico.
9.Que resulta contradictorio que se haya sobreseído, sin resultados, un sumario interno efectuado en el Ministerio de Vivienda, cuando la propia subsecretaria reconoció en esta Comisión el proceder irregular de dicha repartición en los años en que se ejecutaron las obras.
10.Que en cuanto a las muestras tomadas y a los exámenes médicos practicados a las personas expuestas a la contaminación, no se actuó de manera adecuada. De las cinco mil muestras de sangre tomadas, cuatro mil trescientas personas no habrían mostrado signos de contaminación. Sin embargo, esa información nunca fue proporcionada a los afectados, quienes han permanecido en la incertidumbre de no conocer con exactitud el daño sufrido por ellas al estar en contacto con la fuente contaminante.
11.Que si bien los exámenes practicados arrojan que un porcentaje importante de vecinos no habría sufrido los efectos de la contaminación, de acuerdo con la exposición de doctores especialistas en el rubro, es perfectamente posible que las consecuencias se aprecien en un futuro cercano, cuando el plomo se radique en los huesos o se desarrollen otras secuelas.
Por ello, se recomendaba efectuar una suerte de vigilancia o seguimiento de las personas sometidas a este control para evaluar su evolución, lo que no se ha llevado a cabo.
12.Que el municipio no adoptó las medidas necesarias para evitar la construcción de viviendas en los terrenos afectados por la contaminación.
13.Que el Servicio Nacional de Aduanas actuó con desidia en el tratamiento de un foco de contaminación conocido por todos. Se aclara que el cuestionamiento no está vinculado al ingreso de material tóxico, que fue autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente.
Además, se constató una notoria carencia de antecedentes que permitan precisar las responsabilidades de los entes privados involucrados. Esto último se debe a la existencia de una norma interna que obliga a mantener los registros sólo durante cinco años.
14.Que en virtud de lo aquí expuesto y de la actuación de los organismos públicos antes mencionados, esta Comisión concluye que el Estado tiene una directa responsabilidad en los perjuicios que se han causado a la población por la internación de materiales tóxicos a la ciudad de Arica. De ahí, entonces, constituye un deber moral reparar el daño causado a las familias afectadas.
Proposiciones aprobadas por la Comisión:
La Comisión acordó proponer la adopción de las siguientes medidas: 1. En relación con el Ministerio de Salud:
A)Que ordene instruir un diagnóstico aca-bado de la situación sanitaria en toda la ciudad de Arica, relativo a la materia objeto de esta investigación, habida consideración de que existen personas afecta-
das que residen en lugares alejados del área contaminada.
B)Que efectúe un seguimiento estricto de los casos ya detectados de personas contaminadas, adoptando las medidas necesarias para llevar tranquilidad a la población e implementar todas las acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que fueren necesarias.
C)Que establezca mecanismos adecuados de coordinación para que exista una permanente interrelación al interior del Servicio de Salud, así como con otros servicios públicos y municipales.
D)Que proporcione una clara y expedita información sobre las medidas que se adoptarán en beneficio de la población afectada y sobre el real estado de salud de cada una de las personas examinadas, con el fin de terminar con la incertidumbre que hoy existe al respecto.
E)Que las prestaciones de salud que se rea-licen en beneficio de las personas afectadas por la contaminación deberán ser gratuitas. Esta medida perdurará mientras vivan las personas recién mencionadas.
Por último, en este ámbito, la Comisión acordó hacer suya la propuesta efectuada por el doctor Andrei Tchernitchin para realizar un trabajo integral con las personas afectadas por la contaminación causada por los desechos tóxicos en la ciudad de Arica. Dicha propuesta se acompaña como documento anexo de este informe.
2) En relación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
A)Que ejecute todas las acciones que per-mitan solucionar definitivamente el problema habitacional de los afectados por la contaminación, en cuya génesis la responsabilidad de dicho Ministerio resulta incuestionable.
B)Que para alcanzar dicha solución se con-sideren medidas como condonaciones totales de deudas habitacionales, sellado de
las poblaciones afectadas o, en su defecto, su erradicación a otro sector de la comuna e indemnizaciones, si fuere necesario.
3)En relación con la Municipalidad de Arica:
-Que coordine todas las acciones y disposiciones de recursos que fueren necesarios, para que, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se normalice definitivamente la situación de las personas afectadas.
4)En relación con el Servicio Nacional de Aduanas:
-Que modifique su reglamentación interna relacionada, entre otros aspectos, con el tiempo en que se deben mantener los antecedentes exigidos a los usuarios. Actualmente son eliminados a los cinco años, lo que impidió a esta Comisión precisar las responsabilidades particulares de los hechos investigados.
5)Encomendar al Gobierno que disponga el traslado de los desechos tóxicos a zonas considerablemente distantes de los centros urbanos -ojalá sean devueltos a Suecia- y que realice un completo sellado de dichos materiales, a fin de otorgar a la población la certeza absoluta de que no sufrirán efectos adversos en su salud.
6)Enviar este informe a su excelencia el Presidente de la República, a fin de que instruya al señor ministro secretario general de la Presidencia que coordine las diversas carteras involucradas en el cumplimiento de las proposiciones presentadas y verifique sus resultados.
7)Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que considere el envío de un proyecto de ley destinado a indemnizar o pensionar, de por vida, a aquellas personas que padezcan secuelas derivadas directamente de la contaminación por plomo en la ciudad de Arica.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En discusión el informe de la Comisión Investigadora.
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, desde hace muchos años que para nadie es un misterio que la zona norte del país presenta diversos y peligrosos niveles de contaminación que ponen en riesgo la salud de la población, en especial de los niños que se ven afectados por esta grave situación. En este Congreso muchos saben que la ciudad de Arica tiene alarmantes niveles de contaminación por plomo, lo cual ha sido reconocido, incluso, por las más altas autoridades de salud.
La presencia de plomo en nuestra ciudad obedece claramente a decisiones de gobierno que se arrastran desde la firma de tratados con Bolivia, que se mantienen hasta estos días, y que no previeron el enorme daño que provocarían a la población ariqueña.
Los acopios de plomo que existían en los terrenos de la ex maestranza de Arica, sin ningún tratamiento de seguridad, y sus posteriores traslados a otros sectores, han provocado que estas sustancias se encuentren en casi todos los sectores de la ciudad, contaminando y perjudicando directamente a nuestros habitantes.
No quiero entregar cifras y datos técnicos, ya que fueron analizados y discutidos latamente en la Comisión, llegándose a la conclusión de que la contaminación por plomo, tanto en la población como en el suelo, es cierta, real y efectiva.
En estos momentos nadie puede desconocer que hay una enorme cantidad de personas con altos niveles de plomo en su cuerpo, como muy bien lo ha manifestado el doctor Cornejo , diputado informante de la Comisión Especial Investigadora. La doctora Michelle Bachelet visitó la zona y ordenó efectuar exámenes a los niños, los que arrojaron presencia de plomo en su sangre, por lo que resulta indesmentible la grave contaminación que han sufrido los ariqueños. Lamentablemente, se ha demostrado que esos exámenes no son concordantes con los que efectuó el Ministerio de Salud en Arica, lo cual es gravísimo.
Se prometió entregar más alimentación y efectuar nuevos exámenes, pero hasta el momento no se han realizado nuevos exámenes a la población que determinen, efectivamente, cuál es su nivel de contaminación por plomo.
Debo dejar en claro que en esta situación hay que reconocer dos fuentes contaminantes. En primer lugar, los acopios de plomo, que estaban en tránsito desde y hacia Bolivia, que se dejaban y se dejan, hasta hoy, sin ninguna seguridad ni resguardo en los sitios del puerto de Arica.
Hace quince días llegó a Arica una delegación del estado de Mato Grosso, encabezada por su gobernador, y compuesta por parlamentarios, altas autoridades y 125 empresarios. En esa ocasión, pudimos comprobar en el mismo puerto que los acopios de minerales -nos dijeron que habían sido trasladados- todavía permanecían allí contaminando toda la ciudad, ya que se diseminan. La segunda fuente de contaminación la constituyen los acopios de supuestos “barros” traídos desde Suecia por una empresa ariqueña con el pretexto de reutilizarlos para sacar minerales como oro u otros, los cuales estaban ubicados en terrenos que actualmente deslindan con sectores habitacionales. Es imposible creer que la municipalidad de la época haya permitido la construcción de poblaciones en esos lugares, donde todo el mundo sabía que había acopio de materiales contaminados. Las autoridades de salud sabían que allí había contaminación por plomo y otros elementos. Este es el nefasto panorama que han debido afrontar los ariqueños, ya que pese a todas las gestiones realizadas para descontaminar la población, limpiar los terrenos y controlar sus graves secuelas, hasta el día de hoy no existen medidas compensatorias para una ciudad que fue contaminada por la negligencia y desidia de algunos que no trepidaron en obtener beneficios con esta situación. Incluso, se creó una comisión investigadora para tal objeto.
Hoy reclamo para la ciudad de Arica, para su población y para todos quienes han sido perjudicados por la notable negligencia en el tratamiento de estos hechos, una acción reparatoria por parte del Gobierno, ya que han existido acciones de Estado que perjudicaron a miles de víctimas inocentes. Por derecho y justicia, así como han existido para otras situaciones, se deben entregar compensaciones, monetarias o paliativas a todos quienes tienen contaminado su cuerpo. También exigimos lo indicado en el informe.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
¿Me permite, señora diputada? La Sala acordó otorgar cinco minutos a cada diputado para su intervención. Le pido que redondee la idea, pues ha concluido su tiempo.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, la gente de Arica necesita una compensación por haber sido contaminada por estos elementos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención saludando y recordando a modestos pobladores de Arica, a sus hijos, a las mujeres y hombres que han sido afectados durante muchos años por la irresponsabilidad criminal de la empresa ariqueña Promel , de la empresa transnacional sueca Bolliden Metal ; por la desidia e irresponsabilidad y, por qué no decirlo, por el interés económico de las autoridades de la década del ‘80, que permitieron que se produjera esta grave situación.
Quiero hablar en nombre de los habitantes de las poblaciones Los Industriales, de Cerro Chuño, de Villa El Solar, de Villa Los Laureles, de Villa Amanecer, de Arica. Asimismo, reconocer y agradecer la labor desarrollada por la ONG Serpaj, porque con su trabajo persistente y permanente permitió que se generara conciencia sobre este grave delito contra la salud humana, que había pasado inadvertido.
Hay que destacar también el mérito que tiene haber traído este tema al Congreso Nacional, porque lo sacó del ámbito local para transformarlo en un problema nacional, pues ha quedado claro que, en definitiva, sólo era la punta del iceberg, ya que en la década de los años ochenta -hay que decirlo- el norte chileno y el desierto del Norte Grande se convirtieron en basureros de residuos tóxicos traídos de los países industrializados, tal como ocurre con el más modesto país africano. Se traficó basura tóxica a cambio de beneficios económicos, así de sencillo, lo que afectó la vida de miles de modestos pobladores.
Quiero reflexionar sobre un hecho. ¿Quién traslada 21 millones de kilos desde Suecia en catorce embarques por mar, entre los años 1984 y 1989, pagando flete por ello, para abandonarlos en un sitio de Bienes Nacionales en Arica?
Hubo coimas. Se pagó mucho dinero para internar esta basura que afectó la salud de la gente de Arica.
La Comisión que investigó estos hechos, que me correspondió presidir, recogió antecedentes y testimonios de diversos servicios públicos, por lo que podemos aseverar que hubo una negligencia sospechosa de funcionarios de organismos como el Servicio Nacional de Aduanas y el ISP, Instituto de Salud Pública, que no efectuaron los estudios y exámenes técnicos que se requerían para autorizar esa internación.
Después, también sospechosamente, se permitió que la empresa Promel , que internó los materiales al país, los depositara y abandonara en un terreno fiscal -de Bienes Nacionales-, el sitio F, ubicado frente a las poblaciones Los Industriales y Cerro Chuño de Arica. Sin duda, hubo concomitancia entre funcionarios públicos y empresarios privados para cometer un acto criminal. Hay que decir también que hubo una evidente irresponsabilidad en el Ministerio de Vivienda, porque en la década de los noventa autorizó la construcción de viviendas sociales alrededor de esta basura, sin los permisos municipales, sin recepción final, sin fiscalizar la calidad de las casas entregadas, por lo que, posteriormente -cuando la gente ya llevaba siete años habitando en el sector-, hubo que regularizar su situación. Aun cuando a esta situación se la ha identificado como contaminación por plomo, curiosamente, los informes del ISP establecen que esa basura tóxica contiene, además de una enorme cantidad de plomo, un alto porcentaje de mercurio, cadmio y arsénico. Se han hecho estudios respecto de cómo el plomo afecta a la vida humana, pero no del daño que provoca este verdadero cóctel de veneno en la sangre de un niño, de una persona.
Termino mi intervención agradeciendo a los integrantes de la Comisión que participaron activamente en la investigación, a los organismos que nos entregaron antecedentes y a los diputados que viajaron a Arica para verificar en terreno la gravedad de la situación. En nombre de los modestos pobladores de los sectores mencionados, solicito a la Cámara la aprobación de este informe, por unanimidad, y al Presidente de la República, don Ricardo Lagos , la implementación de las medidas que la Comisión propone.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, quiero complementar el informe que entregara al comienzo. Si bien estoy muy de acuerdo con las intervenciones de mis colegas diputados de Arica, señora Rosa González y señor Iván Paredes , debo señalar que se cometieron arbitrariedades y atropellos a la normativa realmente inauditos, como pocas veces se ha visto en nuestro país, como otros que se vieron durante la época del gobierno militar, cuando se internaron esos materiales. En efecto, su ingreso se efectuó entre 1984 y 1989. Es evidente la infracción a la normativa vigente en esos años, porque después hubo otra legislación que felizmente protege mucho más a la población. Por ejemplo, la ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el convenio de Basilea, que regula el tráfico de sustancias tóxicas de un país a otro.
Sin embargo, lo que me parece inaudito es que hoy todavía esté ese material a cuatro kilómetros de la ciudad de Arica. Es decir, hay un trozo del territorio de nuestro país que es un basurero de sustancias tóxicas, cercado por un muro perimetral, con una puerta metálica de acceso, cerrado con un candado. No sé para qué existe ese portón, porque el lugar debería estar totalmente sellado.
¿Qué hacemos con esos productos tóxicos? ¿Los vamos a seguir manteniendo en nuestro país? ¿Van a ser destruidos? Se ha planteado, incluso, su devolución a Suecia, porque tiene responsabilidad en lo ocurrido, es decir, hay un tema de carácter internacional. Por lo tanto, suscribo plenamente el informe y coincido con el diputado Paredes en que debe ser aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, me sumo a la preocupación de los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra.
Quienes hemos sufrido en forma directa la contaminación por plomo, como ocurrió en la Segunda Región, donde el daño fue mucho mayor que en Arica, valoramos el trabajo realizado por la Comisión Investigadora. Lo sucedido debe motivarnos a establecer normas aplicables a futuro, porque el daño ya se ha producido. Tenemos que asumir la responsabilidad y no mirar al pasado para decir que fue en el gobierno militar o en determinado año.
Ocurrieron situaciones lamentables que esperamos no se repitan. Por ejemplo, como se dijo en su minuto, la empresa Promel engañó a la autoridad porque informó que se trataba de material para reciclaje. Aduanas debe certificar la llegada de embarques, y si no tiene la capacidad para determinar si algún material que va a ingresar a nuestro país es tóxico o no, tiene que pedir los informes correspondientes a las autoridades respectivas.
Por lo tanto, nos sumamos a la preocupación por las diversas irregularidades. Incluso, el Instituto de Salud Pública calificó el material como no tóxico, y entregó esa información al servicio de salud de Arica. Además, se generaron otros problemas. Se ocupó ese terreno para construir casas y hoy, después del daño producido, se denuncian estas situaciones bastante complejas. Debemos buscar la fórmula para que los niños contaminados con plomo reciban un beneficio real.
Por otro lado, debemos trabajar para que el Instituto de Salud Pública, los servicios de salud regionales y Aduanas se coordinen cuando deba ser investigado un producto que se pretende internar, especialmente si se trata de materiales que en otros países son basura y se traen con la justificación de que aquí se vienen a reciclar.
En el aspecto sanitario, es importante buscar la forma cómo instalar vertederos para residuos peligrosos o tóxicos, que no existen en regiones, lo que implica que, por ejemplo, grandes empresas mineras de Antofagasta tienen que transportar a Santiago muchos de sus materiales para que sean procesados. Entonces, ¿por qué no dar la posibilidad de que los privados establezcan en las regiones estos vertederos de residuos tóxicos o peligrosos para que sean manejados de acuerdo con las normas nacionales e internacionales?
Por lo tanto, sólo me resta señalar que se deben buscar algunas soluciones inmediatas. Por ejemplo, el Serviu de Arica podría llevar a cabo un programa de limpieza y pavimentación especial del sector donde se construyó la población Chuño . Además, como decía el diputado Cornejo , ver la posibilidad de prohibir el acceso al lugar donde están depositados los residuos y tomar las medidas de seguridad para que no ingrese cualquier persona. Si bien tiene un cierre perimetral, no tiene la cobertura que quisiéramos.
Tal como lo han anunciado los diputados que participaron en esta Comisión Investigadora, nos sumamos al voto favorable de este informe para que el Gobierno asuma la responsabilidad de buscar alguna alternativa de solución para la gente de Arica.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, voy a comenzar mi intervención lamentando la premura con que se está analizando este informe. Media hora no sólo es un lapso muy limitado para escuchar el informe propiamente tal, sino que, además, para ahondar en algunos puntos que son, en mi opinión, tremendamente importantes. Es evidente que la existencia de la Comisión Investigadora se justificaba y el arduo trabajo durante más de un año se ha visto coronado por el enunciado de las conclusiones y proposiciones que la Sala ha conocido. Pero no puedo dejar pasar lo aseverado por algunos distinguidos colegas en esta Sala, quienes han tratado de magnificar la participación, por ejemplo, de los entes empresariales en lo sucedido en Arica. En verdad, todo ello se hizo bajo la mirada de las autoridades estatales y municipales.
Tampoco puedo dejar pasar lo afirmado en cuanto a que esto sucedió durante el gobierno militar, pues en la década del 90 ya no existía dicho régimen y se seguían construyendo poblaciones en sitios no aptos para ello, las que fueron inauguradas por autoridades de la época -algunas de ellas hoy en el Congreso-, quienes tenían facultades para haber suspendido no sólo la construcción sino también la habilitación de esas viviendas. De tal manera que no se venga acá a sacar provecho político de un hecho concreto y cierto, comprobado por la Comisión. Es efectivo lo que se ha aseverado en el sentido de que a lo mejor hubo coimas: no lo digo yo, sino gente de Arica; es efectivo que hubo irresponsabilidad evidente del Estado, de los diferentes ministerios; es efectivo que hubo absoluta irresponsabilidad, porque las autoridades municipales de la época actuaron con negligencia. Todo eso es efectivo. Si hubiéramos contado con más tiempo, podríamos haber profundizado en nuestras aseveraciones.
No es efectivo que se engañó, a vista y paciencia de todas las autoridades, municipales y estatales, a la población de Arica. Incluso, podríamos decir que hubo organismos fiscales que hicieron el ridículo instruyendo sumarios relacionados con las construcciones, que ameritarían ser analizados en una sesión especial, porque contra lo que se atentó y se sigue atentando es contra la salud de la gente de más bajos recursos de Arica. La responsabilidad de las autoridades ya mencionadas quedó claramente demostrada en la Comisión, tal como lo expuso en detalle el diputado informante.
Respecto de las proposiciones de la Comisión, las comparto todas, y no podría ser de otra manera, ya que participamos y tuvimos una actuación personal, permanente y responsable en su elaboración. Sin embargo, deseo enfatizar un hecho que dice relación con la necesidad de dar tranquilidad a la población de Arica. Eso es lo más importante. Que quienes fueron y siguen siendo afectados sepan que esta Comisión no será una más. Así lo dijimos cuando concurrimos a Arica y ante una gran audiencia escuchamos los planteamientos de los vecinos, tal como ellos escucharon los nuestros.
Aquí se ha presentado un informe que, además, se pide que sea enviado al Presidente de la República, a fin de que arbitre las medidas tendientes a la materialización de las proposiciones contenidas en él. Ojalá que el Ejecutivo las acoja para que los afectados directos vean que sus problemas son solucionados y que esta Comisión de la Cámara está respondiendo a sus necesidades y, de paso, prestigiando el quehacer parlamentario, lo que contribuye a desvirtuar las críticas de que las comisiones especiales de la Cámara no sirven para nada.
He dicho.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, sólo para consultar si le resta tiempo al Comité de Renovación Nacional, porque tengo entendido que se habían asignado tiempos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, al comienzo de la sesión acordamos modificar el orden de la Tabla, a fin de tratar los dos informes y el proyecto, y otorgar cinco minutos por comité. En el caso de Renovación Nacional, éstos ya fueron ocupados por el diputado señor Bayo . Según lo acordado, el informe se votará al final del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).- Se ha registrado el pareo de la diputada señora Rosa González con el diputado señor Pedro Muñoz
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En votación el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar la grave contaminación por plomo que afecta a miles de personas en la ciudad de Arica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Álvarez , Ascencio , Barros, Bayo , Becker , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Forni , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía) , Hernández , Jaramillo , Kast , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Montes, Mora, Moreira , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don Víctor) , Prieto, Rojas , Saffirio , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Vargas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 458, DE 1975, LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN LO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. Tercer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3418-14, sesión 45ª, en 2 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, honorable Sala, invito a votar favorablemente las modificaciones del Senado al proyecto que modifica algunas normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, relativas a la calidad de la construcción, pues precisan algunas materias y no modifican los aspectos de fondo aprobados por la Cámara de Diputados. La discusión fue amplia y me parece recordar que su aprobación fue unánime. En primer lugar, el proyecto introduce cambios extraordinariamente importantes, que mejoran la redacción del texto de la ley, en cuanto a la calidad de la vivienda y a las responsabilidades.
En segundo lugar, se mantiene la protección a los consumidores, pero con más precisión; es decir, los primeros vendedores son los responsables ante los compradores.
En tercer lugar, se mejora el mercado de la construcción, estableciéndose claramente la responsabilidad empresarial, favoreciendo a aquellas empresas que hacen bien las cosas y sancionando en forma muy dura a aquellas que lo hacen mal. Al respecto, quiero poner especial énfasis en cuanto a que en una construcción la primera responsabilidad no es del fiscalizador, sino del que construye. En el peor de los casos, es compartida. En materia de modernización del desarrollo urbano, en primer lugar, se fortalece el rol urbano del municipio, eliminando una serie de mecanismos de revisión de aspectos relativos a la arquitectura, a la edificación y a la construcción, que tradicionalmente correspondían a las direcciones de obras. Ahora, se establece una diferencia importante entre la responsabilidad de los directores de obras y la de los profesionales proyectistas. La responsabilidad de los directores de obras queda concentrada en las obras en lo urbano, sobre todo, en las normas de impacto sobre la comunidad, denominadas normas urbanísticas, que están definidas en el proyecto.
En segundo lugar, se incentiva la modernización y el desarrollo urbano, la responsabilidad profesional y la autorregulación de los profesionales. Esta materia fue ampliamente discutida.
En tercer lugar, se desburocratizan los trámites en las direcciones de obras. Al respecto, de acuerdo con datos oficiales entregados por los empresarios, el país pierde 50 millones de dólares al año, debido al retraso en la aprobación municipal de los estudios de costos.
En cuanto a la responsabilidad profesional, algunos revisores de arquitectura han formulado observaciones, porque sienten que se les aumenta fuertemente su responsabilidad. Sí, así es, porque no es posible que un médico o un ingeniero sean responsables de lo que hacen y que, en cambio, el arquitecto descanse, simplemente, en lo que dice la dirección de obras. En la prensa aparecen comentarios sobre la materia, especialmente hoy que estamos discutiendo las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto.
Se fortalecen los mecanismos de reclamo ante la autoridad, estableciéndose un procedimiento explícito para reclamar ante los seremi de Vivienda y Urbanismo. Esto es muy importante porque, en la actualidad, las personas que solicitan permiso de edificación quedan sujetas a la exclusiva decisión de los directores de obras, y todos sabemos que, como en todas las cosas de la vida, de estos hay buenos y malos. Además, sus departamentos carecen de los recursos técnicos que requieren, no cuentan con financiamiento y, además, no existen formas concretas de reconsideración. El proyecto considera, incluso, la posibilidad de reclamar ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el no otorgamiento o dilación de determinado permiso.
Respecto de las modificaciones del Senado, en primer lugar, eliminó en el inciso primero del artículo 17, la frase “civil y penalmente”. Estimó innecesario hacer esta reiteración en la modificación del artículo 17, puesto que, de acuerdo con los informado por los juristas, en toda responsabilidad se aplica la regla general civil y penal. En segundo lugar, elimina, en los números 2 y 3, la innecesaria enumeración de los elementos de construcción incluidos en el proyecto de la Cámara, bases de pavimentos, pisos, fragües, revestimientos, pinturas, quincallería, griferías, etcétera. Como la tecnología esta variando a tal velocidad, no es necesario detallarlos, sino que basta con hablar de instalaciones y de obras. No es necesario abundar en esta materia, porque ya lo explicamos durante el primer trámite constitucional del proyecto. El Senado introdujo también una modificación, que considero extremadamente importante, al número 3), reemplazando el inciso final del artículo 20 por el siguiente: “Las acciones relativas a las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán al momento de la recepción de la obra por parte de la Dirección de Obras municipales.”.
¿Qué quiere decir esto? El artículo 20 del decreto con fuerza de ley vigente -que no modificamos en la Cámara; ni siquiera lo discutimos-, establece que dicha prescripción comenzará a regir luego de dos años, lo que resulta negativo para cualquier obra de construcción. ¿Por qué? Porque no se refiere a la prescripción de los reclamos que pueda hacer un comprador respecto de la inmobiliaria que le vendió, que está establecida en los artículos anteriores. Aquí estamos hablando de la posibilidad de reclamar por la aprobación del proyecto y su recepción, en cuanto a si cumplió o no con las normas dispuestas, no respecto de la calidad de la construcción. Este inciso se refiere a las acciones derivadas de infracciones a la ley, pero no tiene relación alguna con las responsabilidades civiles por la calidad de la construcción, contenidas en el artículo 18 del cuerpo legal, las cuales generan indemnizaciones.
Por ejemplo, sería muy grave llevar a cabo una construcción sin solicitar el permiso respectivo, lo que constituiría una infracción. La iniciativa dispone que cuando una dirección de obras municipales inspeccione una obra y otorgue el certificado de recepción final, prescribe toda acción de reclamo, porque es el organismo encargado de determinar si una obra está terminada. El Senado modificó el plazo de prescripción, estableciendo con claridad que para los efectos de los reclamos de los compradores rige el plazo establecido en el artículo 18, pero las objeciones relacionadas con el certificado de recepción final deben efectuarse previamente, de manera que después de emitido nadie podría decir al propietario de una vivienda que, por ejemplo, el acercamiento de la propiedad es muy pequeño, que la rasante es inadecuada o que no se cumplió con tal o cual norma municipal. Imagínense lo que significaría que después de que una persona obtuvo un crédito hipotecario y empezó a pagarlo, luego de un año y medio de escriturada la propiedad y emitido el certificado de recepción final, la dirección de obras municipales le diga que dicho certificado fue mal otorgado, porque hay algo que no se revisó bien. Eso no debe ocurrir. Entonces, ¿para qué existen las recepciones municipales?
El señor ASCENCIO (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Le resta un minuto y medio del tiempo de su segundo discurso.
El señor HALES.-
Respecto del número 4) del artículo único, el texto aprobado por la Cámara establecía un procedimiento especial en el caso de la construcción, ampliación y reparación de una sola vivienda, consistente en el registro de la obra.
El Senado lo cambió y optó por que se concedan los permisos de edificación o se recurra a los procedimientos especiales establecidos en la ley. Nos parece bien que sea así, porque se evita el caos que podría generarse en este plano.
En el inciso sexto, nuevo, el Senado intercaló el vocablo “cesiones” al listado de las normas urbanísticas. Respecto de la definición de dichas normas, que revisarán las direcciones de obras municipales, se señala que se entenderán por tales las contenidas en la ley General de Urbanismo y Construcciones, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, etcétera, pero no incluía las “cesiones”. Por lo tanto, la enmienda del Senado es positiva, porque el propio Gobierno reconoció que fue un error no haberlas incluido en el proyecto; en la Cámara tampoco nos dimos cuenta de ello.
En el número 5), en el inciso primero del artículo que se propone, el Senado reemplazó “construcción” por “edificación”, lo que me parece correcto, porque es más preciso, ya que el vocablo “construcción” es más amplio y abarca todo lo relacionado con el urbanismo.
Finalmente, se establece un plazo de diez días para que las direcciones de obras puedan reclamar, y en el inciso segundo de la letra b) se habla de “arquitecto”, en lugar de “arquitecto proyectista”.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, como no tenemos mayores discrepancias con las modificaciones introducidas por el Senado, vamos a concurrir con nuestros votos favorables para aprobarlas.
Sin embargo, por su intermedio, quiero consultar a la ministra señora Tschorne respecto de la supresión de las expresiones “civil y penalmente”, que propone el Senado en el número 1) del artículo único del texto aprobado por la Cámara, por el que se agrega, en el inciso primero del artículo 17, la siguiente frase: “quienes serán responsables civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias.”.
¿Obedece a que eso está establecido en otros cuerpos legales? Si fuera así, estimo conveniente que quede claro para la historia fidedigna de la ley, a fin de evitar futuras interpretaciones.
Si la respuesta de la ministra de Vivienda y Urbanismo es afirmativa, se deberían aprobar las modificaciones del Senado sin mayores trámites, con el objeto de que el proyecto no vaya a comisión mixta y se posibilite que sea promulgado y publicado como ley de la República a la brevedad.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra señora Sonia Tschorne .
La señora TSCHORNE, doña Sonia (ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, el artículo único introduce modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones. En el inciso primero de su artículo 17 agrega que los profesionales competentes responderán por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus competencias, para acotar las responsabilidades de cada uno. Pero, como para toda responsabilidad se aplica siempre la regla general civil y penal, no es conveniente hacer reiteraciones, pues podrían llevar a confusión. Por lo tanto, el Senado optó por este criterio.
Muchas gracias.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el diputado informante ha sido muy claro, pues lo que se pretende es continuar lo que se inició con las modificaciones de 1996 y 1997: buscar procedimientos que, por un lado, defiendan la ciudad -o sea, que aseguren que las normas se apliquen- y, por otro, agilizar y modernizar los procesos. La ley de 1996 aplica el concepto de que un Estado tiene que controlar todo, un Estado aduana, con la idea de autorregular a los actores, en este caso, las empresas inmobiliarias y sus profesionales. Pero aquellos que no cumplan con la ley deben ser fuertemente sancionados, porque en un sistema de autorregulación el rol del Estado es aleatorio: supervisar que se cumpla la normativa y ser muy duro con la sanción en caso contrario.
Esto corresponde a un Estado moderno, porque con el actual volumen de construcciones sería imposible pensar en el viejo Estado.
En el marco de ese debate surgió la propuesta de crear un registro de revisores independientes, lo que significa que el Estado, en este caso a través del municipio, entrega ciertas facultades a un ente privado revisor independiente, para que cumpla parte de las funciones que antes asumía el viejo Estado, dentro de un modelo de autorregulación. La figura del revisor independiente, en términos globales, desde que está en aplicación, ha dado buenos resultados. El problema se origina por la duplicidad de funciones con las direcciones de obras municipales. Para la inscripción de los revisores independientes se dictó un reglamento, de manera que éstos ejerzan sus funciones bajo ciertas normas de calidad y si no cumplen determinados requisitos, queden fuera del registro. En este marco, el rol del municipio, a través de las direcciones de obras, es de segunda instancia.
En la actualidad, se precisa la labor del revisor independiente respecto de las direcciones de obras, lo que encuentro tremendamente valioso, porque uno se preocupa más del ambiente urbano, y el otro de la construcción, es decir, se compatibiliza la defensa de la ciudad con la agilidad. Todo lo anterior me parece bien, pero no logro entender la posición de los senadores de la UDI de pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de las normas para el registro de los revisores independientes. Por lo tanto, ellos sostienen que hay que eliminar dicho registro para que todos quienes cumplan determinados requisitos puedan desempeñarse como revisores independientes.
Lo que hace el Estado es entregar ciertas facultades para que algunas funciones las hagan privados, en este caso, revisores independientes contratados por quienes hacen las obras.
Lo que se busca es defender a la sociedad, por la vía de que quienes cumplen estas labores sean personas calificadas, no cualquiera, y haya cierto procedimiento de acceso y también de seguimiento para detectar la presencia de irregularidades o infracciones, de manera que sirva como antecedente para las empresas que quieran contratarlos.
No voy a entrar en el aspecto jurídico porque no lo he estudiado en detalle, pero el requerimiento que hace el senador Bombal , entre otros, apunta a terminar con todo tipo de registros, no sólo con éste, sino también con los que se han creado en virtud de decretos.
No entiendo cómo el Senado, primero, aprueba por unanimidad el proyecto, y luego hace la presentación al Tribunal Constitucional. No parece consistente ni serio que un organismo político primero haga una cosa y luego otra.
En todo caso, es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto del requerimiento del Senado. Si el registro se declarara inconstitucional, ello significaría que estarían cuestionados todos los otros registros, en general; pero en este caso específico significaría que el registro que existe actualmente, que es mucho más limitado, seguiría aplicándose en los mismos términos anteriores. O sea, hay una inconsistencia en la presentación al Tribunal Constitucional. Quiero pronunciarme sobre dos materias más específicas que aborda el proyecto. La iniciativa señala que las acciones relativas a infracciones prescriben en el momento que hay recepción final de la respectiva dirección de obras municipales.
Esto me parece bien, siempre y cuando opere lo señalado por la ministra, en el sentido de que el director de obras que tiene antecedentes para aplicar una infracción y no la aplica debe ser fuertemente sancionado. Está bien que prescriban las acciones en el momento de la recepción de la obra por parte de la dirección de obras municipales respectiva, pero el director de obras debe ser fuertemente sancionado si es negligente, ya sea por omisión u otras causas, al momento de aplicar la infracción. Es decir, el director de obras debe ser el defensor de la ciudad. Se le entrega más autorregulación a los privados, y eso está bien, de acuerdo con la modernidad, pero supone la existencia de una dirección de obras municipales que cumpla sus funciones.
Por lo tanto, ante cualquier antecedente de infracción, ya sea que afecte al revisor independiente o al profesional a cargo del proyecto, debe haber una sanción, ya que si las acciones prescribirán en el momento de la recepción de la obra por parte de la dirección de obras municipales del caso, ello podría prestarse para todo tipo de dificultades.
Otra cosa que no me convence en absoluto de lo obrado por el Senado, pero que igual vamos a aprobar porque creemos importante que el proyecto avance, es el procedimiento especial en los casos de una sola vivienda, sea ampliación o construcción, pues constituye la mayor carga de trabajo de las direcciones de obras municipales. Se trata de casas individuales construidas, ampliadas o modificadas, cuyos expedientes llegan a la respectiva dirección de obras municipales y significan una enorme carga de trabajo.
En la ley de 1997, se dispone que la respectiva dirección de obras municipales o el arquitecto serán los encargados de las casas individuales construidas, ampliadas o modificadas. Pero con el procedimiento especial, se espera que la responsabilidad recaiga plenamente en un arquitecto, de tal forma que con su firma sea el responsable. Hoy, el arquitecto hace un proyecto para una familia, ya sea de construcción, ampliación o reparación, pero si no cumple las normas, los índices de constructibilidad u otras, no es aprobado o recepcionado. Por lo tanto, debe existir una responsabilidad de ese profesional. De eso trata el procedimiento especial.
Los asesores de la ministra de Vivienda me han dicho que la ley permite excepciones en la ordenanza general y que la voluntad del Ministerio es establecer en ella el procedimiento especial en el caso de la construcción, ampliación y reparación de una sola vivienda, de modo que baste el informe del arquitecto para recepcionar el proyecto en la dirección de obras municipales respectiva, la cual tendrá un rol fundamentalmente ex post para ver si se cumplen o no las normas y sancionar ex post, después de control, para que el sistema tenga más fluidez. La realidad de hoy es que en la mayoría de las construcciones de viviendas individuales ni siquiera se presentan los antecedentes a las direcciones de obras municipales y los arquitectos reciben sus honorarios sin cumplir su función fundamental. De más está decir que las viviendas sociales, las casas individuales, las casas PET, las casas de vivienda básica son entregadas en una situación tal, que es imposible que cumplan las normas de la ley de Urbanismo y Construcciones, porque ocupan todo el terreno. Creemos que los municipios, a propuesta del alcalde, con informe técnico de las direcciones de obras, deben posibilitar una especie de “ley del mono” para el conjunto de una población -no edificios-, pues existe gran irregularidad. La idea de la última “ley del mono” era permitir mayor regularización, pero no ha sido así porque no hubo campaña educativa y el Ministerio ha construido casas que no se ajustan a las normas de urbanismo. Por lo tanto, debe pensarse en una “ley del mono” particular y especial, según las condiciones de cada caso.
Vamos a votar a favor las modificaciones del Senado, reiterando que cuestionamos el fundamento de la presentación al Tribunal Constitucional por parte de los senadores de la UDI. Lamentamos que los argumentos no se expusieran en el Congreso. Hay inconsistencia entre lo que se ha votado y ese requerimiento. Esperamos que el Tribunal Constitucional entienda que no tiene mayores fundamentos. En todo caso, de acogerlo, significa que queda la norma actual para hacer el registro y para que los revisores independientes cumplan sus roles.
Nos interesa que se sancione con mucha fuerza -y que quede claro en la ordenanza- a los directores de obras si se descubren infracciones después de la prescripción, frente a las cuales fueron negligentes. La prescripción es para quien construye, no para el director de obras municipales.
Reitero que quede en la ordenanza el procedimiento especial para una sola vivienda, de manera muy explícita, a fin de modernizar las direcciones de obras municipales.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, anuncio que vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado.
Es un proyecto relevante que busca garantizar una mejor construcción y agilizar los procedimientos en la gestión inmobiliaria. Si se analizan las distintas modificaciones que hizo el Senado, diría que van por el camino formal, salvo la que establece el numeral 3), que sustituye el inciso final del artículo 20, en el sentido de que prescriban las acciones relativas a las infracciones al momento de la recepción de la obra por parte de la dirección de obras municipales. El artículo 20, tal como lo planteaba el diputado señor Hales , se refiere a las normas generales de construcción y las ordenanzas municipales, y cuando la dirección de obras municipales recibe una obra, es dable entender que ha habido una revisión exhaustiva de todas y cada una de las normas generales de la ley y de las ordenanzas. Me parece obvio -está establecido- que si un director de obra recepciona una construcción y no cumple con la ley General de Urbanismo y Construcciones o con las ordenanzas, asume claramente, una responsabilidad administrativa, porque, en su ejercicio funcionario ha trasgredido normas expresas que debe cautelar.
También la modificación del Senado para suprimir la frase “civil y penalmente”, en el número 1 del artículo único, apunta en el sentido correcto. No es necesario que en cada ley, norma o artículo se establezca, por cuanto, de acuerdo con las reglas generales, siempre alguien que transgreda una determinada normativa legal, queda sujeto a las responsabilidades civiles y penales. Por lo tanto, después del trabajo realizado, debemos esperar que este proyecto de ley sea un instrumento que sirva para elevar la calidad de la vivienda y mejorar los procedimientos en los procesos de construcción.
Asimismo, esperamos que no vuelva a suceder que se construyan en forma deficiente más de 60 mil viviendas en malas condiciones y no exista ninguna demanda del Ministerio de Vivienda al respecto. Existen instrumentos, pero hasta ahora -lo ha constatado nuestra Comisión de Vivienda- no hemos recibido ninguna explicación razonable de por qué el Ministerio de Vivienda no ha demandado a ninguna empresa de las responsables del pésimo estado de construcción de las viviendas. Para eso son estas normas; para hacer responsable a quienes diseñan y construyen. No es posible que, con fondos públicos, se construyan viviendas defectuosas para los sectores más modestos y no se apliquen las normas. A lo mejor, se podrá argumentar que no estaba vigente la ley de calidad de la construcción, pero sí las normas generales que permiten igualmente llevar ante los tribunales a quienes construyen viviendas de mala calidad, como se ha comprobado. Finalmente, no hay ninguna incoherencia en las presentaciones al Tribunal Constitucional. Las discusiones sobre un determinado proyecto de ley en la Cámara o en el Senado, sin duda, tienen implicancias de carácter político. Ahora se recurre al Tribunal Constitucional por aspectos técnicos. Esa diferencia, al parecer, no la entendió el diputado señor Montes y, por lo tanto, no se pude acusar de incoherentes a quienes acuden a dicho Tribunal para superar deficiencias de carácter técnico o jurídico para mejor esclarecimiento de las leyes.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, la mayoría de las modificaciones del Senado -como se ha dicho- son más bien formales, pero la que no nos parece formal es la del inciso final del artículo 20 que dio a conocer el diputado Montes, pero con la tranquilidad de la aceptación. La colega Laura Soto , asesora jurídica de mi bancada, me decía que, según ese artículo, al momento de la recepción de la obra, dejaríamos impunes infracciones a la Ordenanza General de Urbanismo de Construcciones. El funcionario podrá tener las penas del infierno, pero la construcción quedará con el defecto o falla. Lo correcto sería disponer que el plazo de prescripción comience a partir de ese momento, pero no en los términos en que está redactado, que no compartimos.
Señor Presidente, quiero ceder el resto de mi tiempo a la colega Laura Soto a fin de que explique, desde el punto de vista jurídico -repito-, el hecho de que, recibida una obra, de inmediato se termine toda responsabilidad.
No estoy de acuerdo con la redacción del inciso final del artículo 20.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
No obstante que la señora Laura Soto está inscrita para intervenir, accedo a la solicitud del diputado señor Jaramillo .
Tiene la palabra la señora diputada.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, nos preocupa esta modificación, porque consideramos que cuando un director de obras sea negligente, vulnerará el derecho de propiedad y eso puede tener muchas consecuencias en el futuro.
Nos parece un contrasentido que se prescriban las acciones al momento de la recepción. ¿Qué ocurre si después se descubre que hubo una omisión o negligencia? Creo que no basta con decir: “Mire, vamos a sancionar al director de obras”, porque, como muy bien señaló el diputado Montes, el citado funcionario es como el defensor de la ciudad, pero también el defensor particular de cada adquirente, de cada dueño, particularmente de los más modestos. Entonces, queremos cubrir íntegramente eso con decir que las acciones no prescriban en ese momento, que no termine el derecho a reclamación con la recepción. Por lo tanto, pido que este inciso se vote en forma separada, para que quede constancia de esto en la historia de la ley.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Señora diputada, se tomó nota de su petición.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, este proyecto que modifica normas de la ley general de Urbanismo y Construcciones es muy importante, más aún cuando quienes formamos parte de la Comisión de Vivienda hemos sido testigos de los problemas que, a lo largo del país, se han presentado en poblaciones como consecuencia, en la gran mayoría de los casos, de malas construcciones estructurales.
Por este proyecto se pretende perfeccionar las normas sobre la calidad de la construcción de la ley general de Urbanismo y Construcciones, a mi juicio, a través de tres objetivos centrales: primero, facilitar la comprensión y aplicación de la misma; segundo, establecer plazos diferenciados de prescripción, de acuerdo con el tipo de falla o defecto de la construcción y la duración prevista de los insumos utilizados, y tercero, establecer diferentes competencias y responsabilidades de los directores de obras municipales y de los revisores independientes. Para materializar la idea matriz de la iniciativa se proponen modificaciones en varios aspectos.
Consideramos importante, por ejemplo, la limitación de responsabilidad del propietario primer vendedor para que, como ocurre hoy, no le sean imputables los defectos o fallas que se presenten con ocasión de trabajos de adecuación, ampliación o transformación efectuados en la propiedad con posterioridad a la fecha señalada en la escritura de compraventa del inmueble. Se precisa también que las causas a que dieren lugar las acciones para hacer efectivas las responsabilidades del propietario primer vendedor serán de competencia de los jueces de letras correspondientes. Asimismo, se establecen diferentes plazos de prescripción.
Sin embargo, la primera enmienda del Senado recae sobre la norma que alude a los profesionales de la construcción en materia de responsabilidad.
La Cámara de Diputados había agregado la frase “quienes serán responsables civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias.”. A su vez, el Senado suprimió la expresión “civil y penalmente” y señaló que la responsabilidad penal existe con prescindencia de la referencia a esta norma y la regla general es que las personas sean responsables en el ámbito de lo civil -lo cual aceptamos-, de modo que la modificación resulta intrascendente.
En materia de plazos diferenciados de prescripción, respecto del de cinco años, el Senado eliminó, por intrascendentes, las referencias ejemplares en relación con las fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones.
La misma modificación realizó en lo referente a la prescripción de tres años. Pero nos preocupa -esperamos que la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Sonia Tschorne , aclare este tema con posterioridad a nuestras intervenciones- la introducción por el Senado de una norma modificatoria que contraría todo el sistema de prescripciones -recientemente se refirieron a ella la diputada Laura Soto y el diputado Enrique Jaramillo - al reemplazar el inciso final del artículo 20 por el siguiente: “Las acciones relativas a las infracciones a que se refiere este artículo, prescribirán al momento de la recepción de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales.”. Creemos que lo correcto sería disponer que el plazo de prescripción comience a partir de ese momento. Es muy difícil aprobar esa norma en los términos en que está redactada. Por lo tanto, me sumo a la idea de la diputada Laura Soto , en el sentido de que ese artículo, al menos, sea votado en forma separada.
Felicito a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo y a los funcionarios de dicha cartera, quienes trabajaron permanentemente en el estudio de este proyecto en la Comisión de Vivienda de esta Cámara. Fueron largos meses de discusión y análisis, durante los cuales recibimos a muchos actores que nos plantearon mejorías a las normas de la ley general de Urbanismo y Construcciones, que son necesarias para la protección de los usuarios en el ámbito de las viviendas públicas.
Vamos a votar a favor del proyecto, con excepción del artículo señalado, respecto del cual esperamos una clarificación por parte de la señora ministra.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En votación las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción, con excepción de la número 3), respecto de la cual se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Álvarez , Ascencio , Barros, Bayo , Becker , Correa, Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Montes, Mora, Moreira , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don Víctor) , Prieto, Rojas , Saffirio , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Vargas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En votación la modificación del Senado al número 3).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Álvarez , Ascencio , Barros, Bayo , Becker , Correa, Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Forni , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Montes, Mora, Moreira , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don Víctor) , Prieto, Rojas , Saffirio , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Vargas , Vidal (doña Ximena) y Von Mühlenbrock .
-Se abstuvieron los diputados señores: Espinoza , Jaramillo , Soto ( doña Laura ) y Villouta .
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE ANÁLISIS DE LA ACTUAL NORMATIVA SANITARIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Salud relativo al análisis de la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos. Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Marcelo Forni .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 18ª, en 21 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, la Comisión de Salud se constituyó en Comisión Investigadora para efectos de analizar la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, en virtud de la aprobación del proyecto de acuerdo Nº 354, suscrito por todos los diputados de la Comisión de Salud, que la mandató para que, en calidad de Especial, analizará la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, particularmente de las disposiciones que regulan su preparación embotellado, envasado, rotulación, publicidad y comercialización, y estudiara la factibilidad de adecuar la legislación a los estándares internacionales en esta materia.
La Comisión Especial estuvo integrada por todos los miembros de la Comisión de Salud y ante ella concurrieron a exponer el gerente general de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), señor Jaime Gatica ; el director señor Rodrigo Wood , y los asesores jurídicos señora Claudia Manríquez y señor Manuel Melero ; la directora del Sesma, doctora Soledad Ubilla , y la asesora jurídica señora Purificación Pérez ; el representante del Ministerio de Salud, Departamento de Salud Ambiental (Alimentos de Consumo Humano), señor Hugo Schenone Cabrera ; el subdirector de Salud Ambiental del Servicio de Salud de la VI Región, señor Roberto Bravo Méndez ; la presidenta de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, doctora Julieta Klaassen Lobos ; el profesor del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), señor Romilio Espejo Torres ; el coordinador de la
Campaña de Ingeniería Genética, Área Transgénicos de Greenpeace, señor Juan Carlos Cuchacovich Rider ; el gerente general de Comercial e Industrial Hochschild S.A., señor Hernán Hochschild Alessandri ; la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, doctora Cecilia Castillo Lancellotti y la presidenta de Rari Cola S.A., señora Myriam Lama J. Al tenor de todas las opiniones y antecedentes aducidos durante la investigación, la Comisión de Salud acordó formular las siguientes conclusiones y propuestas:
a)Que, si bien se ha constatado que existe una abundante normativa sanitaria en materia alimentaria, compuesta por un número importante de leyes, reglamentos y resoluciones ministeriales, es evidente que, no obstante ello y el esfuerzo de las autoridades por revisar y actualizar sus disposiciones, éstas muchas veces aparecen como insuficientes para enfrentar los nuevos desafíos que impone el mercado alimentario. Al amparo de esta normativa se desarrolla la dura competencia entre las empresas del sector. Incluso algunas de ellas, aprovechándose de la amplitud y de la falta de precisión de los preceptos, pueden ingresar al mercado y competir en él con productos de discutible calidad alimentaria y nutricional o no ajustándose a cabalidad a la normativa sanitaria.
Prácticamente todos los invitados coincidieron en la necesidad de perfeccionar la reglamentación en distintos aspectos, a saber: la información que debe recibir el cliente sobre el producto, particularmente de su composición nutricional, beneficios y riesgos; la claridad e inteligibilidad del rotulado; la calidad de los envases, y muchos otros temas que hoy, al no estar adecuadamente regulados, permiten la fabricación y comercialización de productos riesgosos para la salud.
En relación con este punto, la Comisión estima conveniente la creación de instancias interministeriales que posibiliten una revisión permanente, exhaustiva y expedita de la normativa alimentaria, con participación de todos los sectores vinculados a ella, a fin de hacer frente adecuadamente a los desafíos que presentan los avances científicos y tecnológicos en esta materia.
Por último, en lo concerniente a este punto, otro aspecto debatido se refiere a la necesidad de homogeneizar la abundante normativa sanitaria en materia alimentaria. En este sentido, se recibió información respecto de una iniciativa en marcha, encabezada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que perseguiría ese objetivo. Esta instancia legislativa apoya esta iniciativa y solicita al Gobierno mayores antecedentes sobre el estado de avance de este proyecto.
b)Que una adecuada legislación, en los tér-minos expuestos, debe ser complementada con la existencia de un procedimiento único, de nivel nacional, que establezca criterios y estándares objetivos para la autorización de funcionamiento y fiscalización de los establecimientos que elaboran alimentos. Ello fue reconocido por los distintos invitados y, por lo demás, resulta fácil de verificar. Bajo una misma normativa, es posible que se autorice el funcionamiento de fábricas de alimentos con los más diversos estándares de calidad. Esta situación ha causado incertidumbre, no sólo acerca de la eficiencia y eficacia de la normativa, sino también acerca de su correcta y homogénea aplicación por parte de los fiscalizadores.
Lamentablemente, esta disparidad de criterios es evidente, no sólo entre los fiscalizadores de un mismo servicio de salud, sino que también es patente al comparar, en número y rigurosidad, las fiscalizaciones realizadas en los diferentes servicios de salud del país.
Si bien se espera que el proyecto de ley sobre autoridad sanitaria, aprobado recientemente por el Congreso Nacional, contribuya a clarificar las competencias, mejorar la gestión y unificar los criterios, parece fundamental avanzar en la elaboración de algunos mecanismos que permitan contribuir a estos objetivos. Para estos efectos, las personas que concurrieron formularon interesantes ideas, que pueden ser aplicadas con brevedad, sin necesidad de ley. Entre ellas, se ha mencionado el establecimiento de una ficha única para la autorización de funcionamiento y el control de una empresa de alimentos y de otra para ser utilizada en la fiscalización del cumplimiento de la normativa sanitaria. En este instrumento deberían quedar plasmados los requisitos necesarios para observar buenas prácticas de manufactura, basadas en un sistema de seguridad alimentaria internacionalmente reconocido. En esta materia, es recomendable que los servicios de salud emitan, apliquen y hagan aplicable a las empresas elaboradoras y distribuidoras de alimentos un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que, respondiendo a los parámetros y estándares internacionales, haga posible homogeneizar los procedimientos y el funcionamiento de las mismas.
Esto permitiría evitar los problemas que se presentan en la actualidad, unificar y objetivar los parámetros, estándares y criterios que se exigen tanto para el otorgamiento de la autorización como para el posterior funcionamiento.
c)Que, por otra parte, específicamente en conexión con las bebidas refrescantes, que es el producto que motivó esta investigación, y considerando la existencia de un alto número de fuentes termales en nuestro país y la importancia del agua mineral para los consumidores, resulta relevante la información recibida sobre el incumplimiento por parte de algunas empresas del Reglamento de Aguas Minerales, particularmente de su artículo 42, que contiene el principio internacionalmente reconocido de “una fuente, una marca”. Lo anterior da cuenta de la conveniencia de su reforzamiento, toda vez que este principio otorga a los consumidores la certeza del origen de la fuente de la cual emana el producto. Para garantizarlo, se hace necesario estudiar una modificación de la normativa reglamentaria, en el sentido de regular en forma indubitable la asociación de una fuente curativa a una marca comercial única y fijar, en forma expresa, la limitación, hoy existente en forma implícita, de que la marca asociada a la fuente sólo puede ser usada para el producto agua mineral. Finalmente, es preciso exigir que el nombre de la fuente sea siempre indicado en la rotulación. Asimismo, la Comisión estima esencial promover y fortalecer un trabajo de mayor coordinación entre los entes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y el Servicio Nacional del Consumidor, iniciando una campaña de información a la comunidad sobre sus derechos en esta materia y los procedimientos para hacerlos valer.
d)Que de la información recibida se puede deducir que las bebidas refrescantes son productos importantes en la “canasta familiar”, teniendo en cuenta su consumo por la población.
En consideración a lo expuesto, si bien es efectiva la afirmación técnica de las autoridades de salud de que se trata de “alimentos de bajo riesgo para la salud”, ello es cierto siempre que se trate de bebidas refrescantes elaboradas en fábricas que cuenten con condiciones sanitarias y de higiene adecuadas y que se distribuyan en envases apropiados para ser utilizados como recipientes de alimentos. Sin embargo, la Comisión considera que, siendo las bebidas productos relevantes en la “canasta familiar”, en caso de ser fabricadas por industrias elaboradoras que no dispongan de las condiciones sanitarias y de higiene necesarias y/o de ser distribuidas en envases inapropiados, pueden provocar problemas de real impacto sanitario.
e)La Comisión estima, asimismo, que con-tribuiría también al objetivo de un adecuado cumplimiento de la normativa sanitaria introducir modificaciones en el sumario sanitario. Sería conveniente incluir normas que permitieran perfeccionar la garantía constitucional del debido proceso y el principio de transparencia administrativa.
f)Que, según toda la información recopila-da, se verifica la necesidad de intensificar campañas educativas destinadas a que la población tenga plena conciencia de los efectos que pueden producir determinados alimentos en la salud.
g)Que esta Comisión especial ratifica la necesidad de garantizar la salud de las personas como una preocupación principal, lo que, en definitiva, exige:
-Dotar a las autoridades sanitarias de las facultades y atribuciones necesarias para velar por el fiel cumplimiento de la normativa; -Instar a las autoridades pertinentes para que perfeccionen los mecanismos de fiscalización y control en todo el proceso productivo y de comercialización, en pos de lograr criterios y procedimientos objetivos y homogéneos, y
-Revisar los estándares exigidos para la instalación y el funcionamiento de plantas elaboradoras, adecuando la normativa vigente, en especial el Código Sanitario y los reglamentos específicos, a las normas internacionales.
Cabe dejar constancia de que la Comisión acordó enviar copia de este informe a los ministros de Salud y de Economía, Fomento y Reconstrucción, al director del Inta y a todos quienes participaron en la investigación.
El informe fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión de Salud relativo al análisis de la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Álvarez , Ascencio , Barros, Bayo , Becker , Correa, Delmastro , Díaz , Dittborn , Encina , Espinoza , Forni , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jaramillo , Kast , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Montes, Mora, Moreira , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don Víctor) , Prieto, Rojas, Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Uriarte , Urrutia , Vargas , Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA VIGENCIA DE LAS LEYES NÚMEROS 18.348 Y 18.362, QUE CREAN LA CONAF PÚBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, RESPECTIVAMENTE.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 540, de los señores Navarro , Longton , Acorssi , Leal , Letelier, don Felipe ; Muñoz, don Pedro ; Meza y Ojeda , y de las señoras Vidal , doña Ximena , y Muñoz , doña Adriana “Considerando:
Que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector, nacida de una modificación de los estatutos de la antigua Corporación de Reforestación, mediante decreto supremo de 19 de abril de 1973 (publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año), bajo el Gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens, con el objetivo de ‘contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país’.
Que este organismo está dirigido por un director ejecutivo, quien tiene la misión de ‘garantizar a la sociedad el uso sostenible de los ecosistemas forestales y del patrimonio natural’, a través de la fiscalización del cumplimiento de la legislación forestal, la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), la utilización de instrumentos de fomento de la actividad forestal y la protección de los recursos forestales.
Que, actualmente, la Corporación Nacional Forestal tiene oficinas y agencias en todas las regiones y provincias del país, administra un total de noventa y cuatro predios, entre ‘reservas nacionales’, ‘parques nacionales’ y ‘monumentos naturales’, que suman 14,1 millones de hectáreas. Trabajan en ella más de mil ochocientas personas, las que se desempeñan como técnicos, administrativos y auxiliares en las labores de fomento de la actividad forestal, custodia de las áreas silvestres protegidas, prevención y combate de incendios forestales, educación ambiental, administración de la legislación forestal y supervisión en general.
Que, no obstante la actual naturaleza de la Conaf como órgano de derecho privado (corporación) le resta facultades legales y posibilidades reales de efectuar su acción con eficacia. De hecho, hoy en día esta institución se dedica a dos líneas de acción:
1.Lograr que los campesinos y los propietarios agrícolas vean la actividad forestal como una opción productiva rentable, al objeto de optimizar la comercialización y la industrialización de los productos del sector forestal con el máximo valor agregado.
2.Recuperar y proteger el patrimonio natural de Chile, minimizando el deterioro de los ecosistemas forestales.
Que la Conaf debería tener naturaleza pública y que su misión no habría de estar referida sólo a lo forestal y a la administración de las áreas silvestres protegidas, sino a la defensa de los recursos naturales renovables en general.
Que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), creado mediante la ley Nº 18.362, de 1984, corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado resguarda y maneja para lograr su conservación. Está formado por las siguientes categorías de manejo: ‘parques nacionales’, ‘reservas nacionales y monumentos naturales’. Actualmente, Chile cuenta con noventa y cuatro unidades distribuidas en treinta y un ‘parques nacionales’, cuarenta y ocho ‘reservas nacionales’ y quince ‘monumentos naturales’. En total, estas unidades cubren una superficie de catorce millones de hectáreas -el 19 por ciento del territorio nacional-, las que, en 2003, fueron visitadas por un millón ciento ochenta y siete mil cuatrocientas siete personas.
Que, a pesar de ello, la ley Nº 18.348, que crea la Conaf con personalidad jurídica de derecho público, no se encuentra vigente. O sea, en la actualidad, existe el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), pero sin un órgano público que lo administre.
Que esta debilidad y este vacío institucionales se han manifestado en casos concretos que han afectado la imagen nacional e internacional del Estado de Chile, debido a la ineficacia y a la falta de facultades y recursos públicos para la consecución de los objetivos ambientales y patrimoniales de la Conaf.
Que uno de ellos fue el caso denominado ´Tala ilegal del alerce’. Es sabido que el alerce, desde 1976, es ‘monumento natural’ y que su tala está prohibida. Es una de las especies más valoradas de los bosques autóctonos del sur de Chile, con un desarrollo milenario, por su lento crecimiento -de un milímetro al año-, y su madera es altamente resistente a las lluvias y a la humedad, por lo cual es codiciada para la construcción de viviendas de lujo.
Que, en una investigación, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo estableció que el alerce es traficado por tierra y por mar desde el sur de Chile hacia Santiago y también a los Estados Unidos de América y a Canadá. Una pulgada de alerce, adquirido en sus bosques de origen en el equivalente a tres dólares, en Santiago se vende a treinta y cinco dólares, y puede llegar a cotizarse en quinientos dólares en América del Norte, según la agrupación antedicha. La supuesta existencia de una organización criminal o mafia del alerce comenzó a develarse en mayo de 2004, cuando la jueza Rosa Muñoz , de la localidad de Los Muermos, cercana a Puerto Montt, mantuvo bajo arresto durante tres días al director ejecutivo de la Conaf, en el marco de una causa por corte y tráfico de madera de alerce. El 17 de mayo, luego de la detención de Weber, la jueza pidió ser relevada de la investigación de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho, que llevaba a cabo en torno al caso, aduciendo que había sido víctima de amenazas de muerte. Que, en un estudio de expertos de la Universidad Austral de Chile -situada a ochocientos cuarenta kilómetros al sur de Santiago-, encargado por la Conaf, se consignan emplazamientos de explotación de alerce donde el 70 por ciento de los árboles corresponde a talas realizadas después de 1976. El informe agrega que el 76 por ciento de las autorizaciones de extracción de alerce emitidas por la Conaf atañen a las comunas rurales de Fresia y Purranque, donde tuvo lugar la tala ilegal y el tráfico que comenzó a investigar la jueza Muñoz . La Conaf, sin embargo, rechazó el informe y lo desautorizó, aduciendo que abarcó un área pequeña y usó una metodología inadecuada, que no permite establecer claramente la data de muerte de los alerces -lo que revela su debilidad institucional-, y pidió la modificación de sus conclusiones, so pena de no pagarlo. El trabajo fue realizado por los más distinguidos profesores en la materia a nivel nacional e internacional. Que estos hechos han motivado la constitución de una Comisión Investigadora sobre la tala ilegal del alerce, presidida por el honorable diputado señor Fidel Espinoza Sandoval .
Que el diario ‘La Tercera’, del domingo 12 de diciembre de 2004, anunció la habilitación y conformación de una empresa minera de extracción de sulfato de sodio en el Salar de Pujsa, en la Segunda Región, de Antofagasta, la que es objeto de una serie de reparos, pues éste es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Su creación dificultaría la aplicación de un proyecto ecoturístico a cargo de la comunidad indígena de Toconao, el cual, en un comienzo, estaba proyectado para 2005. Esta política de aprovechamiento del turismo en la zona principió a aplicarse desde 1990, cuando se aprobó el decreto supremo que estableció el área como ‘reserva nacional’, la que ha sido un éxito en Soncor, Valle de la Luna y Socaire, donde actualmente las comunidades administran y sostienen económicamente los sitios, determinados en un plan en base al desarrollo indígena de la comuna de San Pedro de Atacama.
Que la idea, originada junto a otras iniciativas de administración indígena, se denomina Rutas Troperas por Salares Altoandinos, donde lo principal es ofrecer un circuito turístico basado en la cultura atacameña. De esta manera, se pensaba hacer un símil de lo que era el pastoreo tradicional con el traslado de los visitantes en llamas por el pueblo de Talabre, y por el Salar de Pujsa, para finalizar en el Salar de Tara, a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar.
Que el director de la Conaf en la Segunda Región, de Antofagasta, don Juan Pablo Contreras , precisó que ‘el proyecto que hoy existe es incompatible con la explotación minera, ya que el valor del paisaje se altera considerablemente’, como que sería imposible realizar un recorrido por todo su borde debido a los trabajos y a la presencia de las maquinarias que operarían en su sector sur, todo lo que, según se prevé, sería visto por los turistas.
Que, sin embargo, como señal de la debilidad institucional de la Conaf, el estudio de impacto ambiental de la explotación de sulfato de sodio en el Salar de Pujsa la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) lo aprobó, por doce votos contra dos, en la primera semana de diciembre de 2004. Que el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter se formó a consecuencia del terremoto y maremoto de 1960, en una comuna de Valdivia. Su resguardo legal, bajo la categoría de ‘santuario de la naturaleza’, data de 1981 (decreto supremo Nº 2.734, de 3 de junio de 1981). No obstante, al presente se encuentra protegido por dos tratados internacionales, como son los Convenios Ramsar y de Diversidad Biológica, ambos suscritos por Chile, aprobados por el Congreso Nacional y actualmente leyes de la República. De hecho, cuando Chile suscribió el primero, presentó el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter como humedal de importancia internacional, por su condición de hábitat de aves acuáticas, que es una categoría de derecho internacional del medio ambiente, a causa de la existencia de cisnes de cuello negro en el lugar.
Que la opinión pública se ha visto conmovida por la muerte progresiva de más de doscientos cisnes de cuello negro, y la disminución de esta especie única en el mundo en más de cuatro mil ejemplares, hechos acaecidos en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter desde hace tres meses y presentados por los medios de comunicación casi en directo.
Que el artículo 31, inciso segundo, de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, dispone que ‘los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual se hará asesorar, para estos efectos, por especialistas en ciencias naturales’.
Que, pese a ello, el Consejo de Monumentos Nacionales firmó un convenio con la Conaf para que ésta administrara el ‘santuario de la naturaleza’ del río Cruces. Que, sólo después de dos meses de conocida la catástrofe ecológica, el ministro Secretario General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff , anunció la reubicación de los cisnes de cuello negro que aún habitan el humedal del río Cruces, en la Décima Región, de Los Lagos. La idea es que las aves sean trasladadas a otras zonas del ‘santuario de la naturaleza’ donde aún quede alimento disponible para evitar su muerte por inanición.
Que el plan de contingencia será ejecutado a través de la Gobernación de Valdivia, con participación del personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema).
Que la Conaf es el punto focal y coordinador nacional de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas (Ramsar), celebrada en 1971, en la ciudad iraní de Ramsar. Chile ratificó el convenio en julio de 1981 y pasó a ser ley de la República el 11 de noviembre de ese mismo año. La Conaf también es órgano de ejecución del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Chile y que tiene el valor de ley interna. Ambos tratados comparten órganos de implementación, tales como el SAG y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que, a pesar de que la Conaf sólo posee personalidad jurídica de derecho privado, carece de facultades legales eficaces, no tiene responsabilidades predominantes ni competencias de derecho interno, con toda la debilidad institucional que ello acarrea, es depositaria de responsabilidades de derecho internacional respecto de las áreas protegidas y de las especies que allí se albergan. Que existe la ley Nº 18.348, de 1984, para constituir la Conaf Pública. Que esta ley tiene como condición suspensiva de vigencia la dictación de un decreto supremo de S.E. el Presidente de la República para disolver la Conaf actual. Su vigencia depende de la vigencia de la ley Nº 18.362, que regula en forma orgánica los derechos, las facultades, las obligaciones y los fines inherentes a las áreas protegidas, las que se denominan ‘parques nacionales’, ‘monumentos naturales’, ‘reservas nacionales’ y ‘reservas de región virgen’.
Que la ley Nº 18.348 dispone que ‘la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables será una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida y que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura. La Corporación tendrá por finalidad la conservación, la protección, el incremento, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país. Que su artículo 4º prescribe que ‘para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Corporación el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones:
a)Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de los recursos naturales renovables;
b)Ejecutar programas de manejo, conserva-ción o protección de los recursos naturales renovables en terrenos de particulares, fiscales o de organismos del Estado;
c)Prestar asistencia técnica y servicios one-rosos y gratuitos, en conformidad con el reglamento, a personas naturales o jurídicas para la formulación y ejecución de planes de trabajo relativos a protección, conservación y aprovechamiento de recursos naturales renovables;
d)Capacitar técnicamente, en forma directa o indirecta, a los trabajadores agrícolas del país;
e)Fomentar el establecimiento de bosques y procurar el adecuado manejo y aprovechamiento de los que se establezcan por acción directa o indirecta de la Corporación y de aquéllos cuya administración le corresponda, velando por la eficiente comercialización de los productos que se f) Procurar el mejoramiento genético de los obteng n; bosques y recomendar las medidas necesarias para evitar la introducción en el país y la propagación dentro del territorio nacional de plagas que afecten al patrimonio forestal;
g)Organizar y ejecutar labores silvícolas en general;
h)Informar sobre el cambio de uso de los suelos en zonas rurales, en conformidad con la ley general de Urbanismo y Construcciones;
i)Cumplir las funciones y ejercer las atri-buciones que las leyes y reglamentos en actual vigencia confieren a la Corporación Nacional Forestal, entidad de derecho privado cuyos estatutos fueron aprobados y modificados por decretos supremos Nº 728, de 5 de mayo de 1970, Nº 455, de 19 de abril de 1973, y Nº 733, de 27 de julio de 1983, del Ministerio de Justicia, y
j)Ejercer las funciones y las atribuciones que actualmente competen al Servicio Agrícola y Ganadero en lo referente a la conservación, la protección y el acrecentamiento de los recursos naturales renovables del país. En especial, se entenderán traspasadas a la Corporación las atinentes a las siguientes materias:
1.La confección del catastro de los recursos naturales renovables;
2.La tuición, la administración y el desarrollo de los parques nacionales, las reservas forestales, los bosques fiscales y demás unidades integrantes del patrimonio forestal del Estado;
3.La aplicación, la fiscalización y el control del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre protección de los recursos suelo y agua, fauna y flora silvestres; la plantación y la explotación de especies arbóreas o arbustivas forestales; la prevención, el control y el combate de los incendios forestales, y el uso del fuego en predios rústicos, y
4.La fiscalización de la aplicación de las normas sobre contaminación que afecte a los recursos naturales renovables. Exceptúanse de lo dispuesto en esta letra las funciones y las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) referentes a semillas y a sanidad de la flora y fauna.
Que, con estas facultades, la Conaf por fin será la institución que se desea y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe) tendrá un sustento legal fuerte, sin las ambigüedades actuales, con una administración efectiva y eficiente. Que la doctrina jurídica ha alabado estas leyes como la solución de los problemas que se suscitan en la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado. Así lo afirma el profesor de Derecho Ambiental Pedro Fernández Bitterlich , en su ‘Manual de Derecho Ambiental’. Igualmente, la existencia de una Conaf pública es una aspiración de las organizaciones de defensa del medio ambiente y de diversos sectores de la comunidad nacional.
La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para la vigencia de la ley Nº 18.348, que crea la Corporación Nacional Forestal Pública, y de la ley Nº 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), que regula en forma orgánica los derechos, las facultades, las obligaciones y los fines inherentes a las áreas protegidas.”.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, de vez en cuando y tras una catástrofe natural que afecta a algún parque nacional o a alguna reserva forestal, o cuando se presentan situaciones como la tala ilegal del alerce, que ha puesto en grave riesgo la preservación del patrimonio natural, deviene el debate respecto del rol que cumple la Conaf. La Corporación Nacional Forestal, entidad de derecho privado y dependiente del Ministerio de Agricultura, fue creada el 19 de abril de 1973 para contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país.
Por lo tanto, la Conaf surge para aprovechar los recursos forestales, pero también tiene la misión de conservar el bosque nativo, los parques nacionales y las reservas naturales. Sin embargo, algunos consideramos que aquí se da una situación bipolar, porque se promueve el adecuado fomento de los recursos forestales y la preservación del patrimonio, pero muchas veces esos objetivos se han contrapuesto. Parece increíble que hoy la Conaf, como órgano de derecho privado, se vea imposibilitada de efectuar su labor con eficacia, porque, a la fecha, no entran en plena vigencia las leyes Nº 18.362, de 1984, que dio origen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, Snaspe , y Nº 18.348, que creó la Conaf con personalidad jurídica de derecho público. Ésa es la paradoja: estas leyes no se encuentran vigentes porque no se ha dictado el correspondiente reglamento que establezca el carácter público de esa institución. Por lo tanto, aquí tenemos un organismo híbrido, pues recibe recursos en su calidad de organismo privado; pero, en los hechos, actúa como organismo público. Las facultades de la Conaf no son menores, porque tiene a su cargo el cuidado de los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Actualmente, Chile cuenta con 94 unidades, compuestas por 31 parques nacionales, 48 reservas nacionales y 15 monumentos naturales que, en total, cubren una superficie de 14 millones de hectáreas, lo cual equivale al 19 por ciento del territorio nacional. En verdad, la Conaf ha llegado a un punto en que requiere de una reestructuración orgánica y de una ley.
Por lo tanto, si queremos evitar situaciones como la ocurrida en el parque nacional Torres del Paine y exigir a la Conaf que preserve los parques nacionales y los monumentos naturales, tenemos que dotarla de la legislación correspondiente. Nada justifica que, a la fecha, aún no se dicte el reglamento que transforme a la Conaf en una corporación de derecho público. La doctrina jurídica señala que mientras perdure este hibridismo de tener un organismo de derecho privado que recibe fondos públicos, la Conaf verá mermada su capacidad de acción.
En consecuencia, es urgente que el Gobierno permita la entrada en vigencia de las leyes números 18.348, que crea la Conaf pública, y 18.362, que establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para que, en lugar de lamentarnos, contemos con instrumentos eficaces para actuar a tiempo cuando ocurran desastres como el de Torres del Paine.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, coincido con varios de los aspectos establecidos en el proyecto de acuerdo. En primer lugar, porque resulta absolutamente imprescindible una reingeniería de la Conaf, no sólo por sus debilidades estructurales o por la falta de facultades, sino también porque fue pensada sobre la base de un modelo totalmente distinto.
Cuando el parque nacional Torres del Paine fue entregado a la administración de la Conaf, era visitado por menos de 5 mil personas al año y contaba con 27 funciona- rios; sin embargo, en la actualidad es visitado anualmente por 100 mil personas, pero sólo cuenta con 17 funcionarios.
Por lo tanto, nuestra actividad forestal requiere una completa reingeniería y un cambio en el modelo de áreas silvestres protegidas, sean éstas parques nacionales u otros.
Sin perjuicio de ello, con una Conaf pública o privada, lamentablemente, lo ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine habría sucedido de igual forma, porque no había recursos para responder a ese tipo de emergencias, debido a que la mayor parte de ellos salen del parque, no permanecen en él para ser reinvertidos por la Conaf, que los destina a otras medidas.
Anuncio mi voto favorable al proyecto, primero, porque es una buena señal para hacer una reforma completa a nuestro sistema forestal, al Sistema Nacional de Protección de Áreas Silvestres Protegidas, conformado, entre otros, por parques nacionales, separando las facultades forestales de las turísticas.
Segundo, porque es vergonzoso que hace más de veintiún años tengamos una ley a la espera de la dictación de un decreto supremo que cree el reglamento para su funcionamiento. Han pasado cuatro Presidentes que no lo han hecho y me parece imprescindible que ello se haga, para el buen funcionamiento de la Conaf, en respaldo de la ley Nº 18.348.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 541, de las señoras Tohá, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana y Saa , doña María Antonieta , y de los señores Rossi , Burgos , Saffirio , Galilea, don Pablo ; Martínez , Kast y Montes.
“Considerando:
Que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados ha acordado la constitución de una Subcomisión de Estudio de las propuestas de modernización y transparencia de la gestión de esta rama del Congreso Nacional, formuladas, entre otras, por una consultora externa que emitió un informe solicitado por la Mesa de la Corporación, con el respaldo de esta última.
Que esta subcomisión no se ha reunido con la periodicidad mínima para realizar un trabajo oportuno y acucioso, razón por la cual ya no tiene sentido mantenerla en el tiempo.
Que es urgente que estos temas sean debatidos en la Sala de la Cámara de Diputados, para lograr un análisis amplio de estas importantes materias, de manera de acoger todas las visiones y las proposiciones que cada Diputado o Bancada Parlamentaria tenga o quiera hacer para mejorar de manera sustantiva la gestión política y administrativa de la Corporación en aspectos tan importantes como lo son la transparencia en la asistencia y las votaciones en la Sala y en las Comisiones; la transformación del sitio web en un portal legislativo; el mejoramiento de la gestión financiera y administrativa de la Cámara, incluidos el establecimiento de un sistema de ejecución presupuestaria en línea; el perfeccionamiento técnico del trabajo de las Comisiones Permanentes y de los sistemas de asistencia legislativa, y la conformación de una oficina especializada en control parlamentario que asista a los Diputados en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Instruir a la Mesa de la Corporación para que haga llegar cada a diputado y Comité Parlamentario un ‘set’ completo con todos los estudios existentes sobre modernización de la Corporación, incluidos especialmente los informes emitidos por empresas consultoras externas.
2.Destinar un día completo de sesiones para analizar esta materia, separando la discusión sobre la modernización y la transparencia de los procesos legislativos del debate acerca de la modernización de los procedimientos de administración financiera y de personal de la Cámara de Diputados.”
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, este proyecto fue suscrito transversalmente y tiene por objeto dedicar un día de trabajo a materias propias de la Corporación.
Desde hace bastante tiempo tenemos una serie de propuestas realizadas, entre otras, por una consultora externa, sobre cómo mejorar la información a la ciudadanía respecto de nuestra manera de legislar, la forma en que la ciudadanía puede ver de qué manera se ejecuta el gasto de la Corporación y el modo de utilizar nuestro portal de manera que resulte más amigable y permita a la gente hacer un seguimiento de nuestro trabajo legislativo, entenderlo y participar de él.
La idea es que los estudios efectuados se distribuyan a todos los diputados, que realicemos una sesión para analizarlos y que, posteriormente, se creen comisiones para llevar a cabo las medidas aprobadas. Por lo tanto, dado que el proyecto cuenta con apoyo transversal, ojalá podamos aprobarlo en forma unánime y converger en una fecha razonable para realizar dicha sesión.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 541.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
No hay quórum.
La votación queda pendiente para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL DE PARRAL.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, si bien ya envié los oficios correspondientes en forma interna, quiero dejar constancia en la Sala de una situación que ocurre en la comuna de Parral con respecto a la reconstrucción de un jardín infantil destinado a niños de escasos recursos, cuyas madres deben salir a trabajar.
Los estudios financiados con dineros del gobierno regional fueron mal hechos, pues se hicieron calculando que el techo iba a ser construido con un material distinto a las tejas, por lo que la estructura no resistió y hoy se está cimbrando y hundiendo. Debido a esa situación, no se pudo entregar la obra el 1º de marzo, fecha de inicio de clases. Nadie se responsabiliza del hecho. La empresa constructora, la Municipalidad de Parral y el gobierno regional se culpan mutuamente, pero nadie repara el jardín infantil. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y colocar los fondos que faltan para realizar los trabajos.
Las madres están en una situación muy difícil, ya que no tienen dónde dejar a sus hijos. Se trata del único jardín infantil de la Junji en Parral. Los niños han debido permanecer en sus casas, lo que impide a sus madres salir a trabajar.
En Parral sólo hay trabajo de temporada, la cual abarca los meses de marzo, abril y mayo, por lo que esta situación significa menor ingreso económico para sus hogares. He enviado oficios a la directora nacional de la Junji para ver la forma de solucionar este problema a partir de abril, y a la Contraloría General de la República para que se haga parte y se determine, de una vez por todas, quién es el responsable de reparar este jardín infantil y de dónde van a salir los fondos para ello, de modo que si no podemos contar pronto con dicho jardín, por lo menos, pueda estar funcionando el segundo semestre.
He dicho.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIRIGENTE SOCIAL DE CONCEPCIÓN CAMILO FERNÁNDEZ SANHUEZA . Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, el pasado domingo 6 de marzo, en un trágico accidente ocurrido en la provincia de Arauco, perdió la vida un gran amigo y extraordinario dirigente vecinal, Camilo Fernández Sanhueza , más conocido como “el hermano Camilo” , como le decían cariñosamente en Concepción.
Camilo Fernández Sanhueza nació el 28 de enero de 1948; formó hogar con Clarina Faúndez , con quien tuvo 3 hijos: Jeanette , Camilo y Fabiola . Fue un gran luchador social que con pasión abrazó la causa de los pobladores.
Su vida fue apasionante. Muy joven ingresó a las Juventudes Comunistas, ente en el cual se destacó desde un comienzo por sus condiciones innatas de líder.
Sin duda, marcó un hito en la historia penquista, ya que promovió y llevó a cabo la más grande ocupación de terrenos de la zona y, tal vez, una de las más grandes del país, pues en ella participaron más de 10 mil personas. En mayo de 1970, junto a otros dirigentes, promovió la toma del fundo La Vasconia, ubicado en lo que hoy es el populoso Barrio Norte en nuestra ciudad de Concepción, donde hasta antes de su muerte era presidente de la Junta de Vecinos de la población Teniente Merino 1. En 1973 fue detenido por sus ideas políticas y estuvo preso casi dos años en el sur y en el norte del país. De regreso a Concepción, sintió el llamado de la fe y abrazó con mucha fuerza su participación en la Iglesia Evangélica.
Camilo fue un apóstol. Su gran calidez, su vocación y entrega total a los demás hicieron de él un hombre excepcional que no pasó inadvertido. Su repentina partida nos ha conmovido en lo mas profundo del alma. No cabe duda de que sus grandes merecimientos hicieron que el Señor lo quisiera a su lado tempranamente. Los justos como él gozan del premio eterno.
En esta etapa de su vida, Camilo era un creyente ejemplar, un hombre que forjó su fe después de haber conocido diversas realidades de la existencia humana, que lo llevaron finalmente a abrasar el cristianismos como la razón más pura de su existencia. Era un hombre sin odios ni rencores, a pesar de lo que tuvo que sufrir.
Camilo deja una huella muy onda en todos nosotros, la huella que dejan los hombres virtuosos como él, la huella de la sencillez en su paso por la vida, la huella de la hombría con que defendió su posición en todo momento, la huella de su simpatía y alegría, la huella de su nobleza y amistad, la huella de su espíritu trabajador y esforzado, la huella del hombre convencido de que la vida tiene sentido cuando se sirve con generosidad y pasión.
Los pobladores de nuestra querida ciudad de Concepción, esforzados hombre y mujeres que diariamente luchan por salir adelante con sus familias, encontraron en él un gran aliado. ¡Con qué dedicación les ofreció siempre su entrega y amistad! Hace algunos días, en su masiva despedida en el Barrio Norte y en el Cementerio General de Concepción, fuimos testigos de muchas lágrimas derramadas con sentimiento y gratitud. Personalmente, tuve el singular privilegio de contar con su noble y leal amistad. Cuánta gratitud le guardaré para siempre a Camilo. Él me permitió conocer de cerca las necesidades de muchas familias penquistas que me honro en representar en el Parlamento. A él le debo buena parte del gran interés y la honda preocupación que me despierta la condición de pobreza en que viven muchos de nuestros compatriotas de la Octava Región. Fueron varias las conversaciones que sostuvimos para encontrar solución a los múltiples problemas que deben soportar tantas familias que viven en condiciones tan extremas, por los altos índices de cesantía en nuestra zona.
Camilo siempre fue un gran consejero para mí; también fue un gran y leal colaborador de nuestra alcaldesa de Concepción, señora Jacqueline van Rysselberghe , a quien conoció en el concejo de Concepción cuando ambos fueron elegidos concejales en 1996. Si bien en aquella época, con visiones distintas, ambos compartían un objetivo común: ayudar a los más necesitados. Por esto, fue una gran ayuda para el mundo poblacional, que Camilo llamaba cariñosamente “la pobla”.
Su ausencia se hará sentir, y mucho. Su ejemplo y su legado habrá de transformarse en el mejor estímulo que nos permita continuar en nuestras tareas de servicio público, sin desmayar ni descansar, como él lo hacía, ayudando siempre a los demás, sobre todo a los más necesitados.
Por sus meritos y condiciones, hoy, desde esta Cámara, rendimos un merecido homenaje a Camilo Fernández Sanhueza por ese gran ejemplo de vida y de servicio que nos ha dado.
Queremos hacer llegar nuestro consuelo a su padre, a su señora, que se encuentra delicada de salud como consecuencia del terrible accidente; a sus hijos, a sus hermanos y familiares. Esperamos que puedan sobreponerse al gran dolor por su repentina pérdida. Señor Presidente, pido que se haga llegar copia de mi intervención a su familiares, a los dirigentes de la Junta de Vecinos de la población Teniente Merino 1, y a la alcaldesa de Concepción, señora Jacqueline Von Rysselberghe .
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Enrique Accorsi , Alejandro Navarro , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Manuel Rojas y de quien habla.
CIERRE Y TRASLADO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Salud para que recabe la información completa respecto de las razones que tuvo a la vista el Servicio de Salud de Antofagasta para no clausurar el vertedero municipal, respecto del cual existe una orden de cierre hace dos años, además del pago de innumerables multas por infracciones sanitarias.
En la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente pedimos esos antecedentes, pero no ha llegado ninguna información al respecto.
Dicho vertedero está ocasionando grandes problemas a la ciudad de Antofagasta y, lo que es peor, se encuentra inserto casi en la zona urbana. Por lo tanto, pido que indique cuándo se cerrará definitivamente y en qué momento se cambiará al terreno ubicado fuera de la ciudad, cedido por Bienes Nacionales.
Espero que tengamos una pronta respuesta a esta solicitud.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza , Enrique Jaramillo , Alejandro Navarro , Andrés Egaña y de quien habla.
En el tiempo del Comité de la UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
HOMENAJE A CLUB DE FÚTBOL AMATEUR “JUVENTUD COLO-COLO”, DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en estos años que me ha correspondido ser representante popular de la ciudad de Concepción, y autor de las iniciativas que crearon las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz -cuyos alcaldes han sido reelegidos: Tomás Solís , con un 66,4 por ciento, y Jaime Soto con un 63 por ciento-, he tratado de destacar las nobles instituciones que aportan al desarrollo humano. Hemos rendido homenaje a Bomberos de Chile, hemos integrado la Comisión Especial de Bomberos, pero también tiene un lugar muy importante la actividad deportiva.
Al respecto, quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile, que a nivel nacional la dirige Sergio Jélvez , y a nivel regional Juan Martínez . Su anterior presidente, don Ricardo Rodríguez , actual tesorero nacional, fue uno de los que se vieron afectados en el lamentable accidente en que fallecieron connotados dirigentes nacionales hace no más de dos meses. Desde esta tribuna deseo de corazón que se reponga pronto de este accidente. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al fútbol amateur en nuestra región.
Soy un fervoroso hincha de los clubes profesionales de mi distrito, Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción, pero existe una realidad que nadie puede desconocer. El fútbol amateur, que es pura fuerza, corazón y deseos de hacer las cosas, cumple un rol vital: a los jóvenes los aleja del alcohol, de la droga, los ayuda a quemar sus energías y a desarrollar sus capacidades, es decir, les permite un crecimiento integral como personas.
Qué hermoso es llegar como un simple ciudadano, como corresponde, porque todos somos iguales, ya que los cargos no son permanentes, a los partidos en las canchas de fútbol amateur y ver 5, 6 ó 7 mil personas presenciando el deporte más popular en nuestro país: el fútbol.
En Concepción, existen las asociaciones de fútbol Concepción, Arenas Montt y Barrio Norte; en Chiguayante, la asociación de fútbol Caupolicán Chiguayante , y en San Pedro de la Paz, la asociación de fútbol Lomas Colorada y San Pedro de la Paz.
Hace una semana, la comuna de San Pedro de la Paz, en especial el sector de Boca Sur, estaba de fiesta. La calle Rodríguez Aldea, que es la principal arteria de Boca Sur, acogió los festejos con que los jugadores de Juventud Colo-Colo celebraron con alegría por la obtención de la Recopa. El trofeo fue alzado la noche del sábado 5 de marzo recién pasado, al derrotar por la cuenta de 4 a 1 al Lord Cochrane de la Asociación de Penco, en el partido disputado en el Estadio Municipal de Collao, ante la presencia de más de cinco mil personas.
En esa ocasión me encontraba realizando otra actividad en la misma comuna, pero estaba presente mi hijo, Álvaro Ortiz , que es concejal de la comuna de Concepción. Él me contaba la inmensa cantidad de gente de San Pedro de La Paz que llegó a alentar a su equipo, Juventud Colo Colo.
En este homenaje que le rindo al club deportivo Juventud Colo-Colo, campeón de la Recopa, es importante destacar la obtención de este gran logro deportivo cuando está a punto de cumplir seis años de existencia, ya que se fundó el 10 de abril de 1999. Lejos, éste es el trofeo más importante en su breve historia y ocupa un lugar muy especial en su amplia sede de Boca Sur, en la comuna de San Pedro de La Paz.
Sin duda, este logro no se habría alcanzado sin el tesón, la fuerza, el empuje, la mística y la garra de los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes y, en forma muy especial, de los hinchas que, partido tras partido, no dejaron de alentar a su equipo Juventud Colo-Colo, de Boca Sur, comuna de San Pedro de La Paz. Así como hace dos años rendí homenaje al Club Deportivo Arturo Fernández Vial en su centenario -le consta a nuestro Vicepresidente , don Sergio Ojeda -, creí conveniente hacerlo con un club deportivo de un sector de San Pedro de La Paz por la obtención de este título.
Este homenaje lo hago en nombre de todos los habitantes de San Pedro de La Paz, en forma especial en el de nuestro alcalde, don Jaime Soto , y en el de los concejales. Creo que lo estoy haciendo en representación de los 82 mil habitantes de la comuna. Vaya un reconocimiento especial al presidente del club, don Juan Carlos Vásquez ; a su director técnico, don Joaquín Torres ; a su secretario, don Carlos Molina , quien ha coordinado la actividad de este club deportivo con el municipio, conmigo y con muchas instituciones, y al goleador, don Gustavo Uribe . Creí conveniente rendir este homenaje, señor Presidente, así como muchas veces lo ha hecho su señoría con las instituciones de su distrito, especialmente de su querido Osorno , por ser nacido y criado allí. El diputado Alejandro Navarro , del distrito Nº 45, también lo ha hecho muchas veces. Estoy esperando la finalización de la competencia “Copa de campeones” para hacer un reconocimiento al equipo que en ese instante se lleve el trofeo.
Por lo señalado, pido que se envíe copia íntegra de mi intervención al presidente del club deportivo, señor Carlos Vásquez , a su director técnico, a sus jugadores y, en forma muy especial, al alcalde de San Pedro de la Paz, don Jaime Soto , y al concejo de ese municipio.
Además, al señor Juan Jiménez , presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de la Octava Región y anterior presidente de la Asociación de Fútbol de San Pedro de la Paz, cuyos dirigentes se han destacado por su entrega a su actividad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Señor Ortiz , el deporte es una forma de acercar a los pueblos y establecer relaciones de amistad.
Se enviarán los oficios con copia íntegra de su intervención a las personas indicadas por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza , Alejandro Navarro y de quien preside.
EXIGENCIAS TRIBUTARIAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El diputado señor Rodrigo González ha cedido el tiempo del Comité del Partido por la Democracia al diputado señor Fernando Meza , del Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MEZA.-
Agradezco al Comité del Partido por la Democracia por haberme cedido su tiempo.
Señor Presidente, quiero referirme a un problema que afecta a miles y miles de modestas y modestos chilenos que trabajan a diario en forma muy sacrificada y, muchas veces, anónima, en los campos de Chile para llevar sus productos a los pueblos con la esperanza de venderlos y obtener algunos pesos que les permitan pasar el día.
Me refiero a pequeñísimos agricultores que comercian hortalizas, sobre todo de la Novena Región, y en particular del distrito que represento en esta Cámara, donde pobladores de Gorbea, Villarrica , Loncoche , Toltén , Cunco , Curarrehue y Pucón trabajan en pequeñas ferias libres que se instalan, muchas veces, en las plazas de los pueblos para vender ya sea una matita de rábanos, un poco de perejil, algo de mote, una pequeña porción de harina tostada, algunas lechugas o un poco de ají; todo en pequeñas cantidades.
Por esta situación, que también se extiende a las comunas de Pitrufquén -con cuyos habitantes me reuní hace pocos días en la plaza del pueblo-, Puerto Saavedra e Imperial, el Servicio de Impuestos Internos está obligando a estos modestísimos chilenos y chilenas a iniciar actividades, a confeccionar boletas y a declarar IVA, en circunstancias de que apenas logran vender mil o mil quinientos pesos durante el día.
Luego de compartir algunas horas con ellos en Pitrufquén, pude comprobar que los más afortunados logran vender cuatro mil pesos al día. Sin embargo, tienen que desplazarse desde lugares muy apartados de la comuna, por lo cual requieren tomar locomoción, pero debido a que hay un desorden tremendo en el precio de los pasajes en los campos, en especial en Pitrufquén, deben pagar entre ochocientos y mil pesos, de manera que la ganancia que les queda al final del día es mínima. Si a lo anterior añadimos que requieren contratar los servicios de un contador para que lleve la cuenta de cuánto perejil, cilantro o lechugas venden estos modestos chilenos, que subsisten heroicamente bajo el frío o el calor intenso, bajo la lluvia o el granizo, al final, deberán vivir una verdadera tortura para obtener cien, doscientos, trescientos o quinientos pesos de utilidad.
Por eso, quiero que se busque alguna fórmula para solucionar esta situación. Queremos modernizarnos, avanzar y que todas las chilenas y los chilenos seamos responsables en el pago de nuestros impuestos, pero no podemos rizar el rizo, sino tener consideración con quienes hacen mote en su casa para vender dos o tres kilos al día. Por lo tanto, pido que se oficie el ministro de Hacienda y al director del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de que dispongan la búsqueda de una solución para la situación que he descrito, que afecta a personas que trabajan en pequeñas ferias libres, es decir, gente humilde que no vende más de cuatro o cinco mil pesos al día, de manera que paguen un monto fijo, pequeño, de acuerdo con sus posibilidades, porque eso les evitará tener que contratar profesionales contables para una actividad tan sencilla como es la venta de dos o tres matitas de perejil. Creo que de esta manera llevaremos justicia y tranquilidad a miles de hogares que viven de este pequeño comercio, que hoy están angustiados por el peso de la ley y por decisiones que a veces se toman sin considerar a la gente más humilde.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
VOTACIÓN DE PROYECTO RELATIVO AL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en la sesión de ayer, con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari , durante la votación del proyecto que establece procedimientos modernos y eficaces en la defensa de los derechos de los trabajadores, nos encontramos con una situación increíble: algunos diputados de la UDI y de Renovación Nacional que votaron a favor de la iniciativa en la Comisión, votaron en contra en la Sala. Además, la Derecha exigió votación separada de los artículos que más incomodaban sus intereses. Es bueno que los trabajadores sepan que fue rechazado el artículo 420 del nuevo procedimiento laboral, que permite que los jueces del trabajo fijen la reparación por el daño moral sufrido por el trabajador que es perseguido o maltratado por su empleador. La Derecha debe explicar al país, no a nosotros, por qué votó así. Su discurso es que apoyan a los pobres y se llenan la boca con la igualdad social. Sin embargo, siempre votan en contra de los intereses de los trabajadores y jamás han respaldado proyectos como éste, que apunta a lograr a que su dignidad sea respetada.
No se aprobaron las normas que establecían que los juzgados de letras del trabajo serían competentes para conocer materias de interpretación, aplicación de contratos, convenios individuales o colectivos de trabajo y fallos arbitrales en materia laboral.
También fueron rechazadas las disposiciones que penalizaban las prácticas antisindicales o desleales. Dichas prácticas están arraigadas en muchas empresas que posan de defender o respetar los derechos de los trabajadores, porque las multas que se les aplican son ridículas.
Ayer, la Derecha votó en contra del alza de las multas a 100 y 150 UTM, es decir, de 3 a 4,5 millones de pesos, de manera que fueran más significativas.
Cuando el proyecto vuelva a la Sala, espero que podamos discutir francamente cómo logramos defender los intereses de nuestros trabajadores, que es lo que todos los parlamentarios deseamos.
ANTECEDENTES SOBRE RED DE PROTECCIÓN FINANCIERA DE PAUL SCHÄFER. Oficios.
El señor NAVARRO.-
En segundo lugar, quiero referirme a lo que el país ha conocido y a lo que yo he denominado como articulación de la red de protección financiera de Paul Schäfer.
El 16 de marzo del 2004, la prensa informó acerca de los resultados de la primera investigación del Senado estadounidense centrada exclusivamente en los dineros de Pinochet. En forma secreta, el Riggs Bank y otras instituciones financieras permitieron transacciones inusuales, en virtud de las cuales el ex senador vitalicio tenía más de 125 cuentas bancarias que involucran, por cierto, a parte importante de su familia. Esta red de protección financiera, que ha quedado develada y que muchos negaron, existe e involucra, incluso, a generales en retiro. Pues bien, tengo el convencimiento de que existe el mismo modus operandi en torno a Paul Schäfer.
Desde que el líder de Colonia Dignidad huyó del fundo, en 1998, para evitar la orden de arresto dictada en su contra en 1997 por abuso sexual de menores, estuvo viviendo en la clandestinidad. Hace poco fue hallado en Argentina junto con un grupo de sus más cercanos que lo protegía.
Resulta asombroso que todavía nadie haya formulado una pregunta clave: ¿Qué red de protección financiera permitió que este señor viviera en Argentina, donde no le trabajó un día a nadie, puesto que vivía con recursos cuyo origen debe ser determinado? ¿Qué es una red de protección? Un conjunto de personas que se conciertan para proteger a otra, facilitando los medios económicos y materiales para que ésta huya, obstruyendo y dificultando la investigación judicial.
¿Cómo se formó esta red de protección? ¿Cuál es su origen? ¿Quién produce y maneja el dinero que financió a Paul Schäfer ? En el diario “La Nación” del domingo 4 de abril del 2004, José Efraín Morales Norambuena , quien fue robado a su familia por Colonia Dignidad a los dos meses de edad, adoptado ilegalmente, explotado, castigado, drogado y abusado hasta los 36 años, señala que esta red está compuesta principalmente por jerarcas de la Colonia como Hans Jürgen Riesland, Hans Jürgen-Blanck Ehnert , Hartmut Hopp Miottel , Karl Van Der Berg , y otros que no mencionaré porque la lista es muy larga.
Asimismo, esta red está constituida por muchos de los colonos y jerarcas que “demandaron laboralmente” a la Colonia, en 1995.
¿Cómo se gestó esta red de protección? Es la historia que los chilenos no conocen. Según un reportaje de “La Nación”, de 25 de abril del 2004, los abogados de entonces de la Colonia Dignidad, don Fernando Saenger , actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Concepción, y Alberto Gotelli , con el consentimiento de los jerarcas de la Colonia, participaron en un juicio de dudosa legalidad y elaboraron un estratagema muy ingeniosa: mediante lo que podríamos denominar fraude procesal dejaron a la Colonia sin bienes y los traspasaron a los jerarcas, no a los colonos, sino a los lugartenientes de Paul Schäfer.
¿Qué es un fraude procesal? Simular actos y omisiones, falsificar documentos, etcétera, para provocar un resolución judicial contraria a la realidad. Es decir, engañar al juez para producir una resolución favorable al activo del delito, que provoque una ventaja indebida en perjuicio de terceros.
¿Qué perjuicios sufrieron los terceros? ¿Cómo operó el fraude? En 1991, el presidente Patricio Aylwin , valientemente, canceló la personalidad jurídica de la Colonia Dignidad como sociedad benefactora. Cabe recordar que era investigada por el Congreso Nacional desde 1968. Conforme a disposiciones del Código Civil, los bienes de la Colonia pasarían a otra corporación, designada por el Fisco. El 8 de septiembre de 1994, dos abogados de la defensa de la Colonia, los ya mencionados Fernando Saenger y Alberto Gotelli , demandaron a la misma en el juzgado del trabajo de Parral, en nombre de 66 colonos, por deudas laborales. Sólo días después el abogado Roberto Saldías , en nombre de la Colonia, reconoció una deuda de casi 100 millones de pesos, y se abrió un cuaderno de retención con los bienes embargables para que no fueran incautados por el Fisco. Es decir, Fernando Saenger y su equipo, en ese entonces abogado de la defensa de la Colonia Dignidad, se convierte de la noche a la mañana, en querellante contra ella. O sea, es abogado defensor un día, y al siguiente, es querellante.
Los jerarcas y colonos querellantes, coludidos con otro abogado defensor de la Colonia, llegaron a un acuerdo para dejarla sin bienes y beneficiar a sus jerarcas y miembros.
¿Cómo es posible este desdoblamiento de personalidad? Habría que tener facultades paranormales. Éste es un simple fraude al borde de la legalidad y constituye, por cierto, un engaño al país.
Aquí se burló al Estado de Chile, al Estado alemán y a la sociedad chilena. El abogado que demandó pagos de sueldos e imposiciones en nombre de los colonos nunca dejó de defender a la Colonia Dignidad. En el fondo, el juicio era de colonos contra colonos, a favor de Schäfer y sus lugartenientes, de modo de reunir fondos para facilitar su escape y elusión de la justicia. Es decir, el juicio era un vil estratagema, un fraude elaborado por los abogados Saenger y Gotelli contra el Presidente Aylwin , contra la sociedad chilena y contra el gobierno alemán, los cuales lucharon durante muchos años contra los delitos que se cometían al interior de la Colonia, muchos de ellos diputados.
El equipo de Saenger se prestó para esta farsa, para cometer el fraude. No nos engañemos, estos abogados sabían lo que hacían y, a sabiendas, abonaron y cooperaron para el surgimiento de esta red de protección. La Colonia, en este caso, peleó sola. El objetivo era simular un juicio para vaciar a la Colonia de sus bienes y dejárselos a los jerarcas de la misma. Hubo sólo un cambio formal de propiedad, pero, en el fondo, demandantes y demandados eran los mismos. Ahí radica el juicio simulado. El fin o motivo de este juicio no era proteger los derechos laborales de los colonos contra la Colonia como persona jurídica, sino dejarla sin bienes para con ello burlar la ley, que ordenó la incautación de los bienes y su reasignación a otra corporación, y así beneficiar a los jerarcas.
La Comisión Investigadora de la cancelación de la personalidad jurídica de la Colonia Dignidad de la Cámara de Diputados, en 1995, estableció claramente los cambios de propiedad sucesiva de los bienes de la Colonia, de la Sociedad Abratec, pasando por la Sociedad Abratec S.A., Agripalma S.A, Bardana S.A y Cinaglosa S.A. El informe da cuenta de que más de 250 millones de pesos en transacciones no fueron declarados al Servicio de Impuestos Internos. Es necesario que se investigue esta situación.
Por lo tanto, quiero solicitar el envío de los siguientes oficios:
Al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que reactive el proceso que se sigue en contra de la Colonia Dignidad por el juicio simulado que acabo de señalar; informe detalladamente sobre las enajenaciones en este juicio simulado; establezca la identidad de los colonos que demandaron a la sociedad benefactora, e informe sobre el proceso que se sigue adelante. Del mismo modo, para que presente una querella por el delito de asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra de los colaboradores de Schäfer en Argentina y en Chile, a fin de desbaratar esta red de protección. A la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con el objeto de que determine los movimientos de las cuentas corrientes de los colonos que demandaron a la Colonia para saber si enviaron dinero a Schäfer cuando éste estaba en Argentina. A los municipios de la Séptima Región, a fin de saber si se constituyeron en esas comunas sociedades de cualquier tipo, de asociación de funcionarios municipales con miembros de la Colonia, para conocer el movimiento de sus bienes.
Al Conservador de Bienes Raíces, con el objeto de verificar si los bienes retenidos por la Colonia en 1991 han cambiado de propiedad y a quién han sido transferidos.
Por último, al ministro de Justicia, para que informe acerca de las declaraciones de bienes que efectuó la Colonia antes de 1994 y durante ese año.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.40 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.