Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Leopoldo Sanchez Grunert
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Olivares Zepeda
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Modificaciones a los Códigos Procesal Penal y Penal. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE LOS ANDES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- V. BONO EXTRAORDINARIO PARA SECTORES DE MENORES INGRESOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Modificaciones a los Códigos Procesal Penal y Penal. Segundo trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 64ª, en martes 12 de abril de 2005
(Ordinaria, de 19.19 a 22.48 horas)
Presidencia del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento de la reforma procesal penal. Modificaciones a los
Códigos Procesal Penal y Penal. Segundo trámite constitucional7
Informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes16
Bono extraordinario para sectores de menores ingresos. Primer trámite constitucional31
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, calificada de “suma” para el despacho del proyecto que crea
sociedades anónimas deportivas profesionales. (boletín N° 301903)50
2.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre creación de
organizaciones deportivas profesionales. (boletín N° 301903)50
3.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que crea un bono extraordinario a los sectores de menores ingresos. (boletín N° 383705)85
4.Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 200490
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
- De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por la que informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Sánchez.
- De la Comisión de Salud por la que informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Olivares.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros del Interior, don Jorge Correa; de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, don Luis Bates, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 19.19 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El acta de la sesión 58ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 59ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Modificaciones a los Códigos Procesal Penal y Penal. Segundo trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde conocer, con urgencia calificada de “suma”, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica los códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .
Antecedentes:
- Proyecto del Senado, boletín Nº 3465-07 (S), sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 6.
- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 62ª, en 12 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley originado en mensaje que modifica los códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal.
La iniciativa, destinada a superar las dificultades detectadas durante la aplicación de la reforma, tiene su origen en el análisis efectuado por la comisión de expertos constituida por el Ministerio de Justicia para evaluar su implementación, la que consideró las observaciones efectuadas por el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Corte Suprema, la Asociación de Magistrados. También tomó en cuenta las evaluaciones y críticas formuladas por el Senado en diversas sesiones citadas especialmente al efecto y los aportes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile.
De acuerdo con el texto del mensaje, las finalidades de carácter general perseguidas por la iniciativa son las de agilizar la persecución penal, evitar zonas de impunidad que se producen en dicha persecución y corregir errores normativos evidenciados con la gradual entrada en vigencia de la reforma.
Si bien no se discute la necesidad propia de todo Estado democrático de profundizar el ejercicio y goce de los derechos por parte de todos los ciudadanos, ello no puede traducirse en un obstáculo a la persecución penal en desmedro de la víctima. De allí la importancia de extender las hipótesis de flagrancia, cuestión que el proyecto concreta respecto de las situaciones en que un individuo es señalado por la víctima o por testigos presenciales como autor o cómplice de un delito que se ha cometido en un tiempo inmediato. En tal caso no se exige la continuidad visual, lo que es propio de la actual legislación; se faculta a la policía, sin que sea necesaria la autorización previa del dueño o del juez, para ingresar a lugares cerrados cuando se encuentre en actual persecución de un individuo al que debe detener y exista riesgo cierto de frustrarse la diligencia. En casos urgentes, se amplía la facultad para realizar fuera del territorio jurisdiccional del juez de garantía competente la primera audiencia judicial del detenido y realizar actuaciones que tengan por objeto restringir, privar o perturbar derechos garantizados por la Constitución, lo que evita el gasto y las dificultades que se originan por la exigencia de poner al detenido a disposición del juez dentro de las 24 horas.
Dentro del propósito de agilizar la persecución penal, también es importante la facultad que se concede al Ministerio Público para impartir instrucciones de carácter general a la policía, a fin de que practique las diligencias inmediatas a que dan lugar determinados delitos, es decir, aquellos de más común ocurrencia y respecto de los cuales las policías, actuando siempre bajo la responsabilidad de la fiscalía, pueden intervenir sin necesidad de recibir instrucciones cada vez.
En cuanto al segundo objetivo general, esto es, evitar zonas de impunidad que se producen en la persecución criminal, se establece una regulación más acabada de la prisión preventiva, de tal manera que, respetando siempre el principio de la proporcionalidad, puedan distinguirse con más claridad las causales que la hacen improcedente; se amplían las facultades de las policías para detener a quienes tengan órdenes pendientes o violen en forma flagrante las medidas cautelares o las de protección de otras personas especialmente de la víctima, que les hubieren sido impuestas como condición para la suspensión condicional del procedimiento.
Además, se establece el derecho de la víctima a ser oída en la audiencia que se discuta la suspensión condicional del procedimiento.
Asimismo, se introducen modificaciones en los procedimientos especiales: en el procedimiento abreviado, para facilitar su aplicación en cualquier etapa de la investigación, hasta la audiencia de preparación del juicio oral. Y en el procedimiento simplificado, se establece la posibilidad de que la fiscalía modifique la pena requerida, a fin de incentivar al imputado a aceptar su responsabilidad.
Entre otras innovaciones importantes que introduce el proyecto, cabe citar las que permiten al Ministerio Público proponer como condición que debe cumplirse al alcanzar un acuerdo reparatorio, cualquiera que estime adecuada al caso concreto de que se trate, con lo que se amplía considerablemente la adaptación de esta norma a las circunstancias de las partes.
Asimismo, cabe citar la posibilidad que se concede al fiscal de no perseverar en el procedimiento cuando no contare con antecedentes suficientes para fundar su acusación en el juicio oral, como consecuencia del rechazo o exclusión de pruebas de cargo que hubiere hecho el juez de garantía, evitando así la presentación de acusaciones sin suficientes fundamentos.
Corresponde también destacar las modificaciones que se introducen al Código Penal para regular la situación que se produce cuando se falsea la realidad ante el fiscal, cuestión que hoy no constituye delito, por cuanto la ley sanciona sólo el falso testimonio prestado ante un tribunal.
Por ello, la Comisión, atendiendo la necesidad de regular esta situación, optó por proponer una modificación al tipo penal de obstrucción a la justicia, configurándola cuando, a sabiendas, una persona obstaculice el esclarecimiento de un ilícito o la determinación de sus responsables mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeren al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación.
También es importante la introducción del “tercero civilmente responsable”, pues ello implica una protección efectiva a la víctima, especialmente en los cuasidelitos.
Por último, debe citarse la modificación que se introduce al artículo 6º transitorio de la ley Nº 19.665, para crear las comisiones regionales de coordinación de la reforma procesal penal, entidades que, presididas por el intendente regional respectivo, tienen como finalidad la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la reforma en la región respectiva. Deberán remitir trimestralmente a la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal información sobre el funcionamiento y estadística del nuevo sistema, con miras a dar importancia a la regionalización del país.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, este proyecto es muy importante ya que, en términos concretos, su objeto es que la reforma procesal penal se aplique en la Región Metropolitana con todas las modificaciones, agregaciones y enmiendas propuestas al Ejecutivo y al Congreso Nacional por distintas instancias a partir de su aplicación durante estos años en aquellas regiones pioneras, en particular en la Novena, Cuarta y otras que se han incorporado en forma gradual.
Cabe recordar que el proyecto surge con ocasión de la petición del Ejecutivo, respaldada por todas las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados, de postergar por un año la entrada en vigencia de esta reforma en la Región Metropolitana. Incluso, se dijo que había que hacer esas modificaciones si las circunstancias señaladas por el Ejecutivo así lo ameritaban.
Hubo una comisión de expertos integrada por abogados representativos de distintas facultades de derecho y por representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de organizaciones no gubernamentales, como Fundación Paz Ciudadana, que hizo una propuesta cuyos términos fueron recogidos en general.
Como lo señaló el diputado informante, el proyecto comenzó su trámite en el Senado, donde, a nuestro juicio, se recogieron algunas cuestiones, pero se hicieron agregaciones que, a juicio de la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, no cumplen con el objetivo de mejorar la estructura legal, sino más bien parecen modificaciones sustanciales a la esencia o a la matriz del proceso en marcha. Eso fue modificado en nuestro informe, pero creemos indispensable recoger aquellas cuestiones que indiscutiblemente buscan una mejoría, muchas de las cuales fueron reseñadas por el diputado informante y presidente de la Comisión durante la tramitación del proyecto. Ojalá, en un plazo breve, podamos enviarlo a la Comisión con un par de indicaciones que hemos presentado con el diputado Bustos , a fin de corregir algunos aspectos, en el entendido de que debe ser ley con anterioridad al 16 de junio de 2005.
A nuestro juicio, un elemento central es ser capaces de aceptar la reforma con estas modificaciones centrales, todas las cuales ayudan a clarificar y a otorgar más rapidez a ciertas instituciones y a resaltar aquello no discutido de la reforma, cual es la capacidad de reacción rápida y de evitar la impunidad en los delitos denunciados. Asimismo, permiten clarificar algunas cuestiones que la experiencia indica que deben ser mejoradas para que el funcionamiento, a mi juicio indiscutido, sino aplaudido en términos generales por toda la comunidad, de un sistema que ha sido capaz de poner término al aletargamiento y a la falta de acción de la justicia, que ha sido bien recibido por la comunidad, ha permitido una mayor confianza de los ciudadanos a la hora de presentar denuncias y de entender que cuando son víctimas de un delito no hay un grado de impunidad.
Por todas esas razones, corresponde aprobar el proyecto en general y enviarlo a Comisión a fin de recoger algunas indicaciones y hacer correcciones en su redacción desde el punto de vista de la técnica legislativa.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, tal como señaló el diputado señor Burgos , la reforma procesal penal es sumamente importante y siempre generó discusiones y dudas la forma en que iba a funcionar en la Región Metropolitana, sobre todo, considerando que en ella se producen los delitos de mayor connotación económica y social y de mayor complejidad desde el punto de vista de su configuración y comisión. Por eso, fue muy importante que la reforma se aplicara de manera gradual en el país, comenzando por las regiones que registran el menor número de hechos delictivos, como es el caso de las regiones Cuarta y Novena, para posteriormente avanzar en su aplicación en las demás.
Eso ha permitido que la comisión de expertos realizara un análisis amplio y exhaustivo de todos los puntos que de alguna manera implicaban una interferencia en la aplicación de la reforma procesal penal el cual se tuvo muy en cuenta al momento de hacer las adecuaciones correspondientes en lo concerniente a la persecución penal, respecto de la cual muchos diputados hicieron observaciones teniendo en vista lo ocurrido en sus regiones, especialmente en delitos de flagrancia; a las facultades de la policía y a los problemas que se originan en los tribunales con las órdenes de detención emanadas de un tribunal para ser cumplidas en otro. Eso provocaba enormes problemas por la forma en que la materia está establecida en el Código Procesal Penal.
Asimismo, hay una serie de otras resoluciones que surgieron de la Corte Suprema de Justicia sobre cómo debían interpretarse determinadas disposiciones, por ejemplo, el examen de los registros, con el objeto de que realmente el imputado pudiese tener una defensa efectiva y real. Se han introducido modificaciones para que este examen sea efectivo, disponiendo el imputado de todas las copias que sean necesarias para tener una adecuada defensa.
Del mismo modo, uno de los temas más importantes, el procedimiento simplificado o abreviado no tiene en el nuevo proceso penal la aplicación que se había pensado en un principio, con lo cual se estaban yendo al procedimiento ordinario una serie de hechos delictivos, lo que lo entorpecía y lo hacía perder agilidad. Por ello, se han realizado modificaciones que, evidentemente, implican una mejora enorme desde el punto de vista operativo de la reforma procesal penal y, por lo tanto, un éxito pleno en su aplicación en la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
En los últimos años hemos aprobado diversos proyectos relativos a la reforma procesal penal. En la discusión de cada uno de ellos hemos sostenido que se trata de pequeños ajustes, cuya necesidad se ha advertido con la puesta en marcha del sistema.
En la Comisión, en la Sala y en el Senado se puede hacer el mejor de los proyectos y contar con los mejores asesores, pero lo cierto es que lo que ocurre en terreno y en los tribunales lo que da vida a las normas y determinan su eficacia. Por ello, un grupo de universidades y la Fundación Paz Ciudadana han hecho un seguimiento de lo que ha ocurrido durante estos cuatro años de vigencia de la reforma procesal penal para lo cual formaron una comisión de expertos que nos presentó una propuesta respecto de una serie de normas que, en opinión de sus integrantes, debían ser modificadas y que corresponden al proyecto aprobado por el Senado.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados ha trabajado arduamente en el proyecto. Le hemos hecho varias indicaciones y contamos con un texto semiacabado, por lo cual creo que estamos en condiciones de contar con un cuerpo legal que, fina y profundamente acotado, se podrá aplicar en todo el país, incluida la Región Metropolitana, donde se perpetra el 40 por ciento de los delitos.
No obstante, me voy a referir a dos temas, a mi juicio preocupantes, sobre los cuales la Comisión trabajó con gran acuciosidad.
El primero dice relación con la intención de la Fiscalía Nacional de tipificar un nuevo delito, el falso testimonio prestado ante el fiscal. La Comisión, con el apoyo de expertos, estudió la idea y estimó que era absolutamente improcedente, ya que al fiscal le corresponde buscar y aportar pruebas al tribunal, para lo cual realiza una investigación que podemos calificar de no formal. Si se quisiera tipificar un delito como el señalado, debería tratarse de una investigación formal en la que se tomara registro completo de lo que diga el testigo. En consecuencia, al presentarse ese testimonio en el juicio oral, más bien se propendería a leer lo que dijo el testigo y no a someterlo al interrogatorio del fiscal y al contrainterrogatorio de la defensa.
La verdadera prueba es la que se produce en el tribunal, no la que lleva el fiscal; la prueba aportada por el fiscal debe ser comprobada y corroborada como cierta por los jueces y no por el propio fiscal.
En todo caso, se nos advirtió que era posible tipificar el delito de obstrucción a la investigación destinado a sancionar al que, mediante sus declaraciones falsas, intente dañar o retardar la investigación, que se declaren determinadas medidas cautelares o que se acuse a la otra parte. Es decir, un delito de resultado por el cual se busca, ante el fiscal, producir un daño a la investigación.
La Comisión aceptó, en primera instancia, la tipificación del delito de obstrucción a la investigación, porque ayudaría a la efectividad de esta etapa, obviamente, ello con posterioridad a lo que se diga en el juicio mismo.
El segundo tema que me parece preocupante se refiere a las modificaciones introducidas por el Senado en relación con la prisión preventiva, que obviamente es excepcional, dada la calidad de las medidas cautelares, que van desde el arresto domiciliario hasta la prohibición de concurrir a determinados lugares.
En la Comisión hemos revisado esas modificaciones y nos parece importante que no se pierda la proporcionalidad entre la prisión preventiva y la eventual condena posterior.
Ésas son las materias que nos preocupan, respecto de las cuales en la Comisión hemos realizado un trabajo muy profundo. Quizás sean las más discutibles, pero creo que vamos a presentar una buena solución a esta Sala en el segundo trámite reglamentario.
Por el momento, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional porque considero que el proyecto es correcto.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Uriarte .
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión contiene un conjunto de normas tendientes a perfeccionar los códigos Procesal Penal y Penal, que se elaboraron, como bien se ha dicho, recogiendo la experiencia de las regiones en las cuales ya está en aplicación el nuevo juicio penal oral.
Como se sabe, sus principales objetivos son agilizar la persecución penal, evitar zonas de impunidad en la persecución criminal y corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la entrada en vigor gradual del nuevo sistema.
A pesar de que la mayoría de las normas propuestas son positivas y se encuentran bien orientadas a mejorar la aplicación del nuevo procedimiento, algunas se alejan, en parte, de dicho espíritu y parecen poco adecuadas. Así, por ejemplo, llama la atención la posibilidad de que el fiscal pueda modificar la pena requerida, con la finalidad de que el imputado admita su responsabilidad para que el juez dicte sentencia inmediata. De ser así, el sistema tendría el incentivo perverso de que las penas podrían ser, eventualmente, negociadas entre el fiscal y el imputado, lo que no parece propio en el ámbito de la justicia penal.
También parece raro que en la misma norma se establezca que no podrá ingresarse a una propiedad privada durante una persecución policial, salvo que exista el riesgo cierto de que la diligencia se vea frustrada. Tal como quedó redactada la norma, significará un elemento distractivo para quienes están realizando la operación.
No se puede obviar la realidad. El problema real que enfrentan hoy Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuando en una población persiguen a un delincuente, es que se refugia en cualquier domicilio. Si no existen las llamadas de auxilio de los dueños de casa, rigen las normas generales, esto es, que exista una orden judicial o consentimiento expreso del dueño o encargado.
La orden judicial, con las modificaciones que permiten su obtención por teléfono o por radio, si bien será más rápida, igualmente los minutos que ello demora da tiempo para que el delincuente tome suficiente ventaja a sus perseguidores y se frustre la diligencia. El consentimiento expreso del dueño de casa es algo casi inoperante.
Por eso, la limitación dispuesta en la Comisión puede ser contraria a la eficiencia de la gestión, ya que la calificación de las circunstancias hechas sobre la marcha por el funcionario y sujeta a una posterior revisión de la autoridad policial o administrativa sobre si existió o no tal riesgo, varias horas o días después, inhibirá al funcionario policial de perseguir al delincuente y no se logrará el propósito de la norma.
Si bien este proyecto plantea variadas normas que mejorarán la implementación de este nuevo procedimiento procesal penal, como la facultad de poder obtener copia de la investigación del fiscal por parte de la defensa o la regulación de las órdenes de detención, entre otras, existen normas que debieran ser revisadas, ya que podrían entorpecer el procedimiento y hacerlo más engorroso, frustrando de este modo los objetivos perseguidos con la implementación del nuevo sistema.
Con todo, anuncio el voto favorable de nuestra bancada.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, tanto el diputado informante como los colegas que han intervenido ya se han referido a los aspectos fundamentales del proyecto. Naturalmente, estas reformas van en la línea correcta, porque está basada en estudios serios realizados por el Ministerio de Justicia, por la comisión de expertos, por distintas organizaciones y particulares y, por supuesto, por el trabajo serio llevado a cabo por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La reforma procesal penal por su parte, va en la línea más sentida por la gente: que realmente haya más eficacia y eficiencia en la persecución de los delincuentes y más facilidades para que sean sancionados.
Desde este punto de vista, está claro que la agilización de la persecución penal y, obviamente, el perfeccionamiento de las hipótesis de flagrancias quedan suficientemente establecidos, especialmente en lo que dice relación con la posibilidad de que las policías puedan actuar en casos de que esa flagrancia sea evidente, situación que no estaba suficientemente considerada. Asimismo, se posibilita que las policías puedan actuar con mayor eficacia cuando el delincuente se oculte en un lugar privado.
Igualmente, es interesante el aporte que hizo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en relación con la regulación del falso testimonio de los testigos ante el Ministerio Público. Felizmente, el defensor nacional público hizo una ilustrada exposición, en cuanto a que la consagración del falso testimonio como delito podría perturbar el trabajo que es necesario realizar con los testigos porque, en tal caso, éstos se negarían a colaborar, lo que podría restar su aporte a la investigación. Es así como sus argumentos nos movieron a modificar el texto original.
En aras del tiempo y dado que estamos en la discusión general del proyecto, simplemente quiero decir que éste es un proyecto que va en la línea correcta, que es muy positivo para la reforma y, por supuesto, el PPD va a apoyarlo en su totalidad.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, entro en este debate desde la posición de un diputado que no ha participado en las reuniones de la Comisión y, por lo tanto, su eventual aporte provendría desde un punto de vista distinto.
Por una parte, es conveniente valorar un hecho que ha estado presente en esta reforma: la amplia participación de actores del mundo académico y de los poderes del Estado.
Por otra parte, también tengamos presente que una reforma que está en marcha requiere correcciones graduales, cuyos objetivos siempre debemos tener en consideración como lo son, en este caso, agilizar la persecución penal, evitar las zonas de impunidad de la persecución criminal y corregir errores normativos que se han puesto en evidencia con la entrada en vigencia gradual de la reforma. Creo que cuando uno se fija objetivos precisos y en función de ello hace las modificaciones pertinentes, está cumpliendo una tarea legislativa eficiente.
Quiero referirme a un aspecto muy relevante: la forma en que se enfrenta la flagrancia se armoniza con los derechos de las personas. Ése es un elemento esencial de la democracia.
Para terminar, es interesante destacar así lo señala el informe en las páginas 119 y 120 que al modificarse el criterio de falso testimonio se haya incluido una modificación al artículo 269 bis del Código Penal sobre obstrucción a la justicia, poniéndose en diversas hipótesis. Por lo tanto, es un buen aporte el haber incluido la obstrucción a la justicia.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, creo que es menester dejar constancia de dos temas vitales que deben ser corregidos en este trámite del proyecto que modifica los códigos Procesal Penal y Penal. Me refiero al artículo 1º, números 10) y 12), y al artículo 6º.
En el primero de ellos, es fundamental restringir a casos absolutamente de seguridad ciudadana y de alarma pública la facultad del Ministerio del Interior de querellarse. Digo esto, porque el eje central de la reforma es que el Ministerio Público sea el que represente los intereses del Estado. La idea no es perforar ese principio fundamental de la reforma a través de querellas, a menos que éstas sean en directa representación de la víctima y a petición expresa de ella.
El segundo aspecto es fundamental. Hoy, todos conocemos la cantidad de investigaciones y de detenciones que se ven frustradas porque Carabineros no puede allanar un domicilio, a menos que sea con la autorización expresa del jefe de hogar. Ahora estamos corrigiendo eso al agregar una frase que excluye esa posibilidad: “y siempre que exista riesgo cierto de verse frustrada la diligencia”. Creo que esa frase está de más.
Lo que debemos hacer es facilitar la acción de las policías para que no se escabullan los delincuentes y, efectivamente, se haga justicia. Con esa frase estamos borrando la buena intención de esta Sala, que apuntaba a facilitar la acción insisto de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para buscar, investigar y juzgar a los delincuentes.
En resumen, creo que es fundamental corregir los artículos 1º, números 10) y 12), y 6º en el próximo trámite reglamentario.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará en general al final del Orden del Día.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación en general el proyecto de ley que modifica los códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, con excepción del artículo 5º que requiere, para su aprobación, quórum de ley orgánica constitucional; es decir, del voto afirmativo de sesenta y seis diputados en ejercicio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros, Bauer , Bayo, Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Delmastro , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Varela , Vargas . Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En votación el artículo 5º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Barros, Bauer , Bayo , Bertolino , Burgos , Bustos, Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia) , Molina , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca , Cardemil , Delmastro , Galilea (don José Antonio) , Guzmán (doña Pía), Hidalgo , Palma y Pérez ( doña Lily ).
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Vuelve a Comisión para su discusión en particular.
Cito a reunión de Comités.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1º
1.De los Diputados Burgos y Bustos , para agregar los siguientes números nuevos:
a)Agrégase el siguiente número 3, nuevo:
“3) En el artículo 12, intercálese, a continuación de la expresión “y al querellante”, la frase “y del tercero civilmente responsable”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma (,) que le antecede.”.
b)Agrégase el siguiente número 12, nuevo:
“12) En la letra c) del artículo 109, intercálese, a continuación de la palabra “imputado” la frase “o del tercero civilmente responsable”.”.
c)Agrégase el siguiente número 18, nuevo:
“18) En el artículo 157, intercálese, a continuación de la palabra “imputado”, la frase “o del tercero civilmente responsable”.”.
d)Agrégase el siguiente número 24, nuevo:
“24) En el inciso primero del artículo 241, incorpórase, a continuación de la palabra “imputado”, la frase “o del tercero civilmente responsable”.”.
e)Agréganse los siguientes números 29, 30, 31 nuevos:
“29) En el artículo 262, agrégase, a continuación del vocablo “acusado”. la frase “o del tercero civilmente responsable.”.
30) En el inciso primero del artículo 273, intercálese a continuación de la expresión “y al querellante”, la frase “y del tercero civilmente responsable”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma (,) que le antecede.”.
31) En el inciso primero del artículo 275, intercálese, a continuación de la expresión “y el imputado”, la frase “y del tercero civilmente responsable”, suprimiendo la conjunción “y” que le antecede.”.”.
2.De la señora Soto y de los señores
Bustos , Ceroni y Pérez, don Aníbal , para agregar el siguiente número 59, nuevo:
“59) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 485, por el siguiente:
“Asimismo, se aplicará a partir de esa fecha, a las solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que recibiere la Corte Suprema que versen sobre hechos ocurridos en el extranjero con posterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana de Santiago. En consecuencia, los Ministro de esa Corte a quienes, en virtud del artículo 52, Nº 3, del Código Orgánico de Tribunales correspondiere conocer las extradiciones pasivas solicitadas con anterioridad, continuarán aplicando el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal.”.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE LOS ANDES.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes.
Hago presente a la Sala que, por acuerdo de los comités parlamentarios, el diputado informante dispondrá de 15 minutos, y para el debate se destinarán los siguientes tiempos: Comité de la Unión Demócrata Independiente, 13 minutos y 30 segundos; Comité Demócrata Cristiano, 9 minutos y 30 segundos; Comité del Partido por la Democracia, 7 minutos y 45 segundos; Comité de Renovación Nacional, 7 minutos y 45 segundos, y Comité Socialista y Radical, 6 minutos y 45 segundos.
Antecedentes:
- Informe de la Comisión Investigadora. Sesión 55ª, en 23 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades ocurridas en el Servicio Nacional de Aduanas, paso a informar sobre las actuaciones realizadas y las conclusiones y recomendaciones del caso.
El mandato de la Comisión se originó en el proyecto de acuerdo Nº 409, de 18 de mayo pasado.
Los integrantes de la Comisión de Agricultura constataron, en visita realizada a la Aduana de Los Andes, diversas deficiencias que motivaron la conformación de esta Comisión especial para que investigara aspectos vinculados a infraestructura, procedimientos técnicos, pesaje, dotación de personal y equipamiento. Con posterioridad, por acuerdo de la Sala, el mandato se amplió al análisis de otras aduanas y temas.
Durante el lapso que se tomó la labor de la Comisión Investigadora, se contó con la participación de las siguientes autoridades, funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones gremiales: el honorable senador, don Alberto Espina ; el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Arturo Herrera ; el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana, subprefecto Germán Ibarra ; el director nacional de Aduanas, don Raúl Allard ; y los siguientes funcionarios de este organismo: subdirector de fiscalización, señor Mario Arrué ; subdirector técnico, señor Víctor Valenzuela ; jefe del departamento de estudios, señor Karl Dietert ; jefe del Departamento de Fiscalización de Drogas, señor José Luis Castro ; director para la Quinta Región del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, señor Hugo Yávar ; jefa del SAG de la ciudad de Los Andes, señora Rebeca Castillo ; director de Salud de Aconcagua, señora Carmen Castillo ; jefe de la Quinta Zona de Carabineros, general Eduardo Gordon ; director de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros, general Gustavo González , y capitán Hugo Zenteno ; jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, señor Carlos Mella ; asesor jurídico del Conace, señor Mario Palma ; presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, don Mauricio Cordaro ; asesor de esa misma entidad, señor Guillermo Fernández ; presidente de la Asociación Gremial Chilena de Empresarios del Transporte Internacional de Carga por Carretera, señor Dusan Simunovic ; gerente de asuntos corporativos de Iansa, señor Patricio Bellolio ; abogados de la misma empresa, señores Edgardo Palacios y Germán Luhrs ; presidente del Consorcio Agrícola del Sur, señor Manuel Riesco ; vicepresidente de la Asociación Chilena de la Carne, señor Joaquín Abaroa , y gerenta general de la entidad, señora Elizabeth de la Barra ; gerente general de la Asociación de Plantas Faenadoras, señor Eduardo Torrealba , y director de la aludida asociación, señor ángel Becerra ; gerente general de la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua , Asiva , señor Gregorio Iñiguez ; presidente de la Cámara aduanera de Chile, señor Juan León , y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, señor Daniel Lillo .
La Comisión hizo un trabajo exhaustivo a partir de la Aduana de Los Andes; analizó el proceso de fiscalización aduanera en diversas dimensiones y realizó una posterior selectividad en base a la gestión de riesgo, automatización y aplicación electrónicas, etcétera, con lo cual reunió un valioso material anexo. Además, contó con la amplia colaboración de la Aduana y otras instituciones.
Del análisis surge la centralidad y complejidad que ha alcanzado el Servicio Nacional de Aduanas en el proceso de fiscalización de fronteras en el mundo actual y en Chile en particular. Su inserción internacional ha significado la adopción de nuevas normativas internacionales en el campo del comercio, además de las específicas que surgen de los tratados de libre comercio y de los nuevos riesgos aduaneros vinculados a la seguridad en cadenas de abastecimiento y protección social.
De ello emana la imagen de una aduana que tiene insuficiencia de recursos y nuevos requerimientos tecnológicos y de infraestructura; pero, al mismo tiempo, que se moderniza y tiene un alto prestigio internacional. Fue evaluada positivamente en el marco de la Apec y procura coordinarse con los demás servicios del Estado y con el sector privado productor, exportador e importador, de modo de hacer compatible la fiscalización aduanera con la facilitación del comercio.
Las sugerencias de la Comisión, a raíz de su función fiscalizadora e investigativa, están orientadas a estos objetivos, necesarios en la actual fase.
Cabe destacar que no se detectaron irregularidades que puedan afectar la probidad e integridad funcionaria.
De conformidad con lo preceptuado en el número 6 del inciso primero del artículo 301 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión estimó que no corresponde enviar a los tribunales de justicia los antecedentes recibidos, así como tampoco a la Contraloría General de la República ni al Consejo de Defensa del Estado.
Sobre la base de los múltiples antecedentes a los cuales se hizo referencia en el informe, la Comisión fijó un plazo para que sus integrantes hicieran llegar a la Secretaría sus propuestas de conclusiones. Luego de analizar los aportes recibidos, determinó adoptar como texto de debate y votación los documentos presentados separadamente por los honorables diputados José Antonio Galilea , presidente de la Comisión, y Jorge Burgos . Ambos estructuraron sus ponencias sobre la base de cinco capítulos, en los cuales, a juicio de la Comisión, se encuentran comprendidas cada una de las irregularidades denunciadas en su oportunidad por la Comisión de Agricultura, a saber: 1) infraestructura; 2) vigilancia fronteriza; 3) control de ingreso de mercaderías; 4) clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar, y 5) coordinación entre servicios para el control de drogas.
Respecto de los puntos 1), 2), 3) y 5) la Comisión acordó, por unanimidad, las conclusiones contenidas en el informe. Sólo en el punto 4), referido a la clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar, la Comisión aprobó, por 6 votos a favor y 4 en contra, lo presentado por el honorable diputado José Antonio Galilea. Debe consignarse que se introdujeron adecuaciones formales, a las cuales me referiré más adelante.
En relación con el punto 1), se debe hacer presente que las condiciones de infraestructura del recinto de la Aduana de Los Andes presentaban deficiencias. Es efectivo que existían problemas de cierre perimetral y de ordenamiento y limpieza de instalaciones en dicho recinto.
Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la denuncia aludida y la conformación de esta Comisión Investigadora, el Servicio Nacional de Aduanas realizó una serie de mejoras en materia de infraestructura, fundamentalmente consistentes en lo siguiente: cierre perimetral, construcción de terraplén y franja de seguridad, ampliación y reparación de la plaza de pesaje, colocación de alambres de púas sobre panderetas, reparación de casetas de control de acceso y salida de camiones, reparación de mallas metálicas, señalética con letreros tipo vialidad caminera, limpieza y retiro de malezas, reforzamiento del personal de seguridad con la adición de guardias con vigilancia las 24 horas del día, incluyendo domingos y festivos, readecuación del sistema de iluminación de patios y almacenes y un levantamiento de obras adicionales y mejoramiento en el sistema sanitario.
La Comisión expresa su satisfacción por la pronta determinación del Servicio Nacional de Aduanas de realizar estas inversiones mientras se ejecuta el proyecto y entra en operaciones el nuevo puerto terrestre El Sauce, que sustituirá el que existe en Los Andes. Según Aduanas, este puerto vendrá a solucionar los problemas presentados en la actualidad. El proyecto recientemente se licitó al Consorcio Azvi Chile S.A., de capitales españoles, y tendrá un costo aproximado de 10 millones de dólares, debiendo quedar operativo durante el año 2006.
A raíz de los testimonios aportados, la Comisión concluye que condiciones de infraestructura como las observadas en Los Andes existen en otros complejos fronterizos del país, razón por la cual manifiesta su preocupación en orden a que resulta imperioso que mejoras similares se concreten en el más breve plazo. Desde luego, las condiciones en que operan los pasos del norte del país no cuentan con turnos las 24 horas del día y equipos computacionales operativos. Igual preocupación se debe tener con las condiciones de trabajo y la cantidad de funcionarios que operan en ellos.
De los antecedentes recibidos la Comisión concluye que el personal de los complejos trabaja, en términos generales, en difíciles condiciones, situación a la que no escapa su infraestructura, lo cual fue ratificado por el director nacional de Aduanas. Este último señaló que ha solicitado al Ministerio de Hacienda, para los años 2005-2008, un aumento del presupuesto de 2,5 por ciento para financiar inversiones y gastos de operación, el cual, a juicio de la Comisión, puede resultar insuficiente para contar con aduanas a la altura de los requerimientos del país, cada vez más incorporado al comercio internacional.
Los escáneres en algunas aduanas, si bien son un paso positivo, deben constituir un elemento tecnológico generalizado.
No obstante, la modernización de la Aduana de Los Andes se verificará una vez que el Estado habilite el complejo fronterizo de control en el lugar denominado El Sauce, el cual deberá quedar operativo durante el 2006.
Por consiguiente, debe instalarse a la brevedad una plaza de pesaje fija o portátil ubicada en el mismo paso fronterizo Los Libertadores, cuya función deberá certificar en el lugar de ingreso el peso real de las mercancías para los efectos tributarios, a fin de que no quede duda en esta materia y sin perjuicio de que el Servicio Nacional de Aduanas las pueda aforar documental y sanitariamente conforme con sus procedimientos en el puerto terrestre.
Se busca evitar el contrabando de mercancías, la evasión de impuestos, el ingreso de sustancias ilícitas y el traslado de la carga.
En relación con la vigilancia, las facultades del Servicio Nacional de Aduanas se encuentran definidas en el artículo 1º de la Ordenanza de Aduanas y en su ley orgánica, la cual le encomienda la función de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República.
Para dar cumplimiento a sus funciones, la ley ha entregado al Servicio de Aduanas un conjunto de atribuciones sobre las personas, cargas y medios de transporte.
Sin perjuicio de lo anterior, la función de vigilancia fronteriza le corresponde constitucionalmente a Carabineros de Chile y la función de control de inmigración a la Policía de Investigaciones, a través de la jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional.
Destacamos las inversiones de reubicación de las instalaciones aduaneras en algunos pasos que se están habilitando en un proyecto. Sin embargo, estimamos que es necesario incrementar de modo significativo esta inversión, así como acelerar su concreción.
De igual modo, dadas las condiciones geográficas de la zona norte en particular, y de nuestra frontera en general, un aumento de la vigilancia de la línea fronteriza por parte de Carabineros se hace urgente. Para ello, se requiere de más personal, mejores condiciones de trabajo y elementos tales como vehículos y comunicaciones adecuadas.
Se sugiere formar un comité intersectorial entre los servicios involucrados en el control de nuestras fronteras, con el propósito de maximizar los recursos existentes y coordinar la adecuada labor de sus funciones; aumentar la vigilancia en la frontera y dotar a las aduanas de los elementos necesarios para el cumplimiento de dicha tarea; incrementar las medidas de disponibilidades presupuestarias y las inversiones en infraestructuras y recursos tecnológicos en todos los complejos aduaneros.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor VENEGAS.-
Concluyo señalando que los señores diputados cuentan con la totalidad del informe. Por lo tanto, podrán efectuar las exposiciones que estimen pertinentes.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, la Comisión Investigadora, que partió analizando el problema de la Aduana de Los Andes, se extendió posteriormente al resto de las instalaciones aduaneras y pasos fronterizos, lo cual contribuyó en forma notable a hacer un análisis exhaustivo sobre la materia.
El informe se divide en cinco partes: la primera, sobre infraestructura; la segunda, sobre vigilancia fronteriza; la tercera, sobre control de ingreso de mercaderías; la cuarta, sobre clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar, y la quinta, sobre coordinación entre servicios para el control de drogas.
La Comisión tuvo origen en una inquietud de la Comisión de Agricultura que se percató de algunos problemas relacionados especialmente con el control de azúcares y mezclas de azúcares en el país.
Me referiré sólo a las dos primeras partes del informe: infraestructura y vigilancia fronteriza.
Se encuentra en marcha el complejo aduanero El Sauce. A través de un aporte del gobierno regional se adquirió un terreno en la localidad de El Sauce, vecina a Los Andes, que fue entregado al Servicio Nacional de Aduanas, y en el cual el Ministerio de Obras Públicas diseñó un complejo extraordinariamente importante que dará cabida a un significativo número de vehículos y de servicios. El complejo El Sauce implica una inversión de diez millones de dólares y, junto con el complejo fronterizo Los Libertadores y el camino internacional, conforman el puerto terrestre de Los Andes.
Todas las deficiencias que evidencia el actual complejo aduanero de Los Andes, ubicado en calle Hermanos Clark, es consecuencia de su gran insuficiencia, puesto que es un terreno antiguo, estrecho, donde no caben más de setenta camiones y obliga a trabajar en muy malas condiciones.
Después de la visita de la Comisión de Agricultura a Los Andes se produjo un cambio importante fue señalado por el diputado informante, que significó modernizar en gran medida el complejo aduanero actual. Pero, lo más importante es que ya partió el proceso de construcción del complejo aduanero El Sauce con la licitación de los terrenos y el nombramiento del inspector fiscal. En doce meses más, es decir, a mediados del próximo año, entrará en funcionamiento, si todo marcha de acuerdo con los cronogramas previstos.
Ese complejo extraordinariamente moderno en funciones y otras obras de la zona, como el bypass de El Sauce a Auco, en la Ruta Libertadores, y la proyectada Ruta CH 60 significará un gran alivio, puesto que permitirá el aparcamiento conveniente, en una gran playa de estacionamiento, del número progresivo de camiones que ingresan a Los Andes, que en la actualidad asciende en una jornada a cerca de seiscientos. Además, no sólo considera instalaciones para el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Salud, sino también otro para que puedan pernoctar los choferes.
Debo recalcar que es de gran importancia la vigilancia fronteriza para el control de drogas. Existen antecedentes suficientes de que una cantidad significativa de droga, en particular, de marihuana paraguaya prensada, ingresa a través del complejo Los Libertadores. Una buena coordinación entre los servicios, que permita el control de vehículos pesados, especialmente mediante un sistema de escáner, dispositivo de rayos X que permite revisarlos totalmente cuya instalación también se ha anunciado para el complejo Los Libertadores, contribuirá a terminar con ese tráfico.
No me referiré a los demás temas del informe, por cuanto serán abordados por otros colegas de mi bancada.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, al leer el informe, me llamó la atención el hecho de que no hubo unanimidad sobre un punto, me explico: de acuerdo a los considerandos originales del mandato el objetivo de la Comisión es investigar presuntas irregularidades en el ingreso de mercaderías, a la carencia de una plaza de pesajes, al tema de la revisión de camiones y a la ausencia de condiciones de seguridad. En el transcurso del debate, quizá por el entusiasmo natural de los diputados integrantes, se extendió el mandato al funcionamiento de la Aduana de Los Andes y luego al sistema aduanero en general. Así, en las conclusiones del punto 4 hay una sugerencia de reclasificación aduanera de las mezclas del azúcar. El salto es grande desde los temas de los camiones, la plaza de pesaje y la inseguridad de los trabajadores.
Al respecto, quiero hacer presente que los diputados comprobamos cómo los pobres de la ciudad terminan pagando el azúcar más cara porque existe una banda de protección. Al respecto, en el punto 4 de su informe, la Comisión termina con la siguiente sugerencia: “En función de lo anterior, el Servicio Nacional de Aduanas debería proceder sin demora a la reclasificación de las mezclas de azúcar con cacao y gelatina”. Esto se extendió bastante y parece un traje sastre a la medida para reproteger, más allá de la banda, a quienes ya están protegidos con los sobrearanceles del azúcar.
Cuando se creó la Comisión, los temas eran otros. Entonces, destaco parte de los argumentos y conclusiones del diputado señor Burgos que, al parecer, no fueron aprobadas por la Comisión. Él objetó lo mismo que estoy planteando en cuanto a que esta materia no debiera ser parte de las resoluciones.
Señor Presidente, le consulto si acaso podemos votar por separado el punto 4, porque me gustaría votarlo negativamente, en defensa de los pobres de las ciudades que no tienen ninguna regalía y ahora entregamos un nuevo privilegio relacionado con la banda de azúcar. No quiero discutir esa materia en esta sesión y, para no hacerlo, le pido que dejemos fuera ese punto y votemos los otros, con los cuales estoy totalmente de acuerdo. Conversé al respecto con el diputado Maximiano Errázuriz , quien, representante de sectores populares, conoce muy bien este tema.
Señor Presidente, si se aprueba mi proposición, podríamos votar por separado este punto 4 de las resoluciones; si se rechaza y su señoría lo permite, a lo menos que quede establecida una reserva.
No me parece acertada la sugerencia de reclamar al Servicio Nacional de Aduanas por el incumplimiento de una norma legal. Se le pide un cambio de clasificación arancelaria contrario al arancel aduanero de Chile. No soy especialista en la materia; los abogados podrán decirlo mejor, pero si es una propuesta para contradecir el arancel aduanero, la sugerencia es improcedente en este informe, como asimismo contraria a la norma legal aprobada en 2003, establecida en el artículo 2º de la ley Nº 19.897 para este caso.
Además, dentro de la normativa internacional no hay antecedentes que permitan justificar dicha clasificación, las preparaciones alimenticias, como el cacao y la gelatina, etcétera. Tal clasificación como azúcar no sólo constituye un error técnico, sino, además, está en desacuerdo con el arancel, no corresponde a la jurisprudencia del Servicio Nacional de Aduanas ni está de acuerdo con las prácticas internacionales, en circunstancias de que hoy nos enorgullecemos de la responsabilidad internacional de Chile. Hace pocas horas, el Presidente de la República inauguró la Costanera Norte, decía que ésta es la prueba de la credibilidad de Chile, de sus instituciones y sistema. Considero que a pocas horas de ese evento no sería conveniente incluir esa clasificación en este informe tan bueno, completo y serio en muchos aspectos importantes relacionados con irregularidades de la aduana. Sería mejor suprimir el punto 4. Los señores diputados interesados en agregar esta rediscusión, este rearancel, respecto del azúcar en productos combinados, podrían pedir la formación de una comisión que se aboque estrictamente a redebatir lo aprobado en 2003 o bien reestudiar sólo ese tema, de manera de tratar ahora, simplemente, los aspectos centrales para los cuales fue convocada esta Comisión, más sus adiciones.
Si el debate acerca de las mezclas fue materia de una ley específica, no es muy adecuado tratarlo sólo como un subpunto de aquellos aspectos de detalle de la discusión sobre el funcionamiento de una aduana. Se parte con la infraestructura y se termina en uno de los subpuntos nada menos que con la discusión de la ley. Más aún cuando, finalmente, los pobres y la clase media de las ciudades, azucaradores de su té diario, terminarán más perjudicados por una excelente intención de esta Comisión, que lo hizo tan bien en todos los aspectos.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta el diputado señor Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, lamento que, después de aprobarse el proyecto de acuerdo Nº 409, el centro de la discusión sean las mezclas del azúcar y no la existencia de irregularidades en la aduana de Los Andes. Entiendo que, legalmente, no hay ninguna objeción, porque se amplió el mandato de la Comisión y la Sala así lo consintió, pero es muy importante volver a la esencia del proyecto de acuerdo.
Represento a la comuna de Los Andes que es tremendamente sensible al mal funcionamiento de la aduana. Gracias a Dios, después de los descargos formulados en la Comisión, Aduanas pudo solucionar los problemas y poner fin a algunas irregularidades.
Pero, ¿qué constató originalmente la Comisión de Agricultura en la aduana? La inexistencia de una plaza de pesaje en el sector de Los Libertadores y en el recinto ubicado en el centro de la ciudad; la revisión de un porcentaje menor de los camiones que transitan diariamente por dicho paso y la ausencia de condiciones de seguridad para los funcionarios de la Aduana de Los Andes y para los transportistas. Estas anomalías, según lo constató la propia Comisión, generaban consecuencias muy graves, porque no se conocía el real volumen de carga que entraba al país, se facilitaba y se permitía la falta de control en el ingreso de mercaderías por contrabando o de sustancias ilícitas y, además, estaba la amenaza de daño que podía generarse para el patrimonio fito y zoosanitario.
La Comisión de Agricultura, en su informe, determina que las condiciones en que se encuentra la infraestructura y en que opera el personal de los distintos servicios públicos del complejo aduanero ubicado en la ciudad de Los Andes no se condicen con las que debe tener el principal complejo fronterizo del país.
El complejo de Los Libertadores fue diseñado en 1970 y, lamentablemente, hoy sigue con la misma infraestructura.
Se debe destacar así lo dijeron los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Aduana que ésta no es responsabilidad de los funcionarios. Ellos hacen lo mejor posible con los recursos de que disponen. Entiendo que Aduanas, como dijo en su informe el diputado señor Venegas , hizo un esfuerzo por solucionar algunas deficiencias que detectó la Comisión Investigadora. Me parece verdaderamente lamentable que sólo después de constituida dicha comisión se hayan hecho cosas tan simples como mejorar el cierre perimetral, construir un terraplén o la franja de seguridad, colocar alambre de púa sobre las panderetas, reparar las casetas de control de accesos y las mallas metálicas, limpiar y retirar la maleza. Considero que no es necesario que se constituya una comisión investigadora para solucionar ese tipo de problemas.
Finalmente, quiero decir que hoy, como consecuencia de problemas de infraestructura que existen en el complejo Los Libertadores, algunos servicios públicos no están cumpliendo adecuadamente su función.
Por segundo año consecutivo, en la ciudad de Los Andes se ha detectado mosca de la fruta, afectando a 1.181 productores agrícolas, particularmente a los de damasco, que no pueden vender su producción.
En consecuencia, que Aduanas no cuente con la infraestructura adecuada y con un personal que trabaje en buenas condiciones, causa un daño muy grande al país.
La bancada de la UDI está unánimemente a favor del informe de la Comisión en lo relativo a las irregularidades detectadas en el complejo fronterizo Los Libertadores. Pero, para otros puntos, en particular para el que comentó el diputado señor Hales , no existe la misma unanimidad.
En consecuencia, para valorar adecuadamente el trabajo hecho por la Comisión, en representación de la bancada de la UDI pido dividir la votación, de manera que podamos manifestar nuestra plena aprobación al informe de la Comisión de Agricultura en aquello que motivó la presentación del proyecto de acuerdo Nº 409.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, la Comisión Investigadora sirvió para poner sobre la mesa la verdad de lo que ocurre con la droga en Chile. Mucho se habla del aumento del consumo, del tráfico y del mercado de la droga, pero nada de lo que lamentablemente se comprobó: que el 95 por ciento de la droga que entra a Chile lo hace por los pasos fronterizos vigilados.
La Policía de Investigaciones señalo que el año 2003 realizó 559 incautaciones de droga. Quinientos cincuenta y tres, es decir, el 95 por ciento, fueron de sustancias ingresadas por pasos fronterizos vigilados.
¿Cuál es la causa de esto? Podríamos dar muchas. Por ejemplo, descoordinación básica. Un camión que cruza por el paso Los Libertadores después de las 8 de la noche no puede ingresar en los recintos de la Aduana de Los Andes y tiene que esperar hasta el día siguiente. ¿Y dónde espera? En la ciudad. El camión permanece toda la noche sin vigilancia alguna. Podrán imaginar lo fácil que es violar los sellos y descargar.
Como se dijo en la Comisión, basta visitar Colchane . Allí no hay un generador de electricidad, lo que significa que los computadores se apagan a las 20 horas; puede entrar o salir cualquier persona sin ninguna vigilancia; no hay ni una ampolleta prendida para revisar los pasaportes o los carnés de identidad de la gente que entra y sale.
En Chile existen más de treinta pasos vigilados. Pregúntense cuántos escáner tienen o cuántos perros detectores de drogas se encuentran en servicio. ¡Ésa es la verdad de la droga en Chile!
Si ésta es la realidad de los pasos vigilados, ¿qué queda para los pasos no autorizados? Mientras Chile no destine recursos y ponga atención al control de drogas, el país seguirá siendo subdesarrollado en este tema, tal como lo demostró la Comisión.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la Comisión investigadora cumplió una labor sumamente eficiente y exitosa al señalar todas las irregularidades que se producían en la Aduana de Los Andes y los problemas que presentaba el Servicio Nacional de Aduanas, tal como señalaba la amplitud del mandato que le dio esta Sala.
Pero dentro de ese cometido tan amplio, hubo un exceso y una exageración, porque el mandato no contemplaba, en modo alguno, el tema de la banda de precios del azúcar, materia totalmente ajena a la de las irregularidades o a la del funcionamiento de la aduana. Por lo demás, ya había sido tratado por esta Sala y está legislado desde el año 2003, por lo que no correspondía entrar a verlo. Si queremos, podemos discutirlo en el futuro, pero ese es otro tema, que podría implicar hasta una modificación legal.
Mayor justificación tienen estas aprensiones respecto de una materia incluida dentro de la banda de precios del azúcar, como es la de las mezclas, con todos los problemas que implica, desde el punto de vista de su impacto, en los tratados comerciales y en el usuario.
Por lo tanto, resulta un poco sorprendente que esta Comisión, que trabajó en forma eficiente, con mucha acuciosidad y que tenía un cometido importante para mejorar el funcionamiento de nuestras aduanas no sólo la de Los Andes mezcle una investigación con temas con los que no tiene ninguna relación, como son las bandas de precio del azúcar y, particularmente, las mezclas de azúcar.
Tal como lo han señalado otros señores diputados, estamos dispuestos a aprobar la primera parte de este informe, pero la segunda debe ser votada en forma separada, para la cual anuncio, desde ya, mi voto en contra, porque repito no tiene relación con el mandato que se dio a la Comisión.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes hizo un esfuerzo para conciliar posiciones, en el que intervine junto a su presidente, diputado señor José Antonio Galilea . En ese esfuerzo, logramos consensuar todos los capítulos, salvo el 4).
Si revisan el informe, en lo esencial existe unanimidad en todos los puntos o propuestas que presentamos el diputado José Antonio Galilea y el diputado que habla. Obviamente, el esfuerzo consistió en que tuvimos que ceder o entregar algunas consideraciones que, a juicio de la Comisión, aparecían muy lógicas.
En el capítulo relativo al control de drogas conciliamos una posición, que a mi entender no tiene el carácter que le dio el diputado Nicolás Monckeberg , en el sentido que existían graves elementos de descoordinación. Igual cosa hicimos en el capítulo de infraestructura, en el que conciliamos una posición muy parecida a la del diputado Marcelo Forni . Ese fue el esfuerzo y la inteligencia para sacar adelante el informe.
Es cierto que no hubo acuerdo en el tema de las bandas de precio del azúcar. No me voy a referir a si teníamos o no competencia, eso es más discutible. Y como no hubo ninguna posibilidad de acuerdo, ese capítulo se votó; fue el único que, por una mayoría exigua, se gana.
En consecuencia, lo lógico es sumarse a lo propuesto por los diputados Marcelo Forni y Juan Bustos , en el sentido de votar el informe separadamente. Sería absurdo tener que votarlo en contra, en circunstancias que se está de acuerdo con las tres cuartas partes de sus proposiciones y en desacuerdo con el resto. Estamos en las antípodas. Lo racional es seguir la misma lógica que se tuvo en la Comisión, cuando lo votó separadamente y no como un todo.
Me dicen que la tradición en la Sala es que no sea así. Me parece que es una mala tradición, porque cuando la inteligencia de la Comisión Investigadora es ésa, la Sala tiene que hacer un esfuerzo por tener la misma. De lo contrario, se va a dar el absurdo reitero de que por tener que votar el informe como un solo todo, muchos nos veremos en la obligación de votarlo en contra, aun cuando estemos de acuerdo con sus tres cuartas partes.
Señor Presidente, le pido que solicite la unanimidad de la Sala para votar de manera separada el punto 4).
En el tiempo que me resta, por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción a la diputada Alejandra Sepúlveda .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, no coincido con el diputado señor Burgos . Lo irónico de todo esto es que la razón de existir del proyecto de acuerdo que dio origen a la Comisión Investigadora era detectar las irregularidades que había en la clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar. Las denuncias que recibimos en la Comisión de Agricultura motivaron una visita a la ciudad de Los Andes, donde pudimos constatar otras innumerables irregularidades, que se consignan en el informe, y que afortunadamente se han subsanado.
Aquí se está vulnerando la ley, al cometerse irregularidades con ciertas mezclas de azúcar y, precisamente, es éste el origen del proyecto de acuerdo. Durante el debate en la Comisión planteamos que no podía ser clasificado como cacao lo que, en la práctica, tiene sólo 1 ó 2 por ciento de cacao y 98 ó 99 por ciento de azúcar. Eso nos parece realmente ridículo, por decirlo de alguna forma. Incluso, el senador Rafael Moreno, en la comisión del Senado, puso este caso como ejemplo.
Por eso, es absolutamente necesario que el Servicio Nacional de Aduanas revise la clasificación de ciertas mezclas de azúcar.
Lamento que tengamos que votar el informe separadamente, porque ello no corresponde, ya que fue decisión de la Comisión de Agricultura respaldar la propuesta presentada por el diputado José Antonio Galilea .
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme al capítulo del informe relacionado con la infraestructura. Algunos parlamentarios creemos que la infraestructura con que cuentan los servicios que operan en los complejos aduaneros, para no centrar la discusión únicamente en el Servicio Nacional de Aduanas, claramente no está a la altura de los desafíos que el país se ha fijado en virtud de los acuerdos comerciales suscritos. Ello quedó de manifiesto en la visita que la Comisión de Agricultura efectuó a la Aduana de Los Andes. Las malas condiciones con que operaba ese centro aduanero hicieron que fuera objeto de un sumario sanitario y de multas por el Servicio de Salud Aconcagua en 2003. Cabe reconocer que a partir de la investigación que inició esta Comisión, el Servicio Nacional de Aduanas llevó a cabo una serie de mejoras en la infraestructura de ese lugar.
También quiero manifestar nuestra preocupación respecto del control del ingreso de mercadería que efectúa este servicio. Quedó establecido en la Comisión que en aduanas se revisa documentalmente el ciento por ciento de lo que ingresa, pero en el aforo físico se revisa apenas el 5 por ciento, lo que resulta claramente insuficiente y constituye un riesgo de ingreso al país de contrabando, sustancias ilícitas, etcétera.
Me quiero concentrar en un tema que fue objeto de discrepancia al interior de la Comisión: la clasificación aduanera de ciertas mercaderías.
Quiero despejar la duda que han planteado los diputados Bustos y Hales lamento que no estén en la Sala en este momento en el sentido de que incorporar este punto en el informe habría significado excederse en el mandato que la Sala entregó a la Comisión investigadora.
Discrepo categóricamente de esa opinión, por cuanto uno de los puntos del proyecto de acuerdo señala que entre las materias a investigar estaba la probabilidad de que se vulneren normas legales y reglamentarias, como las concernientes a las bandas de precios, toda vez que pueden ingresar al país mercaderías afectas sin pagar los derechos correspondientes. Resulta evidente que el cumplimiento de las bandas de precios tiene mucho que ver con la clasificación que el Servicio Nacional de Aduanas hace de determinadas mezclas de mercaderías que ingresan al país.
Por lo tanto, a mi modesto parecer, la Comisión no excedió el mandato que le entregó la Sala, más aún cuando, en su momento, la Sala le amplió el mandato no sólo en términos de los plazos, sino también de los temas que podía investigar.
Lo concerniente a las bandas de precio es importante porque las modificaciones que se hicieron a la ley en 2003 fueron motivo de un amplio acuerdo entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Ese acuerdo contenía, a lo menos, las siguientes condiciones:
En primer lugar, que las bandas de precio debían desaparecer en algún momento, lo cual estaba muy en sintonía con el tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos.
En segundo lugar, lo que me parece muy importante para esta discusión, que la cuota de 60 mil toneladas para ingresar al país libres de arancel establecida en 2003, se aumentó a 105 mil toneladas; es decir, la cuota se incrementó en 45 mil toneladas libres de arancel, de las cuales 30 mil toneladas corresponden a mezclas que contienen azúcar. O sea, los agricultores tuvieron que aceptar que las bandas de precio tenían un límite de tiempo y la industria recibió una cantidad de mezclas de azúcar libre de arancel superior a las 60 mil toneladas establecidas en 2003.
Sin embargo, también fue parte del acuerdo evitar que el sistema de bandas de precio, a lo menos mientras opere, no fuese objeto de perforación o de burla, porque no tendría ningún sentido que exista un sistema de bandas de precio y que se cree inmediatamente un sistema para vulnerarlo. Esta situación originó lo contenido en el punto 4) del capítulo V) del informe, en relación con las mezclas de azúcar.
Quiero hacer presente a los señores diputados cuál fue el espíritu en materia de mezclas de azúcar que imperó cuando se llegó a este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Voy a leer los certificados de las actas del Senado que fue básicamente donde se construyó el grueso de este acuerdo.
Dicho documento expresa: “En la intervención en el Congreso del abogado del Ministerio de Hacienda de esa época, don Juan Araya , quien, respecto a la posible perforación de la Banda por mezclas de cacao con alto contenido de azúcar, señaló que el proyecto establece un criterio para la clasificación de los azúcares, que en caso de ser vulnerado por la aplicación maliciosa de la partida 1806, el Ejecutivo debería corregirla por ser constitutiva de evasión o de elusión tributaria.”.
Más adelante el documento agrega: “la voluntad efectiva del Gobierno es blindar las bandas y, por lo tanto, impedir que cualquier arancel que se abra, por la vía de estadísticas u otro concepto administrativo, no altera la voluntad de impedir el ingreso de ninguna mezcla. Es decir, el Servicio de Aduanas no podrá admitir, por ejemplo, que ingrese azúcar en un 98% con un 2% de cacao, porque, en el espíritu y en el texto de la legislación, queda excluida esa alternativa por constituir mezcla.”.
Cabe hacer presente que muchos parlamentarios votamos y aprobamos esta norma en base a ese acuerdo.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Como el tiempo de Renovación Nacional ha terminado, solicito la unanimidad de la Sala para otorgar dos minutos más al diputado José Antonio Galilea , con el fin de que concluya su intervención.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, se lo agradezco.
El certificado de la discusión de este proyecto en el Senado está plagado de ideas, no sólo del Ejecutivo, sino de los senadores señores Gazmuri , Moreno y de numerosos otros, que señalaron la necesidad de que si las bandas de precio iban tener un tiempo de expiración, durante su vigencia, quedaran los suficientes resguardos para que, por la vía de las mezclas, no se perforen las bandas de precio. Eso se hace extensivo a otras perforaciones que se pueden hacer utilizando otras mezclas, como sucede con el trigo.
Más allá de la opinión que tenga cada uno de los señores diputados respecto del sistema de bandas de precio, de su legitimidad o de su ilegitimidad, tenemos que resguardar el cumplimiento de los acuerdos a que llegan el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Aquí se estableció categóricamente un compromiso, cual era evitar que ingresaran al país las mezclas de azúcar con cacao y con gelatina, porque eran un modo de perforar las bandas de precio.
El Servicio Nacional de Aduanas ha hecho una interpretación, a juicio de la mayoría de los integrantes de la Comisión Investigadora, errónea y equivocada respecto de las normas contenidas en la ley de bandas.
Por eso, es absolutamente legítimo que, quienes concurrimos a ese acuerdo, demandemos su cumplimiento.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, después de escuchar todas las intervenciones, creo que hoy se ha puesto a la Cámara en una situación muy compleja, que escapa a toda lógica y sentido común, respecto de la forma en que ha evolucionado este informe, el cual nos pone en una disyuntiva, pues tenemos, por un lado, el contrabando, el tráfico de drogas y las preparaciones alimenticias y, por otro, la reclasificación de las mezclas de cacao, de azúcar y de gelatina. Es decir, hay temas que, sin duda, nos llevan a votar a favor o en contra; a expresar un juicio crítico sobre una situación respecto de la otra. Por eso, avalo la petición de separar las votaciones.
Me parecen absolutamente legítimos los argumentos de quienes defienden las zonas agrícolas o que han visto los beneficios que han generado las bandas de precio. Lo que cuestiono es que nos metan de contrabando un tema que debe ser motivo de un análisis mucho más profundo y de un pronunciamiento de la Cámara o de quienes corresponda en las instancias de reclamo. Según me ha informado el Servicio Nacional de Aduanas, no se ha presentado ningún reclamo formal hasta la fecha respecto de la reclasificación de las mezclas.
Reitero: se ha puesto a esta Cámara en un imposible, que escapa a toda lógica y sentido común, el que ojalá pudiéramos zanjar en una sesión especial. Apoyaremos muchos de los beneficios que las bandas de precio y la ley Nº 19.897 han reportado al país. Cómo no destacar de esa ley la desgravación al año 2008, en vez de aplicarla en forma inmediata; cómo no reconocer los intentos de esa ley para paliar en parte los efectos negativos de la competitividad externa en la industria consumidora de azúcar; cómo no reconocer el aumento de la cuota libre de aranceles para que sea determinada en forma exclusiva por las industrias consumidoras, eliminando intermediarios.
Sin entrar a considerar la legitimidad de las opiniones que todos podemos tener en esta materia, otra cosa son los efectos y los pronunciamientos internacionales que genera esta situación. Hoy estamos en un mundo globalizado. Chile no se manda solo; dependemos de los criterios de la Organización Mundial de Comercio, de la Aladi. Abrir una discusión en este tema podría generar, desde el punto de vista internacional, al menos, cuatro o cinco efectos.
En primer lugar, deja al país en una alta vulnerabilidad respecto de situaciones que están pendientes con países como Colombia y Argentina.
En segundo lugar, entrar a una reclasificación de las mezclas podría llevar a Chile a un incumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos. Actualmente, existen negociaciones pendientes con algunos países interesados en estos productos. Una eventual reclasificación de las mezclas sería una señal que debilitaría la posición negociadora que tenemos hoy. Además, sabemos que la importación de mezclas es baja: unos dicen que es de 3 por ciento y otros que es de 7 por ciento. De tal manera que el efecto de esta materia es bastante limitado y marginal.
Por último, agregar nuevos productos a la banda generará nuevas represalias al ingreso de mercaderías chilenas a otros países. En consecuencia, meter el dedo en esta situación no es gratis para Chile, pues abre una ventana compleja.
No voy a referirme a los efectos que ha tenido la aplicación de las bandas de precio, lo que es evidente y claro. ¿Qué duda cabe de que todos los chilenos, especialmente los más pobres, están subsidiando en parte importante la industria azucarera? Pero ése es otro tema de discusión. Soy ingeniero agrónomo, pero veo cómo el mundo protege sus productos. Se otorgan 700 mil millones de dólares en subsidios, por lo que tenemos que defendernos. Las bandas de precio han sido un mecanismo para eso, aunque lo están pagando los consumidores; pero se tomó una decisión política en esa dirección.
Podemos analizar las bandas, ver su aplicación y funcionamiento, pero los diputados de zonas agrícolas tienen todo el derecho a defender sus puntos de vista sobre la materia. ¡Por Dios, quién va a cuestionar ese derecho! Pero la racionalidad, la lógica, lleva a que no pasemos de contrabando un tema que puede analizarse en una sesión especial o mandatar a una comisión para investigar la aplicación de las bandas y qué han significado. No obstante, no nos pongan en la disyuntiva de votar el informe de Aduanas, porque si lo voto en contra, avalo que ese organismo ha actuado bien; pero si lo voto a favor, respaldo el funcionamiento de las bandas. Eso escapa a la lógica y a la razón, y el Congreso Nacional está llamado a ser razonable.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, al presidente de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas, se le asignaron seis minutos para exponer, de los cuales usó cuatro minutos para referirse al tema mencionado y dos para hablar sobre el tema de las mezclas, pero no sobre los problemas del Servicio Nacional de Aduanas.
A mi juicio, esto demuestra claramente lo que señalaba el colega Melero respecto de que el objetivo de la Comisión era uno, mas derivó hacia otro, que puede o no ser legítimo; pero que, sin duda, no responde al espíritu del mandato que se dio a esa comisión después de que algunos colegas denunciaron que había problemas graves con el funcionamiento de unas instalaciones aduaneras, con su infraestructura, con su personal, con el control, etcétera.
Respecto de los temas propios del Servicio Nacional de Aduanas, soy partidario de aprobar lo realizado por la Comisión; pero mantengo una discrepancia institucional, minimizada por el colega Burgos , relacionada con una práctica reglamentaria de que los informes de las comisiones investigadoras se aprueban o se rechazan, no se desmenuzan, no se reparten ni se separa la votación. Sólo por una situación muy excepcional deberíamos reflexionar en esta ocasión. La única ocasión en que esta Corporación no cumplió con la tradición y el Reglamento fue para la investigación de los cheques del hijo de Pinochet, “los pinocheques”, cuando se realizó un ejercicio de enlace en el país. Es decir, se trataba de condiciones distintas.
Lo que ha generado el debate no es el tema de las aduanas, sino lo relacionado con las mezclas.
En esa materia, las conclusiones propuestas trasgreden nuestras facultades legales; van más allá de lo que debemos hacer, pues dicen relación con cómo se aplica e interpreta una ley. La Constitución otorga esa facultad a los tribunales de justicia. Nosotros dictamos leyes; y si tenemos dudas, reinterpretamos con otra ley. No somos los llamados a invadir un espacio privativo del Poder Judicial, que es aplicar las leyes, como aquí se sostiene, o, adicionalmente, generarlas y utilizarlas para que particulares, defendiendo sus intereses, lleven este tema a los tribunales.
La producción de remolacha en el país se concentra en 140 productores, que controlan el 80 por ciento de la producción. Iansa tiene una relación de economía de contratos con la gran mayoría de los productores. Hoy podríamos discutir esa economía en ese sector agrícola que, sin duda, hoy está mejor que años atrás.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo del Comité Socialista y Radical.
Recabo el asentimiento de la Sala para otorgar dos minutos más al diputado señor Juan Pablo Letelier .
Acordado.
Puede continuar, su señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Sí, señor Presidente, ¿podemos debatir la situación del sector de la economía afectado? Sí, podemos. Pero ésta no es la ocasión. No debe ser la oportunidad en la cual realicemos un debate trasgrediendo los límites de nuestras facultades, porque sin duda, aquí hay materias que pueden ser muy discutibles. No siento que como Corporación, a partir de un pronunciamiento nuestro, debamos ser utilizados para que otros lleven este debate a los tribunales cuando quienes creen que la dirección del Servicio Nacional de Aduanas aplica mal la ley aún no entablan una demanda. Si hay un reclamo, corresponde llevarlo a los tribunales de justicia.
Me parece muy delicado este debate cuando algunos miembros de este Congreso Nacional, en una materia distinta, como es el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de los plazos de los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, sentimos que han violado la Constitución, porque están yendo más allá de sus normas, interpretando o dictando leyes con pronunciamientos u órdenes del tribunal superior.
Hay quienes sentimos que debemos ser muy delicados y claros en definir los límites de los poderes del Estado, ya que con la redacción propuesta por el colega Galilea , estamos a punto de pasarnos de lo recomendable. Comparto lo señalado por el colega Melero respecto de que se ha tendido a desvirtuar la esencia de este informe.
Felicito a quienes propusieron y trabajaron en la discusión de los problemas de fondo del Servicio Nacional de Aduanas, organismo que se encuentra muy debilitado respecto de las funciones estratégicas que debe cumplir. Comparto los juicios emitidos por su asociación de funcionarios, que no son los responsables de la infraestructura deteriorada o insuficiente. Lamento que se requiera una comisión investigadora para generar las reacciones de inversión.
Por lo anterior, manifiesto mi disposición para votar favorablemente las conclusiones de esa parte del informe; no así lo planteado en su página 84, pues creemos que escapa de nuestras facultades legales y de lo aconsejable.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señor Presidente, quiero insistir en algunos conceptos que ha mencionado el colega Juan Pablo Letelier .
Por supuesto, no somos técnicos para saber si la ley de bandas de precios está bien aplicada por el Servicio Nacional de Aduanas o si aceptar que ciertos productos vengan en una partida y no en otra constituye la adecuada interpretación de esa ley. De manera que esta discusión está dada en sede que no corresponde. Si alguien estima que sus derechos son vulnerados por la interpretación que el Servicio Nacional de Aduanas hace respecto de una determinada ley, lo que corresponde es que recurra a tribunales a exponer sus argumentos y se resuelva la contienda de manera imperativa, es decir, que a todos nos obligue. Podemos emitir todos los pronunciamientos que queramos al respecto, pero, ¿qué sucederá si en un juicio los tribunales fallan de manera contraria a la Cámara de Diputados? Sería una situación insostenible para nosotros como Congreso. Insisto: la discusión sobre el punto no está en la sede que corresponde.
Por eso, anuncio mi voto favorable respecto de todas las conclusiones relativas a las irregularidades, carencias, negligencias y falta de idoneidad que puedan haber en el Servicio de Aduanas.
No podemos comprometer el nombre de la Cámara de Diputados en una interpretación de la ley que, francamente, escapa a nuestras atribuciones. O se recurre a tribunales, o se dicta una ley interpretativa. Ésas son las dos maneras con las cuales trabaja nuestra institucionalidad, porque como reza el refrán todo lo demás es tratar de “sacar las castañas del fuego con la mano del gato”.
He dicho.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, debido a que por unanimidad de la Sala se otorgaron dos minutos adicionales a cada bancada, solicito igual cantidad de tiempo, dada mi activa participación en la Comisión Investigadora.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
No hay unanimidad.
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre esta materia en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar a conocer el acuerdo de los comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Ascencio, acordaron renovar por diez días el mandato de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas, con el objeto de que pueda encontrar una solución al tema planteado en el capítulo 4), relativo a la clasificación aduanera de ciertas mezclas de azúcar.
V.BONO EXTRAORDINARIO PARA SECTORES DE MENORES INGRESOS. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde analizar el proyecto, originado en mensaje, en primer trámite constitucional, que concede un bono extraordinario a los sectores de menores ingresos. Dicho proyecto tiene urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Exequiel Silva .
Antecedentes:
- Mensaje, boletín Nº 3837-05, sesión 62ª, en 12 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 2.
- Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, el diputado informante dispondrá de diez minutos y para el debate se destinarán los siguientes tiempos:
Comité Unión Demócrata Independiente: 26 minutos quince segundos.
Comité Demócrata Cristiano: 18 minutos 45 segundos.
Comité Partido por la Democracia: 15 minutos y 45 segundos.
Comité Renovación Nacional: 15 minutos y 45 segundos.
Comité Socialista y Radical: 13 minutos y 30 segundos.
Tiene la palabra el diputado Exequiel Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley que otorga un bono extraordinario a los sectores de menores ingresos.
La iniciativa tiene por objeto conceder a las familias de ingresos bajos y medios, en particular del primer y segundo quintiles, un bono extraordinario de 16 mil pesos destinado a cubrir el impacto de los incrementos del precio internacional del petróleo sobre el presupuesto familiar, que en el proyecto original se pagaba en dos cuotas de 8 mil pesos cada una en mayo y agosto. El costo fiscal de este bono es de 35 mil 457 millones pesos para el año 2005.
En conocimiento del proyecto, el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre , junto con efectuar un análisis bastante acabado sobre la coyuntura económica que dio origen a esta iniciativa, estableció las diferencias en relación con la entrega de este bono y con un conjunto de otras ideas expresadas por distintos sectores de Gobierno y de Oposición en términos de la rebaja de impuestos a los combustibles, o aquella que proponía el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para paliar esta situación que pretende abordar el proyecto en cuestión.
Junto con establecer por la vía de las cifras los problemas que tenían estas ideas distintas a la que hoy estamos discutiendo, la iniciativa reafirma que el bono de 16 mil pesos propende a una mejor focalización de los recursos en aquellas familias que más lo necesitan.
El proyecto consta de cuatro artículos:
“Artículo 1º. Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los siguientes beneficiarios:
“Los pensionados de Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de la ley Nº 16.744, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas establecidas en el artículo 24 de la ley Nº 15.386, o pensiones mínimas establecidas en los artículos 26 y 27 de la misma ley y del artículo 39 de la ley Nº 10.662, ya sea por invalidez, vejez, antigüedad u otra causal de jubilación o por viudez;
“Los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas de vejez, invalidez, viudez o de madre de hijos de filiación no matrimonial, con garantía estatal conforme al Título VII de dicho cuerpo legal;
“Los que perciban pensiones de regímenes previsionales de las cajas de previsión, del Instituto de Normalización Previsional, del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, ya sea por invalidez, vejez, antigüedad u otra causal de jubilación o por viudez o de madre de hijos de filiación no matrimonial, de montos superiores a la de las respectivas pensiones mínimas citadas precedentemente y que al 1º de abril de 2005 no excedan de 100 mil pesos mensuales y, tratándose de pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.
Quiero señalar que este último punto no estaba incluido en el proyecto original, pero el diputado señor José Miguel Ortiz propuso una indicación, respaldada por todos los miembros de la Comisión de Hacienda, que incorpora a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, es decir, a quienes están afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, quienes “deberán acreditar su condición de pobreza, según los instrumentos de medición establecidos por el Ministerio de Planificación. Los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que no acreditaren su condición de pobreza el 1 de mayo del año 2005, deberán obtener dicha acreditación con anterioridad al 1º de julio de dicho año, en cuyo caso se les pagará el bono extraordinario en una sola cuota durante el transcurso de este último mes.”.
Para mayor claridad de los señores diputados, se trata de los pensionados del sistema de AFP cuyas pensiones varían entre 75 mil y 100 mil pesos mensuales, quienes no están adscritos a la garantía estatal.
Además, se concede este beneficio a “los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975;
“Los beneficiarios de pensiones de gracia cuyo monto al 1 de abril de 2005 no exceda de 100 mil pesos mensuales;
“Los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020;
“Los trabajadores señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que perciban el beneficio de asignación familiar establecido en el referido decreto con fuerza de ley y cuyo ingreso mensual a marzo de 2005 no exceda de 180 mil pesos. Para estos efectos, se considerarán ingresos mensuales los señalados en el artículo 2º de la ley Nº 18.987;
“Las familias que al 31 de marzo de 2005 hubiesen recibido el bono de protección del sistema de protección social “Chile Solidario”, establecido en la ley Nº 19.949, y
“Las familias que a la misma fecha hayan recibido el bono de egreso establecido en el artículo 2º transitorio de la ley antes citada.”.
Esos son los beneficiarios, incluidos los que se agregaron en la discusión de la Comisión de Hacienda. De acuerdo a los antecedentes del Ejecutivo, esta indicación incorpora a 80 mil personas más de las que señalaba el proyecto original, con lo que se llega a 2 millones 200 mil personas. El costo aproximado que significa incorporar a estos nuevos beneficiarios será de 1.200 millones de pesos adicionales.
El artículo 2º señala que el bono extraordinario de 16 mil pesos se pagará en dos cuotas. En el proyecto original las cuotas eran de 8 mil pesos cada una y se pagarían en mayo y agosto, pero debido a la indicación antes mencionada, apoyada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda, se acordó que por las condiciones propias del invierno se establezca una modalidad distinta de pago: la primera cuota será de 10 mil pesos y se pagará en mayo de 2005, y la segunda, de 6 mil pesos, en julio de 2005.
Quiero explicar por qué este bono no se pagó en dos meses seguidos. Ello se debe a la incorporación, por la vía de una indicación, de las personas que estaban adscritas al decreto ley Nº 3.500, de 1980, que ya mencioné, quienes deben acreditar su situación de pobreza, para lo cual requieren de mayor tiempo.
El bono extraordinario será pagado a los beneficiarios por el INP y por los demás organismos o instituciones a los que les corresponde pagar las respectivas pensiones o subsidios.
En el caso de los trabajadores beneficiarios de asignación familiar, el bono será pagado por el respectivo empleador, para lo cual se aplicarán las normas sobre pago y recuperación de las asignaciones familiares establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 150.
Este bono, que será de cargo fiscal y se pagará a todas las personas que al 1 de abril de 2005 tengan alguna de las calidades señaladas en el artículo 2º, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
El artículo 3º señala que cada beneficiario tendrá derecho sólo a un bono extraordinario, aun cuando revista más de alguna de las calidades establecidas en el artículo 2º. No tendrán derecho al bono quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744, o de pensiones de gracia, salvo cuando éstas no excedan, en su conjunto, los cien mil pesos mensuales a la fecha de pago. En su parte final, el artículo establece las sanciones para quienes perciban maliciosamente el bono.
El artículo 4º dispone que el mayor gasto fiscal se financiará mediante las transferencias del ítem correspondiente a la partida presupuestaria del tesoro público de la ley de Presupuestos del presente año.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, nadie puede estar en contra de un proyecto de esta naturaleza, que otorga un bono extraordinario a las familias más modestas, las más duramente afectadas por el alza del precio de los combustibles.
El Gobierno prefirió el bono a la rebaja del impuesto específico o a usar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, por estimar que de esta manera se ayuda a quienes sufren los problemas reales: la gente más modesta. Por cierto, comparto ese criterio económico.
Sin embargo, quiero plantear lo siguiente: hoy el país se encuentra en una situación de prosperidad de la que no sólo dan cuenta las autoridades económicas, sino que la ciudadanía, que está informada, que ve las noticias en la televisión y lee los diarios, se da cuenta de que el país vive un período de prosperidad. Todas las cifras dadas a conocer el último tiempo señalan que hemos superado la crisis económica. Hay quienes consideran que nuestras expectativas son realmente espectaculares, porque podríamos crecer a una cifra mágica para algunos: 7 por ciento anual.
El año pasado la balanza comercial cerró con un superávit de más de 9 mil millones de dólares, ya que exportamos más de 32 mil millones de dólares. El Banco Central anunció hace poco que durante el primer trimestre de este año las exportaciones se incrementaron en 23 por ciento y llegaron a una cifra récord: más de 9 mil millones de dólares. Todo el país sabe que el último año las ventas de cobre de Codelco han originado excedentes por más de 3.300 millones de dólares, cifra superior en 444 por ciento a los 607 millones de igual período en 2003.
Entonces, si el más modesto de los ciudadanos sabe que estamos en estas condiciones, uno podría preguntarse, con fundamento, no con demagogia, porque las cifras que tenemos son reales, están a la vista, ¿no es posible entregar un bono un poco superior, que signifique una señal clara de un gobierno que sabemos tiene un compromiso social efectivo con los más modestos?
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al ministro, y así lo planteé en reunión de bancada, que estas dos cuotas de ocho mil pesos constituyen no sé que palabra emplear un bono miserable para las actuales condiciones económicas del país.
Entonces, como jefe de la bancada del PPD pido al ministro y al Presidente de la República que se haga un mayor esfuerzo, porque es posible hacerlo.
Se dice que los empresarios pueden pagar mejores sueldos, pero también el Gobierno está en condiciones de entregar un bono que realmente signifique un alivio efectivo y concreto al mayor alza del precio de los combustibles.
En nombre de la bancada del PPD deseo plantear formalmente la posibilidad de que se reestudie el tema, se converse en el Gobierno y se vea cuánto más podría entregarse. Insisto: si la señal es que queremos ayudar a los más modestos, a la gente más pobre, debemos hacer un mayor esfuerzo para que el beneficio que entregaremos signifique una compensación real a los más de dos millones y medio de hogares pobres que aún tenemos en el país.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, la UDI valora el bono, pagadero en 2 cuotas, que contempla el proyecto en estudio, pues favorecerán a alrededor de dos millones de personas de bajos ingresos. Si bien es cierto no es una gran ayuda, es un beneficio focalizado en quienes más lo necesitan. Desde ese punto de vista, apoyaremos la iniciativa que hoy se nos presenta, tal como lo hicimos en la Comisión.
La pregunta que uno no puede dejar de hacerse es la siguiente: ¿Y el resto de los chilenos? Existen cientos de miles de chilenos que se han visto tremendamente perjudicados por el aumento considerable del precio internacional del petróleo, que ha afectado el bolsillo de mucha gente que vive de un taxi, de un colectivo, de un vehículo para trasporte escolar o son dueños de un pequeño auto, que hace mucho tiempo dejó de ser un lujo en este país. Para ellos, el Gobierno no tiene nada.
Ante la alternativa que hemos propuesto, junto a muchos otros parlamentarios, de poner a funcionar nuevamente el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, Fepp, que funcionó muy bien entre los años 1991 y 1999 cuando fue usado políticamente en la elección del actual Primer Mandatario, pero funcionó bien durante ocho años, el argumento del ministro es que hoy ese instrumento no puede ser usado, porque la tendencia del precio internacional del crudo es claramente al alza. Por lo tanto, un mecanismo estabilizador terminaría subsidiando a los consumidores de gasolinas.
Reconocemos que hay algo de válido en ese argumento. Efectivamente, desde hace tres años el precio del petróleo en el mundo muestra una clara tendencia al alza, lo que dificulta la operatoria de cualquier mecanismo de estabilización. Sin embargo, lo que más me molesta y me irrita en toda esta discusión es que la Concertación ha sido tremendamente voraz cuando se trata de aumentar los impuestos. Siempre hay disposición para ello. Nos han aumentado los impuestos más de veinte veces en estos 15 años de Gobierno de la Concertación.
Para que la gente que está escuchando lo tenga claro, en 1990, cuando asume la Concertación, el impuesto específico a los combustibles era aproximadamente de 1,5 UTM por metro cúbico. Eso significa, en plata de hoy, 45 pesos por litro. Ahora se pagan 6 UTM por metro cúbico, o sea, 180 pesos por litro, solamente por impuesto específico. No estoy considerando el IVA ni los aranceles, que son otros gravámenes que se suman al consumo de los combustibles. Es decir, nos han aumentado cuatro veces dicho impuesto.
Entonces, hoy el chileno medio dice: “Bueno, devuélvanme la mano. Así como ahora estoy pagando 180 pesos de impuesto específico por litro y hace 15 años pagaba 45 pesos, ¡cómo el fisco no va a hacer algún esfuerzo al revés! ¿Por qué esto avanza para un solo lado?” Pero no hay ninguna disposición, voluntad ni sensibilidad al respecto. El Gobierno y la Concertación han demostrado tener una voracidad para aumentar los impuestos y una real insensibilidad cuando se trata de corregirlos en el sentido inverso.
También le propusimos otra medida al ministro en la Comisión, que me parecía sensata, pero tampoco fue acogida. El ministro sostuvo que la utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en un mercado en que el crudo sube, llevaría a subsidiar a los consumidores. Pero en la última corrección que hicimos a dicha ley se crearon siete subfondos: de la parafina, del diésel, de la bencina de 93, 95 octanos, etcétera. La pregunta que surge es ¿por qué no usamos el mecanismo estabilizador que está en la ley del Fepp solamente para aquellos productos más sensibles para la población? Por ejemplo, la parafina y el diésel. Este último, porque va orientado a las empresas de transportes, de locomoción colectiva, buses, camiones, etcétera, y la parafina a los grupos más pobres, sobre todo ahora que viene el invierno. No usemos esta herramienta para las gasolinas, porque en un mercado en que el crudo sólo sube, podría terminar subsidiándolas.
Tampoco hubo voluntad para explorar esas alternativas y el argumento que nos dio fue que no se puede focalizar en el caso de la parafina y el diésel y que terminaría por beneficiar a otros sectores menos necesitados.
Entonces, ¿por qué se puede focalizar el bono? En este caso, se consideró a la gente de Chile Solidario, a los que reciben pensión asistencial, pensión de vejez mínima, o sea, se cruzó la información y se focalizó en aquellas personas que más lo necesitan. ¿Por qué no se puede focalizar parte del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo dirigido al diésel, por ejemplo? Y así lo aprovecharían las empresas de transportes, los camiones, la gente que se dedica a hacer fletes. ¿Por qué en este caso no se puede focalizar, pero sí en el del bono? No queda claro. Entonces, uno percibe un ánimo o una voluntad política de focalizar el bono sin buscar otro mecanismo que beneficie a la clase media chilena que, obviamente, se ha visto muy afectada por este tremendo incremento del precio de los combustibles.
Queremos pedir al Gobierno que siga buscando mecanismos. En verdad, le pedimos que el mismo entusiasmo y creatividad para aumentar los impuestos lo tenga para buscar medios que permitan focalizar beneficios a los chilenos que no son los más pobres, pero sí se han visto tremendamente impactados por este aumento en el precio de los combustibles.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, hace algunas horas en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de escuchar las intervenciones del ministro de Hacienda y del director de Presupuestos acerca de la realidad del alza del petróleo, tema que preocupa a todos.
En primer lugar, quiero recordar que Chile produce sólo el 2 por ciento del petróleo que ocupamos. Aparte de eso, en los últimos meses se ha hecho mucho hincapié en que la recaudación fiscal asociada a los combustibles ha aumentado de manera extraordinaria. Tengo en mis manos las cifras oficiales, indesmentibles, de la Dirección de Presupuestos. En 2004, en vez de subir, bajó en un 1,1 por ciento. Ello se debe a que disminuyó el consumo. Es falso, de falsedad absoluta, que el Gobierno obtenga mayores ingresos con este impuesto.
Me alegra que se haya tomado la decisión de otorgar un bono extraordinario a los trabajadores y pensionados de los quintiles más bajos. Creo que se está actuando en función de mejorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos de nuestra sociedad.
El país requiere progresar con más solidaridad y más integración social. Para que eso suceda, es necesario focalizar los instrumentos de políticas públicas en los sectores sociales más necesitados.
Este beneficio extraordinario favorecerá a 2 millones 215 mil personas, que incluye a pensionados con ingresos de hasta 100 mil pesos y a trabajadores con carga familiar e ingresos de hasta 180 mil pesos. Es decir, está dirigido a personas de ingresos bajos.
Estoy convencido de que ésta es la fórmula más progresista que las otras alternativas planteadas en el debate público, como reactivar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo o reducir el impuesto específico a los combustibles.
En los últimos años, he escuchado a muchos colegas expresar su preocupación porque el crecimiento económico ha significado que los quintiles cuarto y quinto sigan en la misma situación, lo que indica que no hay redistribución. Esta medida es una señal de que vamos por el camino adecuado, porque se focaliza dentro de los sectores más vulnerables.
Por otra parte, recuerdo que muchas veces los colegas Rodolfo Seguel , Edgardo Riveros , Enrique Jaramillo , Eugenio Tuma , Camilo Escalona , José Pérez y Pablo Lorenzini , entre otros, plantearon que no era posible que en los bonos que se han otorgado por diferentes motivos no se incluyera a los pensionados de las AFP, sin garantía estatal, y con ingresos inferiores a 100 mil pesos.
En la Comisión de Hacienda solicité el patrocinio del Ejecutivo para una indicación en ese sentido; el Ejecutivo accedió, con lo que se hará justicia a casi 100 mil personas, que desde que se recuperó la democracia, nunca habían recibido un bono. Ello aumentará en 1.300 millones de pesos el costo de este proyecto. Además, se está sentando jurisprudencia en la materia.
El costo total de este beneficio no es bajo. La inclusión de los beneficiarios de las Afps significa un costo para el erario de más de 36 mil millones de pesos. En mi opinión, este esfuerzo está en el camino correcto. Ese mayor gasto no va a cambiar la macroeconomía y seguir hacia adelante con nuestro crecimiento económico, que en 2004 fue de 6,1 por ciento y que esperamos suba en 2005.
Nuestro país necesita ser equitativo. Debemos esforzarnos para que los sectores de pocos recursos sean parte del crecimiento económico. El colega que me antecedió en el uso de la palabra mencionó las espectaculares cifras de nuestras exportaciones. Ello se debe al manejo de la economía por el Gobierno del Presidente Lagos, con su ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre y compañía, lo que ha permitido aprovechar todos los tratados y acuerdos comerciales. Por eso tengo fe en el proyecto de innovación tecnológica.
Por lo anterior, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto que entrega un bono extraordinario de 16 mil pesos a los sectores que más lo necesitan.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, tal vez, dado el tenor del debate suscitado en torno a este proyecto, uno podría caer en la tentación de hacer dos discursos. Uno para agradecer al señor ministro de Hacienda por su decisión de entregar un bono a la gente de menores recursos y, quizás, resignarnos a aceptarlo, en circunstancias de que, en mi opinión, es una limosna.
El otro, decir que el país enfrenta una grave crisis debido al alza de los combustibles y señalarle al señor ministro, con fundamentos, que ha dimensionado mal ese problema. Esto va a provocar una inflación que finalmente pagará la gente más modesta, ya que los combustibles tienen incidencia en todas los sectores de la economía. Ninguno se escapa.
Por ejemplo, los transportistas de mayor tonelaje, que efectúan el 92 por ciento de los fletes, han expresado que su situación es asfixiante y que no pueden entender por qué han llegado a ese extremo. El ministro de Hacienda, master en economía, sabe que la economía nacional opera sobre la base de la oferta y la demanda, lo cual significa que quienes entregan las cargas no pueden pagar más por flete, y que, a su vez, los fleteros no pueden subir el valor del servicio; en consecuencia, tienen que comerse las alzas de los combustibles.
A mi juicio, esta es una medida demagógica y populista del Gobierno, lo digo con todas sus letras, porque no resuelve el problema de fondo. Al ministro de Hacienda le va a pasar lo mismo que al Presidente Frei cuando dijo: “La crisis asiática no llegará al país. La crisis asiática será un resfrío para Chile”. Se equivocó redondamente, porque tuvimos cinco años muy bajos económicamente, período en que los más afectados fueron los pobres y los trabajadores debieron soportar la alta cesantía.
Las cifras macroeconómicas que exhibe el Gobierno son admiradas en el exterior, pero los cesantes y los pobres de nuestro país atraviesan por muchas dificultades sin que se ataque el problema de fondo.
¿Por qué, señor ministro, el Gobierno necesita recaudar mayores impuestos? El impuesto específico es una cifra fija, 180 pesos, como dijo el diputado Julio Dittborn , pero, cada vez que se incrementa el precio del combustible, sube la recaudación por concepto del impuesto al valor agregado. Por este mayor tributo, diariamente el Gobierno recibe millones de dólares.
Por ello, pedimos al ministro de Hacienda que no caiga en la soberbia. Es una mala consejera. Él tiene la función de tener el puño cerrado. De esa manera los recursos del Estado no se le van por entre los dedos, pero en la mano tiene 3 mil 100 millones de dólares, que corresponden a los excedentes del cobre.
¿Saben a cuánto asciende la ayuda que ofrece el Gobierno a través de esta iniciativa? A sesenta millones de dólares. Si a dicho monto se suman los dos millones de dólares que consiguió el diputado señor Ortiz , al Estado le cuesta sesenta y dos millones de dólares la entrega de un bono de 16 mil pesos a las personas que se indican en el proyecto, ayuda absolutamente miserable. Me da vergüenza que los diputados de la Concertación, que apoyan al Gobierno, acepten este tipo de medidas.
Por otra parte, quiero decir, con autoridad y seriedad, que el ministro de Hacienda no ha sido capaz de recibir a dirigentes nacionales de los gremios del transporte, quienes en estos momentos se encuentran perdiendo su tiempo en la cafetería de la Cámara, porque no pueden tener una entrevista con este secretario de Estado, actitud que ha colmado la medida.
Por eso, creo que la gente, que había dejado de lado las protestas, volverá a salir a la calle e irá a gritar al Ministerio de Hacienda, porque está desesperada con las alzas que se han producido. Van a subir los precios del pasaje de la locomoción colectiva, los taxis, el pan y la parafina, que en el campo la usan las familias más modestas. Los 16 mil pesos que propone entregar el Gobierno no resuelven el problema, de manera que habrá más delincuencia y más cesantes. Ahora, al poncho gigantesco del desabastecimiento de gas que tenemos encima, debemos agregar el alza de los combustibles.
Hablemos en serio. Una posibilidad planteada por todos los sectores políticos representados en la Cámara de Diputados es la flexibilización del impuesto específico, medida que produciría exactamente el mismo efecto que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. El congelamiento transitorio del impuesto al valor agregado también es una medida justa, ya que el Gobierno no tiene por qué seguir recibiendo más recaudación que, en definitiva, es dinero que sale del bolsillo de los chilenos. Después la Empresa Nacional del Petróleo, publica su balance y nos dice: “Tuvimos una utilidad anual de 150 millones de dólares”.
Se propone la entrega de una ayuda para dos millones de personas o, según han señalado algunos, para dos millones de familias. Sin embargo, los 15 millones de habitantes de este país tenemos derecho a vivir mejor. Si Chile ahora está viviendo un período de bonanza, ¿por qué se sigue negando la entrega de una ayuda para la mayoría?
Quiero pedir, de manera formal, la congelación transitoria de los impuestos y que el Estado sólo siga recaudando normalmente cuando baje el petróleo, lo que debe ocurrir en algún momento, porque las alzas no pueden ser eternas. Esa sería una sana medida de administración, no como la que discutimos, que originará protestas, porque no resuelve ninguno de los problemas que vivirá la gente.
En síntesis, no podemos votar en contra del proyecto por la ayuda que implica, pero reitero me da vergüenza que haya diputados que representan a gente modesta que estén de acuerdo con su proposición.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, por las limitaciones de tiempo de que dispongo, voy a enumerar las personas que se verán beneficiadas con el proyecto de ley.
El proyecto beneficia a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de la ley Nº 16.744, que se encuentren recibiendo pensiones mínimas establecidas en el artículo 24 de ley Nº 15.386, o pensiones mínimas establecidas en los artículos 26 y 27 de la misma ley y del artículo 39 de la ley Nº 10.662, ya sea por invalidez, vejez, antigüedad u otra causal de jubilación o por viudez; a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas de vejez, invalidez, viudez, etcétera; a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975; a los beneficiarios de pensiones de gracia cuyo monto al 1º de abril de 2005 no exceda de 100 mil pesos mensuales; a los beneficiarios del subsidio único familiar establecido en la ley Nº 18.020; a los trabajadores señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, es decir, del sistema antiguo; a las familias incorporadas en el programa Chile Solidario, contenidas en las diferentes resoluciones del Ministerio de Planificación. A estos se agregan, como informaba el diputado señor Ortiz , las familias que estén en el sistema de AFP que tengan una pensión inferior a 100 mil pesos y que puedan acreditar estar en situación de pobreza, lo que aumentó en aproximadamente 80 mil beneficiarios el universo que comprende el proyecto y que alcanza un total aproximado de 2 millones 300 mil personas, lo que implicará un desembolso que, con la incorporación de la indicación que se aprobó en la Comisión de Hacienda, supera los 36 mil millones de pesos, o sea, los 80 millones de dólares.
La amplitud del universo que abarca este bono se relaciona directamente con el monto del mismo. Sería muy difícil esperar un esfuerzo mayor para financiar a estos 2 millones 300 mil personas.
Sin embargo, debo señalar que el cálculo establece nítidamente que a las familias en situación de pobreza que abarca este universo de los llamados por los economistas quintiles 1 y 2, se les cubren los gastos originados por el aumento del precio del petróleo.
Pero hay otro sector de chilenos que no están incluidos en la iniciativa, y que corresponden, según la terminología de los economistas, a los quintiles 3, 4 y 5; en particular, a los quintiles 4 y 5.
Si no hubo tiempo suficiente para que los diputados de las diferentes bancadas recabaran la información correspondiente, daré a conocer los antecedentes entregados en la Comisión de Hacienda.
El informe del Ejecutivo señala que se realizó un ejercicio comparativo desde mayo de 2004 a diciembre de 2005 respecto de lo que hubiese significado aplicar un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Ello habría originado un gasto aproximado de 393 millones de dólares, el cual se radicaría en un 53,4 por ciento en los sectores 4 y 5, por su naturaleza social y económica, es decir, en el 40 por ciento de mayores ingresos de nuestra sociedad. De estos 393 millones de dólares, ese 53,4 por ciento estaría recibiendo aproximadamente 200 millones, o sea, más de la mitad del total del esfuerzo teórico que significaría establecer en el país nuevamente un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
En otras palabras, recurrir a esa iniciativa, señalada en el curso del debate, implicaría establecer un subsidio regresivo que naturalmente ayudaría a resolver el mayor gasto de los sectores de más ingresos de nuestra sociedad. Esto tiene que ver con un diálogo que no se efectuó en la Comisión de Hacienda; al menos allí no se esgrimieron argumentos que señalaran una opinión contraria, en el sentido de que, mirada la evolución del precio del petróleo desde 1990 en adelante, a lo largo de esa década se pueden establecer fluctuaciones que indican la viabilidad del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, en la medida en que efectivamente ha habido fluctuaciones en el precio del producto. Sin embargo, desde 2001 hasta 2005, no se aprecian fluctuaciones, sino una tendencia al alza del precio. En consecuencia, al quedar de manifiesto ese aspecto, de acuerdo con la distribución del ejercicio que acabo de mencionar, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo establecería un impuesto regresivo, es decir, ayudaría a paliar el aumento del costo de los sectores de mayores ingresos de nuestra sociedad y no de los sectores más pobres, a los que con tanta pasión han aludido en sus intervenciones algunos diputados.
Para atender a los sectores que más lo necesitan, el instrumento más idóneo que debe establecer el Ejecutivo es un bono, cosa que no ha tenido contraargumentación en la discusión política y económica sostenida en la Comisión de Hacienda. El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, en el período 2001 a 2005, durante el cual la tendencia ha sido al alza sostenida, contribuiría simplemente a llevar más del 50 por ciento del gasto que ello significa a los sectores de mayores ingresos de nuestra sociedad.
El Gobierno del Presidente Lagos está cumpliendo lo que está demandando la comunidad, es decir, tomar medidas que contribuyan a paliar el efecto que esta situación va a producir en los sectores de menores ingresos.
La afirmación que señala que la recaudación fiscal ha crecido por efecto de este impuesto fijo carece de exactitud. En realidad, desde 2003 a 2004 decreció en menos 1,1 por ciento. En consecuencia, el impuesto que se establece a la bencina, de acuerdo con los antecedentes recogidos en la Comisión de Hacienda, que ningún señor diputado contradijo, indican un descenso del ingreso fiscal de menos 1,1 por ciento.
Si se trata de discutir el tema del IVA, todos sabemos, porque los datos están a la vista, que las expectativas de inflación de este año están por debajo de las generadas con el presupuesto, cuando se discutió en esta Cámara en octubre y noviembre del año pasado. Es decir, tenemos una inflación inferior a la que se calculó en el presupuesto; en consecuencia, carece de todo fundamento señalar que el ingreso fiscal es mayor, porque todo indica que, al haber una inflación menor a la esperada, el ingreso es menor al proyectado. De manera que el argumento de que el fisco se estaría “hinchando” de ingresos, carece de fundamento y no tiene ninguna veracidad.
En consecuencia, lo que los señores diputados solicitan del Ejecutivo no corresponde, en el sentido de hacerse cargo del alza del precio del combustible en los términos planteados en las intervenciones que me han antecedido.
Me gustaría vivir en un mundo en el que el precio del petróleo no subiera, pero Chile no es productor de petróleo, no controla el mercado mundial del consumo de combustible, tampoco es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es decir, la incidencia concreta a la cual alude la demanda que se hace con tono apasionado, en el sentido de que respecto de aquello se puede influir, no está al alcance del Gobierno.
Lo que sí puede hacer el Gobierno es desembolsar, de acuerdo con los recursos del erario fiscal a esta altura del año, aproximadamente 82 millones de dólares, es decir, más de 36 mil millones de pesos, que irán en beneficio de 2 millones 300 mil personas que lo necesitan. Siendo ésa una acción con absoluto fundamento ético y político, a las bancadas de la Concertación en ningún caso les tiene que dar vergüenza.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, quiero señalar que valoro el bono de 16 mil pesos que el Gobierno nos ha propuesto aprobar a través de este proyecto para 2 millones 300 mil personas, porque para los sectores que reciben pensiones inferiores a 100 mil pesos, un bono de 16 mil pesos es mucho dinero. Esto ayudará a los sectores más pobres a mitigar el aumento en el precio de los combustibles.
Sin embargo, también hay sectores medios y populares que viven del transporte, del taxi colectivo, que se han visto perjudicados por el aumento en el precio de los combustibles.
Quiero recordar que, como Chile no es un país productor de petróleo, el aumento desmesurado del precio de éste lo afecta con mayor fuerza, lo que, probablemente, seguirá ocurriendo debido a la mayor demanda que se aprecia en el mercado mundial, igual como ocurre con los metales, como el cobre. Eso determina el factor precio.
Habrá que ver cómo podemos abordar este problema que también afecta a otros sectores de la población. El bono es un hecho concreto, real y positivo, que fue pedido por todos los sectores políticos. Cuando se inició este debate, hubo una intervención muy acalorada del senador José Antonio Coloma , en televisión, pidiendo este bono, y también de otros parlamentarios. Creo que podemos abordar el problema analizando los instrumentos que tenemos.
En primer lugar, inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Un fondo funciona si hay flujos y reflujos y si hay posibilidades de que se recupere, sobre la base de que el precio del petróleo mantiene una tendencia a subir y a bajar en un determinado período de tiempo. Eso no se da en la situación actual y, por tanto, incorporar hoy 200 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo significa que en muy poco tiempo éste se va a quedar con cero pesos.
Alguien propuso bajar el impuesto de 6 a 5 por ciento, que son aproximadamente 80 mil millones de pesos. En ese caso, de esos 80 mil millones de pesos que se podrían rebajar, 56 mil millones se concentran en los sectores más altos.
Sin embargo, soy partidario de buscar una fórmula se la hemos propuesto al Gobierno para congelar el impuesto específico en un determinado nivel o en una determinada banda. Es decir, si el precio del petróleo es de 58 dólares el barril, se fije una banda para determinar una cantidad de ingresos desde el punto de vista del impuesto específico, el cual depende del volumen. Por eso, no tienen razón aquellas señoras diputadas y señores diputados que entregaron el argumento de que por el impuesto específico el Gobierno está recibiendo una cantidad mayor de recursos de los que recibía en el pasado. No es así, porque depende del volumen, y cuando el precio del petróleo está muy alto el volumen tiende a decrecer, pero, además, depende del valor del dólar, que antes estaba a 735 pesos y hoy está a 570 pesos. Es un dato que hay que tener en cuenta.
Lo que hemos propuesto es que si el precio del barril del petróleo está a 58 dólares y la gente está pagando impuestos por ese valor, considerando el volumen, se fije una banda entre 48 y 50 dólares y, a partir de ese monto, se congele el impuesto y no se pague por la diferencia. Esto se podría mantener en el tiempo. Por tanto, si mañana bajara el precio del petróleo a 47 dólares, el Estado seguiría recibiendo un monto en la banda de 48 o de 50 dólares como impuesto específico. Eso permitiría que el Estado no pierda los ingresos que actualmente recibe. Esto lo hemos hecho es bastante simple en el caso de la tarifa sustentada para la minería: a partir de 85, se da un préstamo que posteriormente se paga, cuando el precio del cobre supera los 90 centavos de dólar la libra.
Es decir, lo hemos hecho en otros casos; no es algo original. Por lo tanto, debemos buscar una fórmula de esta naturaleza, porque los afectados con el alza del precio de los combustibles no son sólo los sectores que tienen tres o cuatro automóviles. Sin duda, se beneficiarán si se inyectan, sin discriminar, 200 ó 300 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, pero no sólo ellos, que poseen dos millones de automóviles y representan el 27 por ciento de la población aunque parezca paradójico, el resto de la población no tiene automóvil, sino que, además, los conductores de taxis colectivos, que ganan siete, ocho o diez mil pesos al día trabajando un taxi que, muchas veces, ni siquiera es de su propiedad, y los transportistas como decía el colega Vilches , cuyos mayores costos pueden generar el alza de otros productos. Por eso, soy partidario de buscar una solución de esta naturaleza para esos sectores.
En el estudio que hemos hecho, si se fijara una banda de 48 dólares el barril para pagar el impuesto, ello significaría que hoy la gente estaría pagando 70 pesos menos. Si mañana el precio del barril bajara a 40 dólares y se siguieran pagando 48 dólares, la gente tendría que desembolsar 15 ó 20 pesos más, pero con un precio de la bencina de 95 octanos a 430 pesos. Probablemente, nadie tendría problemas de pagar la diferencia entre 430 y 445 que costaría, de acuerdo con el precio de la banda. Es una propuesta, pero pueden haber muchas otras.
No se trata de inyectar recursos para beneficiar a los sectores más ricos del país, cuestión que rechazo; no se trata de colocar recursos en un fondo de estabilización que se va a deshacer rápidamente, sino de buscar fórmulas, que ya se han aplicado en otros casos y que permitan amortiguar la constante alza del precio internacional del petróleo y de los combustibles, en general, del cual dependen numerosos sectores de nuestra sociedad, desde el punto de vista económico.
Creo que en el afán de defender los intereses de los sectores más populares, el jefe de la bancada del PPD ha emitido un juicio exagerado, en cuanto a que este bono es demasiado reducido. En mi opinión, es importante y significativo para el mundo popular, pero debemos pensar en otros instrumentos para proteger a los sectores fuertemente perjudicados por el aumento del precio de los combustibles.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, hago mías las palabras del diputado Julio Dittborn , en orden a valorar y reconocer el esfuerzo que se hace para otorgar este tipo de bonos, así como las modificaciones relacionadas con su distribución y meses de pago aprobadas por la Comisión de Hacienda.
Sin duda, constituye un esfuerzo importante, aunque insuficiente; de alguna forma, será una medida de parche para muchos chilenos que están escuchando. Pero, en caso alguno, me atrevería a calificarlo de demagógico ni de errado; es un buen esfuerzo, y el hecho de que el Estado chileno puede asumir la suma de 80 millones de dólares con rapidez, demuestra que existe un espíritu serio y, al mismo tiempo, un intento por superar un problema muy grave. También demuestra hay que reconocerlo la capacidad que existe de darse cuenta de que otras medidas propuestas a la opinión pública son un error. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo que, de haberse aplicado, habríamos visto, primero, un brutal desangramiento de recursos del Estado; segundo, la aplicación de una medida regresiva y, tercero, que tal medida habría tenido un bajo impacto.
Por eso, es importante ir en ayuda directa del primer y segundo quintil de la gente más necesitada. Todavía es insuficiente y bajo, pero es un esfuerzo importante que está haciendo el Estado.
Asimismo, valoro, por supuesto, las palabras del diputado Dittborn , en el sentido de que es necesario buscar fórmulas mucho más atractivas y modernas en materia de tratamiento tributario de los impuestos específicos y del IVA. En verdad, en los últimos 15 años se ha subido en numerosas ocasiones el impuesto específico, y uno puede percibir que, ante este tipo de urgencias ocasionadas por las variaciones de un precio internacional, es necesario buscar un modelo tributario distinto, más moderno y menos inflexible que el existente.
También nos parece evidente que un amplio sector de la clase media se verá impactado por el alza del precio del petróleo, y pese a ello no está recibiendo un beneficio o sólo está obteniéndolo en forma marginal.
Por eso, insistimos en la necesidad de buscar nuevas fórmulas y de seguir trabajando, sobre todo porque, a la luz de la información entregada y de la tendencia internacional de los precios, es perfectamente posible que la medida no sea de corto plazo y que continuemos con el problema, incluso con posibilidades de agravarse si un considerable aumento del precio del petróleo se hace una realidad en el futuro.
Existe la necesidad, compartida por el ministro de Hacienda en su momento en la Comisión de seguir discutiendo y buscando fórmulas que permitan superar un gravísimo problema para nuestra economía y, al mismo tiempo, para los bolsillos de todos los chilenos.
Por eso, sin dejar de considerar que es insuficiente, reconocemos el esfuerzo que se está haciendo, razón por la cual anuncio el voto favorable de nuestra bancada.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en verdad, después de escuchar al diputado Escalona , es mejor que hable yo antes de que lo haga el ministro.
Según el diputado Escalona , este año el Gobierno está muy mal, la inflación es negativa y no tenemos dinero. No es lo que uno lee en los diarios, ni corresponde a las cifras que da a conocer el Banco Central o lo que se publica en Japón, en el extranjero; en fin.
Comparto lo señalado por el diputado Álvarez, en cuanto a que para este año hay pocos recursos; son pocos, pero es lo que hay. Hemos logrado que se acoja un planteamiento que presentó ayer la directiva de la Democracia Cristiana al Presidente Lagos, ratificado hoy junto con el diputado Ortiz en eso hay que agradecer la disposición del señor ministro en la Comisión de Hacienda, respecto de las 100 mil personas que quedaban fuera del beneficio y, ojalá, acortar los plazos y aumentar lo que la gente va a cobrar antes del invierno. Ese planteamiento es válido y fue aceptado por el ministro.
A mi juicio, el tema de fondo será retomado en el Senado, lo cual el ministro lo tiene claro. Me convenció la cifra entregada por él. En un principio, yo era partidario del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Ahora, tengo claro, con la cifra y el ejemplo que entregó el ministro Eyzaguirre , que eso no funciona. Pero igual hay que buscar una manera de que el aumento del precio del petróleo no sea una escalada semana tras semana. Si el ministro quiere, fijemos el precio en 700 pesos, pero lo importante es dar tranquilidad a 12 ó 24 meses.
Existe una preocupación ministerial que habrá que analizar a fondo el ministro ha accedido a la invitación, a fin de concurrir más adelante a la Comisión, en cuanto a qué sucederá si el precio del petróleo baja. Pero, en la práctica, nada asegura un precio más bajo. Por lo tanto, tal como se hace con la proyección del precio del cobre, que es estructural y a diez años, podríamos tener una posición un poco más potente respecto del petróleo.
Se pierde una oportunidad. Hoy estamos parchando y dejando de lado a la clase media. No sé por qué siempre es el jamón del sandwich. La Democracia Cristiana y todos los partidos políticos están viendo la posibilidad de ayudarla: 35 mil millones, 40 mil millones. Estamos hablando de 60 millones de dólares.
El diputado Leal es experto en precio del cobre. Estaremos en desacuerdo con el diputado Escalona , pero no sé, cuesta explicarle a la gente que tenemos un problema, un precio del petróleo que no es problema de Chile. Pero tenemos, no sé si vacas gordas, pero estamos bien y podemos hacer un pequeño esfuerzo; podríamos darles algo más a los sectores medios. Éste no es un tema político, sino que se trata de escuchar a la gente, a la ciudadanía.
El tema de fondo no lo vamos a resolver ahora. Habrá que analizar lo relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y buscar una salida, porque, de lo contrario, desde ya le estaremos diciendo a Soledad Alvear que tendrá un problema a partir de marzo del próximo año, ya que esta situación continuará el próximo año, lo que obligará a su ministro de Hacienda a venir a esta misma Sala; no para hablar de 35 mil millones, sino de una estabilización de los precios del Petróleo a largo plazo; buscando una manera racional para los sectores con menos capacidad adquisitiva lo que me parece muy bien, pero también para la clase media.
Por eso, la Democracia Cristiana no descarta la posibilidad de buscar otra alternativa.
El proyecto está bien y, por eso, lo aprobamos en la Comisión de Hacienda; cuenta con nuestro respaldo. Pero el tema de fondo queda pendiente para la presidenta Soledad Alvear , el próximo año; y es una lástima que no hayamos hecho un poco más por los sectores de clase media.
Y al diputado Escalona le digo que no tenga miedo, que revise las cifras, y si en algo podemos ayudar al Gobierno, entre los diputados haremos una “vaquita” para cooperar. Por supuesto, es una broma. El ministro de Hacienda sabe que lo ha hecho muy bien y que las arcas fiscales son muy potentes.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, nadie podría oponerse a un proyecto de ley que favorecerá a 2 millones de personas. Sin embargo, también estoy consciente de que la ayuda que se les dará es bastante exigua.
Me preocupa lo veo a diario en Puente Alto, en La Pintana, en Pirque y en San José de Maipo, como cada uno de los diputados lo hace en sus respectivos distritos que se piense que la gente que tiene una situación económica sólida no necesita ayuda y puede resolver sus problemas sola, sin necesidad de apoyo. En cambio el indigente o la persona de escasos recursos siempre va a recibir apoyo a través de diversas vías: de la intendencia, de las municipalidades, etcétera. Pero hay una enorme cantidad de personas que no son pobres ni indigentes, pero tampoco ricas, que no tienen quién las ayude o apoye.
Cuando dos personas ganan lo mismo y una de ellas es ordenada, cuidadosa, no bebe alcohol, ahorra y tiene una casa limpia y ordenada y, en cambio, la otra se toma todo el dinero que recibe y vive en un chiquero, es esta última la que recibe el subsidio y el apoyo del Gobierno; la otra, absolutamente nada.
Este proyecto es muy importante, pero también habría querido que se hubiera hecho algo en materia de pensiones asistenciales. Hoy día, una pensión asistencial es de 42 mil pesos mensuales, que una persona recibe durante toda su vida. No le soluciona sus problemas, pero algo le ayuda. Sólo en Santiago hay 8.500 personas en lista de espera, y en la Sexta Región, 2.300. Desde luego, si se permite que postulen a estas pensiones quienes tienen televisor, equipo de música, etcétera, y no se aumenta el número de las mismas, lo único que vamos a conseguir es que la lista de espera aumente al doble o al triple.
Cómo quisiera que se pudiesen destinar recursos no sólo para subsidiar el consumo de agua potable hasta cierto límite, sino también el consumo gas y energía eléctrica, porque son subsidios directos. Ésta es una ayuda que se otorga en forma parcelada a 2 millones de personas; se entregó y se acabó. Pero hay mucha gente que, desgraciadamente, no va a recibir este subsidio, a pesar de que ha estado en lista de espera durante años para conseguir una pensión asistencial.
En Puente Alto y La Pintana, recibí a algunas personas que llegaron con una carta, de fecha 10 de diciembre de 2001 es decir, pocos días antes de las elecciones, quienes me dijeron que el intendente Sergio Galilea les había prometido que en el primer semestre del año 2002 saldría su pensión asistencial, pero cuando le consultaron sobre el tema al nuevo intendente, éste les había señalado que no existían recursos para ello.
Vamos a votar favorablemente el proyecto, aunque considero insuficiente el bono.
Pero no puedo entender que el año pasado la recaudación de impuestos haya sido menor. A lo mejor ha sido menor respecto del im¬puesto específico, porque si se consume me¬nos, evidentemente que los ingresos por con¬cepto de ese tributo son menores. Sin em¬bargo, al aumentar el precio del combustible, el ingreso por concepto de IVA, evidente¬mente, es mucho mayor y, en consecuencia, estoy seguro que los ingresos, considerando tanto el impuesto específico como el IVA, son mayores.
Por eso, creo que no nos podemos ver la suerte entre gitanos. Ojalá el Gobierno se preocupe en algún momento de la clase media de Chile.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, entiendo la discusión que se ha generado en relación con este bono. Siempre es posible plantear el aumento de un beneficio del Estado en términos monetarios. Siempre es posible solicitar que el beneficio llegue a un mayor número de personas. El diputado José Miguel Ortiz señaló que hay una indicación para ampliar el beneficio a cerca de 80 mil personas que antes no han recibido bonos, pero se siguen repitiendo argumentos en la Sala acerca del aumento de la recaudación.
Espero que cuando el ministro de Hacienda se refiera al punto tenga la misma claridad que tuvo en la Comisión de Hacienda para aclarar que no aumenta la recaudación. Si bien es cierto que comparto la preocupación por los sectores medios de la población, que también se ven afectados, me sorprende el argumento que señala que el fisco deje de recaudar para no seguir afectándolos. Con esto, da la impresión que cuando el fisco recauda, la plata se va al bolsillo del ministro. Como si mantener la recaudación no significara mantener los programas sociales que aprobamos todos los años en la ley de presupuestos de la nación y que, pese a los momentos de crisis que se han mencionado, no tan sólo los hemos mantenido, sino que los hemos aumentado.
El ministro señaló en la Comisión de Hacienda su disponibilidad para generar un diálogo y un gran consenso de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria a fin de buscar un sistema de estabilización que puede tener beneficios, pero que también puede tener riesgos si el día de mañana baja el precio del petróleo. Por eso, avancemos en un gran acuerdo en el Congreso para buscar una modalidad de estabilización.
Pero vamos más allá. Alguien podría pensar que me estoy cambiado de tema, pero existen subsidios para grandes empresas constructoras. Quiero recordar sólo los que el diputado Carlos Montes ha denunciado en la Cámara de Diputados. Estudiemos estos subsidios y seamos capaces de distribuirlos y focalizarlos en los sectores medios que a todos nos preocupan, porque es muy fácil pedir que se aumenten los beneficiarios del bono mediante desembolsos del fisco.
Propongo que los recursos que se obtengan luego del estudio de los subsidios que siguen obteniendo las grandes empresas constructoras se repartan en los sectores medios. Aprobemos financiamiento universitario para favorecer a la clase media. Aprobemos mañana la ley de isapres, para favorecer también a la clase media. Generemos instrumentos para favorecer a la pequeña y mediana empresa.
Creo que el proyecto va a beneficiar a aquellos sectores más afectados por el alza de los combustibles. Aunque siempre será insuficiente la cantidad de plata, seamos responsables y concordemos en que el monto corresponde al esfuerzo que el Estado puede hacer en este minuto. Es muy fácil decir: “vamos a aprobar este bono, pero la verdad es que es “rasca”, es una limosna”. Esas palabras se han utilizado.
Respaldo el proyecto y espero, señor ministro, que pronto podamos dialogar sobre algún mecanismo de compensación, en consenso con todos los sectores de la Cámara de Diputados. Debemos hacernos responsables de las decisiones que tomamos y efectuar un debate serio sobre aquellos recursos del Estado que hoy están mal focalizados en las grandes empresas y que podrían impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas, e ir en beneficio de la clase media, que todos decimos defender.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, quiero manifestar que estamos de acuerdo con el otorgamiento del bono, ya que si bien es cierto la cifra parece bastante menor, es importante para los trabajadores y pensionados de ingresos bajos y medios. Además, se trata de un beneficio compatible con el bono de invierno, que se otorga en los meses más duros de esa estación y que favorece a muchos adultos mayores.
Ayer tuve la oportunidad de asistir con la directiva de mi partido estuvieron presentes los diputados Edgardo Riveros , Waldo Mora y el presidente del partido a una reunión con el Presidente de la República, a quien le planteamos la necesidad de que se agregue a la propuesta inicial del ministro de Hacienda a los jubilados que reciben pensiones mínimas en el sistema de las AFP. Entiendo que esa propuesta, contenida en una indicación del diputado José Miguél Ortiz y otros parlamentarios, fue acogida por el Ejecutivo, lo cual es una buena señal, porque por primera vez se incorpora en este tipo de beneficios a pensionados de las AFP. Esto nos llevará más adelante a revisar ese sistema de pensiones, por cuanto está otorgando jubilaciones muy bajas. Agradezco que el Ejecutivo haya acogido nuestro planteamiento.
En segundo lugar, considero interesante la propuesta del Ejecutivo en términos de incorporar en este beneficio a trabajadores de ingresos bajos y medios. El hecho de otorgar un bono a quienes ganen menos de 180 mil pesos, sin importar dónde trabajen, y que sean titulares de cargas familiares, también constituye un avance. Ojalá que el avance fuese mayor y el beneficio se hiciera extensivo a quienes perciben ingresos de 200 mil pesos o más, que forman parte de la clase mediabaja, que tiene grandes dificultades derivadas del aumento del precio de los combustibles.
Reitero el agradecimiento de la Democracia Cristiana al Ejecutivo por haber acogido el planteamiento que formulamos a su excelencia el Presidente de la República.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre .
El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, agradezco la buena disposición a conversar estos temas, particularmente a los integrantes de la Comisión de Hacienda, en la cual se dio un diálogo muy bueno.
En primer lugar, quiero señalar algunos antecedentes para que no se queden con ideas incompletas en sus mentes.
No es efectivo que durante los gobiernos de la Concertación se hayan subido los impuestos a los combustibles. En 1990, en Chile existía un arancel de 15 por ciento. Hoy, después del acuerdo con Estados Unidos y dado que la Empresa Nacional del Petróleo toma como precio de referencia el del Golfo de la Costa de México, en Estados Unidos, el arancel es de cero por ciento. Lo que ha habido en materia de impuesto específico, únicamente, ha compensado lo que ha disminuido el arancel, de manera que lo que los consumidores y productores pagan por concepto de impuesto a los combustibles es lo mismo que hace 15 años.
Es cierto que cuando los precios suben, la recaudación por IVA es mayor, pero cuando los precios bajan, la recaudación por IVA es menor. ¿Estarían dispuestos a subir el IVA al maíz, al trigo o al vestuario, cuyos precios están bajando? Como señaló el diputado Escalona , los precios en promedio están subiendo menos de lo que pensábamos. Por tanto, estamos recaudando menos por concepto de IVA. Estamos recaudando más a raíz de que a la economía le está yendo bien y a que el precio del cobre está muy alto, pero no por cambios en las tasas de impuestos. De hecho, ustedes han conocido por informaciones de prensa que la carga tributaria no ha subido, cuestión que no me parece tan bueno, pero en ningún caso hay que afirmar que estamos cobrando más impuesto, porque eso es falso.
En segundo lugar, se ha planteado que el bono es una miseria. Sin duda, la distribución del ingreso en el país significa una miseria. Cualquier bono, de la cantidad que sea, frente a la pobreza horrorosa que todavía azota nuestro territorio, es muy poco. Sin embargo, este bono no está calculado de manera arbitraria, sino que corresponde exactamente al incremento del gasto de las familias que constituyen el 40 por ciento más pobre del país, entre mayo de 2004 y diciembre de 2005, por un precio del petróleo de 52 dólares el barril, en referencia a los treinta y algo que costaba en mayo de 2004. Por consiguiente, la compensación es exacta y el 40 por ciento más pobre del país, en su inmensa mayoría, no sufrirá los embates del precio de los combustibles. Los beneficiarios son 2 millones 300 mil. Si pensamos que cada una de esas familias, al menos, tiene tres personas, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de peresonas, que constituyen el 40 por ciento del país.
Hay que entender que cuando el país produce sólo el 2 por ciento del petróleo que consume e importa el 98 por ciento restante, es completamente imposible subsidiar a todos. Si a Chile le cuesta más, para que a algunos les cueste lo mismo, tendrán que haber otros que paguen más. Eso es simple y lógica aritmética.
¿Cómo podemos evitar que no paguen los sectores que no pueden hacerlo? ¿Dónde está concentrado nuestro problema? En el 40 por ciento más pobre, porque ellos no tienen capacidad de defenderse contra estas alzas. Ahí está la mayor cantidad del desempleo del país. En el 60 por ciento más acomodado, la tasa de desempleo es baja y los salarios suben sustantivamente por arriba del IPC. Por lo tanto, tienen condiciones de empleabilidad y de salarios para absorber el costo.
Tampoco exageremos, diputado Vilches , porque de diciembre a esta parte puede haber subido el precio de los combustibles, pero han bajado muchos otros precios y el IPC se ha mantenido inalterado. Este problema no sólo lo tiene Chile, sino el mundo entero: Japón , Europa , Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué están haciendo todos los países? Lo obvio. Si el combustible es más caro, porque es más escaso frente a la demanda mundial, y lo subsidiamos, lo único que haremos será aumentar nuestra dependencia de a algo que no producimos y que cada día es más escaso y más caro.
¿Alguno de ustedes encuentra lógico el hecho de que ante la escasez de gas argentino subsidiáramos su consumo? Debemos sustituirlo por fuentes alternativas de energía y mitigar el efecto económico sobre el 40 por ciento más pobre, porque, como digo, salvo que no sepamos aritmética, es imposible subsidiar a todos. Pero, podríamos haber hecho populismo económico. Como destacaron varios diputados, si desde comienzos de 2004 a esta parte hubiéramos inyectado recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, para producir el mismo efecto sobre el 40 por ciento más pobre que produjeron los bonos de 10 mil pesos el año pasado y de 16 mil pesos este año, habríamos gastado 393 millones de dólares en vez de 80 millones. ¿De dónde creen ustedes que saldrían los 313 millones de dólares restantes? ¿De algún subsidio de Marte? ¡No!, del sistema financiero y éste, con 313 millones de dólares menos, cobraría tasas de interés más altas. ¿Saben a quiénes? A los tres millones y medio de deudores hipotecarios y de consumo concentrados exactamente en la clase media, quienes pagarían, por concepto de intereses, 250 millones de dólares más. Estoy seguro de que nadie de aquí quiere engañar a la gente. ¿Para qué vamos a prometer algo que no es más que una falacia: sacar un billete de un bolsillo para ponerlo en el otro? En lo único que podemos ser responsables como país es en la ayuda a quienes no pueden defenderse. Es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Repito que nada le costaría a este Gobierno traspasar recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, mintiéndose a sí mismo en el sentido de que, porque el precio del petróleo está transitoriamente alto, subsidiar a todo el mundo, gastar 393 millones de dólares y, como su precio no baja y, por el contrario, sube, comprar muchos votos fáciles durante un año eleccionario y encontrarse, en marzo de 2006, con un país con 400 millones de dólares menos en sus arcas, con más deudas o con una clase media con menos posibilidades de acceder a la casa propia, a un refrigerador o a lo que necesite para seguir progresando.
Hemos actuado con firmeza, porque somos hombres de Estado y, por último, porque estamos convencidos de que vamos a seguir gobernando.
He dicho.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto que otorga un bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Delmastro , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro, González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (doña Adriana), Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Varela , Vargas, Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio).
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 22.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.