Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Exequiel Silva Ortiz
- Eliana Caraball Martinez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Edmundo Villouta Concha
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ORGANISMOS DE CAPACITACIÓN. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eugenio Tuma Zedan
- Marcelo Forni Lobos
- Carlos Montes Cisternas
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Sergio Ojeda Uribe
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Correa De La Cerda
- Julio Dittborn Cordua
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ORGANISMOS DE CAPACITACIÓN. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Antonio Leal Labrin
- Anibal Perez Lobos
- Jaime Quintana Leal
- Jorge Tarud Daccarett
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 61ª, en miércoles 6 de abril de 2005
(Especial, de 15.36 a 17.39 horas)
Presidencia de los señores Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Objeto de la sesión.
Presuntas irregularidades cometidas por organismos de capacitación.
Proyecto de acuerdo7
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica la remuneración de los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones. (boletín N° 383205)31
2.Moción de los diputados señores Tuma, Jaramillo, Leal, Pérez, don Aníbal; Quintana y Tarud que establece restricciones a la instalación de mega
comercios en zonas urbanas. (boletín N° 383103)33
3.Oficio de la Excma. Corte de Apelaciones de San Miguel por el cual comunica que ha dictado sobreseimiento definitivo en los procesos que dieron origen a los antecedentes Rol 47503 PL, y por los cuales se ordenó formar causa en contra del Diputado señor Carlos Moisés Hidalgo González35
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
De las Comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por los cuales informan que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, han procedido a elegir como Presidente al diputado señor Silva y a la diputada señora Caraball, doña Eliana, respectivamente.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que el Grupo Interparlamentario ChilenoUcraniano procedió a elegir Presidente al diputado señor Ibáñez y como Vicepresidentes a los diputados señores García y Villouta.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (92)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señoras Isabel Allende y María Antonieta Saa, y señor Guillermo Ceroni.
Asistió, además, el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 15.36 horas.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 55ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ORGANISMOS DE CAPACITACIÓN. Proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
La presente sesión tiene por objeto “analizar el proceso de desarrollo de presuntas irregularidades cometidas por organismos de capacitación visados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en perjuicio de personas naturales y jurídicas que buscan acceder a la franquicia tributaria consagrada en la ley Nº 19.518”.
Han sido invitados el señor Ricardo Solari, ministro del Trabajo y Previsión Social, y la señora Jossie Escárate , directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Solicito la autorización de las señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor Juan Toro , director del Servicio de Impuestos Internos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , es un organismo descentralizado del Estado que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Su misión institucional principal es contribuir al incremento de la productividad nacional, impulsando la capacitación ocupacional tanto en las empresas como en las personas de menores ingresos. Este punto, en mi concepto, es de vital importancia al momento de comenzar el análisis del funcionamiento del Sence en los últimos años.
Sus principales funciones son:
1ºSupervigilar el funcionamiento del sistema y difundir la información pública relevante para que los agentes públicos y privados actúen correcta y eficientemente dentro del mismo.
2ºAutorizar e inscribir en el registro pertinente a los organismos técnicos de capacitación.
3ºEstimular las acciones y los programas de capacitación que desarrollen las empresas, a través de la aplicación del incentivo tributario.
4ºVisar todas las comunicaciones y liquidaciones de acciones de capacitación que presenten las empresas, paso ineludible para que éstas puedan imputar la franquicia a los costos de estas acciones.
5ºFomentar la calidad de los servicios que prestan las instituciones intermedias y ejecutoras de capacitación.
Por su parte, la ley Nº 19.518 fija la normativa del crédito por gastos de capacitación que favorece a los contribuyentes de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta. Consiste en el descuento como crédito contra los impuestos anuales a la renta de los gastos incurridos por las empresas en el financiamiento de acciones, actividades o programas de capacitación ocupacional a favor de sus trabajadores, desarrollados exclusivamente en el territorio nacional, debidamente autorizados por el Sence, conforme al Estatuto de Capacitación y Empleo.
El crédito por gastos en capacitación, hasta los topes que se indican, dirigidos a los trabajadores cuyas remuneraciones sean de 25 unidades tributarias mensuales, en realidad, es un ahorro que realiza la empresa, puesto que goza de un tratamiento tributario similar a los pagos provisionales mensuales. Esta franquicia permite descontar, como crédito, de los impuestos anuales a la renta, un límite máximo de 1 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas en el año e, incluso, los impuestos personales del empresario individual, de los socios de las sociedades de personas. Si aún existe remanente, el servicio de tesorerías lo devuelve debidamente reajustado en mayo de cada año, previas las validaciones pertinentes que efectúa el Servicio de Impuestos Internos en la operación de renta anual.
La suma máxima por descontar, por concepto de créditos, por gastos de capacitación, no puede exceder el 1 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso en el cual se desarrollaron las acciones de capacitación. En otras palabras, el monto por deducir como crédito del impuesto de primera categoría de las empresas no debe superar el 1 por ciento de las remuneraciones imponibles anuales efectivamente pagadas a todos los trabajadores de la empresa durante el período comercial en el cual se llevaron a cabo las actividades de capacitación. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de Capacitación y Empleo.
El sistema actual, en la forma como está concebido, está dirigido a los entes privados que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley de rentas, especialmente a las empresas, entendido dicho concepto en su sentido natural y obvio, es decir, como una entidad integrada por el capital, el trabajo y la innovación tecnológica como factores de producción y dedicadas a las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la siguiente responsabilidad. A modo de ejemplo, se pueden citar industrias, comercio, agricultura, forestales, transportes, constructoras, contratistas, empresas prestadoras de servicios, financieras, radiodifusión, telecomunicaciones, mineras, etcétera.
En lo relativo al rol del Sence, a éste le corresponde administrar el registro nacional de organismos técnicos de capacitación, otec, y los cursos autorizados a estas entidades, y fiscalizar la ejecución de las acciones de capacitación que se desarrollen en el marco del Estatuto de Capacitación. En este contexto, el Sence autoriza a los organismos técnicos de capacitación y a los organismos técnicos intermedios de capacitación, otic, a que cumplan con los requisitos señalados en las normas vigentes en Chile.
Es evidente que el Sence es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, algo pasa en su implementación, en su otorgamiento y principalmente en su fiscalización, ya que son muchas las personas que nos hacen llegar sus reclamos, al sentirse virtualmente estafadas por el sistema Sence .
El año recién pasado, esta Corporación analizó las irregularidades detectadas en el sistema y estableció como principales las siguientes: falsos cursos informados y aprobados por Sence que, en la práctica, nunca se llevaron a cabo; suplantación de identidad; reiteración del curso; precios injustificados; diferencias injustificadas en el precio de determinados cursos, con idéntica cantidad de horas y contenidos, muy por sobre el precio de mercado, y falsas contrataciones.
Es del todo relevante que la Corporación se pronuncie nuevamente sobre las irregularidades que están ocurriendo en el Sence, ya que, al parecer, las autoridades encargadas de implementar el sistema no han sido suficientemente eficientes en su control y fiscalización. En mi concepto, no basta con la presentación de querellas contra los inescrupulosos que se aprovechan de estas franquicias. Creo que el Gobierno debiera haber enviado una iniciativa legal para perfeccionar su implementación, sobre todo su fiscalización.
Me podrán decir que el Servicio de Impuestos Internos realiza el correspondiente control. Pero ¿qué pasa cuando dicho Servicio detecta irregularidades? ¿Quién se perjudica? ¿El estafador o el estafado? ¿Qué ocurre con los trabajadores indefensos ante esta tremenda estafa? ¿Qué hará el Gobierno, hoy y no mañana, quizás no lo haga nunca para solucionar las deudas con los bancos? ¿Qué sucederá con las cientos de familias a las que, por la ineficiencia del Sence en su labor de fiscalización, les han complicado su futuro al coartarles su trabajo? ¿Qué pasará con los cientos de jóvenes a los cuales les han coartado la posibilidad de obtener créditos estudiantiles? Como siempre, la respuesta es la misma: el perjudicado es la persona que, de buena fe, asume un compromiso con la legítima aspiración de obtener un determinado beneficio con todo el respaldo que otorga el Estado.
Ante el clamor de personas de Arica, Iquique , Antofagasta , Calama , Tocopilla , Copiapó , La Serena, Coquimbo , Santiago , Temuco, Valdivia , La Unión, Río Bueno, Paillaco , Los Lagos, Lago Ranco , Purranque , Puerto Montt y de muchas otras ciudades podría estar horas señalando la enorme cantidad de denuncias que he recibido, como parlamentarios, no podemos sino escuchar y actuar en consecuencia en defensa de sus intereses, ya que se ha engañado a los estudiantes y a sus familias.
Ha llegado la hora de asumir la verdad y analizar a fondo la franquicia Sence . El sistema no ha funcionado y el Gobierno y sus autoridades no han hecho lo suficiente para proteger a los ciudadanos de las ineficiencias e irregularidades que afectan directamente los intereses y esfuerzos por mejorar los niveles de educación y de capacitación en el país, instrumento primario y herramienta principal en la redistribución del ingreso.
El Gobierno puede hacer más en estas materias y es su deber hacerlo, ya que no bastan las respuestas comunicacionales para solucionar problemas de fondo, como el que hoy nos ocupa. Llegó la hora en que el Gobierno asuma los errores cometidos durante varios años y enmiende el camino a la luz de los intereses que están en juego.
Los chilenos no se engañan fácilmente. No basta con que se les diga que el Gobierno está comprometido en la solución de los problemas de la gente, si es que no lo ven en los hechos concretos.
Los microempresarios, que representan el mayor porcentaje en las cifras totales de crecimiento, son los más perjudicados con las irregularidades e inequidades que se producen al interior y en torno al Sence, ya que se les cercena y coartan sus esfuerzos por mejorar el nivel de los servicios que ofrecen y prestan. Se trata de empresas pequeñas, a veces de no más de un grupo de trabajadores, por lo que las autoridades deben comprender, de una vez por todas, la naturaleza y gravedad de la situación, pues ellos y sus familias resultan perjudicados cuando se les ignora de la forma como se ha venido haciendo en estos últimos días.
Por último, es deber de esta Corporación cumplir con los mandatos que en virtud de los mecanismos constitucionales y legales se le encomiendan. Ha pasado demasiado tiempo desde que, a través de un proyecto de acuerdo, la Cámara de Diputados acordó investigar esta situación. Hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido.
Es injusto e inmoral que los trabajadores, los estudiantes, las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas sigan esperando.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, cuando preparaba esta intervención me sentí impulsado a averiguar cuál es la misión del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence . Para ello me dirigí a su página web, en la cual se señala que su misión es “contribuir al incremento de la productividad nacional, impulsando la capacitación ocupacional, tanto en las empresas como también en las personas de menores ingresos del país”.
Quiero subrayar lo importante que es este organismo para el país. Fundamentalmente, para las personas de escasos recursos, que tienen allí una posibilidad concreta de mejorar sus condiciones de vida. Su impacto y significación en la vida de la empresa es sustantiva en términos de calificación del trabajador, productividad y calidad del servicio; pero quiero enfatizar que más que en la empresa, en las personas.
Nos alegramos cuando el país progresa, porque estamos ciertos de que eso significa bienestar para todos.
Quienes somos de Oposición, particularmente este parlamentario, tratamos de hacer todos los esfuerzos necesarios para que las cosas resulten bien, pero, con la misma fuerza, franqueza y honestidad, expresamos nuestra disconformidad, denuncia y crítica cuando los recursos se dilapidan, el trabajo es de mala calidad o, sencillamente, no se hace y se engaña a la gente.
Frente al tema en tratamiento, no obstante valorar la importancia que para el país tiene un organismo como el Sence, debemos señalar que en él se cometen, como muchas veces lo hemos señalado en esta Sala, diversas anomalías a través, por ejemplo, de la oferta de cursos con títulos atractivos y llenos de espectacularidad, ofrecidos por instituciones fantasma, de papel, diseñadas y creadas para engañar y estafar a los trabajadores. Creo que no hay ciudad en el país donde no exista un ejemplo de lo que estoy denunciando.
Se han falsificado instrumentos públicos, se ha engañado a los beneficiarios y a sus familias, tras lo cual los responsables han desaparecido, dejando en el desamparo a las personas afectadas, gravemente endeudadas y, muchas veces, con sus bienes hipotecados.
Por eso, es fundamental incorporar elementos que eviten la ocurrencia de fraudes, como hemos mencionado aquí, en términos, por ejemplo, de modificar el reglamento del Sence para incluir la boleta de garantía. Ésa es una medida, pero debemos buscar otras; no sólo respecto del curso, la calidad de la propuesta y su viabilidad, sino también del organismo que las dicta, su trayectoria, historial, respaldo y fiscalización, que debe partir en el momento mismo en que se inscribe como entidad de capacitación y, en caso de irregularidades, estafas o fraudes, deben ser borradas definitivamente de la nómina del Servicio de Capacitación y Empleo y, en lo sucesivo, impedir su inscripción cuando, bajo otra denominación, aparezca alguna persona que haya tenido participación en organismos cuestionados, para lo cual debemos tener un historial de los organismos y de su cuerpo directivo.
No podemos seguir tal como estamos, pues impera la ley de la selva y ese clientelismo tan particular de determinados organismos, que se lucran con los recursos de gente de esfuerzo y trabajo y, lo que es peor, con la confianza de las personas y de las instituciones públicas destinadas, tal como expresa la misión citada inicialmente, a mejorar la capacitación ocupacional.
Las expresiones que estoy sosteniendo, con cierta dureza quizás, parten del conocimiento directo de situaciones variadas que han sucedido y están ocurriendo en distintos momentos y en diferentes ciudades del país, puesto que detrás de ellas, hay rostros de personas concretas, con nombres y apellidos, que se han visto afectadas.
Voy a dar ejemplos de casos que afectaron a pequeños empresarios de Chillán que, imbuidos de mística, compromiso y entusiasmo, intentaron mejorar el rendimiento de sus empresas a través de la capacitación de sus trabajadores, para lo cual los inscribieron en cursos que ofrecían determinadas entidades, por cierto, con el reconocimiento del Sence.
El primer caso es el de la empresa de Elías Pedreros Muñoz , cédula nacional de identidad Nº 9.948.0439 y, el segundo, el de la empresa de Miriam Contreras Parra , cédula nacional de identidad Nº 6.549.4507. Ambos se acogieron a la franquicia tributaria para capacitación, a través de cursos dictados por determinados otec, afiliados a un organismo intermedio de capacitación, otic, denominado Corporación Privada de Fomento de la Pequeña Industria, Servicios y Artesanado de Chile, cuyo nombre de fantasía es Proyección Empresarial, Proem , rut Nº 71.849.2009.
Realizadas todas las acciones que contemplan las normas del proceso de declaración de renta y entregados los documentos soportantes oportunamente, el Servicio de Impuestos Internos, para sorpresa de estos pequeños empresarios, les retuvo la devolución, con la agravante de que ambos habían solicitado financiamiento vía convenio al Banco del Desarrollo, pagarés que están siendo cobrados judicialmente, con los daños que ello origina.
Si estas pequeñas empresas cumplieron total y absolutamente todo, ¿dónde está el problema? ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos se limita a señalar que “su crédito por gastos de capacitación se encuentra observado debido a problemas con su mandato”?
¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo: porque y es lo que motiva este debate el organismo de capacitación, la empresa Proem , que según la información recogida, está cuestionada por muchas irregularidades que ha cometido en diferentes lugares y momentos.
La gravedad de lo que estoy señalando radica en que esta situación no es privativa de las pequeñas empresas a las que he hecho referencia, sino que estarían siendo afectadas otras 490 en la región del Biobío. Es de imaginar la cantidad que hay en el país, porque no creo que el problema sólo esté radicado en mi región.
Por ese motivo, solicito oficiar a las siguientes instituciones:
A la Contraloría General de la República, para que realice una amplia investigación de todos los cursos efectuados en el país por la empresa Proem .
Al Servicio de Impuestos Internos, para que explique las razones fundadas de la retención.
Al Sence, para que remita el historial de la empresa Proem .
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, a los televidentes que escucharon la intervención de casi quince minutos del colega que habló en primer lugar y, después, la del diputado Rosauro Martínez , debe preocuparles que se haya citado a una sesión especial para lanzar los siguientes epítetos: “a la gente se engaña” y “es la ley de la selva”. Esos son los más suaves.
Sin embargo, mis colegas olvidan que este Poder del Estado tramitó un proyecto que se transformó en la ley Nº 19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, normativa que dice relación con las franquicias tributarias.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , no es un organismo creado hace quince años, cuando asumió el gobierno don Patricio Aylwin . Es de larga data. Quién puede desconocer que el Sence ha hecho realidad la capacitación para miles de trabajadoras y trabajadores del país en estos años. Lo digo con mucho conocimiento de causa, porque es mi cuarto período consecutivo como diputado, lapso en que todos los años me ha correspondido discutir el proyecto de ley de Presupuestos de la nación y participar en forma especial en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, en la cual hemos discutido y analizado detalladamente todas las partidas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entre las cuales están las del Sence. Dicha Subcomisión estaba constituida hasta hace un año atrás por tres miembros titulares de la Oposición y dos de la Concertación.
¿Qué fue lo que realmente pasó? En 2003 se detectaron irregularidades que se cometieron, colega Rosauro Martínez , en la ciudad de Chillán.
Eso motivó el castigo de todas las personas que estaban en los organismos técnicos de capacitación, otec, y que han hecho bien su trabajo.
¿Qué medidas se tomaron? La directora nacional del Sence, en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos; después en la Comisión Mixta de Presupuestos, y por último, en la Comisión de Economía de la Cámara explicitó que en Chillán había una situación fraudulenta, lo cual estaba perjudicando a un gran número de trabajadores, porque se detuvo el pago por los cursos de capacitación que los favorecían.
Al respecto, se tomaron las providencias del caso. Fue así que ingresó otro proyecto al Congreso, que se promulgó como la ley Nº 19.967, sobre racionalización del uso de franquicia tributaria de capacitación. Además, se incorporaron normas absolutamente claras sobre la transparencia en la constitución y funcionamiento de los organismos técnicos de capacitación. Es decir, el problema se enfrentó en el momento oportuno para no perjudicar al resto de los beneficiarios del sistema.
¿Qué ha pasado desde ese instante hasta hoy? El conjunto de medidas que contiene dicha ley permitieron que se detectaran casi todos los fraudes o mal uso de este instrumento de fomento, como es la franquicia tributaria de capacitación.
Quién puede desconocer que el Servicio de Impuestos Internos es moderno, que cuenta con la más avanzada tecnología, cosa que reconocen todos los países de América Latina; que sus procedimientos abiertos, expeditos y conformes a la ley permiten atender todos los requerimientos de las empresas y trabajadores que, habiendo cumplido con la normativa en forma regular, sean afectados por abusos.
En resumen, contamos con las normas adecuadas, luego de haber hecho un análisis, el cual dio cuenta de ciertas anomalías.
Hago una defensa a favor del personal del Sence, porque no se puede hablar con tanta liviandad de presuntas irregularidades o usar adjetivos negativos. Además, ¿por qué ofender a los grandes profesionales que dirigen los otec a lo largo del país? ¿Acaso, según la óptica de algunas personas, a los funcionarios se les debe acusar de ladrones y sinvergüenzas cada vez que se detecta un fraude? Creo que esa no es una manera de actuar.
En nombre de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD y del Partido Radical Social Demócrata, vamos a presentar un proyecto de acuerdo, que aún no lo hemos ingresado, mediante el cual hacemos un reconocimiento de lo que se ha hecho hasta este instante y se reconoce que en algunas partes se han cometido fraudes, como en el caso del otec de Chillán, pero que hemos legislado en el momento oportuno para despachar la ley Nº 19.967, con el fin de mejorar la legislación relativa al tema que nos preocupa en este día.
Deberíamos aprobarlo para que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social realice un proceso de evaluación de la ley Nº 19.967, para regularizar el acceso a la franquicia tributaria. Además, para reiterar la solicitud a nuestros organismos fiscalizadores, a fin de que hagan un esfuerzo extraordinario para responder a todos los requerimientos de los usuarios, con el objeto de aclarar las posibles objeciones efectuadas ante peticiones de beneficios tributarios para capacitación.
Soy un defensor con mayúsculas de todo lo que signifique aportar a la capacitación y educación, porque de esa forma vamos poniendo término a las discriminaciones.
Quiero pasar un aviso. Señalamos claramente en esta Sala las razones por las cuales apoyaríamos el proyecto de acreditación de la educación superior. Lamento profundamente que su tramitación esté prácticamente detenida en el Senado. Todos estamos en favor de que se mejore la calidad de la educación, dentro de la cual se considera a la capacitación, que es una parte vital, ya que la ayuda que brinda el Sence, organismo respetable dentro del país, ha significado desarrollo para muchas personas.
Por todo ello, en nombre de mi bancada, anuncio que vamos a presentar el proyecto de acuerdo mencionado a la Mesa.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial para analizar, con los ministros de Hacienda y del Trabajo, y los directores del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , la grave situación por la que atraviesan miles de pequeños empresarios que, creyendo en sus autoridades, se acogieron al sistema de capacitación por la vía de la franquicia tributaria.
No nos mueve otro motivo más que realizar una efectiva fiscalización. Por eso, hace algún tiempo presentamos un proyecto de acuerdo, aprobado por la Cámara, mediante el cual se pide que la Comisión del Trabajo se transforme en investigadora, con el objeto de reunir antecedentes acerca de lo que ha estado ocurriendo con el Servicio Nacional de Capacitación, con los organismos técnicos intermedios de capacitación, otic, y con los organismos técnicos de capacitación, otec, que han hecho mucha noticia últimamente y que tanta inquietud han creado a lo largo del país.
En efecto, entre los objetivos planteados por el Gobierno, se consideraba alcanzar una cifra cercana al millón de trabajadores capacitados anualmente, de manera de capacitar toda la fuerza laboral en un período de seis años.
Ese objetivo fue reiterado en el último mensaje presidencial del 21 de mayo recién pasado, para lo cual se incentivó el uso de la franquicia tributaria establecida en la ley Nº 19.518, que fue modificada por una ley aprobada en octubre pasado, a fin de corregir todos los vicios y problemas que estaba originando el sistema de capacitación, determinado y fiscalizado por el Sence y, además, por un Consejo Nacional de Capacitación integrado por los ministros de Hacienda y de Trabajo, por los directores del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , y por el vicepresidente de la Corfo.
Como se ha dicho, en virtud de esta ley se crean los organismos técnicos de capacitación, otec, y los organismos técnicos intermedios de capacitación, otic, respectivamente. Los primeros capacitan y los segundos fiscalizan y sirven de nexo entre las empresas afiliadas y los otec.
Los otic no persiguen fines de lucro y se deben constituir por la reunión de, a lo menos, quince empresarios o contar con el patrocinio de una organización gremial. Todo lo anterior bajo la tuición del Consejo Nacional de Capacitación.
Pues bien, algunos otic, a veces en concomitancia con algunos otec, aprovechando estas franquicias tributarias, han procedido a obtener recursos, a mi juicio, en forma ilícita y, de paso, a estafar a miles de pequeños empresarios, haciéndolos firmar pagarés con la banca privada Banco de Desarrollo, Banco del Estado, Banefe recursos que fueron a parar a sus bolsillos y que los contribuyentes no podrán descontar del impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta. Hoy día, esos miniempresarios están siendo ejecutados por los bancos, han sido bloqueados a nivel nacional por el Servicio de Impuestos Internos y se encuentran en Dicom. Todo lo anterior, porque fueron tentados para que se capacitaran, incluso con ofertones que incluían el regalo de un computador que, por supuesto, nunca llegó.
Uno de estos otic pertenece a la Corporación de Fomento y Desarrollo de la Pequeña Industria y Artesanado, denominada ConupiaProem, Proyección Empresarial. Entre 2002 y 2004 tramitó ante la banca privada numerosos créditos por cursos no efectuados, en circunstancias de que el Servicio de Impuestos Internos, en marzo de 2003, le había hecho el término de giro al encontrarse con “12 o más períodos sin movimientos o no declarados”.
Tengo en mi poder una copia del oficio ordinario Nº 45, de 12 de enero, de la directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, señora Jossie Escárate , dirigida al presidente de ConuñpiaProem, señor Germán Dastres , en el cual le pide esclarecer una serie de situaciones irregulares y denuncias de particulares. La preocupación tenía que ver principalmente con los convenios entre los otic y los otec por diversas irregularidades; las modalidades de aplicación de empresas a los otic, denuncias de contribuyentes por la ausencia de capacitación y falta de pago de servicios, en circunstancias de que los recursos habían sido entregados por los bancos privados.
Puedo mencionar, entre muchos, a algunos de los afectados:
Carlos Vergara Espinosa , quien afirmó no haber recibido el curso de conducción con el otec Donoso y Ramírez, según información de estos últimos. A dicho otec se le habría cancelado su inscripción en el Registro Nacional.
Tomás Figueroa García , en contra de Proem por falta de supervisión en un curso de conducción, licencia clase A4, cuando el que entregó fue de A3 para conductores profesionales.
Prudencia Arancibia Díaz : en contra del otec Progresa, tramitada por Proem, en que se habían incluido como participantes a tres personas a quienes afirma no conocer.
Fabiola Garrido Riocha , quien canceló a su otic antes de que el Servicio de Impuestos Internos cancelara el giro a dicho organismo técnico diario de capacitación.
Rosa Miranda Riveros , quien obtuvo un crédito del Banco de Desarrollo por 389 mil 325 pesos, con domicilio en Curicó. Curso no efectuado.
Juan Caiceo Galdámez , domiciliado en Bombero Garrido Nº 034, de Curicó. Se efectuó el curso y se recibieron recursos visados por el Sence. Rentas retenidas por el Servicio de Impuestos Internos.
Murga Oses María Elena , con domicilio en Avenida Quechereguas Nº 1127, de Molina, quien recibió una notificación del Banco del Desarrollo que señala que por cambios sustanciales que se han producido en el proceso de declaración de uso del crédito de capacitación y la fiscalización muy rigurosa del Servicio de Impuestos Internos, debe concurrir a dicho banco para repactar la deuda y pagar los intereses y las costas.
La información suma y sigue.
Recibí otra carta, firmada por catorce personas del sector de Valdivia, en la cual se menciona a un otec llamado Sercam Limitada, empresa que les ofreció este mundo y el otro, pero que tampoco cumplió.
Por otra parte, recibí más antecedentes de la señora Nancy Hernández , propietaria de una empresa de jardinería, y de la señora Lidia Rosales , dueña de un bazar, quienes viajaron ayer desde Valdivia para presenciar esta sesión desde las tribunas, con el objeto de saber si su problema tiene solución, pues fueron afectada por un organismo técnico de capacitación llamado Instituto Anglo-Hispano.
Quiero señalar a los representantes del Ejecutivo que el 1º de diciembre de 2004 hice uso de la palabra desde esta tribuna, con el objeto de denunciar lo que estaba ocurriendo con el otic Proem, ocasión en que pedí que mi intervención fuera enviada al ministro del Trabajo y Previsión Social. Recién ayer el ministro me envió el oficio de respuesta que contenía la información que he mencionado, pero que ya la había obtenido por otra vía, la cual señala que eran 5.671 los contribuyentes asociados a Proem, de los cuales sólo 586 presentaban problemas. Sin embargo, los antecedentes que he recibido desde distintas regiones me hacen suponer que esa cifra es mucho mayor. Solamente en la región del Maule había más de mil casos; en el resto del país la cifra debe aproximarse a 10 mil. Si esa cifra la multiplicamos por 13 UTM, monto que representa la franquicia tributaria, estamos hablando de una suma cercana a 4 mil millones de pesos.
Además, el Sence detectó que los remanentes de aportes efectuados por diferentes empresas a Proem, que deberían haberse ocupado en la capacitación de los trabajadores de esas empresas o de otras, o en becas otorgadas a esos mismos trabajadores, no fueron encontrados en caja. Es decir, en la revisión que el Sence hizo a Proem se determinó que los recursos correspondientes a los remanentes que deberían haberse ocupado en capacitar a los trabajadores se hicieron humo, lo que debería haber sido informado al Sence. ¿Qué sucedió? El Sence no lo supo o no fiscalizó. Con posterioridad, esto quedó demostrado en una auditoría efectuada por la empresa Deloitte & Touche , contratada por Sence.
El remanente ascienden a la cantidad de 157 millones de pesos y en el caso de las becas alcanza los 341 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de casi 500 millones de pesos, cerca de un millón de dólares, plata que se hizo humo y que Proem no reembolsó.
Toda la información que he señalado está contenida en diversos oficios del Sence a ConupiaProem, en los que se piden explicaciones. Sin embargo, ante la falta de respuesta el jefe de capacitación del Sence se reunión con el presidente de ConupiaProem. Pero recién en 2004, un año después de que el Servicio de Impuestos Internos cuestionara a Proem, se le eliminó a ésta del registro de los otic, y se presentó por parte del Sence, una querella criminal en contra del gerente general de Proem, señor Danilo Díaz Tapia , del gerente de finanzas, señor Luis Araneda , y del contador general.
Sin duda, todas estas acciones se han efectuado sólo para cubrirse las espaldas, pero los grandes perdedores son los pequeños empresarios, a quienes los bancos están cobrando intereses, costas y multas, en circunstancias de que en muchos casos el curso no se efectuó, o si se efectuó la devolución vía franquicia no llegará debido a que el Servicio de Impuestos Internos retiró del registro a la otic Proem por las irregularidades detectadas.
Lo más grave de todo ocurre entre 2002 y 2004, en circunstancias de que el Servicio de Impuestos Internos insisto retira su calidad al otic Proem en marzo de 2003. Es más, las irregularidades vienen de antes de 2000, cuando había otra administración en el Sence y no se avisó a los contribuyentes ni a los bancos oportunamente lo que estaba ocurriendo, y recién en agosto de 2004 procede a cancelar su registro y presenta una querella en su contra.
Además, los continuos cambios que se han realizado en la forma de operar de la franquicia tributaria reflejan la incapacidad de dar solución a un tema en forma seria y responsable, provocando un daño enorme a los distintos actores del sistema y, lo que es más grave, se ha creado un grado de incertidumbre tal que el sistema de capacitación está en tela de juicio.
Tengo en mi poder un detalle de todos los cambios que esto ha experimentado, pero no sé si dispongo de tiempo para darlo a conocer.
1.Como consecuencia del famoso caso “coimas”, en que quedó de manifiesto una serie de irregularidades en la ejecución de cursos, el Servicio de Impuestos Internos, a petición del Sence, emite la resolución exenta Nº 15, de 10 de marzo de 2003, que exige a todos los contribuyentes que hicieron uso de la franquicia en 2002 concurrir personalmente al Servicio de Impuestos Internos a ratificar los mandatos irrevocables.
2.En el ejercicio Operación Renta 2003, nuevamente el Servicio de Impuestos Internos, a petición del Sence, aplica la observación F 56 y retiene todas las devoluciones de los créditos por concepto de utilización de la franquicia tributaria, creando un gran problema a los contribuyentes que financiaron sus actividades con créditos bancarios, debiendo asumir gastos de intereses y multas por los retrasos provocados.
3.A lo anterior debemos agregar que el Servicio de Impuestos Internos, recién en septiembre de 2003, empezó a revisar las declaraciones de rentas que estaban impugnadas, y los créditos tenían fecha de vencimiento el 30 de junio de 2003. De esta revisión de antecedentes surgió una serie de interpretaciones de parte de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, sobre todo respecto del tema de los requisitos para acceder a las franquicias tributarias.
4.En lo relacionado con las imposiciones
tema que el Servicio de Impuestos Internos tiene perfectamente normado, el Sence, que es el organismo público a cargo de la regularización del tema, sigue aplicando medidas que no están de acuerdo con la realidad.
En noviembre de 2003, la Tesorería General de la República, en conjunto con el Sence, decide cambiar el mandato especial y revocable, obligando a los contribuyentes a concurrir personalmente a la Tesorería General de la República.
5.Con fecha 2 de febrero de 2004, el Sence emite la resolución exenta Nº 1.032, que obliga a los contribuyentes a realizar una declaración jurada notarial y presentarla personalmente a la dirección regional del Sence.
El 9 de febrero, el Servicio de Impuestos Internos emite la resolución Nº 26, en la cual exige la declaración jurada Nº 1.827, que debe ser presentada por los contribuyentes cuyas franquicias tributarias sean inferiores a 13 unidades tributarias.
Pues bien, todos estos cambios pueden ir en la línea correcta, pero, indudablemente, están entrabando el sistema; todo lo que es capacitación puede sufrir grandes perjuicios y el sistema puede caer.
Por todos estos irregulares hechos, que afecta a tantas personas modestas que creyeron en el sistema de capacitación, y ante el hecho de que, de acuerdo con la ley Nº 19.518 que no sé si está vigente a raíz de las modificaciones que se le introdujeron en octubre, todos los contribuyentes afectos a la primera categoría de la ley de renta, por el solo motivo de haber hecho un aporte a los otic y contar con un certificado del Sence, tenían derecho a devolución. Por eso, es inexplicable que el Servicio de Impuestos Internos aún no libere estos recursos para entregárselos a los contribuyentes.
Por las razones expuestas, exigimos que la Comisión de Trabajo, que fue mandatada por la Sala, se constituya en investigadora para llegar al fondo del problema.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estuve entre los diputados que solicitó esta sesión especial, con el objeto de abordar lo que está ocurriendo con una legislación que no está vigente. No me cuento entre los diputados que, erróneamente, han pedido la constitución de una comisión investigadora para detectar presuntas irregularidades en los servicios del Estado, puesto que el propio Congreso Nacional ha corregido una legislación defectuosa, que permitía que empresas dedicadas a la capacitación se aprovecharan del modo en que estaba diseñado el sistema, que era bastante perverso. En diversas ocasiones, en Incidentes, advertí de ello al Ejecutivo. Desde 2002 he notado irregularidades en la forma en que se aplica la ley y se utiliza la franquicia.
La ley permite a las empresas de capacitación constituirse, buscar a las personas que pretende capacitar y elegir la materia para impartir dicha capacitación. El monto por curso es de 370 mil pesos. Pues bien, ocurre que en algunos casos se pagaba 370 mil pesos por un curso que, si se tomaba en forma particular, costaba 50 mil pesos, es decir, con la plata del Estado se pagaba por el mismo curso 320 mil pesos más.
Claro, cuando se paga con plata del Estado no hay que mojarse los dedos para contar los billetes pero cuando se paga con plata propia hay que mojárselos para no pagar de más.
Lo que ocurrió fue que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional incurrieron en un error garrafal al aprobar la ley de capacitación, pues establecimos un mecanismo que permitía que las empresas metieran legalmente la mano al bolsillo de la Tesorería General de la República, del Servicio de Impuestos Internos y del fisco para pagar cursos de valores muy inferiores al que se cobraba por ellos.
Sólo en mi distrito conozco cerca de 400 casos de personas modestas, todas afectas a la primera categoría, que cumplieron con el requisito establecido en la ley y fueron reclutadas por algunas empresas.
No quiero echar en el mismo saco a todas las empresas. Hay empresas que hicieron bien su trabajo, que son honestas y que dieron una buena capacitación; pero también hay sinvergüenzas y empresas que se aprovecharon de la legislación para engañar a los beneficiarios, sean trabajadores o personas afectas a la primera categoría. En mi distrito, muchos de primera categoría son campesinos mapuches que se inscribieron en cursos de capacitación que realmente eran muy ventajosos, pero de paso, las empresas recibían 370 mil pesos por un curso de apicultura que, si se pagaba en forma particular, costaba entre 30 y 40 mil pesos por persona. Entonces, le resultaba conveniente al beneficiario hacerlo con esa empresa, porque además le entregaba los elementos para continuar con un proyecto apícola.
Cuando el Servicio de Impuestos Internos revisa la situación y se da cuenta de que en algunos casos se está actuando de mala fe, colocó un cedazo a la aprobación del pago de estos cursos por la Tesorería. Pero, las mismas empresas habían concurrido donde los beneficiarios, junto a las autoridades de Gobierno, a los parlamentarios, al gobernador, en algunos casos al intendente, al director del Servicio de Impuestos Internos, diciendo que la ley y el Gobierno respaldaban estos cursos de capacitación y que se aprovechara la franquicia.
Le dábamos solemnidad legal a esto y los beneficiarios no tenían otra alternativa que confiar en que tenía la bendición del Estado y del Gobierno. Por supuesto, asumían de buena fe y firmaban los compromisos de aceptación del curso y, en la mayoría de los casos, un pagaré que era un crédito de enlace. Con ese pagaré, el Banco del Estado u otros bancos, se resguardaban de un crédito que le otorgaban a la empresa de capacitación, que recibía anticipadamente el dinero, para que una vez cumplida la tramitación de la franquicia, la Tesorería pagara directamente al banco.
Entretanto, el Servicio de Impuestos Internos dijo que no se cumplían las condiciones. ¿Cuáles condiciones? No las que establece la ley, sino otras que el Servicio de Impuestos Internos define para resguardar los intereses del Estado, a fin de que no se ocupen indebidamente dineros del fisco. Pero esas condiciones no están consagradas en la ley. Por ejemplo, en el caso de la señora María Teresa Painenao , de la comuna de Freire, contribuyente de primera categoría que hace diez años que no tenía movimientos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos dijo que al no tener movimientos tributarios no ameritaba la franquicia. Por lo tanto, no autorizaba a la Tesorería para que pagara y no se canceló el pagaré que existía en el banco. Ahora, esa señora está siendo ejecutada por el Banco del Desarrollo, con una amenaza de embargo sobre sus bienes, porque no tiene los recursos para pagar los 500 mil pesos, aproximadamente, que suman el capital, intereses, costas y otros gastos que el fisco no pagó. Y no pagó, porque el Servicio de Impuestos Internos señaló que la señora Painenao no tenía movimiento tributario.
Conozco otro caso en que el Servicio de Impuestos Internos dijo que el beneficiario o el contribuyente no tenía el ánimo de continuar con el impuesto de primera categoría. Digamos la verdad. Para acceder a la franquicia, los beneficiarios debían realizar determinados pasos para cumplir con los requisitos, uno de los cuales era tributar en primera categoría. Si no lo cumplía, hacía iniciación de actividades y accedía al beneficio.
El Servicio de Impuestos Internos se dio cuenta de que se usaba una figura falsa para obtener indebidamente la franquicia y da una interpretación a la norma para impedir su pago. ¡Pero las personas lo hicieron de buena fe! Creían que si cumplían el requisito de estar en primera categoría, aunque no tuvieran el ánimo de seguir, se les otorgaría el beneficio. Sin embargo, justamente por no tener el ánimo de seguir, el Servicio de Impuestos Internos no les da el beneficio.
La ley no dice si tiene o no tiene el ánimo de seguir. La ley exige cumplir el requisito, pero el Servicio de Impuestos Internos sostiene que debe velar por los intereses fiscales y le parece que no debe pagarse. Les parezca o no, estamos ante una norma legal y ante una justa aprensión de un servicio público, porque, digámoslo con franqueza, muchos se aprovecharon de una mala ley para meter la mano al bolsillo del fisco.
Existen distintas situaciones. En algunos casos, Tesorería pagó el curso y ahora el Servicio de Impuestos Internos le dice al beneficiario que devuelva el dinero. El beneficiario no tiene donde caerse muerto, no trabaja, no tiene ingresos, o si trabaja le suspendieron su actividad como contribuyente, porque tampoco le dan timbraje de boletas. Hay casos que se encuentran en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, los cuales, debo reconocer, ha ido revisando uno a uno.
Quiero aprovechar la presencia de las autoridades del Ejecutivo en la Sala para pedirles que, dada nuestra irresponsabilidad de haber aprobado y aplicado una mala legislación y la tardanza en mejorarla y corregirla, lo que perjudicó a muchos ciudadanos, autorice, en aquellos casos en que el Servicio de Impuestos Internos sabe que hubo buena fe para realizar el curso si es que se hizo, aunque no se haya tenido el ánimo de seguir en primera categoría, a la Tesorería para que pague y resolvamos el tema del banco o del timbraje de boletas.
Otra situación se presenta cuando la Tesorería suspende el pago. No paga el curso a la empresa y ésta, como se había resguardado con un pagaré, entrega dicho documento al banco y lo protesta.
En otros casos, la empresa impartió el curso también hay empresas que actuaron de buena fe, pero el Servicio de Impuestos Internos dijo que no tenía suficientes garantías de que se hubiese realizado. Entonces, cita a los contribuyentes y les dice que para normalizar su situación deben presentar una declaración jurada de que no realizó el curso, aunque lo haya hecho. Como el contribuyente lo único que quiere es sacarse al Servicio de Impuestos Internos de encima, firma la declaración jurada, a pesar de que hay testigos que aseveran haberlo visto en clases. Entonces, la Tesorería no le paga el curso a la empresa.
Hay empresas que han quebrado o que están esperando su justo pago por una franquicia que el Estado ofreció mal y que los hizo incurrir en un gasto. Creo que se debe revisar caso a caso. Se está haciendo, pero en forma demasiado lenta. No existe un procedimiento conocido por parte de los contribuyentes afectados para resolver su situación. Ojalá pudiéramos consensuar, por unanimidad, un proyecto de acuerdo para solicitar que dentro de un plazo determinado se habilite una ventanilla especial para que todos aquellos que se sientan afectados por el uso de esta franquicia concurran al Servicio de Impuestos Internos y, en un procedimiento breve y sumario, se resuelva su problema. Aquí se está pidiendo la constitución de una comisión investigadora, como si las irregularidades las hubiera cometido el Servicio Impuestos Internos o el Sence. Las irregularidades las cometimos nosotros al entregar una legislación que permitía que se abusara de ese modo.
Como consecuencia de la ley que hoy rige no es posible que ocurra este tipo de situaciones, que en el proyecto de acuerdo, se denominan “irregularidades”. Desde el punto de vista estatal, aquí no hay irregularidades; lo ocurrido se debió a que nosotros elaboramos una mala ley.
En resumen, si realmente pretendemos resolver el problema de las personas afectadas, sugiero no conformar comisiones investigadoras, sino concordar con la Oposición en un proyecto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo el establecimiento de un plazo y la apertura de una ventanilla especial de atención para todos los contribuyentes que se sientan afectados. El Servicio informará a la Cámara, a la Comisión de Trabajo o, si el proyecto de acuerdo así lo señala, a la Comisión Pyme, que debiera ser la última que atienda esta demanda, porque la mayoría de los afectados son microempresarios.
En consecuencia, sólo con un acuerdo de esta naturaleza, si existe voluntad de todos los diputados y del Ejecutivo, podremos resolver esas situaciones que se viven en todo el territorio nacional.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, aunque el tema llamaría a apasionarse, trataré de ser lo más racional posible.
Me parece extraordinario que hoy, 6 de abril de 2005, se realice esta sesión, por cuanto tengo en mi poder la primera denuncia hecha por el diputado que habla, el 2 de julio de 2002, y un legajo de documentación que da cuenta de las investigaciones efectuadas en la región de La Araucanía por hechos ocurridos en Traiguén y Temuco, relacionados con la materia que aquí se discute.
Esa denuncia de julio de 2002 motivó sanciones a nivel regional, pero sólo un año o año y medio más tarde, lo cual no evidenció gran eficiencia en la aplicación y uso del recurso público para subsanar las irregularidades confirmadas, incluso, por la Contraloría Regional.
Confío plenamente en la intencionalidad positiva del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence . También confío totalmente en la eficiencia y en la forma rigurosa en que cumple la ley el Servicio de Impuestos Internos. Y eso es lo que ha hecho, lo cual no puede ser cuestionable por nadie. Por el contrario, nos debe dar confianza, pues es un servicio que realmente da tranquilidad a los chilenos.
Sin embargo, lo que aquí se ha escuchado es una realidad. No voy a abundar en detalles, porque –reitero apuntan a lo mismo. Pero no puedo dejar pasar que un diputado, poco menos que masoquista, haya responsabilizado a la Cámara de todas las irregularidades. Ninguna ley soluciona todos los problemas, ni la mejor. Y la peor puede solucionarlos sólo si se cuenta con recursos humanos, con una sociedad con sentido de enfrentar la vida y que, incluso, no requeriría de leyes.
En el caso que debatimos, no se trata de una mala ley. Se corrigió. Ninguna cosa es perfecta. Hay que tener presente que si la mejor de las leyes no cuenta con el recurso humano público que la aplique en forma total y absolutamente responsable, por supuesto, va a perder eficacia en su intencionalidad. Creo que este ha sido el caso. No me refiero a los funcionarios que actualmente ocupan cargos en los servicios públicos que impugnamos, sino al hecho concreto de que aquí, según nuestra opinión, había una responsabilidad evidente del Sence, porque los pequeños y medianos empresarios confiaron en este mal empresario de un otec no son todos malos, pero muchos sí que estaba avalado por dicho servicio.
Comprobé en mi distrito que el control, la vigilancia mínima, que era obligación del Sence, no se hacía. Por eso, me alegro de que, tres años después, estemos debatiendo este tema en una sesión especial.
Está de más hablar del pasado. Los hechos concretos están puestos sobre la mesa, son una realidad. Debemos preocuparnos del futuro. ¿Qué hacemos? Es evidente y necesaria una mayor y óptima fiscalización por parte del Sence. Es imprescindible, sobre todo, a la luz de los antecedentes que aquí se entregan.
Es necesario contar, por ejemplo, con un registro nacional de los otec y sus directorios, porque existen empresarios que estafaron a beneficiarios, pero se cambiaron de empresas y, utilizando las mismas argucias que les permitieron enriquecerse en el pasado, siguen estafando a la gente. Además, sería conveniente contar con una especie de Dicom de aquellas personas que en alguna oportunidad fueron detectadas en irregularidades y sancionadas por el Sence como ocurrió con quienes formaban parte del Centro de Estudios Profesionales, Ceprof , y de Diprocom, a las cuales se les revocó la autorización después de nuestras denuncias para que no puedan volver a engañar a los pequeños empresarios.
Debemos entregar a los emprendedores que son quienes generan más empleos en Chile y quienes, con mayor razón, nos deberían hacer salir del subdesarrollo la seguridad absoluta de que en el futuro no se repetirán las irregularidades de las cuales hemos sido testigos en el pasado.
Por último, concuerdo con el diputado Tuma en que el Ejecutivo estudie y adopte alguna medida que solucione los problemas que hoy afectan a miles de pequeños empresarios quienes, por confiar en un organismo público, hoy se ven enfrentados a la pérdida de sus bienes materiales.
Cualquiera sea el acuerdo final de esta sesión especial, será positivo mirando hacia el futuro, porque el pasado está claramente demostrado en esta Sala y, estoy seguro, en conocimiento de las autoridades de Gobierno.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, quiero hacer un comentario muy breve, de carácter más bien general y no específicamente respecto de la última ley aprobada y de sus consecuencias en muchas personas y pequeñas y medianas empresas.
En términos generales, estimo que el subsidio Sence , Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tiene una especie de pecado original, un incentivo perverso en su concepción, porque, en el fondo, el 1 por ciento de la planilla, que es lo que el Estado otorga como subsidio, no tiene contraparte en su beneficiario. Se ha producido una suerte de sociedad entre empresas prestadoras de servicios de capacitación y supuestos usuarios para estafar al fisco. Eso lo vemos todos los días.
Por ejemplo, algunos empresarios de mi distrito me han señalado: “A los contribuyentes nos están robando”, ante lo cual les he preguntado por qué. Me han manifestado que un funcionario de una empresa les ha ofrecido cursos de capacitación, y cuando le han señalado que no los requieren, les ha indicado que no importa que no los necesiten, que de igual forma los hacen. Que el fisco los paga, la empresa les regala un computador o un televisor si aceptan los cursos y se queda con la diferencia. Esta situación se repite muy a menudo. Incluso, la gente a uno le comenta que se ganó un computador porque la persona que imparte los cursos Sence se lo regaló y, posteriormente, le firmó un papel para que cobrara el subsidio.
Por eso, como lo señaló el diputado Tuma , los valores de los cursos que entrega el Sence no dicen relación con los precios de mercado, porque, en el fondo, están determinados por el monto del subsidio, más que por los costos de producirlos.
Entonces, tengo la sensación de que el pecado original de toda esta situación es que este subsidio es pagado por el Estado en un ciento por ciento, con un tope, ante lo cual las empresas que otorgan los servicios y los supuestos beneficiarios se unen para, de alguna forma, repartirse ese dinero.
En el fondo, veo al Sence como una institución al margen de esta situación, que dice: “Presenten cursos a las empresas e impartan los que quieran; así es el mercado”. Muchas veces no se realizan, pero el Sence no tiene la capacidad para controlar si se ha llevado a cabo la enorme cantidad de cursos aprobados. Incluso, cuando trabajé en una universidad impartimos cursos Sence , pero muchas veces no se comprobaba su realización y pudimos no haberlos hecho. El Sence es una institución pública que gasta miles de millones de pesos y creo que la productividad de esos dineros es muy baja. A mi juicio, dilapida una gran cantidad de recursos.
Por lo tanto, debemos hacer una completa reingeniería al Sence, en la cual los beneficiarios y el empleador, quien supuestamente también se beneficia, siempre deban pagar una parte del costo de los cursos. Pero no puede ser que sean pagados en un ciento por ciento por el fisco, con un tope, y que el Sence no tenga nada que decir respecto de la realización de los cursos y sea una decisión de las empresas de capacitación y de las capacitadas, las cuales por decirlo de algún modo están descuartizando y repartiéndose un animal, pero en contra de los contribuyentes. Está claro que éstos no saben lo que está pasando, pero quienes manejan empresas se dan cuenta de que aquí hay un tremendo negociado. El proyecto presentado por el Ejecutivo hace un tiempo trata de poner coto a este negociado, lo cual dejó muchos heridos en el camino, que es a lo que se refirió el diputado señor Tuma .
Sin embargo, el tema de fondo es otro: empezar a dudar de la rentabilidad del subsidio Sence , por la forma como está organizado el sistema de capacitación en Chile.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, aquí no sólo está en juego la situación de las empresas que tenían que capacitar y que no han cumplido su tarea muchas cometieron irregularidades y estafas, sino que la credibilidad del sistema de capacitación a nivel nacional y las buenas intenciones del Gobierno con las pequeñas y medianas empresas para incentivar el emprendimiento y, por esa vía, lograr el desarrollo, que es el objetivo central.
No hay que asustarse cuando se usan adjetivos fuertes, pues está claro que no hubo previsión ni una adecuada fiscalización de parte del Sence. Se cometieron irregularidades, abusos y estafas. Eso es real.
El objetivo del proyecto del Ejecutivo, que aprobó el Congreso Nacional, es impedir que se cometan más irregularidades. Pero nos hemos quedado en la discusión de la evaluación de la nueva ley. Se ha hablado de las personas que quedaron en el camino. Obviamente, el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer cumplir la ley. Estamos hablando de 15 mil, 18 mil ó 20 mil micro y pequeños empresarios que están sufriendo las consecuencias de un engaño. Como se trata de personas que no tienen ninguna posibilidad de ser escuchadas, a través de los medios de comunicación y con la realización de esta sesión, que no tuvo la asistencia adecuada, se ha querido enviar una señal más fuerte y de alerta al Ejecutivo para buscar fórmulas y mecanismos destinados a mejorar los sistemas de capacitación en Chile, para que no se conviertan en instrumentos de engaño. Asimismo, se busca solucionar los problemas de los micro y pequeños empresarios que están viviendo una situación económica muy difícil, porque fueron engañados y no encuentran solución. Por el contrario, el Estado los castiga, los persigue y, finalmente, no asume su culpabilidad. Sólo presenta un proyecto de ley para que en situaciones venideras no ocurran este tipo de irregularidades.
Lo más importante es que el Gobierno manifieste su voluntad política para buscar una solución al drama que viven los 15 mil ó 20 mil micro y pequeños empresarios que demandan ayuda y cooperación del Gobierno por la situación que los afecta.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, he seguido este debate por televisión, porque estaba en una reunión de trabajo en mi oficina, pero no quise dejar de intervenir después de escuchar una cantidad impresionante de afirmaciones incorrectas. Pensé que el diputado señor Montes iba a hacer una mejor defensa de nuestras posiciones, pero como lamentablemente no lo ha hecho, lo haré yo, por el conocimiento que tengo del tema en discusión.
Quiero recordar que a inicios de la década de 1990 hubo una gran preocupación del Presidente Patricio Aylwin y de su ministro del Trabajo, don René Cortazar , por conocer en detalle la situación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , su forma de operar, los montos que se gastaban en capacitación, quiénes la entregaban, cómo se entregaba y cuáles eran los resultados.
Para quienes no lo saben, estamos hablando de capacitación para trabajadores financiada por el Estado, pues los empleadores deducen este costo del pago de sus impuestos. Considero necesario decir esto, porque hay muchos que dicen muchas cosas muy bonitas, pero no entienden nada de lo que hablan.
Cuando asumió don Patricio Aylwin , el promedio de la capacitación en nuestro país bordeaba, si no me equivoco, entre el 8 y el 9 por ciento a nivel nacional.
El señor DITTBORN.-
El 8 ó 9 por ciento ¿de qué?
El señor SEGUEL.-
De la fuerza laboral, diputado Dittborn . Usted debería saberlo.
Una de las preocupaciones de aquel Gobierno fue modificar esa situación, por lo cual envió un proyecto de ley que introducía modificaciones al Sence, de manera tal que se abrieran las puertas a la capacitación y se crearan los organismos técnicos. Dicha iniciativa fue aprobada a fines de 1992.
Con ocasión de su discusión en la Cámara, sostuvimos un bonito debate con mi amigo Ángel Fantuzzi, en aquel entonces diputado, respecto de a quiénes capacitar, para qué capacitar y cuál era el objetivo de la capacitación. Para él la capacitación debía hacerse de acuerdo con las necesidades de la empresa, en tanto que otros opinábamos que debía ser de acuerdo con las necesidades intelectuales del trabajador, cuestión que aún se sigue discutiendo en diversos ámbitos.
A raíz de esas modificaciones, aumentó considerablemente la capacitación en Chile, alcanzando aproximadamente el 17 por ciento de los trabajadores del país, incluidos, gracias a esa reforma, los trabajadores del sector público.
Luego, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei RuizTagle se constataron algunos problemas en la normativa. Como había que solucionarlos, se envió un nuevo proyecto de ley, que también aprobamos. En ese tiempo Julio Dittborn ya era diputado e integraba la Comisión de Trabajo, por lo que participó en la discusión y entregó su voto favorable a las modificaciones.
En razón de lo anterior, hoy la capacitación alcanza al 20 o al 22 por ciento de los trabajadores del país, si no a más. No tengo la cifra exacta.
De haber recibido una capacitación en niveles que bordeaban el 7 por ciento de la fuerza laboral en tiempos de la dictadura, pasamos al 22 por ciento. Eso nos dice que los gobiernos de la Concertación han hecho funcionar la ley y sus modificaciones y han permitido que los trabajadores se capaciten.
Incluso hay más. Con las modificaciones que se introdujeron en el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle se incluyó la posibilidad de que los trabajadores, además de capacitarse, pudieran educarse, esto es, terminar su enseñanza básica o media y recibir educación superior de nivel técnico. Nosotros queríamos que también se incluyera la de nivel universitario, pero no pudimos conseguirlo.
Si eso no es avance, no sé qué es avance para ellos. También han señalado que hay un mal uso de los recursos y grandes anomalías.
Durante los quince años que llevo como miembro de la Comisión de Trabajo y diputado de un distrito de Santiago, sólo he recibido testimonios del avance que la ley ha provocado en materia de capacitación de los trabajadores chilenos, lo que ha servido para mejorar la productividad y la seguridad laboral en cada una de las empresas a las que pertenecen. Ése es el resultado del Sence; no otro.
Hay quienes en forma permanente hacen denuncias y ni siguiera están presentes durante la sesión para reafirmarlas. Hacen perder el tiempo a la Cámara de Diputados, a funcionarios de Gobierno, al ministro del Trabajo y a sus asesores que han tenido que venir para dar cuenta de esta situación.
Me inclino porque el Sence siga funcionando tal como lo ha hecho hasta ahora; que continúe con la fiscalización que la dirección hace a nivel nacional a los organismos de capacitación.
La Oposición debiera preocuparse de fiscalizar temas que realmente valgan la pena. El Sence es un organismo que ha cumplido a cabalidad con sus objetivos en los gobiernos de la Concertación y más aún con las modificaciones que hicimos a esta ley.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de cada una de las bancadas. Sólo hubo una que no hizo uso del derecho.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor SOLARI (ministro del Trabajo).-
Señor Presidente, quiero partir haciendo dos consideraciones estrictamente formales.
El 20 de enero de 2004, en esta Sala, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, transformada en investigadora, evacuó un informe muy detallado sobre la ley que rige al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence vigente hasta esa época y un conjunto de cambios que había que llevar a cabo para mejorar la aplicación de los recursos, su racionalización, y medidas que había que tomar en consideración para elevar la fiscalización.
Tomamos muy en serio las recomendaciones de esa comisión, las acogimos plenamente y una parte significativa de ella ya se ha puesto en práctica.
La segunda consideración, de orden estrictamente formal, es que hemos recibido muchos oficios de diputados consultando sobre estas materias. Los hemos respondido en su totalidad, indicando en cada uno de ellos la situación en que están algunos casos particulares y, en otras oportunidades, sobre procesos que se llevan adelante en tribunales. Sobre este tema, el Ejecutivo ha estado en un permanente contacto con esta Cámara.
Pero dejando los temas formales y pasando a los de fondo, quiero señalar, en primer lugar, que el asunto más esencial, de acuerdo con nuestra propia reflexión y el informe de la Comisión de Economía, constituida en investigadora para estos efectos, era modificar la ley vigente en esa época, que otorgaba un determinado beneficio fiscal a los microempresarios.
Esa legislación, con el concurso de la Cámara de Diputados, fue modificada y hoy rige una nueva ley. Es decir, lo que ahí se ha denunciado como irregularidad se refiere a acciones vinculadas con una legislación que ya no se encuentra vigente, que tuvo efectos muy negativos, porque como ocurre también con otro tipo de beneficios fiscales, existe siempre un riesgo de fraude. Por lo tanto, esa ley fue modificada y la normativa vigente impide que situaciones como las aquí denunciadas puedan repetirse. Lo esencial de lo que aquí se ha mencionado ya ha sido superado por la entrada en vigencia de una nueva ley.
En segundo lugar, hemos realizado innumerables acciones de fiscalización, muchas de las cuales han derivado en juicios ante los tribunales. La acción de la justicia, por su parte, ha sido activa y, por cierto, ha estado antecedida por un conjunto de medidas administrativas.
Entonces, para ir resumiendo, primero, se modificó la ley que hizo posible las irregularidades; segundo, se llevaron a cabo una gran cantidad de actos de fiscalización y, tercero, se interpusieron demandas y querellas criminales. Algunos de los casos específicos mencionados aquí han significado la prisión para personas que han defraudado recursos fiscales. Es decir, nuestro actuar siempre ha estado en la línea de perseguir judicialmente, una vez ejercidas las acciones administrativas, responsabilidades como las que aquí se han denunciado.
En consecuencia, coincidimos con los honorables diputados, tanto de la Concertación como de la Oposición, que han denunciado las irregularidades cometidas por entes privados que administraron esta franquicia y que han derivado en acciones que han afectado, concreta y singularmente, a pequeños empresarios y modestos trabajadores y trabajadoras. Al respecto hemos hecho el máximo esfuerzo, dentro de lo que la legislación tributaria y el estatuto del Sence permiten, a fin de aliviar la situación de los afectados.
Obviamente, hemos sido muy duros diría implacables con los intermediarios de estas franquicias que han cometido irregularidades. No tenemos interés alguno en abandonar tal conducta. En contacto con los afectados, hemos desarrollado una acción vigorosa en las trece regiones del país, porque prácticamente en todas ellas ha habido casos similares.
Ahora, estamos hablando de irregularidades que ocurren como bien decía el diputado Seguel en el contexto de que, en materia de capacitación, nuestro país ha pasado de 200 mil trabajadores capacitados hace 12 años a un millón en la actualidad. En el año 2000, cuando asumimos el gobierno con el Presidente Lagos, se capacitaban en Chile cerca de 400 mil trabajadores; ahora estamos en torno al millón.
Por eso, quiero precisar lo que decía el diputado Dittborn , en cuanto a que una parte de estos trabajadores se capacita directamente mediante fondos públicos destinados a grupos vulnerables, y otra parte lo hace a través del 1 por ciento de descuento tributario destinado a capacitación. Pero eliminamos definitivamente este tercer campo que daba lugar a mayores irregularidades, en que había un determinado beneficio preestablecido para una acción de capacitación, independientemente de cuál fuera su valor de mercado. Por tanto, se generaba una renta muchas veces ajena a la probidad, que se distribuiría entre un potencial beneficiario y un administrador. Pero eso se acabó para siempre; ya no existe más en la ley. Lo que hoy tenemos son acciones orientadas por esta franquicia del 1 por ciento, que compra capacitación en un mercado competitivo y transparente, que se puede ir perfeccionando cada vez más, aparte de la acción directa del Estado, que está actuando no sólo por mandato de la nueva ley, sino que de acuerdo con lo que establece año a año la ley de Presupuestos.
Creo que sería conveniente, considerando que fueron invitados y están presentes en la Sala, que los jefes de los respectivos servicios públicos pudieran referirse a algunos aspectos particulares, que se refieren a la situación específica de las personas que quedaron en situación desmedrada como resultado del mal uso de la ley, asunto que preocupa a los diputados de las distintas bancadas.
En resumen, en relación con las dudas generadas en la Comisión de Economía, hace un año aproximadamente, reitero que hemos tomado acciones muy vigorosas, como modificar totalmente la ley y llevar a cabo un conjunto de acciones judiciales y de fiscalización, a mi juicio, tremendamente importantes.
Reitero la sugerencia de que, con la venia de la Sala, los jefes de los servicios públicos invitados puedan exponer aunque sea por breves minutos, para demostrar que nosotros no nos negamos a ninguna forma de investigación que acuerde la Cámara relacionada con esta materia. Estamos hablando de recursos públicos, respecto de los cuales hemos sido absolutamente celosos en cautelarlos. De manera que estamos enteramente disponibles a todo tipo de escrutinio. Nuestra misión es tratar de ir perfeccionando estos instrumentos. Sabemos que cada vez que ponemos a disposición un recurso público, a través de algún tipo de franquicia, siempre hay un margen que debemos fiscalizar. Pero reiteramos nuestra voluntad en tal sentido, porque esto claramente conduce a perfeccionar los instrumentos con los cuales trabajamos, capacitando a nuestra fuerza laboral.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la directora del Sence, señora Jossie Escárate .
La señora ESCÁRATE (directora del Sence).-
Señor Presidente, luego de escuchar con mucha atención la intervención de los diferentes señores diputados, no puedo más que decir que comparto la mayoría de sus diagnósticos, porque utilizaron nuestros documentos y las mismas categorías que aparecen en los estudios que encargamos, relacionados con la situación que vivíamos con el uso de la franquicia tributaria, que llegó a su pick en 2002.
Efectivamente, en esa fecha, en que un número superior a los 100 mil contribuyentes estaba utilizando la franquicia tributaria, al observar en detalle cómo estaba distribuida esa enorme cantidad en relación con lo que había ocurrido en años anteriores, se puede comprobar que 66 mil eran contribuyentes unipersonales y que la mayoría el 60 por ciento había hecho sólo una imposición un mes en el año. O sea, estábamos en presencia de una situación en que el 60 por ciento de los contribuyentes que participaba en el sistema, ya fuera inducidos por terceros, por iniciativa propia o porque no tenían otra manera de capacitarse, habían forzado el sistema de franquicia tributaria para obtener el beneficio que, en algunos casos, se obtenía espúriamente, como lo señalaron algunos señores diputados, a cambio de un televisor, de repartirse el dinero o de otra manera. En otros casos, era la única manera que tenían algunos pequeños contribuyentes para capacitarse.
A partir de ese momento, en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos mi colega se referirá a la materia tomamos la decisión de indagar respecto de los grupos de riesgo que estaban provocando esa anomalía en el sistema, porque nuestro deber es cautelar el uso de los recursos públicos. Es así como iniciamos la aplicación de una serie de medidas administrativas y de fiscalización. Algunas de ellas no pudieron implementarse de inmediato porque, como ustedes saben, dependemos de la ley de Presupuesto. Por lo tanto, debíamos esperar la aprobación de ese proyecto que nos permitiera contar con un departamento de fiscalización, del cual el Sence carecía, a fin de llevar a cabo tales medidas en la forma masiva que se requería.
Estas medidas administrativas y de fiscalización, que incluyeron crear el departamento de fiscalización, permitieron cruzar base de datos, utilizando las nuevas tecnologías de información, con todos los servicios con los que participamos en esto. Con ello se logró, antes de que se modificara la ley y manteniendo el número de personas capacitadas por sobre los 850 mil trabajadores al año a través de la franquicia tributaria, que disminuyera la cantidad de contribuyentes que participaba en el sistema, de más de 100 mil a 85 mil, en 2003, y a 34 mil, en 2004. En 2000 teníamos 36 mil contribuyentes.
Estas cifras demuestran que se está volviendo a una situación normal, puesto que aquellos que fueron inducidos a hacer mal uso de la franquicia, como consecuencia de las medidas de fiscalización que hemos tomado, han empezado a emigrar del sistema, porque han provocado mucho ruido en éste.
Esto significó que la diferencia entre el gasto que debía efectuar el fisco por concepto de franquicia tributaria en 2002, respecto de 2004, referido a las operaciones renta 2003 y 2005, respectivamente, representara un ahorro fiscal de 23 mil millones de pesos. Eso es lo que se ha logrado con tales medidas, sin la implementación de la ley.
Adicionalmente, las medidas de fiscalización significaron la revocación de 160 organismos de capacitación, 28 querellas en los tribunales de justicia, 529 multas cursadas; revocación de un otic, otra en trámite y una que se está investigando, a fin de formular cargos.
En cuanto a las variables de riesgo dentro del universo que utiliza la franquicia tributaria, podemos ver que en 2003, 14 mil contribuyentes que estaban en situación de riesgo fueron fiscalizados directamente por el servicio, y en en 2004, sólo 5 mil.
Pero, como dijo el ministro, fue la modificación de la ley sobre franquicia tributaria, iniciativa presentada por el Ejecutivo en octubre del 2003 y aprobada por el Congreso Nacional en septiembre del 2004, la que permitió terminar con todas estas situaciones y, además, eliminar el incentivo, regular el registro de los otec y evitar que los organismos revocados y sus directivos vuelvan a formar otros otec, que es lo que preocupa a varios señores diputados, entre otras cosas.
Además, la ley contempla la creación de un fondo especial para los pequeños contribuyentes, que debían forzar el sistema para obtener la franquicia, lo que posibilitará, como lo planteó el diputado Dittborn , que el sistema de mercado, que es el inspirador de la franquicia tributaria, sea utilizado por empresas que estén en condiciones de cumplir con su rol y que son aquéllas con capacidad de demandar y de ser clientes de los otec que hacen ofertas. Los más pequeños, que no tenían derecho a la franquicia, ya sea por el tipo de tributación a que estaban afectos o porque carecían de herramientas para discernir adecuadamente sobre ello, podrán contar con el Fondo Nacional de Capacitación. Ello permitirá que más de 40 mil contribuyentes y alrededor de 90 mil participantes puedan capacitarse directamente en cursos que sí van a estar regulados en su contenido, duración y costo. De esta forma se terminará definitivamente con las distorsiones del mercado.
Como sé que el caso de Proem, que ha sido mencionado por varios señores diputados, ha causado conmoción pública porque afecta a muchos contribuyentes, debo señalar que, como resultado de las medidas que hemos tomado precisamente para proteger a los contribuyentes que han sido arrastrados a una situación irregular por ese organismo, ahora tenemos la siguiente situación:
De los 5.671 contribuyentes que participaron de la franquicia tributaria a través de Proem, 880 fueron rechazados por nuestro servicio, debido a que no cumplían con los requisitos o porque no se realizaron las actividades de capacitación pertinentes. Debo hacer presente que hemos fiscalizado al 100 por ciento de los contribuyentes. Ahora, como éstos no van a poder recuperar el crédito que obtuvieron de la banca o el dinero que aportaron al otic, a través de la devolución de la franquicia tributaria, el Banco del Desarrollo, la principal entidad bancaria que ha participado en el sistema, ha comprometido la anulación de 702 créditos que había otorgado, y la Conupia, organismo gremial que respalda al otic, la devolución de los aportes directos de 178 contribuyentes.
Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos ha liberado a 2.064 contribuyentes ratificados por el Sence como correctos. Falta resolver la situación de 1.630 contribuyentes, que tienen otro tipo de compromisos con el servicio. Por último, hay 1.097 contribuyentes que no incorporaron la franquicia tributaria en su declaración de renta o que no declararon durante la operación renta de 2004. Por lo tanto, para regularizar su situación y obtener la franquicia deberán presentar una rectificatoria al Servicio de Impuestos Internos.
Insisto en que tan pronto como detectamos las irregularidades que afectaban a Conupia y a su otic, Proem , iniciamos la investigación y contratamos una auditoría independiente; además, fiscalizamos a todos los contribuyentes y les buscamos distintos caminos de salida, con el objeto de que ninguno resultara afectado por el mal uso del otic.
Respecto de los recursos que Proem aún tiene que restituir, éstos se destinarán a becas. Para eso, en agosto del año pasado, interpusimos ante los tribunales de justicia una querella por apropiación indebida, sobre la cual ya se dictó una medida cautelar que abarca todos los bienes de la otic y de la asociación gremial, a fin de recuperar los dineros que pasarán a fondos públicos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Toro .
El señor TORO (director del Servicio de Impuestos Internos).-
Señor Presidente, la franquicia Sence , Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, se inscribe dentro de una serie de otras que contempla el sistema tributario chileno.
Lo fundamental de una franquicia tributaria es que establece ciertas rebajas de impuestos, siempre que se cumpla con determinados requisitos que la legislación dispone.
La labor del Servicio de Impuestos Internos en las operaciones renta es fiscalizar la correcta declaración de impuestos de los contribuyentes y el uso apropiado de las franquicias contempladas en el sistema tributario, en este caso la del Sence.
Sólo quiero dar a conocer el grado de magnitud que ellas tienen. En nuestro sistema tributario se produce una menor recaudación del orden de 3 mil millones de dólares por concepto de franquicias tributarias, lo que se ve reflejado en el presupuesto de gastos tributarios que presentamos todos los años a la Cámara y al Senado.
En el ámbito de la franquicia tributaria Sence hay una serie de requisitos establecidos por ley. Por ejemplo, la legislación preceptúa que el contribuyente debe ser de primera categoría, condición ineludible para tener acceso a ella. El tipo de controles que realiza el Servicio de Impuestos Internos para autorizar la procedencia de la franquicia fundamentalmente tiene que ver con los requisitos que dispone la normativa legal que la otorga. Cuando se detecta el incumplimiento de los requisitos no procede acceder a la franquicia, porque así lo estatuye la ley. Cuando detectamos esos casos, comunicamos a los contribuyentes lo que ocurre y los invitamos a que concurran a efectuar las aclaraciones respectivas a nuestras oficinas o a través del sitio virtual que tenemos en internet.
Por lo tanto, la condición fundamental para resolver los casos pendientes es que el contribuyente concurra a aclarar su situación y que se ajuste a los requisitos que la legislación demanda. Todavía existen casos por resolver, porque un alto porcentaje de contribuyentes nunca ha concurrido a aclararlos o porque no han resuelto los requisitos establecidos por ley. Cabe tener presente que para autorizar la procedencia de las franquicias es condición sine qua non que el contribuyente se presente a aclarar su situación y que cumpla con todos los requisitos que la legislación dispone.
Hemos establecido procedimientos muy expeditos para cumplir con dicho trámite. De hecho, he instruido a los funcionarios de todo el país que atiendan a los contribuyentes y les expliquen bien cuáles son los requisitos que deben cumplir, de manera que puedan resolver su respectiva situación, porque de lo contrario la ley no les otorga derecho a la franquicia.
En ese mismo espíritu, invito a los señores diputados que conozcan otros casos pendientes, aparte de los aquí mencionados, que me hagan llegar esa información, a fin de tomar contacto con los contribuyentes. En el caso de la franquicia Sence hemos atendido de manera muy especial a los contribuyentes, mediante el envío de cartas hasta en tres ocasiones, con el objeto de manifestarles que resuelvan su situación, porque no podemos proceder a autorizar una franquicia en los casos en que no se cumplen todos los requisitos.
El Servicio de Impuestos Internos está trabajando con un procedimiento expedito. De hecho, he instruido a todos los jefes de operación renta de las direcciones regionales para que contacten y atiendan a los contribuyentes. Hemos adoptado una actitud proactiva: nos hemos contactado con ellos para darles a conocer las situaciones pendientes e informarles que si quieren acceder a las franquicias deben resolverlas.
Continuaremos trabajando de esa manera para seguir dando solución a los casos pendientes.
Muchas gracias.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Agradezco a las señoras diputados y a los señores diputados por haber logrado consenso para refundir en un solo texto el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente y el diputado señor Francisco Bayo plantearon la necesidad de lograr un texto consensuado, el que se obtuvo con la colaboración de los jefes de bancadas de los partidos Por la Democracia y Socialista. El texto se encuentra ahora en poder de la Mesa y está firmado por diez señores diputados, cinco de Oposición y cinco de Gobierno. Por lo tanto, se retira el proyecto de acuerdo Nº 607.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Se va a dar lectura al texto consensuado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-
El proyecto de acuerdo Nº 608 está suscrito por los diputados señores José Miguel Ortiz, Eugenio Tuma, Marcelo Forni, Carlos Montes, Francisco Bayo, Sergio Ojeda, Gastón Von Mühlenbrock, Enrique Jaramillo, Sergio Correa y Julio Dittborn y es del siguiente tenor:
“Considerando:
La Cámara de Diputados, en sesión 61ª, de fecha de hoy, ha prestado su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Encomendar a la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa:
a)Que investigue y evalúe, en el plazo de sesenta días, los resultados que ha arrojado en materia de capacitación la utilización de la franquicia del Sence, así como el efecto de las gestiones efectuadas por los organismos públicos competentes para ir en ayuda de los beneficiarios afectados por los hechos fiscalizados.
b)Que realice un proceso de ponderación de la aplicación de la ley Nº 19.967, en orden a regular el acceso a la franquicia tributaria.
2.Solicitar a los organismos fiscalizadores dependientes del Gobierno que lleven a cabo un esfuerzo extraordinario a fin de atender los requerimientos de los usuarios afectados, para aclarar las objeciones formuladas ante la solicitud de beneficios tributarios para la capacitación.”
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LETELIER, don Felipe (Presidente en ejercicio).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 17.39 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Tuma, Jaramillo, Leal, Aníbal Pérez, Quintana y Tarud.
Establece restricciones a la instalación de megacomercios en zonas urbanas. (boletín Nº 3831-03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República y lo prevenido en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en el Reglamento de la H. Cámara.
Considerando:
1. Que en los últimos veinte años nuestra economía nacional ha cambiado de manera sustantiva en cuanto a su estructura y funcionalidad, generándose espacios para el desarrollo de emprendimientos individuales y colectivos en materia económica nunca antes visto en la historia económica nacional y, paso seguido una serie de regulaciones tendientes principalmente a la protección de los derechos de las personas que concurren en calidad de consumidores de bienes y servicios a los distintos mercados de bienes y servicios.
2. Que este proceso de modernización, cuyas bases normativas se encuentran nada más ni nada menos, que en el propio orden económico establecido en la Constitución de 1980, no está inmune al desarrollo de prácticas comerciales anómalas que terminan por distorsionar los mercados, sobre todo cuando comienza a producirse un fenómeno de concentración de la propiedad de los medios de producción, la generación de grandes diferencias en la magnitud y capacidad operatoria de los agentes intervinientes en los procesos económicos.
Esto es especialmente grave en el caso del comercio, el cual, fruto de la aparición de instituciones económicas nuevas como son las grandes tiendas de departamento y los centros comerciales conocido con la denominación genérica de "mall" han generado una situación de grave detrimento en la capacidad de operación dentro de la economía nacional del pequeño comercio detallista, que por largas décadas fue el motor de la actividad comercial y la fuente de suministro de bienes y servicios para las familias chilenas.
3. Que hoy día, para nadie es un misterio que la sola existencia de mega corporaciones en el ámbito de la actividad comercial, que generan públicos cautivos a partir del desarrollo de una febril actividad financiera consistente en la entrega de crédito masivos a la población, deja en muchos casos casi sin posibilidad de competir a los pequeños dueños del comercio detallista, generando de paso, no solo su salida del mercado, sino que al mismo tiempo un sistema de relaciones clientelares con la población muchas veces marcada por la desigualdad material entre las partes expresadas sobre todo a través de la contratación por adhesión, la cual, aún con la mejor de las regulaciones normativas de garantías de los derechos de los consumidores, es imposible morigerar.
4. Que asimismo, la sola existencia de mega centros comerciales, ha provocado en las ciudades chilenas un impacto urbanístico de grandes proporciones, que incluso ha producido el despoblamiento y abandono de tradicionales arterias o centros de consumo comunitario.
En el centro de las grandes y medianas ciudades de Chile el comercio detallista, día a día se ve obligado bajar sus cortinas, fruto de la imposibilidad de sus dueños de competir con las ofertas, no sólo económico sino también urbanísticas de los mega centros comerciales.
5. Que esta situación, ya vivida en países de la región, ha dado lugar a reacciones por parte de la autoridad, que han permitido el establecimiento de regulaciones que permiten una mejor convivencia entre estos tan disímiles agentes comerciales, para lo cual, entre otras medidas se han establecido limitaciones para la instalación de grandes comercios dentro de radio urbano de las ciudades, transformando de paso a estos centros de comercio y/o grandes tiendas en instrumentos de integración y desarrollo de territorios o espacios abandonados o subutilizados de la periferia urbana.
6. Que, atendidas nuestras normas constitucionales en materia de orden público económico, especialmente las garantías del artículo 19 N° 24, derecho de propiedad, el libre emprendimiento económico, estimamos que es plenamente posible el desarrollo a nivel legal de regulaciones que impidan, tal como se ha hecho, por ejemplo en la República Argentina, la instalación de grandes centros comerciales en el radio urbano de las ciudades, privilegiando, en consecuencia, la presencia de pequeños comercios en las arterias de los centros históricos de la urbes.
7. Que, en consecuencia, proponemos a la H. Cámara de Diputados este proyecto de ley que tiene por finalidad prohibir el establecimiento de mega centros comerciales y de grandes tiendas dentro del radio urbano de las ciudades, definiendo que quedan dentro de esta categoría aquellos centros comerciales o establecimientos de comercio con más de 1.000 mts.2 construidos de sala de ventas, sea que se trate de un sólo establecimiento o, la suma de los establecimientos que integran un solo centro comercial.
Asimismo, proponemos que esta limitación se aplique exclusivamente a las ciudades con menos de 50.000 habitantes, como una forma realista de conciliar los avances habidos en la materia hasta la fecha, y al mismo tiempo, la existencia de proyectos de inversión en desarrollo de ciudades de tamaño medio del país.
8. Que nuestra Carta Fundamental obliga a todos los poderes del estado, incluyendo a este legislativo, a generar las condiciones para el pleno desarrollo en integración de todas las personas, objeto éste que, en sede económica, solo es posible concebir corrigiendo aquellas situaciones de hecho que terminan lesionando de manera severa la posibilidad cierta de emprender y de mantenerse al interior de los mercados.
Por tanto, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Los establecimientos de comercio que, por sí solos, o que unidos a través de la figura de un centro comercial al cual estén integrados, y que en conjunto tengan una superficie de más de 1.000 metros cuadrados construidos de salas de venta, sólo podrán instalarse fuera del radio urbano de las ciudades con menos de 50.000 habitantes”.