Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- RECIBIMIENTO A DELEGACIÓN DE COMITÉ PERMANENTE DE ASAMBLEA POPULAR NACIONAL DE REPÚBLICA POPULAR CHINA
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.833, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POR PAGO DE CRÉDITOS SOCIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
LIBERTAD CONDICIONAL A CONDENADOS POR CONDUCTAS TERRORISTAS Y OTROS DELITOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.833, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POR PAGO DE CRÉDITOS SOCIALES
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
-
PLANTEAMIENTOS SOBRE SECTOR SALUD DE SEXTA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
-
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTACION BÁSICA RURAL EN SEXTA REGIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
-
NECESIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE RIEGO EN LA SEXTA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
-
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROGRAMA DE CANAL 11 RELATIVO A CALAMA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Gomez Urrutia
- ADHESION
- Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Gomez Urrutia
-
HABILITACIÓN DE OFICINAS REGIONALES DEL SENADO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE AMPLÍA LOS SUPUESTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA CALIFICADA (4487-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, PROKURICA, LETELIER, LONGUEIRA Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DEUDA DE TRABAJADORES POR CRÉDITOS DESCONTADOS POR PLANILLA (4488-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Baldo Prokurica Prokurica
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pablo Longueira Montes
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON HELMUT FRENZ (4493-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS NACIONALES INMATERIALES (4494-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INSTITUYE EL 22 DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL DEL FOLCLOR CHILENO(4495-05)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE CONGRATULA A INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO Y A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y FRANCIA POR SU VOLUNTAD DE PONER TÉRMINO A LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN VASCONGADA (S 901-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andres Allamand Zavala
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Carlos Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Alberto Espina Otero
- Carlos Fernando Flores Labra
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Gazmuri Mujica
- Guido Girardi Lavin
- Antonio Horvath Kiss
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Roberto Munoz Barra
- Jaime Naranjo Ortiz
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Nunez Munoz
- Carlos Ominami Pascual
- Jorge Pizarro Soto
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- Guillermo Vasquez Ubeda
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE HACER LLEGAR UN ESPECIAL SALUDO AL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (S 902-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andres Allamand Zavala
- Carlos Bianchi Chelech
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alberto Espina Otero
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Pablo Longueira Montes
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE AMPLÍA LOS SUPUESTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA CALIFICADA (4487-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 50ª, en miércoles 6 de septiembre de 2006
Ordinaria
(De 16:12 a 19:21)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
Recibimiento a Delegación de Comité Permanente de Asamblea Popular
Nacional de República Popular China¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.833, con el propósito de definir el sujeto obligado al pago de créditos sociales (3505-13) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que permite conceder la libertad condicional a condenados por conductas terroristas y otros delitos en causas relacionadas con reivindicaciones violentas de derechos consagrados en la ley Nº 19.353 (4188-07) (se rechaza en general)¿¿¿¿
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Creación de Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial. Oficio (intervención del señor Cantero)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Planteamientos sobre sector salud de Sexta Región. Oficios (observaciones del señor Letelier)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Solicitud de información sobre pavimentación básica rural en Sexta Región. Oficio (observaciones del señor Letelier)¿¿¿
Necesidad de recursos para proyectos de riego en la Sexta Región. Oficios (observaciones del señor Letelier)¿¿¿
Solicitud de investigación sobre programa de Canal 11 relativo a Calama. Oficios (observaciones de los señores Gómez y Cantero)¿¿¿
Habilitación de oficinas regionales del Senado. Oficios (intervención del señor Cantero)¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:12, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
RECIBIMIENTO A DELEGACIÓN DE COMITÉ PERMANENTE DE ASAMBLEA POPULAR NACIONAL DE REPÚBLICA POPULAR CHINA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Señor Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China , señor Wu Bangguo :
Los vínculos de amistad entre Chile y la República Popular China recién se formalizaron el año 1970, siendo nuestro país el primero de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con esa nación asiática.
En estos 36 años hemos logrado alcanzar estrechos lazos, que se han basado en el respeto a los principios básicos del Derecho Internacional Público, tales como la no injerencia en los asuntos internos del otro y el respeto a la soberanía e integridad territorial de ambos países.
Particularmente, nuestras relaciones económicas han experimentado en los últimos años un progresivo crecimiento, y hoy China es nuestro segundo socio comercial, con un intercambio que el año pasado alcanzó una cifra récord del orden de los 7 mil millones de dólares. Todos los avances experimentados en lo que va corrido de este año apuntan a que en el 2006 lograremos cerca de los 8 mil millones de dólares.
El espectacular desarrollo de nuestro comercio, al amparo de una estrategia común que incluye la liberalización y apertura de nuestras economías, llevó a ambos países a acordar un Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigencia el 1º de octubre próximo y que es el primero que China firma con una nación latinoamericana.
Paralelamente, se ha constituido el Comité Binacional de Negocios Chile-China, entidad que esperamos se transforme en la piedra angular para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales mutuas.
Asimismo, desde el punto de vista político, el Congreso Nacional de Chile y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China acordaron el año 2005 la creación de un Comité de Diálogo Político, el que celebrará su primera sesión esta tarde.
Dicha instancia servirá de espacio para generar puntos de encuentro, acercar posiciones y crear confianza mutua entre ambos países, a partir de la promoción del crecimiento económico y social sostenible, la distribución equitativa de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, la promoción del multilateralismo y de los métodos de solución pacífica de las controversias, y el desarrollo de la paz. Pero su valor más trascendente radica en que su creación es la más clara demostración de la voluntad e interés de Chile y China de llevar sus lazos de amistad hacia una asociación integral.
Por el bien de nuestros pueblos, estos puntos de convergencia y de diálogo deben ser aprovechados y ampliados a otras áreas, de manera de enfatizar aún más nuestras relaciones.
Quiero recordar hoy día los múltiples contactos que hemos tenido en los últimos años y agradecer, una vez más, en forma muy especial, la visita de Estado que, como Presidente de Chile , realicé a territorio chino, en 1995, oportunidad en que iniciamos las conversaciones que culminaron en el Tratado que comenzará a regir próximamente.
También -y lo conversamos recién en la reunión de trabajo que sostuvimos- es muy importante que las relaciones entre nuestros Parlamentos comiencen a operar en forma simultánea a la entrada en vigor del Acuerdo. Queremos que ellas no sólo sean comerciales, sino que también se extiendan a otros ámbitos. La diplomacia legislativa es para nosotros fundamental.
Excelentísimo señor Wu Bangguo , la condecoración que esta tarde le impongo es la más alta distinción con que el Senado de la República de Chile honra a las más destacadas personalidades extranjeras.
Al concedérsela, lo hace en reconocimiento al relevante rol que usted y el Honorable Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China han cumplido en pos de los vínculos de amistad y del estrechamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales de nuestros países.
Recíbala usted, con el homenaje, gratitud y afecto del Senado de Chile.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
--El señor Frei, don Eduardo ( Presidente ), impone al señor Wu Bangguo la condecoración Orden al Mérito del Senado de la República de Chile.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Wu Bangguo.
El señor WU BANGGUO ( Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China ).-
Excelentísimo señor Presidente del Senado , don Eduardo Frei ; distinguidos señores congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer al Presidente Frei por la condecoración del Senado de Chile. Ello no solamente constituye un honor personal para mí, sino que también refleja la amistad que profesa el pueblo chileno hacia nuestra nación y expresa la voluntad de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación con China.
Quiero aprovechar la oportunidad para manifestar, en representación de la Asamblea Popular Nacional China, nuestros mejores deseos al Senado y al pueblo chilenos.
Ésta es mi primera visita a su país. Al pisar esta maravillosa tierra nos encontramos inmersos en sentimientos amistosos del pueblo chileno hacia la nación china.
Esta mañana, junto con el Presidente Frei , pronuncié un discurso en un foro de cooperación económica y comercial. Hace poco rato hemos sostenido una conversación en un ambiente de cordialidad. Por ambas partes somos partidarios de que China y Chile sean amigos dignos de mutua confianza y socios merecedores de beneficios recíprocos y ganancia compartida.
Debo afirmar que las relaciones entre China y Chile pueden ser un buen ejemplo para las que China establezca con los países latinoamericanos. El desarrollo de los lazos entre nuestras dos naciones no solamente corresponde a sus intereses fundamentales, sino que también favorecerá los de China y Latinoamérica, y contribuirá a la paz y prosperidad del mundo entero.
Los Senadores aquí presentes son políticos de amplia experiencia. Durante largo tiempo han hecho importantes aportes al fomento de las relaciones entre ambos países. Quiero expresar nuestra gratitud por el trabajo realizado por ustedes.
Chile es un país de peso en Latinoamérica y una fuerza relevante en favor de la paz y el progreso locales. China atribuye suma importancia a sus lazos con Chile.
Según me informa nuestro embajador Lee, los amigos chilenos quieren que aproveche esta oportunidad para hacerles una presentación sobre la situación actual de China. Por eso, haré una breve exposición sobre nuestra realidad.
En el año 1978, China empezó a aplicar una política de apertura, protagonizada por el señor Deng Xiaoping. De esta forma, hemos abierto un camino de desarrollo que corresponde a la voluntad de nuestro pueblo.
En lo económico, aplicamos un sistema en que predomina la propiedad pública, en convivencia con diferentes elementos económicos.
En lo político, persistimos en la cooperación multipartidaria y en una línea de acción bajo el liderazgo del Partido Comunista chino.
A lo largo de estos 28 años se han operado enormes cambios en la fisonomía de nuestro país. De 1978 al 2005, su producto interno bruto registró un crecimiento de 9,6 por ciento, pasando de 216 mil 500 millones a 2 billones 24 millones de dólares, ubicándose en el cuarto lugar del ranking mundial.
En términos promedio, el producto per cápita aumentó de 226 a más de mil 700 dólares. Y nuestro volumen de comercio exterior ha ido subiendo de 20 mil 600 millones a un billón 420 mil millones de dólares, ubicándose como tercera potencia comercial mundial.
Al mismo tiempo, estamos conscientes de que China tiene excesiva población, bases de desarrollo frágil y un desequilibrio en su crecimiento. Para lograr la modernización harán falta esfuerzos continuos y arduos.
Actualmente, nos encontramos en el proceso de ejecución del Decimoquinto Plan Quinquenal. Nuestro objetivo principal es mantener el crecimiento promedio de nuestro producto interno bruto en 7,5 por ciento. Para el año 2010 vamos a duplicar el ingreso per cápita y reduciremos en 20 por ciento el consumo energético, para proteger cada unidad del PIB.
Naturalmente que en este proceso nos encontramos con dificultades. Pero estamos convencidos de que, siguiendo el camino adoptado, lograremos el objetivo de construir una sociedad con un nivel de vida adecuado para todo nuestro pueblo.
China sigue un camino de desarrollo pacífico y una política exterior independiente y de paz. El progreso de nuestro país será un aporte, una contribución al mundo; no un desafío ni una amenaza.
En lo político, nos empeñamos en el respeto mutuo hacia los diversos países y en la convivencia armónica con otros miembros de la comunidad internacional.
Insistimos en respetar y destacar la autoridad y el papel de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, como, asimismo, la observancia de los principios de la Carta de la Organización.
Respetamos el derecho de los pueblos a escoger libremente el sistema social y económico, como también el camino de desarrollo que más les convenga, y promovemos la democratización de las relaciones internacionales.
En lo económico, nos dedicamos a profundizar la cooperación entre las diversas naciones, para procurar el progreso común.
En lo cultural, somos partidarios del diálogo y el intercambio entre diferentes civilizaciones y de la mutua cooperación para construir un mundo variopinto.
En materia de seguridad, somos de la idea de intensificar la confianza recíproca, el diálogo y la cooperación para hacer frente común a los elementos no tradicionales que amenazan la seguridad internacional.
Cabe mencionar que los relativos a Taiwán y al Tibet son asuntos políticos de la mayor trascendencia, que tocan a la soberanía nacional. La integridad territorial de China es un tema de interés fundamental para nosotros, implica los sentimientos nacionales de mil 300 millones de chinos y constituye la base política para desarrollar lazos con otros países.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el apoyo que Chile viene brindando a China durante largo tiempo en la cuestión de Taiwán y Tibet. Y esperamos seguir contando con el respaldo de ustedes en relación con el rechazo a la independencia de Taiwán, preservando la reivindicación del país.
¡Amigos, el intercambio interparlamentario es una forma importante en las relaciones de amistad entre China y Chile! No se puede sustituir por ningún otro medio.
Algunos de los presentes han conocido nuestro país y hay otros que todavía no han tenido la oportunidad de visitarlo. Según reza un antiguo refrán chino, "Más vale ver, que oír".
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China da la bienvenida a los Honorables Senadores que deseen conocer nuestro territorio. Sea en visita oficial o de vacaciones, serán igualmente bien recibidos. Creo que, al igual que nuestra visita a Chile, su viaje a China les deparará un buen recuerdo.
Gracias a todos ustedes.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se suspende la sesión por algunos minutos para despedir a la Delegación Oficial del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China, encabezada por su Presidente .
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--Se suspendió a las 16:26.
--Se reanudó a las 16:36.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Continúa la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, y 46ª, especial, en 29 y 30 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley sobre modificación del número 16 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala (boletín Nº 2.364-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación al proyecto que establece una excepción a la inhabilidad consignada en el artículo 54, letra b), de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al servicio exterior (boletín Nº 4.313-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y, posteriormente, a la de Relaciones Exteriores.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, sobre terrenos de la Asociación Canal Mauco.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, acerca de las rampas utilizadas en el Canal de Chacao.
De la señora Ministra de Minería , con el que da contestación a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), relativo al efecto de las tarifas eléctricas en la industria de alimentos.
De la señora Subsecretaria de Carabineros, mediante el cual informa que ha asumido el cargo a contar del 4 de septiembre del año en curso.
Del señor Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático subrogante, con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Allamand, respecto de planta de aguas servidas en la playa de la comuna de Lago Ranco.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Chadwick, Horvath y Letelier, sobre tratamiento de aguas servidas en Pichilemu.
De la señora Intendenta de la Región del Biobío , mediante el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Pérez Varela, en cuanto a la ayuda para damnificados de la Octava Región como consecuencia de temporales.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Tomé , a través del que da contestación a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, atinente a la veda de recursos marinos.
Del señor Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), referido a las manipuladoras de alimentos de Valdivia.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los oficios de Su Excelencia la Presidenta de la República , por los que solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministros de la Corte Suprema a don Juan Araya Elizalde y a don Raúl Patricio Valdés Aldunate (boletines números S 899-05 y S 900-05, respectivamente).
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e informe de la de Hacienda , recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 3.953-04).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce la edad para participar en juntas de vecinos (boletín Nº 3.097-06).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país (boletín Nº 4.237-04).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona, Gazmuri y Longueira, que establece el Día Nacional del Teatro (boletín Nº 4.337-06).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Bianchi y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que amplía los supuestos de la legítima defensa calificada (boletín Nº 4.487-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Prokurica, Letelier, Longueira y Navarro, con la que inician un proyecto de ley sobre extinción de deuda de trabajadores por créditos descontados por planilla (boletín Nº 4.488-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señores Frei (don Eduardo) y Naranjo, con las que inician los siguientes proyectos de ley:
1) El que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Helmut Frenz (boletín Nº 4.493-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
2) El que establece la categoría de monumentos nacionales inmateriales (boletín Nº 4.494-04), y
3) El que instituye el 22 de agosto como Día Nacional del Folclor Chileno (boletín Nº 4.495-04).
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Proyectos de acuerdo
De diversos señores Senadores, que congratula a las instituciones del País Vasco y a los Gobiernos de España y Francia por su voluntad de poner término a la violencia en la Región Vascongada (boletín Nº S 901-12).
De diversos señores Senadores, para hacer llegar un especial saludo al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos (boletín Nº S 902-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicación
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por medio de la cual propone a la Sala el archivo del proyecto, iniciado en moción del entonces Senador señor Andrés Zaldívar, que modifica la ley Nº 19.932 en lo relativo a contrato de promesa de compraventa de inmuebles que señala (boletín Nº 3.472-14), por cuanto esta materia se encuentra regulada en la ley Nº 20.007, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones en cuanto a los contratos de promesa de compraventa de bienes raíces sin recepción definitiva.
--Se accede a lo solicitado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
_______________
El señor OMINAMI.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, quiero hacer una solicitud respecto del Orden del Día.
En el cuarto lugar de la tabla figura el proyecto de ley que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial, el que, según mi parecer, puede ser de fácil despacho. Además, se refiere a compromisos que deben perfeccionarse en Naciones Unidas el próximo 20 de septiembre, con ocasión de la visita de la Presidenta de la República a Nueva York.
Por lo señalado, pido que esta materia se discuta en el primer lugar de la tabla de hoy, pues -reitero- puede ser de rápido trámite y, a la vez, dice relación a compromisos internacionales de Chile.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
El señor SABAG.- Por parte nuestra, lo hay.
El señor PÉREZ VARELA.-
No.
El señor COLOMA.-
No.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.833, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POR PAGO DE CRÉDITOS SOCIALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.833, con el propósito de definir el sujeto obligado al pago de los créditos sociales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3505-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 9 de agosto de 2005.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2006.
Discusión:
Sesión 47ª, en 30 de agosto de 2006 (queda para segunda discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La relación de esta iniciativa, que fija el Estatuto de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con el objeto de definir el sujeto obligado al pago de los créditos sociales, se efectuó, como Sus Señorías recordarán, en la sesión del 30 de agosto recién pasado.
Cabe recordar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó este proyecto, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Letelier, Longueira y Muñoz Aburto, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Iniciado el tratamiento del proyecto en la sesión del 30 de agosto, el Comité Renovación Nacional e Independiente solicitó segunda discusión.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente , Honorables colegas, analizamos por segunda vez esta iniciativa, cuya motivación es bastante simple.
Las cajas de compensación, entre sus beneficios, otorga a sus afiliados créditos sociales, préstamos cuyo cobro resulta garantizado con el descuento por planilla que deben hacer los empleadores en las mensualidades.
Sin embargo, como ocurre con las cotizaciones previsionales, se presentan muchos casos en que éstos efectúan el descuento sin enterarlo en las cajas, quedando los trabajadores en situación de incumplimiento y, por tanto, sufriendo las consecuencias, que se traducen en su ingreso a bases de datos o en cobranzas judiciales y extrajudiciales.
La norma que se propone consiste en entender extinguido el saldo pertinente de la deuda una vez producido el descuento. Si éste no es enterado, la caja debe proceder contra el empleador moroso y no contra el trabajador.
Ello no hace más que recoger en la ley las resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social sobre la materia, por lo que la iniciativa ha sido apoyada por esta entidad, según se consigna en el informe, tal como lo dio a conocer el señor Secretario.
Durante la primera discusión, que tuvo lugar la semana pasada, el Senador señor Prokurica planteó la situación de algunos profesores de su circunscripción y consultó si ellos resultarían beneficiados o no por esta norma.
He realizado diversas consultas y averiguaciones sobre el asunto, cuyo resultado quiero exponer a los señores Senadores.
Existe la posibilidad real y cierta de que las corporaciones dependientes de los municipios a los cuales pertenecen los docentes se afilien a las cajas de compensación como empleadores. En tal caso, el crédito será otorgado conforme a la ley Nº 18.833 y quedará sujeto a las disposiciones del proyecto.
Otra opción es que los profesores se adscriban a las cajas, en forma privada e individual, en el carácter de pensionados. De este modo, los créditos que obtengan, si continúan en servicio, tendrán el mismo carácter referido y también les será aplicable la normativa propuesta.
Sin embargo, existen situaciones en las que los créditos son otorgados por otras entidades -como las cooperativas de ahorro y préstamo, e incluso, las casas comerciales- y los funcionarios municipales, entre ellos los docentes, acuerdan descuentos por planilla. Éstos no son créditos sociales del tipo que nos ocupa. Por lo tanto, no quedan acogidos al proyecto y, a mi entender, tampoco podrían incorporarse en él, pues su idea matriz dice relación exclusivamente a las cajas de compensación.
Sin embargo, tiene razón el Honorable señor Prokurica cuando plantea el problema. La solución sugerida por el señor Senador la semana pasada fue que se propusiera una iniciativa legal para tales casos. Hoy día se dio cuenta de una moción de diversos señores Senadores, cuyo objetivo es la extinción de la deuda de los trabajadores respecto de créditos descontados por planilla.
En resumen, señor Presidente , pido a la Sala que apoye el proyecto, pues solucionará los casos de créditos sociales otorgados por las cajas de compensación que se encuentren regidos por la ley Nº 18.833, sin perjuicio de la promoción de una iniciativa similar para otros casos, como la que se dio cuenta en el día de hoy.
Pero, como señalé, lamentablemente lo planteado por el Honorable señor Prokurica no puede ser incorporado en el texto que nos ocupa.
Conforme a lo expuesto, espero haber aclarado algunas dudas que se hicieron presentes la semana recién pasada sobre este proyecto, y solicito su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , el Honorable señor Muñoz Aburto ha sido bastante claro para explicar el sentido del texto en debate, el que, en verdad, parece de sentido común.
En Chile existen muchas personas afiliadas a las cajas de compensación, donde solicitan créditos sociales. Los empleadores hacen la deducción correspondiente en las remuneraciones del personal, pero no enteran las cuotas en las instituciones que corresponde. De este modo, muchos de los trabajadores se han visto presionados a responder por una obligación que ya cumplieron.
Por lo tanto, el proyecto va a aliviar la situación de personas que han asumido sus compromisos al descontárseles por planilla el crédito social obtenido.
Como dijo quien me precedió en el uso de la palabra, la iniciativa no cubre otras situaciones de descuento por planilla. Pretendemos solucionar tal problema mediante una moción que hemos suscrito algunos Senadores, la que esperamos que se tramite con prontitud. Porque se trata de la misma realidad que afecta a las cotizaciones previsionales: se descuentan y después no se enteran. Y estamos hablando de platas de trabajadores o de pensionados.
Por lo tanto, con entusiasmo aprobaremos este perfeccionamiento, que va a evitar muchos juicios y persecuciones injustas a personas que han cumplido rigurosamente con sus compromisos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , en mi criterio, ésta es una iniciativa de carácter aclaratorio.
Cuando la ley ordena que una persona actúe por otra, se genera un mandato. Por lo tanto, lo que resulta, como sucede en otros actos de este tipo, es que el obligado final es el mandatario y no el representado por éste. De modo que una correcta interpretación legal perfectamente podría haber llevado a las cajas de compensación a evitar la dificultad que hoy día estamos viviendo.
Yo voy a votar afirmativamente, pero hago presente que, a mi entender, ésta es una de las cosas que, en la práctica, implican problemas a las personas sólo en razón de un error de carácter jurídico. Porque el trabajador ya cumplió su compromiso en la forma en que la ley lo dispone. En consecuencia, es una obligación adicional el que se le imponga pagar cuando el verdadero obligado no lo ha hecho. De allí que es indispensable encontrar un mecanismo -existen modos de lograrlo- para evitar que esta situación se repita.
Los mandantes que no pueden escapar a la obligación de ser representados por terceros caen en estos problemas, ya que los mandatarios legales no cumplen con sus obligaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , no repetiré los antecedentes jurídicos expresados por el señor Senador informante y por los demás Honorables colegas que han intervenido sobre el tema. Pero sí quiero referirme a la cuestión generada a partir de este tipo de descuentos.
Son personas de la clase media las que logran adquirir bienes para su casa, educar a sus hijos o procurar una mejor calidad de vida, a través de estos sistemas de crédito. Ellas obtienen recursos especiales por medio de estas cajas. Y la única forma de pago es la que pactan de acuerdo con sus ingresos.
Si uno revisa esa situación, especialmente la del profesorado y la de funcionarios de empresas, se percibe que son miles los endeudados por esta vía.
Cuando se produce un problema como el descrito por el Senador señor Muñoz Aburto , nos damos cuenta de que los trabajadores están en el peor de todos los mundos. Porque, al descontarse las cuotas de sus remuneraciones, ven disminuidos los recursos que reciben como ingreso mensual y, además, como el empleador no las remesa a la respectiva caja, caen en DICOM. Es decir, se ven perjudicados ellos y no el que hace el descuento.
En consecuencia, muchas veces caen en un círculo vicioso, del cual no pueden salir. Porque al que tiene menos ingreso, porque ya le descontaron de su sueldo, sin que la caja reciba los recursos -y, por lo tanto, ni ella ni otra entidad, al aparecer la persona en DICOM, le prestan dinero-, se le genera un cuadro francamente insostenible.
Muchos profesores están viviendo ese drama -por mi parte, planteaba una realidad de la circunscripción que represento- y terminan en el peor de todos los mundos: en DICOM, demandados por no pagar, y sin ninguna posibilidad de salir de esa situación.
Por lo tanto, creo que el proyecto es absolutamente necesario, así como el anunciado por el Senador señor Muñoz Aburto -quien nos ha invitado a firmarlo- con la finalidad de incluir también al sector municipalizado, que, para estos efectos, no es ni del sector público, al no tratarse de funcionarios, ni tampoco del privado, propiamente tal.
Me parece, entonces, que el texto viene a solucionar un problema que afecta hoy especialmente a la clase media.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.
LIBERTAD CONDICIONAL A CONDENADOS POR CONDUCTAS TERRORISTAS Y OTROS DELITOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto iniciado en moción de los Honorables señores Navarro, Girardi y Letelier, en primer trámite constitucional, que permite conceder la libertad condicional a condenados por conductas terroristas y otros delitos, en causas relacionadas con reivindicaciones violentas de derechos consagrados en la ley Nº 19.253, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. El asunto fue objeto de una petición de segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4188-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Navarro, Girardi y Letelier).
En primer trámite, sesión 13ª, en 9 de mayo de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 45ª, en 29 de mayo de 2006.
Derechos Humanos, sesión 45ª, en 29 de mayo de 2006.
Discusión:
Sesión 47ª, en 30 de agosto de 2006 (queda para segunda discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Como recordarán Sus Señorías, la relación se efectuó la semana pasada, en la sesión del día 30 de agosto.
Cabe reiterar que la Comisión de Derechos Humanos aprobó la iniciativa, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Ávila, Naranjo y Ruiz-Esquide.
Por su parte, la Comisión de Constitución acogió la idea de legislar por tres votos a favor (Senadores señores Gómez, Muñoz Aburto y Pizarro) y dos en contra (Honorables señores Espina y Larraín).
Iniciada la consideración del asunto en la sesión a que aludí, el Comité Socialista solicitó segunda discusión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, para referirme al tema quiero mencionar un caso que, de acuerdo con mi criterio, se arrastra por mucho tiempo y refleja definitivamente un doble estándar en el tratamiento de este tipo de situaciones, que afectan a ciudadanos chilenos.
Aludo a los proyectos de ley en virtud de los cuales el año pasado se concedió el indulto a una persona y la libertad condicional a otras por delitos contemplados en distintos tipos de cuerpos legales.
Me tocó participar en el debate en la Sala de la iniciativa en la que se concedía ese último beneficio a seis personas que se encontraban con condena a cadena perpetua por delitos sancionados en la ley que determina conductas terroristas, al haber asesinado vilmente a servidores del Estado. En esa oportunidad hice presente, respecto de todas las acciones que estábamos adoptando tendientes a la normalización de nuestra relación social, a la pacificación social, a la justicia en una forma de expresión distinta de la tradicional y clásica, que me llamaba la atención que se considerara exclusivamente a gente que correspondía, habiendo sido afectada por dicha normativa legal, a un determinado sector de la clase política nacional. Mencioné que todas esas personas habían militado en partidos de Izquierda.
A raíz de esa discusión y de la argumentación proporcionada, se creó en la Sala un ambiente especial, en el cual una serie de distinguidos señores Senadores expresaron hallarse abiertos a tratar con igual celo la situación de servidores del Estado que, habiendo delinquido y cumpliendo penas, hubieran cumplido, al igual que los involucrados en el caso anterior, a lo menos diez años de cárcel -casi copia fiel del proyecto en debate esa tarde- y, además, expresasen su arrepentimiento y la voluntad de no reincidir nunca más en hechos de esa naturaleza. Por lo tanto, nos invocaban a presentar un proyecto en tal sentido, que iba a contar con la más amplia simpatía de los integrantes de esta Corporación.
Así se hizo. La moción fue enviada para su estudio, con fecha 7 de septiembre de 2005, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, presidida por el Honorable señor Silva, quien había expresado de alguna forma en la Sala su compromiso con la iniciativa. Fue aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros. Y de ahí pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Hablo de mediados de septiembre de ese año.
A raíz de la permanencia del proyecto en ese último órgano técnico, habiendo sido trabajado ya por la Comisión de Derechos Humanos, se han dirigido cartas al señor Presidente del Senado , quien me las ha hecho llegar.
Por mi parte, he conversado con el señor Presidente de la Comisión de Constitución para expresarle, reconociendo la enorme carga de labor que pesa sobre ella, que el texto dormirá ahí el sueño de los justos por mil años más.
Y así lo entiendo. Son las reglas del juego.
He tratado el punto también con los integrantes de la Comisión. Y todos me miran admitiendo que el proyecto permanecerá allí todo el tiempo del mundo.
Entonces, perdonen Sus Señorías que en este momento les manifieste, no mi malestar, sino mi dolor, diría más bien,...
El señor PIZARRO .-
¡Dígalo no más...!
El señor ARANCIBIA.-
...por la injusticia en que se sigue incurriendo en este país.
¡Media un grotesco doble estándar, al darse el caso de personas consideradas en el Hemiciclo para recibir beneficios especiales: en una oportunidad, en un gran número; en otra, por quienes se les quedaron fuera! Todo ello recibe la calificación de urgencia "suma" por parte del Gobierno.
Ahora se trata de una situación especial. Un grupo de mapuches fueron juzgados y sentenciados de cierta manera por actos terroristas, y, al año de condena, se pretende concederles la libertad condicional. Y, nuevamente, el Gobierno otorga urgencia "suma" a este tipo de proyecto.
¿Dónde nos hallamos, caballeros? ¡Si nosotros debemos dar una respuesta al pueblo de Chile con relación a un sentido de justicia! ¡Aquí se busca la justicia, o la amnistía, o la legislación favorable, exclusivamente para un sector! ¡Y para el otro no funciona!
Creo que lo anterior ha llegado a límites inaceptables, lamentablemente, y que no permiten hacer ni siquiera mofa de la situación. ¡Debiéramos hacernos cargo de lo que pasa! Porque no basta con mirarnos, y comprendernos, y encontrarnos toda la razón en las gestiones que realizamos. ¡Debiéramos ser capaces, como Senado, de resolver una cuestión como la expuesta, que se torna inadmisible! Y quiero expresarlo en esos términos.
¡Así no podemos seguir avanzando en la solución de problemas como el que hoy se plantea, por razonable que ella sea! Por mucho que los Senadores que formularon la moción consideren que es un asunto que se debe abordar en la forma como ha sido presentada.
Esta situación violenta el concepto de justicia nacional, de igualdad frente a la ley, de equidad.
Es una carga que el actual Gobierno heredó del anterior y que la mantiene. Y espero que se corrija a la brevedad, porque en el intertanto van a tener siempre mi postura contraria a cualquier iniciativa que se presente en este sentido.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , deseo referirme a una cuestión reglamentaria.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en la práctica, no hubo primera discusión, porque ésta se suspendió cuando se iniciaba el debate del proyecto que nos ocupa. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, la duración de los discursos en este momento se reducen de quince a siete minutos. Pero estimo que la materia sometida a nuestra consideración merece ser conocida en detalle por los señores Senadores.
En consecuencia, por su intermedio, deseo pedir la autorización de la Sala para que en esta ocasión no se limite el derecho a usar de la palabra a siete minutos, dado que la iniciativa nunca se discutió utilizando los tiempos normales, sino que se mantenga en quince. Ello permitiría fundamentar, en un tema tan sensible, todos los puntos de vista que se consideren importantes para que los Honorables colegas se informen adecuadamente.
Ésa es la petición que quiero formular.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor Senador , el inciso noveno del artículo 133 del Reglamento dice: "Durante la segunda discusión los tiempos indicados en los incisos tercero, quinto, séptimo y octavo se reducirán a la mitad".
Ello se podría modificar sólo si hubiera acuerdo unánime de la Sala.
El señor ESPINA.-
Eso es exactamente lo que estoy solicitando, señor Presidente.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Entonces, consulto a la Sala, ¿habría acuerdo para proceder en tal sentido?
El señor PIZARRO.-
¿Cuántos señores Senadores están inscritos para intervenir?
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Hay fundamentación de voto?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Hasta el momento, sólo los Honorables señores García y Espina. Nadie más.
El señor NAVARRO.-
Solicito intervenir, señor Presidente .
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Y el Senador señor Navarro.
El señor PIZARRO.-
¿Lo vamos a votar hoy?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si no hay objeción, no veo ningún problema en tal sentido, Honorable colega.
El señor PIZARRO.-
Muy bien.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para ampliar el tiempo de intervención?
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en dar la unanimidad en la medida en que se abra la votación a partir de este minuto.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder según lo solicitado?
--Aprobado.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Como hemos abierto la votación, si aplicamos estrictamente el Reglamento cada Senador tiene cinco minutos para fundamentar el voto.
El señor LARRAÍN.-
¿Estamos en votación?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Estamos en votación. Estoy siguiendo al pie de la letra el Reglamento.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Lo que tiene que hacer la Mesa es aplicarlo.
El señor LARRAÍN.-
Sí, pero se ha pedido ampliar el tiempo para intervenir.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si la unanimidad de la Sala está de acuerdo, se extenderá la duración de los discursos.
El señor LARRAÍN.-
Está autorizado, señor Presidente .
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ocurre que después no quiero ser acusado de tomarme atribuciones que no me corresponden.
El señor LARRAÍN.-
¡No, eso se hace cuando corresponde!
El señor PIZARRO.-
Nunca ha existido duda respecto de sus atribuciones señor Presidente , ¡por favor!
¡Cómo se le ocurre pensar tamaña cosa!
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Hay que ser cuidadoso como Presidente para que no haya malas interpretaciones.
La señora MATTHEI.-
Debería ser cuidadoso siempre.
El señor NÚÑEZ.-
Es muy sabio nuestro Presidente .
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor PIZARRO.-
¿Sólo por cinco minutos?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si él lo estima conveniente, podrá intervenir por cinco minutos, o bien, ocupar quince.
El señor PIZARRO.-
¡Este procedimiento es más irregular que el empleado por el Presidente Frei¿!
Quiero dejar constancia de eso.
¡Es la interpretación absoluta del Reglamento!
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Yo acojo el sentir de la Sala.
El señor PIZARRO.-
¡Me alegra su flexibilidad!
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi extrañeza por la aprobación de este proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Y lo hago, apoyándome en la opinión que expresó en su oportunidad el Ministro de Justicia don Isidro Solís, quien señaló: "para que el referido proyecto no sea inconstitucional, necesariamente debería tener carácter general, lo que provocaría un grave daño a la política del Gobierno en materia criminal, porque más de la mitad de los 23.000 condenados que cumplen sentencia en los penales chilenos podrían exigir el beneficio. Por eso," -dijo el Ministro Solís - "el Ministerio no considera apropiada esta iniciativa, porque, aunque soluciona directamente el problema de cuatro condenados, genera un problema de política criminal en el que se pueden ver involucradas miles de personas.".
Es decir, el Ministro de Justicia hizo dos afirmaciones: primero, que la normativa es inconstitucional, pues vulnera el principio de igualdad ante la ley; y segundo, que para ser constitucional, para ser admisible, debería tener carácter general, caso en el cual unas 12 mil personas que hoy cumplen penas en cárceles por distintos delitos tendrían derecho a salir en libertad.
Por lo tanto, señor Presidente , había tanta coincidencia en lo negativo que era la iniciativa, que el Ejecutivo se apuró en querer enviar otro proyecto de ley con el propósito de eliminar el carácter de terrorista a los delitos contra la propiedad, con lo cual sólo podrían ser calificados como delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física de las personas, la libertad y la salud pública.
Por consiguiente, en esa idea, con franqueza pensé que esta normativa no contaría con la mayoría necesaria para ser aprobada en un órgano técnico tan calificado como la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sin embargo, no fue así, y por tres votos contra dos, hoy estamos debatiendo en la Sala un proyecto -repito- calificado como inconstitucional por el Ministro de Justicia del actual Gobierno.
Además, señor Presidente , quiero manifestar lo siguiente.
Yo entiendo la situación de los cuatro comuneros mapuches que cumplen condenas en la cárcel, así como también que, por diversas razones, se quieran buscar alternativas de solución. No nos negamos a ello. Hemos dicho que somos partidarios de que, si hay acuerdo para facultar a la Presidenta de la República para indultar, estamos llanos a estudiar la situación, a analizarla en forma seria y a tomar una decisión. Pero, a mi juicio, lo que no se puede hacer es aprobar el proyecto en análisis que, como dije, va a significar como consecuencia la libertad de 12 mil personas que cometieron delitos graves y que tendrían derecho a reclamar el mismo trato.
Asimismo, deseo expresar, señor Presidente, que esta materia resulta particularmente sensible en nuestra Región.
Somos una Región con múltiples problemas; muchos indicadores sociales, económicos, educacionales, nos muestran últimos en el país. Y queremos salir de esa situación, generar mejores condiciones de vida, y que el progreso y la modernidad lleguen a la Región de La Araucanía, respetando nuestra diversidad cultural, nuestros valores, nuestras tradiciones.
Y digo que éste es un tema sensible ¿quiero informarlo a esta Sala- porque al 30 de junio del presente año estaban vigentes en nuestra Región 37 medidas de protección policial, en razón de diversas disputas, de distintos conflictos.
Ello indica que en La Araucanía la situación es grave. Hacemos noticia cada vez que se queman camiones, cada vez que se incendian casas, cada vez que se incendian bosques. Así, por supuesto, nadie desea invertir en la Novena Región y las posibilidades de progreso y de mayor desarrollo, en lugar de acercarse, se alejan.
Ahora bien, las medidas de protección dictadas por los tribunales involucran a particulares, a empresas forestales y, también, a habitantes y dirigentes mapuches.
Eso revela que debemos preocuparnos del problema con extremo celo, con sumo cuidado, porque allí tenemos situaciones de pobreza; de desempleo; de sectores de mapuches y no mapuches que viven en lugares rurales apartados en extremo abandonados y desprotegidos, extremadamente ajenos al progreso, al desarrollo.
Por lo tanto, es necesario que el Gobierno, los Parlamentarios, los representantes del pueblo mapuche y las autoridades regionales nos sentemos en una misma mesa a buscar soluciones y que, producto de ellas, seamos capaces de ofrecer mejores horizontes, un mejor destino a la gente de La Araucanía.
Yo entiendo que, en lo grueso, el Gobierno no se decida por un proyecto de ley sobre indulto porque necesita nuestros votos y porque no desea sentarse en una misma mesa para que busquemos las soluciones. Y eso me parece en extremo egoísta para con una Región que, además, se halla profundamente maltratada.
Por eso, quiero pedir a las señoras y a los señores Senadores que nos ayuden a crear las condiciones para que nos sentemos en una mesa a buscar y encontrar las soluciones.
Debemos erradicar la violencia de la Región de La Araucanía; debemos construir progreso, bienestar, desarrollo; debemos mejorar la calidad de nuestra educación; debemos lograr que todas las familias que han recibido tierras indígenas tengan con qué trabajarlas.
En días recientes hacía noticia el hecho de que algunos de los que recibieron tierras las arrendaron. Y no los critico por ello. ¡Si nadie les ha entregado capital de trabajo para hacerlas producir!
Entonces, busquemos soluciones reales, efectivas, que signifiquen progreso, desarrollo y paz para todos. Lo que más anhelamos es vivir en paz, pues entendemos que es la base para construir mayor bienestar y desarrollo.
Por las razones que he señalado; porque se ha sostenido que este proyecto es inconstitucional -lo dijo (reitero) el señor Ministro de Justicia -; porque se ha señalado que además tendrá efectos tremendamente negativos en materia de política criminal del propio Gobierno; pero, fundamentalmente, porque creo con firmeza que debemos sentarnos todos a conversar sobre cuáles son las verdaderas soluciones, votaré en contra.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la verdad es que las intervenciones iniciales -y particularmente lo expresado por el Senador señor Espina- nos han permitido realizar un debate de fondo para contextualizar qué estamos definiendo, cuál es el sentido que animó a los autores de la moción -entre quienes me cuento- a presentar este proyecto.
Por mi parte, debo expresar que la iniciativa en debate no busca generar ningún tipo de amnistía ni modificar ley alguna: persigue enmendar el decreto ley Nº 321, de 1925, sobre Libertad Condicional, para establecer lo que he llamado corrección histórica de una injusticia, de un acto arbitrario de la autoridad -del Gobierno del Presidente Lagos, en su momento, como lo voy a demostrar- al aplicar la Ley Antiterrorista en situaciones en que no correspondía hacerlo.
A la Comisión de Constitución fue invitado el señor Raúl Sohr , quien expresó que Chile tiene un doble discurso en materia de terrorismo, pues en el plano internacional se pasea por el mundo señalando que en el país no hay terrorismo, pero en el plano interno aplica la Ley Antiterrorista. Es decir, hay terrorismo en las zonas indígenas. Y ése es un doble discurso.
El señor Sohr manifestó que la palabra "terrorismo", más que una categoría de análisis, es un adjetivo peyorativo -sin duda, debe existir la concreción para que haya acción terrorista-, porque existe una gran cantidad de actividades que pueden causar temor pero no por esa mera circunstancia son terroristas. Agregó que ciertas actividades son calificadas de terroristas aunque no son violentas sino más bien simbólicas, como el robo de la espada de Bolívar, realizado por las FARC en Colombia.
Para el señor Sohr , cuya experticia en estas materias es conocida en el país, una distinción importante que se puede hacer sobre la materia es dilucidar cuándo una actividad es terrorista y cuándo tiene el carácter de actividad de liberación. Y, al respecto, recordó que la Convención de Ginebra, que regula la suerte de los prisioneros de guerra, define como "combatiente" al que reúna copulativamente las siguientes características: que pertenezca a una estructura regular de mando, que actúe con un distintivo y que porte sus armas a la vista.
En el caso específico de la Coordinadora Arauco-Malleco, precisó que "no cumple con las condiciones que son necesarias para que se la considere como organización terrorista, sino que se trataría, más bien, de un grupo combatiente". Añadió que, en tal sentido, los mapuches practican una violencia social indígena, pero no acciones terroristas.
Y ése es el quid del asunto.
¿Por qué entonces el Gobierno, el Estado de Chile, usa la Ley Antiterrorista para calificar un delito de incendio, acción que está tipificada en el Código Penal, que contempla sanciones que van desde los dos años y que, aplicada la Ley Antiterrorista, pueden aumentarse en uno, dos y tres grados? Es decir, puede llegar a triplicarse la pena.
En el caso particular del juicio de Poluco Pidenco, que da lugar al análisis sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a parte de nueve loncos, de nueve comuneros, incluida una persona no indígena, son sentencias ejecutoriadas y a firme -el Senador señor Espina y los restantes miembros de la Comisión lo saben- las que señalan que en ninguna parte del relato efectuado por los acusados o por los testigos existen antecedentes para que los jueces hayan podido dar por establecido que el incendio que afectó al referido predio el día de los hechos haya formado parte de un plan predeterminado por parte de las personas a quienes el persecutor fiscal atribuye participación en el delito, sea para atentar contra la vida o contra la integridad física de determinadas personas.
Expresan, además, que se ha establecido con claridad que no existe posibilidad de acreditar la existencia de organización alguna en tal sentido, ni menos que los imputados hayan tenido como finalidad provocar el terror.
"Por el contrario," -leo- "la última sentencia por asociación ilícita, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el 27 de julio de 2005, que a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada, señaló que la organización de los imputados alcanzaba, a lo sumo, al acuerdo de tomarse los predios y repeler a la fuerza policial, pero no existía prueba alguna que acreditara una organización y planificación que tuviera por objetivo sembrar terror o ejecutar actos terroristas.".
Eso está en el proceso judicial. Y los Parlamentarios de la zona lo saben.
En el considerando duodécimo de la misma sentencia, el tribunal señala, al apreciar la prueba rendida, que "no se estableció mediante certezas judiciales, esto es, verdades que excluyen toda duda razonable, que existió una asociación ilícita, o sea, una conjunción de voluntades organizadas en torno a un fin común, debidamente coordinadas por un ente superior o jefatura, dotada de estructura interna, de cierta permanencia y estabilidad en el tiempo, en el cual sus integrantes cumplen funciones distintas, precisas y determinadas,"¿
Claramente -se resalta en otro considerando-, los testigos no aportaron antecedente alguno que permitiera dar por establecida la existencia de un plan premeditado por parte de las personas a quienes el persecutor fiscal atribuye participación en el incendio que afectó al predio Poluco Pidenco el día 19 de diciembre del 2001.".
Y sigo leyendo: "los acusadores no han acreditado en manera alguna" -en el caso Poluco Pidenco , que tiene directa relación con otros juicios; porque las pruebas son las mismas- "que José Osvaldo Cariqueo Saravia ejecutó el día de los hechos las acciones que se le atribuyen en las respectivas acusaciones, toda vez que se le ha restado mérito probatorio a los dichos de quienes han declarado en este juicio como testigos presenciales de los hechos, esto es, Juan Carlos, José Mario y Luis Alberto Nancucheo Huenulao , quienes en sus declaraciones se han referido a la participación de este acusado fijando distintos contextos temporo-espaciales".
En definitiva, señor Presidente , la aplicación de la Ley Antiterrorista en los hechos descritos permitió la declaración de testigos invisibles; es decir, encapuchados, protegidos. En un juicio penal por incendio habría sido posible conocer los nombres y los rostros de los acusadores. Pero en este caso -como lo señalamos muchas veces- había ciegos que veían (personas que a la luz del día no alcanzaban a distinguir el rostro del juez a cuatro, cinco o seis metros de distancia) y sordos que oían (testigos a los que les compraron audífonos para permitirles escuchar al menos la voz del magistrado que los interrogaba).
La pregunta es, entonces, por qué el Gobierno, pudiendo haber utilizado la legislación común, aplicó la Ley Antiterrorista tratándose del ilícito en comento, respecto del cual, por cierto, coincidimos en que la indagación y la sanción a los culpables forman parte de la justicia del Estado.
Asimismo, en el informe de la Comisión de Constitución aparece el testimonio del Honorable Diputado Mario Venegas Cárdenas , a la sazón gobernador de la provincia de Malleco, quien señaló que durante su mandato, entre el 29 de diciembre de 2000 y el 9 de diciembre de 2004, en su jurisdicción ocurrió una serie de hechos delictivos, como incendios, tomas de terrenos, cortes de rutas. Pero cuando se le preguntó en aquel órgano técnico sobre el porqué de las querellas, manifestó que fueron presentadas por la Gobernación a su cargo, a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y que hubo una decisión política en el sentido de calificar y perseguir estos delitos como terroristas, la cual correspondió a la autoridad central.
Una de las acciones fue interpuesta con ocasión del ya mencionado incendio del fundo Poluco Pidenco, registrado el 19 de diciembre del 2001.
Y expresa el informe de la Comisión de Constitución: "Consultado sobre las razones que tuvo el gobierno central para empezar a ocupar la calificación de delito terrorista, el Honorable Diputado señor Venegas señaló que en gran medida contribuyó a ello la sensación ambiente, que era acrecentada y exacerbada por los medios de prensa. Al respecto, recordó algunos titulares del Diario Austral sobre el asunto: `La Región en Llamas; `Ingobernabilidad Absoluta. Con todo, el legislador señaló que él, viviendo en la zona, no tenía esta percepción.".
Eso es lo que dice el informe citado, que está a disposición de los señores Senadores.
O sea, el gobernador a quien el Ejecutivo le pide desde el nivel central que aplique la Ley Antiterrorista señala que lo hace porque la prensa, el "Diario Austral", titula que la Región está en llamas.
El jueves pasado, el mismo periódico, ante el asesinato de don Juan Collihuín Catril , muerto por una bala que disparó un carabinero -situación que debe ser investigada-, publicó el rostro de un efectivo policial lamentablemente herido con un hematoma en el ojo izquierdo, pero anuló toda referencia al señor Collihuín, quien ese mismo día estaba siendo velado en su casa, de subsidio rural, en la zona de Ercilla.
Hay en la prensa un tratamiento sin duda racista, porque se resalta al carabinero herido con un hematoma en el ojo izquierdo -hecho sin duda reprobable- y se oculta la existencia de un mapuche muerto.
¡Un mapuche no vale una vaca ni seis! Y en ese domicilio no cabía una vaca, ni menos seis. Por lo tanto, el allanamiento -como reconoció Carabineros- no se realizó con orden judicial.
Pero vuelvo a la declaración del gobernador que aplicó la Ley Antiterrorista.
Dice el informe que, con todo, el legislador -el Diputado señor Venegas - "no tenía esta percepción, la que sí era compartida en la Región Metropolitana. Añadió que los hechos que generaban este panorama eran puntuales, concretos, pero producidos por personas indeterminadas; esta última particularidad contribuyó a la calificación de delito terrorista hecha por la autoridad central.".
¿Qué expresó en la Comisión de Constitución el Defensor Regional Metropolitano Sur, quien, a la fecha de los juicios, era Defensor Regional de La Araucanía ?
"Esa repartición" -leo el informe- "siempre se opuso a la aplicación de la ley Nº 18.314 en estos casos, porque los hechos investigados no calzaban con la descripción que el ordenamiento jurídico nacional hace de los delitos terroristas. Esta estrategia fue seguida en las distintas etapas de los procesos, y, en primer término, hubo una oposición frontal a las solicitudes de los fiscales del Ministerio Público para que los jueces de garantía calificaran las investigaciones como referidas a delitos terroristas, porque ello significaba el secreto de las diligencias, ampliación de los plazos de prisión preventiva e importantes restricciones a la libertad provisional. Este estatuto excepcional provocaba un desequilibrio completamente incompatible con las garantías que el nuevo sistema procesal penal otorga a los imputados.
"Agregó que también los defensores se opusieron a la calificación de delito terrorista, por el gran aumento de la penalidad que ello supone.". Eran ilícitos, sin duda; pero, a su modo de ver, no existía una asociación ilícita.
Señor Presidente , con lo anterior hemos acreditado con meridiana claridad que la operación y la acción del Gobierno tuvieron un claro sesgo racista; que también lo tuvo el tratamiento de la prensa, y que el propio gobernador, representante político del Ministerio del Interior en la zona, reconoció que su percepción era que no existían delitos terroristas.
Entonces, la gran pregunta que cabe hacer es cuándo y cómo el Estado de Chile va a calificar de terroristas los delitos. Es decir, se califican de terroristas los delitos de los mapuches y se lleva a éstos a las cárceles comunes, con delincuentes, con asesinos. Porque hoy día -como saben los señores Senadores- los nuevos procesados por aplicación de la Ley Antiterrorista se hallan, no en un recinto penitenciario de alta seguridad, sino en una cárcel común.
Del mismo modo, quiero señalar -y lo digo con tristeza- que en el caso particular en que le tocó participar a Juan Agustín Figueroa Yávar por el incendio en su parcela -que siempre rechazamos-, respecto de Pascual Pichún y Aniceto Norín se realizó un proceso, se aplicó la ley por amenaza terrorista y el señor Figueroa , a la sazón Ministro de Agricultura del Gobierno del Presidente Patricio Aylwin , hizo un uso abusivo, impresionante, extraordinario, inaceptable en mi concepto, de su condición de abogado, de redactor de la nueva legislación penal, y revirtió la sentencia de inocencia de ambos loncos.
Yo pido a esta Sala reflexionar acerca de si es posible anular una sentencia de inocencia cuando la argumentación para la revisión del proceso es que en su redacción el juez no describió suficientemente los hechos no probados.
Porque el encarcelamiento que hoy padecen Pascual Pichún y Aniceto Norín , dos de los nueve inculpados por Ley Antiterrorista, se debió a un segundo proceso, solicitado por don Juan Agustín Figueroa , quien objetó el primer fallo, de inocencia, argumentando que su redacción contenía una escasa descripción de los hechos no probados. Es decir, un resquicio que sienta una jurisprudencia muy negativa: hoy día un veredicto de inocencia puede ser objetado si no contiene una descripción apropiada de los hechos no probados.
Pero si los hechos no fueron probados, ¿para qué el juez los va a describir ampliamente en la sentencia?
Señor Presidente , tengo la convicción personal de que quienes hoy padecen la acusación de haber infringido la Ley Antiterrorista -los conozco a todos- no son terroristas. La justicia no ha podido probar en ninguna oportunidad la existencia de asociación ilícita. Ahí está el fallo ejecutoriado. Y la propia autoridad del Estado en el momento de los hechos, hoy Diputado de la República , señaló -reitero- que no tenía esa convicción y que la acusación se formuló a raíz de la sensación ambiente o de la presión de la prensa.
Eso, estimados Senadores, no significa que yo no tenga convicción sobre la gravedad de los atentados o de los hechos punibles que ocurren en La Araucanía, en mi Región. Ellos son condenables, y así lo hemos señalado. Y vamos a respaldar toda acción legal que busque esclarecer la verdad acerca de los atentados a las personas, a los bienes, y, particularmente, todo aquello que conlleve a terminar con el clima de violencia.
Pero debo manifestar que el Gobierno -mi Gobierno- se equivocó al aplicar la Ley Antiterrorista en este caso particular, llevando la situación al extremo. Ello ha sido denunciado por Human Rights Watch ; por Rodolfo Stavenhagen , relator de las Naciones Unidas en Derechos Humanos; por la Federación Internacional de Juristas de Derechos Humanos, que en sus recomendaciones ha dicho al Estado chileno que no debe aplicar la Ley Antiterrorista y que ha de corregir -éste es el concepto- lo aplicado en materia de esa legislación en el caso de los nueve comuneros mapuches.
Por eso presentamos este proyecto, que no busca establecer amnistía ni impunidad, sino introducir una modificación al decreto ley Nº 321, sobre Libertad Condicional, en el sentido de establecer que quienes hayan sido condenados por los delitos que indica -con expresa mención de este tipo de hechos- puedan obtener ese beneficio de manera anticipada habiendo cumplido un año de la pena de reclusión.
Ésa es la iniciativa que hoy estamos analizando y votando.
He dicho.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor NAVARRO.-
A favor.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , no puedo menos que lamentar que una materia tan importante como la situación que afecta a las comunidades mapuches de la Región de La Araucanía se trate en el Senado a propósito de este proyecto.
En mi opinión, sin perjuicio del legítimo derecho que asiste a los Senadores para presentar iniciativas de cualquier naturaleza, a través de la que ahora nos ocupa, no sólo se cuestionan -como acabamos de escuchar- los fundamentos de los fallos judiciales -lo cual, obviamente, altera el sentido de la separación de los Poderes del Estado y del respeto a la función de los jueces, lo que por sí mismo es bastante delicado-, sino que también se evade un debate de fondo sobre la violencia que existe en algunas comunas de la Novena Región, en particular respecto de las causas que la han propiciado, y los problemas que afectan a diversas comunidades mapuches, que son los que en algunos casos tienen movilizados a ciertos grupos en la forma que conocemos.
Por lo tanto, atendidas todas las facetas que uno pudiera considerar, éste es el peor camino para abordar un tema serio, pues presenta problemas en extremo graves y que no podemos dejar pasar.
El primero de ellos se refiere a lo que señaló el propio Ministro de Justicia en la Comisión de Constitución en cuanto a que estamos frente a una iniciativa evidentemente inconstitucional. Y lo es porque afecta y contraviene con claridad el principio de igualdad ante la ley, ya que, de aprobarse, importaría la aplicación arbitraria de un mismo beneficio.
Eso es indudable, dado que, si se aplicara la normativa propuesta sólo a quienes han sido condenados de acuerdo con los criterios que ella indica, tales personas obtendrían un tratamiento mucho más beneficioso que otras que han sido condenadas a similares penas pero por otros delitos.
Aquí, entonces, se pretende establecer el criterio de que la pena contemplada para cierto tipo de ilícitos con posterioridad puede ser modificada en virtud de una ley que sólo se aplicará a algunos y no a otros que se hallan en la misma condición.
Por otra parte, la iniciativa fija una condición para optar al beneficio: haber cumplido un año de la pena privativa de libertad, sin que el ejercicio del derecho que se les daría permita distinguir a las personas según la duración efectiva de la sanción a que han sido condenadas, alterando de esta manera el principio básico de culpabilidad: que debe existir proporcionalidad entre el delito y la pena que se impone.
Lo que se está haciendo por esta vía es que, independientemente del delito cometido y de las sanciones a que alguien haya sido condenado, establecer como condición única el haber cumplido un año de presidio para permitirle acceder a ciertos beneficios de nuevo altera el principio de proporcionalidad y, por ende, el de igualdad ante la ley.
Podríamos abundar todavía más en esta situación, pero me parece que los elementos y conceptos que se han vertido y que fueron recogidos en el propio informe de la Comisión, más esta breve pero clara presentación de motivos, demuestran que el proyecto es inconstitucional.
Si, como ya se ha señalado, se corrigiera la iniciativa y se le diera el carácter general que permitiera romper la inquietud por la desigualdad que genera y la falta de proporcionalidad en su aplicación, estaríamos frente a una situación que, según ha considerado el propio Ministro Isidro Solís , sería brutal para la política criminal del país, porque en virtud de ella más de la mitad de los 23 mil condenados -estoy citando palabras textuales de dicho Secretario de Estado - que cumplen sentencia en los penales chilenos podría exigir el beneficio.
Por eso, el Ministerio de Justicia no considera apropiada la normativa en estudio, pues, aunque soluciona de modo directo el caso de cuatro condenados, genera un problema de política criminal en el que pueden verse involucradas miles de personas.
En síntesis, se trata de un proyecto, o claramente inconstitucional, o brutalmente contrario a la política criminal, porque posibilitaría que la mitad de la población penal condenada saliera en libertad.
Tal eventualidad, en sí misma, es suficiente para no avanzar en la materia.
Sin embargo, hay otro asunto que se debe considerar.
Aquí se señaló como precedente, para justificar la iniciativa, la dictación de la ley Nº 20.042, que dispuso una forma de cumplimiento de pena para presos políticos que estaban en cárceles de alta seguridad y que habían sido condenados por delitos terroristas.
Quiero manifestar -y creo tener autoridad moral para referirme al punto- que en el presente caso no es factible aplicar los criterios contenidos en ese cuerpo legal.
Y digo que tengo autoridad moral para ello porque contribuí a aprobar esa normativa, por estimar que cumplía ciertos requisitos, ciertas condiciones que no se dan en absoluto en el proyecto en debate.
En primer término, en virtud de la ley indicada los condenados podían acogerse al beneficio una vez cumplidos 10 años de presidio efectivo. Es decir, nadie podía sostener que las personas condenadas por delitos terroristas tuvieron una solución fácil para la situación que les afectaba. ¡Diez años de presidio efectivo no se los regalo a nadie!
Por consiguiente, estamos hablando de una situación por completo distinta, ya que la exigencia que consigna la iniciativa es de un año de presidio efectivo. Entonces, se trata de presupuestos enteramente diferentes.
En segundo lugar, cuando se presentó el proyecto que dio origen a esa ley, los hechos de violencia causantes de la condena de los involucrados -no más de 50-, ocurridos incluso en plena democracia y sobre todo durante el Gobierno de Patricio Aylwin, habían terminado varios años antes. En consecuencia, ya las inquietudes, conflictos y tensiones habían desaparecido.
Eso no sucede hoy.
Aquí se han citado algunos casos, aunque el mencionado específicamente era más bien de carácter policial, ya que ambas partes -según entiendo- eran comunidades mapuches, e incluso los carabineros eran originarios de esa etnia. Así que no creo que valga como ejemplo.
En estos días nos hemos enterado de un atentado a otro agricultor: a don René Urra -que concurrió a nuestra Comisión-, quien fue asaltado por vigésima primera vez, en forma violenta, lo cual indica que los procesos aún están en pleno desarrollo.
Ello demuestra que el momento en que dicho cuerpo legal se dictó era radicalmente diferente del actual.
Cabe agregar que en esa oportunidad algunos votamos a favor para dar una señal de paz, de reencuentro entre los chilenos, porque, habiendo terminado un proceso y por las características de la situación en esa época, era posible dar ese paso.
Hoy no es factible aquello, porque podríamos aprobar la iniciativa y la paz no se produciría, pues los hechos violentos continúan y las causas del problema no han sido atacadas en absoluto.
Por lo anotado, señor Presidente , creo que el proyecto, tanto desde el punto de vista de su constitucionalidad como del relativo a la comparación de los precedentes a que se aludió, no tiene justificación alguna.
Sin embargo, considero que lo más delicado no dice relación a la iniciativa en análisis, sino al problema de fondo, que hace que la violencia en esa zona, aun cuando esté circunscrita a una cantidad reducida de gente, todavía no permita a las personas circular libremente en muchos lugares, a no ser que vayan acompañadas de carabineros. Y eso provoca discusión respecto de si rige o no el Estado de Derecho.
Creo que no estamos resolviendo el problema en debida forma.
Hemos señalado -lo dijo el Senador señor García hace unos momentos y lo sostuvimos junto con el Honorable señor Espina en la Comisión de Constitución- que nuestra voluntad es resolver el problema de fondo que origina la violencia, para ponerle término y entrar en un proceso de paz que haga factible solucionar la situación de los afectados (entre ellos, la de los cuatro comuneros mapuches), pero dentro de un contexto que en verdad asuma la realidad del conflicto. De lo contrario, vamos a apagar un incendio, pero la hoguera seguirá viva y quemando como siempre.
Por lo tanto, es justo analizar qué está pasando en esa zona y las razones de ello.
Quiero reiterar que, si mediara un acuerdo del Gobierno, de las bancadas parlamentarias y de todas las organizaciones sociales de la Región para detener los actos de violencia e implementar una política tendiente a poner término a las causas de la actual situación de las comunidades mapuches y de otros sectores, nosotros estaríamos disponibles para estudiar diversas fórmulas que posibilitaran resolverla, incluida la de los cuatro comuneros de esa etnia que motivaron la moción.
¿Por qué nos preocupa lo que sucede? Porque advertimos que, después de 16 años de aplicar políticas en beneficio de las comunidades mapuches de la zona, éstas no han modificado sustantivamente sus condiciones de vida ni sus características socioeconómicas.
Tengo algunos datos que ilustran mis argumentos.
Mientras la pobreza a nivel nacional alcanza a 18,7 por ciento -según la Encuesta CASEN de 2003, que es la última conocida-, en las poblaciones indígenas es de 28,7 por ciento. Y la indigencia, que en el país es de 4,7 por ciento, en aquéllas asciende a 8,3 por ciento, y, por cierto, aumenta en las zonas rurales, donde se registra un 32 por ciento.
Ello quiere decir que existe un sector de la población, concretamente identificado, en el cual las políticas no han resultado y, por lo mismo, las causas de los conflictos sociales siguen inalterables, pues la pobreza está instalada allí.
En cuanto a los ingresos de los indígenas, el 40,1 por ciento cae dentro del primer quintil, y el 62,9 -esto es, casi dos tercios-, entre el primero y el segundo. Y en estos dos últimos se enmarcan también más de 80 por ciento de los que viven en sectores rurales.
Éstas son las realidades. Y podría entregar más datos sobre carencias como el analfabetismo, la falta de acceso a la salud y muchos aspectos que explican y justifican el porqué de la situación actual.
Ello también tiene que ver, en cierto sentido, con la orientación de la políticas que se han aplicado, las cuales se han concentrado, quizás, en una sola línea de trabajo -no en muchas otras-, y fundamentalmente en la de desarrollo en el ámbito de la adquisición de tierras. Y esto podemos advertirlo en las cifras.
De acuerdo a los antecedentes que obran en mi poder, mientras el presupuesto nacional del Fondo de Tierras y Aguas, creado en 1994, ha pasado de 2 mil millones de pesos a 17 mil 500 millones y fracción, el del Fondo Nacional de Desarrollo Indígena, que ofrece una visión más global y completa, permanece casi igual: mil millones de pesos.
Es decir, los recursos sólo se han concentrado en el área de la adquisición de tierras y no en forma clara y contundente en el desarrollo del pueblo indígena de origen mapuche. Es más: no los ha habido. Y quiero decir que nos olvidamos de que el 70 por ciento de la población de origen mapuche en el país es urbana. Entonces, no se está trabajando con todos los sectores.
Si consideramos otras informaciones -como una encuesta realizada en 1999 para determinar cuál era la naturaleza de las demandas indígenas en la Novena Región-, nos encontramos con datos bastante notables. Entre las diversas prioridades y demandas del mundo indígena, 10,85 por ciento menciona las tierras. En cambio, 28 por ciento pide educación, salud y vivienda; 20,74, trabajo y capacitación; 6,74, apoyo económico-productivo; 7,35, caminos, y 6,11, subsidios.
Esa diversidad de planteamientos indica que las políticas implementadas han fracasado porque se han orientado mal. Sólo se han focalizado en las tierras y no en un concepto más general, más global, como el desarrollo.
Eso explica la situación en que nos encontramos.
Por lo expuesto, señor Presidente , el proyecto que estamos votando es malo no sólo por las razones que señalé, con relación a su inconstitucionalidad o a los errores en su comparación con los precedentes que existen sobre materias en apariencia similares, sino también porque no apunta a solucionar la raíz de los problemas.
Por esos motivos, no podemos sino rechazar la iniciativa, reiterando un aspecto central: si la aprobáramos, estaríamos dando, al final, un premio a conductas que la justicia ha considerado violentas, y además, una mala señal al pueblo mapuche, que en 99,9 por ciento es esencialmente pacífico y aspira a integrarse -no a separarse- al resto de los chilenos.
Para eso necesitamos políticas que ataquen el problema de fondo y no medidas de parche para circunstancias coyunturales.
En consecuencia, señor Presidente , mientras se siga por ese camino no se encontrará una solución, y tampoco nuestros votos.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, valoro que los señores Senadores tengan la disposición de escuchar los argumentos de parte de aquellos que se han manifestado a favor de la iniciativa y de quienes estamos en contra, porque estimo muy importante que nos formemos un juicio sobre la realidad que se vive en la Novena Región.
Los Parlamentarios que representamos esa zona del país sólo queremos que allí existan tranquilidad, paz, trabajo, progreso; que las comunidades mapuches sean respetadas en su dignidad y que se les den todas las oportunidades que merecen para salir adelante con su propio esfuerzo.
Ahora bien, deseo referirme a los fundamentos de la moción; hacer una breve narración de lo que ha ocurrido en la Región de La Araucanía respecto de los hechos de violencia; señalar los fundamentos que tuvieron a la vista los Gobiernos de los Presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei para interponer acciones legales y querellas; mencionar un proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados; exponer por qué esta iniciativa es inconveniente, y, finalmente, formular una propuesta concreta para avanzar en la solución del problema.
Hace algunos momentos estaba en la Sala el Presidente del Partido Socialista. Me hubiese gustado que estuviera presente hoy para escuchar lo que voy a decir. Pero sí se encuentran distinguidos Senadores de esa colectividad.
En los fundamentos de la moción se señala: "A nuestro juicio, estamos ante un proceso de judicialización y criminalización y violación a los Derechos humanos de que han sido objeto numerosas personas del movimiento Mapuche que ha venido reivindicando sus Derechos.".
Más adelante, aludiéndose a los hechos acaecidos en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y también a fines de la Administración del Presidente Eduardo Frei , se agrega: "La situación de los mapuches, se enmarca en la utilización injusta, infundada y aberrante que hace el estado chileno de la Ley Antiterrorista" (...) "violando las garantías procesales de numerosas personas, y violando también las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos y todas.".
De aprobarse este proyecto, a lo menos dos hechos van a dar vuelta en el mundo entero.
En primer lugar, que durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos -socialista-, siendo su Jefe de Gabinete el Ministro del Interior , José Miguel Insulza -también socialista-, y encargado de los asuntos de seguridad ciudadana el Subsecretario de la misma Cartera, Jorge Correa Sutil -distinguido militante democratacristiano y actual miembro del Tribunal Constitucional, propuesto para ese cargo por el Presidente Lagos -, se violaron los derechos humanos de comuneros mapuches y se utilizó de manera aberrante la Ley Antiterrorista.
Eso va a quedar en la historia.
En segundo término, se acusa a los tribunales de justicia de violar las garantías procesales de los imputados, desconocer las obligaciones jurídicas de Chile y aplicar al margen de las normas del Estado de Derecho, la ley que sanciona conductas terroristas.
Señor Presidente , yo fui opositor al Régimen del Presidente Ricardo Lagos . Pero jamás me atrevería a apoyar una iniciativa que lo acusara de violar sistemáticamente los derechos humanos en esa forma, y tampoco, que acusara a los tribunales de justicia de no respetar las normas más esenciales del Estado de Derecho. Porque ése no es el Chile que se vivió durante el Gobierno de Ricardo Lagos. Y, por lo tanto, resulta bastante fuerte que en la moción, clara y categóricamente, se impute a la Administración socialista lo que acabo de señalar.
En segundo lugar, señor Presidente , me voy a referir a la situación de La Araucanía en esa época.
Consta en el informe de la Comisión de Constitución, que Sus Señorías tienen a la vista, el testimonio del ex Subsecretario del Interior don Jorge Correa Sutil , quien señaló que "entre 2001 y 2005 se presentaron 60 querellas por hechos ocurridos en la zona, 10 de las cuales" -sólo 10- "eran requerimientos basados en la Ley Antiterrorista.". Agregó que "Estas acciones se interponían cuando se estaba en presencia de incendios intencionales y atentados contra la integridad de las personas, sucesos que eran comunes en 2001 y que se sucedieron hasta que se detuvo a toda la directiva de la Coordinadora Arauco Malleco". Y concluyó: "Después de ese hecho la violencia bajó ostensiblemente.".
Ésa era la versión oficial, dada hace pocas semanas por el Subsecretario del Interior del Gobierno de don Ricardo Lagos.
En particular, señor Presidente , aquí estamos frente a dos casos, uno de los cuales corresponde al incendio del predio Poluco Pidenco , donde se quemaron 110 hectáreas, se golpeó a carabineros y se atentó en contra de los funcionarios de CONAF que intentaron apagarlo. Y el fundamento que se dio en ese momento, al igual que el que planteó doña Berta Belmar , Intendenta de La Araucanía durante el Gobierno de don Ricardo Lagos, a raíz del delito de que había sido víctima el ex Ministro don Juan Agustín Figueroa -quemaron su casa y un camión y golpearon brutalmente a las personas que vivían en el lugar, algunas de ellas comuneros vecinos-, fue el de que se trataba de reiterados delitos de incendio, ejecutados de noche, que dañaban y ponían en peligro tanto a bienes como a personas, lo que permitía presumir la existencia de un plan premeditado de atentados contra una categoría o grupo determinado de personas, a saber, propietarios de los predios colindantes a las comunidades.
Esto, señor Presidente, es lo que sostuvo el ex Subsecretario del Interior, previo visto bueno del titular de la Cartera, y lo que señalaron tanto la Intendenta como el Gobernador de la época, todos funcionarios del Gobierno de don Ricardo Lagos.
Y aparte de los argumentos entregados por el ex Subsecretario señor Correa, hay otro que aquí se ha obviado, pero que tengo el deber de mencionar.
La Cámara de Diputados, con fecha 15 de mayo de 2002 -o sea, antes de los hechos descritos y de que se iniciaran las querellas y los juicios-, con los votos unánimes de 73 de sus miembros (entre ellos, los de don Alejandro Navarro, don Carlos Montes, don Eduardo Saffirio y don Edmundo Villouta -todos Parlamentarios de la Concertación y de la zona-, y los de doña Isabel Allende, don Pedro Muñoz Aburto -distinguido Senador miembro de la Comisión de Constitución del Senado-, don Eugenio Tuma y don Edmundo Salas) , aprobó un proyecto de acuerdo en cuyos considerandos se expresa lo siguiente:
"Desde hace unos años se ha visto surgir grupos minoritarios organizados, que han optado por recurrir a la violencia como método de obtención de tierras, recurriendo para ello a la toma ilegal de predios particulares; al incendio; al robo; a los atentados contra la vida de las personas y a la amenaza, a fin de arrancar decisiones a la autoridad.".
Y a renglón seguido se agrega, copiando la Ley Antiterrorista -porque es igual-:
"Que la reiteración de estos actos violencia, acompañados de la sensación de su impunidad, ha provocado en la población de estas regiones en general, y en los sectores productivos en especial, el justificado temor de ser víctimas de actos de la misma naturaleza, lo que ha traído como consecuencia una virtual paralización de una parte de las actividades económicas locales", etcétera.
En definitiva, la Cámara de Diputados, por unanimidad y con la aquiescencia de los Parlamentarios mencionados, le pide al Presidente de la República de la época que, "como una forma de dar amparo a los ciudadanos que han sido víctimas de estos hechos de violencia y de reafirmar ante la ciudadanía en general la confianza en la vigencia del Estado de Derecho, disponga que el Gobierno se haga parte en la totalidad de los procesos judiciales iniciados a raíz de estos delitos", etcétera.
Entonces, señor Presidente , cuando un Gobierno, a través de las autoridades del Ministerio del Interior y a solicitud de la Cámara de Diputados, mediante acuerdo suscrito por Parlamentarios de su coalición, decide interponer querellas, no se le puede decir, diez años después, que quiso violar los derechos humanos por el hecho de llevar adelante diversas causas conforme a las normas del debido proceso.
Pero hay una cuestión mayor.
Se ha indicado que la Ley Antiterrorista fue hecha durante el Gobierno militar. ¿Y qué dijo el ex Subsecretario señor Correa Sutil cuando se le preguntó sobre el tema? Textualmente, señaló que eso era falso, pues "el tipo penal de incendio terrorista invocado en estos juicios, que se efectuaron durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, fue incorporado por el Congreso democráticamente elegido.".
Además, dicho personero hizo una advertencia que debemos tener en cuenta. Sostuvo que aprobar la moción -lo consigna textualmente el informe- "implica que el beneficio se extendería también a otras personas sancionadas por la Ley Antiterrorista, como el caso de Lenin Guardia y Humberto López Candia ". O sea, el ex Subsecretario del Interior afirma -no lo decimos nosotros- que, de aprobarse la iniciativa en debate, quedarían en libertad don Lenin Guardia y don Humberto López Candia , condenados por haber mandado una carta bomba, y las personas que intervinieron en el secuestro de Cristián Edwards.
Doy estos antecedentes, señor Presidente, porque considero que las cosas deben contextualizarse.
En cuanto al contenido de la moción, respecto de la cual ya se ha dicho suficiente, sólo deseo señalar lo siguiente.
Quiero que alguien me explique por qué no están ni el Ministro de Justicia ni el Ministro del Interior . Les voy a decir la verdad. El primero de los citados, cuando el proyecto fue votado en la Comisión de Constitución, se retiró, pues textualmente expresó: "Para que esta segunda lectura del texto no fuera inconstitucional," -él planteó que lo era- "necesariamente debería tener carácter general, lo que provocaría un grave daño a la política del Gobierno en materia criminal, porque más de la mitad de los 23.000 condenados" -estoy leyendo al pie de la letra- "que cumplen sentencia en los penales chilenos podrían exigir el beneficio. Por eso, el Ministerio no considera apropiada esta iniciativa, porque, aunque soluciona directamente el problema de cuatro condenados, genera un problema de política criminal en el que se pueden ver involucradas miles de personas".
Señor Presidente , esta moción va a conducir, inequívocamente, a una realidad de la cual podemos arrepentirnos por mucho tiempo. Porque, si no fuera inconstitucional -aunque lo es- y llegara a aprobarse sin ser declarada en esa forma por el Tribunal Constitucional, aseguro a Sus Señorías que más de 11 mil delincuentes comunes querrán que les hagan extensivos sus beneficios. La norma establece que quien haya sido condenado a una pena de 10 años por el delito de incendio o cualquier otro podrán obtenerlos y quedar en libertad, bastando para ello que haya cumplido un año de la pena.
Por lo tanto, todo delincuente condenado en Chile a una pena de 10 años podrá impetrar tales beneficios, por el principio pro reo, razón por la cual no habrá manera alguna de impedir que más de 11 mil delincuentes, potencialmente -porque es posible que a algunos no se les conceda-, aspiren a salir en libertad.
Me parece que eso va a ensuciar el problema mapuche de un modo inaceptable. Porque no creo que haya ningún comunero mapuche que quiera su libertad a costa de que ésta signifique la libertad de traficantes de droga, violadores y delincuentes comunes.
Por último, señor Presidente , me voy a referir a la propuesta que hemos planteado, por cuanto, como muy bien lo manifestaron el Honorable señor García y otros señores Senadores, queremos que el problema se resuelva.
En las comunidades mapuches de nuestra Región existe una pobreza inadmisible, además de falta de educación, ausencia de oportunidades y discriminación. ¡Discriminación! Por eso nosotros queremos plantear un camino que dé una solución completa al tema.
Y lo primero que hemos propuesto -ello consta en el informe-, aunque el Gobierno nunca nos ha contestado, es delimitar de una vez por todas la política de entrega de tierras a las comunidades mapuches. El Estado chileno tiene la obligación de determinar cuál es la deuda histórica que legítimamente debe cancelar a esas agrupaciones étnicas -porque existe-, y cuántas son las que se beneficiarán, en lugar de estar, cada cierto tiempo, lanzando cifras que generan expectativas en ellas, pues no merecen quedar insatisfechas.
La primera propuesta es realizar un catastro de fondo sobre la materia y que se adjudiquen a las comunidades las tierras que les corresponden, para que no se les siga tramitando en un proceso que se dilata por años.
La segunda es definir políticas públicas y programas sociales concretos para esas agrupaciones. Queremos saber de los planes de educación intercultural bilingüe; de becas indígenas (actualmente se registra un déficit de 20 mil beneficios); del programa especial de asignación de cupos para el subsidio rural en áreas de desarrollo indígena; del proyecto de construcción y mejoramiento de caminos; de los del INDAP, etcétera.
Los comuneros están aburridos de que se les hagan promesas que no se cumplen. Y cada vez se les promete más y se les cumple menos, salvo en períodos de campaña electoral, cuando se les entrega un bono para la agricultura, el que -¡gracias a Dios!- no se seguirá dando, según nos anunció ayer el Director del INDAP, para que no se trate de "comprar" a la gente en época eleccionaria.
De manera que es necesario fijar esas políticas públicas.
La tercera propuesta es que formulen todos los comuneros una declaración inequívoca de rechazo a la violencia.
La cuarta plantea el otorgamiento de una efectiva protección policial a los predios y los agricultores amenazados.
Finalmente, se sugiere que el Gobierno se comprometa formalmente a hacerse parte en los futuros juicios por estos delitos y que exista un respaldo a este acuerdo de parte de las organizaciones mapuches, de campesinos y de agricultores.
En esa lógica, señor Presidente , como una manera de iniciar una nueva etapa en La Araucanía, nadie se opondría a que se indultara a quienes hoy día se encuentran detenidos. Esa lógica, que apunta a una solución global, es la única que ayudará a resolver las dificultades de la Región.
Por las razones señaladas, estimo que esta moción no soluciona el problema, sino que genera otros y, por lo tanto, la votaré en contra.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , he estado escuchando las diferentes intervenciones. Y, al igual como lo planteó el Senador señor Espina, entiendo que lo importante es que media un hecho respecto del cual existen propósitos compartidos. Lo interesante es cómo aproximarse, a partir de nuestros distintos enfoques -si es que existe esa capacidad-, a instrumentos y caminos conducentes a la solución del problema.
Comenzaré mi intervención haciéndome cargo de algunas materias que llaman la atención a mi Honorable colega, en cuanto a opiniones que uno puede tener sobre asuntos que ocurren durante los gobiernos de los que formamos parte.
Si se lee con detenimiento la fundamentación del proyecto, será posible darse cuenta de que muchas de las opiniones que ahí aparecen no son nuestras, sino de organismos internacionales que han emitido juicios sobre la situación nacional. Y, en algunos casos, a mi modo de ver, no obstante existir un marco democrático, ha habido violación de los derechos de personas cuando la autoridad abusa del poder o cuando se generan situaciones de discriminación, como ocurre en ciertas ocasiones.
Estimo que la primera parte de la intervención del señor Senador estuvo de más, si es que se pretende tener un debate que apunte a lo que manifestó en la última parte de su discurso. No porque seamos Gobierno somos obsecuentes y callamos las cosas que no nos parecen adecuadas y que otros organismos plantean. Digo esto porque siento que tal aproximación no necesariamente es consistente con lo que sostuvo Su Señoría, en el sentido de que, en verdad, en ciertos lugares del país, más allá de los graves problemas sociales existentes, se observan expresiones de discriminación. Y uno de los motivos para que ellas se den es por razones étnicas, lo que, en mi opinión, constituye un atentado a los derechos humanos.
Pienso que en ocasiones aflora un racismo extremo y discriminatorio que pasa a llevar los derechos de algunos conciudadanos.
Por otra parte, quiero hacer una reflexión más vinculada a la materia en debate.
Yo no amparo, no defiendo, no justifico ni comparto los hechos de violencia que se han producido en el sur y han causado destrucción de bienes. Tampoco estoy de acuerdo con prácticas tales como la de incendiar un camión o una casa, o la de provocar pérdidas materiales, y menos, con que se dañe a personas. Reitero: con nada de eso concuerdo y es algo que considero delito.
La discusión de fondo, en mi concepto, radica en si frente a tales acciones delictuales existe coincidencia en aplicar ciertas normas u otras distintas. Y lo ocurrido, a juicio de algunos, es que se hizo uso de determinadas disposiciones, producto de un cuadro que, en el fondo, era discriminatorio. Si ello hubiese sucedido en otra parte del país, en un escenario diferente, jamás se habría insinuado recurrir a la Ley Antiterrorista.
Disculpen que haga una referencia tan cercana: un ex uniformado de nuestro país está privado de libertad por haber participado en un delito. A mi parecer, algunos de los hechos delictuales en que estuvo involucrado fueron de claro carácter terrorista, como poner o mandar poner una bomba en un vehículo. Reitero: eran claramente de carácter terrorista, tanto por el método cuanto por la intención.
En el caso que nos convoca, habrá quienes opinen que tales actos, en la lógica de un grupo organizado, perseguían el objetivo de generar terror. No obstante, tengo mis discrepancias. Se trata de acciones totalmente condenables. Pero en nuestro país, cuando se invocan ciertas normas, uno aspiraría a que la ley pareja -que, según se dice, no es dura- se aplicara.
Comparto tanto el diagnóstico de los Honorables señores Larraín y Espina sobre las condiciones socioeconómicas como lo dicho por el Senador señor García. Debe haber un propósito común sobre cómo enfrentar y ayudar a subsanar esa situación.
Sin embargo, respecto de los hechos perpetrados, ¿es correcto que fueran calificados como actos terroristas y que se procesara a los involucrados en virtud de la Ley Antiterrorista?
Tengo la profunda convicción personal de que sólo cometieron tales delitos quienes participaron en ellos, de un lado y de otro. Porque si le hubiesen quemado la casa a un poblador estoy seguro de que a nadie se le habría ocurrido jamás aplicar esa legislación. Y lamento tener que decirlo con tanta franqueza, pero estoy convencido de que es así.
Por ende, la discusión es si para contribuir a la pacificación de una situación conflictiva, real, en la que toman parte muchos actores, lo mejor es no hacer nada, o es preferible buscar una solución que apunte a reparar lo que para algunos constituye una tremenda injusticia o una situación inadecuada.
Entiendo que ciertos Honorables colegas no compartan el camino propuesto, así como yo no tengo el mismo convencimiento que otros en el sentido de que el proyecto es inconstitucional. No me cabe esa certeza ni en lo más mínimo. Pero sí creo -y me basta- que si media un propósito común se debe buscar una fórmula que concite mayor adhesión.
Tampoco me asusta ni desanima que se señale: "Esta solución es tan mala que miles de delincuentes van a querer pedir el mismo beneficio". Porque, en verdad, no comparto ese diagnóstico de la situación, no obstante que respeto tal juicio.
Por eso, cuando se propuso buscar otra vía, pensé que había un ánimo sincero y constructivo para ello.
Y, en ese contexto -o sea, la idea de modificar la Ley Antiterrorista, a fin de precisar la tipificación de ese delito, dejando fuera el daño a las cosas y, en particular, los incendios-, pensé que existía verdadera voluntad. Pero después no se avanzó -según entiendo-, porque no hubo la decisión ni la capacidad para encontrar esa voluntad colectiva. Y no sé si en verdad ésta existe. Ésa es mi gran interrogante.
Sería el primero en pedir que volviéramos a discutir el punto, que suspendiéramos la votación y que buscáramos otra vía, si hubiese voluntad efectiva de asumir que medió un acto discriminatorio en la forma como se procedió. Se aplicó la ley en un caso frente a hechos condenables. Pero pienso que deberíamos preguntarnos en nuestro fuero más profundo si acaso se habría obrado de la misma manera si quienes quemaron las casas de otras personas o si los que actuaron no fueran mapuches.
Me asiste la convicción de que esta Corporación tiene la responsabilidad de buscar soluciones cuando hay injusticia en determinadas situaciones. Ésa ha sido la voluntad de quienes hemos concurrido a respaldar la iniciativa. Y el Senador señor Navarro , con la pasión que lo caracteriza, fue muy categórico al señalar la cantidad de hechos involucrados. Por eso, cuando quienes rechazan el proyecto no manifiestan voluntades concretas, la duda que me surge es si realmente existe la voluntad para buscar otros caminos.
El Senador señor Espina sugiere una serie de condiciones, las que no dependen de los presentes en la Sala.
El señor ESPINA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor LETELIER .-
Trataré de explicar el porqué de mi afirmación. Porque Su Señoría propone diversas condiciones ajenas a nosotros. Haré un recuerdo de lo que expuso.
Por cierto, una cosa es que los afectados condenen el uso de la violencia. ¡Por cierto! Pero el que se garantice una cantidad de requisitos de desarrollo de la Región ¿según lo planteó, o como yo lo entendí- significa postergar cualquier tipo de decisión en esta materia por muchos meses, por no decir años.
Señor Presidente , con su venia concederé una interrupción al Senador señor Espina. Pero antes quiero preguntar lo siguiente: ¿Qué voluntad existe para buscar una solución? Porque durante ya varios meses se está debatiendo esta materia.
Si compartimos el hecho de que se presenta una situación discriminatoria que amerita un encauzamiento, lo que ayudaría a la pacificación, estoy cierto de que tendremos la creatividad suficiente como para buscar un camino distinto al aquí propuesto.
Señor Presidente , concedo una interrupción al Honorable señor Espina.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
No puede dar interrupciones, señor Senador, porque estamos en votación.
El señor ESPINA.-
¡Salvo por acuerdo unánime de la Sala, señor Presidente!
El señor LETELIER .-
Si el señor Presidente consulta a la Sala y existiera unanimidad, quizás se podría...
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si la Sala quiere cambiar el Reglamento, no tengo problema en acceder a lo que se solicita.
El señor ÁVILA.-
No estoy de acuerdo en que se cambie el Reglamento.
La señora MATTHEI .-
¡Para cambiar el Reglamento no, pero sí para que se conceda una interrupción!
El señor ÁVILA.-
Ésa fue la pregunta.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, por acuerdo unánime, se concederá una interrupción al Senador señor Espina.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría, con cargo al tiempo del Honorable señor Letelier .
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , agradezco al Senador señor Letelier su interrupción.
Es muy breve lo que quiero señalar.
Para que no quedaran dudas de nuestra voluntad, en el informe se hicieron constar -no tengo aquí el número de la página- las siete propuestas que hicimos. Y quiero decir más: al Senador señor Navarro , uno de los autores de la moción, se lo señalé hace varios días. O sea, no es una promesa en el aire. Están planteadas una por una. Y puedo asegurar que si un Ministro del Interior tuviese la voluntad de resolver la situación, lo haría. Porque no hay exigencias desmedidas. ¡Ninguna! Son cuestiones elementales las que se piden.
Su Señoría comprenderá que no es demasiado solicitar que se cuantifiquen los programas sociales del Gobierno para las comunidades mapuches de nuestra Región; que se alleguen los recursos; que se sepa cómo se entregan, a quiénes y cuándo.
Lo vimos con respecto al INDAP. Su Señoría lo planteó acerca de su Región. Yo quiero para la mía lo mismo: saber exactamente cuándo se van a entregar las 20 mil becas para niñitos mapuches que hoy día no tienen cómo estudiar.
¡Mire lo que quiero, señor Presidente ! ¡Una "barbaridad"! Quiero conocer cuál es la política de construcción de caminos para las comunidades que hoy día no tienen cómo trasladar su producción. Su Señoría conoce el problema, porque es Senador por una zona rural. Y ella puede no contar con muchas comunidades indígenas, pero en las zonas rurales viven campesinos a los cuales les debe pasar lo mismo.
Quiero saber qué vamos a hacer con los internados de los niñitos que asisten a escuelas unidocentes.
No estoy pidiendo al Gobierno -porque no soy tonto- que resuelva esto en 24 horas. Tampoco que los 180 mil habitantes de La Araucanía firmen una declaración contra la violencia. Simplemente, digo -ni siquiera pido que reconozcan los hechos de violencia hacia atrás- que rechacen la violencia. ¿Quiénes? Las personas que se vean beneficiadas por las decisiones que estamos tomando.
Nuestra voluntad de indulto está ahí, en el punto 6 de las bases para lograr una convivencia pacífica entre los habitantes de la Región de La Araucanía. Lo señaló el Honorable señor García , quien es el otro Senador de la Alianza en el sector.
No obstante, sí se precisa que una decisión de esta naturaleza, para que no sea cupular, obedezca al consenso básico de las principales organizaciones, ¡Consenso básico! ¿Están las comunidades de acuerdo? ¿Quieren incorporar algo adicional?
Éste es un punto. Son bases de un acuerdo.
Por lo tanto, lo que quiero clarificar es que para nosotros, que pasamos en la zona por lo menos 14 días al mes, la máxima aspiración es tener una Región pacificada, tranquila, donde a la gente se le respeten sus derechos y se pueda progresar.
Les aseguro que, de todos los Senadores y Diputados de la Región, ninguno quiere ver que se queme un campo.
El señor LETELIER .-
¡Era sólo una interrupción, señor Senador...!
El señor ESPINA.-
Entonces, termino aquí mi intervención.
Muchas gracias, Su Señoría.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, con lo que ha dicho el Senador señor Espina, me queda claro que su programa mínimo escapa con creces a lo que estamos debatiendo hoy día: cómo enfrentar una situación de discriminación.
Estoy disponible para respaldar su plan mínimo y el de todos los Senadores de La Araucanía. Pero lo que Su Señoría señala no tiene nada que ver con una aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista a un grupo de personas, pues lo que queremos es corregir eso para contribuir también a pacificar la Región.
Voto que sí.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , intervengo con el ánimo de que cada cual establezca su responsabilidad, a su manera, de acuerdo con lo que cree, sin violentar las creencias de los demás. Así que espero que, al igual como hemos escuchado las intervenciones de Sus Señorías, con respeto, la mía también reciba el mismo tratamiento.
El plan de desarrollo que sugiere el Senador señor Espina es una materia enteramente distinta a la que nos convoca y no es homologable. No son cuestiones que se puedan contrapesar.
Y la información que solicita es de uso cotidiano y permanente del Congreso Nacional. En estos días se encuentran sesionando las Subcomisiones Mixtas de Presupuestos, donde los diferentes Ministerios, servicios públicos y reparticiones están entregando antecedentes pormenorizados acerca de la ejecución presupuestaria de sus respectivos sectores.
El Senador señor Espina tiene esa información enteramente a su disposición. De manera que, a mi juicio, la condición planteada no es de una naturaleza tal que nos impida aprobar esta iniciativa, que tiene otro sentido.
¿Y cuál es ese sentido, señor Presidente ? Colaborar con la paz social. Puede que ello se consiga, puede que no. Porque a nadie le es factible adivinar el curso de los acontecimientos. Nadie tiene en sus manos el desarrollo social futuro. Ya no estamos en la época de creer que determinados oráculos o personas, por sus propias cualidades y virtudes, van a dirigir el sentido de futuro de la sociedad. De modo que puede ser y puede no ser. Pero lo importante es la inspiración. Ésta es ayudar a esas personas que realizaron una huelga de hambre extensa, larga en el tiempo, que conmovió al país, que tuvo impacto internacional, que incluso causó efectos no convenientes para Chile desde el punto de vista internacional y que genera dificultades en nuestra interlocución con otros Estados. Ellas no son menores si se observan en virtud de la estrategia internacional chilena y de nuestra apuesta por la globalización.
Que esas dificultades no se vuelvan a producir en la medida en que damos una mano, abrimos una ventana y nos jugamos una posibilidad. Pero no se trata de una posibilidad que tenga un camino seguro. Tal vez, las intolerancias, las confrontaciones y las agresividades puedan pasar por encima de esta voluntad de paz social, la que, en todo caso, no pierde legitimidad y validez. Hemos sido testigos de ello.
Yo represento a una zona en la que hay comunidades mapuches-huilliches. También representé, a mucha honra, a un distrito con fuerte contenido indígena en su composición territorial y social: la provincia de Arauco. Recuerdo que el año 2002, cuando asumí como Diputado , se hacían todo tipo de profecías. Lo mismo ocurrió al hacerlo Ricardo Lagos como Presidente . Es más, alguien por ahí sostuvo en un artículo de prensa que el "talón de Aquiles" de su Administración sería el indígena. Pero no fue así.
Al menos en el caso de la Octava Región, dentro del tiempo que tuve el honor de representarla, se desarrolló un plan que tenía como centro la adquisición de tierras. A este respecto, quiero decir al Senador señor Larraín -aunque se retiró- que la tierra es el problema central. Para las comunidades mapuches el desarrollo no se explica si no pueden acceder a ella. Por eso las cifras indican que la mayor inversión se ha hecho en ese sentido. Naturalmente, no es la única inversión. La adquisición de tierras no tiene exclusividad.
Pero, ¿dónde podrán ubicarse esas comunidades? ¿Dónde van a recuperar su identidad? ¿Dónde promoverán su cultura? ¿Dónde están sus ancestros? ¡En la tierra! Por eso es que tiene ese valor.
La tierra, desde el punto de vista de conflictividad en el sector indígena, constituye el problema central. Y han hecho bien los Gobiernos de la Concertación al enfrentarlo, con todas las imperfecciones que puede tener. Porque, claro, tampoco estamos en condiciones de vencer la cultura del mercadeo: que alguien por ahí arriende la tierra que se le compró.
Es obvio que una persona pudiere hacer mal uso de las decisiones tomadas por el Estado. No vivimos en una sociedad donde el ciento por ciento de la gente esté motivada por las mismas sensibilidades. Pero el hecho de que hayan sido adquiridas o traspasadas durante este tiempo cerca de 500 mil hectáreas desde Bienes Nacionales a las comunidades indígenas a lo largo de todo el país, en particular en la Octava, Novena y Décima Regiones, ha jugado un papel importante en favor de la paz social.
A lo anterior, como es lógico, hay que agregar desarrollo, subsidios de vivienda, fomento productivo y salud.
Recuerdo que en Arauco, cuando se dio inicio a un programa de Gobierno, las comunidades mapuches nunca habían sido atendidas, por ejemplo, respecto de una enfermedad oftalmológica tan importante como las cataratas. Se hizo la inversión, se enfrentó el problema y fue resuelto. Además, los miembros de esas comunidades no tenían dientes; nunca se les había prestado atención en ese ámbito. Pues bien, se realizó la inversión correspondiente y esas personas fueron asistidas.
Ciertamente, lo anterior tiene su importancia; ayuda. Sin embargo, el reclamo principal dice relación a la tierra. Porque la ausencia de ésta hace que el joven deba trasladarse a Santiago, a Concepción o a Temuco, quedar desarraigado, perder sus lazos, vivir en la pobreza en la ciudad y ser una persona marginal.
Entonces, así como cuando aprobamos la Ley Indígena asumimos que vivíamos en una región donde existe una alta conflictividad, yo ahora asumo que éste es un camino de largo plazo, que el problema no se soluciona de un día para otro.
¿Cuántos siglos duró la resistencia de los mapuches contra las tropas españolas? ¿Cuánto tiempo demoró el Estado de Chile en instalarse como tal? Más de cincuenta años después de la Independencia Nacional.
En consecuencia, estamos hablando de tiempos que son todavía breves, desde el punto de vista de una visión de Estado que permita la cohesión nacional, aceptando la diversidad y la integración de comunidades que han permanecido su vida excluidas en la pobreza y la marginalidad.
Sin duda, señor Presidente , debido a eso se ha acumulado rabia, impotencia y frustración, gérmenes de la violencia. Es lógico que allí se hayan sembrado las semillas del odio. Y no solamente se han sembrado, sino que, además, están vivas.
¿Cuál es la política que debemos seguir las fuerzas responsables? ¿Alimentar las semillas del odio? ¿Regarlas para que florezcan en nuevas confrontaciones?
¡No, señor Presidente, ése no es el camino!
Por ello, valoro el esfuerzo del Senador señor Navarro y la votación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual estimó que este proyecto de ley es constitucional. Porque, independiente de su letra -para mí su contenido es constitucional-, en la voluntad de esos legisladores hay en última instancia una manera de comprender cómo se hace paz social en este país.
Ahora bien, como estamos hablando de una situación conflictiva, deseo que nuestras responsabilidades queden establecidas aquí. Porque no sé qué ocurrirá si el día de mañana los mapuches retoman las huelgas de hambre; no sé que va a pasar si se producen nuevos enfrentamientos; no sé cuál será la explicación que Chile dé a la comunidad internacional.
Se trata de un problema cuya solución está en manos del país, del Estado. Sin embargo, debido a una falta de visión, éste no fue capaz de resolverlo. ¡Pero hoy el país sí puede!
Por lo tanto, si podemos solucionarlo, si podemos hacer una contribución desde la perspectiva de la paz, si podemos tender la mano, ¡entonces, hagámoslo!
Voto a favor.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Continúa la votación en forma nominal.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto por cinco minutos para fundamentar su voto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente , Honorables colegas, esta iniciativa tiene como origen el problema que afecta a un grupo de mapuches que están presos y a quienes se ha aplicado en forma inadecuada -así lo señaló, entre otros, el Relator Especial de Naciones Unidas para el tema- la calificación de "terroristas" por delitos que tienen un contexto claramente distinto y que se encuentran insertos en reivindicaciones de tipo étnico.
Considero, por tanto, primeramente que el proyecto apunta en un sentido apropiado al permitir dar solución a un asunto que ciertamente es más amplio y complejo y que ha alcanzado no sólo ribetes regionales en La Araucanía, sino también nacionales e, incluso, internacionales, con la denuncia del caso en numerosos foros.
Esta iniciativa -como lo manifestaron quienes me precedieron en el uso de la palabra y, fundamentalmente, los autores de la moción- persigue como finalidad obtener la paz social en una zona bastante conflictuada debido a los problemas por todos conocidos.
Éste es un asunto de larga data que ha motivado sendos informes de las ramas del Parlamento, sesiones especiales y que, evidentemente, trasciende la iniciativa en estudio. Circunscribir a ella el tema mapuche, y más aún el indígena, constituye una simplificación.
Por eso, estoy plenamente de acuerdo en que debiéramos tener una gran discusión para buscar la manera de resolver los problemas de fondo del pueblo mapuche.
En el ámbito jurídico, algunos señores Senadores han señalado que este proyecto sería inconstitucional. Sin embargo, quienes votamos a favor de él en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hicimos ver que está estructurado del mismo modo que la ley Nº 20.042, y como ella no fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, entendemos que la iniciativa que nos ocupa es constitucional.
Se ha dicho también que el proyecto podría contener un indulto. Sin embargo, el indulto extingue la responsabilidad penal, mientras que la libertad condicional sólo permite una forma de cumplimiento alternativo de la pena y se reserva, según la ley, a condenados cuya conducta hace posible augurar una adecuada reinserción en la sociedad. Además, ella se otorga, como el propio término lo señala, en forma condicional a que esa actitud se mantenga.
En segundo lugar, el indulto es una concesión que tiene, desde el instante mismo de su dictación, un sujeto claramente definido.
La situación que estamos comentando es absolutamente diversa, porque la iniciativa sólo apunta a permitir, en forma teórica, un beneficio administrativo cuya concesión se rige por procedimientos establecidos en el decreto ley Nº 321, previa solicitud, y, por tanto, no opera en forma automática.
Como consecuencia de esta normativa, entonces, no habrá indultados, sino sólo beneficiarios potenciales. Su aplicación en concreto se regirá por los procedimientos ya establecidos, y, en caso positivo, aquéllos sólo conseguirán un medio alternativo de cumplir la condena, sin que vean extinguida su responsabilidad penal.
Señor Presidente , manifiesto mi voto favorable a este proyecto, esperando que pueda contribuir a solucionar la situación puntual que se ha planteado, pero expresando, además, mi anhelo de que se avance en la solución del problema global del pueblo mapuche y de otras etnias, que tiene que ver con el reconocimiento de su carácter de pueblo originario y la extensión de las medidas de apoyo económico y social tendientes a superar la condición de pobreza y marginalidad que lamentablemente afecta a muchas de sus comunidades.
Voto que sí.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, voy a votar a favor. Es un proyecto que restablece condiciones de justicia, de equidad, y que contribuye a la paz social.
Además, deseo felicitar públicamente al Senador señor Navarro por su aporte a intentar generar un clima de convivencia pacífica y civil en la Región de La Araucanía.
Es muy pertinente el distingo que se ha hecho en el debate entre delitos o violencia de origen social y terrorismo. Tengo la impresión de que eso es un elemento central. Y comparto completamente un conjunto de afirmaciones en cuanto a que los actos por los que son condenados estos compatriotas indígenas no pueden caer bajo la figura del terrorismo, sin perjuicio de que sean actos de violencia, de violencia de naturaleza social. Porque hay un tema social en la base de los conflictos. En ese sentido, no es una violencia asimilable a la delincuencia común, pero tampoco al terrorismo.
A la vez, aquí ha habido también por parte de la justicia y de la autoridad una conducta de discriminación, porque respecto de actos similares otros ciudadanos chilenos de origen mapuche no han sido procesados por la Ley Antiterrorista.
Y la discriminación aplicada sobre comunidades que la han padecido históricamente tiene desde el punto de vista del Estado una connotación más grave. Es evidente que la ley debe ser pareja para todos, pero aquí ha existido discriminación.
Y estas culturas y pueblos, por lo menos durante toda la República, han sido objeto no sólo de una sistemática discriminación, sino también de despojo. Porque el tema de la tierra no es una cuestión teórica sobre el desarrollo: si lo importante es la tierra y si ésta basta para salir de la pobreza. Evidentemente, tierras pobres no reproducen riqueza. El asunto radica en que la reivindicación de la tierra es la reivindicación sobre un despojo, efectuado por el Estado y por particulares, al amparo de la ley.
Y el despojo se produce -eso siempre se olvida en esta discusión-, no respecto de las tierras originarias ancestrales, de cuando la Araucanía no estaba ocupada -porque la dominación española tuvo poca presencia en esta región-, sino sobre las tierras que el Estado de Chile asignó a las comunidades, en reducciones. Ésa es la reivindicación. Me tocó alguna vez conocer en terreno, hace muchos años, situaciones particulares de muchas de estas comunidades. Y lo que ellas reclaman son tierras asignadas por el Estado de Chile en las reducciones a que éste las sometió y que al final les fueron arrebatadas, de manera arbitraria, con el concurso, sí, de muchos jueces de la época. Y allí están la crónica, los mapas, las historias, y eso queda en la conciencia de las comunidades.
Entonces, aquí ha habido despojo. Y por eso el tema de la tierra es tan fundamental. Además, ello se debe a que en la cultura mapuche la tierra constituye un elemento central, no sólo de la producción, sino también de la cultura y de la propia identidad.
Por lo tanto, me causa cierta sorpresa cuando escucho tantas opiniones que desconocen datos tan esenciales de la historia colectiva de esta nación y del pueblo mapuche. Y cuando los Estados y los pueblos cometen errores y despojos históricos, tienen que caminar para repararlos. Porque, si no, las divisiones, los resquemores, las odiosidades siguen existiendo, no se despejan, no se generan las condiciones para una convivencia civil.
No se puede decir que las comunidades mapuches viven en la misma situación que los campesinos pobres. En alguna dimensión, sí, pues también se trata de comunidades campesinas y pobres, pero hay una especificidad de cultura y de historia.
Con este proyecto de ley no vamos a resolver todos los problemas, que son complejos y que habrá que afrontar. Y espero que durante la Administración de la Presidenta Bachelet efectivamente nos encaminemos a establecer un nuevo trato, un nuevo diálogo con los pueblos mapuches y sus organizaciones. Pero una actitud del Gobierno como la que hoy día se propone a través de la iniciativa del Honorable señor Navarro , en orden a solucionar un problema puntual humanitario por la vía de un gesto de pacificación por parte del Senado, en mi concepto, ayudaría mucho a enfrentar el conjunto de asuntos pendientes en la relación entre el Estado de Chile y nuestros compatriotas del pueblo mapuche.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , me gustaba más la solución que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento planteó al Gobierno, y a la que el Senador señor Espina hizo mención. Se trataba de una propuesta generalizada en ese momento, que consistía en buscar una manera de lograr un acuerdo entre las comunidades mapuches, con sus reivindicaciones de tierras ancestrales, y las personas que viven en ese lugar, las cuales también han debido enfrentar problemas y han sido objeto de violencia.
Por desgracia, esta salida no fue aceptada.
En dicho acuerdo, exceptuando algunos puntos, la Comisión, que está representada por casi todos los partidos políticos -yo diría que todos los que tienen un cupo en el Parlamento-, pedía a la Presidenta de la República que usara la facultad del indulto, pero que también analizara los problemas de pobreza, de tierra, que enfrentan los propios agricultores de la zona, etcétera.
A mi juicio, ésa era la mejor solución. Lamentablemente, no se dio.
Con relación al contenido del proyecto, he escuchado las intervenciones de los señores Senadores y todos hablan de una situación mucho mayor a raíz de un tema puntual. Al respecto, quiero decir claramente por qué me pronuncio a favor de la iniciativa, como se los señalé a los propios comuneros.
Aprobaré el proyecto porque considero que la aplicación de la ley antiterrorista no era la forma de resolver los delitos cometidos en ese momento. Éstos efectivamente se llevaron a cabo, pero perfectamente pudo haberse aplicado la normativa común. Sin embargo, se optó por imponer aquélla, lo que significó, desde el punto de vista jurídico, elevar la condena. En mi opinión, no correspondía aplicar la referida ley y, por ende, aumentar en grados la penalidad y la permanencia en la cárcel.
Éste es el punto central por el cual voto a favor del proyecto.
Espero que a estas personas, mediante la modificación del decreto ley Nº 321, de 1925, que se propone, se les dé la posibilidad de obtener la libertad con anticipación. Esto no significa que no hayan cometido el delito y tampoco que no se les sancione penalmente.
Repito: la ley antiterrorista no debió aplicarse en este caso.
Sin embargo, los temas de fondo que hemos estado discutiendo tenemos que resolverlos. Lo que me parece curioso -esto debiéramos abordarlo todos, en especial quienes pertenecemos a la Concertación- es que llevamos años en el Gobierno y todavía existe el problema. Por lo tanto, habrá que trabajar fuertemente para lograr una solución. Ya algo se ha hecho, pero todavía hay muchas cosas pendientes.
Pero -insisto- la mejor solución era otra.
Respecto de si la iniciativa es constitucional o inconstitucional, todos pueden dar su opinión, como lo hizo el Ministro de Justicia en su momento. Son puntos de vista. Todos sabemos que el órgano competente para determinar si un proyecto se ajusta a la Carta Fundamental es el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste el fallo. Así es.
En el Congreso se aprobó una normativa igual a ésta, y no fue declarada inconstitucional ni fue recurrida por los Parlamentarios. Por tanto, existe un precedente sobre la materia, que concedió la libertad a personas que cometieron delitos de violencia.
Tampoco creo, como se ha indicado aquí, que la iniciativa en análisis vaya a producir la salida de miles y miles de presos, dado que podrían invocar este beneficio. Si así fuera, en el caso descrito antes se habría originado el mismo efecto. De hecho la ley que se aplicó en ese minuto contemplaba delitos aún más graves. Los hechos delictivos que ahora nos ocupan se circunscribieron a la ley antiterrorista, pero no afectan a la vida de las personas, como sí se planteó en la situación anterior.
En consecuencia, dudo que se genere tal circunstancia. Es un tema absolutamente debatible, pero, a mi juicio -todos tienen su opinión al respecto-, de ninguna manera podría ocurrir.
Por otra parte, pienso que la justicia se puede equivocar. Nosotros tenemos el derecho, como todos los chilenos, a criticar los fallos que nos parecen erróneos, y no originamos con ello un conflicto institucional. Finalmente, quien aplica la ley e impone las sanciones son los tribunales, tal como sucedió en este caso particular. Sin embargo, uno tiene todo el derecho de señalar si la ley fue bien aplicada o no, o si la sentencia corresponde o no.
Por último, señor Presidente -y en esto seré muy claro-, no es admisible que a alguien que ha hecho valer sus derechos, como el ex Ministro Juan Agustín Figueroa , se le califique aquí de que ha mal utilizado la ley. Primero, porque no está presente y, segundo, porque quien hace uso de la ley le asiste el derecho para ello, como lo hace el pueblo mapuche, como lo hacen los agricultores de la zona y como lo tiene que hacer cualquier chileno. Por consiguiente, no es correcto emitir ese juicio respecto de una persona ausente y que, más encima, ha empleado los tribunales para su defensa.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la idea de legislar (20 votos en contra, 13 a favor y 2 abstenciones) y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Escalona, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Pizarro y Ruiz-Esquide.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
El Tiempo de Votaciones no se llevará a efecto, porque no hay quórum para tomar acuerdos.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A los señores Ministro de Obras Públicas , Alcalde de Osorno y Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Décima Región , relativo a REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN POBLACIÓN ORLANDO MUNZMAYER.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Alcalde de Osorno y Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Décima Región , tocante a PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS PLÁTANOS EN POBLACIÓN ORLANDO MUNZMAYER.
Al señor Alcalde de Osorno , pidiéndole adoptar medidas sobre EXTRACCIÓN DE BASURA DE SITIO ERIAZO, RESGUARDO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DICHO LUGAR Y DESTAPE DE ALCANTARILLAS.
Al señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Décima Región , solicitándole OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN POBLACIÓN ORLANDO MUNZMAYER Y EN SECTOR SUR DE RAHUE (todos de la Décima Región).
Del señor CANTERO:
A la señora Ministra de Salud , referente a INCLUSIÓN DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN PROYECTO DE NUEVO HOSPITAL DE CALAMA y al Secretario Ministerial de Salud de Antofagasta , solicitándole pronunciamiento sobre CONTAMINACIÓN DE BORDE COSTERO DE TOCOPILLA POR ÁRIDOS CON ÁCIDO Y CERROS DE CENIZAS.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Hacienda , y a las señoras Ministra de Educación y Subsecretaria de Desarrollo Regional, pidiéndoles INCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE ZONAS EXTREMAS Y DE PROVINCIA DE PALENA EN BENEFICIO DE ASIGNACIÓN DE ZONA.
A los señores Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca , relativo a APLICACIÓN DE LEY Nº 19.849 RESPECTO DE BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS DE SECTOR PESQUERO INDUSTRIAL.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DE HOGAR DE ACOGIDA PARA MUJERES EN AISÉN (Undécima Región).
Del señor ROMERO:
A los señores Ministro del Trabajo y Previsión Social , y Director del INP , pidiéndoles información sobre ESTADO DE SOLICITUD DE REAJUSTE DE PENSIÓN DE SEÑOR NEMESIO RAMÓN VÁSQUEZ, y al señor Alcalde de Quilpué , solicitándole antecedentes acerca de ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS EN ESTERO DE QUILPUÉ EN SECTOR DE BELLOTO NORTE (Quinta Región).
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El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional e Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL. OFICIO
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , atendido que no es una práctica común que los Gobiernos de la Concertación reconozcan los aportes de Parlamentarios en materias relevantes para el país y acojan tales propuestas y las implementen de forma adecuada, quiero expresar hoy mi satisfacción porque una idea surgida del Congreso, planteada y promovida por quien habla, relativa a crear un Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, ha terminado en una feliz iniciativa. El Gobierno ha dictado el decreto Nº 28, publicado el 2 del mes en curso, aun cuando fue promulgado el 10 de marzo del presente año. La responsabilidad del referido mecanismo de coordinación fue entregada al Ministerio de Bienes Nacionales.
Entre sus considerandos, señala: "Que la información sobre el territorio es un aspecto fundamental para el proceso de toma de decisiones en el ejercicio de la función pública. Estas decisiones deben basarse en una eficiente Gestión de la Información Territorial, entendida ésta como el conjunto de las actividades que realizan las personas e instituciones del país y que tienen por objeto la producción, desarrollo, actualización y traspaso de la información territorial.
"Que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales formar y conservar el catastro de los bienes raíces de la propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado.".
En su artículo 1º dispone: "Créase un Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, el que también podrá ser identificado mediante la sigla `SNIT¿," -exactamente la que propusimos en esta misma Sala hace largos tres o cuatro años- "en adelante el `Sistema¿". Y se indica que este mecanismo tendrá una coordinación interinstitucional.
Para el cumplimiento de sus objetivos -según dice el artículo 2º- el Sistema "deberá fomentar la gestión de información territorial en el país sobre la base de tres pilares tecnológicos: a) La georreferenciación del dato territorial, para lo cual se basará en un sistema geodésico único y homogéneo para todo Chile y que debe ser actualizado y mantenido en el tiempo; b) El manejo del dato territorial en red y en línea; y c) Su procesamiento por medio de sistemas informáticos.".
El artículo 3º dispone: "Este Sistema de Coordinación Interinstitucional se aplicará por todas las instituciones de la Administración del Estado que generen o sean usuarias de la información territorial pública en el país". Ello me parece, por cierto, muy positivo.
El mismo artículo agrega que es el Ministerio de Bienes Nacionales "el Órgano de la Administración encargado de coordinar a las instituciones del Estado en las materias propias de la Política de Gestión de Información Territorial.".
El artículo 4º expresa que "El Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial tendrá las siguientes funciones:
"1) Asesorar en la implementación de la Política de Gestión de Información Territorial, cuyas bases son las siguientes:
"1.1. Las instituciones públicas deberán informar permanentemente sobre la información territorial de carácter público que han construido y que construyen, manejan, gestionan y administran.
"1.2. Las instituciones públicas deberán publicar las características de la información territorial que manejan, mantienen, construyen y gestionan,...
"1.3. Las instituciones públicas deberán construir su información territorial sobre la base de las normas y estándares que el "Sistema", en coordinación con la Agencia Chilena del Espacio y con el organismo de normalización pertinente, proponga...
"1.4. Las instituciones públicas que construyan información territorial con recursos fiscales, deberán traspasarse esta información entre ellas sin costo, sin perjuicio del pago por los gastos administrativos y de insumos que la provisión de dicha información demande.".
Es algo que estimamos, por cierto, muy significativo. Hemos insistido incansablemente en el Congreso en la necesidad de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ponga gratuitamente a disposición de los interesados la información del censo, y no como lo hace hoy, a título oneroso. Y extremadamente oneroso.
Lo mismo se extiende al Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea y al Instituto Geográfico Militar, que generan cartografía digital de acceso excesivamente caro.
"1.5. El Sistema deberá garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de conocer la información territorial pública que existe en los organismos de la Administración del Estado,"¿
Al respecto, no puedo sino felicitarme de comprobar que en el Senado y, particularmente, en la Biblioteca del Congreso Nacional se mantiene una cartografía digital georreferenciada de excelente calidad, aun cuando no siempre bien valorada. A veces se enfrentan traspiés, como el registrado precisamente hoy, cuando la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado reclama por una cartografía digital inadecuada, lo que considero excesivo y bastante imprudente, porque la DIFROL no ha cumplido adecuadamente con la difusión de dicho material y de las fronteras. Y, por lo demás, tampoco ha defendido con la energía que corresponde las dificultades presentadas con países vecinos.
"2) Examinar de manera permanente las normativas técnicas y estándares que permitan la interoperabilidad de la información territorial".
La idea es que esta última sea compatible, lo que me parece estupendo. Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas, en cinco pisos, tiene -o tenía, para ser más justo y preciso- cinco sistemas distintos, incompatibles entre sí. Con el decreto en análisis se busca remediar esa situación y que ella no se repita en ningún otro sistema de la Administración del Estado.
"3) Estudiar y proponer normas, instrumentos y medidas que permitan fortalecer y promover la Política de Gestión de Información Territorial"...
Eso debiera alcanzar a toda la organización del Estado, con estandarización, capacitación permanente y financiamiento adecuado, para ir conformando un sistema nacional lo más racional, coherente y compatible que se pueda.
"4) Apoyar la mantención y gestión del Portal de la Información Territorial del Sistema.".
Es algo francamente loable.
"5) Asesorar en la promoción de la comunidad nacional de la Información Territorial, y
"6) Colaborar en la presencia y representación del país en la comunidad internacional de datos geoespaciales, sistemas de información territorial y todo tipo de instancias relacionadas con la gestión moderna de la información territorial, a través de sus representantes oficiales"¿
En seguida se incluye una serie de conceptualizaciones, con definiciones muy precisas: entre otras, gestión de información territorial, territorio, información territorial, información territorial básica, metadata, unidad de gestión de información territorial, etcétera. Ello debiera ser de uso común y aplicable por todos los usuarios del sistema.
El artículo 6º dispone que "El Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial estará integrado por el Consejo de Ministros de la Información Territorial, responsable de su coordinación superior y por la Secretaría Ejecutiva, responsable de la coordinación operativa"¿
El artículo 7º determina que "La conducción del Sistema corresponderá al Consejo de Ministros de la Información Territorial, el que estará integrado por el Ministro de Bienes Nacionales , quien lo presidirá," y por otros Secretarios de Estado.
Y se efectúan, en fin, varios otros alcances, definiéndose el rol del Consejo; el papel que juegan los ministros; las formas de coordinación; el hecho de que el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial contará con una Secretaría Ejecutiva, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, y toda una serie de otros elementos que van regulando la forma como deberá operar el Sistema Nacional de Información Territorial.
Considero muy importante este paso del Gobierno. Lo felicito, porque en el país ha habido una pérdida de tiempo mayúscula en esta materia. Nos hemos retrasado. Los órganos de planificación no han actuado con coherencia. Hemos dejado de recibir mucha información a lo largo del tiempo porque no se había implementado el SNIT.
Quiero poner de manifiesto que la iniciativa y las medidas son fruto del trabajo de Parlamentarios y, en particular, del Senado. Los primeros dos seminarios en el país se realizaron en la sede del Congreso, y específicamente, en la Cámara Alta.
Existe un proyecto de acuerdo firmado por diversos señores Parlamentarios que fue aprobado en forma unánime por esta Corporación y remitido al Gobierno.
Por ello, manifiesto mi congratulación. Y quiero que se exprese a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , mi valoración por el avance logrado.
Asimismo, deseo consignar que estimo aconsejable que cuando se implementen iniciativas de esta naturaleza se aprecie la gestión de instituciones que, en mi opinión, efectúan un aporte relevante al Congreso.
La organicidad e institucionalidad deben autorreferenciarse. Además, hay que valorar el trabajo de interacción. En el caso que nos ocupa, el Parlamento -y particularmente el Senado- ha realizado un aporte muy relevante a la administración, gestión y promoción de la información territorial.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Honorable señor Cantero, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ningún otro señor Senador intervendrá en el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , en forma muy breve, deseo exponer tres asuntos.
PLANTEAMIENTOS SOBRE SECTOR SALUD DE SEXTA REGIÓN. OFICIOS
El señor LETELIER.-
Me referiré en primer lugar a la situación de la red de salud de la Sexta Región, que se halla encabezada por el hospital regional, en la ciudad de Rancagua, con un conjunto de establecimientos tipos 3 y 4 distribuidos en sus tres provincias.
El diagnóstico resulta crítico. Se trata de la Región del país donde hay menos funcionarios, médicos y profesionales per cápita.
Tan dramático es el caso que ni siquiera existe, en toda la Región, un dermatólogo en el Servicio de Salud. Y lo planteo para exponer un cuadro hasta caricaturesco de la precariedad extrema en ese ámbito.
No se dispone de una unidad de cuidados intensivos (UCI) para atender las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, como tampoco de la SOME adecuada en el hospital de San Fernando.
Los enfermos psiquiátricos no cuentan con ninguna cama de corta estadía. Ha llegado al límite la realidad de las camas críticas en el hospital, donde se registra un tremendo déficit.
Y a ello se suma, señor Presidente , el punto que deseo señalar en esta ocasión, relativo a lo que algunos podrían considerar un uso irracional de recursos públicos -otros tal vez usarían un calificativo un poquito más fuerte-, en particular de aquellos entregados a través del Fondo Nacional de Salud para las personas que requieren diálisis.
Señor Presidente , durante estos meses he ido investigando cómo se usan los dineros en el caso de los pacientes de aquella índole. Y, tras ello, me pregunto por qué la atención pertinente no se concentra en los establecimientos hospitalarios de la Región y por qué han aflorado tantas clínicas que venden prestaciones de hemodiálisis al servicio público si existe la posibilidad, con los mismos recursos del FONASA, e incluso a más bajo costo, de tener las instalaciones respectivas dentro de tales establecimientos.
¿Cuál es la parte más alarmante? Que muchas veces los mismos facultativos que laboran en la red pública de salud son dueños de los centros de hemodiálisis que venden servicios al sector estatal.
Algunos, con esa particularidad que tenemos los chilenos de buscar la vuelta a las cosas, señalarán que eso no es ilegal. Pero, ciertamente, es inmoral, por decir lo menos.
En atención a esa realidad, señor Presidente , solicito que se me remita una lista de todas las Regiones del país donde existen centros de hemodiálisis en convenio con hospitales públicos; que se precise cuántos son esos centros y quiénes son sus propietarios, y que se contrasten los nombres de los representantes legales y de los miembros de las respectivas sociedades con los de personas que tienen contrato con el Estado, en general, y con los servicios de salud, en particular.
Lo señalo porque estoy próximo a presentar una moción destinada a establecer la absoluta imposibilidad de que un profesional que trabaja en el sector público termine vendiendo servicios a éste. Ello me parece incompatible, más aún en el ámbito de la hemodiálisis, que es altamente sensible. Algunos dicen que en las comunas intermedias, dada la relación existente entre los profesionales, incluso se induce a los pacientes a ir a determinado centro.
En general -debo reconocerlo-, los pacientes AUGE son atendidos maravillosamente en nuestro país. Si hay un avance significativo en salud, éste es uno. Y ahí no tengo ninguna crítica sobre la calidad del servicio ni del sector público ni de los privados que venden prestaciones al Estado.
Sin embargo, considero que se debe regular la situación y asegurar la transparencia, y no sólo en la forma, sino también en el fondo.
Solicito, por tanto, que se oficie a la señora Ministra de Salud y a cada uno de los servicios de salud para que informen al respecto y de la manera más detallada posible.
Junto con lo anterior, pido que se oficie a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro de Hacienda para que nos señalen cuáles serán los proyectos de infraestructura para la red pública de salud de la Sexta Región en la próxima Ley de Presupuestos.
Sobre el particular, solicito que, como mínimo, se contemple la constitución de un fondo para camas de corta estadía destinadas a pacientes psiquiátricos; que, como mínimo, exista una unidad de camas críticas en el Hospital Regional de Rancagua; que, como mínimo, haya en este establecimiento una UCI infantil; que, como mínimo, se implemente una UCI en el Hospital de San Fernando, con el fin de atender las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.
De la misma forma, señor Presidente , pido que se realice una inversión en infraestructura mínima para mejorar el espacio donde trabajan los funcionarios de salud en la Sección de Orientación Médica y Estadística (SOME).
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTACION BÁSICA RURAL EN SEXTA REGIÓN. OFICIO
El Señor Letelier.-
Además, señor Presidente , pido que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas con el fin de que se me informe sobre el uso de recursos para pavimento básico rural en la Sexta Región, y en particular en los lugares densamente poblados.
¿Cuál es mi inquietud?
En la comuna de Coltauco, las zonas más densamente pobladas son tres: los sectores de El Molino y Loreto, que en forma creciente se están interconectando, y la localidad de Rinconada de Parral.
Deseo saber si se contemplan proyectos de inversión en pavimento básico rural especialmente en el sector de Loreto, en la calle Juan Pablo II; en el sector de El Molino, en las tres calles que lo articulan de Este a Oeste; y en el sector de Rinconada de Parral, en la extensión del primer circuito.
De la misma forma, solicito que se me informe sobre el proyecto de pavimento básico rural en la comuna de Pichidegua.
--Se anuncia el envío del oficio correspondiente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
NECESIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE RIEGO EN LA SEXTA REGIÓN. OFICIOS
El Señor Letelier.-
Por último, solicito que se envíen oficios a los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del INDAP.
Señor Presidente, es deseo general que las inversiones que realiza el INDAP avancen y lleguen a todos.
Existe para la comuna de Coltauco un proyecto de riego que beneficiaría a segmentos amplios de vecinos. Éstos quieren superar los esfuerzos ya históricos que deben realizar para poner "patas de cabra" en el río Cachapoal a los efectos de conducir el agua.
Parece casi arcaico tener que plantearlo en estos tiempos, por cuanto, si INDAP estuviese haciendo bien su trabajo, habría garantizado que aquello ocurriera, tras los estudios de rigor.
Pero lo sorpresivo es que a la Sexta Región, por algún motivo -algunos podrán imaginarlo; otros, quizá no-, no se le destinan los recursos en general para los proyectos de Doñihue y de Coltauco, donde hay pequeños agricultores que quieren mejorar sus condiciones de regadío.
En tal virtud, deseo que se oficie a los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del INDAP a fin de solicitarles la destinación de recursos para el financiamiento de proyectos de riego que permitan terminar con las "patas de cabra", conducir adecuadamente las aguas y mejorar las bocatomas en la comuna de Coltauco.
En especial, pido que me informen cómo lo van a hacer, para que lo propio ocurra tanto en el estero Purén, con las aguas que se conducen a Rinconada de Idahue, como, en general, en la bocatoma del sector que riega las localidades de Idahue y San Luis.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Senador señor Gómez.
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROGRAMA DE CANAL 11 RELATIVO A CALAMA. OFICIOS
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , quiero usar estos minutos para hablar de un programa que transmitió hace algunos días Canal 11 (Chilevisión) sobre Calama , donde se la muestra como una ciudad llena de...
El señor LETELIER .-
Malos hábitos.
El señor GÓMEZ .-
...lugares en los cuales se realizan actividades que se presentan como una situación compleja para toda su comunidad.
Calama tiene miles de problemas, no obstante ser la ciudad desde donde se saca la mayor cantidad de recursos para el país. El Metro de Santiago y todo lo que se construye en el resto de Chile se financia fundamentalmente con el producto del trabajo realizado en esas tierras por sus miles de habitantes.
Por eso, decir en un programa de televisión que ahí hay schoperías, casas de prostitución, en fin, y que eso es Calama en lo esencial, me parece un insulto y una agresión a las muchas personas que viven sacrificadamente en el desierto.
Al revés, señor Presidente , debería mostrarse cómo es Calama y de qué manera vive su gente: las calles no se encuentran pavimentadas, están llenas de hoyos; no hay lugares de esparcimiento; existen miles de dificultades.
Pero no: se usan minutos y minutos de televisión para mostrar una ciudad casi convertida...
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En Sodoma y Gomorra .
El señor GÓMEZ .-
...en Sodoma y Gomorra .
Me parece una falta de respeto a los miles de calameños -a sus hombres, mujeres, niños, trabajadores- que se haya procedido de esa manera.
Y lo digo porque he recibido llamados telefónicos a través de los cuales me preguntan qué opino sobre el particular.
Señor Presidente , pienso que los tiempos de la televisión debieran utilizarse para levantar o buscar fórmulas destinadas a solucionar los problemas de este país.
Calama, realmente, necesita mucha ayuda. Y el Gobierno, nosotros, todos somos responsables de que esa ciudad esté en las condiciones actuales: falta de pavimento, carencia de infraestructura, en fin. Son muchas cosas, las cuales deberían ser financiadas con los fondos nacionales, que se asignan para la construcción de miles de caminos, de numerosos hospitales y colegios, pero que no se destinan a Calama.
Por eso -¡lo digo con indignación!-, me parece el colmo que se haya actuado de la forma indicada.
Señor Presidente , el Consejo Nacional de Televisión es el organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. Por lo tanto, tiene que preocuparse de saber cómo y por qué se transmite ese tipo de programas.
Al efecto, la ley N° 18.838, en el artículo 12, letra l), dispone: "El Consejo deberá dictar normas generales para impedir efectivamente la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres."
¿Por qué menciono esto? Porque es necesario que se haga ver al Canal 11 la forma en que el programa en cuestión ha afectado a las personas que -como dije- viven sacrificadamente en el desierto.
Soy defensor de la libertad de expresión y de la capacidad de investigación. Creo que tanto los periodistas como los medios tienen todo el derecho a investigar y a denunciar hechos que la ciudadanía debe conocer. En este aspecto, han sido de mucha importancia. Pero me parece que no corresponde estigmatizar a una ciudad completa, pues en el caso de Calama no se mostró la realidad que viven sus esforzados trabajadores.
Por esa razón, solicito que se oficie al Consejo Nacional de Televisión a fin de que realice una investigación sobre el punto y adopte las resoluciones del caso.
Creo que ello resulta indispensable -y no implica un ataque a la libertad de expresión-, por cuanto no es justo que una ciudad sea estigmatizada en la forma como se hizo con Calama en el programa de televisión mencionado.
Señor Presidente, concedo una interrupción al Senador señor Cantero.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, en primer lugar, comparto la molestia expresada por el Honorable colega en orden a que los habitantes de Calama han sido estigmatizados y adhiero a su petición de oficio.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Gómez, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Cantero .
El señor CANTERO.-
Por mi parte, pido que se oficie también a Canal 11 (Chilevisión) para manifestar la protesta, tanto de Su Señoría como de quien habla, por el sesgado programa que se difundió, donde se distorsiona gravemente la realidad de una comunidad que, como la de todas las urbes, tiene problemas; pero eso no significa que sea un gueto donde se viva con total liberalidad. Allí habitan muchos compatriotas que con su trabajo contribuyen a generar riqueza.
Por cierto, Calama se halla ubicada en una de las provincias que más recursos aportan al erario, porque en ella se extrae nuestro mineral más importante: el cobre.
Se trata de una ciudad constituida por gente esforzada, que posee buenos hábitos ciudadanos, que vive dignamente en una cultura y con una ética y una moral acordes con la realidad de Chile. En consecuencia, se ha sesgado, estigmatizado y violentado de manera injusta su forma de vida.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
HABILITACIÓN DE OFICINAS REGIONALES DEL SENADO. OFICIOS
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ha llamado la atención un comunicado que entregamos junto con el Honorable señor Gómez en el sentido de que tenemos el interés y el compromiso de habilitar en nuestra Región una oficina conjunta que encarne y represente formalmente al Senado.
Como esa experiencia ha despertado vivo interés entre los demás Senadores, quiero pedir que se envíe oficio a los encargados del Programa de Modernización del Congreso Nacional -en particular, de la Biblioteca-, haciéndoles notar que pareciera aconsejable auscultar la necesidad de establecer un espacio físico que sea la continuidad del edificio central del Poder Legislativo. Y en él, entre otras cosas, se podría instalar un "Infomático", que ya hemos conocido aquí y sobre todo en la Biblioteca.
La idea es contar con un terminal que comunique directamente a las Regiones con los servicios y órganos del Parlamento que mantienen viva interacción con la comunidad. De esa manera, tanto los ciudadanos interesados en las leyes como los abogados y las instituciones que deseen conocer la evolución jurídica de los distintos cuerpos legales podrían acceder a ellos.
También se busca favorecer la presencia institucional del Senado al contar allí con una oficina de partes formal, que registre las inquietudes que la gente quiera hacer llegar a esta Alta Cámara, o con profesionales para orientarla, fortaleciendo esta acción a través de la referida instancia virtual.
Sin perjuicio de que tanto el Senador señor Gómez como el que habla tenemos nuestras propias oficinas, estamos interesados en habilitar una en común, porque hemos comprobado, en un corto plazo, el interés y la expectativa que existen en los chilenos por profundizar la interacción con el Poder Legislativo y sus Parlamentarios.
Reitero, señor Presidente, que me parece de vital importancia hacer llegar este planteamiento a las autoridades del Proyecto de Modernización del Congreso Nacional, y sobre todo de la Biblioteca, que lleva adelante ese proceso.
Además, estimo pertinente que se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales para que nos informe si en las cabeceras regionales existe algún bien fiscal que pueda constituirse en la proyección del edificio central del Parlamento, de modo que en cada una de ellas contemos con un "Infomático", a los efectos de potenciar la labor del Senado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:21.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE AMPLÍA LOS SUPUESTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA CALIFICADA (4487-07)
Honorable Senado:
Los episodios delictuales que a diario se suscitan en nuestra sociedad, se han transformado en una rutina ante la cual no podemos permanecer indiferentes. Se agrava dicha circunstancia si consideramos que en los últimos tiempos se ha favorecido a quienes aparecen realizando ilícitos, antes que al ofendido por tales conductas, lo que no pasa desapercibido. La absurda inversión de papeles que en la practica se da a menudo entre agredido y agresor es tema recurrente; como también lo son las desventajas normativas de las victimas y las limitaciones que a priori se encuentran establecidas para quien defiende su indemnidad o la de los suyos. Es por ello que con la presente moción pretendemos perfeccionar nuestra normativa sobre legítima defensa privilegiada, en términos tales de ampliar su procedencia, garantizando a su vez que ella no será utilizada a fin de amparar conductas ilícitas.
La legítima defensa, es una institución que la doctrina penal trata como causal de justificación. En la teoría del delito -definido aquél como “acción u omisión típica, antijurídica y culpable”- las causales de justificación operan como excluyentes de la antijuridicidad, de modo que al concurrir éstas, una conducta típica pasa a conformarse con el Derecho.
En nuestro ordenamiento, la legítima a defensa se encuentra regulada en el artículo 10° del Código Penal, números 4°, 5° y 6°. Este precepto hace distinción entre tres clases: la propia, del cónyuge y parientes y de extraños.
Los presupuestos de su ejercicio, señalados en el número 4° son:
a) Agresión antijurídica actual o inminente
b) la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque; y
c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Respecto de la defensa de parientes, la norma agrega como requisito en el número 5°, que “en caso de haber precedido provocación por parte del acometido, no tuviere participación en ella el defensor”. Respecto de la defensa de extraños, agrega como requisito en el número 6°, que “el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo”.
Existe una presunción de la concurrencia de los requisitos señalados, en la parte final del N° 6: “Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias o, si es de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 365, inciso segundo, 390, 391, 433 y 436 de este Código." Esta presunción configura la legítima defensa calificada.
Nuestra propuesta es la modificación del artículo 10 del Código Penal, en sentido de ampliar los supuestos de la legítima defensa calificada, a los numerales 2 y 3 del artículo 440, del mismo código, lo que justificamos basándonos en los derechos fundamentales consagrados en los numerales 5º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en los que se asegura a todas las personas respectivamente los derechos a la inviolabilidad del hogar y a la propiedad.
A fin de evitar que en el uso de la legitima defensa se cometan excesos, los que pueden ser lesionar ilícitamente otros derechos fundamentales de igual o mayor fuerza, es que se elimina la presunción de derecho en cuanto proporcionalidad del medio utilizado como requisito de procedencia de la legítima defensa, pasando a presumirse de forma simplemente legal, como ocurre a la fecha con los demás requisitos. De esta forma, quien ha obrado amparado en una legítima defensa privilegiada no deberá acreditar ninguno de los elementos de la misma, siendo carga de prueba del agresor probar en forma legal que ellos no han concurrido en el caso concreto.
De esta forma consideramos que se ponderan debidamente todos los derechos y garantías constitucionales en juego, ampliando de manera eficaz la protección de quien obra amparado por legitima defensa en delitos que por su connotación y frecuencia, deben ser eficazmente abordados desde la perspectiva legislativa, de manera tal de lograrse los fines de prevención de delitos que subyacen al Ordenamiento Jurídico Penal.
Por las razones expuestas, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
Artículo Único: Reemplácese en el artículo 10, número 6 del Código Penal, la expresión “ cualquiera que sea el daño que se ocasionare al agresor; respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo 440”, por “ respecto de quienes rechazan la entrada en los términos indicados por el artículo 440”
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador. Antonio Horvath Kiss, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, PROKURICA, LETELIER, LONGUEIRA Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DEUDA DE TRABAJADORES POR CRÉDITOS DESCONTADOS POR PLANILLA (4488-13)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numeral 24º y 63º de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1.-Que la creación de un número significativo de instituciones financieras y la fusión de algunas de las existentes, así como la incorporación de otras entidades al mercado del crédito han generado un nuevo panorama en dicha área, caracterizado por una mayor competencia y agresivas políticas comerciales.
2.-Que como consecuencia de ello y del mejoramiento de la situación económica del país y de las expectativas de la población, se ha registrado en los últimos años un fuerte incremento en las colocaciones.
3.-Que con el objeto de otorgar mayor seguridad a las instituciones y facilitar el pago a los beneficiarios, se ha incrementado la práctica de incorporar en los contratos cláusulas tendientes al descuento por planilla de los pagos mensuales, recogiendo la positiva experiencia de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, regulados por la ley 18.833.
4.-Que sin perjuicio que esta práctica beneficia al receptor del crédito al facilitar su obtención como consecuencia de existir una mayor seguridad en el cobro, resulta también un riesgo, pues se ha comprobado que, en muchos casos, el empleador procede a realizar los descuentos sin enterarlos a la entidad otorgante.
5.-Que lo anterior genera evidentes e injustos problemas a los trabajadores afectados, al ser ingresados a bases de datos como deudores y ser demandados judicial y extrajudicialmente al pago de sumas que ya les han sido descontadas.
6.-Que el artículo 58 del Código del Trabajo se refiere a este tipo de descuentos, pero no contempla una solución para dicho problema, restringiéndose a establecer limitaciones para el uso de este mecanismo con el objeto de proteger las remuneraciones de los trabajadores.
Por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: En toda operación de crédito cuyo pago se pacte a través del descuento, por parte del empleador, de sumas o porcentajes de las remuneraciones del trabajador, practicada dicha deducción se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la entidad acreedora, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de los montos no enterados.
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador.Baldo Prokurica Prokurica , Senador,Juan Pablo Letelier Morel,Senador. Pablo Longueira Montes, Senador.Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON HELMUT FRENZ (4493-07)
Honorable Senado:
Considerando:
Por la presente Moción, tenemos el honor de presentar a la consideración de esta Honorable Corporación un proyecto de Ley que tiene por objeto otorgar por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Helmut Frenz, como reconocimiento a su labor en favor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de la paz en nuestro país.
Helmut Frenz nace en la ciudad de Allenstein Alemania, el 4 de febrero de 1933.
Cursó estudios de teología en las Universidades de Bonn; Goettingen y Kiel donde fue alumno de los más famosos Teólogos como Kart Barth; Ernst Kaesemann; Gogarten; Fuchs y Noth.
Es ordenado Pastor Luterano en 1959, ejerciendo durante 6 años su labor en Alemania.
En 1965 arriba a nuestro país Hermut Frenz para ejercer como Pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la ciudad de Concepción, desarrollando una destacada labor.
Su viaje a Chile se debió principalmente a su compromiso con los habitantes del denominado Tercer Mundo, lo que lo llevó a reorientar el trabajo que realizaba la Iglesia Luterana de Concepción, hacia una labor junto a los sectores más desposeídos de esa ciudad.
Por tal motivo, desarrolla trabajos en la cárcel de Concepción para ayudar a los niños encarcelados y en diversos campamentos poblacionales de la localidad de Hualpencillo ya que debía seguir -según sus propias palabras– los dictados del Nuevo Testamento y el ejemplo del “Buen Samaritano”.
En 1970, es elegido Obispo por El Sínodo de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, trasladándose a Santiago.
En Santiago, funda la Organización Ecuménica “Diaconía”.
En Septiembre de 1973, a días del golpe militar, funda la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR), la cual fue reconocida por el alto Comisionado de las Naciones Unidas y el gobierno militar, ayudando a prestar ayuda social, espiritual y jurídica a unos 7.000 refugiados extranjeros a salir de Chile.
En conjunto con el Cardenal Don Raúl Silva Henríquez (Q.E.P.D.), funda el Comité de Defensa de Derechos Humanos, el cual posteriormente pasó a denominarse Comité de Cooperación para La Paz en Chile, en el cual compartió la Presidencia con el Obispo Fernando Ariztía Ruiz.
En reconocimiento a su labor humanitaria, el alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, príncipe Saddrudin Aga Khan, le otorgó en 1974, la más alta distinción de la ONU; la medalla Friedjof Nanssen.
En 1975, funda otra organización de carácter ecuménico; la “Fundación de Ayuda Social de las iglesias Cristianas” FASIC, una de las más importantes en el área de los Derechos Humanos, desde esa fecha hasta el presente.
Debido a su abnegada labor, el 3 de octubre de 1975, es decretada su expulsión de Chile, siendo además disuelto el Comité para la Paz en Chile. Este comité será refundado, pasando a denominarse Vicaría de la Solidaridad.
Establecido en Alemania ocupó, por más de 10 años, el cargo de Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional, preocupándose especialmente de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en nuestro país, y de acoger a los exiliados que llegaban a esa nación. De igual forma, denuncia ante la sociedad alemana, los excesos que se cometían en la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
Por tanto, nadie puede desconocer hoy su enorme labor de denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrían en nuestro país, lo que implicó que cientos de chilenos se encuentren hoy con vida, y miles hayan recibido asilo en diversos países de Europa.
Sin embargo a pesar de que diversas organizaciones de Derechos Humanos nacionales han reconocido su labor, entregándoles diversos premios y distinciones, y que formó parte de los invitados especiales a la asunción de Patricio Aylwin como Presidente de la República, el Estado chileno no ha realizado todavía un real gesto de reconocimiento a su labor en promoción de la vida y la paz.
Se suma a lo anterior que hace algunos meses viajó a Chile, específicamente a la ciudad de Valparaíso, para establecerse definitivamente en nuestro país, al cual considera su patria.
En merito a lo expuesto y de conformidad al artículo 10 N°5 de la Constitución Política de la República, es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo único: Concédase la nacionalidad chilena por especial gracia, al señor Helmut Frenz.
(Fdo.):Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador. Jaime Naranjo Ortiz, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS NACIONALES INMATERIALES (4494-04)
Honorable Senado:
Considerando:
El año 2003 la UNESCO estableció la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial - Patrimonio Cultural Inmaterial ( PCI) a la cual han adherido hasta este momento 61 países.
Esta convención define el PCI como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos y en algunos casos, los individuos son reconocidos como parte integrante de su patrimonio cultural en los siguientes ámbitos:
•Tradiciones y expresiones orales, incluído el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
•Artes del espectáculo como la música tradicional, la danza y el teatro;
•Usos sociales, rituales y actos festivos;
•Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y universo;
•Técnicas artesanales tradicionales.
Para ser considerado dentro de PCI es necesario que :
•Se transmita de generación en generación;
•Sea recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia;
•Infunda a la comunidad y los grupos un sentimiento de identidad y continuidad;
•Promueva el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana;
•Sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes;
•Cumpla los imperativos de respeto mutuo entre comunidades grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
En Chile existen una serie de expresiones culturales inmateriales como son la Fiesta de la Tirana; el Nguillatun; los bailes de la Isla de Pascua, entre otros.
Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene este tipo de manifestaciones en nuestro país, la Ley de Monumentos Nacionales no incorpora la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Es tan cierta esta situación, que recientemente el Ministerio de Educación por intermedio del Decreto Exento 670, en relación a la Fiesta de Quasimodo debió declarar como monumento nacional 6 elementos tangibles de ésta y no la fiesta misma.
Tal como lo define la UNESCO "el patrimonio vivo, es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación es una garantía de creatividad permanente", por tanto es nuestro deber asegurar la sobrevivencia de éste.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta a esta Honorable Corporación para que apruebe el siguiente Proyecto de Ley:
Proyecto de Ley
Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo primero de la ley 17.288.-
"Serán considerados también monumentos nacionales de carácter inmaterial las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro), los usos sociales rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como las técnicas artesanales tradicionales, todos de acuerdo a la definición que hace de ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ".
(Fdo.):Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador. Jaime Naranjo Ortiz, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FREI (DON EDUARDO) Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INSTITUYE EL 22 DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL DEL FOLCLOR CHILENO(4495-05)
Honorable Senado:
Considerando:
El Folclor es toda costumbre que se transmite de generación en generación, adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Es la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, la manera de sentir a los muertos, de celebrar a los santos, en fin todas las manifestaciones comunes de la gente de un determinado país que satisface las necesidades espirituales o materiales que sienten. Por eso mismo el conocimiento del Folclor es la manera más directa de conocer profundamente a un pueblo, tal como el propio origen de la palabra lo indica, en su versión inglesa: "Folk" pueblo y "Lore" conocimiento.
En nuestro país hace muchos años que se ha tratado de profundizar sobre esta materia, sin embargo hasta la fecha no se le ha dado la importancia que el tema en si merece, más aún cuando nos vemos enfrentados a un mundo cada vez más globalizado en que las costumbres foráneas penetran de manera invasiva en nuestra cultura. Por tal motivo, la práctica y el fomento del folclor viene a cumplir un objetivo fundamental, el cual es motivar a nuestro pueblo a reconocerse a si mismo en su propio espíritu.
Sin una individualidad nacional, expresada a través de nuestras propias manifestaciones, tenderemos a imitar la manera y la forma de otros, lo que siendo una mera copia nunca dará la satisfacción que produce la autenticidad de lo propio. El conocer y asimilar nuestras raíces garantiza no perdernos en un mundo que rompe fronteras y trata de uniformarlo todo.
Tan importante es el folclor en otras latitudes, que incluso la UNESCO en 1960 instituyó el día 22 de agosto como el Día Mundial del Folclor, lo que demuestra la verdadera importancia que éste tiene para los pueblos. Por lo cual resulta insólito, que en nuestro país no se celebre este día como corresponde, y una fecha tan importante pase desapercibida como ocurrió el reciente 22 de Agosto.
Tenemos la necesidad como pueblo de conservar y recordar nuestras raíces para poder construir un futuro más sólido con confianza y seguridad en nuestra propia identidad y en nuestra memoria histórica.
Si bien es cierto hoy en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Cueca y el Día Nacional del Huaso, no existe una fecha que abarque en forma integral la conmemoración de las distintas expresiones culturales que forman parte de nuestro folclor.
Por tal motivo, considero ineludible instituir en Chile el Día Nacional del Folclor, el que será una ocasión para conectar y acercar a nuestra ciudadanía con sus orígenes; un día para que los centros educacionales, instituciones públicas y privadas realicen actividades para promover el folclor chileno en todas sus expresiones en el entendido que estas actividades incrementarán nuestros valores y principios como nación y motivará aún más a quienes anónimamente a lo largo y ancho de nuestro país cultivan las diversas expresiones de nuestra chilenidad.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Honorable Corporación apruebe el siguiente Proyecto de Ley :
PROYECTO DE LEY
Artículo único: se instituye el día 22 de agosto como el Día Nacional del Folclor Chileno.
(Fdo.):Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador. Jaime Naranjo Ortiz, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE CONGRATULA A INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO Y A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y FRANCIA POR SU VOLUNTAD DE PONER TÉRMINO A LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN VASCONGADA (S 901-12)
Honorable Senado:
1. Que la vinculación entre Chile y el País Vasco, se remonta a los orígenes mismos de la nación chilena, con la llegada de los primeros inmigrantes venidos de esas tierras que empeñaron su laboriosidad y tesón en la construcción de esta nueva patria. La asimilación de los vascos fue determinante para contribuir sin duda a forjar nuestra identidad nacional, al extremo de que un gran pensador, como don Miguel de Unamuno, llegó a decir que Chile es una de las mayores creaciones de ese pueblo.
2. Que la reflexión anterior compromete nuestro interés y preocupación por los asuntos de la nación vasca, particularmente la violencia y división que la han asolado desde hace años.
3. Que en tal contexto de preocupación e interés observamos con optimismo los últimos acontecimientos que dan cuenta de nuevos caminos de paz que se abren para el pueblo vasco, condición indispensable para afianzar una sociedad democrática, prospera y justa. Asimismo, nos congratulamos por la decisión de la organización ETA de anunciar un alto el fuego permanente.
4. Que el Senado de Chile es el foro ciudadano en que el pueblo manifiesta sus distintas opciones democráticas y, por lo tanto, expresa con autoridad el sentir de los chilenos.
Acuerdo
En consideración a los planteamientos precedentes, el Senado de la República acuerda
Reconocer y congratular a los partidos políticos, a las entidades civiles del País Vasco, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a los Gobiernos de España y de Francia, por su voluntad e iniciativa de impulsar el proceso tendiente a terminar con el flagelo de la violencia y de la división e instalar, en su lugar, un escenario de paz que permita el libre ejercicio de todas las libertades políticas, respetando plenamente la soberana voluntad democrática del pueblo vasco.
(Fdo.) Allamand Zavala, Andrés; Alvear Valenzuela, Soledad; Ávila Contreras, Nelson; Bianchi Chelech, Carlos; Cantero Ojeda, Carlos; Espina Otero, Alberto; Flores Labra, Fernando; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Girardi Lavín, Guido; Horvath Kiss, Antonio; Muñoz Aburto, Pedro; Muñoz Barra, Roberto; Naranjo Ortiz, Jaime; Navarro Brain, Alejandro; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Pizarro Soto, Jorge; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín; Vásquez Úbeda, Guillermo; Zaldívar Larraín, Adolfo.
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE HACER LLEGAR UN ESPECIAL SALUDO AL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (S 902-12)
Honorable Senado:
Considerando:
Que en su oportunidad el Senado de la República de Chile acordó enviar un saludo en reconocimiento al pueblo mexicano y al electo Presidente Sr. Felipe Calderón, por un proceso eleccionario democrático y apegado a todo reglamento en la Nación Mexicana.
Que ha sido ratificado el Sr. Felipe Calderón como Presidente electo por el Tribunal Federal Electoral Mexicano mediante un fallo inapelable, en donde los jueces del tribunal resolvieron avalar el dictamen que daba a Calderón como ganador de las elecciones por un 0.56% de diferencia sobre López Obrador.
Que el próximo 1º de Diciembre el nuevo Presidente sucederá a Vicente Fox en la conducción del pueblo mexicano.
Que ha quedado demostrado, una vez más, el éxito del proceso electoral federal democrático y el funcionamiento del Tribunal Federal Electoral de ese país.
En virtud de lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
El Senado de Chile acuerda hacer llegar un especial saludo al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Don Felipe Calderón, y expresarle sus deseos de pleno éxito en las altas tareas que deberá asumir próximamente como Primer Mandatario de la Nación amiga.
(Fdo.) Allamand Zavala, Andrés; Bianchi Chelech, Carlos; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Espina Otero, Alberto; Kuschel Silva, Carlos Ignacio; Longueira Montes, Pablo; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio; Zaldívar Larraín, Adolfo.