Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Naranjo Ortiz
- Carlos Ominami Pascual
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- MOCIÓN INADMISIBLE
- ACUERDOS DE COMITÉS
-
RECHAZO A DECLARACIONES DE SENADOR SEÑOR ESCALONA A RAÍZ DE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVO A PROYECTO SOBRE SUBCONTRATACIÓN
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
-
RÉPLICA DE SENADOR SEÑOR ESCALONA A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR ALLAMAND
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- RECHAZO DE EXPRESIONES DE SENADORA SEÑORA MATTHEI EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY 19.518 PARA PERMITIR A MUNICIPIOS ACTUAR COMO ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL SOBRE ADMISIÓN Y FORMA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN JUICIO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- DEBATE
- ACUERDO DE COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.537 EN CUANTO A ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Carlos Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- SOLICITUD DE PRONTO ESCLARECIMIENTO DE MUERTE DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON EDUARDO FREI MONTALVA. PROYECTO DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DE LEY 19.518 PARA PERMITIR A MUNICIPIOS ACTUAR COMO ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- APOYO A POLÍTICA EN PRO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
-
RESPETO A ESTADO DE DERECHO
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- SOLICITUD DE SESIÓN ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA A DEUDORES HABITACIONALES. OFICIOS
- RESPALDO A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR ANTE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTOS DE BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES. OFICIO
- SOLIDARIDAD CON FAMILIAS DE TRES SOLDADOS ISRAELÍES SECUESTRADOS. OFICIO
- RESPALDO A DECLARACIONES DE PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- NECESIDAD DE POLÍTICA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y SITUACIÓN DE TRABAJADORES DEL IFOP. OFICIOS
- INVESTIGACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN INCIDENTE MAPUCHE DE NUEVA IMPERIAL
- SOLICITUD DE CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO EN TOMÉ Y CORONEL. OFICIOS
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESPINA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.925, SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN MATERIA DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES, SALONES DE TÉ Y CAFETERÍAS (4440-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, BIANCHI Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXIME DE NORMAS DE EMISIÓN A VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS Y MEDIANOS, INGRESADOS A TRAVÉS DE ZONAS FRANCAS (4441-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Bianchi Chelech
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONFIERE ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA AL SENADO PARA AUTORIZAR LA COMPRA O VENTA DE MATERIAL BÉLICO (4451-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, EN CUANTO AL BLOQUEO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS PUBLICITARIAS (4458-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Roberto Munoz Barra
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL EJECUTIVO SUSCRIBIR LA CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES (S 892-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESPINA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.925, SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN MATERIA DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES, SALONES DE TÉ Y CAFETERÍAS (4440-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 45ª, en martes 29 de agosto de 2006
Ordinaria
(De 16:18 a 20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE, Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Rechazo a declaraciones de Senador señor Escalona a raíz de fallo de Tribunal Constitucional relativo a proyecto sobre subcontratación ¿¿¿¿¿¿..
Réplica de Senador señor Escalona a expresiones de Senador señor Allamand¿..
Rechazo de expresiones de Senadora señora Matthei en medios de comunicación¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.518, a fin de permitir que las municipalidades puedan actuar como organismos técnicos de capacitación (OTEC) (4185-06) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónico, firma electrónica y servicios de certificación de dichas firmas (3797-19) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿...................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de cooperación y ayuda mutua en materia de prevención y atención de desastres entre Chile y Perú (4085-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el propósito de facilitar la organización de vecinos y administración de condominios de viviendas sociales (3804-14) (se aprueba en general)¿¿¿
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Solicitud de pronto esclarecimiento de muerte de ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva. Proyecto de acuerdo (S 895-12) (se aprueba)¿¿¿¿.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Apoyo a política en pro de libre determinación de los pueblos. Proyecto de acuerdo (S 889-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Respeto a Estado de Derecho (observaciones de los señores Zaldívar, don Adolfo, Gómez y Longueira)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Solicitud de sesión especial para analizar la situación que afecta a deudores habitacionales. Oficios (observaciones del señor Longueira)¿¿¿
Respaldo a intervención de Senador señor Adolfo Zaldívar ante fallo de Tribunal Constitucional (observaciones del señor Prokurica)¿¿¿¿¿¿.
Irregularidades en otorgamientos de beneficios a deudores habitacionales. Oficio (observaciones del señor Prokurica)¿¿¿¿¿¿¿.
Solidaridad con familias de tres soldados israelíes secuestrados. Oficio (intervención del señor Cantero)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Respaldo a declaraciones de Presidente del Partido Socialista sobre fallo de Tribunal Constitucional (observaciones del señor Gazmuri)¿¿¿¿¿..
Necesidad de política pública de investigación pesquera y situación de trabajadores del IFOP. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Investigación sobre procedimiento policial en incidente mapuche de Nueva Imperial (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Solicitud de cronograma para ejecución de planes de desarrollo en Tomé y Coronel. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores , señor Alejandro Foxley Rioseco; de Defensa Nacional, señora Vivianne Blanlot Soza; Secretaria General de la Presidencia , señora Paulina Veloso Valenzuela, y Secretario General de Gobierno , señor Ricardo Lagos Weber.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª, ordinaria, y 41ª, especial, en 8 y 9 del año en curso, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 42ª, ordinaria, en 9 de agosto; 43ª, especial, y 44ª, ordinaria, ambas en 16 de agosto, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros retira las urgencias que hizo presentes para el despacho de las siguientes materias:
1) Proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (boletín Nº 3.588-08);
2) Proyecto que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07), y
3) Proyecto que modifica la ley Nº 18.314 para establecer cuándo constituirán delitos terroristas los ilícitos que contempla (boletín Nº 4.298-07).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los tres siguientes retira las urgencias y las hace presentes de nuevo, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales (boletín Nº 3.953-04).
2) Proyecto que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
3) Proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado (boletín N° 4.148-06).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los cuatro siguientes retira las urgencias y las hace presentes de nuevo, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07);
2) El que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13);
3) El referente a la constitución y operación de sociedades de garantía recíproca (boletín N° 3.627-03), y
4) El que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile (boletín Nº 4.322-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Doce de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que tomó conocimiento del rechazo, por parte del Senado, de la enmienda introducida al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar (boletín Nº 3.235-13), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo indica que aprobó las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal (boletín Nº 4.000-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el tercero comunica que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado, con las excepciones que indica, al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola (boletín Nº 3.770-01), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Agricultura para que integren la referida Comisión Mixta.
Con los ocho siguientes informa que ha prestado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que suspende la sustitución de embarcaciones pesqueras artesanales (boletín Nº 4.229-21).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
2) El que introduce modificaciones en el decreto ley Nº 3.475, de 1980, que contiene la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 4.369-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
3) El que exime a vehículos internados al país bajo el régimen de zona franca de extensión del cumplimiento de normas de emisión dictadas con posterioridad a su fecha de fabricación (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 4.392-03).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
4) El que incluye en la ley Nº 19.962, sobre eliminación de anotaciones prontuariales, a los condenados por tribunales ordinarios (boletín Nº 4.348-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
5) El que traslada el Día del Huaso al 1º de septiembre (boletín Nº 4.308-06);
6) El que regula el número de días feriados en el año y favorece el descanso familiar (boletín Nº 4.080-06), y
7) El que establece como feriado el 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen, en sustitución del feriado correspondiente a Corpus Christi (boletines Nos. 3.379-06 y 3.868-06, refundidos).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
8) El que otorga permiso laboral por muerte de parientes que indica (boletines Nos. 4.138-13 y 4.236-13, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Con el duodécimo informa que ha accedido a la solicitud formulada por el Senado en orden a proceder al archivo de los siguientes asuntos:
1) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y otras normas para prohibir prácticas discriminatorias (boletín Nº 2.252-04), y
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad por los contenidos en Internet (boletín Nº 3.004-19).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al Juzgado de Traiguén .
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, por medio del cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en los autos relativos al requerimiento formulado respecto del artículo 183 ter que se agrega al Código del Trabajo.
--Se toma conocimiento y queda a disposición de los señores Senadores.
Dos del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público , mediante los cuales complementa información estadística sobre delitos en la Quinta Región relacionada con el oficio dirigido en nombre de los Senadores señores Espina y Romero.
Dos de la señora Ministra de Defensa Nacional:
Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Sabag, sobre derogación de la Ley Reservada del Cobre.
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Pérez Varela, en cuanto a grupo de formación policial de Chillán.
Dos de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia:
Con el primero contesta oficios dirigidos en nombre del Senador señor Horvath referidos a la Planta de Celulosa Nueva Aldea.
Con el segundo responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Cantero, atinente a proyecto de ley que derogue norma reservada.
De la señora Ministra de Educación , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número de escolares afectados por accidentes de tránsito.
Quince del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, relativo a las modificaciones a la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
Con los cinco siguientes da respuesta a igual número de oficios dirigidos en nombre del Senador señor Espina, relacionados con dos pasarelas peatonales, asfaltado de un camino y accesos a la Carretera 5 Sur.
Con el séptimo contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Frei, acerca de la laguna Pullinque.
Con el octavo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido al asfalto de la ruta Comuy-Toltén.
Con el noveno y el décimo da respuesta a oficios remitidos en nombre del Senador señor Horvath en cuanto al monitoreo del caudal del río Bravo y a las obras de vialidad para la Región de Aisén.
Con el undécimo contesta un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Matthei, sobre camino de acceso a Ovalle.
Con los tres siguientes responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a un puente industrial sobre el río Biobío, telefonía IP y vías de acceso a Relleno Sanitario Santiago Poniente.
Con el último da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de la reparación del camino costero C-536.
De la señora Ministra de Salud , por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, sobre situación médica de un menor de Antofagasta.
Cuatro de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante los cuales da respuesta a oficios enviados en nombre de los Senadores señores Chadwick, Escalona, Horvath y Letelier atinentes a subsidios para la vivienda.
Del señor Ministro de Agricultura , por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de productos transgénicos.
Tres de la señora Ministra de Minería y Energía:
Con el primero contesta oficios enviados en nombre de los Senadores señores Bianchi y Horvath sobre hidrocarburos.
Con el segundo responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al régimen de los embalses.
Con el tercero da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Romero, en lo concerniente a proyectos termoeléctricos.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , mediante los cuales responden oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro respecto de la telefonía IP.
Dos del señor General Director de Carabineros de Chile , con los que da respuesta a oficios expedidos en nombre de los Senadores señores Espina y Larraín en cuanto a la presencia policial en la localidad de Cajón y a la Tenencia de Longaví, respectivamente.
De la señora Subsecretaria de Salud Pública , por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, acerca del Relleno Sanitario Santiago Poniente.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, por el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Naranjo, respecto de la atención personalizada a clientes.
Del señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, sobre impuesto territorial.
Dos de la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por medio de los cuales responde oficios dirigidos en nombre del Senador señor Horvath acerca de la recuperación de humedal de Ancud y de los productos transgénicos.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, por el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, en lo relativo a proyectos del INIA.
Dos del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, mediante los cuales informa acerca del proceso de regularización de los funcionarios públicos contratados a honorarios.
Del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas , por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a los canales Papen y Longuén.
De la señora Jefa de la División de Cobranzas y Quiebras de la Tesorería General de la República, por el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Bianchi, en cuanto a impuestos adeudados por dueños de locomoción colectiva de Magallanes.
De la señora Intendenta de la Región de Atacama , con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Núñez, relativo al descarrilamiento de un tren en Diego de Almagro.
Del señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Novena Región , mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, sobre pavimentación de la calle Pedro León Gallo Norte.
De la señora Secretaria Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Novena Región, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, en lo atinente a las tarifas de la locomoción colectiva en Los Sauces.
Del señor Director del SERVIU de la Región de Antofagasta, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a postulaciones al Fondo Solidario de Vivienda.
Del señor Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile , mediante el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Bianchi, en lo concerniente al personal en retiro de la Duodécima Región.
Del señor Jefe del Departamento de Capacitación en Empresas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Larraín, acerca del procedimiento FONCAP.
De la señora Jueza Presidenta del Juzgado de Familia de Temuco , con el que responde un oficio dirigido en nombre de los Senadores señores Espina y García, sobre estadística de causas en materias de derecho de familia.
Del señor Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Orpis, en cuanto al ferrocarril de Arica a La Paz.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Hacienda, complementario del nuevo informe, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el número 16 del artículo 97 del decreto ley Nº 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala (boletín Nº 2.364-05).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.833 con el objeto de definir el sujeto obligado al pago de los créditos sociales en el caso que señala (boletín N° 3.505-13).
De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo en materia de bonificación al contrato de aprendizaje (boletín Nº 4.174-13).
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Girardi y Letelier, que permite conceder la libertad condicional a condenados por conductas terroristas y otros delitos en causas relacionadas con reivindicaciones violentas de derechos consagrados en la ley N° 19.253 (boletín N° 4.188-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Espina, con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en materia de horario de funcionamiento de restaurantes, salones de té y cafeterías (boletín Nº 4.440-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Orpis, Bianchi y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que exime de normas de emisión a vehículos motorizados livianos y medianos ingresados a través de zonas francas (boletín Nº 4.441-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que confiere atribución exclusiva al Senado para autorizar la compra o venta de material bélico (boletín Nº 4.451-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Naranjo, Muñoz Barra, Pizarro y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 19.496 en cuanto al bloqueo de la recepción de llamadas publicitarias (boletín Nº 4.458-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Naranjo y Ominami con la que presentan un proyecto que eleva el monto de la cuota mortuoria del seguro escolar por accidentes contemplado en la ley Nº 16.744.
Moción del Senador señor Navarro con la que presenta un proyecto de ley que hace aplicable el sistema de compras y contratación públicas a todos los organismos de la Administración del Estado, incluidas las empresas públicas y las municipalidades.
--Se declaran inadmisibles, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, al tener relación con la administración financiera y presupuestaria del Estado.
Proyecto de acuerdo
Del Senador señor Navarro, por el cual se solicita al Ejecutivo suscribir la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (boletín Nº S 892-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.518, permitiendo que las municipalidades puedan actuar como organismos técnicos de capacitación, con urgencia calificada de "simple" (boletín Nº 4.185-06).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Queda para tabla.
Terminada la Cuenta.
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
El señor NARANJO.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece, señor Senador, se la concederé después de que se informe lo resuelto por los Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1º) Tratar en la presente sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que autoriza a las municipalidades para que actúen como organismos técnicos de capacitación.
2º) Analizar en la sesión ordinaria de mañana, también como si fuera de Fácil Despacho, la iniciativa de la Honorable Cámara de Diputados que exime a vehículos internados por zonas francas de las normas sobre emisión, y autorizar a la Comisión respectiva para que emita un informe oral.
3º) Fijar nuevos plazos para presentar indicaciones a los siguientes proyectos de ley:
a) El que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, hasta el lunes 4 de septiembre, a las 12, y
b) El que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, hasta las 18 de hoy. Cualquier indicación que se formule deberá hacerse en la secretaría de la Comisión de Hacienda.
4º) Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre sociedades de garantía recíproca hasta el lunes 11 de septiembre, a las 12.
5º) Retirar de la tabla de la sesión de hoy la iniciativa que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna.
6º) Retirar de la tabla, además, el proyecto de reforma constitucional que faculta al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a fin de que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, puedan opinar al respecto.
7º) Citar a sesión especial para el miércoles 6 de septiembre, con el propósito de analizar la situación que afecta a los deudores habitacionales, y
8) Tratar el proyecto relativo a Arica y Parinacota en la sesión ordinaria del martes 12 de septiembre, si se diere cuenta de su informe en la sesión de mañana.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, en la Cuenta se declaró inadmisible una moción que presentamos con el Senador señor Ominami, tendiente a aumentar el monto de la cuota mortuoria del seguro escolar. Es cierto que esto corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República ; por tanto, sólo queremos que se pida el patrocinio del Ejecutivo.
Hoy día dicha cuota equivale más o menos a 75 mil pesos, y todos entienden -ya hubo una experiencia a raíz de un accidente ocurrido en Puerto Montt- que es prácticamente imposible que con esa cantidad se pueda cumplir el objetivo.
Por eso, señor Presidente, presentamos la moción y solicitamos que, por su intermedio, se recabe el patrocinio respectivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se enviará el oficio correspondiente, señor Senador.
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El señor ALLAMAND.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
RECHAZO A DECLARACIONES DE SENADOR SEÑOR ESCALONA A RAÍZ DE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVO A PROYECTO SOBRE SUBCONTRATACIÓN
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, haciendo uso del derecho que me concede el artículo 114 del Reglamento, quiero referirme a algunas de las declaraciones que el Senador señor Escalona , Presidente del Partido Socialista , ha emitido en contra de quien habla y de diversos Senadores de la Alianza durante los últimos días.
La verdad es que no deseo hablar de las expresiones que la opinión pública ya juzgó y que aluden a los "chupasangre", a los "explotadores" y a los "vampiros". La ciudadanía ya tiene una opinión respecto de tales juicios, como también la tienen los medios de comunicación y el propio Gobierno, a través de lo manifestado por el Ministro Secretario General de Gobierno . Por lo tanto, no voy ahondar en tales calificativos.
Pero sí reclamo este derecho a intervenir por un aspecto que, en la diatriba y la andanada de insultos del Senador señor Escalona , quizá ha pasado inadvertido, pero que, en mi modesta opinión, reviste la mayor gravedad y la máxima importancia para el funcionamiento de nuestra Corporación.
Su Señoría me ha imputado descaro y doble estándar por recurrir al Tribunal Constitucional para hacer ver ahí la opinión de todos los Senadores de la Alianza acerca de la inconstitucionalidad de un precepto legal.
Hago presente, con todo respeto en esta Sala, que ése es un juicio que entraña deslealtad política; es un juicio que entraña gran incoherencia, y es un juicio que entraña, en verdad, un absurdo conceptual casi inimaginable.
¿Por qué aludo a la deslealtad? Porque el Senador señor Escalona sabe perfectamente bien -así se lo manifestó, entre otras personas, el Ministro del Trabajo , señor Andrade - que, cuando dimos lugar al acuerdo político que permitió el veto presidencial, el cual a su turno posibilitó la aprobación del proyecto sobre subcontratación, tuvimos que zanjar una dificultad, en orden a que algunos consideraban que el concepto de empresa que aparecía en el articulado era correcto y otros lo estimábamos incorrecto e inconstitucional.
Cuando fraguamos ese acuerdo político, convinimos de manera expresa -y así se dio cuenta en esta Sala: fue una premisa explícita- en que ese tema se resolvería en el Tribunal Constitucional y que nosotros, en consecuencia, podríamos recurrir a esa instancia que contempla la Carta Fundamental.
Eso fue lo que hicimos.
Más aún, muchas veces conversé personalmente con el Subsecretario del Trabajo , señor Zarko Luksic , para ver cómo de algún modo ejercíamos esa acción sin perturbar en absoluto la tramitación del veto presidencial.
En consecuencia, dimos cumplimiento a un acuerdo político. Y yo, por lo menos, siempre he considerado que se compromete el honor cuando se alcanza un acuerdo de esa naturaleza en esta Corporación.
Pues bien, el Senador señor Escalona sabe que eso fue así. Sin embargo, hace tabla rasa de ese convencimiento para imputarnos doble estándar por algo que no ha sido más que cumplir con aquello que expresamente convinimos al alcanzar el acuerdo.
¡Eso, señor Presidente , no es correcto! ¡Eso no es leal! ¡Así no se cumplen los acuerdos!
En segundo lugar, quiero hacer presente la incoherencia fenomenal mostrada en este aspecto.
El Presidente del Partido Socialista ha dicho que nosotros -no fuimos nosotros, sino el Tribunal Constitucional por 9 a 0- hemos desplomado el conjunto del articulado de la iniciativa sobre subcontratación. ¡Pero qué paradoja, señor Presidente ! Eso no es lo que opina el señor Ministro del Trabajo , quien ha manifestado que el hecho de que ese órgano haya considerado que el artículo pertinente no sea constitucional en nada afecta al proyecto en su parte sustantiva. Y otro tanto ha argumentado el ex Senador señor Viera-Gallo , quien, al momento de alegar ante el Tribunal Constitucional, hizo presente que el artículo en cuestión, para una correcta interpretación de la normativa, era inocuo. Más aún, el propio Ministro de Hacienda aclaró que la modificación del concepto de empresa, conforme al tenor de la indicación de los Senadores del Partido Socialista, no forma parte del programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet .
El señor LETELIER.-
¡Está equivocado!
El señor ALLAMAND.-
Entonces, por una parte, se nos hace una imputación, y por otra, las mismas autoridades de Gobierno la refutan.
Sin embargo, señor Presidente, el punto más importante dice relación a que sería ilegítimo que una minoría pueda ejercer un recurso que se halla contemplado en la Constitución. ¡Aquí sí que estamos frente a un problema de fondo! Entendámoslo de la manera más elemental: el control de constitucionalidad se encuentra establecido no para que la mayoría, en un acto de masoquismo después de aprobar una disposición, recurra para que se revise la propia declaración, sino para que la minoría, cuando no es capaz de convencer en la Sala a la mayoría de que se está aprobando una norma inconstitucional, tenga una instancia ante la cual hacer presente su punto de vista.
¿En qué consiste, señor Presidente , el principio básico de la democracia? Por supuesto, en que prevalece la mayoría. Pero ésta prevalece dentro y no fuera de la Constitución, y siempre que respete los derechos de la minoría. ¿Y cuál es la base de este respeto? Que la minoría, cuando tiene un derecho constitucional, lo pueda ejercer sin cortapisas, sin descalificaciones y con plena libertad.
Por lo tanto, cuando se desconoce en esta Corporación el derecho de sus miembros de recurrir ante el Tribunal Constitucional, lo que se está haciendo es socavar una de las bases de funcionamiento del Senado. Porque, si la minoría no puede presentar este requerimiento, ¿en qué consiste entonces el control preventivo de constitucionalidad? Que alguien -¡por favor!- dé un solo argumento en virtud del cual sólo la mayoría puede recurrir de inconstitucionalidad frente a una materia.
En consecuencia, señor Presidente, estamos ante un precedente que debe ser despejado.
Y lamento que en el día de ayer otros partidos de la Concertación hayan acompañado al señor Presidente del Partido Socialista en una tesis que, además, resulta bizantina. Lo es sostener que el Tribunal Constitucional es un poder fáctico, en circunstancias de que es un órgano establecido en el Texto Fundamental cuya nueva conformación fue aprobada en esta misma Sala con la votación unánime de los Senadores de la Concertación. Sostener que los miembros del Tribunal forman parte de ese poder fáctico cuando se trata de un órgano reglado por la Carta Fundamental, ¿no es un insulto incalificable para sus diez integrantes, cuatro de los cuales han sido nombrados por esta misma Corporación? Allí radica la inconsecuencia, señor Presidente .
He solicitado intervenir, porque creo que las muy desafortunadas declaraciones del Senador señor Escalona colocan a esta Alta Cámara ante una disyuntiva no menor.
Señor Presidente , el Senado tiene que escoger: o es un lugar en que se afianza el Estado de Derecho y se aplica el principio de deferencia constitucional ante los otros Poderes u órganos del Estado, o es un espacio para empezar a erosionar el orden institucional y denostar, ya no a los demás Parlamentarios, sino a otros Poderes u órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional.
Señor Presidente , aquí hay que resolver: o éste es el espacio de las ideas o el espacio de los insultos; éste es el espacio de la persuasión o el espacio de la descalificación; éste es el espacio de los argumentos o el espacio de las diatribas. Ésta es la disyuntiva que enfrenta el Senado.
Termino señalando, con el mayor respeto, que el Senador señor Escalona ha puesto a esta Corporación ante una suerte de encrucijada respecto de su futuro. Tiene que escoger entre dos modelos. ¿Es éste el Senado de quienes discuten con pasión, con fuerza, con convicción, pero con altura y caballerosidad, es decir, el Senado de los Frei Montalva, de los Radomiro Tomic , de los Raúl Rettig , de los Luis Bossay , de los Francisco Bulnes , de los Pedro Ibáñez , de los Salvador Allende, de los Raúl Ampuero , que debatían con altura, con jerarquía, pero sin descalificaciones, o es el Senado del Senador Escalona, el de la descalificación, de la degradación, en definitiva, el Senado del insulto y la esterilidad?
He dicho.
--(Aplausos en la Sala).
El señor NAVARRO.-
¡El Senado nos interesa!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
RÉPLICA DE SENADOR SEÑOR ESCALONA A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR ALLAMAND
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, conforme al artículo 114 del Reglamento, quiero expresar lo siguiente.
En primer lugar, deseo agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo y solidaridad que me han llegado desde todo el país, de gente humilde, de dirigentes sindicales, de colegas de partidos de la Concertación y de amigos de la más diversa naturaleza, quienes me han felicitado por haber puesto el dedo en la llaga respecto de un tema que amenazaba, como lamentablemente ha ocurrido con otras materias, con ser aplastado por el silencio.
Esa fuerza social me ha llegado desde muchos rincones, y en especial de la Décima Región, que represento en el Parlamento. El viernes pasado, en la ciudad de Ancud, estuve reunido con todos los dirigentes sindicales de la provincia de Chiloé, de todas las corrientes políticas, de Gobierno y de Oposición, y también de personas sin partido. Esa fuerza social es la que me permite acá, en el Senado de la República, sostener mis dichos.
Ésta es una discusión político-institucional.
Se ha señalado que mis palabras han sido ofensivas. Yo no he acusado a ninguna persona ni he utilizado el nombre de nadie para ofender a otros.
Sin embargo, quien se pretende erigir como símbolo de la tolerancia plantea un primer argumento que resulta de una intolerancia irritante, pues alude a lo siguiente: "Escalona es el Altamirano del Gobierno de Bachelet". Se quiere asociar mi apellido -que llevo con orgullo- con el nombre de un ex Senador de la República , que pudo haber cometido errores políticos, pero que es una persona al igual que todos nosotros. Sistemáticamente, la intolerancia de la Derecha y la que en esta Sala representa el Senador señor Allamand han intentado demonizar, satanizar, descalificar al extremo el nombre de Carlos Altamirano Orrego. Se va más allá de los errores políticos que todos podemos cometer -también Altamirano Orrego -; se busca transformar a esta persona, cuya dignidad humana es respetable como la de todos nosotros, en un símbolo satánico y endemoniado, como una premisa per se de descalificación política. ¿Ésa es la tolerancia de la que quiere hacer gala el señor Allamand ? ¿De ese respeto a los derechos de las personas estamos hablando? ¿De esa consideración a la dignidad de los demás?
Pero no sólo eso, señor Presidente . Además, se quiere levantar una cortina de humo, recurrir a imágenes del pasado para intentar ideologizar una discusión que no es ideológica, sino concreta, inesquivable, acerca de si estamos o no por el respeto a los derechos laborales de los chilenos, que se consagra en un texto legal que fue aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional.
Como todos sabemos, esta iniciativa de ley fue aprobada en la Cámara de Diputados después de un trámite de cerca de cuatro años, pero no pudo ocurrir lo mismo en el Senado por una razón muy concreta y sencilla: no había coherencia entre la mayoría de la Cámara Baja y la de esta Corporación. Eran mayorías de signo distinto.
Sin embargo, por voluntad popular, a partir del 11 de marzo de este año, ambas mayorías coinciden. La Concertación de Partidos por la Democracia, no obstante llevar ya 16 años de restablecida la democracia, con el juramento que se hizo aquí en dicha fecha recién accedió a la mayoría en ambas Cámaras. Y esa nueva realidad institucional fue lo que permitió aprobar esta ley, cuyo trámite se había iniciado hace cuatro años. Y, en definitiva, lo que quiere el "golpe blando" de Allamand es precisamente aquello: desconocer las mayorías ciudadanas que eligieron a esta nueva Corporación, descalificar esta nueva realidad política, por la vía de acudir al Tribunal Constitucional para desplomar un artículo que resultaba esencial, en nuestra opinión -no tiene por qué coincidir con la de Ministros de Estado-, que es la de quienes participamos en la elaboración de la referida ley, la de quienes la discutimos ayer en la Cámara de Diputados y trabajamos durante años por sacarla adelante.
Pensamos que dicho texto tenía en el concepto de empresa uno de sus apoyos básicos. Y al serle cercenado el artículo que lo establecía se quedó sin dicho soporte.
Estimamos que tal situación incidirá decisivamente en la operatividad práctica y concreta de la ley, una vez promulgada por la Presidenta de la República .
En consecuencia, se recurrió a una entidad que, al igual que antes, se halla en la Constitución Política de la República -no podría operar si no fuera así-, pero que no emana del ejercicio de la soberanía popular, que no es electa, dependiendo su composición de los Poderes del Estado ( Ejecutivo , Legislativo y Judicial).
Como carece de un origen expreso en la voluntad ciudadana, se acudió a ese órgano con el propósito de desconocer la resolución adoptada por el Congreso Nacional y extirpar de la normativa el artículo que definía el concepto de empresa.
Entonces, ésta es la discusión. Es política y dice relación a las responsabilidades éticas que asumimos con el mandato, así como a nuestro mensaje y la transparencia frente a la opinión pública.
Porque reafirmo acá, señor Presidente, que no se puede estar bien con Dios y con el Diablo. Y no es posible alegar en el Parlamento una cosa, y otra distinta en el Tribunal Constitucional.
En efecto, nos estamos refiriendo a textos que quedan radical y cualitativamente distintos. Sin el concepto de empresa, la nueva ley sufre una modificación sustancial. De eso estamos hablando.
En el caso que nos ocupa media la pretensión -que siempre ha existido- de descalificar el punto de vista diferente y la reiteración, usual, de las frases apologéticas que acabamos de escuchar.
Resulta ridículo señalar que la posición que he sostenido viene a "erosionar el orden institucional". Son las palabras con las que la Derecha habitualmente tiende a amenazar, para amordazar, para silenciar, para acallar, para impedir la opinión diferente, la del interlocutor.
No es la primera vez -ni será la última- que se nos indica que una opinión distinta significa "erosionar el orden institucional". Por fortuna, señores de la Derecha, éste se encuentra sustentado en el proceso de reconstrucción democrática que los partidos de la Concertación han llevado a cabo desde 1990 a la fecha, lo que ha permitido ir reinstalando, paso a paso, un Estado de Derecho donde la minoría es respetada y no ve violados sus derechos fundamentales; donde las personas no deben temer por su integridad física, ya que no existen aparatos de seguridad que las secuestren y hagan desaparecer. Este Estado de Derecho tiene su base esencial en la Concertación de Partidos por la Democracia.
Sin embargo, la pretensión inequívoca de la Derecha siempre ha apuntado a que la minoría imponga su voluntad a la mayoría.
Nosotros, como demócratas, seguiremos siendo celosos guardianes del respeto a los derechos de las personas.
No "satanizaremos" jamás a ninguno de nuestros interlocutores.
No asimilaremos sus apellidos a ninguno de los actos a los que, por el contrario, nuestro contradictor gustosamente tiende a asociar, por ejemplo, la figura de Carlos Altamirano.
Seremos -insisto- celosos guardianes del respeto a la minoría. Pero seguiremos trabajando para que la voluntad ciudadana, la de la mayoría, pueda pesar en el Estado de Derecho y para que los derechos laborales sean rigurosamente cautelados, porque también los de los trabajadores son derechos humanos esenciales.
Muchas gracias.
)---------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor NOVOA.-
¡Todos hemos sido interpelados!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Deseo solicitar la venia...
El señor LARRAÍN.-
¿Se abrirá debate, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Senador señor Muñoz Barra se referirá a otro asunto.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el próximo martes se van a reunir las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores para elaborar el informe del proyecto de reforma constitucional atinente a la Corte Penal Internacional.
Por ello, solicito la autorización para que sea entregado verbalmente, si en la sesión ordinaria de ese mismo día dicha iniciativa se encontrare en el primer lugar de la tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , se ha declarado inadmisible la moción tendiente a presentar un proyecto de ley que busca establecer una nueva modalidad en la aplicación de los convenios marco, a través de ChileCompra.
Creo que ello es importante, porque se trata de velar efectivamente por que no se cometa ningún ilícito y que tanto los grandes como los pequeños proveedores concursen de manera igualitaria.
Por la tanto, solicito el envío del texto al Ejecutivo para que se evalúe el otorgamiento del patrocinio necesario.
Cabe destacar que es una iniciativa que busca transparencia a raíz de diversos casos, conocidos por la opinión pública, de adquisiciones reñidas con la legalidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se mandará el oficio correspondiente.
--Así se acuerda.
RECHAZO DE EXPRESIONES DE SENADORA SEÑORA MATTHEI EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, invoco el Reglamento con el objeto de intervenir, al haber sido aludido en los medios de comunicación por un miembro del Senado.
El señor NOVOA.-
¿Por quién?
El señor LETELIER.-
Por la Honorable señora Matthei...
El señor LARRAÍN.-
¿Ofensivamente?
La señora MATTHEI.-
También voy a pedir la palabra, entonces.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, frente a un planteamiento con motivo del reciente fallo del Tribunal Constitucional, algunos representantes de la Oposición calificaron políticamente tal sentencia y otros personalizaron sus juicios.
En mi concepto, no es raro que a la Senadora señora Matthei la veamos haciendo esto último. Porque no es la primera vez que califica una opinión política, como la que he sostenido sobre la definición de empresa, para decir que uno miente a los trabajadores ¿lo anterior, por mantener una postura diferente a la de ella, que, aunque distinta, respeto- o adjetivar la capacidad para emitir un parecer.
Por mi parte, creo que esa forma de abordar el debate, que es sustantivo, no ayuda a esta Corporación.
El Senador señor Allamand hacía una defensa del lenguaje que se debe usar en esta última. Pero sólo quiero recordar que los primeros en personalizar la discusión fueron colegas de las bancadas del frente al acusarnos de que por mantener un parecer distinto llevaríamos al país a una debacle, a una derrota, lo que, para algunos, es un juicio político.
Y lo respeto y lo acepto.
Pero, cuando se pasa a una descalificación, cuando se hace una alusión personal, estimo que quizás el Honorable señor Allamand podría aconsejar a la Senadora señora Matthei sobre cómo construir respeto y tolerancia a la diversidad del pensamiento.
En verdad, creo que se ha perdido de vista lo que realmente fue grave la semana pasada. Se trata de una opinión política distinta. Y no digo que se debe compartir la mía.
Pienso que es importante aludir al problema de fondo, respecto del cual podemos tener diferencias. Considero que la definición de empresa que consagra el Código del Trabajo es mala y perjudicial para el ejercicio de los derechos laborales. Y tengo la convicción de que no es aplicable el artículo 507 de ese cuerpo legal, al hacer referencia a la utilización de subterfugios y a que cometen delito quienes incurren en cualquier alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas. Por eso, propusimos una modificación.
Entiendo que la Oposición no comparta ese criterio. Está en su derecho. Pero lo que más llama la atención, cuando recurre al Tribunal Constitucional, son los fundamentos del fallo. Y quiero dejar constancia en esta Corporación, por lo menos, de que se ha generado algo debatible, porque la sentencia, que se pronunció sobre la forma -imagino que por eso nuestros Honorables colegas se han referido a nuestras opiniones-, a mi juicio cercena la facultad que la Constitución les otorga a los miembros del Senado. La Carta Fundamental, en el número 6º del artículo 65, refiriéndose a las facultades exclusivas del Presidente de la República , dice: "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.". Es decir, aquello que no nos está vedado, en primer término, son todas aquellas materias laborales que no signifiquen establecer o modificar normas de seguridad social. El hecho de precisar la definición -cualquiera que sea- de un actor obligado a cumplir las obligaciones laborales o previsionales en nada modifica ni establece normas de seguridad social.
Estoy seguro de que los abogados laboralistas -y no sólo ellos- abrigan la convicción de que el fallo del Tribunal Constitucional, en este aspecto, es tremendamente precario. Se podrían haber sostenido razones de forma y decir que la definición de empresa introducida mediante una indicación quizás no tiene atingencia con las ideas matrices del proyecto; pero insinuar, respecto de la eliminación de una frase, que el Parlamento no posee facultades -quiero subrayar la idea- es sin duda contrario a lo dispuesto por la Carta. Más aún cuando el mismo concepto, si fuera en términos de constitucionalidad, ya se encuentra establecido en el artículo 507 del Código del Trabajo.
El que hayamos argumentado en el sentido de determinar una nueva definición de empresa para evitar que algunos dueños del capital recurran a la división en una o en varias razones sociales -grandes multitiendas tienen más de cien de ellas para perjudicar el ejercicio de los derechos laborales- no justifica ni da pie para descalificaciones por parte de la Oposición y, en particular, de una señora Senadora.
Comparto el que podemos tener diferencias de opinión, y no sólo en el fondo, pero espero que se reflexione sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Porque plantear que no se puede modificar ni suprimir una frase es cercenar las facultades del Parlamento y del Senado. Porque definir el concepto de empresa en nada significa establecer ni modificar normas de seguridad social.
Ahora bien, respeto el que la Honorable señora Matthei tenga una opinión distinta. Está en su derecho. Pero el que use un lenguaje que descalifica a quienes sostenemos juicios distintos -al parecer, es una práctica en ella- considero que daña lo que el Senador señor Allamand dice defender: un espacio de debate.
Pero aquí, a veces, la intolerancia -como lo ha expresado el Honorable señor Escalona - es tal que no se acepta que las personas piensen diferente. Ello llevó, por lo menos en la semana pasada, a escuchar descalificaciones absolutamente estridentes. Entiendo que la señora Senadora las emitió, primero, en una radio, siendo reproducidas después en diferentes medios -tengo aquí las copias- y en la prensa escrita.
Pienso que ello es incorrecto e indebido. Llamo la atención al respecto para que elevemos la discusión y no entremos ¿repito- en descalificaciones a las personas.
Y quiero hacer constar lo que he consignado acerca del fallo del Tribunal Constitucional porque algunos vamos a insistir en la afirmación del ejercicio de nuestras facultades. Más allá del tema laboral en sí, es algo sobre lo cual debe existir consenso.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
En realidad, señor Presidente, hemos escuchado dos discursos bastante curiosos.
Por una parte, el Honorable señor Letelier ha sostenido recién que tratar de "chupasangre", "vampiro" o "papagayo" no es una ofensa, pero que sí lo es afirmar que alguien miente descaradamente.
¡Entonces, propongo que nombremos al señor Senador como árbitro de lo que se puede o no decir! ¡Y prometo que de ahora en adelante, cada vez que desee hablar, le voy a preguntar si me lo permite o no...!
Cuando uno observa estándares tan dobles, donde "chupasangre", "vampiro", "papagayo" son términos aceptados, pero decir que alguien está "mintiendo" o "faltando a la verdad" es inaceptable, no tenemos nada que hablar.
Por mi parte, sostuve en los medios de comunicación que el Honorable señor Letelier estaba mintiendo descaradamente. Y lo repito en este minuto: Su Señoría miente cuando les dice a los trabajadores que al haberse rechazado el artículo en el Tribunal Constitucional se ha echado por la borda, en el fondo, todo lo aprobado en el proyecto de ley de subcontratación.
El señor LETELIER.-
Lo que afirmé es efectivo.
La señora MATTHEI.-
Y miente porque han sostenido lo contrario el propio señor Ministro del Trabajo y el ex Senador señor Viera-Gallo . Ambos, al ser consultados, señalaron que los derechos de los trabajadores no se veían afectados por la eliminación de ese precepto.
Al parecer, se descalifica no sólo al Tribunal Constitucional, sino también al señor Ministro del Trabajo, al ex Senador señor Viera-Gallo , al señor Insulza . Me encantaría conocer la lista completa.
El señor LETELIER.-
¡Con Su Señoría basta...!
La señora MATTHEI.-
Pero, más allá de la anécdota de si se miente o no, el hecho más grave de hoy lo constituye lo sostenido por el Honorable señor Escalona .
La verdad es que en todas las democracias europeas existe el Tribunal Constitucional y -que yo sepa- en ninguna de ellas los integrantes de ese órgano son elegidos en votación popular.
Sostener aquí que los fallos de tal entidad no son aceptables por esa razón es, sencillamente, lo más antidemocrático que he escuchado. Si es por eso, entonces empecemos por desconocer también todos los fallos de la Corte Suprema, porque sus miembros tampoco son elegidos por la voluntad popular.
Pienso que el discurso de Su Señoría probablemente va a ser estudiado en las universidades chilenas como el tipo de intervención proveniente de alguien que simplemente no cree en la democracia, en el balance de poderes. Y pienso que, de ahora en adelante, en vez de referirnos al ex Senador señor Altamirano , tendremos que poner más bien al Honorable señor Escalona como ejemplo de lo no democrático.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde entrar al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY 19.518 PARA PERMITIR A MUNICIPIOS ACTUAR COMO ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Conforme al acuerdo de los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.518 a fin de permitir que las municipalidades actúen como organismos técnicos de capacitación (OTEC), con urgencia calificada de "simple" e informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y certificado de la de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4185-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 21 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Certificado de Comisión de Gobierno, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal de la iniciativa es permitir que los municipios mantengan la facultad de impartir capacitación laboral, toda vez que, conforme a una modificación de la ley Nº 19.518, no podrán desempeñar esa función a contar del 4 de septiembre del año en curso.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general y en particular la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Alvear y señores Letelier y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó el proyecto en general y en particular en igual forma que la de Trabajo y Previsión Social, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag.
Cabe indicar que las Comisiones informantes proponen al señor Presidente que la iniciativa sea discutida por la Sala en general y en particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, como expresó el señor Secretario, esta mañana la Comisión de Gobierno se abocó al análisis de este proyecto, que modifica la ley Nº 19.518 para permitir que las municipalidades actúen como organismos de capacitación. Ello, dado que hace dos años, en 2004, el Congreso Nacional modificó el Estatuto de Capacitación y Empleo y estableció las denominadas "normas SENCE", según las cuales las acciones de capacitación pueden ser realizadas por organismos técnicos de capacitación que tengan un único objeto social, y también, como excepción, por las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica reconocidos por el Ministerio de Educación.
Lo anterior generó una dificultad jurídica importante, pues las municipalidades no podían ni pueden cumplir con el requisito de ser entidades con un objeto social único, como se exige a los organismos de capacitación; y la letra d) del artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -según recordó en la Comisión el Senador señor Núñez - establece como actividades fundamentales de los municipios la capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.
Por ende, existe el riesgo de que las municipalidades tengan que realizar acciones de capacitación en las comunas con sus propios recursos, por no serles factible postular a los fondos que el SENCE dispone anualmente -alrededor de 9 mil millones de pesos- para llevarlas a cabo.
Además de ese punto de carácter jurídico, podría ocurrir -particularmente en las comunas más chicas, donde la mayoría de las entidades de capacitación no llegan o lo hacen con cierta dificultad- que los municipios no pudieran destinar parte importante de su actividad a la capacitación y al empleo.
Ésas son las razones fundamentales para que, manteniendo la estructura del artículo 12 de la ley Nº 19.518 -que exige giro único a las entidades de capacitación, excepto a las universidades, los institutos profesionales y centros de formación técnica-, se incorpore también a las municipalidades para que, dentro del plazo de 24 meses, establecido en el artículo transitorio del proyecto, se ajusten a los requisitos del numeral 2º del artículo 21 de la mencionada ley, referente al sistema de acreditación.
En consecuencia, los municipios quedarán eximidos del objeto social único; pero, al igual que las otras entidades que llevan adelante políticas de capacitación financiadas con recursos públicos a través del SENCE, deberán acreditarse.
Los anteriores son los motivos que determinaron que aprobáramos por unanimidad el proyecto, con algunas prevenciones del Senador señor Orpis . La iniciativa debe ser despachada a la brevedad, pues el 4 de septiembre se cumple el plazo establecido originalmente en la ley. De no ser así, las municipalidades quedarán del todo fuera del Sistema Nacional de Capacitación. Hoy en día, alrededor de cien de ellas -no recuerdo el número exacto- ya forman parte del SENCE y tienen sus códigos y experiencias, los cuales se perderían.
Por eso, pienso que es fundamental que el Senado apruebe el proyecto, para que la ley pueda promulgarse y publicarse antes del próximo 4 de septiembre.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Para complementar lo informado por el Presidente de la Comisión , sólo quiero señalar que, en mi opinión, perdimos una gran oportunidad en esta iniciativa, porque el inciso segundo del artículo 12 de la ley Nº 19.518 establece lo siguiente: "No obstante lo anterior, las actividades correspondientes a la nivelación de estudios de la Enseñanza General Básica y Media, serán realizadas por entidades reconocidas por el Ministerio de Educación.".
¿Qué ocurre en la práctica? Actualmente hay un porcentaje de trabajadores -40 a 50 por ciento- que no ha completado sus estudios y, de acuerdo con el artículo 12, sólo pueden realizar este tipo de capacitación las entidades reconocidas por el Ministerio de Educación. Es decir, un organismo técnico de capacitación no podría hacerlo aun cuando celebrara un contrato con alguna de las entidades autorizadas por dicha Cartera.
Pienso que habría sido una gran oportunidad para incorporar dentro de las facultades de los organismos técnicos de capacitación la de regularizar los estudios de los trabajadores. Ello es congruente con su actual nivel de requerimientos, pues no olvidemos que la ley del SENCE se modificó hace dos años y hoy existen altas exigencias para aquéllos: objeto social único y certificación bajo la norma NCh 2728.
El Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley de esta naturaleza a fin de autorizar a dichas entidades para la nivelación de estudios. Sin embargo, después de 17 años -como señalé en la Comisión- no creo en las iniciativas que se comprometen en determinadas materias cuando se está ante plazos extremadamente urgentes.
Repito que perdimos una gran oportunidad. Yo habría preferido esperar cuatro o cinco días -hasta la próxima semana- e incorporar al texto esta materia, porque con ello abriríamos la posibilidad para que muchos trabajadores pudieran nivelar sus estudios -ya que hoy día no les es factible hacerlo- a través de los organismos técnicos de capacitación.
Habría sido perfectamente posible dictar una norma transitoria para que los efectos de la ley en proyecto no signifiquen la cancelación del registro de las entidades involucradas, aun cuando sobrepasáramos el plazo por algunos días o una semana.
Aseguro a Sus Señorías -y lo doy por firmado en esta Sala- que no avanzaremos en la materia en debate: no se enviará el proyecto, se va a dilatar, y se perderá la gran oportunidad de capacitar y de nivelar los estudios de un número importantísimo de trabajadores en nuestro país.
El señor LETELIER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Queda sólo un minuto, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Deseo expresar que coincido con el propósito del Senador señor Orpis, pero discrepo de su interpretación por lo siguiente.
La normativa en proyecto tiene por objeto corregir un error relativo a los municipios, ya que no fueron incluidos dentro de las entidades que podrían actuar como OTEC. Pero éstos pueden ser reconocidos por el Ministerio de Educación y quedar en condiciones de nivelación de estudios, según la interpretación de algunos.
El tema fue parte del debate sostenido.
Por eso, en todo caso, quiero dejar sentado que la iniciativa sólo tiene por objeto resolver el problema de los municipios. Por ende, no se podría incluir otra materia. Si hay dudas, y de común acuerdo en la Corporación, podemos solicitar que se considere en otra iniciativa para asegurar el propósito planteado. No se puede incorporar en este proyecto por no estar dentro de sus ideas matrices.
Señor Presidente, nosotros aprobaremos la normativa en análisis, y aunque compartimos el objetivo hecho presente, consideramos que no es posible concretarlo en este momento.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia -porque el Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo estuvo en la Comisión- de que, conforme al artículo 19 de la ley relativa al SENCE, los OTEC no pueden nivelar estudios. Y así quedó expresamente establecido en la propia Comisión.
¿Cómo se podría haber superado el problema? Modificando la normativa en estudio.
Por lo tanto, hago notar a la Sala que hoy día dichos organismos carecen de tal facultad, según el texto expreso del artículo 19 de la referida ley.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto.
--Se aprueba y queda despachado en este trámite.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL SOBRE ADMISIÓN Y FORMA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN JUICIO
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3797-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal de la iniciativa es normar expresamente la admisibilidad de los documentos electrónicos en juicio, como asimismo su incorporación, producción, impugnación y valoración, y, de esa manera, dar certeza respecto a su data, introduciendo el concepto de "fecha electrónica", que se funda en mecanismos tecnológicos capaces de entregar seguridad en cuanto al momento de otorgamiento o suscripción de un documento, acto o contrato.
La Comisión de Economía analizó solamente en general el proyecto, dando su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores García y Pizarro, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se somete a consideración de la Sala se encuentra consignado en el respectivo informe.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Economía, quiero hacer presente que se trata de un proyecto bastante importante porque facilita la tramitación, negociación y celebración de los contratos, fundamentalmente los de índole mercantil.
Por lo tanto, teniendo presente las propias normas relativas al consentimiento que establece el Código de Comercio, aquí se regula una forma que efectivamente ya está contemplada, aunque no con las características actuales, en cuanto al consentimiento y al acuerdo respectivo.
Sin embargo, pese a estar del todo conforme y por tratarse de una modificación a las normas del Código de Procedimiento Civil, solicito que también sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Como lo hice presente en la Comisión, procede que sea informado también por dicho órgano.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le pareciera a la Sala, una vez aprobada la iniciativa la remitiríamos a la Comisión de Economía para su segundo informe, y a la de Constitución.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 11 de septiembre a las 12.
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el "Acuerdo de cooperación y ayuda mutua en materia de prevención y atención de desastres", celebrado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 10 de diciembre de 2004, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4085-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 4 de abril de 2006.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Hacienda, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal de la iniciativa es promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre Chile y Perú en materia de gestión de riesgos, reducción de desastres y estudio de amenazas y vulnerabilidades que tengan su origen en un hecho natural o del hombre.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda también le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Ominami y Sabag), tal como lo despachó la de Relaciones Exteriores.
Cabe tener presente que los dos órganos informantes proponen al señor Presidente del Senado que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y en particular a la vez, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se halla en su segundo trámite constitucional.
Señala el mensaje que Chile y Perú, por su situación y características geográficas, se encuentran permanentemente expuestos a sufrir los efectos de fenómenos destructivos de origen natural, potencialmente dañinos, como sismos, tsunamis, inundaciones, aluviones, avalanchas y otros fenómenos de similar naturaleza. A lo anterior, se deben agregar los efectos negativos derivados de la actividad humana y el crecimiento de las comunidades, tales como accidentes con sustancias peligrosas, radiológicas, incendios forestales, etcétera, todos los cuales producen severos impactos en la población, afectando su normal desarrollo.
Atendidas tales circunstancias y el hecho de que la frontera entre ambos países genera una fuerte dinámica de integración, la ejecución de programas y actividades conjuntas de cooperación y de intercambio de experiencias en materia de gestión de riesgos en sus zonas fronterizas se ve fuertemente reforzada.
El Encargado de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) señaló en la Comisión que el Acuerdo en estudio persigue normar una situación ya existente en la zona fronteriza norte, cual es la de integración y ayuda en casos de desastre. Agregó que en la actualidad hay programas conjuntos de tipo fitosanitario y de salud.
Explicó que, en la práctica, Chile y Perú se han prestado ayuda mutua en casos como las inundaciones provocadas por el invierno altiplánico. Añadió que dicha zona se ve afectada, además, por sismos y aluviones.
Por las razones antes mencionadas, expresó que se hizo necesario abordar esta problemática. Con tal fin, se suscribió este convenio que es un acuerdo marco que permite a la Oficina Nacional de Emergencia chilena y al Instituto Nacional de Defensa Civil peruano coordinar el empleo de recursos humanos y materiales, tanto públicos como privados.
Se le planteó la inquietud de que estos programas de ayuda podrían ser utilizados por el narcotráfico. Al respecto, dicho personero aclaró que existían resguardos que impedían la referida situación, porque tales programas son coordinados por la Cancillería y las Intendencias respectivas.
Se informó que el Acuerdo en análisis fue aprobado por Perú con fecha 17 de noviembre del año pasado.
Finalmente, como señaló el señor Secretario , el proyecto de acuerdo fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI-
Señor Presidente, seré muy breve.
Tal como informaron los representantes de la Cancillería en la Comisión de Hacienda, el Acuerdo es producto de un memorándum de entendimiento entre las Repúblicas de Chile y del Perú, suscrito en Santiago el año 2002, luego de lo cual, en 2004, se firmó el instrumento que hoy día se somete a consideración del Senado.
En lo que se refiere a la competencia de la Comisión de Hacienda, el artículo 6.3 del Acuerdo dispone que las Partes aplicarán procedimientos simplificados para el ingreso y salida temporal sin estar afectos a tasas aduaneras, en cuanto a equipos y medios de socorro utilizados para la asistencia mutua con ocasión de un desastre o catástrofe y para su retorno al país de origen, de modo de otorgar las máximas facilidades fronterizas a ese respecto. Sobre el particular se informó a la Comisión que el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con un sistema de admisión y salida temporal de equipos y bienes que- según se presume- no van a ser comercializados.
En el marco del Acuerdo, el ingreso o salida de bienes o equipos que se utilizan en catástrofes -por ejemplo, colchones-, que teóricamente debieran estar afectos a tasas aduaneras al momento de su ingreso al país, no tendrán que pagar tales derechos.
Asimismo, los representantes informaron que las distintas actividades que enumera el artículo 2 del Acuerdo, referido a los términos de cooperación y asistencia, entre las que figuran el intercambio de especialistas y expertos, de información y documentación; el diseño de planes de asistencia mutua para casos de emergencia; el planeamiento y realización conjunta de proyectos sobre identificación de peligros, etcétera, no requieren aportes extraordinarios para ser cubiertas, porque los dineros ya están dispuestos en fondos de emergencia del Ministerio del Interior y en los recursos ordinarios de la Oficina Nacional de Emergencia.
Desde ese punto de vista, el informe financiero emanado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señala que el Acuerdo se efectúa en el marco de la legislación interna de cada país y no compromete recursos fiscales adicionales.
Es cuanto puedo informar respecto de las discusiones habidas en la Comisión de Hacienda sobre el particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.537 EN CUANTO A ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el propósito de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3804-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 6 de junio de 2006.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 42ª, en 9 de agosto de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal del proyecto es modificar la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria para facilitar la organización y administración de los condominios de viviendas sociales, mediante el establecimiento de nuevas obligaciones y responsabilidades a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a los Servicios de Vivienda y Urbanización.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general, aprobando la idea legislar por tres votos a favor (Senadores señores Cantero, Longueira y Sabag) y la abstención del Honorable señor Pérez Varela, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
El texto del proyecto se consigna en la parte pertinente del primer informe.
Cabe tener presente que las letras g), i), j), k) y l) del artículo único y la primera disposición transitoria tienen el rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de 22 señores Senadores.
Finalmente, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión acordó reemplazar el nombre de la iniciativa para adecuarlo a su real contenido actual, dejándolo como sigue: Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para facilitar la organización y administración de los condominios de viviendas sociales.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
La iniciativa en estudio surge de un proyecto promovido por el Diputado señor Carlos Montes que, además, fue patrocinado por diputados de diversas bancadas.
El proyecto tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los vecinos y contribuir a superar el grave problema de administración de espacios comunes que existe en los condominios de viviendas sociales, lo cual conduce a un serio deterioro social en muchos de éstos.
Diversos estudios nos hablan de una creciente "ghettización" de estos espacios urbanos, fenómeno que no sólo reviste carácter nacional sino también internacional.
Ello ha llevado a muchos países a tomar drásticas medidas, las cuales incluyen la demolición de los condominios.
Pues bien, nosotros no podemos darnos esos lujos, por lo que necesitamos prevenir y superar esas dificultades. Y una de las formas de hacerlo consiste en modificar ciertas normas legales, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y facilitar la organización vecinal.
El proyecto en estudio contempla algunas medidas en este sentido dignas de destacar.
En primer término, se establece un número máximo de unidades por conjunto habitacional. Se trata de una enmienda que parece simple, pero que tiene enorme importancia práctica.
Todos conocemos en nuestras Regiones conjuntos habitacionales de quinientas viviendas o incluso más. Así, la administración de sus espacios comunes y la organización de los vecinos son imposibles.
Las consecuencias de ello son predecibles: deterioro o abandono de los espacios comunes, caos estético, conflictos entre residentes.
Por tanto, fijar un máximo de 150 unidades por conjunto habitacional es una medida de gran trascendencia. Evidentemente es más fácil convocar y organizar a esa cantidad de familias que a quinientas o más.
En segundo lugar, se favorece la habilitación de áreas verdes, espacios comunitarios y estacionamientos en los condominios destinados a viviendas sociales.
Lo anterior se consigue excluyendo a dichos condominios de la posibilidad que las constructoras canjeen los requerimientos de espacios comunitarios y áreas verdes, reubicándolos o compensándolos en sectores aledaños.
La organización, el esparcimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos hacen imprescindible la existencia de espacios que posibiliten tales objetivos sin establecer excepciones, especialmente en los sectores más modestos.
En el mismo sentido se orienta la norma que exige un mayor número de estacionamientos para estos condominios.
La experiencia indica que estos complejos no escapan a las necesidades de otros sectores sociales en materia de ubicación de vehículos. Sin embargo, las actuales normas legales no dan cuenta de esa realidad.
El resultado -todos lo conocemos- se traduce en pasajes y calles estrechas, con vehículos estacionados en las bermas y con vecinos que deben hacer piruetas para transitar, ya sea a pie o en automóvil.
Ello debe cambiar y el proyecto apunta en esa dirección.
Otro tema importante es la modificación de normas referidas a la organización de los vecinos y a la realización de asambleas.
El proyecto contiene una serie de enmiendas tendientes a facilitar ambos aspectos, alterando las disposiciones vigentes en materia de quórums, citaciones y convocatorias a asambleas, nombramiento de administradores, acciones de mediación en conflictos y costo de trámites judiciales.
Por último, resulta muy relevante la disposición que permitirá a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a los servicios de vivienda y urbanización destinar recursos para los condominios de viviendas sociales, con el objeto de promover la ejecución de programas de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los inmuebles.
Asimismo, es fundamental aquella enmienda que posibilitará a sus organizaciones postular a dichos planes en condiciones similares a las que rigen para juntas de vecinos y otros organismos comunitarios.
La materia que abordamos es, sin duda, una de las áreas pendientes en cuanto a vivienda social y urbanismo.
La necesidad de priorizar la construcción de viviendas para disminuir su déficit ha postergado la adopción de medidas que ayuden a sus propietarios a mantener y mejorar sus inmuebles.
Sin embargo, así como es importante construir más viviendas sin desatender la calidad de ellas, resulta también imprescindible que ello se haga implementando programas que eviten que esa inversión se desperdicie o pierda valor, producto del abandono estructural, estético y urbanístico.
Señor Presidente , Honorables colegas, como decía, el proyecto que analizamos reviste enorme relevancia para muchos barrios de nuestras ciudades y también para sus vecinos, amenazados gravemente por el deterioro en su calidad de vida. Sus disposiciones abren una puerta a revertir tal situación y a permitir que los problemas detectados no se repitan en nuevos planes de vivienda, por lo que votaré favorablemente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, creo que este proyecto, que tiene por finalidad facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales, responde claramente a los objetivos impulsados por los diversos Gobiernos de la Concertación en el sentido de ir mejorando la calidad de vida de los sectores de más bajos ingresos.
Si bien en un primer momento el déficit habitacional fue abordado a través de la construcción masiva de viviendas, ello muchas veces no significó crear verdaderos barrios. La presente iniciativa, en cambio, a partir de ciertas unidades territoriales, como son los condominios sociales, permitirá la mejor mantención de espacios que hoy se encuentran en tierra de nadie, porque -digámoslo con toda claridad- en diversas ocasiones se levantan ahí determinadas infraestructuras (sedes, multicanchas) que no cuentan con nadie a cargo de su administración.
Desde ese punto de vista, me parece que 150 viviendas es un número razonable para hacer posible una adecuada administración y asignación de recursos en los conjuntos habitacionales ubicados en sectores populares.
De la misma manera, señor Presidente , no me cabe duda de que el proyecto significará un beneficio muy importante en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas que viven en viviendas sociales al brindarles la posibilidad de dar forma administrativa al desenvolvimiento de la vida en su barrio en términos de cómo ocupar las áreas comunes, los espacios libres, las áreas verdes.
Por eso, veo con muy buenos ojos y valoro muy positivamente que de una vez por todas se haya tomado la decisión de legislar sobre la materia, señor Presidente , porque considero que existe un vacío legal en la normativa que regula la construcción de poblaciones y villas que impide que sus habitantes accedan a mejores condiciones de vida. Por supuesto, es importante que la gente tenga casa, pero también lo es que el entorno de ésta adquiera mejoras significativas con el transcurrir del tiempo. Y no tengo dudas de que este proyecto, que permitirá la formación de condominios de viviendas sociales, constituirá una paso adelante en ese aspecto y elevará el nivel de vida de las personas que en ellos habitan, razón por la cual lo voy a votar favorablemente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, celebro que estemos discutiendo un proyecto de ley que dice relación directa con la posibilidad de que la ciudadanía se organice y, de esta forma, se ocupe colectivamente de cada una de las circunstancias que se enfrentan en la cotidiana convivencia vecinal.
Resulta indispensable profundizar aún más en iniciativas de este tipo, que den respuesta satisfactoria a la cada vez mayor necesidad social de organización y participación, puesto que el Estado debe, por mandato constitucional, otorgar apoyo a las organizaciones que se crean al interior de la sociedad civil, cuestión que hasta la fecha se ha visto gravemente incumplida incluso en sus aspectos más básicos. En efecto, en la actualidad la mayoría de los comunas de nuestro país carece de consejos económicos y sociales debidamente constituidos o, en los casos en que éstos existen, sus atribuciones son casi nulas, por lo que, en definitiva, la participación ciudadana es letra muerta.
Sumado a ello, señor Presidente , hace más de 3 años que el Fondo de Desarrollo Vecinal no recibe recursos del presupuesto público. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar al Ejecutivo la solicitud que le hizo este Honorable Senado mediante un proyecto de acuerdo en orden a asignar este año los recursos que corresponden a este Fondo, que va en directo beneficio de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que a duras penas logran desarrollar todas sus iniciativas.
Este proyecto de ley, no obstante ser perfectible en algunos de sus aspectos, va en la dirección correcta. Sin duda, el mejoramiento de las normas que rigen la organización y administración de los condominios de viviendas sociales será de gran ayuda para una importante cantidad de personas. Pero es de esperar que no nos quedemos sólo aquí, sino que con esto se inicie una profunda adecuación y renovación de cada una de las normas que rigen la participación y la organización ciudadanas, para lo cual hago un especial llamado al Ejecutivo, que, según se ha interpretado, es el que posee la iniciativa exclusiva en estas materias.
Votaré favorablemente el proyecto, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, es indudable que cada uno de nosotros constata a diario en las distintas comunas, provincias y Regiones a las cuales representa cómo los condominios de viviendas sociales, una vez entregados, comienzan un proceso de deterioro sustancial. Y ello se debe a que hoy en día los vecinos no poseen capacidad para organizarse y administrar de manera adecuada los conjuntos habitacionales en los que viven.
En mi opinión, el problema debe ser enfrentado desde dos perspectivas o, si se quiere, exige dos tareas. En primer lugar, el Estado, a través de su política habitacional y de subsidios, debe alentar progresivamente la construcción de barrios y condominios de viviendas sociales cada vez mejor dotados y estructurados, con espacios libres y áreas comunes en los cuales sus habitantes puedan desarrollarse. Pienso que el nuevo programa habitacional anunciado por la señora Ministra de Vivienda constituye un buen inicio tras un objetivo al cual todos debemos contribuir: la edificación de viviendas sociales de calidad, insertas en barrios dotados no sólo de sedes sociales, sino también de plazas e instalaciones deportivas.
Eso, claramente, no lo resuelve una normativa de esta naturaleza, pero sí un programa habitacional que permita dar un paso adelante en la construcción de viviendas sociales de mejor calidad.
Todos constatamos a diario que en el último tiempo se ha privilegiado el levantamiento de conjuntos habitacionales con calles y pasajes pavimentados, algunas sedes sociales y punto. Si esa política estatal continúa, la calidad de vida de las personas no mejorará.
Y reitero: este proyecto no avanza en esa materia, o lo hace mínimamente, estableciendo cierto número de estacionamientos y otras exigencias con las cuales uno no puede estar en desacuerdo, pero que sólo constituyen un adelanto bastante pequeño y precario para que los condominios de viviendas sociales sean entregados como verdaderos barrios, que es -estoy seguro- lo que todos los Senadores anhelan.
El segundo aspecto que ha de considerarse es el siguiente. Cualquiera que sea la calidad de los conjuntos que se entreguen, los vecinos deben estar preparados y capacitados para asumir la tarea fundamental de administrar los condominios, con todo lo que ello significa en cuanto a normativas municipales y reglamentarias, liderazgo, etcétera. Recuerdo que estamos hablando de condominios de viviendas sociales, donde existen personas de buena voluntad, pero sin la capacitación ni la preparación para liderar la organización de los vecinos, que es lo que el proyecto persigue.
Pero yo tengo una objeción de fondo respecto de la modificación al artículo 39 propuesta en el numeral 1) de la letra h), que consiste en intercalar la frase "no podrán edificarse en conjuntos de más de 150 unidades".
Eso puede ser extraordinariamente contraproducente para el objetivo que se quiere alcanzar. Chile está lleno de comunas y ciudades medianas y pequeñas donde todos somos testigos de las dificultades existentes para llevar adelante programas de viviendas sociales, porque las empresas constructoras siempre buscan desarrollar en ellas proyectos más grandes, con un mínimo de 290 a 300 unidades, para que el negocio les resulte rentable.
Por lo tanto, la obligación señalada implicaría poner una barrera de entrada muy fuerte en el caso de las comunas y ciudades pequeñas y medianas, que son la mayoría en el país; costaría mucho lograr en ellas una oferta amplia, contundente, sustantiva, de viviendas sociales.
Debemos tener especial cuidado con esa situación, ya que puede constituir un obstáculo insalvable para que las personas de escasos recursos accedan a ese tipo de soluciones habitacionales.
Llamo a los señores Senadores a que hagan un análisis de cada una de las comunas y ciudades pequeñas y medianas a las cuales representan. Sus Señorías conocen las dificultades que ellas han enfrentado para que las empresas asuman el compromiso de construir viviendas sociales cuando los proyectos son inferiores a 250, 290 unidades. Siempre existe algún problema.
Entonces, la cortapisa de que los condominios en comento no posean más de 150 viviendas generaría un daño profundo, importante, a los sectores que he mencionado.
Por otro lado, creo que una norma de tal naturaleza no ataca el fondo del problema, cual es que, en el evento de que el día de mañana sea necesario construir barrios y condominios sociales completos donde verdaderamente se requiera una adecuada administración, no habrá dirigentes preparados ni capacitados para ejercer liderazgo a los efectos de impulsar a los vecinos con el objeto de que participen en la mantención de aquéllos o presenten proyectos para postular a fondos destinados a este efecto.
Ésa es, sin duda, la dificultad real con que nos encontramos hoy. Por ende, una política habitacional correcta debiera contemplar un subsidio o un fondo al cual los vecinos puedan optar para capacitarse y prepararse.
Alguien podrá argüir que es muy difícil administrar en forma eficiente un condominio de sobre 150 viviendas. Es cierto. Pero la ley vigente permite nombrar subadministradores; en consecuencia, pueden coexistir varias administraciones que hagan factible ir mejorando cada vez más el nivel de vida de los copropietarios.
Señor Presidente , éste es un problema de administración y no de construcción; de preparación y capacitación de la gente, y no de limitación del número de edificaciones.
Lo expuesto me lleva a rechazar la modificación del artículo 39 propuesta en el numeral 1) de la letra h). Y, desde ya, pido votación separada, porque la enmienda planteada, en caso de aprobarse, constituirá un obstáculo para la construcción de viviendas sociales.
Si se quisiera mantener esta norma, sería preciso establecer una definición diferente para los condominios de viviendas sociales, pues la consignada en la iniciativa es extraordinariamente amplia: cualquier proyecto con 10 a 15 de ellas será un condominio; por lo tanto, comprenderá a todos -¡a todos!- los grupos habitacionales que se conformen de aquí para adelante.
Reitero: el tope de 150 unidades será un obstáculo para la construcción de viviendas sociales en las comunas y ciudades pequeñas y medianas.
Señor Presidente, estimo contraproducente la enmienda al artículo 39 planteada mediante el número 1) de la letra h). Por ello, solicito que se vote en forma separada. Y si esto no fuere posible, anuncio mi voto en contra respecto de esta materia.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En su momento podrá formular esa petición, señor Senador.
El señor NARANJO.-
Entiendo que hoy sólo corresponde votar en general.
El señor SABAG.-
Así es.
El señor LETELIER.-
¡El Senador señor Pérez Varela está con ganas de trabajar más rápido...! Eso es lo que nos convoca.
El señor NARANJO.-
¡Quiere dividir al general...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, como uno de los autores de la iniciativa, junto con -entre otros- el Diputado señor Montes, debo manifestar que lo que nos inspiró en primer término fue algo que todos conocemos: la gran cantidad de conjuntos de viviendas sociales -SERVIU en particular- que se han concentrado en forma muy masiva en blocks distintos y que se encuentran acogidos de hecho a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria -ley de propiedad horizontal-, lo cual dificulta bastante el desarrollo del trabajo en comunidad, por cuanto ese cuerpo normativo no considera la realidad de los copropietarios de ese tipo de habitaciones.
De hecho, los conjuntos SERVIU son condominios, tal como puede serlo una vía de viviendas para gente de altos ingresos. Pero las realidades social y territorial de los condominios de viviendas sociales son absolutamente distintas.
Fue a raíz de ello que quisimos impulsar una legislación tendiente a establecer algunas normas y criterios que permitieran, primero, una definición de "condominio de vivienda social". Quizás -como expresó el colega Pérez Varela - la ahora propuesta es muy genérica; pero, sin duda, se puede precisar. Sin embargo, la virtud de esta iniciativa es el establecimiento de una definición de "condominio de vivienda social", pues hoy nada existe sobre el particular y, por ende, no resulta factible dictar normas particulares para ese tipo de conjuntos habitacionales.
Asimismo, la ley en proyecto introduce disposiciones en cuanto a las formas de citar a asambleas y de realizar éstas. Al respecto, hay un elemento principal: la participación activa del municipio tanto para convocar a las reuniones cuanto para actuar como ministro de fe. Porque, hasta ahora, las normas que regulan a los condominios en general son impracticables para los de viviendas sociales.
En tal sentido, parece fundamental, no sólo que se incorpore la definición aludida, sino el lograr que una autoridad cercana, asequible para los pobladores, como el municipio, juegue un papel activo; y, de la misma forma, establecer un procedimiento más simple para la elaboración del primer reglamento.
Según las estadísticas que se nos han proporcionado, las viviendas sociales constituidas en condominios de acuerdo con la Ley de Copropiedad Inmobiliaria alcanzan a bastante menos que 10 por ciento, lo que dificulta mucho el acceso a determinadas acciones públicas e inversiones, e incluso, a la cooperación del municipio.
Por medio de la iniciativa se quiere modificar eso, como asimismo los quórums necesarios para iniciar ciertos procedimientos con relación al reglamento.
Señor Presidente, hay dos aspectos que algunos consideran que no deben ser parte de la ley en proyecto. La representante del Ministerio de Vivienda los hizo presentes en la Comisión y, con anterioridad, en la Cámara de Diputados.
Uno de ellos se refiere a si deben considerarse estacionamientos por cantidad de viviendas. Incluso, a juicio de algunos de nosotros, la norma que se establece es mínima, por cuanto no hay ninguna razón para pensar que las familias que hoy habitan en viviendas sociales no puedan aspirar a contar mañana con un vehículo particular. Muchas ya lo tienen, y la situación que enfrentan es por completo inapropiada -por decir lo menos-, pues resuelven el problema estacionándolo en cualquier lugar, menos en el indicado para este efecto. Ello, producto de que los arquitectos, al planificar, privilegiaron la construcción de la superficie de las viviendas, pero no el desarrollo del barrio. Y eso lleva al absurdo de que, si bien hay estacionamientos, se encuentran en terrenos de copropiedad ubicados en la parte colindante de los edificios, lo cual genera un tremendo conflicto entre vecinos. En efecto, los que viven en el primer piso, cuando se trata de bloques, se consideran dueños de la parte de atrás y ponen su auto primero. ¡Y pobre del que viva en el segundo o en el tercer piso, pues no tiene dónde estacionar el suyo! Y el problema parte de que nunca se ha normado en forma adecuada la situación.
El Senador señor Pérez Varela hizo un planteamiento en cuanto al tamaño de los conjuntos habitacionales. Ciertamente, 140, 150, 200 o cualquier cifra que se dé resulta arbitraria. Pero lo que se quiere es evitar lo que algunos consideramos un verdadero crimen urbano: la construcción de hectáreas, hectáreas y hectáreas de viviendas sociales, una tras otra, donde no existe una mínima identidad colectiva, de barrio.
En Rancagua están -y el Senador señor Chadwick es testigo- los conjuntos habitacionales Algarrobo 1, 2, 3, 4, 5 y 6; es decir, a lo largo de varias cuadras, seis etapas de construcción que evidentemente carecen de identidad colectiva.
Se trata, entonces, de algo que queremos promover, fijándolo como condición al urbanizador. Tal es la razón para determinar un límite. Podrá ser un poco más o un poco menos. Sin embargo, el propósito de definir barrios es lo que más nos inquieta.
Por último, más allá de que las normas propuestas faciliten o permitan que los condominios constituidos de acuerdo con la ley en proyecto postulen a programas financiados con recursos fiscales -lo considero tremendamente importante-, quiero destacar las disposiciones transitorias, y en particular la facultad que se da a la Dirección de Obras para modificar los planos de loteo existentes en los condominios de viviendas sociales. Esto es de gran relevancia, porque va a posibilitar que en aquellos donde los bloques se encuentran unidos a terrenos de equipamiento o se hallan diseñados de una forma que no refleja la convivencia de la comunidad se planteen modificaciones en el plazo de tres años. Y ello debería contribuir a que en los casos donde el municipio se involucra activamente -es lo que queremos- mejoren la calidad de vida y el nivel de organización de esos conjuntos habitacionales.
Nosotros vamos a apoyar este proyecto, pues lo consideramos absolutamente necesario.
Sí nos gustaría -y lo hemos planteado- que el Ministerio de Vivienda u otra repartición analizara la factibilidad de respaldar e impulsar programas más proactivos para constituir efectivamente la copropiedad en todos esos conjuntos habitacionales. Y ello, por una razón: porque muchas de las viviendas sociales que los conforman, particularmente en las ciudades grandes -no en las intermedias o pequeñas-, por la manera como se diseñaron, han ido acompañadas de una marginalidad urbana dramática, de un deterioro urbano dramático y de un menosprecio por el barrio dramático.
Para revertir situaciones como ésa, la Presidenta Bachelet anunció el Programa 200 Barrios. Sin duda, éste apunta en la dirección correcta al plantear una intervención integral, pero quizás necesita ser complementado por otras iniciativas, tal vez menos ambiciosas, que nos permitan un plazo de tres años a los efectos de conseguir que se constituyan los consejos de administración y efectivamente haya una actividad más vigorosa y activa en todos los sectores de que se trata.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en la Comisión de Vivienda del Senado analizamos este proyecto y aprobamos la idea de legislar. Ahora la Sala deberá votarlo en general, para luego fijar plazo a los efectos de presentar indicaciones y, posteriormente, dar lugar a la discusión particular.
Quiero dejar constancia de que la iniciativa en debate tuvo su origen en una moción de los Diputados señoras Isabel Allende, Eliana Caraball y María Antonieta Saa, y señores René Manuel García, Juan Pablo Letelier, Patricio Melero, Fernando Meza, Carlos Montes, Edgardo Riveros y Gonzalo Uriarte .
Éste es un buen proyecto, orientado con una visión -yo diría- futurista, porque todos aspiramos a mejorar los conjuntos residenciales; a que ellos no sean simplemente miles de viviendas, sino barrios donde la gente pueda aspirar a tener entrada y estacionamiento para su auto, por ejemplo, y no vea limitadas todas sus posibilidades de crecimiento.
Su objetivo es establecer normas que contribuyan a facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales, y que además permitan garantizar un estándar superior en la construcción de ellas.
Para concretar lo anterior, se propone, mediante un artículo único que consta de doce literales, introducir modificaciones a la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.
En la Comisión recibimos en audiencia a la Cámara Chilena de la Construcción. Concurrió su Presidente, don Otto Kunz, quien, junto con entregar un documento que se incorporó como anexo al informe que los señores Senadores tienen en su poder, señaló, en síntesis, que "la iniciativa resultará perjudicial justamente para aquellas familias a quienes se pretende beneficiar.".
Aseveró que "los problemas de copropiedad, cuando existen, son fundamentalmente de orden administrativo, y que los mismos no se solucionan con restricciones a la construcción, como lo propone el proyecto en estudio.".
Agregó que "si el proyecto persigue optimizar la participación de la comunidad, no se justifica efectuar una modificación legal tendiente a limitar el número máximo de unidades en los condominios de vivienda social, ya que la ley vigente permite, en caso de ser necesario, recurrir a subadministradores.".
Afirmó que "el esfuerzo debe orientarse a focalizar la solución de los problemas de deterioro y mantención que presentan los condominios de viviendas sociales, en base a capacitación y generación de incentivos y estímulos a la organización, proponiendo para ello la extensión de los subsidios del Fondo Solidario para la Vivienda a los condominios de vivienda social que contempla la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. De este modo, se orientarán acciones de capacitación de las administraciones y se entregará un incentivo para aquellas administraciones que ya se encuentran organizadas.".
Consignó, por último, que lo anterior significaría encarecer fuertemente la vivienda social.
También invitamos al Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local , don Cristián Arévalo, quien, mediante presentación escrita, hizo ver a la Comisión que, en su concepto, "el proyecto presenta un avance respecto de la propuesta original del Ejecutivo , al recoger la Honorable Cámara de Diputados algunas de las observaciones planteadas por el Instituto que preside.".
Por su parte, la abogada señora Jeannette Tapia y el Jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Jaime Silva , en representación del Ejecutivo, expresaron su parecer positivo acerca del proyecto, en razón de que "corrige problemas detectados en la aplicación de la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria", y manifestaron "el interés de esa Secretaría de Estado en orden a regular los condominios de viviendas sociales".
Por tales razones, señor Presidente , la Comisión estimó de alta conveniencia legislar sobre la materia. Ello, en vista de los nuevos programas habitacionales del Ministerio del ramo tendientes a terminar con las viviendas precarias y a ir paulatinamente mejorando las condiciones, la calidad y los metros cuadrados de las viviendas sociales. Por eso, el subsidio se ha aumentado a 330 UF en algunos sectores y a 370 en otros, para dar viviendas dignas, que cuenten con entradas de vehículos y estacionamientos, y poner término al verdadero hacinamiento existente, que hace vivir a la gente en condiciones deplorables.
En consecuencia, pedimos al Senado que apruebe la iniciativa sólo en general y que se fije un plazo para la presentación de indicaciones, a fin de que posteriormente se analice en la Sala cada una de ellas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se ha solicitado abrir la votación de la iniciativa.
En consecuencia, queda cerrado el debate.
Recuerdo a Sus Señorías que para la aprobación del proyecto se requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación la idea de legislar.
Se comenzará con quienes estaban inscritos para intervenir.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, el proyecto, tal como ya se ha señalado, tuvo su origen en una moción. En mi condición de Diputado, integré la Comisión de Vivienda, que trató y aprobó la iniciativa; y ahora me ha correspondido estudiarla de nuevo, como miembro de la Comisión pertinente del Senado.
Éste es un proyecto que apunta en el sentido correcto: avanzar en el mejoramiento de las exigencias en los condominios de viviendas sociales y facilitar de alguna forma el grado de organización de los vecinos para administrar adecuadamente las áreas comunes de dichos conjuntos habitacionales.
Los puntos más relevantes de la iniciativa son los siguientes:
Primero -como señaló el Senador señor Pérez Varela -, la exigencia de que los conjuntos no tengan más de 150 unidades. La línea argumental contraria señala que esto puede aumentar el precio de la vivienda social. Pero, a mi juicio, la única forma de terminar con conjuntos de 800 ó 500 unidades, que no hacen otra cosa que endurecer la pobreza, es incorporar en la ley la obligación de que estos condominios no podrán exceder las 150 viviendas. Por tanto, las licitaciones de construcción en todas las comunas del país deberán realizarse en torno a este tope, lo cual es perfectamente compatible con la geografía nacional.
Considero importante avanzar y poner algún límite. Ello responde a la permanente crítica que durante años se ha hecho a la forma como se construyen las viviendas sociales en el país, no sólo por la calidad de ellas, sino también por el hacinamiento que producen. Se trata, entonces, de una medida que Chile está en condiciones de asumir, aunque, por cierto, conlleve un mayor costo.
No debieran seguir entregándose conjuntos habitacionales como los construidos hasta ahora. Hemos llegado incluso a la situación de que mucha gente, luego de obtener una vivienda social, la abandona, porque vivir en condominios de 500, de 800 unidades -como ocurre en muchas comunas en sectores más vulnerables, especialmente de la Región Metropolitana y de las grandes ciudades del país- es inaceptable. Por eso, pienso que la iniciativa va en la dirección correcta.
Por otra parte, se flexibiliza un conjunto de normas que ayudan a conformar una administración para estos conjuntos habitacionales, porque prácticamente todos ellos tienen bienes comunes. Muchas veces las instalaciones y la infraestructura de tales condominios terminan destruyéndose por no existir un grado de organización ni una entidad encargada de mantenerlas ni de mejorarlas. Por lo tanto, las disposiciones del proyecto que apuntan a facilitar la organización de los copropietarios se orientan en el sentido adecuado.
Otro aspecto importante es la definición que se propone. El Senador señor Pérez Varela señaló que era muy ambigua; pero, obviamente, se puede perfeccionar. En el fondo, se considerará condominio de viviendas sociales todo conjunto constituido mayoritariamente por ellas. Se puede precisar mejor esta definición, pero lo relevante es que quede bien clara y, de ser necesario, que se perfeccione en la discusión en particular.
Por otro lado, es relevante que por primera vez se permite financiamiento fiscal para estos conjuntos habitacionales. Es decir, los municipios podrán destinar recursos a propiedades particulares. Hoy día los fondos municipales o regionales no pueden ser utilizados en beneficio de privados, como son los condominios de viviendas sociales. Por lo tanto, es muy difícil postular a programas para efectuar mantenimiento o para construir o mejorar sedes en lugares que no son de propiedad fiscal. Esto hace que muchas veces existan pequeños retazos entregados en administración o en comodato, mediante toda una maraña jurídica que finalmente constituye un enredo para el aporte de recursos fiscales por parte de los municipios.
Con esta propuesta será posible desarrollar una política de participación y de concurso tendiente a obtener fondos para hermosear los condominios de viviendas sociales.
Otro aspecto de la iniciativa es que se hace cargo de una realidad. Hoy día mucha gente que ha logrado adquirir un pequeño automóvil o que trabaja en el transporte público llega a vivir a esos conjuntos habitacionales, pero no cuenta con los espacios necesarios para estacionamiento. Ello, porque no hay una norma clara sobre el particular. Aquí se establece en forma muy precisa que debe haber un estacionamiento por cada dos viviendas sociales. Por lo tanto, en estos condominios, que no superarán las 150 unidades, habrá a lo sumo 75 lugares para estacionar vehículos.
Además, se resuelve una situación bastante irregular, a la cual alguien ya se refirió: como no existe una administración, muchos pobladores amplían sus viviendas en espacios que no les pertenecen y que al final no pueden sanear, porque la construcción respectiva se hace generalmente en los primeros pisos de propiedades colectivas. Finalmente, toda la inversión efectuada con el sacrificio de las familias no se puede legalizar ni formalizar, pues se han ocupado espacios comunes.
Creo que el objetivo del proyecto apunta en la dirección correcta. Se da un paso importante para mejorar la calidad de los condominios de viviendas sociales. Y en la discusión en particular podremos perfeccionar el texto.
Por eso, voto a favor de la iniciativa en general.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pocos proyectos tienen un título tan atractivo como éste. Objetivamente, es así.
Cuando se trata de facilitar la organización de los vecinos y la administración de los condominios de viviendas sociales, se apunta a uno de los problemas más importantes del Chile moderno: la mala calidad de las viviendas y de la convivencia social, dada básicamente por normas de administración deficientes.
A mi juicio, educación, viviendas dignas y calidad de vida de las familias que las habitan son un deber moral ineludible. Por eso estudié el proyecto con especial interés, en la idea de apoyarlo y aportar.
Sin embargo, tengo la impresión de que la forma como se plasma en él esta atractiva idea apunta en un sentido incorrecto.
Aquí se busca modificar tres tipos de disposiciones: las de construcción, relacionadas con estacionamientos; las de viviendas, relativas a límites, y las de nuevas facultades vecinales y obligaciones municipales.
En términos generales, señor Presidente , me quedo con la frase del Senador señor Pérez Varela, pues se dirige al centro del debate: éste no es un problema de límite de construcción, sino de administración.
Por lo tanto, es posible que una buena idea se esté implementando de manera equivocada.
Esto tiene relación directa con la forma como se da la vida en sociedad y con las normas que existen en tal sentido.
Como parece que se aprobará la idea de legislar, quiero referirme a algunas consideraciones para marcar la diferencia.
El tema de los estacionamientos resulta razonable. Pero la pregunta es versus qué. Porque, si el Ministro de Hacienda -siempre los titulares de Hacienda son exigentes en materia económica- dijera que hay recursos para mejorar la calidad de la vivienda social, el debate sería otro. Pero todavía estamos discutiendo si se destinará uno o dos dígitos a estos gastos, y luego el Parlamento tendrá que aprobar el Presupuesto. Porque, obviamente, los recursos son escasos.
Entonces, desde el punto de vista de la prioridad, ¿qué es más relevante? Desde mi perspectiva, la calidad de la vivienda. Por ejemplo, el número de metros cuadrados que debe tener una vivienda social como mínimo. Hace algunos meses, junto al Senador señor Pérez Varela , presentamos un proyecto que establece ese mínimo en 50 metros cuadrados. Actualmente no hay norma en la materia. Hay casas de 26, de 28 metros cuadrados; se aspira a 32. El programa de Gobierno -me parece que está bien inspirado- habla de 40 metros cuadrados. Creo que en esto podemos hacer un esfuerzo mayor.
Pero tenemos que entender que, a veces, los efectos de un tipo de norma repercuten en otros desafíos, que deberían ser destacados. En efecto, la existencia de un estacionamiento al final tiene que cargarse a algún ítem. Y éste tendrá que ver con la calidad de la vivienda o con el metraje de ella.
Lo mismo respecto del límite de unidades para un condominio.
Objetivamente, creo que éste no es un problema de límites, sino de norma, de calidad, de exigencia. Es decir: "Mire, yo necesito cada tantos habitantes tales características, en materia de áreas verdes, de recintos deportivos, de sede de junta de vecinos".
Lo que ocurre es que, si uno achica a 150 unidades el tope de un condominio, está encareciendo la construcción de cada vivienda y las obras anexas. Por algo, en las ciudades que representamos muchos de nosotros, uno de los esfuerzos más difíciles para las autoridades es buscar personas que se interesen en estos proyectos, a fin de ofrecer, de esa manera, una vivienda mejor por menos recursos. Porque, obviamente, aquí funcionan las economías de escala. A modo de ejemplo, nadie puede decir que es indiferente construir 150 unidades en tres hectáreas que 300 en seis hectáreas. No me cabe duda de que las segundas serán de mucha mejor calidad, porque hay una economía de escala que se aprovecha para estos efectos.
Siento que los autores de la iniciativa están haciendo su mejor esfuerzo por perfeccionar lo que hay. Pero, a lo menos desde mi perspectiva, hacer énfasis en el límite de construcción, creyendo que ahí radica el eje de las injusticias, de las desigualdades o de los problemas de convivencia en los condominios, constituye un error. Esto tiene que ver mucho más con normas, con otro tipo de elementos, que con lo relativo, por ejemplo, al tema de los estacionamientos.
Desde un tercer punto de vista, habría que tener cuidado con las disposiciones que se entregan a los municipios. Me parece adecuado que se haga. En esta iniciativa se plantea una serie de facultades, pero no se proporciona el financiamiento para que las municipalidades ejerzan estos nuevos deberes, uno de los cuales es adecuar los actuales condominios a la legislación futura.
Consulté al Ministerio de Vivienda y me dijeron que alrededor de un millón de viviendas se encuentran en la categoría de vivienda social. No sé cómo en tres años se podrán adecuar condominios de gran tamaño, que no tienen posibilidades físicas para ello, porque en su momento fueron construidos con limitaciones técnicas o de barrio para adaptarse a las nuevas circunstancias. No sé cómo se hará esa operación.
No basta con un artículo transitorio que diga que las municipalidades tendrán determinadas obligaciones, y que deberán adecuarse a la nueva normativa.
Creo que éste es el típico caso en que no se corresponde una cosa con la otra.
Señor Presidente , me parece que ésta es una de las materias que merecen mayor debate, pues trata cuestiones relevantes que se relacionan con la lógica del intercambio de experiencias. Sin embargo, aunque coincido con la idea de fondo, creo que el énfasis de las modificaciones propuestas no apunta en el sentido indicado.
Insisto: éste es un problema de administración y no de limitación.
Por tal motivo, me abstengo.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Habiendo fundamentado quienes estaban inscritos, continúa la votación en orden alfabético.
Para fundar el voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la pregunta que uno debiera hacerse es por qué hubo que esperar tanto para discutir una iniciativa como ésta, aunque su tramitación, singularmente, ha sido más veloz que la de otros proyectos.
A mi juicio, se requerirá una adecuada difusión de la ley, una vez que la iniciativa sea aprobada -como todos esperamos-, porque la actual legislación, que es insuficiente, no era muy conocida.
No hay programas de capacitación para los copropietarios ni, en particular, para las juntas de vecinos. Por lo tanto, con respecto a las miles de propiedades o copropiedades existentes, resulta claro que se deberá generar, conjuntamente con la iniciativa -y ésta es una invitación que hago a mis Honorables colegas-, un mecanismo de capacitación para la promoción de los elementos contenidos en la futura ley, con cargo a las glosas presupuestarias del Ministerio de Vivienda. Si no, esto se dificultará mucho: en cien condominios del SERVIU habrá cien interpretaciones.
Por otra parte, quiero señalar que esta situación no sólo afecta a las viviendas sociales y a su entorno, sino también a condominios de mayor costo (de 2.500 UF, de 2.000 UF). Uno ve que se producen los mismos problemas: en particular, los relativos al uso de los espacios públicos, a la definición de los gastos comunes. En este sentido, hay consultas que es importante aclarar y que serán motivo de debate: ¿el condominio puede ser cerrado o no?; ¿qué mayoría se requerirá para tal efecto? Éste es el típico conflicto y la petición más abundante que surge en el debate de los vecinos para protegerse de la delincuencia.
Además, en algunos casos se va a producir una situación grave, por cuanto el tamaño de los inmuebles ha crecido por ampliaciones. Lo dijo el Honorable señor Coloma y muchos otros señores Senadores. Para resolver esto, vamos a tener que llegar a acuerdos, facilitando los niveles de tolerancia, porque en muchos de los lugares que conozco deberán eliminarse algunas obras, que fueron construidas durante años por los vecinos.
El problema es que habrá un nivel de conflictividad que debe ser atacado con capacitación, puesto que, por ejemplo, algunos querrán que salga aquella construcción para el estacionamiento del auto -que fue hecha en una plaza o en un área verde, con ladrillo y cemento- y otros pretenderán protegerlo.
En ese sentido, la Ley de Presupuestos en materia de vivienda nos otorga una oportunidad para que la iniciativa tenga una buena implementación.
Se ha deteriorado gravemente la vida de las copropiedades. Eso lo sabemos, y por eso estamos legislando sobre el particular. Siento que se deben crear instrumentos, no sólo transitorios, como el que señalé respecto de la asesoría, sino también permanentes, como el relativo al Fondo para Proyectos de Mejoramiento en Copropiedades, que constituyó una buena idea del Ministerio de Vivienda en el año 1997. Aquél permitió a muchos condominios acceder a recursos -en mi Región, por ejemplo, Schwager y Lord Cochrane (en Penco)-, con aportes de los vecinos, para mejorar su entorno.
Pocas copropiedades, después de siete años de funcionamiento del Fondo, se han organizado. La mayoría de las pertenecientes al SERVIU no lo han hecho. En este caso, cuesta mucho más. El Ministerio ha implementado medidas marginales, por supuesto. Pero se debe propiciar un esfuerzo adicional.
Los municipios -lo digo francamente- poco han contribuido, porque es una cuestión difícil para ellos. Hay vecinos que están en contra y otros, a favor, y la suma y resta de los votos muchas veces lleva a la paralización de la intervención de la municipalidad. Debería haber una actitud más decidida por parte de ellas. Socializar la ley con los alcaldes y los concejos municipales será un objetivo importante también.
Por otro lado, los jueces de policía local alegan que, cada vez que establecemos una ley, los recargamos de trabajo, pero no les proporcionamos más recursos. Claramente la futura normativa hará surgir una mayor demanda de juicios ante estos juzgados. En efecto, la regularización y el ordenamiento de los condominios llevarán aparejado, en casos en que no haya consenso o avenimiento, la presentación ante los organismos correspondientes, que son, precisamente, los jueces de policía local.
Entonces, será necesario conversar con la Academia de Jueces de Policía Local. No sé si sus representantes vinieron a dar su opinión a la Comisión durante la discusión del proyecto. Pero confío en que, con la voluntad que tienen y, particularmente, con las mejoras que ha hecho el Parlamento respecto de los ingresos, tal ánimo exista; de ello no me cabe ninguna duda.
Del mismo modo, en cuanto a la invasión de empresas de televisión, cable y publicidad dentro de los condominios, también será necesario disponer de asesoría legal. Los vecinos no están en condiciones de determinar el retiro de instalaciones ilegales dentro de la franja de propiedad respectiva. En este sentido, las municipalidades -no veo otra alternativa-, sobre la base de los recursos provenientes de un fondo para asesorarlos, tienen que dar curso al ordenamiento que establece la ley y que debe ser acogido.
Resulta fundamental contar con un programa público -como lo señala el informe- para mejorar las copropiedades del SERVIU, dado que la calidad que se observa -seamos francos- es mucho menor en este tipo de condominios.
Por último, en lo concerniente a la responsabilidad que cabe en la participación, la moción contenía una norma que señalaba que "Los copropietarios que no asistan a la segunda citación del Juez serán sancionados según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 32.". No soy partidario de la inhibición o la intimidación. Es necesario que la ley considere un mecanismo al efecto; pero debe existir una suerte de mediación en las disputas de los vecinos, que son legítimas, para evitar que en la administración provisoria o definitiva de espacios comunes se recurra a la figura del juez de policía local.
Sobre el particular, creo que la subdivisión o la ampliación de espacios -porque en muchos de los condominios existen lugares no utilizados- va a requerir la asesoría de profesionales.
Insisto: la ley funcionará si efectivamente los vecinos establecen una relación estrecha con el municipio, si cuentan con la asesoría necesaria para hacer el ordenamiento y si en la normativa se contempla capacitación. Porque no es fácil ponerse de acuerdo en este tipo de materias, aun cuando estimo que la iniciativa es un gran avance. Y felicito a sus autores.
También voy a comprometer mi voto en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos, en cuanto a la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la glosa respectiva no obstante que el Parlamento carece de facultades en tal sentido-, de manera de generar condiciones para que esta normativa efectivamente funcione.
Me pronuncio a favor.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en la ciudad de Linares, Séptima Región Sur, sin duda conocen bien la realidad de la vivienda social, en particular de los condominios.
El señor PIZARRO.-
¡Allá no hay Senadores democratacristianos...!
El señor LETELIER.-
Existen Diputados muy activos que, en el ámbito de las relaciones internacionales, no son tan prolijos como en el que ahora nos ocupa. En todo caso, el propósito principal del proyecto es otro.
Sólo quiero pedir, señor Presidente, si lo tiene a bien, que después se considere lo planteado por el Honorable señor Navarro, para efectos de que esta Corporación pueda solicitar colectivamente al Ministro de Hacienda que el Director de Presupuestos haga suya la idea de consignar una glosa a fin de que en los programas del año 2007 se establezcan recursos específicos tendientes a fomentar el desarrollo de las organizaciones relacionadas con las viviendas sociales que en la Ley de Propiedad Horizontal figuran como condominios.
Con respecto al proyecto mismo, como ya señalé, votaré favorablemente.
Pero me gustaría complementar con una reflexión algo que manifestó el Senador señor Coloma. Con relación a los vehículos, de lo único que deseo dejar constancia es de que en los condominios de viviendas sociales el problema no es la carencia de espacios, sino el pésimo diseño de ellas. Y los espacios que existían se han transformado en áreas cafés, porque ya no dan para áreas verdes. Eso, en verdad, ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de la comunidad.
Por consiguiente, considero que no implica un mayor costo el determinar que una parte de los terrenos de propiedad comunitaria sea destinada a algo tan concreto como el estacionamiento de vehículos. Estoy seguro de que, con los nuevos recursos que ha planteado la Presidenta de la República, ello es posible y no significa un costo adicional.
Y en ningún caso queremos que eso vaya en contra de la calidad ni de la superficie de las viviendas.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos contra 2 y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido, y se fija el 11 de septiembre próximo, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Orpis y Pérez Varela.
Se abstuvieron los señores Coloma, García y Romero.
SOLICITUD DE PRONTO ESCLARECIMIENTO DE MUERTE DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON EDUARDO FREI MONTALVA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo (boletín N S 895-12), suscrito prácticamente por la unanimidad de los señores Senadores, a excepción del señor Presidente y de uno de ellos que se encuentra ausente. Su objetivo es solicitar a la Excelentísima Corte Suprema que arbitre las medidas para aclarar las circunstancias del fallecimiento del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva. También apunta a pedir la mayor y más expedita colaboración a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile en el marco de la investigación judicial en curso (boletín Nº S 895-12)
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
APOYO A POLÍTICA EN PRO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Girardi, Gómez, Muñoz Aburto, Naranjo y Navarro, cuyo principal objetivo es apoyar la política internacional ejercida por la Presidenta de la República al proteger y favorecer el principio de libre determinación de los pueblos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 889-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 42ª, en 9 de agosto de 2006.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Además, se solicita al señor Ministro de Relaciones Exteriores que analice el voto de Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se cuiden los equilibrios regionales.
Al mismo tiempo, se pide a la señora Ministra de Defensa Nacional que, en caso de sanciones de los Estados Unidos, ejecute las medidas de mitigación que sean necesarias.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a la señora Intendenta de la Segunda Región y al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Segunda Región, para solicitar información sobre CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL DE ANTOFAGASTA;
Al señor Gobernador de Calama, al señor Alcalde de Calama y al señor Director del SERVIU de la Segunda Región, acerca de REAPERTURA DE CALLE 11 NORTE, CALAMA;
Al señor Alcalde de Antofagasta, en relación con EVENTUALIDAD DE ANOMALÍAS EN PAGO DE REMUNERACIONES POR CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA;
Al señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, atinente a SEGUNDA JUBILACIÓN PARA MALVINA LYONS ALCAÍNO;
Al señor Superintendente de Seguridad Social, referente a JUBILACIÓN PARA MARÍA BIZAMA BANCALARI, y
Al señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de la Segunda Región, sobre POSIBILIDAD DE COMPRA DE TERRENO POR LAURA ESTAY FIGUEROA.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro del Interior, a los señores Alcalde y concejales de Victoria y al señor General de la IX Zona de Carabineros, concerniente a REPOSICIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN QUINO, VICTORIA;
A la señora Ministra de Educación, a los señores alcaldes y concejales de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino, y al señor Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región , solicitando NÓMINA DE LICEOS Y ESCUELAS MUNICIPALIZADOS COMUNALES Y SUS REQUERIMIENTOS POR DIFERENTES CONCEPTOS;
A la señora Ministra de Educación, a los señores Alcalde y concejales de Melipeuco y al señor Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región , sobre COMPUTADORES Y OTRA LÍNEA TELEFÓNICA PARA ESCUELA VOLCÁN LLAIMA, MELIPEUCO;
Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y a los señores Alcalde y concejales de Victoria, para pedir ASFALTADO DE CAMINO ENTRE QUINO Y VICTORIA y antecedentes acerca de REPARACIÓN DE CAMINO VICTORIA SELVA OSCURA POR LAS CARDAS, VICTORIA;
Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y a los señores Alcalde y concejales de Angol, para INSTALACIÓN DE PUENTE MECANO EN SECTOR DE PUENTE CHANLEO, ANGOL;
Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y a los señores Alcalde y concejales de Lonquimay, para pedir ASFALTADO DE CAMINO LICURA-ICALMA y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOLÉN, LONQUIMAY;
Al señor Ministro de Agricultura, sobre PROYECTO DE REGADÍO CANAL VICTORIA, LAUTARO, TRAIGUÉN;
Al señor Intendente de la Novena Región, al señor Gobernador de Malleco, a los señores Alcalde y concejales de Lonquimay y al señor Presidente Nacional del INDAP, para recabar información de APORTES DE GOBIERNO EN ALIMENTO PARA ANIMALES, LONQUIMAY;
A los señores alcaldes y concejales de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino, y al señor Secretario Ministerial de Salud de la Novena Región , para pedir NÓMINA DE CONSULTORIOS Y POSTAS MUNICIPALES Y SUS REQUERIMIENTOS;
A los señores Alcalde y concejales de Angol, para requerir INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA EN SECTOR VEGAS BLANCAS, ANGOL;
A los señores Alcalde y concejales de Angol y al señor Director de Salud de La Araucanía Norte , a fin de solicitar ENVÍO PERIÓDICO DE CLÍNICA DENTAL MÓVIL A SECTOR VEGAS BLANCAS, ANGOL;
A los señores Alcalde y concejales de Angol y al señor Gerente General de la Compañía Telefónica Rural, pidiendo INSTALACIÓN DE TELÉFONO PÚBLICO EN SECTOR VEGAS BLANCAS, ANGOL;
A los señores Alcalde y concejales de Angol, y a los señores Presidente y Gerente General de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (FRONTEL), para requerir MEJORAMIENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE SUS PRECIOS EN SECTOR VEGAS BLANCAS, ANGOL;
A los señores Alcalde y concejales de Renaico y al señor Director Nacional del INDAP , solicitando CONDONACIÓN DE DEUDA EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CANAL EL GLOBO, SECTORES SAN GABRIEL-VENECIA" Y TÉRMINO DE OBRA;
A los señores Alcalde y concejales y al señor Fiscal de Victoria , para recabar información atinente a PERSECUCIÓN DE ABIGEATO;
A los señores Alcalde y concejales de Victoria y al señor Gerente General de Chilevisión, relativo a INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN VICTORIA;
A los señores Alcalde y concejales de Melipeuco y al señor Gerente General de CTR, acerca de INSTALACIÓN DE TELÉFONO PÚBLICO EN SECTOR RURAL CARÉN, MELIPEUCO;
A los señores Alcalde y concejales de Melipeuco, al señor Gerente General de Movistar , al señor Gerente General de Claro Chile y al señor Gerente General de ENTEL PCS , sobre INSTALACIÓN DE ANTENA DE CELULAR EN SECTOR RURAL CARÉN, MELIPEUCO;
A los señores Alcalde y concejales de Melipeuco, a los señores Gerentes Generales de Chilevisión, de Mega y de Red Televisión y al señor Presidente de Televisión Nacional de Chile, en cuanto a INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN CARÉN, MELIPEUCO;
A los señores Alcalde y concejales de Melipeuco, para IMPLEMENTACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN CARÉN, MELIPEUCO;
A los señores alcaldes y concejales de Collipulli, Los Sauces, Purén, Victoria, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún y Lautaro, solicitándoles CONTESTACIÓN A OFICIOS SIN RESPUESTA;
Al señor Secretario Ministerial de Salud de la Novena Región y a los señores directores de los hospitales de Victoria, Curacautín, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Vilcún, Angol, Traiguén, Collipulli y Purén, con relación a REQUERIMIENTOS PARA HOSPITALES DE ARAUCANÍA NORTE.
Del señor FREI (don Eduardo):
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, acerca de SANEAMIENTO DE TERRENO DE SERVIU PARA PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL "AMPLIACIÓN DEL CESFAM ANGACHILLA", VALDIVIA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE LICITACIÓN E INICIO DE FAENAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, NOVENA REGIÓN;
Al señor Subsecretario del Interior, pidiendo antecedentes sobre PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA SANTA INÉS DE FREIRE, CAUTÍN; y
Al señor Director de Vialidad de La Araucanía, solicitando información de EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CAMINO IMPERIAL-CHOLCHOL.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al señor Subsecretario de Transportes, a la señora Intendenta de Aisén y al señor Secretario Ministerial de Transportes de la Undécima Región, pidiendo INCLUSIÓN DE RECINTO PARA PASAJEROS COMO REQUISITO EN CONTRATO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES;
Al señor Presidente del Senado y Presidente de la Comisión de Régimen Interior, sobre PARTICIPACIÓN EN "ENCUENTRO DE ECOSISTEMAS DEL MILENIO-AGUA, UN RECURSO DE VIDA PARA LA VIDA", PANAMÁ;
A la señora Intendenta de Aisén, solicitando MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNA DE LAS GUAITECAS, y
Al señor Director Nacional de Vialidad, para requerir ACLARACIÓN DE RESPUESTA A SOLICITUD DE NO AUTORIZACIÓN DE TALA DE ÁRBOLES POR CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINOS.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo información respecto de LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE ANCOA LINARES.
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de requerir ESTUDIOS SOBRE ESTADO DE PUENTES EN AVENIDA MARÍA RUIZ MARTÍNEZ, CAUQUENES;
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , para pedir información sobre LLAMADAS TELEFÓNICAS PUBLICITARIAS NO DESEADAS;
A la señora Directora Nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, recabando antecedentes relativos a CONVENIOS DE FOSIS CON GOBERNACIONES DE LINARES Y CAUQUENES y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONARIOS DE FOSIS EN REGIÓN DEL MAULE, y
Al señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile , requiriendo información sobre ANTENAS REPETIDORAS PARA CHANCO Y PELLUHUE Y NÓMINA DE COMUNAS SIN SEÑAL DE TVN.
Del señor NÚÑEZ:
Al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Tercera Región , en cuanto a CARENCIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PLACILLA MORALES, COPIAPÓ, y
A la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al señor Presidente de la Empresa Eléctrica de Atacama (EMELAT S.A), para que informen sobre INSUFICIENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLACILLA MORALES, COPIAPÓ, Y SU SOLUCIÓN.
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El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
RESPETO A ESTADO DE DERECHO
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Como una aclaración de previo y especial pronunciamiento, señor Presidente , intervendré en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, de mi Partido, pero a título personal.
Ello, pues me parece necesario, con relación a algunas situaciones observadas, que quienes tengamos una posición la expresemos y que lo hagamos acá, en la Sala del Senado.
Lo digo porque en el día de hoy, al inicio de la sesión, asistimos a un debate acalorado sobre un asunto que, más allá de declaraciones, e incluso de quienes las emitieron, nos compromete en la manera en que queremos hacer política y en cómo conseguir que en nuestro país la democracia, más que un sistema de gobierno, sea una forma de vida.
Y, por eso, no lo considero un asunto menor. Si bien estamos ante un problema acerca de cómo hacer las cosas, su trascendencia es quizás más importante que el fondo mismo.
Señor Presidente , en democracia existen algunos principios básicos que se deben respetar y honrar, y sobre todo cuando uno no tiene o no ha tenido la razón, dentro de las instancias jurisdiccionales y del Estado de Derecho, en lo que legítimamente pretende o puede pretender.
Me considero amigo de los dos contradictores. Tengo un gran cariño tanto por el Senador Escalona como por el Senador Allamand. Cada uno de ellos, desde su perspectiva, desde su situación, desde sus circunstancias, ha entregado un aporte a la consolidación de la democracia en Chile. Y están llamados a hacer mucho más, por su calidad personal. Pero la dificultad acá no estriba en si uno es amigo o no, porque sería, en consecuencia, algo muy fácil de dilucidar. Tampoco se trata de que se pertenezca al mismo partido o a la misma coalición.
No es eso, señor Presidente.
Incluso, si uno mantiene una diferencia, en un asunto como éste, con quien considera su amigo o con alguien que está en la misma coalición, lo legítimo, lo necesario, es que, llegado el momento, se lo exprese en los términos que corresponden.
Y eso es lo que pretendo hacer hoy, para honrar un principio fundamental, en mi concepto, y que aprendimos quienes luchamos como el que más por recuperar la democracia. Porque creo que, en tal sistema, la mayoría es la que toma las decisiones. Y, sin duda, la minoría debe acatar las reglas del juego, pero sus derechos deben ser respetados.
Eso es esencial.
Y también creo consustancial a la democracia el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, en la normativa imperante, nos lleva a sujetar nuestros actos a la institucionalidad vigente.
Y es lo que todos debemos honrar y a lo que todos debemos contribuir, porque si no lo hacemos así vamos a debilitar la democracia y, por consiguiente, el desarrollo pleno de nuestro país, con todo lo que ello significa.
Por esa razón, señor Presidente , si el derecho que el Senador señor Allamand ejerció en el Tribunal Constitucional no hubiese existido, nosotros, como mayoría, deberíamos habérselo dado. Porque resulta fundamental que la minoría ejerza por completo sus derechos tanto en el Senado como en ese organismo. Aquí lo hará políticamente; allá, de forma jurisdiccional.
Podrá discutirse si un Senador o un Diputado debe alegar ante dicho Tribunal. Tal intervención no está prohibida. Si bien no se actúa en beneficio propio, algunos podrían plantear, con razón, que no es prudente. Pero que está en su derecho, lo está. Lo importante, en consecuencia, es que éste se respete, y más aún cuando el Tribunal Constitucional funciona dentro de su jurisdicción, lo que nadie puede temer, aunque no le dé la razón. Porque ese organismo debe ejercer las atribuciones que la Carta le otorga.
Tampoco me parece el camino correcto, señor Presidente , calificar a esa entidad como "poder fáctico". Porque, tal como está, se halla contemplada en la Ley Fundamental, en primer término; de modo que no reviste tal carácter.
En segundo lugar, se encuentra en una Constitución que nosotros hemos reformado. Es más: en ella le hemos entregado mayores atribuciones que las que tenía originalmente, entre las cuales está, incluso, ni más ni menos que el recurso de inaplicabilidad.
En consecuencia, ¿de qué "poder fáctico" se habla?
Si se debilita ahora esa institución, le ocurrirá lo mismo a la nuestra. Y por ese camino seguiremos desmejorando la institucionalidad. Las consecuencias no sólo vamos a sufrirlas nosotros, sino también la comunidad nacional.
Y quiero recordar algo.
Tiempo atrás alegué en esta Corporación -y no en el Tribunal Constitucional, aunque ganas tuve de hacerlo- por encontrar que una resolución adoptada para inhabilitar a un señor Senador se estaba materializando al margen de la Carta Fundamental.
Repito: lo hice aquí. Hasta tuve un duro intercambio de opiniones con quien era en ese momento su Presidente : el Honorable señor Romero.
No compartí, y no comparto hoy, su juicio.
Pero lo que resulta más grave es que no compartí ni comparto lo realizado por el Tribunal en ese momento, que estaba obligado, por texto expreso, a pronunciarse sobre la inhabilidad. Sin embargo, no lo hizo, sentándose así un precedente jurídico que espero que en el futuro no se mantenga. Porque si algo bueno tuvo la actual Constitución es que la calificación de las inhabilidades no pasa por el juicio político entre nosotros, como lo establecía la Carta de 1925, porque es jurídica.
Pero en relación con esta materia, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación, a mi juicio, profundamente errada. Y no obstante que lo demandé en el Senado, no obtuve el respaldo necesario para algo que nos parecía justo. Porque el Tribunal Electoral junto con la Mesa del Senado no pueden abrir paso a una calificación jurídica. No estamos en el caso de una inhabilidad como la que pendía en ese momento ante un asunto en el cual se pudiese decir que no debía calificarse. Esa instancia debió haber hecho una calificación y decir: "Estoy en presencia de cosa juzgada". No lo hizo.
Cometió una gravísima falta, pero mayor hubiese sido contra la institucionalidad si en ese momento hubiese entrado a calificar o hubiese ido más lejos todavía, por las consecuencias que dicho fallo tenía.
Por ello quienes estamos en esta bancada tendremos un Senador menos durante cuatro años. Pero los que hoy nos encontramos en este Hemiciclo tenemos la fuerza para decir al país que, más allá de nuestros legítimos intereses que no encontraron respuesta, está primero la institucionalidad.
Con esa autoridad, quiero decir hoy que es fundamental que reconozcamos en la Sala los derechos de la minoría, así como también tenemos que hacerlo cuando ésta recurra a una instancia jurisdiccional a defender no ya -nada más ni nada menos- lo que plantearon aquí, sino el control de constitucionalidad, cuestión que nos debe interesar a todos. ¡Ésa es la situación!
Si el problema de la Constitución en sí no es que sus normas convengan a uno sólo cuando le sean favorables ¿pueden estar o no estar escritas-, sino en la validez que tienen para un Estado de Derecho que todos debemos honrar.
Por una ocasional mayoría que nosotros tengamos o que otros posean en un determinado momento, no podemos calificar a quien llama a defender esas normas en los términos que hemos escuchado. Porque se está ejerciendo un derecho constitucional, que es sagrado en una democracia.
Si no se entiende esto, no sólo no hemos comprendido las normas constitucionales de fondo, sino el sentido que debe tener la política, para que la gente vea en ésta la posibilidad, la necesidad, de buscar las formas de superarnos y de encauzar el desarrollo del país, que es lo que todos anhelamos.
Por eso, he querido pronunciarme hoy en estos términos, porque aquí no hay posiciones de partidos ni de coaliciones. Lo que tiene que haber en cada uno, ante lo que se entiende por el juego político y por la institucionalidad política, es el compromiso de adherir a ellos, incluso cuando no nos gusten.
--(Aplausos en la Sala).
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Aún queda tiempo al Comité Demócrata Cristiano.
No hará uso de él. Tampoco ocupará el suyo el Comité Partido por la Democracia.
En el turno del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, voy a iniciar mis palabras con algo que dijo el Senador señor Allamand : "Éste es el espacio de los argumentos", espacio político en el cual uno tiene derecho a manifestar su opinión.
Sin ser intérprete de los dichos del Honorable señor Escalona , creo que él y todos nosotros tenemos derecho a opinar en este Hemiciclo sobre lo que políticamente pensamos, dentro de las normas que nos rigen. Y esperamos que ello siempre sea así.
El Senador señor Escalona ha señalado que el Tribunal Constitucional ha alterado las mayorías, desde su punto de vista. Ésa es su opinión. Los presidentes de los partidos de la Concertación, en este caso, hemos discutido este asunto y lo voy a plantear aquí.
Nos parece que en esta discusión política efectuada en el Senado -en donde se han debatido artículos en los cuales hubo mayorías y minorías, en los que a veces ganamos nosotros y a veces la Alianza por Chile-, uno tiene derecho a apoyar y a discutir políticamente sus posiciones en la Corporación.
Todos conocemos y respetamos la Carta Fundamental. En ella existen instituciones a las cuales se puede recurrir. Pero no nos parece adecuada la facultad de determinar cuándo una persona puede llegar al Tribunal Constitucional.
Con nuestros votos ejercemos la atribución de determinar quién llega a la Corte Suprema. Nuestra decisión lo resuelve.
Tenemos la posibilidad de fallar como jueces las acusaciones iniciadas en la Cámara de Diputados.
Aquí no estoy haciendo un juicio de valor respecto del Honorable señor Allamand , sino que estoy emitiendo un juicio general, válido para todos y, en particular, para quienes somos abogados.
En mi opinión, nosotros debiéramos abstenernos de tramitar o de representar ante los Tribunales de Justicia. Porque no me cabe duda de que, cuando uno alega en una instancia jurisdiccional, siempre -¡siempre!- va a haber personas observando al que lo hace.
Por eso, no hago un juicio de valor respecto de lo que pasó. Eso está en la Constitución y no hay discusión respecto de ese tema. Pero, en mi concepto -y eso es lo que nosotros hemos planteado-, debemos incorporar una norma para modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de establecer inhabilidades respecto de los alegatos en tribunales, sea el Constitucional, sea la Corte Suprema, sean las Cortes de Apelaciones, porque efectivamente eso puede significar una inhibición para el que alega y una presión en quien lo escucha.
Ésa es nuestra postura.
No hemos discutido -en eso quiero ser claro- cuáles son las facultades. Nos puede gustar o no lo que hizo el Tribunal Constitucional. Pero me parece de extrema gravedad lo que hizo esa instancia, porque no decidió sobre el fondo del artículo. Hizo algo más grave aún -cuestión que no hemos entrado a discutir en el Parlamento-: determinó que los Parlamentarios no tenemos iniciativa en materia laboral. En lo fundamental, declaró que la norma es inconstitucional porque el cambio del concepto de "empresa" tiene efectos previsionales. Y eso nos ha dejado absolutamente disminuidos, desde el punto de vista parlamentario, para realizar cualquier modificación al Código del Trabajo. Ello es extremadamente grave.
Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Discrepo del Senador señor Adolfo Zaldívar . Tengo todo el derecho. Pero eso no significa que vaya a alterar la Constitución o el orden democrático. Y que no concuerde con un fallo y que lo diga aquí y no en el Tribunal Constitucional o en otros lados no implica modificar la Ley Suprema ni el sistema que nos rige.
El señor PROKURICA.-
Pero Su Señoría no descalifica.
El señor GÓMEZ.-
No lo estoy haciendo.
El señor PROKURICA .-
Usted, no.
El señor GÓMEZ.-
Bueno, pero tengo el derecho a manifestar mi desacuerdo. Y en ese sentido debemos discutir.
Lo establecido en el considerando noveno del fallo del Tribunal Constitucional -Senadores de la Alianza y de la Concertación reclaman que por falta de posibilidades de acción, como consecuencia de nuestro sistema político, la única forma de hacerlo es que el Ejecutivo patrocine los proyectos- significa aceptar fácilmente, por un problema puntual, que se nos cercenen facultades.
Estoy en absoluto desacuerdo con ello.
Hace años escuché a un entonces dirigente estudiantil y actual Senador decir que "la política es sin llorar". Yo discrepo de eso. Pienso que la política es dura y que en algunas circunstancias hay que llorar. Pero sí reconozco que uno debe ser caballero en la forma y en el fondo, y tratar de defender sus puntos de vista políticamente, con fuerza y convicción, pero fundamentalmente con respeto hacia el otro. Y así intentaremos hacerlo siempre desde esta tribuna, al menos en mi caso particular.
Ojalá discutamos este punto, respecto al cual podemos estar de acuerdo o no. Pero me parece que ésa es la presentación que vamos a hacer sobre la posibilidad de intervenir en tribunales como Parlamentarios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, en verdad, no era mi ánimo intervenir acerca de la polémica generada en estos días. Pero deseo plantear un punto de vista sobre lo sucedido a propósito de esa discusión.
En primer término, deseo recordar -como lo hizo el Senador señor Allamand - que el acuerdo político alcanzado estableció claramente que nosotros íbamos a ejercer el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional con respecto al artículo 3º del proyecto.
Por lo tanto, me parece de "mala leche" -por decirlo de alguna forma- la descalificación o el ataque en el sentido de mantener un doble estándar, en circunstancias de que aquí fuimos muy explícitos en señalar que lo considerábamos un precepto inconstitucional.
En segundo lugar -creo muy importante mencionarlo-, el Ministro del Trabajo señaló en reiteradas ocasiones en la Comisión respectiva del Senado que, si el mencionado artículo era declarado inconstitucional, no cambiaba en nada el proyecto de ley, porque hacía cuatro años la jurisprudencia había sido clarísima al establecer cuál era el concepto de "empresa principal" para los efectos de la subcontratación y el suministro de trabajadores.
Preciso lo anterior porque me impresionó el grado de descalificación que he observado, el cual daña a la institución. Ésa es la preocupación que se ha manifestado aquí.
Siempre que el Tribunal Constitucional acoja un recurso, "cambió las mayorías". Es como decir que dos más dos son cuatro. Si ese Tribunal declara inconstitucional una materia, "modifica lo decidido por la mayoría".
Yo no concibo que la mayoría recurra al Tribunal Constitucional. Siempre lo hará la minoría, porque aquélla tiene los votos para no aprobar algo que estima inconstitucional.
En consecuencia, me parece increíble el planteamiento del Senador señor Escalona en el sentido de que el Tribunal Constitucional altera la voluntad de las mayorías y de dos Gobiernos. ¡Siempre la va a alterar! Es inevitable que la declaración de inconstitucionalidad de una norma alterará la mayoría.
Eso es preocupante, porque transmite la sensación de que se quiere el poder total, de que hay ansiedad por tener el control de todo. Tienen el del Senado, el del Ejecutivo, el de la Cámara de Diputados, el de los Tribunales. Y quieren nombrar al Contralor.
¡Pero si lo mejor que le puede pasar a la Concertación es que el Contralor no sea de sus filas! Si nosotros fuéramos Gobierno, creo que el mejor resguardo sería tener allí precisamente a una persona que no ampare la "robatina". ¡Pero no! ¡Hay que buscar una persona fuera de la Contraloría!
¿Qué hay detrás de esa señal, que es pésima para el país? El chileno medio percibe que en el fondo quieren tener un subordinado político. ¿Para qué? ¿Por qué no elegimos al mejor funcionario de carrera de esa institución?
Y lo mismo ocurre cuando esas expresiones se formulan contra el Tribunal Constitucional.
Además, hay un punto que no se puede dejar pasar: el fallo ni siquiera fue dividido, sino de 9 votos contra 0. Fue categórico, y con constitucionalistas de la Concertación.
Entonces, una cosa es la crítica política, que es legítima -no le tememos, y ojalá se manifieste en buenos términos-, y otra muy distinta, contribuir a debilitar nuestras instituciones.
Si hay algo que distingue a Chile del resto de los países latinoamericanos, es que existe confianza en las instituciones, hay certeza jurídica. Eso es parte de nuestro capital. Y creo que el Senado, en forma especial, debe contribuir a mantener esa imagen país.
Menciono aquello porque muchas personas me han criticado por lo que hice años atrás en el acuerdo relativo a la modernización del Estado, donde me motivó principalmente la imagen país.
Considero que una institución como la Cámara Alta tiene una doble responsabilidad. Y nadie puede manifestar que las declaraciones del Senador señor Escalona han contribuido a fortalecer nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Muy por el contrario.
Por eso, aprovecho de hacer un llamado al Gobierno a fin de que no siga buscando a un militante de la Concertación para la Contraloría. Nombren a un funcionario de ella. No demos la sensación de que lo que se busca es la impunidad. Lo que se pretende es que haya alguien que responda políticamente.
Pienso que se daría una señal notable si se propusiera a una persona no perteneciente a la coalición gobernante -ojalá fuera siempre así-, porque estaríamos todos más tranquilos. Si hay algo de lo cual debe estar preocupado el Gobierno es precisamente de que no haya irregularidades.
Entonces, para que esta discusión tenga por lo menos cierta utilidad, algún sentido, no podemos ampararnos en un fallo, nos guste o no. Obviamente, cuando perdemos uno, no es de nuestro agrado. Pero lo importante es que no deslegitimemos las instituciones ante la ciudadanía.
Asimismo, deseo hacerme cargo del tema de fondo de la inconstitucionalidad. Porque aquí se ha dicho que se alteró una mayoría.
¡Eso es mentira! La Concertación tiene mayoría para presentar, con el patrocinio del Ejecutivo, la misma disposición. Entonces, ¡háganlo y discutámosla en diez días! Tienen legítimo derecho.
Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no ha alterado ninguna mayoría. Ha fallado de acuerdo con normas constitucionales vigentes en el país. Y pueden sortear la inconstitucionalidad. Presenten la proposición y asuman lo que significa tener un concepto de empresa que genera los efectos que todos conocemos.
Como hay gente algo más seria en la Concertación, sabemos que una indicación de ese tipo les preocupa. Y vuelvo a insistir: no voy a entrar en el fondo ni en el punto de vista que cada uno tenga respecto de esa proposición. Pero, es falso lo que se dice. Fue declarada inadmisible por no contar con el patrocinio que requería, dado que tuvo su origen en una moción.
Por lo tanto, haciendo uso de sus mayorías pueden presentar y tramitar un proyecto de ley con urgencia de "discusión inmediata" sin ningún problema.
Por último, quiero referirme al porqué dicha disposición fue declarada inconstitucional.
Como señalamos en su momento, se trata de una norma previsional. Lo que hicimos en dicha iniciativa fue, precisamente, establecer exigencias de remuneraciones, de cuestiones previsionales, para efectos de la subcontratación y el suministro de trabajadores respecto de las empresas principales.
Por lo tanto, todo el eje del proyecto gira en torno a una materia no laboral, sino previsional.
A mi juicio, el fallo de nueve contra cero del Tribunal Constitucional despeja la eterna discusión que se quiere usar como resquicio. Porque no es primera vez que sale a colación este tema, más bien es recurrente, en el sentido de considerar los asuntos previsionales no como tales, sino como laborales.
Aquí no se trata de que nos hayan cercenado facultades. En mi caso, no obstante pertenecer a la Oposición, soy crecientemente más presidencialista -¡crecientemente!-, porque creo que es más serio el Ejecutivo que el Parlamento. Y reconozco que si ciertas facultades estuvieran radicadas en este último, Chile estaría bastante más destruido de lo que se encuentra.
Señor Presidente, no era mi objetivo referirme a estos asuntos, pero quise precisar mis ideas en torno a ellos.
SOLICITUD DE SESIÓN ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA A DEUDORES HABITACIONALES. OFICIOS
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, seré breve para dejar tiempo a otros señores Senadores que con mucho entusiasmo han seguido esta discusión.
Los miembros de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente hemos pedido que se realice una sesión especial el próximo miércoles 6 de septiembre, a las 12, para analizar el problema de las deudas habitacionales, tanto de los deudores del SERVIU cuanto de la banca privada, de los PET y de una serie de programas que a través del tiempo han sido parte de las políticas habitacionales.
Quiero solicitar que mediante oficio se transmita a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, al señor Ministro de Hacienda -no sé cuáles autoridades serán las invitadas-, que para esa ocasión nos traigan toda la información de que disponen para conocer la realidad del problema.
El señor PIZARRO.-
¿La sesión es mañana?
El señor LONGUEIRA.-
No, señor Senador.
La pedimos para el miércoles subsiguiente, a las 12.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ruego a Su Señoría evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, hoy día, lamentablemente, se entregó una solución habitacional a todos los deudores del SERVIU. Al efecto, los chilenos más vulnerables de nuestra sociedad fueron clasificados como indigentes, pobres y no pobres.
No necesito describir en la Sala el grado de irritación que generó dicha clasificación, pues creo que todos lo percibimos.
Cuando uno plantea el tema la gente ni siquiera habla de "no pobres", sino que dicen que los clasificaron como "ricos".
Es dramático constatar en las poblaciones que a una persona que vende cocaína se le condona el ciento por ciento de la deuda y que a la mujer que vive en la casa contigua, que es temporera, con tres menores de edad, que fue abandonada, no se le exime de nada.
El nivel de irritación en esas personas se explica por la pésima clasificación que obtuvieron en la ficha CAS cuando postularon a su vivienda hace algunos años.
El esfuerzo del Estado y del Gobierno en materia recursos fue extraordinario. Pero creo que nunca se ha dado una solución más injusta para resolver el tema de los deudores del SERVIU.
Por lo tanto, a pesar de que la señora Ministra de Vivienda ya nos entregó todos los antecedentes en la Comisión respectiva sobre tales medidas -implementadas a través de un par de decretos-, encuentro fundamental que también haga llegar dicha información a la totalidad de los Senadores.
Sin embargo, aparte de los deudores del SERVIU, es mucho más grave la situación de 21 mil familias que adquirieron sus viviendas por medio de créditos rotativos, a las que de la noche a la mañana las pasaron a la banca privada. Respecto de ellas, el año pasado logramos, después de conversar con el Gobierno, un grado de solución a sus problemas.
Entonces, para ese segmento de 21 mil familias se determinó una nueva clasificación -otra vez en indigente, pobre y no pobre, o sea, lo mismo-, pero ahora se falsificó toda la información.
Se adulteró la ficha CAS para que esas personas pudieran ser sujetos de crédito en el BancoEstado, Banco del Desarrollo, en Ripley, o en distintas instituciones financieras, pero concentrándose el 90 y tanto por ciento de esas operaciones en las dos primeras entidades bancarias.
Se adulteraron los ingresos del grupo familiar y, también, de los avales.
El personal del SERVIU fue el encargado de realizar tal función, y de la noche a la mañana los postulantes a viviendas del SERVIU fueron pasados a la banca privada. Ello es posible de verificar con la propia gente involucrada.
En las anteriores fichas CAS, esas personas calificadas de indigentes no eran sujeto de crédito. Pero se les entregaron viviendas cuyos dividendos ascendían a 35 mil pesos y la gran mayoría ganaba el sueldo mínimo. ¿Y qué están haciendo los bancos hoy día? Las obligan a tomar créditos de consumo, bajo amenaza de rematar sus casas, para ponerse al día en los créditos habitacionales.
Ello es tan absurdo que, dentro de las medidas tomadas para las 21 mil familias, el Estado puso la plata y pagó a los bancos la totalidad de la deuda habitacional de personas calificadas de indigentes, y las dejó con el crédito de consumo e igualmente endeudadas. De ahí que la gente se encuentre angustiada.
Imagino que todos los señores Senadores están enterados de lo ocurrido en San Bernardo, cuando una institución bancaria desalojó a una familia y todos los vecinos se juntaron y destruyeron la vivienda. No dejaron nada. Lo vimos por televisión. Y, además, anunciaron que si había otro desalojo harían exactamente lo mismo.
Para ser honestos, creo que todos procederíamos igual.
El grado de indignación es alto en la gente que no puede pagar porque le adulteraron todos sus antecedentes. Algunos trabajan de coleros en las ferias, perciben el sueldo mínimo, y fueron calificados de indigentes.
Por lo tanto, no podemos clasificar a las personas en categorías, porque no son animales. Tienen una determinada realidad socioeconómica. Y el Estado chileno no puede entregar un beneficio de acuerdo con una situación ficticia, pues todo fue falsificado, precisamente, con el objeto de bancarizar a la gente.
Señor Presidente , quise intervenir en esta parte de la sesión, porque considero muy importante que la señora Ministra de Vivienda nos traiga toda la información relativa a la materia que estoy planteando.
Por otro lado, también ocurre algo parecido con los PET. Y no lo digo con ánimo de generar alguna expectativa, pues no se debe hacer demagogia si uno desconoce la magnitud de dichos programas. Por eso, estimo muy importante que se nos entreguen los antecedentes relativos a cantidad y grado de cumplimiento de tales programas. Hay personas que tienen cáncer y han vivido una cesantía de muchos años. Eso es una realidad.
Por eso, pienso que uno de los programas habitacionales más positivos -y creo que al final se dio con la solución acertada- es el subsidio a la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, porque la gente que postula al sistema de beneficios habitacionales que ofrece el Estado no está en condiciones de mantener un trabajo estable por doce, quince o veinte años.
Entonces, si hay un hecho cierto para una persona que obtiene una vivienda es que durante algún período de su vida no recibirá ingresos.
El sábado pasado asistí a una asamblea en la población San Gabriel y los vecinos me decían: " Díganos, don Pablo . ¿Qué hace usted? ¿Paga el dividendo o le da de comer a sus hijos?" Es obvio que uno opta por esto último. Y ésa es la realidad.
Entonces, debemos buscar una solución, un alivio para los trabajadores que financiaron su vivienda a través de los PET, quienes han vivido un periodo de cesantía o tienen en su grupo familiar a uno de sus miembros con una enfermedad catastrófica que les demanda un gasto en salud que no estaba contemplado.
Por eso, la Alianza por Chile ha pedido la sesión especial sobre política habitacional. Nos parece un tema fundamental para que discutamos el proyecto de Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, por intermedio de la Mesa, solicito a la señora Ministra de Vivienda y a las autoridades que asistan a dicha sesión, que traigan toda la información pertinente, para no tener que analizar la situación que afecta a los deudores habitacionales del país sin conocer las cifras y el drama real que están viviendo.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor PIZARRO .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente, como Comité de la Democracia Cristiana, adherimos a la petición de la sesión especial, que ha formulado el Senador señor Longueira.
El señor NAVARRO.-
El Comité Socialista también.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Muy bien.
Ya había sido solicitada esa sesión especial por dos Comités, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de septiembre, a las 12.
El señor PIZARRO.-
No obstante ello, podría agregar también la adhesión de los Comités Demócrata Cristiano y Socialista.
El señor NARANJO.-
Así se hará.
Corresponde el turno al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
RESPALDO A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR ANTE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, no tenía programado intervenir respecto del importante debate que se ha abierto esta tarde en la Sala.
Sin embargo, la diferencia entre el Senado y otras instituciones del Estado -por lo menos hasta hace unos pocos días-, estriba en que aquí se puede debatir con altura de miras y con respeto.
Por ello, en primer lugar, felicito al Honorable señor Adolfo Zaldívar , porque lo difícil en política es lo que acaba de hacer Su Señoría. Lo fácil es sacar el dividendo político rápido; lo fácil es herir; lo fácil es descalificar.
Lamentablemente -y éste debe ser un tema de reflexión para el Senado- la tradición de esta Alta Corporación como un lugar de acuerdos, un espacio donde se discute de buena fe, ha sido alterada durante el último tiempo.
Me parece que aquí hay un problema de actitudes frente a la política. Y pondré algunos ejemplos.
Mientras la Alianza por Chile fue mayoría en el Senado, la Concertación tuvo los cargos que le correspondían en las Comisiones y en la Presidencia . Bastó que el conglomerado de Gobierno lograra la mayoría para que los Parlamentarios de la Alianza desaparecieran de ciertos cupos y cargos.
El señor GAZMURI.-
Perdón, ¿pero no eran independientes los Senadores Institucionales?
La señora MATTHEI.-
¿Y los de ustedes?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ruego al Honorable señor Gazmuri no interrumpir.
El señor PROKURICA.-
Entonces, ésta es una actitud de la Concertación frente al poder. Y no es la única, señor Presidente .
Cuando un militante socialista es procesado por los tribunales de justicia, es muy habitual que todo el partido lo acompañe para presionar a los jueces. Y lo hemos visto en el caso de Marcelo Schilling, de Parlamentarios y de otros dirigentes partidistas. Siempre ejercen una presión para no aceptar la institucionalidad vigente.
Por eso, pienso que hemos pasado una película que no debe repetirse.
Debemos cuidar el Senado, debemos respetar la institucionalidad vigente. Decir la verdad a veces no es fácil. Aceptar la derrota en los tribunales o en las instancias legales a las que uno se somete voluntariamente, no es fácil. Pero ésa es la base de la institucionalidad, el fundamento de un sistema donde todos respetamos las reglas del juego y aceptamos que se puede ganar o perder.
Cuando se pierde y se echa la culpa a las instituciones -cuyos integrantes nosotros mismos hemos nombrado-, calificándolas de que no son democráticas o de que se han transformado en una suerte de interferencias o de grupos fácticos, francamente creo que damos un triste espectáculo a la opinión pública.
Debemos cuidar al Senado. Yo hace mucho tiempo estoy en política. Me siento orgulloso de pertenecer a esta Alta Corporación. Por eso, pienso que lo que hemos visto en los últimos días no nos ayuda.
Por eso, me alegro de que haya Parlamentarios de todos los sectores políticos que contribuyan a que este espacio de acuerdo, de análisis y de debate con altura de miras se mantenga.
IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTOS DE BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, deseo referirme a otra materia.
Sin haberme puesto de acuerdo con el Senador señor Longueira, había preparado una intervención respecto de los beneficios que entrega el Estado en materia habitacional por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los beneficios que otorga el Estado a los chilenos nunca pueden ser dirigidos, ni menos saltarse los procedimientos y requisitos básicos para postular a ellos. Eso significa dejar a un lado a gente humilde que queda frustrada por una decisión administrativa la mayoría de las veces injusta.
Siempre pensé que cuando una persona recibía un beneficio, especialmente del Ministerio de Vivienda, se había respetado un determinado procedimiento a través de un sistema computacional exacto, sin lugar a dudas, e implementado por medio de la ficha CAS, que eliminaba a quienes no cumplían con el puntaje mínimo requerido.
Sin embargo, en los últimos días me he dado cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque el 14 de enero del año en curso se publicó el decreto supremo Nº 230, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que otorgó beneficios a los deudores habitacionales que en él se indican y que hubieren obtenido créditos de instituciones financieras para la adquisición de una vivienda del SERVIU.
En virtud de la citada disposición legal, se facultó al SERVIU para otorgar subvenciones a los deudores habitacionales de bancos, sociedades financieras o agencias administradoras de mutuos hipotecarios endosables que, habiendo postulado con la correspondiente ficha CAS, obtuvieren dicho crédito para la adquisición de una vivienda del SERVIU.
Los beneficios otorgados consistieron en la subvención de 52 unidades de fomento para el segmento determinado como pobre y una subvención equivalente al saldo total de la deuda para los calificados como indigentes.
El artículo 3º del decreto aludido establece qué se entiende por indigente y pobre, de acuerdo con los puntajes de la ficha CAS proporcionados por el MIDEPLAN, situación que varía según la Región de que se trate.
Desde marzo del año en curso he venido presentando antecedentes sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios en la Villa Vista Alegre, Séptima Etapa, de la comuna de Vallenar. Muchas familias de este conjunto habitacional, que cumplían con el requisito mínimo de la ficha CAS para su postulación, quedaron al margen de este beneficio.
Hasta la fecha la única respuesta oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es que se otorgaron 84 beneficios y en la actualidad 13 familias están en proceso de revisión de antecedentes.
Sin embargo, realizada una denuncia pública -me cansé de recibir respuestas empatadoras de las distintas autoridades a nivel regional y ninguna de la Cartera mencionada-, aparece en los medios de comunicación el Director del SERVIU de la Región de Atacama , señor Gonzalo Riquelme , quien respondió diciendo que hasta el año pasado existía una modalidad en que aproximadamente un cinco por ciento de los cupos para los subsidios habitacionales se dejaban para una asignación directa por parte del Ministerio de Vivienda.
Además, agregó que en el caso de Vallenar a alrededor de cinco familias, al margen del llamado general, se les asignó el beneficio en forma directa.
Yo desconozco el precepto legal que faculta para proceder de esa manera, sobre todo si ello ocurrió en una fecha determinada.
Por ello, me gustaría que el SERVIU señalara la norma en virtud de la cual se autorizó la entrega del beneficio en forma directa, dejando fuera a quienes aparecían con mejores condiciones; y asimismo, que se me indicara precisamente el número, nombre completo y puntaje de la ficha CAS de los beneficiarios en particular de la villa Vista Alegre, VII Etapa, comuna de Vallenar, y de los de la Tercera Región en general.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
SOLIDARIDAD CON FAMILIAS DE TRES SOLDADOS ISRAELÍES SECUESTRADOS. OFICIO
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, en el día de hoy tomé conocimiento de una comunicación enviada por la Knesset (el Parlamento de Israel) a distintos legisladores chilenos. En ella se señala que de modo excepcional, extraordinario, dicha institución, más allá de cualquier diferencia de orden político, ha logrado un acuerdo para pedir a nuestro Congreso Nacional un pronunciamiento de adhesión y hacer un llamado a la comunidad internacional a los efectos de cautelar la seguridad de tres soldados israelíes a quienes se mantiene secuestrados en una forma que se califica de arbitraria e inhumana: Gilad Shalit, de 19 años; Eldad Regev , de 26, y Ehud Goldwasser, de 31.
Expresa dicha comunicación que se recibió a las familias de los tres soldados (padres, esposas e hijos) y que en ese ambiente se logró el acuerdo, en reconocimiento a la grave e irregular situación planteada, toda vez que no se tiene acceso a información alguna respecto de ellos (estado de salud, si se encuentran bien, dónde están); no se permite el ingreso de ninguna organización internacional para verificar su condición, y, en definitiva, no se han respetado las mínimas normas del Derecho Humanitario y, por cierto, ninguna ley de derechos humanos.
También indica que el acuerdo fue firmado por las cabezas de las nueve facciones que componen el Parlamento israelí, en solidaridad con los padres, esposas e hijos de los soldados secuestrados.
La comunicación puntualiza que las circunstancias descritas representan una inimaginable angustia y sufrimiento para esas personas, que anhelan contar con una mínima información sobre sus seres queridos.
La nota que a mí se me hizo llegar dice específicamente:
"De mi mayor consideración:
"Tengo el agrado de transmitirle copia de la carta que han suscrito nueve presidentes de los distintos partidos del Parlamento israelí, en la cual se solicita la intervención del Senado y la Cámara de Diputados para colaborar en el caso de los tres soldados israelíes secuestrados hace algunas semanas.
"Esta nota oficial ha sido dirigida y enviada a los presidentes del Senado, honorable senador Eduardo Frei, y de la Cámara de Diputados, honorable diputado Antonio Leal.
"Quienes suscriben la carta piensan que la intervención en favor de los soldados podría contribuir a obtener alguna señal de vida, un trato humano, atención médica, y eventualmente la visita de organismos humanitarios internacionales.
"Pero por sobre todo, el objetivo de una campaña internacional de esta naturaleza es conseguir la liberación inmediata e incondicional de los soldados secuestrados.".
La nota en comento viene suscrita por el Embajador de Israel , don David Cohen .
Por lo tanto, señor Presidente , solicito que se envíe un oficio, en mi nombre, al Embajador señor Cohen , expresándole mi solidaridad.
Ciertamente, me parece que la Mesa del Senado no podría estar ausente de una petición como ésta, que tiene por objeto manifestar solidaridad en una materia de índole estrictamente humanitaria. Por lo tanto, espero que se sume a las expresiones de solidaridad ante la dramática situación que viven los tres soldados secuestrados y sus respectivas familias.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
RESPALDO A DECLARACIONES DE PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE FALLO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , respecto del debate habido esta tarde en la Sala, al comienzo de la sesión y en esta hora de Incidentes, quiero decir que me parecen completamente desproporcionadas las reacciones que han provocado en sectores de la Derecha, de la prensa y del empresariado chileno las declaraciones formuladas por el Presidente del Partido Socialista , Senador Camilo Escalona . Porque aquí, de una manera u otra, se han escabullido las cuestiones de fondo que él planteó ante la opinión pública. Y yo considero indispensable centrar el debate precisamente en los aspectos sustantivos de la discusión.
Quiero hacer presente que en el día de ayer la Comisión Política del Partido Socialista, junto con aprobar la conducta que en general ha tenido su Presidente en estas materias al colocar en el debate nacional puntos de discusión centrales, acordó realizar todos los esfuerzos posibles para enmendar el grave daño que inflige a nuestra legislación laboral el fallo del Tribunal Constitucional.
No se venga a decir aquí que está en cuestión el Estado de Derecho; que está en cuestión la solvencia de las instituciones; que está en cuestión la democracia que, gracias a la lucha de muchos chilenos y chilenas -entre ellos, también el Senador señor Escalona -, reina hoy en el país.
Tampoco es del caso que hagan gran cuestión por el uso de algunos adjetivos personeros de la Oposición que son notables para adjetivar acerca, no sólo de situaciones generales, sino también de personas.
¿Y cuáles son los temas que se hallan planteados?
Primero, que en Chile existen grados de cumplimiento de la legislación laboral muy poco razonables. Ésa es la primera gran cuestión que hay que levantar en este país.
Producto de mil razones vinculadas a nuestra historia reciente (falta de democracia durante 17 años, destrucción del movimiento sindical, legislación sindical aprobada en la dictadura), se ha generado, no en todos, pero sí en sectores importantes del empresariado, una cultura de poco respeto a las leyes laborales y a los derechos y dignidad de los trabajadores.
Ése es el primer asunto.
Claro: el Senador señor Escalona calificó de "chupasangre" a los empresarios que hacen eso. Quizás no es la expresión más elegante. La Academia seguramente diría que son personas sin ninguna responsabilidad social.
Yo creo que es gente que no cumple la ley o que a veces tuerce su sentido. Esto es muy complicado también, porque, de alguna manera, torcer el sentido de la ley es pervertir el sentido del Derecho. Y una de las formas usuales de torcer el sentido de la ley laboral es aprovechar la definición contenida en el Código del Trabajo en una forma que, al asimilar "empresa" sólo a una razón social, lleva a escándalos sociales, como que Almacenes Paris tiene cientos de razones sociales que son un puro artificio para contratar a trabajadores que laboran en la misma empresa. Eso ocurre todos los días. Y sobre el particular no oigo las opiniones indignadas de los Parlamentarios de la Derecha.
La ley, efectivamente, resuelve bien los problemas de suministro de trabajo sin el artículo impugnado; incluso, el tema de la subcontratación, al establecer el principio solidario. Pero las empresas que utilizan el subterfugio de la definición de "empresa" no lo hacen para no pagar a los trabajadores, sino para que éstos no ejerzan los derechos laborales básicos, entre ellos el derecho a la negociación colectiva. ¡Si es por eso que Almacenes Paris crea empresas de papel: para que cada una tenga hasta 8 ó 9 trabajadores, porque con 10 ya se puede negociar, y con 20, formar un sindicato!
Eso lo hacen las grandes empresas en Chile. Y hemos visto sus resultados del último año. El retail mayorista figura entre las empresas que obtienen utilidades más elevadas.
Aquí no se trata de un microempresario o de un pequeño empresario que en cierto momento no puede pagar las imposiciones, las que deberían ser enteradas de todas maneras. No. Son grandes empresas que tuercen el sentido de la ley. Y a eso han contribuido, objetivamente -es un juicio político-, los Senadores que recurrieron al Tribunal Constitucional.
¡Eso es así!
Yo estoy de acuerdo con lo planteado aquí: tampoco encuentro razonable -no está prohibido- que un legislador que argumenta en el Congreso -en este caso, en el Senado- y cuya postura pierde en la votación vaya después a alegar ante aquel Tribunal.
Eso es legal, pero no razonable ni prudente. Se puede criticar tal actitud. Además, es factible corregir la ley. Porque, en mi concepto, al menos los Senadores no deberíamos alegar en ningún tribunal de la República, toda vez que contribuimos con nuestros votos a la conformación de los más altos tribunales del país. Por tanto, la prudencia indica la necesidad de autolimitarse en tal sentido. Pero como la prudencia a veces no es la más común de las virtudes, se requiere un reforzamiento por ley.
Estimo que criticar los fallos del Tribunal Constitucional es un acto perfectamente democrático y está dentro del Estado de Derecho. Sin duda, los fallos se acatan -en esto impera la norma-; pero los que no se comparten pueden ser objeto de crítica pública.
¡Por favor! ¡Eso resulta evidente! Además, ésa es la única manera de que haya responsabilidad por parte de los tribunales; de que más adelante sea factible incluso modificar, o la legislación, si se consiguen las mayorías suficientes, o los criterios de interpretación.
Sin embargo, en lo sustantivo, reafirmo también que me parece aberrante el fallo del Tribunal Constitucional, por muy respetables y doctos que sean sus integrantes. Porque dictaminar que no existe competencia del Congreso en materia laboral va contra la Carta. Y la definición de "empresa" no es una materia previsional: tiene que ver con una cuestión conceptual que se halla muy relacionada con el Código del Trabajo.
Muchas definiciones laborales repercuten de alguna manera en lo previsional.
Por ejemplo, en una legislatura anterior nosotros, mediante indicación parlamentaria, introdujimos en el Código del ramo una de las modificaciones más importantes de los últimos 50 años: la disminución de la jornada semanal de 48 a 45 horas. Tal enmienda se generó en iniciativa parlamentaria; entre otros, del que habla, junto con el entonces Senador señor Ruiz De Giorgio , quien encabezó el debate en esa ocasión.
Es evidente que acortar la jornada semanal tiene algún efecto previsional. Pero también lo es que ésa era materia del Código del Trabajo. Sin embargo, en esa oportunidad a nadie se le ocurrió alegar la inconstitucionalidad de la norma pertinente. Quizás fue porque en algún momento logramos convencer a un Parlamentario de la Oposición de que concurriera al acuerdo. Y lo señalo aquí en un afán de justicia: fue el Senador Sergio Díez , quien ya no integra esta Corporación.
Adicionalmente, considero que, desde el punto de vista de la forma, el fallo del Tribunal Constitucional es aberrante, pues cercena al extremo atribuciones que la Carta entrega al Congreso Nacional, el cual ya tiene muy pocas.
Desde esa perspectiva, estimo completamente criticable que Senadores estén en la línea de autocercenar los poderes ya debilitados que posee el Parlamento, en general, y la Cámara Alta, en particular.
Quiero terminar expresando que, como es natural -y recojo la observación que hizo el Honorable señor Longueira -, nosotros vamos a intentar por todos los medios posibles establecer en el Código del Trabajo una definición de "empresa" que evite los abusos que a diario se cometen para impedir el ejercicio de derechos esenciales, como el derecho a la negociación colectiva, que se halla consagrado en la Carta Fundamental.
La negociación colectiva es un derecho de rango constitucional -esto nadie lo dice- que en Chile, dada la insuficiencia de nuestra legislación laboral, sólo 10 por ciento de los trabajadores puede ejercer.
Entonces, cuando con bastante indignación ponemos estos temas en el debate, lo menos que nos cabe pedir es que vayamos a los problemas de fondo y no nos quedemos con el argumento trivial de que un adjetivo poco menos que puede hacer tambalear la convivencia democrática, la naturaleza del Senado como Cámara política y el avance social del país.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
NECESIDAD DE POLÍTICA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y SITUACIÓN DE TRABAJADORES DEL IFOP. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, para todos los cercanos al sector pesca es muy clara y conocida la importancia del Instituto de Fomento Pesquero.
El IFOP, siendo una institución privada, recibe fondos públicos y, por lo tanto, al igual que la CONAF, se mantiene en una situación híbrida que en definitiva perjudica su objetivo. Peor aún: sus trabajadores se encuentran en el proceso de negociación colectiva, y lo paradójico -yo estoy por fortalecer el Estado regulador; un Estado pequeño y eficiente- es que les han ofrecido un incremento de sueldo de 120 pesos diarios, el que, por supuesto, fue considerado indigno.
Ésa es una situación gravísima. Necesitamos una institucionalidad para el IFOP si queremos una política para el sector pesca. Chile es el segundo país pesquero del mundo y el primero en salmones, pero carece de un organismo de investigación en esa área. Sólo cuenta con esa entidad privada, que debe luchar para subsistir y concursar para obtener financiamiento.
Los trabajadores rechazaron la oferta mencionada, votaron la huelga, y eso puede provocar problemas.
Los pescadores artesanales y la pesca industrial requieren información técnica para tomar decisiones sobre pesca de investigación y entrega de cuotas. Existe un problema grave, por ejemplo, en el otorgamiento de concesiones acuícolas, y en definitiva la Subsecretaría de Pesca, que trabaja de manera conjunta con el IFOP, aun cuando a éste le paga la CORFO, no logra resolver la impasse.
Nadie sabe de quién depende el Instituto de Fomento Pesquero. Y durante la negociación colectiva los trabajadores han pedido que se elabore una política de investigación en pro de la conservación de las pesquerías y de la acuicultura. Lo extraordinario es que son esos servidores los que plantean que hay que defender y preservar los recursos marinos, para seguir produciendo riqueza.
El IFOP -reitero- es un organismo de Derecho Privado sin fines de lucro. Depende de la CORFO, pero administrativamente funciona junto con la Subsecretaría de Pesca. En este sentido, no existe participación formal de los trabajadores en el Consejo que lo dirige. Y no parece adecuado que científicos altamente catalogados no tengan la posibilidad, junto con aquéllos, de discutir con los directivos cómo operar mejor.
Desde 1964, los observadores científicos recopilan datos estadísticos sobre la actividad pesquera a lo largo de todo Chile, analizan la información y la entregan a la Subsecretaría de Pesca.
¡Estamos dando un triste espectáculo a nivel internacional!
Resulta paradójico que esos observadores científicos, empleados del IFOP para la investigación con fines de regulación, aparezcan como "observadores científicos de la Subsecretaría de Pesca". Es decir, el Instituto de Fomento Pesquero no existe; no tiene un rol definido como entidad pública.
Entonces, la verdad es que tales observadores científicos han sido un mal chiste del anterior Subsecretario de Pesca : jóvenes que se marean a las 5 millas y que en definitiva duermen largamente. Y seamos francos: lo que pasa hoy día es que ellos vuelven con la bitácora de la observación; por ejemplo, el patrón de pesca dice "300 toneladas", y el observador, "715", y al final prevalece la opinión de aquél. El asunto llega a los tribunales, y el SERNAPESCA pierde más de 90 por ciento de todos los juicios.
Desde que se reinstaló la democracia, los trabajadores del IFOP han hecho esfuerzos para lograr el objetivo de mejorar su servicio. Pero la verdad es que yo siento que no hay la suficiente voluntad política de parte del Ministerio de Hacienda.
Carlos Hernández , el nuevo Subsecretario de Pesca , ha señalado claramente que requiere un IFOP con un barco pesquero decente, no con el "Abate Molina", que tiene 33 años de antigüedad; su cascarón fue renovado, pero necesita una importante implementación, que significa varios millones de dólares.
Yo estoy porque haya un barco científico que dé consistencia a la investigación pesquera. No existe una política pública de investigación en el sector. Y éste es el desafío que planteamos al SERNAPESCA, al Ministro de Economía . No hay política pública en dicha área, como tampoco existe política energética; recién se está construyendo. Y es indispensable sincerar la situación. La "ley larga" de pesca fue extensa: se formularon 800 indicaciones. Y, transcurridos 6 años desde su aprobación, no hay un proceso de debate legislativo.
El costo de esa situación lo están pagando las familias de los trabajadores del IFOP, quienes desde 1998 han experimentado una disminución de 50 por ciento en el reajuste en sus sueldos. Es decir, en vez de mejorar han ido empeorando. Esto, por la subdivisión que ha afectado al Instituto: salió de Talcahuano y se vino a Valparaíso.
La pregunta que me formulo es quién puede trabajar así. Las condiciones laborales, en verdad, son duras. Sobre naves pesqueras que van desde 7 metros hasta 90 metros de eslora, estos investigadores profesionales tienen que cumplir un rol público no reconocido en los hechos.
Hoy día se encuentran negociando colectivamente. Y espero que haya tolerancia de parte de las autoridades, particularmente de Hacienda, porque ese personal no se rige por el Estatuto Administrativo; o sea, no existe legalmente. Y tiene derecho a ir a la huelga, aunque desearía que esto no ocurriera.
Hemos conversado con Renato Céspedes y con todos los dirigentes. Le hemos dicho: "Renato, va a haber un agravio a un tema delicado. La pesca en Chile necesita más investigación". Pero él me replicó: "Las familias que representamos también requieren sueldos decentes".
En tal sentido, pienso que los Ministros de Hacienda y del Interior, el Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO y, particularmente, el titular de la Cartera de Economía tienen que informar acerca de los procesos que se están viviendo en materia de sueldos, de recursos, de destinaciones y, sobre todo, de implementación de investigación científica.
Quiero que se nos haga llegar la información pertinente. No se trata de inmiscuirse en un proceso de negociación entre el Estado y una entidad privada, pero necesitamos saber cuánto está aportando Chile en remuneraciones para los investigadores pesqueros, porque de eso también depende la eficacia de lo que se haga.
En suma, señor Presidente, confío en que no haya huelga y en que el ofrecimiento de 120 pesos diarios de incremento de sueldo no llegue a concretarse, porque es una ofensa.
Pido oficiar a los Ministerios y autoridades que señalé.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INVESTIGACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN INCIDENTE MAPUCHE DE NUEVA IMPERIAL
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , deseo referirme a otra triste noticia.
Su Señoría sabe que hemos estado trabajando para que el tema mapuche se convierta en una gran oportunidad.
Lamentablemente, versiones completamente diferentes dan cuenta de que, en la noche del domingo, el comunero mapuche Juan Collihuín , de 71 años, durante un operativo policial que buscaba aclarar un caso de abigeato respecto de seis animales, en el sector de Bollico Bajo, comuna de Nueva Imperial, terminó muerto y de que sus hijos Emilio y Juan Collihuín Ñanculef , de 37 y 44 años, respectivamente, quedaron con impactos de bala en las caderas. Ambos fueron trasladados al Hospital de Temuco, donde están detenidos. ¡Detenidos!
Los carabineros no pueden ingresar a la zona indígena provistos de armas de fuego. Porque, hasta ahora, ninguna de las denuncias que se han hecho permiten concluir que los mapuches se encuentran armados.
Esa situación tiene que ser investigada. Vamos a apelar para que la policía uniformada utilice procedimientos acordes con la situación que enfrenta.
Es cierto: ha habido amenazas y ataques, pero no armas de fuego. Si las hubiera, estaríamos ante una amenaza terrorista. Pero, junto con el señor Presidente, hemos demostrado que ella no es tal.
Por lo tanto, el manejo de esta situación puede hacer fracasar y naufragar la política indígena del Gobierno.
Los dos civiles que llegaron acompañando a Carabineros no mostraron orden de allanamiento. La Fiscalía señaló que no era necesaria.
Probablemente, la tragedia se desató por una falta de educación o, a lo mejor, por un entredicho.
El general Carmona reconoció que los policías no tenían orden judicial para entrar al predio de Collihuín . La patrulla estuvo encabezada por el sargento primero Juan Mariván Levio .
Yo sé que Carabineros no busca crear estas situaciones. Sus efectivos se hallan sometidos a una grave presión. Pero lo concreto es que debe haber más preocupación. En tal sentido, los procedimientos policiales tienen que estar absolutamente normados por la Dirección General, en especial, en cuanto a que no se puede portar armas. Y, de llevarlas, que sea en la retaguardia. Hay procedimientos para esto.
Yo confío en Carabineros de Chile. Pero lo que ha pasado constituye una situación aberrante, que tiene que ser enfrentada por el Gobierno. Porque los costos políticos que vamos a pagar son enormes.
Las comunidades indígenas son zonas sin armas de fuego. Y si alguien tiene una denuncia, que la haga, porque la vamos a investigar.
SOLICITUD DE CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO EN TOMÉ Y CORONEL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, con relación a la comuna de Tomé, Octava Región, deseo solicitar a las reparticiones que se indican información sobre los siguientes programas de desarrollo: plan maestro de aguas lluvia (Ministerio de Obras Públicas); programas de mejoramiento de barrios (SUBDERE) y de pavimentación participativa (SERVIU); plan de fomento productivo rural (INDAP y CORFO), y ruta del Pacífico (Ministerio de Obras Públicas).
La comunidad de Tomé movilizó a más de mil personas, quienes se reunieron de manera pacífica frente a la Intendencia de la Octava Región , para hacer presente el 14,9 por ciento de cesantía que la afecta.
La verdad es que ésa es una ciudad muy culta. Jamás se había movilizado. Pero hoy día lo hizo. Ese 14,9 de desempleo requiere un plan especial.
El INE no cuenta con un dispositivo para realizar un cálculo de la cesantía en dicha comuna, razón por la cual el Municipio debió pagarle 12 millones para que lo hiciera. Esto es un abuso.
Asimismo, se requiere urgentemente mejorar la ruta Menque-Ranguelmo, financiar el diseño, optimizar la conectividad, para generar empleos. Porque las obras producen trabajo. San Antonio , Valparaíso , Coronel, Lota y Talcahuano tienen planes especiales. En Coronel, el Alcalde , don René Carvajal , ha señalado hoy día que no se ha cumplido con lo prometido: que de los 750 empleos proyectados sólo hay 112 y que las inversiones del MOP en Patagual no se han realizado.
Es preocupante que los alcaldes de la Concertación, como los señores René Carvajal y Eduardo Aguilera (un socialista y un democratacristiano, respectivamente), apoyados por nosotros, porque consideramos legítimas sus demandas, tengan que movilizarse para solicitar una pronta respuesta.
Pido que se oficie a los Ministerios respectivos, señor Presidente, para que se haga un cronograma, a fin de resolver las peticiones planteadas tanto por la comuna de Coronel como por la de Tomé.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESPINA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.925, SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN MATERIA DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES, SALONES DE TÉ Y CAFETERÍAS (4440-07)
Honorable Senado:
Fundamentos
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21º de la Ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias, sólo pueden funcionar entre las 10:00 y las 04:00 hrs. del día siguiente. Se exceptúan de esta regla los salones de baile y discotecas, que sólo pueden funcionar entre las 19:00 y las 04:00 hrs. La hora de cierre se amplía en una hora más la madrugada de los días sábado y feriados. Asimismo, agrega la norma, que los alcaldes, con acuerdo del concejo, pueden establecer horarios diferenciados, dentro del marco de los límites señalados anteriormente.
De esta forma, todo establecimiento que expende bebidas alcohólicas para ser consumidas al interior de sus dependencias, debe cumplir con dichos horarios. Sin embargo, en el caso de los restaurantes, salones de té y cafeterías, además de la actividad de expendio de alcohol, se desarrollan otras actividades comerciales, tales como la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo ejercicio se ve perjudicado por las restricciones de horario y días de clausura establecidos en el artículo 21º de la Ley de Alcoholes, citado.
A modo de ejemplo, los salones de té y cafetería, de acuerdo a la normativa vigente, no pueden abrir sus establecimientos sino hasta las 10:00 a.m., en circunstancia de que muchos de ellos están ubicados en la inmediaciones de terminales de buses, que tienen un horario continuado de funcionamiento. O bien, solían abrir muy temprano para ofrecer desayuno a los trabajadores que inician a tempranas horas su jornada de trabajo.
Los perjuicios de la actual normativa lo viven a diario las personas que viven en los sectores rurales alejados de los pueblos y grandes ciudades. Por vía de ejemplo, en la Araucanía Norte los vecinos que viven fuera del radio urbano de comunas como Galvarino, Victoria, Collipulli o Angol deben recorrer grandes distancias, muy temprano en la madruga, para ir a trabajar, al hospital o a realizar algún trámite y actualmente no tienen un lugar abierto para comer algo caliente.
De esta forma, creemos necesario modificar la actual normativa que limita los horarios y días de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, con el objeto de establecer que aquellos clasificados en las categorías C) y Ñ) del artículo 3º de la Ley Nº 19.925, esto es, restaurantes y salones de té y cafeterías, puedan funcionar libremente, sin sujeción a horas o días de clausura, respecto de las demás actividades comerciales que no sean el expendio de bebidas alcohólicas.
Fundamenta lo anterior, la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de toda persona a ejercer libremente cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. En este sentido, como la actividad comercial de restaurante, salón de té o cafetería –sin expendio de bebidas alcohólicas-, cumple con los requisitos legales para su ejercicio al tener en orden las autorizaciones sanitarias y de construcción, además del pago de la patente comercial a la municipalidad, ésta puede realizarse sin sujeción a cualquier otra restricción.
Por las razones antes expuestas, es que proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase al artículo 21º de la Ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el siguiente inciso final nuevo:
“En el caso de los establecimientos clasificados en las categorías C) y Ñ), las restricciones sobre horario de funcionamiento establecidas en este artículo, no podrán afectar en ningún caso el normal desarrollo de las demás actividades económicas que se realicen en el mismo establecimiento y que se encuentren debidamente amparadas por una patente comercial.”.
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, BIANCHI Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXIME DE NORMAS DE EMISIÓN A VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS Y MEDIANOS, INGRESADOS A TRAVÉS DE ZONAS FRANCAS (4441-15)
Honorable Senado:
Recientes acontecimientos que han puesto en duda el real avance del proceso de regionalización del país, así como el respeto a las particularidades de cada una de las regiones en que éste se divide, obligan a reformular algunas normas que, dictadas para producir efectos en la Región Metropolitana, extienden su ámbito de vigencia territorial más allá de la capital nacional.
Tal es el caso del Decreto Supremo Nº211 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 11 de diciembre de 1991, que dictó normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos.
En sus considerandos, el citado decreto fundamenta la necesidad de introducir determinadas regulaciones para la circulación de cierta categoría de vehículos motorizados, en relación con los gases que emiten, en razones que empecen exclusivamente a la Región Metropolitana.
Es así como, en su parte considerativa, señala textualmente: “Que en la Región Metropolitana, se han alcanzado niveles de contaminación atmosférica que exigen la toma de medidas drásticas de carácter permanente, tal como ha sido definido por el Comité de Ministros de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, creada por decreto supremo Nº349, de 1990, de la Subsecretaría del Interior”.
Y agrega, “que estudios realizados por la Intendencia de la Región Metropolitana indican que en el área referida el setenta y nueve por ciento de las emisiones de monóxido de carbono (CO), el cincuenta y nueve por ciento de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOX), el cuarenta y cuatro por ciento de los compuestos orgánicos volátiles y el 5% de las emisiones de partículas respirables provienen de los automóviles a gasolina y que el setenta y un por ciento de la concentración ambiental de partículas respirables(PM-10) es atribuible a la emisión proveniente de vehículos diesel.”.
Esto demuestra que las normas de emisión contenidas en el decreto en cuestión, fueron dictadas tomando en exclusiva consideración la realidad, estudios y mediciones realizadas en la Región Metropolitana, de manera que no existe fundamento técnico, sanitario ni jurídico que justifique su extensión a otras regiones del país.
Si bien el Decreto Supremo Nº95 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 31 de agosto de 2005, modificó las normas de emisión aplicables a los vehículos motorizados livianos, medianos y pesados destinados a circular en regiones distintas de la Metropolitana, lo hizo considerando la importación de vehículos nuevos y desconociendo la realidad económica y social que rodea la internación de vehículos usados en aquellas regiones en que ello puede legítimamente hacerse.
Se trata, por lo demás, de una norma de rango inferior a la ley que limita o impide el ejercicio de un derecho constitucionalmente garantizado, como es el libre desarrollo de la iniciativa económica. Es precisamente por esta razón, que el legislador debe hacerse cargo de establecer el marco dentro del cual el Ejecutivo podrá desarrollar su potestad reglamentaria en materia tan sensible como esta.
Por ello es que la injustificada aplicación de las altas exigencias sobre emisión de vehículos livianos y medianos, sin fundamento alguno que diga relación con otras regiones que no sea la Metropolitana, atenta contra el derecho a desarrollar libremente una actividad económica que no contraría la moral, el orden público o la seguridad nacional, como lo exige el número 21 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.
Por todas estas razones, es que sometemos a la consideración de este Honorable Senado, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúzcase el siguiente artículo transitorio al Decreto Nº 95, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Artículo transitorio.- Las exigencias establecidas en los incisos primero y segundo de los artículos 1 letra f) y 2 letra c) del Decreto Supremo Nº 95 serán aplicables a los vehículos livianos, sean o no comerciales, y medianos introducidos usados al país a través de las Zonas Francas y Zonas Francas de Extensión definidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda que soliciten su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a partir del 1º de julio de 2007, en tanto que los requerimientos contemplados en los incisos segundos de los citados artículos, serán exigibles a los vehículos antes referidos internados por dichas zonas que soliciten su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados después del 1º de septiembre de 2007.”.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchon,Carlos Bianchi Chelech, Antonio Horvath Kiss.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONFIERE ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA AL SENADO PARA AUTORIZAR LA COMPRA O VENTA DE MATERIAL BÉLICO (4451-07)
Honorable Senado:
I. TRANSPARENCIA Y GASTO MILITAR.
El gasto militar, como todos los otros gastos del sector público, debería sintetizarse en el presupuesto anual que aprueba el Poder Legislativo. No obstante, existe una muy importante diferencia entre ese presupuesto y el de cualquier otra repartición fiscal: los recursos destinados a la adquisición y/o modernización de sistemas de armas (los fondos provenientes de la denominada “Ley del Cobre”) no están incluidos en el presupuesto que conoce el Congreso.
Uno de los principios básicos que debe satisfacer un presupuesto, la integralidad, claramente no se cumple en el caso de las fuerzas armadas. Existe más de un presupuesto y cada parte tiene distintas metodologías en la realización del ciclo presupuestario. Normalmente ese ciclo considera las fases de: formulación, aprobación legislativa, ejecución y auditoría (evaluación). En la forma que se realiza cada una de ellas, los dos presupuestos que mantienen las fuerzas armadas son completamente distintos y lo son también en la posibilidad de realizar, por parte de la sociedad, una real evaluación de lo efectuado con los recursos.
Los montos asignados por la “Ley del Cobre” tienen carácter de reservados, no están bajo el análisis del Legislativo y no existe cuenta pública de ellos. Un elemento básico de transparencia no está presente en este caso: disponibilidad de información. Ello, sin embargo, no sólo afecta a los “fondos reservados”, sino también al presupuesto fiscal; no existe ninguna manera de bajo costo que permita a un ciudadano interiorizarse del nivel, propósito y logros alcanzados con los recursos que integran el gasto militar.
Un sistema de presupuestación bien estructurado se caracteriza habitualmente por una estructura legal que define los roles y las responsabilidades de los diferentes actores, cosa que se cumple en Chile; un presupuesto que captura la totalidad de las operaciones financieras de la repartición involucrada, lo que no se cumple en el caso de las fuerzas armadas; información precisa y oportuna, que tampoco se cumple en el sistema presupuestario del sector militar, y un proceso transparente que permite la participación relevante del Poder Legislativo y de la sociedad civil, que, obviamente, no cumpliéndose los dos anteriores, no puede tampoco existir [1].
Lo anterior significa, en síntesis, que el proceso por el cual se asigna y ejecuta el gasto militar en Chile no es transparente. El FMI, en su Código de Buenas Prácticas, establece como principios generales de transparencia fiscal: claridad de roles y responsabilidades, disponibilidad pública de información; preparación, ejecución y reporte del presupuesto abierto a la sociedad, y garantías de integridad, que implica la existencia, entre otras cosas, de controles independientes sobre las agencias públicas. Como debe resultar obvio de lo anterior, la transparencia, es más que disponibilidad de información, es información útil al debate y la integración a ese debate de la sociedad.
Transparencia y participación son parte de un mismo asunto. Sobre la base de los criterios anteriores es evidente que el gasto militar no es transparente en Chile y es nuestra opinión que esta situación de muy larga data debe modificarse. La transparencia en el sector defensa, como en toda el área pública, es uno de los requisitos fundamentales de una democracia sólida y moderna. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cuál es la política de defensa nacional, la estrategia nacional derivada de ella, la estructura de fuerzas que la acompaña, cómo se usan los recursos, etc. De ese conocimiento depende, al menos en parte, la legitimidad social del esfuerzo que el país hace en este sector clave para su desarrollo de largo plazo.
Veamos este asunto documentadamente.
II. GASTO MILITAR EN CHILE: UNA CIFRA EN AUMENTO.
1. Cifras del SIPRI:
Según el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), las cifras permiten apreciar con claridad el crecimiento constante del gasto militar chileno entre 1970 y 1989, cuyos valores reales están expresados en dólares de 1990. De doscientos diez millones de dólares en 1970 pasa a mil ochocientos cuarenta y siete millones de dólares en 1989. En cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el Cuadro Nº 5 señala una mayor participación del gasto militar; en 1970 el tanto por ciento del PIB que corresponde al gasto militar fue de 2.5, cifra que sube a un 9.6% del PIB en 1984, para iniciar un descenso a partir de 1985 y alcanza a un 7.8% del PIB en 1988. El gasto militar chileno en los 25 años anteriores a 1973, en cuanto porcentaje del PIB, no superó el 3.1% (año 1956).
Si se suma el gasto militar que ha efectuado Chile entre 1970 y 1989, según el SIPRI, se obtiene una cifra de 24.677 millones de dólares.
1
Una comparación entre el gasto en defensa de los países de América del Sur, en relación con sus respectivos PIB, se muestra en los Cuadros Nº 5 y Nº 6.
2
El Cuadro Nº 5 contiene datos correspondientes a la década de los años setenta, con la excepción de los años 1971, 1972 y 1973. Un somero análisis de la información lleva a concluir que aquellos países que se rigieron por gobiernos militares sustentados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, incrementaron importantemente la participación del gasto en Defensa en relación con el PIB. Esto puede apreciarse en países como Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.
El gasto público en defensa como porcentaje del PIB para cada país, permite concluir en que Chile y Guyana alcanzaron la más alta tasa de crecimiento entre los años 1970 y 1980, seguidos por Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia.
3
Las cifras que contiene el Cuadro Nº 6 permiten observar que aquellos países que dejan de ser gobernados por regímenes militares sustentados en la Doctrina de la Seguridad Nacional y se orientan por la senda de la democracia, bajan la participación del gasto militar como porcentaje del PIB. Son los casos de Argentina (7,1% en 1981 y 3,0% en 1988); Bolivia (5,3% en 1981 y 3,1% en 1988); Uruguay (3,9% en 1981 y 2,1% en 1988). Chile, en cambio, mantiene una relación alta entre 1981 y 1988 (7,4% en 1981 y 7,8% en 1988).
Puede apreciarse, asimismo, que Chile es el país que tiene un mayor porcentaje de gasto militar en relación con el PIB si se le compara con los demás países de América del Sur, con la sola excepción de Guyana. Para 1987 y 1988, sin que se disponga de información sobre Guyana, es Chile el país que tiene la más alta relación entre gasto militar y PIB (1987 6,8% y 1988 7,8%).
Si el análisis considera una comparación del gasto militar de Chile con respecto a los países limítrofes, para 1988, en tanto porcentaje del PIB, nuevamente se observa una diferencia importante en favor de Chile (7.8%), seguido por Bolivia (3,1%), Argentina (3,0%) y Perú (2,5%).
2. Reportaje Diario El País. Abril de 2006
Ahora bien, según un reportaje del diario español “El País”, Chile encabeza el gasto militar en América Latina junto con Venezuela. Chile y Venezuela gastan 2.785 y 2.200 millones de dólares, respectivamente. Chile gasta 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Fabián Calle, especialista en Defensa dijo: “sólo de la cantidad de armas, sino de la calidad de las mismas”.
Chile está a la cabeza del gasto militar en América Latina. Según el diario, “Chile, Venezuela y Brasil lideran el gasto militar, con un salto tecnológico que puede desequilibrar la región”.
Según un estudio de Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), “Ecuador, Chile y Colombia son los tres países que en 2005 dedicaron más porcentaje de su producto interior bruto (PIB) a gastos de defensa».
El diario español citando al International Institute for Strategic Studies (IISS) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cedal), Chile y Venezuela son los países que más han comprado armamento, “con 2.785 y 2.200 millones de dólares, respectivamente”.
“El País” compara el armamento adquirido por los diversos países de la región: “mientras Chile ha optado por la tecnología más avanzada, Venezuela se ha centrado en material que permita armar a un porcentaje importante de la población civil. Brasil, por su parte, ha invertido más en medios de combate y transporte para asegurar la zona del Amazonas, y Argentina ha comprado radares y misiles de combate aéreo”.
Rut Diamint, profesora especialista en Desarme y Defensa de la Universidad Di Tella, de Buenos Aires preciso la disociación que hay entre los Gobiernos y sus relaciones políticas: “las Fuerzas Armadas latinoamericanas disponen hoy de un armamento que no se corresponde con las teóricas relaciones políticas que existen entre los Gobiernos».
Refiriéndose a Chile “El País” dijo que cuenta con armamento que estaba en la región. Agregó: “en los dos últimos años, el Gobierno ha adquirido, entre otras unidades, un centenar de carros de combate Leopard II a Alemania, dos submarinos equipados con dispositivos de disparo de misiles a España y Francia, 10 aviones F-16 con sistemas de misiles aire-aire de alcance medio a estados Unidos, y otros 18 F-16 de segunda mano a Holanda, pero modificados con tecnología israelí”.
"El PIB (Producto Interno Bruto) dedicado por Chile a defensa nunca baja del 3,5 por ciento, y además la llamada ley secreta del Cobre otorga el 10 por ciento de los beneficios por venta de dicho metal a presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y el cobre está batiendo records todas las semanas en su cotización internacional".
c) Red de Seguridad y Defensa de América Latina:
Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Chile es el país que más recursos destina a la compra de armamentos en el continente. La grotesca cifra de 2.785 millones de dólares se ha utilizado para comprar aviones de guerra, tanques y submarinos. Con esto, Chile supera a Venezuela y a Brasil que han gastado 2.200 y 1.342 millones de dólares, respectivamente.
Para muchos, es inconcebible que un país con la undécima economía más desigual del mundo, al mismo nivel de Zimbabue y Namibia, esté más preocupado de la guerra y la defensa que del bienestar de la mayoría de sus habitantes.
Lo que nos inquieta a nosotros es que este gato, necesario o no, sea manejado de manera poco transparente
III. CASOS QUE DEMUESTRAN LA POCA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL GASTO MILITAR.-
Llama la atención varios hechos que se han sucedido en el tiempo, y que dicen relación con el tema de las compras de armas y de material estratégico:
1. Presión de los Estados Unidos ante la suscripción de Chile del Tratado de Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional
Como sabemos, Chile arriesga sanciones de Washington en virtud de la posible reforma constitucional que ratifica el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (CPI). Estados Unidos ha aprobado una ley de represalias contra los países que se atrevan a desafiar la política que en esta materia promueve su administración.
Las represalias de EEUU contra los países signatarios de la CPI figuran en la ley American Servicemembers Protection Act (Aspa), que -además- garantiza inmunidad a sus tropas y faculta al Presidente a usar 'todos los medios' para liberar a los estadounidenses arrestados por orden de ese tribunal. La Aspa elimina la ayuda militar a las naciones que ratifiquen la CPI: sólo perdona a los países “aliados extra OTAN”, como Argentina. Pero tal calidad de aliado fue desechada para Chile.
Los “aliados extra OTAN” no pierden la ayuda militar, aunque ratifiquen el Estatuto de Roma/CPI. EEUU retiró la ayuda a 11 países latinoamericanos que ratificaron el tratado y hoy, hasta los militares chilenos ejercen abierta presión contra la CPI: el jefe de la marina, vicealmirante Rodolfo Codina Díaz, dijo que la aprobación de la Corte es un tema 'sensible' para la Armada. También está preocupada la aviación, dotada de una flota de F 16. Washington bloquea la venta de repuestos, como ocurrió con Venezuela, y puede impedir que sistemas de segunda mano sean transferidos a otros países, mientras la CIA vigila el traspaso de tecnología estadounidense de armamentos a terceros países.
Al Estado de Chile le quedarían dos posibilidades: ganar tiempo, aguardando a que EEUU suspenda el castigo y la Casa Blanca justifique esa revisión ante el Congreso como una cuestión de interés nacional; u otra posibilidad menos viable, por demasiado impresentable, sería la firma de un acuerdo bilateral Chile-EEUU que otorgue inmunidad penal a los crímenes de estadounidenses.
El Pentágono, que en política exterior exhibe tanta fuerza como el departamento de Estado, presiona por reanudar la ayuda militar a los países sancionados, para recomponer sus lazos con las fuerzas armadas de las 11 naciones latinoamericanas que cayeron en el castigo, una postura apoyada por varios congresistas, senadores e incluso funcionarios de la Casa Blanca.
La paradoja es que la CPI fue impulsada por EEUU, bajo la administración Clinton, desde luego pensando en crímenes de guerra distintos a los que comete la administración Bush. En la mente estadounidense estaban los delitos que atribuyeron a Slobodan Milosevic, el ex gobernante de Serbia recientemente fallecido. Pero hoy, esta iniciativa adversada por EEUU, ha sido ratificada prácticamente por todos los países latinoamericanos que firmaron el Estatuto de Roma a partir de 1998. Como se sabe, la ratificación final del Estatuto de Roma por parte de Chile requiere una reforma constitucional.
Demás está decir que deja mucho que desear que Estados Unidos intervenga en nuestros asuntos internos, en los de un país soberano, libre, violando nuestros derechos a la autodeterminación como nación y como pueblo.
2. Compra de los F-16
La llegada a la base naval de Talcahuano del nuevo submarino "O´Higgins"; la entrega en puertos europeos de dos de las cuatro fragatas multipropósito usadas adquiridas a Holanda, que se sumarán a otras tres de origen británico; la compra de varios escuadrones de cazabombarderos F-16 y la adquisición de un centenar de tanques "Leopard II" a Alemania, no dejó indiferente a Perú, que a través de sus autoridades y prensa planteó que el objetivo chileno de mediano y largo plazo tiene que ver con una acción bélica contra aquella nación.
En La Moneda, el ex ministro del Interior Francisco Vidal rechazó de manera tajante los comentarios provenientes de Lima. Reiteró que las adquisiciones "responden únicamente a la renovación de material obsoleto", y que la compra de tres fragatas usadas, 18 aviones F-16 también usados a Holanda y 100 tanques "Leopard II" a Alemania, responden al principio de modernización de las fuerzas armadas.
En el Ministerio de Defensa se recordó, también, que Chile fue el primer país que ha hecho de su política de defensa "una política explícita y transparente". Hace diez años nuestro país invertía cerca del 3 por ciento del PIB en defensa, mientras que en la actualidad llega sólo a un 1,8 por ciento. La propuesta de Chile es la renovación en sucesivas etapas del material bélico a fin de estar a la par con los demás países de la región.
No obstante, la alarma en Perú fue de cierto estrépito, y casi se convierte en un conflicto diplomático, a través de las acusaciones de que Chile asumía una carrera armamentista.
3. Compras de helicópteros
A inicios de 2006 se emprendió una licitación para la adquisición de helicópteros de parte de Carabineros, iniciativa en virtud del cual la policía uniformada descartó el proyecto Helicóptero Unitario Conjunto (HUC) impulsado por la Presidenta electa Michelle Bachelet cuando era Ministra de Defensa.
El proyecto HUC de la Presidenta electa, descartado por Carabineros, contemplaba la adquisición de aparatos multipropósito de mediana envergadura para las cuatro ramas de las FFAA. La actual licitación, en cambio, señala que los requiere mayoritariamente para patrullar, y aún no se han señalado las razones de peso para este cambio de política. Por el contrario, creemos que Chile necesita helicópteros que patrullen y rescaten personas, que sólo aquellos que patrullan
Los helicópteros multipropósito, sirven para múltiples funciones, como transporte de carga, evacuación aero médica, versión de ataque, carga colgante, operación a bordo de buques, operación costa afuera, transporte de pasajeros y de personal, rescate marítimo, etc, y no sólo para patrullaje, como se pretende en la licitación
Los hechos son indesmentibles: si Carabineros hubiera tenido helicópteros multipropósito como los que existen en el mercado o como los considerados en el proyecto HUC, su labor sería mucho más eficiente. Todos recordamos el caso del Porvenir I, barco que encalló en la bahía de Corral, en el cual la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, estableció que los helicópteros disponibles rescataban un tripulante cada media hora. Con un helicóptero multipropósito no hubiesen muerto tres tripulantes como ocurrió en la tragedia mencionada”.
Otro caso es el que ocurrió durante el terremoto que asoló las localidades aymara de la I región. En el poblado de Esquiña, a más de 2.500 m.s.n.m, se encontraban atrapados 28 niños en un internado rural tras 19 de aislamiento. En julio pasado, y contra la opinión de la Fuerza Aérea,. Alberto Maturana, Director de la ONEMI, encabezó el rescate de los niños en un helicóptero multipropósito, el cual fue llevado a cabo con todo éxito.
Estos hechos prueban que concentrarse en comprar helicópteros exclusivamente para patrullaje es un contrasentido. No sólo la VIII región costa, sino todo Chile, por su geografía, requiere de recursos materiales y humanos preparados para el rescate y eficaz respuesta ante emergencias y desastres en el mar, la montaña, el desierto, en los bosques. Con helicópteros de patrullaje, todos los ciudadanos quedamos al desamparo
Es justamente esta situación la que complejiza el análisis de esta adquisición, ya que al considerar que pareciera lo más lógico que por las diversas tareas que debe enfrentar la policía uniformada, apoyando el rescate de andinistas, atacando los incendios forestales o trasladando heridos, sea un aparato multipropósito el más indicado y no uno con poca capacidad, cero resistencia a climas helados y con innecesarios asientos de cuero tipo limusina. Es como si para atender la demanda de seguridad ciudadana se compraran autos Mercedes Benz en lugar de los más baratos y económicos Opel o Nissan que hoy utilizan”
4. Compra de satélite:
Una solicitud al Ministerio de Defensa para que informe en forma urgente y a través de oficios públicos, una serie de interrogantes sobre la inminente compra de un satélite de uso civil y militar, solicitaron el Vicepresidente Jorge Burgos (en la foto) y los diputados DC Gonzalo Duarte y Eduardo Saffirio.
Los parlamentarios manifestaron su preocupación por este tema, señalando que falta transparencia en una decisión que, según las primeras informaciones, implicaría un costo de 40 millones de dólares.
"Las autoridades del área han ratificado dichas informaciones y han señalado que la decisión se tomaría en los próximos días. Todo indica que una adquisición de esa magnitud y complejidad, debe ser acompañada de un proceso de mayor discusión y transparencia", agregó Burgos.
En una declaración, los diputados señalan que "por el momento nada se sabe sobre los objetivos que se buscan con tal adquisición. Nada se sabe sobre la forma en que se financiaría este gasto (ley secreta del cobre, intereses sobre depósitos en el extranjero, presupuesto 2006 ó 2007). No hay certeza a quién se comprará; como se comprará - trato directo, licitación-etc."
Por lo anterior, "solicitamos al Ministerio de Defensa, tenga a bien, informar a la Cámara de Diputados, con urgencia, y en oficio de carácter público, de todas aquellas cuestiones antes señaladas", indicaron.
Ahora, varios senadores han solicitado que mediante proyecto de acuerdo que el satélite no tenga fines bélicos, pues Chile ha sido históricamente un firme partidario y promotor de la paz entre los pueblos, lo que queda reflejado en la política internacional de nuestro país. Señalaron que “la utilización por Chile de medios de tan alta sofisticación tecnológica, como es el caso de satélites artificiales, puede ser considerado legítimamente, como un intento por acrecentar nuestras potencialidades bélicas”, por lo que le solicitaron a la mandataria que la compra del satélite que pretende adquirir Chile no tenga fines militares.
Gracias a estas presiones, finalmente el Gobierno se comprometió a que el satélite fuese para uso pacífico.
IV. DEFENSA NACIONAL: PRINCIPIOS BÁSICOS
Los fundamentos en que se basa la Defensa de Chile están reflejados en los Principios Básicos del Estado de Chile, y sus Objetivos Nacionales. Se distingue entre los Objetivos nacionales Permanentes y los Objetivos Actuales (o políticos) del país. Estos últimos corresponden a la forma en que los gobiernos traducen en medidas, con criterios de Estado y, por tanto, con un horizonte temporal que no necesariamente se agota en sus propios periodos, los Objetivos Nacionales Permanentes.
Objetivos de la Defensa Nacional:
- Conservar la independencia y soberanía del país.
- Mantener la integridad territorial de Chile.
- Contribuir a preservar la institucionalidad y el Estado de Derecho.
- Resguardar, fortalecer y renovar nuestra identidad histórica y cultural.
- Crear las condiciones de seguridad externa fundamentales para lograr el bien común de la nación.
- Contribuir a desarrollar, equilibrada y armónicamente el Poder Nacional.
- Fortalecer el compromiso ciudadano con la Defensa.
- Apoyar la protección internacional de Chile.
- Contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad internacionales, en acuerdo con el interés nacional.
El presidente de la República ejerce el control y administración de los organismos encargados de la defensa por medio del Ministerio de Defensa Nacional, este mismo está constituido por las secretarías de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones.
Adicionalmente posee la asesoría del CONSUDENA (Consejo Superior de Defensa Nacional), de la Junta de Comandantes en Jefe y del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).
Todas las FF.AA. dependen del Ministerio (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) además de Carabineros y la Policía de Investigaciones sin embargo el control operativo de estas dos últimas radica en el Ministerio del Interior.
V. ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE GASTO MILITAR
El Proceso Presupuestario de las FF.AA.
Para el análisis, consideremos que las FF.AA. se financian fundamentalmente con recursos provenientes de la Ley de Presupuestos y de la llamada Ley Reservada del Cobre. La primera financia funciones operativas y de gasto de personal. La segunda, en cambio, se utiliza para la adquisición de pertrechos y armas. Entre el 70 y el 80 % de los recursos de las mencionadas fuerzas provienen del presupuesto general de la Nación. El resto, hasta alcanzar casi el 100% corresponde a la Ley Reservada del Cobre.
1. La Ley de Presupuestos.
De conformidad a la ley, la asignación de recursos de todas las instituciones públicas fiscales se efectúa por Ley de Presupuesto. Esto también es válido para el sector defensa, incluso para las empresas del Estado, entre las que se cuentan algunas de especial importancia, tales como Famae, Enaer, Asmar, etc. En este sentido, las FFAA se rigen por la Ley de Bases Generales de la Administración Financiera del Estado, según ya se ha expuesto.
El proceso que se sigue para llegar a la aprobación del presupuesto es más o menos el siguiente: Tras el análisis conjunto de la estimación de los gastos, por una parte, y del marco financiero establecido, por la otra, las unidades de finanzas de cada rama presentan durante el mes de julio al Comandante en Jefe respectivo un anteproyecto de presupuesto, que debe ser aprobado por éste. Luego de esta aprobación, se remite al Ministerio de Defensa. Será el Ministro de Defensa Nacional quien determina el presupuesto que en definitiva será presentado al Ministerio de Hacienda.
En el Parlamento el proyecto entra en primer lugar a una comisión especial integrada por el mismo número de senadores y diputados. Las Comisiones Defensa de la Cámara o del Senado no tienen injerencia inicial exclusiva en la discusión del presupuesto de defensa, lo cual ha sido objeto de debate en el último tiempo, al estimarse que la instancia primaria más adecuada para revisar el presupuesto son precisamente ellas. La comisión mixta se divide en subcomisiones cada una de las cuales, además de revisar las partidas de defensa, podría por ejemplo, estudiar las de Relaciones Exteriores; Contraloría General de la República; Secretaria General de Gobierno, etc.
Así entonces, el representante de cada Ministerio explica su presupuesto frente a ella, acompañados por personal técnico del Ministerio de Hacienda. En la práctica, en materia de defensa cada subsecretario justifica su área, acompañados por los Jefes superiores de cada una de las ramas. Tales comisiones cuentan con tres semanas para evacuar el informe, para cuyo efecto por muchos años han debido analizar sólo en tres días lo relativo a la defensa. Evidentemente estos plazos son aproximados, ya que no existe alguna norma que obligue a efectuarlo en estos tres días. El plazo aunque parezca mínimo ha bastado durante estos años para discutir el presupuesto de manera suficiente. El análisis que efectúa cada una de las subcomisiones hace del presupuesto se limita a estudiar aquellos aumentos por encima de lo que asigna la ley.
El proceso concluye con un informe de cada Comisión a la Comisión Especial de Presupuestos, que consolida toda la información y la envía para aprobación a la sala de la Cámara. Aprobada por ésta, debe ir al Senado. El proyecto de ley debe quedar totalmente tramitado el 1° de diciembre. De no quedar aprobado para esa fecha, rige el presupuesto presentado por el ejecutivo. Una vez aprobado el presupuesto, durante el mes de diciembre del año anterior a que comience a regir, la Dirección de Presupuestos debe dictar normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente (Artículo 14 DL 1263).
El presupuesto comienza a regir a partir del 1 de enero del año siguiente, y se entrega de acuerdo al presupuesto de caja de Hacienda, según una estimación que efectúan las respectivas ramas, de modo tal que los recursos que reciben mensualmente no tienen que ser necesariamente iguales. Respecto de esta asignación, se debe tener en cuenta algunos aspectos interesantes que permiten otorgar mayor flexibilidad en la toma de decisiones presupuestarias, permitiendo la reasignación presupuestaria de las FFAA en cuanto a los ítems. Debe tenerse presente en este ámbito que las partidas presupuestarias son genéricas, de modo tal que se permite una cierta discrecionalidad por parte de los Comandantes en Jefe para reasignar los recursos de acuerdo a las necesidades institucionales, debiendo, no obstante, solicitar autorización al Ministerio de Hacienda.
Finalmente, y respecto a la forma en que se gastan estos recursos en cada institución, debe considerarse que, en el caso de aquellas adquisiciones que no sean de materiales de guerra, de acuerdo a lo que establece el artículo 1º de la 18.928 de 13 de febrero de 1990, el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de la Armada y el Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea pueden efectuar, en representación del Fisco, adquisiciones de bienes corporales e incorporales, muebles y contratar o convenir servicios.
Asimismo, pueden enajenar bienes corporales e incorporales, muebles, ya sea a título gratuito u oneroso, y celebrar contratos de arrendamiento, comodatos u otros que permitan el uso o goce de dichos bienes por la Institución correspondiente.
2. Adquisiciones de Material Bélico.
Como hemos dicho, los recursos necesarios para la adquisición de material bélico corresponden a aquellos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Sin perjuicio de lo que se estudiará en el capítulo siguiente, cabe indicar que esta última norma corresponde en realidad a la fusión de varias disposiciones, entre las que están la ley Nº 13.196 del 29 de octubre de 1958 (originalmente llamada Ley Reservada del Cobre); el DL. Nº 239 de 31 de diciembre de 1973, el DL. Nº 984 del 11 de abril de 1975; el DL. 1530 del 21 de julio de 1976 y la actualmente vigente ley Nº 18.445 del 17 de octubre de 1985.
Esta norma estableció la obligación para CODELCO de entregar un aporte a las FFAA equivalente al 10% de las ventas al exterior (incluidos subproductos) a partir del 1 de enero de 1988. Debido al carácter reservado de la ley no es posible señalar con exactitud cuál es el procedimiento seguido para tomar las decisiones que involucran recursos de la Ley Reservada del Cobre. Los estudios existentes sobre la materia parten por reconocer esta dificultad, por lo que las aseveraciones que se efectúan en esta materia se deben hacer con particular cautela. Sin embargo, es posible indicar que las adquisiciones se efectúan mayoritariamente en forma descentralizada por Instituciones, con los aportes del 30% para cada una de ellas de la Ley reservada del cobre.
Centralizadamente se efectúan adquisiciones para proyectos conjuntos aprobados por el CONSUDENA (Consejo Superior de Defensa Nacional, que es distinto al Consejo de Seguridad Nacional, y al Consejo Superior de Seguridad Nacional, que tienen funciones distintas), organismo creado por la Ley 17.144 de 1941, con cargo al 10% restante de los fondos provenientes de la mencionada ley. Estas adquisiciones centralizadas se efectúan a través de este mismo organismo de acuerdo a proyectos que presenta cada Institución, debiéndose considerar que su rentabilidad debe ser de carácter conjunto.
Respecto a las adquisiciones descentralizadas, cada Institución presenta al CONSUDENA sus proyectos conforme a sus planes de desarrollo, los que son previamente presentados al Ministro de Defensa Nacional, quien los aprueba o rechaza de acuerdo a atribuciones delegadas del Presidente de la República. Estos planes incluyen una estimación de los costos.
De este modo, la instancia de análisis y aprobación técnica de la compra de acuerdo al tenor de la ley 7.144 es el CONSUDENA. En consecuencia, al menos teóricamente, el proceso de compra se inicia con la solicitud que expresa el Comandante en Jefe de cada rama al mencionado organismo. Lo que sucede en adelante es una verdadera “caja negra”.
Añade que hipotéticamente el CONSUDENA se debería reunir para estudiar la propuesta. Sin embargo, al parecer, es una práctica que los Comandantes en Jefe se presenten al Consejo sólo cuando se tratan materias que pudieran afectar a su institución o bien ser de carácter conjunto. Los Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores tampoco asistirían. Al encuentro sólo concurrirían ciertas autoridades en defensa. Sin embargo, lo descrito no parece ser el principal problema. El mismo autor indica que si se trata de adquisiciones de gran relevancia, lo más probable es que se haya producido una negociación previa con el ejecutivo, de suerte que el CONSUDENA se limitaría solamente a efectuar una aprobación formal. En este contexto, el rol del CONSUDENA sería muy limitado y se reduciría a efectuar un análisis de la factibilidad financiera del proyecto y no a una evaluación acerca de cómo se enmarca la compra en los objetivos del sistema de Defensa Nacional y normalmente a hacer una aprobación de carácter formal a la adquisición.
Una vez aprobados por el CONSUDENA cada Institución inicia el proceso de licitación, el cual, a diferencia de lo que ocurre en la administración pública, son cerradas, en las que se estipula un alto poder de decisión del comprador. Debe considerarse además que cualquier endeudamiento, compromiso o contrato que comprometa recursos fiscales por periodos mayores a un año deben ser aprobados por el Ministro de Hacienda, quien se puede oponer. El uso de los fondos se autoriza por vía de un Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República y del Ministro de Defensa Nacional. El Presidente, es quien en consecuencia tiene la posibilidad de ejercer un último nivel de control. En caso que la adquisición obligue a contraer obligaciones financieras al Fisco, lo suscribe además el Ministro de Hacienda. El documento tiene un carácter de reservado y se encuentra exento del trámite de Toma de Razón en la Contraloría General la República.
3. Ley Reservada del Cobre:
La ley 7.144 de 1942 pretendió entregar recursos extraordinarios para la defensa nacional, tanto en moneda nacional como en dólares. Para ello, estableció varias fuentes de recursos, fundamentalmente provenientes de diferencias en tipos de cambio y de impuestos específicos. En la primera categoría, los artículos 6° y 7° autorizaban a la Caja de Amortización de la Deuda Pública para poner a disposición del CONSUDENA los recursos en dólares provenientes de la diferencia de valorización que se producía por los retornos de divisas efectuados por las empresas de la Gran Minería del Cobre, que se hacía a un tipo especial de cambio, inferior al tipo de cambio libre bancario.
Sin embargo, la ley Nº 11.828, sobre "Nuevo Trato del Cobre", publicada en el Diario Oficial el día 5 de mayo de 1955, obligaba en su artículo N°12 a las Compañías de Cobre de la Gran Minería a entregar sus divisas al Banco Central de Chile al tipo de cambio libre bancario, con lo que desapareció la diferencia por la entrega de divisas, situación que en la práctica significó el cierre de la fuente de recursos que se ponía a disposición del CONSUDENA.
Como la fuente de recursos en divisas había terminado, se requería otra de manera rápida. Por esa razón el 19 de Noviembre de 1958 se publica la Ley 13.196.
4. Características de la legislación actual
A) Carácter Reservado
Llama poderosamente la atención la existencia en nuestra legislación de una ley de carácter secreto, la Ley Reservada del Cobre. Y es que al pensar en la esencia misma de una ley, es difícil compatibilizarla con un contenido no público.
Al revisar los antecedentes históricos de la Ley Reservada del Cobre también encontramos disposiciones de carácter secreto, en la Ley Reservada Nº 6.160, del año 1938 que indicó el monto máximo que se autorizaba al ejecutivo para contratar adquisiciones, construcciones o fabricaciones de elementos necesarios para la Defensa Nacional.
Aun cuando este secreto sólo es una particularidad de la mencionada disposición, la reserva de la información es una constante, vinculada al tema del gasto militar con la que el observador externo se enfrenta. En particular, durante esta investigación nos encontramos con la misma limitación para acceder a los antecedentes que se tuvieron en consideración para dictar las normas objeto de estudio.
Esta costumbre de guardar reserva de los antecedentes tenidos a la vista para legislar sobre un punto específico es de antigua data. Pero la reserva del contenido de las disposiciones y de los antecedentes que se consideraron para dictar otras normas no es la única dificultad de acceso a los antecedentes con las que se encuentra un observador externo. Agreguemos que buena parte de la normativa que regula el sector defensa (Ley Orgánica de las FF.AA. de 1989, las Modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, DL 1277 de 1974) ha sido elaborada en periodos de la historia política en que no se dejaba constancia alguna del origen de estas disposiciones. Los DL –expresión legislativa de los gobiernos de facto- no eran respaldados por una discusión que permita añadir antecedentes para su estudio. Inclusive hay normas de gran importancia que se encuentran contenidas en DFL que, por tanto, no tuvieron discusión parlamentaria que aportara estos mismos antecedentes.
B) Conflicto con civiles
Muchos autores hablan de la reacción “civilista” a la intervención de las FF.AA. en la arena política interna en el país desde la década del 20 en adelante. Una consecuencia de esta reacción civilista sería el creciente desinterés por parte de la clase política chilena, para abordar los problemas que se relacionan con el sector defensa. Este desinterés se patentiza en la ley 13.196 o Ley Reservada del Cobre, por la cual los legisladores de la época, junto con dar una fuente de financiamiento permanente en el tiempo a las FF.AA., renuncian a la posibilidad de tener una participación más activa en la determinación del gasto militar. La mencionada ley sigue la misma línea de la ley 7.144 que crea el CONSUSENA y el DFL N°181 que dio nacimiento al CONSUDENA. A través de estas normas los actores políticos “delegaron” en buena medida la responsabilidad de involucrarse en el tema del gasto militar. En efecto, con la vigencia de estas disposiciones, es el CONSUDENA quien determina las necesidades de la defensa nacional, propone adquisiciones e inversiones y fiscaliza el debido cumplimiento de los acuerdos que se adopten. El CONSUSENA, por su parte, aprecia las necesidades de la defensa y solicita de parte de las autoridades que correspondan los recursos necesarios. El lugar que ocupa el parlamento en la determinación del gasto, al menos desde el punto de vista teórico, es reducido.
Junto con el desinterés de la clase política por profundizar los temas de defensa existen buenas razones para sostener que por parte de los integrantes de las FF.AA. ha existido una gran desconfianza en la capacidad de los “civiles” para entender a cabalidad las necesidades del sector y alejar su mirada de la política partidista. La demostración más flagrante de esta aprehensión está dada por el contenido de la ley 18.948, LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL de las FF.AA que fijó el gasto militar a los niveles existentes hacia el año 1989.
Esta disposición surgió en momentos en que se preparaba un cambio desde un régimen dominado por integrantes de las FF.AA. a otro en que predominaban los civiles. Las aprehensiones de los uniformados no se hicieron esperar. Es justo señalar en todo caso que, en muchas ocasiones esta aprehensión de las FF.AA. se alimenta por actitudes de los actores políticos que, abiertamente reconocen no tener mayor conocimiento del tema.
En resumen, podemos indicar que un estudio de los orígenes de las normas que regulan el gasto militar nos confirma que los actores políticos han estado en gran medida desvinculados del tema de la asignación de gastos en materia de defensa. Las excepciones a esta situación se han dado por situaciones de coyuntura, ya sea por crisis de seguridad externa o bien por conflictos suscitados entre las ramas castrenses y el ejecutivo.
Por otra parte, ha existido en forma permanente una gran desconfianza por parte de los miembros de las FF.AA respecto de su capacidad para entender la problemática del sector defensa y alejar su discusión de la esfera político partidista.
C) El criterio histórico de asignación
Francisco Rojas Aravena (1994) [2] plantea que en la definición y asignación de recursos del sector defensa incide fuertemente el criterio histórico de asignación, es decir “la rutinización en la apropiación y mantenimiento de montos determinados, siguiendo una lógica de sistemas”. El mismo autor sostiene que las disposiciones jurídicas y otras fórmulas legales actuarían como elementos consolidadores del nivel histórico de asignación. El mencionado criterio queda en evidencia al analizar el Art. 96 de la ley 18.948 Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA., el cual, según se ha dicho, determinó un aporte mínimo que debe ser contemplado en la Ley de Presupuestos con base en el presupuesto y en la ejecución realizada en el año 1989. Las disposiciones de la Ley Orgánica se plasmarán en el marco presupuestario, en base al cual se genera el presupuesto de cada una de las ramas de las FF.AA. Si bien el caso de la Ley Orgánica Constitucional de las FF. AA. es el ejemplo paradigmático de criterio histórico, no es el único, ya que si revisamos las disposiciones que son conocidas de la Ley Reservada del Cobre concluiremos que los aportes que se aseguran a las FF.AA. por esta ley corresponden a lo que se estimó un mínimo necesario hacia el año 1987. Este mínimo, con los reajustes correspondientes, es el mismo que rige en la actualidad, 18 años más tarde.
La recurrencia de este criterio histórico, si bien se apoya en la normativa que se ha analizado, ha sido puesta en práctica por los gobiernos en forma constante, sin mayor interés en alterar la situación. De este modo, por ejemplo, durante el gobierno del Presidente Aylwin se declaró en forma explícita que el presupuesto de las FF.AA sería de “continuidad”, cumpliendo rigurosamente las disposiciones legales existentes. Que los gobiernos sigan esta línea, tiene particular importancia en países con sistemas presidencialistas como el chileno, en el que las decisiones fundamentales en materia presupuestaria son inherentes al poder ejecutivo.
Las facultades del Congreso en materia presupuestaria, son más bien restringidas, ya que el Congreso carece de iniciativa en materia presupuestaria y sólo puede recortar los gastos y no aumentarlos. Por esta razón es compresible que no sea ésta la autoridad que pueda realmente romper con la inercia presupuestaria.
Además de un problema de facultades, durante los años que sucedieron al retorno a la democracia, los partidos de oposición apoyaron el presupuesto de defensa como una forma de solidarizar con las FF.AA. Los partidos de gobierno, por su parte, siempre apoyaban la propuesta para no rebatir al ejecutivo, lo que sólo vino a reforzar el fenómeno. En conclusión, la existencia de disposiciones que consagran el criterio histórico parece responder a una suerte de costumbre arraigada entre aquellos actores que tienen poder de decisión en estas materias y no sólo a la existencia de disposiciones legales. El referente de la situación establecida en el presupuesto anterior resulta poderoso, quedando normalmente en discusión, sólo el incremento.
D) Fomento de presiones externas, de incentivos ilegítimos y negocios poco transparentes. Como vimos en los ejemplos anteriores.
VI. PROPUESTAS PARA TRANSPARENTAR EL GASTO MILITAR
Demás está decir que el monarquismo presidencial que caracteriza a nuestro Estado, tan profundamente criticado a este respecto, debe encontrar sus contrapesos institucionales.
Sí, es verdad, el Presidente de la República es el Jefe de Estado maneja las relaciones internacionales, decide a través del Ministerio de Defensa y de Hacienda. Pero su poder no puede ni es omnímodo.
1. Autorización por Ley del Congreso Nacional.
a. Autorización del Congreso como proyecto de ley
Es del caso que en la Cámara de Diputados se ha intentado una suerte de solución: El Jueves 17 de Mayo, 2001, 9 Diputados presentaron un Proyecto de ley que Establece una reforma constitucional con el objeto de permitir que sea el Congreso Nacional el que autorice la compra o venta de armamento por parte de Chile, a solicitud del Presidente de la República (Boletín 2710-07).
El proyecto señala “Para ello, proponemos una reforma constitucional, que incorporando un numeral al art. 60 de nuestra Constitución, declare que son materias de ley, las autorizaciones para la compra o venta de armamento por parte de Chile, siempre a solicitud del Presidente de la República, cuestión que no sólo salva el vacío existente actualmente e introduce facultades de ambas ramas del Congreso Nacional, sino que además posibilitará la amplia y transparente discusión de este tipo de materias en nuestra sociedad”.
b. Derogación de la Ley Reservada del Cobre
La Senadora Soledad Alvear ha postulado la derogación de la Ley reservada del Cobre. Señala que dicha normativa constituye un anacronismo de nuestra institucionalidad económica y que el financiamiento de las FFAA debe incorporarse al Presupuesto Nacional del ítem inversiones de las FFAA, en aras de introducir mayor transparencia, acompañada del compromiso de garantizar la seguridad del país con un adecuado gasto en defensa
La parlamentaria argumentó que “esta Ley presenta serias inequidades, pues obliga a que el 10% de las ventas de Codelco vayan a un presupuesto reservado de las FFAA, estableciendo un piso garantizado de aproximadamente 220 millones de dólares anuales”
De este modo, explicó la Senadora Alvear, si el precio del cobre cae y el 10% de las ventas es inferior a este mínimo, el Fisco debe cubrir esta diferencia, distrayendo recursos de otros gastos del Estado. Por el contrario, frente a un alza en el precio del cobre como el que se ha experimentado estos últimos meses, todos los ingresos adicionales automáticamente van al presupuesto reservado de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Es decir, la ley establece un piso pero no un tope a los recursos que se transfieren.
De acuerdo a la Constitución, le corresponde al Presidente disponer, organizar y distribuir las fuerzas de aire, mar y tierra (32, Nº 19); y, además, la administración financiera del Estado (32, Nº 22 y 62 inciso cuarto). La existencia de la Ley Reservada del Cobre, que asocia determinados ingresos a un destino predefinido, “limita seriamente las facultades del Presidente de la República, pues le impide cambiar el destino de esos recursos”
La Senadora Alvear señaló que la derogación de esta normativa y reemplazo por la incorporación al Presupuesto de la Nación del ítem inversiones de las FFAA, “puede contribuir a fortalecer la transparencia y la confianza del público en dichas instituciones” y que se trataría entonces de aplicar normas similares de evaluación a la generalidad de los presupuestos de inversión del Estado, y de modernizar los ejercicios de programación estratégica de inversiones que requieran los institutos armados.
Esto significa que la derogación de la Ley Reservada del Cobre implica la incorporación del gasto militar a la Ley de Presupuesto, o lo que es lo mismo, que el Congreso (ambas cámaras) lo autorice mediante una ley.
Asimismo, el Jueves 8 de Agosto de 2006, la Cámara de Dioputados acuerda solicitar derogación de ley reservada del cobre, por 36 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. En concreto, solicitaron a la Presidenta una iniciativa legal que derogue la ley reservada del cobre y disponga que el presupuesto de Defensa se tramite del mismo modo que el de los otros ministerios.
El texto fue presentado por los diputados Enrique Accorsi, Esteban Valenzuela, Fulvio Rossi, Marco Antonio Núñez, Antonio Leal, Carlos Abel Jarpa, Marcos Espinosa, Manuel Monsalve, Juan Bustos y Álvaro Escobar.
El documento recuerda que "la referida ley fue dictada, sin que a su respecto el país hubiera tenido la más mínima posibilidad de manifestar su aceptación o rechazo".
Agrega el proyecto de acuerdo que existe una conciencia generalizada en torno a que el presupuesto de las Fuerzas Armadas no puede seguir siendo objeto de un porcentaje de las utilidades de CODELCO, puesto que el monto ha aumentado en los últimos años a consecuencia del alza del metal rojo.
"Entonces, lo que se destina al presupuesto de las Fuerzas Armadas es una cantidad exagerada de dinero, en consideración a los presupuestos que destinan a otros sectores, como salud y vivienda", expresa la iniciativa.
Concluye el texto señalando que no se pretende perjudicar las asignaciones a las FF.AA., "pero nos parece que el país goza de una institucionalidad que al día de hoy nos permite, con altura de miras, debatir en el Congreso Nacional, año a año, con las garantías incluso de reserva que dispone nuestro ordenamiento, cuál es el presupuesto que destinaremos a la defensa nacional".
c. Autorización del Congreso en el Derecho Comparado
De acuerdo a un Informe de la Unidad de Apoyo Legislativo del Senado [3], “en la experiencia extranjera (Argentina, Reino Unido, España, Suiza y Estados Unidos) no se encontró ninguna normativa que de atribuciones al Poder Legislativo en su conjunto o algunas de sus cámaras, para autorizar la compra de armamentos. Sin embargo, en todos los casos el Parlamento debe aprobar las leyes relativas a la defensa y su presupuesto, vía indirecta por la cual éstos ejercen control sobre los gastos militares. Este control puede ser más o menos efectivo”.
En este contexto, creemos pertinente destacar el proceso de análisis presupuestario que desarrolla el Parlamento de Estados Unidos, país ejerce un fuerte control sobre los gastos en Defensa.
En efecto, el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas y en particular la adquisición del armamento necesario para efectuar sus operaciones. De este modo, el gasto en Defensa constituye uno de los principales puntos del presupuesto norteamericano, el cual es aprobado y discutido en el Congreso para cada año fiscal. La aprobación del presupuesto sigue un proceso normado legalmente.
De acuerdo a la Ley de Presupuestos, el presupuesto entregado por el presidente no es vinculante, es decir sólo se considera su propuesta y solicitud de administración, la cual es recibida por el Congreso en volúmenes que le permiten elaborar su propio presupuesto. Conjuntamente, cada agencia entrega un conjunto de documentos financieros junto a la justificación de los gastos presupuestados.
Bajo el esquema tradicional, la Casa de Representantes y el Senado adoptan sus respectivas resoluciones a comienzos de Abril. Entonces, los miembros de la Comisión de Presupuesto de ambas cámaras desarrollan un informe (conference report), el cual constituye un documento de acuerdo, consensuado entre los negociadores del Senado y la Casa de Representantes que se acepta a fines de Abril de cada año (o eventualmente en Mayo). Este informe es el anteproyecto del gasto fiscal y las decisiones tributarias que se realizarán durante el año. La resolución formalmente no es ley (es una resolución simultánea que no requiere la firma del Presidente). Pero tanto la Casa de Representantes como el Senado poseen procedimientos de aplicación destinados a asegurar que las directivas de la resolución se cumplan.
Creo que el sistema de autorización de compras de armas es muy engorroso. La experiencia de los Estados Unidos se basa en una institucionalidad que funciona más rápido que la nuestra, con mucho más presupuesto y facilidades que la chilena. Someter las compras de armas, en Chile, a la tramitación de una ley, puede lesionar la flexibilidad que requieren las compras de armas. La globalización complejiza los escenarios internacionales, y no obstante debería haber un control institucional al respecto, la cruel realidad de la guerra y de las necesidades de la disuasión, imponen un modelo flexible, que no coarte esta dimensión de la realidad de nuestras relaciones internacionales.
Claramente concordamos, y creo que ha quedado suficientemente claro, que las relaciones internacionales deben basarse en el diálogo multisectorial, sin exclusiones. No obstante las compras de armas requieren de control, también requieren de dinamismo.
2. Autorización del Senado
Estos antecedentes (que concluyen en el hecho de que no parece prudente que AMBAS CÁMARAS CONOZCAN DE LAS COMPRAS DE ARMAS) nos arroja a determinar cuál de las dos debe intervenir como dispositivo jurídico y político de su control. A este respecto, cabe señalar que la fiscalización de las compras es un instrumento a posteriori. Se fiscaliza lo que ya se realizó, se supervigilan actos después de su concreción. Se vigila la marcha de un sistema. Esto lo puede hacer la Cámara de Diputados.
Pero de lo que aquí hablamos es de controles preventivos, no represivos. Los controles preventivos deben realizarlos los órganos dedicados a vigilar (no fiscalizar) la marcha del sistema más a largo plazo. Claramente, desde esta perspectiva, es el Senado el llamado a asumir esta importante función.
La dinamización que presentan los escenarios de la diplomacia y de su antítesis, que es la guerra, deben vertebrar un sistema de control, no de desincentivo. A nuestro juicio, las compras de armas deben someterse visación, no a fiscalización por parte del Senado. La transparencia de los actos del Estado se da en virtud de que el Senado “acuerde” con el Presidente la compra de armas. ¿Son los acuerdos algo extraño a la labor del Senado? Claro que no.
Veamos algunos ejemplos en nuestra Constitución:
Artículo 32.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado
12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado
Artículo 40.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.
Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional.
El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Artículo 98.-
El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente.
O sea, queda clarísimo que el Senado acuerda, y lo hace recurrentemente.
Claramente, los acuerdos sirven para llegar a consensos en estos temas de importancia. ¿De qué vale tener una ley de presupuestos debatida en el Congreso, si después se toman decisiones de compras de armas sin que nosotros, representantes de la soberanía nacional, no sepamos nada? ¿Basta con enviar un oficio? ¿Basta un Proyecto de Acuerdo? ¿ese es el trato que merece institucionalmente el órgano representativo y deliberativo de la soberanía nacional? No.
Es por ello que es necesaria la presentación de un proyecto de reforma de la Constitución, en virtud del cual los gastos militares que emprenda el Ejecutivo deben ser acordados por el Senado.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO
Agrégase un nuevo N° 11 al Artículo 53 de la Constitución Política de la República de Chile: “Autorizar la compra o venta, importación o exportación, de armamento y equipamiento militar, al inicio de cada legislatura ordinaria, previa propuesta del Presidente de la República”
(FDO.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, EN CUANTO AL BLOQUEO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS PUBLICITARIAS (4458-03)
Honorable Senado:
Considerando:
Por la presente moción, tengo el honor de presentar a la consideración de esta Honorable Corporación un Proyecto de Ley que tiene por objeto, modificar el art.28 b de la ley 19.496, con el fin de establecer la facultad a los propietarios de teléfonos fijos o celulares de bloquear en forma expedita y definitiva cualquier tipo de llamada publicitaria no deseada.
Se fundamenta esta moción en que las llamadas publicitarias no deseadas a teléfonos fijos o celulares se han ido masificando, sin que exista alguna norma clara que las reglamente e impida. Esta práctica que se utilizaba preferentemente durante las campañas políticas, hoy se da en una serie de situaciones, publicitándose a modo de ejemplo, créditos bancarios, tarjetas de casas comerciales, y diversos productos.
Con el fin de asegurar que estos llamados sean finalmente escuchados, estas empresas utilizan 2 medios:
- Dejar los mensajes en el buzón de voz o la casilla de mensajes cuando el teléfono al que llaman no responde, lo que implica un costo para el usuario cuando quieren rescatarlos.
- Efectuar estas llamadas preferentemente después de las 19.00 horas, los días de semana y los sábados y domingos. Es decir, cuando las personas se encuentran en sus hogares descansando.
Este tipo de llamadas vulnera no sólo el derecho a la privacidad, sino que también la Ley 19.496 Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que en su artículo 28 B expresa: "Los proveedores que dirijan comunicaciones promocionales y publicitarias a los consumidores por medio de correo postal, fax, llamado o servicios de mensajería telefónica, deberán indicar una forma expedita en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. Solicitadas éstas, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido".
Sin lugar a dudas, los objetivos de esta disposición no se cumplen debido, por una parte, a lo poco claro de ésta, y por otra, a las dificultades que tienen los dueños de teléfonos para bloquear este tipo de llamadas, las cuales según este artículo deben hacerse individualmente con la consabida pérdida de tiempo.
La legislación internacional ya se ha preocupado de este tema, es así como en Estados Unidos, Argentina y España se ha creado un Registro o Listado Nacional denominado " No Llame Más". En el los dueños de teléfonos se inscriben en forma gratuita expresando su voluntad de no recibir llamados de " Telemarketing", estando obligadas estas empresas a consultarlo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, vengo en presentar el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de Ley
Artículo 1º Agréguese un tercer y cuarto inciso al art. 28 b del siguiente tenor:
Toda llamada efectuada por proveedores que dirijan comunicaciones promocionales y publicitarias a los consumidores por medio de fax, o servicios de mensajería telefónica, deberán ser efectuadas a través de una línea única que permita a los usuarios de teléfonos fijos y celulares solicitar a las empresas telefónicas el bloqueo de éstas de una sola vez y en forma definitiva. Será responsabilidad de la Subsecretaría de Telecomunicaciones implementar el reglamento respectivo.
Así mismo se deberá implementar un Registro Nacional donde las personas dueñas de teléfonos fijos y celulares dejaran establecido su voluntad de no recibir llamados telefónicos publicitarios de cualquier tipo. La inscripción en este registro será gratuita y durará 5 años. Las empresas que realicen publicidad mediante esta vía deberán obligatoriamente consultar este registro.
Serán responsables del cumplimiento de estas normas tanto la empresa que realiza la llamada publicitaria como su mandante y, el incumplimiento devengará multas similares a las establecidas en el artículo 24, inciso primero, de esta misma ley.
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Roberto Muñoz Barra, Jorge Pizarro Soto, Mariano Ruiz-Esquide Jara.
PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL EJECUTIVO SUSCRIBIR LA CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES (S 892-12)
Honorable Senado:
1. Que el 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que completa el dispositivo normativo de las convenciones en favor de la diversidad cultural. Con 148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, este instrumento es fruto de un amplio proceso de maduración y de dos años de intensas negociaciones jalonados por numerosas reuniones de expertos independientes y gubernamentales.
2. Que constituye, en particular, junto con la Convención de 1972, relativa al patrimonio mundial, cultural y natural y la de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, uno de los tres pilares de la conservación y la promoción de la diversidad creativa. Juntas, refuerzan la idea que figura en la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (2001), a saber, que la diversidad cultural debe considerarse como un "patrimonio común de la humanidad" y su "defensa como un imperativo ético inseparable del respeto a la dignidad y a la persona".
3. Que las expresiones culturales resultan de la creatividad de los individuos, de los grupos y de las sociedades, y tienen un contenido cultural que refleja el sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que tienen por origen las identidades culturales.
4. Que en nuestro tiempo, las expresiones culturales son cada vez más tributarias de las lógicas industriales y comerciales en su producción y en su difusión. Por eso son vehiculadas por las "actividades, bienes y servicios culturales", que se han convertido en los vectores contemporáneos privilegiados de la cultura, al mismo tiempo que de los retos del comercio internacional.
5. Que los principales objetivos de la Convención de 2005 consisten en reconocer el derecho de los Estados a elaborar políticas culturales y a adoptar medidas en favor de la diversidad de las expresiones culturales; reconocer la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales por ser portadores de identidad; y reconocer el vínculo entre cultura y desarrollo y la importancia de la cooperación internacional.
6. Que la Convención se propone reafirmar los vínculos que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Estados a elaborar políticas culturales con miras a "proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales", por una parte, y a "crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa" por otra parte (Artículo 1).
7. De este modo, una serie de principios (Artículo 2) garantizan que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales atente contra los derechos humanos y libertades fundamentales corno la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que los individuos (las) elijan. Además, el "principio de apertura y equilibrio" garantiza que, cuando los Estados adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, "procurarán promover de manera adecuada la apertura a otras culturas del mundo".
8. Que los derechos y obligaciones de las Partes (Artículos 5 a 11) incluyen una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, es decir, abordar la creatividad con todas sus implicaciones en el contexto actual de mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son accesibles a todos a través de los bienes y servicios culturales.
9. Que a este respecto, las Partes, al reconocer el papel fundamental de la sociedad civil, se esforzarán por crear un entorno que incite a los individuos y grupos sociales a "crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, en particular las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos" y a que "se reconozca la importante contribución de los artistas, otras personas participantes en el proceso creativo, las comunidades culturales y las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como su papel fundamental de alimentar la diversidad de las expresiones culturales".
10. Que es de destacar que la promoción de la cooperación internacional, que atañe en particular a los países en desarrollo, es también un elemento fundamental de la Convención (Artículos 12 a 19). A este respecto, se prevé la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (Artículo 18) cuyos recursos provendrán de contribuciones voluntarias de las Partes y recursos financieros asignados por la Conferencia General de la UNESCO, así como de diversas contribuciones, donaciones o legados, de cualquier interés devengado por los recursos del Fondo, del producto de colectas y de las recaudaciones de eventos organizados en beneficio del Fondo y de todos los demás recursos autorizados por el reglamento del Fondo.
11. Que la preocupación de velar por la coherencia entre la Convención y los demás instrumentos internacionales existentes condujo a los Estados a incluir una disposición (Artículo 20) destinada a garantizar una relación de "potenciación mutua, complementariedad y no supeditación" entre esos instrumentos. Al mismo tiempo, "ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean Parte".
12. Que la Convención establece una serie de mecanismos de seguimiento encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz del nuevo instrumento entre los que figura un dispositivo no vinculante de solución de litigios que permite abordar, con una perspectiva estrictamente cultural, eventuales divergencias de puntos de vista sobre la interpretación o aplicación de determinadas reglas o principios relativos a la Convención (Artículo 25).
13. Que los países que han ratificado esta Convención son Bolivia (04/08/2006); Djibuti (09/08/2006); Mauricio (29/03/2006); México (05/07/2006); y Mónaco (31/07/2006). Paralelamente lo ha aceptado Canadá (28/11/2005) y Rumania adhirió a él (20/07/2006).
14. Que tenemos la convicción de que este instrumento internacional protegerá la diversidad cultural de los pueblos indígenas de Chile, promoverá y fortalecerá la protección de nuestro patrimonio material a inmaterial cultural, y facilitará la cooperación internacional en materia cultural con otros países del orbe.
15. Que sumado a ello, el Estado de Chile ha ratificado sólo uno de los tratados de protección cultura! de la UNESCO (el de patrimonio mundial), y no ha suscrito ni ratificado ninguno de los siguientes tratados sobre materias culturales:
a) Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1970,
b) Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de La Haya, del año 1954,
c) Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, 1970,
d) Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, 1995,
e) Convención sobre la Protección del Patrimonio Subacuático, Unesco 2001
16. Que dado que la Cámara de Diputados ya acordó solicitar al Ejecutivo la suscripción de estos tratados, es aún más necesario insistir al Ejecutivo la suscripción de este nuevo instrumento internacional y presentarlo al Congreso para su ratificación, de acuerdo a las normas constitucionales.
Por tanto, el Senado acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores suscribir la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de la UNESCO, y presentarlo al Congreso para su ratificación.
(Fdo.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR.