Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VICEPRESIDENTE
- Jaime Naranjo Ortiz
- VICEPRESIDENTE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
-
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DEL SENADO PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS RESERVADAS
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
-
NORMAS SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- DEBATE
-
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- CONDENA A VIOLENCIA Y DESTRUCCIÓN EN FRANJA DE GAZA. PROYECTO DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN DE FACTOR REGIONAL EN DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS ASEGURABLES EN GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
- SOLICITUD DE CIERRE DE CÁRCEL DE GUANTÁNAMO. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIÓN DE FIN DE DEUDA PREVISIONAL DEL ESTADO CON AFILIADOS A EX CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE DUODÉCIMA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
- SALUDO A ELECTO PRESIDENTE, A NUEVO PARLAMENTO, Y A PUEBLO DE MÉXICO. PROYECTO DE ACUERDO
-
REGULARIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA Y DE PERSONAL A HONORARIOS. PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AGILIZACIÓN DE TRÁMITE PARA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HORST PAULMANN
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- PARALIZACIÓN DE FERROCARRIL ARICA-LA PAZ POR FALTA DE MANTENCIÓN. OFICIOS
- ADHESION
- Antonio Horvath Kiss
- ADHESION
- REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS RESERVADAS Y SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE LEY N° 13.196
- ERRORES DE PRESIDENTA BACHELET EN TRIBUNA DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. OFICIO
- DECLARACIÓN DE SEWELL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. OFICIO
- INCONVENIENCIA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HORST PAULMANN KEMNA
- TRIBUTO A MÁRTIRES DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHIGUAYANTE. COMUNICACIÓN
- SOLUCIÓN PARA DEUDORES HIPOTECARIOS DE BANCA COMERCIAL POR VIVIENDAS SOCIALES. OFICIOS
- AGILIZACIÓN DE TRÁMITE PARA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HORST PAULMANN
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES COLOMA, LONGUEIRA, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE FORMACIÓN DE TERNAS PARA PROVEER LOS CARGOS DE NOTARIO, CONSERVADOR Y ARCHIVERO (4342-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Perez Varela
- Evelyn Matthei Fornet
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Orpis Bouchon
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES COLOMA, LONGUEIRA, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE EXCLUSIÓN DE DIVERSOS DELITOS DE BENEFICIOS ALTERNATIVOS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD(4343-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Perez Varela
- Evelyn Matthei Fornet
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Orpis Bouchon
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (4346-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES RELATIVO A SUCESOS ACAECIDOS EN LA FRANJA DE GAZA(S 884-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Soledad Alvear Valenzuela
- Carlos Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Camilo Escalona Medina
- Jose Garcia Ruminot
- Jaime Gazmuri Mujica
- Guido Girardi Lavin
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Antonio Horvath Kiss
- Hernan Larrain Fernandez
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pablo Longueira Montes
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Roberto Munoz Barra
- Jovino Novoa Vasquez
- Ricardo Nunez Munoz
- Carlos Ominami Pascual
- Victor Perez Varela
- Jorge Pizarro Soto
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- Guillermo Vasquez Ubeda
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES COLOMA, LONGUEIRA, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE FORMACIÓN DE TERNAS PARA PROVEER LOS CARGOS DE NOTARIO, CONSERVADOR Y ARCHIVERO (4342-07)
- PORTADA
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 34ª, en martes 18 de julio de 2006
Ordinaria
(De 16:20 a 19:35)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE, Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.....................................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités....................................................
Revisión de procedimiento del Senado para conocimiento de materias reservadas...............
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede una bonificación por retiro voluntario a funcionarios municipales que indica (4064-05) (se aprueba en general)..........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad fiscal (4000-05) (queda pendiente su discusión particular)..........................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Condena a violencia y destrucción en Franja de Gaza. Proyecto de acuerdo (S 884-12) (se aprueba)..................................
Incorporación de factor regional en determinación de patologías asegurables en Garantías Explícitas en Salud. Proyecto de acuerdo (S 879-12) (se aprueba)¿¿
Solicitud de cierre de cárcel de Guantánamo. Proyecto de acuerdo (S 883-12) (se aprueba).........................................................................................
Petición de fin de deuda previsional del Estado con afiliados a ex Caja de Empleados Particulares de Duodécima Región. Proyecto de acuerdo (S 880-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Saludo a electo Presidente, a nuevo Parlamento, y a pueblo de México. Proyecto de acuerdo (S 881-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿
Regularización en Administración Pública de situación de funcionarios a contrata y de personal a honorarios. Proyecto de acuerdo (S 882-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Agilización de trámite para concesión de nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Horst Paulmann (intervención del señor Longueira)¿¿¿¿¿
Paralización de ferrocarril Arica-La Paz por falta de mantención. Oficios (observaciones del señor Orpis)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Revisión de procedimiento para conocimiento de materias reservadas y solicitud de publicidad de ley Nº 13.196 (observaciones de señores Cantero y Frei, don Eduardo)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Errores de Presidenta Bachelet en tribuna de Pontificia Universidad Católica de Chile. Oficio (observaciones del señor Romero)¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Declaración de Sewell como patrimonio de la Humanidad. Oficio (intervención del señor Núñez)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Inconveniencia de pronunciamiento sobre concesión de nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Horst Paulman Kemna (observaciones del señor Naranjo)¿¿¿¿¿¿¿¿.
Tributo a mártires de Cuerpo de Bomberos de Chiguayante. Comunicación (intervención del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Solución para deudores hipotecarios de banca comercial por viviendas sociales. Oficios (observaciones de la señora Alvear)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , don Andrés Velasco Brañes; Secretaria General de la Presidencia , doña Paulina Veloso Valenzuela, y de Justicia, don Isidro Solís Palma, y el señor Director de Presupuestos , don Alberto Arenas De la Mesa
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 29ª, ordinaria, en 5 de julio del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, especiales, y 33ª, ordinaria, todas en 12 de julio del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad fiscal (boletín N° 4.000-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13), y
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre constitución y operación de sociedades de garantía recíproca (boletín N° 3.627-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha aprobado, con la enmienda que indica, el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición de la educación parvularia (boletines números 3.682-07 y 1.737-07).
--Queda para tabla.
De la señora Ministra de Planificación , por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Escalona, sobre oficina de CONADI en Puerto Montt.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con los dos primeros da contestación a igual número de oficios enviados en nombre del Honorable señor Chadwick, acerca de la reparación del puente Cachapoal y el cierre del enlace El Tambo-La Paloma.
Con el tercero responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Larraín, relativo a la instalación de un peralte en el paso superior Copihue.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Honorable señor García, atinente a torre de telefonía móvil en Villarrica.
Del señor General Director de Carabineros de Chile, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto al ingreso ilegal de mercancías a Bolivia.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, concerniente a la televisión digital.
Dos del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, por medio del cual da respuesta a sendos oficios remitidos en nombre de los Honorables señores Letelier y Núñez, respecto del problema ambiental de la laguna Carén y del accidente ferroviario ocurrido en Diego de Almagro, respectivamente.
Del señor Presidente del BancoEstado, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, tocante a agricultores de la Comunidad Lolcura.
Del señor Director del Diario Oficial , por el que da contestación a un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Matthei, con relación a las tarifas de dicha entidad.
Del señor Intendente de la Novena Región , por el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, sobre Provisión Infraestructura Rural.
De la señora Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales de la Segunda Región, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Cantero, relativo a terreno para club de rodeo.
Del señor Director subrogante de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Espina, acerca de materias tramitadas en juzgados de familia.
Del señor Gerente General de la Empresa Eléctrica de La Frontera , mediante el cual da contestación a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, con relación a precio por energía eléctrica en la localidad de Cajón.
Del señor Gerente General de la Empresa Aguas Chañar, por el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Núñez, referido a las consecuencias de accidente ferroviario en Diego de Almagro.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor García, sobre jornada diaria de los cuarteleros de las compañías de bomberos (boletín N° 4.129-13).
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Orpis, Gómez, Núñez, Prokurica y Zaldívar (don Adolfo), sobre fomento de las fuentes de energías renovables y no contaminantes (boletín Nº 4.312-08).
--Quedan para tabla.
Mociones
Dos de los Senadores señora Matthei y señores Coloma, Longueira, Orpis y Pérez Varela:
Con la primera dan inicio a un proyecto de ley sobre formación de ternas para proveer los cargos de notario, conservador y archivero (boletín Nº 4.342-07).
Con la segunda inician un proyecto de ley sobre exclusión de diversos delitos de los beneficios alternativos a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín Nº 4.343-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Honorable señor Ruiz-Esquide, con la que inicia un proyecto de ley sobre reproducción humana asistida (boletín Nº 4.346-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Proyecto de acuerdo
De diversos señores Senadores, relativo a los sucesos acaecidos en la Franja de Gaza (boletín Nº S 884-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de esta sesión ordinaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En sesión de hoy, los Comités resolvieron unánimemente lo siguiente:
1.- Tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto signado con el Nº 5 del Orden del Día, que concede una bonificación por retiro voluntario a funcionarios municipales.
2.- Poner en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana la iniciativa que modifica la ley sobre indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita; la atinente al fomento de las fuentes de energías renovables y no contaminantes, y la concerniente a la jornada diaria de los cuarteleros de las compañías de bomberos.
3.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto sobre pesca recreativa, hasta mañana, a las 12, las que deben presentarse en la Secretaría de la Comisión.
4.- Fijar el 31 de julio próximo, a las 12, como plazo para presentar indicaciones al proyecto que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, y
5.- Suprimir la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del martes 1º de agosto próximo, para dedicar ese tiempo a debatir los problemas ocasionados por los desbordes del río Biobío.
El señor CANTERO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DEL SENADO PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS RESERVADAS
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , deseo saber qué curso va a tomar la presentación que hice en la Sala, en su oportunidad, para solicitar al señor Presidente un pronunciamiento con relación a las leyes reservadas, en particular en lo referido al artículo 77 del Reglamento del Senado, norma que establece, en todo caso, que después de 10 años debiera levantarse el secreto de esos textos.
Asimismo, en esa ocasión mencioné el artículo 8º de la Constitución, donde se dispone claramente que todos los actos de la Administración son públicos y se contempla todo un procedimiento.
La cuestión se suscita porque tengo interés en conocer algunas leyes secretas, pero se me ha indicado que esto sólo puedo hacerlo en la sala del Secretario del Senado y ante su presencia, o la del funcionario que designe, lo que considero francamente inaceptable.
Creo que debería existir un pronunciamiento claro acerca de cómo se va a operar en estos casos, toda vez que tras la reforma constitucional el artículo 8º establece con mucha claridad lo siguiente:
"El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos,".
Esto me parece relevante, considerando que las leyes a que me refiero son muy antiguas y el tiempo reglamentario ya está sobrepasado.
En el evento de una interpretación restrictiva, solicitaría que la Sala se pronunciase respecto a si se puede levantar la reserva de esos cuerpos legales habiendo transcurrido más de 10 años.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señor Senador, la Mesa tiene en su poder un informe de Secretaría al respecto y lo invita a conversar sobre el particular posteriormente.
El señor CANTERO.-
Muy bien.
V. ORDEN DEL DÍA
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Conforme al acuerdo de Comités dado a conocer precedentemente, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que concede una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4064-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 33ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal de la iniciativa es otorgar una bonificación especial a los funcionarios municipales que cesen en sus funciones por renuncia voluntaria dentro de determinado plazo o que obtengan jubilación, pensión o renta vitalicia en algún régimen previsional con posterioridad a la comunicación de su renuncia voluntaria.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Bianchi, Orpis y Pérez Varela), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Su texto se transcribe en el primer informe.
Cabe destacar que el artículo 2º de la iniciativa tiene el rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que durante su discusión en particular el proyecto también debe ser analizado por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA .-
Señor Presidente , estamos tratando la iniciativa como si fuera de Fácil Despacho, según informó la Mesa, principalmente porque el Congreso Nacional despachó en años anteriores dos proyectos similares que no se aplicaron, por diversas razones, a algunos funcionarios municipales. Me refiero a las leyes Nº 19.529 y Nº 19.731, que también establecieron beneficios económicos para el retiro.
El articulado en análisis dispone simplemente una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales de 60 años de edad o más, tratándose de mujeres, o de 65 años o más, si son hombres, cuando cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria.
El beneficio equivale a un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses prestados por el funcionario en la administración municipal, con un máximo de seis meses.
También se establece que el alcalde, previo acuerdo con el Concejo Municipal, podrá otorgar a los beneficiarios una bonificación por retiro complementaria, la que en conjunto con la ya señalada no podrá ser superior a la suma que importen once meses.
En definitiva, se trata de buscar la manera de incentivar el retiro de los funcionarios municipales. Como sus rentas son muy bajas, según todos sabemos, la renuncia acompañada de la jubilación significa un menoscabo económico considerable a miles de hombres y mujeres que entregan su esfuerzo y dedicación en los municipios. Por ello, la bonificación busca estimularlos a retirarse y, en consecuencia, dar una suerte de movilidad.
Pienso que el proyecto va en la línea correcta, como se observó en el debate de la Comisión de Gobierno. Pero, sin duda, los integrantes del Senado, del Congreso Nacional y del Ejecutivo debiéramos abocarnos a la brevedad a un esfuerzo mucho mayor para trabajar en torno de la situación de los funcionarios municipales, que, en materia de remuneraciones y en la regulación de sus carreras, se hallan por debajo del promedio de todos los servidores de la Administración Pública y, por tanto, en condición económica y laboral desmedrada.
Todos sabemos la importancia que reviste el municipio en cada una de las comunas.
Con motivo de los desastres naturales que ocurrieron la semana pasada, acabamos de constatar cómo los empleados municipales y los municipios estuvieron en primera línea atendiendo a los damnificados, prácticamente durante las 24 horas del día. Eso requiere y exige que nos preocupemos a fondo de los problemas que les atañen, pues no pueden encontrarse en una situación peor que la actual.
Por eso, el proyecto en debate sólo atiende un pequeño aspecto, no menor ni fundamental, pero necesario. Para muchas mujeres que actualmente tienen 60 años de edad y para muchos hombres que han alcanzado los 65 y anhelan jubilar pero que no lo pueden hacer por su situación económica, esta bonificación representa un incentivo que les va a permitir cesar en sus cargos o renunciar a ellos y entrar con algún tipo de beneficio, aunque sea menor, a la tercera edad o al momento en que se acojan a retiro.
Por eso, la Comisión de Gobierno propone aprobar la iniciativa, ojalá en forma unánime.
Reitero que el Congreso Nacional ya despachó dos leyes similares en años anteriores, las cuales han cumplido su objetivo. Pero, como sigue habiendo funcionarios que satisfacen los requisitos para jubilar, es del todo necesaria esta nueva legislación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI .-
Señor Presidente , el Ejecutivo ha enviado este proyecto de ley para poder contar con una herramienta que facilite las adecuaciones que, dentro del proceso de modernización, requieren las estructuras municipales y contribuya a que los funcionarios en edad de acogerse a jubilación puedan hacerlo en mejores condiciones y con un justo reconocimiento a su dedicación.
Sin perjuicio de compartir la inquietud del Gobierno en cuanto a que la necesidad de modernización no puede implicar el abandono de empleados que han dedicado una vida al servicio público y a que, en consecuencia, merecen un descanso tranquilo que reconozca su trayectoria, estoy en contra del mecanismo de financiamiento propuesto en la iniciativa.
Nuevamente el Estado pretende imponer a la administración municipal descentralizada una obligación sin apoyarla en lo mínimo respecto de los fondos necesarios para su efectivo cumplimiento.
Así, señor Presidente , lo desprendo del artículo 5º del proyecto, que expresamente coloca de cargo municipal todo el mayor gasto que irrogue el pago de tales bonificaciones, aumentando gravosamente las cargas a que se encuentra sujeto el presupuesto de muchas comunas, las cuales difícilmente logran en la actualidad sacar adelante sus balances con cifras azules.
Por lo tanto, no obstante que apoyo este proyecto, que otorga un justo reconocimiento a los funcionarios municipales, hago un profundo llamado al Gobierno para que lo perfeccionemos mediante el reestudio de los mecanismos de financiamiento, de modo que el Estado participe con un aporte significativo que permita a todas las municipalidades dar cumplimiento a lo que se dispone.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer término, deseo solicitar por intermedio de la Mesa que tanto la Subsecretaría de Desarrollo Regional cuanto el Ministerio de Hacienda nos den a conocer la situación en que viven los funcionarios de diferentes municipios del país. Según los antecedentes de que disponemos, atienden muchos casos sociales. Pero, a veces, ellos mismos tendrían que ponerse a la cola, porque sus ingresos están muy por debajo de los que se pagan en la Administración Pública. El Ejecutivo y el Congreso les han ido agregando diversas funciones sin darles los recursos económicos necesarios.
En la reunión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos efectuada el día de ayer, con asistencia de representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de un funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se analizaron cifras no muy concordantes en cuanto a los pasivos de cada uno de los municipios. Hay más bien una dificultad estructural. Pero también existe un problema de gestión en las distintas corporaciones edilicias, algunas de las cuales asumieron cargas no del todo transparentes.
Por ello, señor Presidente , solicito que la SUBDERE y el Ministerio de Hacienda nos entreguen dos informaciones: primeramente, en cuanto a la situación de los funcionarios municipales en cada una de las comunas del país; y, en seguida, qué posibilidades de mejoramiento hay.
En segundo lugar, me sumo al propósito de no dejar pasar el hecho de que el artículo 5º del proyecto dice que el pago de las bonificaciones va a ser de cargo municipal y de que el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que la normativa no representa gasto fiscal.
Como es evidente, una vez más estamos sobrecargando a los municipios que no tienen recursos, para entregar el beneficio que merecen a los funcionarios con derecho a jubilar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , a mi juicio, éstos son los proyectos que demuestran la falta de regionalización o, más bien, dan cuenta de la centralización existente en el país respecto de la toma de decisiones.
Una iniciativa como ésta sólo tendría sentido si el Fisco entregara recursos a los municipios.
Se da el absurdo de que, a través de un proyecto de ley, disponemos que las municipalidades, con sus propios fondos, paguen una indemnización de hasta seis meses de remuneraciones a los funcionarios que renuncien de manera voluntaria, y que, excepcionalmente, amplíen el beneficio hasta los once meses, que es la norma general para cualquier trabajador.
A mi entender, o se opta por dar fondos a los municipios en relación con el gasto que irroga el proyecto, o se les entrega al respecto una facultad permanente. Porque si tienen que pagar con dineros propios, entonces que lo realicen cuando quieran. Debería ser una norma general y no una excepción como se plantea.
¿Por cuál de los dos caminos optar? Estimo que, dada la situación actual de los municipios del país, tendríamos que escoger la vía de que los recursos requeridos para el pago del bono -que es necesario- provengan de las arcas fiscales.
Considero que lo correcto sería solicitar al Ejecutivo , mediante oficio en nombre de quienes quieran suscribirlo, que, para que las municipalidades cubran el gasto que implica el proyecto en debate, las subsidie a través del Fondo Común Municipal o de cualquier otro instrumento.
Parece absurdo facultarlas por una vez, en circunstancias de que deberían tener en forma permanente la atribución correspondiente. En caso de que se les dé por una única oportunidad, entonces que se financie la bonificación.
Además, señor Presidente , resulta fundamental que el proyecto en debate sea visto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. No sé por qué no ha ocurrido así, más aún cuando en ella estamos analizando el asunto del bono poslaboral, beneficio que también favorece a los servicios descentralizados. Dado que la normativa determina diversas incompatibilidades con otras leyes, muy poca gente se va a acoger a ella. Tenemos que despejar tal materia durante su discusión particular, pues ya fue aprobada en general la semana pasada.
Por lo tanto, señor Presidente, creo correcto oficiar al Ejecutivo -lo solicito formalmente- para que estudie la posibilidad de financiar de manera excepcional la obligación que se impone a los municipios a través de la iniciativa en debate.
Del mismo modo, pido a la Mesa que, en virtud de la materia que aborda, el proyecto se tramite también a la Comisión de Trabajo, con mayor razón si allí se está tratando el bono poslaboral, que se vincula con las jubilaciones de los trabajadores del sector público.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en relación con la presente iniciativa, hay pleno acuerdo entre la Asociación de Municipalidades, los funcionarios municipales y el Gobierno.
Concuerdo con el Senador señor Longueira en el sentido de que el Congreso Nacional siempre aprueba leyes que significan bonos, pagos o aumentos salariales para los funcionarios municipales o para cualquier otra repartición a cargo de las corporaciones edilicias sin destinar los recursos correspondientes.
En este caso, los municipios están plenamente de acuerdo con el proyecto.
Como ya se ha señalado, se trata de otorgar una bonificación especial para los servidores municipales de 60 años o más, en el caso de las mujeres, o de 65 años o más, en el de los hombres, que se puedan acoger a jubilación, pensión o renta vitalicia, de entre seis y once meses por cada año de servicio. Naturalmente, estos gastos serán de cargo de los municipios.
Aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda , quiero hacer presente que en el sector público existen empleados con 75 y hasta 80 años de edad, a veces en funciones de porteros, aún en servicio activo. Ninguno quiere jubilar, pues la pensión que recibirían correspondería a la cuarta parte de sus remuneraciones.
Por eso, miles de funcionarios están esperando una disposición legal como la que nos ocupa, que les entregue algún beneficio especial para acogerse a retiro que, por lo menos, les permita mantener la mitad del nivel de vida que llevan con sus actuales sueldos.
En consecuencia, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto de ley.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , aun cuando no tuve la oportunidad de participar en la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de la cual formo parte, estoy de acuerdo con sus fundamentos.
Sin embargo, me parece muy importante recordar al menos dos cosas.
En primer lugar, esta iniciativa representa una vieja demanda de los trabajadores municipales. Hace bastante tiempo que venían planteando la necesidad de legislar sobre esta materia, dado que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades no permite al alcalde ni al concejo otorgar este tipo de bonificaciones.
En consecuencia, era necesaria la comisión especial constituida en los hechos entre la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y el Gobierno, cuyos representantes acordaron este bono.
Yo concuerdo en general con la idea señalada por el Senador señor Longueira , en el sentido de que esta norma debería ser aplicada automáticamente por cada uno de los municipios. Sin embargo, eso requiere una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que faculte a los alcaldes y a los concejos, sobre la base de un quórum determinado y dentro de los parámetros que establece la misma normativa, no pagar más de 35 por ciento de sus recursos propios en remuneraciones u otros gastos similares.
En segundo término, es bueno tener presente que el proyecto no resuelve un problema más de fondo, cuya solución está en manos del Gobierno desde hace ya bastante tiempo. Me refiero a la modificación del antiguo artículo 110 de la Constitución Política, hoy 119, mediante el cual cada municipalidad -según sus características, su rasgo, su constitución- puede adecuar sus respectivas plantas de personal.
Esta demanda se formuló básicamente por los alcaldes, pero también la han planteado los propios funcionarios municipales desde hace mucho, quienes entienden perfectamente la urgente necesidad de optimizar y mejorar el funcionamiento del sistema municipal chileno.
Por lo tanto, me gustaría que el Gobierno nos informara -por lo menos a la Comisión que preside el Senador señor Víctor Pérez - en qué estado se halla el análisis de dicha enmienda constitucional, que está pendiente hace, al menos, diez años.
Ello nos parece muy importante para los efectos de complementar el proyecto, que además tiene el propósito -no dicho expresamente en su articulado- de permitir una mayor movilidad de las plantas municipales de personal, que hace bastante tiempo están congeladas. Es más, muchos municipios del país no tienen una carrera funcionaria claramente establecida.
Un número considerable de personas con edad para jubilar encuentran que las rentas asignadas a sus cargos han sido congeladas en niveles tales que, sin la bonificación que ahora se otorga, su eventual pensión sería realmente muy menguada.
En consecuencia, se trata de un buen proyecto, que resuelve en parte la situación de la estructura de las plantas municipales; que otorga un beneficio que no tenían las personas que pueden jubilar; que abre la posibilidad de introducir cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en el sentido planteado por el Senador señor Longueira , y, por último, que da la alternativa -lo cual nos parece muy importante- de solicitar al Ejecutivo que nos señale en qué va la discusión sostenida hace mucho tiempo entre la ASEMUCH y el Gobierno respecto de la enmienda del artículo 119 de la Constitución Política, el cual debe ser interpretado por un proyecto de ley que todavía no tenemos el placer de discutir.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , al igual que otras, pero quizás en forma más clara, la presente iniciativa nos permite entender que existen distintos puntos de vista para analizar el contenido de una disposición de la cual surgen ideas contrapuestas.
Por un lado, desde la perspectiva de los trabajadores municipales -varios señores Senadores han convenido en ello-, parece un proyecto justo, necesario. Quienes hemos visto en los distintos municipios de Chile situaciones sociales y humanas, nos damos cuenta de que esta iniciativa representaba una necesidad fundamental. Y respecto de la justicia de la petición, no había dos opiniones en cuanto a lo indispensable de proponer algo como esto.
Sin embargo, la discusión trasunta un segundo aspecto: si lo que plantea el proyecto es una forma sana de dar un beneficio en un país moderno, responsable de sus gastos.
Lo sorprendente es que se establecen derechos a determinadas personas y, más que entregárselos, se obliga a los municipios a cumplir con ciertas prestaciones que el texto señala.
Si el beneficio que se otorga lo pagara el Estado, ello estaría normado por el inciso cuarto del artículo 67 de la Carta Fundamental, que establece de dónde saldrán dichos fondos. Y el proyecto tendría que pasar por la Comisión de Hacienda para los efectos de ver si coincide con los presupuestos que el país tiene.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda para hacerle, por intermedio de la Mesa, una consulta técnica: si la fórmula de establecer derechos sin explicar cómo se van a financiar aquellas obligaciones por parte del municipio está dentro de las reglas de lo que debe ser una sana Administración del Estado.
A mi juicio, éste es un tema muy de fondo.
La semana pasada visité dos municipios en mi Región que se hallan técnicamente quebrados, según me explicaron sus alcaldes y los respectivos concejos municipales.
Si agregamos otras obligaciones, que son justas, pero que serán de cargo del municipio y no del Estado, disminuirán cada vez más las posibilidades de acción de las corporaciones edilicias que, en su inmensa mayoría, están empobrecidas.
Entonces, mi consulta de fondo consiste en saber si esta forma de legislar es normal y razonable. Todo aquello que tiene que ver con gastos del Estado, junto con plantear el derecho, exige precisar de dónde provendrán los fondos para financiar los gastos, en términos de que haya un contrapeso.
Esta fórmula de agregar obligaciones a los municipios sin entregar nada a cambio está generando un desfinanciamiento y una disminución cada vez mayor del poder que -todos suponemos- es real del Estado.
Insisto: nadie podría manifestarse en contra de la idea de legislar sobre la materia. Sentimos que es una necesidad de personas que, después de tanto tiempo de servicio en el municipio, esperan contar con un incentivo para jubilar. Pero no es menos cierto que, al no vincularse el Estado con el financiamiento y al entregar a los municipios una obligación como ésta, se produce en estos últimos una disminución cada vez mayor.
Ya que el Ministro de Hacienda se encuentra en la Sala, me gustaría saber por qué el Fisco no asume estas obligaciones. El proyecto fue planteado y firmado por el Gobierno. ¿Por qué no ampliar esa generosidad entregando los fondos necesarios, sobre todo cuando los recursos que destinan las municipalidades para solventar iniciativas como la que nos ocupa son fundamentales para el desarrollo de sus actividades sociales?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay más Senadores inscritos.
En votación nominal el proyecto.
El señor COLOMA.-
¿Y el Ministro de Hacienda no va a decir nada, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 31 de julio, a las 12.
Votaron la señora Alvear y los señores Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se ha solicitado que la iniciativa sea enviada también a la Comisión de Trabajo, además de la de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
O sea, primero pasaría a la Comisión de Gobierno y luego a las de Trabajo y de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Correcto.
NORMAS SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad fiscal, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4000-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 21 de diciembre de 2005.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 2ª, en 15 de marzo de 2006.
Hacienda (segundo), sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
Discusión:
Sesión 3ª, en 21 de marzo de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Como se vio en la Cuenta, el Ejecutivo hizo presente de nuevo la urgencia para el despacho de la iniciativa, calificándola de "suma".
El proyecto fue aprobado en general en la sesión del 21 de marzo próximo pasado.
El segundo informe de la Comisión de Hacienda deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 9º, que pasó a ser 2º; 13, que pasó a ser 14; 17, que pasó a ser 24, y 18, que pasó a ser 21. Como conservan el mismo texto aprobado en general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de la Sala, solicite someterlos a discusión y votación.
El artículo 21 -anterior artículo 18- tiene rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Luego el informe detalla las demás constancias reglamentarias.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le pareciera a la Sala, se darían por aprobados los artículos enunciados por el señor Secretario .
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Solicito repetir las disposiciones que se darían por aprobadas. Y, en todo caso, pido votación separada para el artículo 4º.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones, que en esta ocasión son -repito-: el 9º, que pasó a ser 2º; el 13, que pasó a ser 14; el 17, que pasó a ser 24, y el 18, que pasó a ser 21.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.
--Quedan aprobados reglamentariamente (30 votos).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Las modificaciones efectuadas al texto aprobado en general fueron acordadas -prácticamente todas- por unanimidad.
Las enmiendas aprobadas sólo por mayoría y el artículo 4º, respecto del cual el Senador señor García ha pedido votación separada, serán puestas en discusión por el señor Presidente según su orden correlativo.
Hago notar a Sus Señorías que los cambios introducidos en el segundo informe provocaron un total reordenamiento del articulado.
Por otro lado, conviene recordar que las modificaciones acordadas unánimemente -que son la mayoría-, en virtud de lo preceptuado por el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir la proposición de la Comisión o que exista alguna indicación renovada.
El inciso quinto del artículo 7º -anterior artículo 6º- posee rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben, la primera, las normas legales pertinentes; la segunda, el texto aprobado en general; la tercera, las modificaciones efectuadas por la Comisión, y la última, el texto que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Director de Presupuestos.
--Se accede.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Corresponde iniciar la discusión particular en el artículo 4º -anterior artículo 11-, para el cual el Senador señor García ha solicitado votación separada. Sin embargo, cabe hacer presente que dicha disposición de todas maneras tendría que haberse votado, pues sólo fue aprobada en la Comisión por mayoría de cuatro votos (de los Honorables señores Escalona, Novoa, Ominami y Sabag) y una abstención (del Senador señor García).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Ha pedido la palabra el señor Ministro, a quien se la concedo.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , el proyecto de ley en análisis, en segundo trámite constitucional, a mi juicio, es uno de los más importantes que ha debido considerar el Senado en materia económica en el curso de la Administración de la Presidenta Bachelet .
Se trata de una iniciativa que apunta a un componente central, tanto de la política económica como de la institucionalidad económica del país: la responsabilidad fiscal y las instituciones que la hacen posible, con la debida transparencia.
No es necesario insistir en demasía en la importancia de la responsabilidad fiscal y en los muchos logros que un desempeño prudente, responsable y sólido en este ámbito le han valido a Chile. La estabilidad fiscal, la ausencia de déficit fiscales y la baja deuda pública son, sin duda alguna, activos destacados, y así lo sostienen todos los actores y analistas relevantes. El buen desempeño de las finanzas públicas, obviamente, ha sido un pilar central del crecimiento, el empleo y la estabilidad en nuestro país.
El proyecto viene a construir un segundo gran pilar o a cerrar una segunda gran etapa en la creación de una política fiscal moderna, regida por reglas y altamente institucionalizada.
La primera fase se centró en la transición de una política fiscal que se delineaba año a año en el Presupuesto a una que se rige por un conjunto de reglas que la hacen predecible. La más importante de éstas es la del balance estructural que separa los componentes pasajeros, los transitorios, de los ingresos públicos. Por lo tanto, permite, primero, un curso mucho más estable del gasto público, en especial, del gasto social, y segundo, hace posible llevar a cabo políticas contracíclicas que aíslan, al menos parcialmente, a nuestra economía de los vaivenes de la economía internacional y de shock tanto externos como internos.
El segundo gran paso que se da ahora se refiere a la creación de fondos, de normas y de instituciones que sirven para administrar los ahorros y los activos públicos que surgen o que pueden surgir del manejo del primer conjunto de reglas. Por decirlo en jerga económica, hoy día contamos con disposiciones que nos permiten administrar los flujos fiscales. Y el proyecto busca establecer reglas, mecanismos e instituciones para administrar los activos fruto del manejo de dichos flujos.
Es preciso destacar que al texto en debate, cuyos componentes principales en gran parte vienen de la Administración anterior, le hemos introducido cambios sustantivos durante su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado.
El primer componente central es la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones, el que recibirá aportes resultantes de cualquier superávit efectivo que se produzca, hasta por un máximo de 0,5 por ciento del PIB. Dicho Fondo estará orientado a garantizar el pago de las obligaciones del Estado y los derechos que tienen los ciudadanos en el sistema previsional actual, como son las pensiones mínimas y las asistenciales.
Las proyecciones indican que el grueso de esas obligaciones, por razones esencialmente de la dinámica demográfica, se verificarán en la próxima década. Por lo tanto, el diseño del Fondo se halla dirigido a contar en ese entonces con los recursos suficientes para garantizar a las personas, con total seguridad, que sus derechos previsionales estarán plenamente financiados.
En consecuencia, el Fondo de Reserva de Pensiones constituye un elemento esencial del proyecto.
El segundo componente central es la instauración del Fondo de Estabilización Económica y Social, que tiene por objeto aislar al gasto social, a la inversión pública, de las fluctuaciones que se produzcan en la economía, ya sea en épocas de bonanza o de recesión. No deseamos que en una futura recesión, por ejemplo, el gasto público deba ajustarse de modo desmedido. Al revés, queremos que, utilizando los criterios de superávit estructural, el Gobierno cuente con los recursos para financiar una trayectoria estable de dicho gasto. Y ello va de la mano, por supuesto, con la aplicación de una política fiscal contracíclica. Los aportes a ese Fondo surgirán de traspasos de recursos asociados a los superávit fiscales efectivos que se verifiquen a partir de un punto porcentual del PIB.
Es importante remarcar que la creación del citado Fondo busca aglutinar los dos fondos existentes vinculados al cobre. Éstos corresponden a uno de carácter legal y a otro originado en un convenio internacional con el Banco Mundial. Este último, a pesar de la ausencia de un dispositivo legal que lo sustente, en la práctica, el Ejecutivo ha continuado operándolo, ciñéndose a sus reglas.
En definitiva, se persigue refundir ambos fondos, a fin de crear el Fondo de Estabilización Económica y Social. La norma propuesta faculta a la Presidenta de la República para dictar un decreto con fuerza de ley con el objeto de fusionarlos y de establecer, dentro del marco de las atribuciones autorizadas por el Congreso, los recursos que ingresarán al nuevo Fondo; las disposiciones relativas a su administración, inversión y destino de los que se acumulen, así como también la normativa para el funcionamiento, supervisión y control de aquél.
En consecuencia, mediante tales preceptos, el Poder Ejecutivo busca dar un paso hacia adelante en el establecimiento de una institucionalidad de carácter legal para la administración de tales recursos.
Cabe destacar que dicho avance significa acotar la potestad del Ejecutivo en estas materias, trasladando desde el ámbito administrativo al legal las reglas que norman el uso y administración de esos dineros. Ello aumentará la transparencia de la operatoria del Fondo y le dará estabilidad en el tiempo, ya que su modificación futura debería ser materia de ley.
El tercer elemento central del proyecto es la facultad que se otorga al Ejecutivo, por los próximos cinco años, para efectuar aportes de capital al Banco Central hasta por un monto máximo anual equivalente al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Todos sabemos que el Instituto Emisor, a raíz del salvamento de la banca en la década de los ochenta, tiene una situación patrimonial desmedrada. Por lo tanto, lo que se pretende a través de esa facultad es fortalecer al Banco Central en dicho ámbito para que haga frente a sus responsabilidades, contando con la debida capacidad financiera.
Asimismo, en la iniciativa hemos introducido una serie de normas relacionadas con la administración y el reporte de la inversión de los dineros contenidos en esos Fondos. Nuestro compromiso con el país es de transparencia y de manejo responsable y prudente de los recursos de todos los chilenos.
Termino, señor Presidente , destacando la gran importancia que reviste no sólo de la responsabilidad fiscal, sino también las normas contenidas en el proyecto. No cabe ninguna duda de que el gran desempeño fiscal ha constituido la base del desarrollo económico de nuestro país. Y, como dije al comienzo, aquí buscamos dar un paso adicional al respecto.
Ese buen desempeño fiscal se manifiesta en una serie de aspectos de sumo interés para los aquí presentes. Yo destacaría dos que recientemente han recibido la atención de la prensa, de los analistas y, también, del mundo político.
Uno de ellos es el impacto muy positivo que el buen desempeño fiscal tiene en el riesgo-país y, por lo tanto, en las condiciones de crédito que enfrenta Chile en el extranjero y en las condiciones de crédito que afrontan las empresas nacionales y el Fisco, lo que nos permite, sin duda, crecer más, crear más empleo.
Resalto que, justamente a raíz de esta sólida situación fiscal, hace apenas 10 días Chile tuvo el privilegio de que una de las principales agencias clasificadoras de riesgo en el mundo mejorara su posición en ese aspecto al incrementarla en dos peldaños a la vez -¡situación inédita!-, puntualizando que esto ocurría precisamente por la solidez fiscal y por el buen manejo de los activos y pasivos del sector público.
Entonces, señor Presidente , este buen desempeño fiscal tiene efectos concretos en materia de riesgo-país, de tasas de interés y de potencial de crecimiento.
Segundo punto que quiero destacar: no puede haber condiciones de competitividad, una estructura de precios relativos, un tipo de cambio real que nos permitan crecer y exportar sin que preservemos, consolidemos y perfeccionemos nuestra institucionalidad y nuestro desempeño fiscal.
Como el Gobierno ha dicho muchas veces en los últimos meses, el mejor aporte que puede hacer a la competitividad del tipo de cambio es mantener una política fiscal ordenada, a la cual hemos sumado y vamos a seguir sumando, por la vía de este proyecto de ley, un buen manejo de los activos originados en esta política fiscal ordenada. Y, sin ninguna duda, este buen manejo de activos nos ha permitido también hacer un aporte a la competitividad del tipo de cambio y, por consiguiente, una contribución al crecimiento, a las exportaciones y, lo que es más crucial, al empleo.
Termino sencillamente recalcando que ésta es una iniciativa de suma trascendencia para el Ejecutivo , pero es más importante aún para Chile, para su economía y para sus ciudadanos, pues nos permite dar un paso muy trascendente en el fortalecimiento de nuestra política económica, de nuestra política fiscal; en la transparencia, y en la creación de reglas e instituciones.
Por eso, señor Presidente, vemos con anticipación la posibilidad de que sea despachada por el Senado.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en efecto, la creación de los dos fondos que plantea el proyecto sobre responsabilidad fiscal es un gran avance en materia de institucionalización económica en nuestro país; es un gran avance en materia de transparencia; es un gran avance, también, en materia de responsabilidad fiscal. De eso no hay duda. Y ése fue también el sentido de las votaciones verificadas en la Comisión de Hacienda, donde la creación tanto del Fondo de Reserva de Pensiones como del Fondo de Estabilización Económica y Social generó la unanimidad de sus miembros.
En esta ocasión me referiré específicamente al tercer tema que planteó el señor Ministro de Hacienda : la autorización para la capitalización del Banco Central. Y en dicho punto deseo concentrar estas rápidas observaciones.
Ésta es una materia que no se hallaba incorporada inicialmente en el proyecto. Por tanto, se agregó vía indicación durante el debate en el Senado. Todavía no ha sido vista por la Cámara de Diputados.
¿De qué se trata? De autorizar al Ejecutivo para transferir recursos al Banco Central por hasta 0,5 por ciento del producto interno bruto por un período que puede llegar a cinco años. En un país donde el producto se halla entre 110 mil millones y 120 mil millones de dólares, estamos hablando de una autorización que, si se ocupara al máximo de lo que la norma legal propuesta establece, podría significar una transferencia al patrimonio del Instituto Emisor por sobre los 3 mil millones de dólares en los próximos años.
No se trata, pues, de algo menor. No es un asunto baladí ni una cuestión puramente contable o técnica. Primero, por el monto de los recursos asignados. La verdad sea dicha -y quizás no discutimos el punto con suficiente profundidad en la Comisión de Hacienda-, ésta es la primera decisión relevante en materia de uso de los excedentes fiscales.
Porque -digamos las cosas como son- durante el año 2006 lo que se ha hecho ha sido básicamente acumular los excedentes producto del mayor precio del cobre. Lo que anunció la Presidenta en el Mensaje del 21 de mayo fueron gastos adicionales por 151 millones de dólares, que resultan exclusivamente de los intereses generados por los mayores recursos que el Estado de Chile ha obtenido por tal concepto.
Si uno compara -simplemente para tener una idea de los montos-, con esta autorización, que puede llegar hasta 3 mil millones de dólares, estamos hablando de una cantidad que es veinte veces lo anunciado en aquella oportunidad como gasto adicional correspondiente al 2006.
Esta autorización, naturalmente, va a fortalecer -y yo estoy de acuerdo- al Banco Central, como institución, y su patrimonio; va a sacarlo de la condición de otros bancos centrales, como -si no me equivoco- los de Corea e Israel, cuyo patrimonio es negativo. El hecho de contar con un patrimonio más sólido permite también que el Instituto Emisor tenga intervenciones de mayor envergadura hacia adelante.
Ésa es la razón por la cual en la Comisión de Hacienda voté a favor de la norma respectiva.
Ahora, considero muy importante saber bien qué estamos haciendo.
Aquí se está corrigiendo el maquillaje contable que se hizo con relación al Banco Central al momento de disponer su autonomía. Cuando se estableció su autonomía, en 1989, se generó un balance artificial, un balance -digamos las cosas como son- perfectamente maquillado. ¿Y maquillado de qué manera? Entregando al Instituto Emisor un conjunto de títulos de deuda que no valían lo que se decía. Señalaban que valían 100, pero valían 10, 15, 20, y en algunos casos, nada. Y lo que se ha venido manifestando durante el período posterior ha sido esa evidencia: que tales activos, que esos títulos de deuda no valían lo que se decía.
Un momento importante de sinceramiento de esa situación tuvo lugar cuando discutimos en el Congreso sobre la deuda subordinada. En esa oportunidad lo que se hizo, entre otras cosas, fue poner un plazo a esta extraña deuda, que no lo tenía. Se hizo con los bancos lo que ellos hacen con la gente: poner plazo a sus deudas.
En nuestro país se había creado una situación completamente insólita. Se decía a los bancos: "Yo participo de su salvataje. Y usted, ¿cómo me paga? En las condiciones que pueda. ¿En qué plazo? En el que le sea factible". O sea, algo que sería inimaginable que los bancos hicieran con la gente, el Estado de Chile lo hizo con ellos. Y ahora se trata de resolver las consecuencias que sobre el patrimonio del Instituto Emisor se generaron producto de esa operación.
Creo que no es exageración señalar que ése es el escándalo financiero más grande que tuvo lugar durante el siglo XX.
¿Y de qué se trata ahora? De corregir las cosas en el balance del Banco Central a través de esta autorización. No es un asunto técnico, sino algo de gran significación política.
Por esa razón a algunos Senadores nos pareció que el Congreso debería entregar esta facultad, pero sobre la base de un mínimo equilibrio, que los Parlamentarios que presentamos estas indicaciones buscamos conseguir de manera muy modesta, porque nuestras atribuciones en este plano son también muy modestas.
¿De qué se trataba? En primer lugar, de corregir una anomalía.
El Banco Central hoy día informa al Congreso, y a mi juicio, razonablemente bien. Pero lo hace de manera voluntaria. La ley establece que debe informar, pero no dice cómo. Entonces, perfectamente podría hacerlo por escrito. Ante una situación difícil, podría mandar su informe mediante correspondencia, por considerar que ésa es la manera correcta de proceder. Perfectamente podría no comparecer públicamente al Senado. Algo de eso ocurrió, por lo demás -sería importante refrescar la memoria-, cuando la Comisión de Agricultura le pidió participar en una reunión y el Instituto Emisor respondió que ello no le parecía conveniente.
Ahora bien, yo quisiera llamar la atención sobre el siguiente hecho, señor Presidente .
Todas las instituciones, por autónomas que sean, están obligadas a la rendición de cuentas. Es una disciplina republicana. La Presidencia de la República viene al Parlamento a rendir cuenta frente a la nación. El Ministerio Público, el Fiscal Nacional, también rinden cuenta.
Déjeme decir, señor Presidente , que un banco tan importante como la Reserva Federal, que es autónomo entre los autónomos, está obligado por ley a comparecer públicamente frente a las instancias del Congreso.
¡Así funciona la democracia!
Yo no veo qué se teme con la rendición de cuenta. Algunos han dicho que llevaría aparejado el hecho de que el Senado tuviera que votar sobre ella. Eso no es efectivo. Cuando la Presidenta viene al Parlamento, nosotros no votamos la cuenta que rinde.
Por lo demás, si se tratara de realizar un movimiento en contra del Banco Central o de su Consejo, ello sería factible hoy día mismo: podríamos presentar un proyecto de acuerdo y votarlo. Nada nos impediría hacerlo.
En consecuencia, ese argumento es absurdo.
Lo que se está planteando aquí -pedir al Congreso que otorgue la facultad en comento, que tiene las consecuencias y la significación descritas- es una cuestión de mínimo equilibrio y, también (digamos las cosas como son), de defensa de nuestros fueros, de una mínima dignidad para ambas Cámaras a los efectos de que busquen reparar una anormalidad existente en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, normativa que -recordémoslo- fue aprobada en 1989 sin que el Parlamento pudiera pronunciarse y respecto de la cual nunca nos ha sido factible discutir los aspectos fundamentales.
Aquí no estamos efectuando un cambio muy de fondo -convengo en eso-, pero es lo que modestamente podíamos hacer un grupo de Senadores por la vía de la indicación.
La segunda indicación es asimismo bastante modesta. Y no es cierto todo lo que se ha expresado en los diarios en cuanto a que se busca alterar o ampliar las misiones del Banco Central. Eso no es verdad, como tampoco lo es que se esté atentando contra su autonomía. Porque ella no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Y hoy día el Instituto Emisor cuenta con una Ley Orgánica que consagra su irresponsabilidad.
En materia de sus cometidos, el Banco Central tiene la obligación de velar por la estabilidad de los precios -por la inflación- y por el adecuado funcionamiento del sistema de pagos internos y externos. Ésas son sus misiones, y no hay que cambiárselas, ni quitárselas, ni adicionárselas. Lo que sí se está planteando -y me parece razonable- es que, en el cumplimiento de esas misiones, el Instituto Emisor tome en consideración también lo que ocurre en materia de crecimiento, de empleo y de competitividad internacional; que no ocurra lo que a finales de los años 90, cuando, por ceñirse a las metas de inflación, terminamos con tasas de interés exorbitantes, con un crecimiento en el suelo y con el desempleo en las nubes.
Si usted me pregunta, señor Presidente , si la indicación mencionada resuelve el problema, debo decirle que no, evidentemente. No es una solución; pero, por lo menos, constituye una prevención.
Estimo importante que el Banco Central sepa que, en el cumplimiento de sus misiones, no puede, unilateralmente, actuar como lo hizo a fines de los 90.
Es una prevención, una señal.
Aquí hay dos cosas muy de fondo, señor Presidente . Una de ellas es nuestra credibilidad. En el Senado hemos realizado sesiones especiales para discutir acerca de la evolución cambiaria del país, para manifestar al Banco Central nuestra preocupación. Y pienso que se entendería muy mal que, con ocasión de este debate, no pudiéramos decirle que nos interesa que tome en consideración, en la medida de sus posibilidades, a los efectos de las políticas para el cumplimiento de sus misiones -las cuales no se modifican-, el crecimiento, el empleo y la competitividad internacional. Porque esto tiene que ver con lo siguiente (y me parece que es el tema más de fondo): los bancos centrales en general tienden a actuar con un sesgo favorable hacia el mundo financiero. Ésa es la verdad. Y de lo que se trata aquí es de que podamos contrabalancear, en lo que nos sea factible, ese sesgo profinanciero, probancario, con uno proproductivo.
Lo que estoy diciendo no es una frase en el aire, señor Presidente . Cuando a principios de los años 80 el Banco Central y el Estado participaron en el salvataje de los bancos, hicieron algo que no se habría hecho respecto del sector productivo, que, en la historia de Chile, nunca ha sido objeto de medidas como las que todavía estamos pagando. ¡Nunca!
Pero veamos un caso más reciente, en democracia. Cuando el dólar se empezó a disparar a comienzos del 2000, el Instituto Emisor se inquietó e intervino. Y fue bueno que lo hiciera, porque aquello no era razonable. Sin embargo, esa misma preocupación no existe en momentos en que el mundo productivo está acogotado. Cuando el dólar amenazaba con caer por debajo de los 500 pesos, no había la misma sensibilidad, no se actuaba con la misma rapidez, el Banco Central no mostraba la misma preocupación.
Por eso, es importante que, en la medida de nuestras posibilidades -reconozco que son modestas-, entreguemos una señal introduciendo estas indicaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central a propósito de la discusión planteada por el Ejecutivo con motivo de la solicitud de autorización para transferir al Instituto Emisor hasta alrededor de 3 mil millones de dólares en los próximos cinco años.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , ya que se está haciendo una discusión un tanto general, quiero manifestar que compartimos el espíritu de este proyecto en cuanto a establecer reglas claras de administración de los recursos fiscales.
Creemos también que tanto el Fondo de Reserva de Pensiones como el de Estabilización Económica y Social son una buena herramienta para el manejo de la economía del país en la medida que se posibilita incrementar los recursos cuando existen holguras para enfrentar las necesidades de gasto público en momentos en que la situación económica se deprime.
Tocante al Fondo de Estabilización, en la Comisión de Hacienda nos abstuvimos en el caso de la delegación de facultades al Presidente de la República , por las razones que daremos a conocer durante la discusión particular del precepto pertinente.
Sin embargo, voy a referirme ahora en forma especial a dos indicaciones que se presentaron con relación al Banco Central.
La primera consiste en agregar, en el mismo artículo de la Ley Orgánica Constitucional donde se establece que el objetivo del Instituto Emisor es velar por la estabilidad de precios y por el funcionamiento de los medios de pago, una frase destinada a que se tengan en consideración el crecimiento, el empleo y la competitividad.
En la discusión se argumentó que era inconveniente establecer objetivos múltiples al Banco Central. Éste dispone de herramientas muy limitadas: emisión de moneda, fijación de tasas de interés. Y, por cierto, no posee una cantidad de herramientas con las que sí cuenta el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Hacienda: no puede fijar impuestos, no determina el nivel de gastos, nada tiene que opinar sobre las leyes laborales; por lo tanto, el que haya más o menos desempleo no tiene nada que ver con las atribuciones del Instituto Emisor.
En consecuencia, resulta bastante raro obligar al Banco Central a tener en consideración el empleo si nada puede decir respecto, por ejemplo, de la legislación laboral. Y lo propio ocurre con la competitividad si no puede hacer nada, por ejemplo, para mejorar la educación de los chilenos (sabemos que los problemas de competitividad están radicados fundamentalmente en la capacidad o preparación de la persona para enfrentar un mundo cada vez más desarrollado).
Además, la enmienda planteada presenta el inconveniente de que se diluye la responsabilidad en cuanto a lo que efectivamente puede hacer el Banco Central, que es fijar el nivel de precios. Por la vía planteada, el día de mañana, cuando se dispare la inflación y el Presidente del Instituto Emisor venga al Senado, nos va a decir: "¡Es que tuve que preocuparme del crecimiento, del empleo y de la competitividad! Por lo tanto, no pude preocuparme tanto de la inflación".
Desde ese punto de vista, la indicación, en el fondo, no es adecuada ni conveniente.
Tampoco lo es la que cambia la palabra "informar" por la expresión "dar cuenta". Si se cree que hoy día el Instituto Emisor actúa en la más completa irresponsabilidad, tal como se señaló, debemos hacer una revisión completa de su Ley Orgánica y no sólo proceder a dicho reemplazo. Porque "informar" y "dar cuenta" son exactamente lo mismo. Si dar cuenta significa el deber de asistir en persona, no me parece que haya que cambiar dicho cuerpo legal, pues en la práctica todas las informaciones se han entregado de esa forma.
Pero lo que más me preocupa de estas indicaciones es que se está vinculando el aporte que hace el Estado para capitalizar al Banco con proposiciones que harían presumir que este organismo hoy no es digno de recibir tal aportación. Y eso constituye una muy mala señal hacia afuera.
Pienso que podríamos discutir acerca de la Ley Orgánica del Instituto Emisor en cualquier momento, menos en éste, cuando se está hablando de capitalizarlo. Porque el Banco Central de hoy, con su institucionalidad y las personas que lo dirigen, es una entidad que da plenas garantías: se las da al mundo y debería dárselas también al Senado. Por lo tanto, me parece un error gigantesco unir una cosa con la otra.
Está claro que dicho organismo necesita capitalización. Es efectivo que en 1989 se le dotó de capital mentiroso, porque había activos que no valían, como también lo es que durante quince o dieciséis años debió sostener un nivel alto de reservas, que rinden muy poco. Vale decir, sus activos generan menos que sus pasivos. Siempre el Instituto Emisor va a tener descalce entre activos y pasivos, porque debe manejar las reservas del país, las que normalmente estarán en moneda extranjera, mientras el peso no sea una moneda de circulación mundial. Tales reservas, pese a estar en poder del Banco Central, se depositan en el extranjero a bajas tasas de interés. Por otro lado, sus pasivos se encontrarán probablemente en UF o a tasas de interés mayores.
En consecuencia, la necesidad de capitalizar el Banco Central es evidente. Frente a ello, no sólo a fin de corregir el desfase inicial, sino también de dotar al Instituto Emisor del capital que requiere, pienso que es éste el momento adecuado para discutirlo. Pero no creo que debamos modificar su Ley Orgánica para entregarle estos aportes.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el artículo 2º del proyecto crea un Programa de Contingencia contra el Desempleo, tema que nos importa y nos preocupa a todos. Además, la iniciativa establece una serie de normas para enfrentar la cesantía y una cantidad de recursos que se pueden utilizar.
Sin embargo, me parece que no es bueno legislar ni con la vista ni con los oídos tapados: todos sabemos lo que ha ocurrido con algunos de esos programas.
Al respecto, quiero plantearle una pregunta al señor Ministro de Hacienda , aunque parece que en este momento no se encuentra en la Sala. Quizá la Ministra señora Veloso podría responder.
Deseo saber qué medida se va a adoptar para que estos fondos no terminen siendo dilapidados o perjudicando a los desempleados, o en manos de inescrupulosos, quienes los utilizan para sus campañas políticas, para llevárselos a la casa o con otros objetivos.
En verdad, no es bueno insistir en la misma fórmula. Ya la hemos probado.
En tal sentido, cuento con algunos estudios que demuestran que los cupos de estos programas, en vez de aumentar cuando sube la cesantía, se incrementan para las campañas políticas.
Por lo tanto, me gustaría que el señor Ministro de Hacienda nos dijera qué medida va a adoptar para que esto se termine y, así, los recursos que todos los chilenos juntamos a fin de ayudar a quienes se quedan sin trabajo lleguen a los desempleados y no se utilicen con otros objetivos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero remarcar que este proyecto es, tal vez, el más importante que se haya aprobado en el Congreso Nacional en lo relativo a la configuración de una institucionalidad económica. La iniciativa establece normas de fiscalización, de control, de transparencia y, al mismo tiempo, obliga a las autoridades elegidas democráticamente a actuar sobre bases conocidas por el país de forma oportuna, cuyo cumplimiento la opinión pública podría seguir y controlar. En consecuencia, que se sometan al veredicto ciudadano.
Por lo tanto, desde la óptica del desarrollo institucional de Chile, las disposiciones que aquí se establecen pretenden reducir, e incluso eliminar -sin duda, alcanzar esta meta es virtualmente imposible a nivel teórico-, la toma de decisiones que afecten la adecuada marcha del país, desde el punto de vista del balance estructural, del adecuado empleo de los recursos, o por falta de control y fiscalización por parte del Parlamento o de la ciudadanía.
Creo que el proyecto es realmente un motivo de legítimo orgullo para el sistema político nacional.
Se ha escrito mucho en el país respecto de la imposibilidad chilena de hacer un adecuado uso, con perspectivas de futuro, de las situaciones de bonanza. El destacado economista Aníbal Pinto habla de Chile como un caso de desarrollo frustrado. Ello, porque no se tuvo la habilidad, la capacidad ni el consenso político necesario para cristalizar una institucionalidad económica que sostuviera una orientación estratégica, por haber carecido de acuerdos para avanzar en una perspectiva de largo plazo, en un momento en que el país tuvo los recursos que habrían posibilitado un tipo de desarrollo más elevado y autosuficiente.
A mi juicio, haber asumido las legítimas aspiraciones sociales, sorteando lo que muchos analistas consideran que ha sido el cáncer de las políticas de desarrollo en Latinoamérica: el populismo, y establecer ahora, con la aprobación de esta iniciativa, el Fondo de Reserva de Pensiones -su utilización está pensada para el largo plazo, cuando los requerimientos del sistema resulten extraordinariamente elevados y, desde el punto de vista del presupuesto normal del país, no estemos en condiciones de enfrentarlos- para garantizar a todas las personas que las obligaciones estatales van a ser cumplidas adecuadamente al momento de jubilar -aun cuando esto signifique el no empleo de esos recursos en el corto tiempo-, creo que son una muestra de la buena salud del actual sistema político chileno.
Desde una perspectiva más cercana, la creación del Fondo de Estabilización Económica y Social, que permite sostener el gasto social por la vía de contar -gracias al ahorro- con recursos cuando el proceso económico experimente períodos de baja y se enfrenten situaciones contracíclicas, cumple también con una muy importante obligación ética de nuestro sistema político.
Por otro lado, la aprobación de la facultad solicitada por el Ejecutivo para hacer aportes de capital al Banco Central, para lo cual el conjunto de las fuerzas políticas concurrieron a su discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado -en su Comisión de Hacienda y en la Sala durante el debate de la idea de legislar-, indica que nadie -¡nadie en su sensato juicio!- podría aventurar que en el Parlamento existe algún tipo de odiosidad hacia el Instituto Emisor.
Sin embargo, algunos Senadores hemos suscrito una indicación que apunta a restablecer las jerarquías normales en una institucionalidad republicana. Desde nuestro punto de vista, si todas las autoridades elegidas democráticamente están obligadas por la Constitución a "dar cuenta", parece enteramente lógico y razonable extender esa obligación a una institución como el Banco Central. Éste, no obstante cumplir un rol muy importante en el ordenamiento económico, se diferencia en este aspecto de otras entidades: de la Presidencia de la República , que debe dar cuenta del estado administrativo y político de la nación año a año, los 21 de mayo, en el Congreso Pleno; del Parlamento, que se ve sometido al escrutinio público día tras día respecto del cumplimiento de sus funciones; del Ministro de Hacienda , que debe dar una cuenta pública todos los años al iniciarse la discusión del Presupuesto; de la Dirección de Presupuestos, que está obligada a entregar un informe trimestral en cuanto a los recursos y el manejo de ellos por parte de la autoridad económica. Pues bien, si todas estas instituciones y autoridades, que emanan del funcionamiento normal de la democracia, del ejercicio de la voluntad de los ciudadanos que eligen un determinado Presidente y un determinado Congreso, dan cuenta de su accionar, es de suyo lógico que también debe aprobarse tal obligación para el Banco Central.
Lo anterior no tiene ningún otro sentido que el establecimiento de una lógica republicana en nuestras instituciones democráticas. Cualquier otra consideración -permítame señalarlo, señor Presidente - es simplemente aventurada y reflejo, más bien, de resabios y prejuicios, porque aquí se trata de poner en línea y hacer coherente el ordenamiento institucional del país.
Ahora bien, lo que busca el proyecto es el desarrollo de la institucionalidad, en todos sus aspectos, incluidos los referidos a los programas de empleos de emergencia. La iniciativa establece normas que permiten la ejecución del programa respectivo con la fiscalización y la transparencia que se requieren, disposiciones que -quiero recordarlo en la Sala ante la mala memoria de algunos- han sido acordadas en el propio Congreso Nacional, solicitadas durante la tramitación del Presupuesto en los años anteriores. Debo señalar que ellas fueron contempladas en los Protocolos de Acuerdo suscritos por todas las fuerzas políticas al momento de aprobar el Presupuesto cada año. Lo que se hace ahora es transformar esos acuerdos en normativa legal y, en consecuencia, desarrollar la institucionalidad del país.
Otra manera de verlo, señor Presidente, me parece de una ceguera inexcusable.
Finalmente, deseo señalar que el proyecto se hace cargo de algo que no estaba suficientemente claro en nuestra institucionalidad económica. Es un tema delicado, pero es muy importante que en una democracia esté claro: los gastos y las proyecciones de gasto de las Fuerzas Armadas también se hallan sujetos a la regla del balance estructural. Naturalmente, se establecen acá los mecanismos con que se aplicará esa norma y se señala que los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional emitirán los decretos respectivos. Pero, desde los puntos de vista de nuestra relación con los países vecinos, de nuestra política de defensa disuasiva, de nuestra política exterior de paz y de los intereses estratégicos de la nación, es muy importante decirlo: la regla del balance estructural incluye el conjunto de los gastos de las instituciones del Estado y, por ende, también el de sus Fuerzas Armadas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que ésta es una gran iniciativa de ley, que el Ejecutivo la necesita y que, además, viene a complementar un manejo económico que los Gobiernos de la Concertación han llevado por muchos años, cual es, el de responsabilidad fiscal, principio que los ha movido a establecer voluntariamente el 1 por ciento de superávit estructural.
Ahora se pretende consagrar eso en la ley. El próximo Gobierno va a tener que sujetarse a esta norma y decir claramente qué se propone hacer durante su período. Se trata de resguardar el prestigio de que ha gozado el país durante los últimos años, lo cual ha permitido que las inversiones lleguen al 30 por ciento del PIB en este año y que Chile sea uno de las naciones mejor calificadas en cuanto a riesgo país. Eso es producto de la seriedad y responsabilidad con que hemos manejado nuestra economía en el último tiempo.
Hoy día, cuando contamos con un excedente abundante de recursos, todo el mundo tiene ideas para gastarse la plata. Pero nosotros queremos actuar con seriedad y responsabilidad.
Por ese motivo, el Gobierno propone crear un Fondo de Reserva de Pensiones. Porque sabemos que los jubilados del INP son casi un millón 800 mil y los de las AFP, solamente 80 mil. Sin embargo, en el transcurso de 10 ó 15 años, eso se va a revertir y van a ser muchos los pensionados de dichas administradoras. Y ahí se presenta otro problema que heredamos: el Gobierno tiene que garantizar las pensiones mínimas. Por eso se plantea una provisión anual entre 0,2 y 0,5 por ciento del producto interno bruto, lo que significa entre 230 y 500 millones de dólares: para formar este Fondo de Reserva, que garantice a los jubilados de las AFP que el Estado les va a pagar la pensión mínima, la pensión asistencial. Para eso estamos ahorrando en los momentos de abundancia.
El proyecto crea también un Fondo de Estabilización Económica y Social a fin de que, ante cualquier baja en lo futuro, se cuente con los recursos para desarrollar normalmente los planes económicos y sociales, y no nos suceda lo que a muchas otras naciones, que ni siquiera tuvieron para pagarles a sus jubilados, que no respetaron los fondos de ahorro de las personas, que echaron guante a todo. Nosotros pasamos una crisis, pero, gracias a la responsabilidad económica, nadie sufrió mayormente, salvo el atraso de algunas obras. Por eso es tan importante el Fondo de Estabilización Económica y Social.
¿Y el Banco Central? El Banco Central de este país tan macanudo, que es admirado por todos, tiene un déficit en torno al 5,4 por ciento del PIB. Es decir, ¡un capital negativo de casi 6 mil millones de dólares! ¿Y de quién es el Banco Central? Es del Estado, aunque se administra en forma autónoma. Y lo que pretendemos ahora es capitalizarlo. ¿Y por qué se produjo la descapitalización? A lo que dijo el Senador señor Ominami en este punto, quiero agregar lo siguiente: ¡el traspaso de la deuda de los bancos se hizo sin plazo y sin que figurara en el pasivo de éstos! ¡O sea, si querían, abonaban algo! Cuando nosotros les dimos la "zanahoria" para que se acogieran al beneficio y pudieran generar nuevos negocios, sólo tenían que ajustarse y respetar la deuda a cuarenta años, por lo menos. ¡A 40 años!
Es el momento de avanzar en la capitalización del Banco Central, que recibió todos esos déficits. Y se pretende aportar hasta un tope de 3 mil millones de dólares, que yo estimo absolutamente apropiado.
En torno a este punto han surgido, evidentemente, algunas discrepancias entre nosotros. Se presentaron indicaciones legítimas que proponen, una, que el Instituto Emisor deba dar cuenta -ya no informar- de las políticas y normas generales que dicte y, la otra, que éste no tan sólo tenga que preocuparse de la inflación, de la cuenta corriente y del tipo de cambio, sino también del crecimiento, del nivel de empleo y de la competitividad.
En lo personal, voté en contra de ellas en la Comisión por estimar que no tenemos facultad para fijarles nuevas atribuciones a los organismos del Estado. Conforme a la Carta Fundamental, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones". Por eso, las indicaciones referidas, sin duda alguna, deben ser declaradas inconstitucionales.
Además, tampoco se pueden admitir, por no decir relación directa a las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa.
Creo que el Instituto Emisor ha cumplido su obligación con el Parlamento. Sus consejeros han venido a dar cuenta de su gestión, oportuna y brillantemente, tanto a la Sala como a la Comisión de Hacienda del Senado. Y muchas veces, durante el año, se formula una invitación a conversar sobre la coyuntura económica.
Repito: esa entidad ha cumplido en forma plena. Por eso, en su oportunidad rechacé las indicaciones. Y volveré a rechazarlas.
Si alguien estima que es el momento de revisar la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, hagámoslo derechamente. Pero no resulta aceptable que, por vía de la indicación a un proyecto que no viene al caso, se trate de crear algún grado de "ruido", lo que en el ámbito internacional pudiera no ser bien interpretado.
Por las razones expuestas, señor Presidente, apoyo en general la iniciativa. Pienso que es altamente beneficiosa para el prestigio de que hoy goza el país; para la seguridad de que los futuros gobiernos habrán de sujetarse a esta regla fiscal, y para dar un destino a los excedentes con que contamos en la actualidad.
Hay que ser inteligentes para administrar la pobreza y también para administrar la abundancia.
Gracias.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , nos encontramos ante una materia de enorme importancia, desde el punto de vista, no sólo del Banco Central, sino, además, de la fijación de algunos criterios que me parecen básicos.
Lamento que el Senador señor Novoa no se halle presente. Me habría gustado que hubiese estado aquí.
La señora MATTHEI .-
Está escuchando igual.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Así lo espero. Y que lo haga bien.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ahí viene entrando.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Porque me pareció lógico su planteamiento en orden a que estamos en la discusión particular y a que, por consiguiente, no cabe entrar a un debate en general. Su Señoría tiene toda la razón.
Sin embargo, entiendo que una parte de la materia que nos ocupa fue motivo de una indicación sobre la que no hubo discusión en general. De manera que no sé cómo se resolverá el punto. Pero, dado que no hay otra oportunidad para abordarlo, está bien hacerlo ahora y no asilarnos en una cuestión meramente procesal para no tratarlo.
En cuanto al problema mismo, he leído las indicaciones -no fui autor ni coautor de ellas- y escuché con atención lo expuesto por los Senadores señores Ominami y Escalona , al igual que las declaraciones del Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Diputado señor Pablo Lorenzini , y no he apreciado que alguien descalificara o intentara emitir un juicio peyorativo respecto de los consejeros del Banco Central. Tengo el máximo respeto por todos ellos, y en especial por algunos. Los considero personas de gran calificación y muy honorables. Pero ése no es el problema: nadie los cuestiona.
Además, no veo que con la indicación propiamente tal se pretenda cambiar el objetivo único del Banco Central, el que más bien se precisa. Y es bastante modesta. Se dice: "Veamos qué efecto puede tener una medida".
Pido al Honorable señor Frei -quien dirige la presente sesión- que me excuse, pero en 1998, por ejemplo, durante su mandato como Jefe del Estado , el Presidente del Banco Central se equivocó medio a medio, en mi opinión, e incluso le hizo un mal servicio a su Gobierno; y las consecuencias de ello, que se pagaron durante varios años, fueron realmente funestas. Si entonces se hubiese tomado en consideración el efecto que el alza a 14 ó 15 por ciento en la tasa de interés podía tener en el empleo, en el crecimiento y hasta en la competitividad del país, quizás se podría haber evitado la quiebra de miles de pequeños y microempresarios que hasta el día de hoy no se recuperan de los resultados de aquella decisión, a mi juicio errada.
No me parece que con lo propuesto se vaya a alterar el objetivo del Instituto Emisor. Por el contrario, vislumbro que se quiere mantenerlo más equilibrado. Y, por lo demás, es algo que asimismo ocurre en otros bancos centrales. Por ejemplo, el de los Estados Unidos de América tiene por misión, no sólo la estabilidad de la moneda o el control de la inflación, sino, adicionalmente, la de velar por el crecimiento y el empleo. De tal modo que no veo por qué alarmarnos tanto.
Donde sí juzgo que entramos en un problema mayor es en la parte que apunta a reemplazar el término "informar" por la expresión "dar cuenta". Pero también podría entenderse como un cambio meramente semántico o, más bien, un poco más riguroso, en el sentido de que existiera la necesidad de concurrir o una obligación.
Al respecto, señor Presidente , quiero expresar algo muy de fondo. En mi opinión, en un Estado de Derecho todas las autoridades son responsables. Y nadie se puede molestar por ello. ¡Si hasta la responsabilidad del propio Primer Mandatario se encuentra reglada en el artículo 52 de la Carta! El Nº 2) de ese precepto dispone que el Presidente de la República , en el evento de "actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor" de la nación, puede ser objeto de una acusación constitucional. Y no creo que ningún Jefe del Estado se sienta con un demérito por ello.
En consecuencia, no veo por qué la autonomía del Banco Central haya de lesionarse por existir una responsabilidad.
Sobre la base de lo dispuesto en la Ley Fundamental, sólo algunas instituciones se hallan exceptuadas de la regla. Y yo sería partidario de entrar a una revisión.
¿Por qué, por ejemplo, los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones o del Tribunal Constitucional se hallan exentos de esa responsabilidad, en circunstancias de que sí son susceptibles del juicio político los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¡Y estos últimos han sido acusados!
¿Y por qué mañana los consejeros del Banco Central no podrían estar sujetos también a esa posibilidad si no ejercieran debidamente sus funciones o si hubiera una causal grave para ello?
Ése es el problema de fondo.
Por eso, las indicaciones referidas no pretenden, ni con mucho, lo que aquí se ha sostenido: atentar contra la institucionalidad misma. Por el contrario, son de bastante sentido común.
Lo que no entiendo es que haya un Estado dentro del Estado. Ése sí que es un asunto preocupante.
Lo que no entiendo es que haya autoridades no obligadas a asumir sus responsabilidades.
Lo que no entiendo es que un anterior Presidente del Banco Central , con ocasión de que su secretaria se vio involucrada en la entrega de información a terceros, haya manifestado que no podía concurrir al Senado o a una Comisión investigadora porque ello atentaba contra la autonomía del Instituto Emisor. ¡Eso no lo entiende nadie...!
Con franqueza, señor Presidente , más allá de que se discuta si acaso las mencionadas indicaciones dicen o no relación al proyecto, la verdad es que nos encontramos ante una institucionalidad en cierto modo imperfecta dentro de un Estado de Derecho, en el cual todos deben responder por sus acciones. Y nadie puede sentirse menoscabado por el hecho de entregar una cuenta o de que sus actos estén sujetos a revisión por una corporación parlamentaria.
Por lo demás, nosotros tenemos el ejercicio de la soberanía, pues para eso nos han elegido. Porque, por el otro camino, lo que va a ocurrir, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, será que prácticamente ninguna de las cosas realmente importantes o trascendentes lleguen a tratarse y que sigamos autolimitándonos cada vez más. Y, en definitiva, nos vamos a dar cuenta de que la opinión pública se preguntará: "¿Para qué diablos elegirlos si no influyen en nada, si no hacen nada y si sólo se dedican a hacer ejercicios meramente declamatorios?".
Señor Presidente, me parece que el proyecto, en la forma como lo ha planteado el señor Ministro, es de toda lógica y conveniente en sus tres puntos centrales, y sobre todo en los dos primeros.
Respecto del tercero, me gustaría escuchar otras opiniones y ver -pues es algo que también está pendiente, y no sólo en una materia sectorial- qué vamos a hacer con los fondos del cobre. Porque, por esta vía, de alguna manera se van a "quemar" 3 mil millones de dólares o no van a estar en condiciones de ser destinados a un uso distinto.
Sería perfectamente legítimo y normal que pudiéramos señalar dónde se puede dar un mejor uso a esos recursos y por qué es preferible que ello diga relación al Banco Central. Cuando se escucha expresar que el nivel de riesgo de Chile es prácticamente superior o similar al de Estados Unidos u otros países, ¿qué importancia tiene, en consecuencia, que se giren 500, 2 mil o 5 mil millones de dólares al Instituto Emisor cuando en lo esencial, por la capacidad de sus consejeros -así se demuestra-, cumple plenamente sus funciones? Se deben definir, entonces, las prioridades.
Excúseme que me haya extendido, señor Presidente , pero me parece necesario que en esta materia fijemos posiciones, porque no son cuestiones menores. No se trata sólo de discutir el problema de un fondo más o un fondo menos, sino también el de una institucionalidad, dentro del Estado de Derecho y de un sistema republicano y democrático, en la que debe existir la norma de oro de que las autoridades son esencialmente responsables.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo reiterar lo que aquí se ha dicho en el sentido de que éste es un muy buen proyecto y de que reviste, sin duda, una importancia decisiva, en la medida en que consolida una conducción económica particularmente responsable y seria como la realizada por los gobiernos de la Concertación. Y se da un paso más allá -lo ha explicado bien el señor Ministro - al establecerse reglas, procedimientos e instituciones para manejar, no sólo los flujos, sino también los excedentes fiscales.
Así que, en ese sentido, considero que la iniciativa da mucha solidez a la conducción económica; que avanza en el sentido de la transparencia, de la previsibilidad, y que a través de ella el Gobierno, además, da muestras de estar dispuesto a entregar -entre comillas- cuotas de poder en el manejo de la economía y a establecer normas y procedimientos allí donde se ponen objetivos.
En segundo término, creo que están claramente diseñadas las definiciones para el uso de excedentes, cuando los haya. El Fondo de Reserva de Pensiones me parece particularmente pertinente, asimismo, cuando estamos a las puertas de discutir y aprobar -espero- una reforma sustancial del sistema previsional. Y cabe concluir que el Fondo de Estabilización Económica y Social efectivamente permitirá manejar un Presupuesto contracíclico y, por tanto, garantizar que los compromisos sociales que hemos venido asumiendo cada vez con más intensidad permanezcan en el tiempo y no estén sujetos al ciclo económico.
Y estimo conveniente que el Programa de Contingencia contra el Desempleo se establezca también como algo normado y con categoría legal, y no que se resuelva puramente por la vía administrativa.
Pienso, por lo tanto, que el proyecto, en sí mismo, ofrece sólo virtudes y consolida -como digo- una dirección económica responsable, en un ciclo donde el país puede observar, a mi juicio con cierto optimismo, la mantención de un crecimiento alto y sostenido. De hecho, en los últimos 16 años de gobiernos de la Concertación se ha registrado el ciclo de crecimiento sostenido más alto de la historia económica de Chile en el siglo XX y de lo que llevamos del actual.
Creo que ello obedece a que hemos hecho las cosas bien y hemos ido, además, avanzando. Es decir, me parece que otro elemento relevante, en un momento en que arrecia la crítica a la conducción concertacionista -en realidad, la Oposición hace su trabajo-, es que se demuestra que se trata de un Gobierno y de una gestión con una capacidad muy grande de progresar en reformas sucesivas. Y lo destaco como otra cualidad del proyecto. A diferencia de lo que muchas veces se dice, no nos quedamos sentados a administrar lo que hemos hecho o a contemplar nuestros éxitos, sino que efectivamente ésta es una Administración que exhibe una gran capacidad de realizar modificaciones sucesivas: reformas sobre reformas. Y ello va en un muy buen sentido.
Queda pendiente lo relativo al manejo de los excedentes que genera la Ley Reservada del Cobre, asunto no tratado en la iniciativa. Y estoy completamente de acuerdo en que no se haya incluido, pudiendo haberse hecho. Ese aspecto, que quizás no tuvo demasiada importancia fiscal o financiera durante el largo ciclo de precios bajos del metal rojo -cuando, en general, se gastó en adquisiciones para la Defensa Nacional más o menos lo que rendía dicho cuerpo legal-, origina un problema fiscal y jurídico complicado en momentos de un valor muy alto del dólar, como se observa este año y como seguramente ocurrirá en los próximos. Calculo que los recursos generados en 2006 por la Ley Reservada del Cobre (10 por ciento del total de las exportaciones del mineral), cuando aún no conocemos el balance final de CODELCO, serán entre 800 millones y mil millones de dólares, a ojo de buen cubero.
Los principales programas de adquisiciones en Defensa que el país necesita y que están en plena ejecución -como la renovación completa de la flota de superficie y la mitad de la de submarinos; la de los aviones de más alta tecnología, y algunas inversiones del Ejército- requieren un financiamiento aproximado de 240 a 250 millones de dólares. Es lo que el país está gastando en ese sector. Constituye una cifra alta, y la he defendido.
Y no se precisa más -ello es evidente-, ni desde el punto de vista de la Defensa, ni de las relaciones internacionales, ni de los proyectos en carpeta. Por ende, en el año en curso se registrará un excedente del orden de 500 a 600 millones de dólares, lo que no tiene una regla para ser administrado. Esos recursos no pueden ir a los Fondos que se crean en el proyecto en análisis porque, por ley, están destinados sólo a adquisiciones militares. No pueden orientarse a otro fin. No podríamos disponer que, de ellos, 100 millones fueran al Programa de Contingencia contra el Desempleo. ¡No!
La autoridad no tiene otra obligación que la de guardar esa plata. Porque no será gastada en Defensa. Espero que ello se haga bien. No tengo ninguna duda acerca de la capacidad de conducción de nuestro Ministro de Hacienda .
Pero sí se presenta un problema, que no da para más: resulta indispensable reformar la normativa sobre adquisiciones militares. Es evidente que debe existir una legislación especial que corrija éste y otros defectos de la que se halla en vigencia, entre otros el de que sea el único gasto público que no requiere la aprobación del Congreso Nacional y que, además, es objeto de una distribución automática entre las ramas castrenses, en fin.
Deseo informar que la señora Ministra de Defensa Nacional , en la Comisión especializada que me honro en presidir, ha manifestado que es propósito del Gobierno estudiar y enviar un proyecto de reforma de la Ley Reservada del Cobre en el transcurso del año. De tal manera que, si se cumple ese propósito, tendremos efectivamente reglas claras e instituciones adecuadas para el manejo no sólo de nuestros flujos normales, sino también de todos los excedentes, incluidos los que genere la Ley Reservada del Cobre.
Quiero decir dos palabras sobre la indicación que he suscrito.
En verdad, me cuesta entender el tono de algunas apreciaciones de los Senadores de la Derecha, que llaman a una suerte de escándalo, en cuanto a que aquí se desea alterar instituciones muy sólidas y respetables. Evidentemente, tengo consideración por el Banco Central, pero las enmiendas que se proponen son muy elementales. De modo que no viene al caso el aspaviento hecho, como si aquí estuviéramos cambiando reglas fundamentales. ¡Para nada!
Debo advertir que la primera indicación no hace sino establecer en la ley lo que ya es práctica. Eso siempre es bueno. También se pueden consagrar en la legislación acciones que no son prácticas y que constituyen una cosa nueva. Pero, en este caso, el Instituto Emisor rinde cuenta todos los años. Sus cinco consejeros concurren a la Sala y preparan la cuenta, a la cual se le concede mucha importancia pública, porque es el momento de debatir sobre la conducción macroeconómica del país, aspecto del cual es responsable dicha entidad bancaria.
Incluso más: en virtud de un acuerdo, igualmente concurren cada cuatro meses a la Comisión de Hacienda a informar respecto de lo que están haciendo, no sólo sobre los temas propios de sus funciones -medios de pago, precio del dinero, tasas de interés-, sino también en relación con las previsiones económicas, las tendencias de crecimiento, las proyecciones de empleo, etcétera. O sea, no estamos haciendo otra cosa que consagrar en la ley lo que en la práctica está sucediendo desde hace varios años. De modo que llamar a escándalo por eso, en realidad, no tiene sentido.
Las leyes se dictan precisamente para perfeccionar. Y, cuando se establecen legalmente prácticas ya aceptadas por todos, hacemos bien.
En ese sentido, quiero manifestar aquí que me ha parecido imprudente la actitud del Consejo del Banco, al intervenir directamente en este debate en una reunión con la Mesa del Senado para exponer sus puntos de vista sobre una iniciativa de ley que está discutiendo el Congreso acerca de un asunto que sólo le concierne en forma puntual. En mi opinión, esto es obvio, evidente. Que el Parlamento o el Senado procedan así en virtud de sus propias atribuciones, me parece adecuado.
El otro aspecto al cual deseo referirme dice relación al hecho de que aquí no estamos cambiando ni la autonomía ni las funciones del Banco Central, sino haciendo lo mismo que ocurre con otras instituciones bancarias del mundo. Es decir, al adoptar resoluciones sobre determinados asuntos -reitero: tasa de interés, precio del dinero, medios de pago- debe considerarse también el crecimiento, el empleo y la competitividad. Además, se hace por mandato de la ley, porque se sabe que una vez al año le preguntamos qué va a pasar con la tasa de cambio, con el crecimiento, con las exportaciones, etcétera.
Los señores que más ponen el acento en los temas productivos y no en los puramente financieros por lo general son los de la Derecha -me alegro que así sea-: que el precio del dólar, que la competitividad, que medidas más enérgicas, que la agricultura, que aquí, que acullá. Y yo represento una zona agrícola muy sensible a estos temas. Pero lo cierto es que la voz más alta, los golpes fuertes sobre la mesa, los reclamos al Ministro , provienen de la Derecha.
Sin embargo, cuando nosotros sostenemos que para ayudar un poco en esto es necesario que el Consejo del Banco Central tenga en consideración que su política afecta la competitividad del país, entonces, se dice: "¡Ah! Estos señores vienen a amenazar a una sacrosanta institución que ha funcionado muy bien".
¡Por favor! En esto pido un poco de seriedad. ¡Si incluso la Reserva Federal tiene la misma disposición que el Banco Central! Es casi una copia. En realidad, no hemos sido muy imaginativos los socialistas que firmamos esta indicación. Pero hemos tomado las buenas experiencias internacionales de países de capitalismo maduro.
¡Eso es lo que estamos haciendo para que el mercado funcione de una manera razonable! Pero no se nos venga a plantear el tema de la autonomía de esta institución ni a rasgar vestiduras, porque me parece realmente un exceso.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Debo señalar con toda claridad que en los 127 días que tengo en el cargo de Presidente del Senado me he reunido -como es mi obligación hacerlo- con las autoridades del país: el Presidente del Banco Central , el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, dirigentes gremiales y sindicales, representantes de diversos sectores. Y la verdad es que no me siento presionado.
El señor GAZMURI .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Creo que tengo la obligación de recibir a directores o representantes...
El señor GAZMURI.-
Excuse, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
...de las distintas instituciones del país.
Lo que pasa es que esto ha salido en la prensa durante varios días. Ayer concurrí a un almuerzo en el Banco Central, porque me comprometí hace 30 días. Desgraciadamente, eso coincidió con otros hechos.
En todo caso, es mi obligación como Presidente del Senado. No me siento presionado.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , quiero dar una explicación.
En esto quiero ser muy claro: Su Señoría ha cumplido exactamente con su deber. Yo no he formulado una crítica a su gestión, pero sí al Presidente del Banco Central por atreverse -a mi juicio, fuera de sus atribuciones- a calificar nuestra indicación como inconstitucional. Si se lo dice al Presidente del Senado , éste, obviamente, debe escucharlo. Imagino que él se impone de proposiciones tan absurdas como ésa, o menos. Es su deber oír a todo el mundo. Corresponde a la labor del Parlamento.
Para nada he criticado al Presidente ni a la Mesa de la Corporación. Mis juicios han sido para el Presidente del Instituto Emisor por haber cometido una imprudencia, porque no le corresponde, en mi opinión -salvo que desee concurrir a la Comisión con motivo de la tramitación del proyecto, cosa que por lo demás se ha hecho-, emitir opiniones sobre la constitucionalidad de las leyes, sobre todo cuando algunas afectan al organismo que dirige. Porque de acuerdo con la Carta Fundamental, son el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional los órganos competentes en materias constitucionales, no el Banco Central.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Antes de dar la palabra, advierto que restan 8 minutos del Orden del Día. Están inscritos los Senadores señores Vásquez, García, Romero, Matthei y Alvear. Por lo tanto, podría intervenir un orador más hasta las 18:30. Los otros quedarían para la sesión de mañana.
Si le parece a la Sala, se prorrogará la hora hasta la votación...
El señor MUÑOZ ABURTO.-
No hay acuerdo.
El señor ALLAMAND.-
¡No, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , debo hacer presente a los Honorables señores Senadores que el proyecto de ley en estudio demuestra lo que ha nuestro juicio debe ser una política fiscal responsable.
El manejo de los recursos del Estado, sus inversiones, sus instrumentos de control y las reformas necesarias a nuestra normativa legal para adecuarla a los más exigentes estándares de transparencia y eficacia internacional, dan cuenta del trabajo permanente que las autoridades fiscales de la Concertación han desplegado siempre para actualizar las estrategias de un crecimiento sostenido, con mayor y mejor desarrollo social.
En este sentido, el Ejecutivo ha propuesto ordenar las cuentas fiscales relacionadas con los excedentes del cobre a través del nuevo Fondo de Estabilización Económico y Social, que permitirá ahorrar, en tiempos de bonanza como los actuales, los recursos extras provenientes del superávit estructural que regula el proyecto, precisamente, para asegurar la tranquilidad en los años en que haya déficit.
Hemos sido defensores acérrimos de que tanto los excedentes del cobre como nuestra política fiscal en general se manejen con cautela, precisión y mesura. Las aventuras en economía no tienen un buen destino, como lo demuestra nuestra historia.
Pedí la palabra a partir de este preámbulo porque escuché que no había una regulación respecto del Programa de Contingencia contra el Desempleo. Y ocurre que el artículo 3º del proyecto establece lo siguiente:
"El Programa podrá operar cuando la tasa nacional de desempleo trimestral, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas, exceda el promedio de dicha tasa correspondiente a los cinco años anteriores publicados por dicho instituto o cuando la tasa nacional de desempleo trimestral sea igual o superior al diez por ciento.
"Igualmente, los recursos del Programa podrán aplicarse sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, cuando en una o más regiones o determinadas provincias, se registre una tasa de desocupación igual o superior al diez por ciento, correspondiendo tal aplicación en las comunas de la región o provincia que presenten las tasas más altas,", etcétera.
En consecuencia, no es efectivo lo aquí señalado en cuanto a que el Programa está destinado a financiar actividades distintas de las que la propia ley señala. De allí que me permito hacer la aclaración -sin referirme a otras materias, para respetar el tiempo que corresponde al resto de los Senadores- a fin de poner de manifiesto que en este punto la normativa es perfectamente clara y que no hay razones para asegurar que se van a usar medios diferentes de los que ella dispone.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Como quedan cuatro minutos para el término del Orden del Día, propongo continuar el debate en la sesión ordinaria de mañana.
Acordado.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
CONDENA A VIOLENCIA Y DESTRUCCIÓN EN FRANJA DE GAZA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores, relativo a los sucesos acaecidos en la Franja de Gaza.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 884-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 34ª, en 18 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es condenar y rechazar toda acción de violencia y destrucción que suceda en la Franja de Gaza, y solicitar al Gobierno de Chile que participe en las iniciativas políticas multilaterales que permitan una salida pacífica al conflicto existente en la referida zona.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
INCORPORACIÓN DE FACTOR REGIONAL EN DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS ASEGURABLES EN GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que se incorpore el factor regional en la determinación de las patologías que se aseguran mediante las Garantías Explícitas en Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 879-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar que se incorpore el factor regional dentro de los mecanismos de determinación de las enfermedades por garantizar, de manera que diversas patologías que presentan un grado de incidencia, prevalencia o trascendencia suficiente a nivel regional puedan ser contempladas en las Garantías Explícitas en Salud.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
SOLICITUD DE CIERRE DE CÁRCEL DE GUANTÁNAMO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores por medio del cual se propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que pida el cierre de la cárcel de Guantánamo.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 883-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 31ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar el cierre del mencionado penal y que las personas que allí se encuentran sean juzgadas con respeto a las normas del debido proceso y a los principios fundamentales relativos a los derechos humanos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
PETICIÓN DE FIN DE DEUDA PREVISIONAL DEL ESTADO CON AFILIADOS A EX CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE DUODÉCIMA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores por medio del cual se propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de las medidas necesarias para terminar con la deuda previsional que mantiene el Estado con los afiliados a la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes y de la Antártica Chilena.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 880-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).- Proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores, para solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas conducentes a poner término a la deuda previsional que el Estado mantiene con los afiliados de la ex Caja de Empleados Particulares en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría.
--Se aprueba.
SALUDO A ELECTO PRESIDENTE, A NUEVO PARLAMENTO, Y A PUEBLO DE MÉXICO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores para hacer llegar un saludo al electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón; al nuevo Senado y a la nueva Cámara de Diputados, y al pueblo mexicanos, expresando reconocimiento por el reciente proceso electoral, que los prestigia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 881-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Coloma, García, Larraín, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar (don Adolfo).
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, entiendo que los proyectos de acuerdo se votan sin discusión. Pero deseo advertir que hay un equívoco en el texto, porque el señor Calderón no ha sido declarado Presidente electo de México.
Entonces, simplemente llamo a que nos demos un minuto de reflexión, para no cometer un error imperdonable.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, en el proyecto de acuerdo no aparece la expresión "Presidente electo", sino "electo Presidente". Es cuestión de leerlo para ver que se trata de algo completamente distinto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hay que votar.
El señor GAZMURI.-
¡Es improcedente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
O se retira el proyecto de acuerdo, o se vota.
En votación.
El señor GAZMURI.-
El señor Presidente debería declararlo improcedente porque estamos haciendo algo muy grave desde el punto de vista de la seriedad de los Poderes del Estado.
Aunque votemos en forma dividida, no es ése el punto.
¡En materia de Estado, Sus Señorías tienen muy poca trayectoria...!
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, con independencia del resultado de la votación,...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en votación.
El señor NAVARRO.-
...va a quedar cuestionada la seriedad del Senado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en votación.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos contra 10 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, García, Gómez, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Gazmuri, Girardi, Letelier, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo) y Muñoz Aburto.
REGULARIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA Y DE PERSONAL A HONORARIOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señora Alvear y señores Bianchi, Escalona, Gómez, Núñez y Ominami para solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que ordene la regularización de la situación de los funcionarios a contrata y de quienes prestan servicios a honorarios en el sector público.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 882-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 12 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a la Primera Mandataria que ordene en la Administración Pública la regularización de la situación de los funcionarios a contrata y de quienes prestan servicios a honorarios, comenzando por los sectores con mayor número de trabajadores en esas condiciones y extendiendo posteriormente dicha regularización al resto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala...
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, entiendo que este proyecto de acuerdo fue votado la semana pasada.
El señor NAVARRO.-
Era el nuestro, pero lo votaron en contra.
El señor LONGUEIRA.-
¿Pero no se aprobó uno igual la semana pasada?
Según entiendo, los socialistas lo votaron en contra.
El señor LETELIER.-
Para variar, el Senador señor Longueira está mal informado.
El señor LONGUEIRA.-
¿Cómo?
El señor LETELIER.-
Su Señoría está mal informado.
El señor LARRAÍN.-
Se abstuvieron.
El señor LONGUEIRA.-
Entonces, en esa ocasión se abstuvieron. Y como una forma de no respaldar aquel proyecto de acuerdo, ahora presentan uno igual.
Señor Presidente, nosotros haremos la diferencia y vamos a pronunciarnos a favor, porque resulta muy importante que la lucha de la Senadora señora Matthei alguna vez tenga frutos y que finalmente se termine con esa ilegalidad que afecta a los funcionarios del sector público que trabajan a honorarios.
Sugiero que se apruebe por unanimidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que nos ocupa es distinto del que presentó la Senadora señora Matthei.
Lamento que el Honorable señor Longueira esté mal informado, pues esta iniciativa tiene un alcance diferente.
Se trata de un proyecto al cual adhirieron Senadores de diversas bancadas, y le consta a la Honorable señora Matthei que se la invitó, al igual que a otros, a hacerlo suyo también.
El texto en comento posee una visión distinta, porque tiene que ver con cómo establecer un programa para regularizar, mediante un esfuerzo compartido e inclusivo, la situación no sólo de quienes laboran en Salud, sino la de todos los funcionarios del sector público que trabajan a honorarios.
Tal es el sentido del proyecto de acuerdo.
Nuestra discrepancia con el de la Senadora señora Matthei -al que no nos opusimos- dice relación a que en él se fijaron plazos cuyo cumplimiento resulta inviable.
Nosotros quisimos asumir el problema como una política de Estado. Por eso, presentamos este proyecto de acuerdo, que está abierto también a la adhesión del Honorable señor Longueira.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, me pronunciaré a favor.
Valoro el hecho de que por fin nos preocupemos en forma seria de la contratación a honorarios en el sector público. Hemos señalado muchas veces que el peor empleador en Chile es el Fisco, el Gobierno, que tiene a miles de personas trabajando bajo este sistema, sin derecho a gozar del permiso laboral relativo al prenatal y posnatal, a licencias médicas, a vacaciones, etcétera.
Lo que no encuentro razonable -aunque igual votaré a favor el proyecto de acuerdo- es que se otorgue un plazo de cuatro años para regularizar dicha situación, porque en el fondo eso significará que durante este Gobierno no se va a hacer nada sobre el particular.
Podrá ser poco un periodo de dos meses, pero uno de cuatro años es lo mismo que endilgar el problema al próximo Presidente de la República.
No obstante, pese a no estar de acuerdo con el tiempo que se estableció para tal fin, voto a favor, sencillamente porque al menos noto una preocupación en la materia.
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No, Su Señoría. Ya la di.
El señor NAVARRO.-
Pero la Honorable señora Matthei hizo uso de ella.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Dejé intervenir a un sector político y después al otro, pero ya no puedo seguir otorgando la palabra.
El señor NAVARRO.-
¿Habló alguien de la bancada socialista?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Lo hizo el Senador señor Letelier.
El señor NAVARRO.-
Entonces, voto a favor.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de que, una vez más, se está vulnerando el Reglamento.
Como hoy se encuentra en la Sala el señor Secretario del Senado, deseo manifestar que, en presencia de él, usted ha dado dos veces el uso de la palabra, en circunstancias de que reglamentariamente no correspondía.
Dejo esta constancia. Y espero que esta vez quede así.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si doy la palabra, se enojan; si no lo hago, se enojan; si quito la palabra, se enojan; si hablo, se enojan; si no hablo, se enojan.
¡Es parte de la vida...!
¡Ahora estoy hablando mucho...!
El señor PIZARRO.-
El señor Secretario la otra vez dijo que él no estaba en la Sala cuando se había dado la palabra... Así que...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¡Ahora que hablo mucho, algunos se ponen nerviosos...!
El señor PIZARRO.-
...me limito sólo a dejar la constancia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¡No sé por qué será...!
El señor PIZARRO.-
Como se halla presente el Secretario titular, aproveché la ocasión de hacerlo presente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (34 votos).
Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A los señores Ministros de Educación y de Agricultura , Vicepresidente Ejecutivo de CORFO , Director Ejecutivo del Comité INNOVA-CHILE, a la señora Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y a los señores Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y Director del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria , sede Carillanca, solicitándoles APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PRESENTADOS POR EL INIA, SEDE CARILLANCA (Novena Región).
A los señores Ministro de Obras Públicas , Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, Alcalde y Concejales de Renaico , atinente a REPARACIÓN DE CAMINO CASAS BLANCAS EN COMUNA DE RENAICO.
A los señores Ministro de Agricultura , Director Nacional del INDAP , Secretario Ministerial de Agricultura de la Novena Región , Alcalde y Concejales de Renaico , pidiéndoles ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA ANTE GRAVE SITUACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE RENAICO.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, Alcalde y Concejales de Angol , solicitándoles REPARACIÓN DE PUENTE RUCAPELLÁN EN SECTOR QUEBRADA HONDA, COMUNA DE ANGOL.
A la señora Secretaria Ministerial de Transportes de la Región de La Araucanía y a los señores Alcalde y Concejales de Los Sauces, requiriéndoles REVISIÓN DE TARIFAS CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN COMUNA DE LOS SAUCES.
A los señores Alcalde y Concejales de Los Sauces, Superintendente de Electricidad y Combustibles y Gerente General de la Empresa Eléctrica de La Frontera (FRONTEL), pidiéndoles SOLUCIÓN A problemas de suministro eléctricO en comuna de los sauces.
Del señor FREI (don Eduardo):
A la señora Ministra de Educación , solicitándole considerar la EDUCACIÓN ESPECIAL COMO NIVEL EDUCATIVO EN LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA.
A la señora Ministra de Salud , requiriéndole MEJORAMIENTO DE EQUIPOS Y DOTACIÓN DE DOCTORES ESPECIALISTAS EN CONSULTORIO DE COMUNA DE HUALPÉN.
Del señor HORVATH:
Al señor Fiscal Nacional Económico, a la señora Directora Ejecutiva de la CONAMA , y a los señores Director de la Comisión Nacional de Energía, Director General de Aguas y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , relativos a RESTRICCIONES A ALIANZA COLBÚN-ENDESA PARA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE AGUAS CON FINES HIDROELÉCTRICOS (Undécima Región).
A los señores Ministros de Economía , de Obras Públicas, de Minería y Energía, y Directores de ONEMI, General de Aguas y de Obras Hidráulicas, requiriéndoles antecedentes acerca de RÉGIMEN DE EMBALSES EN PERÍODOS DE LLUVIAS Y SEQUÍAS Y DESBORDES DE RÍO BIOBÍO Y OTROS CAUCES DE AGUA.
A las señoras Directoras Ejecutivas de la CONAMA y de la CONAF, y a los señores Director de la CONAMA e integrantes de la Corema de la Décima Región, pidiéndoles estudiar PROYECTO PARA PROTECCIÓN DE HUMEDAL DE RIBERA SUR EN COMUNA DE ANCUD.
Del señor ROMERO:
Al señor Alcalde de Quilpué , solicitándole antecedentes acerca de DIFICULTADES EN TRASLADO DE BIBLIOTECA LOCAL.
Del señor RUIZ-ESQUIDE :
A la señora Presidenta de la República , pidiéndole informar sobre APERTURA DE COMPUERTAS DE REPRESA PANGUE SIN ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE RESGUARDO (Octava Región).
)----------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
AGILIZACIÓN DE TRÁMITE PARA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HORST PAULMANN
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quiero solicitar a la Mesa poner en tabla el proyecto que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al destacado empresario Horst Paulmann.
El señor SABAG .-
¡Eso ya lo dijeron en Comisión!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en hora de Incidentes y está hablando el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Bueno, me alegra que sea coincidente.
En mi opinión, cuando el Gobierno del Presidente Lagos -de la Concertación-, decidió enviar esta iniciativa lo hizo a modo de reconocimiento hacia una persona que, después de una larga vida, reunía las condiciones para recibir por gracia la nacionalidad chilena. Lamentablemente, el señor Paulmann se ha visto expuesto a críticas y a descalificaciones a través de los medios de comunicación, las cuales dañan su imagen.
La decisión de otorgarle la nacionalidad chilena por gracia no se le ha consultado en ningún minuto. Por lo tanto, con ese tipo de acciones se causa un daño a la persona, aunque imagino que quienes realizan dichas declaraciones no tienen intención de provocarlo. Sin embargo, éstas se dan a conocer a la opinión pública y se menoscaba el honor de quien es víctima de ellas.
A mi juicio, un proyecto de esta envergadura debería tramitarse con la rapidez que se requiere, porque muchos pueden sentir, tarde o temprano, que la discusión termina haciendo un daño personal que es mayor que el beneficio que supuestamente el país quería dar.
Tiempo atrás ese mismo Gobierno -prematuramente, según algunos- solicitó conceder la nacionalidad por gracia al ex capitán del equipo de tenis, Horacio de la Peña . Finalmente, ello originó un debate en todo el país y provocó una crisis en la "familia tenística", como se la llama en Chile. Y de esa forma las personas quedan expuestas a descalificaciones, ataques o polémicas, lo cual es totalmente ajeno a lo que ellas desean.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el empresario Horst Paulmann .
Se trata de una persona que se ha caracterizado por invertir, por emprender, por entusiasmar a los jóvenes a crear empresas, por contagiar entusiasmo al país en momentos de crisis.
Por eso, y atendido el perjuicio que se causa con tales declaraciones u opiniones -que por cierto son legítimas y no pretendo acallarlas-, el Senado de la República debería apurar o acelerar el trámite para que ese daño sea el menor posible. Y si la mayoría decide concederle la nacionalidad chilena por gracia, que se haga; de lo contrario, que se resuelva al respecto.
Imagino que para esa persona debe resultar bastante desagradable verse envuelta en una polémica, toda vez que ha sido el Gobierno de la Concertación el que decidió iniciar el referido proyecto, pues -según entiendo- no tuvo su origen en una moción.
Por eso, reconociendo el legítimo derecho de cada Parlamentario a plantear sus puntos de vista y a votar como lo estime conveniente, creo que el Senado debiera, por lo menos, acelerar su tramitación.
En consecuencia, solicito a la Comisión que está analizando esa iniciativa que la haga llegar lo antes posible a la Sala para proceder a votarla.
He dicho.
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Restan dieciséis minutos al Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
PARALIZACIÓN DE FERROCARRIL ARICA-LA PAZ POR FALTA DE MANTENCIÓN. OFICIOS
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , el ferrocarril Arica-La Paz ha paralizado su operación hace aproximadamente once meses. Cuatro meses antes de que su administración presentara la quiebra (en octubre de 2005), ya había dejado de funcionar.
Más aún, durante los últimos años ni la Empresa de Ferrocarriles del Estado ni la Administradora del Ferrocarril Arica-La Paz (AFCALP) invirtieron en la mantención de las vías férreas y no está claro si ella concernía a una empresa u otra. En lo concreto, dicha mantención no se efectuó. En todo caso, si la Empresa de Ferrocarriles del Estado estimaba que tal responsabilidad incumbía a la Administradora, desde mi punto de vista no se exigió como correspondía la realización de dichos trabajos.
Esta situación se traduce en que el estado actual de la vía impide la operación comercial, cuya solución -según las autoridades- requiere la inversión de aproximadamente cinco millones de dólares. Existen tramos donde el convoy debe transitar a muy baja velocidad y, en otros lugares, ha de movilizarse carro por carro para evitar descarrilamientos.
El ferrocarril Arica-La Paz tiene condiciones especiales por cuanto está amparado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904; en la Convención sobre Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica, de 1905, y perfeccionado por el Protocolo sobre Administración de secciones chileno-bolivianas del Ferrocarril Arica-La Paz, de 1928.
De acuerdo con dichos tratados, con el ferrocarril se pretende facilitar el comercio exterior boliviano. Y al no estar en condiciones de prestar un servicio mínimo, no se cumple el objetivo que se persigue con su creación, según los convenios celebrados por ambos países.
Hasta la fecha se calculan en más de 120 mil las toneladas de carga que el ferrocarril podría haber movilizado. Incluso esa cifra sería aún mayor si se compara con los movimientos efectuados antes de la caída de los puentes en el 2001, a raíz del invierno altiplánico.
Esta materia no sólo repercute en el comercio exterior boliviano. También tiene un impacto muy significativo en Arica, ciudad que hace más de una década arrastra, en términos económicos, una depresión muy profunda y exhibe uno de los índices de cesantía más altos del país. Además, es una ciudad puerto que da empleo a trabajadores portuarios y eventuales.
Por lo tanto, la actual situación del ferrocarril no sólo afecta a Bolivia, sino también a Arica.
Si el tren deja de transportar dichas cargas, se desvían hacia otros puertos y muchas de ellas se pierden de manera definitiva. En el norte del país, el transporte es muy competitivo entre los puertos chilenos y peruanos, como sucede con el ferrocarril Arica-La Paz, con el puerto de Matarani en Perú y con el de Antofagasta en Chile.
Hace dos años se concesionó el puerto de Arica. Una de las grandes ventajas de ello consistía en contar con un ferrocarril para hacer más competitiva la operación portuaria mediante el transporte de grandes volúmenes de carga a bajos precios.
En vista de la quiebra de la sociedad administradora, la Empresa de Ferrocarriles del Estado decidió traspasar el ferrocarril a la Empresa Portuaria de Arica. Sin embargo, este proceso se ha dilatado en el tiempo y hasta la fecha no se ha materializado.
Independiente de cuál sea la fórmula que nuestro país decida para administrar la Empresa del Ferrocarril Arica-La Paz en su sección chilena, no es admisible que, a raíz del progresivo deterioro de las vías, el tren no pueda ser utilizado en términos comerciales.
A diferencia de lo que ocurrió en 2001, donde por razones de fuerza mayor (la caída de los puentes producto del invierno altiplánico) la línea férrea no pudo usarse, en esta oportunidad el problema se ha originado por la falta de mantención de ella, lo que resulta del giro ordinario en cualquier administración de esta naturaleza.
Chile jurídicamente ha sostenido -y esto es lo importante- que su compromiso, en virtud de los tratados con Bolivia, es mantener la vía férrea en condiciones de ser utilizada y no la operación misma del ferrocarril. Dadas las actuales circunstancias, por la falta de mantención de la vía, a mi juicio, Chile está expuesto a que Bolivia termine reclamando por el mal estado de la línea férrea que impide el funcionamiento de aquél.
En virtud de la Convención de 1905, nuestro país aseguró a perpetuidad el libre tráfico a Bolivia y, en 1928, a raíz del Protocolo sobre Administración de las secciones chilena y boliviana del Ferrocarril Arica-La Paz, las partes se comprometieron a "No establecer ninguna traba que ponga esta línea en situación de inferioridad con respecto a otros ferrocarriles y que le disminuyan la carga que normalmente se movilice por ella".
La falta de mantención de la vía coloca claramente al ferrocarril Arica-La Paz, en su sección chilena, en condiciones de inferioridad respecto de otros y disminuye la carga que se moviliza o podría movilizarse a través de él, con lo cual se estarían vulnerando los tratados y protocolos que Chile ha celebrado con Bolivia.
Tal como se señala en los párrafos anteriores, esta situación no sólo afecta a Bolivia, sino también a Arica. Por lo tanto, tal circunstancia amerita que Chile inicie de inmediato los trabajos de reparación de la vía férrea, independientemente de cuál sea el sistema de administración que la Empresa de Ferrocarriles del Estado determine. Esto último constituye un asunto de decisión interna de nuestro país.
Sin embargo, mantener en buen estado la vía es una obligación a la que Chile se comprometió en virtud de los tratados o protocolos celebrados con Bolivia.
A título estrictamente personal debo agregar que resulta incomprensible que no se hayan adoptado las medidas pertinentes, ya que en este tipo de materias nuestro país tiene que ser especialmente diligente y no debe exponerse en forma innecesaria con una nación vecina con la cual históricamente hemos tenido diferencias.
A raíz de lo anterior, solicito que se remita copia de mi intervención a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas; al Sistema de Empresas Públicas (SEP) y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, reiterando mi solicitud en el sentido de que se restituya con urgencia la vía férrea del ferrocarril Arica-La Paz.
Por último, agregaré a los documentos que se enviarán a través del oficio un informe sobre los graves deterioros que afectan a la línea férrea.
He dicho.
El señor HORVATH .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Cómo no, Su Señoría.
El señor HORVATH .-
Me sumo a la presentación y petición del Senador señor Orpis.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , de conformidad con el Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Horvath .
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS RESERVADAS Y SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE LEY N° 13.196
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo profundizar un planteamiento que hice la semana pasada referente a los documentos secretos y reservados que se mantienen por acción de esta Sala, por convenios internacionales u otras normas que consagra la Carta Fundamental.
La Secretaría de la Corporación, a instancias del señor Presidente , me ha hecho llegar un informe detallado sobre esta materia, donde, en general, se señala que permanece vigente el artículo 77 del Reglamento del Senado con las restricciones, por cierto, establecidas en el artículo 8º de la Constitución.
Y además hace referencia a la disposición cuarta transitoria, que preceptúa que, sin perjuicio del artículo 8º, ha de entenderse que las leyes ya declaradas secretas mantienen tal calidad mientras no se dicten otras que regulen las mismas materias.
Tiendo a coincidir con ese informe, en especial con la parte que indica que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia deberá estudiar todos los alcances de los planteamientos que he venido efectuando sobre el tema, a fin de hacer coherente la organicidad de nuestro ordenamiento reglamentario con el artículo 8º de la Carta Fundamental, que establece que los actos de los órganos del Estado son en general públicos.
Sin embargo, me interesa precisar un aspecto.
En su punto 9, el informe expresa:
"En síntesis, desde un punto de vista jurídico, las reglas del artículo 77 del Reglamento del Senado son actualmente aplicables a la consulta que se desea hacer por el Honorable Senador señor Cantero de la ley Nº 13.196, la cual, obviamente, ha de entenderse comprensiva de las modificaciones que haya experimentado." (a lo largo del tiempo, se supone).
Es justamente lo que aspiro a dilucidar.
"En esa misma medida," -continúa el informe- "la consulta debe efectuarse de la manera prevista en el inciso primero del citado artículo 77", esto es, en una sala de Secretaría y ante la presencia de un funcionario de la Corporación.
Ya he señalado que a mí, al menos, esa situación no me parece adecuada. No creo que, para consultar determinado documento, un Senador deba tener un vigilante de su actuar. Lo considero indigno, más aún en este caso, cuando se trata de estudiar un cuerpo legal que en su momento reguló fondos del cobre y posteriormente fue establecido como la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, de lo cual ha transcurrido largo tiempo.
Por ello, haciéndome eco del mismo informe, deseo solicitar al señor Presidente del Senado que lleve a la Comisión respectiva el alcance que aquél consigna en la línea siguiente del párrafo pertinente, que dice: "(excepto que, por unanimidad, conforme al artículo 17 del Reglamento, los Comités autoricen que se le proporcione" -al Senador que habla- "la copia que ha pedido)"; la de la ley Nº 13.196.
Eso es exactamente lo que voy a solicitar, señor Presidente. De manera formal, le pido que recabe el acuerdo de los Comités para que se me permita estudiar el citado cuerpo legal como corresponde: con tranquilidad y con la reserva que se me indique.
Además, el informe expresa que el artículo 215 del Reglamento confiere al Presidente de la Cámara Alta facultad para resolver cómo aplicar las normas estatutarias que nos rigen. En tal virtud, podría tomar motu proprio la decisión de autorizar para que se me entregue copia de la referida ley.
Y agrega el informe que, "para que dicho cuerpo legal se haga público," -o sea, para que deje de tener carácter secreto- "ha de recabarse el acuerdo de la Sala que se contempla en el inciso segundo del artículo 77 (salvo que medie acuerdo unánime de los Comités).". Es decir, uno sería supletorio o complementario del otro.
A mi juicio, si el espíritu de la institucionalidad es dar transparencia a la gestión pública, resulta de toda lógica que en su momento el Presidente del Senado pida a la Sala su acuerdo para al menos abrir una discusión sobre la materia. A mí me parece un asunto relevante, donde debe existir la mayor claridad, particularmente en estos días, cuando se habla de derogar la normativa en cuestión.
"Sin perjuicio de lo anterior," -concluye el informe- "parece razonable oficiar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la Comisión Especial encargada de estudiar las modificaciones al Reglamento del Senado, para que consideren los argumentos del Honorable Senador señor Cantero al estudiar el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional y las enmiendas de que pudiera ser objeto el artículo 77 del Reglamento del Senado.".
Sin duda, señor Presidente , es de toda justicia proceder en tales términos, más aún si se considera que el artículo 8º de la Carta consagra que las leyes pueden ser reservadas o secretas "cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Y, en mi opinión, la reserva o secreto del cuerpo legal que estoy solicitando no se ampara en ninguno de esos elementos. La Constitución es muy clara respecto a cuándo las leyes pueden revestir tal carácter, situación que no se da en el caso de que se trata.
Por lo expuesto, y además por la dignidad del Congreso, quiero señalar de manera pública que considero francamente ingrato que, para conocer los antecedentes de determinada normativa legal, por muy secreta que sea, un Senador deba estar acompañado de un celador o custodio. Eso atenta contra nuestra dignidad y contra nuestra credibilidad como Parlamentarios. Si se me pide reserva, yo sabré guardarla. Pero no leeré la ley en cuestión mientras deba hacerlo en presencia de un guardián que cautele mis buenas conductas. ¡Me parece inaceptable y reprochable!
En consecuencia, señor Presidente, solicito dar curso a las siguientes peticiones:
1º Recabar el acuerdo unánime de los Comités a fin de que se me entregue copia de los antecedentes que estoy pidiendo (lamento que se requiera consenso, pero espero que se logre);
2º Traer el tema a la Sala y consultar a ésta en cuanto al término del secreto y la consecuente publicidad de la ley Nº 13.196, y
3º De acuerdo con el número 10 del informe que Su Señoría me remitió, estudiar esta materia a propósito de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y, en particular, al Reglamento del Senado, específicamente en lo que dice relación a su artículo 77.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Senador señor Cantero, usted conoce el informe que se revisó hoy día en la reunión de Comités, de modo que no considero necesario leer los puntos 9 y 10. En definitiva, se resolvió enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y a la Comisión especial encargada de estudiar las modificaciones al Reglamento del Senado. No hubo acuerdo para la publicidad. Ello, mientras no se realicen las modificaciones legales y reglamentarias correspondientes.
Su Señoría comprenderá que, como Presidente del Senado , debo velar por que las normas establecidas en la Constitución, las leyes y los reglamentos se cumplan, salvo que haya acuerdo unánime de los Comités, cosa que no ocurrió hoy cuando se trató este punto.
Si el señor Senador lo estima pertinente, puede volver a plantearse el tema en la próxima reunión.
Con todo, es evidente que hay que realizar los cambios necesarios en la Ley Orgánica del Congreso y en el Reglamento a la brevedad.
Es cuanto puedo informarle.
El señor CANTERO.-
Agradezco mucho la información, señor Presidente .
No tenía todos los antecedentes. Desconocía que el asunto se había tratado en la reunión de hoy y que no hubo acuerdo.
Por lo tanto, solicito formalmente que esta materia se lleve una vez más a los Comités para que se pida el acuerdo después de una explicación completa de los antecedentes expuestos. En subsidio de ello, anuncio que pediré a la Sala que se pronuncie sobre el tema, a fin de que ésta de una vez por todas haga públicos los documentos antes referidos, que no pueden continuar siendo secretos. No sé qué bien jurídico se protege con ello, ni hacia dónde apunta. Realmente no tiene ningún sentido.
El señor NÚÑEZ .-
¡De acuerdo!
El señor NAVARRO .-
¡Conforme!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Para eso hay que hacer las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso y en el Reglamento de nuestra Corporación. Mientras tanto, como Presidente, tengo que velar porque se cumplan tales normativas.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
ERRORES DE PRESIDENTA BACHELET EN TRIBUNA DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. OFICIO
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en el día de ayer la Presidenta Michelle Bachelet utilizó la tribuna de un prestigioso establecimiento, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de la inauguración de su Centro de Estudios Internacionales, para cometer dos errores que me parece muy importante señalar en esta Sala, pues el prestigio del país hace necesario que, al menos, dejemos constancia de nuestra posición.
En primer lugar, la Primera Mandataria utilizó esa tribuna académica para criticar duramente a la Oposición.
Nosotros no tenemos inconveniente, en democracia, para recibir las críticas y las posiciones que cada quien quiera plantear. Pero lo razonable es que se expongan en el lugar adecuado y en el momento oportuno, y no en una ceremonia solemne donde estaban todo el cuerpo diplomático, ex Presidentes de la República y algunos Senadores.
Siento que ésa no es la manera como debemos mantener la convivencia democrática.
Sin embargo, lo más grave es lo que viene a continuación: dentro del marco de la mencionada inauguración, la Presidenta de la República se refirió a las relaciones económicas entre Chile y Argentina empleando cifras erróneas para señalar los montos de las importaciones y exportaciones con el vecino país.
Ése fue, a mi juicio, un error gravísimo, si se considera que sobre la base de tales cifras es posible extrapolar lo favorable que es el comercio exterior para una u otra nación. El traslapar las cantidades implica dar un índice totalmente equívoco de los ingresos producto de las exportaciones, así como dejar sin fundamento las conclusiones, inducidas por un análisis erróneo.
Chile, de acuerdo con lo indicado por la Presidenta Bachelet -yo diría-, mal asesorada por la Cancillería, habría aumentado sus envíos hacia Argentina, de -cito textualmente- 1.584 millones de dólares en 1995, a 4.804 millones el año 2005, cifra que reportaría un beneficio enorme a nuestro país en términos de ingresos monetarios.
No obstante, la cantidad correcta es a la inversa, ya que los envíos nacionales hacia el vecino país en 2005, según datos proporcionadas por el Banco Central, rondan apenas los 600 millones de dólares, que, comparados con los aproximadamente 4 mil 196 millones de dólares en exportaciones desde allí, arrojan un saldo favorable para Argentina.
En aquel momento creí haber escuchado mal. Sin embargo, aquí tengo in extenso las declaraciones de la señora Presidenta de la República , donde se corrobora el grave error cometido al entregar tales cifras, que nos dejó la sensación de que toda su definición respecto de las relaciones comerciales entre Chile y Argentina se basaron en datos erróneos entregados ante una concurrencia académica y diplomática de primer nivel.
Considero muy serio que se haya registrado esa situación. Y, naturalmente, no puedo achacar a la Primera Mandataria la responsabilidad exclusiva de lo ocurrido, sino que debo señalar mis aprensiones en cuanto a la asesoría que le está otorgando la Cancillería.
Desde esa perspectiva, señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre al Banco Central con el objeto de que haga llegar tanto a la Presidencia de la República como al Ministerio de Relaciones Exteriores las cifras exactas acerca de las importaciones y exportaciones entre Chile y Argentina, a los efectos de aclarar una situación que me parece de extrema seriedad.
Francamente, no me sentí contento de haber sido testigo de esos errores, porque, en definitiva, es la institucionalidad del país la que de algún modo queda lesionada cuando se cometen equivocaciones voluminosas a propósito de conceptos tan fundamentales y en los que se basa toda una posición destinada a respaldar determinada relación.
La Jefa del Estado llamó a no encapsular las relaciones bilaterales con Argentina y, siendo tan beneficiosos nuestros vínculos comerciales con dicho país, a dejar a un lado el problema que se analizaba.
Señor Presidente, me pareció del todo correcto referirme a la situación producida, al menos para que se corrija, pues, por nuestro prestigio, los planteamientos hechos a ese nivel no pueden quedar en el aire.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Núñez
DECLARACIÓN DE SEWELL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. OFICIO
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , el jueves recién pasado, 13 de julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunido en la ciudad lituana de Vilna, inscribió a Sewell en la lista patrimonial por considerarlo "un ejemplo excepcional de las ciudades 'implantadas' por empresas industriales a principios del siglo XX".
La UNESCO tuvo en consideración diversos aspectos que la llevaron a otorgar tan alta distinción, destacando en su informe que Sewell está "situado 85 kilómetros al sur de la capital, Santiago , en un medio ambiente marcado por el extremo clima a más de 2.000 metros en los Andes".
El campamento fue construido por la compañía Braden Copper Company , a partir de 1905, para los trabajadores del más grande mineral subterráneo de cobre del mundo: El Teniente.
En su apogeo, Sewell tuvo 17 mil habitantes, pero fue abandonado masivamente en los años 70, de manera abrupta, sin consideración del parecer de sus trabajadores, sin ningún respeto por la historia que el campamento minero encerraba.
"La ciudad fue construida en un terreno muy empinado para la circulación de vehículos provistos de ruedas, en torno de una gigantesca escalera que partía en la estación de ferrocarriles", añadió UNESCO.
La gran belleza de Sewell proviene en gran medida de su peculiar construcción en una abrupta ladera. A lo largo de la pendiente, el recorrido es acompañado de plazas y plazuelas de forma irregular -adornadas con árboles y plantas que muy difícilmente crecían en un clima tan adverso-, que conformaban el principal espacio público urbano.
De ambos lados de esa vía, junto a la gran escalera central, surgían pasajes que desembocaban en plazoletas más pequeñas y escaleras secundarias para unir entre sí los distintos niveles de la ciudad.
Los edificios de madera, alineados en las peculiares calles y pintados con frecuencia de colores llamativos -principalmente, verde, amarillo, rojo y azul-, fueron diseñados en su gran mayoría en los Estados Unidos. Algunos de ellos, específicamente el edificio Nº 142 de empleados, mereció un primer lugar en una bienal de arquitectura celebrada en Nueva York, hace un par de décadas. Ese hecho fue, al parecer, la razón por la cual dicho edificio se salvó de la picota, de la pala demoledora.
El campamento minero de Sewell , desde el jueves último, pasó a integrar la exclusiva lista del patrimonio mundial, de la que también forman parte otros sitios chilenos, como el Parque Nacional Rapa Nui (1995), las iglesias de Chiloé (2000), el casco antiguo de la ciudad de Valparaíso (2003) y las ex oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura (2005).
Para mí, señor Presidente , constituye un motivo de especial orgullo esta designación de la UNESCO, toda vez que mi vida se encuentra ligada de manera muy íntima a aquel mineral.
Como lo señalé hace más de un año en este mismo Hemiciclo a propósito de la conmemoración de los cien años del establecimiento del mineral El Teniente, dije: "Nací en el campamento Sewell, me eduqué en sus colegios, transité por sus interminables escaleras, y jugué en medio de la montaña y la nieve hasta el comienzo de mi adolescencia. Fui, por tanto, testigo privilegiado de su desarrollo.".
Hoy, como muchos chilenos y chilenas que vivieron en ese lugar -entre ellos, mi padre (dirigente sindical minero), mi madre, mis hermanas y mis hermanos, quienes formaron parte de esa comunidad-, deseo hacerme parte de los festejos por tan importante nominación.
Al hacerlo, en nombre de la bancada socialista, y en especial de nuestro Senador por la Región, Juan Pablo Letelier , no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que lo que lamentablemente subsiste de Sewell es el núcleo del campamento y que, luego de su abandono y de la erradicación de sus trabajadores y habitantes a la ciudad de Rancagua, muchas instalaciones fueron víctimas de la destrucción premeditada -como indiqué anteriormente- y de un espurio negocio que comercializaba sus nobles maderas y diversos artículos de inmenso valor histórico que tal vez jamás podremos recuperar.
Sin embargo, gracias al empuje de los ex sewellinos y de las autoridades democráticas surgidas luego del Gobierno militar, el conjunto fue declarado Monumento Nacional, en la categoría de Zona Típica, por medio del decreto exento Nº 857, del 27 de agosto de 1998.
Hoy, cuando se ha logrado esta importante denominación por parte de la UNESCO, es imprescindible que tanto CODELCO-Chile, propietaria de las instalaciones, como el Consejo de Monumentos Nacionales fortalezcan aún más el plan de conservación y restauración que actualmente se ejecuta, para así preservar un patrimonio de una riqueza arquitectónica inigualable, que ya no es sólo de los chilenos y chilenas, sino de toda la Humanidad.
Solicito que esta intervención sea remitida a la División El Teniente de CODELCO-Chile.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
INCONVENIENCIA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HORST PAULMANN KEMNA
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , hace unos momentos escuché al Honorable señor Longueira referirse a la situación que afecta al señor Horst Paulmann , a propósito de un proyecto para concederle la nacionalidad chilena por especial gracia.
No me he opuesto a ello, pero he sido uno de los Parlamentarios que más antecedentes han solicitado sobre esta materia, para pronunciarme en conciencia y a cabalidad.
Siempre he entendido que las diversas iniciativas legislativas son proposiciones, no imposiciones, más aún cuando se trata de situaciones como ésta, donde se quiere conceder la nacionalidad a una persona por especial gracia, porque ahí intervienen factores de naturaleza muy distinta de los que surgen en los proyectos de ley en general, que tratan sobre aspectos políticos.
Entiendo que este planteamiento puede generar algún incomodo o malestar, en particular a las personas de que se trata, que se ven expuestas a situaciones bastante difíciles. Pero no es menos cierto que al conceder la nacionalidad por especial gracia estamos otorgando un privilegio y un honor muy especiales. Por tanto, ella no se da a cualquiera; tiene que tratarse de un ciudadano excepcional, ejemplar. No basta con ser buen empresario; no basta con tener numerosas y diversas inversiones en el país; no basta con proporcionar trabajo a mucha gente. Todo eso es saludable, valorable y extraordinariamente positivo. Sin embargo, en Chile hay muchos extranjeros que contribuyen de ese modo al desarrollo del país. Y si ello fuera una razón, prácticamente todos los días tendríamos que conceder a alguien la nacionalidad chilena por especial gracia.
Por tanto, cuando se otorga este beneficio, este privilegio, se pide más que eso.
¿Ayuda aquello? Por cierto que sí. Pero no es suficiente. No por hacer ese aporte al desarrollo del país uno tiene que rendirse y decir: "Este caballero es excepcional". ¡No!
Formulo este planteamiento, señor Presidente , por dos razones muy importantes.
Obran en mi poder antecedentes -me los confirmó él mismo; porque me llamó por teléfono-, en el sentido de que el señor Paulmann tuvo relaciones comerciales, y las mantiene todavía, con la ex Colonia Dignidad.
Si tales relaciones fuern de ahora último, uno podría decir: "Está bien. A lo mejor quiere ayudar a la reinserción de los colonos que fueron abusados en sus derechos por Paul Schaefer ". Pero cuando se descubre la data de esta vinculación comercial, ¡caramba que es preocupante! ¡Año 1996! ¡Cuando en nuestro país ya se había descubierto todo lo ocurrido en la ex Colonia Dignidad!
Aún más: en ese momento el señor Paul Schaefer y los altos jerarcas del enclave alemán eran prófugos de la justicia.
Entonces, es legítimo pensar que, cuando se establecen lazos comerciales con esa gente -digámoslo con claridad-, quien lo hace se transforma en un ayudista.
La Ley Antiterrorista señala que, si alguien mantiene este tipo de vínculos con una persona ligada a un grupo terrorista, se convierte en ayudista en el ámbito económico. Yo no estoy diciendo que el señor Paulmann lo sea. Pero él sabía que Paul Schaefer violaba, que era pedófilo, y, sin embargo, mantenía relaciones comerciales con la referida institución.
Es obvio que las organizaciones criminales, ilícitas, como las del narcotráfico o las de grupos terroristas, necesitan dinero para burlar la acción de la justicia y sobrevivir. Con la plata que el señor Paulmann traspasó a Villa Baviera, quizás ayudó a que Paul Schaefer siguiera en la clandestinidad; a lo mejor con esa plata colaboró -no digo que ésa haya sido su intención- a que Paul Schaefer pudiera evadir la acción de la justicia en nuestro país; tal vez con esa plata permitió que Paul Schaefer se comprara propiedades en Argentina; quizá con esa plata permitió que Paul Schaefer siguiera abusando de menores.
Señor Presidente , esto es extraordinariamente grave. Cuando se pretende conceder el honor de la nacionalidad por gracia a un extranjero, no es que éste deba ser inmaculado. Pero tiene que tratarse de una persona ejemplar. ¿Se imaginan, Sus Señorías, qué pasaría si el día de mañana votáramos el proyecto pertinente en la Sala y las tribunas estuvieran llenas de familiares de niños violados por Paul Schaefer ? Sería incómodo enfrentar una votación como ésa.
Insisto: el señor Paulmann ha reconocido -me lo señaló cuando me llamó por teléfono- sus lazos comerciales con la ex Colonia Dignidad. Si bien me planteó que nunca tuvo vínculos de otro tipo, le hice ver las consecuencias de haber mantenido relaciones comerciales. Le dije: "Yo me imagino que usted no vivía en una burbuja en 1996. Así como es bueno para hacer negocios e inversiones, en alguna parte se habrá informado -por la prensa u otros medios de comunicación- de qué ocurría en la ex Colonia Dignidad y con Paul Schaefer ese año". Y también todos los años posteriores. Porque hasta la fecha él continúa vendiéndole sus productos.
Y no sólo es eso, señor Presidente.
Desde que trascendió la noticia de que se quería conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Horst Paulmann , los dirigentes sindicales de las organizaciones de trabajadores de sus empresas me señalaron -tengo los e-mails, que daré a conocer a la Sala cuando sea necesario- que ese señor aplica políticas antisindicales y persigue a los dirigentes gremiales, empleando métodos de la más diversa naturaleza.
Entonces, vuelvo a lo que señalé al comienzo: ¿ciudadano ejemplar y excepcional?
¿Se imaginan el día de mañana, señores Senadores, cuando votemos el proyecto que concede al señor Paulmann la nacionalidad chilena por especial gracia, las tribunas repletas de dirigentes gremiales manifestando que no debiéramos entregar tal privilegio, tal honor, a una persona que los persigue y les aplica prácticas antisindicales?
Creo que hay que irse con cuidado en esta materia.
No estoy poniendo en duda la naturaleza de esa persona. Pero sí pienso que, en un asunto tan delicado como el conceder nuestra nacionalidad por especial gracia a un ciudadano extranjero, no basta con ser buen empresario, no basta con tener muchas inversiones en Chile, no basta con generar gran cantidad de empleos. Porque muchos extranjeros hacen eso en nuestra patria.
Lo reitero en esta Sala: no hay ningún ánimo de ofender la honra del señor Paulmann ni de generarle un agravio. Pero sí me parece que no reúne los requisitos que debemos exigir -a pesar de ser un muy buen extranjero y una excelente persona- para otorgar un honor tan grande como el de transformarlo en compatriota. Ello, porque convertiríamos en uno de los nuestros a alguien que persigue a los dirigentes sindicales. ¡Así tratará a sus compatriotas! ¡Eso es lo que hará! ¡Será uno de nosotros y acosará a dirigentes gremiales! Y va a crear serios conflictos.
Por otro lado, ¿quién puede olvidar lo que significó la ex Colonia Dignidad?
Tengo claro que a lo mejor no fue la intención del señor Paulmann . Pero haber tenido relaciones comerciales con aquélla, cuando todo el país sabía lo que ocurría ahí, me parece extraordinariamente preocupante. Se trata de alguien que mantuvo vinculación con una institución que, en nuestra historia -lo han reconocido los propios directores de las Policías-, ha sido calificada como la organización criminal más peligrosa que ha operado en Chile, mucho más allá que los grupos terroristas, mucho más allá que los grupos de narcotraficantes. Y ha sido la más peligrosa por la diversidad de acciones que ha desarrollado y por las formas de lucha clandestina que implementó en el país.
¿Y nosotros pretendemos concederle nuestra nacionalidad por especial gracia a una persona que, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, ayudó a financiar a esa organización criminal al permitirle que, en los momentos más difíciles que vivía, abriera un supermercado para poder contar con fuentes de financiamiento? ¡Para qué! Para seguir burlando la acción de la justicia, para mantener en la clandestinidad a sus dirigentes, para que el señor Schaefer pudiera irse al extranjero y huir de la justicia de nuestro país.
Señor Presidente , espero que en su oportunidad este tema se vea en la Sala. Pero hay razones más que suficientes para no pronunciarse sobre el proyecto respectivo; no sería cómodo para nosotros ni para el señor Paulmann tener que votarlo. Porque -insisto- una iniciativa que concede la nacionalidad chilena por especial gracia sólo es una propuesta y no una imposición de los gobiernos para beneficiar a determinadas personas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Restan dos minutos al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
TRIBUTO A MÁRTIRES DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHIGUAYANTE. COMUNICACIÓN
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el país ha sabido de los graves temporales que han afectado a la Región del Biobío y, particularmente, de la incidencia que han tenido en la pérdida de vidas humanas.
A raíz de lo ocurrido, hemos pedido diversos informes a la Dirección de Obras Hidráulicas. Porque se inicia un debate sobre la apertura de la represa de la Central Pangue, que ha aportado 6 mil 600 metros cúbicos por segundo al caudal del Biobío, lo que algo ha influido -y yo creo que de manera decisiva- en el récord histórico registrado, de 18 mil metros cúbicos por segundo, lo cual provocó en las zonas de Nacimiento y Hualqui y en la desembocadura de ese río inundaciones que afectaron a los hogares de miles de personas, que vieron inundados sus hogares.
Sólo quiero señalar que lamento que haya habido tres mártires más del Cuerpo de Bomberos de Chile: Luis Inostroza Núñez (comandante); Rodrigo Mora González , de 34 años (capitán), y Julio Muñoz Domínguez (teniente). Los tres pertenecían a Bomberos de Chiguayante y murieron en servicio mientras, junto con siete civiles que concurrieron en forma solidaria, socorrían a personas que estaban en una situación muy compleja de derrumbe de sus viviendas.
Por eso, en estos días amargos que vive la Región, donde todavía hay miles de familias en el agua esperando ayuda, quiero saludar y agradecer infinitamente al Cuerpo de Bomberos de Chiguayante por tener hombres como los tres que acabo de mencionar, quienes dieron un ejemplo patriótico de entrega y servicio público. Ciertamente, ello constituye una marca señera para los miles y miles de jóvenes que hoy día integran los cuerpos de bomberos del país.
Señor Presidente, pido hacer llegar este saludo al Cuerpo de Bomberos de Chiguayante, en la persona de su Superintendente.
Sin duda, habrá otros saludos y reconocimientos. Pero, en el primer día después de regresar de mi zona tras la grave situación producida por los temporales, no podía dejar de destacar este hecho en el Senado.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
SOLUCIÓN PARA DEUDORES HIPOTECARIOS DE BANCA COMERCIAL POR VIVIENDAS SOCIALES. OFICIOS
La señora ALVEAR .-
Señor Presidente , durante el Gobierno del Presidente Lagos se implementó un nuevo diseño de la política de vivienda social. Los decretos supremos Nos 62 y 5, publicados el 23 febrero de 2002, incorporaron la Vivienda Social Dinámica sin Deuda y una nueva política de créditos hipotecarios con la banca comercial pública y privada.
Esto último se encontraba dirigido a los deudores que calificaban como sujetos de crédito y que podían optar por viviendas de valores entre 280 y 600 unidades de fomento.
A este efecto, el Ministerio de Vivienda firmó diversos convenios con entidades financieras para facilitar el acceso de los postulantes al crédito hipotecario, el que cuenta con seguros de desempleo y desgravamen, aceptación de rentas bajas, complementación de ingresos mediante codeudores que pueden o no ser parientes del deudor principal, costos operacionales reducidos y tasas de interés de mercado.
Con la implementación de la nueva política en materia de vivienda social, dicha Cartera optó por otorgar subsidios habitacionales sin conceder en lo sucesivo créditos hipotecarios, dejando esta función exclusivamente en la banca financiera comercial. También decidió participar en la gestión de construcción de viviendas sociales sólo para los dos deciles más pobres, en particular en los lugares donde no existe interés de parte de la oferta privada o municipal. Y, asimismo, definió un nuevo producto: la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, por medio de la cual, con un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento, transforma a las familias más pobres en propietarios de una solución habitacional básica mínima sin generar deuda hipotecaria.
Señor Presidente , el cambio de política benefició directamente a los nuevos postulantes. Sin embargo, quienes ya habían sido favorecidos quedaron en una situación, a todas vistas, injusta. Recibieron un subsidio y debieron endeudarse, en circunstancias de que, si hubiese estado vigente la nueva política, no se les habría exigido tomar un crédito hipotecario.
Se buscó revertir esa situación mediante una serie de medidas que se implementaron hacia finales del Gobierno del Presidente Lagos. En efecto, gracias a los decretos Nos 96 y 127, promulgados durante el 2005, cientos de miles de familias fueron beneficiadas con la extinción de su deuda o la suscripción de convenios sobre ella. Sin duda, esto representó un gran avance en términos de equidad y la finalización de una enorme carga para más de 200 mil familias.
Empero, tales beneficios se extendieron exclusivamente a quienes mantenían deudas con los SERVIU. Y aquellos que se encontraban en un caso similar pero con deudas en la banca comercial no fueron favorecidos.
En efecto, existen en todo el país más de 65 mil deudores que se hallan en similares condiciones relativas al cambio de política. Ellos se encuentran endeudados con el BancoEstado, Banco del Desarrollo, Banco Santander Banefe, Banco Ripley y otros, por deudas correspondientes a viviendas que cuestan entre 280 y 600 unidades de fomento.
Señor Presidente , claramente, viviendas de valores que no superan las 600 UF -vale decir, 11 millones de pesos- tienen carácter social y son adquiridas con mucho esfuerzo por trabajadores de todo tipo y sus familias. Creo que es de toda justicia buscar una salida a su situación. De hecho, más de 15 mil de ellos obtuvieron viviendas de menos de 400 unidades de fomento, que es el valor máximo de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda.
Así como ayer fue la hora de las Agendas Pro Crecimiento, creo que ésta es la hora de la Agenda Pro Equidad. Se debe buscar justicia a situaciones en que de tanto oír dejamos de escuchar. Debemos tener decisión y estar a la altura de las circunstancias para zanjar estos compromisos y asumir nuestras responsabilidades.
Por su intermedio, señor Presidente , pido que se oficie a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Ministro de Hacienda a fin de que se estudie el caso y se evalúe el impacto social y financiero en los deudores que adquirieron viviendas sociales con crédito bancario en el período de transición entre la antigua y la nueva política y que presentan dificultades para el cumplimiento de sus pagos. Asimismo, solicito que se informe acerca de las medidas que se pretende implementar en el corto plazo para dar solución definitiva a esta situación.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:35.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES COLOMA, LONGUEIRA, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE FORMACIÓN DE TERNAS PARA PROVEER LOS CARGOS DE NOTARIO, CONSERVADOR Y ARCHIVERO (4342-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS:
1.- El proyecto tiene por finalidad dar solución a dos problemas: el vacío legal que se produce a raíz de la remisión que formula el actual artículo 287 letra a) al 284, ambos del Código Orgánico de Tribunales y el otro, que afecta específicamente a los Notarios de tercera categoría que concierne a la posibilidad que éstos puedan concursar a cargos de primera categoría en las condiciones que indica el precepto que se propone.
2.- Respecto del primer problema, el artículo 287 letra a), párrafo primero del Código Orgánico de Tribunales, dispone la forma en que las Cortes de Apelaciones deben integrar las ternas para un cargo de notario o conservador de bienes raíces de la primera categoría del Escalafón Secundario . La norma señala que esta se formará “con el notario, conservador o archivero más antiguo de la categoría inmediatamente inferior que figure en lista de méritos y que exprese su interés en el cargo y con dos notarios, conservadores o archiveros de la misma categoría del cargo que se trate de proveer o de la inmediatamente inferior que se opongan al concurso, elegidos de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 281”·
3.- El precepto recién citado, en su párrafo segundo, se remite a su vez, al artículo 284 inciso final del aludido cuerpo legal, en los casos que fuere necesario completar el cupo que deja el notario mas antiguo de la categoría inmediatamente inferior ( funcionario por “derecho propio”), si éste no postulare al cargo dentro del plazo que indica la disposición mencionada.
4.- Sin embargo, la remisión al artículo 284 antes citado no aclara ni precisa determinadamente como se completa el cupo del notario “ por derecho propio” que no concursa, lo que genera un vacío legal, que ha conducido a distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la materia.
5.- El texto que se propone toma pie en la siguiente premisa jurídica: tratándose de un asunto de derecho público ( normas sobre formación de ternas para proveer cargos de notarios o conservadores de bienes raíces), es la ley la que debe señalar con absoluta precisión la forma como debe procederse a integrar las ternas, sin que ello, pueda quedar entregado al arbitrio de la interpretación que puedan hacer los tribunales.
6.- En efecto, de seguir éste último criterio, significaría trasladar a los jueces- cuya tarea es interpretar y aplicar la ley- una función que es propia del legislador , lo que claramente repugna a principios jurídicos fundamentales, con mayor razón por referirse a materias de Derecho Público en que sólo puede hacerse aquello que la ley indica expresamente.
7.- La no postulación del funcionario “ por derecho propio” no concede ninguna preferencia que establezca la ley en el sentido que tal cupo deba integrarse exclusivamente con notarios de primera o segunda categoría. Al efecto, se debe tener presente, según se ha explicado- en una materia de Derecho Público: como la que nos ocupa, sólo la ley podría establecer una preferencia de esa naturaleza, lo que no ocurre en este caso, y que , precisamente, es la razón que sirve de fundamento a este proyecto a fin de solucionar el vacío legal referido.
8.- Así las cosas, el proyecto plantea que el lugar del funcionario “por derecho propio” que no postula, sea integrado por otro notario de primera o segunda categoría, o por un notario de tercera categoría que tenga 10 años a lo menos en la misma o por un abogado externo al Escalafón Secundario, calificado por sus méritos, que a lo menos hubiere ejercido la profesión por un período de 10 años.
9.- La posibilidad que postulen abogados externos no es exclusiva de este proyecto, por cuanto como bien se sabe, ya, desde 1995, la ley 19.390 de ese año, se permitió el ingreso directo de abogados externos a la EXCMA. Corte Suprema, que cumplieran el requisito de haber ejercido a lo menos 15 años la profesión de abogado y, ha quedado demostrado que la incorporación de tales abogados ha constituido un aporte significativo y sustantivo en las tareas de nuestro más alto tribunal.
10.- En este orden de consideraciones cabe concluir que la aceptación de este criterio también contribuiría a enriquecer la función notarial en atención a que el proyecto abre la posibilidad de que abogados de prestigio, con dilatada trayectoria profesional o que se hayan destacado en el campo académico o científico, pueden interesarse en concursar a los cargos de primera categoría de este Escalafón.
11.- En lo atinente al tema de los notarios de tercera categoría el problema consiste en lo siguiente : en el articulado del Código Orgánico de los Tribunales no existe una “ carrera notarial” ( se puede ingresar directamente a la segunda categoría sin pasar por la tercera); el proyecto se reconoce a los notarios de tercera categoría ( con 10 años a lo menos en el cargo) el derecho a postular e integrar ternas para primera categoría tanto en forma directa en los cupos del nuevo artículo 287 letra a ) que se propone y también si no postulare el funcionario por “derecho propio”. Con ello se satisface una justa aspiración de estos funcionarios que, de mantenerse la situación vigente, estarían impedidos de concursar a cargos de primera categoría; y
12.- Finalmente, la norma que se propone está acorde con los tiempos que vivimos en que se busca una sana competencia para llenar los cargos públicos, privilegiando los méritos profesionales por sobre todo otro tipo de consideraciones, haciendo más transparente y abierto el procedimiento para confeccionar las termas de los cargos de primera categorías, y sin que ello impida ni lesione el derecho de los notarios de primera o segunda categoría para también concursar en el cupo no llenado, pero en igualdad de condiciones con notarios de tercera categoría que cumplan los requisitos antes indicados o abogados externos calificados, siendo las respectivas Cortes de Apelaciones las que ponderarán los méritos de los postulantes para conformar las ternas respectivas.
Por estas razones, proponemos aprobar el siguiente:
Proyecto de Ley:
“1.- En la letra a) del artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales:
a)Sustitúyese el párrafo primero por el siguiente:
“a) Para integrantes de la primera categoría del Escalafón Secundario, con el notario, conservador o archivero más antiguo de la segunda categoría que figure en la lista de méritos y que exprese su interés en el cargo. Los otros dos lugares serán ocupados con los notarios, conservadores o archiveros de la primera o segunda categoría, y con los de tercera categoría que tengan a lo menos diez años en la misma, que se opongan al concurso, elegidos de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 281”, y
b) Agregase en el párrafo segundo, pasando el punto y coma (;) a ser punto seguido (.), la siguiente oración; “Si el funcionario que goce de preferencia para figurar en la terna por antigüedad no manifiesta su interés en postular dentro del plazo que establece dicha disposición se incluirá en su lugar un notario, conservador o archivero de la primera o de la segunda categoría del Escalafón Secundario, o un notario conservador o archivero de tercera categoría que tenga a lo menos diez años en la carrera, ambos elegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281, o un abogado ajeno al Escalafón Secundario que tenga diez o más años de ejercicio profesional y no figure ni haya figurado en el Escalafón Primario en los últimos diez años”.
(Fdo.):Víctor Pérez Varela, Senador, Evelyn Matthei Fornet, Senadora,Juan Antonio Coloma Correa, Senador Jaime Orpis Bouchon, Senador,Pablo Longuiera Montes,Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES COLOMA, LONGUEIRA, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE EXCLUSIÓN DE DIVERSOS DELITOS DE BENEFICIOS ALTERNATIVOS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD(4343-07)
Honorable Senado:
1.- El ordenamiento jurídico acude al instrumento de la sanción penal para proteger bienes jurídicos que el legislador estima esenciales a una normal interacción social. La pena sólo puede ser aplicada por el órgano judicial competente y después de un proceso tramitado en conformidad a la ley.
Sin embargo, la Ley N° 18.216 admite la suspensión de la real ejecución de las penas impuestas en la sentencia de término, autorizando al juez para conceder los beneficios de remisión condicional, reclusión nocturna o libertad vigilada, en los casos en que la pena concreta que la sentencia imponga - privativa o restrictiva de libertad - no exceda de tres años respecto de los dos primeros y de cinco años respecto del último de dichos beneficios.
A los efectos de su aplicación no es relevante la pena abstracta con que la ley sancione el delito por el que el juez condena, sino la pena concreta que el fallo firme impone después de la consideración y aplicación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que la ley establece, de manera que es usual que un sujeto que incurre en un ilícito de alta penalidad legal abstracta se haga, no obstante, merecedor de una penalidad concreta inferior o de tramo mínimo, que le permite obtener uno de estos beneficios que suspenden la real ejecución de la sanción penal.
2.- Durante la tramitación del proceso, la circunstancia que el imputado pueda en definitiva y tras la sentencia de término acceder a un beneficio suspensivo de la ejecución de la condena eventual y futura - circunstancia que ha de determinarse por el órgano judicial en una estimación proyectiva y elaborada conforme a la situación concreta del hecho juzgado y del agente - conduce a la improcedencia de la prisión preventiva, toda vez que el artículo 141 del Código Procesal Penal dispone con toda claridad que “no procederá la prisión preventiva… cuando el tribunal considerare que, en caso de ser condenado, el imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o de restricción de libertad contempladas en la ley”, a sola condición que, además, el imputado “acreditare tener vínculos permanentes con la comunidad, que den cuenta de su arraigo familiar o social”. Es ésta una regla legal imperativa cuya aplicación es obligatoria a los jueces, de modo que sus efectos no son imputables a los tribunales, sino a los poderes colegisladores que la establecieron en la Reforma Procesal Penal.
Así las cosas, el imputado cuya penalidad concreta eventual y futura, judicialmente proyectada, después de consideradas las circunstancias modificatorias de responsabilidad, no exceda de tres años, puede acceder a la remisión condicional de la pena o a la reclusión nocturna, de suerte que no es procedente la prisión preventiva; y si aquélla no excede de cinco años, puede acceder a la libertad vigilada, de manera que tampoco es procedente la prisión preventiva; en uno y otro caso a sola condición que el imputado demuestre una situación usualmente concurrente como es el “arraigo familiar o social”. Ello es así pese a que las sanciones penales de tres y cinco años demuestran que el sujeto ha incurrido en una conducta de particular gravedad.
3.- En síntesis, nuestro ordenamiento jurídico penal presenta, en la forma de sus disposiciones sustantivas, una penalidad severa; pero ésta, en función de normativas legales paralelas, se desdibuja enteramente y conduce a que los delincuentes no reincidentes no cumplan las penas y por esto mismo se mantengan en libertad durante el proceso penal.
4.- Esta moción legislativa propone un nuevo trato social, que parte de la premisa que de entre todos los bienes jurídicos que el ordenamiento penal tutela es preciso seleccionar aquellos que inciden en que las personas puedan aspirar con razonable seguridad a una vida normal, desde la perspectiva de su seguridad física mínima, a una vida cotidiana en que se pueda vivir y circular con tranquilidad y libertad en los ámbitos privados y públicos.
Es nuestra firme convicción que la experiencia social demuestra a todas luces que ese tipo de vida, de mínima normalidad, no es posible en una sociedad que en la aleccionadora síntesis de los hechos reales no aplica penas efectivas a los delincuentes que violan esa normalidad, ocasionando un permanente estado de inseguridad a la gente de bien.
Esta moción legislativa propone un nuevo trato social: todo delincuente infractor de la seguridad física mínima de las personas será efectivamente sancionado y su atentado no será perdonado, o, lo que es lo mismo, la ley penal será, en lo que a estos atentados tan graves concierne, una realidad concreta y no una entelequia absurda.
Cumplirán efectivamente las penas los condenados por los delitos de secuestro, sustracción de menores, violación de morada con violencia o intimidación, tormentos o apremios ilegítimos, violación, violación con homicidio, parricidio, homicidio calificado, homicidio simple, infanticidio, castración, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, robo con violencia o intimidación, robos con violencia o intimidación calificados, extorsión, piratería, robo por sorpresa, robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, destinado a la habitación o en sus dependencias, incendio, microtráfico y demás delitos que la Ley N° 20.000 sanciona con pena de crimen e infracciones a las normativas de control de armas y explosivos y terrorismo.
En consecuencia, tratándose de estos delitos, los jueces no podrán esgrimir la regla del artículo 141 del Código Procesal Penal para omitir la prisión preventiva.
Por las mismas razones y respecto de los mismos ilícitos, se propone que la libertad condicional sea procedente sólo después de cumplidas tres cuartas partes de la condena; así como se impide la aplicación de las instituciones procesales de aplicación única de multa y suspensión de imposición de condena, previstas en los artículos 395 inciso 2° y 398 del Código Procesal Penal.
5.- En la medida que esta moción legislativa propone un nuevo trato social, que en tanto tal debe ser previamente conocido por todos los infractores, será aplicable a los delitos que se cometan con posterioridad a su publicación, directiva que se conforma al imperativo constitucional que impide la aplicación retroactiva de la ley penal, principio que es forzoso seguir en una ley que incide en la aplicación de sanciones criminales.
Por estas razones, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°: Sustitúyese el inciso 2° del artículo 1° de la Ley N° 18.216, de 1983, por el siguiente: “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, 142, 144 inciso 2°, 150 A y 150 B, 361, 362, 367 bis, 372 bis, 390, 391 N° 1 y 2, 394, 395, 396, 397 N° 1 y 2, 398, 433 N° 1 y 2, 436 inciso 1°, 434, 436 inciso 2°, 438, 440 y 474 del Código Penal, ni respecto de los delitos previstos en el artículo 4° de Ley N° 20.000, ni respecto de los delitos que ésta sanciona con pena de crimen, ni respecto de los delitos previstos en los artículos 8 a 17 de la Ley N° 17.798, ni respecto de los delitos previstos en la Ley N° 18.314; cualquiera sea el grado de ejecución del delito respectivo o el tipo de participación en él”.
Artículo 2°: Sustitúyese el inciso 3° del artículo 3° del Decreto Ley N° 321, de 1925, por el siguiente: “A los condenados por los delitos previstos en los artículos 141, 142, 144 inciso 2°, 150 A y 150 B, 361, 362, 367 bis, 372 bis, 390, 391 N° 1 y 2, 394, 395, 396, 397 N° 1 y 2, 398, 433 N° 1 y 2, 436 inciso 1°, 434, 436 inciso 2°, 438, 440 y 474 del Código Penal, por los delitos previstos en el artículo 4° de Ley N° 20.000 o por los delitos que ésta sanciona con pena de crimen, por los delitos previstos en los artículos 8 a 17 de la Ley N° 17.798 y por los delitos previstos en la Ley N° 18.314, cualquiera sea el grado de ejecución del delito respectivo o el tipo de participación en él, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional sólo después que hubieren cumplido efectivamente tres cuartas partes de la pena impuesta”.
Artículo 3°: Respecto de los delitos aludidos en esta ley, en ningún caso se aplicará la imposición única de multa establecida en el inciso 2° del artículo 395 del Código Procesal Penal, ni procederá el ejercicio de la facultad de suspensión de imposición de condena autorizada por el artículo 398 del mismo cuerpo legal; cualquiera sea el grado de ejecución del delito respectivo o el tipo de participación en él.
Artículo Transitorio: Las disposiciones de esta ley sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.):Víctor Pérez Varela,Evelyn Matthei Fornet,Senador Senadora Juan Antonio Coloma Correa,Jaime Orpis Bouchon Senador Senador Pablo Longuiera Montes,Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (4346-11)
Honorable Senado:
LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
Han pasado casi treinta años desde que naciera el primer ser humano concebido fuera del cuerpo de una mujer. desde aquel lejano 1978, los llamados bebé de probeta han nacido por miles a lo largo del mundo. También en Chile desde hace más de veinte años se encuentra a disposición de médicos y parejas el uso de técnicas de reproducción humana asistida que utilizan la fertilización in vitro como uno de los pasos más complejos en el tratamiento de los problemas de infertilidad.
Más allá de las discusiones que en materia científica, filosófica o religiosa se dan respecto de los límites éticos que la manipulación de los embriones puede tener, o del estatuto moral que como sociedad le podemos o le debemos al fruto de la unión entre espermatozoides y óvulos humanos; aún en las sociedades con legislaciones más avanzadas, se reconoce la necesidad de establecer y consagrar límites legales a la manipulación de embriones humanos.
Creemos que resulta impostergable establecer las normas legales mínimas para el funcionamiento de los centros donde se realizan técnicas de fertilización humana asistida, y especialmente sobre la aplicación de las terapias que involucran fertilización in vitro y manipulación de embriones.
El presente proyecto recoge el esfuerzo legislativo que en la década pasada se intentó mediante un proyecto de ley que terminó siendo archivado (Bol. 1026-07). En este sentido, busca establecer algunas normas mínimas para el funcionamiento de los centros de fertilidad, denominándolos genéricamente Centros Médicos de Reproducción Humana Asistida. Al mismo tiempo consagra facultades para las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en tanto Autoridad Sanitaria a nivel regional; y para regular y controlar el funcionamiento de estos centros en el Ministerio de Salud, en tanto cabeza del sector salud, público y privado.
El proyecto establece los marcos mínimos que recogen principios reconocidos por la bioética a nivel mundial: la necesidad de consentimiento informado, el altruismo en las relaciones vinculadas a la donación de gametos, la protección del embrión humano, incluyendo la prohibición de experimentar con ellos o destruirlos. Este proyecto, junto con impedir que la criopreservación de embriones se siga masificando, resuelve la situación de los embriones que hoy se encuentran congelados, permitiendo una salida que respete el valor que ellos tienen.
Por último, se incorporan normas sobre sanciones, cuestión vital para que la ley tenga la fuerza obligatoria que la importancia de sus normas prohibitivas exigen.
Honorable Senado, resulta evidente la calidad de ley marco de este proyecto, pues la complejidad de las materias abordadas exceden con mucho lo que poco más de 10 artículos pueden regular de manera detallada. Este es un primer paso y, sin duda, ha sido el más difícil, pues en una sociedad plural y laica, la búsqueda y encuentro de consensos éticos es una meta que nos enfrenta a grandes desafíos. Sin duda quedan aún muchas áreas donde será necesario un pronunciamiento legislativo, la existencia de las pautas mínimas que se proponen, así como la existencia de una Comisión Nacional Bioética constituyen sólidos primeros peldaños a partir de los cuales seguir avanzando.
Por ello, en el ánimo de dar un marco legislativo en nuestro país a las técnicas de reproducción humana asistida, venimos en presentar la siguiente moción parlamentaria:
§ 1. Normas generales.
Artículo 1º.- La presente ley autoriza y establece normas que regulan las técnicas de reproducción humana asistida, entendidas como aquellas intervenciones de carácter artificial realizadas con el objeto de fecundar un óvulo humano por un espermio, también humano, con un fin procreativo, realizadas por un equipo especializado debidamente autorizado y acreditado.
El uso de las técnicas de reproducción humana asistida con fines distintos del procreativo queda prohibido.
Artículo 2º .- El uso de las técnicas de reproducción humana asistida deberá procurar siempre resguardar la vida y la salud del embrión humano, así como el que los hijos nacidos producto de estas técnicas lo hagan en un hogar constituido y estable, constituido por chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, que les brinde la oportunidad de tener un ambiente adecuado para su cabal desarrollo como persona.
§ 2. Del consentimiento Informado
Artículo 3º.- Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán aplicarse previo consentimiento libre, expreso e informado otorgado personalmente, y por separado, por las personas que se someterán a ella.
Dicho consentimiento deberá constar por escrito.
Sin perjuicio de lo anterior, dicho consentimiento deberá ser dado previa información por parte del prestador acerca de todos los aspectos involucrados en la aplicación de estas técnicas, en particular de las posibilidades de éxito y de fracaso y de los aspectos emocionales y psicológicos involucrados, así como las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la aplicación de estas técnicas y las referentes a formas alternativas de paternidad.
§ 3. De los Centros Médicos de Reproducción Humana Asistida.
Artículo 4º.- Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán aplicarse en los establecimientos que acrediten cumplir con las normas vigentes y las condiciones y requisitos establecidos por esta ley. Se denominarán Centros Médicos de Reproducción Humana Asistida (Centro Médico o CEMRHA), y para los efectos de obtener la autorización sanitaria expresa deberán demostrar la existencia de un equipo de salud especializado, acreditado de acuerdo al reglamento.
Se llevará un registro nacional de los establecimientos asistenciales en que se desarrollen técnicas de reproducción humana asistida.
La autorización sanitaria a que se refiere esta ley deberá ser renovada cada cinco años, sin perjuicio de lo cual la Autoridad Sanitaria, de oficio o previa solicitud de otras personas, instituciones u organismos, podrá fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas que les sean aplicables a los CEMRHA.
Sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Sanitaria, se deberá impartir y actualizar periódicamente las normas técnicas aplicables a los CEMRHA, así como las normas de calidad, manejo de la información, seguridad y demás que sean necesarias para asegurar la correcta aplicación de estas técnicas y la confidencialidad de la información que de ellas surge.
Artículo 5º.- Los CEMRHA en que se apliquen técnicas de reproducción humana asistida informarán anualmente a la autoridad sanitaria sobre los procedimientos utilizados, los médicos que participan en las técnicas, el número de casos atendidos y los resultados de éxito y de fracaso.
Sin perjuicio de lo anterior, los CEMRHA deberán estar adscritos a un comité de ética debidamente acreditado, para que conozca los dilemas o conflictos éticos que surjan con motivo de la utilización de las técnicas de reproducción asistida humana.
§ 4. De la utilización de gametos donados
Artículo 6º.- Los gametos femeninos y masculinos, deberán provenir de los miembros de la pareja. Sólo en el caso de ausencia de gametos o que éstos no sean útiles al fin reproductivo, se podrá recurrir a gametos de donantes.
Se prohíbe la celebración de cualquier acto jurídico que contenga la promesa o entrega a título oneroso de gametos humanos.
La utilización de gametos donados deberá ser consentida de manera específica por las personas que se someten al procedimiento, éste consentimiento deberá cumplir con los criterios y requisitos que se exigen al consentimiento informado indicado en el artículo anterior.
El consentimiento para la donación de gametos se presumirá por el hecho de la donación gratuita y altruista de gametos. Cuando la donación de gametos se efectúe a pareja determinada, el consentimiento del donante deberá constar por escrito, en él se deberá renunciar expresamente a la acción de reclamación de la paternidad o maternidad, en su caso, de la criatura que se conciba con ellos.
El consentimiento para la donación podrá ser revocado en la misma forma, lo que sólo producirá efectos respecto de los gametos que no hayan sido empleados con anterioridad. El revocante podrá solicitar del centro médico que le informe si han sido utilizados algunos de sus gametos en un procedimiento de reproducción humana asistida.
La información acerca de las personas que han donado gametos, así como la de la o las parejas que se hayan sometido a los procedimientos de fecundación humana asistida con gametos donados deberá ser mantenida de manera confidencial, si se mantiene bajo un sistema electrónico deberá encriptarse para su almacenamiento y posible traslado. Los CEMRHA que desarrollen estas terapias deberán mantener esta información actualizada y disponible para el ejercicio de las facultades de control que correspondan.
Artículo 7º.- Los CEMRHA deberá verificar que el donante no padezca enfermedades graves transmisibles, y conservará respecto de él la información clínica y los antecedentes genéticos que sean relevantes para prevenir y diagnosticar eventuales enfermedades en la criatura que se conciba, los cuales proporcionará al médico tratante. Si la fuente de los gametos donados es una institución distinta del propio Centro, éste deberá tomar los resguardos y seguros que correspondan para garantizar a las personas que dichos gametos han pasado por las pruebas correspondientes y que sobre ellos no pesa moratoria o recomendación de no uso.
Además, solamente usará en la fecundación gametos de un donante, y, si ella tuviere que efectuarse con gametos masculinos y femeninos donados, éstos deberán provenir de un solo donante de cada sexo.
Con la información que los CEMRHA están obligados a mantener a disposición, se deberá mantener un listado de donantes y la información acerca de los nacimientos exitosos a que ellos han dado origen. No se podrá utilizar gametos donados por una persona que ya ha dado origen a seis nacimientos.
Artículo 8º.- El acceso a la información vinculada a los donantes de gametos, parejas receptoras y criaturas nacidas deberá ser mantenida y procesada por una unidad especializada.
Por regla general esta información tendrá el carácter de reservada y será considerada dato sensible de acuerdo a lo indicado en la ley N°19.628, sin perjuicio del ejercicio de las facultades que la ley le señale a los organismos o servicios públicos, y la solicitud de información que requieran los Tribunales Ordinarios de Justicia para la resolución de un caso sometido a su conocimiento.
§5. De la Criopreservación de Embriones Humanos
Artículo 9º.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la técnica de criopreservación de embriones quedará prohibida. Respecto de aquellos embriones procreados y criopreservados previo a dicha entrada en vigencia, regirán las disposiciones siguientes:
a)Los CEMRHA que mantengan bancos de embriones criopreservados deberán informar al Ministerio de Salud, en el plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la presente ley, acerca de la cantidad de embriones que mantengan y la identidad de las parejas que se sometieron a las técnicas que dieron origen a ellos;
b)Las parejas que mantengan embriones criopreservados tendrán un plazo de cinco años para hacer uso de ellos, lapso después del cual los embriones serán de libre adopción por otras parejas. El procedimiento de adopción aplicable será el establecido en la ley N° 19.620, en lo que sea pertinente.
c)Dichos Centros no podrán destruir los embriones criopreservados, ni aun a pretexto de incumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por los integrantes de la pareja que les dio origen.
§6. De los efectos filiativos de la reproducción humana asistida.
Artículo 10º.- La filiación del niño nacido como consecuencia de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida de que trata esta ley se determinará de acuerdo con las normas que sobre la materia contenga el Código Civil.
§ 7. De las sanciones.
Artículo 11º.- Será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cien a quinientas unidades tributarias mensuales el que:
1º. Entregue, reciba o prometa entregar o recibir a título oneroso gametos o un embrión humano humanos;
2º. Criopreserve o destruya intencionalmente un embrión humano vivo. Con todo, respecto de los que a la entrada en vigencia de esta ley mantengan bancos de embriones criopreservados, se aplicará lo dispuesto en el artículo 9º;
3º. Haga experimentos genéticos en un embrión humano;
4º. Manipule un embrión humano con cualquier finalidad, que no sea la de mejorar las condiciones de salud del propio embrión;
5º. Manipule un embrión humano con la finalidad de discriminar por razones no médicas,
6º. Utilice un embrión humano para un fin distinto de la procreación,
7º. Produzca artificialmente híbridos, quimeras, divisiones gemelares o clones de seres humanos vivos o fallecidos.
8º. La mujer que se sometiere a la técnica con el propósito de que se desarrolle en su cuerpo un embrión que luego, como criatura nacida, sea entregada a título oneroso, a otra persona; así como aquél que la indujere directamente a consentir en ello y el que haya aceptado recibir el niño.
Si el infractor fuere un profesional médico o enfermera, será castigado, además, con la pena de suspensión en su grado medio a inhabilitación de profesión titular en su grado mínimo.
En caso de reincidencia o reiteración se aplicarán las penas asignadas al delito en su grado máximo.
Artículo 12º.- Los CEMRHA que apliquen técnicas de reproducción humana asistida sin contar con la autorización necesaria, que desarrollen técnicas no autorizadas, o que contravengan cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 7º y 8º, serán sancionados con multa de cien a mil unidades tributarias mensuales.
En caso de reiteración o de reincidencia en infracciones graves, se cancelará la autorización concedida al centro médico para aplicar técnicas de reproducción humana asistida.
Las sanciones establecidas en esta ley se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el Libro Décimo, "De los Procedimientos y Sanciones", del Código Sanitario.
Artículo final.-
Esta ley entrará en vigencia noventa días después de la publicación en el diario oficial.
Los centros e instituciones que a la fecha de entrada en vigencia de la ley desarrollaren técnicas de reproducción humana asistida tendrán un plazo de seis meses para obtener de la Autoridad Sanitaria la autorización a que se refiere esta ley.
La acreditación de los equipos de salud que intervengan en las técnicas de reproducción humana asistida se efectuará conforme a las normas y reglamentos, generales o particulares, que se impartan al efecto.
El Reglamento que establezca los requisitos y procedimientos de las técnicas de reproducción humana asistida que los CEMRHA podrán realizar de acuerdo a la autorización sanitaria que se les otorgue, deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de esta ley.
(Fdo.):Mariano Ruiz Esquide, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES RELATIVO A SUCESOS ACAECIDOS EN LA FRANJA DE GAZA(S 884-12)
Honorable Senado:
1.- Que la situación actual en el Oriente Medio es de preocupación mundial, particularmente los lamentables sucesos ocurridos en la Franja de Gaza en las últimas semanas.
2.- Que ante esos hechos hemos expresado desde todos los sectores, nuestra sentida preocupación por la espiral de violencia que se viene sucediendo en esta región y se han hecho llamados a las partes involucradas a asegurar la vida y la libertad de la población, lamentando la muerte de civiles inocentes y manifestando nuestra preocupación por las acciones de destrucción que se han desencadenado entre ambas partes.
3.- Reiteramos la permanente preocupación del Senado de Chile frente al conflicto del Medio Oriente, que encuentra su fundamento esencial en el apego irrestricto a las normas y principios del Derecho Internacional, particularmente aquellos relativos a la solución pacífica de las controversias; a la condena del uso o amenaza de la fuerza; y el cabal cumplimiento de las resoluciones de la ONU y de sus órganos dependientes.
4.- Que Chile, como país que promueve el respeto a los Derechos Humanos en todo el mundo, se preocupa de la situación de los civiles en las distintas zonas de conflicto.
5.- Que Chile, como signatario de los Convenios de Ginebra, y particularmente de la IV Convención de 1949, referente al trato de civiles en tiempos de guerra, no se puede mantener al margen de los actuales sucesos, especialmente preocupados por las graves consecuencias humanitarias que esta situación pueda traer para el futuro de la región.
El Senado de la República acuerda:
1.- Condenar toda acción que produzca terror en la población civil Palestina o Israelí, independiente de quien la produzca.
2.- Rechazar el secuestro del Cabo Gilad Shalit, como así mismo de otros dos soldados recientemente secuestrados en el Líbano y demandar su inmediata libertad por parte de sus captores y exigir el respeto a sus integridades.
3.- Rechazar la detención de Parlamentarios y Ministros Palestinos, hecho que impide el normal desenvolvimiento del Gobierno Palestino, por lo que demandamos su inmediata libertad.
4.- Solicitar al Gobierno de Chile, como signatario de la IV Convención de Ginebra, condenar las consecuencias directas sufridas por la población en ambos sectores de la confrontación.
5.- Solicitar al Gobierno participar en todas las iniciativas políticas multilaterales que permitan una salida pacífica al conflicto.
6.- Manifestar, como Senado de la República nuestra plena adhesión al principio de que el Derecho Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, son los únicos medios válidos para la solución de conflictos a escala internacional.
7.- Reiterar la posición del Gobierno de Chile, expresando el derecho a la existencia del Estado Palestino y la necesidad de que el Estado de Israel sea igualmente reconocido para que viva en fronteras pacíficas.
8.- Hacer llegar a la Cancillería y a los Embajadores de Palestina e Israel en Chile, nuestra preocupación por la actual situación que se vive en la Franja de Gaza.
(Fdo.): Alvear Valenzuela, Soledad; Bianchi Chelech, Carlos; Cantero Ojeda, Carlos; Escalona Medina, Camilo; García Ruminot, José; Gazmuri Mujica, Jaime; Girardi Lavín, Guido; Gómez Urrutia, José Antonio; Horvath Kiss, Antonio; Larraín Fernández, Hernán; Letelier Morel, Juan Pablo; Longueira Montes, Pablo; Muñoz Aburto, Pedro; Muñoz Barra, Roberto; Novoa Vásquez, Jovino; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Pérez Varela, Víctor; Pizarro Soto, Jorge; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín; Vásquez Úbeda, Guillermo; Zaldívar Larraín, Adolfo