Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
ORDEN DEL DÍA
-
INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
-
INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 27ª, en miércoles 17 de agosto de 2005
Especial
(De 12:43 a 14:4)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. ORDEN DEL DÍA:
Informe de Comisión Especial sobre seguridad ciudadana
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro de Educación y el señor Subsecretario del Interior .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:43, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
El señor ROMERO ( Presidente ).-
La presente sesión especial, convocada en virtud de lo dispuesto en el Nº 2º del artículo 67 del Reglamento, tiene por objeto ocuparse en el informe de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, que da cuenta del estudio efectuado en ese ámbito y formula recomendaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El Senado, con fecha 9 de septiembre de 2003, aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual se creó una Comisión Especial encargada de estudiar los distintos aspectos que inciden en el tema de la seguridad ciudadana y formular proposiciones al respecto.
Dicha Comisión quedó integrada por los Honorables señores Frei -quien fue elegido Presidente -, Cordero, Espina, Núñez y Stange.
En el informe pertinente, se deja constancia de haberse escuchado las opiniones de los señores Ministros del Interior y de Justicia; del señor Presidente de la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema; del señor Fiscal Nacional; del señor General Director de Carabineros ; del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , y de varios especialistas en materia de seguridad ciudadana.
Finalmente, la Comisión Especial efectúa diversas recomendaciones en torno a los siguientes nueve aspectos específicos:
1.- Creación de un Ministerio de Seguridad Pública que concentre todas las facultades que tienen hoy en este ámbito el Ministerio del Interior y otros organismos que actúan en la estructura del Estado.
2.- Establecimiento de un Centro de Información Estadística.
3.- Modernización policial.
4.- Prevención del delito.
5.- Participación del Poder Judicial y del Ministerio Público en forma coordinada con el Poder Ejecutivo .
6.- Establecimiento de políticas sociales y de seguridad ciudadana.
7.- Elaboración de un nuevo concepto de recintos carcelarios, donde se comprenda que son lugares de punición y también de rehabilitación.
8.- Establecimiento de una política de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad Pública, que se crearía, y rol de los medios de comunicación social en esta materia.
9.- Configuración de una visión integral del tema de la seguridad ciudadana desde el punto de vista legislativo.
El señor ROMERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, Senador señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , la relación del señor Secretario me ahorrará detalles respecto de la introducción a la materia.
Al iniciar su trabajo, atendida la naturaleza del tema, la Comisión acordó estudiarlo desde la perspectiva del interés nacional y sin tener presentes visiones partidarias o de otro tipo. En esa misma línea, consideró que el Senado debe aprovechar este esfuerzo para contribuir a la formulación de una política de Estado de largo plazo, más allá de los planteamientos particulares de cada sector.
Tal fue el espíritu con que se trabajó.
Agradezco la confianza de los Senadores señores Espina , Núñez , Stange y Cordero , quienes me nombraron Presidente de ese órgano.
Por otra parte, deseo destacar el aporte, además del de las autoridades ya señaladas por el señor Secretario , de distintos abogados que colaboraron con la Comisión: los señores Juan Pablo Hermosilla, José Antonio Gómez , Guillermo Pickering y Gonzalo Vargas (este último, de la Fundación Paz Ciudadana).
Además, cabe señalar que la Comisión tuvo en vista, como consta en el informe, la legislación comparada de Francia, España , Portugal , Italia , Colombia , Venezuela, Brasil y China .
Eso es con respecto a los antecedentes previos.
Entrando en materia, quiero decir que...
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador ?
El Subsecretario del Interior, don Jorge Correa, tiene mucho interés en participar en esta sesión, por lo que pido autorización para que pueda ingresar a la Sala.
--Se autoriza.
El señor ROMERO (Presidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Antes de referirme al temario, que fue la forma en que acotamos el trabajo -porque este asunto es tan extenso que no se podía abarcar completamente-, advierto que la Comisión no se detuvo mucho en los logros habidos en esta materia; más bien se preocupó de definir una política de Estado hacia el futuro. Por lo tanto, en ningún caso este informe constituye una crítica a las políticas actuales y a los avances que se han logrado, especialmente con la reforma procesal penal y otros mecanismos.
Como muestra la presentación en PowerPoint en que me apoyaré, el temario habla por sí mismo:
-Presentación del problema.
-Alternativas institucionales. Creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana.
-Establecimiento de un Centro de Información Estadística.
-Modernización Policial.
-Prevención del delito.
-Participación del Ministerio Público y del Poder Judicial.
-Políticas sociales y seguridad ciudadana.
-Recintos penitenciarios y rehabilitación.
-Políticas de seguridad y comunicación social.
-Otros ajustes.
Presentación del problema
La criminalidad es un problema de toda la sociedad. La criminalidad cero no existe ni ha existido nunca. Sin embargo, lo "nuevo" y apremiante es lo siguiente:
-El incremento de las tasas de criminalidad, a pesar de que en las últimas estadísticas las cifras tienden a estabilizarse.
-La característica estructural y no estacional de ese aumento.
-La mayor peligrosidad asociada a la comisión de algunos delitos.
-La sensación de inseguridad en la población.
-La relación de causalidad que se observa entre el incremento de la delincuencia, el alcoholismo y el narcotráfico.
-La impunidad de los delincuentes peligrosos derivada de las dificultades del "sistema" para enfrentar el problema con eficacia y rapidez.
Al respecto, la Comisión tuvo en cuenta sobre todo la situación mirada desde el punto de vista de las víctimas, que es una de las críticas que se han hecho muchas veces a la reforma procesal penal, de preocuparse más de los inculpados, de los delincuentes, que de los ofendidos. Por eso, en el trabajo de la Comisión también estuvo muy presente la perspectiva de los afectados.
-La mayor vulnerabilidad de la población derivada, entre otras razones, de la alta concentración urbana, de la falta de participación de los padres en el sistema educativo, del desempleo juvenil con características estructurales, de la masificación del microtráfico y de los elevados niveles de alcoholismo y violencia intrafamiliar que presenta la sociedad chilena.
Es fundamental asumir que se está en presencia de un problema político relevante y permanente y no sólo de una simple cuestión de orden policial o de un fenómeno sociológico normal y casi inevitable. Por eso, se debe evitar la tendencia a minimizar un hecho, como también su exageración, muchas veces con fines electorales.
Por otra parte, conviene tener presente que la indiferencia y el miedo son importantes aliados de la delincuencia. En este sentido, una estrategia y un plan integral deben estar respaldados por un amplio consenso nacional, con estabilidad en el tiempo, evitando la típica conducta consistente en cambiar de política cada vez que se renuevan las autoridades.
A juicio de la Comisión, es indispensable asumir el problema en su verdadera magnitud. Por ello, es necesario disponer de información sólida, inobjetable y que aporte antecedentes útiles respecto de aquellos a quienes les asiste responsabilidad en la materia. No son suficientes los datos sobre el número de denuncias y detenidos, sino que se requiere mayor y mejor información. Además, los niveles de accesibilidad a la misma pueden estar diferenciados.
No me referiré a cada uno de los puntos, porque sería imposible hacerlo, sino que sólo destacaré algunos.
Claramente, el Gobierno tiene la primera responsabilidad en la conducción de las políticas.
La tarea no es sólo de él, sino de toda la sociedad. Éste es un asunto complejo, transversal, multidisciplinario. Por lo tanto, son muy importantes las responsabilidades de los Poderes del Estado, de los medios de comunicación, de las organizaciones territoriales y de cada uno de los chilenos. Debe haber una alianza contra la delincuencia que involucre a todos, con roles y tareas concretas.
Otro aspecto relevante es el control de la gestión. Sobre el particular, resulta conveniente que las distintas autoridades responsables (políticas, judiciales, policiales, comunales) sean objeto de evaluaciones periódicas y públicas acerca de los avances logrados, así como también de los errores e insuficiencias. Dichas evaluaciones tienen que ser externas y no las deben realizar las mismas instituciones, por cuanto ello imposibilita saber en concreto la verdad.
Como conclusión de la presentación del problema, puedo afirmar que faltan una autoridad y un ministerio cuya tarea principal y exclusiva sea la seguridad pública. Es decir, un poder coordinador.
Alternativas institucionales
La actual institucionalidad no permite resolver adecuadamente el incremento de la criminalidad; faltan una autoridad y un ministerio con dedicación exclusiva y poderes intersectoriales; se observa descoordinación entre autoridades, ministerios, Poderes del Estado y programas sociales enfocados al asunto, como también una relación competitiva entre instituciones, inexistencia de sistemas de evaluación de resultados, discontinuidad en las políticas y en los programas. Más de cuatro ministerios y sobre veinte instituciones estatales participan y trabajan en el tema de la seguridad ciudadana.
El Ministerio del Interior, que en la gran mayoría de los países analizados concentra las tareas de seguridad, tiene en Chile un ámbito y un rol distintos. Fuera de sus labores relacionadas con la administración regional y provincial, las elecciones y las emergencias, ha sido históricamente una Cartera que desarrolla un papel político. Además, su titular es Vicepresidente de la República y articulador político de las acciones del Gobierno, lo que le impide una dedicación preferente y exclusiva en materia de seguridad ciudadana como se requiere hoy día en el mundo.
Asimismo, cabe destacar que las Policías están a cargo del Ministerio de Defensa, cuya prioridad son las Fuerzas Armadas y la seguridad externa del país, y que numerosas instituciones y autoridades dependen de diversos organismos ministeriales, las cuales no reportan ni se subordinan a una política de seguridad ciudadana de carácter intersectorial.
Al respecto, me referiré al caso del Servicio Médico Legal, que en la Comisión generó una larga reunión con casi todo su personal.
En la actualidad, el nuevo sistema procesal penal necesita contar de manera urgente con exámenes para acreditar violaciones y delitos sexuales, ya que los fiscales no pueden actuar si su realización demora cinco o seis meses, pues, transcurrido ese lapso, no existe ninguna prueba concreta. Para que la haya, aquéllos deben efectuarse sobre la marcha.
Además, el Servicio Médico Legal depende del Ministerio de Salud y no tiene relación alguna con las fiscalías ni con la Cartera de Justicia.
¿Qué ocurre en el hecho? Que se están externalizando los servicios. No se trata de elevar al cubo al Servicio Médico Legal, porque como estructura, como dependencia, ya no funciona más y debe adecuarse a la nueva organización del sistema judicial chileno.
En consecuencia, mientras no se solucione lo anterior, los fiscales seguirán externalizando los servicios y buscando personal especializado, puesto que, además, deben acudir a los juicios orales a defender su investigación.
Aparte el caso que mencioné, existen otras instituciones que tampoco están respondiendo a las necesidades del sistema.
Otro asunto que a juicio de la Comisión resulta fundamental apunta al hecho de que hoy día no existen criterios tendientes a focalizar el gasto social en materia de seguridad ciudadana, lo cual impide concentrar programas y recursos para este fin.
Hay organismos que necesitan reorientarse hacia ese quehacer; por ejemplo, la recién creada Agencia de Inteligencia.
Por su parte, el Poder Judicial no se relaciona con las políticas de seguridad ciudadana; ni siquiera sus territorios jurisdiccionales coinciden con los de las comunas y comisarías policiales. Más adelante aludiré a este aspecto, que resulta vital.
De su lado, las autoridades regionales, provinciales y comunales no tienen rol ni poder en materia de seguridad ciudadana. Siempre decimos que es necesario entregar poder a los municipios, pero ni a las autoridades regionales, ni a las comunales, ni a las provinciales corresponde algún tipo de decisión en tal sentido.
Por último, y como conclusión de lo señalado, está la baja participación de la comunidad.
En consecuencia, la Comisión descartó al Ministerio del Interior como ente coordinador y propuso -felizmente, esto se aprobó en la reforma de ayer- un Ministerio de Seguridad Pública que concentre todas las facultades que en materia de seguridad pública tiene hoy aquella Cartera y otros organismos dispersos dentro de la estructura del Estado. Así, todas las funciones y responsabilidades quedarán radicadas en un solo ente.
Para tal efecto, se plantea una reorientación y traspasar al Ministerio de Seguridad Pública, por una parte, la Agencia de Inteligencia, el CONACE, de Gendarmería, el Servicio Médico Legal y otros organismos, y por otra, la dependencia de las Policías.
Además, nos parece relevante la creación de una estructura de seguridad a nivel territorial, porque el problema no es sólo de Santiago, sino de todo el país. Por eso, se propone crear trece cargos regionales cuya tarea sea la seguridad pública en cada Región.
En ese sentido, en la Comisión discutimos, por ejemplo, lo relacionado con los gobernadores, quienes en las cabeceras regionales prácticamente duplican la función del intendente. Por lo tanto, esas gobernaciones se podrían transformar y encargarse de la seguridad pública en cada una de las Regiones.
¿Qué estamos demostrando con eso? Que no hay un aumento del gasto fiscal, sino un rediseño de funciones y un uso más apropiado de los recursos existentes.
También se consideró algo relacionado con la responsabilidad de las municipalidades en cuanto a la seguridad comunal. Es lo mismo que señalé antes. Si los señores Senadores lo desean, pueden ver en detalle ese aspecto.
Asimismo, se contempla la reasignación de fondos como consecuencia de esta racionalización institucional, evitando así las actuales duplicaciones de recursos.
La Comisión abordó igualmente otro punto fundamental: el de la información. Al efecto, la propuesta concreta es crear un Centro Especializado de Información Estadística y Análisis. En un principio habíamos pensado en el INE. Puede depender de él, pero tiene que ser un centro especializado. Aquí no se trata sólo de recabar antecedentes y de tener buena información; es preciso analizar los datos en forma cruzada.
Por lo tanto, proponemos estadísticas bimensuales; encuestas periódicas de victimización, y desarrollar el sistema de información georreferenciado -se inició hace siete u ocho años- en las cincuenta comunas con mayores tasas de denuncias.
Ese sistema debe ser controlado por las autoridades del Ministerio de Seguridad, y no como ocurre actualmente, en que lo usan las policías -como debe ser-, pero, por carecerse de un control superior, no se conocen los resultados.
Otros puntos que a este respecto nos parecen claves consisten en elaborar con el Poder Judicial un programa de seguimiento de causas en tribunales; cruzar datos de detenciones, ingresos y egresos de Gendarmería -ya hemos visto lo que ha pasado en estos días-, y otorgamiento de libertades provisionales o medidas cautelares.
La gran mayoría de los delincuentes más peligrosos son reincidentes. Esta información tendría que estar prácticamente en todas las comisarías. No se trata de llevar un detalle de la generalidad de las personas, pero sí de las más peligrosas. Es conveniente que el sistema georreferenciado esté en cada una de las comisarías, para lo cual basta un procedimiento muy simple.
También creemos necesario contar con información sobre reincidencia y peligrosidad de los delincuentes -tampoco existe- y cruzar datos de criminalidad con programas sociales (habitacionales, deportivos, de ayuda a organizaciones comunitarias y territoriales).
No voy a detallar cada una de las propuestas -ello sería bastante extenso-, porque los miembros de la Comisión también quieren entregar sus aportes.
A nuestro juicio, resulta necesario cruzar datos de criminalidad con antecedentes sobre narcotráfico y con la masificación espacial del microtráfico, al igual que desarrollar convenios con universidades -nos parece fundamental-, a fin de profundizar el análisis del fenómeno delictivo.
Igualmente, es menester crear la unidad de estudios para manejar toda la información. Primero ella estaría radicada en la Cartera del Interior, y después, en el Ministerio de Seguridad.
Otro punto esencial es que la información debe ser pública, aunque con diferentes grados de accesibilidad.
En cuanto a la modernización policial, cabe destacar la necesidad de evitar duplicidades; eliminar de manera efectiva las funciones no operativas de Carabineros; reforzar las plantas de las unidades encargadas de cumplir los requerimientos periciales de los tribunales y fiscalías; llevar indicadores de gestión -eso es fundamental-, y evaluar las actuales modalidades de los servicios policiales en función de la información sobre delincuencia.
Hace algún tiempo Carabineros cambió el sistema de turnos, pero lo hizo en función del mejor desarrollo de la Institución, sin considerar las horas de mayor ocurrencia de delitos. Hoy la información no está cruzada ni se conoce.
Por otro lado, se hacen inversiones importantes, como las de la ruta 5, donde se han instalado -todos lo podemos apreciar- diversos cuarteles, los que, pese a significar un ingente gasto, pasan vacíos las 24 horas del día. Con los recursos empleados se podrían haber cubierto las necesidades de las comunas más conflictivas. O sea, hay que priorizar las cosas y tener una cabeza que sea capaz de tomar tal tipo de decisiones.
La coincidencia territorial entre comunas, juzgados y comisarías es un problema no resuelto. Normalmente se ha tendido a que las comisarías coincidan con las comunas, pero no con los juzgados, sin que haya una autoridad capaz de producir la unión.
Es indispensable que, frente a funciones críticas, exista una estructura de remuneraciones con incentivos colectivos por comisaría e individuales por reducción de la criminalidad. -Qué queremos decir con esto? Que muchas veces los incentivos se otorgan a la gente que se va a regiones extremas, por ejemplo, y no al que está en la calle enfrentando el delito, que es quien debería recibir mayores beneficios.
Como es obvio, debiera crearse un seguro de vida por riesgo, de cargo estatal.
También resulta imprescindible establecer la obligación de rendir cuenta, en materia de seguridad ciudadana, ante autoridades del Ministerio de Seguridad, así como de informar a los consejos regionales y a los concejos comunales. Es la única manera de que la ciudadanía esté informada y sea partícipe de las decisiones.
Por último, es necesario estudiar las plantas y determinar una dotación adecuada.
En lo relativo al control preventivo, cabe recomendar, en primer lugar, el fortalecimiento del Plan Cuadrante. ¿Cuál ha sido la experiencia en éste, según el informe de Carabineros? En los lugares donde hay estabilidad y ha actuado todo el personal, incluso con equipos adecuados, ese control ha funcionado. ¿Pero, qué pasa? Ese mismo personal es ocupado para las emergencias. El día que hay un partido de fútbol, un evento importante o un accidente, sacan efectivos del Plan Cuadrante. Por lo tanto, éste funciona esencialmente sobre la base de la información entregada por los vecinos a la autoridad que se encuentra próxima. Dicho Plan se maneja de esa manera y con equipos elementales.
La evaluación periódica y pública por cuadrantes debe ser externa, debiendo reiterarse el aspecto jurisdiccional, que nos parece vital.
El perfeccionamiento del mecanismo de control de identidad y el otorgar facultades para retener personas cuando hay órdenes de detención pendientes, quebrantamiento de medidas cautelares o libertad provisional, y, en casos calificados, cuando pueda presumirse la comisión de un delito son medidas necesarias que deben analizarse. Existen hoy las tecnologías para hacerlo en forma rápida y eficiente.
También cabría recomendar el empleo de equipos de informática en todos los vehículos policiales, para entregar información sobre antecedentes penales, órdenes de aprehensión y libertades provisionales o condicionales. En esto podría avanzarse paulatinamente, definiendo primero cuáles son los lugares más peligrosos.
La utilización del sistema georreferencial nos parece esencial.
Ahora que se está hablando de nuevos planes para el transporte público, es indispensable abordar un plan de seguridad ciudadana en ese ámbito.
También creemos conveniente implementar un procedimiento especial contra el microtráfico, así como el control diario en unidades policiales de las medidas cautelares, especialmente en casos de reincidencia en delitos de mayor peligrosidad, con la facultad de detener si hay incumplimiento de la obligación impuesta.
Eso se puede hacer perfectamente hoy en día gracias a la tecnología. Se trata de identificar a los delincuentes más peligrosos, reincidentes y de imponerles la obligación de presentarse cada determinado número de días en una comisaría donde se tenga toda la información a mano.
En lo relativo a la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, recibimos a un Ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional.
¿Qué decimos? Que es preciso asignar legalmente al Ministerio Público un rol en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. Sobre eso no hay una clara definición en la actualidad. Fue propuesto por el Ministerio Público. El señor Fiscal Nacional lo señaló claramente.
También resulta conveniente alcanzar mayores grados de coordinación entre el Poder Judicial , el Ministerio Público y el Ejecutivo . Debe haber una revisión conjunta de los Poderes del Estado sobre la eficacia de las medidas adoptadas y las rectificaciones que sean necesarias.
Se analizó el caso, por ejemplo, del uso de celulares en las cárceles. A la policía le sirve para controlar y detectar llamados; pero los aparatos de comunicación permiten a los delincuentes manejar desde dentro las redes delictuales externas. Hay distintas opiniones al respecto en las policías. O sea, volvemos a la idea central: aquí tiene que existir una coordinación; si no, cada servicio hace las cosas a su pinta y conforme a su mejor saber y entender.
Con relación a las políticas sociales y a la seguridad ciudadana, creemos fundamental incluir un criterio nuevo de aprobación de los proyectos sociales y evaluar todos los programas existentes a la luz del enfoque de rectificaciones y orientaciones.
Desde otro ángulo, el papel de CHILEDEPORTES en materia de seguridad no se conoce.
Otros puntos dentro del mismo rubro son: revisión y modificación a la ley de violencia en los estadios y creación de planes de empleo. Respecto de esto último, sabemos que la mayor vulnerabilidad se sitúa entre los 18 y los 26 años de edad y que los delincuentes peligrosos son hoy menores de 18. Por lo tanto, los planes de empleo debieran estar dirigidos precisamente a esos sectores.
Cabe destacar, asimismo, la necesidad de identificar zonas vulnerables y focalizar programas especiales; hacer campañas de información, y asignar un rol a los municipios en la prevención y en la seguridad ciudadana. Nos parece elemental que ellos participen activamente. De lo contrario resulta difícil trabajar en cada una de las comunas.
Es necesario, igualmente, referirse a la participación de la comunidad en la recuperación de espacios públicos y al rol de los apoderados y la comunidad organizada en el sistema educativo, los cuales hoy en día tienen muy poca significación.
En cuanto a los recintos de reclusión y de rehabilitación, aconsejamos revisar la política penitenciaria y los recursos que se destinan en esta materia.
Lógicamente, se tomó en cuenta que en los últimos años se está haciendo una gran inversión en materia de recintos carcelarios: pero hay que avanzar en el tema de la rehabilitación y del diseño de programas con esa orientación.
Otros rubros dignos de mención son: información pública sobre estadísticas de rehabilitación y evaluación periódica de los programas, metodologías, procedimientos, resultados y seguimientos de ellos; mayores recursos a los programas de CONACE. Y hay una proposición novedosa: estudiar un subsidio a la contratación de personas con antecedentes penales, a fin de evitar que gente que sale de la cárcel y que jamás encuentra trabajo vuelva a delinquir.
En cuanto a la política de seguridad y de comunicación social, se debe centralizar la vocería, difusión y comunicación en el Ministerio de Seguridad; propiciar un debate público sobre cómo los medios de comunicación social pueden contribuir a afianzar una política de seguridad ciudadana, y valorar debidamente los estudios del Consejo Nacional de Televisión referentes a los contenidos de violencia en los distintos géneros y programas televisivos.
Por último, se hizo una evaluación de la reforma procesal penal. Y, como consecuencia de ella, resulta necesario tener una visión integral acerca de la seguridad desde el punto de vista legislativo, así como también de los perfeccionamientos introducidos a esa reforma y de la revisión de otros cambios en la ley, los que muchas veces no son apreciados con sentido global.
En lo relativo a las libertades provisionales y a las medidas cautelares, es preciso examinar cuidadosamente lo atinente a la reincidencia.
Por último, en esta parte, se planteó la conveniencia de readecuar la legislación sobre violencia en los estadios, a partir de la experiencia práctica.
El trabajo realizado por la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana se consigna en el informe entregado a los señores Senadores. Nos parece que es una materia relevante. Una vez que la Sala haya escuchado a los integrantes de aquel órgano y a los Senadores que deseen participar en el debate, ojalá se acuerde entregar nuestra propuesta a las autoridades de Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Fiscal Nacional, a la Corte Suprema, y también a los candidatos presidenciales, de manera que a partir del próximo período presidencial se inicie un trabajo de envergadura para enfrentar un problema que preocupa a la mayoría de los chilenos.
Agradezco el tiempo que se me ha otorgado para informar, como asimismo la confianza de los miembros de la Comisión al elegirme como su Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Muchas gracias por su informe, señor Senador.
Interpretando el sentir de la Sala, se hará llegar tal documento a las autoridades indicadas, en nombre del Senado y de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , quiero saber si es posible obtener una copia de las láminas utilizadas por el Senador señor Frei, además del informe.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se van a distribuir.
El señor FREI (don Eduardo).-
Ahí están.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se les sacará copia, que se repartirán a los señores Senadores.
Están inscritos a continuación la Honorable señora Frei y los Senadores señores Ríos, Núñez, Arancibia, Espina, Silva, Stange y Prokurica. Como quedan 48 minutos de sesión, corresponden seis a cada uno.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , junto con valorar como algo muy importante el aporte de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, estimo que debemos abordar el asunto desde otro punto de vista, pues en materia de prevención es donde tiene que realizarse un gran esfuerzo.
En cuanto al control de la delincuencia, no obstante que se gastan alrededor de 700 mil millones de pesos, no estamos enfrentando la causa del problema. Es decir, por qué se producen los delitos y cómo se puede revertir el proceso, para no tener que invertir posteriormente en atacarlos.
Por eso, es necesario identificar los diversos factores de riesgo asociados a quienes incurren en la comisión de conductas transgresoras. Todos sabemos que las familias disfuncionales, el abandono, la deserción escolar, el desempleo juvenil, los fuertes niveles de adicción y los problemas de salud mental son sólo algunos aspectos del asunto.
Estimamos que hoy no sólo existen buenas prácticas de tratamiento, sino que también se puede identificar a la parte de la población que estará más expuesta a sufrirlos. Cerca del tres por ciento de la población infanto-juvenil desarrollará y persistirá en comportamientos transgresores.
Pero hay una buena noticia al respecto: el 97 por ciento de nuestros jóvenes pueden desarrollarse sanamente. Muchas niñas y niños logran sobrevivir y superar el ambiente adverso en que les ha tocado crecer. Pese a ello, debemos poner énfasis en instituciones que logran prevenir este mal de nuestra sociedad.
La Fundación Paternitas, creada en 1991 por el padre Nicolás Vial y por Monseñor Carlos Oviedo Cavada , trabaja con los sectores más expuestos socialmente y se preocupa en especial de los hijos de infractores de la ley -o sea, de quienes están en las cárceles, de los reclusos y reclusas-, menores que son estigmatizados y abandonados y que no cuentan con el apoyo de nadie. Muchos de ellos son desertores escolares, con fuertes problemas de salud mental. El 84 por ciento de los atendidos en esa institución presentan alguna falla psíquica -al respecto, considero sumamente novedoso el estudio de la mente y del aspecto neurológico de eventuales delincuentes-, no obstante lo cual el 90 por ciento de los egresados del mencionado establecimiento lo han hecho en forma exitosa.
También se ha trabajado con las familias sobre las disfuncionalidades psiquiátricas. Es necesario tener presente que muchos de los menores fueron concebidos por padres adictos y madres que durante su embarazo consumieron drogas o sufrieron agresiones.
Se trata en definitiva de romper con el círculo de la delincuencia que los rodea y que determina que más del 50 por ciento de los hijos de reclusos sigan los pasos de sus padres. Nueve de cada diez presos tienen hijos menores de edad. Entonces, la delincuencia del futuro será en gran medida la consecuencia de la droga, ya que las condiciones sociales los impulsa a ella.
En mi concepto, el país debe realizar una fuerte inversión en materia de prevención a la hora de abordar la problemática delictiva. ¿Cuánto más rentables podrían ser los recursos invertidos en niños y jóvenes con daños cerebrales recuperables que mantener en la cárcel a cada uno de los más de 38 mil reclusos existentes? En muchos de ellos hay gérmenes socio-sicológicos que debemos prevenir a tiempo.
Por eso, señor Presidente , quiero poner énfasis en la prevención y, en especial, en la inversión en salud mental de muchos niños y niñas que sufren graves problemas neurológicos por los efectos de la droga, el alcoholismo, la desnutrición y la falta de cariño.
No invertir ahora en la salud mental -me parece que el problema es de una gravedad importante y que el país debe asumirlo- ni tampoco en la superación de los daños cerebrales de tantos niños y niñas hará que Chile en el futuro pague la falta de capacidad de control de los impulsos a la violencia por inmadurez neurológica.
Tenemos mucho que aprender de la Fundación Peternitas -debemos prestarle nuestra ayuda- en el campo de la prevención del delito.
En ese sentido, comparto la visión de la Comisión en cuanto a que de alguna manera tenemos que aunar pareceres en lo que es el control de la delincuencia y su prevención, aspecto este último en el que quiero insistir en esta oportunidad. Porque aunque el país invierta mucho en castigar, en ampliar las cárceles y en aumentar la dotación de Carabineros, no se ha preocupado de tener al respecto una política nacional.
El Ministerio del ramo deberá hacer un gran esfuerzo en la salud mental de los jóvenes que hoy padecen disfunciones familiares, las cuales los arrastran a las drogas y a la violencia.
Es impresionante observar los gráficos del cerebro de niños que sufren todo tipo de alteraciones como consecuencia del maltrato que reciben. En ellos -como pueden apreciar Sus Señorías-, la zona verde representa lo que debería tener cada persona en su cerebro. Las disfunciones, que aparecen con color distinto, pueden ser mejoradas en 90 por ciento. Pero ésta es una materia que no hemos estudiado ni asumido como corresponde.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos por seis minutos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , nos encontramos frente a un problema que reviste enorme trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, por cuanto la delincuencia y la seguridad ciudadana terminan siendo sólo una parte de un conjunto de otras situaciones sociales que ameritan un análisis mucho más profundo.
Por tal motivo, junto con recoger las opiniones globales y después de una rápida lectura del informe de la Comisión que presidió el Honorable señor Frei , debo señalar que comparto muchas de las inquietudes consignadas en tal documento y que me llaman la atención otras tantas, como la desvinculación de las autoridades y las descoordinaciones que se observan, lo que realmente impresiona. Pero estimo que todo ello es tan sólo una parte de los análisis que deberemos hacer en profundidad sobre la materia.
Vamos a discutir sobre el tema de la seguridad ciudadana y la criminalidad en una sociedad donde el 40 por ciento de los niños está naciendo fuera del matrimonio. No sé si hay otro país con estas características. Ignoro si existe hoy otra nación en América Latina o en el mundo occidental en que el 40 por ciento de los niños nazca en esas condiciones.
Estamos hablando de un país donde 580 mil compatriotas reconocen haber consumido droga el año pasado. De ellos, 180 mil manifiestan ser consumidores habituales, es decir, drogadictos. Esto constituye más del uno por ciento de la población, lo que significa que Chile es un país adicto, desde el punto de vista de las opiniones internacionales o de las formas de organización de las distintas sociedades.
El llamado "arte cinematográfico chileno" es una suma de sensualidad extrema, violencia, droga, soledad, destrucción de la familia. El Estado se ha encargado permanentemente de financiar esta expresión artística, para beneficio de unos pocos y para la destrucción del resto de la sociedad.
Los líderes naturales del país, sus líderes políticos, según las últimas encuestas, se encuentran en el nivel más bajo de éstas. Una sociedad que ubica a sus mujeres y hombres públicos en los últimos lugares en cuanto a jerarquía, responsabilidad, seriedad, función ejecutiva, da cuenta de que existe también un desencanto muy profundo.
Nos referimos a una sociedad con 1.250.000 personas que viven en la extrema pobreza, que no entiende por qué todavía ésta se mantiene. Han bajado los niveles de pobreza, pero la extrema pobreza permanece incólume, con situaciones dramáticas.
Señor Presidente , la solución no consiste sólo en aumentar nuestras policías u organizarlas mejor, sino fundamentalmente en hacer entender a la comunidad entera que son responsabilidad de ella, y no de otros, la seguridad ciudadana y el cuidado de sus principios y valores. Una sociedad sin principios ni valores tampoco tiene sentido de futuro en su existencia.
Y observo que en nuestro país, en una proporción importante, los principios y valores se han ido marginando. Se han ido relegando las responsabilidades sociales, la responsabilidad de los padres sobre los hijos. Resulta impresionante, sobre todo en los niveles más modestos, el que siempre se entregue al Estado toda la responsabilidad, incluyendo la entretención de los hijos. Cada vez que recorremos las poblaciones más modestas de nuestras circunscripciones, de nuestras ciudades, podemos apreciar que la madre o el padre asume el papel de Poncio Pilatos. En Chile estamos llenos de Poncio Pilatos. Así, se dan respuestas como: "Es que la municipalidad no me ha hecho esto", "Es que no hay cancha deportiva", "¡Qué quieren que haga, si mi niño sale y no tiene nada que hacer".
¡La irresponsabilidad de las madres y de los padres en esa materia es impresionante!
La Comisión de Salud del Senado conoció un estudio que se hizo sobre la base de siete preguntas: 1) ¿Dónde está mi hijo?; 2) ¿Conozco a los amigos de mi hijo?; 3) ¿Sé cuáles son las horas de salida y regreso de mi hijo?; 4) ¿Me preocupo por la educación de mi hijo?; 5) ¿Hay disciplina en el colegio?; 6) ¿Los profesores se preocupan de mi hijo?, y 7) Quienes tienen origen cristiano, ¿van a culto o a misa?
Las personas que contestaron afirmativamente esas siete preguntas habían construido un muro espectacular de defensa en torno a sus hijos. Se trataba de la sociedad, de la familia.
Me referiré a una experiencia registrada en una población bastante grande de la ciudad de Los Ángeles. Sus habitantes, aburridos de la delincuencia, se organizaron y compraron silbatos, uno para cada casa. Así, cuando en la población merodean personas desconocidas, con aspecto negativo -de pronto pueden pagar justos por pecadores-, aquéllos comienzan a sonar. Esto se encuentra funcionando desde hace cinco meses, y el resultado es que hoy existe cero delincuencia. Los carabineros están agradecidos. Y ahora las demás juntas de vecinos están haciendo lo mismo, pues para las fuerzas policiales fue imposible mantener una acción preventiva al respecto.
En Chile, cerca de 3.500.000 personas concurren cada día a un templo católico o evangélico. Y los líderes espirituales no demuestran preocupación por el tema ahora en análisis. Está bien que las necesidades de tales principios y valores se expresen desde el punto de vista religioso. Pero estos aspectos religiosos no están al margen de las cosas del mundo, de las que corresponden al César, a la sociedad, como son las cuestiones físicas, la situación económica.
Hay un conjunto de elementos -y con esto termino, señor Presidente - que faltan en el referido informe, los cuales representan la acción de toda la sociedad. Y si no logramos su incorporación, la verdad es que no tendremos éxito en la consecución de los objetivos señalados.
He dicho.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra por seis minutos el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , sólo deseo complementar la información -a mi juicio, ha sido bastante precisa- entregada por la Comisión que encabezó el Senador señor Frei .
Tengo la impresión, en primer lugar, de que sería muy bueno que dicho organismo pudiera continuar laborando -tal vez, entregándole algún tipo de orientación diferente- en una materia particularmente compleja en una sociedad como la nuestra y en la sociedad contemporánea en su conjunto.
Quiero hacer siete observaciones al citado informe que me parecen importantes, algunas de las cuales ya fueron resaltadas por el Presidente de la Comisión Especial.
La primera de ellas es de carácter muy general.
En un primer debate sostenido en dicho organismo analizamos el tema de la delincuencia, su propia naturaleza, y llegamos a la conclusión de que ella es, quizás, uno de los factores más limitantes de la libertad. Un país con mucha delincuencia tiene menos libertad. A mayor delincuencia, mayor restricción de uno de los derechos fundamentales instituido no sólo en nuestra Carta Fundamental sino en la vida moderna: la libertad. Y, en consecuencia, creemos que combatir la delincuencia es aumentar los grados de libertad en la sociedad actual.
Por cierto que la materia que luego nos preocupó de manera especial fue cómo se combate hoy la delincuencia respetando los derechos humanos, que también representan un logro, un bien de la Humanidad en su conjunto y, particularmente, en nuestro propio país.
En definitiva, el problema radica en cómo compatibilizamos la lucha contra la delincuencia con el respeto a los derechos humanos.
La segunda observación -como muy bien señaló el Presidente de la Comisión- se refiere al tema de la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana. El asunto lo debatimos durante varias sesiones -de las muchas que tuvimos- en dicho organismo técnico. Entiendo que sobre el particular existan aprensiones, y en particular en el Ejecutivo . Sin embargo, esto se encuentra dentro del ámbito de lo que podría denominarse "modernización de la actual estructura pública" para enfrentar temas nuevos -más acuciantes que lo anteriores- como el de la seguridad ciudadana.
En tal sentido, creo que hay una sola opinión: es básico y central contar con un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que sea muy distinto del actual Ministerio del Interior. Dicha Cartera de Estado, desde la Constitución de 1833 y de 1925 y, por cierto, de la de 1980 -recién modificada-, es básicamente la misma, no ha cambiado de carácter. El Ministro del Interior tiene una cantidad importante de atribuciones, algunas de las cuales por cierto lo sobrepasan. Y el asunto de la seguridad ciudadana -no digo que haya sobrepasado a ninguno de nuestros actuales Secretarios de Estado, ni a los anteriores- se ha ido especializando y hoy en día el Subsecretario del Interior es quien ejerce una suerte de ministerio de la seguridad ciudadana. En definitiva, se trata de algo que se encuentra en los hechos, y como tal deberíamos introducirlo en la Carta Fundamental o en las disposiciones legales correspondientes.
El Presidente de la Comisión Especial también se refirió a la necesidad de contar con un sistema unificado de justicia criminal en el país. Existen demasiadas instancias, demasiados organismos, hoy preocupados del tema.
Al respecto, observamos que en Chile, dada la diversidad étnica, cultural, geográfica, no prevalece en todas las Regiones el mismo tipo de delitos; o en otros términos, es muy distinto el tipo de delincuencia que se da en Chiloé del que se puede presentar en la Región de Antofagasta.
En consecuencia, deberíamos descentralizar las funciones del citado Ministerio que se crea, mediante la entrega de los mecanismos necesarios a los gobernadores -como ya se dijo-, a los intendentes y a las municipalidades. Actualmente los municipios poseen atribuciones. Agregamos en el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades una letra sobre sus funciones en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo -digámoslo con franqueza-, no existe hoy en los municipios una cultura, ni tampoco los instrumentos suficientes, para enfrentar con éxito cierto tipo de delitos -o la totalidad de ellos- que pueden darse en el ámbito comunal.
La experiencia del plan cuadrante es, en general, con todas las deficiencias observadas en algunos lugares, extraordinariamente positiva y deberíamos insistir en ella perfeccionando lo que corresponde. Y ésa fue la información que nos entregaron los organismos preocupados por el tema.
En el ámbito legislativo, en la Comisión hubo acuerdo en el sentido de que es bueno superar esta discusión absurda, dicotómica, maniquea, de la "mano dura" versus la "mano blanda". Sí es necesario tener una "mano inteligente", que efectivamente sea capaz de enfrentar el problema.
Pero las discusiones absurdas, e incluso demagógicas, que hemos tenido sobre lo que se denomina la "tercera es la vencida", o acerca del llamado que algunas personas hacen a los ciudadanos a comprar armas para defenderse de la delincuencia, en la Comisión nos parecieron absolutamente inapropiadas. Esto significaría generar una situación similar a la que hoy lleva a cabo un organismo norteamericano denominado "Asociación del Rifle". Esperamos que en Chile nunca lleguemos a ese nivel. Tenemos mecanismos para evitar que cada ciudadano, como en el caso de Estados Unidos, se vea obligado a comprar un arma de esas características.
Por eso, nos parece bueno que en el ámbito de la discusión que tuvimos, desde el punto de vista conceptual por lo menos, hayamos terminado por destruir la idea de la "mano blanda" versus la "mano dura".
Hace bien la Senadora señora Carmen Frei en poner énfasis en el tema de la prevención delictual, que se menciona en el informe.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Termino de inmediato.
En particular -como ella señala, y compartimos su visión-, la forma de enfrentar el problema en los sectores donde se nota claramente mayor prevalencia de delincuencia, como es la población juvenil de alta vulnerabilidad, y el trabajo específico con los familiares de la población penal, constituyen una de las mayores dificultades.
No abordamos lo relativo a la comunicación social y la delincuencia. No llegamos a acuerdo, porque es un tema extraordinariamente complejo. Creo que quedó pendiente la tarea de analizar la relación de los medios de comunicación -sobre todo los masivos como la televisión- con la violencia, el sensacionalismo y la vinculación que muchas veces tiene este tipo de orientación en materia comunicacional con los delitos que se cometen en el país.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia, por seis minutos.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , creo que todos estamos de acuerdo en que el tema que nos ocupa es de primerísima importancia. Y en la Comisión se rescata de alguna manera el hecho de que hay ciertos aspectos que no se han visto reflejados en nuestra estructura actual que tienden a darle esa connotación.
Deseo expresar mi reconocimiento a la Comisión. Leí en detalle su informe y me parece muy completo. Ciertamente, es tan compleja la materia de que trata que siempre va a faltar algo, pero constituye una excelente base para dar a conocer nuestro pensamiento al respecto.
Quiero tocar tres puntos, mediante los cuales trataré de reforzar lo planteado por la Comisión.
Uno de ellos se refiere al tema presupuestario de las fuerzas de seguridad, que de alguna manera conozco con mayor profundidad.
Deseo hacer presente que Carabineros de Chile tiene un presupuesto de operación anual -según la Ley de Presupuestos- de 297 mil millones de pesos, de los cuales gasta 250 mil en personal. Nosotros siempre hemos señalado la necesidad de aumentar el número de carabineros. Me parece que 8 mil es una de las cifras que se mencionan, y algunos candidatos son partidarios incluso de elevarla aún más.
En verdad, es importante incrementar su dotación. Sin embargo, los gastos de operación que permitan a los carabineros y a los policías desempeñarse efectiva y eficientemente deben estar relacionados con el número de personas que cumplen esa función.
De lo contrario, como el gran grueso se ocupa en pago de sueldos y otros beneficios del personal -en el caso de Carabineros sólo 36 mil millones de pesos se destinan a gasto operativo-, vamos a repetir lo que hoy observamos y que todos sabemos que ocurre: que las municipalidades proporcionan vehículos, bencina; que distintas fuentes subvencionan el cambio de neumáticos, la alimentación y otros insumos.
Eso, ciertamente, no es trabajar en forma seria. Se trata de un órgano al cual se le ha encargado una labor y tiene una responsabilidad específica al respecto.
Puedo mencionar, a modo de información, que el Ejército tiene un presupuesto más o menos igual al de Carabineros: 297 mil millones de pesos, de los cuales ocupa 218 mil millones en personal. Por lo tanto, su gasto en operaciones es más del doble del de Carabineros, considerando la función que cada cual desempeña.
Doy a conocer lo anterior, porque creo que si vamos a atacar con seriedad lo relativo al tema presupuestario -lo señalo particularmente al señor Subsecretario del Interior -, deberíamos terminar con los aportes sectoriales, múltiples y permanentes que se reciben en las instituciones, que pueden llegar hasta corromperlas, en algunas situaciones.
El segundo punto que quiero tocar, y que también se trató en la Comisión, se refiere al hecho de que, no obstante el esfuerzo tremendo que nos demandó la reforma procesal penal, existe la sensación de que es demasiado benévola -por decirlo de alguna manera- en la aplicación de las medidas tendientes a evitar la repetición de delitos.
No sé si por la juventud de las personas que intervienen en el nuevo sistema, por las presiones a que deben estar sometidas, o por la inexperiencia -dado que el nuevo sistema procesal penal se implementó hace poco-, son reiterados los casos en que el delincuente que comete un delito flagrante muy impactante para la sociedad, a las 24 horas -por mencionar una cifra- se encuentre libre. Eso da una pésima imagen.
En ese sentido yo incorporaría el concepto de la "tercera es la vencida", que a un señor Senador que me antecedió en la palabra le pareció de aprovechamiento político. Pienso que deberíamos enviar ese mensaje a la reforma procesal penal y no hablar de "mano dura" o de "mano blanda". Me encantó el concepto de "mano inteligente", pero la inteligencia no pasa por liberar al hombre que comete un crimen flagrante y que a las 24 horas esté recorriendo las calles de nuestra ciudad. Ello -reitero- es una muy mala señal.
El último aspecto que deseo mencionar es que a las policías -y me quedo en el ámbito operacional porque es connatural con mi análisis- debieran fijárseles objetivos y procedimientos bien claros, obligaciones en cuanto a la preservación y observancia de los derechos de las personas con quienes operan; pero, asimismo, es menester otorgarles mayor libertad de acción para actuar efectiva y eficientemente. Este punto también fue analizado en la Comisión.
Hace unos días se efectuó un importante operativo en Valparaíso, en el sector de Montedónico, encabezado por el Gobernador Provincial, y una gran cantidad de personas copó el lugar. Pero me atrevería a decir -alguna experiencia tengo sobre el particular-, que dicha acción fue tan preparada, tan organizada, tan estructurada, que su resultado fue prácticamente cero, cuando todos sabemos que en Montedónico ocurren cosas que habría sido interesante detectar.
Si esa tarea se le hubiera encargado directamente a la Policía, con todos los márgenes que se quiera en cuanto a limitaciones y otras consideraciones, tengo la certeza de que la respuesta habría sido más efectiva.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, Su Señoría.
El señor ARANCIBIA.-
He dicho, señor Presidente .
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Muy amable.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que el informe puede tener vacíos, porque un tema como la seguridad ciudadana resulta absolutamente imposible de abordar en todas sus facetas, sus dimensiones, sus aristas. Pero no tengo duda de que constituye un gran aporte para fijar con toda crudeza una realidad. Además, a mi juicio, adquiere mayor valor, por cuanto fue elaborado por el Senado y, además, por Senadores de trincheras políticas distintas: de Gobierno y Oposición.
Asimismo, me alegra que hasta ahora el informe no haya sido objeto de una politización, entre comillas, que derive en dimes y diretes, que finalmente no conducen a orientar el trabajo del Estado en materia de seguridad ciudadana.
En segundo término, precisamente por tratarse de un tema muy amplio, a veces se cae en el error de creer que no hay esperanzas de encontrar una solución, porque tiene muchas aristas: de educación, de pobreza, de frustración en las expectativas juveniles, de hacinamiento de construcción de los centros urbanos. Pero, por lo mismo, en temas de tantas aristas a veces cuesta tomar alguna que pueda servir para los efectos de marcar pautas.
Y creo que el informe expone varias conclusiones importantes. En primer término, expresa, con todas sus letras, "que no se han logrado los resultados esperados.". Y me parece que ello es bastante cierto: a pesar de los recursos gastados por el Estado, no se ha conseguido solucionar la cuestión, aun entendiéndose que no debía ser resuelta en ciento por ciento.
Después, hace presente otra realidad: "se observa un incremento sostenido de ciertas tasas de criminalidad, especialmente de algunos delitos, como el robo con violencia o intimidación en las personas.". O sea, se registra un aumento de los ilícitos.
En tercer lugar, consigna algo que, a mi juicio, es el punto central de toda la seguridad ciudadana en Chile: "llamó la atención de la Comisión la falta de coordinación que existe tanto entre los distintos programas sociales como entre las autoridades y los servicios vinculados al tema.".
Pienso que ahí radica lo medular del fracaso de las políticas públicas en ese ámbito. Y el texto mismo lo señala: "Ejemplo de lo anterior es el tema juvenil, que se aborda desde diversos puntos de vista y por organismos sin coordinación entre sí. Actúa en esta área el Servicio Nacional de Menores (...) con planes de rehabilitación y prevención de drogas, violencia, etc. Intervienen también el CONACE, el Ministerio de Educación, Gendarmería, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Salud". CONACE, en drogas; SERNAM , en violencia intrafamiliar; SENAME , en delincuencia juvenil; Salud, en alcohol.
No existe ninguna política que en un país funcione sin un ente coordinador. Y, por ello, le doy el mayor valor a la creación del Ministerio de Seguridad Pública.
Algunos aseveran que lo anterior es burocracia. No es así, pues. No tiene por qué serlo si lo que se establece es una Secretaría de Estado reducida, especializada, técnicamente bien preparada y que permita a todos los demás órganos que hoy cuentan con atribuciones concentrarse en definitiva en una instancia que los coordine.
Mientras no se materialice esta última función, lo que hacemos es dar palos de ciego. Cada uno de los Ministerios aplica políticas particulares y no hay coordinación entre éstos en 90 por ciento de los casos. Y quienes hemos estado directa o indirectamente trabajando en el campo que nos ocupa nos damos cuenta de que no se trata de que medie mala fe de parte de los funcionarios ni mala intención. La realidad es que no hay coordinación: se duplica el empleo de los recursos, se sobreponen programas de un Ministerio a otro, no existe una orientación definida sobre cuáles son las políticas públicas. Y esto último, en un país con medios limitados, significa obviamente, no sólo pérdida de fondos, sino también fracaso de las medidas respectivas.
Lo anterior -para los efectos de no darle ningún contenido político partidista al debate- dice relación a cualquier Gobierno.
Considerando todas las aristas que se presentan y el poco tiempo disponible, señor Presidente, quiero tocar a lo menos tres de ellas.
En Chile no hay políticas masivas de prevención del consumo de drogas y alcohol. El CONACE no constituye ni siquiera un departamento dentro de un Ministerio: es un programa. O sea, el organismo encargado de la prevención del consumo de drogas en el país carece de una estructura jurídica que le permita actuar adecuadamente en ese frente.
Ahora bien, el propio informe señala que "El 32% de la población penal es consumidor frecuente de drogas.". Entonces, si sabemos que éstas constituyen un factor gatillador de la delincuencia, resulta increíble que Chile no tenga una política masiva de prevención.
Nunca he visto publicidad al respecto en la televisión, en los demás medios de comunicación, ni una campaña que prepare a los jóvenes para comprender el daño que, cuando consumen drogas, causan en sí mismos, en su familia, en su libertad. No hago referencia a una campaña negativa hasta el punto de que ellos mismos la consideren inaceptable, sino a una que sea inteligente.
Asimismo, señor Presidente , Chile se halla desbordado en el consumo de alcohol por la juventud. Es usual que los fines de semana, a las 2 ó 3 de la mañana, cientos de jóvenes, de todos los niveles sociales, se encuentren borrachos.
No existe una política masiva de prevención que incorpore a la familia y cree conciencia acerca del daño que se está provocando. No sólo se trata de medidas represivas, sino también de carácter formativo, educativo. Se celebran cientos de miles de fiestas...
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se agota su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Termino en seguida, señor Presidente.
Finalmente -dados los escasos minutos asignados-, simplemente consigno la situación de las policías. Y proporcionaré un antecedente preciso.
Pídase lo que se quiera a la policía en eficiencia; pero cuando en el informe se reconoce "un déficit estimado de más de 8.000 funcionarios en el ámbito de las tareas preventivas; de más de 1.000 radiopatrullas; de más de 500 furgones y de más de 800 motos", entonces un carabinero debe transformarse en "Superman" para poder cumplir su misión. ¡De otro modo es imposible! A ninguna institución policial, por eficiente que sea, se le puede exigir éxito si media un reconocimiento explícito, no controvertido, de los déficit que la afectan y cuando todos sabemos de su enorme carencia de funcionarios.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Su Señoría debe finalizar su intervención.
El señor ESPINA.-
Lamento no haber podido referirme a los demás temas, señor Presidente; pero entiendo que ello obedece a la escasez de tiempo.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , celebro que el Senado se haya preocupado de un asunto de la proyección y magnitud del que se halla en debate. Felicito a los señores miembros de la Comisión, porque han efectuado un estudio evidentemente importante y acabado.
Como es natural, participo del criterio de Su Señoría de que el informe se debe difundir. Sin embargo, eso no entraña, en manera alguna, que él sea aprobado. Esta Corporación no puede acoger las conclusiones, que por cierto dicen relación a un tema digno de ser analizado en profundidad, y no únicamente por ella, sino también por el Estado y los distintos estamentos que lo integran.
El texto, como es evidente, interesa fundamentalmente al Gobierno, en cuanto concierne, por ejemplo, a la sugerencia de crear un Ministerio.
En seguida, se vincula con el Poder Judicial y otros órganos estatales, por razones obvias y porque se está analizando una complejidad tal de aspectos que sólo de la versión que se ha dado es posible comprender que el punto en análisis abarca una multiplicidad enorme de campos y conexiones de una trascendencia sin igual.
¿Qué quiero decir con ello, señor Presidente ? Que, a mi juicio, la seguridad ciudadana, como tantas otras cuestiones que implican una singular inquietud y proyección en el día de hoy, entraña que el Gobierno, y esencialmente el nuevo, deberá abocarse a un concepto insertado dentro de una noción, no sólo de la modernización estatal, como se ha mencionado en el último tiempo -y perdónese lo que expresaré, pero creo que se ha incurrido en algunos errores de enfoque y en confundir la llamada "modernización" con intentos de privatización o de desmantelamiento del sector público, lo que sería sumamente grave-, sino también relacionada con la idea indiscutible de la racionalización y reorganización de los distintos órganos ligados al Estado.
Desde luego, al referirnos a ese aspecto comprendemos que no cabe la menor duda de que tal racionalización deberá ser analizada en función de la conexión entre el sector civil y el acogido a la disciplina castrense. ¿Por qué? Porque una cantidad de organismos del ente militar -por decirlo así- se vinculan a la idea de orden público. Y yo no concebiría que este último se entendiera de alguna manera desconectado de lo que debe ser el análisis de la seguridad nacional, lo que de por sí conduciría a una conclusión dudosa frente a la sugerencia de crear una nueva Secretaría de Estado, puesto que es difícil concebir el orden público diferenciado o distanciado del Ministerio del Interior.
Digo lo anterior porque resulta indudable que, en un ámbito de particular relevancia, el Senado entrega un aporte y un estudio de enorme proyección a lo que ha de ser la preocupación fundamental del Estado, integralmente concebido, en cuanto a la necesidad de asumir a fondo la cuestión de la seguridad, como tantas otras que se relacionan dentro de una noción genéricamente comprendida en lo social.
Con razón, nosotros pensamos hoy en un concepto de Estado solidario y, básicamente, proyectado a lo social, lo que no se ha alcanzado en el momento presente a pesar de todas las iniciativas tendientes a lograrlo.
Por lo tanto, señor Presidente , concluyo sugiriendo que el informe sea distribuido de manera específica entre distintos órganos que hoy en día integran el Estado: Poder Judicial; Poder Ejecutivo , en especial al señor Presidente de la República y a los Ministerios del Interior , Secretaría General de la Presidencia, de Salud, de Justicia , y otros vinculados a la materia que analizó la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, considero que de algún modo este informe debe ser dado a la publicidad, pero con la advertencia de que no constituye una proposición basada en sus conclusiones, sino un estudio realizado por destacados miembros del Senado de la República y que contiene elementos que habrán de ser examinados en profundidad y con un concepto mucho más amplio que el de racionalización.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Gracias, señor Presidente.
Concuerdo plenamente con el señor Presidente de la Comisión respecto del informe que leyó, como también con las recomendaciones incluidas en él, y en particular con la formulación de una política de Estado de largo plazo.
Y deseo profundizar en algunos aspectos.
1.- El concepto de seguridad ciudadana no se ajusta a las disposiciones constitucionales. Se debe hablar de seguridad pública, con el objeto de involucrar a todos los organismos que han de trabajar para el cumplimiento de una sola política de Estado en tal sentido.
2.- Por ello, lo adecuado es crear un Ministerio de Seguridad Pública, sustrayendo del ámbito del Ministerio del Interior todo lo relativo a esta materia, incluida la Oficina de Inteligencia.
3.- La "criminalidad cero" no existe ni existirá en el futuro.
4.- Tampoco se debe confundir "criminalidad cero" con "tolerancia cero". Ésta fue una modalidad adoptada por la Policía de Nueva York, en su tiempo, al comprobar el aumento de la delincuencia por falta de una eficaz labor policial preventiva. Para aplicar ese programa se contrató a 40 mil policías más, con los cuales se coparon todos los sectores de la ciudad que exhibían mayores índices de delitos o de faltas menores.
5.- En nuestro país, uno de los factores que inciden en el incremento de la delincuencia o de la sensación de inseguridad de la población es precisamente la MENOR presencia policial PREVENTIVA.
6.- El Plan Cuadrante diseñado por Carabineros constituye una buena respuesta a las exigencias del público, que desea ver más carabineros a pie en las calles.
Estos servicios se han implementado sólo en las ciudades de Antofagasta, Copiapó , Valparaíso , Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Temuco y Región Metropolitana.
Lamentablemente, para que el Plan Cuadrante funcione de manera efectiva se necesita la dotación completa de personal humano y vehículos, situación que no se da incluso en varias de las localidades donde se ha implantado.
7.- La ciudadanía reclama una mayor presencia policial. Cabe señalar al respecto que la dotación de Carabineros, en plazas otorgadas por el Gobierno, alcanza a 38 mil 757 efectivos. De ellos hay que descontar los alumnos, que actualmente suman 2 mil 500, y también el personal civil y el de servicios menores, que llegan a 3 mil 500 funcionarios. Por lo tanto, la fuerza operacional efectiva es de sólo 27 mil 73l carabineros.
Es importante considerar que no conviene que haya un mínimo de personal en los servicios internos de las comisarías. Resulta necesario disponer de un adecuado número de funcionarios para cuidar las instalaciones, el armamento, etcétera.
En Estados Unidos se estima que debe permanecer en el cuartel 10 a 12 por ciento de la dotación, cifra muy superior a la de nuestro país.
8.- Se calcula que en estos momentos Carabineros requeriría 8 mil efectivos más para implementar el Plan Cuadrante en todas las principales ciudades y, a la vez, completar los contingentes en aquellas donde ya está funcionando.
El número de policías efectivos -no sólo de plazas asignadas- ha de incrementarse en forma permanente, ojalá en una equivalencia de 1 por cada 400 habitantes, según el aumento vegetativo de la población. Hoy, en algunas comunas la relación es de 1 por cada 1.500.
9.- El nuevo sistema procesal penal también ha afectado la capacidad preventiva de la labor policial. Debido a que ante cualquier procedimiento los funcionarios de servicio deben ubicar primero al Fiscal, hay mayor demora y los trámites administrativos son burocráticamente más complejos. Como es lógico, éste es un sistema judicial perfectible, y a ello tienden precisamente dos mociones que presenté y que se encuentran en trámite en la Comisión correspondiente.
10.- La sensación de inseguridad se ha agudizado asimismo, desde la fecha de elaboración del informe que nos ocupa, a causa de la mayor agresividad en los hechos delictuales y, últimamente, por la utilización de niños, inclusive de sólo 8 años, para perpetrar delitos. Por ello, es imperioso legislar sobre el particular con mayor premura y otorgar especial importancia a los menores de edad.
Así como existen los derechos del niño, divulgados con profusión y exigidos por ellos, de igual modo deben confeccionarse las obligaciones que les corresponden para su formación cívica.
Igualmente, con el propósito de evitar desviaciones conductuales, es indispensable imponerles mayores restricciones en cuanto al acceso a determinados programas de televisión y a aparentes inofensivos juegos electrónicos que les enseñan a comportarse con agresividad.
Al respecto, resulta significativa la labor de los profesores en los establecimientos educacionales. Sería bueno fijar políticas concretas en este sentido.
11.- Se ha dicho que los municipios tienen que colaborar en los aspectos de seguridad pública. Pero es preciso aclarar que, de acuerdo con la Constitución Política, los patrullajes de tipo policial, ya sea en vehículos o en motos, no corresponden a una función de las municipalidades. Éstas deben cooperar en la mejor forma posible con las fuerzas policiales para contrarrestar la inseguridad ciudadana; por ejemplo, con mejor iluminación en las calles, creación de lugares de entretenimiento, dotación de instalaciones deportivas o culturales, etcétera.
12.- La seguridad pública ha de enfocarse como política de Estado y bajo un Ministerio exclusivo que coordine y del cual dependan todas las organizaciones que, aparte de las policías, dicen relación a la seguridad, como el SENAME, el Instituto Nacional de la Juventud, etcétera.
13.- Estimo un error las facilidades que se han otorgado a los delincuentes. Los cambios en la denominación de "detenidos" por la de "imputados", el que se hable más de readaptación que del cumplimiento de una pena legal, etcétera, son como una suerte de aviso...
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor STANGE.-
...a los delincuentes de que se ha ablandado la mano de la justicia.
En general, junto con validar el informe presentado a la Sala, me parece que el Senado debe continuar estudiando la materia.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, no puedo sino felicitar a la Comisión por el trabajo hecho, que se inserta en la iniciativa de estudiar en profundidad los temas que interesan a la gente.
Con el propósito de aportar a esa idea, deseo manifestar que, para fortalecer los derechos de las personas -no lo criticamos, sino que lo apoyamos y alentamos-, durante la última década se han aprobado numerosas modificaciones legales que han suavizado las penas aplicables a toda clase de delitos, facilitándose la liberación de procesados y condenados y suprimiéndose determinados procedimientos policiales -se han repuesto en parte-, por estimarse atentatorios contra la libertad y dignidad personales.
Sin embargo -y esto quiero decirlo con claridad-, dichas medidas, justificadas y necesarias para la gente pacífica y honesta, que conforma la mayoría de la población, lejos de fortalecer tales derechos, se han tornado en contra de la ciudadanía, ya que los delincuentes las han visto como una forma de favorecer su actividad criminal y se han aprovechado de ellas.
En cambio, la gran mayoría de los habitantes se ha visto amenazada por una delincuencia cada día más extendida, frecuente y violenta, observándose una sensación generalizada de inseguridad, según lo demuestran todos los indicadores.
Al mismo tiempo, como reacción a las demandas sociales surgidas del creciente aumento de los delitos, a partir de 1990 los Gobiernos de la Concertación han venido proponiendo diversas medidas, las cuales, no obstante los niveles de cumplimiento, han resultado ineficaces en la lucha contra la delincuencia.
La Administración del Presidente Aylwin elaboró un Primer Plan Nacional Interdisciplinario de Seguridad Ciudadana para el período 1994-2000, que tuvo como elemento central encomendar al Ministerio del Interior la coordinación del sector público en esta materia.
Igualmente, se propusieron iniciativas para prevenir la expansión del delito mediante la aplicación de políticas sociales: contactos con organismos vecinales, estudios sobre el fenómeno delincuencial, modernización de las policías, mejoramiento en el funcionamiento de la justicia penal y reformas carcelarias.
En 1999, en las postrimerías del Gobierno del Presidente Frei, se anunció el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, basado en la modernización de las policías y en la participación social a través de los Comités de Protección Ciudadana.
Se consultaron medidas como el aumento de la presencia policial en las calles, la difusión de estadísticas y avances en la materia, y asociar el nuevo sistema procesal penal con el mejoramiento de la seguridad.
En síntesis, durante ambas Administraciones el énfasis estuvo puesto en el incremento de recursos para las policías y en perfeccionar sus infraestructuras.
El actual Gobierno ha centrado su política en el Plan Comuna Segura-Compromiso Cien; y en la mejoría del sistema penitenciario mediante el aumento de la infraestructura carcelaria.
Durante 2003, junto con el Senador señor Antonio Horvath, presentamos la denominada Agenda de Seguridad Ciudadana, la cual incorporaba algunas medidas que no aparecen recogidas en el informe y que deseamos proponer, pues las estimamos, más que efectistas, efectivas.
En primer lugar, la relativa a la responsabilidad de los delincuentes menores de edad. Su creciente participación en delitos -aprovechándose de su inimputabilidad o bien su utilización por bandas organizadas- hace necesario enfrentar la situación con normas destinadas a modificar el tratamiento que les aplica la ley penal -lo planteó también la Senadora señora Frei -, y a evitar la comisión de ilícitos por medio de la prevención. (Entiendo que en poco tiempo más la Sala conocerá un proyecto sobre el tema).
En segundo término, la Agenda apunta al perfeccionamiento de algunas disposiciones sobre robo y hurto, y comprende los "lanzazos" y el "robo hormiga".
Tercero, también se proponen medidas para fortalecer y facilitar la acción de las policías y que incluyen procedimientos para la identificación de sospechosos peligrosos.
Cuarto, remediar situaciones -al respecto planteé un proyecto que, según el señor Ministro del Interior , el Ejecutivo patrocinará; espero que ese anuncio se materialice- que afectan a la señora Juanita : no es posible que, viviendo en los sectores poblacionales más modestos, subsidie a empresarios que organizan espectáculos públicos con fines de lucro. Y voy a poner un solo ejemplo, porque no dispongo de mucho tiempo. En Valparaíso hay mil 100 carabineros. Cada vez que viene un artista famoso o se juega un partido de fútbol, 330 de ellos son destinados al estadio. ¿Qué pasa con la señora Juanita ? Tiene que batírselas con los delincuentes. Eso no debe continuar. No se puede seguir subsidiando a empresarios o a entidades con fines de lucro y dejar a la gente más modesta en manos de antisociales.
Quinto, planteamos otra acción efectiva y no efectista: reincorporar a los carabineros jubilados, con el aporte de las municipalidades u otros medios. Aquí se ha mencionado la existencia de un déficit superior a 8 mil policías en todo Chile. Y como resulta que las escuelas matrices no pueden formarlos como si hicieran pan, es imposible resolverlo. ¿Cuál sería un procedimiento efectivo? Recontratar a funcionarios con experiencia, que saben hacer la pega y que, además, hayan sido bien evaluados.
En cuanto a la ampliación del Plan Cuadrante a las Regiones con mayores índices de delincuencia, creo que ha funcionado y habrá que continuar extendiéndolo.
Entre otras medidas de prevención de la delincuencia, cabe mencionar la limitación de la libertad provisional de los delincuentes reincidentes. Al respecto, recojo las palabras del Senador señor Núñez , en el sentido de que ciertas medidas incomodan a quienes dicen que no se puede tocar la libertad.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Termino en seguida, señor Presidente.
Creo que limitar la libertad provisional a delincuentes reincidentes y peligrosos da más libertad a la gente decente y, a mi juicio, hay que hacerlo.
Finalmente -con toda lógica lo señaló el Intendente señor Luis Guastavino -, los delincuentes han sido objeto de todo tipo de derechos y de preocupaciones. Pero los índices de delincuencia siguen subiendo, pues, como expresé al iniciar mi intervención, quienes delinquen piensan que ahora hay más posibilidades para cometer ilícitos.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción