Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
ORDEN DEL DÍA
-
CONFLICTO MAPUCHE EN RELACIÓN CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rafael Moreno
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Roberto Munoz Barra
- Carlos Fernando Flores Labra
- Edgardo Boeninger Kausel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
-
CONFLICTO MAPUCHE EN RELACIÓN CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 10ª, en martes 5 de julio de 2005
Especial
(De 11:47 a 13:42)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE, Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. ORDEN DEL DÍA:
Conflicto mapuche en relación con orden público y seguridad ciudadana (S 680-12) (se aprueba su informe).......................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro del Interior y el señor Subsecretario del Interior.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor César Berguño Benavente.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:47, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA
CONFLICTO MAPUCHE EN RELACIÓN CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Esta sesión especial ha sido convocada en virtud de lo dispuesto en el Nº 2º del artículo 67 del Reglamento, y tiene por objetivo ocuparse del conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas Regiones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
S 680-12
--El informe (S 680-12) figura en el Diario de Sesión que se indica:
Se da cuenta en sesión 11ª, en 9 de julio de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El informe deja constancia de lo acordado en sesión de Sala de 20 de marzo del año 2002, en cuanto a que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recabara antecedentes sobre el conflicto mapuche, los analizara e informara al Senado. Es así como en dicho texto se consignan los planteamientos de diversas autoridades, las opiniones de los principales afectados por las situaciones acaecidas en las Regiones Octava y Novena, las exposiciones realizadas por dirigentes mapuches y los documentos pertinentes a la materia.
La referida Comisión hace presente en su informe que hubo un voto de mayoría y uno de minoría. El primero, sustentado por los Senadores señores Aburto , Chadwick , Espina y Silva , expresa, en su conclusión número 11, la profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las Regiones del Biobío y de La Araucanía con motivo de las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales.
El voto de minoría, correspondiente al Honorable señor Moreno , al que adhirió el Senador señor Viera-Gallo , señala en su constancia número 12 que las acciones de violencia que se han producido en el marco del conflicto indígena no obedecen, en caso alguno, a la falta de actividad, preocupación o servicio de los órganos de la Administración del Estado.
El señor ROMERO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese a ella y pueda tomar parte en esta sesión especial el Subsecretario del Interior, don Jorge Correa Sutil.
--Se accede.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , por acuerdo adoptado con fecha 20 de marzo de 2002, el Senado encomendó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recabar antecedentes, analizarlos e informar a la Sala acerca de numerosos hechos de violencia que en forma reiterada vienen ocurriendo en la Región de La Araucanía y, también, en la del Biobío, cuyos autores son grupos de encapuchados debidamente organizados que, bajo el pretexto de reivindicar tierras, han generado en la población de dichas Regiones el temor de ser víctimas de delitos de igual naturaleza.
¿Cuáles son los fundamentos que motivaron este informe?
Concretamente, desde hace ya más de diez años, en las Regiones aludidas vienen sucediendo múltiples hechos de violencia, que ocurren básicamente en los sectores rurales, y se caracterizan por ocupaciones y tomas ilegales de predios; incendios intencionales de cosechas y plantaciones; destrucción de maquinarias, galpones y viviendas; atentados contra la vida y la integridad física de agricultores, campesinos, trabajadores del transporte, etcétera, cometidos por grupos organizados que habitualmente actúan encapuchados y utilizan como pretexto para realizarlos reivindicaciones de tierras en favor de comunidades mapuches, y la conformación de un estado o nación autónoma con territorio propio y derecho a su libre autodeterminación.
Las acciones de violencia de estos grupos organizados es fomentada, respaldada e inducida por entidades y organizaciones nacionales y extranjeras. Ello se puede constatar al examinar numerosos sitios y páginas web que incitan a la comisión de hechos delictuales como los descritos precedentemente, e incluso publican manuales sobre guerrilla urbana, inteligencia de combate, terrorismo, estrategia y táctica guerrilleras, interrogatorio, guerra suburbana, organización de una guerrilla, propaganda, sabotaje, organización estructural del ejército rebelde, etcétera.
Agrava la situación referida el hecho de que en la mayoría de los casos estos delitos quedan impunes y sus autores y los cabecillas de las organizaciones y grupos que los cometen se encuentran libres y continúan sistemáticamente amedrentando a los vecinos, ocupando inmuebles, provocando incendios y atentando contra sus vidas.
En la actualidad, señor Presidente , sólo en la Región de La Araucanía existen 41 predios con medidas de protección, que se concentran en las comunas de Lonquimay, Temuco, Vilcún , Carahue, Collipulli, Ercilla , Traiguén, Lumaco, Angol y Victoria; hay 14 condenados por delitos terroristas que se encuentran prófugos de la justicia, y existen diversos casos en donde la libertad otorgada a los inculpados durante la tramitación del proceso significó que posteriormente continuaran cometiendo acciones delictuales y que hoy continúen prófugos de la justicia.
Más aún, estos grupos violentistas también amenazan, golpean y roban los bienes de los miembros de las comunidades mapuches que se oponen o intentan denunciar estas acciones, manteniéndolos permanentemente amedrentados e impidiéndoles realizar sus actividades normales.
Tales comunidades, en su inmensa mayoría, viven en una situación de extrema pobreza, carecen de oportunidades concretas para superar esta realidad, y sus niveles de educación, salud y oportunidades de trabajo son inferiores a los del resto de la población. Podríamos afirmar que sus miembros son los más pobres dentro de los pobres de nuestro país.
Lo más grave es que en reiteradas ocasiones las tierras han sido asignadas precisamente a grupos que se constituyeron como comunidades mapuches y que han cometido repetidamente actos de violencia consistentes en agresiones y atentados contra la vida de los propietarios y sus trabajadores, e incendios premeditados cuyos efectos han sido la total destrucción de plantaciones, cosechas e inmuebles, en desmedro de las comunidades que, de manera pacífica y con pleno acatamiento de la institucionalidad vigente, han postulado a las mismas tierras.
Deseo brevemente citar algunos de los testimonios de más de la treintena de agricultores, transportistas y campesinos que concurrieron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a dar a conocer la dramática situación que les ha correspondido vivir.
Don Feliciano Cayul , Presidente y Lonko de la comunidad Ignacio Queipul II , de la comuna de Ercilla (provincia de Malleco), relató ante la Comisión que, tratando de evitar situaciones de violencia, propició la compra del fundo Alaska mediante el diálogo con sus propietarios. Él planteaba que se usaran todos los recursos de la CONADI para efectuar esa compra y que no se agrediera a nadie ni se recurriera a las quemas de bosques o al corte de puentes. En la misma época, llegó un grupo que sostenía que la compra podía alcanzarse más fácilmente por la vía violenta. Sus integrantes intentaban que ni siquiera los mapuches trabajaran para los dueños del predio. Como resultado de eso, a palos y piedras mataron a un hermano que laboraba en el fundo Alaska. Al mes siguiente, él mismo fue agredido: lo apalearon entre cuatro personas, dejándolo casi inválido, por el solo hecho de trabajar en ese predio. Mientras se recuperaba en el hospital, le quemaron la casa. En suma, lo dejaron de manos cruzadas.
Más tarde se comprobó que a los autores de estos delitos les asignaron tierras del mismo fundo Alaska, y hoy circulan libremente.
Don Antonio Boisier , quien se desempeñaba como conductor de camiones en localidades agrícolas de la Novena Región, explicó que fue víctima de un asalto a la salida de un fundo de esa zona, en el que, fuera de los daños que infligieron a su persona, le incendiaron los dos camiones de su propiedad. Además, a causa de un disparo que recibió en el rostro, perdió un ojo y, por ende, parte de su visión. Por ello, no está en condiciones de conducir. En síntesis, experimentó la pérdida de su patrimonio y la disminución considerable de sus posibilidades laborales.
Don Daniel Lichtenberg , agricultor de la comuna de Victoria, relató que fue víctima de una toma de sus terrenos. Manifestó que en esa ocasión grupos de encapuchados entraron a robar y a destruir camiones, caminos y cercos. Expresó que, después de haber sufrido todos estos perjuicios, lo detuvieron, advirtiéndole que su predio era territorio mapuche y que él nunca más podría transitar por allí, de lo contrario, le romperían los vehículos y lo dejarían sin medios para trabajar.
Más tarde le quemaron las siembras y le destrozaron otros vehículos, incendiándole en definitiva casi todo. Lo único que no le han podido destruir -según nos señaló- ha sido su casa, pues la mantiene resguardada con armas.
En la actualidad, prácticamente no puede salir de ella y, cuando le resulta inevitable hacerlo, debe pedir ayuda a sus amigos para que vayan a cuidar a su madre y a su esposa. Incluso, a menudo, tiene que pasar la noche entera rondando su vivienda, haciendo turnos, debido a las amenazas recibidas.
El caso más dramático, señores Senadores, lo constituye el que afecta a don Jorge Luchsinger , también agricultor y propietario de un predio agrícola en la Novena Región, que se encuentra rodeado por tres comunidades indígenas. En el último tiempo, ha sufrido varias tomas del predio, algunas totales y otras tantas parciales; la destrucción de cercos y deslindes; el incendio de la casa de sus padres, que había sido habilitada como patrimonio cultural; la quema de galpones; agresiones verbales permanentes; robos intimidatorios; la muerte de animales y sustracción diaria de fertilizantes, concentrados, piezas y partes de maquinaria.
Lo que persiguen los autores es que él y su familia hagan abandono del territorio para poder disponer de éste.
Las agresiones en su contra han continuado, como ha sido de público conocimiento en el último tiempo, pues, luego de haber sido víctima de más de veinte atentados, finalmente le quemaron su casa, agrediéndolo brutalmente a él y a su señora.
Hasta ahora, señor Presidente , no hay ningún detenido por estos hechos.
A don Federico Magofque , agricultor y copropietario del fundo Curaco , le incendiaron 45 hectáreas de bosques. Al año siguiente le quemaron 25 hectáreas más, le destruyeron el bus en que transportaba a los trabajadores y ha sufrido continuos robos de animales.
Luego, su casa personal fue completamente incendiada. Entraron seis personas encapuchadas y destruyeron todo. Al cuidador lo mantuvieron encañonado, pero su señora logró arrancar y dar aviso a Carabineros, quienes no se atrevieron a moverse mientras no llegaran fuerzas especiales. Cuando éstas actuaron, ya estaba todo quemado.
Doña Wilma Valenzuela , dueña de una plantación de pinos en la comuna de Galvarino, invirtió diez años en limpiar, plantar y fertilizar el campo y cuando los árboles se encontraban ya crecidos, grupos de mapuches encapuchados comenzaron a presionar, alegando que el terreno era de ellos y que deseaban recuperarlo. Por último, lo quemaron, dejando el bosque reducido a cenizas. Desde entonces, no ha regresado a su propiedad, porque ha recibido permanentemente amenazas de muerte.
De entre los numerosos testimonios, quiero destacar en particular el de Juan Agustín Figueroa , quien es miembro del Tribunal Constitucional, militante del Partido Radical y ex Ministro de Agricultura de los Gobiernos de la Concertación . Contó en forma dramática cómo en reiteradas ocasiones ha sufrido amenazas de muerte. Como consecuencia de la situación que ha vivido, su predio fue incendiado varias veces, y la casa en que vivía también resultó quemada.
Estamos hablando de un jurista de alto nivel.
Consultado el abogado constitucionalista, señor Juan Agustín Figueroa , "si por su experiencia y por los casos que él conoce, considera que está en plena vigencia el estado de derecho en La Araucanía, considerando, además, que el resultado práctico de gran parte de estos casos muestra que no hay detenidos y atendido el hecho de que los actos de chantaje que él bien ha descrito sobre quienes no venden sus tierras forzadamente se mantiene hasta la fecha en numerosas otras situaciones, como es de público conocimiento.", dijo textualmente: "Por una parte, si se mira el estado de derecho como una estructura o concepto de carácter teórico-jurídico, no se puede negar que efectivamente estamos en un estado de derecho. Pero si se ve la vivencia cotidiana, se constata un altísimo sentimiento y sensación de inseguridad ciudadana, que naturalmente es incompatible con un verdadero estado de derecho.".
Luego, el Honorable señor Silva hizo presente que el señor Figueroa "ha dejado testimonio de que Carabineros ha ido a su predio y que la justicia ha actuado en términos razonables, pero que, no obstante, ha expresado que, a su juicio, no hay estado de derecho en términos reales.".
Consultado por el mismo señor Senador "si, a pesar de las medidas que se han tomado en su predio, que cabe suponer que se han adoptado con mayor diligencia que en otros casos atendida su situación profesional, cree que la seguridad jurídica está definitivamente amenazada en la zona en el momento de actuar", el ex Ministro de Agricultura e integrante del Tribunal Constitucional, afirmó que "sí, que la seguridad jurídica está gravemente erosionada."
Éstos son sólo algunos de los antecedentes que Sus Señorías podrán encontrar en detalle en el informe que se les acompaña.
Señor Presidente , la Comisión arribó a conclusiones básicas que fueron aprobadas con los votos de los Senadores señores Aburto , Chadwick , Silva y el que habla, y con el voto en contra del Honorable señor Moreno .
Los principales aspectos de las conclusiones, para no extenderme en demasía, son los siguientes:
Los miembros de las comunidades mapuches enfrentan gravísimos problemas de extrema pobreza, desempleo, falta de capacitación para el trabajo y reales oportunidades, así como serias dificultades para acceder a los beneficios de la educación y la salud.
A pesar de las iniciativas que han desarrollado diversas reparticiones estatales, que impulsan programas destinados a mejorar esta situación, los índices de pobreza, indigencia, escolaridad y analfabetismo, entre otros, son muy inferiores a los promedios nacionales.
Atendido lo expuesto, se hace presente la preocupación por la real eficacia de las políticas públicas sobre protección y desarrollo de las comunidades mapuches y acerca de la necesidad de introducirles las correcciones que aseguren la consecución del objetivo para el cual fueron diseñadas, contribuyan a poner término a los conflictos que se observan y ayuden a estructurar una convivencia pacífica y constructiva entre los distintos sectores que integran estas Regiones.
Pese a lo conflictivo de su situación -y sobre esto pido a los señores Senadores especial atención-, las comunidades mapuches en su inmensa mayoría están integradas por ciudadanos pacíficos, honrados y trabajadores; respetuosos del Derecho, de la democracia y de las autoridades constituidas, los que, a pesar de los graves problemas y carencias sociales que les afligen y su legítimo derecho a exigir el respeto a sus tradiciones, cultura e identidad, descartan la violencia como método para exponer o hacer efectivas sus aspiraciones, cuya solución exigen en ocasiones con vehemencia, pero no con violencia.
El informe continúa señalando que, no obstante lo anterior -me saltaré algunos puntos que Sus Señorías podrán encontrar en el referido texto-, a contar de la última mitad de la década de los 90, algunas organizaciones mapuches iniciaron, de manera sistemática y progresiva, una cadena de acciones violentistas, que se proclama como reivindicativa, que ha redundado en atentados contra la vida e integridad física de las personas y la propiedad, suscitando un grave problema de orden público y seguridad ciudadana.
A partir de la época indicada, comenzó a hacerse patente en la zona un clima de efervescencia, que ha tenido por constante el intento de delimitar ciertos sectores territoriales para ser denominados "tierra mapuche" o, más directamente, "territorio mapuche", respecto del cual inicialmente se reclamó propiedad sobre la base de derechos ancestrales, incluso anteriores a la instauración de la República, declarándose más tarde, por parte de connotados dirigentes y promotores de estas acciones, claros propósitos autonomistas, exigiendo un territorio y un gobierno propios y desconociendo las autoridades del Estado de Chile legalmente constituidas.
El fenómeno que se describe tuvo sus primeras expresiones en incendios intencionales de bosques, tala ilegal de árboles, obstaculización de faenas forestales, cortes de caminos y ocupación de predios. Luego se escaló a delitos de mayor gravedad, como amenazas, lesiones, atentados contra la vida e incendios sistemáticos de bosques, siembras, viviendas e instalaciones agrícolas, los cuales han perjudicado a agricultores, transportistas y comuneros mapuches ubicados al interior de los sectores donde se desarrolla la acción de los referidos grupos organizados.
Ante esos actos reiterados de violencia, los afectados, el Ministerio Público y las autoridades administrativas iniciaron acciones legales, como consta en la información proporcionada por el Ministerio del Interior y la Fiscalía Regional. Sin embargo, la evidencia muestra que en la mayoría de los casos los delitos han quedado en la impunidad, siendo uno de los factores para ello la naturaleza de dichos actos, en que los hechores proceden encapuchados o de noche, o bien amenazan en forma abierta o encubierta a testigos que podrían identificarlos o revelar sus designios.
En suma, no obstante lo obrado por la justicia, los hechos criminales han continuado, con variación cada cierto tiempo en intensidad y extensión, creando en la población temor a ser víctima de delitos de igual índole y a quedar en la indefensión frente a ellos.
Prueba irrefutable de lo anterior la constituye lo expuesto por la Fiscalía Regional del Ministerio Público Araucanía en el sentido de que una de las dificultades con que se encuentra es que la gente de los sectores donde se cometen estos ilícitos se resiste a declarar, de modo que es necesario realizar toda una labor de convencimiento para tal fin, trabajo que desarrollan en forma conjunta la fiscalía y los policías que llevan adelante las investigaciones.
Y agrega dicha Fiscalía: "Después de lograr este primer objetivo, nos encontramos con la dificultad de que una vez conocidos sus nombres por la defensa, estas personas son insistentemente manipuladas por los familiares de los imputados o los líderes de los grupos violentistas que planifican y ejecutan estos hechos, lo que hace que los testigos se sientan presionados psicológicamente.".
Luego, señor Presidente, se narran casos de amenazas reales y concretas en contra de testigos que quieren ratificar en las causas...
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Perdón que lo interrumpa, señor Senador , pero terminó su tiempo.
¿Cuánto le falta para concluir su informe?
El señor ESPINA.-
Dos minutos, señor Presidente,...
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Perfecto.
El señor ESPINA.-
...porque no tengo mayor interés en extenderme de manera innecesaria.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Muy bien.
El señor ESPINA.-
Como señalé, a continuación se incluyen casos concretos de amedrentamiento a testigos en juicios fundamentales. Por ejemplo, el ciudadano mapuche Luis Federico Licán Montoya , de 53 años, testigo protegido de la Fiscalía de la Novena Región en la causa por un ataque incendiario al fundo Poluco-Pidenco, fue baleado por cuatro individuos que lo interceptaron en la comunidad de San Ramón, en Ercilla, y resultó con una fractura expuesta en su pierna derecha y diversas lesiones graves.
Ése, obviamente, es un claro acto de amedrentamiento contra quienes desean atestiguar en el juicio respectivo.
No puedo dejar de señalar a los señores Senadores que en los sitios y páginas web hoy existentes -la información se registra íntegramente en el informe de la Comisión- queda en evidencia toda una relación y vinculación entre la Coordinadora Arauco-Malleco y grupos violentistas de la región, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; el Ejército de Liberación Nacional; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru , etcétera.
Por último, señor Presidente , en su última conclusión la Comisión sostiene: "En mérito de los antecedentes recogidos y de los cuales se deja constancia en este informe, la Comisión pone de manifiesto su profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las regiones del Biobío y La Araucanía con motivo de las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias.".
El voto de minoría en cuanto al acuerdo pertinente correspondió al Honorable Senador Moreno, quien, según entiendo, lo dará a conocer personalmente en la Sala.
Es cuanto puedo informar acerca del trabajo que se encomendó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
A los efectos de ordenar el debate, propongo lo siguiente: primero, otorgar el uso de la palabra al Senador señor Moreno, para que dé cuenta de su voto de minoría, por el mismo tiempo que usó el señor Presidente de la Comisión ; y segundo, disminuir la duración reglamentaria de las intervenciones de 15 a 10 minutos, a fin de permitir que hable un número razonable de Senadores.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , como expresó el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, formé parte de ésta en la oportunidad en que el informe que nos ocupa fue preparado y discutido.
Sobre el particular, quiero en primer término, junto con exponer mi planteamiento ante la Sala del Senado, hacer presentes algunas consideraciones que me parece indispensable tener a la vista.
Este informe fue preparado hace dos años -Sus Señorías pueden comprobarlo al observar la fecha de cierre: julio de 2003- y estuvo detenido en el seno de la Comisión hasta ahora, en razón de que en algún momento se pensó llamar a sesión para dar cuenta de él y tratarlo.
Pero, obviamente, no es menor lo que deseo puntualizar: que dicho documento se elaboró hace dos años y que lo hoy día expuesto no ha tenido ninguna modificación, hasta donde yo conozco.
En segundo lugar, el informe se plantea en esta sesión especial del Senado, sin duda, a raíz de los últimos episodios, absolutamente condenables, ocurridos en algunas de las áreas en él señaladas.
Quiero dejar clara constancia de que repudio, rechazo y condeno los actos ilícitos, los delitos, los amedrentamientos y las agresiones sufridas por personas que en este momento, en mi concepto, no es del caso individualizar. Jamás el Senador que habla ha compartido el uso de la violencia, ni menos actitudes de aquella índole que atenten contra la seguridad de las personas o contra sus bienes. Eso está muy lejano de mi pensamiento.
¿Pero por qué sostuve en la Comisión un voto de minoría? Por lo que manifestó el señor Presidente de la Comisión al cerrar su informe, donde a mi juicio se encuentra la clave del problema, que se debe debatir no sólo aquí, sino en distintas instancias, estableciendo, sí, una nueva prevención: el Senado puede debatir cualquier materia, pero no es una comisión investigadora. Porque si en este Hemiciclo se afirma que existe inseguridad jurídica, que no prima cabalmente el Estado de Derecho, que no se cumplen las leyes y que en determinadas áreas del territorio nacional hay incertidumbre y un grado de inseguridad generalizada, la conclusión lógica es que, aun cuando eso no se haya planteado en el seno de la Comisión, corresponde enjuiciar a las autoridades políticas a través de acusaciones constitucionales y de otras acciones paralelas.
Y deseo referirme a otro punto, señor Presidente .
El problema mapuche, según el Senador que habla, no puede ser enfocado sólo desde el punto de vista de las acciones de violencia o del terrorismo, porque ello implica partir de una premisa por completo distorsionada sobre lo que ocurre en nuestra nación con ese grupo étnico, así como con otras comunidades indígenas.
Se trata, a mi entender, de una cuestión de responsabilidad social colectiva en que, cualesquiera que sean los juicios que se tengan, e incluso los episodios acaecidos, un segmento reducido de personas que atentan contra la seguridad y los bienes de terceros se arroga la representatividad de la abrumadora mayoría de la comunidad mapuche, cuyos integrantes son pacíficos, laboriosos, respetables, ciudadanas y ciudadanos de este país que no pueden ser discriminados de modo alguno.
Digo lo anterior porque, a petición expresa mía, fueron invitados a deponer en la Comisión representantes de las comunidades mapuches cuya participación no se había considerado. Por lo tanto, en el informe se consignan las opiniones que emitieron. Y basta leer las páginas donde éstas son reproducidas para comprobar la madurez y la forma como esos sectores exponen sus puntos de vista sobre la materia.
En consecuencia, cuando observamos el problema que ocurre, surge en primer término la conclusión de que son episodios cíclicos. Y el hecho de que el informe que nos ocupa haya estado paralizado durante dos años prueba precisamente una de las aseveraciones que quiero dejar en claro: se trata de ciclos en los cuales un grupo de 30 a 40 personas, cuyos nombres se repiten -y puedo informar al Senado que esto se halla demostrado con estudios universitarios recientes, en curso, mediante los cuales se ha seguido lo que acontece en los juzgados de garantía-, realiza las acciones de amedrentamiento (a veces de detención), inclusive desplazándose.
No es cuestión, entonces, de que en la zona de La Araucanía existe inseguridad jurídica. Porque actúan los tribunales de justicia y la policía; hay autoridades; se interponen querellas; se hacen demandas. Y en muchas páginas del informe se consignan todas las querellas que gobernadores e intendentes han presentado en el marco de las violaciones a los derechos de las personas y de los atentados contra la propiedad.
Por consiguiente, no se puede afirmar que en una parte de nuestro territorio existe un grado de incumplimiento de la ley. Y si así fuese, se cometería uno de los peores errores desde el punto de vista de la sociedad chilena, pues bastaría que un grupo de personas cuyas acciones son del todo repudiables establecieran comunicacionalmente ciertos actos de amedrentamiento para que se dijera que controlan determinado sector del territorio nacional.
Por desgracia, hay países, en América Latina y en otras latitudes, donde se ha establecido la práctica de que algunos individuos, sobre la base de generar actos de amedrentamiento, incluso secuestros y otros ilícitos, declaren que controlan parte del territorio patrio.
Ése no es el caso de Chile, por repudiables que sean las acciones cometidas por algunos de los referidos grupos.
Señor Presidente , otro aspecto que deseo destacar -y se consigna en mi voto de minoría- dice relación a que el tema mapuche requiere una acción mucho más integral y completa del Estado. Y ésa es la clave de la política que se debe diseñar para corregir algunas de las prácticas actuales.
En esta materia -lo he dicho en la Comisión y lo reitero en forma oficial-, soy claramente contrario a la política desarrollada por la CONADI en el sentido de adquirir tierras sobre la base de creer que con el pago de ellas a valores negociables se adquiere la posibilidad, por una parte, de reivindicar derechos, y por la otra, indirectamente, de garantizar seguridad.
Eso no ha funcionado nunca en ninguna parte. ¿Por qué? Porque se produce -aunque no sea el caso específico- una necesaria connivencia entre el que se siente amedrentado y coloca su tierra a determinado valor y quienes, bajo el mismo criterio, la toman o la ocupan, con lo cual se provoca en el fondo una colisión o una coligación de intereses respecto de los precios a pagar.
Honorables colegas, yo tuve la responsabilidad de conducir la reforma agraria en Chile. Con una perspectiva distinta, a la sazón también había tomas de terrenos. Y se estableció un criterio sano y leal: predio ocupado o que se usaba como forma de presión no se expropiaba, no se incorporaba; de otra forma, algunos propietarios podrían haber inducido la toma con el objeto de mejorar sus posibilidades de negociación y generar un mecanismo beneficioso para resolver la situación.
El problema requiere una acción más completa. Por ejemplo, la aprobación del Convenio Nº 169 de la OIT, que no ha podido ser despachado en el Parlamento; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que ha sido cuestionado por una parte del Senado. Y no estoy afirmando que la aprobación del referido Convenio y la incorporación en la Carta Fundamental de dicho reconocimiento resuelven el problema -sería irreal pensar así-, sino que una y otra constituyen señales adecuadas que se dan a la sociedad.
¿Qué ocurre en el fondo? Existe una reivindicación histórica de los pueblos originarios; en este caso, de los mapuches. ¡Y cuántas veces hemos visto cómo el enfrentamiento -no sólo durante la colonización española, sino también en el transcurso de la pacificación chilena, encabezada por el coronel Cornelio Saavedra - ha llevado a la postergación de esas etnias! ¡Cómo no recordar el establecimiento de los famosos juzgados de indios, que en la práctica declararon minusválidos a dichos pueblos, muchos de los cuales fueron despojados legalmente de sus tierras!
No digo que éste sea el procedimiento para recuperarlas. Pero, sin duda, hoy día existe una infinidad de comunidades mapuches integradas por gente laboriosa y de paz.
Por lo tanto, aun cuando ésa no es la intención, no podemos victimizar a una etnia sobre la base de manifestar que dichos grupos, instalados en determinadas regiones del país o que operan cíclicamente en ellas, están colocando a una parte de nuestro territorio fuera de los marcos jurídicos y legales. A mi juicio, tal afirmación no es correcta.
Por eso presenté mi voto de minoría, que da cuenta detallada de lo que ahora estoy relatando.
Vuelvo a insistir, señor Presidente -no quiero abusar del tiempo que se me concedió-, en que la forma como la sociedad en su conjunto incorpora a las etnias originarias del país es un tema mayor, en el que se requieren programas distintos en torno a la educación, a la salud, al apoyo productivo y al empleo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo generar programas ocupacionales en una zona donde hay afuerinos o temporeros que hacerlo en un área mapuche donde aquéllos no son la característica ni la práctica familiar.
Esos elementos, pues, deben ser considerados.
Y reitero mi petición al Senado en cuanto a que es necesario aprobar el Convenio de la OIT que deambula en el tiempo y que, por distintas razones, algunos han señalado no estar dispuestos a ratificar.
También es del caso incorporar en la Carta Fundamental el reconocimiento a los pueblos indígenas. Aquí hubo un debate muy grande sobre el punto, porque se dijo que era preferible nominar a las etnias una por una. Al discutirse las reformas constitucionales, se indicó que no se quería usar la expresión "pueblos indígenas", pues podría dar origen a la secesión de parte del territorio nacional. Y se propuso, de acuerdo a lo que se halla definido en la Ley Indígena, utilizar la nomenclatura correspondiente al conjunto de etnias. El Senador que habla se opuso, porque en el fondo significaba disminuir la integración de esos pueblos a una nación única: la chilena.
Por consiguiente, lo que debemos manifestar es, primero, que hay pueblos originarios porque existían antes y son una realidad que no podemos negar; y segundo, que, en este cuadro, impedir su reconocimiento en la Carta constituye una señal negativa.
No desconozco la existencia -aquí se ha mencionado- de páginas web, de ONG, de financiamiento. ¿O se piensa que es un misterio que hay toda una concertación de grupos indigenistas, incluso en países vecinos al nuestro, que actúan de otra manera? Por supuesto que dicha concertación es real. Pero eso no es argumento para decidir, por la vía de un informe, que el Senado chileno victimiza a una etnia sobre la base de un grupo reducido de personas que actúan en contra de la ley y cuya conducta no constituye generalización en cuanto a lo que debe ser la política indígena.
Señor Presidente, solicito incorporar el resumen del voto de minoría en la versión de este debate.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Hay siete Senadores inscritos para hacer uso de la palabra.
La señora MATTHEI.-
Quiero que me anote, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
A mí también.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Entonces, serían nueve, más el señor Ministro , que seguramente solicitará intervenir, como corresponde.
Nos quedan 65 minutos
El señor LARRAÍN.-
Que cada uno ocupe seis minutos.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Propongo que los inscritos dispongan del tiempo indicado.
Acordado.
Seremos muy inflexibles en hacer respetar lo recién resuelto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , desde mi punto de vista, las obligaciones que el Estado asume en cuanto a los servicios que debe otorgar a los ciudadanos cuando están en peligro -me refiero a los peligros reales que han expresado los señores Senadores que me antecedieron- radican básicamente en una disposición constitucional que debe ser aplicada cuando corresponda, conforme a sus deberes para con todos los ciudadanos.
Señalo lo anterior porque en la provincia de Arauco se encuentra un predio -la famosa hacienda Lleu Lleu, que en realidad no es tal, sino una reserva de la original- que ha sufrido 52 actos terroristas: se han incendiado todas sus casas, sus galpones; se han destruido todas sus maquinarias; se han destrozado diversos plantíos mediante la aplicación de productos químicos por las noches.
Frente a uno de los últimos atentados, el Prefecto de Carabineros de Arauco dijo una frase que, desde nuestro punto de vista, marca las diferencias de doctrina que tenemos en materia de seguridad. Señaló que si no existe disposición de los agricultores en cuanto a disponer de sus propios sistemas de seguridad, no habrá posibilidad alguna de paz y de tranquilidad en lo que respecta a protección de la propiedad.
Lo que señala el Prefecto, sin duda después de alguna reunión con el Gobernador , marca efectivamente una doctrina institucional. Porque, obviamente, todos tenemos obligaciones de seguridad en nuestras casas. Hay ventanas, puertas, rejas delante de los jardines. Se trata de una seguridad básica contra delitos comunes. Pero que se pretenda entregar también a las personas la responsabilidad de protegerse contra el terrorismo es otra cosa. La protección y la acción contra el terrorismo implican, necesariamente, el uso de armamento. Eso es lo que se denomina el "efecto Colombia" .
Ante el hecho de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) actuaban de diversas formas en el territorio de ese país y de que la policía y los organismos de seguridad no eran capaces de enfrentarlas, es probable que algún Prefecto haya dicho que había que organizarse. Y es así como se crea el organismo conocido como "fuerzas de autodefensa", que terminaron siendo peores.
Señor Presidente , el problema radica en una sola cosa. ¿Queremos o no que las personas sean las responsables de enfrentar el terrorismo? Yo no lo quiero. Porque no será una sola persona la que actúe, sino que, en definitiva, comenzaremos a conformar el "efecto Colombia", o sea, fuerzas que terminarán involucradas en una guerra de guerrillas al interior del territorio, con gravísimas consecuencias.
Ése es todo el tema.
Por eso, atendidas las explicaciones dadas en el informe de la Comisión de Constitución -lo estuve leyendo a propósito de lo manifestado por el Honorable señor Moreno y la verdad de las cosas es que en ninguna parte se habla de una falta de Estado de Derecho, sino de inseguridad jurídica, que es algo distinto-, obviamente debemos entender que estamos frente a una situación extremadamente delicada.
Cuando un pedazo de tierra de no más de 180 hectáreas es asaltado 52 veces y destruido sistemáticamente todo en su interior, y cuando Carabineros responde que la seguridad debe corresponder al propietario, nos encontramos en una situación distinta respecto de lo que consideramos una obligación del Estado, como es la de prestar los servicios necesarios a los ciudadanos.
Ése es el tema que quiero dejar planteado. Desde mi punto de vista, es la base de todo el problema.
Evidentemente, esperamos una modificación de estos criterios, en orden a que el Estado asuma sus obligaciones respecto de la seguridad, del desarrollo y de la protección de los habitantes de las zonas agrícolas de la Octava y la Novena Regiones.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , creo que hay dos modelos para enfrentar el tema indígena. Por un lado, el de Nueva Zelandia, que reconoce sus derechos a la minoría maorí y le da plena representación parlamentaria y constitucional. Por otra parte, se encuentra el modelo chileno, según el cual hasta hace muy poco se actuaba como si en nuestro país no existiera una minoría mapuche, no se le reconocía sus derechos y durante muchos años se le cercenaron o quitaron sus tierras, por distintos motivos.
Obviamente, en Nueva Zelandia hay paz. Es obvio que en Chile, con este modelo, no la habrá.
Cuando asumió el Presidente Aylwin , se estableció un acuerdo, en Nueva Imperial, que suponía tres elementos básicos: la creación de una nueva institucionalidad y la aprobación de una ley; el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios a través de la aprobación del Convenio Nº 169 de la OIT, y la recuperación de las tierras.
Algunas de esas cosas se cumplieron. En Chile se dictó la Ley Indígena. Durante el Gobierno del Presidente Aylwin se traspasaron 234 mil hectáreas a las comunidades indígenas; otro tanto se hizo en el período del Presidente Frei y continuó en el del Presidente Lagos , superando, incluso, a lo que en esta materia se había comprometido. La evaluación de la Ley Indígena demuestra cosas positivas y también algunas falencias.
Sin embargo, la raíz del problema radica en que todavía la sociedad chilena no asume en plenitud el reconocimiento de que es pluricultural, plurirracial, desde sus orígenes.
A la vez, se formó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, dirigida por el ex Presidente Aylwin . Tengo a la vista sus recomendaciones, y es muy impresionante leer lo que esta Comisión plural dice respecto del tema mapuche.
Entre otras cosas, sostiene que el pueblo mapuche no se siente integrante pleno, con todos sus derechos, de la sociedad chilena, sino que se siente discriminado y considera que su identidad se ha ido formando, de alguna manera, en conflicto con aquélla. La Comisión señala: "La actual identidad de los Pueblos Indígenas en Chile se ha constituido, finalmente, en relación y conflicto con el proyecto de construcción del Estado nacional".
Esto es muy grave.
Por ello, dicho informe propone dar cabida a una nueva oportunidad histórica para un entendimiento distinto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, un nuevo trato. Se plantea que debe haber un reconocimiento en cuanto a que la sociedad chilena es culturalmente diversa y que, para con ellos, hay una deuda que pagar.
Por cierto -como bien señalaron los Senadores señores Moreno y Ríos-, esa deuda no justifica la violencia. Evidentemente que no. Mas, para resolver el problema de los conflictos violentos, no se debe recurrir únicamente a la policía o a la represión.
Hay muchos litigios por tierras pendientes, respecto de los cuales los mapuches sienten que la jurisdicción chilena no les es favorable. La historia es muy larga y el propio informe señala cómo desde la Colonia hasta hoy, por distintas vías, se les fueron quitando territorios, del Biobío al sur, con lo que nosotros llamaríamos "triquiñuelas legales".
El Rey de España reconoció y respetó los derechos del pueblo mapuche más que la República de Chile. La conquista o pacificación de la Araucanía del siglo XIX no se hizo en nombre de la ley, sino en la forma que todos conocemos.
Se trata, entonces, de reparar y de restituir derechos injustamente arrebatados a un pueblo. Como dice el informe de la Comisión Verdad Histórica, se trata de no aprovecharse de ventajas legales ilegítimas.
Ahora, si queremos tener una actitud constructiva, fuera de condenar los hechos de violencia -que, obviamente, nadie quiere y serán repudiados de manera unánime por el Senado (¡quién aquí va a levantar la voz para amparar la comisión de delitos!)-, debemos defender con igual fuerza los derechos del pueblo mapuche conculcados.
Me resulta muy curioso que un informe tan importante haya pasado como en sordina en la sociedad chilena: nadie lo asumió, nadie lo comentó, a nadie le importó, y quedó, como quien dice, en un cajón.
En mi opinión, señor Presidente , dicho informe propone vías de solución importantes: creación de un fondo general indígena, para hacer las reparaciones del caso; estudio y catastro de todos los conflictos por tierras, a fin de resolverlos; creación de un consejo de pueblos indígenas; formación de un registro electoral especial; Diputados y Senadores elegidos -como en Nueva Zelandia, ¿por qué no?- por los indígenas, que según el último censo alcanzan los 692 mil 192, de los cuales el 87 por ciento son mapuches.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
Termino, señor Presidente, anunciando que con otros Senadores de la Concertación hemos presentado un proyecto de acuerdo para llevar adelante en el Senado un estudio que nos permita implementar las recomendaciones del informe a que hice referencia.
Gracias.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , mi intervención será muy breve.
En primer lugar, valoro el trabajo realizado por la Comisión, que en particular aborda la situación de los mapuches, insertos, fundamentalmente, en la Araucanía (alrededor de 350 mil). De su informe, me quedo con las proposiciones que pretenden elevar la calidad de vida de esas personas y ofrecerles una perspectiva que les permita tener alguna posibilidad de un mejor sustento, de un mejor porvenir.
Quiero manifestar, señor Presidente -sin hacer un discurso muy ancho y filosófico; deseo ir, simplemente, a lo concreto, a lo real-, que en mi Región hay 350 mil mapuches, los cuales no poseen más de 380 mil hectáreas. Es decir, a cada uno no le corresponde más de una hectárea. Ahora, si alguien me dice que en una hectárea per cápita es posible lograr mejores perspectivas, realmente sería bueno que nos indicara la fórmula para poder asesorar a las 43 mil familias indígenas dedicadas a la agricultura, actividad tradicional a la que se hallan unidas como su propia piel. En consecuencia, no es cosa que por un decreto se diga: "Los mapuches no deben trabajar en el sector rural, porque no les resulta económico; tienen que insertarse en el resto de las actividades". Aunque en alguna medida esto último ya se ha hecho: la reserva indígena más grande de Chile -400 mil mapuches- se halla en Santiago.
Mi mayor preocupación, señor Presidente , es que el informe de nuestra Comisión de Constitución -que obligó a mis estimados colegas a un trabajo intelectual- no va a ser -lo digo con el mayor respeto- más que un documento informativo sin ningún resultado concreto, porque de esta sesión especial no va a salir nada específico, salvo lo que hacemos siempre: un proyecto de acuerdo que se va a enviar para allá y para acá, pero la situación de los indígenas continuará exactamente igual.
En la Región de La Araucanía existen 2 mil 817 comunidades indígenas. Lo subrayo: 2 mil 817 comunidades indígenas. ¿Cuántas son las que crean conflicto? Diez: Domingo Trangol, de Victoria; Temucuicui y Ahilla Varela, de Ercilla ; Chequenco, de Collipulli; Tres Cerros, de Vilcún; El Pantano, Temulemu y Didaico , de Traiguén; Calbuqueo, de Lumaco, y Juan Maril , de Purén. Se me podrán escapar una o dos. No más. O sea, de 2 mil 817 reducciones, diez son las que se encuentran en conflicto, las que han creado situaciones que van contra el Estado de Derecho. Y yo, por supuesto, no avalo ni avalaré jamás que en un sistema democrático, donde prevalece el Estado de Derecho, alguien quiera hacerse justicia por su propia mano.
Para mí, señor Presidente , esta sesión especial, que por supuesto tiene buena intención, aborda una situación muy grave y representa una señal al país y al extranjero que puede originar una sensación de temor en los inversionistas respecto de una Región que posee muchos polos de desarrollo. La Región de La Araucanía se halla inserta absolutamente en un Estado de Derecho. Las instituciones funcionan...
El señor VEGA .-
A veces.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Como decía, las instituciones funcionan.
La señora MATTHEI .-
¿Cuáles?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Hay comuneros detenidos, estimada colega. Los tribunales de justicia se han pronunciado y el país sabe que los hechos han acontecido de esa manera. Si no fuera así, señores Senadores, no existiría la tremenda inversión forestal en la Región de La Araucanía, que jamás ha decrecido por parte de las empresas del rubro y que cada día se incentiva más y más. Esto no lo puede discutir absolutamente nadie. La inversión acuícola también ha venido en aumento. Los pequeños campesinos, incluso comuneros mapuches, están exportando sus productos. Gracias a su capacidad e inteligencia, se han creado farmacias mapuches que se están abriendo en todo el país. Existe inversión inmobiliaria en todos los ámbitos; inversión de las grandes tiendas, por ejemplo, en Temuco y otras ciudades. Si en la Región de La Araucanía no rigiera el Estado de Derecho -qué duda cabe, señor Presidente -, esta inversión no se realizaría.
Ahora, yo no creo que la violencia, expresada física o verbalmente, sea lo que puede detener las agresiones ocurridas coyunturalmente en algunas partes.
Voy a leer la entrevista al señor Luchsinger, mencionado por el Honorable señor Espina , que aparece en la revista "Qué Pasa".
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
¡Disculpe, Su Señoría! ¡Va a tener que referirnos el número de la revista, porque se le acabó el tiempo!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Le ruego que me dé un minuto más, señor Presidente .
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Sólo un minuto, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Voy a ser más breve aún.
Se le pregunta al señor Luchsinger:
"¿Usted está de acuerdo con entregarles territorios?
"¡Pero si no es posible! Va a ser una miseria absoluta, porque ellos no trabajan.
"¿Es un problema por falta de capacitación o por no haber recibido enseñanza adecuada?
"El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad (...). No tiene nada.".
¡Aquí está la revista "Qué Pasa", que mis Honorables colegas pueden solicitar!
Si con esas palabras de "cariño" se espera tener buenas relaciones con las comunidades cercanas a su campo, uno tiende a pensar que, desgraciadamente -y con esto termino-, el señor Luchsinger, a quien respaldo desde el punto de vista del Estado de Derecho, tal vez no ha abierto los mejores caminos de amistad, de fraternidad con los comuneros, como sí lo han hecho las empresas forestales, que entendieron que tenían que convivir pacífica y altruistamente con sectores muy disminuidos en cuanto a su capacidad económica.
La señora FREI (doña Carmen).-
¡Súper bien!
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , el informe que hemos recibido de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y las intervenciones efectuadas aquí ponen de manifiesto que estamos frente a un tema extremadamente delicado. Y digo "delicado", porque en cierto sentido refleja un fracaso del país, en medida no menor, respecto de un grupo de chilenos de origen mapuche que vive momentos muy difíciles.
En lo fundamental, creo que la principal preocupación -incluso mayor que la atinente al violentismo, la que quizás le da más fuerza al problema- radica en que, no obstante las innumerables políticas públicas que a lo largo de muchos años se han implementado con miras a producir cambios en la realidad de este pueblo, existe la constancia de que los índices de pobreza, de indigencia, de escolaridad y de analfabetismo no han variado en forma sustancial. Y, por lo tanto, ese grupo de chilenos de origen mapuche se encuentra sumido en una situación muy lamentable.
Ése es el asunto de fondo y no lo podemos dejar pasar. Porque el violentismo y el atentado al Estado de Derecho que acompañan a esa realidad se alimentan precisamente de ella. Y no creo que el reconocimiento constitucional de incorporar la denominación "pueblos indígenas" vaya a alterar en algo tal situación, si no se cuenta con políticas públicas que en verdad posibiliten que ese sector de nuestra sociedad tenga condiciones de vida que le permitan desarrollarse y progresar como cualquier otro.
Sin perjuicio de lo anterior, que, como dije, me parece central, no puedo dejar de manifestar mi enorme preocupación por el hecho de que algunas organizaciones mapuches -pocas, probablemente, en el contexto de la gran cantidad de indígenas que viven sobre todo en la Novena Región y, en menor número, en la Octava y en la Décima- hayan asumido como propio un camino violentista y que en tal proceso lleven ya una década. Es decir, se han enterado diez años y estos grupos, lejos de haber sido inhibidos o detenidos por el ordenamiento jurídico, han continuado en ese rumbo que, además, los une a otras organizaciones terroristas o violentistas que aún se encuentran presentes en América Latina.
Me preocupa que esta escalada de violencia no haya podido ser contrarrestada de modo efectivo en una década por nuestro ordenamiento judicial, por nuestros organismos de seguridad, por nuestras policías. Y no estoy haciendo un cuestionamiento o una crítica a las autoridades de Gobierno, representadas aquí por el Ministro y el Subsecretario del Interior , porque entiendo que comparten, como todos, la voluntad de terminar con los movimientos que se salen de la ley, cualesquiera que sean su origen, naturaleza o circunstancia, pues carecen de justificación. Pero, en los hechos, como un observador común, uno aprecia que esos grupos, no sólo persisten sino que, quizás, han incrementado su actividad.
Eso me causa gran inquietud, porque, obviamente, toda la acción de los tribunales, toda la reforma procesal penal, todo el trabajo de la policía no son suficientes para detener el accionar de dichas agrupaciones.
Me preocupa, además, que el grueso de los chilenos de origen mapuche se vean, de alguna manera, subsumidos por tales grupos, los que, por su fuerza, por sus convicciones, por su determinación, asumen la representación de aquéllos, en circunstancias de que no la tienen. Y en definitiva pretenden ser la voz de un pueblo al que realmente no interpretan.
Es más: me da la impresión de que muchos de esos compatriotas viven atemorizados y no muestran oposición por temor a la reacción que los grupos más audaces puedan ejercer en su contra.
Por lo tanto, el pueblo mapuche, aparte las dificultades que tiene para alcanzar una calidad de vida digna o mínima, se ve subsumido por esas organizaciones violentistas que en general no lo dejan expresar su pensamiento. Algunos lo hacen con mucha libertad y fuerza, pero muchos deben callar por temor a las represalias.
Me preocupa también el que en esa zona muchos chilenos que no son de origen mapuche se hayan visto avasallados una y otra vez sin que el ordenamiento jurídico les garantizara su seguridad personal ni la de su propiedad, ni su derecho a trabajar y a llevar una vida pacífica. Inquieta que no se les compensara en debida forma cuando han resultado perjudicados y que no puedan, simplemente, vivir en paz.
Cuando esa situación se repite y los afectados -entre ellos, se citó aquí a personalidades importantes de la comunidad nacional, como es el caso de Juan Agustín Figueroa - reclaman la inexistencia de seguridad jurídica en algunas partes de esas Regiones,...
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Finalizó su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
...esto termina transformándose en un grave problema.
Señor Presidente, es lamentable que no se hayan producido cambios en la realidad desde que este informe fue emitido hace dos años.
Nos causa preocupación que actividades como la agricultura o el turismo, al igual que la gente que vive en esos lugares, no cuenten con el amparo del Estado de Derecho de Chile.
Nos inquieta la imagen internacional que lo expuesto representa.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Reitero a Su Señoría que expiró su tiempo.
El señor LARRAÍN.-
En consecuencia, estimo que el Senado no puede permanecer indiferente y debe adoptar medidas concretas para que en esa parte del país se viva como en el resto: con dignidad y en un verdadero Estado de Derecho.
He dicho.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en primer término, quiero recordar al Senado que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento abordó en su informe el conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas Regiones. No se le encomendó a este órgano técnico analizar todo lo relativo al desarrollo de los pueblos indígenas, sino una cuestión específica: el orden público y la seguridad ciudadana.
A continuación voy a leer parte de un informe de la Fiscalía Local de Temuco del Ministerio Público. Porque aquí el Senador señor Moreno sostuvo, entre otras cosas, que el conflicto y las acciones violentistas eran cíclicos.
La Fiscalía expresa lo siguiente:
"La investigación desplegada desde el 2002 ha permitido determinar que en la región" -se refiere a la de La Araucanía- "opera una agrupación con el apoyo de la organización de hecho Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, en la que sus miembros actúan en distintas zonas de la región. Se coordinan para que un grupo actúe como ejecutores materiales de los ilícitos, otros activistas concurren a las comunidades a seleccionar a personas, convenciéndolos mediante un discurso que manipulan con el supuesto objetivo de recuperar tierras, instigándolos a cometer delitos e incluso instruyéndolos en técnicas subversivas para la comisión de los mismos. Otros asumen la vocería de la asociación para difundir los ilícitos cometidos, para anunciar ilícitos futuros generando de esta manera temor en la población de ser víctimas de nuevos delitos de la misma naturaleza, especialmente en agricultores y sus familiares que han vivido por décadas y generaciones en estos predios, a sus trabajadores contratistas y dueños de predios forestales, ganaderos; y además este fundado temor y las amenazas alcanzan a los comuneros y sus familias que no adhieren a sus metodologías de violencia.
"La marcada presencia de esta asociación ha sido posible a través de la comisión de los ilícitos antes descritos y el empleo de modernos y costosos medios de difusión de los mismos. Entre ellos, la página web oficial de la CAM [ Coordinadora Arauco Malleco ] (...) y una edición impresa de la misma que recoge la actuación de la asociación que nos ocupa. En la primera [en la página web], se explicita cada una de las comunidades intervenidas por la asociación, los predios sobre los cuales recaen los ilícitos, sus propietarios (...) y lo más importante sus pretensiones de control territorial, precisando incluso el perfil de las víctimas y el estado de los procesos judiciales que se han originado por los actos ilícitos cometidos por la organización de hecho.".
Señor Presidente , en concreto, el voto de mayoría del informe está señalando que nos hallamos en presencia de inseguridad jurídica. Tanto es así que el 4 de febrero, el Fiscal Jefe subrogante de Temuco , don Alberto Chiffelle , dirigió una nota al señor General de Carabineros Jefe de la Novena Zona de Temuco , comunicándole que: "En atención a la información recepcionada en esta Fiscalía a través del fono celular (...) del cabo de Carabineros Pedro Salazar (...) habría obtenido de un empleado de don Jorge Luchsinger Villiger antecedentes concretos sobre la posibilidad que en estos momento se estuviera preparando un atentado en su contra. La fiabilidad de la información hace que este fiscal con el carácter de urgencia solicite la operación de un plan de contingencia, se refuerce -con los funcionarios y medios que sean necesarios- la medida de protección a favor de la víctima que se ampara durante las 24 horas del día asegurando su integridad personal y familiar.". Esto fue el 4 de febrero.
El día 8 de febrero hay una nueva instrucción del mismo Fiscal, donde resuelve que se brinde protección permanente a don Jorge Luchsinger , mencionando como antecedente la medida de protección que ya existía a favor de esta persona.
¿Y qué ocurrió, señor Presidente ? Que unas personas ingresaron a la vivienda de don Jorge Luchsinger ; lo golpearon a él y a su señora, y luego quemaron la casa y los vehículos.
¿Podemos decir que hay protección? ¿Podemos asegurar que las personas honradas que trabajan, que cultivan la tierra en la Novena Región pueden estar tranquilas frente a estos grupos? ¡Eso es lo que reclamamos! ¡Eso es lo que exigimos!
Todos los que estamos sentados aquí representando a la Región de La Araucanía, hemos llegado también gracias al voto mapuche. Defendemos a este pueblo y queremos que tenga una mejor calidad de vida, pero eso no nos permite justificar, bajo ningún punto de vista, estos delitos que se cometen, que atentan contra la prosperidad y la inversión en nuestra Región.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , durante años los medios de comunicación han informado de hechos puntuales relacionados con el conflicto mapuche. Sin embargo, hemos debido esperar hasta ahora para abordar el problema con una visión de conjunto.
A comienzos de 2002, los gremios de la Novena Región publicaron un detallado "catastro de partes", cuyo análisis nos permitió apreciar el cuadro completo, revelándose la naturaleza y dimensión de la violencia vivida entonces en la Región de La Araucanía.
Febrero de 2001 fue el mes más violento, produciéndose dos hechos delictuales al día durante la mitad del mes y uno diario durante la otra mitad.
Tales acciones reflejan una forma de actuar concertada y planificada, que se traduce en tomas de tierras que siempre terminan en desalojos, cortes de tránsito -en ocasiones con presencia de encapuchados-, hurtos, incendios provocados -muchas veces con varios focos simultáneos- con el fin de amedrentar a los dueños de las tierras, y diversos actos violentos, consistentes en ataques con piedras, palos, boleadoras, armas de fuego y, a veces, bombas molotov, tanto contra ciudadanos civiles como contra carabineros, hechos que provocan daños materiales a la propiedad privada y fiscal, como destrucción de plantaciones, cercos, puentes, etcétera.
La finalidad de todas estas acciones es amedrentar y llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades.
Es preciso destacar que los planteamientos reiterados de distintos sectores coinciden en que la mayoría de los mapuches desea una solución pacífica y negociada de sus problemas. De hecho, el informe de la Comisión, que ha reunido todos los antecedentes relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana en la Octava y Novena Regiones, señala que de las 2.500 comunidades mapuches que existen, no más de 300 han reivindicado tierras, y menos de 60 están involucradas en actos violentos.
No se trata, entonces, de un movimiento de protesta social, sino de las acciones de una minoría violenta que ha provocado sistemáticamente una grave alteración de la vigencia del principio de seguridad jurídica en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, minoría representada por algunas organizaciones mapuches en perjuicio, particularmente, de los habitantes de las zonas rurales, quienes han sido atemorizados durante los períodos en que los incidentes se han producido "sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias". Así lo dice la Comisión en su informe.
Sabemos que las víctimas y los afectados habitan sus tierras hace varias generaciones y que han convivido con las comunidades mapuches colindantes sin problemas, estableciendo, además, vínculos laborales. Sin embargo, a mediados de los años 90 la situación cambió radicalmente, y se generó un clima de violencia e inseguridad.
El primer paso del proceso de reivindicación constituye generalmente la "demarcación del territorio" y, luego, se suman las amenazas constantes a los dueños de los predios, en un inaceptable sistema de hostigamiento y acoso.
El próximo paso consiste en que los dirigentes de estas organizaciones mapuches no representativas plantean a los propietarios de los terrenos la idea de que la conadi compre sus tierras. En muchos casos, éste fue el punto de inicio de un proceso de conversaciones entre la entidad pública y los dueños. Sin embargo, estos últimos muchas veces no están dispuestos a vender sus propiedades como resultado de presiones ajenas, por legítimas razones de apego, familiares o económicas.
Cuando las conversaciones de venta no prosperan, las comunidades hacen realidad sus amenazas, pasando a los ataques directos: quema de bosques y siembras, destrucción de maquinarias, puentes, cercos e inmuebles, matanza de animales reproductores y daño físico a causa de agresiones a las personas.
De esa forma, algunas veces los dueños han vendido sus terrenos a la conadi, para su posterior traspaso a las comunidades que los reivindicaron.
Por fortuna, durante el último período del ciclo de actividad que nos ocupa, esa Corporación cambió su política -que había demostrado ser tremendamente perjudicial-, evitando comprar predios envueltos en situaciones violentas.
Pese a lo anterior, se han creado en la zona verdaderos "territorios mapuches", con presencia mapuche exclusiva y excluyente, donde se hace difícil o imposible transitar para los lugareños, debido a la exigencia de peajes y a los ataques con boleadoras, palos, piedras y armas de fuego.
En algunos de esos territorios existen "islas" que pertenecen a chilenos no mapuches, quienes constantemente son amedrentados para que vendan sus tierras o las abandonen. Diversas organizaciones mapuches llegaron, incluso, a manifestar públicamente que buscan autonomía del Estado chileno en esas zonas. No cabe duda de que esto ha sido incentivado desde el extranjero.
Otro aspecto que se ha difundido muy poco es que la violencia ha afectado no sólo a chilenos no mapuches, sino también a miembros de la etnia que han optado por el camino pacífico y por sustentar a sus familias trabajando para aquéllos. Estos mapuches han recibido la peor parte, ya que han sido acosados y estigmatizados como traidores a su pueblo, sufriendo incluso ataques físicos.
Como es natural, los afectados por la escalada de violencia que se vivía en la zona recurrieron a las autoridades en busca de una solución, por tratarse de una situación que se encuentra dentro del ámbito del Estado como garante del orden público y de la seguridad de sus ciudadanos.
Sin embargo, en un principio, la reacción de las autoridades fue minimizar el conflicto e incluso se insinuó que la solución era la autodefensa de los dueños de las tierras. Evidentemente, esta peligrosa interpretación por parte de la autoridad, que ostenta el monopolio de la fuerza dentro de un Estado de Derecho, constituye un atentado al orden público mucho mayor que el cometido por los grupos en conflicto.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor CORDERO.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
A esto se suma la dificultad para dar un adecuado resguardo a los testigos, ya que la protección de éstos sólo cabe en el marco de las leyes sobre tráfico de estupefacientes y la que sanciona conductas terroristas.
No cabe duda de que existe una relación directa entre las muestras de mayor firmeza por parte de las autoridades y el freno que se ha producido en este conflicto a partir del 2003, actitud que no debe cambiar, ya que ello podría provocar que vuelva a agudizarse la situación.
La tarea de la autoridad es resguardar el Estado de Derecho, lo que implica garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
No cabe duda de que en todos los discursos escuchados ahora se da cuenta de dos situaciones de muy distinta naturaleza en torno del problema de los mapuches en particular y de las etnias en general. Una de ellas dice relación a la indigencia, la desesperanza, la falta de oportunidades, la carencia de tierras; es decir, una pobreza terrible.
Esa condición es similar a la que afecta a muchos otros chilenos, salvo que en el caso que nos preocupa hay un componente histórico imposible de ignorar. La forma en que se les quitaron sus tierras y se les engañó torna mucho más urgente que el Estado de Chile haga algo por ayudarlos, porque, en su minuto, no supo proteger sus derechos y ahora, por lo tanto, tiene que devolverles la mano.
En los últimos Gobiernos, se ha tratado de abordar la pobreza. Nosotros siempre hemos apoyado las medidas que se adoptaron; pero, por desgracia, han tenido malos resultados.
La CONADI acusa un escándalo tras otro. Nos hemos enterado en estos días que se pidió la renuncia a una jefa de ese organismo. Todos sabemos -a cada rato aparece en la prensa- del pago de presuntos groseros sobreprecios en las compras de terrenos y campos que se van a traspasar a la etnia mapuche.
En cuanto al programa Orígenes -que involucra varios millones de dólares-, hemos escuchado los testimonios del Senador señor García e incluso de Parlamentarios de la Concertación, en cuanto a que es un completo desastre, un fiasco; que está mal administrado, mal diseñado, etcétera.
Por lo tanto, en mi concepto, esto amerita que nosotros en algún momento nos preocupemos de cómo se aborda la situación de pobreza de los mapuches. A mi juicio, se está haciendo muy mal.
Pero el que exista tal problema no puede hacernos callar el otro: el terrorismo.
¡Lo que sucede es terrorismo, señor Presidente ! Hasta cuándo hablamos de que son eventos cíclicos, aislados, etcétera. ¡Hay terrorismo!
En verdad, debiera darnos vergüenza lo que hemos hecho en el Senado respecto de esta materia. Hablamos de las víctimas. Algunas son de la Concertación, gente de gran trayectoria, juristas importantes, como el señor Juan Agustín Figueroa ; otras, empresarios, como el señor Fernando Léniz y, también, don Jorge Luchsinger .
Esas víctimas acudieron al Senado para obtener justicia y protección. Y lo que consiguieron fue exactamente lo contrario: más atentados, en represalia.
Señor Presidente , no me cabe duda de que aquí, en efecto, hay falta del Estado respecto a la protección de estas personas. Él no está cumpliendo su rol más importante, el de otorgar seguridad a la sociedad.
Todos recordamos cuando se dijo que el conflicto era entre particulares. No es un problema entre privados, señor Presidente.
También se ha dicho acá que se les ha pedido tener guardias. ¿Un ejército privado? ¿Eso es lo que deseamos? ¿Queremos una solución estilo Colombia, con una especie de ejército o de fuerza policial paralela? El día en que ésta se utilice en tareas ajenas al resguardo de los ciudadanos, ¿quién va a responder? El monopolio de la fuerza y de las armas lo tiene el ente estatal, porque es peligrosísimo en otras manos.
Entonces, ¿puede el Estado ser tan inconsecuente y pedir a esas personas que organicen sistemas de guardias privados? Eso nos llevaría a la "colombianización" del conflicto.
Finalmente, ¿qué salida tienen los afectados? ¿Formar ejércitos de guardias privados o quedar expuestos a que les peguen, los maten, les expropien?
Señor Presidente , la respuesta del Estado ha sido lamentable hasta ahora. Casi da como para una acusación constitucional. Porque en verdad aquél ofrece a las víctimas una forma absolutamente ridícula de protección: rondas periódicas de carabineros. Pero todo el mundo sabe a qué hora las hacen. Por lo tanto, al final, esa "protección" no sirve para precaver la ejecución de atentados, de terrorismo, de ilícitos, de crímenes, sino sólo para constatar que ocurrieron. Nada más.
En mi opinión, hay demasiadas evidencias en la justicia en cuanto a que aquí, efectivamente, existe un movimiento, una organización terrorista, que ya está controlando el sur de la provincia de Arauco, y que también opera en las de Cautín y de Malleco.
El Senado debe abordar los dos problemas, y abocarse a la situación de la pobreza con mucho más seriedad de la empleada hasta ahora, y con mayor eficiencia. Pero eso no significa...
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Finalizó su tiempo, señora Senadora .
La señora MATTHEI.-
...que no nos preocupemos de la seguridad pública, de la falta de servicios del Estado; en el fondo, del desamparo absoluto de los habitantes de esas zonas.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , señores Senadores, a la sazón, yo era miembro de la Comisión de Constitución y, en consecuencia, intervine en el largo debate que se produjo cuando se estudió esta materia.
No está de más recordar que dicha Comisión realizó más de doce reuniones para estudiar y abocarse al análisis del asunto que ahora nos ocupa. Su informe cumple justamente dos años en este mes. Se emitió en julio del 2003. Y la verdad es que las conclusiones a las que llegó la mayoría de los Senadores de tal órgano técnico -cuatro de los cinco que lo conforman- fue absolutamente coincidente en el sentido de determinar algo que a nuestro juicio, sin discusión alguna, se halla dentro de la competencia de esta Alta Cámara. Y lo digo porque ésta no tiene facultades fiscalizadoras. Eso es cierto. Pero ello no impide en lo absoluto -por el contrario, es su deber- que se aboque al conocimiento de materias que son de la preocupación razonable de los órganos del Estado. Y no puede dejar de hacerlo el Senado de la República cuando se plantea si está vigente o no, o si halla en peligro o no, la seguridad jurídica, que en un Estado de Derecho es de su esencia y elemental.
Señor Presidente , yo soy un hombre de Derecho. Toda la vida he tratado de practicarlo y defenderlo. Y no puedo menos que expresar que en aquella oportunidad debí, naturalmente, emitir un informe jurídico completo, concurriendo con el Senador señor Espina -que en esa oportunidad era también miembro de esa Comisión- en el sentido de que aquí había un peligro serio de falta de seguridad jurídica.
No es que nosotros estuviésemos formulando cargos al Ejecutivo ni a las autoridades de Gobierno de la época. Consta en los antecedentes -y ello está largamente pormenorizado en el completo informe de la Comisión- que hubo preocupación e inquietud, y que se han realizado ingentes esfuerzos para que estos problemas se solucionen. Pero la seguridad indiscutible, aquella que se demuestra palmariamente con el estudio de los antecedentes, apunta a que en esa zona del país en este momento existe falta de certeza, falta de seguridad, a pesar de que a los afectados -como muy bien dijeron, no uno, sino varios de los que concurrieron a la Comisión- les constaba el otorgamiento de diversas protecciones, que resultaron francamente insuficientes.
No está de más recordar por qué estamos preocupados de la materia. Me parece que es consecuencia de lo que sucedió hace muy poco tiempo a uno de los afectados que compareció a dos reuniones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la cual dejó clara constancia de cómo habían sido violentados sus derechos más elementales y quemadas sus propiedades.
Sin embargo, hemos consignado en el informe que, si esta situación no se aclaraba rápidamente y el Estado no tomaba las medidas del caso para evitar que estos hechos continuaran sucediéndose, temíamos que volvieran a producirse. Y así fue. Porque deplorablemente -por razones que no son imputables al Senado ni a las autoridades del Ministerio del Interior- no se ha podido encontrar solución a un problema que involucra dos materias igualmente preocupantes.
Por un lado, la situación de los mapuches que, como sostuvieron varios señores Senadores, inquieta sobre todo por el grado de pobreza que existe en la zona.
La Comisión no ha dejado de preocuparse de ello.
Me permito recordar que el Senador que habla hizo presente en aquella ocasión que resultaba fundamental que se aprobara el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tuve el honor de suscribir en 1990 como Ministro de Relaciones Exteriores , en nombre del Gobierno de Chile. Y desde entonces hasta la fecha han transcurrido varios años. Dicho instrumento internacional se encuentra sometido a la ratificación del Congreso Nacional. En efecto, se discutió diez años en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde ya lleva cuatro.
Yo me pregunto por qué ese Tratado -que establece normas integrales que comprometen al Gobierno de Chile en cuanto a la protección de las etnias- todavía no se aprueba. Deplorablemente es así.
Pero, de manera paralela existe otro aspecto tan grave como el anterior. Se refiere a todas aquellas personas que viven en esas tierras, que laboran y trabajan por el progreso de Chile y que no son protegidas, en circunstancias de que el artículo 24 de la Constitución Política señala explícitamente que es labor del Estado y del Gobierno mantener el orden público.
Aquí no se trata de que el orden público sea mantenido por los particulares. Ése es un deber absolutamente irrenunciable que se entrega al Estado, el cual, por determinadas circunstancias, no ha podido ejercerlo en plenitud.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor SILVA .-
Concluyo, señor Presidente , preguntando por qué el Senado no hace lo que de modo razonable corresponde para concurrir a la solución de estos problemas: entregar los antecedentes al Gobierno de la República y enviar el informe incluso con la opinión de minoría, que yo respeto ¿Por qué? Porque el Honorable colega que la sustenta dejó clara constancia, en el primer punto de sus conclusiones, que reconocía la existencia de inseguridades graves y preocupantes, dando naturalmente una cantidad de razones para justificar medidas diferentes a las adoptadas por la mayoría de la Comisión.
En definitiva, como manera de solucionar un problema de esta naturaleza y no perpetuarlo en el futuro -como tememos que ocurra de no tomarse las medidas pertinentes-, recomiendo entregar el informe de la Comisión al Ejecutivo, para que busque la solución a un conflicto que inquieta a sectores importantes de la colectividad nacional.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , lo que se halla en debate es la seguridad ciudadana, materia en la que, a mi juicio, no caben dos opiniones, porque atañe al orden público, el cual a su vez rige para todos los habitantes de la República y porque la violencia debe ser condenada cualquiera sea el sujeto y cualquiera la situación.
No me voy a referir al problema en lo específico, sino que haré algunos alcances respecto de la situación indígena en general, que no tiene que ver con los habitantes de la Región que represento en el Senado, que son huilliches y no mapuches. Existe una clara diferencia entre ellos, marcada por el lago Calafquén, donde se encuentran ambas etnias que son parecidas y parientes, pero no iguales.
Como digo, deseo hacer algunas reflexiones de tipo general.
El fenómeno más importante que estamos viviendo hoy en día es la globalización, que no solamente se refiere a la moneda, los negocios, las comunicaciones, los viajes, la tecnología, sino también a la aceptación por el mundo de ciertos valores que antiguamente no se respetaban, como los derechos humanos, aceptados en la actualidad como norma básica de la civilización.
También debemos mencionar los derechos ambientales, que empiezan a envolver a Chile, con visitas de Parlamentarios extranjeros que vienen a ver cómo protegemos nuestro medio en función de la globalización. Y nos preparamos para tal encuentro -debo decirlo, porque me corresponde presidir la Comisión parlamentaria chilena encargada de recibirlos- estudiando de qué modo en países europeos como España, Alemania y otros se atropella el entorno. De manera que podemos empatar en alguna forma nuestras deficiencias.
Y, por último, emerge el derecho de las etnias. Se trata de algo legítimo, que supera la capacidad del Estado. Así como los derechos humanos y los derechos naturales están por encima del ente que personifica a la Nación y se constituyen en normas internacionales, en el mundo de hoy las etnias -enclavadas en naciones chicas o grandes- se tornan superiores al Estado y merecen respeto como tales.
No cabe duda de que la situación de ahora afecta a todas las etnias de Chile, como los pascuenses y los indígenas del norte.
¡Sería absurdo, casi criminal, reconstruir la zona devastada por el último terremoto en Tarapacá con una arquitectura moderna, en circunstancias de que ellos construyen sus iglesias y sus casas según modelos de su propia cultura y costumbres! Esto es lo que el país debe proteger: las libertades de las personas de los distintos grupos que desarrollan su vida comprometida con cierta cultura.
En el caso de los indígenas del sur, mi impresión es que no hemos implementado políticas amplias -sobre todo en el caso de los mapuches-, que vayan más allá de remediar la expropiación que sufrieron con motivo de la guerra, en la que perdieron su autonomía y sus derechos a la tierra.
Sin embargo, después de vivir muchos años en el sur y gozando de muy buenas amistades -incluso la de Aucán Huilcamán, el líder internacional más importante de los mapuches-, no puedo concebir que nos limitemos a buscar como objetivo fundamental y casi único del Gobierno, una solución al problema de la tierra, aun con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que los condenamos a la pobreza.
La tierra para los mapuches es una reivindicación histórica, pero no los libera de su condición de pobreza. Eso lo compruebo tanto en Temuco y Panguipulli como en San Juan de la Costa y en cualquier otro lugar del sur.
Por eso hace algunos años propuse al Gobierno, a través del Ministerio de Educación, una fórmula sugerida por algunos grupos del sur -no tuve éxito al respecto-, consistente en repetir la experiencia muy exitosa habida en nuestro país con personas de nacionalidad distinta de la española-chilena. Es el caso de los alemanes, quienes mantienen sus costumbres, cultura, cantos y manera de vivir mediante escuelas primarias, secundarias y técnicas. Son chilenos, pero pertenecen a comunidades alemanas.
Lo mismo pasa con los franceses y los italianos, que se han incorporado a nuestra nación con su propia cultura, la que es respetada. Así ha ocurrido con diversas etnias que han hecho grandes aportes a Chile.
¿Por qué no hacer igual cosa con los mapuches? ¿Por qué se les condena sólo a tener tierras con "chanchitos", "gallinitas" y con la misma pobreza de hace cincuenta años?
Llevo quince años recorriendo esas comunidades -tengo muy buenos amigos entre los loncos y la gente de la tierra- y puedo afirmar que, desde ese punto de vista, no se divisa solución alguna.
Deberíamos propugnar la idea de que haya internados bilingües, con cultura, música y lengua mapuches, para que lleguen a ser ingenieros, arquitectos, técnicos, trabajadores y puedan alcanzar altos cargos en la sociedad chilena, como ha ocurrido con un distinguido abogado y amigo nuestro de origen mapuche, que fue Diputado y que hoy día es alcalde de Temuco .
¿Por qué no permitimos una afloración de dicha etnia, que es nativa chilena? ¿Por qué no gastamos recursos y esfuerzos en internados de gran calidad?
Se diseñaron tres internados: uno en Panguipulli, otro en Ranco y un tercero en San Juan de la Costa. Se presentó el proyecto al Ministerio, pero se dijo que ello excedía la política del Gobierno en materia de tierras.
Eso lo hablé con Huilcamán, a quien conozco bastante. Le entusiasma la idea, pues además habría recursos extranjeros.
Creo que se debe salir del empate existente entre el chileno que tiene la tierra y el indígena que reclama que se la robaron, por cuanto ambos terminarán en la pobreza y en una especie de entierro de las posibilidades de solución.
Por lo tanto, me parece que si en el debate sobre este tema...
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor VALDÉS .-
...se propusiera un plan de tipo educacional para sacar al pueblo mapuche de la pobreza, sería una solución que, además, contribuiría derechamente a dar más seguridad a la gente de la zona.
El señor ROMERO (Presidente).-
Faltan tres minutos para que concluya esta sesión especial.
¿Habría inconveniente en prorrogar la hora de término a fin de que puedan intervenir el Senador señor Espina y el señor Ministro , y luego, proceder a la votación del informe?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, considero que el Senador señor Valdés ha puesto en su justa dimensión este debate.
No se pueden confundir ni mezclar el problema y el análisis de la realidad de las comunidades mapuches con un tema distinto: el de la seguridad jurídica en un sector del país.
En varios puntos concluyentes del informe ¿para conocimiento de los señores Senadores- se hace mención precisamente a la necesidad de reestudiar las políticas públicas que se han aplicado durante décadas a las comunidades mapuches, por cuanto estimamos que aquéllas han sido por entero insuficientes: no han arrojado ninguno de los resultados que en su momento el legislador, de buena fe, quiso que se cumplieran.
Entonces, no mezclemos dos situaciones diferentes. Una cosa es la realidad de las comunidades mapuches -para lo cual el informe señala que es preciso que el Senado reestudie todas las políticas públicas y que se avance con claridad en la aprobación del Convenio 169, sobre pueblos indígenas- y otra totalmente distinta es que grupos minoritarios, organizados en forma alevosa y premeditada, generen en la Región un clima de inseguridad jurídica que hasta ahora ha sido imposible resolver.
Al respecto, deseo simplemente manifestar lo siguiente.
Cuando el ex Ministro de Agricultura señor Figueroa , que no es un ciudadano que desconozca la normativa jurídica del país, y un ex Contralor General de la República, como el Senador señor Silva , concluyen, entre otros aspectos, que en la zona existe un creciente grado de inseguridad jurídica, el propósito de ellos no es atacar a la autoridad de turno, sino develar una situación para que el Gobierno la tenga en cuenta y se adopten las medidas del caso.
Cuando el Honorable señor García da lectura a lo que dice la Fiscalía creada por el Senado y señala expresamente cómo, a contar del año 2002, comienza toda una operación, organizada y sistemática para intimidar a un sector de la población, la Cámara Alta no puede cerrar los ojos frente a eso y manifestar que ese hecho no ocurre.
Por último, deseo expresar que coincido plenamente con el Senador señor Silva.
A mi juicio, lo que debe hacer esta Corporación es aprobar el informe, el cual contiene una posición de mayoría y otra de minoría, y remitirlo a las autoridades para que el tema pueda ser abordado como corresponde, con las propias recomendaciones consignadas en ambos planteamientos. Es decir, que se consideren aquellas medidas de solución relacionadas tanto con el problema de fondo, cual es la realidad de las comunidades mapuches, como con el hecho puntual, específico, grave y reiterado que es la inseguridad jurídica creada por grupos terroristas minoritarios que operan en la zona y provocan todo tipo de desmanes y destrucción, generando el temor en la ciudadanía de que podrían ser víctimas de delitos de igual naturaleza.
Señor Presidente , el informe en cuestión abordó todas las materias. Quien lea sus conclusiones verá que es completo y que corresponde que el Senado lo apruebe, como un aporte para continuar después con la adopción de medidas concretas tendientes a implementar lo que en él se señala.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Finalmente, hará uso de la palabra el señor Ministro , y luego, se procederá a la votación.
El señor VIDAL ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , antes de que se vote el informe de la Comisión, sólo deseo hacer tres consideraciones.
Primero, nos preocupa la situación que acontece en la zona. No somos indiferentes a ella ni la minimizamos. Pensamos que en Chile no debe haber un metro cuadrado donde no rija el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
Segundo, se ha hecho un esfuerzo enorme sobre el particular por parte de los Gobiernos democráticos, con legislación acordada además por el Parlamento, que se halla reflejado en un conjunto de indicadores que no mencionaré porque está en conocimiento de los señores Senadores.
Tercero, a partir de ese esfuerzo, también ha habido un avance en materia de orden público, de seguridad jurídica. Si lo permite el señor Presidente , el señor Subsecretario que me acompaña informará exhaustivamente a este respecto.
Sin embargo, como Gobierno -y, en particular, como Ministro del Interior - deseo señalar que para enfrentar correctamente este problema se requiere, primero, una tarea de unidad; segundo, asumir que existe, aun cuando pueda haber distintas interpretaciones acerca de su dimensión y evolución, y tercero, trabajar juntos para atenuarlo, disminuirlo, inhibirlo.
Nuestra tranquilidad es relativa. Si uno observa la tendencia, como lo ratificará el Subsecretario señor Correa , más allá de tratarse de algo cíclico o no, debemos seguir profundizando en ese afán. Pero este esfuerzo y la lógica de progresar en las políticas que tienden a inhibir el problema no nos pueden llevar a la condescendencia, a mirar las cosas como diciendo -comillas- "aquí no pasa nada".
Me parece que si logramos perseverar en la política social, en la política pública, respecto de este sector de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, de nuestra historia, junto con acentuar las medidas destinadas a impedir que se perturbe la seguridad jurídica, iremos por buen camino.
Le reitero, señor Presidente -y, por su intermedio, a la Sala-, que este asunto nos preocupa, pero que persistiremos en un camino que, pensamos, está bien orientado en función del objetivo que todos perseguimos.
Gracias.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala -porque no habíamos considerado la intervención "exhaustiva" a que hace alusión el señor Ministro -, se le concederá la palabra al señor Subsecretario del Interior hasta por tres minutos.
Acordado.
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor COLOMA.-
La Comisión de Relaciones Exteriores tiene previsto recibir a la delegación peruana, que ya está esperándonos. Por tanto, solicito que se abra la votación, al menos respecto del informe, pues, según entiendo, debe votarse.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Propongo a la Sala seguir la indicación del Senador señor Silva en orden a aprobar el informe de mayoría y de minoría y hacérselo llegar al Ejecutivo . En seguida, escucharemos al señor Subsecretario .
Si no hay objeción, se dará por aprobado el informe.
--Así se acuerda.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente ? .
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, pido que recabe el asentimiento de la Sala para poder votar el proyecto de acuerdo.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
El proyecto de acuerdo fue presentado por cinco señores Senadores (Honorables señores Moreno , Viera-Gallo , Muñoz Barra , Flores y Boeninger ), y dice lo siguiente:
"Teniendo en cuenta los graves problemas y conflictos que vive el pueblo Mapuche, el H. Senado acuerda:
"Crear una Comisión Especial que estudie en toda su globalidad y complejidad la situación que viven los pueblos indígenas y analice las propuestas y recomendaciones de la Comisión sobre Verdad Histórica.
"Explorar la viabilidad parlamentaria de las diversas iniciativas legales que se refieren a los pueblos indígenas.
"La Comisión evacuará un Informe en el plazo de 90 días.".
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , entiendo que estaría aprobado el informe de la Comisión.
El señor ROMERO (Presidente).-
Así es. Ése es un tema distinto.
El señor ESPINA.-
No lo es, señor Presidente, porque hay que darle unanimidad.
El proyecto de acuerdo me parece razonable; debemos aprobarlo. Pero, lo que corresponde, como lo ha planteado el Senador señor Silva , es que el informe de la Comisión se apruebe en su conjunto, porque así cada uno se podrá sentir representado, el voto de minoría incluido.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Nosotros ya aprobamos el informe. En seguida, puse en consideración de la Sala el proyecto de acuerdo a que di lectura. Si hubiera unanimidad, podría insertarse como parte del informe de la Comisión. De esa manera, nos evitamos una votación.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Acabo de oír el texto del proyecto de acuerdo, de manera que no tengo una opinión muy definitiva, pero me parece bien la idea en lo sustancial. No obstante, no se hace ninguna referencia al informe que acabamos de aprobar, que también debería ser incorporado...
El señor ESPINA.-
Está aprobado ya.
El señor MORENO .-
Y unánimemente.
El señor LARRAÍN.-
Sí, pero lo que yo quiero es que la Comisión que se propone crear trabaje y opere...
El señor ROMERO (Presidente).-
Sugiero a la Sala acoger el proyecto de acuerdo, incorporando el informe aprobado por el Senado.
El señor VIERA-GALLO.-
Está bien, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Si no hay objeción, se
--Así se acuerda.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , ya aprobado el informe tal vez no tiene mucho sentido hacer uso de la palabra. Sin embargo, deseo decir que, a mi juicio, acogerlo hoy en los términos en que fue elaborado en el año 2003 equivale a emitir un juicio absolutamente extemporáneo tanto respecto de la descripción del conflicto como de las acciones asumidas por el Estado.
En ese sentido, lo lógico y lo razonable es que el informe se apruebe como un juicio del Senado emitido a la luz de los hechos que ocurrieron hasta julio de 2003.
Para respaldar esta afirmación, quiero señalar, a modo de ilustración, que si en el año 2001 -cuando se produjeron los hechos que motivaron en definitiva a esta Sala a discutir el tema y a desarrollar un informe durante los años 2002 y comienzos del 2003- hubo 30 tomas de predios agrícolas, en el 2004 hubo 5, y en el 2005, ninguna.
La señora MATTHEI.-
¡Es que ya se los tomaron todos...!
El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Si los incendios fueron 16, ellos disminuyeron a 11 el año 2004; y llevamos 2 el año en curso, tremendamente graves, como el caso del señor Luchsinger, pero se nota y se percibe una disminución significativa.
Si en el año 2001 hubo en la zona -y me refiero a lo registrado por Carabineros- 40 cortes de ruta, en el 2004 éstos disminuyeron a 7.
Si el número de detenidos por la violencia mapuche llegó, en el año 2001, a 83, en el 2002 alcanzó a 244, y en el 2004 bajó a 15.
Me parece que tales cifras son suficientemente ilustrativas de que esta realidad, percibida en el año 2002, ha cambiado de manera significativa. Ello, porque la política de vecindad de las forestales lo ha hecho en igual forma. Y aquello que el Senador señor Muñoz Barra leía respecto del señor Luchsinger, hoy día no es dable escuchar sino de muy pocas personas. Es distinta la actitud de los dueños de la tierra y de las comunidades que los circundan.
Esa realidad ha variado porque mientras este informe se realizaba se detuvo a la organización que concentró la mayor cantidad de actos violentistas en aquel período, como fue la Coordinadora Arauco-Malleco. Y si bien no todos sus dirigentes están presos -porque algunos de ellos se encuentran prófugos-, la desarticulación de ese grupo es sustancial.
Entonces, deseo señalar que a través de diversas políticas de Estado, fundamentalmente de regulación del orden público, de resguardo de los predios, de buena vecindad, de coordinación entre políticas sociales y policiales, de establecimiento de fuerzas de tarea policial que se llevan adelante en la zona, la realidad que describió, de manera adecuada o no, la Comisión del Senado en el año 2002 me parece que ha cambiado significativamente, por lo que considero extemporáneo el informe.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente, lamento que no dispongamos de tiempo, pero deseo discrepar profundamente de la intervención del señor Subsecretario, a quien quiero recordarle que lo sucedido a Jorge Luchsinger hace aproximadamente 30 días se dio precisamente cuando se reiniciaba el juicio contra la Coordinadora Arauco-Malleco. Por lo tanto, es evidente que lo que ha habido ahí es una acción de intimidación de este grupo que está actuando con las características de violencia y de terrorismo con que lo hace frecuentemente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:42.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción