Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DIPUTADO SEÑOR RAMÓN PEREZ OPAZO Y DE VICTIMAS DE TERREMOTO EN PRIMERA REGIÓN
- ACUERDO DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- TÉRMINO DE BENEFICIO PREVISTO EN ARTÍCULO 57 BIS DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
- INCOMPATIBILIDAD DE MINISTRO DE ESTADO Y DE SUBSECRETARIO CON CARGOS DE DIRECTORES EN EMPRESAS ESTATALES, SEMIFISCALES O CON PARTICIPACIÓN DEL FISCO
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE QUIEBRAS EN MATERIA DE CONVENIOS CONCURSALES
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- TÉRMINO DE BENEFICIO PREVISTO EN ARTÍCULO 57 BIS DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
-
SOLICITUD DE REEMPLAZO DE BUQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIDAL GORMAZ. PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
SOLICITUD DE REEMPLAZO DE BUQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIDAL GORMAZ. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- GRAVES DEFICIENCIAS EN VIVIENDAS DE COMUNAS DE RANCAGUA CONSTRUIDAS CON SUBSIDIO ESTATAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- VOTO POLÍTICO DE PRIMER CONGRESO DE ALCALDES Y CONCEJALES DE SEXTA REGIÓN
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
-
HOMENAJE A SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE FERIA DE OSORNO
- HOMENAJE : Carlos Bombal Otaegui
-
DEMORA EN RESPUESTA A OFICIOS DE PARLAMENTARIOS Y FALTA DE CONSIDERACIÓN PROTOCOLAR HACIA ELLOS EN CEREMONIAS PÚBLICAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN DE GLACIAR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR PARTE DE EMPRESA MINERA FRONTERA DEL ORO SCM. OFICIOS
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 353ª, ORDINARIA
Sesión 5ª, en martes 14 de junio de 2005
Ordinaria
(De 16:20 a 18:52)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE, JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE , Y MARCO CARIOLA BARRIOLHET, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS....................................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Minuto de silencio en memoria de Diputado señor Ramón Pérez Opazo y de víctimas de terremoto en Primera Región..........................................
Acuerdos de Comités........................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que deroga incisos tercero de artículo 18 de la ley Nº 19.578 (3873-05) (se aprueba en general y particular)...............................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incompatibilidad entre cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales o en la que el Fisco tenga intervención por aportes de capital (1296-03) (queda para segunda discusión)..............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (3671-03) (se aprueba en particular)...........................................................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solicitud de reemplazo de buque de investigación científica Vidal Gormaz (S 802-12) (se aprueba).........................................................................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).............................................
Graves deficiencias en viviendas de comunas de Rancagua construidas con subsidio estatal. Oficios (observaciones del señor Moreno)....................................................
Voto político de Primer Congreso de Alcaldes y Concejales de Sexta Región (observaciones del señor Moreno).............................................................................
Homenaje a sexagésimo aniversario de Feria de Osorno (intervención del señor Bombal)....................................................................................................................
Demora en respuesta a oficios de Parlamentarios y falta de consideración protocolar hacia ellos en ceremonias públicas (observaciones de señores Prokurica y Cantero)......................................................................................................................
Intervención de glaciar y sitios arqueológicos por parte de empresa Minera Frontera del Oro SCM. Oficios (observaciones del señor Núñez).........................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , de Educación, de Justicia y de Minería, y los señores Superintendente de Quiebras , Coordinador de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Jefe de División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , y el Asesor Legislativo del Ministerio de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 1ª, en 7 de junio; 2ª, especial; 3ª, extraordinaria, y 4ª, ordinaria, en 8 de junio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ROMERO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública (boletín Nº 2.394-07).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que deroga el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578 (boletín Nº 3.873-05).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el límite intercomunal de las comunas de Recoleta y Huechuraba (boletín Nº 3.591-06).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República , mediante los cuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Fundamental, comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
-El 10 de junio de 2005, para participar en la inauguración de la Carretera Monte Aymond, en la República Argentina.
-El 11 de junio, en vuelo hacia Europa.
-Del 12 al 14 de junio, para efectuar una visita oficial a la ciudad de Estocolmo, Reino de Suecia.
-Del 14 al 16 de junio, para realizar una visita oficial a la ciudad de Amsterdam, Reino de los Países Bajos.
-El 16 de junio, para recibir un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Salamanca, Reino de España.
-El 17 de junio, regreso al territorio nacional.
-Los días 19 y 20 de junio, para participar en la XVI Reunión Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y los países asociados, en Asunción, República de Paraguay.
Agrega que durante su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Francisco Vidal Salinas.
--Se toma conocimiento.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano (boletín Nº 3.590-09).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que otorgó su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Ian Thomson Newman (boletín Nº 3.765-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con los tres siguientes comunica que aprobó los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana", firmado en La Paz, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003 (boletín Nº 3.730-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2) Proyecto que flexibiliza el manejo de los fondos asignados al Poder Judicial en la Ley de Presupuestos (boletín Nº 3.789-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda.
3) Proyecto que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, sobre libertad condicional (boletín Nº 3.854-17).
--Pasa a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Ministro de Justicia, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, relativo a la posibilidad de crear una notaría en la comuna de Pichidegua.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas , con los que contesta sendos oficios remitidos en nombre del Senador señor Horvath, referidos a los problemas derivados del socavamiento de la ribera sur del río Simpson; a los criterios utilizados para aprobar el uso de vías alternativas en las obras viales realizadas en zonas urbanas, y a los proyectos de asfaltado de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, construcción de la Autopista Central y del Metro regional de Valparaíso .
Dos del señor Ministro de Salud:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Honorable señora Carmen Frei, acerca del deterioro del Hospital Regional de Antofagasta y el estado de avance de la construcción del Hospital Zona Norte, de la misma ciudad.
Con el segundo contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de incorporar un escáner en un establecimiento hospitalario de la Región de Aisén.
Del señor Subsecretario de Pesca , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, relativo a la factibilidad de ejecutar los proyectos que indica, en beneficio de los pescadores artesanales de la comuna de Toltén.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía , con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, referido a la factibilidad de que el Gobierno Regional colabore con los locatarios de la Sociedad Mercado de Victoria en la remodelación del recinto.
Del señor Director Regional de Vialidad de la Novena Región , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, sobre la posibilidad de asfaltar el bypass Queule.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorios de los siguientes instrumentos internacionales:
1) "Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República de Colombia", suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003. (boletín Nº 3.741-10).
2) "Convenio Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de España", suscrito el 14 de mayo de 2002 (boletín Nº 3.757-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a doña Margarita Eliana Herreros Martínez (boletín Nº S 801-05).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que deroga el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 3.873-05).
--Quedan para tabla.
Solicitudes
De los señores Leopoldo Osorio Cornejo y Manuel Hernández Vidal, por medio de las cuales piden la rehabilitación de sus ciudadanías (boletines Nos S 804-04 y S 805-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ROMERO (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor NARANJO.-
Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a la Cuenta.
El señor ROMERO (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , entre los proyectos incluidos en la Cuenta figura el que modifica el decreto ley Nº 321, de 1925, sobre libertad condicional, que se acordó tramitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Dicha iniciativa fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En concordancia con ello, pido que en el Senado se proceda de igual modo.
¿Por qué hago esta petición? Porque ese proyecto tiene que ver con la prolongación de un beneficio que esta Sala aprobó hace algún tiempo para los presos de cárceles de alta seguridad, mediante una normativa que en su momento fue estudiada por las Comisiones de Derechos Humanos de ambas ramas del Parlamento.
Por eso, pido que la iniciativa en comento, en lugar de remitirse a la Comisión de Constitución, pase a la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
He dicho.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¿Sobre la misma materia?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Este proyecto se refiere a un asunto que tiene directa relación con el ámbito de estudio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El Presidente de dicho órgano técnico me encargó hacer presente ese hecho. Pero si el Honorable señor Naranjo quiere que además lo analice la Comisión de Derechos Humanos, no habría problema.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Si le pareciera a la Sala, la iniciativa pasaría primero a la Comisión Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y después a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , para ahorrar tiempo, ¿no sería mejor que se viera en Comisiones unidas?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Concuerdo en que se remita a Comisiones unidas.
El señor FERNÁNDEZ.-
Es más lento.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Efectivamente, el trámite resultaría más lento.
El señor NARANJO.-
Pero es mejor.
Que se envíe a Comisiones unidas, señor Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
El señor PROKURICA.-
Habría que preguntar al Presidente de la Comisión de Constitución .
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DIPUTADO SEÑOR RAMÓN PEREZ OPAZO Y DE VICTIMAS DE TERREMOTO EN PRIMERA REGIÓN
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Solicito a los señores Senadores que guardemos un minuto de silencio en memoria del Diputado señor Ramón Pérez Opazo, fallecido recientemente.
Ese acto se hará extensivo también a las víctimas del terremoto que azotó ayer a la Región de Tarapacá.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
El único miembro de la Comisión de Constitución que se encuentra presente apoya la solicitud.
Entonces, si le pareciera a la Sala, así se procedería.
El señor NARANJO.-
Es más rápido.
El señor FERNÁNDEZ.-
Sugiero esperar al Presidente de la Comisión.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
No se puede esperar mucho, Su Señoría. Debemos tomar una decisión.
El señor FERNÁNDEZ.-
No hay acuerdo.
El señor ROMERO ( Presidente ).- Hay oposición.
Si le parece a la Sala, se dejará pendiente el asunto hasta que llegue el Presidente de la Comisión de Constitución
.
--Así se acuerda.
ACUERDO DE COMITÉS
El señor ROMERO ( Presidente ).- El señor Secretario dará cuenta de una resolución adoptada por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, en sesión de hoy, por unanimidad acordaron abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que restablece la exclusividad universitaria del trabajo social, hasta el lunes 20 de junio, a las 12.
V. ORDEN DEL DÍA
TÉRMINO DE BENEFICIO PREVISTO EN ARTÍCULO 57 BIS DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que deroga el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
3873-05
--Los antecedentes sobre el proyecto (3873-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 54ª, en 18 de mayo de 2005.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 5ª, en 14 de junio de 2005.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo de la iniciativa es derogar la vigencia establecida en el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578 para el tratamiento tributario especial que favorece a los contribuyentes de los impuestos de Segunda Categoría o Global Complementario de la Ley de la Renta que, habiéndose acogido a dicho beneficio, posean acciones de pago de sociedades anónimas abiertas adquiridas con anterioridad al 29 de julio de 1998.
La derogación regiría a contar del año tributario 2006.
La Comisión de Hacienda aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
En su informe la Comisión deja constancia de la respuesta de los representantes del Ejecutivo en cuanto a que la normativa no vulnera derechos adquiridos.
Asimismo, debe señalarse que el Honorable señor Ominami presentó en ese órgano técnico una indicación para modificar el inciso tercero del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, en orden a definir las condiciones correctas de aplicación de la franquicia contemplada en dicho precepto. Ella fue considerada inadmisible por tres votos (Senadores señora Matthei y señores Boeninger y García) contra uno (Honorable señor Ominami).
Cabe tener presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la iniciativa debe discutirse en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor ROMERO (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , como todos sabemos, ésta es una materia muy simple, que tiene su origen específico en una pequeña discusión pública de la cual todo el mundo está plenamente informado y que se tradujo en una iniciativa enviada por el Ejecutivo.
En su mensaje, el Gobierno expresa que "ha considerado que ésta es la oportunidad propicia para derogar definitivamente uno de los subsidios estatales peor focalizados, como lo es el beneficio vigente en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 19.578,". Es decir, estamos hablando del inciso tercero de dicho precepto, relativo al artículo 57 bis de la Ley de la Renta.
Dicho documento, respecto de los alcances del beneficio tributario que se deroga, señala: "En la actualidad, los poseedores de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, que hayan adquirido dichos títulos con anterioridad al 29 de julio de 1998, que estén gravados por el impuesto de Segunda Categoría o el impuesto Global Complementario, y que se hayan acogido al beneficio, gozan de un tratamiento tributario especial. Éste consiste en descontar de sus rentas imponibles sobre la base de ingresos efectivos, por cada año comercial, el 20% del valor efectivamente invertido en acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, de que fueran dueños por más de un año al 31 de diciembre respectivo.".
Y enfatiza: "Los efectos fiscales de esta norma son significativos, pues el último año tributario implicaron una renuncia de ingresos igual a US$ 21 millones.". Agrega que se trata de "una transferencia de recursos casi exclusivamente a los sectores de mayores ingresos, lo que la convierte en uno de los subsidios estatales peor focalizados.". Eso implica "que una persona perteneciente al 1% más rico de la población, que en 1997 hubiese invertido 1.000 UF en acciones, habría recibido a la fecha una transferencia total del Estado de aproximadamente 700 UF.".
"Sumado a lo anterior, se verifica que la normativa actual genera distorsiones en el mercado de capitales, restándole liquidez. Ello, por cuanto la norma incentiva a no vender las acciones que dan origen al subsidio. Además, debe mencionarse que no existe evidencia respecto a que el subsidio que se propone derogar esté generando incentivos significativos al ahorro, puesto que este beneficio se otorga sin verificar si los recursos invertidos en acciones que le dan origen, corresponden a ahorro incremental o simplemente al reemplazo de instrumentos de ahorro alternativos.".
Finalmente, expresa que los recursos que se ahorren con esta iniciativa, de acuerdo con el compromiso del Supremo Gobierno "serán utilizados íntegramente en apoyar a jóvenes de escasos recursos con becas de arancel para que puedan financiar estudios superiores en instituciones de excelencia, incluyendo carreras técnicas.".
En definitiva, señor Presidente , se trata de una normativa muy simple, que en escasas dos líneas deroga la franquicia -establecida en el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578- del artículo 57 bis de la Ley de la Renta con relación a las acciones mencionadas.
El señor ROMERO (Presidente).-
Solicito la anuencia del Senado para que ingresen a la Sala los asesores del Ministerio de Hacienda señores Carlos Carmona y Marcelo Tokman.
--Se accede.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en la Comisión voté a favor del proyecto por considerar que el denominado "artículo 57 bis" constituye un privilegio tributario que a estas alturas no tiene ninguna justificación.
Para ilustrar a los señores Senadores, quiero complementar lo que ya se ha expresado manifestando que son sólo 36 mil contribuyentes los beneficiados con esa franquicia. De ellos, 3 mil 186 capturan el 50 por ciento del total de la exención.
Es decir, se trata de una franquicia que presenta una fuerte desfocalización. Desde este punto de vista, comparto plenamente el juicio del Gobierno en el sentido de que el subsidio en cuestión se encuentra mal orientado, carece de justificación y tiene un costo tributario del orden de 21 millones de dólares.
Deseo apuntar -y éste fue el sentido de la indicación que formulé en la Comisión y cuyos alcances explicaré en forma breve- a lo siguiente. Es cierto que esos 21 millones de dólares permitirán financiar 15 mil becas de arancel -cifra nada despreciable-, pero son prácticamente una gota de agua en el gran océano de las exenciones que existen en el país.
Para que la Sala tenga una noción precisa de lo que estoy señalando, hago presente que los 21 millones de dólares de anulación del crédito tributario correspondiente al artículo 57 bis no representan más allá de 0,5 por ciento del total de las exenciones vigentes.
Ése es el punto de fondo.
Estamos hablando sólo del 0,5 por ciento de las exenciones actuales en Chile.
Pienso que, sobre la base del acuerdo logrado en el país, que se concretizó en la Cámara de Diputados, con la aprobación del proyecto y también en la Comisión de Hacienda al acogerlo por unanimidad, bien podríamos haber utilizado esa voluntad para ir un poco más allá.
Porque, si bien esta exención carece de justificación, a juicio de la amplia mayoría del país, del Parlamento y -tengo la impresión- también de la Sala, debo decir que no es la única ni tampoco la peor focalizada.
Ése fue el sentido de la indicación que presenté en la Comisión y sobre la cual argumentaré tanto respecto de su fondo como de su forma.
En primer lugar, en cuanto a esta última, quiero ilustrar al Senado respecto de la existencia de una franquicia que opera de manera que contraviene un principio general establecido en la legislación nacional en cuanto a la diferenciación del IVA.
Señor Presidente , se han hecho bastantes alegatos en favor de esa diferenciación. En el Congreso hubo una discusión muy agitada, por ejemplo, respecto del IVA a los libros. Sobre el particular, muchas personas consideran que éstos y los medicamentos pagan un gravamen excesivo.
Y el argumento dado es que eso puede ser legítimo, porque ya no es practicable en nuestro medio una tasa pareja en este tipo de tributo.
Al respecto, señor Presidente , deseo manifestar que eso no es efectivo. Hay un sector que se beneficia con el IVA, pues en vez de 19 por ciento paga sólo 6,65. Me refiero a las empresas constructoras, las únicas que retienen dicho impuesto, pero que, al momento de su liquidación, obtienen un débito fiscal correspondiente a ese último porcentaje. A diferencia de lo que ocurre en cualquier otra actividad, lo anterior les permite, al momento de liquidar el IVA, tener un crédito y no pagar como lo hacen sus congéneres.
Una empresa cualquiera que produce 1.000 pesos debe retener 190 por concepto de IVA. Con posterioridad, en función de los insumos que ocupa, podrá descontar 60 por ciento, lo que significaría 114 pesos.
A diferencia de ésta, que es la norma general para cualquier empresa, una constructora descuenta el IVA que paga por sus insumos; pero, a la vez, goza de un descuento en la retención, no de 19 por ciento, sino de 6,65, todo lo cual le permite, en definitiva, hacer un negocio tributario.
Esto es tan absurdo, como que a las constructoras les conviene un IVA más alto. Cuando éste se aumentó en Chile, fue un negocio para cualquier empresa del rubro. Ello, porque puede continuar con el cobro del IVA, sin que nada la obligue a transferir íntegramente el privilegio de pagar esa tasa; nada la fuerza a traspasar íntegramente al consumidor la deducción fiscal de 65 por ciento.
¿Cuáles son mis argumentos, señor Presidente?
Ante todo, que esa excepción no tiene justificación alguna en un país donde se ha establecido como principio general un IVA parejo de 19 por ciento.
Eso, como primer argumento.
Sé que no vamos a resolver el problema ahora; pero me parece importante informar a la Sala, para que vayamos avanzando en la discusión y ojalá podamos enfrentar la situación y corregirla mediante otras iniciativas.
En segundo término, no veo por qué una persona modesta deba pagar 19 por ciento de IVA por la compra de sus medicamentos y otra de altísimos ingresos sólo esté obligada a 6,65 por ciento por la casa que construye en Lo Curro o en La Dehesa. Yo no tengo problemas con que alguien edifique una vivienda en esos sectores de Santiago. Sin embargo, no considero correcto que tenga un tratamiento de privilegio respecto al pago del IVA. Eso no es justo.
Tal franquicia no fue legislada por el Parlamento, pues se estableció en 1975. Pudo haber tenido alguna excusa en su momento. Recordemos que el país enfrentaba una tremenda crisis económica y los problemas derivados del empleo tenían gran relevancia. Pero creo que las condiciones de la economía chilena actual, transcurridos 30 años, no justifican mantener un privilegio tributario que, por lo demás, representa un altísimo costo fiscal.
El artículo 57 bis -del cual estamos derogando una parte- implica un crédito tributario, un menor rendimiento fiscal, que puede alcanzar 20 millones de dólares.
Y se estima que el costo tributario para el Fisco por la exención de impuestos para las empresas constructoras será superior a 250 millones de dólares durante el 2005. O sea, es de un volumen por lo menos 10 veces mayor al que compromete el artículo 57 bis.
Yo planteé esta discusión. Me parece perfectamente factible el debate que dice relación a la admisibilidad de la indicación.
Yo no estaba buscando alterar -por desgracia no puedo renovar la indicación, porque fue declarada inadmisible en la Comisión- la exención. Simplemente, intentaba hacer lo mismo que persigue una moción, ya admitida a tramitación en la Cámara de Diputados, sobre definición del concepto "habitación". Y ella no busca alterar el funcionamiento de la norma contenida en un decreto ley de 1975, sino definir cuál va a ser el ámbito de aplicación de la franquicia. Al efecto, lo que señala la idea de los Diputados -cuyo concepto básico acogí en la indicación que presenté- es que se va a entender por tal lo que dice la ley que es. ¡Tan simple como eso! Si no me equivoco, la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que se entenderán por habitación las instalaciones que se dedican a dicho propósito y que tengan un avalúo no superior a las 520 unidades de fomento.
Yo convengo en que es un valor bajo. Si uno se abriera a la posibilidad de legislar al respecto, tendría, naturalmente, que aumentarse esa cantidad y llegar incluso a mil 500 o dos mil unidades de fomento. Pero lo que no me parece lógico es que en el país, en el fondo, se deje al arbitrio de la empresa transferir un privilegio tributario enorme, porque ella, yéndonos al límite, puede cobrar IVA por 19 por ciento y pagar solamente una tasa de 6,65 por ciento. Y todos sabemos que ahí se da un negocio tributario entre las constructoras y las inmobiliarias. ¡Eso lo sabe todo Chile!
En mi opinión, hemos perdido una buena oportunidad para corregir un privilegio que no tiene justificación en las condiciones actuales.
Desde el punto de vista del desarrollo de otras actividades productivas que no cuentan con ese beneficio, no es ecuánime. Es muy oneroso para el Estado consentir en un costo tributario extremadamente elevado. También es muy injusto, porque no hay razón para que las personas de altos ingresos adquieran sus viviendas con una tasa de impuesto equivalente a un tercio de la que deben pagar los sectores modestos por cualquier otro producto distinto a la casa que compran.
A mi juicio, esta exención carece de toda justificación.
Lamento la rigurosidad con que los miembros de la Comisión de Hacienda aplicaron las disposiciones constitucionales, porque, reitero, aquí no se afectaba el concepto mismo de la exención, sino las condiciones de su aplicación. Y lo que se estaba diciendo era reiterativo de lo que señala la moción admitida a tramitación en la Cámara de Diputados, en cuanto a que tal franquicia, simplemente, se aplique en forma correcta, de acuerdo con la definición legal de habitación. Y en ésta naturalmente deberían quedar excluidos inmuebles cuyos costos ameritan que sus propietarios paguen el IVA, como en cualquier otra circunstancia.
Señor Presidente , espero que en el país maduren las condiciones para hacer una discusión más global sobre las exenciones. Y quiero informar que la Comisión de Hacienda se comprometió a celebrar una sesión especial en los primeros días de julio, a fin de discutir sobre este particular con la asistencia del señor Ministro de Hacienda .
También, deseo hacer presente que, junto con otros Parlamentarios, estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso al Director del Servicio de Impuestos Internos , quien tiene la facultad privativa de resolver estas materias. Él, perfectamente, podría establecer mediante un dictamen qué se va a entender en Chile por habitación.
En mi concepto, sería muy lógico intentar un avance por esa vía, porque -reitero-, con un altísimo costo fiscal, se está utilizando un privilegio que carece de justificación y que es altamente inequitativo respecto de los distintos sectores productivos, sobre todo en un país con una distribución de los ingresos tan mala, que todos hemos reconocido como una suerte de vergüenza nacional.
Ésa fue la razón por la cual intervine en esa dirección.
Lamento que no se haya podido continuar más allá en la Comisión; pero tengo la ilusión de que las condiciones van a ir madurando rápidamente para que este tipo de debates pueda prosperar en el Congreso.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , hoy vamos a pronunciarnos respecto de un proyecto de ley de particular significación para muchos de los que estamos analizándolo desde diferentes ángulos, el cual -como se señaló-, evidentemente permite un tratamiento tributario privilegiado para los poseedores de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas que adquirieron títulos con anterioridad al 29 de julio del año 1998, y que están gravados por el impuesto de segunda categoría.
Si bien el referido beneficio tributario fue de utilidad para estimular la expansión de la economía nacional en un momento en que el país estuvo económicamente afectado por las consecuencias de la crisis asiática, hoy, sin duda, se ha convertido en un subsidio estatal que beneficia a sectores sociales acomodados de nuestra población, lo que significa una de las coyunturas que plantea la situación de desigualdad que vanamente hemos tratado de superar en el país. Además, dicha norma produce distorsiones en el mercado de capitales.
De acuerdo con los datos que nos entrega el Ministerio de Hacienda, durante el año tributario 2004, la norma cuya derogación vamos a decidir hoy día significó un menor ingreso a las arcas fiscales de 21 millones de dólares. Y esta suma benefició al 43 por ciento de las personas que pertenecen al 1 por ciento más acomodado económicamente en el país, cuyas rentas -según se nos señaló- superan los 4,5 millones de pesos mensuales.
La información que se nos otorgó señala que el 93 por ciento de la totalidad de los beneficiados con la referida norma perciben ingresos mensuales superiores a 1,5 millones de pesos. Es decir, aquélla favorece a quienes pertenecen al 10 por ciento más rico de la población.
En palabras tantas veces usadas en el Parlamento, podemos afirmar con certeza que el inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578 impide otorgar un mayor aporte -como transferencia de recursos fiscales- a los sectores más modestos del país.
Ahora bien, este proyecto del Ejecutivo no sólo elimina uno de los tantos instrumentos que generan desigualdad social, sino que también tiene la virtud de comprometer los recursos provenientes de la derogación de la referida norma -como se manifestó- para financiar alrededor de 15 mil becas de aranceles adicionales dirigidas a estudiantes de escasos recursos, lo que, indudablemente, va a incrementar en 40 por ciento el número de los actuales beneficiados, cifra no menor que tenemos que celebrar.
En un momento de efervescencia estudiantil como el actual y de desencanto de los jóvenes -que ven limitado el acceso a la educación superior y a la técnica por carecer de recursos-, la iniciativa en debate, de ser aprobada, va a beneficiar a los sectores sociales más pobres, a las personas que tienen ocupaciones con bajos ingresos y a los que cada vez en mayor número trabajan en la economía informal que todos conocemos. Este grupo de jóvenes, de contar con las calidades estudiantiles necesarias, no cabe duda de que tendrán una nueva posibilidad para llegar a ser técnicos especializados y profesionales.
En este punto, quiero enfatizar que siempre hablamos de que se va a luchar por que el país sea más equitativo y por que la distribución de la riqueza no sea tan desigual. Sin embargo, mientras no busquemos recursos en todos lados para potenciar la educación, esas desigualdades se podrán prestar para un buen discurso, pero se van a mantener en forma inalterable.
Quiero entregar algunas cifras.
Un joven que egresa de Enseñanza Básica y que no le es posible continuar sus estudios, puede aspirar a que se le pague una cifra mensual de 2 mil 800 pesos por una hora diaria. En cambio, un joven que egresa de la Educación Superior o de la Técnico-profesional, puede aspirar, en iguales condiciones, a una cantidad cercana a los 9 mil 900.
De manera que entre un joven que alcanza la enseñanza básica y otro la superior, hay una diferencia tremenda. Si a ello agregamos que sólo 9 jóvenes de los sectores más pobres pueden llegar a la educación universitaria o técnica en comparación con 67 jóvenes de los estratos más acomodados, evidentemente estamos ante cifras que deben obligarnos a meditar respecto a que la educación es un camino efectivo para romper lo que denominamos el "cordón o el círculo de la pobreza y de la miseria".
Por lo tanto, celebro el proyecto en análisis. Creo que va a contar con la mayoría de los votos de los señores Senadores, porque los cerca de 20 millones de dólares que representa van a potenciar un nivel de desarrollo muy sensible en nuestro país, que no podemos perder de vista.
Reitero, finalmente, que iniciativas como ésta, ayudan a superar la mala distribución del ingreso en Chile, y a abrir un camino de esperanza para los sectores más modestos ante este ideal que es -lo subrayo- cada vez más masivo. ¿De qué se trata? De desarrollarse integralmente como ser humano, a través de estudios superiores, lo cual indudablemente contribuye a que el país se vuelva más competitivo y logre un mayor desarrollo, al mejorar la calidad de sus recursos humanos.
Es cierto que hemos crecido en cuanto a la cobertura de la educación de nivel superior, y que los jóvenes tienen un acceso garantizado a ella. Pero también lo es que su permanencia en ese tipo de formación no está garantizado, porque cerca del 50 por ciento de los que ingresan no terminan sus carreras, con la consiguiente pérdida de recursos de sus familias y, por supuesto, del Estado.
En la idea de ir mejorando la situación socioeconómica de nuestros habitantes, debe destacarse que desde 1992 al 2002, se ha duplicado el número de mujeres que ha ingresado a las universidades. Sin embargo, contamos proporcionalmente con menos profesionales con grados de licenciados y de doctores que otros países con niveles de desarrollo parecidos al nuestro.
Asimismo, y no obstante los avances logrados, la cobertura en educación superior, repito, es de 9,4 por ciento en los sectores más pobres y de 65,6 por ciento en los más acomodados. Se trata de cifras alarmantes, que son manifestación clara de una desigualdad que aún no hemos resuelto.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme muy brevemente a la derogación del beneficio tributario en análisis, contenido en el artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Esa norma fue un instrumento útil en su minuto. Básicamente porque se buscaba la supervivencia de ciertas empresas que se encontraban en muy malas condiciones y cuya subsistencia resultaba importante para la economía. Los costos de una eventual quiebra de éstas -estamos hablando de bancos, de compañías de seguros, etcétera- eran realmente mucho peores que los que se debían afrontar para tratar de salvarlas. En ese momento no existía ninguna posibilidad de que dichas empresas se endeudaran, pues nadie estaba dispuesto a prestarles. Por lo tanto, la única vía era capitalizar. Pero tampoco había mucha gente dispuesta a comprar sus acciones. Por ello, se estableció una exención tributaria, que en su minuto -insisto- fue útil, pero que hoy no tiene justificación alguna. No sólo no contribuye en nada a que se cumplan objetivos de la economía, sino que, en el fondo, se está otorgando un subsidio estatal muy mal focalizado. Y por eso estamos de acuerdo en eliminar el beneficio previsto en el artículo 57 bis.
Sin embargo, señor Presidente, en la discusión se han entregado otros argumentos, a los que también me quiero referir.
En primer lugar, se ha dicho que las exenciones tributarias serían en parte las causantes de la mala distribución del ingreso existente en Chile. Y eso -permítanme señalarlo- es una falsedad absoluta.
Estamos hablando de exenciones que pueden ser del orden de los 21 millones de dólares o de los 100 millones de dólares en otras materias.
Deseo hacer presente que, por ejemplo, si se tomara el presupuesto fiscal que tuvo el Presidente Aylwin en su primer año de administración y se le sumaran los excedentes, es decir, el aumento de los presupuestos fiscales que han experimentado durante los diversos años los tres Gobiernos de la Concertación, se llega a la no despreciable suma de 100 mil millones de dólares. Ésa es la cantidad extra que han tenido para gasto social. Si con 100 mil millones de dólares han sido incapaces de modificar la distribución del ingreso, es bastante poco probable que con 21 millones de dólares extras lo logren.
Señor Presidente , en todos los discursos que he escuchado a los miembros de la coalición política gobernante se habla mucho de la necesidad de eliminar las exenciones. Estoy de acuerdo en suprimir las que realmente no cumplen con un propósito sano para la economía y que, además, están mal focalizadas. No tengo ningún problema en ello, y creo que es justo hacerlo.
No obstante, si de verdad nos interesa corregir la mala distribución del ingreso, donde más debemos preocuparnos es en el gasto fiscal. Ahí se encuentra la real herramienta para cambiar su pésima distribución.
Mientras no hagamos todos los esfuerzos posibles por conseguir la máxima transparencia, la máxima eficacia y la máxima eficiencia en el gasto fiscal, no vamos a modificar la pésima distribución actual del ingreso. En esta materia, la Concertación siempre pone el énfasis en cómo lograr más dinero. Por lo tanto, pido que, antes de ver la forma en que es factible obtener más recursos, nos pongamos de acuerdo en cómo gastar bien, de manera eficiente, eficaz y transparente, aquellos con que ya contamos.
Como mencioné, la cantidad de dinero extra que han tenido los tres Gobiernos de la Concertación es de más de 100 mil millones de dólares.
Hoy leía un artículo en "El Mercurio", referido a los resultados de un proyecto estrella del INDAP. Este organismo ha implementado un camión con 22 computadores que recorre todo el país capacitando campesinos. Pues bien, los periodistas pidieron a agricultores que iban a buscar sus títulos si podían hacer una carta, pero no pudieron; si podían mandar o recibir un E-mail, pero no pudieron; si podían abrir una página web, pero tampoco pudieron. De eso hablo cuando me refiero al mal gasto de dineros fiscales.
En mi Región, señor Presidente , están a punto de salir a remate las tierras de campesinos que deben 300 mil, 500 mil, 600 mil pesos, porque en su minuto se helaron sus cultivos y plantaciones. Pero para esos pequeños agricultores no hay ningún tipo de ayuda. A ellos se les va a ejecutar. Y, sin embargo, se pierden toneladas de plata en proyectos mal pensados, mal ejecutados, que no sirven en absoluto.
A eso apunto cuando pido que seamos más cuidadosos con los recursos fiscales. Éstos, y lo hemos escuchado de parte de diversos señores Contralores Generales de la República , se están dilapidando en muchas instituciones fiscales o municipales.
Por lo tanto, solicito que en esta materia seamos de verdad todos consecuentes.
En cuanto al tema planteado por el Senador señor Ominami , quiero señalar, en primer lugar, que si uno va a acometer la eliminación de una exención tributaria, antes se deben conocer las cifras, y no las teníamos. Y todavía no contamos con ellas. Por ejemplo, ignoramos qué parte del costo final de una vivienda social corresponde al terreno; qué, a la urbanización de éste, y qué, a la construcción. En consecuencia, tampoco sabemos en cuánto debería aumentar el subsidio fiscal si suprimiéramos el IVA. Cómo vamos a legislar si no disponemos de ese tipo de información tan básica.
En segundo término, por lo menos yo, no estoy dispuesta a encarecer la vivienda a la clase media. Creo que ésta en general lo está pasando mal en Chile. Le vamos a incrementar el valor de las contribuciones; si osan estar en una isapre, el costo de sus planes va a subir muy fuertemente debido al AUGE, en fin. Pienso que la clase media no aguanta más.
Estimo que lo lógico es mirar las cifras y ver qué tipo de viviendas compra la clase media, cuánto cuestan, para ver hasta dónde debiéramos extender la exención.
Si se trata de eliminar una franquicia que beneficia a gente de muy altos ingresos, no estaría en contra de que lo hiciéramos. Pero, previo a legislar, considero fundamental estudiar las materias. Y eso fue exactamente lo que dije al Senador señor Ominami antes de abordar el tema en la Comisión de Hacienda. Y no estoy cambiando ni una palabra con respecto a lo que le señalé en ese momento.
Ahora bien, voté por la inadmisibilidad de su propuesta porque efectivamente pienso que lo es.
El Nº 1º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución dispone que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes". Y lo que estaba proponiendo el Honorable señor Ominami , a mi juicio -y así lo estimaron el Gobierno, el Senador señor Boeninger y los demás miembros presentes en la Comisión-, era claramente eso: modificar una exención existente. Por lo tanto, voté por la inadmisibilidad.
Debo agregar que, cuando ingrese al Senado el proyecto que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados sobre la materia, solicitaré el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues considero que hay que respetar la Carta Fundamental.
Sin embargo, lo anterior es un problema de forma y no de fondo. Porque si el Gobierno propone un estudio bien hecho, si nos muestra las cifras y nos ponemos de acuerdo en cómo efectivamente eliminar exenciones del IVA para viviendas caras, personalmente no estaría en contra. Pero ello, ante todo, corresponde a la iniciativa exclusiva del Gobierno, pues la Constitución debe respetarse. Y, además, se requieren estudios y discusiones que, sencillamente, no han existido.
En síntesis, señor Presidente , dinero no les ha faltado a los Gobiernos de la Concertación. Si éstos hubiesen utilizado las enormes cantidades de recursos que han tenido en forma realmente austera, eficiente, eficaz y transparente, los resultados en cuanto a distribución del ingreso hoy serían muy distintos.
Por lo tanto, me parece un despropósito absoluto centrar toda la atención en veintiún -incluso en cien- millones de dólares, cuando se ha dispuesto de 100 mil millones de dólares extras en los últimos 16 años. Ése es el tema.
Así que, señor Presidente , vamos a votar a favor. Nos alegra que esto permita aumentar el número de becas, aunque nos preocupa que ello sea visto como un logro derivado de presiones estudiantiles. En fin, las becas siempre son importantes, porque no hay nada más injusto que una persona talentosa pierda la posibilidad de estudiar por falta de recursos.
En suma, aprobamos tanto la derogación del inciso tercero, relativo al artículo 57 bis de la Ley de la Renta, como el objetivo planteado por el Gobierno en orden a que ese dinero vaya en beneficio de la educación.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , creo que existe completo acuerdo en la eliminación de la franquicia tributaria denominada "57 bis", de manera que no me voy a referir a ello, salvo para decir que quizás nos hemos demorado demasiado en efectuar este tipo de revisiones.
Es indudable que las condiciones que hicieron necesaria y útil dicha franquicia hace tres décadas, suponiendo que haya sido necesaria y útil, ya no son indispensables para nada desde hace algún tiempo, en la medida en que hemos tenido años de crecimiento sostenido, una economía estable, niveles de inversión razonables, etcétera. Pero más vale tarde que nunca.
Me congratulo del planteamiento formulado por el Senador señor Ominami en la Comisión, porque introduce un debate que espero que se profundice en el país. En efecto, considero esencial realizar una revisión más exhaustiva de las exenciones y franquicias existentes en nuestro régimen tributario que carecen de justificación. Cualquier exención o franquicia, dada la seriedad de nuestro manejo macroeconómico, debe tener fundamentos muy precisos, sean sociales o productivos. Y es evidente que una exención general del IVA a la construcción, sin ningún criterio diferenciador, no tiene justificación alguna.
Otra cosa, como se ha planteado acá, es que, ya que existe, se discrimine en su eliminación, estableciéndose un período de transición, de tal manera de no afectar a los sectores más vulnerables, o incluso a los sectores medios. Eso es tema de debate, y es lo que habría que discutir cuando se entre a revisar la franquicia. Pero, a primera vista, se trata de una exención que, a mi juicio, carece de fundamento.
Además, en la medida en que ella se hace por la vía del impuesto al valor agregado, se rompe algo que, sin ser un dogma de fe, ha sido un principio de la política tributaria de nuestro país, como es la aplicación del IVA parejo. Quiero decir que en el debate de los últimos años no he estado de acuerdo con que esto sea un principio inamovible. En algún momento fuimos varios los que planteamos la posibilidad de establecer una tasa diferenciada para la venta de libros, pero se nos argumentó que ello vulneraba la regla de oro de un IVA parejo. Por tanto, el compromiso del Gobierno de turno, que era de la Concertación, fue que la recaudación obtenida por ese concepto se destinaría a un fondo de fomento del libro. Sin embargo, el señor Ministro de Educación sostiene que, sumado el Fondo del Libro, más el valor de los volúmenes que compra y distribuye gratuitamente el Estado, se llega a un monto que equivale al 50 por ciento de la recaudación del IVA por la venta de libros en Chile. En cifras gruesas, aproximadamente 25 millones contra 50.
Por eso me alegro de que se plantee esta discusión. Y me complace ver que también en la Oposición existe disponibilidad, por lo menos de palabra, para revisar tales situaciones, pues me parece indispensable establecer una política tributaria efectiva donde las exenciones sean muy precisas y tengan una fundamentación, como digo, social o productiva.
Sobre la constitucionalidad, desgraciadamente ya resolvió la Comisión y no procede debatirla de nuevo acá. Sólo debo decir que se trata de un tema opinable. En la Cámara de Diputados se está tramitando un proyecto similar.
Finalmente, en cuanto a la tendencia al malgasto, que sería inherente a la Concertación, basta señalar que hemos aumentado el presupuesto público y que la eficacia general puede ser poco discutida. En 16 años hemos reducido la pobreza de 38,5 por ciento a 18,8 por ciento. Esta espectacular disminución no habría sido posible sin un gran esfuerzo en políticas sociales, lo cual ha significado, evidentemente, mayor gasto fiscal.
La distribución del ingreso, que es un problema que no hemos podido resolver cabalmente, no depende sólo, como es obvio, de las políticas sociales -aunque éstas ayudan a acortar la brecha-, sino también de un conjunto de otras políticas, que son los desafíos que tenemos por delante. Pero argumentar que el incremento del gasto de estos años no ha experimentado efectos sociales relevantes significa no entender nada de lo que ha ocurrido en Chile. Fuimos uno de los pocos países que en los años 90 lograron reducir la pobreza a menos de la mitad, en un ciclo de la economía mundial donde ella y la desigualdad aumentaron en vastos sectores de la Tierra. Y eso no se explicaría si no hubiéramos realizado un gran esfuerzo de gasto social y al mismo tiempo mantenido, obviamente, niveles bastante razonables de crecimiento, mucho más altos que los de todos los períodos anteriores de la historia de Chile y, en particular, que los registrados en los 17 años del Régimen militar.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , la cifra de 100 mil millones de dólares me parece un tanto espectacular. Me gustaría poder comprobarla, porque, en una economía como la nuestra, un excedente de ese monto entre el primer y el último presupuesto en 15 años representa más que el producto interno bruto anual chileno, que es del orden de 80 mil millones de dólares.
Por eso, a través de la Mesa, quiero pedir a la Oficina de Informaciones del Senado que en una próxima sesión nos informe cuál es la diferencia entre el primer presupuesto, correspondiente a 1990, y el que aprobamos para el 2005. Con ese antecedente quisiera iniciar un debate en el cual podríamos entrar a ver si el monto adicional de presupuesto con que ha contado el país en estos últimos tres lustros ha sido bien utilizado o no. Seguramente la Oposición podrá levantar algunas críticas sobre lo que se ha hecho en estos 15 años, pero creo que nosotros tendremos varios elementos de juicio para comprobar que el éxito económico y la derivación de recursos ha ido a los sectores sociales más postergados.
Ahora, respecto al proyecto mismo, me parece bien derogar lo relativo al famoso artículo 57 bis. Tuvimos oportunidad de haberlo hecho en 1998. Se trata de un beneficio que viene de los años 80. Se puede dar una explicación de por qué se dio la posibilidad de capitalizarse a las sociedades o empresas que entraron en falencia. Había que recolocar las acciones, sobre todo en el caso de los bancos. Y se concedió el beneficio.
Efectivamente, mucha gente lo aprovechó. Pero, si se leen los términos de la exención, se concluye que se trata de algo verdaderamente incomprensible, porque se establece que, sobre la base del monto invertido en acciones de primera emisión, en esa época de los ochenta -y he sido partícipe del sistema, de modo que hablo al respecto con conocimiento-, existe el derecho de deducir 20 por ciento anual. O sea, si se suscribieron acciones de esa clase o del capitalismo popular en 1985 -y nos encontramos en 2005-, en veinte años se ha podido deducir casi cuatro veces lo invertido.
Por mi parte, habría entendido que la exención era justa y conveniente si se hubiese permitido una deducción de hasta 100 por ciento de la inversión, ya fuera con una de 20 por ciento anual, ya fuera con una de 10 por ciento anual, etcétera.
Cuando se discutió el asunto en el Senado, en 1998, no reunimos los votos suficientes para derogar la norma, la cual, por tanto, mantuvo su vigencia. Y el sistema también se extendió a emisiones de acciones no correspondientes al capitalismo popular y que constituían inversiones positivas. Era el caso de colocaciones de empresas en la Bolsa, de nueva generación, y que requerían fondos. Y la gente actuó con todo derecho.
Por lo demás, creo que el mecanismo ya no se aplica desde 1998; pero quien lo utilizó con anterioridad ya ha recuperado su inversión en los siete años transcurridos desde esa fecha.
De consiguiente, me parece adecuado que hoy deroguemos la exención.
Ahora bien, observo que existe una discusión constitucional de por medio. Y lo encuentro bastante delicado, pues cuando se realizó el debate en 1998, en este mismo Parlamento, dejamos casi como establecido que se trataba de un derecho adquirido.
Espero que se logre el objetivo perseguido y que no surja ese inconveniente en los próximos tiempos, y que ojalá la exención quede sin efecto, porque cumplió su propósito, ya se encuentra exageradamente recuperada la inversión por quienes la hicieron y no es conveniente mantener el beneficio. Y me parece muy apropiado que los 20 millones de dólares que se obtendrán con la medida se destinen, como aquí se ha señalado, a becas para universitarios.
De otra parte, en cuanto a lo planteado por el Senador señor Ominami , estimo adecuado someter todo el tema de las exenciones a una discusión global. Y juzgo positiva una revisión. Pienso que el sistema tributario debe ser reordenado. A lo mejor, incluso es necesario eliminar algunos impuestos de muy poco rendimiento, cuyos costos de operación son superiores a la recaudación, etcétera.
Pero, respecto de la exención señalada, también he estudiado el punto y considero que no es tan claro lo que se ha expuesto. Ella se refiere a los contratos de construcción a suma alzada, no a la construcción de una vivienda por administración, caso este último en el cual pacto con una empresa constructora el contrato respectivo, regulo el costo de mi vivienda y voy cancelando conforme a estados de pago.
Dejo establecido, en consecuencia, que el beneficio opera exclusivamente cuando media un contrato a suma alzada.
Sucede, entonces, que la empresa constructora fija un precio para la obra. Y lo expresado por el Senador señor Ominami es cierto: puede tratarse de viviendas sociales, de viviendas que no sean sociales pero sí de sectores medios, de oficinas, e incluso, de hoteles u otras inversiones de mayor "lujo", por decir algo. ¿Pero qué ocurre? El contratista compra materiales y cancela el tributo respectivo. Y una característica del impuesto al valor agregado es que se concreta en una cascada de deducción. No es que todos paguen 19 por ciento en la etapa en que se efectúa la operación: el primero paga 19 por ciento; el segundo, 19 por ciento sobre el diferencial de valor, no sobre el total, y así hasta que se llega al final, cuando el último paga también 19 por ciento, pero ya con las deducciones que se han ido haciendo en todas y cada una de las etapas.
¿Cuál es la situación en el caso de la construcción? Que al final, cuando media un contrato de suma alzada, la empresa constructora pasa una factura -o cuando presenta el estado de pago-, donde se expresa: "Monto total de lo gastado, de acuerdo con el contrato, tanto. Impuesto al valor agregado: 19 por ciento. Crédito por efecto de la construcción: 65 por ciento. Y total.". Y el adquirente de la vivienda, el que ha celebrado el contrato, paga el deducido de 19 por ciento, menos 65 por ciento, correspondiente al crédito.
Si en un tramo u otro hay o no negocio, no puedo precisarlo. Pero lo cierto es que, si se elimina la exención, lo natural serán los términos de la factura final que llegue a quien debe pagarla, que es el que ha encargado para sí la construcción de una casa, en este caso.
Y no deseo referirme a las demás situaciones, acerca de las cuales se puede discriminar. Podremos tener presente el punto en el momento de la discusión.
Si se ha mandado construir una casa por 5 mil unidades de fomento, será preciso pagar alrededor de mil unidades de fomento por impuesto al valor agregado. O sea, la factura será por 5 mil unidades de fomento, más 19 por ciento: 5 mil 950; casi 6 mil unidades de fomento. Y la cancelación corresponderá a quien ordenó la construcción, no a la empresa constructora, salvo que en la negociación se haya hecho a ésta ajustarse a los precios de acuerdo con el mercado.
Estimo, sin embargo, que la cuestión se debe estudiar muy a fondo. No cabe afirmar que sea algo que se pueda realizar claramente de ese modo, pero sí creo que es factible, también, una discriminación entre un tipo de construcción y otro, a sabiendas de que su vez, con seguridad, se registrará un mayor precio final del producto por la aplicación del impuesto.
Lo que sí quisiera manifestar a mi amigo el Honorable señor Ominami es que me encuentro convencido de que la Comisión de Hacienda actuó bien al declarar inadmisible la indicación. Me baso en mi experiencia como Presidente de ese órgano técnico y como Presidente del Senado , además de conocer algo de los aspectos constitucional y tributario. A mi juicio, la disposición del número 1º del inciso cuarto del artículo 62, querámoslo o no, es una de las más precisas de la Carta, en cuanto a inadmisibilidad, con relación a impuestos.
¿Y ello a qué obedece? A que hubo un tiempo en que no existió esa limitación. Y en 1943 fue necesaria una modificación constitucional muy a fondo, pues cada Parlamentario planteaba exenciones o impuestos y, por ende, la capacidad de manejo de la Hacienda Pública era imposible. Entonces, ese año se aprobó dicha reforma, que se ha ido materializando y perfeccionando.
Por desgracia para la posición del Senador señor Ominami -es legítimo pretender una iniciativa sobre el particular-, no hay escape al contenido de esa norma. No creo que pueda ser objeto de enmienda, de exenciones ni de ninguna determinación de forma por la vía de una moción. Y pienso que la Cámara de Diputados, si ha procedido a declarar la admisibilidad, ha actuado con muy poco fundamento. Juzgo, pues, que cualquier recurso de inconstitucionalidad haría caer la moción presentada.
Y lo otro que hago presente a Su Señoría es que ha de tenerse cuidado con las atribuciones del Director de Impuestos Internos . Coincido en que éste cuenta con la facultad de interpretación, con la de emitir dictámenes, etcétera, pero no con la de reformar la ley, ni tampoco con la de modificar o precisar los alcances de la exención. Si en un momento dado lo hiciera por estimar, a lo mejor, que es competente para ello, en todo caso existiría la posibilidad de reclamar en contra de sus decisiones, y los tribunales de justicia determinarían si su proceder se ha ajustado o no a la ley.
Considero que el Director de Impuestos Internos se ceñirá -y creo que así lo hará siempre- a las disposiciones legales, tal como se hallan establecidas por el propio Parlamento.
Me gustaría, pues, que ese tipo de cuestiones fuera resuelto en el Congreso Nacional, no por la vía administrativa, que no sería la más adecuada para la estabilidad de la norma jurídica.
Por consiguiente, votaré a favor, pues me parece bueno terminar con la exención en comento. Y espero que, tras la aprobación del proyecto, la aplicación práctica de la ley no tenga obstáculo alguno. Porque, según expresé, la gente ya recuperó su inversión, y en muchas oportunidades con creces, a través de la vía tributaria.
He dicho.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
El Senador señor Prokurica me pidió una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , es muy importante lo que planteó aquí el Honorable señor Andrés Zaldívar , porque, con las interpretaciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos, el Parlamento se ve permanentemente tergiversado en sus intenciones.
Hace un tiempo el Congreso Nacional aprobó un proyecto sobre facturación electrónica y, como alternativa, declaración de tributos por internet.
Sucede que dicho Servicio ha considerado el mecanismo de internet como obligación de los contribuyentes, al punto de que cuando deben declarar sus impuestos no cuentan con formularios. Y todos fuimos testigos de lo ocurrido este año.
En cuanto a la factura electrónica, es francamente escandaloso lo que está ocurriendo hoy día: para imponer el sistema a los pequeños contribuyentes -no a las grandes empresas-, ¡sólo les timbran dos o tres facturas! De ese modo, una persona que vive a 100 kilómetros del centro de timbraje no tiene ninguna posibilidad de funcionar. ¡Eso no sólo es ilegal, sino también inconstitucional!
Por eso, me alegra mucho lo expresado por el Senador señor Andrés Zaldívar , a quien felicito.
O sea, ¿más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para interpretar...? ¡Miren cómo está interpretando!
Gracias por la interrupción, Honorable colega.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , desde luego, estamos totalmente de acuerdo con la eliminación del inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578.
Se trata de un subsidio tal vez muy justificado en su momento, pero que en la actualidad carece de razón de ser.
Como Gobierno de la Concertación, procuramos eliminar esa norma en una ocasión, pero no tuvimos los votos suficientes. Nos alegramos, entonces, de que la idea haya madurado, y esperamos contar con unanimidad para la supresión planteada.
En este instante son pocas las personas beneficiadas con la referida disposición. Además, el destino que se pretende dar a los recursos liberados -21 millones de dólares- no puede ser mejor: otorgar becas a los estudiantes más necesitados del país.
Por lo tanto, aprobaremos abiertamente el proyecto de ley sometido a consideración de la Sala.
De otra parte, quiero hacer algunas observaciones en cuanto a la indicación que presentó el Senador señor Ominami.
En primer lugar, me alegra mucho que la Comisión de Hacienda haya declarado inconstitucional la proposición de Su Señoría.
El IVA es pagado siempre por el consumidor final. Si compro un auto, ropa, en fin, siempre me aplican el impuesto al valor agregado. Y el comerciante compensa entre la compra y la venta. Ése es el sistema.
Ahora bien, la adquisición de una vivienda no está sujeta al pago de IVA. Cuando una persona compra una casa no le incluyen en la factura una cifra adicional por concepto de IVA a la construcción.
Por eso se ha buscado un mecanismo compensatorio. Tanto es así que, por ejemplo, al dictarse la primera ley sobre concesiones de obras públicas se omitió lo relativo a ese tributo. La empresa concesionaria, al construir la obra, pagaba IVA por la compra de material y por los servicios, pero no compensaba el gasto, por no hallarse el peaje sujeto a dicho impuesto. Entonces, fue necesario dictar una norma especial para permitir al Fisco devolver a las concesionarias el impuesto al valor agregado.
Las obras públicas, en general, están afectas al referido tributo. Si se construye un camino o cualquier edificación, se paga el IVA. Pero los peajes no se hallan sujetos a él. De modo que ahora el Fisco les devuelve a tales empresas lo pagado por dicho concepto.
Allí tenemos una clara demostración de que el referido impuesto se aplica al consumidor final. El peaje no lo paga; la construcción de viviendas, tampoco.
En consecuencia, se trata de una materia que veremos en su oportunidad.
Reitero: me alegra la forma como procedió la Comisión de Hacienda.
He dicho
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , no reiteraré comentarios acerca del proyecto sometido a nuestra consideración, porque hay unanimidad para entender que es impecable la iniciativa de, por un lado, eliminar una franquicia que de ningún modo se justifica, y por otro, destinar al otorgamiento de becas el ahorro fiscal correspondiente.
Deseo, sí, hacer tres o cuatro observaciones.
En primer término, en esta oportunidad no corresponde un debate sobre el gasto público. Pero, en vista de que el tema ya fue planteado, debo afirmar que lo realizado por los Gobiernos de la Concertación en 16 años a través del gasto público es francamente extraordinario.
Desde luego, el gasto social significa una diferencia de 3 por ciento del producto en la participación del quintil más pobre en la distribución del ingreso. Ello, además de lo que expresó el Senador señor Gazmuri en cuanto a la reducción de la pobreza y la indigencia a menos de la mitad, a lo cual yo añadiría, sólo a vía de ejemplo, las enormes sumas que se han gastado en estos años para llevar las remuneraciones de los profesores, desde las cifras irrisorias que tenían en 1990, a los niveles actuales, modestos, pero por lo menos dignos.
Ésa es una legítima discusión, pero para la campaña presidencial. Allí cada candidato o candidata expondrá sus puntos de vista sobre el mérito o demérito de lo realizado por la Concertación en estos años.
Por otra parte, en cuanto a la indicación del Senador señor Ominami , todavía no he expresado ninguna opinión sobre sus aspectos sustantivos; la Honorable señora Matthei dejó constancia de que sí emitió parecer. A mi juicio, legislar sobre franquicias o exenciones tributarias es algo, no sólo legítimo, sino además conveniente. Pero hay que hacerlo en un contexto integral, teniendo a la vista el conjunto del sistema tributario: el costo-beneficio; las orientaciones sobre qué se quiere conseguir, y, dentro de eso, los méritos y deméritos de determinadas franquicias o exenciones.
Ahora bien, en un período electoral como el que se inició, la presentación de iniciativas dispersas correspondientes a lo que cada cual estima que allega agua a su molino, o bien, a lo que legítimamente piensa que constituye una franquicia mal orientada, provocaría una multiplicación de propuestas muy descoordinadas entre sí y bastante incoherentes. Y, en la medida en que fuéramos laxos respecto de la admisibilidad de este tipo de iniciativas, podríamos destruir el sistema tributario chileno.
Por eso, creo que la Comisión cumplió su obligación al determinar que la indicación del Honorable señor Ominami , más allá de sus méritos o deméritos, era totalmente inconstitucional en virtud del artículo 62 de la Carta Fundamental, que impide, no sólo crear o suprimir franquicias tributarias, sino también alterarlas. Además, la materia propuesta estaba fuera de las ideas matrices del proyecto (no voy a abundar en ello, porque ya es cosa juzgada).
En todo caso, la decisión adoptada nada tiene que ver con la conveniencia de discutir el punto más adelante. Como expresé, en estos momentos es propio de las posiciones de las candidaturas presidenciales el plantear lo que les parece más razonable sobre las franquicias tributarias a futuro. O sea, en este instante, cuando priman las visiones electorales inmediatas, no es adecuado pretender legislar acerca de beneficios de tal índole.
En definitiva, en el caso específico del proyecto que nos ocupa, cuyo origen conocemos, daré toda mi aprobación.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente, intervengo en forma breve sólo para hacer algunas precisiones a raíz del debate habido esta tarde.
En primer término, plantearé una cuestión formal pero que me parece importante.
No es propio afirmar que se está proponiendo derogar el artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Aprobado el proyecto y transformado en ley, ese precepto legal seguirá plenamente vigente. Lo que ocurre es que el incentivo contemplado por dicho artículo hasta 1998 se mantuvo en vigor de manera excepcional a través del inciso tercero del artículo 18 de la ley Nº 19.578. Y es esto, estrictamente, lo que se deroga.
No puede haber error conceptual en esta materia, porque hay miles de contribuyentes beneficiarios del artículo 57 bis que deben saber que lo que aquí se está discutiendo y acordando en nada los toca. Se trata, simplemente, de poner término en forma definitiva a un incentivo ya suprimido en la ley 19.578, pero que supervivió en virtud de una disposición transitoria, que es la que ahora se derogará.
Segundo, respecto de las eventuales dudas de constitucionalidad sobre esta materia en función de la teoría de los derechos adquiridos, creo que es bueno dejar constancia de que el tema fue abordado por la Comisión de Hacienda. Y según el informe que obra en nuestro poder (páginas 9 y 10), el Servicio de Impuestos Internos da una maciza respuesta al requerimiento de los Senadores señora Matthei y señor García .
Yo me asilo en esos argumentos para dejar testimonio de que no tengo dudas en cuanto a la plena constitucionalidad del paso que se está dando.
Tercero, quiero manifestar que comparto la inquietud del Honorable señor Ominami en lo que dice relación a la supresión de la franquicia establecida en el decreto ley 910 para ciertas obras originadas en determinados contratos de construcción.
Es muy importante la explicación que sobre el particular dio el Senador señor Andrés Zaldívar , pero de igual importancia es tener presente lo que sigue. En el decreto ley 825, que contiene la versión original del IVA, todo lo que tiene que ver con inmuebles está al margen del hecho gravado. En consecuencia, las ventas realizadas por empresas constructoras, así como los contratos de construcción por suma alzada, eran absolutamente ajenos a esa normativa. Sin embargo, las empresas constructoras, para poder ejecutar esos contratos, debían efectuar compras por las cuales soportaban el IVA. Es una situación parecida a la de los exportadores. La exportación se halla también exenta de impuesto al valor agregado, pero el exportador, hasta el momento en que remite su producto al extranjero, lo paga en montos más o menos considerables. Se generó para ellos un mecanismo especial de devolución. A esto tendió el decreto ley 910, para que no se traspasara el IVA a costo en esas ventas y el precio final de las construcciones no resultara, entonces, con un componente tributario significativo.
Pero poco después se dictó el decreto ley 1.606, que modificó el decreto ley 825 y el impuesto al valor agregado, e incorporó una serie de operaciones que tienen que ver con bienes raíces al hecho gravado por el impuesto. En ese momento no se efectuó la corrección que correspondía del decreto ley 910, no obstante que las circunstancias habían cambiado.
Me parece pertinente, en consecuencia, el planteamiento del Honorable señor Ominami, que provoca un reestudio de esta materia. Espero que ello se pueda hacer oportunamente.
Por último, señor Presidente, quiero dejar constancia de que comparto lo expresado por varios señores Senadores, en el sentido de que es bueno realizar un reexamen completo de las exenciones contempladas en nuestro sistema tributario.
En verdad, yo preferiría ir más lejos. Creo que se necesita un reanálisis del sistema tributario mismo. Y en ese contexto debiera, naturalmente, reverse lo que pasa con las exenciones. Pero si se quiere limitar el esfuerzo a este último aspecto, bienvenido sea. Y espero que en la Comisión de Hacienda no encontremos las dificultades enormes que hemos enfrentado cada vez que se ha querido revisar un catálogo de exenciones.
La expresión más clara de lo que estoy afirmando es la difícil tramitación de la reforma, mediante la llamada Ley de Rentas Municipales II, de la Ley sobre Impuesto Territorial.
Esas exenciones tienen muchos defensores. De manera que no basta la simple declaración de intenciones que se ha hecho esta tarde acá. Espero, cuando se abra debate, que se materialicen esas buenas intenciones y que no encontremos los entorpecimientos de hasta ahora.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Queda cerrado el debate.
A decir verdad, conforme al Reglamento, nunca debió abrirse, porque el proyecto se aprobó en forma unánime. Pero, en fin, somos un Parlamento.
Como no se ha escuchado ninguna opinión contraria, ni siquiera débil, lo daríamos por aprobado, salvo que algún señor Senador pida votación.
El señor MARTÍNEZ.-
No, Señor Presidente .
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Hay oposición.
Entonces, en votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Señores Senadores, el Honorable señor Romero, antes de retirarse, me expresó que votaría favorablemente.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos contra 2), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cariola, Chadwick, Coloma, Espina, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega y Viera Gallo.
Votaron por la negativa los señores Cordero y Martínez.
INCOMPATIBILIDAD DE MINISTRO DE ESTADO Y DE SUBSECRETARIO CON CARGOS DE DIRECTORES EN EMPRESAS ESTATALES, SEMIFISCALES O CON PARTICIPACIÓN DEL FISCO
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece incompatibilidad entre los cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, con segundos informes de las Comisiones de Economía y de Minería y Energía.
1296-03
Incompatibilidad de Ministro de Estado y de subsecretario con cargos de directores en empresas estatales, semifiscales o con participación del Fisco
--Los antecedentes sobre el proyecto (1296-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 14ª, en 20 de noviembre de 2002.
Economía (segundo), sesión 1ª, en 7 de junio de 2005.
Minería y Energía (segundo), sesión 1ª, en 7 de junio de 2005.
Discusión:
Sesión 15ª, en 20 de noviembre de 2002 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Un Comité ha solicitado segunda discusión.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El proyecto quedará para segunda discusión, incorporándose a la tabla de la sesión de mañana.
--El proyecto queda para segunda discusión.
MODIFICACIÓN DE LEY DE QUIEBRAS EN MATERIA DE CONVENIOS CONCURSALES
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales, con segundo informe de la Comisión de Economía.
3671-03
Modificación de Ley de Quiebras en materia de convenios concursales
-Los antecedentes sobre el proyecto (3671-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 28ª, en 14 de septiembre de 2004.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 26ª, en 11 de enero de 2005.
Economía (segundo), sesión 4ª, en 8 de junio de 2005.
Discusión:
Sesión 30ª, en 19 de enero de 2005 (se aprueba en general).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Solicito la autorización del Senado para que ingresen a la Sala los señores Diego Lira, Superintendente de Quiebras ; y Mauricio Zelada y Juan Pablo Román, asesores del Ministerio de Justicia.
--Se accede.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 19 de enero del año en curso.
La Comisión de Economía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 1 y 2 del artículo único del proyecto de ley; los artículos 170, 171, 177 quater, 184 a 189, 191, 193 a 195, 197, 201, 203, 206 y 215 contenidos en el numeral 7 del artículo único, y el artículo transitorio.
Todas estas disposiciones conservan el mismo texto que se aprobó en general, de manera que deben darse por aprobadas, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, salvo que, con la unanimidad de los presentes, se solicite someterlas a discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los artículos 184 y 185 contenidos en el numeral 7 del artículo único revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que deben ser aprobados con el voto favorable de 27 señores Senadores.
Las demás constancias reglamentarias se especifican en el informe.
Cabe hacer notar que todas las modificaciones efectuadas por la Comisión de Economía al texto despachado en general fueron acordadas por unanimidad.
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, dichas enmiendas deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas antes del inicio de la discusión particular, o que existan indicaciones renovadas. La aprobación de los artículos 180 a 183 contenidos en el número 7 del artículo único del proyecto, por tener e1 carácter de normas orgánicas constitucionales, requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan la Ley de Quiebras, el proyecto aprobado en general por el Senado, las modificaciones del segundo informe de la Comisión de Economía y el texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Ningún señor Senador ha pedido debatir alguna proposición del informe.
En votación nominal.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 33 señores Senadores, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés)
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
Luego, resolveremos el tema planteado por el Senador señor Naranjo y que se encuentra pendiente.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , seré muy breve.
Deseo agradecer el trabajo hecho por el Senado, particularmente por la Comisión de Economía.
Con la aprobación de este proyecto, se da un paso extremadamente significativo respecto a la eficiencia en materia de quiebras, ámbito en el cual, según estudios realizados recientemente, nuestro país se encuentra sumamente atrasado.
El proyecto recién despachado, junto con la última ley sobre probidad y transparencia de los síndicos, y el cuerpo legal que se estudia en el Ministerio de Justicia sobre los tipos penales relacionados con las quiebras, constituyen la trilogía que, a nuestro juicio, va en la dirección correcta y que, en su momento, fue consensuada en la Agenda Pro Crecimiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Muy bien, señor Ministro .
En seguida, debemos resolver la solicitud del Senador señor Naranjo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Entiendo que los Presidentes de las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos se habrían puesto de acuerdo para analizar separadamente el proyecto sobre libertad condicional.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Así es. Primero lo estudiaría la Comisión de Derechos Humanos y, luego, la de Constitución.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quiero ser muy franco.
La competencia sobre esta materia es propia de la Comisión de Legislación por lo siguiente.
Dada la línea argumental relativa a que cada vez que se modifiquen leyes en materias propias de nuestra competencia deberá tener conocimiento la Comisión de Derechos Humanos, se concluiría que todas las reformas al Código Procesal Penal -hoy día en estudio en el seno de la Comisión de Legislación- también tendrían que pasar por la de Derechos Humanos, donde se analizan materias de igual naturaleza.
El señor NARANJO .-
¿Y cuál es el problema?
El señor ESPINA.-
Sinceramente, creo que lo correcto es que esta iniciativa sea conocida en forma exclusiva por la Comisión competente y no por la de Derechos Humanos. Y si algún miembro de ésta manifiesta interés en participar en el debate, tiene dos caminos: concurrir a las sesiones de la Comisión de Legislación, como puede hacerlo sin inconveniente cualquier señor Senador, o reemplazar a un integrante de ella por algún Senador de su misma bancada.
No me parece conveniente que este proyecto se analice por dos Comisiones, porque se sentaría el precedente del doble estudio de las iniciativas, lo cual va a eternizar su tramitación. Hoy día comenzamos con ésta y mañana podemos seguir con cualquiera otra cuya materia competa a nuestra Comisión.
Junto con lamentar la discrepancia con el Honorable señor Naranjo , pido que, conforme al Reglamento, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 321 sobre libertad condicional sea enviado a la Comisión de Constitución.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
No veo para qué vamos a abrir un debate sobre esta materia. El hecho es que la Comisión de Derechos Humanos tiene interés en analizar el proyecto. Eso no significa establecer precedente.
Un informe será elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, y otro, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Repito: esta decisión no constituye necesariamente un precedente.
--Así se acuerda.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
SOLICITUD DE REEMPLAZO DE BUQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIDAL GORMAZ. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ROMERO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por diversos señores Senadores, mediante el cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República reemplazar el buque de investigación científica Vidal Gormaz.
S 802-12
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 802-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 4ª, en 8 de junio de 2005.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que analice la posibilidad de adquirir un nuevo buque de investigación científica para reemplazar al denominado "Vidal Gormaz", embarcación que ya no se encuentra en condiciones de seguir navegando, razón por la cual la Armada de Chile deberá darla de baja.
El señor ROMERO (Presidente).-
Si le parece a la Sala...
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, éste es un buen proyecto de acuerdo, pero hay una parte que no debe ser considerada por el Senado porque constituiría un grave precedente. Resulta muy peligroso consignarla. Me refiero al párrafo que dice: "Una posibilidad que se presenta es adquirir la nave de investigación norteamericana (National Science Foundation) "Maurice Ewing", en proceso de traspaso a la Universidad de Columbia.".
Se trata de un negocio que está realizando alguien con dicha Universidad y no corresponde que el Senado participe ni insinúe alguna intervención en situaciones de este tipo.
Por tal motivo, me parece bien el texto, pero eliminando esa parte a fin de no comprometer a la Cámara Alta en una negociación que se halla muy lejana a nosotros.
El señor MORENO.-
Conforme.
El señor FERNÁNDEZ.-
Sí.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene toda la razón el Honorable señor Ríos. Y en definitiva lo que se acuerda figura en la parte resolutiva, que está al final.
La reserva planteada por Su Señoría es perfectamente razonable y entendible.
El señor FERNÁNDEZ.-
¡Que se suprima!
El señor ROMERO (Presidente).-
Por lo tanto, se procederá a eliminar ese párrafo.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor ROMERO (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, eso es así. En este minuto hay un grupo de naves que están siendo dadas de baja por algunas naciones y cuyo costo es bastante inferior al de los buques nuevos. Esto, por mencionar sólo un ejemplo.
En todo caso, considero totalmente correcto no insinuar nada. Y de hecho, la iniciativa no lo hace.
El señor ROMERO (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría el proyecto de acuerdo suprimiendo el referido párrafo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Sí, señor Presidente.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Conforme.
El señor ROMERO (Presidente).-
La Mesa agradece los apoyos cruzados que se evidencian sobre la materia.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo en los términos señalados.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ROMERO (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A la señora Directora Nacional del Instituto Nacional del Deporte , solicitándole diversas informaciones relacionadas con PROYECTOS APROBADOS POR DICHO ORGANISMO PARA COMUNA DE LAUTARO, NOVENA REGIÓN.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Justicia , pidiéndole que dé a conocer el NÚMERO DE MENORES INGRESADOS AL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO, Y DE AQUELLOS PROVENIENTES DE ESA CIUDAD DESTINADOS A SU SIMILAR DE VALDIVIA, y la FECHA DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN CONDUCTUAL, COD CERECO MASCULINO, QUE SE UBICARÁ PRÓXIMO A CHOLCHOL.
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole informar la FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS Y DE ENTREGA AL SENAME DEL ESTABLECIMIENTO RECIÉN INDICADO,
A la señora Ministra de Planificación y Cooperación, requiriéndole comunicar el estado de avance del estudio sobre PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA 119-CH, CAMINO A PASO FRONTERIZO MAMUIL MALAL, COMUNA DE CURARREHUE (todos de la Novena Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Obras Públicas , de Transportes y Telecomunicaciones, y de Agricultura, y a la señora Ministra de Planificación y Cooperación, demandándoles solucionar PROBLEMAS DE PRODUCTORES DE CARNE BOVINA DE REGIÓN DE AISÉN EN TRANSPORTE DE GANADO HACIA EL NORTE DEL PAÍS.
)------------------(
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Institucionales 2, Institucionales 1 y Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata) no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
GRAVES DEFICIENCIAS EN VIVIENDAS DE COMUNAS DE RANCAGUA CONSTRUIDAS CON SUBSIDIO ESTATAL. OFICIOS
El señor MORENO.-
Señor Presidente , en esta ocasión deseo referirme a dos temas. Uno de ellos, que ha adquirido características nacionales, es el de la ubicación y calidad de las viviendas que se construyen con subsidios fiscales.
Hace quince días tuve la oportunidad de visitar cuatro poblaciones del sector nororiente de la ciudad de Rancagua, capital de la Sexta Región, que represento en el Senado: las villas Aconcagua, Yerbas Buenas, Parque Jardín Los Andes y la Comunidad de La Cruz.
Llegué a esas localidades acompañado por don Héctor Mondaca , Presidente de la villa Aconcagua , y otros dirigentes de pobladores. Visité más de veinte departamentos y pude observar que éstos, cuya data de construcción fluctúa entre dieciocho meses y siete años, presentan fallas que, a mi juicio, obligan a realizar dentro de esos modestos hogares una investigación mucho más profunda que la mera supervisión de un consultor o un constructor.
Primero, la mayoría de esas construcciones -si acaso no todas las que examiné- ostentan graves deficiencias en baños y cocinas. Constaté, además, que todos los departamentos se llueven o filtran y que las protecciones de las bajadas de agua de los alcantarillados o de los desagües interiores se encuentran prácticamente destruidas.
Segundo, muchas de esas viviendas exhiben defectos y grietas en los muros. Ello demuestra que se emplearon mezclas bastante pobres porque a través de las junturas de algunos de los bloques se trasparenta la luz. Los vidrios y las ventanas se mueven con el solo soplido del viento, dado que éstas se encuentran absolutamente desprotegidas desde el punto de vista de los anclajes que se deben utilizar.
¿Pero qué ocurrió cuando consulté a las autoridades del área y del SERVIU? Se me respondió que se trataba de contratos entre privados; que eran subsidios adquiridos por las personas interesadas; que existía un Comité y que éste pactaba con un contratista, el cual normalmente se entendía con los miembros de aquél.
Lo anterior constituye una suerte de ficción, porque en el fondo el subsidio lo paga el SERVIU. Vale decir, es un dinero que entrega el Ministerio de Vivienda a través de ese organismo técnico, para cuyo efecto se dispone de asesores y consultores.
No hay duda de que en esto hay una falla -llamémosla así- que no puede permanecer en el tiempo.
Por esos departamentos -todos ubicados en bloques de tres o cuatro pisos- los propietarios pagan dividendos que fluctúan entre 35 mil y 68 mil 500 pesos mensuales. Y como están cansados de no obtener respuesta a los reclamos que formulan ante el SERVIU, el Ministerio de Vivienda o la empresa constructora -ésta siempre les dice: "Vuelvan después e iremos a ver"-, ya que nunca se efectúan las reparaciones, terminan frustrándose y muchos intentan vender.
Algunos de ellos me dijeron lo siguiente: "Sí, señor Senador, yo he tratado de vender el inmueble y me han ofrecido entre 4 y 5 millones de pesos. Pero como convine la deuda a 12 ó 20 años plazo y el dividendo es de más de 68 mil pesos mensuales, terminaré pagando casi 18 millones de pesos por el departamento, que hoy día no vale más de 5 millones".
Otros me expresaron: "En mi desesperación lo he ofrecido en arriendo. El dividendo es de 35 mil pesos, pero nadie paga más de 20 mil. El mejor departamento que existe aquí, con un dividendo de 68 mil 500 pesos, fue arrendado por su dueña, en una ocasión, en menos de 60 mil pesos".
Por lo tanto, no hay ningún sistema tendiente a resguardar el interés de las personas que confiaron en el Estado, que recibieron los subsidios y los entregaron a constructoras que no cumplieron con las condiciones requeridas.
En Rancagua opera la Inmobiliaria Lobovsky. La menciono con nombre y apellido pues no sólo ha construido todas esas viviendas, sino que se apresta a construir otras, a pesar de que las actuales presentan fallas en el pavimento, los desagües y las canaletas. Por cierto, en esto hay un asunto de credibilidad pública.
Una semana después de que realicé esa visita y formulé tales críticas surgió el caso de las casas en Temuco, y posteriormente se ha vuelto a plantear lo relacionado con diversas poblaciones en Santiago y otros lugares.
En consecuencia, estimados señores Senadores, nos encontramos frente a un problema de marca mayor. No es cuestión de contratos entre privados o algo que se vincule a un tipo de construcción efectuada en determinadas condiciones. Se trata de un problema que afecta a personas modestas -temporeras, temporeros, trabajadores, jefas de hogar (muchas de ellas empleadas domésticas)-, que han cumplido la ilusión de su vida al acceder a esas viviendas y que recurren a organismos del Estado, al SERVIU o el Ministerio del ramo, pero no encuentran respuesta.
Cuando los funcionarios reciben a esa gente optan por decirle: "Vaya a hablar con la empresa constructora". Sin embargo, ésta no se halla en condiciones de darles una solución y la dilatan. Así, en algunos casos vence la garantía de cinco años que existe respecto de las viviendas y, por consiguiente, se genera frustración, la cual -diría- se convierte en un germen de violencia.
Lo expuesto constituye algo que, en mi opinión, debe ser denunciado aquí.
Señor Presidente , mi idea al poner de manifiesto lo que sucede en Rancagua -lo cual, además, he visto en Santa Cruz, San Vicente , Nancagua, donde se han realizado construcciones de este tipo- es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adopte una política distinta.
Se encuentran involucrados dineros públicos. Esto no es caridad. Esas personas no hicieron un negocio propio, sino que se acogieron, sobre la base de su ahorro, a un subsidio que el Estado les entregó.
Por lo tanto, señor Presidente , quiero pedir que se envíe un oficio, en mi nombre, a la señora Ministra de la Vivienda y Urbanismo solicitándole que se designe una comisión en la Región Metropolitana, que concurra a constatar lo que ocurre con esas viviendas en la Sexta Región. No bastan los informes técnicos internos; no han dado resultado. Hay poblaciones que están hace siete u ocho años clamando por una respuesta.
Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Porque la gente dice: "Bueno, hecho el informe, ¿qué pasa?". Primero, habrá que exigir a las constructoras que cumplan con su obligación. El problema de rebajar los costos no se puede resolver a expensas de la gente. Y eso es lo que está ocurriendo.
Cuando no se colocan los materiales correctos, no se hacen las instalaciones, no se disponen caños de desagüe de lluvias, no se sellan las ventanas, cualquiera de los que estamos aquí -no hace falta ser Senador para ello- sabemos que se produce un deterioro en la vivienda y cada cual se tiene que preocupar de corregirlo. Pero cuando ello acontece, no en un solo departamento sino en todos, resulta evidente que hay problemas de construcción. Y esto no lo puedo dejar pasar.
Por lo tanto, señor Presidente , pido que se oficie, en mi nombre, además de a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, al señor Intendente de la Sexta Región , al SERVIU y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda haciéndoles ver lo que vengo exponiendo y, sobre todo, solicitando la creación de una comisión que vaya a la zona y califique el problema.
¿Cuál será la solución posterior? En ciertos casos se deberán rebajar los dividendos; y en otros, condonarlos. No hay otra solución, porque el problema es de una magnitud mucho más grande.
No estoy pidiendo que la gente no pague, porque está dispuesta a hacerlo. Pero tiene que pagar por algo que realmente cumpla con la necesidad que ha planteado.
Por consiguiente, aun cuando reconozco que los Parlamentarios no tenemos iniciativa en esta materia, creo que la solución deberá pasar por una rebaja de los dividendos. De otra forma enfrentaremos una situación extremadamente crítica.
Esto no tiene nada que ver con períodos preelectorales, ni con "ofertones", porque el problema descrito es igual al de la deuda de la pequeña y mediana agricultura, que también he hecho presente y respecto del cual el Estado tiene que convencerse de la necesidad de introducir correcciones inteligentes al modelo existente. Y lo relativo tanto a los deudores de viviendas populares como a los deudores del campo -sobre todo lo tocante a los pequeños agricultores-, son temas que el Gobierno no ha podido resolver. Me duele decirlo, pero es la verdad.
En el caso que nos ocupa, creo que soluciones como la de destruir, en Temuco, viviendas ya asignadas y habitadas por muchos años se van a multiplicar en todas partes, salvo que exista una calificación y una aceptación técnica. Porque -hay que decirlo, en beneficio de la gente modesta- a mí no me pueden convencer de que una temporera, un temporero, una persona que forma parte de alguno de esos comités tenga idoneidad para acreditar que la mezcla que se usó para el muro tenía la cantidad de cemento necesaria, o para certificar que las bajadas de agua, los desagües internos y la alcantarilla se hallaban sellados. No es posible pedirles eso, porque incluso muchos de los que estamos en esta Sala no tenemos la idoneidad para certificar si eso es así o no.
Por lo tanto, si los organismos del Estado entregan el dinero -el cual bienvenido sea-, deben encontrarse en condiciones de verificar si se está invirtiendo bien. Si no, la crítica de la gente se vuelve contra el propio Gobierno. Y eso me parece absolutamente negativo.
Hasta aquí el primer punto que quería plantear, señor Presidente.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor MORENO.-
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , quiero insinuar al señor Senador que oficie también al primer responsable de lo que está planteando: la Dirección de Obras de la municipalidad correspondiente, para que informe por qué recibió esos departamentos -que claramente no correspondían a las normas establecidas para la construcción-, y también al Concejo Comunal de Rancagua , a fin de que inicie las investigaciones pertinentes.
El artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades alienta al alcalde , quien está facultado al efecto, para que emprenda acciones legales en representación de la comunidad. Por eso me parece importante que se oficie además al Concejo Comunal.
Gracias.
El señor MORENO.-
Agradezco la sugerencia de Su Señoría. Y, obviamente, hago mía su proposición; me parece muy pertinente.
Ahora, lo que no cambia es el hecho de que la gente que se ha organizado y recurrido al SERVIU para tener acceso a una vivienda sigue visualizando a éste como la entidad que debe asesorarla en lo que respecta al inmueble que recibe.
Por lo tanto, reitero lo que he señalado sobre el particular.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Moreno, conforme al Reglamento, con el complemento expuesto por el Honorable señor Ríos.
VOTO POLÍTICO DE PRIMER CONGRESO DE ALCALDES Y CONCEJALES DE SEXTA REGIÓN
El señor MORENO.-
Señor Presidente , en seguida quiero dar a conocer al Parlamento lo que fue el Primer Congreso de Alcaldes y Concejales de la Sexta Región, realizado en la ciudad de Las Cabras los días 2 y 3 de junio.
Todos discutimos durante la tramitación del proyecto de Ley de Rentas Municipales II el rol y la relevancia que tienen los municipios.
El referido Congreso reunió a las autoridades de veintidós comunas: Santa Cruz , Codegua, San Fernando , Chimbarongo, Las Cabras , Nancagua, Rengo , Graneros , Requínoa , Machalí , Litueche, Lolol , Placilla , San Vicente de Tagua Tagua , Mostazal , Chépica , Peralillo , Palmilla , Pichilemu, Coltauco , Rancagua y Malloa .
Los alcaldes y concejales de esas comunas aprobaron -y es lo que me mueve a intervenir sobre la materia en esta sesión- diversos acuerdos a través de lo que denominaron "Voto Político".
El punto 1 del referido documento expresa: "Elaborar y definir mecanismos de inserción real, en la problemática de la agricultura y los campesinos del Secano Costero y del Valle" -en la Región-. "Todo esto en virtud de los últimos sucesos ocurridos en nuestro país con los tratados de libre comercio, con los distintos países del mundo.".
O sea, los alcaldes y concejales de la Sexta Región manifiestan su preocupación por los problemas de ingreso y permanencia de la gente en las zonas rurales, y piden que se definan y elaboren los mecanismos tendientes a resolverlos.
En el punto 2 plantean la generación de condiciones que permitan crear en esa Región un gran proyecto de inversión.
Lo anterior, en forma adicional al proyecto sobre construcción de la segunda etapa del embalse Convento Viejo, en la comuna de Chimbarongo, y para el cual se prevé la destinación de 120 millones de dólares. En esa obra -y excúsenme por decirlo de esta manera-, el Senador que habla ha estado involucrado desde la época en que dirigía la reforma agraria, cuando comenzamos con el primer proyecto, materializado en el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, para empezar la etapa inicial del embalse.
Ahora se trata de apoyar el proyecto denominado "Paso las Leñas", a la altura de Rancagua, el cual es visto como un proceso definitivo de integración con los países de América del Sur porque permitiría contar con un túnel, en una cota de baja altura, para el tránsito permanente durante el año, cualesquiera que sean las condiciones climáticas, y asegurar el flujo vehicular, sobre todo del transporte de carga, desde el territorio nacional hacia la zona atlántica y desde el Atlántico hacia nuestros puertos, a fin de utilizarlos como plataforma de exportación.
Eso va unido a la necesidad que se ha hecho presente en la Sexta Región -y mi predecesor en esta Alta Corporación, el Senador señor Nicolás Díaz , la expuso en reiteradas oportunidades- de contar con un puerto. Ella no dispone de ningún acceso concreto a cargas o descargas marítimas, no obstante estar conformada por treinta y tres comunas, con una superficie vastísima, y ser, probablemente, la Región que hoy día está generando la mayor cantidad de productos exportables en la zona central, tanto en cobre como en fruta, vinos, derivados, e incluso madera.
Por lo tanto, se requiere -y lo expresan los alcaldes y concejales- tener un paso fronterizo y un puerto que permitan sacar las mercaderías.
El punto se refiere a que, a raíz de la aprobación por el Parlamento de la ley que autorizó la creación de casinos, oportunidad en que luchamos para que parte importante de las utilidades pudieran quedar en las regiones, obviamente se planteó la "gran" pregunta de quién se beneficiaría con ellas y con las inversiones que dichos establecimientos de juego tendrían que redituar para las comunas donde se instalasen.
Los alcaldes y concejales de la Sexta Región que represento en el Senado han llegado a proponer, por unanimidad e invocando principios de equidad y justicia, que se modifique la ley, a fin de que el 20 por ciento de las utilidades -actualmente se establece que 10 por ciento de ellas quede en la ciudad donde funcione el casino, y un porcentaje similar en el gobierno regional- sea distribuido por este último, en partes iguales, entre las 33 comunas que la integran. Vale decir, que no haya discriminación y que si el casino se instala en la sede regional de Rancagua, los dineros no queden sólo en ella, sino que se repartan entre todas las comunas, sobre todo en las más pequeñas, que no tienen posibilidad de acceder a una sala de juego, aunque obviamente ésta significa un beneficio general.
Un cuarto punto dice relación a algo ya planteado en distintas oportunidades: el rechazo unánime, de forma y de fondo, a la política que se está impulsando de generar energía mediante plantas termoeléctricas ubicadas en medio de zonas productivas.
Ya en mi Región ocurrió un problema: se pidió autorización para instalar la planta La Candelaria a la entrada de aquélla, en San Francisco de Mostazal. Se dijo que ella se alimentaría con gas argentino. Todas las entidades regionales se pronunciaron negativamente; pero el Consejo de Ministros acordó su ubicación, contrariando la opinión de todos nosotros.
Pues bien, el resultado fue que el gas argentino no llegó; y ahora se está pidiendo la conversión de las turbinas a petróleo, diésel o petcoke. La inversión está paralizada, porque hasta el momento no se han dado las autorizaciones por los municipios respectivos.
Por lo tanto, estamos ante una evidencia de que algo no se estaba manejando correctamente.
Se ha hecho una nueva presentación para instalar, en el valle de San Vicente de Tagua Tagua, otra planta termoeléctrica, llamada " Monte Lorenzo ", la que sencillamente destruiría la parte productiva de la zona. Todos los parlamentarios, alcaldes, concejales y autoridades regionales han presentado formalmente su rechazo, y así lo han hecho saber a las máximas autoridades de Gobierno.
Un quinto punto tiene atinencia con la preservación de la identidad del patrimonio arquitectónico cultural de la Sexta Región, especialmente desde el punto de vista de los principios espirituales, ecológicos y medioambientales, destacando y estableciendo su vocación y potencialidades turísticas e históricas.
En el sexto se refrenda la propuesta entregada por el Presidente Nacional subrogante del Capítulo de Alcaldes y Concejales, don Claudio Arriagada , en cuanto a sincerar las cifras administrativas y financieras sobre la realidad que se vive en la Región, ya que a veces no están en consonancia con las encuestas, las estadísticas y otros instrumentos que maneja el Gobierno central.
En el punto séptimo, plantean solicitar al Ejecutivo que legisle sobre la base de la realidad actual de alcaldes y concejales del país en cuanto a su situación previsional, jubilaciones, seguros y derechos sociales que estos servidores públicos no poseen, lo que no concuerda con la responsabilidad que ellos tienen por mandato popular y conforme a la Constitución Política.
Además, encargan a la mesa regional satisfacer la necesidad de realizar una capacitación constante a todos los alcaldes y concejales; elaborar un diagnóstico maestro sobre la situación de los departamentos sociales de las 33 comunas que componen la Sexta Región; generar una red de correos electrónicos municipales, que permita la total comunicación e integración de los 33 municipios, y confeccionar un diagnóstico global que contenga esencialmente la realidad educativa municipal pública, el que será usado para diseñar un plan básico de políticas educacionales que se aplicará en la misma.
Firman este compromiso el Alcalde de Chimbarongo y actual Presidente , don Cosme Mellado Pino , cuyo mandato ha sido prorrogado por un tiempo más; don Rubén Cavieres Araya , Alcalde de Requínoa y Secretario General ; la señora Virginia Troncoso Hellman , Alcaldesa de San Vicente de Tagua-Tagua , Primera Vicepresidenta ; doña Miriam Rodríguez Cruz , Alcaldesa de Chépica , Segunda Vicepresidenta ; don Juan Abud Figueroa , Alcalde de Machalí , Tercer Vicepresidente, y don Eduardo Escanilla , Alcalde de Nancagua , Tesorero General .
He querido dejar constancia de este acuerdo, por considerarlo tremendamente innovador.
Este Primer Congreso de Alcaldes y Concejales de la Sexta Región ha dejado establecido, primero, el contexto en el cual ha funcionado -mérito muy grande de las autoridades que lo dirigen en este momento-, y ha planteado con visión de futuro los problemas vinculados al desarrollo regional.
Como representante de la Sexta Región, tengo el honor de darlo a conocer en el Senado, y pido que el texto de mi intervención sea enviado, en mi nombre, a todos los alcaldes y concejales de ella.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador, con el mayor agrado.
El señor MORENO.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En el turno de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
HOMENAJE A SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE FERIA DE OSORNO
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , los Senadores de estas bancas queremos rendir homenaje a una empresa cuya historia y desarrollo están íntimamente ligados al progreso de la Décima Región de Los Lagos. Me refiero a la Feria de Osorno, que en pocos días más cumple 60 años de vida.
En una reseña histórica de dicha institución, debo manifestar que en una reunión realizada el día 12 de junio de 1945, en las oficinas de SAGO, en Osorno, don Julio Santiago Buschmann Bergk daba a conocer a los presentes el objetivo del encuentro, que no era otro que la formación de una sociedad anónima bajo la denominación "Feria de Osorno S.A.".
El objeto de la nueva entidad que se constituía, como consignaron luego sus estatutos, era "explotar el negocio de feria de animales, productos y maquinarias de cualquier clase de bienes muebles necesarios para la explotación agrícola y comprar y vender por cuenta ajena y a comisión esa misma clase de bienes."
El acuerdo se adoptó por la unanimidad de los presentes, entre quienes se encontraban, aparte de don Julio Santiago Buschmann , los señores Alberto Hott Siebert , Carlos Bielefeldt , Pablo Fenner , Rodamiro de la Guarda , Carlos Mohr , Oscar García , Armando Palma , Dolorindo Soto , Gregorio Poblete y Reinaldo Sommer , entre otros fundadores de la entidad.
Nacía , así, una nueva empresa dedicada a atender los servicios de comercialización del ganado.
El 21 de junio de 1945, pocos días después, se constituyó el primer directorio de la empresa, y por unanimidad fue electo don Alberto Hott como Presidente.
¡Cómo no recordar de entre el grupo de personas que asistieron a esa primera asamblea a don José Piumarta Uny , quien se desempeñó por decenas de años como administrador del recinto de remates en Osorno, y a don Sigifredo Kemp , quien lo hizo como martillero!
El primer activo de la sociedad fue el recinto de remates ubicado en el sector de Franke, en Osorno, cuyo precio de un millón 447 mil pesos fue pagado en cuatro cuotas semestrales.
En esa época se decidió hacer los remates los días lunes, lo que no se ha modificado en sus 60 años de existencia.
En 1972 la empresa perdió dicho recinto, debido a la situación imperante en la época y a la contingencia política que se vivía. Posteriormente, en un acuerdo con la Sociedad El Tattersall, recuperó la propiedad, participando del recinto ubicado en Ovejería mediante la creación de la Sociedad Inmobiliaria Ferias Unidas de Osorno Ltda., donde se efectúan los remates hasta estos días.
Con anterioridad, en 1948, se había suscrito el "Convenio de Agencias Recíprocas" con la Sociedad El Tattersall, sobre la base del reparto de comisiones por los negocios realizados en conjunto. De esta forma, la Feria de Osorno logró captar clientes en Santiago y en la zona central.
El Presidente de la empresa gestionó personalmente el primer préstamo con el Banco Osorno y La Unión, por 200 mil pesos. Después, los directores acordaron aceptar cada uno una letra de cambio por 100 mil pesos, para descontarlas en ese mismo Banco y así conseguir el capital que necesitaba la empresa. Esos documentos comerciales se renovaron varias veces en los primeros años y constituyó la forma como los directores avalaron personalmente las operaciones financieras de la Feria.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
Pido autorización de la Sala para que pase a reemplazarme en la Testera el Honorable señor Cariola.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Cariola, en calidad de Presidente accidental.
El señor CARIOLA (Presidente accidental).-
Puede continuar el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Gracias, señor Presidente.
Por esa época, el Directorio tomó el acuerdo de solicitar a los accionistas que efectuaran todas sus operaciones de ganado por intermedio de la empresa, para aumentar el volumen de los negocios. La respuesta de aquéllos fue positiva. También se acordó publicar los precios de los animales transados en remate en la revista "Agricultura Austral" y en la radio Sago , a fin de mantener informados a los ganaderos del sur.
El 31 de enero de 1948 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó los primeros balances generales, y la primera y segunda memoria, con utilidades por 225.481 pesos y 296.064 pesos, respectivamente. Además, se adoptó el acuerdo de distribuir los primeros dividendos, que se pagaron al mes siguiente.
En 1948 se inscribió también el nombre "Feria Osorno" en el Registro de Marcas . O sea, bastaron sólo tres años para consolidar el funcionamiento de esta gran empresa, que ha permanecido por seis décadas en la vida nacional.
Estos recuerdos, señor Presidente , forman parte de la identidad y trayectoria de una compañía que se inserta exitosamente en el mundo globalizado de nuestros días. Feria de Osorno S.A. es hoy un grupo de empresas sumamente activo e innovador, con presencia a lo largo y ancho de la Décima Región y, por su giro, naturalmente tiene repercusiones en todo el territorio nacional. Sólo como botón de muestra: en la actualidad ella, a través de su filial FEGOSA, remata ganado todos los días en un lugar distinto de la Región de Los Lagos.
La empresa ha obtenido un lugar de prestigio, que es predominante en el progreso de la Región y también en el corazón de sus habitantes.
Una reflexión final, señor Presidente .
El progreso de Chile se construye sobre la base de instituciones sólidas y eficientes, de instituciones que -como la homenajeada esta tarde- hoy se encuentran en el umbral de un nuevo impulso creativo, que permitirá a la ganadería chilena abrirse un espacio en los exigentes mercados mundiales, generando nuevas expectativas y nuevos negocios, que favorecerán al país de manera impresionante.
Por lo mismo, urge que nuestras autoridades, especialmente las que deben realizar los controles fitosanitarios, cuiden con el mayor celo posible el patrimonio de nuestra industria ganadera, a fin de preservar los estándares que hoy día nos permiten estar en un buen nivel de competitividad en los mercados mundiales. Sabido es que, con cargo a la globalización, varios países en este rubro entran a esos mercados sin tener los niveles de exigencia y rigor con que Chile ha cuidado su patrimonio.
En consecuencia, es muy importante que nuestras autoridades sean rigurosísimas en todo lo relativo a la importación de carnes, para que, en modo alguno, se contamine nuestro estándar -que está libre de toda enfermedad- y, así, no se pueda dañar el patrimonio exportador de Chile, donde -insisto- la Feria de Osorno se ha convertido en la empresa pionera, la empresa símbolo, la empresa madre, que puede abrir las puertas de este importante sector a los mercados internacionales, cuyos niveles de exigencia y de rigor son cada vez más fuerte en el mundo globalizado.
Por todo lo anterior, en este 60º aniversario de la Feria de Osorno, quiero rendir este homenaje a todos quienes, en labores distinguidas o anónimas, han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de una entidad que hoy da empleo a miles de personas y que constituye uno de los principales motores de progreso de la Décima Región y del país.
El señor CARIOLA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
DEMORA EN RESPUESTA A OFICIOS DE PARLAMENTARIOS Y FALTA DE CONSIDERACIÓN PROTOCOLAR HACIA ELLOS EN CEREMONIAS PÚBLICAS. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en este último tiempo se ha sostenido con mucha fuerza un gran debate acerca del accionar del sector público, de los Parlamentarios y de quienes ejercen cargos en la Administración del Estado. Y en esa discusión, la transparencia aparece como elemento fundamental para conducir esas relaciones y para orientar el ejercicio de tales funciones.
La transparencia es, sin duda, la mejor forma de combatir las malas prácticas; la única manera de que la gente pueda tener conocimiento de lo que está ocurriendo en las empresas estatales y de lo que hacen sus representantes públicos.
Sin embargo, vemos habitualmente que los intentos por transparentar la Administración Pública y conocer las cifras del Estado chocan contra la costumbre del secretismo que tenemos en el país.
Y quiero decirlo derechamente: los oficios que se envían desde el Senado hacia distintas autoridades muchas veces no son contestados y, si lo son, se hace en forma tardía o de manera elusiva.
Hace más de un mes, desde esta misma tribuna, pedí al Ministerio de Salud el envío de distintas cifras, en relación con la demora en la atención de personas en los hospitales públicos regionales y con el promedio de tiempo de espera de un paciente para ser atendido por un especialista, para operarse de cierta patología o para recibir algunas de las prestaciones que entregan dichos centros de salud. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, todavía no ha llegado respuesta.
Lamento que suceda esto, señor Presidente.
En mi opinión, cuando no se contesta un oficio, no se está ofendiendo a un Parlamentario en particular, porque es una falta de respeto y consideración hacia el Senado como institución. Desde ya, anuncio que en adelante no daré el acuerdo para que ingresen a la Sala ni los Subsecretarios ni los asesores de los Ministros, mientras no se respondan los oficios.
Además, pido a la Secretaría que nos haga llegar una relación con el número de oficios enviados este año y la cifra de los que han sido contestados y de los que no han tenido respuesta, para determinar si realmente se respeta a un Poder del Estado que requiere la información que solicita para las acciones correspondientes.
Señor Presidente , el Honorable señor Cantero me ha pedido una interrupción.
El señor CARIOLA (Presidente accidental).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , la intervención del Honorable señor Prokurica es propicia para manifestar mi preocupación por esta falta de deferencia y de consideración hacia el Parlamento, fundamentalmente hacia el Senado, que no sólo se da en el caso de los oficios.
Señalo mi molestia y mi protesta, porque cada vez es más habitual -en el marco de ceremonias públicas y en presencia de Intendentes y Ministros de Estado- que se falte el respeto a los miembros del Congreso, simplemente haciendo omisión del protocolo.
Como dijo el Senador señor Prokurica , tal situación no afecta a los Parlamentarios en particular, sino que ofende a la institución, a la institucionalidad y, en definitiva, a los conceptos de democracia y de educación cívica.
Me sorprende que autoridades ministeriales e Intendentes que asisten a los distintos eventos que se efectúan en el país no tengan ni las más mínima preocupación por la omisión de que son objeto los miembros del Parlamento.
Quiero protestar, además, haciendo presente que las autoridades que realmente ostentan la dignidad de tales son las elegidas por el pueblo, las que cuentan con el respaldo democrático y que la soberanía popular ha investido con ese rango.
Deseo representar esta situación porque cada día veo más el boato y la actitud displicente de autoridades unidesignadas por el Presidente de la República .
En consecuencia, sobre la base de estos dos elementos, solicito oficiar al señor Ministro Secretario General de la Presidencia con el objeto de que tome debida nota para que en el futuro, cuando se desarrollen eventos públicos con la presencia de Secretarios de Estado , Intendentes o autoridades formales del Gobierno, se adopten las providencias del caso y se tenga un mínimo de consideración y respeto por la institucionalidad de nuestro país, particularmente para con los Parlamentarios.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CARIOLA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
INTERVENCIÓN DE GLACIAR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR PARTE DE EMPRESA MINERA FRONTERA DEL ORO SCM. OFICIOS
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , hace unas semanas, en la ciudad de Copiapó, tuve ocasión de reunirme con el antropólogo y arqueólogo señor Ricardo Moyano Vasconcellos, quien me dio a conocer su preocupación por la intervención que se está llevando a cabo en la Cordillera de Atacama, en las cercanías del glaciar Los Helados, ubicado en el cerro El Potro.
El cerro El Potro es una montaña limítrofe de 5 mil 886 metros de altura por sobre el nivel del mar, situado aproximadamente a 140 kilómetros de la ciudad de Copiapó, al sur de Caserones y del paso de Pircas Negras, que da origen al nacimiento del río del Medio o de Los Helados, que más adelante alimenta al río Pulido, y luego, al Copiapó.
En ese sector, de acuerdo con lo informado por el citado profesional, desde 1966 existen referencias de sitios arqueológicos en el lado argentino. Los últimos antecedentes recogidos en su tesis doctoral por Miguel Cervellino -actual Director del Museo de Copiapó- dan cuenta de la presencia de diversas construcciones y restos arqueológicos de origen supuestamente inca o diaguita-inca chilenos, además de un tramo de camino incaico que va desde el Valle de Los Helados y que pasa junto al glaciar del mismo nombre hacia el lado argentino (río Mogotes).
En dicha zona, conforme a lo referido por el antropólogo señor Moyano , se encontraría interviniendo una empresa minera denominada "Minera Frontera del Oro SCM", con el objeto de abrir una vía que precisamente pasaría al costado del glaciar Los Helados.
Toda la información precedente relacionada con el impacto que pudieran tener esas obras en dicho glaciar, así como en los sitios arqueológicos descubiertos, fue comunicada por el señor Moyano a la COREMA de la Región de Atacama en diciembre del año 2004, sin que hasta la fecha de nuestra entrevista haya tenido respuesta alguna a su denuncia.
En virtud de lo expuesto por el mencionado antropólogo, realicé una somera investigación para tratar de establecer qué empresas mineras efectivamente están interviniendo en el lugar y si éstas contaban con las autorizaciones gubernamentales pertinentes.
Producto de mis averiguaciones pude determinar que el sector aludido forma parte del proyecto denominado "Vicuña", que consiste hasta ahora en un conjunto de exploraciones mineras de cobre, oro y plata que lleva a cabo desde Argentina el Grupo Sueco Lundin, a través de su subsidiaria Tenke Mineral.
Según información de acceso público actualmente disponible, el proyecto Vicuña tendría el carácter de proyecto minero binacional, toda vez que, de acuerdo con las exploraciones efectuadas en la zona, los posibles yacimientos de mineral se encontrarían en ambos lados de la frontera, principalmente en la provincia argentina de San Juan.
Conforme a antecedentes emanados de la prensa argentina, el Grupo Lundin, a través de sus subsidiarias, firmó un acuerdo con JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), mediante un join venture por un monto de 6,4 millones de dólares en exploración minera para consolidar la marcha del proyecto Vicuña .
En la actualidad, dicho proyecto es ejecutado por DEPROMINSA S.A. (empresa argentina) y Minera Frontera del Oro SCM (empresa chilena), ambas subsidiarias de Tenke Mineral, quien a su vez pertenece al Grupo Lundin.
Respecto de las autorizaciones gubernamentales tanto chilenas como argentinas para llevar a cabo las labores de exploración, he podido constatar lo siguiente:
1.- El 3 de agosto de 1998 la empresa Minera Cyprus Amax Chile Ltda . obtuvo de parte de la COREMA de Atacama la aprobación de una declaración de impacto ambiental para el desarrollo de exploraciones mineras respecto del proyecto Vicuña , ubicado aproximadamente, como ya dije, a 140 kilómetros al sur-este de la ciudad de Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla.
2.- El 22 de febrero del año 2000 el Gobierno argentino, a través de la administración federal de ingresos públicos, autorizó la habilitación temporal de dos pasos fronterizos: "Paso Naciente Río Blanco," en la Rioja, y "Paso Naciente Quebrada la Colorada", en San Juan , para los efectos de su utilización en los trabajos de exploración del proyecto minero aurífero Vicuña por parte de las empresas DEPROMINSA y Minera Frontera del Oro SCM.
De lo expuesto, he podido colegir lo siguiente:
1.- Que la aprobación de la declaración de impacto ambiental otorgada en agosto de 1998 a la empresa Minera Cyprus Amax Chile Ltda . para llevar a cabo las labores de exploración relacionadas con el proyecto Vicuña es esencialmente ambigua y vaga en cuanto a la protección del medio ambiente y al resguardo de eventuales sitios arqueológicos, y además no establece plazos de ejecución del proyecto.
2.- Que la empresa Cyprus habría cedido sus derechos al Grupo Lundin.
3.- Que aparentemente no existe en la página web de la CONAMA información de acceso público respecto de autorizaciones ambientales para la intervención y trabajos que se encontraría desarrollando en esa zona la empresa Minera Frontera del Oro SCM.
4.- Que se está interviniendo una zona de la Cordillera de Atacama que tendría significación arqueológica. Y que además se pondrían en eventual riesgo los acuíferos que alimentan al río Copiapó al desarrollarse trabajos mineros en las inmediaciones del glaciar Los Helados ya mencionado.
En virtud de lo anterior vengo en solicitar, en primer lugar, que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través de la COREMA de Atacama, informe sobre las autorizaciones ambientales que habría respecto del proyecto Vicuña y, si existieran, acerca de las medidas exigidas para proteger la flora y fauna del sector, los sitios de interés arqueológico, el glaciar Los Helados y los acuíferos del río Copiapó.
En segundo término, que el SERNAGEOMIN dé a conocer las autorizaciones y supervisiones realizadas al proyecto de exploración Vicuña.
Y, por último, que el Ministerio de Minería tenga a bien informar sobre la efectividad de la existencia del proyecto minero binacional Vicuña , así como de las características y estado de avance de éste.
Formulo lo anterior, señor Presidente , además, porque se ha creado verdadera alarma pública en la Región con motivo de la situación que afecta al proyecto minero Pascua Lama , que el país conoce. Actualmente, existen serias dificultades para su implementación, porque la COREMA en su momento no hizo todos los estudios que debió haber realizado. En efecto, las exploraciones llevadas a cabo por la empresa minera Barrick Gold dan cuenta de la presencia de tres glaciares en ese sector, y los chilenos poco saben de que en esa zona tan alejada del centro de Chile hay hielos eternos que dan origen a las aguas que alimentan los pocos ríos existentes en el Norte y en el Norte Chico del país.
Atendida esa circunstancia, la COREMA de Atacama pidió a la minera Barrick Gold que reformulara el proyecto de exploración binacional con Argentina llamado " Pascua Lama ", a los efectos de ver la posibilidad de que la explotación del yacimiento de oro se realice de manera subterránea. De no procederse en la forma requerida por dicho organismo regional, estaríamos frente a una situación particularmente delicada, porque si ha de hacerse a tajo abierto, tal cual lo solicitó en su primer momento la referida empresa, habría que destruir alguno de los tres glaciares que se encuentran en la zona.
He hecho esta presentación acerca del proyecto denominado "Vicuña", que se realiza un poco más al norte, porque estamos hablando de un glaciar que alimenta al principal río existente en el norte de Chile después del Loa: el Copiapó.
En caso de dañarse dicho glaciar o de generarse condiciones para que una explotación aurífera se desarrolle con los métodos actuales, vale decir, de cianuración, podemos vernos, una vez más, ante el peligro de que los acuíferos de toda la zona se vean seriamente perjudicados por la falta de protección medioambiental a los glaciares, que son los que nutren los dos únicos ríos de la Región de Atacama y que a su vez dan origen a las aguas que alimentan dos valles muy ricos: el de Copiapó y el de Huasco.
Como todos sabemos, más al norte se encuentra el río Loa, con todas las dificultades medioambientales que ha experimentado. Y también hay dos ríos que alimentan la zona cercana a Arica, uno de los cuales es el Lluta, tributario del valle del mismo nombre.
En consecuencia, estamos hablando de ríos particularmente frágiles que, si no los cuidamos, en cualquier momento dejarán de estar en condiciones para desarrollar una agricultura capaz de enfrentar los enormes desafíos que exhibe este sector en el norte de nuestro país.
Por eso, he puesto particular cuidado al proyecto minero Vicuña , que recién está realizando las exploraciones.
En la eventualidad de que éste llegue a fructificar, las autoridades deberán tener especial cuidado de otorgar o no autorización para la explotación aurífera, pues, como señalé, si el antropólogo que he mencionado tiene razón en su planteamiento, el proyecto podría afectar al glaciar Los Helados, el único que alimenta, luego de pasar por varios afluentes, al río más importante de Atacama: el Copiapó.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CARIOLA (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción