Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- HOMENAJE A VÍCTIMAS DE ESCUELA DE BESLÁN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Baldo Prokurica Prokurica
- Antonio Horvath Kiss
- Sergio Romero Pizarro
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- CONDENA A AGRESIÓN TERRORISTA EN BESLÁN. PROYECTO DE ACUERDO
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NUEVAS NORMAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DE SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- TRATADO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES FERROVIARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN
- Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN
- DEBATE
-
FACILIDADES PARA FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Jorge Pizarro Soto
- Hosain Sabag Castillo
- INDICACIÓN
- DEBATE
-
TRATADO CON ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- DEBATE
-
CONVENIO INTERNACIONAL DE SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- DEBATE
-
HOMENAJE A CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS EN SU 50° ANIVERSARIO
- ANTECEDENTE
- DESAFUERO : Cesar Augusto Parra Munoz
- HOMENAJE : Hernan Larrain Fernandez
- HOMENAJE : Roberto Munoz Barra
- HOMENAJE : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
-
NUEVAS NORMAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DE SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
RESGUARDO DE PATRIMONIO FITO Y ZOOSANITARIO. REITERACIÓN DE OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ BARRA, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIOS DE LA LEY Nº 19.583, QUE REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA (3650-14)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Munoz Barra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), PÁEZ, PIZARRO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE IMPIDE A AUTORIDADES QUE INDICA GOZAR DE ENTRADAS LIBERADAS DE PAGO EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS U OTROS (3657-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Sergio Paez Verdugo
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ BARRA, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIOS DE LA LEY Nº 19.583, QUE REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA (3650-14)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 26ª, en martes 7 de septiembre de 2004
Ordinaria
(De 16:20 a 19:28)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE , Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
Homenaje a víctimas de escuela de Beslán¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Condena a agresión terrorista en Beslán. Proyecto de acuerdo (se aprueba)............
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica decretos leyes con objeto de establecer requisitos para nombramiento de Director General de Policía de Investigaciones y de Subsecretario de Investigaciones (2643-02; 3266-02; 3267 7 3288-02) (se aprueba en particular)...............................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre Chile y Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas" (2842-10) (se aprueba en general y particular)................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un seguro obligatorio de accidentes para transporte en ferrocarriles (3323-15) (se aprueba en general en su parte que no requiere quórum especial)..............................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta artículo 26 del DL. Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar funcionamiento de microempresas familiares (3577-03) (se aprueba en general y particular)..........................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre Chile y Argentina sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales" (3373-10) (se aprueba en general y particular).....................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 1983, y sus enmiendas (3388-10) (se aprueba en general y particular)...................................................................................................................
Homenaje a Consejo de Rectores de Universidades Chilenas en su 50º aniversario (se rinde)..........................................................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de Gobierno y de Minería .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 25 señores Senadores.
HOMENAJE A VÍCTIMAS DE ESCUELA DE BESLÁN
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señores Senadores, frente a los horribles hechos ocurridos en la escuela de Beslán, Osetia del Norte, comenzaremos esta sesión guardando un minuto de silencio como homenaje y recuerdo a las personas caídas.
Ruego a los señores Senadores y a quienes nos acompañan en las tribunas ponerse de pie.
--La Sala y las tribunas guardan un minuto de silencio.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Las actas de la sesiones 23ª, especial y 24ª, ordinaria, en 31 de agosto; 25ª, ordinaria, en 1 de septiembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción (Boletín Nº 3.418-14).
2) El que enmienda la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (Boletín Nº 3.574-14). --Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente, y determina la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales (Boletín Nº 3.623-04).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación (Boletines Nºs. 3.038-07, 3.495-07 y 3.360-01).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo prescrito en el artículo 74 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con los dos siguientes informa que ha aprobado dos proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba las Enmiendas de 1999 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MEPC. 78 (43), de fecha 1 de julio de 1999 (Boletín Nº 3.511-10).
2) El que aprueba las Enmiendas de 1997 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MEPC. 75 (40), de fecha 25 de septiembre de 1997 (Boletín Nº 3.517-10)..
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Dos de la señora Contralora General de la República subrogante, con los que contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor García: uno, relativo a las pensiones asistenciales, y el otro, sobre auditorías en la Municipalidad de Freire.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, acerca de declaraciones de la autoridad que indica, relativas al traspaso de las empresas sanitarias al sector privado.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, relativo al resguardo del patrimonio fito y zoosanitario del país.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, referido a la distribución de los nuevos cupos de pensiones asistenciales.
Del señor General Director de Carabineros , mediante el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei (doña Carmen), sobre un retén móvil para la localidad de Chiu Chiu, Calama.
Del señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional , con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Stange, referido a la situación previsional de la persona que señala.
De la Municipalidad de Antofagasta, con el que responde a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre el proyecto de expropiación de la Avenida Salvador Allende.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Oficio reservado
De la señora Ministra de Defensa Nacional, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, acerca de la eventual construcción de un aeropuerto en Tongoy.
--Queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal (Boletín Nº 3.465-07).
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (con urgencia calificada de "simple") (Boletín Nº 3.021-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Muñoz Barra, con la cual inicia un proyecto que establece un nuevo plazo para acogerse a los beneficios de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva (Boletín Nº 3.650-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
De los Senadores señores Zaldívar (don Andrés), Páez, Pizarro y Ruiz-Esquide, con la cual inician un proyecto de ley que impide a las autoridades que indica gozar de entradas liberadas de pago en espectáculos deportivos u otros (Boletín Nº 3.657-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath y Romero, con la cual inician un proyecto de ley que establece que los miembros del directorio de la Empresa Periodística La Nación deberán ser designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes informes:
Dos de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que a continuación se indican:
1) El que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción (con urgencia calificada de "suma") (Boletín Nº 3.418-14).
2) El que introduce enmiendas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (con urgencia calificada de "suma") (Boletín Nº 3.574-14).
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (con urgencia calificada de "suma") (Boletín Nº 3.391-17).
--Quedan para tabla.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Honorable señor Cariola.
El señor CARIOLA.-
Señor Presidente , el proyecto de ley sobre abigeato es de sumo interés para la Comisión de Agricultura. Por tal motivo, solicito que pueda ser visto por ella antes de que pase a la de Constitución, que está muy recargada de trabajo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Así se acuerda.
)---------------(
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , junto con los Senadores señores Horvath y Romero presentamos un proyecto que modifica el sistema de nombramiento del directorio de la Empresa Periodística La Nación. Ha sido declarado inadmisible, de modo que pedimos, por su intermedio, el patrocinio del Ejecutivo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se enviará el oficio respectivo, en nombre de Su Señoría.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, resolvieron lo siguiente:
1.- Facultar a la Mesa para designar dos Senadores que, en conjunto con la Cámara de Diputados, se ocupen de una ceremonia que se celebraría en el Salón de Honor para solemnizar el momento en que se promulgue la ley Nº 20.000.
2.- Dedicar una sesión especial el miércoles 6 de octubre y la sesión ordinaria de ese día a tratar el proyecto sobre reformas constitucionales. Y, si hiciere falta, continuar el martes siguiente -12 de octubre-, en la sesión ordinaria correspondiente.
3.- Ratificar la designación de los señores Senadores miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
4.- Retirar el proyecto que figura en el primer lugar de la tabla de hoy -es decir, el que estable bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo- para dejarlo en igual lugar de la sesión del martes próximo, salvo que hubiere urgencias.
5.- Retirar de la tabla el proyecto signado con el número 2, sobre modificación del Estatuto Docente con el objeto de establecer la concursabilidad de los cargos de directores de planteles educacionales municipales.
6.- Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 13 de septiembre a las 12, para presentar indicaciones a los siguientes proyectos de ley:
a) El relativo a la concentración de la propiedad de bienes raíces, y
b) El referente a la modificación de la Ley de Control de Armas.
7.- Finalmente, fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre autorización para enajenar la Fundición de Ventanas, hasta el día de mañana, miércoles 8, a las 10, las que se entregarían en la Comisión.
CONDENA A AGRESIÓN TERRORISTA EN BESLÁN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por los señores Presidente y Vicepresidente de la Corporación y por los Senadores señora Frei y señores Núñez , Naranjo , Canessa , Silva , Fernández , Prokurica , Parra , Muñoz Barra y Ávila , que propone lo siguiente:
"1º) Condenar del modo más enérgico la brutal agresión que delincuentes terroristas fuertemente armados cometieron en Beslán, violando los más elementales derechos humanos y causando más de un millar de víctimas civiles inocentes e indefensas, especialmente niños;
2º) Expresar al pueblo ruso, y en general al de la República de Osetia del Norte, las más sinceras condolencias del Senado de Chile, y
3º) Oficiar a la Embajada de la Federación Rusa en Chile, rogándole haga llegar a la Duma y al Parlamento de Osetia del Norte el texto de este acuerdo".
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Entendemos que el proyecto de acuerdo corresponde a una proposición formulada por todos los señores Senadores, aunque algunos, por falta de tiempo, aún no lo han suscrito.
En consecuencia, propongo que, en lugar de tratarlo en el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente, como establece el Reglamento, lo aprobemos ahora por unanimidad, para comunicarlo a las autoridades correspondientes a la brevedad posible e informarles además que esta Sala, como homenaje, ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de los niños y adultos caídos en la escuela de Beslán.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVAS NORMAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DE SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como por acuerdo de los Comités ha quedado postergada la discusión de las dos iniciativas que figuraban en los primeros lugares de la tabla, corresponde tratar el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica los decretos leyes Nºs 2.460, de 1979, y 1.487, de 1976, con el objeto de establecer requisitos para el nombramiento del cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , fijar la duración del mismo y eliminar requisitos del cargo de Subsecretario de Investigaciones , con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2643-02; 3266-02; 3267-02 y 3288-02, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de julio de 2003.
Informes de Comisión:
Defensa, sesión 52ª, en 21 de abril de 2004.
Defensa (segundo), sesión 21ª, en 17 de agosto de 2004.
Discusión:
Sesión 58ª, en 18 de mayo de 2004 (se aprueba en general).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 18 de mayo del presente año. El segundo informe de la Comisión transcribe las constancias reglamentarias del artículo 124 del Reglamento.
Las modificaciones introducidas a la iniciativa aprobada en general fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Honorables señores Canessa, Fernández, Flores y Páez), y consisten en establecer que el Director General de la Policía de Investigaciones , cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República , será designado por éste de entre los cinco oficiales policiales de mayor antigüedad con el grado de Prefecto General o Prefecto Inspector, y que en caso de ausencia, impedimento o inhabilidad temporal, el Director General será subrogado por el Oficial General más antiguo.
En lo que respecta al cargo de Subsecretario de Investigaciones , se incorporó una enmienda de técnica jurídica, en cuanto a suprimir la referencia a un texto legal que se encuentra derogado tácitamente.
Cabe tener presente que estas modificaciones, acordadas todas por unanimidad, deben ser votadas sin debate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 de nuestro Reglamento, salvo que algún señor Senador, y antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir alguna proposición de la Comisión o que exista alguna indicación renovada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado, dividido en cuatro columnas que transcriben, la primera, los textos legales correspondientes; la segunda, el proyecto aprobado en general por esta Corporación; la tercera, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Defensa, y la última, el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En la discusión particular, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , como Presidente de la Comisión de Defensa , quiero señalar que el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en general como en particular.
La iniciativa establece y garantiza la carrera funcionaria, y constituye un incentivo para que el personal de Investigaciones, que ha adquirido un alto nivel de profesionalización, aspire legítimamente a que el cargo de mayor relevancia -el de Director General- sea ocupado por un miembro de sus filas.
La Comisión propone que ese funcionario sea designado, de entre las cinco primeras antigüedades del Servicio, por el Presidente de la República , de tal suerte que, por ser el cargo de su exclusiva confianza, pueda removerlo en cualquier momento. El proyecto consolida y ratifica la carrera funcionaria dentro de la Policía de Investigaciones, pero, como dije, el Primer Mandatario cuenta con la facultad ya mencionada.
Asimismo, el Director desempeñará su puesto sólo por un plazo máximo de seis años consecutivos, y no podrá ser designado nuevamente sino transcurridos tres años desde que hubiere cesado en el ejercicio de tan alta función. De este modo se pretende evitar que una persona pueda mantenerse indefinidamente al frente del Servicio, aun cuando, obviamente, por ser un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República , éste podría pedirle la renuncia antes de los seis años. El objetivo del plazo máximo es que el Director General no continúe en el cargo más allá de su término; pero no le garantiza estabilidad en él. Porque, repito, se trata de un funcionario de la exclusiva confianza del Jefe del Estado.
Por otra parte, el proyecto elimina los requisitos que la legislación contempla para ser Subsecretario de Investigaciones . Hoy, ese cargo sólo puede ser ejercido por personas que tengan el grado de oficial o de ex oficial de las Fuerzas Armadas, o de prefecto inspector o prefecto de Investigaciones, en circunstancias de que ningún otro subsecretario requiere cumplir otras exigencias que las generales de la Administración Pública. Al único Subsecretario que el Presidente de la República no puede nombrar libremente es al de Investigaciones.
La iniciativa viene a corregir esa situación mediante la derogación de esos requisitos, igualándolos con los establecidos en la ley para todos los subsecretarios.
El proyecto, repito, fue aprobado por unanimidad en la Comisión, por lo que solicito de la Sala idéntico pronunciamiento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tal como se ha informado, tanto por el señor Secretario como por el señor Presidente de la Comisión , en ésta todas las modificaciones se acogieron por unanimidad. Por eso, corresponde votarlas sin debate, salvo que algún señor Senador pida tratar en forma separada alguna de ellas, caso en el cual se abrirá el debate pertinente. De lo contrario, la iniciativa se aprobará en todas sus partes y quedará terminada su discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en general, concuerdo con lo que ha explicado el Senador señor Fernández . Sin embargo, quiero hacer la siguiente prevención.
El hecho de que el Director General y el Subsecretario de Investigaciones sean de absoluta confianza del Presidente de la República y queden sujetos, por lo tanto, a su sola voluntad, sin recurrir a ninguna fuente para contraponerla o analizarla, se debe a que la Policía de Investigaciones de Chile tiene características especiales. Esto no debe entenderse, en ningún caso, como una suerte de aval para modificar la situación de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros.
Es cuanto quería expresar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Su Señoría está pidiendo la votación separada de algún artículo?
El señor MARTÍNEZ .-
No, señor Presidente . Sólo quería hacer esa prevención.
Estoy de acuerdo con lo planteado en el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El señor Senador tiene razón en cuanto a querer plantear su punto de vista; pero no corresponde hacerlo en esta instancia.
Simplemente, debemos dar por aprobado el texto, ya que no se ha solicitado la discusión separada de artículo alguno.
Con el objeto de que quede registrado el pronunciamiento de la Sala, ruego al señor Secretario tomar la votación.
En votación electrónica.
--(Durante la votación).
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, pido que quede constancia de mi postura.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Quedó constancia de ella cuando Su Señoría hizo uso de la palabra.
El señor MARTÍNEZ.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
En ese caso, señor Presidente , yo también deseo dejar una constancia, pero al revés de lo señalado por el Senador señor Martínez.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Estamos en votación. Después se podrán dejar las constancias.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (33 votos a favor).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Parra, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , también estimo necesario dejar constancia de que, dado que la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados discrepa esencialmente de la aprobada por el Senado en un aspecto -en la posibilidad de nombrar como Director, en determinadas condiciones, a una persona ajena a la Policía de Investigaciones-, en el tercer trámite el Gobierno decidirá, a la luz de ambos textos, qué posición apoyará.
La razón es muy simple. Nosotros preferimos una policía profesional, donde haya un nombramiento institucional, probablemente de entre las mayores antigüedades. Sin embargo, considerando los numerosos cambios habidos y la cantidad de personal de alta graduación que se ha retirado en el último tiempo, nos asalta la duda en cuanto a si, de producirse una vacante en este momento, habría que designar a un oficial de bastante menor antigüedad.
Tenemos esa duda. Pero, como dije, la resolveremos en el tercer trámite, en la Cámara de Diputados, donde haremos ver nuestra posición.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Ministro , la verdad es que el debate en general sobre esta materia ya se efectuó, y la discusión en particular se realizó en la Comisión y reglamentariamente no correspondía repetirla aquí.
Queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , quiero formular una observación tendiente a introducir una corrección formal en el proyecto que acabamos de aprobar.
He conversado con el señor Ministro del Interior , quien concuerda en que, en definitiva, el inciso tercero del artículo 9º del decreto ley que se modifica debería quedar como sigue: "El Director General sólo podrá desempeñar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos.".
En realidad, no se puede dar el caso de que, una vez transcurridos tres años, pueda ser nombrado de nuevo, porque no figurará entre las cinco primeras antigüedades del Servicio.
Por las razones expuestas, solicito recabar el acuerdo de la Sala para que se envíe a la Cámara de Diputados el texto corregido, sin ese error.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego a los señores Senadores poner atención.
Efectivamente, como ha señalado el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, la iniciativa referida contiene una frase contradictoria. Porque estaba en la lógica del precepto despachado por la Cámara Baja que se podía nombrar como Director General a una persona que no perteneciera al Servicio. Pero como aquí se estableció que debería designarse de entre los cinco oficiales de éste con mayor antigüedad, es evidente que la frase "y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el término de sus funciones" resulta incoherente, porque dicha persona ya no se encontrará en la Institución.
Solicito la anuencia de la Sala a fin de autorizar a la Secretaría para suprimir esa frase, por no guardar coherencia con el contexto de las normas que hemos aprobado.
Advierto que esto no implica reabrir el debate.
¿Habría acuerdo para introducir esa enmienda formal, con la misma votación que se acaba de tomar, para los efectos de su registro?
--Así se acuerda.
TRATADO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas", suscrito en La Paz el 22 de febrero de 2001, con nuevo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2842-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 9 de julio de 2002.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Relaciones Exteriores (nuevo), sesión 24ª, en 31 de agosto de 2004.
Discusión:
Sesión 24ª, en 22 de agosto de 2002 (vuelve a Comisión).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El Senado, en sesión de 22 de agosto de 2002, acordó volver este proyecto de acuerdo a la Comisión para que allí se analizara la legislación de Bolivia sobre ejecución de sentencias y se emitiera un nuevo informe.
Cabe recordar que dicho Tratado tiene como finalidad principal facilitar la rehabilitación de los reos permitiendo que cumplan las condenas en el país de su nacionalidad.
En el nuevo informe, la Comisión de Relaciones Exteriores señala que adoptó, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Martínez, Romero y Valdés), la misma resolución acordada en el primero: aprobar en general y en particular el proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, dicho órgano técnico propone a la Sala discutir la iniciativa en general y en particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , como indicó el señor Secretario , la Comisión revisó de nuevo este instrumento internacional. Y respecto de sus conclusiones más concretas, atinentes a las observaciones formuladas anteriormente en la Sala, puedo informar lo siguiente.
El Tratado sólo reconoce al Estado trasladante, que impuso la condena, jurisdicción para conocer y juzgar cualquier procedimiento tendiente a impugnar, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales y, por consiguiente, sólo él podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.
En virtud del Acuerdo en referencia, las penas impuestas en Bolivia a personas de nacionalidad chilena podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de Chile. A su turno, las penas impuestas en Chile a personas de nacionalidad boliviana, podrán cumplirse en establecimientos penitenciarios de Bolivia.
El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocado especialmente por la Comisión, reiteró que el artículo X del Convenio reconoce dicha facultad sólo al Estado trasladante. Por ende, el Estado receptor no podrá jamás alterar la sentencia impuesta en el Estado original.
Por su parte, el asesor del Ministerio de Justicia, don Fernando Londoño , reafirmó que el país receptor sólo tiene competencia en la forma de ejecución de la condena, esto es, en la aplicación y administración de ella. No posee facultad alguna de tipo jurisdiccional de fondo para modificar o conmutar la condena, o para amnistiar o indultar la pena. Su competencia se circunscribe al ámbito estrictamente penitenciario de administración, cumplimiento y ejecución de la pena.
Asimismo, indicó que, frente a la legítima inquietud planteada por algunos señores Senadores, el Ministerio, por ser la autoridad central encargada de administrar el mecanismo de traslado caso a caso, realizó un estudio de la legislación sobre ejecución de condena en Bolivia, la que data de 1973 y fue modificada en el año 2000.
Señaló que dicho estudio muestra que en Bolivia existen mecanismos de libertad condicional muy similares a los nuestros, desde el punto de vista normativo, y que, incluso, en el texto aparecen más exigentes que la legislación nacional. Por ejemplo, la libertad condicional, único beneficio que ellos tienen, procede a los dos tercios de la condena, a diferencia de Chile, donde procede, por regla general, a la mitad de la condena, salvo en los casos de narcotráfico, donde procede a los dos tercios de la condena, por lo que a este respecto existiría similitud entre ambas legislaciones.
Agregó que el estudio especial encomendado consigna que el sistema de ejecución de la condena en Bolivia se encuentra judicializado. En consecuencia, todas las decisiones sobre libertad pasan por un tribunal de justicia, y, en general, los jueces bolivianos son bastante restrictivos en materia de libertad condicional, pues ellos también enfrentan problemas de seguridad ciudadana.
Explicó que, en temas de narcotráfico, ellos tienden a ser aún más restrictivos, como lo demuestra la legislación de fondo de Bolivia, ya que su normativa penal sobre narcotráfico contiene exigencias superiores que la nuestra, pues no sólo contempla mayores penas, sino que, además, regula todos los delitos derivados de la droga, como el homicidio, el cohecho, etcétera.
Por último, expresó que la mayoría de los bolivianos que se encuentran condenados en Chile lo han sido por tráfico internacional de drogas. Agregó que dicha consideración no puede ser alterada por Bolivia, que sólo tendría que acatar y hacer cumplir la sentencia, pues ellos no poseen facultades para conocer los hechos y poder juzgar conforme a su legislación.
Es cuanto puedo dar a conocer del nuevo informe emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual recomienda aprobar en general y en particular el proyecto de acuerdo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , siguiendo la línea de lo planteado por el Presidente de la Comisión , quiero recordar al Senado que esta iniciativa se trató hace algún tiempo y se acordó enviarla nuevamente a Comisión, a la luz de una legítima inquietud formulada por el Senador señor Orpis , en su momento sobre tres puntos específicos.
Frente a la posibilidad de suscribir este Acuerdo con Bolivia respecto de la transferencia de personas condenadas, y en razón de que aproximadamente 60 por ciento de los bolivianos privados de libertad en Chile han sido condenados por delito de tráfico ilícito de estupefacientes, el Honorable colega hizo presente la necesidad de conocer algunos aspectos relacionados con la triple identidad.
Primero, competencia del Estado receptor para alterar la naturaleza jurídica o la duración de la pena impuesta al nacional altiplánico por el juez chileno.
Segundo, régimen de cumplimiento de condenas en Bolivia. Tercero, política general de dicho país respecto del narcotráfico.
El narcotráfico fue un tema relevante en esa discusión. Por ello, antes de proceder a la firma de un tratado de esta naturaleza, se consideró adecuado realizar una investigación más profunda. La Comisión celebró un par de reuniones muy importantes, en las que se despejaron diversas dudas.
Creo que ése era el sentido de la petición de nuevo informe. Muchas veces, cuando se envía un asunto a Comisión, uno cree que es un simple trámite. En el caso del Tratado en debate, se llevó a cabo un trabajo muy necesario y se fijó la política del Gobierno respecto de los tres puntos planteados por el señor Senador mencionado.
Hemos quedado tranquilos sobre el particular, en primer término, porque el Estado receptor -en este caso, Bolivia- carece de competencia para alterar la naturaleza jurídica de la duración de la pena. Y por ejemplo, la concesión de un indulto, de una amnistía o la conmutación o modificación de la pena serán de iniciativa exclusiva del Estado trasladante, es decir, de Chile.
Tal vez alguien pensara que, con la suscripción de este Tratado, sería legítimo que a quien se encuentra en prisión se le indultara o conmutara la pena. Pero es preciso entender los esfuerzos de Chile y otras naciones para impedir el tráfico de estupefacientes. Porque si se detiene a un extranjero y se lo envía a su país de origen, al no haber claridad acerca de la lógica con que se procede, es obvio que tales esfuerzos podrían ser en vano. En la Comisión quedó absolutamente claro que, en lo que concierne a la legislación boliviana, no existe el peligro de que se pierda el sentido de la pena.
En segundo término, el régimen de cumplimiento de condena se judicializó en Bolivia a partir del 20 de diciembre de 2001. O sea, es un juez el que decreta cualquier beneficio de libertad condicional. En este caso, se exigen una serie de requisitos y ella se otorga sólo una vez cumplidos, a lo menos, dos tercios de la pena.
Por último, también se analizó la legislación boliviana en lo relativo al tráfico ilícito de estupefacientes. Afortunadamente, existe una sintonía muy relevante entre el esfuerzo que efectúa el Parlamento chileno con lo que ya ha hecho la nación altiplánica.
Señor Presidente , creo que ha sido un ejercicio especialmente útil, a los efectos de la aprobación del Tratado, el hecho de que las inquietudes del Honorable colega se hayan resuelto en forma adecuada. Por eso, recomendamos a todos su aprobación.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Al parecer, con los esclarecimientos hechos por el Presidente de la Comisión y por el integrante de ella que acaba de intervenir, con relación a las inquietudes suscitadas por el Tratado, habría acuerdo en la Sala -como lo hubo en la Comisión- para aprobar la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (35 votos a favor) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
ESTABLECIMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES FERROVIARIOS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un seguro obligatorio de accidentes para el transporte en ferrocarriles, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3323-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 7 de abril de 2004.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 6ª, en 22 de junio de 2004.
Discusión:
Sesión 20ª, en 11 de agosto de 2004 (queda pendiente su discusión general);
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La relación de la iniciativa se efectuó en la sesión ordinaria del miércoles 11 de agosto pasado y quedó pendiente su discusión general.
Cabe recordar que la aprobación de la idea de legislar requiere el voto afirmativo de 27 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Conforme a lo señalado, el debate de la iniciativa se encuentra pendiente.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , como ya informé el proyecto en mi condición de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, considero innecesario volver a intervenir.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Efectivamente, el señor Secretario entregó una relación de la iniciativa y el Honorable señor Novoa la informó. Luego, cuando se inició el debate, se pidió segunda discusión.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , debo intervenir por una razón que es de orden moral, por lo menos para mí.
Hace un mes tuvimos una discusión muy apasionada respecto del proyecto -recordemos que se trató un poco tarde, al final de la sesión-, en la que se planteó si este tipo de propuestas mejoraría la seguridad en ferrocarriles.
Por mi parte, en esa ocasión entregué datos sobre la cantidad de accidentes. Sostuve que el fondo del asunto era distinto y que había que analizar qué ocurre con el ferrocarril -tipo de transporte importante en Chile- frente a problemas de seguridad que van más allá de un seguro. Además, hice referencia a que sólo entre Santiago y Talca había 23 cruces sin guardavía nocturno ni algún tipo de barrera.
¿Por qué intervengo nuevamente? Hablé de los peligros que la falta de seguridad representa para los usuarios, y 48 horas después de mi intervención hubo un nuevo accidente fatal, precisamente en un cruce en la zona que represento en el Senado. A partir de ese momento, nuevamente me involucré con el proyecto y solicité antecedentes adicionales a Ferrocarriles del Estado.
Señor Presidente , cada vez me convenzo más de que no podemos pensar que se logre algo con un seguro obligatorio de accidentes para el transporte ferroviario. Se requiere una reingeniería mucho más profunda en materia de seguridad, respecto de lo cual, además, hubo consenso en dicha empresa.
Un señor Senador manifestó que se necesitan inversiones millonarias para la regulación de los cruces. Sin embargo, cuando hice mi planteamiento de manera pública al respecto, se me dijo que eso podría ser posible en el próximo año, lo que, por fortuna, no era tan exhaustivo, a juicio de representantes de Ferrocarriles.
Por lo tanto, quiero volver a llamar la atención sobre este asunto, porque a veces, cuando transcurre un período extenso, uno pierde el sentido de las discusiones.
Lo que nosotros pedimos es que la Comisión de Transportes se aboque a un estudio a fondo de lo que ocurre con la seguridad en ferrocarriles. Todos apreciamos lo que eso pueda significar en un medio de transporte moderno y no contaminante como el tren. Entendemos también la existencia de problemas históricos que dificultan su desarrollo. Pero, como legisladores, tenemos obligaciones morales. No por su carácter de empresa pública vamos ser menos rigurosos cuando se trata de dar seguridad a la ciudadanía. No es aceptable que en tres meses haya habido igual número de accidentes fatales. Y ninguno de ellos tiene que ver con el seguro obligatorio de accidentes, sino con un tema de fondo, desde el punto de vista de la seguridad.
Por eso, aprovecho la instancia de estudio de este proyecto para insistir en la importancia de realizar una sesión especial de la Comisión de Transportes, o del Senado, para buscar fórmulas de solución o para hacer un debate más profundo sobre lo que se insinúa en su texto, pero que, en ningún caso, resuelve el problema de fondo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , sin duda el proyecto tuvo su origen en los accidentes ocurridos hace poco y que ahora recuerda el Senador señor Coloma ; o quizás se llamó a Ferrocarriles para preguntar si tenía contratado un seguro y, como respondió que no, ahora se quiere obligar por ley a tomarlo.
En verdad, bastaría con que el directorio de la Empresa de los Ferrocarriles -donde supongo que hay gente inteligente- dispusiese el seguro para las personas. Porque el resto del transporte de pasajeros en el país lo tiene. No sé lo que pasa en el Metro. Tal vez, en definitiva, sea mejor dictar una norma legal conforme a la cual todo medio de transporte de personas deba contar con seguro, ¡y punto!, sin necesidad de una ley.
La situación resulta curiosa, porque se trata de los típicos proyectos que se aprueban rápidamente debido a que hubo una conferencia de prensa y es muy importante dejar tranquilos a los señores Diputados.
La iniciativa está dirigida a los accidentes en la línea férrea y dentro del recinto de las estaciones. Con esto, millones de metros cuadrados en Chile quedarían afectos a un seguro que deberán pagar los pasajeros.
Si ése es el sentido de la norma -según se establece en los primeros artículos-, ello no me calza con la prudencia con que debe llevarse el asunto.
Una norma de la iniciativa dice: "Todo pasajero y cualquier propietario o habitante de un predio colindante con una línea de tren" -se trata de por lo menos unos 5 mil kilómetros de longitud, ¡5 mil kilómetros!- "o con una estación ferroviaria podrá exigir que se le exhiba la póliza que cubre los daños a que se refiere el artículo anterior.". Esto me parece excesivo.
Considero inadecuada la forma como se plantea el proyecto. Y estimo inconveniente que lo aprobemos, porque su sentido, en realidad, se extiende a una cantidad impresionante de terrenos, lo que va a elevar enormemente el costo del seguro. Y eso no es bueno.
Anuncio que votaré en contra de la iniciativa. Creo ser uno de los pocos Senadores que todas las semanas viajan en tren. Por ello me doy cuenta de los problemas existentes. Es verdad. No concuerdo en que a nosotros, como pasajeros, se nos obligue a pagar un seguro por cerca de 5 mil kilómetros de ferrocarriles. Algunos dicen que solamente son 2 mil kilómetros. Claro, 2 mil para un lado y 2 mil para el otro, más las estaciones¿ ¡Por favor! En mi opinión, eso no corresponde.
Aquí sólo cabe la siguiente alternativa: que el proyecto vuelva a Comisión para que se estudie en profundidad la materia, porque en él se plantean situaciones muy delicadas; o que se ponga en votación. En este último caso, anuncio desde ya mi voto en contra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , no debemos confundir las cosas.
El proyecto, a pesar de las observaciones del Senador señor Ríos , es de iniciativa parlamentaria: del señor Uriarte -sucesor del Honorable señor Coloma en su zona- y de otros Diputados, tanto de Oposición como de Gobierno. Es decir, no fue impulsado por un determinado sector.
Entiendo la inquietud de los señores Diputados cuando se han referido al seguro de accidentes; pero el proyecto no solucionará el problema en el caso de los trenes. La situación es diferente. Tenemos que preocuparnos de cómo la red de Norte a Sur puede contar con los elementos de seguridad requeridos, porque efectivamente hay accidentes. Algunos son imputables a la falta de normas de seguridad y otros, muchas veces, a que la gente no acata las señaléticas o ignora la existencia de cruces autorizados. En ocasiones, los propios vecinos levantan las barreras o eliminan obstáculos para pasar de un lugar a otro de la vía. Eso ocurre, incluso, con las personas que circulan por las autopistas, en las que vemos que en algunos sectores las rejas de protección han sido destruidas y eliminadas. No digo que ésta sea una conducta generalizada; pero hay quienes lo hacen, lo que da origen a accidentes.
Aquí tenemos que ver qué se pretende con el proyecto. Y aunque, al parecer, no fue pedido por la Empresa de los Ferrocarriles, es conveniente, incluso en los casos señalados por el Senador señor Ríos .
Hace poco tiempo, en mi circunscripción, en la zona de Pomaire, descarriló un tren que transportaba ácido sulfúrico. Por supuesto que provocó una situación que pudo ser crítica entre los pobladores del sector. Como es lógico, Ferrocarriles debe responder por el daño causado. Una empresa, normalmente, para cubrir tal tipo de contingencias, toma un seguro contra daños a terceros.
A mi juicio, la iniciativa apunta en esa dirección. Y me parece positivo que quienes viajen en tren, si sufren un accidente durante el trayecto, puedan cobrar seguro, al igual como sucede con los pasajeros de la locomoción colectiva de Santiago o de otras ciudades. Creo que la Empresa de los Ferrocarriles también debe tener alguna cobertura en caso de accidentes, lo que no va a solucionar el problema muchas veces dramático que puede afectar a una persona, como el ocurrido hace poco a una niña que quedó con secuelas de por vida, o el de quien resulta mutilado, o el del que pierde la vida; pero, por lo menos, significará una compensación a la familia, que debe disponer de recursos para afrontar en parte el grave daño sufrido. Es legítimo y bueno que haya un seguro. A mí me parece bien.
Ahora, si el asunto va al Ejecutivo, éste deberá valorar lo que representa para Ferrocarriles, desde el punto de vista financiero, la manera en que va a regir el seguro.
En cuanto a la seguridad en la línea férrea, en una sesión anterior -cuando se inició la discusión general de la iniciativa- señalé la conveniencia de restablecer el transporte ferroviario en Chile, el cual fue dejado de lado hace mucho tiempo. Se ha estado recuperando, y el proceso ha durado algunos años. Ha habido mejoría; nadie lo puede negar. Por lo demás -según me informó un representante de Ferrocarriles-, también existe un importante programa de inversión de cierta cuantía, a fin de mejorar todo cuanto diga relación a seguridad en el tránsito ferroviario y en los cruces.
Ésa es una tarea nacional que debe asumir el país y no la Dirección de Ferrocarriles. Si queremos un sistema de transporte ferroviario moderno, tenemos que contar en un futuro cercano con una vía férrea segura, por donde se desplacen trenes no sólo con las características actuales, sino, al menos, de velocidad media, como ocurre ya en muchas naciones. Chile debe tener ese avance; pero ése es otro tema.
Creo que el proyecto que nos ocupa -que es de iniciativa mixta, porque sus autores son Parlamentarios de uno y otro sector- es bueno. Por eso es conveniente aprobarlo, aun con las observaciones del Senador señor Ríos en cuanto al costo que representa.
Me parece que Ferrocarriles tendrá que ver cómo implanta un seguro de esta naturaleza.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de ofrecer la palabra, quiero advertir a Sus Señorías que se está reiterando el debate llevado a cabo en la sesión pasada. Lo que señalan los señores Senadores es muy interesante, pero les recuerdo que en la tabla de hoy tenemos muchos otros proyectos por despachar.
La idea es avanzar, y no que se repitan los mismos discursos.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , pese a la conveniencia de no reiterar anteriores argumentos, debo decir que el presente proyecto no fue pedido por la Empresa de los Ferrocarriles, sino que ésta lo aceptó.
La iniciativa fue patrocinada inclusive por Parlamentarios de la Oposición. Y si ahora no la quieren, pueden votar en contra; pero debe quedar claro que el sector del frente lo desea así.
La Oposición ha estado ahí. En la Comisión todos apoyamos generosamente el proyecto, por unanimidad. Y aquí lo hemos defendido con pasión. Pero nos hemos encontrado con una resistencia muy grande del otro lado.
No obstante -reitero-, si no quieren que lo aprobemos, no lo hacemos. Pero se trata de una iniciativa que la Comisión estimó conveniente. Y Ferrocarriles la aceptó. Repito: dicha empresa no la pidió, sino que es de origen parlamentario, lo cual respetamos.
En todo caso, me someto a lo que Sus Señorías digan. Si quieren votarlo en contra, lo hacemos. Y, seguramente, no habrá legislación sobre la materia.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, hay que distinguir dos cosas.
En primer lugar, creo que la situación de Ferrocarriles y la seguridad que tiene que entregar es algo que debemos abordar. Y, como Presidente de la Comisión de Transportes, no tengo inconveniente en que este organismo se aboque a ello. Por cierto, el proyecto no va a solucionar el problema de seguridad en la red ferroviaria ni en los trenes. Por lo tanto, hay una discusión pendiente.
En cuanto al proyecto en debate, efectivamente se trata de una iniciativa parlamentaria presentada por Diputados de distintos sectores; o sea, no pertenece a un sector político determinado.
En segundo término, el proyecto adolece de diversos defectos. Cuando lo analizamos en la Comisión nos dimos cuenta de ello. Pero hay dos opciones, pues se trata de una asunto ya aprobado por la Cámara de Diputados. Si se rechaza, lo podemos corregir en la Comisión Mixta, lo cual es una forma de proceder. La otra consiste en aprobarlo en general, a fin de que, mediante indicaciones, se puedan enmendar las fallas durante el segundo informe, en el que ha de ser sometido a una revisión de fondo.
En el informe de la Comisión de Transportes no figura que alguien haya sostenido que el proyecto esté bien formulado. Su texto ofrece muchas dudas. Pero reitero que tenemos dos opciones: o lo rechazamos y vamos a la Comisión Mixta, o lo aprobamos en general y lo corregimos en el segundo informe.
Lo mejor es proceder conforme a lo que propongo, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , los seguros cubren los riesgos a que está sometida la sociedad, sin que se conozca a quiénes afectarán. Por ejemplo, en un grupo de mil personas, se puede saber que a lo menos dos, tres o cuatro de ellas -desconozco las cifras médicas- sufrirán de cáncer, pero sin que ello se sepa específicamente. Hay estadísticas al respecto. Aquí nace el concepto de seguro. En vez de que las personas que tuvieron la mala suerte de enfermarse tengan que pagar el costo de su tratamiento, se contrata una prima colectiva, donde cada uno paga una pequeña cantidad. Se forma un fondo para financiar los gastos en que incurren los que padecen cierto mal.
Lo mismo ocurre con los accidentes de tránsito, los que a veces producen víctimas fatales o provocan invalidez. Se sabe más o menos la frecuencia de ellos, pero se desconoce quién los va a sufrir. Por eso se contrata un seguro. En vez de que una persona corra el riesgo -según las estadísticas existe 90 por ciento de probabilidad de que no le pase nada, pero 10 por ciento de que sí le ocurra algo- de pagar un alto costo como consecuencia de un accidente con su vehículo, con pérdida de éste o de la vida incluso, queda cubierta frente a tal eventualidad.
Por lo tanto, el seguro opera cuando un grupo de personas, o de empresas, o de actividades está sometido a un riesgo, pero no se sabe a quién afectará ni quién deberá pagar. En cambio, en el proyecto eso no existe, pues se trata solamente de Ferrocarriles. Como consecuencia de ello, la prima que ha de pagar dicha empresa será equivalente a la que debería cubrir por daños civiles. No existe diferencia. Aquí no hay un grupo de personas, de instituciones o de objetos que corra un riesgo, sino que existe un solo ente: la Empresa de los Ferrocarriles. Por consiguiente, lo que debe pagar es exactamente igual a la suma de los accidentes que tendrá.
Entonces, primero, no tiene sentido lógico ese seguro.
En seguida, se ignora si el seguro será a todo evento o si habrá un monto fijo: por ejemplo, por cada muerto, mil UF; o por cada accidente, 500 UF. Nadie sabe si se van a cubrir ciertos gastos médicos o la totalidad de la rehabilitación. Pero, entonces, ya no regiría el pago automático de la Empresa de los Ferrocarriles, pues habría que empezar por analizar los costos.
Tampoco se precisa qué pasará cuando hay culpa de la persona. Si se deja para todo evento, les aseguro que empezaremos a tener cualquier cantidad de asaltos en las estaciones de ferrocarriles.
El señor NOVOA .-
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
La señora MATTHEI.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , la única justificación del proyecto es establecer un monto fijo de indemnización. De tal manera que, por ejemplo, si una persona pierde un brazo en un accidente, la indemnización será de equis unidades de fomento, al igual como operan otros seguros. Ése es el objetivo que aborda el proyecto.
La Senadora señora Matthei tiene toda la razón al sostener que el seguro obligatorio de accidentes personales para vehículos motorizados se toma porque hay un millón de dueños de dicho medio de transporte. Entonces, en este caso, hay que establecer un seguro obligatorio, por cuanto individualmente nadie lo va a contratar y no producirá los mismos efectos.
Existen siete empresas de ferrocarriles que funcionan en el país, y la única justificación del seguro apunta a fijar una especie de indemnización automática que cubra cierto tipo de accidentes. Es muy limitado su alcance. Por eso, deseamos corregirlo en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en su segundo informe.
Además, como señaló la Honorable señora Matthei , sus características son muy poco parecidas a las del seguro obligatorio que rige para los vehículos motorizados. Sin embargo, igual tiene un sentido: establecer una especie de indemnización automática en caso de accidente y que la persona, si desea acogerse a él, lo cobre, y punto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , si se crea una indemnización obligatoria, habrá gran cantidad de personas necesitadas de dinero que se pondrán de acuerdo para hacerse zancadillas dentro de un recinto ferroviario, ya sea en una estación o en una parada de trenes. Ése es el daño moral que afecta a los seguros y que constituye uno de los problemas más complicados. Y si el seguro cubre todo evento, se corre el riesgo de que se cometa fraude para obtener plata a costa de él.
Por lo tanto, no voy a votar a favor del proyecto, pues creo que no tiene sentido alguno y carece de toda conexión con el concepto de seguro.
Para alcanzar el objetivo que se desea, esto es, que se pague a las personas accidentadas por el daño ocasionado -moral o de cualquier tipo-, existen los juicios civiles.
Quizás a partir de la iniciativa en debate podría elaborarse un texto muy acotado que contemplara un seguro para todo evento, sin importar quién tenga la culpa. Pero en ese caso también habría que acotar mucho la forma como se produce el daño. De lo contrario, se puede entender que el seguro cubre cualquier perjuicio ocurrido al interior de una estación de ferrocarriles y habrá gente que se pondrá de acuerdo para beneficiarse de él. Eso -créanme- lo he visto, porque trabajé en el rubro de los seguros...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
La señora MATTHEI.-
No, Su Señoría. Deseo terminar mi intervención. Pero si me resta tiempo, se la concedo.
Decía que me tocó trabajar en la Superintendencia de AFP, donde constaté que una persona podía contratar un seguro de invalidez por un monto que duplicaba su sueldo. ¿Qué sucedió? Nos llenamos de gente que había sido inválida durante toda la vida y que nunca trabajó. En efecto, se trata de personas que, mediante un contrato ficticio, pagan las cotizaciones durante un año y obtienen de por vida el doscientos por ciento de un sueldo que nunca recibieron. Ése es el riesgo moral. Y nos repletamos de estos casos. Tanto fue así, que tuvimos que empezar a diferenciar en la legislación de las AFP entre la invalidez producida por enfermedad y la que se origina por accidente. Respecto de esta última, uno sabe cuándo se produjo y, por tanto, puede detectar si hay fraude o no. En cambio, la derivada de una enfermedad puede venir desde mucho antes y resulta muy difícil determinarla.
En consecuencia, ésta es una materia muy complicada. A mi juicio, la iniciativa no tiene sentido alguno. Tal vez con muy buena voluntad se logre establecer un seguro muy acotado que responda básicamente por las negligencias causadas en el propio ferrocarril y no en una estación, etcétera. Sin embargo, va a ser algo tan pequeño que su rango de aplicación no será muy extenso y, en ese caso, resultará exactamente igual a lo que debería pagar la compañía por daño moral. Porque, en realidad, cuando se trata de un solo asegurado el valor de la prima es similar al monto que se paga por tal concepto. En este caso no tendría la cobertura de un seguro que se contrata para mil personas.
Señor Presidente , en el tiempo que me resta, le concedo una interrupción al Senador señor Andrés Zaldívar , con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , creo que aquí hay una confusión, porque precisamente este tipo de seguros existe en el país y en todas partes del mundo.
Por ejemplo, las compañías aéreas tienen un seguro colectivo para cubrir los daños que se puedan producir dentro del avión y en el caso de que éste caiga.
En Chile, el seguro del transporte público de pasajeros es colectivo y opera sobre la base del boleto que se da a quien lo utiliza. Por eso, desde el momento en que una persona recibe un boleto de bus, automáticamente queda cubierta por un seguro que responde, no por la totalidad del daño, pero sí por parte de él.
El seguro de accidentes del trabajo lo toman las empresas para los trabajadores en forma colectiva, y pagan una cuota por cada uno de ellos para cubrir su valor.
En consecuencia, el sistema de seguros colectivos existe. Más aún, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, como cualquier empresa en el mundo, cuenta con este tipo de seguro precisamente para cubrir los posibles daños que se produzcan en los usuarios de ese medio de transporte.
Por otro lado, estoy de acuerdo con Su Señoría en que el texto del proyecto debe volver a la Comisión para que sea perfeccionado. Pero el principio del seguro, como se halla establecido en el texto, existe y está trabajándose en Chile desde hace mucho tiempo.
Cuando una persona sube a un bus, después de pagar el pasaje, automáticamente queda cubierta por el seguro¿
La señora MATTHEI .-
¿Me permite, Su Señoría?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿ y tiene respuesta en caso de siniestro.
A mi entender, en nuestro país los ferrocarriles deberían contar con el mismo tipo de seguros.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , el seguro de accidentes del trabajo, por ejemplo, efectivamente es un seguro, porque están asegurados todos los trabajadores pertenecientes a determinada mutual. Pero no es un seguro por empresa, pues ésta paga una prima según el riesgo que enfrenta. Y si se produce una muerte o un accidente grave, no alcanza a cubrirlo con su prima, sino con la de todas las demás empresas aseguradas.
Por eso, los seguros se justifican cuando el riesgo lo corre un grupo relativamente grande de gente. Pero si se trata de seis empresas, como sucede acá, casi no tiene sentido alguno.
Además, en el caso de las aerolíneas hay distintas líneas aéreas¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señora Senadora .
La señora MATTHEI.-
Está bien, señor Presidente.
Sólo quiero agregar que ojalá aquí se solicite la opinión de gente que realmente sepa del concepto de seguro. Porque, a mi juicio, lo que se propone en el proyecto no encaja dentro de esa noción.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , yo veo aquí dos temas distintos. Uno dice relación, como bien lo planteaba el Senador señor Coloma , a la seguridad en los ferrocarriles, ya que es una obligación de la empresa contar con todas las medidas para que no ocurran accidentes, o si éstos llegan a suceder, que sea por causa fortuita o, muy excepcionalmente, por negligencia. El otro se refiere al derecho de los usuarios de ferrocarriles a estar asegurados frente a accidentes del tránsito. Y llamo "del tránsito" a los que se producen por el uso de ese medio de transporte.
Creo que el proyecto tiene una idea matriz bien orientada. ¿Qué ocurre en la práctica? Cuando sucede un accidente de ferrocarril y la víctima es alguien de escasos recursos, ésta se ve en la necesidad de demandar a una empresa del Estado, en un juicio que probablemente dure cinco, seis o diez años. Y la regla general es que esa persona no pueda contar con un buen abogado y finalmente se vea obligada a transar, lo cual la deja en situación de tener que aceptar mucho menos de lo que se merecía.
Por lo tanto, me parece bien que, tal como ocurre en el caso de los aviones o en cualquier medio de transporte, exista la necesidad de un seguro.
Ahora, no encuentro adecuado el articulado del proyecto. Sin embargo, en el segundo informe, tal como ha sostenido el señor Presidente de la Comisión de Transportes , es posible acotar bien el alcance del seguro y las exigencias que las compañías de seguros deben imponer previamente a las empresas de ferrocarriles para establecer la póliza y su entrada en vigencia. Asimismo, el monto del seguro ha de quedar fijado en la ley en proyecto.
Los seguros habitualmente cubren tres tipos de situaciones: primero, el daño emergente, que consiste en el daño efectivo que se causa a la persona que sufre el accidente; segundo, el lucro cesante, es decir, aquellos ingresos que el afectado dejó de percibir producto del tiempo que no pudo trabajar; y tercero, el daño moral.
Los seguros -así lo dispone claramente el Código de Comercio- regulan esas distintas situaciones, dependiendo de la modalidad que se contrata. Limitan el monto que el Estado está dispuesto a pagar, lo que no inhibe al afectado de solicitar una ampliación de la indemnización si cree que el daño efectivo es mayor. Por ejemplo, si una persona contrata un seguro que le responderá hasta 100 unidades de fomento frente a cualquier daño, es perfectamente lícito que decida continuar la acción legal y sostener que el daño moral provocado excede esa cifra. Lo que ocurre es que el Estado, una vez comprobado el accidente, le paga al asegurado sin necesidad de juicio y por el solo hecho de certificar que aquél se ha producido. La ley deberá establecer si ha de responder por culpa (leve, grave, gravísima), por dolo (directo o indirecto), por negligencia, etcétera. Eso permite al afectado quedar cubierto al menos por sus daños inmediatos, y posteriormente, si lo estima conveniente, demandar por un monto superior.
Ahora quiero hacerme cargo de la premisa sustentada por el Honorable señor Novoa .
Me parece que existe coincidencia en cuanto a que el proyecto es insuficiente respecto de este tema y que contiene vacíos que es necesario llenar. Frente a eso, caben dos alternativas. La primera, enviar el proyecto a Comisión Mixta para rehacerlo; y la segunda, aprobarlo en general para que el órgano técnico corrija todos los vacíos que presenta, los cuales han sido muy bien descritos por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Yo soy partidario de la segunda fórmula: aprobar la idea de legislar, a fin de que la Comisión de Transportes acote, regule la iniciativa y establezca todas las variables posibles, e incluso imponga exigencias. Por ejemplo, que las compañías sólo puedan aplicar el seguro sobre la base de un estudio que acredite si la línea asegurada cumple con los mínimos requisitos de seguridad, pues nadie puede obligar a una de ellas a hacerse cargo de un seguro si mantiene dudas acerca de las medidas básicas de seguridad. Lo mismo ocurre con una aerolínea, pues ninguna compañía va a asegurarla si previamente la empresa no certifica que sus aviones están en condiciones de volar y cumplen con todos los requisitos técnicos de seguridad exigidos por la Dirección de Aeronáutica Civil y por las entidades especializadas.
Por ello, considero que queda "mucho paño que cortar" en términos de mejorar el proyecto. Éste, en mi concepto, constituye una solución, particularmente para las personas modestas que hoy, cada vez que sufren un accidente -¡y son montones!-, dependen de la caridad y de la buena voluntad de la empresa del Estado que determina si las indemniza a tiempo o las lleva a un largo juicio, donde termina pagándoles una chaucha y no lo que corresponde. Porque la gente carece de la posibilidad de contratar abogados y de recurrir a los tribunales, justamente por la naturaleza del juicio ordinario que regula estos conflictos, que prevé pruebas difíciles y posibilita medidas dilatorias. Ello hace que muchas personas deban abdicar de su legítimo derecho a indemnización, pues no tienen la capacidad para enfrentar a una empresa estatal que siempre se encontrará más preparada y con mejores abogados que un particular.
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ESPINA.-
Con todo gusto se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en primer lugar, lo descrito por el Honorable señor Espina es lo único que da sentido a la existencia de un seguro de este tipo: que sea a todo evento y de pago rápido.
Sin embargo, eso significa elaborar una tabla, por ejemplo, de cuánto vale un dedo, un brazo o una pierna. Así debe ser.
En segundo término, probablemente ninguna de las empresas ferroviarias que hoy día operan en el país podrá comprar este seguro. Ello me complica, porque en el fondo lo que debemos establecer por ley es un pago a todo evento, o sea, la obligación de pagar. Si las empresas lo hacen a partir de su propio patrimonio o a través de un seguro, es problema de ellas. Nosotros aquí estamos abriendo un negocio para las compañías de seguros, que pueden estar dispuestas a tomarlo o no.
En este caso, considero necesario obligar a las empresas de ferrocarriles a pagar, como señaló el Senador señor Espina , a todo evento. ¿Cómo lo harán? Si lo pagan a través de su patrimonio o si lo hacen por la vía de la contratación de un seguro, ése es otro problema.
Por eso, estimo que el proyecto está mal enfocado, porque no entiende bien el concepto de seguro.
Gracias, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera la palabra...
La señora MATTHEI.-
¡Perdón, señor Presidente ! Me faltó agregar una cosa.
Por último, obviamente debe quedar fuera del sentido o alcance de las normas de la iniciativa la ocurrencia de cualquier suceso dentro de los recintos ferroviarios que no sea culpa de la empresa, porque eso se va a prestar para fraudes más grandes.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Puede continuar con el uso de la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, deseo hacerme cargo de dos temas planteados en el debate.
Uno de ellos es qué va a cubrir el seguro. Eso debe regularlo la ley en proyecto. ¿Qué grado de culpa va a cubrir? ¿Los accidentes por caso fortuito? ¿Los accidentes por culpa? ¿Los accidentes por dolo?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¡No existen los accidentes por dolo!
El señor ESPINA.-
Tiene razón, Su Señoría. Me refiero al siniestro que ocurre por dolo, es decir, cuando por mala fe se produce un accidente. Por ejemplo, un conductor que en forma suicida descarrila un tren, etcétera.
En resumen, será el legislador quien establezca cuáles son los grados de culpa que se regularán en esta materia, dependiendo del contrato que se firme con la compañía respectiva.
Por otra parte, respecto de qué se va a indemnizar, lo probable es que se determine un valor o un costo por muerte o por la naturaleza de la lesión ocasionada. Seguramente se dispondrá una indemnización por muerte y por lesiones gravísimas; otra por lesiones graves, menos graves o leves. Eso debe regularse en un marco legal genérico muy bien reglamentado.
Otro punto importante de resolver es qué va a ocurrir respecto de cómo y cuándo se paga el seguro y de qué manera se evita el fraude. Hoy día las compañías tienen suficiente experiencia para ser -y a veces lo son- excesivamente rigurosas a los efectos de determinar cuándo se paga el seguro o no. No es fácil hacerle trampa a una empresa aseguradora que previamente verifica la existencia o no de un siniestro, la forma como ocurrió, y que eventualmente puede recurrir a las sanciones penales contempladas en la legislación para quien simula un accidente con el propósito de cobrar un seguro de esta índole.
Pienso que es perfectamente posible corregir estas materias en el segundo informe. Al menos en lo personal, me parece conveniente legislar sobre el particular, acotando qué y por qué se va a indemnizar y cuáles serán las características del seguro.
Por esa razón, votaré a favor de la idea de legislar, con las prevenciones que he señalado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ESPINA.-
Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría. Y le pido que sea breve, pues se ha hecho abuso de las interrupciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Sólo deseo precisar lo siguiente.
Todas las prevenciones señaladas por el Senador señor Espina son materias del contrato del seguro, no de la ley. En ese instrumento se establece cuándo cubre el seguro, cómo, en qué condiciones, por qué monto, por qué tipo de lesiones, etcétera.
Nosotros, como legisladores, podemos fijar el marco de aplicación y la obligatoriedad del seguro. Pero en el contrato se determinará el monto de la póliza y el costo de aquél. Es decir, será una negociación entre compañía y cliente.
Gracias, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , para no alargar el debate, solamente quiero señalar que esa materia es propia de la discusión particular. Pero para poder llevarla adelante debemos aprobar la idea de legislar.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con quienes opinan que aquí hay una confusión conceptual. Entonces, obviamente derivado de estas circunstancias, el enfoque es impreciso
De partida, es falso que los usuarios de ferrocarriles no tengan seguro. Lo tienen. La ley los protege. Prueba de ello es que si ante un accidente surgen responsabilidades para la empresa, ellas pueden ser perseguidas en los tribunales.
El punto radica en que el riesgo -que por supuesto existe en toda actividad humana, y en particular, como lo hemos comprobado, en el transporte ferroviario de pasajeros-, en este caso, ha sido asumido íntegramente por la empresa. Acá se intenta legislar para que ésta transfiera ese riesgo a una compañía aseguradora. En la práctica, sin embargo, nunca lo transferirá por completo. Por lo tanto, operará un coseguro; o sea, una parte del riesgo será asumida por la compañía y la empresa mantendrá la otra. Todo dependerá de la magnitud de los daños, pues los seguros se encuentran acotados a determinadas sumas respecto de cada riesgo.
Entonces, la confusión se halla en que tal vez algunos piensan que se está legislando para que los usuarios de ferrocarriles tengan un seguro. Pero no es así. Lo que estamos haciendo es obligar a la empresa a contratar una póliza de seguros para que comparta el riesgo que conlleva trasladar pasajeros en las condiciones en que lo realiza.
Por eso, encuentro cierta razón a quienes plantean dudas sobre la eficacia de legislar en este aspecto. Quizá sería mejor obligar a las empresas, dado su reducido número, a mantener un fondo que permitiera reaccionar ágilmente ante contingencias de esta naturaleza. Ellas pueden afinar una estadística muy exacta de los accidentes y de los costos que éstos les han significado a lo largo del tiempo. Si se abarca un lapso lo suficientemente amplio como para realizar un análisis actuarial preciso, un sistema como ése será mucho mejor que contratar un seguro, por cuanto las compañías poseen bastante menos información que la Empresa de los Ferrocarriles acerca de la historia de ese tipo de contingencias.
La señora MATTHEI .-
Por tanto, también sería un sistema más barato.
El señor ÁVILA.-
Ferrocarriles puede asumir de manera íntegra el riesgo, basado en estadísticas muy precisas.
Por consiguiente, lo único que cabría aquí sería disponer la creación de un fondo de reserva para tales eventualidades. Y, en tal caso, un seguro sería del todo innecesario.
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ÁVILA.-
Cómo no, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI .-
Señor Presidente , el Senador señor Ávila tiene toda la razón. Al final, un fondo es mucho más barato, porque equivale a contratar un seguro, pero sin tener que pagar los costos de intermediación. Al existir mejor información y al depender la seguridad directamente de las empresas, resultará menos onerosa la inversión en seguridad.
Insisto: tiene toda la razón el Honorable señor Ávila .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Me permito recordar que los señores Senadores que se encuentran pareados deben consignar su asistencia poniendo el dedo índice en la máquina lectora y no votar. Empero, como este proyecto debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, no rigen los pareos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Resultado de la votación: 20 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Canessa, Cariola, Chadwick, Espina, Fernández, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Orpis, Parra, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Coloma, Cordero, Matthei, Núñez, Prokurica, Ríos, Silva y Zurita.
Se abstuvieron los señores Cantero, García y Romero.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Quedaría rechazado el proyecto, por no haberse alcanzado el quórum correspondiente.
La señora MATTHEI.-
¿Por qué no se advirtió que se requería quórum especial?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se hizo presente esa circunstancia, señora Senadora.
En consecuencia, la iniciativa quedaría rechazada, por no reunir los cuatro séptimos que precisaba para su aprobación.
El señor ESPINA.-
¿Por qué es de quórum especial, señor Presidente?
El señor CHADWICK.-
Me hago la misma pregunta.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Cuando se efectuó la relación del proyecto, el día 11 del mes recién pasado, se hizo presente esa situación. Hoy, en la parte introductoria, recordé también que para aprobar la idea de legislar se requería el voto conforme de 27 señores Senadores. Y hace unos cinco minutos, cuando advertí que quienes estuvieran pareados debían registrar su asistencia colocando el dedo índice en la máquina lectora y no votar, expresé que, sin embargo, ello no era aplicable en este caso, por tratarse de una iniciativa de quórum especial.
La razón, como lo señala la misma Comisión, es que el artículo 128 B que se incorpora al decreto supremo Nº 1.157, de 1931, mediante la letra c) del artículo 1º es de rango orgánico constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , la circunstancia de que se otorguen atribuciones a los tribunales de justicia no puede transformar íntegramente un proyecto en una iniciativa de quórum especial. Con ese criterio, cada vez que uno presentara un proyecto de ley y quisiera transformarlo en una iniciativa de quórum especial, bastaría agregarle un artículo que otorgara nuevas atribuciones a los tribunales o modificara las que ya tienen, aunque no dijera ninguna relación a la materia en él contenida.
Su Señoría comprenderá que eso -lo digo con el mayor respeto- se podría utilizar el día de mañana como un resquicio para elevar el quórum a todos los proyectos.
Repito: en cualquier iniciativa legal, bastaría incorporar una disposición que otorgara atribuciones a los tribunales para que toda ella pasara a ser de quórum orgánico constitucional. O sea, podría llegarse al extremo de que el Senado debiera aprobar con quórum especial cada uno de los proyectos que se presentaran; y para ello sólo sería necesaria la indicación de un Parlamentario que introdujera una norma de tal naturaleza.
Me parece que eso no es fundamento suficiente para transformar todo un proyecto es una iniciativa de quórum especial.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Senado -contra mi parecer; pero así lo estableció-, en virtud de un informe de la Comisión de Constitución, ha estimado que los proyectos son de quórum especial en la parte que contiene disposiciones de esa índole.
Por lo tanto, deberíamos entender que se puede distinguir a ese respecto y dar por aprobada en general esta iniciativa en la parte que requiere quórum simple, rechazando la que necesita quórum especial.
En tal sentido, podríamos entender que el proyecto fue aprobado en su artículo 1º respecto de las letras a) y b), y de la letra c), en lo referente a los artículos 128 A y 128 C que se agregan al decreto supremo Nº 1.157, de 1931, y en su artículo 2º; y rechazado en la letra c) del artículo 1º, en lo que concierne al artículo 128 B que se adiciona a dicho cuerpo legal.
¿Le parece correcta a la Sala esta interpretación?
El señor PROKURICA.-
No comparto esa interpretación, señor Presidente , porque se trata de la votación en general. O sea, nos estamos pronunciando sobre la idea de legislar.
En la práctica, si empezamos a hacer separaciones respecto de los artículos que resultan aprobados y de los que son rechazados, la verdad es que nos vamos a meter en los mismos problemas en que nos hemos entrampado en otras oportunidades respecto de proyectos importantes.
Creo que la cuestión es clara. Aquí se está votando la iniciativa en general. Si una de sus partes requiere quórum especial y no se reúne, cae ella entera. No puede entenderse aprobada en lo que sí alcanza los votos exigidos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Le agradezco su opinión, señor Senador. Sin embargo, la Comisión de Constitución emitió un informe sobre la materia, y la Sala, cuando se votó recientemente el proyecto de indulto a personas que habían cometido delitos terroristas, hizo suyo el criterio allí expuesto. Porque, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, "Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso.", etcétera.
Habiendo en la iniciativa que nos ocupa sólo una norma de ese carácter, deberíamos entender que el quórum especial se encuentra referido únicamente a ella. En consecuencia, podríamos concluir que el proyecto está aprobado en general, salvo en lo que dice relación al ya mencionado artículo 128 B.
Han pedido la palabra los Senadores señores Andrés Zaldívar, Ríos y Espina.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , apoyo su interpretación, porque es la que el Senado ha mantenido en forma reiterada. Además, ella implica cumplir con el artículo 30 de nuestra Ley Orgánica, citado por Su Señoría.
Efectivamente, sólo podría entenderse que un proyecto debe ser votado en conjunto cuando todas sus normas son coherentes entre sí. En este caso, el artículo 128 B no es determinante para los demás.
Incluso, tengo dudas sobre el quórum de esa norma. No concuerdo del todo con lo señalado a su respecto por la Comisión en el informe. Se hace referencia a los jueces de policía local. Pero me parece que, para los efectos indicados en ella, no puede entenderse que dichos magistrados son parte de los tribunales de justicia. Sólo se trata de una norma relacionada con el ámbito municipal.
Podríamos llegar aun a esa interpretación. Sin embargo, no quiero hacerla valer. Más bien deseo refrendar la tesis sostenida por la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , desde mi punto de vista, la cuestión está radicada en otra cosa.
Nos sentamos a discutir aquí una iniciativa legal que, según se expresó, es materia de ley orgánica constitucional. Debemos tener presente ese aspecto y actuar conforme a lo resuelto por la Mesa.
Ni el Presidente de la Comisión de Transportes ni los miembros de ésta que intervinieron en la Sala hicieron ver a la Mesa o al Senado que, desde su perspectiva, no correspondía dar ese tratamiento a la iniciativa en estudio. Tampoco lo hicieron el Secretario del Senado ni el Presidente . Entonces, votamos conforme a lo señalado en la citación que se nos hizo llegar. Y se terminó el proyecto.
Que esto nos sirva de experiencia. Pero la verdad de las cosas es que no corresponde cambiar el criterio, señor Presidente, porque la iniciativa fue votada y se rechazó.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el Senado puede hacer muchas cosas, menos pasar a llevar las normas de la Carta o de la Ley Orgánica que lo rige.
El artículo 30 de dicha Ley es clarísimo. La Comisión de Constitución, cuando se pronunció sobre la materia, lo hizo en forma correcta, por la unanimidad de sus miembros, según entiendo. Y, adicionalmente, es la misma posición sustentada por la Mesa.
Entonces, la circunstancia de que durante la tramitación de un proyecto se señale que requiere quórum especial de aprobación y nadie lo haya rebatido no puede hacer cambiar, cuando de buena fe uno quiere cumplir la ley, lo que ésta dispone.
Ahora bien, nuestra Ley Orgánica es nítida, como el señor Presidente expresó. El artículo 30 consigna de manera categórica, según lo acaba de puntualizar la Mesa, que se votan por separado las disposiciones que necesitan quórum diferentes: si es calificado, con este quórum, y así sucesivamente.
Tanto es así, que en su inciso final se pone en la hipótesis única de que la desaprobación de una norma que precise mayoría especial de aprobación importa también el rechazo de las demás disposiciones que sean consecuencia de ella. O sea, si se desecha una norma de quórum de la que se deduce todo el contexto del proyecto, es evidente que éste cae por completo, porque desaparecen sus ideas matrices.
Creo que el señor Presidente debe convenir en que en este caso no procede sentar el precedente de que todas las iniciativas pueden ser transformadas en proyectos de quórum especial por el simple hecho de darse cierta competencia a los juzgados de policía local. De lo contrario, nunca más habría en el Congreso iniciativas que no fueran de quórum especial. Bastaría presentar en la Comisión pertinente una indicación que otorgara competencia a esos tribunales en cualquier materia para que el proyecto respectivo pasara a tener ese rango automáticamente. O sea, no existiría ninguna iniciativa de quórum simple.
¡Esa interpretación resulta absurda!
Por lo tanto, insisto en que este proyecto -no por sí mismo, sino por una cuestión de precedentes- tiene que darse por aprobado conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Es decir, deben aprobarse los preceptos que requieren quórum simple y rechazarse y resolverse en el tercer trámite constitucional, por no haberse reunido la votación exigida, los que necesitan quórum especial.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , sólo quiero señalar que el informe de la Comisión, en su primera página, deja constancia de que el artículo 128 B contiene normas de rango orgánico constitucional -porque da atribuciones a los tribunales de justicia- y, en consecuencia, requiere para su aprobación cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio. Se está diciendo en forma expresa que es dicho precepto, en lo referente a las atribuciones de los juzgados de policía local, el que precisa quórum especial para su aprobación.
El criterio ya adoptado por el Senado en la materia es que el proyecto se entiende aprobado en general, salvo en la parte que no alcanza el quórum exigido.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ése es el criterio con que se está actuando desde hace bastante tiempo: desde cuando la Comisión de Constitución se hizo cargo del problema.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es, sencillamente, interpretar el resultado de una votación conforme a las normas reglamentarias. Y la interpretación correcta en este caso es que el proyecto se entiende aprobado en general, salvo en la parte que requiere quórum especial.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Seis señores Senadores han solicitado el uso de la palabra sobre esta materia.
Sin embargo, quiero señalar, con todo respeto, que la interpretación del Reglamento le corresponde al Presidente del Senado, quien ya la hizo. Desde luego, la Sala tiene todo el derecho a formular reparos y a solicitar revisarla.
En tanto aquello no ocurra, y para no dilatar esta discusión excesivamente, debo señalar que el criterio de la Mesa es que, conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso, se entiende que el proyecto fue aprobado en la parte que no requiere quórum especial y que se rechazó el ya mencionado artículo 128 B, para el cual, según el informe de la Comisión, se exige quórum de ley orgánica constitucional.
Por consiguiente, si no hay más antecedentes sobre la materia, se entiende terminada la discusión y aprobado el proyecto en general en la parte pertinente, y que corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Se sugiere alguna fecha en particular?
Si le pareciera a la Sala, podría ser el martes 12 de octubre, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , el proyecto ya fue despachado. Y estoy de acuerdo con el criterio que aplicó Su Señoría.
Sin embargo, no es primera vez -tampoco será la última- que asistimos a esta discusión.
En el Senado hemos tenido ambas interpretaciones: una, la que acaba de aplicar el señor Presidente, y dos, la contraria, que ha sido aplicada también por él.
Entonces, se trata de un asunto que de alguna manera debemos resolver.
Tengo la impresión de que, en último término, es posible que lleguemos a una reforma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Al iniciar la discusión pertinente, sugiero a Sus Señorías que encarguemos un nuevo informe a la Comisión de Constitución, para que nos ilustre sobre los criterios existentes. Porque ha habido dos: primero, el que se acaba de aplicar, y segundo, el contrario, en el sentido de que, al no reunirse el quórum de la norma que requiere el más alto número de votos para ser aprobada, se da por rechazado en general el proyecto.
Eso último ha ocurrido muchas veces. Y esta tarde el mismo Senado ha sustentado otro criterio. O sea, hay cierta anomalía en cuanto a que respecto de similar problema tengamos dos interpretaciones distintas.
Eso no es sano desde el punto de vista legislativo.
No es fácil resolver el problema. El informe del referido órgano técnico es muy antiguo (data de 1993 ó 1994).
Ahora, con una nueva composición de la Comisión de Constitución y a la luz de las experiencias recogidas, propongo que le encomendemos emitir un informe renovado para, sobre esa base, ver cómo establecemos una doctrina común. Además, la Cámara de Diputados tiene su propia interpretación. Y no podría asegurar que es distinta de la del Senado, porque nosotros hemos aplicado dos diferentes y ellos se inclinan sólo por una, rechazando la otra.
Esto, como hemos visto, provoca problemas complicados desde el punto de vista de la tramitación de leyes complejas.
En suma, es hora de resolver el asunto. Para ello, propongo un nuevo informe de la Comisión de Constitución.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señores Senadores, no quiero abrir debate sobre la materia.
Efectivamente, el Senado ha aplicado una interpretación según la que, en general, el articulado se despacha considerando la norma de quórum de aprobación más alto. Pero desde hace un tiempo, ya en la Presidencia del Honorable señor Zaldívar, y recientemente, durante mi ausencia, en la del señor Vicepresidente , se ha seguido -como hoy día- esta doctrina, que es la misma de la Cámara.
Yo pienso que este problema no debe resolverse pidiendo un pronunciamiento a la Comisión de Constitución, sino revisando la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Con el señor Vicepresidente , presentaremos un proyecto lo antes posible para que el asunto se debata como corresponde.
Pero ahora debemos abocarnos a otras iniciativas legales.
FACILIDADES PARA FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares, con informe de la Comisión de Economía.
3577-03
--Los antecedentes sobre el proyecto (3577-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Sabag y Andrés Zaldívar).
En primer trámite, sesión 6ª, en 22 de junio de 2004.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 16ª, en 3 de agosto de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Senadores señores Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar. La Comisión de Economía la discutió solamente en general.
Su objetivo principal es, mediante una interpretación del artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, remover los obstáculos presentados en el funcionamiento de las microempresas familiares,
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes del referido órgano técnico, Honorables señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.
Asimismo, la Comisión deja constancia del acuerdo adoptado por sus miembros presentes en orden a acogerlo sólo en general, con el objetivo de permitir la presentación de indicaciones que lo complementen y mejoren.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, el debate anterior fue tremendamente interesante.
Ahora, quiero dejar constancia de que esta normativa, que lleva muchas semanas en tabla, favorece a más de 400 mil pequeñas empresas familiares que no han podido regularizar su situación ni acceder a los beneficios que se otorgan, por los obstáculos que paso a señalar.
El 25 de agosto de 2001 se publicó la ley Nº 19.749, que perseguía facilitar la formalización de microempresas familiares.
¿Qué es una microempresa familiar? Es la que funciona en la propia casa habitación, tiene menos de cinco trabajadores y cuenta con un capital no superior a mil unidades de fomento.
La referida ley, que eximió a esas pequeñas empresas de una serie de trámites que se exigen para obtener la patente, no ha tenido plena aplicación. ¿Por qué? Porque el 14 de noviembre de 2003 la Contraloría General de la República, mediante dictamen Nº 51.504, determinó que, para estar en posesión de la patente, la vivienda debía contar con la recepción definitiva o con el permiso de construcción. Tal resolución prácticamente paralizó la instalación de microempresas en la casa habitación, porque la mayoría no había regularizado esos dos aspectos. Entonces, alrededor de 400 mil pequeñas empresas familiares se han visto afectadas, pues carecen de los medios para conseguir un arquitecto, sanear la situación y obtener la recepción definitiva o los permisos de construcción.
¿Qué busca esta iniciativa, señor Presidente , que es tremendamente importante? Se trata de una norma interpretativa que, en términos simples, precisa la disposición pertinente en materia de patentes municipales, con el fin de eximir, de forma categórica, a las microempresas familiares de la exigencia de presentar el permiso de construcción o la recepción definitiva.
Por lo tanto, el proyecto es de enorme trascendencia social.
En la Comisión de Economía se tramitó en forma muy expedita, con miras a su pronta y plena aplicación. Así, estas microempresas que funcionan en la casa habitación no se verán expuestas a multas y, eventualmente, a su cierre.
Se trata de dar oportunidades a quienes emprenden pequeños negocios.
Por ello, la Comisión de Economía, por unanimidad, aprobó el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , el Honorable señor Orpis , Presidente de la Comisión , ha sido muy exacto en la explicación del proyecto.
Efectivamente, junto con otros señores Senadores, soy autor de la moción que originó la ley Nº 19.749 -el Senado la aprobó por unanimidad-, para dar impulso a las llamadas "empresas familiares", cuya instalación se fomenta en muchas partes del mundo.
En el caso chileno comprobamos que no se desarrollaban, porque la considerable cantidad de requisitos que debían cumplir (en la municipalidad; en el Servicio de Impuestos Internos, con la iniciación de giro; en los servicios de salud, etcétera) impedía su formalización. Además, la mayoría de estas actividades se realizan de modo informal, lo cual conlleva mayores riesgos.
Así, establecimos la eliminación de todas las limitaciones burocráticas existentes en ese momento, bastando la inscripción en un registro que llevaba la respectiva municipalidad. O sea, ésta, al certificar el cumplimiento de las exigencias señaladas en la ley (tener un capital no superior a mil UF; realizar el negocio en una casa particular, propia o arrendada; contar con la autorización de la junta de copropietarios, si la actividad se desarrolla al interior de un condominio; no provocar ruidos molestos; no contaminar, si se trataba de una empresa de alimentos, etcétera), automáticamente concedía la patente o el permiso correspondiente.
Ese sistema empezó a operar muy bien en muchos municipios, pero repentinamente apareció un dictamen de la Contraloría que, a mi juicio, interpretó mal la legislación. Personalmente, intenté su rectificación, pero el Contralor me expresó que no podía hacerlo; que era preferible una ley, y que era necesaria la recepción definitiva de la vivienda donde funcionaba la empresa familiar.
De acuerdo con antecedentes disponibles, la gran mayoría de las viviendas, sobre todo de los sectores populares, no ha sido objeto de recepción definitiva, a pesar de la "Ley del Mono" y de otras normativas legales. ¿Por qué? Porque la gente hace ampliaciones que automáticamente impiden la recepción definitiva.
Además, según información de la propia Asociación Chilena de Municipalidades, no existen registros de recepción definitiva desde hace veinte años. En efecto, me tocó pedir en la Municipalidad de San Bernardo la recepción definitiva de una propiedad del año 40 y, como no se disponía de registros para emitir el certificado correspondiente, fue necesario efectuar una revisión con el objeto de verificar si el inmueble cumplía o no los requisitos que se exigían.
En consecuencia, el propósito que se persigue es la eliminación de esas trabas. No fue intención del Parlamento establecerlas en la ley. Y esperamos que recupere el espíritu original.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , las exposiciones del Presidente de la Comisión de Economía , Senador señor Orpis , y del Honorable señor Andrés Zaldívar fueron muy completas, por lo que me manifiesto plenamente de acuerdo con ellos.
Además, creo que el proyecto en debate contribuirá en forma considerable a la absorción de cesantía.
Sin embargo, con los Senadores señores Pizarro y Andrés Zaldívar formulamos una indicación -la idea es que la iniciativa vuelva a Comisión- a fin de que los trabajadores de las microempresas familiares reciban el mismo trato previsional que las asesoras del hogar. De esta forma se soluciona el problema, por ejemplo, respecto de quien, al irse después de trabajar durante cuatro años en un pequeño negocio que vende empanadas, dice: "Oiga, págueme la indemnización". Ni siquiera enajenando sus casas los microempresarios, podrían satisfacer ese requerimiento. En cambio, si se paga mes a mes una cantidad minúscula, se evitarán juicios a futuro.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el Senado en su momento trató el proyecto que originó la "Ley del Mono", que apuntaba a regularizar las ampliaciones de viviendas y, también, de sedes sociales, culturales y deportivas. En esa oportunidad se habló de que serían cerca de 400 mil los beneficiados. Pero me surge una interrogante, dado que fueron muy pocos los que se acogieron a esa normativa, que permitía, para regularizar las construcciones de superficies inferiores a 100 metros cuadrados, la presentación de un simple dibujo -de ahí la denominación de "Ley del Mono"-; y en caso de sobrepasar esa superficie, correspondía acompañar un plano confeccionado por un arquitecto.
Por eso, me preocupa que en la práctica sea insignificante el número de quienes se acogieron a dicha legislación. Precisamente en función de ello, en el Senado se presentó un proyecto para ampliar su plazo, desde el 30 de marzo de 2005 hasta el 30 de marzo de 2006, a fin de regularizar los casos pendientes. Y el Presidente de la República se comprometió a tramitarlo con urgencia.
Esto viene a complementar lo planteado por el Senador señor Andrés Zaldívar.
Ciertamente, lo sugerido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sentido de proponer un trámite simplificado de recepción municipal para acoger o rechazar la solicitud al término de quince días, no me parece mal, siempre que no signifique una burocracia demasiado grande.
Mi voto será afirmativo. Y espero que el Primer Mandatario tramite con urgencia el proyecto que amplía el plazo de vigencia de la "Ley del Mono".
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , básicamente deseo hacer consultas al señor Presidente de la Comisión de Economía .
En primer lugar, no sé si los miembros de aquélla tuvieron la oportunidad de conseguir antecedentes estadísticos confiables acerca de la magnitud del sector que involucra el proyecto en análisis.
Y, en segundo término, quiero saber a cuánto asciende el número de personas que, por no conseguir ciertas autorizaciones, se han inhibido de emprender la actividad de que se trata.
Esos datos darían una percepción del problema. Sin conocerlos a fondo, tengo la impresión de que todo aquel que consigue una posibilidad de emprendimiento que resulte atractiva, la llevará a cabo, independientemente de contar o no con los permisos correspondientes.
Entonces, lo que una legislación de este tipo finalmente consigue -o intenta conseguir- es, más bien, regularizar el funcionamiento de múltiples pequeñas empresas que se encuentran funcionando al margen de la ley y casi de manera clandestina.
El señor SABAG.-
¡Eso es!
El señor ÁVILA.-
Y, por supuesto, gana el Fisco, porque consigue tributos y ubica a las microempresas en un rango de legalidad, lo que sirve también para el entorno mismo en que se desenvuelven.
Me extendí un poco en las preguntas, pero el señor Presidente de la Comisión me disculpará.
El señor ORPIS .-
Señor Presidente , en verdad, no se planteó una cuantificación exacta. Se estima que las pequeñas empresas familiares son alrededor de 400 mil. Pero se apunta a lo que Su Señoría indica: a formalizar y regularizar este tipo de actividad, que hoy, como no pueden obtenerse las patentes, en su gran mayoría se realiza de manera clandestina. ¿Y cuál es la consecuencia? Que normalmente no se invierte demasiado, sino lo justo y necesario, porque están expuestas a ser denunciadas y clausuradas. Con este proyecto se les da tranquilidad para que puedan desarrollarse. Evidentemente, esta normativa, que se complementa con otras, como la "Ley del Mono", apunta a su formalización y a evitar la clandestinidad.
Durante el debate de la iniciativa en la Comisión -como se consigna en el propio informe; y lo mencionaba un señor Senador-, advertí una especie de pugna entre el Ministerio de Economía, que pretende desarrollar estas pequeñas empresas familiares, y el de Vivienda y Urbanismo, que sostiene una visión mucho más estricta respecto de la regularización.
Por eso, se decidió dar curso a este proyecto. Y si el Ministerio de Vivienda presenta un sistema simplificado, que lo haga durante la discusión particular, sin que ello impida la tramitación del beneficio, por cuanto la magnitud del problema es considerable, especialmente en los sectores populares.
He dicho.
El señor FERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , complementando lo ya dicho, y en relación con las consultas del Senador señor Ávila , cabe destacar que estamos ante una norma interpretativa -vale decir, favorece a quienes actualmente trabajan en este sector sin un permiso municipal previo-, que se entiende incorporada al texto de la ley original. Por lo tanto, estas personas entenderán regularizada su situación.
No conozco el número de beneficiarios. En todo caso, las microempresas familiares que hoy se encuentran funcionando al margen de la normativa legal quedarán amparadas y pasarán a la legalidad, con todas las consecuencias que esto trae consigo.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Entonces, es permanente!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo completar la información.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , sería deseable que el proyecto volviera a Comisión para perfeccionarlo.
La verdad de las cosas es que unas 8 mil a 10 mil pequeñas empresas familiares alcanzaron a regularizar su situación conforme a la ley vigente. Pero desde el momento en que la Contraloría emitió su dictamen, se paralizó la tramitación de este tipo de inscripciones. Y automáticamente la ley quedó como letra muerta. Pero con esta moción volvemos a darle vida, porque permite acogerse a ella a quienes no lo han podido hacer. No sé cuántos son, pero se trata de decenas de miles.
Ojalá que el proyecto vuelva a Comisión para enriquecerlo con alguna indicación.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto. No obstante que su artículo único es una norma interpretativa muy sencilla, se ha pedido volverlo a Comisión, con el propósito de introducirle modificaciones a través de indicaciones.
El señor FOXLEY .-
Pero se trata de un proyecto de artículo único.
El señor SABAG .-
Se ha formulado una sola indicación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Reitero que en el informe se pide que la iniciativa vuelva a la Comisión para poder introducirle cambios en el debate en particular, ya que solamente fue discutida en general. Y algunos señores Senadores también han hecho presente la conveniencia de esa medida.
En votación general.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz, Naranjo, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Es necesario fijar un plazo para indicaciones.
Ofrezco la palabra.
¿Alguna proposición, Senador señor Foxley?
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , el texto, tendiente a perfeccionar una legislación que data de varios años, ha sido objeto de una sola indicación. ¿Por qué no votarla ahora y se da por despachado?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como señalé, la Comisión pidió tratarlo en particular. Si la Sala quiere discutir la indicación,¿
El señor FOXLEY .-
En efecto, puede¿
El señor LARRAÍN (Presidente).-
¿ello es posible.
El señor FOXLEY .-
¿Por qué no se hace?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones¿
El señor FOXLEY .-
Y se ahorra una etapa.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
De acuerdo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El señor Secretario la leerá.
Pero, antes de ello, cabe entender que la voluntad unánime de la Sala es que se registre el mismo pronunciamiento emitido con relación al proyecto.
El señor ÁVILA.-
Depende de qué dice lo propuesto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Señor Secretario, le ruego dar a conocer el contenido.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La indicación, suscrita por los Honorables señores Andrés Zaldívar , Pizarro y Sabag , es del siguiente tenor:
"Los trabajadores que contraten estos microempresarios tendrán el mismo trato de imposiciones e indemnizaciones que las asesoras del hogar.".
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión.
El señor RÍOS.-
¿Se puede proporcionar alguna explicación, señor Presidente ? No comparto lo que se expresa.
El señor CHADWICK.-
Es inconstitucional.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Lamentablemente, la indicación es inadmisible,¿
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
En realidad, se debería retirar, porque requiere el patrocinio del Ejecutivo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿pues se trata de un asunto de seguridad social, lo que corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
--Se declara inadmisible la indicación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Vuelvo a preguntar si se envía el proyecto a la Comisión, tal cual lo pidió ella misma.
El señor FOXLEY.-
No, señor Presidente. Que se dé por aprobado.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Quedaría despachado, entonces, en general y en particular a la vez.
La señora FREI (doña Carmen) .-
La indicación fue retirada.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Fue declarada inadmisible.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Pero podía retirarse antes.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No, señora Senadora . Se pidió expresamente que se incorporara. Se presentó, se leyó y fue declarada inadmisible.
--El proyecto queda aprobado también en particular con la misma votación anterior.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
A continuación se encuentra una iniciativa que modifica la ley Nº 19.366, originada en una moción, la cual será motivo de un debate extenso, a mi juicio.
Si le parece al Senador señor Ávila, su autor, nos ocuparemos en el asunto que la sigue en el Orden del Día, signado con el número 8, que es un tratado con Argentina de características similares al analizado hace unos momentos en relación con Bolivia. Creo que disponemos de tiempo suficiente como para despacharlo. Porque, de lo contrario, difícilmente se alcanzará a ir más allá de la relación del proyecto de Su Señoría.
Si no hay inconveniente, se alterará en esos términos el orden de la discusión.
--Así se acuerda.
TRATADO CON ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el "Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales", suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
3373-10
--Los antecedentes sobre el proyecto (3373-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 13 de enero de 2004.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 24ª, en 31 de agosto de 2004.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal del instrumento internacional a que se hace referencia es facilitar la reinserción social de las personas condenadas y permitirles cumplir la pena en el país del cual son nacionales.
La Comisión aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Martínez, Romero y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Ese órgano técnico propuso al señor Presidente que el proyecto sea discutido en la Sala en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, en efecto, el Tratado es muy similar al suscrito con Bolivia -acogido recién- respecto del cumplimiento de sentencias.
El texto en estudio recoge los principios del derecho internacional en cuanto al traslado de personas condenadas y se enmarca en los criterios ya establecidos.
Cabe señalar que, conforme a los datos aportados a la Comisión por los representantes del Gobierno, las normas de ejecución son muy similares en ambos países, por lo que se puede esperar un cumplimiento de sentencias penales en Argentina parecido al sistema nacional.
Por otra parte, se ha tenido presente que se beneficiará a aproximadamente 300 chilenos que cumplen penas en territorio transandino.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay objeciones, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo con la misma votación con que se acogió, hace algunos minutos, el relativo al Tratado entre Chile y Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas, porque los señores Senadores presentes son los mismos.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
No me encontraba en el Hemiciclo en ese momento, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se agregará el voto de Su Señoría, entonces.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, en los términos expresados.
CONVENIO INTERNACIONAL DE SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 1983, y sus enmiendas, introducidas en los años 1986, 1989 y 1993, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
3388-10
--Los antecedentes sobre el proyecto (3388-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 9 de marzo de 2004.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal que se persigue es incorporar a Chile como Estado parte del Convenio en análisis, ya que en la actualidad, sin serlo aún, aplica el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que establece ese instrumento.
La Comisión aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Ese órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero, Presidente de la Comisión.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en síntesis, en lo que respecta a Chile, este sistema se aplica plenamente en todo lo que dice relación a la nueva nomenclatura para la designación y codificación de mercancías.
Mediante los artículos 42 y 43 de la ley Nº 18.768, publicada en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1988, y el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 21 de agosto de 1989, se oficializó en Chile, a contar del 1º de enero de 1990, el cambio de la nomenclatura utilizada en el Arancel Aduanero por la del Convenio ahora en estudio.
Ese cambio de nomenclatura ha facilitado la preparación de los documentos requeridos a nivel de aduana y de comercio, evitando las operaciones económicas y las cargas conexas derivadas de la necesidad de retranscribir, reclasificar y recodificar las mercancías según su destino, proporcionando, además, una mejor compensación de los elementos informativos incorporados en los distintos documentos y una mayor confianza en las mismas informaciones.
La Comisión estima que debe aprobarse el proyecto de acuerdo, toda vez que, en la práctica, el Convenio se aplica en el país desde hace aproximadamente 15 años, y nuestra adhesión a él nos permitirá usar las ventajas que conlleva el ser uno de los Estados Partes.
Es todo lo que tengo que informar.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa con la misma votación con que se acogió la del Tratado anterior, incluyendo también a la Honorable señora Carmen Frei.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, en los términos señalados, y queda terminada su discusión en este trámite.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido el Orden del Día.
HOMENAJE A CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS EN SU 50° ANIVERSARIO
El señor LARRAÍN (Presidente).-
De acuerdo con lo solicitado por el Senador señor Parra, corresponde rendir homenaje al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
El Senado quiere unirse a la conmemoración de los 50 años de existencia de esa institución, cumplidos con fecha 14 de agosto recién pasado.
Nos acompañan varias de las máximas autoridades universitarias que integran el Consejo de Rectores, encabezadas por su Vicepresidente, a quienes saludamos en forma muy especial.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , Honorable Senado, estimados señor Rector de la Universidad de Chile ( Vicepresidente del Consejo ), señores Rectores de las Universidades con sede en Valparaíso (integrantes de aquél), y señor Secretario General de ese organismo:
He solicitado la oportunidad de rendir, en forma especial, un homenaje al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas con ocasión de haberse cumplido, recientemente, 50 años de su creación.
El Consejo, en efecto, fue creado a través del artículo 36 de la ley Nº 11.575, publicada en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1954, y reglamentado mediante decreto supremo Nº 9.117, de Educación, de 13 de octubre de ese mismo año.
Cuando se dio el paso de crear este Consejo, existían en el país 6 universidades: la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Técnica del Estado.
Un año después se creó la Universidad Austral, que se incorporó al Consejo, y una década más tarde, la Universidad Católica del Norte, que también pasó a formar parte de esa entidad.
Chile avanzaba en un proceso de industrialización. Su fisonomía había cambiado. El tránsito de una sociedad agraria a una industrial, con todos los desafíos que ello representaba, había sido acelerado y exitoso.
Por eso, el entonces Rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas , planteó la iniciativa de crear un Fondo, destinando para tal efecto parte del rendimiento de los principales impuestos que componían nuestro sistema tributario, para desarrollar vigorosamente la investigación científica y tecnológica, cuya administración se encomendaría a un Consejo donde participarían, a través de sus Rectores, las Universidades referidas.
Acogiendo esa iniciativa, el artículo 36 de la ley Nº 11.575 estableció: "Desde el 1º de Enero de 1956 el medio por ciento de todos los impuestos directos e indirectos de carácter fiscal y de los derechos de aduana y de exportación, ingresará durante 20 años a una cuenta especial de depósito"¿"y se destinará a formar el Fondo de Construcción e Investigaciones Universitarias.".
"Un Consejo compuesto por los Rectores de las Universidades" ¿"y presidido por el Rector de la Universidad de Chile, confeccionará anualmente planes de coordinación de las investigaciones tecnológicas, dentro de los presupuestos que para ellas hayan aprobado las respectivas Universidades.".
El Reglamento, por su parte, asignó al Consejo la función de coordinar las investigaciones tecnológicas universitarias; efectuar, con este fin, un estudio de los planes de investigación de las distintas Universidades, y hacer a éstas recomendaciones "para obtener en las investigaciones el máximun de rendimiento conjunto".
El paso fue audaz, pero indispensable.
El destacado historiador y profesor universitario Ricardo Krebs Wilkens escribió en 1979, con ocasión del vigésimo quinto aniversario del Consejo, un estudio donde recoge toda la actividad desplegada por la institución en esos 25 años y destaca el aislamiento en que vivían las universidades al momento de crearse aquél. Ello quedó reflejado en su sesión constitutiva, en la que se pudo comprobar que, de los 6 rectores, sólo 3 se conocían en forma previa.
Sin embargo, el compromiso con la investigación -que sigue siendo una necesidad bastante apremiante hoy en día- fue una opción de la sociedad chilena, como quedó de manifiesto en el artículo de la ley Nº 11.575 a que di lectura.
El Diputado don Humberto Enríquez Frödden , informante del proyecto que originó ese cuerpo legal, señaló al efecto en la Cámara Baja: "Estos fondos deberán invertirse en planes nacionales que concertarán, entre sí, las diferentes Universidades, orientando también sus actividades hacia una colaboración con las actividades productoras del país. Dicho en otras palabras, es garantizar el futuro del país"¿"Sabemos que el crecimiento de la población no ha sido seguido por un aumento concomitante de la producción y sabemos, también, la enorme importancia que para aumentar la producción tiene el progreso técnico, el que, principalmente, debe surgir de las investigaciones que realicen los institutos que deben realizar tales estudios.".
Cuando desde hace años Chile no ha podido avanzar significativamente en el porcentaje del producto interno bruto que dedica a la investigación, vale la pena recordar esta opción que hicieron el Gobierno y el Congreso Nacional -¡el país!-, ya en 1954, para afectar a dicho fin una parte del rendimiento de los tributos, como ocurrió efectivamente durante el lapso establecido por la ley.
Creado el Consejo y puesto en marcha, tuvo algunas dificultades iniciales, en particular para precisar su sentido, su competencia, toda vez que la totalidad de las universidades que concurrían a él tenían autonomía.
Cito nuevamente a Krebs, quien se refiere a este punto en los siguientes términos:
"Ya en las primeras sesiones se puso de manifiesto un hecho fundamental que sería sintomático del sistema universitario chileno y que gravitaría en forma decisiva sobre todo el funcionamiento y desarrollo del Consejo: cada Universidad se comprendía como institución autónoma y veía en la autonomía un elemento distintivo de la naturaleza misma de la Universidad. El Consejo de Rectores, siendo un organismo representativo de las Universidades, debía aceptar y defender la autonomía. Por otra parte, las Universidades no constituían cuerpos aislados, sino que formaban parte del sistema educacional del país y tenían una responsabilidad en común. El Consejo de Rectores tenía justamente la función de coordinar las actividades universitarias en el campo científico y tecnológico. ¿Cómo conciliar el principio de autonomía y la coordinación? El Consejo de Rectores no disponía al respecto de ninguna autoridad legal ni de poder ejecutivo. Sólo la voluntad solidaria de los Rectores podía conferir al Consejo prestigio y autoridad moral para establecer prioridades, fijar líneas de investigación y lograr una coordinación efectiva.".
Felizmente, eso se materializó. Quedó claro que los acuerdos del Consejo constituían recomendaciones para las universidades. Pero, en la práctica, la fuerza de ellas hizo que fueran asumidas por las distintas instituciones y que de un sistema disperso pasáramos a uno que tenía lazos y, además, objetivos comunes.
En los años transcurridos, el Consejo ha experimentado diversos cambios. Así, el decreto ley Nº 1.287, de 12 de diciembre de 1975, entregó su presidencia al Ministro de Educación , "dada la conveniencia" -dice textualmente- "de impulsar los contactos entre la actividad de las Universidades del país y el Sistema Nacional de Educación Básica y Media.".
En 1981, los decretos leyes que plasmaron la reestructuración de los planteles estatales, unificando sedes de las Universidades de Chile y Técnica del Estado y creando una red de universidades regionales estatales, elevaron el número de las que integraban el Consejo. Hoy forman parte de él 16 universidades del Estado.
En los 90 ocurrió algo parecido al otorgar la Pontificia Universidad Católica autonomía a sus sedes de Talca, Concepción y Temuco. Convertidas ellas en nuevas universidades, el Consejo estimó del caso invitarlas a participar en él como miembros asociados.
En estos últimos años, los Ministros de Educación han estimado pertinente que el Consejo adquiera mayor autonomía respecto del Estado. Para este efecto han estado dispuestos a delegar la presidencia que les entrega la ley en un vicepresidente elegido por los propios rectores. Han desempeñado este cargo don Sergio Lavanchy Merino , y actualmente, el rector de la Universidad de Chile, don Luis Riveros , quien nos honra con su presencia en las tribunas.
Los cincuenta años del Consejo de Rectores están marcados por contribuciones muy significativas al desarrollo universitario y educacional del país. Sería largo enumerar esos logros. Sin embargo, quiero destacar cuatro que me parecen de particular importancia.
El Consejo nació para promover la investigación científica y tecnológica, coordinando al efecto el trabajo de las distintas universidades. Lo hizo con mucho éxito. Constituyó para esos efectos comisiones técnicas -fue relevante el papel de uno de sus primeros Secretarios, el profesor Luciano Cabalá , recientemente fallecido- y llegó a la conclusión de que era necesario desarrollar, desde su seno, una institucionalidad que pudiera realmente llevar adelante una política trascendente de investigación científica.
Por eso, a finales de los años 60 se efectuó un activo debate sobre la materia y, en 1967, el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, tomando pie de los estudios y conclusiones del Consejo, resolvió en definitiva crear la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
Pero, sin duda, no se habría llegado a la creación de esa institución, ni a contar con la formulación de una primera política de investigación, de no haber existido el Consejo y de no cumplirse cabalmente el mandato de la ley.
Entendió el Consejo que, para poder desarrollar en el tiempo el esfuerzo de investigación, era necesario disponer de cuadros más calificados que los que entonces existían. Y, por esa razón, desarrolló vigorosamente el posgrado en Chile.
Por años ha tenido el Consejo una Comisión de Posgrado que orienta y coordina el trabajo de las distintas universidades. No es por casualidad que hoy doce mil quinientos alumnos cursen programas de doctorado y de magíster en las universidades que componen el Consejo. Más del 95 por ciento de la matrícula en los programas de doctorado corresponde justamente a esas instituciones. Allí se forma el personal científico con que el país cuenta. La generalidad de esos programas se ha sometido a acreditación y la han alcanzado, de manera que gozan de una calidad reconocida y de un prestigio nacional e internacional. Un alto número de los estudiantes de posgrado en Chile provienen del extranjero.
Del mismo modo, el Consejo ha manifestado un permanente compromiso con la calidad y la pertinencia de los estudios de pregrado. Ha tomado por eso iniciativas señeras. Por ejemplo, en la década de los 90, creó el proceso de acreditación concordada de nuevas carreras.
En el momento en que se producía una explosión en la creación de instituciones y en la oferta académica en Chile, las universidades, autorregulándose y generando un mecanismo compartido, resolvieron someter toda nueva iniciativa a un proceso previo de aprobación por parte de una comisión creada por ellas, con el objeto de responder a la juventud y al país por lo que en ese campo ofrecían.
Aun así, hoy, 242 mil 600 alumnos ¿cifra de este año- cursan estudios de pregrado en las universidades integrantes del Consejo. Pero, además, estas instituciones de enseñanza superior se han autorregulado mediante un sistema nacional de selección que tiene ya varios años, que la ley posteriormente ha reconocido para diversos fines y del que también ha hecho uso, particularmente para la asignación de algunos recursos fiscales, como el llamado "aporte fiscal indirecto".
El Consejo creó, en efecto, la Prueba de Aptitud Académica, que a finales de los 60 sustituyó al bachillerato, y últimamente ha puesto en aplicación la Prueba de Selección Universitaria.
Deseable sería que ese sistema nacional, que ha estado siempre abierto a todas las instituciones que lo quieran utilizar, resultaran progresiva y voluntariamente valioso para las universidades que se han creado desde 1981.
En fin, me parece necesario destacar que todas las universidades que integran el Consejo fueron en su hora reconocidas o creadas por ley. Han mostrado compromiso y vocación pública, lo que se refleja de muchísimas maneras, una de las cuales es la labor de extensión, valiéndose a veces, además, de instrumentos de carácter permanente, de muy alto costo, pero de muy significativa importancia en la vida de la comunidad nacional y de las distintas comunidades regionales. Me refiero, por ejemplo, a las redes de museos y de orquestas y elencos artísticos, que constituyen parte fundamental del activo cultural del país.
Sin duda, no todo ha sido éxito. Hoy día se cuestiona por algunos la existencia del Consejo de Rectores. Se sostiene que la idea que lo inspiró originalmente ha perdido vigencia. No comparto en absoluto ese punto de vista. Creo que él se encuentra plenamente vigente, y pienso que así lo entiende el Congreso Nacional cuando, con mucha frecuencia, llama a esa institución a participar en tareas relevantes para el funcionamiento de nuestro sistema educacional en general y del universitario en particular.
Lejos de estar agotado, el Consejo tiene que hacer frente a un conjunto de nuevos desafíos. Desde luego, al de seguir haciendo camino desde la autonomía de las instituciones, pero sin dejar de ser un compromiso público permanente. Debe seguir marcando camino en materia de calidad y de innovación de la educación superior, como lo ha hecho hasta ahora; en cuanto al fortalecimiento de la carrera académica, pues las universidades -bajo la inspiración del Consejo y con el compromiso de la investigación- fueron las que impusieron en los años 60 la profesionalización de la actividad académica, lo que, además, determina que se cuente en el país con mayor capacidad científica y tecnológica; en lo referente a hacer más fuerte el criterio de cooperación interuniversitaria, por encima de la competencia, que tiende a exacerbarse en minutos y que, desgraciadamente, no produce los efectos positivos que se le suelen atribuir; en fin, en lo atinente al desafío de avanzar en el camino de la internacionalización de nuestro sistema universitario y de la educación superior, particularmente en el posgrado.
Las universidades del Consejo cooperan entre sí para materializar muchas de esas iniciativas. El MECESUP constituye en tal sentido un importante aliciente, que ha sido bien acogido y utilizado. Pero, además, forman parte de extensas redes internacionales que permiten unir el trabajo de nuestros académicos con el de universidades de otros naciones, y facilitan al país aprovechar esta circunstancia para impregnarse de la corriente principal del pensamiento científico, tecnológico y humanista con que hoy, felizmente, contamos.
Tuve el privilegio de participar en el Consejo durante ocho, y por lo mismo, puedo dar testimonio del espíritu con que trabajan los 25 rectores de las distintas universidades que lo componen actualmente. Pero esta tarde he querido hablar como Senador y como chileno para expresar mi homenaje al Consejo de Rectores, por lo que ha representado en nuestra vida académica, y mi esperanza de que lo siga haciendo en lo futuro.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de dar la palabra a quienes la han solicitado, debo dar a conocer que, lamentablemente, por compromisos de carácter institucional, tendré que dejar la testera, ya que debo viajar a Santiago a fin de participar, en representación del Senado, en una reunión.
Pasará a presidir la sesión el Vicepresidente , Honorable señor Gazmuri .
Pero no quiero retirarme sin antes adherir a este homenaje, en mi nombre y en el del Senado, pues conozco muy de cerca y por muchos años la labor realizada por el Consejo de Rectores. Me impuse de ella, primero, como dirigente estudiantil; después, como académico, y posteriormente, como directivo superior de una institución miembro: la Pontificia Universidad Católica. Por ello, puedo dar absoluta fe y testimonio de la efectividad de las palabras que hoy día, con razón, ha pronunciado el Senador señor Parra en reconocimiento a la muy fecunda labor del Consejo durante este tiempo en que, gracias a su aporte, un sistema educacional muy pequeño e incipiente logró convertirse en algo grandioso.
Efectivamente, las labores de coordinación fueron esenciales para dar forma a un sistema de educación superior, dejando atrás universidades que se desarrollaban aislada y separadamente. Creo que el Consejo cumplió un rol de extraordinaria relevancia en estas materias. Y lo fue haciendo de mil formas. Los primeros estudios de educación superior chilena están ahí, en el Consejo; las primeras estadísticas e informaciones sobre lo que se hacía en las universidades chilenas fueron también fruto de su acción.
Por lo tanto, su labor -muy importante- tuvo repercusiones que hoy día -podemos decirlo- son históricas. En ese entonces lo veíamos como un fenómeno de desarrollo natural; pero, en verdad, fue el producto del esfuerzo de una institución que supo entender la necesidad de coordinarse, respetando y salvando la autonomía y la identidad de cada uno de sus componentes, para seguir trabajando con la mirada puesta en aquello que, de común, tenía la perseverancia que cada plantel ponía por separado pensando en el bien del país.
El tiempo ha cambiado y la educación superior se ha desarrollado de otras formas; pero el Consejo -en esto comparto también la apreciación de quien me ha antecedido en el uso de la palabra- aún tiene una importante labor de contribución. Pienso que la realidad que hoy día vivimos está llena de interrogantes y de desafíos en la educación superior. Probablemente el crecimiento y la expansión seguirán en forma muy amplia, y las universidades que configuraron el sistema, que han potenciado el pregrado, que han desarrollado el posgrado, que han colaborado fuertemente en el desarrollo de la investigación, tienen también una palabra muy importante que decir ante los desafíos que los actuales momentos implican para la educación superior, en términos de calidad y no solamente de cobertura, en cuanto a expandir su acción hacia nuevas actividades y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.
Hay ahí una tremenda reserva en el conjunto de universidades que integran el Consejo, por lo cual éste tiene apasionantes tareas por delante, y de mucha importancia para Chile.
Por tales consideraciones, he querido, en forma personal y en nombre del Senado, sumar mis palabras al homenaje de esta tarde al Consejo de Rectores. Y lamento tener que ausentarme en un momento de reconocimiento tan importante como éste, en que, con justicia, se rinde tributo a una institución que hizo, está haciendo y hará mucho por el desarrollo de la educación superior chilena.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, quienes me antecedieron han entregado valiosos argumentos para poner de manifiesto la importancia que tienen las instituciones que conforman el Consejo de Rectores.
Por eso, sólo daré a conocer algunos aspectos que no han sido tocados. Y lo haré en forma muy sintética, dada la elocuencia de quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Debo recordar en primer término que las instituciones educacionales de nivel superior que conforman ese honorable Consejo nacieron alrededor de 1738, año en que se fundó la Real Universidad de San Felipe, la que se constituyó en nuestra querida Universidad de Chile un siglo después, el 15 de noviembre de 1842, fecha que no sólo es evocada emotivamente por quienes han estado al alero de esta institución de índole cultural y profesional, sino también, y con orgullo, por todo el país.
En 1954 se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. A la sazón, nuestro país contaba con sólo 6 millones de habitantes, y para la formación de los profesionales, motor del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación, existían sólo 8 universidades, que permitían el acceso de únicamente 14 mil alumnos.
Hoy en día nuestra población se ha más que duplicado y las instituciones adscritas al Consejo de Rectores poseen una trayectoria que, con absoluta justicia, ha motivado la decisión del Senado de tributar este homenaje.
Actualmente tenemos una educación de nivel superior que acoge a una población universitaria de 231 mil 547 estudiantes de pregrado y de 11 mil 155 alumnos licenciados, quienes se encuentran cursando programas de postgrado, además de 11 mil 195 profesionales que siguen cursos de postítulo y de diplomado.
El Consejo de Rectores fue concebido en sus orígenes como una instancia de planificación científica y tecnológica. Y debemos reconocer que, gracias a la muy eficiente labor que ha desarrollado durante estos cincuenta años de coordinación universitaria, con permanente respeto por la autonomía y por la naturaleza particular de cada una de sus instituciones miembros, se constituyó en un lugar de encuentro de las más altas autoridades que se desenvuelven en el quehacer académico.
La misión principal de ese organismo es generar procesos formativos de pre y postgrado, aparte de su continuo esfuerzo por desarrollar investigación científica de la mayor excelencia, respecto de la cual el país está convencido de que deben existir aportes de recursos públicos, porque esa investigación y la extensión son pilares fundamentales en una educación de nivel superior con visión de futuro.
Evidentemente, el Consejo de Rectores acredita la calidad académica de los programas que se ofrecen y genera condiciones que permitan acceder a la educación superior a los estudiantes destacados de escasos recursos, en aras de una mayor equidad.
En buena hora esa visión, porque la gran mayoría de las universidades que conforman el Consejo de Rectores han acogido a lo largo de nuestra historia republicana a jóvenes, a intelectuales, a gente que tiene capacidad y vocación para alcanzar en la educación y en la vida profesional niveles de excelencia que han hecho posible el desarrollo de Chile en forma tan exitosa, permitiendo el acceso de una clase media modesta y de una clase media baja que hoy sigue esperando que se abran las puertas no sólo para acceder a sus aulas, sino también para mantenerse en ellas.
El Consejo de Rectores también sufrió cambios, al igual que el resto de Chile, a raíz de algunos decretos dictados allá por 1980. Producto de ello, dos grandes universidades estatales existentes en esa fecha dieron origen a las universidades derivadas, las que, felizmente, en su gran mayoría están distribuidas a lo largo del país. En buena hora, porque eso permite hacer desarrollo de país desde las Regiones. Y, sin duda, las universidades derivadas han sido en ese sentido motores muy eficientes.
Debo reconocer hoy que, a raíz de la explosión que ha tenido la educación de nivel superior en Chile, además de las 25 universidades que integran el Consejo de Rectores, al 30 de junio de 2004 se habían creado 39 planteles universitarios más. Y, en ese mismo ámbito, existen 50 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica.
Como una manera de cumplir los requerimientos de calidad y de preparación de sus postulantes, las universidades que conforman el Consejo de Rectores siempre consideran imprescindible establecer condiciones mínimas de ingreso para los alumnos que se incorporan a primer año.
Ése es un tema que hoy está en el centro del debate, de la discusión de aquella ley que pretende dar acreditación y calidad a la educación de nivel superior.
Señor Presidente , quiero terminar mis palabras señalando que el Consejo de Rectores ha tenido una participación fundamental en cuanto a exponer sus ideas al Ejecutivo acerca de proyectos de gran trascendencia, como lo son el vinculado con el financiamiento universitario, tema que está abierto a la discusión; el atinente a la acreditación y a la calidad de la educación superior, y a otros que se hallan relacionados con la cultura y que sería largo detallar en esta oportunidad.
Por esas razones he levando mi voz en este Hemiciclo para rendir homenaje al Consejo de Rectores, en mi nombre y en el de mi compañero Senador del Partido Por la Democracia, Honorable señor Fernando Flores.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en Tribunas).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , Honorables colegas, señores Rectores que nos acompañan en las tribunas:
En nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, adhiero hoy al homenaje que el Senado tributa a quienes han constituido un punto de referencia permanente y preclaro en lo que han sido la política universitaria y el desarrollo de las universidades, y por supuesto, con las modificaciones posteriores, de todo lo que es la educación superior.
La verdad es que la discusión sobre la forma, modelo, desenvolvimiento de las universidades ha sido un tema preferente desde hace muchos años. Desde antes de que se creara el Consejo de Rectores, el debate universitario fue de la esencia de los jóvenes de aquel entonces, y ha constituido de manera permanente un aspecto sobre el cual en Chile no existe acuerdo, ni menos unanimidad.
La vieja concepción de la universidad, definida hace ya más de cuatro siglos como la búsqueda de la verdad entre profesores y alumnos; la concepción de la universidad como el lugar principal para que una nación piense su destino; la concepción de la universidad como la institución dedicada básicamente a tener al frente los temas de país con una visión amplia; la concepción de la autonomía universitaria, contraria a la llamada "autarquía", en que no se puede hacer otra cosa que pensar con una perspectiva amplia de país; las definiciones que deben hacerse acerca del rol de la universidad, de la educación superior, en el marco del desarrollo nacional, son todos temas que han fluido de manera constante en el debate de Chile, muy acorde habitualmente con los valores y antivalores, con las líneas en que el país empieza a producir su pensamiento.
Cuando las universidades se agrupan en el Consejo de Rectores y éste empieza a dar luces respecto de lo que se pretende realizar -como ya se describió aquí-, logran el primer objetivo: encontrar un lugar que dé cabida al hombre formado, a la capacidad de ilustración, al ser humano que busca la verdad por encima de todas las cosas, a la concepción de una inteligencia entrenada para ayudar a resolver los problemas de Chile. Estos aspectos constituyeron un punto de referencia para quienes estuvimos en las universidades o fuimos estudiantes universitarios con anterioridad o participamos en la cosa pública a partir de aquellos años.
Los tiempos han evolucionado, como aquí se ha dicho. Los conceptos de universidad son otros. La idea acerca de ella empieza a cambiar en un momento muy duro y difícil para la inteligencia chilena. Surge la posibilidad de que se transforme en algo distinto de lo que se postulaba inicialmente. Sin embargo, aun en esa etapa, el Consejo de Rectores da una luz y una línea de cómo deben hacerse las cosas.
Hoy día, todos los Senadores que intervinimos en este homenaje hemos tenido una ligazón permanente -algunos más, otros menos- con el quehacer universitario. Naturalmente estamos inmersos en las modificaciones que han de introducirse a la ley y a las normas que construirán este mundo.
En ese marco, donde se cambia la forma de adherir a los principios básicos, el modo de financiamiento, la función que debe desempeñar, la manera de recibir a los alumnos, y se busca definir una línea de acción para las universidades estatales o para las privadas de carácter nacional, por así nombrarlas, siempre hemos encontrado en el Consejo de Rectores un apoyo, una luz de entendimiento para alcanzar una legislación tendiente a mantener el modelo de universidad que siempre hemos concebido en el país, sin perjuicio de las modificaciones que el mundo moderno nos entrega, donde se destaca un perfilamiento más particularizado, más técnico o más dedicado a tareas específicas.
Me tocó en el día de ayer asistir a la entrega de un reconocimiento a dos grandes profesores de la Universidad de Chile. Tiempo atrás concurrí a la Universidad de Concepción ¿donde cursé mis estudios superiores-, para un evento similar. También he acudido a otras, en las que me ha correspondido participar en foros, presentaciones y discusiones sobre materias de la más diversa calidad y profundidad. Y en todas ellas siempre persiste y pervive la misma inquietud, que nunca hemos recogido ni resuelto, dado que es prácticamente imposible hacerlo. Porque si hay algo que debe ser mutante, cambiante y adecuado a la realidad de un país, es la educación superior -la educación en general-, sin perjuicio de mantener las líneas centrales de lo que es la universidad.
Hoy se requiere resolver temas claves y difíciles. Uno de ellos dice relación a la calidad de la educación superior que precisa nuestro país. ¿Cómo aseguramos esa calidad? A este respecto se está tratando un proyecto en la Comisión de Educación al que se le han formulado más de 700 indicaciones. Ello demuestra cuán difícil es la iniciativa, la gravedad de los puntos a resolver o la profundidad de la materia.
Hoy debemos solucionar el acceso. Como se dijo en su tiempo ¿es la universidad para todos? ¿O es abierta al acceso libre de todos, pero manteniendo siempre la calidad y, esencialmente, el perfeccionamiento científico?
Asimismo, ¿cómo compatibilizamos hoy el avance científico con los escasos recursos de que disponemos? ¿Cuánto invertirá el país en educación superior para desarrollar esas áreas? Sobre esta materia hay distintas opiniones. Sin embargo, el avance tecnológico exige poner en nuestra preponderancia política actual la nueva tecnología que debe discutirse en esas instancias o en otras similares.
Con todo, el Consejo de Rectores ha entregado permanentemente una señal clara. En tiempos de confusión fue capaz de orientarnos cuando más lo necesitábamos. Y hoy su aporte ha sido importante para quienes trabajamos en la Comisión de Educación.
Sigo pensando en que la educación superior, específicamente las universidades, constituyen la luz de la inteligencia chilena entrenada, son las que deben llevar adelante tres tareas fundamentales: primero, la docencia, con la eficiencia y perfección adecuadas, en forma permanente; segundo, la investigación científica, pues sin ella Chile entero sufre por su deterioro frente a otras naciones; y por último, las nuevas formas de desarrollo cultural o de extensión cultural hacia el exterior y extramural, como en alguna ocasión se le denominó. Si ellas no las realizan, las harán otros, donde primarán los intereses económicos de distintos signos que, a la larga, no son gratuitos para el país.
Por eso, como Senadores de la Democracia Cristiana, adherimos al homenaje rendido por el Honorable señor Parra , el cual compartimos con mucho agrado, satisfacción y profunda emoción desde este "pupitre" de Senador, después de haber estado en aulas universitarias por tantos años.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, quienes me han precedido en el uso de la palabra han colocado en sus justos términos este acto que nos convoca.
Para algunas personas podría parecer extraño que el Senado de la República se reúna para rendir homenaje al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entidad que cumple 50 años. Quienes no conocen bien nuestro quehacer podrían preguntar por qué se le rinde tributo.
En primer término, debemos reflexionar que quienes tuvimos el privilegio de recibir una formación universitaria en el país siempre hemos creído y constatado que nuestras casas de estudios superiores, a lo largo de toda nuestra historia, cualquiera haya sido su número en la etapa inicial, han entregado una formación plural, de calidad y útil para la vida nacional. En verdad, los chilenos se han destacado y adquirido prestigio en el ejercicio de su profesión, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, por su excelencia y buen nivel. Así ha ocurrido también, en distintas oportunidades, en el campo intelectual.
Hoy día, el desafío está planteado. Porque no hay foro que se realice en Chile, ya sea a nivel empresarial, intelectual o académico, donde no se reconozca que el primer elemento necesario para afirmar nuestro desarrollo futuro es el educacional. Ello ya casi parece un eslogan.
El punto está en ser capaces de determinar qué haremos para mejorar la calidad de la educación en todo su espectro desde el punto de vista, no sólo de la educación superior o universitaria, sino también de la municipal, de la parvularia, de la media, en todas sus formas de expresión
Ése es el desafío de los próximos veinte a treinta años en este país.
Por lo tanto, sumándome a lo que han dicho los señores Senadores que me precedieron -nosotros somos depositarios de la soberanía popular, representamos a las distintas Regiones de Chile-, quiero, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Corporación, lanzar ese desafío al Consejo de Rectores.
Junto con adherir al homenaje y expresar nuestra gratitud al Consejo por la calidad de sus publicaciones, por lo que significan esas veinticinco universidades y por el concepto de regionalización que se halla implícito en la existencia y funcionamiento de ellas, tenemos el deber de señalarle que el debate está absolutamente abierto y no se limita al tema que -como muy bien expresó el Honorable señor Ruiz-Esquide , quien habló en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana- comenzaremos a debatir mañana, tocante al sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y sus formas de acreditación.
Éste es un aspecto, como lo es también el financiamiento.
Pero la cuestión va mucho más al fondo. Porque cuando uno observa lo que sucede hoy día, por ejemplo, a nivel de la formación de profesores de enseñanzas básica y media (incluso, se habla ya de la acreditación de la calidad de las parvularias, para trabajar en la formación de la etapa preescolar), tiene el derecho a pedir precisamente al Consejo de Rectores un aporte adicional concreto acerca del mejoramiento de la calidad de la educación.
La segunda pregunta que quiero dejar formulada se refiere a cuál es la formación de postgrado en un país del tamaño de Chile, considerando la capacidad de acumulación de conocimiento aquí existente.
Sé que este debate recorre todas las universidades y, sobre todo, el Consejo de Rectores. Pero, obviamente, uno debe tener una dimensión al respecto.
Con algunos Senadores visitamos en fecha reciente diversos países; uno de ellos, Australia. Allí, en una entidad vinculada a las universidades existe una alta concentración de inversión y de capital en materia de investigación de elevado nivel. Más de dos mil doctores, con gran cantidad de recursos a su disposición, trabajan en ella para investigar en nombre de la respectiva nación, sin delimitación alguna de la frontera entre el sector privado y el sector público.
Ésa es, entonces, una de las preguntas que quiero formular.
Ayer, precisamente, se inauguró un seminario donde representantes de las organizaciones científicas y técnicas de Argentina y de Chile debaten si es posible unir esfuerzos en investigación a nivel superior y, sobre todo, en campos muy especializados.
Por eso, junto con agradecer la iniciativa del Senador señor Parra de rendir homenaje al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas con motivo de su quincuagésimo aniversario, quiero dejar formulado aquel desafío.
Del Consejo de Rectores esperamos ideas, propuestas, sugerencias, debates, incluso discrepancias respecto de normas que pudiéramos estar aprobando en el Parlamento. Ése es el deber de quienes tienen capacidad, concentración y posibilidad para orientar en una materia donde está en juego, no sólo la calidad de la educación superior, sino todo el funcionamiento de un sistema en el cual, obviamente, la formación universitaria es uno de los eslabones de la cadena que deseamos reforzar.
Por tales razones, señor Presidente , me sumo a este homenaje y manifiesto mi gratitud por el trabajo realizado. Asimismo, quiero resaltar el orgullo con que miramos la existencia de nuestro sistema universitario, el cual se ha reflejado a través del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Terminado el homenaje.
Agradecemos una vez más la presencia esta tarde del Vicepresidente del Consejo de Rectores, don Luis Riveros, y de los señores Rectores que lo acompañan.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Educación , solicitándole informar sobre la factibilidad de destinar RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA G-63, DE QUILACO, COMUNA DE PURÉN (NOVENA REGIÓN).
Al señor Director del Fondo Nacional de Salud , pidiéndole informar respecto de AVANCES EN DETECCIÓN DE FALSOS INDIGENTES.
A la señora Fiscal del Ministerio Público de La Araucanía, requiriéndole informar en cuanto a DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES Y RECURSOS MATERIALES PARA REPRESIÓN DE VIOLENCIA RURAL EN NOVENA REGIÓN.
Al señor Alcalde de Traiguén , planteándole PROBLEMAS DE JUNTA DE VECINOS Nº 12, "CÓNDOR DE MALLECO", COMUNA DE TRAIGUÉN (NOVENA REGIÓN).
Del señor GARCÍA:
Al señor Subsecretario del Interior , consultándole sobre ESTADO DE PROYECTO POSTULADO A FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA COMPRA DE SEDE SOCIAL DE GRUPO ADULTO MAYOR,.
A la señora Directora del Servicio Nacional de Menores , solicitándole informar acerca de DENUNCIA DE PRESUNTAS FALTAS EN PERJUICIO DE TRABAJADORES, NIÑOS Y JÓVENES DE HOGAR DE FUNDACIÓN MI CASA 2 (ambos de comuna de Temuco, Novena Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, y Subsecretario de Pesca , pidiéndoles explicar MAYOR DISTRIBUCIÓN DE PESCA DE MERLUZA AUSTRAL PARA DÉCIMA REGIÓN CON RESPECTO A UNDÉCIMA.
)------------(
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Mixto, Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
El señor PROKURICA.- Pido la palabra.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
RESGUARDO DE PATRIMONIO FITO Y ZOOSANITARIO. REITERACIÓN DE OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en sesión de 20 de julio del año en curso solicité que se enviara un oficio al señor Ministro de Agricultura con la finalidad de llamar su atención respecto de ciertas disposiciones que tienen por objeto resguardar nuestro patrimonio fito y zoosanitario.
Mi petición estaba dirigida a que esas normas se hicieran aplicables con la mayor brevedad, de manera de evitar el riesgo generado por productos venidos desde Perú, los cuales, a mi juicio, han provocado daño a los agricultores del norte de Chile.
Hoy se me entregó la respuesta a mi oficio, que viene firmada por el Ministro señor Campos. Lamentablemente, no contiene lo que solicité.
Por lo tanto, vuelvo a manifestar mi interés en que se apliquen las disposiciones en comento y se fiscalice como lo establecen la ley y la norma contenida en el artículo 5º de la resolución Nº 3.815, de diciembre de 2003, del Servicio Agrícola y Ganadero, especialmente para la importación de productos agrícolas venidos desde Perú y que, en la zona norte de nuestro país, están ocasionando serios problemas fito y zoosanitarios, y también desde el punto de vista económico, ya que no reúnen las condiciones exigidas.
En tal virtud, solicito que se reitere mi oficio al señor Ministro de Agricultura a fin de que se me informe de qué manera se está cumpliendo, entre otras, la disposición antes individualizada. No me interesa la explicación acerca de en qué consiste esa norma, porque la conozco a fondo. Lo que quiero es que se me dé a conocer si se está aplicando y si se está haciendo exigible, específicamente, a los productos agrícolas que se importan desde Perú.
He dicho.
--Se anuncia el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Prokurica, conforme al Reglamento.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).- Los Comités Socialista, Institucionales 2 e Independiente e Institucionales 1 no ocuparán su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó a las 19:28.
Manuel Ocaña Vergara
,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ BARRA, CON LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIOS DE LA LEY Nº 19.583, QUE REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA (3650-14)
Honorable Senado:
1) En virtud de la ley Nº 19.583 los propietarios de inmuebles urbanos que construyeron con o sin permiso de edificación y que no contaban con recepción definitiva o que habían materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes de manera no concordante con los usos del suelo permitido por los planes reguladores, fueron facultados para regularizar su situación, en conformidad con las normas de edificación y el procedimiento simplificado que el mismo texto legal estableció.
2) La ley fijó un plazo de dieciocho meses para acogerse a dicho beneficio, contado desde su fecha de publicación, lo cual ocurrió el 14 de septiembre de 1998. Posteriormente, las leyes Nºs. 19.667 y 19.727, extendieron ese plazo hasta el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002, respectivamente.
3) El artículo 2º de la ley Nº 19.583 señaló las construcciones que podrían beneficiarse. Se trata de ampliaciones o instalaciones efectuadas en viviendas con una superficie total edificada no superior a cien metros cuadrados, en inmuebles de organizaciones comunitarias (por ejemplo, culturales, deportivas, religiosas o de beneficencia), o en microempresas inofensivas (que no excedieran los trescientos metros cuadrados edificados). En general, son construcciones que revisten un carácter social y, en todo caso, que son realizadas en sectores poblacionales. Desde este punto de vista, la decisión legislativa tuvo un impacto significativo para personas de escasos recursos y para pequeños propietarios urbanos que, luego de ingentes esfuerzos, logran adquirir un inmueble para destino familiar o para iniciar una pequeña actividad económica.
4) Habiendo vencido el plazo, ha quedado un porcentaje importante de eventuales beneficiarios fuera de la aplicación de la ley. Lo anterior se explica por las dificultades que muchas personas tienen para imponerse de los beneficios que el legislador acuerda, sea por su bajo nivel de conocimientos jurídicos o por residir en lugares apartados o aislados. Por razones de justicia sería de toda conveniencia social permitirle a estas personas regularizar sus construcciones, mediante una disposición legal que renueve la vigencia de esta ley.
En mérito de lo anterior, y en ejercicio de mis atribuciones constitucionales y legales, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Renuévase la vigencia de la ley Nº 19.583, modificada por las leyes Nºs. 19.667 y 19.727, a contar del 31 de marzo de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2006, para acogerse a sus beneficios.”.
(Fdo.): Roberto Muñoz Barra, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), PÁEZ, PIZARRO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE IMPIDE A AUTORIDADES QUE INDICA GOZAR DE ENTRADAS LIBERADAS DE PAGO EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS U OTROS (3657-06)
Honorable Senado:
Proyecto de Ley
Se ha suscitado en estos días, un debate en la opinión pública con motivo el uso, por parte de los parlamentarios, de entradas liberadas para el Estadio Nacional.
Este tema se provocó ante el anuncio hecho por el Ministro Secretario General de Gobierno, quien hace algún tiempo dio a conocer que los ministros subsecretarios y otros altos funcionarios de gobierno renunciarían a este beneficio y que en caso de concurrir a dicho establecimiento, pagarían el importe de las entradas.
Los Comités del Senado que representan a todos los parlamentarios han resuelto pedir a los senadores que renuncien también a este beneficio.
Desde el año 1938 se estableció que diversas autoridades del Estado tendrían acceso gratuito al recinto deportivo indicado, beneficio que se ha mantenido hasta la fecha, no habiéndose suscitado un debate sobre la conveniencia de dejarlo sin efecto.
Al parecer existe una opinión ampliamente mayoritaria para revisar esta situación y dejar sin efecto este beneficio por estimarse discriminatorio.
En estas circunstancias, siendo necesario que haya transparencia en todos los actos de la función pública y para evitar discusiones que muchas veces tienen una raíz de connotación populista e incluso tienden a desacreditar injustamente a quienes desempeñan cargos parlamentarios o de gobierno, creo que es preciso legislar para fijar normas de conductas equitativas que sean generales para todos los ciudadanos en especial para los que están investidos de autoridad.
Por estas consideraciones, vengo en proponer el siguiente proyecto de ley.
Artículo único:
Ninguna persona investida de autoridad, ya sea pública o privada, gozará por ese solo hecho de entradas liberadas de pago a ningún espectáculo deportivo y de otra naturaleza, salvo que su concurrencia corresponda a cumplir funciones oficiales en razón de su cargo.
(Fdo.): Andrés Zaldívar Larraín.- Sergio Páez Verdugo.- Jorge Pizarro Soto.- Mariano Ruiz-Esquide Jara