Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V .
ORDEN DEL DÍA
-
BENEFICIOS PARA CONDENADOS O PROCESADOS POR VIOLENCIA CON MÓVILES POLÍTICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
-
ESTABLECIMIENTO DE REGALÍA MINERA AD VALÓREM Y CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. REPOSICION DE NORMAS RECHAZADAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- DEBATE
-
BENEFICIOS PARA CONDENADOS O PROCESADOS POR VIOLENCIA CON MÓVILES POLÍTICOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 19ª, en martes 10 de agosto de 2004
Ordinaria
(De 16:18 a 21:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE , Y JAIME GAZMgaxmurURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a disposiciones penales relativas a violencia con móviles políticos (3134-07) (se aprueba)............................................
Proyecto de ley, en trámite de habilitación por el Senado, que establece regalía minera ad valórem y crea Fondo de Innovación para la Competitividad (3588-08) (se rechaza)................................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Hacienda , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno, de Salud y de Minería .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 16ª, ordinaria, en 3 de agosto; 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, ambas en 4 de agosto, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica que, acerca del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental. (Boletín Nº 2.851-07).
--Se toma conocimiento y se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con los cuatro siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", en cuanto a los siguientes proyectos:
1) El que modifica la Ley de Pesca respecto de exigencias para pescadores artesanales (Boletín Nº 3.561-21).
2) El que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención (Boletín Nº 2.391-18).
3) El que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica (Boletín Nº 3.368-13).
4) El que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de imposiciones morosas (Boletín Nº 3.369-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el sexto hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que concede beneficios a los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos (Boletín Nº 3.134-07).
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", en cuanto al proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente para establecer la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales (Boletín Nº 3.623-04).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
1) Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente para establecer la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.623-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
2) Con el segundo informa que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre evaluación docente (Boletín Nº 3.404-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copias autorizadas de las sentencias dictadas en los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación (Boletín Nº 3.519-06).
2) El que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el fin de delimitar el concepto de gasto electoral, eliminar el registro de proveedores, regular los aportes reservados a los partidos políticos y a los institutos de formación política, y ampliar el plazo para la defensa en el caso de rechazo de una cuenta de ingresos y gastos de campaña (Boletín Nº 3.599-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la señora Contralor General de la República subrogante, con el que contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Chadwick, relativos a la legalidad de los procedimientos de licitación de las frecuencias radiales en la Sexta Región.
Del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Viera-Gallo, referido a la necesidad de crear un juzgado de familia en la ciudad de San Carlos.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre declaraciones relativas a la Empresa Nacional de Minería.
Con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Fernández, referido a observaciones a la ley Nº 19.606.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las solicitudes de aprovechamiento de aguas subterráneas presentadas por la compañía minera que indica.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a antecedentes de caminos vecinales.
Con el último remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos a las Cámaras del Congreso Nacional en junio del año en curso.
Del señor Ministro de Salud , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, concerniente a los sumarios administrativos por negligencias médicas en el Servicio de Salud Metropolitano Central en el período 2001-2002.
De la señora Comisario de Carabineros de la Comisaría de Victoria, mediante el cual contesta dos oficios remitidos en nombre del Senador señor Espina, referidos a la seguridad en diversas poblaciones de esa comuna.
Del señor Jefe de Gabinete del Intendente de la Décima Región , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de la postulación a la pensión asistencial de la persona que señala.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al Servicio de Tesorerías en la ley Nº 19.926, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.595-05).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; informe de la Comisión de Hacienda, e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.439-20).
--Quedan para tabla.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , según la Cuenta, se insiste en calificar de "simple" la urgencia del proyecto que modifica la Ley de Pesca respecto de exigencias para pescadores artesanales. Se trata de una iniciativa de muy fácil tramitación; fue acogida por unanimidad en la Comisión, y la semana pasada el Senado la aprobó en general, fijando como plazo para formular indicaciones el lunes 30 de agosto próximo.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, por unanimidad, estimó pertinente solicitar a la Sala que se acorte dicho plazo hasta el lunes 16 de agosto, con el objeto de despachar el proyecto la semana venidera, dado que se pretende resolver, además, un problema de patentes para las áreas de manejo de dichos pescadores.
Por esas razones, solicito que someta mi planteamiento a la consideración de la Sala.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeción, se reducirá el plazo para presentar indicaciones al proyecto mencionado hasta el 16 del mes en curso, a las 12.
--Así se acuerda.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, acordó lo siguiente:
1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto que otorga beneficios a los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos.
2.- Discutir y despachar en el segundo lugar de la tabla de esta sesión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República que contiene el proyecto sobre regalía minera ad valórem y creación de un Fondo de Innovación para la Competitividad.
3.- Colocar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana, con respeto a las normas reglamentarias, el proyecto que tiene por objeto precaver la excesiva concentración de la propiedad de bienes raíces en la zona austral del país, sólo en el caso de que no se alcanzara a despachar hoy.
4.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que autoriza la transferencia a la CODELCO de la Fundición y Refinería Las Ventanas, hasta el próximo lunes, 16 de agosto, a las 12.
El señor FOXLEY.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , pido ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica el Código de Aguas, que se halla en la Comisión de Hacienda.
Según las últimas conversaciones, y a los efectos de alcanzar un acuerdo en esa materia, se necesitan diez días más para que el Gobierno plantee sus indicaciones.
Por lo tanto, por intermedio de Su Señoría, solicito a la Sala que preste su asentimiento para extender dicho plazo en diez días.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Está vencido el plazo, señor Senador?
El señor FOXLEY.-
Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
O sea, hay que abrir uno nuevo.
El señor FOXLEY.-
Así es.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Sugiero el lunes 30 de agosto, pues el 23 corresponde a semana regional.
El señor FOXLEY.-
Muy bien.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto referido hasta el lunes 30 de agosto, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Honorable señor Ruiz-Esquide formuló una solicitud similar.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Así es, señor Presidente.
He pedido que se prorrogue hasta el lunes 30 de agosto el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre las ISAPRE, que la Comisión de Salud estudiará a partir de hoy.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá un nuevo plazo para formular indicaciones a dicha iniciativa: hasta el lunes 30 de agosto en curso, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de iniciar el análisis de las materias que figuran en la tabla de hoy, solicito la autorización de la Sala para que los camarógrafos de la Televisión del Senado, señores Fanol Riquelme y Carlos Seguel, puedan filmar el debate de los dos primeros proyectos que trataremos en el Orden del Día.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA
BENEFICIOS PARA CONDENADOS O PROCESADOS POR VIOLENCIA CON MÓVILES POLÍTICOS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3134-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Flores, Valdés, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo)
En primer trámite, sesión 13ª, en 19 de noviembre de 2002.
En tercer trámite, sesión 17ª, en 4 de agosto de 2004.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 14ª, en 16 de julio de 2003.
Hacienda, sesión 19ª, en 16 de diciembre de 2003.
Discusión:
Sesiones 16ª, en 3 de diciembre de 2003 (pasa a Comisión de Hacienda); 3ª, en 9 de junio de 2004 (se posterga debate y votación para una próxima sesión); 7ª, en 23 de junio de 2004 (se aprueba en general, salvo en lo relativo a indulto general); 12ª, en 14 de julio de 2004 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas modificaciones al proyecto despachado por el Senado. La principal es la introducción de un artículo 1º, nuevo, que establece, para las personas que hayan sido condenadas por el delito de asociación ilícita terrorista o por las conductas descritas en el artículo 8º de la Ley sobre Control de Armas o en la Ley de Seguridad del Estado y que también hayan sido condenadas por delitos sancionados en el Código Penal o en el Código de Justicia Militar, el cumplimiento de una condena de diez años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo los sancionados por la ley Nº 18.314, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, procediendo a su respecto un indulto general en cuanto al saldo de las penas de privación de libertad a que hubieran sido condenadas y que excedieran dicho lapso.
Respecto de la modificación efectuada al artículo 1º aprobado por el Senado, que pasó a ser artículo 2º, la Cámara de Diputados rechazó su inciso primero, disposición que requería quórum orgánico constitucional para su aprobación. De esa manera, según la opinión de la Secretaría, debe entenderse, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, rechazado también el inciso tercero, que es consecuencia del primero.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que contiene el texto despachado por el Senado y el que aprobó la Cámara de Diputados.
Cabe considerar que el artículo 1º, nuevo, requiere para su aprobación el voto favorable de 25 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Hago presente que debemos analizar y votar cada una de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto.
Por lo tanto, sugiero seguir el orden del articulado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Desea proponer una moción de orden, señor Senador?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
No, señor Presidente . Quiero referirme al texto mismo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En discusión el artículo 1º, nuevo, aprobado por la Cámara Baja, cuyo texto es diferente del despachado por el Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , esta iniciativa, que todos conocemos, ha sufrido una serie de problemas en su tramitación.
En el primer trámite constitucional, esta Corporación, si bien aprobamos la idea de legislar sobre el artículo 1º, que es la base del proyecto, cuando llegamos a la votación particular, por la ausencia de algunos señores Senadores, no se logró el quórum necesario para aprobarlo.
Sin embargo, como fue aprobada en general, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, que repuso el artículo 1º. Cabe recordar que en el Senado, pese a haber mayoría de votos favorables, no se reunió el quórum suficiente para aprobar dicho precepto.
Eso es lo que hoy día nos toca resolver.
Toda la ciudadanía y todos los Senadores sabemos cuál es la situación que estamos viviendo en relación con las personas detenidas en la Cárcel de Alta Seguridad. Se trata de gente que ha cumplido condenas que sobrepasan los diez años. Por eso, hemos estimado conveniente proceder a la limitación de penas, con el objeto de resolver su situación procesal.
El artículo 1º, tal como se halla redactado, beneficia a casi la totalidad de las personas que están presas en dicho recinto carcelario por los delitos a que se refirió el señor Secretario . No se contempla, en tal sentido, la aplicación del beneficio a quienes hayan incurrido en actos de terrorismo; él se remite a otro tipo de delitos asociados.
Pienso que hoy día al Senado le corresponde -ojalá ello ocurra- aprobar el proyecto. Una vez despachado el artículo 1º veremos que las demás normas no presentan grandes dificultades o diferencias.
Yo espero que se reúnan los votos necesarios para dar este paso, que a mi juicio es conveniente.
A su vez, el Presidente de la República también ha manifestado su voluntad en el sentido de preocuparse por los problemas que afectan a esas personas.
Por esa razón, espero que la Sala dé su aprobación a las modificaciones, a fin de despachar el proyecto en el día de hoy.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sólo deseo hacer un alcance, Sus Señorías.
La Cámara de Diputados no puede reponer materias que no hayan alcanzado el quórum de aprobación en el Senado; y no lo ha hecho. Únicamente puede reponer aquellas que, aunque desechadas en la discusión particular, hayan sido aprobadas en general por esta Corporación con el quórum pertinente. Y es lo que ha ocurrido en este caso.
Quería hacer ese alcance para que no haya otras interpretaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , el Senador señor Andrés Zaldívar y usted han sido muy claros para explicar el significado de este proyecto.
Simplemente, hago mías sus palabras, y espero que la iniciativa se vote y se apruebe en forma rápida.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , deseo consultar a la Secretaría si el texto del artículo 1º despachado por la Cámara de Diputados es idéntico al aprobado por el Senado. Porque el señor Ministro dice que hay un cambio.
Me gustaría saber si eso es así.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor INZULZA ( Ministro del Interior ).-
Según entiendo, señor Presidente , en la votación general realizada en el Senado se aprobó una parte y se rechazó otra. En esa oportunidad, el quórum de aprobación era de dos tercios, pues se trataba de indultar por delitos terroristas. Como esta parte fue rechazada en general, no fue renovada en ninguna indicación posterior.
En cambio, se presentó en la Comisión, para el segundo informe una indicación vinculada al indulto por delitos comunes para personas condenadas también por delitos terroristas y otros ilícitos. Esa indicación, esencialmente distinta de la materia rechazada en general por el Senado, fue aprobada por la Comisión, pero en la Sala de esta Corporación no alcanzó el quórum suficiente. Y ésa es la que despachó la Cámara Baja. No la original, que no podía ser repuesta, por haberse rechazado en general.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, para terminar su planteamiento.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , si entiendo bien al señor Ministro , el artículo 1º en debate es idéntico al que analizó el Senado en la discusión particular.
El señor VIERA-GALLO .-
Exactamente.
El señor ESPINA.-
Ésa es mi consulta, para ver si corresponde a la revisión que efectuamos con el Honorable señor Viera-Gallo en su momento.
Entonces, dada la complejidad de la redacción de la norma, quiero saber si ambos preceptos son iguales.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sería bueno verificarlo.
A mi parecer, la Cámara introdujo una modificación respecto de los delitos susceptibles de indulto a la luz de la aprobación general hecha por el Senado. Por eso hice la precisión.
En cuanto a los llamados "delitos terroristas" establecidos en la ley 18.314, la otra rama del Congreso no podía introducir ningún cambio, pues esa parte del proyecto no alcanzó en el Senado el quórum de aprobación pertinente.
Sin embargo, entiendo que la Cámara Baja introdujo una ligera modificación respecto de los otros delitos, que en todo caso requiere ser aprobada con quórum calificado. Desconozco su tenor exacto, pero la vamos a verificar, para que la Sala sepa específicamente cuál es la enmienda que se hizo a la iniciativa.
Por lo tanto, hay un cambio, pero de aquellos que la Cámara Baja podía realizar desde los puntos de vista formal y reglamentario.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , al margen de la discusión que se ha promovido, quiero, como coautor del proyecto, expresar mi satisfacción por el término de un proceso que lleva casi dos años y que se refiere a personas que, como aquí se ha dicho, fueron castigadas en juicios muy discutibles.
Nuestra Comisión de Derechos Humanos, al conocer de este asunto hace bastante tiempo, escuchó a autoridades civiles; recibió también opiniones de militares -correspondían desde la perspectiva jurídica- y de representantes eclesiásticos, y se formó el juicio moral y político de que necesariamente cabía un indulto para liberar a tales personas y terminar su severo enclaustramiento, con la seguridad de que de parte de ellas existe un sincero arrepentimiento y de que su conducta ilícita no se repetirá.
Así que, con gran satisfacción, votaré a favor de este proyecto.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador , con autorización del señor Presidente?
El señor CORDERO .-
Sí.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Únicamente deseo aclarar al Senador señor Espina que el texto del artículo 1º sigue siendo el mismo. Se pone en la hipótesis de personas condenadas por delitos descritos en la Ley Antiterrorista, en la Ley sobre Control de Armas o en la Ley de Seguridad del Estado, y que además hayan sido sancionadas por delitos castigados en el Código de Justicia Militar, en el Código Penal o en las disposiciones de las leyes que se indican, quienes deberán cumplir condenas de 10 años.
Es exactamente igual.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de dar la palabra al Honorable señor Cordero , quiero precisar que la información que en un momento dado recibí del entonces Ministro del Interior subrogante , señor Jorge Correa , fue que en ese instante se estaba estudiando un cambio, el cual, finalmente -según nos acaba de aclarar el titular de esa Cartera-, no se materializó en la Cámara de Diputados. Pero a mí se me indicó que se iba a efectuar. Por eso pensé que podía existir alguna diferencia de texto. Sin embargo, no hay ninguna enmienda de fondo, sino sólo modificaciones formales.
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , este proyecto de ley es la muestra más clara y evidente del doble estándar que se aplica en el juzgamiento y ponderación de los hechos ocurridos como consecuencia del quiebre institucional de 1973.
Así, se presta apoyo y amparo al clamor de los criminales terroristas que cumplen condenas impuestas por la justicia, albergándolos, con flexible criterio, dentro del suavizador concepto de "detenidos políticos".
Resulta imprescindible dejar claramente establecido que ninguno de los favorecidos por esta iniciativa ha sido procesado y luego condenado por sus ideas políticas o en virtud de un estado de excepción. Más aún, sus acciones se desarrollaron durante el período de los Gobiernos de la Concertación.
Las conductas de esas personas durante la etapa que se pretende indultar afectaron particularmente a la familia de Carabineros de Chile al asesinarse a mansalva a 21 de sus miembros, ingresados muy jóvenes a las filas de la Institución, convencidos de proteger con su trabajo, esfuerzo y sacrificio la integridad y la propiedad de todos los chilenos.
También este proyecto de ley es una muestra de falta de consecuencia.
Frecuentemente, las autoridades de Gobierno y las figuras de la política nacional adornan sus discursos y declaraciones indicando que la justicia tiene la última palabra y que a su decisión deben someterse todos por igual.
Sin embargo, pronto se olvida dicho propósito. Si la decisión de los tribunales no es conveniente a su sector político, se buscan inmediatamente mecanismos para volver a una situación ventajosa, como lo es esta iniciativa, para obtener un trato especial.
Los que no tienen trato especial son los mártires y las víctimas de estos delincuentes extremistas, cuyos familiares afirman con razón que los legisladores no los hemos considerado al resolver y votar este proyecto. Y tienen razón. ¿Quién se acuerda de las viudas y huérfanos? Ellos no hacen declaraciones ni comunicados; no dan conferencias de prensa ni realizan huelgas de hambre; tampoco cuentan con una estrategia comunicacional. Por eso, en su silencio, son ignorados.
Si aprobamos esta iniciativa para sacar a la calle a criminales terroristas, estaremos actuando a espaldas de la comunidad y al sentir del ciudadano común, que sólo puede reaccionar con desconcierto frente a la vulneración del principio de igualdad ante la ley, frente al privilegio y mano blanda para algunos y frente a la burla que el proyecto implica para las víctimas.
Finalmente, quisiera tomar prestadas las palabras de las viudas y madres de los mártires de Carabineros, pues nadie mejor que ellas han sabido expresar lo que esto significa: "Ceder a las presiones concertadas de criminales terroristas no es un acto honorable ni humanitario, ya que es más difícil ser consecuente con la justicia y darles a las familias de las víctimas esa única y pequeña reparación, que, aunque no les sirve de consuelo, al menos permite darles a sus hijos algo de que aferrarse para seguir creyendo en la sociedad y mirar hacia el futuro".
Anuncio mi voto negativo, señor Presidente .
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Por favor, señores! Les pido respeto.
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , sólo quiero precisar algunas cosas.
Hay momentos en que los países necesitan dar pasos como éste. Lo que estamos haciendo hoy es recomponer el alma nacional. Muchas heridas están abiertas. Y en la medida en que seamos capaces de tomar decisiones de esta naturaleza, con generosidad, con grandeza, con espíritu humanitario, las nuevas generaciones reconocerán que tuvimos el coraje y la valentía de asumirlas.
Debo puntualizar que ninguno de quienes votaremos a favor comparte lo que los beneficiarios del proyecto hicieron. En su momento -y ahora lo reitero-, condenamos sus conductas; y las condenaremos siempre.
Sin embargo, existe un elemento que tiene que ver con cuestiones humanitarias: esas personas -yo y otros señores Senadores, presentes ahora en la Sala, conversamos con ellas- están arrepentidas y piden una oportunidad.
Pienso que debemos tener grandeza para otorgar lo que nos solicitan esos hombres, quienes han iniciado estudios universitarios, en algunos casos, y recompuesto sus familias. Estamos convencidos de que se hallan en condiciones de reinsertarse en la sociedad, no para repetir conductas del pasado, sino para sumarse en la construcción del país que todos queremos.
Para concluir, debo aclarar que el proyecto no deja en el abandono a las familias de quienes murieron a causa de los delitos cometidos por esas personas. El artículo 4º, que pasó a ser 5º, las incorpora a todos los beneficios establecidos en la ley Nº 19.123, al igual como ocurrió con aquellos que sufrieron situaciones parecidas durante la dictadura militar.
Daremos nuestro voto favorable, en el entendido de que estamos haciendo un gesto humanitario.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El Honorable señor Viera-Gallo solicitó votación nominal.
¿Insiste en su petición, señor Senador ?
El señor VIERA-GALLO.-
Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En votación nominal el nuevo artículo 1º, para cuya aprobación se requiere quórum calificado.
--(Durante la votación).
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , éste es un acto de justicia respecto, no sólo de las personas afectadas, sino también del principio de igualdad ante la ley, tan torpemente invocado hoy por el Senador señor Cordero .
En la práctica, ha habido dos clases de reclusos por delitos de similar naturaleza: unos, los llamados "presos políticos", quienes cumplen rigurosamente las penalidades que la ley impone, y otros, los terroristas de Estado, que, en sus cuarteles o en cárceles especiales, llevan a cabo una vida por completo distinta.
Sólo recuerdo un hecho: ninguno...
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego al público guardar silencio. Está prohibido hacer manifestaciones, de cualquier naturaleza que sean.
A ustedes, más que a nadie, les interesa el resultado de esta votación. No quisiera tener que hacer despejar las tribunas. Por tanto, les pido el más absoluto silencio y respetar a todos los oradores, sin excepción.
Puede continuar, Honorable señor Ávila .
El señor ÁVILA.-
Estaba señalando, señor Presidente , que a ninguno de los llamados "presos políticos" se le sorprendió comprando frutas como un distraído ciudadano cualquiera.
Por último, los que hoy se ciegan frente a este acto de humanidad y de justicia están activando la bomba de relojería que el día de mañana estallará en la cara de las próximas generaciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor ÁVILA.-
Obviamente, que sí.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , por razones de carácter humanitario, en su momento, considerando la solicitud que me hizo un familiar de uno de los presos en comento, me adentré en la búsqueda de caminos plausibles o razonables para la solución del problema existente. De esto hace más de dos años.
En mi devenir por el tema -aún no era un proyecto; él surgió después-, encontré puertas muy cerradas de parte de las autoridades, quienes me hicieron presente, una y otra vez, que éste no era un asunto que importara o en el que pudieran involucrarse.
Así las cosas, surgió la iniciativa. Incluso, respecto de ella, se me dijo igualmente: "Nada haremos, ya que todavía no es el tiempo".
De tal manera fue como, con el señor Ministro de Justicia de la época, me correspondió realizar personalmente muchas gestiones, aun para aligerar las rigurosas condiciones en que esas personas se hallaban en la cárcel.
Cuando se votó el proyecto en la Comisión, me abstuve, porque en aquel entonces se estaba desarrollando una importante negociación pacificadora mediante una iniciativa del Presidente de la República que estudiaba la Cámara de Diputados, que nuestro Partido apoyó con sus votos y que, desgraciadamente, por circunstancias que no es del caso analizar aquí, parte de la coalición de Gobierno se negó a respaldar.
El escenario, pues, no era el más propicio para abordar aisladamente, y no en conjunto, una situación de tal naturaleza, tras el objetivo de la paz para Chile con pasos muy significativos en distintos ámbitos.
En ese contexto, continuó la tramitación. Mi disposición era a aprobar una iniciativa de aquella índole.
Desgraciadamente, en el transcurso del trámite se fue tensionando todo políticamente, hasta el punto de que, cuando se intentaba mirar la moneda por las dos caras, o sea, teniendo también en cuenta la de las víctimas registradas en pleno ejercicio del Gobierno democrático -porque (digámoslo) se trata de personas que cometieron hechos criminales iniciado ya ese régimen-, empecé a sopesar qué ocurría con quienes habían sufrido las consecuencias de tales actos. Y sí existe sobre el particular una compensación económica. Y punto. Pero nunca se escuchó lo que por ese lado se podía exponer. Es algo que me preocupó.
Así como moralmente estimaba importante resolver el asunto en un contexto, me hacen mucha fuerza -y en este minuto no me siento habilitado, sobre la misma base, ni para aprobar el texto ni para rechazarlo- todos los antecedentes de las víctimas y sus familias, al igual que aquellos otros con que conté al inicio respecto de quienes sufrían una difícil condición. Y la verdad, señor Presidente , Honorable Senado, es que, leyendo y conociendo los testimonios, así como tuve una razón humanitaria para participar en el tratamiento del tema, me resulta hoy muy difícil obviar la razón muy profunda que entregan familias que dicen: "Para nosotros, ninguna consideración en el orden humanitario.".
Me parece que el más propicio es el escenario que abre la posibilidad de solucionar en un conjunto el tipo de cuestiones que nos ocupan. Reitero: no lo digo por situaciones pasadas, sino por las personas que sufrieron los hechos en virtud de los cuales hoy se indultaría.
Tal vez se cuenta en la Sala con los votos necesarios. Pero confieso con honestidad, señor Presidente, después de haber estado muy involucrado en todo el tema, que no me siento hoy moralmente habilitado, luego de conocer el testimonio de las víctimas de aquellos a quienes se pretende indultar, para aprobar el beneficio.
Mas, por otro lado, tampoco quisiera, con mi pronunciamiento, decir: "Rechazo.". Porque sigo pensando que todavía existe espacio -y ojalá se dé más allá de lo que hoy se apruebe- para mirar el conjunto de una situación que lleve a la pacificación de los espíritus ante el país.
Y creo que aquí no se da la simetría perfecta que debiera concurrir en el tratamiento de la situación, especialmente porque por el lado de las víctimas incluso me destacan que, cuando se dirigieron a la Comisión de Derechos Humanos, jamás fueron recibidos y solamente obtuvieron, de parte de dos Senadores y un Diputado , en las respectivas Cámaras, una respuesta muy tenue a los planteamientos que se formulaban.
En esas circunstancias, prefiero abstenerme, porque no quiero dar mi voto ni a favor ni en contra. Insisto en que todavía existe un espacio mejor para resolver el tema, a pesar de que pienso que ya se cuenta con los votos para decidir hoy favorablemente.
Me abstengo.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Por 26 votos contra 15 y 3 abstenciones, se aprueba el artículo 1º, nuevo, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron a favor los señores Ávila, Boeninger, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron en contra los señores Arancibia, Canessa, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, García, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica, Ríos, Stange y Vega.
Se abstuvieron los señores Bombal, Cantero y Cariola.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
¡Silencio, por favor!
¡Pido respeto!
Corresponde analizar las modificaciones introducidas al artículo 2º.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , ¿me permite una cuestión de orden?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
Propongo que, con la misma votación, se acojan las restantes enmiendas de la Cámara de Diputados, que son concordantes con lo que acabamos de aprobar.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala,...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Conforme, señor Presidente . De ese modo se evitan la formación de una Comisión Mixta y un trámite adicional.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.
--Se aprueban en los términos propuestos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sin perjuicio de lo anterior, hago presente que la otra rama del Congreso realizó un cambio en el antiguo artículo 1º, que ha pasado a ser 2º, el cual definía, entre varios tribunales, cuál conoce en un caso determinado. Ello lo suprimió.
Sin embargo, el inciso tercero que aprobó el Senado determina que "El Tribunal resolverá dentro de los treinta días contados desde que se formuló la petición.". Habiéndose suprimido el inciso primero, al cual se hace referencia, la verdad es que la disposición carece de sentido.
En realidad, es discutible, desde un punto de vista reglamentario, hasta dónde podemos incluir algún cambio. Según la Secretaría, ello simplemente no es posible, con la salvedad de dejar una constancia para los efectos de que el Ejecutivo pudiera vetar el proyecto.
Ahora bien, la verdad es que constituye un tema menor. No incide en el texto de la norma. Y quisiera estudiar al respecto la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, porque, de acuerdo con su artículo 30, cuando se cae lo principal, se cae, por consecuencia, lo accesorio. En efecto, el inciso segundo expresa que "El rechazo de una disposición que requiera mayoría especial de aprobación importará también el rechazo de las demás que sean consecuencia de aquélla.".
Quizás, si la Sala autorizara a la Mesa, se podría estudiar la aplicación de ese precepto con miras a la eliminación de la parte que señalé, la cual ha quedado, en realidad, falta de sentido. Me parece que, por racionalidad, se debe mantener una cierta coherencia y lógica interna en el texto.
Si no hay inconvenientes, la Mesa analizará el punto con la Secretaría, para considerar la posibilidad de aplicar la citada norma de la Ley Orgánica Constitucional.
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Creo, señor Presidente , que se debe buscar que la ley cause su efecto y no que no lo haga, como, asimismo, que la Mesa, a través del artículo 30, puede llegar a la interpretación expuesta.
En caso contrario, sería preciso ver de qué manera encontrar una solución. Por último, se podría someter el proyecto a una Comisión Mixta, para materializar el arreglo.
En lo personal, soy partidario del encargo a la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por mi parte, quería dejar planteada la cuestión. Con la autorización de la Sala, estudiaremos una salida conveniente. Y la analizaremos también con la Cámara de Diputados, para ver qué posibilidad se abre.
--Así se acuerda, y queda despachado el proyecto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , en primer lugar, y desde el punto de vista del Ejecutivo , la dificultad surgió porque, en realidad, se trata del único artículo que en la Cámara requería cuatro séptimos para su aprobación. Como no los reunió, el inciso fue rechazado.
Si el camino más directo es que se elimine el último inciso del artículo 2º del proyecto y ello puede hacerlo el Senado, sería ideal. De lo contrario, nos encontramos disponibles para vetar la disposición y nos mantendremos en consulta con la Mesa para tal efecto.
Aprovecho de agradecer, en nombre del Ejecutivo, el despacho de este proyecto de ley, que en su primer momento no fue de su iniciativa, sino de Senadores que se esforzaron mucho por llevarlo adelante y que, finalmente, consiguieron el apoyo suficiente. El Gobierno consideró en su oportunidad que se trataba de un asunto de justicia y, sobre todo, de humanidad. Por eso, lo acogió y lo impulsó.
Creo que todos debemos estar contentos por la forma en que se ha discutido.
Ciertamente, doy las gracias a los 24 señores Senadores de la Concertación y a los dos de Oposición que votaron a favor, porque me parece que han hecho un gran esfuerzo por comprender la situación que viven las personas de que se trata.
Asimismo, agradezco a los señores Senadores que se opusieron o se abstuvieron, por cuanto, sobre la base de consideraciones que estimaron adecuadas, resolvieron de otra manera. Habrán tenido sus razones para ello, las que el Gobierno -lo dije al comienzo de este debate- respeta.
Muchas gracias, señor Presidente.
ESTABLECIMIENTO DE REGALÍA MINERA AD VALÓREM Y CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. REPOSICION DE NORMAS RECHAZADAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el segundo punto del Orden del Día, referente a la insistencia del Presidente de la República , conforme al artículo 65 de la Constitución, en cuanto a reenviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3588-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 3 de agosto de 2004.
Oficio del Ejecutivo adjuntando mensaje, sesión 16ª, en 3 de agosto de 2004.
Discusión:
Sesión 16ª, en 3 de agosto de 2004 (pasa a Comisión de Educación); 18ª, en 4 de agosto de 2004 (problema procedimental).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como sobre esta materia no hay precedente acerca del tiempo que correspondería el uso de la palabra a cada señor Senador, sugiero a la Sala otorgar 10 minutos, sin perjuicio de que después, si hay interés, pueda fundamentarse el voto.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Corresponde discutir la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República , remitida por la Cámara de Diputados, con la que hace aplicación del artículo 65 de la Constitución acerca del proyecto de ley que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad.
Cabe recordar que, en lo atinente a las normas de carácter orgánico constitucional, fue desechado en general por la Cámara Baja, por no reunirse el quórum constitucional exigido. Sin embargo, allí se aprobó el resto del articulado. El Senado, en sesión de 3 de agosto, acordó remitir el proyecto a la Comisión de Educación y a la de Hacienda, en su caso.
El Presidente de la República expresa que el rechazo en general de la iniciativa por la Cámara de Diputados la despojó totalmente de sentido, al romper su carácter de un todo armónico y sistemático entre la parte rechazada y la aprobada. Agrega que el artículo 65 de la Carta Fundamental no distingue si se trata del rechazo del proyecto en su totalidad o de una parte de él, y que tampoco se precisa la oportunidad para ejercer la potestad contenida en dicha norma constitucional.
La aprobación en general del Senado debe contar con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros presentes.
Sus Señorías tienen a la vista el mensaje con que el Presidente de la República inició el proyecto de ley sobre establecimiento de una regalía minera ad valórem y creación de un Fondo de Innovación para la Competitividad; el mensaje con que el Ejecutivo recurre a la aplicación del artículo 65 de la Constitución Política, y, finalmente, el oficio con que la Cámara de Diputados remite dicho documento.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , en lo referente a este proyecto sobre recaudación de las empresas mineras, denominada royalty, quiero señalar la opinión del Gobierno.
En primer término, es convicción del Ejecutivo que la matriz de la normativa posibilita satisfactoriamente la discusión de las diferentes indicaciones y posiciones que sobre ella pudieren manifestarse.
Se ha hecho presente en medios de prensa o por parte de sectores de la Oposición que en este debate se estarían tomando las decisiones definitivas y que comprometerían el destino futuro de este proyecto. A nosotros nos interesa principalmente, y ateniéndonos a los preceptos constitucionales, que exista una habilitación del Senado.
Deseo explicar en forma breve los fundamentos legislativos y constitucionales que avalan la convicción del Gobierno acerca de la necesidad de pronunciarse, aquí y ahora, sobre esta materia.
Para eso, me referiré a la concepción de idea matriz.
Subrayo una vez más que, según tal noción, caben distintas alternativas de solución que permiten un debate sustancial, amplio y democrático en las distintas instancias de ambas ramas del Congreso, en caso de que el proyecto siga en tramitación.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido los siguientes criterios interpretativos acerca del contenido y alcance de las ideas matrices de una iniciativa legal.
En primer lugar, son las que sirven de base o sustentación. Las ideas matrices se han caracterizado como las "que sirven de sustentación, de base (a un proyecto), y en las cuales se apoyan otras ideas pero de carácter secundarias o derivadas". Al respecto, hay bastante literatura e investigación. En este caso particular, el problema que se busca corregir es la gratuidad del aprovechamiento de recursos mineros por parte de los concesionarios. Esto se halla expresado en los párrafos segundo y tercero del Nº 1 del acápite I del mensaje, en los términos siguientes:
"En la actualidad, el concesionario minero aprovecha los recursos no renovables de la minería en forma gratuita, como si se tratase de un bien que no tiene valor económico."
"No cobrar por el uso de un insumo, provoca además, una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento de productos mineros.".
En tal sentido, hay una acepción que incluye la concepción de desequilibrio, injusticia o anomalía en la descripción del problema que nos ocupa.
En segundo término, para el Tribunal Constitucional, las ideas matrices de una iniciativa legal requieren estar conformadas por materias o problemas que una iniciativa busca atender o solucionar. La expresión "idea matriz o fundamental" que emplea la preceptiva constitucional "está constituida por la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal.".
En tal sentido, el mecanismo de corrección que contempla el proyecto del Ejecutivo es genérico: se pretende un cobro que permita al Estado reemplazar la capacidad generadora de ingreso de los recursos mineros. Dicho mecanismo no alude explícita o excluyentemente a la noción de royalty, sino que también establece posibilidades, como tributos -en términos genéricos-, impuestos u otras cargas que pudieran identificarse como elementos de corrección.
Tercero, para identificar las ideas matrices de una iniciativa legal se debe atender a su contenido sustantivo por sobre el formal. En efecto, en la resolución del problema debe estarse siempre más al aspecto sustantivo que al meramente formal de las ideas matrices o fundamentales del proyecto contenidas en el mensaje o la moción y en los preceptos originados en una indicación. De allí que la circunstancia de que haya coincidencia entre unas y otras, en cuanto a los textos legales afectados, constituye un elemento enteramente secundario que por sí solo no permite concluir que, al darse dicha coexistencia, se cumpla con lo preceptuado por el artículo 66 de la Constitución.
Pues bien, puede ocurrir que el mensaje o la moción, por una parte, y determinados artículos nacidos de una indicación, por la otra, modifiquen un mismo cuerpo normativo y, en cambio, no exista relación directa en lo sustantivo entre aquéllos y éstos.
En cuarto lugar, la idea matriz se interpreta con flexibilidad. "En esta materia" -cito una disposición del Tribunal Constitucional, de 26 de julio del 2004- "debe procederse con prudencia y un equilibrio adecuado, pues no por eliminar los llamados 'proyectos misceláneos' debe caerse en el extremo opuesto de rigidizar el sistema, pues en tal caso se corre el riesgo de trastocar todo el régimen formativo de la ley, impidiendo que por la vía de las indicaciones se enriquezca la iniciativa original, propósito básico que deben perseguir los órganos colegisladores en su función primordial de crear normas claras, sistemáticas y coherentes en beneficio de la certeza jurídica".
En tal sentido, el proyecto contempla la posibilidad de que en la tramitación de la ley se generen los espacios necesarios solicitados por parte de sectores de la Oposición -como ya señalé- para incluir indicaciones que estén dentro de una matriz que, colocando como norte o como objetivo superior el aumento de la recaudación proveniente de las empresas mineras, permita distintas alternativas e instrumentos a fin de alcanzar dicho objetivo.
En cuanto al Fondo que se propone crear con los recursos derivados del cobro o aporte que se imponga a los concesionarios mineros, deseo señalar que su concepción está dentro de las ideas matrices del proyecto y que éstas contemplan su finalidad o destino regional. Asimismo, comprenden las proposiciones formuladas por algunos señores Senadores, incluso de la Oposición.
Tal finalidad está expresamente recogida en el párrafo segundo del acápite tercero del mensaje ya citado, al precisar que "El proyecto contiene normas que dan énfasis al impacto regional que este Fondo deberá tener, como también dispone los recursos por lo cuales estará constituido.".
En suma, al Gobierno le interesa en particular que el Senado asuma y acoja la petición que en el mensaje formula el Presidente de la República y en la que invoca el artículo 65 de la Constitución. Nos asiste la convicción de que éste es el espacio democrático institucional adecuado para debatir esta materia.
No nos parece que quepan dilaciones prelegislativas de una, dos o tres semanas. Estamos en condiciones de tomar una decisión. Y el país espera que a la brevedad se adopten resoluciones al respecto. Dichas dilaciones no pueden sino afectar la imagen institucional del Congreso, como también la del clima económico nacional en un momento en que es muy importante que las resoluciones se tomen con celeridad para seguir avanzando en los programas sociales y en la agenda de crecimiento.
El país no entiende que excusas formales sirvan para demorar la instauración de mayor justicia en las obligaciones mínimas que a Chile y a su desarrollo futuro deben las empresas mineras.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , teniendo como marco de fondo la intervención que acaba de realizar el Ministro señor Dockendorff , deseo manifestar que el proyecto que se propone reenviar a la Cámara de Diputados, en aplicación del artículo 65 de la Carta Fundamental, establece un royalty. Por consiguiente, declaro mi apoyo a la medida, por estar de acuerdo con la iniciativa que elaboró el Ejecutivo .
Más allá del problema de las ideas matrices, creo que, en el proyecto que establece el royalty y en el que pone énfasis en una patente, hablamos de "dos animales" bien distintos.
Ahora bien, voy a explicar por qué soy partidario de la iniciativa tal como ha sido sometida a nuestra consideración.
El primer argumento a favor del royalty es que se refiere a un recurso no renovable distinto de otras riquezas naturales. Porque no se trata ni de pesca ni de bosques, que se reproducen o se siembran, sino de minería. Y, sin perjuicio de que el avance tecnológico provoca en el tiempo cambios en las reservas existentes, en el estado actual los recursos mineros no son renovables.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, me parece evidente y razonable que el derecho de explotarlos no sea gratuito. Y de ahí la justificación de aplicar una contribución. Asimismo, todos los países mineros desarrollados, y también las naciones en vías de desarrollo, aplican royalty de envergadura similar o, en algunos casos, superior a la del que aquí se propone.
En tercer término, desde el punto de vista jurídico, la Constitución otorga al Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre los recursos mineros. Se tuvo que crear la figura de la concesión plena, que transfiere derechos, para permitir la explotación de los recursos no minerales por la vía de la concesión. Y entiendo que esa transferencia de derechos, en términos de la lógica del ciudadano común, justifica que se cobre al concesionario una regalía por su adquisición.
Por último, en el número 24º del artículo 19 de la Constitución se dispone que "La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento". Y agrega: "Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación", etcétera.
Entiendo que esta norma abre espacio para la aplicación de un royalty, porque esa carga satisface el interés público a que se alude.
En otro orden de ideas, estoy convencido personalmente de que existe espacio económico para un royalty.
Hace poco tiempo, el señor Ramos , decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expuso en un seminario, de manera muy interesante y documentada, recogiendo estudios de la "Colorado School of Mines", de Estados Unidos, y de otras entidades, acerca de un índice denominado "De atractivo minero". En éste, el atractivo minero de Chile era muy superior al de los demás países -seguido por el Estado de Nevada-, por el conjunto de sus ventajas comparativas, tales como cercanía al puerto, leyes del mineral, red de transporte vial, etcétera.
Y la conclusión de algunos ejercicios de simulación fue que un royalty del tipo del que estamos hablando mantiene a Chile en el primer o segundo lugar con relación a su atractivo minero.
Como complemento de lo anterior, la carga tributaria efectiva que se aplica a la minería en Chile es inferior a la de Australia, Estados Unidos y otros países.
Ahora bien, el proyecto alternativo presentado anoche por la Oposición -por lo que he observado- reconoce que existe espacio para una mayor contribución.
Otro tema importante es que en la economía global debe valorarse la estabilidad de las reglas del juego. Eso me parece claro, pero dicha estabilidad no significa congelamiento, sino que los cambios deben ser moderados, razonables y, naturalmente, no recurrentes (no a cada rato).
Por lo demás, la iniciativa dada a conocer a la opinión pública por la Oposición modifica las reglas del juego, porque plantea un cambio en la invariabilidad tributaria, lo cual implica una alteración de ellas.
Ahora, cuando se aprobaron las reglas del juego, en la década del ochenta, eran adecuadas, porque Chile vivía en un estado de vulnerabilidad muy alto en términos de su endeudamiento, balanza de pagos, situación general, y, además, era en extremo dependiente del cobre. De modo que estábamos en una situación de necesidad de inversión a toda costa.
Sin embargo, el escenario hoy es distinto y, por lo tanto, tales reglas ya no se justifican. En términos más concretos, puede sostenerse que ello implica que, si bien las reglas del juego pueden entenderse perfectamente aplicables a la inversión materializada y al mineral extraído, es inexplicable (dado el enorme cambio producido en la situación de Chile, que hoy día no adolece de aquella vulnerabilidad y muestra una economía sólida) no hacerlo en el caso del mineral no extraído y, ciertamente, en el de la inversión de los 30 mil millones originales, donde deben quedar unos 10 mil millones que no se han materializado.
Luego, entre las reglas del juego está la depreciación acelerada, que es un instrumento no sólo aceptable, sino también conveniente. Ella tiene por objeto permitir la inversión con costos iniciales, sobre todo de exploración, muy altos; sin embargo, no está en el espíritu de la depreciación acelerada el que se puedan remitir utilidades financieras no habiéndolas de carácter tributario; es decir, enviarlas al exterior sin pagar impuestos. Eso tiene que ver con la constitución de las empresas actuales como sociedades contractuales mineras. De modo que lo ideal (y éste es un punto que, entiendo, ha recogido la Oposición en su iniciativa) sería que se convirtieran en sociedades anónimas. En consecuencia, la realidad confirma, no sólo la viabilidad, sino también lo acertado del proyecto del royalty.
Ello se infiere de los siguientes elementos.
Primero, la evaluación de riesgo país. Ésta no sólo no ha variado desde que se inició el debate, hace ya varios meses, sino que en estos días ha alcanzado un nuevo récord: 77 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos.
Segundo, la decisión de inversión, recientemente confirmada por las empresas, lo que significa que el royalty que hemos estado debatiendo no produce una situación de no rentabilidad que amenace esa inversión.
Tercero, el juicio del Fondo Monetario Internacional, el cual, de acuerdo con "La Tercera", dice que puede ayudar a Chile a mejorar el manejo de sus recursos no renovables, aunque, naturalmente, hace la advertencia de que no debe ahuyentarse la inversión extranjera, lo que nuevamente alude a la conveniencia de cambios moderados y racionales.
En ese sentido, el proyecto, que propone un tres por ciento, con descuento parcial de costos -por lo menos de los costos directos-, está en la línea de una iniciativa de royalty perfectamente aceptable y buena. Confieso con franqueza que habría preferido el proyecto original, que en su oportunidad fue descartado porque, al introducir el concepto de rentabilidad y tomar en cuenta todos los costos, parecía una modificación del impuesto a la renta. Y en ese momento desaparecía, naturalmente, de no haber consenso, como un elemento que podría constituirse en un inconveniente jurídico serio.
Sin embargo, al menos por lo que he leído en una entrevista al señor Cristián Larroulet , en el proyecto presentado por la Oposición se habla también de un impuesto a la renta, de 3 por ciento. O sea, hay enmienda tributaria.
De paso, quiero decir que la patente es el peor de todos los sistemas, porque en sí misma no discrimina ni por ley del mineral, ni por su precio, ni por ninguno de los factores que tienen que ver con la rentabilidad. Se aplica por hectárea y, con el pago de la patente, su objetivo es la mantención de las condiciones para seguir explotando una mina.
Por eso es que para mí, francamente, el concepto de patente no es...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se ha agotado el tiempo de Su Señoría.
El señor BOENINGER.-
Para terminar, señor Presidente , sólo agregaré que, en mi opinión, hoy día hay consenso en cuanto a que existe espacio y acuerdo para aplicar una mayor carga a las empresas, una mayor contribución en favor del Estado, y a que es posible modificar las reglas del juego conforme a la realidad actual.
Pienso que este nuevo cuadro viene a generar una dinámica que puede hacer variar las actitudes y posturas de todos los actores, facilitando, cuando sea legalmente posible, la aprobación de un buen proyecto de royalty del tipo que hemos estado analizando, en lo que respecta tanto a la modalidad del cobro y la mayor contribución como al uso a que tales recursos debieran destinarse.
Por eso, apoyo absolutamente el Fondo de Innovación, porque creo que la innovación tecnológica es lo que precisamente justifica que las generaciones futuras obtengan la compensación por el empleo de los recursos no renovables del país.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , en forma muy breve, antes de ir al fondo del asunto (lo que probablemente haré más tarde) y complementando las palabras del Ministro señor Dockendorff , quiero exponer la opinión del Ejecutivo sobre el carácter de esta sesión.
Nosotros entendemos -cito al respecto palabras del Presidente de la Corporación- que ésta es una sesión habilitante; esto es, que, en caso de contarse con los votos necesarios, se habilita para que el proyecto sobre regalía minera y Fondo de Innovación sea discutido por el Parlamento.
Tal como nos expresaron el señor Presidente del Senado y el señor Secretario , la aprobación en particular de la regalía minera requeriría cumplir, al menos, tres requisitos: votación en general y en particular en la Cámara de Diputados; en general y en particular también en el Senado, y quórum de cuatro séptimos de los Parlamentarios.
Seguidamente, más allá de su convicción de que la fórmula para compensar en forma adecuada al país y al patrimonio público por el deterioro del mineral no renovable está en el concepto de regalía minera, el Ejecutivo ha expresado que no hará uso estricto de su facultad constitucional de iniciativa exclusiva y está disponible para patrocinar otras iniciativas que apunten a una mayor contribución de las compañías mineras. Ello incluye, entre otras cosas, la fórmula de una patente, más allá de estar o no de acuerdo con ella. Simplemente, arbitrará su patrocinio para efectos de que tal fórmula pueda ser discutida y votada.
Por las palabras del Ministro señor Dockendorff, es opinión del Gobierno que no cabe duda alguna de que tal cobro o patente se armoniza con el mensaje del proyecto, por lo que es perfectamente discutible e integrable a éste.
En suma, señor Presidente , creo que no tenemos otra discusión hoy día (es nuestro parecer), tanto si esta Corporación ve mérito como si no lo ve en discutir la fórmula del Gobierno u otras alternativas para que la gran minería del cobre aumente, entre otras cosas, la contribución al desarrollo del país.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Efectivamente, la cita que el señor Ministro ha hecho de las palabras del Presidente del Senado va en la dirección que él señaló, en el sentido de que ésta es una instancia habilitante y no constituye un segundo trámite constitucional. El proyecto, de ser aprobado, volverá a la Cámara de Diputados para continuar su primer trámite.
En la Sala hay quienes sostienen que debe retornarse a la discusión general, lo que ya ha ocurrido en el pasado; otros, como el que habla, piensan que ello no es necesario. Pero el proyecto, de todas maneras, tiene que ser aprobado en particular por la Sala de la Cámara, y luego, en el trámite correspondiente, en el Senado.
Sin embargo, he manifestado una diferencia en lo que atañe a la aprobación, dentro de esta iniciativa, de otras alternativas, por cuanto la idea matriz, me parece, está circunscrita, aspecto que podría prestarse a discusión.
Lo connoto sólo para dejar claro el punto en cuestión.
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , entro a participar en este debate con la autoridad que me da el hecho de haberlo propuesto durante los últimos catorce años en el Senado, después de exponerlo en más de sesenta intervenciones, solitarias, en esta Sala; de haber escrito cuatro libros sobre la materia, de haber estudiado muy seria y responsablemente este gran proyecto para Chile; de aprender y de asesorarme con diversos economistas, tributaristas y abogados; de golpear toda clase de puertas, y de acudir a las sedes de todos los partidos políticos, incluida la UDI, que me invitó a exponer y que me recibió con su directiva, Parlamentarios y comisiones técnicas, lo que agradezco públicamente. También doy gracias a mi partido, el cual me ha dado su respaldo para seguir luchando por esta causa.
Por eso, me siento con la fortaleza suficiente para expresar, sin soberbia, mi posición.
Deseo agradecer igualmente al Senado, que permitió constituir una Comisión Especial para analizar la tributación de la gran minería. La idea fue aprobada por unanimidad.
De la misma manera, expreso mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Minería y a su actual Presidente , Honorable señor Prokurica , como asimismo al Diputado señor Carlos Vilches , quien me acompañó a lo largo del país en innumerables campañas para motivar a la ciudadanía sobre la materia.
Estoy agradecido de que el Gobierno haya enviado al Parlamento su proyecto a fin de que sea discutido. En este momento hay tres iniciativas sobre royalty: una relativa a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, radicada en la Cámara de Diputados; otra, presentada por mí, junto con los Senadores señora Frei y Ricardo Núñez , la cual se encuentra en poder del Gobierno, y una tercera, cuyo autor -por qué no decirlo- es el señor Joaquín Lavín .
Al respecto, deseo hacer una salvedad previa: en economía y en cada uno de los 170 países que lo aplican, el royalty no constituye un impuesto, sino un precio que se paga al dueño de algo. Chile, de acuerdo con las Constituciones de 1925 y de 1980, es propietario patrimonial del cobre. El Estado cobra a los privados por explotar el mineral que le pertenece. Es un precio, suficientemente acreditado en las teorías económicas.
Dicho lo anterior, deseo señalar que las ideas del señor Lavín no se contraponen al proyecto sobre royalty. Si allegan más recursos, estoy dispuesto a estudiarlas a fondo y, de ser necesario, a aprobarlas, sin perjuicio de que sigamos analizando el royalty real y verdadero -lo quiero enfatizar-, tal como se aplica en los países mineros, sin dar ventajas a las empresas extranjeras y manteniendo una verdadera competitividad.
En materia de renta minera, en un estudio elaborado, no por un organismo chileno, sino por la Universidad de Harvard -con detalles de precios, cantidades y costos, por cierto-, se puede advertir que Chile, en el período comprendido entre 1980 y 2002, ha perdido por tal concepto 23 mil 217 millones de dólares, con un promedio anual de 1.160 millones de la misma moneda. Desde 1990 -año en que asume el Gobierno de la Concertación- a 2002, el erario chileno ha dejado de recibir 15 mil 987 millones de dólares, a razón de 1.598 millones de promedio anual.
¿Qué dicen a este respecto las teorías económicas desde David Ricardo ? Los factores productivos son cuatro: el capital, el trabajo, los tributos y la renta minera o ricardiana. Nadie podría producir sin pagar a los trabajadores y sin tener capital suficiente. Y nadie podría transformar algo sin obtener del dueño su autorización para hacerlo. De manera tal que no se quiera confundir, por ningún motivo, el royalty con un impuesto más. Así lo aseguran, no solamente los extraordinarios estudios que presentaron en la Cámara de Diputados el prestigioso constitucionalista señor Alfonso Lazo y el abogado don Sergio Hernández , sino también la historia constitucional y la génesis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
Además, la Junta militar rechazó lo que hoy se trata de esgrimir: que el Estado es dueño eminente del cobre. Pero no sólo lo rechazó: lo repudió -con esas palabras: "lo repudió"- y, en seguida, lo envió al Tribunal Constitucional, para que ratificara, de una vez y para siempre, que el metal rojo es patrimonio absoluto de los chilenos, del Estado de Chile.
Si el Senado aprueba este proyecto, estamos dispuestos a estudiar lo que resulte mejor para el destino nacional. Personalmente, me comprometo a que las ideas de don Joaquín Lavín tengan la habilitación suficiente en la Comisión de Minería, junto con las expuestas por el Gobierno, para que podamos optar por lo más conveniente.
Espero que los señores Senadores tengan la confianza suficiente y no mantengan con soberbia su propio estudio, para abrir paso a los intereses nacionales y analizar la mejor propuesta, sin destruir esta extraordinaria riqueza que es nuestro cobre.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Por favor! Ruego a los asistentes seguir el debate en silencio. Están prohibidas las manifestaciones. Les pido que nos ayuden a tener una discusión con altura, como merece un tema de esta trascendencia.
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , nuestro país, sobre todo en lo que atañe a legislación minera, está regido por una normativa anacrónica, surgida en el contexto de una dictadura que alcanzó repudio universal por las violaciones a los derechos humanos. En ese momento, como una regenta, ofreció nuestras minas a precio vil.
Dos normativas son emblemáticas en relación con lo que manifiesto. En primer lugar, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que otorga al concesionario más garantías que la propiedad misma. Amarra al Estado de una manera que resulta incomprensible a la luz de lo que se estila actualmente en el mundo. Y, en segundo término, el decreto ley Nº 600, de 1974, que concede a los inversionistas un conjunto de beneficios que, de verdad, hoy son indignos e impropios de un país que se considera soberano.
Aun así, frente a todas esas incongruencias, algunos sectores pretenden que el proyecto sobre el royalty es inconstitucional.
Al respecto, cabe recordar que el Estado -como lo señala claramente nuestra Carta Fundamental- tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
El Tribunal Constitucional, instancia que recurrentemente es esgrimida como amenaza cuando se presenta una iniciativa que hiere ciertos intereses, al hacer referencia a la duración indefinida de la concesión minera de explotación, resolvió que ella "no implica, en caso alguno, transferencia por parte del Estado de su dominio sobre las respectivas minas".
Hay que dejar claramente establecido aquí que la concesión en modo alguno significa tener la propiedad del mineral, pues tan sólo importa la facultad de extraerlo.
De paso, quiero referirme a otro aspecto que se ha sacado a colación al tenor del debate llevado a cabo.
Se dice que la regalía minera -o sea, el royalty- es un tributo. La verdad es que juristas serios, responsables, de peso -no aquellos que emiten informes tarifados al gusto de las grandes mineras-, han señalado que éste es únicamente el pago compensatorio por la apropiación de un bien que es propiedad del Estado.
Sobre el particular se expresa: "Por ser la sustancia minera un bien natural no renovable y estar, además, comprendida dentro del haber del Estado, ninguna circunstancia justifica que sea traspasada gratuitamente al patrimonio de un particular, esto es, al concesionario minero, sin que su dueño, la nación toda, sea debidamente compensada.".
En seguida, dicho Tribunal agrega: "Aceptar el traspaso gratuito equivale a entregar un subsidio estatal que, entre otros efectos negativos, produce un incentivo a la sobreexplotación de la riqueza minera.".
"La regalía minera" -añade- "claramente no constituye un tributo, sino que importa el pago compensatorio"- como lo he expresado- "por la apropiación de un bien que es propiedad del Estado.".
Ayer pudimos conocer finalmente el anunciado proyecto del señor Lavín . Durante varias semanas asistimos a un sainete tragicómico donde el Alcalde de Santiago , cada vez que era requerido, señalaba que sus técnicos estaban listos para ir a discutir esta materia al despacho del señor Ministro de Hacienda . Felizmente, este último no cayó en la trampa absurda de iniciar una discusión en esos términos.
En realidad, el país merece mayor respeto. Sin duda, no tenían nada preparado. Como se dice en el lenguaje popular, la propuesta "los pilló en pelotas" y, naturalmente, no supieron cómo reaccionar de manera seria y digna. Se tuvieron que dar el plazo adecuado para preparar unas cuantas ideas que, por cierto, no se pareciesen en nada a las originales del Ejecutivo. Necesariamente, tenían que ser distintas, para que así alguien percibiera que son "novedosos", que representan "el cambio", como sostienen.
En fin, el anunciado cuento del lobo se produjo. ¿Y en qué quedamos al final? Después de despejar toda la retórica demagógica, queda por concluir que a la postre debieron reconocer el hecho de que las grandes empresas mineras están pagando una miseria y deben aportar más al Estado chileno.
Pues bien, no sé cual será el destino de la votación de hoy, pero una cosa queda clara -y se los digo con todo respeto-: ustedes, con esta posición, están forzando al Estado a traicionar su misión ética, que es la de defender los intereses generales.
¡De una vez por todas, despréndanse de los intereses pequeños y mezquinos de las grandes transnacionales; envuélvanse en la bandera nacional, pero no para la proclama patriotera, sino para defender efectivamente los intereses del país!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Por favor, silencio!
No deseo pedirles nuevamente que mantengan el orden. Tratemos de dignificar la labor del Parlamento. Y ustedes nos pueden ayudar. Aquí no queremos pugilatos, interrupciones, insultos, ni ningún tipo de expresión que nos desvíe de nuestra tarea de legislar. Si eso ocurre, me veré obligado a ordenar el desalojo de las tribunas.
Les solicito guardar silencio y respetar a todos los oradores.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , es muy penoso llegar a la discusión de un proyecto de ley tan importante como éste cuando ha sido precedido por una campaña de mentiras y de cifras engañosas, liderada por el Presidente de la República , buscando imponer como imagen de las empresas mineras en Chile la de una tropa de ladrones que se dedica a evadir impuestos.
El señor NÚÑEZ .-
¿Dijo eso Su Excelencia?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Senador Núñez , ¡por favor!
La señora MATTHEI.-
Me produjo desazón escuchar al Presidente Lagos sostener -creo que todos lo oyeron- que las empresas mineras pagan menos impuestos que la señora Juanita.
Ése es un engaño descarado. Y me da pena que esto suceda en Chile, por el futuro del país, sobre todo porque lo dijo el Primer Mandatario.
En verdad, el año pasado las empresas mineras privadas pagaron 250 millones de dólares en impuestos. Y todos, incluyendo el Gobierno, sabíamos que este año se incrementaría ese monto debido a la extinción de un recurso legal, cual es el de la depreciación acelerada. En efecto, en 2004 dichas empresas pagarán 800 millones por tal concepto, y el próximo año, más de mil millones.
El señor ÁVILA .-
¡Pobrecitas...!
La señora MATTHEI.-
Si se considera que el Presupuesto de la Nación es de aproximadamente 19 mil millones de dólares, mil millones no deja de ser una cifra significativa.
Por lo tanto, con el aumento de ingresos por tributación, lo cual era totalmente predecible -lo habían manifestado varios técnicos en diversos medios de comunicación-, el Gobierno cuenta con dinero más que suficiente este año para financiar el Fondo de Investigación Científica.
Por su parte, respecto a la propuesta de Joaquín Lavín, ayer se nos dieron a conocer mapas de los pedimentos mineros de la Primera a la Cuarta Regiones -eso no se improvisa en una tarde; el Gobierno demoró varios meses en elaborar su proposición, por lo que no es un pecado el que a Lavín le haya tomado un par de semanas-, y nos preocupó muchísimo el hecho de que prácticamente todos los terrenos se hallan entregados en concesiones mineras y haya muy poca explotación.
Nos hemos dado cuenta de que enormes compañías que explotan una mina, por ejemplo, disponen de un territorio de mil hectáreas pedidas. Sin embargo, la protegen con peticiones de concesiones sobre grandes superficies aledañas que no explotan ni permiten que otros lo hagan. Probablemente, esto tiene su origen en que la patente minera, si bien es onerosa para el bolsillo de los pequeños y medianos mineros, en absoluto lo es para las grandes empresas del rubro.
Por eso, nuestra propuesta de elevar el valor de las patentes mineras en forma progresiva -es decir, mientras más extensión tenga el territorio, mayor será la tasa- cumple un doble propósito. En primer lugar, aportará 42 millones de dólares anuales, pero no a los fondos generales de la nación, pues 50 por ciento será destinado a las comunas donde se ubican las minas y el resto irá al Fondo Común Municipal, a fin de beneficiar también a las demás comunas del país.
La proposición tiene un segundo efecto, para nosotros muy importante: evitar que unas pocas grandes mineras obtengan todas las concesiones en Chile, porque ellas se encuentran en condiciones de pagar esas patentes -y lo están haciendo-, pero no explotan las minas ni permiten que otros lo hagan. Por eso, la propuesta de Lavín pretende que dicho aumento se aplique solamente a los pedimentos de más de 5 mil hectáreas declaradas, lo cual nos parece una estupenda solución.
En segundo término, consideramos de gran importancia que las empresas mineras tengan una alianza estratégica con las comunidades locales. Muchas de éstas ven el desarrollo de la actividad minera como una molestia. Es cierto que se dan algunos empleos, pero no demasiados. La minería no se caracteriza por ser intensiva en generar ocupación. Por el contrario, las ciudades y los pueblos tienen a veces problemas con los embalses de relaves, con el polvo, con los ruidos molestos, etcétera. De manera que estimamos razonable que 50 por ciento de los recursos obtenidos mediante el pago de esas patentes vaya a la comunidad donde se encuentra la mina.
Ahora bien, en nuestro proyecto hemos permitido que las empresas opten entre pagar esa patente minera directamente y hacer donaciones destinadas a establecimientos educacionales, a fondos de créditos o becas para educación superior y a planes de erradicación de la extrema pobreza. Es decir, pueden entregar esos dineros a la comunidad o a dichos programas.
¿Por qué se ha propuesto eso? Porque, efectivamente, en algún minuto puede acabarse el cobre. Pero también nos puede suceder algo mucho peor: que su precio descienda al suelo, como pasó con el salitre, y, en el fondo, la gente no tenga otra opción de trabajo. Y un elemento no renovable, como es el producto de la minería, debiera reemplazarse por el capital más importante de todos: el capital humano. A nuestro juicio, la educación que se imparte a los jóvenes y niños en esas Regiones, donde prácticamente no hay otra alternativa de empleo, debiera ser la mejor, para que puedan moverse dentro del país y acceder a los trabajos más destacados.
Por otro lado, además del alza de la patente minera, se ha propuesto una serie de medidas.
Primero, que las empresas de la gran minería se constituyan en sociedades anónimas o se sometan a las obligaciones de información pública aplicables a éstas. Esto, con el objeto de que nunca más se repita, por ejemplo, lo sucedido con la minera Disputada de Las Condes, donde nadie sabía si no pagaba impuestos por razones valederas o por artimañas. Pretendemos que toda la información sea pública, es decir, dada a conocer una vez al año y con FECUS abiertas cada tres meses.
Segundo, queremos perfeccionar la reforma de Mercado Capitales II, que ya está en el Senado, para promover la colocación de acciones de primera emisión de las empresas mineras en la Bolsa de Comercio nacional. Nosotros somos partidarios de que se abran a la Bolsa y se coloquen algunas acciones, por ejemplo, para que las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros y las personas naturales también puedan invertir, lo cual, efectivamente, con la ley de OPAS, es una gran oportunidad para controlar lo que sucede al interior de tales empresas.
Tercero, nos parece que el instrumento de invariabilidad tributaria actualmente en vigor está obsoleto. ¿Por qué? Porque las empresas optan por la tasa del 42 por ciento para obtener la invariabilidad tributaria. Es decir, mantienen en general dicha tasa mientras no obtienen utilidades; pero cuando empiezan a generarlas, inmediatamente se cambian a la de 35 por ciento, con lo cual han comprado una invariabilidad tributaria que no les ha costado nada.
Por ese motivo, proponemos reemplazar lo anterior por un mecanismo distinto, al que se puedan acoger sólo los inversionistas que se transformen en sociedades anónimas abiertas o que se sometan a las obligaciones de informar, los cuales, además, deberán renunciar a los beneficios del artículo 11 bis del decreto ley Nº 600 y someterse a las reglas generales de tributación sobre retiros establecidos a partir de 2001. Y al renunciar a estos privilegios podrán optar, por una vez, a un régimen de invariabilidad tributaria no renunciable. Esto último tiene por finalidad impedir que se utilice la treta de acogerse a una tasa más alta de tributación, pero que no se paga, porque cuando empiezan a hacerlo se bajan a la de 35 por ciento. De modo que se podría optar por una tasa de 38 por ciento, con un compromiso de invariabilidad no renunciable, o por una de 35 por ciento, donde se someten a cualquier cambio que haya en la tributación en Chile.
A nuestro juicio, muchas empresas se someterían a esa razonable tasa del 38 por ciento, lo cual permitiría al Fisco recaudar anualmente 85 millones de dólares adicionales.
Por lo tanto, entre el incremento de las patentes mineras, que rinde 42 millones de dólares, y esta nueva invariabilidad tributaria -donde no nos harían lesos como país y que igual permitiría a los inversionistas obtener una ganancia, porque podrían acceder a una invariabilidad real-, sumamos 127 millones de dólares, que claramente son más...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Su tiempo, señora Senadora .
La señora MATTHEI.-
...que los 100 millones propuestos por el Gobierno con el proyecto del royalty.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , hoy día tenemos que resolver un asunto simple, que dice relación a si el Senado va a habilitar o no la continuación del debate sobre la regalía minera.
Yo espero, sobre todo después de haber escuchado a la Honorable señora Matthei , que los Senadores de Oposición voten a favor. Porque nadie entendería, luego de las últimas palabras pronunciadas por la Derecha, que ésta se opusiera a que siguiéramos el debate, toda vez que -y aquí concuerdo con el Honorable señor Lavandero - ha habido un período muy largo de discusión, en el que participaron muchos chilenos y chilenas, y por la Cámara Alta, fundamentalmente los colegas más vinculados al tema -los Senadores señora Frei y señores Lavandero y Núñez -, donde se ha llegado al consenso de que la minería, en particular la del cobre, aporta muy escasamente al desarrollo nacional.
En relación con esta materia, hoy día existe un acuerdo bastante grande. Incluso, la Derecha pretende competir con la Concertación en cuanto a quién propone mayores exacciones a la minería.
A mí me parece una muy buena discusión.
La señora MATTHEI .-
¡Creo que no entendió mucho!
El señor GAZMURI.-
Y, en ese sentido, votar en contra hoy día -porque eso es lo que al final resolveremos-, desde el punto de vista de la iniciativa, sería desdecir todas las afirmaciones generales que se han hecho.
No voy a referirme extensamente al royalty, porque ya se ha argumentado al respecto. Pero, sí, quiero señalar una cuestión muy elemental. Nadie discute que las minas son de dominio absoluto del Estado; nadie puede discutir que los minerales tienen un valor, y nadie puede discutir que hoy ese valor se entrega gratis a las empresas de la minería.
No veo razón alguna para estar en contra del royalty. Debatamos después lo relativo a las patentes mineras. Ése es otro asunto. Díganme por qué un bien que tiene valor debe entregarse gratuitamente. ¡Una razón!
No escucho ninguna. Hoy día niegan las dos razones que se daban hasta ayer. La primera de ellas es que esto cambiaba las reglas del juego. Y resulta que hoy nos proponen cambiarlas en cuanto al tema de las patentes mineras y el impuesto a la renta. O sea, nosotros atentamos contra el país cuando cambiamos las reglas del juego; cuando ellos las cambian, no, y en un punto más sensible, como es el impuesto a la renta. Esto lo vienen proponiendo ellos.
Discutamos esa materia también. Estamos abiertos a debatir sobre aumentos al impuesto a la renta. ¡Pero no nos digan que aquí estamos alterando las reglas del juego!
¡Se cayó ese argumento!
El segundo argumento dice relación a que la iniciativa iba a constituir un impedimento a la inversión extranjera. Y el mismo señor Lavín , en este "papelito" que entregaron ayer, que todavía no es un proyecto de ley, señala que además vamos a tener más recursos, por arte de birlibirloque, provenientes de todas las nuevas inversiones que están acordadas ya en Chile: 6 mil millones de dólares (tranque de relave en Antofagasta, expansión de Los Pelambres, Esperanza, Escondida norte, Pascua Lama , etcétera).
Entonces, resulta que ayer íbamos a afectar la inversión minera y hoy día vamos a recaudar 120 millones más por estas nuevas inversiones mineras.
Señores Senadores, se les han caído todos los argumentos. Las dos razones que dieron las han terminado desmintiendo ustedes mismos. Y por eso el país asiste con interés a este debate.
La proposición de Lavín tiene un aspecto interesante, admite algo evidente -y considero bueno para Chile que la Derecha lo diga-: ¡que la gran minería del cobre tributa poco! Eso no lo decían hasta ayer. Me parece bien que lo digan hoy día...
La señora MATTHEI .-
No lo hemos dicho.
El señor GAZMURI.-
...porque eso le hace bien a Chile.
A mi juicio, la regalía es indiscutible. Porque, de nuevo, no encuentro ningún argumento que convenza a un chileno de que es necesario, para que haya explotación minera en nuestro país, subsidiar a la gran minería del cobre. Porque eso es no tener regalía. ¡Es como si les pagáramos las cuentas de electricidad para que funcionaran las fundiciones!
Yo no estoy, en general, en contra de los subsidios; menos desde estas bancas. Creemos que hay que subsidiar muchas cosas en nuestro país: a los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas; a los pobladores que no pueden construir sus casas; a las Regiones que no pueden salir de situaciones extremas de atraso; a la ciencia y a la tecnología, porque estamos muy atrás en esas materias. Pero subsidiar a una industria floreciente carece de todo sentido.
¡Entonces, digan por qué la quieren subsidiar y no busquen artimañas!
Por otra parte, la patente minera no va al punto en discusión, porque es un instrumento que sirve para otra cosa: es un estímulo para que el concesionario explote los minerales. Si se informaron ayer de que este estímulo es insuficiente -como dijo la Senadora señora Matthei - porque hay muchas grandes empresas que tienen la concesión y no la explotan por razones...
La señora MATTHEI .-
¿Y ustedes no se habían informado?
El señor GAZMURI.-
Pero Su Señoría se informó ayer. Nosotros no hemos propuesto el tema de las patentes mineras. Si quieren, subámoslas. Ello no va contra el royalty. Porque si aumentáramos el valor de las patentes, seguiríamos subsidiando el valor del mineral que las empresas mineras explotan, no el del que no explotan. Debemos cobrar por lo que se explota; porque eso se hace en todo el mundo. Lo otro constituye un regalo que no tiene sentido. A lo mejor -como se ha dicho aquí- lo tuvo en un momento histórico, cuando nadie venía a invertir al país. Pero hoy día se nos otorga la condición de primera o segunda prioridad de las economías emergentes para invertir.
Entonces, no tenemos que regalar la nación para que vengan inversionistas extranjeros, sobre todo en minería, donde contamos con las reservas más grandes y de mejor ley del mundo; con un país estable; con un capital humano en minería que ya quisieran muchas naciones; con técnicos, profesionales, obreros y trabajadores en minas a tajo abierto y también a cientos de metros bajo la superficie.
¡Por eso vienen a invertir acá! ¡Y además, sin royalty..!
Por lo tanto, aprobemos hoy el royalty. Porque lo otro es votar el subsidio a la gran minería. Y las propuestas de Sus Señorías sobre las patentes mineras, impuesto a la renta, invariabilidad tributaria, discutámoslas también, en este contexto o en otro. Pero no hagamos la finta de querer aparecer a favor de una mayor contribución minera pero votando de manera de impedir su consecución legislativa.
Eso es lo que debemos resolver hoy.
Yo invito a la Oposición a que efectivamente vote a favor. Porque al final del día, cuando terminen todos los discursos, va a haber un resultado: si reunimos los dos tercios que se requieren para seguir este debate -que la nación apoya- en la Cámara de Diputados.
Y si ustedes, señores Senadores, votan en contra, todas las palabras serán incapaces de negar el hecho de que no prestaron su concurso a una discusión legislativa que el país necesita y que la inmensa mayoría de la opinión pública demanda.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
No pretendo cansar a Sus Señorías, pero me parece que el tema reviste tanta relevancia como para pedir su paciencia.
Señor Presidente , ante todo, deseo -porque ésta es una instancia formal- dejar consignado en la historia fidedigna de la ley -que en términos legales equivale a un compromiso formal-, sin lugar a ambigüedades, que el Gobierno patrocinará las indicaciones presentadas durante el proceso legislativo que apunten a aumentar la contribución de las compañías mineras y que obviamente, dado lo que el mismo señor Presidente del Senado planteó, estén en el espíritu del mensaje, porque de lo contrario ello resultaría inoficioso, toda vez que no sería constitucional.
Es el caso de las patentes. Podemos concordar respecto de la inconveniencia de una patente muy reducida para grandes extensiones, pero nuestro cálculo respecto del rendimiento es muy distinto, lo cual, por supuesto, será posible cotejar en el transcurso de la discusión legislativa.
Nos parece, como lo hemos venido señalando desde hace exactamente 8 años, que el tratamiento tributario de la minería en función de las llamadas "sociedades contractuales mineras" -que no son más que sociedades anónimas internacionales que se transforman en sociedades contractuales mineras sólo para efectos tributarios dentro de nuestro país- es, sin duda, un aspecto muy importante. Y nos alegra mucho que en la propuesta recibida de parte de la Oposición se halle zanjado. Coincidimos por completo con ese punto de vista. Sin embargo, resulta evidente que se trata de algo que escapa al mensaje que originó este proyecto, por lo cual tendría que ser objeto de un acuerdo para una iniciativa de ley adicional.
Nos parece interesante, también, el argumento que se ha expuesto sobre el seguro de invariabilidad, toda vez que, efectivamente -y no he sido yo, en esta ocasión, el que ha usado palabras como "treta", "resquicio" (no fue con exactitud este término, sino uno similar),...
El señor OMINAMI .-
Artimaña.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
..."artimaña"-, el diseño de la invariabilidad ofrece hoy la factibilidad de obtener un seguro a cero costo.
También consideramos muy interesante la posibilidad de que nuestros fondos de pensiones adquieran acciones de esas compañías.
Para eso está el Congreso; para eso está el Ejecutivo. Y son temas, sin duda alguna, de relevancia pública.
Empero, es mi labor -insisto, sin ánimo de cansar a los señores Senadores- dar una idea de por qué creemos apropiado legislar sobre el punto, con el fin de que esta Corporación pueda entregar la habilitación respectiva.
La importancia de los contratos
Ante todo, señor Presidente , tenemos la absoluta convicción de que el pleno respeto a los contratos es una característica fundamental del orden jurídico vigente y una condición necesaria para el desarrollo de relaciones de confianza entre los agentes económicos y entre éstos y el Estado.
Desde la perspectiva económica, como lo demostró el Premio Nobel señor Douglas North , el cumplimiento de los contratos es un elemento central para el funcionamiento adecuado de una economía de mercado moderna. No hay economías de mercado exitosas sin escrupuloso respeto a los contratos.
Por eso -lo digo para que todos estemos bien informados-, cuando hemos efectuado cambios a las normas legales que afectan las cláusulas estipuladas en contratos existentes entre el Estado y particulares, éstas han sido estrictamente respetadas y reconocidas como intangibles, tal cual hemos reclamado en el caso de nuestros tratados internacionales. Ello, con independencia de que el contrato haya sido suscrito por este Gobierno u otros.
Un ejemplo concreto, que todos conocemos, es el de la ley dictada para luchar contra la evasión y la elusión tributarias. Según se ha explicado en esta Sala, no obstante que la Ley de la Renta fue modificada para las sociedades contractuales mineras, los cambios no se han aplicado para aquellas que consagraron la invariabilidad en función del D.L. Nº 600, que es un contrato.
Marco legal e instituciones democráticas
A pesar de lo anterior -y, realmente, no entendemos por qué-, en el debate habido a través de los medios de comunicación durante las últimas semanas se ha sostenido que hay un cambio en las reglas del juego, haciendo aparecer que, producto de contratos suscritos por el Estado, éste se encontraría imposibilitado de efectuar modificaciones al marco o entorno legal que gobierna a la nación, y en el caso que nos trae esta tarde al Senado, a la actividad minera.
Nadie en este Hemiciclo puede acusar al actual Gobierno de no haber respetado un contrato suscrito por el Estado de Chile. Pero la vigencia de los contratos y el respeto a ellos no habilitan para exigir que el Ejecutivo y el Congreso abdiquen a priori de su facultad soberana de modificar el entorno legal con arreglo a la Constitución y la ley.
Esta interpretación del arreglo constitucional y legal que rige en el país es patentemente absurda. No cabe duda de que las leyes deben cambiar a medida que las condiciones materiales y espirituales de la nación evolucionan y cuando se requieren nuevas legislaciones para aumentar el bienestar de la población, con pleno respeto, ciertamente, a los derechos adquiridos por terceros mediante contratos.
La Carta Fundamental define procedimientos no arbitrarios para reformar el entorno legal. Las normas de institucionalidad democrática son las verdaderas "reglas del juego", a las que se someten todos los agentes, públicos y privados, que participan en nuestra vida económica. Si no fuera así, las naciones del mundo todavía tendrían leyes de la Edad Media; Chile jamás habría sido independiente; la esclavitud permanecería vigente en nuestro país, y no existiría el derecho al sufragio universal.
Por tanto, cambiar el marco legal no sólo es una necesidad del progreso humano: es también una obligación ética de los gobernantes.
En cuanto a los contratos mineros amparados por el D.L. Nº 600, las obligaciones del Estado en materia tributaria se limitan -¡escúchese bien!: "se limitan"- a garantizar una tasa máxima de impuesto a la renta; y para las inversiones acogidas al artículo 11 bis, la invariabilidad en la aplicación de los mecanismos de depreciación de activos, arrastre de pérdidas y tratamiento de gastos de organización y puesta en marcha. Cualquiera puede constatarlo simplemente leyendo el decreto.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, en 1980, ha habido en el entorno legal múltiples modificaciones que afectan a la minería y que no han sido objeto de disputa. La mayoría de ellas han favorecido -¡escúchese bien!- a los inversionistas.
Señalaré dos casos concretos.
1.- Desde la crisis de los 80 y hasta mediados de los 90, prevaleció en Chile un régimen de tipos de cambio múltiples, bajo el cual los exportadores (incluidas las empresas mineras) estaban obligados a liquidar sus divisas en el Banco Central al tipo de cambio oficial, mientras en forma paralela existía un tipo de cambio "libre" significativamente más favorable. La brecha entre ambos tipos de cambio desde 1985 a 1990 fue de 10 por ciento en promedio.
Todos los organismos multilaterales y la legislación económica internacional reconocen en los tipos de cambio múltiples un equivalente a un impuesto a las exportaciones; en el caso que nos ocupa, a un impuesto a la minería que alcanzaba a 10 por ciento.
Pues bien, durante el período democrático, los mercados cambiarios se unificaron y se eliminó -¡se eliminó!- ese impuesto, favoreciéndose a todos los inversionistas, particularmente a los del sector minero. En esa oportunidad no hubo reclamo por cambio en las reglas del juego.
2.- Lo mismo ocurrió con la prohibición existente en los años 80 y parte de los 90 respecto de la posibilidad de los inversionistas extranjeros de acceder a fondos en el mercado doméstico. Tal instancia, que se hallaba prohibida, fue permitida en 1995 mediante la modificación de la ley de entorno, que no suscitó ningún reclamo por parte de aquéllos.
En suma, durante los últimos 15 años se han registrado diversos cambios. Todo ellos fueron posibles porque se hicieron con estricto apego a la Constitución; a las leyes, dentro del marco normativo, y a los contratos vigentes. Ninguna de las modificaciones afectó a dichos contratos y, por consiguiente, ellas fueron perfectamente legales.
Tratamiento tributario preferencial, patrimonio nacional y eficiencia económica
En el Gobierno, hemos sostenido de manera repetida que las empresas mineras que operan al amparo del D.L. Nº 600 disfrutan de un tratamiento tributario más favorable que el resto de la actividad económica. Éste es un hecho indiscutible, como se ha destacado en esta Sala. Incluso, quien fuera autor de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras calificó recientemente el tratamiento tributario a las mineras como -cito- "una inequidad y un privilegio insostenible".
El actual Gobierno está consciente de que ese régimen impositivo diferenciado redunda en una mala asignación de recursos, pero ha respetado de modo riguroso los contratos leyes existentes.
A mayor abundamiento, no debemos olvidar que los privilegios de que gozan las empresas mineras, por desgracia, no se limitan al ámbito tributario. Es por todos sabido -y así se ha destacado en esta sesión- que la minería, a diferencia del resto de las actividades, extrae un recurso no renovable, y que la Constitución otorga al Estado "el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" del subsuelo.
Por tanto, constituye un imperativo, desde el ángulo de aquello a que estamos obligados, cual es la protección del patrimonio público, efectuar un debido cobro por la extracción de ese material, que a todos nos pertenece.
Desde la perspectiva del funcionamiento de la economía, los privilegios tributarios y la transferencia gratuita de parte del patrimonio nacional a una actividad económica específica constituyen una práctica por completo inadecuada, salvo que se demostrara la existencia de las denominadas "externalidades económicas positivas", que en este caso claramente no existen.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Ministro .
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
¿Mi intervención está limitada por el tiempo, señor Presidente ?
El señor PIZARRO .-
¿De cuántos minutos dispone?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Los Ministros deben someterse a las normas del Reglamento, al igual que los Senadores.
Puede redondear su idea, señor Ministro .
El señor CHADWICK .-
Eso es imposible.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Bien, señor Presidente.
Estoy en condiciones de demostrar -y dejaré en la Mesa, así como en Internet, el texto completo de mi discurso- que la existencia de privilegios tributarios y de un recurso que no se cobra es posible gracias al pago que realiza el resto de los chilenos y de las actividades productivas: primero, porque se deteriora el patrimonio público; segundo, porque ello conduce a la sobreproducción de cobre, y tercero, porque eso lleva a un tipo de cambio más bajo que el que habría sin ese subsidio.
Agroindustriales, pescadores, pesqueras, forestales están pagando ese subsidio. Lo están haciendo, en definitiva, los hijos de Chile, con una menor tasa de crecimiento.
También estoy en condiciones de argumentar -pero el tiempo no me lo permite- por qué el Fondo de Innovación para la Competitividad es el mejor uso posible para los recursos pertinentes.
¿Y quién ha dicho que innovación es antónimo de educación? ¿O acaso se cree que se puede innovar sin educar?
Estamos plenamente disponibles para dar a conocer una propuesta que nada tiene de burocrática, que es la más equilibrada que se puede encontrar para permitir que nuestro país ingrese en la sociedad del conocimiento y en el siglo XXI.
¡Ésta es la discusión país! ¡Esto es lo que van a demandar nuestros hijos! ¡Esto es lo que exigen de nosotros los chilenos del mañana!
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , antes de comenzar mi intervención, quiero recoger las palabras del Honorable señor Lavandero , quien en esta materia -creo- tiene espaldas para opinar.
En el Senado constituimos una Comisión que trabajó por largo tiempo. Allí debatimos y supimos llegar a acuerdos en ésta y en otras materias.
En la vida y en la discusión política se pueden elegir dos caminos: el de la confrontación y consecución de mezquinos intereses cortoplacistas, o el del diálogo técnico y con altura de miras. Yo estoy por el segundo.
¿Qué es lo importante de hoy y que no existía ayer? Que ahora tenemos unidad en torno a la idea de que las empresas mineras deben hacer un mayor aporte a Chile, y en especial a las regiones y comunas donde están instalados los proyectos del sector.
¿Y en qué estamos esta tarde en el Senado?
Nos encontramos entrampados en una discusión procesal, formal y política que tiene poco destino.
Me parece poco presentable frente al país y a las regiones mineras que no seamos capaces de debatir técnicamente, rescatando las mejores ideas y dejando de lado las descalificaciones que he escuchado esta tarde, que a nada bueno nos van a conducir.
Existen varias ideas en esta discusión, y no sólo, señor Ministro , la del Gobierno. Además de ésta, se halla el proyecto que presentaron el Honorable señor Lavandero -lo señaló Su Señoría- y los Senadores señora Frei y señor Núñez ; está la iniciativa de Joaquín Lavín. Yo también tengo algunas proposiciones. Y nada de eso se recoge en el proyecto del Ejecutivo.
Todos esas propuestas tienen aspectos rescatables, señor Presidente.
Un tratamiento serio de un tema tan relevante como éste nos exige tener una actitud serena. Lamentablemente, se ha elegido la política de los portazos, de no escuchar, de obligar a pronunciarse sin debatir, quizás para obtener una ventaja política.
Yo, que tenía una posición favorable al royalty, lo digo con derecho. Anoche, cuando nos reunimos con los señores Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia , entendí, junto con los demás Senadores de la Alianza por Chile, que se abría un espacio de diálogo, sin discusiones formales ni manejos políticos. Pero hoy estamos de nuevo en lo mismo: compelidos a votar una idea, la del Gobierno, que sólo conseguirá, a mi juicio, dañar a las Regiones mineras, las cuales quedarán sin un aporte que tanto necesitan.
Lamento que el Ejecutivo haya insistido en ese camino aquí, en el Senado, donde siempre se han producido acuerdos del mejor nivel.
Tengo un compromiso con mi Región, que tanto ha aportado a nuestro país. Y pienso que las Regiones mineras merecen respeto.
Si esta idea llega a fracasar, será culpa del Gobierno, que, porfiadamente, ha equivocado la tramitación.
--(Manifestaciones en tribunas).
Ha elegido un quórum equivocado: cuatro séptimos, en vez de una mayoría común; ha forzado la urgencia del proyecto; se ha negado a las demás ideas, enceguecido por causar un daño político a la Oposición, lo que resulta francamente inaceptable.
Señor Ministro , su proyecto, que tiene cosas buenas, no recoge elementos interesantes de otras propuestas, como el perfeccionamiento del decreto ley Nº 600; el que las empresas no puedan renunciar a la invariabilidad tributaria en el minuto en que tienen que pagar y deban respetar dicho mecanismo. Asimismo, dicho proyecto no recompensa a las comunas y Regiones mineras que se dice son afectadas; el piso de 2 mil unidades tributarias anuales que fija para exceptuar del pago de la regalía minera, a mi juicio, es muy bajo y va a incorporar a un montón de empresas que han pagado siempre sus impuestos y han hecho un aporte.
Por último -lo digo con claridad-, me preocupa que no se incorporen otras propuestas, como la de Joaquín Lavín, que establecen nítidamente un beneficio para las regiones y comunas donde se hallan instalados los proyectos.
Señor Presidente, llamo al Gobierno a crear un espacio de diálogo serio, a que retire la urgencia al proyecto y a que se abra a las demás ideas existentes, para responderle bien a Chile.
Tenemos la exigencia de dar una buena respuesta al país. Y eso se logra con un diálogo como el que sostuvimos anoche. Creo que en esa oportunidad hicimos un ejercicio interesante, que, a mi entender, hoy iba a fructificar. Pero estamos compelidos derechamente a votar el proyecto del Gobierno.
Si usted mismo, señor Ministro , dice que la idea de legislar contenida en esa iniciativa es incompatible con las ideas matrices de otros proyectos, ¿por qué no somos capaces de reunirnos a discutir, de sacar lo mejor de cada una de las diversas proposiciones existentes y de hacer lo más conveniente para el país y las regiones mineras?
He dicho.
El señor ÁVILA.-
¡No entendió nada!
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
¡Nada de eso he dicho yo!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, deploro...
El señor FOXLEY.-
El señor Ministro de Hacienda está pidiendo intervenir, señor Presidente ,...
El señor SILVA.-
El señor Ministro solicitó la palabra.
El señor FOXLEY.-
...y tiene preferencia.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
El señor Ministro de Hacienda ya ha hablado dos veces. Y si bien tiene prioridad para hacer uso de la palabra, sus derechos no van más allá de los que asisten a los señores Senadores.
El señor COLOMA.-
¡Bien, señor Presidente!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Desgraciadamente, así es el...
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Fui interpelado, señor Presidente .
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Fue interpelado, señor Ministro , pero no agraviado. Si hubiera sido agraviado, tendría derecho a usar de la palabra.
El señor PARRA.-
¡Entretanto, ha estado corriendo mi tiempo!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Les pido orden a los señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , ante todo, quiero deplorar el que, en un debate que sólo es parte pequeña de la discusión que debiéramos tener en cuanto a nuestra política minera, encontremos tantas dificultades, como las que en este momento estamos registrando.
La verdad es que la política impulsada en los años 80, que se plasmó en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Nº 18.097) y en el Código de Minería, es mala; no cautela adecuadamente el interés nacional, y no contribuye de manera apropiada a la realización del bien común.
Por eso, el informe que nos entregó hace algunas semanas la Comisión Especial formada por el Senado fue bastante más allá del tema de la tributación de las empresas mineras, que era su cometido, y planteó la necesidad de entrar en revisiones mucho más profundas de legislación pertinente.
La Comisión de Minería de mi Partido, en publicaciones reiteradas, se ha venido refiriendo desde los años 80 a la necesidad, por ejemplo, de establecer la no concesibilidad del cobre, como hoy lo hace la ley orgánica respecto del litio; a la necesidad de consagrar normas que aseguren la refinación del cobre en Chile y la explotación de cobre refinado; a la necesidad de desarrollar la investigación en materia cuprera, replicando a lo menos el modelo del fondo de investigaciones pesqueras, que ha sido exitoso entre nosotros; a la necesidad, por cierto, de restituir a la COCHILCO facultades reguladoras que tuvo en el pasado y que son fundamentales, porque constituye una vergüenza que, para defender en algunos momentos el decaído precio internacional del cobre, haya tenido que ser la CODELCO la que asumiera el sacrificio de tomar la determinación de reducir sus niveles de producción, mientras los empresarios privados que han hecho inversiones en este campo en el país, naturalmente, seguían desarrollando su potencial productor y recogiendo, al mismo tiempo, el beneficio de tal determinación.
En todo el campo de los recursos naturales estamos en deuda. El país tiene que revisar su legislación. Vergüenza da que todavía no podamos conocer el segundo informe de la Comisión respectiva sobre la reforma al Código de Aguas, que por años ha esperado sanción legislativa.
Por eso, el proyecto presentado por el Ejecutivo, que introduce la regalía minera vinculada al desarrollo de la innovación, aborda un punto en el que, felizmente, se ha alcanzado amplio consenso.
Yo no puedo suponer a la Oposición ni mala fe ni hipocresía. Y debo entender que lo que escuchamos en esta Sala cuando se discutieron los informes sobre tributación de empresas mineras y acerca de la sociedad del conocimiento y la información se dijo con convicción, con sinceridad y que entrañaba, por lo mismo, un compromiso hacia adelante.
Reclamo, por eso, el voto favorable de Sus Señorías, necesario para que este debate pueda continuar y, en definitiva, fructificar.
Celebro en este instante que no se hayan levantado -como se insinuó en etapas anteriores- cuestiones de constitucionalidad, que, por fortuna, han quedado absolutamente claras.
La cuestión constitucional que ahora debemos abordar es -según lo acaba de señalar el Senador señor Prokurica - de carácter procesal; tiene que ver con el artículo 65 de la Carta Fundamental y con la necesidad de que el Senado, mediante la aprobación de la idea de legislar por los dos tercios de los votos favorables, haga posible que la iniciativa continúe su trámite.
No se diga que ese voto favorable enajena la facultad de la Oposición para participar en esa discusión e introducir modificaciones de distinta índole. Esto se encuentra contestado no sólo por la normativa que rige la formación de las leyes, sino también por nuestra práctica legislativa.
Yo les pregunto, señores Senadores, en el largo debate sobre el bosque nativo, ¿no hemos conocido acaso sucesivas indicaciones sustitutivas provenientes del propio Presidente de la República ?, ¿no ha significado eso comenzar de nuevo tres veces la discusión, pero siempre dentro de un contexto y de la idea central que informó al proyecto original?
Hay, sin lugar a dudas, amplio espacio para que en el debate legislativo puedan discutirse nuevas ideas, analizarse alternativas, buscarse mecanismos más adecuados para establecer los gravámenes que protejan debidamente el interés nacional.
Yo voto, con convicción, por abrir el trámite del proyecto presentado por el Gobierno. Manifiesto aquí -con el conocimiento preliminar, periodístico, que tenemos de la propuesta alternativa originada en la Oposición- serias reservas. En primer lugar, porque la patente minera es -lo señalan la Carta Fundamental y la Ley Orgánica Constitucional respectiva- el mecanismo de amparo de la concesión que establece nuestra legislación, el cual se aplica por igual, en virtud de su propia naturaleza, a los mineros cualquiera que sea la envergadura de la concesión de que son titulares.
Pero, aparte de ser un simple mecanismo de amparo, la Carta posibilita perfectamente bien el establecimiento de uno distinto, como podría ser el amparo por el trabajo, contenido en la legislación comparada y conocido en la historia de nuestra propia normativa minera. El Código de Minería, en sus artículos 163 y 164, regula los efectos tributarios de la patente. Ésta es íntegramente recuperable con cargo a impuestos. La patente a que da origen una concesión de explotación tiene el tratamiento de un pago provisional. En consecuencia, no nos engañemos, no saquemos cuentas alegres respecto del impacto fiscal que esto pudiera llegar a tener.
Apelo a la conciencia de los señores Senadores de Oposición. Reitero: creo en la buena fe y la sinceridad de las opiniones por ellos vertidas en los debates anteriores. Por eso, les pido que no hagan imposible, ahora, el trámite del proyecto con excusas que carecen de fundamento constitucional y que el país no podría entender.
He dicho
--(Aplausos en tribunas)
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Reitero que están prohibidas por Reglamento las manifestaciones, ya sean a favor o en contra.
Tiene la palabra el Ministro señor Vidal.
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Señor Presidente , escuché con atención -como representante del Ejecutivo- algunas de las afirmaciones hechas por Senadores de Oposición, particularmente la última, la del Honorable señor Prokurica .
Mirando a la bancada de la Derecha, compruebo que sólo tengo de testigo de lo que señalaré a continuación al Honorable señor Cantero , porque con él estuvimos ayer en la reunión donde la Alianza por Chile hizo entrega formal al Gobierno del documento o del proyecto alternativo.
El señor MARTÍNEZ .-
El "papelito".
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Aquí me referiré al "documento". En la televisión -para satisfacer al señor Senador- hablaré del "papelito".
Para la historia, a raíz de los argumentos que escuché...
El señor CHADWICK .-
Lo que exprese aquí, señor Ministro , debería ser igual a lo que diga afuera.
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Lo que estoy argumentando acá, señor Senador, es lo que manifestaremos a todo el país una vez concluido este debate.
Para la historia, la primera disposición del Gobierno fue lograr un acuerdo con la Oposición. Pasaron días y semanas, y no hubo acuerdo. Hasta que el 12 de junio -¡12 de junio!-, en un titular del único medio vespertino de Santiago, se dice: "La oposición fijó su postura", "No estamos para conversar antes; que el Gobierno envíe primero el proyecto del royalty".
"La Segunda", 12 de junio, tres cuartos de la página 21.
Dispongo de la cita textual, por si alguien desea leerla.
El mismo periódico sostiene:
"La oposición decidió cerrarle la puerta al gobierno y no conversar del proyecto para cobrar un royalty a la minería antes de que llegue al Congreso, contrariando el anhelo de la autoridad.".
Estoy citando a "La Segunda", no a "Punto Final".
"De hecho", -continúa el cronista- "el motivo que ha entregado el Ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , para no iniciar la tramitación de esta iniciativa anunciada a comienzos de mayo, es que estaba esperando que la derecha nombrara un interlocutor para conversar y consensuar un texto antes. No estamos para conversar antes de que se envíe el proyecto, queremos que ellos" -es decir, nosotros- "se ordenen, presenten un texto y ahí lo vamos a estudiar.".".
Esa afirmación corresponde a un presidente de un partido de la Alianza por Chile.
Ante eso, el Gobierno presentó su proyecto sobre royalty. Le colocó simple urgencia. O sea, 30 días por Cámara; 30 por 2, 60, más las semanas distritales. El proyecto debía concluir su tramitación la última semana de septiembre o la primera de octubre.
Argumento de la Oposición: quieren politizar la iniciativa y llevarla cerca de la elección municipal.
Les hicimos caso. Pasamos de "simple urgencia" a "suma urgencia": 10 días por Cámara; 10 por 2, 20.
Argumento de la Oposición: muy poco tiempo para estudiarlo.
El señor ÁVILA .-
¡Qué cosa...!
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Les hicimos caso de nuevo. "Quieren más tiempo". Otra vez, "simple urgencia": 30 días.
Después apareció en los medios que había un proyecto alternativo que era mejor, que rendía más.
Respuesta del Gobierno: "Los esperamos; tráigannos el proyecto". Condición esencial para que ese proyecto se incorporara al Parlamento: patrocinio del Ejecutivo.
El fin de semana, todos los chilenos y chilenas vieron en la televisión un debate sobre el punto. Un matutino tituló "Ultimátum". En nuestras palabras, jamás existió ese concepto. Pero ese diario tiene gran influencia, de tal manera que los líderes de la Oposición solamente hablaron de "ultimátum".
Nunca el Gobierno planteó eso, sino una cuestión práctica: si el Senado iba a votar hoy, a las 16 horas, obviamente que el proyecto debía ser recepcionado el lunes o, a más tardar, el martes en la mañana; es decir, hoy.
Llegó el proyecto, señor Presidente , y los cuatro Senadores mandatados por su líder -entiendo el Alcalde Lavín , una vez escuchadas las exposiciones de los técnicos autores de aquél- fueron recibidos en la oficina del Ministro señor Eyzaguirre , acompañados por quien habla.
Se entregó el documento. No era un "papelito". Es un proyecto, una propuesta, que puede ser debatida, enjuiciada, calificada. Pero ahora no es el momento. Es después.
El señor FOXLEY .-
¡No lo conocemos! ¿Dónde está?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
¡Silencio, señores Senadores!
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Se entregó el proyecto.
¿Y cuál fue el debate de ayer?
Esto es muy importante, señoras Senadoras y señores Senadores. En el debate se nos dijo: "Nosotros no podemos aprobar mañana lo que solicita el Presidente , amparado en el artículo 65, porque eso implica, en la técnica legislativa, dar un cheque en blanco al proyecto del Gobierno, lo cual sería una insensatez de parte nuestra", (léase Alianza), criterio que compartimos el Ministro señor Eyzaguirre y yo, como representantes del Ejecutivo en esa discusión, con los Senadores señora Matthei y señores Orpis , Prokurica y Cantero .
El señor ORPIS .-
Yo planteé otra cosa.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Está haciendo uso de la palabra el señor Ministro.
El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Entonces, se nos señaló que había que resolver el procedimiento.
¿Qué hizo el Ejecutivo , como una cuarta demostración de diálogo y buena voluntad? Concurrió hoy día, durante dos horas y media, a conversar con el Presidente del Senado y el Secretario de la Corporación , aquí presente. ¿Y qué nos dijeron ambos? Que la duda planteada por los cuatro Senadores estaba resuelta, porque lo que se iba a votar ahora no tenía que ver con el fondo del proyecto, con su articulado, sino -en palabras del señor Presidente del Senado , repito- con el solo propósito de habilitar a la Cámara de origen -entiéndase Cámara de Diputados- para reiniciar la discusión.
Literal, textual.
Despejado ese punto.
Luego, el Presidente de esta Corporación planteó una segunda cuestión: que la patente no estaba en la matriz o espíritu del mensaje.
Nosotros tenemos otra interpretación, expuesta por el Ministro señor Dockendorff al inicio de este debate.
Se nos dijo, apelando al último recurso, que el Tribunal Constitucional determinó, en su fallo sobre concursabilidad de directores, y con una mirada más restrictiva, que una indicación podría ser objetada por este organismo en razón de no ser parte del corazón, la esencia y el mensaje del proyecto.
¿Qué le respondimos al Presidente del Senado frente a esa eventualidad? "Le firmamos aquí, como Ejecutivo , el compromiso de que si ello ocurre, colocándonos en ese escenario, haremos lo mismo que hicimos cuando el Tribunal Constitucional falló en contra a propósito del proyecto sobre concursabilidad de directores: presentar un proyecto independiente".
Por lo tanto, se nos dio a conocer un tercer planteamiento -escúcheme bien, señor Presidente ; y a través de usted, las señoras Senadoras y los señores Senadores-: que la propuesta del Alcalde Lavín tiene cuatro capítulos o pilares, de los cuales el primero, correspondiente a las patentes, tiene que ver con la esencia del proyecto, y los tres restantes, con otros ámbitos legislativos.
Disposición nuestra, disposición del Ejecutivo -escúchelo bien, señor Presidente -: "Pues bien, podemos reunirnos y coincidir en las aspiraciones, porque compartimos algunos de los elementos contenidos en la propuesta del Alcalde Lavín" .
Señor Presidente , cada uno de los elementos que he descrito es de conocimiento de la opinión pública. El Gobierno dio todos los pasos para permitir un diálogo y llegar a esta instancia. Y lo que el Gobierno dice en este instante es que lo razonable, lo lógico, lo que el 91 por ciento de los chilenos quiere, según una reciente encuesta -y en ello, aparentemente, coincidimos Gobierno, Concertación y Oposición-, es que las empresas mineras dejen algo más en nuestro país.
Y la única forma de materializar la aspiración de ese 91 por ciento es que nos den los dos tercios, no para imponer nuestro proyecto, sino para debatir el texto del Gobierno; el del Alcalde Lavín ; el de los Senadores señores Núñez , Frei y Lavandero ; el de los Diputados, incluyendo dos de Renovación Nacional.
Ésa ha sido nuestra conducta.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Muchas gracias, señor Ministro . Intervino casi dentro de lo que le correspondía.
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Propongo poner el proyecto en votación.
El señor CHADWICK.-
¡No!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Estoy haciendo una proposición. Es un derecho de la Mesa.
Quedan diez Senadores inscritos. Si les pareciera, podríamos acordar que fundamenten el voto.
Se proponen 5 minutos.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , hay que permitir que todos los Senadores inscritos intervengan. ¿Por qué les limita el tiempo?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Yo estoy dirigiendo, Sus Señoría. No se preocupe.
El señor PROKURICA.-
¡Y yo le estoy haciendo una propuesta!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Para ello, pida la palabra.
El señor PROKURICA.-
¡Usted es el Vicepresidente, no el rey del Senado!
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Soy el Presidente en ejercicio y sé cuáles son mis atribuciones, señor Senador. No se preocupe, Su Señoría.
Ruego guardar silencio.
El señor ORPIS.-
Una sugerencia, señor Presidente .
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Propongo abrir la votación. Es lo que corresponde, pues ha concluido el tiempo del Orden del Día.
¿No hay acuerdo?
Entonces, seguimos el debate.
El señor OMINAMI.-
Una moción, señor Presidente .
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
En atención a la relevancia del debate, correspondería prorrogar el Orden del Día hasta el término de las intervenciones de todos los Senadores inscritos hasta este momento, con la duración establecida en el inicio. Naturalmente, habría que dejar sin efecto la hora de Incidentes. Y ello, sin abrir la votación, porque me parece importante que los Senadores puedan intervenir mientras no se haya comenzado a votar. De lo contrario, los discursos no tendrían ninguna significación.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tengo la impresión de que el ánimo general es resolver esta situación de la mejor manera. Así que pido a Sus Señorías que discutamos el asunto con orden y calma.
Ha solicitado la palabra el Honorable señor Larraín.
Si no hay objeción, Su Señoría intervendría desde la testera.
Acordado.
El señor LARRAÍN.-
Quiero recordar que, en reunión de Comités, se acordó discutir y despachar hoy este oficio, sin limitación de tiempo, a fin de permitir precisamente este debate. Por lo tanto, sugiero que continúe la discusión con os inscritos, quienes intervendrán hasta por diez minutos, como se convino, y que luego se tome la votación.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo en proceder de esa forma?
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , concuerdo con el Honorable señor Larraín, pero propongo que también se pueda dejar el voto en la Mesa.
El debate respectivo se ha llevado a cabo; conocemos bien la situación; lo hemos manifestado ante la opinión pública. Por lo tanto, tal como se ha procedido en otras ocasiones, es perfectamente posible que los señores Senadores que tengan otros compromisos dejen su voto en la testera.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Se propone, entonces, abrir la votación; continuar con la lista de Senadores inscritos, por diez minutos, y después seguir el orden correspondiente a la votación nominal.
Además, se dejaría sin efecto la hora de Incidentes.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Están inscritos los Senadores señores Coloma, Muñoz Barra, Orpis, Chadwick, Cantero, Núñez, Ominami, Romero, Naranjo, Foxley y Ríos.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , se está realizando un debate absolutamente sorprendente, calificación que parte con las expresiones del Ministro Vidal , quien le habla a la historia. Está bien que lo haga, porque probablemente está más preocupado de lo que tendrá que decir después de la votación que de los argumentos precedentes a ella.
Para la historia, más que recuerdos y anotaciones, quiero dejar sólo tres "papelitos".
El 22 de mayo de 2003, en el mismo vespertino ("La Segunda") que el Ministro Secretario General de Gobierno lee acuciosamente, se señala: "Lagos desvirtúa información sobre posible impuesto a la minería.
El 26 del mismo mes el "Diario Financiero" dice: "Lagos promete no aplicar royalty a las firmas mineras".
Y al día siguiente, en "El Mercurio", se lee: "Ministro Eyzaguirre: El Gobierno desestima el impuesto a la minería".
Sería bueno dejar claro si vamos a escribir la historia en serio o por capítulos; si la vamos a ver en blanco y negro o con todos sus matices.
Al escribir la historia, digamos la verdad: éste es un proyecto que el Gobierno nunca quiso, que siempre estuvo fuera de su Agenda, porque se trata de un impuesto cuya aprobación, en el fondo del corazón -y yo lo creo-, no le interesa.
Sólo de esa forma se explican las conductas anteriores y actuales de las autoridades gubernativas.
Cabe reconocer que básicamente se llegó a este punto por la porfía y el entusiasmo puestos sobre la materia por parte del Senador señor Lavandero , quien forzó una situación que al Gobierno no le resultaba cómoda. Pero, como sintieron cierto temor, optaron por acoger lo que Su Señoría planteaba.
Sin embargo, surgió algo útil: se generó una discusión importante para el país respecto del aporte que la gran minería debiera hacer a Chile, particularmente a los sectores más desvalidos.
Hay estudios de todos los partidos políticos: tenemos una proposición del Ejecutivo y otra de la Alianza por Chile -a través de Joaquín Lavín-, que ha sido catalogada como interesante por el Ministro de Hacienda.
Entonces, debemos determinar cómo seguir adelante.
Si el Gobierno, borrando con el codo todo lo que escribió durante años -lo que dijeron el Presidente Lagos , el Ministro de Hacienda y todos los demás Secretarios de Estado-, quiere de verdad discutir este asunto, hay un solo camino: la lógica del acuerdo.
Fíjense, Sus Señorías, en lo que tenemos desde el punto vista político: un tema compartido por todos los sectores. Tal acuerdo no existía hace algún tiempo; pero ahora hay conciencia de que la gran minería sí puede aportar más al desarrollo del país. Contamos con las propuestas del Gobierno y de Joaquín Lavín, ambas catalogadas como interesantes, y con un espacio para llegar a un acuerdo.
¿Qué habría que hacer? Sentarse a la mesa, ver cómo lograr consensos, tal cual lo hicimos en el caso de la modernización de la política y del Estado o en el tema de los sobresueldos: sin "papelitos" previos, sino con argumentos serios.
Así fuimos capaces de desarrollar una profunda modernización del servicio público en Chile. Así se actúa cuando las cosas se hacen con real sentido final, y los argumentos que prevalecen no son los destinados a las cámaras de televisión, sino los que persiguen el bien para el país.
Sin embargo, en vez de optar por el camino del diálogo, en el cual la Alianza por Chile propuso a cuatro señores Senadores y dos técnicos para llegar a los acuerdos necesarios, ¿qué se pretende hacer? Forzar el enfrentamiento. Lamentablemente, ésa es la solución que ofrece el Gobierno. Se nos dice: "Si quieren seguir debatiendo el tema, entonces aprueben por los dos tercios el oficio del Presidente de la República para habilitar la discusión de un proyecto", en el que, por cierto, no creemos.
¿Pero cuáles son los efectos substanciales de esa declaración o habilitación? El primero, que el orienta excluyentemente la discusión hacia las ideas matrices fijadas por el Gobierno.
El Tribunal Constitucional acaba de señalar, contra lo que pensaba el Ejecutivo , que la idea matriz "está constituida por la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal", y agrega que estas ideas fundamentales están contenidas en el mensaje o moción, según sea el caso.
En otras palabras, a partir de la habilitación del proyecto de royalty, sólo podría discutirse sobre ese impuesto específico. Porque, más allá de la buena intención y fe del Ministro de Hacienda -en la que creo- de patrocinar una indicación relativa a las patentes mineras, no hay espacio constitucional que lo haga posible. De acuerdo con la Carta Fundamental, las ideas matrices de la iniciativa de royalty se referirían sólo a esa materia. Lamentablemente es así, aunque no le guste al Ministro Eyzaguirre . De esta forma lo resolvió el Tribunal Constitucional.
Por ello, no entendemos por qué se abandona el camino del entendimiento, que es perfectamente posible, y se intenta forzar una votación cuyo propósito excluyente es orientar las ideas matrices hacia el royalty. Esta lógica de la imposición es contraria a la actitud racional que suele haber en el Parlamento y que, a mi juicio, es la que merece nuestro país en forma categórica.
Señor Presidente , quiero que me den una razón por la cual es indispensable aprobar hoy, por dos tercios de los miembros presentes, la posibilidad de habilitar esta discusión. ¡Una razón! Porque, constitucionalmente, legalmente, procesalmente, políticamente, ella no existe.
Es bueno que el país sepa que basta con que no se insista para que mañana, a primera hora, los técnicos del Gobierno y de la Oposición empiecen a discutir y se pongan de acuerdo en un sistema que resuelva los problemas pendientes de la gran minería.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor COLOMA.-
¿Qué es más importante: darse un gusto político, forzar una resolución que claramente nos aleja de los acuerdos, o permitir que un país, con grandes posibilidades y opciones, cumpla su sueño, entregando más recursos a la educación, a las comunas, a las Regiones?
Ése es el debate, señor Presidente, de fondo, que se escapa y que, lamentablemente, no hemos podido abordar.
Por ello, se siente una suerte de frustración en el sentido de haberse hallado cerca de ese acuerdo, de haber congeniado voluntades, de haber logrado un espíritu que ojalá soñaran muchos países vecinos, y no se puede hincar el diente y resolver el conflicto por meras imposiciones de poder o por la voluntad, simplemente, de "tirar el mantel".
Creo, señor Presidente , que no debemos discutir tanto lo que se dirá a la salida. El Ministro señor Vidal -o quien fuere- nos echará la culpa, obviamente, a quienes pensamos distinto. Por nuestra parte, podremos afirmar que si Joaquín Lavín es el próximo Presidente de Chile , cosa que espero...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Por favor, señores! ¡Más respeto!
El señor COLOMA.-
... -y entiendo la filiación política de algunos!-, nosotros presentaremos el proyecto. ¡Y que no haya trauma!, ¡que no haya desesperación!, ¡que no haya angustia! Si se rechaza la iniciativa que nos ocupa, plantearemos una que, a través de las patentes y otros elementos tributarios, determinará que la gran minería aporte más al país. ¡Pero no al bolsillo del Gobierno! ¡Es algo que irá a las Regiones, a las comunas, a la educación, al crédito fiscal, donde se generan las oportunidades para vivir un Chile distinto, un Chile que realmente progresa, que cuida sus recursos pero también su capital humano, el cual es indispensable mantener por la vía a que me refiero!
He dicho.
-------------
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , ¿me permite?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Solicito que se recabe la anuencia de la Sala para que sesione paralelamente la Comisión de Salud.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones,...
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , tratándose de una cuestión tan importante, tan de primer orden, diría, en el país, se pide abrir la votación antes, sin escuchar argumentos, y después se quieren ausentar los integrantes de las Comisiones. Entonces, ¿cuál es el peso del asunto?
Me preocupa que el Parlamento enfrente los temas con una tremenda frivolidad. ¡Y, además, en las tribunas creen, de repente, que se hallan en un circo! Aquí se viene a plantear ideas y se debe escuchar con respeto.
No estoy de acuerdo, señor Presidente, con que mis Honorables colegas se sigan yendo a Comisiones.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , deseo formular sólo una observación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
El orador que me antecedió tiene derecho a oponerse. El Reglamento lo faculta para ello. Pero a lo que no lo faculta es a dar interpretaciones de que se ha generado un ambiente de circo, de que el punto en debate no nos interesa. De manera que, en ese sentido, ruego al Senador señor Cantero que tenga la gentileza de retirar sus expresiones, porque no le agrega nada a la argumentación. ¡Podría haber dicho "no", quedarse luego callado y habríamos estado mucho más contentos!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Por favor! No se aceptarán más intervenciones de las tribunas. Ruego que se respete el debate en la forma que he planteado reiteradamente.
Si le parece a la Sala, se someterá a votación económica la solicitud del Honorable señor Ruiz-Esquide.
Acordado.
Terminada la votación.
--En votación a mano alzada, se rechaza el funcionamiento simultáneo de la Comisión de Salud, por 12 votos contra 11.
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El señor LARRAÍN (Presidente).-
Prosigue el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el 11 de julio de 1971 algunos Parlamentarios presentes tuvimos el honor y el orgullo de participar en un acto histórico que creíamos que en ese momento, en alguna medida, se finiquitaba. En efecto, nacionalizamos el cobre y nos sentimos orgullosos de ello, como chilenos. Pero hoy, después de 33 años, nos reunimos para debatir el mismo tema país, que creíamos, evidentemente, haber superado.
Lo que expreso les parece un contrasentido a algunos señores Senadores, pero es la realidad. Y lo digo porque ya sabemos que el Estado es dueño sólo de una parte del metal rojo que nacionalizamos ese año. El resto pertenece a las empresas multinacionales que lo explotan y comercializan, compañías mineras que en trece años, estimados colegas -es bueno consignarlo en el debate-, han obtenido de Chile 43 mil millones de dólares en cobre, el mejor del mundo, sin pagar lo que corresponde al Fisco por la explotación de un recurso no renovable, que es lo que hoy queremos remediar. Y para ello han invertido sólo 18 mil millones de dólares, por lo que, sumando y restando, han exportado dos veces y media esta cantidad.
Ahora, cuando debatimos el establecimiento de un royalty que debe ser pagado por ellas, estamos exigiendo un mínimo de justicia. Y no deberían existir barreras ni diferencias políticas para tal efecto. ¿Por qué lo señalo? Porque debemos defender e instalar oficialmente la regalía como un derecho del dueño de los recursos no renovables, entre los cuales se incluyen los mineros -y el cobre, en particular, que pertenece al Estado-, con el fin simple de devolver al país y a las Regiones lo que necesitan para su desarrollo, cuando sabemos y existen claras evidencias de que ellos se agotarán.
Pero también debemos defender el royalty, estimados colegas, porque la fiscalización a las multinacionales en ese ámbito es tan difícil en Chile como en otros países mineros. Pero aquí existe una dificultad adicional, dado que la minería privada despacha seis millones de toneladas como concentrado de cobre, es decir, una submateria prima. ¿Qué quedará para Chile, entonces, de seguir así, sin una clara política para el sector? Nada. Perderíamos la gran posibilidad de incorporar valor agregado a la producción para desarrollar la industria de nuestra principal fuente de ingresos.
La Constitución Política consagra el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas para el Estado. Sin embargo, éste no recibe ninguna compensación por la extracción y venta del metal rojo, que legalmente le pertenece y cuya explotación deteriora su patrimonio. Los impuestos que deben pagar esas empresas son los más bajos del mundo. Y gracias a una legislación nacional que las favorece, como el decreto ley Nº 600, mediante el cual se acogen a un régimen de invariabilidad tributaria, la mayoría de ellas no pagan los tributos que debieran. Y hoy, cuando el Estado les demanda el pago de un royalty, se oponen tenazmente aduciendo que se estarían cambiando las reglas del juego.
El que Chile les exija el pago de una contraprestación, como es el royalty, no es ningún juego, estimados colegas. Nadie les cobra un impuesto que vulnera el cuerpo legal citado, porque se trata de un derecho -insisto: de un derecho- y no de una carga impositiva que altere las reglas, como alegan porfiadamente.
Estimo conveniente dejar constancia en el Hemiciclo de que 120 países han establecido un royalty y que sólo dos latinoamericanos -sólo dos- no lo han hecho: México y Chile. Cabe consignar que en Perú recién se instituyó. Por otra parte, debe puntualizarse que lo aplican los Estados de donde provienen las compañías mineras multinacionales que operan en nuestro territorio -es algo muy curioso-, y lo pagan, y, más encima, presionan a sus gobiernos para que las defiendan con miras a impedir la cancelación de una regalía en Chile. O sea, allá pagan el royalty, pero aquí no quieren hacerlo. No existe un análisis que pueda justificar lo anterior, que resulta casi kafkiano.
Estableciéndose un royalty, estimados colegas, se elimina una posibilidad de discriminación entre los sectores económicos y se garantiza al Estado un ingreso de 3 por ciento de la venta anual para la minería metálica y de uno por ciento para la no metálica, que compensaría en parte la capacidad que hoy tienen esas empresas mineras de diferir en el tiempo el pago de sus impuestos gracias a resquicios legales, como el de la depreciación acelerada, al que recurren frecuentemente.
Además, el royalty que se proyecta establecer -¡digámoslo!- libera de pago a la pequeña y mediana minerías. De este modo, los mineros cuyas ventas brutas no superan las 2 mil UTM y aquellos cuyas ventas netas son iguales o menores al 15 por ciento de la venta bruta están eximidos de ese pago.
Cuando sectores contrarios a la aplicación de aquél aducen, además, que su establecimiento desincentivaría la inversión privada, debo decir que se encuentran profundamente equivocados en su diagnóstico -y ellos lo saben-, porque, de aplicarse el royalty en los términos propuestos por el Ejecutivo , las condiciones para la inversión minera en Chile seguirían siendo mucho mejores que en la mayoría de los países.
Por lo tanto, la aplicación de un royalty o regalía minera -que por lo demás viene desde la época colonial- no afectará nuestra estabilidad ni nuestro atractivo como país.
Un señor Senador manifestó que un Ministro estaba recordando en forma romántica algunos aspectos de la historia. Y yo quiero rememorar aquí -aunque Su Señoría se moleste- un comentario vertido el 11 de julio de 1995 por el honorable y prestigiado hombre público y ex Senador señor Francisco Bulnes Sanfuentes : "(...) Pero ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuestos conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país, que es además una fuente considerable de recursos para el erario y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producido de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile sino que se va en parte al exterior.".
Por ello, señores Senadores, creo que es bueno reflexionar. Aún tenemos tiempo. Legislemos a favor de Chile. No defraudemos a esos 158 Parlamentarios que en 1971 -quiero recordarlo- hicieron historia al deponer, por el bien de la patria, sus legítimas diferencias políticas.
Por tales consideraciones, señor Presidente, anuncio los dos votos favorables del Partido Por la Democracia a la iniciativa que hoy día conoce la Corporación.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , quiero iniciar mis palabras señalando clara y categóricamente que estoy a favor de la idea de establecer una mayor contribución de la minería al desarrollo de Chile; es decir, un incremento en la recaudación proveniente de la actividad minera en el país.
Concuerdo con la idea de que las regiones que explotan recursos naturales no renovables puedan tener sustentabilidad en su desarrollo.
Por ese motivo, con la misma claridad con que expreso mi posición favorable a esa idea, manifiesto también en forma categórica que me parece inentendible la creación de un fondo nacional con una descripción ambigua de cómo llegarán los recursos a la región. Porque, en definitiva, el desarrollo sustentable debe privilegiar a las zonas donde queda el hoyo; o sea, que la lógica de la depreciación de una máquina, de una industria o, incluso, de la actividad minera -que es lo que reclama el Estado chileno a través de sus Parlamentarios o de los voceros que han intervenido- se aplique también a la región, a aquella que se empobrece cuando le quitan su riqueza.
En consecuencia, me parece que esa lógica es la que debería regir esta discusión.
Lamento profundamente que el tema del royalty esté siendo presentado por el Gobierno como un proyecto emblemático y, además, con claros propósitos políticos electorales.
Por otro lado, cabe señalar que la mayor demanda y el alza del precio del cobre no están siendo aprovechados para imponer la necesidad de un ajuste en el régimen tributario de las grandes empresas mineras, haciéndolo más participativo y más justo para el país, sino para presentar en forma caricaturizada a quienes se oponen o tienen ideas diferentes, o un proyecto distinto, ridiculizándolos o planteándolos como defensores del gran capital extranjero y contrarios al interés nacional.
¡Eso me parece un disparate!
Pregunto lo siguiente:
Cuando el Presidente Lagos formuló las declaraciones que leyó el Honorable señor Coloma , ¿estaba coludido con los grandes intereses capitalistas de la minería?
Cuando el propio Ministro señor Dulanto -quien se encuentra en la Sala- señaló su criterio respecto del royalty, ¿alguien podría haberlo acusado de semejante barbaridad?
Cuando nuestro colega el Senador señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle sostuvo en este Hemiciclo que le parecía equivocado el royalty y que estaba en contra de él, ¿es posible que se le acuse de estar vendido a los intereses?
Cuando los señores Enrique Correa y Francisco Cumplido , de la Concertación, elaboran informes relacionados con la constitucionalidad de determinados proyectos, ¿alguien podría decir que están vendidos a ciertos intereses?
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Advierto al público que es mi deber garantizar a todos los señores Senadores su derecho a intervenir sin que sean objeto de burlas o de represalias, de cualquier índole. De manera que si los concurrentes persisten en su conducta, haré desalojar las tribunas.
Por lo tanto, ruego que sean comprensivos y que respeten el derecho de los Parlamentarios, aun cuando piensen distinto de ustedes.
Puede continuar, Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, espero que la Mesa me descuente estos minutos.
Cuando los Ministros señores Ravinet y Rodríguez Grossi han formulado planteamientos en contra de algunas de estas ideas, ¿es posible presumir alguna colusión desde el Gobierno con aquellos intereses?
Cuando el propio Senador señor Lavandero señala que el proyecto es malo, ¿está refiriéndose a algún interés particular?
Aquí, lo que mueve a los Parlamentarios es el interés superior de Chile. Por consiguiente, a mi juicio, resulta inadecuado utilizar la argumentación que se ha venido sosteniendo.
Ayer participé en una reunión intensa, seria y responsable, con los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia . Destaco esto porque, para mí por lo menos, resulta impropio el tratamiento que se ha dado a cierto asunto al decir "llegó el papelito". Sin embargo, hoy día no se ha tenido coraje para sostener lo mismo en la Sala, sino que se ha dicho: "No. Es un documento".
Estas bufonadas del Ministro Secretario General de Gobierno no se condicen con las actuaciones que yo por lo menos pido a un Ministro de Estado. ¡Se requiere seriedad!
Cuando el Senador señor Lavandero sostiene que se ha demorado catorce años para que pueda ser entendido el problema, está diciendo una verdad. Sin embargo, muchos de los que hoy día rasgan vestiduras lo ridiculizaron en esta misma Sala. Incluso lo trataron de mala forma.
En consecuencia, estimo que los procesos son evolutivos y que la gente va madurando, como producto de la convicción, del diálogo, del entendimiento, y no conforme a un estilo absurdo de tratar de ridiculizar al adversario.
Ahora bien, es del caso aclarar que ambos proyectos tienen pros y contras. En mi opinión, resultó adecuada la lógica de traer mayores recursos en su momento en virtud del decreto ley Nº 600. Me parece que el hecho de pagar los créditos en función de inversiones utilizadas por las empresas con el propósito de encarecerlos ha ido desvirtuando los propósitos. El estar siempre ampliándose y acogiéndose...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se suspende la sesión.
Solicito desalojar las tribunas.
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--Se suspendió a las 17:24.
--Se reanudó a las 19:45.
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El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra, para terminar sus observaciones, el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ambos propuestas plantean aumentar el aporte de la minería a los ingresos fiscales. La diferencia es que la Concertación ha propuesto un impuesto royalty que, como se sabe, tiene cuatro graves inconvenientes:
1) Cambia las reglas del juego a los inversionistas extranjeros, y, por lo tanto, llevará al país a los tribunales internacionales, lo cual va a dañar nuestro prestigio.
2) Es considerado inconstitucional por destacados juristas, varios de ellos militantes de partidos de la Concertación.
3) Castiga el valorar la producción minera, ya que la base del impuesto es el valor agregado. Con ello se premia la extracción del mineral y no su elaboración.
4) Impide el desarrollo del "cluster" minero, ya que éste se sustenta en los encadenamientos productivos existentes en torno de la minería. El impuesto diseñado por el Gobierno castiga esos encadenamientos al impedir que se deduzca de la base de aquél gran parte de los servicios externos contratados por la empresa, lo cual ha generado gran preocupación en los sectores que apoyan el proceso productivo de la minería.
La propuesta de la Alianza de modificar la base de cálculo de las patentes es constitucional y no significa un cambio en las reglas del juego, ya que precisamente aquéllas son la contribución que las empresas mineras realizan para recibir el amparo de sus pertenencias.
La nueva patente permitirá recaudar inmediatamente, una vez aprobada la ley, y no el 2008 como lo pretende el proyecto del Gobierno.
Nuestra propuesta no afecta a las empresas medianas y pequeñas.
La gran diferencia está en el destino de los recursos obtenidos.
Ahora, señor Presidente , quiero hacer un análisis comparativo.
Si se estudian los fondos existentes y que tienen la misma finalidad que el Fondo de Innovación para la Competitividad, se aprecia que la gran zona central del país especialmente la Región Metropolitana, recibe el 70 por ciento de los recursos. Es decir, las zonas mineras van a aportar nuevamente para el progreso de las más ricas y competitivas.
La propuesta de nueva patente permite que una cantidad muy importante de los recursos recaudados vaya directamente a las comunas. Para efectos comparativos, si simulamos el aporte que el proyecto de royalty entrega a las regiones, nos daremos cuenta de que las cifras son más que elocuentes.
El señor Ministro ha sido impreciso al referirse a las argumentaciones que le planteamos ayer.
Establecer el quórum de dos tercios obligaría a la Cámara de Diputados a proceder de igual forma, si quiere ejercer algún mecanismo de presión.
Además, impone un peso adicional: la obligación de contar con cuatro séptimos, como han señalado otros señores Senadores.
No voy a insistir en esa idea; pero, adicionalmente -el Gobierno parece no darle importancia a esta materia-, la idea de legislar se esclarece con total precisión, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: "Para los efectos anteriores, se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda.". En consecuencia, la iniciativa que nosotros estamos planteando no tiene cabida en esa opción.
A mayor abundamiento, el artículo 66 de la Constitución establece: "Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.". En el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 65 de la Carta, el Presidente de la República ha solicitado al Senado que vote nuevamente en general y apruebe por los dos tercios de sus miembros presentes la idea sobre royalty minero contenida en el mensaje. ¿Cuál es el problema? Que una vez aprobado...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Como decía, el problema es que una vez aprobado el proyecto no serán admisibles las indicaciones que propongan reemplazar la regalía por alza en las patentes mineras.
El Gobierno ha señalado que declarará admisibles las ideas que se presenten -es decir, las que nosotros hemos sugerido-, haciéndolas suyas, para que formen parte del debate en el Congreso. Pero olvida que no es el Ejecutivo el que determina la admisibilidad de las indicaciones, sino la propia Carta, y que la atribución de declararla corresponde al Presidente de la Comisión o al de la Cámara respectiva. Nada se gana, pues, con que el Gobierno patrocine o presente indicaciones ajenas a la idea del royalty, ya que serán declaradas inadmisibles o rechazadas posteriormente por el Tribunal Constitucional.
Dos tercios, cuatro séptimos y, adicionalmente, este argumento es lo que nos hace lamentar que el Ejecutivo no haya tenido la disposición de lograr un acuerdo razonable en la materia.
A mi juicio, el Gobierno ha intentado sacar ventajas de corto plazo y ha excedido o sobregirado su actuación con actitudes caricaturescas o, como ya he señalado, con ciertas bufonadas.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, quizá todos, en el fragor del debate, nos dejamos llevar a veces por nuestras pasiones y visiones particulares, y perdemos de vista lo esencial.
Como señaló el Senador señor Cantero al inicio de su intervención, hoy día tenemos voluntades políticas comunes y unánimes en torno de la necesidad de conseguir un mayor aporte de la gran minería para el desarrollo del país. Hace algún tiempo, este acuerdo no existía ni se expresaba en términos tan explícitos. Y, a mi juicio, es lejos lo más importante y trascendente. Todos somos partidarios de lograr un mayor aporte de ese sector a nuestro desarrollo.
Por eso, lo que estamos haciendo no es quizá lo más inteligente. Porque existen dos proyectos: el del Gobierno y el presentado por Joaquín Lavín . Y creo poco inteligente entrar en mutuas descalificaciones con relación a ellos, porque los dos son serios; los dos están fundados; los dos merecen que les demos una oportunidad para efectos de ver, con nuestras legítimas discrepancias, cuál nos permitirá ser más eficaces en lograr el objetivo. Y me parece poco inteligente descalificar y generar un clima o ambiente confrontacional, porque todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que para lograr el objetivo básico, nos guste o no nos guste, nos necesitamos mutuamente, en razón de la correlación de fuerzas que existe en el Senado y de las exigencias de los quórum constitucionales.
Por lo tanto, lo más sensato que podemos hacer, a fin de responder de mejor forma al país, es buscar, no los caminos que nos distancien, sino los que nos acerquen, dado que compartimos el objetivo fundamental.
El Gobierno nos ha planteado una vía para la búsqueda de esos acuerdos: el de aprobar hoy la idea de legislar, para tratar de alcanzarlos a través del proceso subsiguiente.
El hecho de que nosotros planteemos hoy que ese sistema no nos parece el más eficaz no es producto de un capricho, ni de una arbitrariedad, ni de un intento de utilizar políticamente la situación. Yo entiendo que el Gobierno hace su proposición de buena fe, con una correcta intención. Pues bien, nuestros argumentos al señalar que este camino nos genera inconvenientes también son de buena fe y tienen una correcta intención.
Fundamentalmente, los problemas que vemos son dos.
El primero es de carácter constitucional. Ya lo han señalado otros señores Senadores, pero quiero ratificarlo y precisarlo.
Si aprobamos hoy la idea de legislar y el Gobierno se compromete a presentar indicaciones que recojan las ideas planteadas por Joaquín Lavín, nos vamos a encontrar, necesariamente, con un problema de inconstitucionalidad, que dice relación a las ideas matrices de los proyectos de ley.
El señor ÁVILA .-
¡Eso es lo que dice el señor Cumplido!
El señor CHADWICK .-
Señor Senador , yo escuché con el mayor respeto su intervención.
¿Y por qué nos vamos a encontrar con esa dificultad? Porque la Constitución señala expresamente que todas las indicaciones que se presenten y no digan relación a las ideas matrices de un proyecto son inadmisibles, inconstitucionales.
Hasta hace algún tiempo podíamos tener legítimas discrepancias o divergencias acerca de cómo interpretar la norma. Pero quince días atrás el Tribunal Constitucional, en una resolución dedicada exclusivamente a esta materia, la ha precisado con exactitud.
En forma muy breve, me voy a referir a las dos ideas fundamentales expuestas por ese Tribunal.
"...esta Magistratura" -el Tribunal- "debe reiterar que, las ideas matrices o fundamentales del proyecto en examen, son las contenidas, única y exclusivamente, en el Mensaje de rigor,". Reitero: "única y exclusivamente". Y agrega: ''Por ende, resulta inconciliable con el texto, contexto y espíritu de la Constitución y de su legislación complementaria, claramente manifestados en los artículos 66 inciso primero de ella y 23 inciso final de la Ley Nº 18.918, sostener que adquieren la cualidad de ideas matrices o fundamentales del proyecto aquellas contenidas en indicaciones formuladas en el proceso formativo de la ley,".
Señores Senadores, con toda objetividad, esto resolvió el problema relativo a las interpretaciones existentes sobre las ideas matrices de un proyecto de ley.
Tenemos que recordar además que, en el trámite de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo por demostrar que el proyecto sobre royalty nada tenía que ver ni con patentes, ni con tributos, para efectos de precisar la razón por la cual le había colocado la exigencia de quórum calificado.
Por lo tanto, si tomamos ese camino, vamos a chocar necesariamente con un problema de constitucionalidad.
Vemos otra inconveniencia.
El Ejecutivo señala -si entendí bien- que, si las indicaciones fueran declaradas inadmisibles, podría patrocinarlas bajo la fórmula de un proyecto, dado que el Presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en estas materias.
Sin embargo, así como lo anterior presenta un problema constitucional, esto adolece de falta de viabilidad política, porque el proyecto contiene normas de exclusiva competencia del Primer Mandatario. Por lo tanto, no sólo en su origen se exige el patrocinio del Ejecutivo , sino que cualquier indicación o modificación posterior también lo va a requerir, por ser materia de su iniciativa exclusiva.
En tal virtud, se nos está pidiendo quedar políticamente atados de manos, porque la voluntad que se va a imponer será la del Ejecutivo.
Tanto los señores Senadores como los señores Ministros que están escuchando comprenderán que, políticamente, no es factible solicitar o exigir que uno entre a un proceso que va a requerir acuerdos y negociaciones sobre la base de que está atado de manos, dado que se trata de materias que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En consecuencia, por la imposibilidad constitucional y por la falta de viabilidad política de las alternativas que nos ha presentado el Ejecutivo , no podemos aceptar esa vía; no por un capricho, sino por razones fundadas, que se podrán compartir o no, pero que no obedecen a un criterio de carácter político de corto plazo.
Señor Presidente , quiero hacer una invitación distinta.
En vez de ir por ese camino, que presenta problemas de constitucionalidad y nos plantea incertezas políticas, hagamos un esfuerzo, no como el realizado recientemente -tratando de demostrar nuestras mutuas incoherencias con respecto a la materia-, sino en el sentido de encontrar las coincidencias que nos lleven a alcanzar acuerdos.
Voy a formular una invitación al Gobierno.
Hace no más de un año y medio dimos al país un verdadero ejemplo de cómo se pueden realizar las cosas para llegar a acuerdos y lograr metas que antes eran impensables. Conformamos una agenda de modernización del Estado; trabajamos en Comisiones con nuestros técnicos, a las que concurrieron Parlamentarios y Ministros, y, en un esfuerzo de corto plazo pero de intensa labor, logramos transformar ideas en proyectos y convertir éstos en leyes, mediante un sistema de trabajo que resultó tremendamente exitoso. ¡Tremendamente exitoso!
¿Por qué no repetimos la experiencia a partir de hoy? Quizá los tiempos hayan cambiado; puede ser que nos encontremos con que hay procesos electorales muy cercanos; que existan menores o mayores soberbias que en el pasado. No lo sé. Da lo mismo. ¿Por qué no repetimos la experiencia a que me he referido, que sabemos resultó exitosa, y la aplicamos a este proyecto?
Hoy día nos vemos obligados, por las razones que he expuesto, a rechazar la idea de legislar. Si no se alcanzan los quórum para aprobarla -cualquiera que sea el resultado de esta votación-, le decimos ahora al Gobierno que mañana estaremos dispuestos a sentarnos alrededor de una mesa para repetir la experiencia que nos tocó vivir en el caso de la agenda modernizadora del Estado y tratar de converger en un proyecto que nos permita responder a aquello que en común hemos destacado esta tarde y que es, ¡lejos!, lo más importante: lograr que la gran minería pueda hacer mayor aporte al desarrollo del país, por el bien de los más pobres de nuestra patria.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , Honorable Senado, hago íntegramente mías las palabras del Honorable señor Chadwick . Y deseo adicionar un punto para complementarlas.
Fui parte del grupo de los cuatro Senadores que concurrió anoche a una reunión con el señor Ministro de Hacienda . Al margen del planteamiento respecto de la cuestión constitucional, manifesté al señor Ministro y a quienes estaban presentes que me preocupaba el clima de polarización y enfrentamiento que se estaba gestando en el país, porque ello no hace bien a nuestra patria, y que, en función de eso, más allá de los formalismos, lo lógico sería, si había voluntad de ambas partes, retirar la urgencia a la iniciativa, avanzar en la discusión y, ojalá, llegar con un proyecto consensuado al Parlamento. Quienes estábamos ahí salimos con esa secreta esperanza.
Pero lamentablemente, al ver la televisión en la noche, vuelve a salir el "papelito". Es decir, de una reunión seria derivamos al uso de términos peyorativos en que primaban los aspectos comunicacionales por sobre las cuestiones de fondo que de verdad interesan al país.
Ahora, señor Presidente, deseo referirme al asunto que nos ocupa en esta oportunidad.
Se nos ha presentado una idea matriz: el royalty. Y, para abordar este punto, quiero complementar lo señalado en la Comisión de Minería -se consigna en el propio informe-, porque creo que en materia minera Chile ha vivido tremendos altibajos. En efecto, hubo un tiempo en que se debilitó profundamente el derecho de propiedad, y luego vino una época en que fue necesario restituir las confianzas, especialmente en el ámbito de la inversión extranjera, pues es un área que requiere tales aportes. Ello significó una modificación de la Constitución, un cambio en la ley orgánica, la dictación del decreto ley Nº 600, sobre invariabilidad tributaria. Es decir, se dio lugar a un conjunto de medidas que apuntaban al ámbito de la seguridad jurídica.
Quiero ser muy consecuente con lo que pienso, señor Presidente.
Desde el comienzo, en la Comisión de Minería fui contrario al royalty, básicamente por dos razones que expondré a continuación.
En primer lugar, creo que el royalty y la propuesta del Gobierno debilitan profundamente el derecho de propiedad. Éste, a mi juicio, constituye un elemento esencial para generar confianza en los inversionistas en materia minera.
El argumento principal para sostener la idea del royalty, tal como lo señala el proyecto, es que el Estado es dueño de los minerales y, por lo tanto, tiene el derecho a cobrar una regalía sobre esos recursos no renovables, con lo cual -como dije- queda debilitado el derecho de propiedad.
El Gobierno, para sostener su tesis, sólo toma en referencia aquella parte del número 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" sobre los minerales.
Sin embargo, señor Presidente -y aquí quiero reafirmarlo-, esa frase debe ser interpretada en armonía con el inciso séptimo de dicha norma constitucional, que permite al Estado otorgar concesiones de explotación de minerales a particulares y proteger el dominio de los concesionarios sobre la concesión, con toda la fuerza del derecho de propiedad.
La propuesta del Gobierno desconoce la existencia del inciso séptimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución y, por ende, el derecho de propiedad que le asiste al titular de la concesión.
Tan evidente es la protección que el legislador ha querido dar al concesionario respecto del derecho de propiedad, que el Estado tiene restringido severamente este último. De hecho, cualquier persona puede obtener una concesión por la vía judicial, sin que el Estado pueda oponerse. Y no sólo eso, sino que tampoco puede explotar los minerales contenidos en la concesión otorgada a un particular, salvo que la compre o la expropie. De esta manera, el Estado no puede usar, gozar y disponer de la mina. Más aún, el concesionario se hace paulatinamente dueño del yacimiento mismo, a medida que lo explota.
Por lo tanto, resulta imposible pensar que el Estado tenga realmente el dominio pleno de las sustancias ya concesionadas en explotación, por las cuales mediante el proyecto se pretende cobrar royalty. De lo contrario, el inciso séptimo de la citada disposición constitucional sería ineficaz.
Por una segunda razón me opongo a esta iniciativa: la discriminación arbitraria en materia económica.
El proyecto, aunque no lo señale, impone un gravamen, porque tiene todas las características de tal.
Y quiero resaltar algo que no tiene precedente alguno en la legislación tributaria posterior a la Constitución de 1980. Todos los tributos de afectación existentes en nuestro ordenamiento son anteriores a su dictación. Con posterioridad a dicha Carta, son impuestos generales. Todas las disposiciones constitucionales -¡todas!- apuntan a prohibir la discriminación arbitraria en materia económica.
El artículo 19, número 2º, del Texto Fundamental asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, y estatuye que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Más adelante, el número 22º establece la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y agrega en su inciso segundo que sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.
El proyecto parte de la premisa -y aquí entro al tema de la discriminación- de que todas las minas constituyen recursos no renovables y el Estado no recibe actualmente ninguna compensación por la extracción de los minerales.
Hecha esta valoración, uno debería plantearse si existen diferencias entre los minerales cuya explotación se concesionó por el Estado.
El artículo 1º de la iniciativa en análisis establece una distinción entre la minería metálica y la no metálica. A la primera se aplica tres por ciento de regalía, y a la segunda, uno por ciento.
Siguiendo la lógica del proyecto, al consignar distintas categorías tendríamos que llegar a la conclusión de que la minería no metálica es más renovable, por aplicársele una tasa menor, que la metálica. Y eso no es así. Aquí radica la gran contradicción de la iniciativa que nos ocupa. Existen sustancias no metálicas que tienen exactamente las mismas condiciones que las metálicas; sin embargo, se les aplican tasas distintas. Peor aun, se impone un royalty a minerales renovables o cuyo plazo de agotamiento supera en 500 por ciento al de otras sustancias.
La circunstancia de la agotabilidad nada tiene que ver con los fines del proyecto. Por ejemplo, la sal escapa a la calidad de mineral no renovable. Las reservas se estiman para más de 1.500 años en nuestro país, no obstante lo cual se le aplica la tasa por un plazo de agotamiento en miles de años, tal como señalé. Y el litio, que se extrae de los salares, se renueva anualmente en proporción relevante.
Por otro lado, resulta que muchos recursos naturales no renovables se encuentran en la misma situación fáctica y económica que el proyecto establece para la minería. Sin embargo, no está incluida la pesca, pese a que el Estado es dueño de las aguas. Y quienes explotan los recursos marinos no pagan un precio especial, distinto de la patente, por extraer la masa hidrobiológica.
Por lo tanto, el proyecto establece un gravamen sectorial que no tiene precedente alguno en otro tributo, tal como lo expresé. Habiendo probado que el Estado no es dueño de los minerales que ha concesionado, no existe fundamento alguno para imponer sólo a uno de los sectores productivos -el minero- un impuesto que no se aplica a ningún otro sector de la economía.
En virtud de las razones expresadas, por creer que la iniciativa debilita profundamente el derecho de propiedad y por constituir un grave precedente el establecer un tributo para un sector económico determinado, anuncio que votaré negativamente.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , podríamos habernos ahorrado varios problemas. Entre otros, el de que al desalojar la Sala esta tarde se actuara con violencia. Y pido a la Mesa que haga lo posible por investigar la situación, porque hasta hace pocos minutos una persona estaba en el suelo, producto de un empujón, y resultó con una pierna quebrada. No es bueno que eso suceda. Lo que va a salir en la prensa me preocupa poco; pero lo importante, en términos de imagen del Senado, es el balance de la jornada: el rechazo del royalty y un dirigente sindical herido en las puertas de acceso al segundo piso.
Ello es lamentable. Por eso, pido tanto a Su Señoría como al señor Vicepresidente del Senado que convoquen a quien corresponda, se haga una investigación y se tomen medidas.
Entiendo perfectamente que el Presidente del Senado tiene atribuciones para ordenar el desalojo de las tribunas, pero ello debe hacerse con cierta mesura. Y considero de la mayor importancia que, en ese sentido, se adopten las precauciones del caso, de tal suerte que no resulten personas heridas aquí mismo, en nuestra Corporación.
Señor Presidente , no tengo la menor duda de que hace mucho rato la Alianza por Chile tomó la determinación de votar en contra del royalty. Y es bueno que se haya dicho así y que el señor Larroulet fuera mucho más franco y directo el día de hoy al señalar que no puede pedir a la Oposición que apruebe la idea de legislar respecto de un proyecto que considera inconstitucional.
Lamento mucho que el señor Larroulet no haya sido informado de que discutimos largamente este tema en la Comisión, donde había dos connotados militantes de la Alianza por Chile; de que abordamos el aspecto de fondo de la inconstitucionalidad por más de ocho meses; de que hubo constitucionalistas a favor de la tesis del señor Silva Bascuñán -él fue, efectivamente, quien señaló que cualquier modificación a la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras era inconstitucional-, mientras otros importantes expertos, no necesariamente de la Concertación, nos aseguraron durante el debate que la materia en análisis es perfectamente constitucional.
El día de ayer recibí otro informe que señala en forma clara que el royalty es plenamente constitucional.
Aún más: en el debate habido en la Comisión, cuya labor defiendo, por el alto nivel alcanzado durante los ocho meses que trabajamos juntos con los Senadores señora Frei y señores Prokurica , Orpis y Lavandero , entendí -a lo mejor me equivoco- que al menos cuatro de sus miembros estábamos de acuerdo en la idea de aplicar una regalía y que los detalles acerca de los términos concretos en que se debiera implementar eran más bien de técnica legislativa o de índole tributaria. Es decir, cuatro Senadores en la Comisión -aun cuando no se refleje, lamentablemente, en la votación que habrá a continuación- estuvimos absolutamente de acuerdo con la idea de legislar sobre el royalty.
Por lo tanto, cuando aquí se dice que no tuvimos tiempo para legislar, debo hacer presente que, si bien el Honorable señor Orpis estuvo siempre en contra de la idea del royalty -debo reconocerlo-, al menos cuatro sí estábamos de acuerdo. Y por eso tres Senadores presentamos un proyecto sobre el royalty, no en los mismos términos en que el Gobierno planteó el suyo, sino básicamente en función de la idea consagrada en la Carta Fundamental -artículo 19, Nº 20º, inciso cuarto-, nacida de una modificación que introdujimos en 1991, la cual permite establecer tributos con clara afectación regional o local en beneficio de las regiones o de los poderes comunales.
Eso está ahí. Y perfectamente podríamos haber dado acuerdo para implementar el royalty sobre la base de esa norma.
Sin embargo, lo cierto es que está despejado por completo que la Alianza por Chile, en su conjunto ahora, se halla en contra del royalty. Porque el señor Larroulet -quien, según entiendo, es hoy una persona muy importante para los efectos de establecer políticas sobre esta materia-, no sólo señaló lo que acabo de leer, sino que a la pregunta "¿Cree que esta propuesta" -la que presentaron ayer- "se pueda ver como oportunismo político de Lavín?", respondió: "Es que yo creo que es incorrecto, porque siempre hemos planteado que el royalty es negativo.".
Es más. Luego dice el señor Larroulet : "Frente a una propuesta extremadamente dañina," -¡extremadamente dañina!- "la obligación de un liderazgo como el de Joaquín Lavín es tener una alternativa que permita rechazar el royalty, pero con una opción que es mejor. No es inconstitucional, no cambia las reglas del juego" -yo pondría entre paréntesis "sic"- "y exige una contribución de las mineras a las comunidades.". Y no lo digo yo, sino el señor Larroulet , en "El Mercurio", que todos creen que no miente.
Yo puedo entender que hay buenas intenciones en el proyecto que presentó -en mi opinión, demasiado rápidamente- la Alianza por Chile. Pero uno no puede aceptar que le pasen gatos por liebres. Porque las patentes mineras nunca fueron consideradas por la Comisión Especial del Senado de la República, ni siquiera por el Honorable señor Orpis , como alternativa para mejorar los ingresos del país. Eso, entre otras razones, porque todos sabemos, primero, que las patentes se hallan establecidas para amparar las concesiones mineras, y segundo, que ellas pueden perderse (si alguien tiene una concesión minera y no paga la patente, la pierde y el Estado la remata).
¿Qué ha sucedido en el país? Que por esa vía se ha producido exactamente el efecto contrario al que indicó la Honorable señora Matthei y que señala el proyecto de ustedes: una gran concentración de la propiedad minera.
Pregunten a la gente de la SONAMI -que no es de la Concertación- por qué existe una gran concentración de la propiedad minera; por qué el pequeño o el mediano minero no pueden acceder a ella, no pueden trabajar. Porque se ha hecho pedimento prácticamente de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque se ha perdido la propiedad minera; se ha rematado. ¿Y quiénes la rematan? Los grandes propietarios del sector.
Entonces, ustedes me están pidiendo que comulgue con algo que ya demostró ser falaz.
Además, ¿cuántas veces más quieren subir las patentes mineras? Dos coma y tantas, para que rindan 40 millones de dólares.
¿Por qué no se señala eso en el proyecto? No lo expresa el señor Larroulet en su larga entrevista.
Y tampoco he escuchado a los Honorables Senadores de la Alianza por Chile sostener que la patente minera puede descontarse del impuesto a la renta. Saben perfectamente que en la actualidad puede ser descontada. Pero cuando afirman que "Van a producir 42 millones de dólares, más 85 millones, lo que da 127 millones", no aclaran que el Fisco no recibirá con exactitud lo que aseveran públicamente, porque la patente se descuenta de aquel impuesto.
Saben igualmente que, analizada la situación con estrictez, lo vinculado con la patente es inconstitucional. Porque uno de los argumentos que ustedes han dado es que no se pueden aplicar tributos o impuestos francamente discriminatorios. Pero aquí los están planteando, y no sólo por la vía de las patentes mineras, sino además aumentando el impuesto a la renta en forma discriminatoria. Por lo tanto, cualquier ciudadano va a recurrir al Tribunal Constitucional y estaremos alegando durante diez meses acerca de si la proposición respectiva es o no constitucional. Y habrá perdido el país, lo cual es de verdad lamentable.
Asimismo, quiero decir algo que, en mi opinión, todos sabemos: aquí no está en juego el derecho de propiedad. ¡Eso fue zanjado durante el Régimen militar! El Tribunal Constitucional, a requerimiento de los propios Ministros de Minería de la época, determinó que era perfectamente posible hacer la interpretación -llegamos a ella en la Comisión y el Gobierno la ha efectuado a través de su proyecto- de que el Estado de Chile, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, Nº 24, inciso sexto, "tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" y, por lo tanto, derecho de propiedad sobre ellas.
El problema de constitucionalidad que se ha planteado dice relación a la renta que se obtiene de la propiedad minera. Y, al respecto, sostenemos que, efectivamente, es dueño de esa riqueza quien tiene la concesión. Muy bien. Pero como es una renta que pertenece a todos los chilenos, queremos que se proceda exactamente como en más de cien países:...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
...que se pague determinada cantidad, lo que técnicamente se denomina "royalty".
Señor Presidente , concluyo señalando que me gustaría discutir en serio sobre los otros cuatro pilares (voy a recoger el guante lanzado por el Senador señor Chadwick) . Y pidámosle al Gobierno que patrocine el proyecto de ustedes y el nuestro, a condición de que estén de acuerdo con el royalty. Porque si no, ¡cómo quieren que concordemos con su iniciativa, que, en mi concepto, es falaz: no tiene sustentabilidad técnica ni política!
En consecuencia, si desean hablar en serio, apoyen la propuesta de royalty que formulamos tres Senadores y veamos cómo apoyamos lo sugerido por ustedes, que podemos perfeccionar, porque hay allí aspectos positivos, como lo es la transformación de las sociedades contractuales mineras en sociedades anónimas.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Respecto de la inquietud planteada por el Honorable señor Núñez a raíz de que, con motivo del desalojo de las tribunas, una persona quedó fracturada o lesionada, debo aclarar en primer término que, antes de impartir la orden, pedí reiteradamente al público -el Senado es testigo- su cooperación para permitir el normal desarrollo de la sesión. Pero llegó un minuto en que ello fue imposible, como Su Señoría pudo apreciarlo, por el despliegue de panfletos y carteles; la interpretación de canciones, etcétera. De manera que no hubo otra alternativa que el desalojo.
En cuanto a los hechos ocurridos con motivo de esa medida, solicité un informe al Jefe de Seguridad , y sobre la base de él definiremos la procedencia o no de sumario.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , estamos terminando una larga jornada, que, sobre todo, ha sido sorprendente. Sorprendente porque, por una parte, se constatan convergencias significativas en torno a cuestiones muy de fondo; pero, por otra, estamos concluyendo una votación negativa que, en ausencia de otra fórmula, incluso va a impedir continuar el debate.
Eso constituye una paradoja; es sorprendente. Y me parece muy inconsecuente de parte de los Senadores de la Alianza por Chile.
Hablo de convergencias porque creo que, efectivamente, se han producido. Y quiero destacar a lo menos tres que considero bastante significativas.
En primer lugar, existe hoy acuerdo en cuanto a la necesidad de mejorar el aporte que hacen al país las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras. Esto no estaba hasta algún tiempo. Es nuevo. Se trata de un acuerdo importante, que constituye un activo positivo de esta discusión.
Segunda convergencia, que también es nueva: aquí ha quedado claramente establecido que es posible cambiar y mejorar las reglas del juego. Ellas no son tablas bíblicas inmodificables.
Hasta hace algunos meses, ése era un argumento de fierro, absolutamente impenetrable. Hoy, a propósito de la propuesta de la Alianza por Chile, ha quedado en evidencia que es factible mejorar las reglas del juego modificándolas en un sentido progresivo. Por lo demás, tal es el sentido de toda la acción legislativa.
Y, en tercer lugar, también han surgido ideas interesantes.
En lo personal, estimo que la fórmula de la patente minera es mala, porque -como se dijo aquí- no discrimina entre los distintos tipos de productores ni respecto de las utilidades que pueden generar las diferentes empresas. De modo que, desde ese punto de vista, es un instrumento de carácter inequitativo.
Pero, ciertamente, en el planteamiento de la Alianza por Chile hay temas interesantes. Tal me parece la nueva fórmula de invariabilidad tributaria, que permite eliminar resquicios legales. Asimismo, la idea de terminar con las sociedades contractuales mineras y establecer formas de mayor transparencia.
Encuentro sospechosa, sí -y lo digo con mucha franqueza-, la insistencia en un enfoque extremadamente restrictivo acerca de las ideas matrices del proyecto. Es una insistencia que busca justamente que la discusión no pueda continuar. Cuando uno tiene interés en proseguir el debate; cuando siente que hay una propuesta interesante y que a partir de la deliberación inteligente es factible abrir paso, procura crear condiciones para que la discusión se pueda desarrollar. Pero aquí se advierte más bien una intención distinta.
Desde esa perspectiva, quedará siempre la duda de si la propuesta en comento se hizo de manera sincera o fue una forma más o menos inteligente de salir del trance para enfrentar una discusión que tiene un juicio ciudadano, que es el que conocemos.
Es evidente que la suerte por lo menos del proyecto que nos ocupa ya está echada. No se va a alcanzar el quórum necesario para continuar su tramitación. Ello es muy lamentable. Y cada cual deberá asumir su responsabilidad.
Ahora, quiero dejar establecido que tengo confianza en que, a mediano o largo plazo, el royalty se terminará imponiendo.
Por de pronto, se trata de un tema muy de fondo. Y, en mi concepto, sería reducir demasiado la discusión el limitarla al rendimiento fiscal. Hemos debatido con bastante menos pasión proyectos con rendimientos fiscales mucho mayores que los de esta iniciativa.
Aquí se habla de recursos por hasta 100 millones a 120 millones de dólares a partir de 2007. No se trata de cifras espectaculares. Entonces, el rendimiento fiscal no es la materia principal. Los temas de fondo, los que finalmente harán que las modificaciones planteadas terminen imponiéndose, tienen que ver, primero, con la independencia nacional. Aquí hay un criterio de independencia nacional. Y considero del todo legítimo e indispensable que un país vele por sus recursos no renovables.
En tal sentido, yo haría una precisión técnica al Senador señor Orpis , en cuanto a que la minería no es lo mismo que la pesca. En la minería, por de pronto, se pagan patentes. En la pesca estamos hablando de un recurso renovable. Si se aplican ciertas normas de conservación, la biomasa y los recursos pesqueros se pueden reproducir; las rocas, el mineral, no. Por tanto, existe una diferencia que confiere al sector minero una particularidad que justifica el establecimiento de una regalía como el royalty, que es específica para él.
En consecuencia -insisto-, hay un tema bastante de fondo, que tiene que ver con la independencia nacional.
Pero existe otro aspecto también muy de fondo, vinculado con la posibilidad de ir modificando y mejorando progresivamente las reglas del juego. Por ende, hay un tema de soberanía legislativa.
Es relevante que eso quede despejado. Me parece inaceptable el argumento de que nada se puede discutir porque todo significa modificar las reglas del juego. Ello termina afectando nuestra independencia y nuestra soberanía legislativa, lo que es por completo inadmisible.
Desde ese punto de vista, me felicito de que la Alianza por Chile haya hecho una propuesta que, a mi entender, tiene muchas dificultades, pero que, en todo caso, parte de la base de que las reglas del juego también son susceptibles de cambios.
Un tercer criterio subyacente en esta discusión tiene que ver con las estrategias de desarrollo, con el uso más eficiente de nuestros recursos. Y, sobre el particular, la intervención del señor Ministro de Hacienda fue bien esclarecedora.
Al consentir en la existencia de un subsidio cuando no se establece un cargo por el acceso al recurso minero, se entrega una señal que tiende a la sobreinversión y a la sobreproducción.
La discusión al respecto no ha surgido hoy día, pero es muy interesante. En algún punto, la sobreinversión conduce a la sobreproducción, y también en algún punto, ésta tiende a deprimir los precios. Es un problema que nuestro país sufre de manera importante. Y ello conspira contra la diversificación de la actividad productiva. Porque la sobreinversión genera efectos negativos sobre el tipo de cambio e induce a resultados perniciosos desde el ángulo de nuestra diversificación productiva y de nuestra estrategia de desarrollo.
En consecuencia, aquí se plantea un asunto asimismo bastante de fondo.
Lo anterior se vincula igualmente con la equidad entre sectores. Recién señalé que el minero tiene una particularidad que otros sectores no poseen. Por tanto, no establecer un cargo por el uso de un recurso no renovable significa subsidiar a un sector en desmedro de otros.
Señor Presidente , algunos se preguntan por qué esta discusión no se hizo antes. A mi juicio, hay razones muy profundas para efectuarla ahora. Yo no habría sido partidario de abrir este debate en 1990. Hoy día Chile está mucho más maduro para tal efecto. Además, se cuenta con datos objetivos; dos de ellos son fundamentales.
En primer lugar, nuestro país -por lo demás, figura en la prensa de hoy- representa 36 por ciento de la producción mundial de cobre; es el productor indiscutido. Y puedo garantizar a Sus Señorías que, independiente de la suerte que tengamos en la modificación de la tributación del sector, Chile seguirá siendo una gran potencia minera, porque tiene el mercado, los recursos, la tecnología, el saber hacer; es decir, cuenta con todo lo necesario para mantener esa condición.
En consecuencia, este país puede hacer cosas que tiempo atrás no podía realizar. Hace 10 años no tenía el 36 por ciento de la producción mundial de cobre, sino sólo el 24 por ciento, y competía fuertemente con Estados Unidos, que alcanzaba a 18 por ciento. Hoy día el país del Norte se ha quedado muy atrás, con únicamente 8 por ciento de la producción mundial.
Por consiguiente, nuestras condiciones actuales son distintas de las de épocas pasadas. Ello nos permite plantearnos la modificación de un sistema de incentivos que claramente perdió interés, Probablemente, ya cumplió su objetivo. Sin embargo, hoy día es posible mejorarlo sobre la base de generar una mayor retribución para el país.
El segundo dato dice relación al hecho de que, hace 10 años, la minería pública (CODELCO) representaba más del 50 por ciento de la producción nacional. Por tanto, el royalty era bastante menos pertinente, pues, por el carácter fiscal de aquélla, la generación de recursos era distinta. Pero hoy día CODELCO representa alrededor de un tercio de la producción total.
Por lo tanto, sólo sobre la base del tremendo incremento en la participación de la producción minera se plantea esta discusión, en las condiciones de un país que ha madurado y se ha afirmado claramente como la principal potencia productora de cobre del mundo.
Desde ese punto de vista, quien es el líder tiene la posibilidad de efectuar modificaciones razonables en su sistema tributario.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , sin duda, éste no será recordado como un gran debate. Y lo digo con cierta pena, porque el Senado ha perdido una buena oportunidad para realizar una discusión más abierta, más tolerante, más positiva, más constructiva y, particularmente, que prestigie la relación que debe existir entre los distintos Poderes del Estado.
No voy a culpar ni a responsabilizar a nadie. Simplemente, estoy constatando una situación que me duele.
Desde hace 14 años, el Senado ha demostrado siempre que es capaz de ser un lugar de encuentro para alcanzar grandes acuerdos.
Sin embargo, pareciera que hay otros objetivos -más de corto plazo o que no están en la agenda legislativa- que se pretende alcanzar con este tipo de hechos.
Porque éste es un hecho. La gente no llegó aquí espontáneamente, señor Ministro . Llegó, probablemente, inducida por más de alguien y, en particular, preparada con pancartas, con una estrategia definida en forma previa.
Creo que no es la manera en que nos debemos conducir. De pronto daba la impresión de que, sin ninguna relación directa con las manifestaciones, a esa gente se le había acabado el tiempo destinado asistir a esta sesión, como si hubiese calculado mal el tiempo en que ocuparía las tribunas.
Nosotros estamos acostumbrados a que los debates sean públicos, y seguiremos preocupados de que así sea.
El señor Presidente del Senado tuvo enorme paciencia -y lo digo con alguna autoridad- para advertir, una y otra vez, a quienes estaban obstaculizando el debate que no era posible continuar en ese ambiente. De modo que responsabilizar a la Mesa -y en esto incluyo al señor Vicepresidente , quien es parte integrante y, espero, solidaria de ella- de la situación a raíz de la cual alguien, desgraciadamente, tuvo un accidente, me parece casi la culminación de una discusión que no será recordada como positiva ni constructiva.
Tengo la impresión de que hay Senadores que no dan debida importancia a las formas. ¡Y por Dios que son importantes las formas en democracia y en la vida republicana! Son tan relevantes como el fondo. Si en el Senado no somos capaces de respetar nuestro propio Reglamento, de respetar la Constitución y las leyes, que todos juramos defender, ¿a quién le haremos el encargo de que se cumplan esas formalidades y las exigencias correspondientes?
Acá se ha sostenido una y otra vez cuál es el tema de fondo. Por una parte, hay coincidencia en que las empresas mineras deben hacer un aporte más considerable al desarrollo del país, y por la otra, que tiene que haber más respeto por parte del Estado a los derechos de los inversionistas.
Y digo esto cualquiera que sea el Gobierno que administre el Estado; no lo señalo por el de ahora, sino que lo planteo en general. Porque en la práctica, si no somos capaces de conducirnos con respeto y de buscar las fórmulas que correspondan, no estamos respondiendo a lo que debemos hacer.
Aquí, señores Senadores, se está repitiendo un hecho que ya ocurrió en el pasado. Aquí se reitera, casi calcado, el mismo fenómeno de las reformas laborales. Algunos dirán que tuvo efectos poderosos, trascendentes. Pero de corto plazo. Yo diría que, si bien probablemente ellas incidieron en el ínfimo porcentaje de diferencia que hubo en la última elección presidencial, pueden significar la derrota de los mismos que las propiciaron, cuando se constate, como ya lo observa la ciudadanía, la relación directa entre inamovilidad e inflexibilidad laboral con desempleo profundo y estructural que hoy día se plantea en el país.
Entonces, no juguemos al corto plazo. Lo que ahora intentamos con estas dos claves es, por una parte, hacer que las empresas mineras participen mejor en el desarrollo, y por otra, que se sientan de verdad respetadas en sus derechos.
Y este tema no es menor. Un abogado muy prestigioso -lo leí el otro día en una revista-, que hoy está colaborando con el Gobierno -es de nuestras filas; pertenece a la Comisión Política de Renovación Nacional- señaló que debemos tener mucho cuidado con alterar el trato a las empresas. Ya Sus Señorías conocieron en el último tiempo el dictamen del CIADI que condenó esa situación. Y esto no lo dijo una persona que está en contra del Gobierno, sino alguien que se halla colaborando gratuitamente con él en la defensa de otro juicio ante esa misma Corte.
Nos encontramos frente a un buen proyecto. Muchas personas serias consideran que contiene aspectos claramente inconstitucionales y no está cumpliendo con el objetivo que la gente, en esas dos claves que señalé, ha planteado. Y -lo que es peor- hoy día se pretende que aquí obviemos la norma constitucional respecto de la forma.
Poco tiempo atrás -hace quince días- el Tribunal Constitucional, en un fallo unánime -y, por favor, señores Senadores, no me vayan a decir que la unanimidad fue un accidente-, llegó a la conclusión de que la idea matriz es exclusiva y claramente la que está contenida en el mensaje.
Por tanto, no voy a repetir la argumentación sobre ese punto. Cualquier indicación que no sea concordante con la idea matriz del proyecto debe ser declarada inadmisible. Y si no lo es porque a lo mejor habrá alguien que quiera actuar con manga ancha, necesariamente el Tribunal Constitucional tendrá que reparar la situación, pues también hay que respetar las formas. En una democracia republicana que quiere ser respetada se deben respetar el fondo y la forma.
Señor Presidente , creo que hemos perdido la valiosa oportunidad de alcanzar grandes acuerdos. Nosotros estuvimos, estamos y estaremos disponibles para alcanzarlos -como a veces se dice y repite- aquí y mañana mismo. Porque no cabe la menor duda de que los objetivos a que me referí -seguridad jurídica para el inversionista y mejor aporte de las empresas mineras- están pendientes, pero pueden ser una realidad. Y eso los señores Ministros lo saben.
A lo mejor no hemos encontrado el camino para estructurar esos propósitos de manera clara e idónea. Creo que el camino se fue diluyendo, se fue torciendo, se fue equivocando. Podemos decir cualquier cosa. Sin embargo, el espíritu está claro, está abierto.
No aprovechemos las coyunturas de corto plazo para obtener "ventajitas" -ya que se habla de "papelitos"- electoreras pobres, mediocres, que no conducen a nada.
Lo que pido es que seamos suficientemente responsables y miremos con altura, para que prestigiemos la relación entre los Poderes del Estado. En la medida en que no nos respetemos, la gente no nos respetará. Y no solamente a nosotros -aquí muchas veces se nos falta el respeto inducidos por quién sabe quién-, sino también a ustedes mismos, señores Ministros, porque todos formamos parte de este juego democrático.
Por ello, resulta muy importante que nos respetemos entre nosotros y sepamos construir los grandes acuerdos. Los intolerantes, los que no creen en ellos, obviamente darán un paso al lado. Pero quienes hemos participado desde hace catorce años en el Senado sabemos cómo lograr grandes acuerdos.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos, último orador inscrito.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , como manifesté en una intervención anterior -el Senado conoce mi opinión-, no compartí el criterio de la Mesa respecto a la tramitación de esta iniciativa, por cuanto consideré, conforme al artículo 65 de la Constitución, que no había sido rechazada en general. Al mismo tiempo, un conjunto de elementos permitían al Ejecutivo , de partida -lo sigo sosteniendo-, tanto renovar indicaciones en el Senado sobre algunos preceptos desechados por la Cámara de Diputados como presentar otras indicaciones patrocinadas por el Gobierno, para concluir, luego de su análisis en esta Sala y en un debate lo más amplio posible, en lo que se ha dicho con tanta insistencia aquí -hoy con mayor fuerza que en días anteriores-: que existe el ánimo de llegar a un acuerdo que mayoritariamente haga factible que el Estado chileno obtenga más recursos derivados del desarrollo de la gran minería del cobre y de diversos productos no metálicos.
En los fundamentos del mensaje el Ejecutivo plantea, en forma muy categórica, que su objetivo se circunscribe a tres ideas fundamentales.
Uno. Sostiene: "No obstante, el Estado no recibe actualmente ninguna compensación por la extracción y venta de recursos valiosos,". Y luego, recordando que el artículo 19, Nº 24º, de la Constitución dispone que el Estado tiene el dominio de la totalidad de los bienes minerales y de otros que se enumeran, establece una doctrina que, desde su punto de vista, es muy importante.
Dos. En el mismo capítulo referido a la naturaleza no renovable de los minerales, expresa: "ante un eventual agotamiento de estos recursos se perdería una importante fuente de ingresos y bienestar para el país.".
Consagra esa doctrina en términos bastante concluyentes. Sin embargo, no dice lo mismo respecto de diferentes productos renovables, como la pesca y otros, acerca de los cuales ni la Carta ni ley alguna precisan que son de dominio del Estado, sino que consisten en bienes naturales que éste administra.
Tres. Recalcando más los fundamentos de la iniciativa, dice: "El derecho del Estado a cobrar por el aprovechamiento de los recursos mineros,"... Y, como elemento general de todo este proceso, hace notar que en distintas naciones se han aplicado "fórmulas de reposición económica de dichos recursos, creando los instrumentos para que se capitalicen adecuadamente los fondos que se perciban por tal concepto.".
Ésos son los fundamentos de la iniciativa para avanzar en este aspecto, que permite, teóricamente, recoger mayores recursos para el erario.
Vistas así las cosas, evidentemente, la semana pasada existía la opción de votar a favor el proyecto, por cuanto -y ya se estaban dando las primeras noticias del acuerdo- era posible debatir el asunto aquí, en el Senado -el cual, como también se ha indicado, tiene historia y posee alternativas para resolver los problemas- y llegar a un objetivo común: aprobar una normativa legal que permitiera recaudar mayores recursos.
La Mesa planteó que, si el Ejecutivo lo deseaba, podría aplicarse el artículo 65 de la Constitución, que citaré otra vez: "El proyecto que fuere desechado en general en la cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República , con el acuerdo de los dos tercios", podrá nuevamente incorporarlo a trámite.
La verdad es que el texto no fue rechazado en general por la Cámara de Diputados. Por tal motivo, no cabía la aplicación de esa norma constitucional.
Lo expresé en su ocasión y lo reitero ahora: se ha cometido un grave error.
Ahora bien, teniendo en cuenta la posibilidad de incorporar tanto las indicaciones de la Oposición como otras que se han dado a conocer, y considerando que los fundamentos del proyecto eran muy amplios y no quedaban restringidos a un tributo o a una determinación concreta, pensé que era factible apoyar la habilitación de esta iniciativa para que volviera a la Cámara Baja y ahí formular las indicaciones correspondientes.
Sin embargo, no estaba a mi vista el documento que estamos votando. Al leerlo, tengo la impresión de que estamos como a medio camino de ninguna parte.
El Primer Mandatario dice: "En consecuencia, la situación producida obliga al Ejecutivo a recurrir a la aplicación del artículo 65" -lo que, a mi juicio, es un error; pero, en fin, lo acepto- "de la Constitución Política de la República", -y aquí viene la información que da la razón a los señores Senadores que se han manifestado contrarios a la forma como se pretende enfrentar este asunto; porque el Ejecutivo se caza solo al exponerla- "pues la idea matriz y central de un proyecto de su iniciativa, fue rechazada" en la Cámara de origen.
El propio Gobierno, entonces, marginó absolutamente cualquier otra alternativa. Y lo digo con pesar. Tanto el Ejecutivo como el Senado saben que mi disposición era favorable, al igual que la de otros Honorables colegas. Pero, al explicitar el Presidente de la República que la idea fundamental se rechazó, aunque votáramos favorablemente, no tenemos acceso a ninguna opción de nuevas indicaciones. ¡No la tenemos!
Si, eventualmente, acogiéramos este texto, el Presidente de la Cámara Baja o los propios Diputados, con todo derecho, podrían rechazarlo, teniendo cuidado de los efectos propios de una interpretación de la Constitución y de los reglamentos correspondientes.
Por último, si la otra rama del Parlamento no dejara en ridículo al Senado por aprobar algo que finalmente ella declare inconstitucional o inadmisible, nos exponemos a que lo haga el Tribunal Constitucional.
En definitiva, señor Presidente, nos han cerrado las puertas -y a mí en particular- para cualquier vía de debate reglamentario de las indicaciones pertinentes.
No existe ningún camino. Por un lado -y doy excusas al señor Presidente por decírselo en forma tan directa-, la Mesa hace el primer cierro al plantear que el artículo 65 es la vía por la cual se puede discutir el tema; y por otro, el propio Ejecutivo , con la firma del Presidente de la República y de los tres Ministros que aparecen en el oficio respectivo, especifica que la idea matriz ya se rechazó.
Entonces, repito: estamos a medio camino de ninguna parte. ¡A medio camino de ninguna parte!
En este debate se han proferido, ¡claro!, expresiones bastante duras, y otras, muy hermosas sobre el futuro de Chile. Pero la verdad es que ha sido inútil, porque no tenemos capacidad para modificar el Reglamento, y menos la Carta Fundamental o la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Señor Presidente, yo estaba dispuesto a votar a favor de la iniciativa, para posibilitar la incorporación de indicaciones. Ya no tengo área alguna para actuar acerca de ella. Y no quiero votar en contra, porque creo que se dispone de alternativas para encontrar un camino adecuado.
Todos concordamos en que es preciso obtener mayores recursos de la minería. Antes no era así. Me alegro mucho de que hayamos concluido, al menos, en algo positivo. Pero, conforme a las disposiciones que he mencionado, no existe pista de aterrizaje para ninguna alternativa legal.
Por tanto, me abstendré.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No hay más oradores inscritos.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Yo pedí la palabra, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha solicitado intervenir el señor Ministro de Hacienda . Aunque ya lo ha hecho reiteradamente, estimo apropiado, para cerrar el debate, conceder algunos minutos tanto a él como al Ministro señor Dockendorff.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , yo había pedido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Su Señoría podrá exponer su postura durante la fundamentación de voto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en general hago poco uso de la palabra en esta Sala. Espero que por esta vez se me excusará.
Quiero decir solamente tres cosas, de las cuales la única importante es la tercera.
Ante todo, es la primera ocasión en que me toca hablar con las tribunas a favor. La Sala es testigo de que por lo menos en tres oportunidades hemos tratado proyectos a raíz de los cuales el público asistente me ha lanzado todo tipo de proyectiles e insultos. Pero jamás se me habría ocurrido imputar al Senador señor Romero que podría haber inducido la presencia de gente en tribunas. ¡Nunca! Creo que la sociedad civil, tal como estaba expresada en los sindicatos que se encontraban en ellas, es autónoma. ¡Gracias a Dios!
En segundo lugar, he tratado de extremar mi capacidad de raciocinio para entender los argumentos -Sus Señorías saben que siempre me ha animado la búsqueda de consensos-, pero la verdad es que esto parecía una comedia de equivocaciones: primero se nos instaba a elaborar un proyecto de conjunto; después, a presentar otro aquí, en el Senado; más tarde se nos volvía a solicitar no discutir el texto de acá, sino trabajar en otro de conjunto.
Como eso no respondía a razón alguna, yo, francamente, no comprendía lo que estaba pasando.
Hoy se han expuesto diversas argumentaciones de carácter constitucional. Lo cierto es que la regalía propuesta por el Gobierno -y apelo a la simple lógica- requiere para su aprobación cuatro séptimos de la votación de los Senadores en ejercicio.
Por su parte, las patentes mineras que propicia el Alcalde Joaquín Lavín también necesitan el mismo quórum. La regalía del Gobierno conlleva un riesgo constitucional, al igual que las patentes del señor Lavín . Por lo tanto, estamos en un campo de juego nivelado y todos los argumentos que se han construido en torno a la materia no resisten lógica alguna.
En mi opinión, la intención del Senador señor Orpis ha sido tremendamente gratificadora.
Aquí, en el Senado, no hemos logrado el consenso necesario para avanzar con este proyecto porque la Alianza por Chile está en contra de la regalía. Por lo mismo -y es legítimo que lo haga-, buscará aumentar la contribución de las empresas mineras a través de otro expediente legal.
Sin embargo, de la propia argumentación del Honorable señor Orpis emana una contradicción obvia. Si Su Señoría afirma que en la Constitución no hay duda alguna de que la propiedad pertenece a los concesionarios, si el Estado no tiene propiedad sobre los recursos no renovables, no existe ninguna razón económica por la cual las mineras deban efectuar una contribución adicional. Y, de ser así, yo estaría absolutamente en contra, por tratarse de es una mala política económica. Esas empresas no hacen contribuciones adicionales porque ganan más plata o porque están ubicadas en el norte, en el sur, o por voluntad suya o de otras personas. Las pagan únicamente porque, a diferencia del resto de los sectores, usan un recurso no renovable.
Finalmente, aunque siempre he tenido ánimo de consenso -y podría resaltar muchas cosas bonitas que se han expresado en la Sala-, debo manifestar que me he quedado atónito y -por qué no decirlo- horrorizado, porque, tal como dijo el Senador señor Orpis , no se puede sostener que el Estado no tiene propiedad alguna sobre el subsuelo y sus recursos mineros,...
El señor ORPIS .-
¡No dije eso, señor Ministro !
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
...y que cualquier proyecto de esta naturaleza debilitaría el derecho de propiedad de las concesiones, aparte no condecir en lo absoluto con la legislación moderna en materia de compartición de propiedad -bastaría que leyeran el proyecto de ley Mercado de Capitales 2 para que se dieran cuenta de que hoy existe la fórmula más compleja, ¡gracias a Dios!, que ha permitido el desarrollo de la economía de mercado-, de derechos y deberes, etcétera.
La Carta Fundamental es extremadamente clara: el derecho de propiedad es del Estado; el derecho de propiedad del mineral extraído es del concesionario. Ése es el equilibrio que se guarda. Si no fuera así y el derecho de propiedad perteneciera al concesionario, estaríamos en presencia de un horror económico. El recurso más importante de Chile -36 por ciento del mercado mundial- habría dejado completa y totalmente de ser controlado por los chilenos. Eso contradiría en los hechos lo que el Ejecutivo y el Legislativo de la época suscribieron.
El señor ORPIS .-
¿Me concede una interrupción, señor Ministro ?
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Termino inmediatamente.
El derecho de propiedad que establece la Constitución, Honorable señor Orpis , es del Estado, y el derecho del mineral es del concesionario. Si el Estado pretende, por cualquier vía, cuestionar el segundo de tales derechos, debe resarcir al concesionario hasta por el valor completo del yacimiento. Pero el derecho de propiedad -insisto- es del Estado. Y por eso la minería debe tener un tratamiento especial y hacer una contribución mayor. De lo contrario, no habría ninguna razón económica que se lo exigiera.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia..
El señor ORPIS.-
Señor Ministro , le pido una interrupción, con la venia de la Mesa.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Se la doy, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , lo que yo señalé -y así ha quedado constancia en la Versión Taquigráfica- es que el número 24º del artículo 19 de la Constitución debe entenderse en armonía con el inciso séptimo.
Sostuve también que el Estado tiene limitaciones respecto del derecho de dominio, porque el inciso séptimo de ese número permite establecer las concesiones, caso en el cual se tiene un derecho de propiedad sobre ellas. De tal manera que el Estado, desde el momento que otorga las concesiones, permite a sus titulares apropiarse de los minerales que forman parte de ellas.
Lo que he señalado es que el derecho de propiedad tiene limitaciones en la medida en que se entreguen concesiones.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me concede una interrupción, señor Ministro ?
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
No tengo inconveniente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda , a quien ruego ser breve, pues ya es hora de terminar la votación.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Si la limitación fuera tal que ante una pequeña carga el derecho de propiedad del concesionario se viera severamente lesionado, sería enteramente nominal y no tendría ningún valor.
La señora MATTHEI .-
¿Y quién dice si es pequeño o es grande?
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
El Tribunal Constitucional.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Por favor, evitemos los diálogos.
Tiene la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , al final de esta larga jornada, sólo deseo hacer presentes cuatro cosas.
Ante todo, lamento que se hayan ocupado tantos minutos o tan dilatados discursos en cuestiones más bien procedimentales. Y, en tal sentido, agradezco al Senador señor Orpis el haber tenido la franqueza y la claridad de expresar exactamente el trasfondo de la voluntad política de votar en contra del royalty.
Creo que optamos por el camino correcto: el de la democracia, el que ofrecen las instituciones elegidas por los ciudadanos para debatir estas materias. Ya se habían agotado los espacios de los técnicos. El Gobierno tiene la convicción de que ésta es la senda que deben seguir los grandes debates sobre las cuestiones nacionales. Era una gran oportunidad, pero se está desperdiciando.
Lamento profundamente que se pierda la gran posibilidad -como algunos señores Senadores ya lo señalaron- de poner a disposición de Chile un instrumento del que carece para enfrentar el siglo XXI, como lo es un Fondo para la Innovación. Éste permitiría, junto con las reformas educacionales de los últimos años, sentar dos bases importantes para proyectar una estrategia país que se funde más en recursos renovables, como lo son la educación y la innovación, tal cual lo demuestra la experiencia de numerosas naciones que han avanzado con éxito en la senda del desarrollo.
Finalmente, hago presente que, por esa misma razón, el propósito del Gobierno de Chile es insistir y proseguir en la idea de legislar sobre esta materia, pues no sólo creemos que hay un tiempo político adecuado para ello -al cual nos debemos-, sino además que el país en su conjunto, directa o indirectamente, ha expresado en forma mayoritaria su voluntad para seguir adelante con un instrumento que traerá beneficios: el royalty minero.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Cerrado el debate.
Ruego al señor Secretario tomar la votación a quienes aún no han emitido su pronunciamiento.
--(Durante la votación).
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , después de escuchar atentamente este debate, quisiera hacer la siguiente reflexión.
Estamos viviendo dos años con procesos electorales, quizá los más estrechos que en muchas décadas haya tenido Chile. A fines de 2004 habrá elecciones municipales, y el próximo año, parlamentarias y presidenciales.
Recuerdo que a comienzos de 2004 participé en un foro de la ENADE junto con dirigentes de la Concertación y de la Alianza. Allí sostuve -y siento que los hechos me dan la razón- que la clase política, de Gobierno u Oposición, debía pasar básicamente dos grandes pruebas.
La primera de ellas se refería a lo que tantas veces se ha denominado "prueba de la blancura", en el sentido de si seríamos capaces de legislar sin pretender, al hacerlo, sacar ventajas electorales que, en un proceso estrecho, pueden resultar significativas.
La segunda se relacionaba con el "efecto bumerán", así denominado porque quien lo emplea siempre corre el riesgo de que su oponente, sea Gobierno u Oposición, lo utilice en el proyecto de ley siguiente.
Llama la atención que el Ejecutivo tenía un punto ganado en este debate, en cuanto a que, en definitiva, tanto la Alianza como él plantean hoy un mayor pago por la explotación de los recursos no renovables. Ése es un hecho. El Gobierno lo hace a través del royalty, y algunos pensamos que ese instrumento no es el adecuado, sobre la base de considerar que afecta contratos suscritos que atrajeron inversiones extranjeras para explotar recursos no renovables (nuestro país no tenía capacidad económica para explotarlos). Alguien podrá aducir que es un tema controvertido; pero se trata de una opinión que ha sido objeto de muchas observaciones. A cambio, planteamos un proyecto que hace posible la recaudación de recursos a través del pago de patentes y de una serie de otras normas.
Si el Gobierno hubiese tenido la voluntad de concordar una iniciativa de esta naturaleza, habría hecho algo muy similar a lo que sucedió con el proyecto del plan AUGE (en torno de éste había opiniones muy distintas, y se produjo una gran discusión). Pudo enviarlo al Congreso y hacerlo fracasar. Y no se trataba de una discusión menor sobre un tema que para algunos resultaba sustantivo: el fondo de solidaridad entre el sector público y el privado.
Sin embargo, en esa instancia el Gobierno actuó bien, porque buscó el consenso, generó y logró una iniciativa legal en el Senado, con los votos favorables de la Oposición, que hoy le permiten contar con una ley que no se imaginaba en los comienzos de la tramitación en la Cámara de Diputados, donde fue sacada a tirones y con urgencia.
Y ahora hace todo lo contrario.
Tengo la impresión de que los Ministros actúan de buena fe. Y, sobre esa premisa, lo lógico y razonable es que cuando se presentan dos planteamientos no se utilice el resquicio de introducir normas que a todas luces resultan incompatibles con las ideas matrices de un proyecto. Todos los miembros de la Comisión de Constitución del Senado así lo han establecido. Y se ha dicho: "Sentémonos a conversar sobre la convergencia de ambas ideas en una iniciativa nueva y distinta".
Ayer la Alianza por Chile presentó su proyecto. Incluso, surgió una discusión al interior de ella, y se llegó a la siguiente conclusión: "Llevémosle el proyecto al Gobierno; sentémonos a conversarlo; démonos un plazo, y busquemos cómo lograr que ambas iniciativas se consoliden". Y el resultado es que, en nuestra opinión, las fórmulas sugeridas resultan a todas luces imposibles de llevar a la práctica, porque vulneran la legalidad vigente en la tramitación de un proyecto de ley. Por ello, hacerlo mediante el trámite de la insistencia es inconstitucional; enviar a tramitación, una vez dada la aprobación de los dos tercios de los Senadores presentes, un proyecto que ya se había iniciado, cambiando sus ideas matrices, también es inconstitucional. Lo sensato era buscar cómo conciliar el instrumento. Y si el propósito del Gobierno apuntaba a obtener más recursos, ya los consiguió.
Pienso sinceramente que tal actitud -y quiero dejar constancia de ello en la Sala- sólo obedece a una decisión política para sacar una ventaja electoral sobre un tema sensible.
Tengo el más absoluto convencimiento de ello, porque el Ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre -lo digo derechamente-, cuando quiere, arregla los problemas; en el caso del AUGE, los arregló.
La señora MATTHEI .-
¡Ahí no más...!
El señor ESPINA.-
Pero cuando no quiere, no los arregla. Y en esta oportunidad no lo hizo. ¿Para qué? Para sacar un punto de ventaja electoral.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Terminaré de inmediato, señor Presidente.
¡Cuidado! Se aproximan dos años electorales, y no me gustaría que se produjera el "efecto bumerán", porque ello va a ser muy malo para el país.
Por esas razones, voto en contra.
El señor EYZAGUIRRE.-
¡El "second guess" es una muy mala práctica, señor Senador !
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Le ruego al señor Ministro evitar los diálogos.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , hoy los mineros celebran el día de su Patrono: San Lorenzo . Y para ellos no constituye satisfacción alguna saber que esta tarde en el Senado se está rechazando la posibilidad de tener más dignidad en sus vidas a través de su trabajo y de retribuir al país con los recursos no renovables, que son del Estado.
Por eso, lamento enormemente lo que ha pasado, y también el que la Alianza por Chile, una vez más, tenga un doble discurso.
El planteamiento de los Senadores de Oposición en el sentido de que esta discusión es de último minuto desconoce el trabajo que hemos realizado en la Comisión Especial sobre Tributación Minera desde hace más de un año. El tema del royalty se ha debatido en la Cámara de Diputados y en el Senado durante muchos meses, y sólo ayer, a última hora, dichos Senadores aparecieron con su proposición, que, además, ellos mismos califican, en algunos de sus puntos, de inconstitucional.
Entonces, esto es absolutamente demencial. La gente no lo entiende. La Alianza por Chile le está pegando un portazo a Chile; no al Gobierno de la Concertación, y ni siquiera a los Parlamentarios de las Regiones mineras.
Esto no es una bufonada, señor Presidente . Este proyecto representa un anhelo más que serio para las Regiones mineras. Y deploro que algunos señores Senadores que las representan lo califiquen como una bufonada. ¡No, señor Presidente!
El señor CANTERO .-
¡Es la actitud, Su Señoría!
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ruego evitar los diálogos.
La señora FREI (doña Carmen) .-
¡Esto es lamentable! Y, frente al país, tendremos que dar la cara tanto quienes consideramos que nuestras riquezas nos pertenecen y son para el bienestar de todos los chilenos como aquellos que piensan que con triquiñuelas de último minuto se va a torcer la opinión que la ciudadanía ya se ha formado sobre ellos.
¡La Alianza por Chile le dio un portazo a la posibilidad de seguir estudiando estos temas, que hace mucho tiempo se están discutiendo! No son de hoy día o de ayer; llevamos más de un año. Y si el señor Lavín y la Alianza por Chile hubieran tenido la voluntad de trabajar para que Chile recupere lo que es nuestro, habrían presentado sus proyectos y sus propuestas hace bastante tiempo. No la tuvieron, no quisieron hacerlo...
La señora MATTHEI .-
¿Y el Presidente Frei Ruiz-Tagle?
La señora FREI (doña Carmen) .-
¡Ustedes están bastante equivocados! El Presidente Frei Ruiz-Tagle votó a favor del royalty, y dijo clara y públicamente que iba a presentar indicaciones para mejorar o cambiar aspectos del proyecto que no le parecían adecuados. ¡Pero quienes cerraron la puerta para discutir esta iniciativa son los Senadores de la Alianza por Chile!
La señora MATTHEI .-
¡No!
La señora FREI (doña Carmen).-
¡Y por eso se van a ganar el rechazo de todos los chilenos!
La señora MATTHEI .-
¡No es así! ¡Ustedes cerraron la puerta! ¡Nosotros somos responsables!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
La señora FREI (doña Carmen).-
Obviamente, voto que sí.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , en mi intervención señalé -no voy a repetirlo- que no he escuchado ningún argumento sólido contra el royalty y que las dos argumentaciones vertidas en el debate habían sido desmentidas por la proposición de la Alianza por Chile: la de las reglas del juego y la relativa a que el proyecto daña la inversión.
Pero sostengo un tercer argumento, que expuse al final de mi intervención y al cual deseo referirme ahora: la eventual inconstitucionalidad del royalty.
Si estamos de acuerdo en lo sustantivo, entendiendo que sobre el tema de constitucionalidad surgen opiniones muy sólidas en ambos sentidos, lo que corresponde es aprobar el proyecto y que el organismo facultado por la Constitución Política para reclamar eventuales asuntos de legalidad dé su palabra al respecto.
Por lo tanto, la presunta inconstitucionalidad del proyecto, que incluso podría afectar compromisos del Estado de Chile -a mi juicio, para nada están en cuestión-, no es un argumento razonable para votar en contra de la iniciativa.
Estimo que la propuesta de la Alianza por Chile contiene elementos muy débiles; por ejemplo, el de las patentes. Entiendo que resultaría muy discutible sólo una modificación al Estatuto de la Inversión Extranjera respecto de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Empero estaría dispuesto a estudiarla.
Eso sí puede ser considerado mucho más inconstitucional, porque es evidente que el decreto ley Nº 600 se refiere de manera específica a la invariabilidad tributaria y únicamente a la Ley sobre Impuesto a la Renta. Así lo dispone su texto. Por eso, invito a los señores Senadores a leer los artículos 9º y 11º del decreto ley Nº 600, pues se remiten de manera taxativa y explícita a la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En consecuencia, lo que aquí ha faltado es la voluntad de seguir con el debate. Porque estoy convencido -tal como ocurrió con la reforma de Salud, donde existía primero la voluntad de aprobarla- de que ahí las partes, incluso la Oposición, modificaron muchas opiniones iniciales.
No tengo dudas de que una discusión serena, desprejuiciada, que promueva un acuerdo en el sentido de que elevar la contribución de la gran minería del cobre y metálica al país, nos podría llevar a todos a la conclusión de que, desde los puntos de vista constitucional y económico y desde la perspectiva de la competitividad de la industria minera, la mejor alternativa es la regalía.
Creo que, si tuviéramos una discusión clara sobre esos asuntos, podríamos convencer a muchos señores Senadores. Yo mismo estaría dispuesto a recoger algunos elementos del llamado " Proyecto del Alcalde Lavín ".
Pero, finalmente, la Oposición dio un portazo. Espero que no sea irreversible, porque en definitiva el debate este año se instaló en el país, promovido por la Concertación y por el Gobierno del Presidente Lagos; está en la conciencia nacional; cuenta con apoyo, y hasta se halla -creo yo- en la consideración pragmática de la propia industria. Incluso, los analistas internacionales de riesgo y la única opinión de Wall Street -en esto le doy más autoridad que a mí mismo- indican que el royalty ya está absorbido y que sólo esperan que se materialice luego para establecer reglas del juego claras.
En fin, hemos dado un mal paso. Hay una Oposición que, a mi juicio, no ha tenido muestras de sabiduría política. Costaba poco hoy día reunir los dos tercios y seguir el debate en la sede parlamentaria. Igual lo vamos a reponer una y otra vez, para que finalmente logremos que la minería efectúe el aporte razonable y justo que debe hacer al desarrollo del país.
Voto que sí.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, en un tema de esta naturaleza no se puede dejar de expresar una opinión.
El problema radica, sencillamente, en que nos estamos globalizando. Y eso significa codearse con los países industrializados, lo que implica, a su vez, aceptar sus reglas.
Los del recurso minero, al igual que los del marino y del forestal, son problemas mayores, de carácter nacional o estatales. Es el Estado el que se globaliza y no los gobiernos. Para globalizar a aquél se requiere el consenso de grandes mayorías.
Por esa razón, estoy muy optimista al respecto, pues por primera vez, todos han expresado su parecer. Al igual como ocurrió con el problema hídrico y con el de la educación, siento que estamos dando un paso adelante, y que, más tarde o más temprano, se va a llegar a un acuerdo. Porque, así como la actividad forestal es más que la ley sobre modernización del recurso forestal, la cuestión minera es más que el royalty.
Inevitablemente, habrá que modernizar el modelo económico, en el que en su momento no se hicieron las regulaciones necesarias. Así sucedió también con el recurso hídrico y en muchos otros ámbitos. Y si queremos globalizarnos con eficiencia, en todos ellos habrá que llevar a cabo una modernización.
En marzo de 1993 el Senado aprobó por unanimidad la que sería la ley 19.207, que reemplazó al decreto ley Nº 600. Éste es un antecedente muy importante, porque el Gobierno del Presidente Aylwin quería dar a conocer al mundo que Chile contaba con una estructura jurídica que permitía respetar los acuerdos. La idea era incentivar la inversión extranjera en el país. Y así se hizo.
¿Y qué pasó con esa ley? En los últimos 12 años entraron 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil a 30 mil millones -tal vez 35 mil millones- se invirtieron en la minería; 16 mil millones ya están en desarrollo en los actuales proyectos, y otros 20 mil millones se hallan pendientes, a la espera de materializarse en otras iniciativas.
Esto es sumamente interesante. Porque la verdad es que yo tenía dudas en cuanto a lo que el cobre entrega al país. Pues bien, lo que nos aporta ese metal son más o menos 5 mil millones de dólares al año.
Además, el sistema minero, que no es el mismo del de los años 50 -el de hoy es absolutamente diferente-, contribuye con 80 mil empleos directos y 400 mil indirectos.
Estamos hablando de nuevos sistemas de gestión, que son los que se requieren para competir en un mundo globalizado.
En la actualidad existe una tremenda discusión acerca de si debe o no debe establecerse un royalty o patente minera; pero, en mi opinión, inevitablemente se va a llegar a un acuerdo que será de gran beneficio para el desarrollo nacional.
Conozco los proyectos planteados -el de la Alianza; el del Senador señor Lavandero , e incluso éste-, y creo que lo que debe analizarse es el conjunto de ellos. Por eso pienso que, más tarde o más temprano, la minería generará un mayor aporte al desarrollo de Chile.
Por lo expuesto, voto que no.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , debo una explicación al Ministro señor Eyzaguirre .
Él expresó su molestia porque yo dije que muchas de las personas que estaban en las tribunas habían sido inducidas a venir a este Hemiciclo. Probablemente tiene razón. He confirmado -por eso quiero darle mis excusas- que, en su interés por venir a presenciar un debate del Senado, "coincidieron" en el uso del mismo vehículo en que se trasladaron.
También se "encontraron" con una sorpresa: que en los asientos había unos carteles con la leyenda "Royalty ya". Ésta es, simplemente, una "coincidencia" no atribuible a quienes vinieron "espontáneamente" a escuchar una interesante discusión.
Algunos lo encontraron horroroso y dijeron que presenciaron atónitos el debate. Pues bien, yo también estoy perplejo de que se intentara decir que se trataba de personas que espontáneamente confluyeron, que espontáneamente levantaron sus brazos con los puños cerrados, y que el hecho de que regresaran a sus casas en el mismo vehículo fue una simple "coincidencia".
Por eso doy las excusas del caso al señor Ministro . Le ruego que me perdone.
Voto en contra.
La señora FREI (doña Carmen).-
¡Vamos a ver a quién trae Su Señoría a las tribunas cuando se vote el traslado del Congreso a Santiago!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , como dije al comienzo de mi intervención durante la discusión del proyecto, las condiciones de Chile han cambiado. El país reclama un mayor aporte o contribución de la minería al desarrollo de la nación. Lo asumo, lo comparto, y estoy dispuesto a legislar sobre la materia. Esto fluye de la iniciativa del royalty y, también, del proyecto sobre patente minera que presentó la Alianza por Chile. Por eso, me parece que están dadas las condiciones para tratar el asunto con altura.
Sin embargo, me preocupa lo que he constatado en la discusión. Algunos creen que la formalidad del respeto a las normas constitucionales y legales es una cuestión secundaria. Creo que las mayorías deben respetar siempre el marco institucional, porque ellas son circunstanciales. Mañana perfectamente pueden ser minoría, y en tal caso les puede resultar ingrato y muy desagradable que otros pretendan atropellar sus derechos o burlar la institucionalidad.
Las instituciones deben ser sólidas y solventes.
En mi opinión, el fracaso del proyecto se debe al mal manejo del propio Gobierno, por dar un uso político-electoral al asunto.
Una señora Senadora trató de tergiversar mis palabras. ¡Yo nunca dije que el proyecto fuera una bufonada! "Bufonada" es la conducta de quienes pretenden caricaturizar, burlarse -ahí está el Diccionario para el que tenga dudas-, satirizar, hacer chanza o darle comicidad a algo. En consecuencia, al que le caiga el sayo, que se lo ponga.
Por otra parte, comparto las aprensiones formuladas públicamente por el Senador señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
Es el momento de buscar el diálogo y de hacer converger las ideas a través del entendimiento y de la voluntad efectiva de sacar adelante la iniciativa.
El Gobierno se ha farreado una posibilidad maravillosa, porque hoy día se observa un gran avance en el país: la Concertación ha evolucionado; el Presidente Lagos , que dijo "No" al royalty en su momento, también lo ha hecho, como igualmente los Ministros, que -como aquí se ha reconocido- tuvieron dudas al respecto. La Alianza por Chile, de igual modo, ha evolucionado.
Quienes hemos estado trabajando en esta materia nos sentimos contentos de tal progreso, porque es positivo para el país.
Por tales razones, expreso mi esperanza de que esto permita abrir un espacio y que la actividad minera haga una mayor contribución para el desarrollo de Chile y de los chilenos.
Es absolutamente necesario enfatizar que la iniciativa debe recoger la idea contenida en las dos propuestas que se conocen -en una, expresada con claridad, y en la otra, dubitativamente-, en cuanto a que el mayor aporte de recursos debe destinarse a las Regiones distintas de la Metropolitana. Santiago no puede seguir creciendo a costa de los recursos que fluyen desde ellas. Si el fundamento es que las zonas mineras tengan un desarrollo sustentable porque explotan recursos naturales no renovables, seamos coherentes y consecuentes con esa lógica.
Por tales razones, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Resultado de la votación: 26 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Cantero, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Romero, Stange y Vega.
Se abstuvo el señor Ríos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En consecuencia, por no lograrse el quórum establecido en el artículo 65 de la Constitución para la insistencia del Presidente de la República , queda desechada tal idea. La iniciativa y los antecedentes del caso se remitirán a la Cámara de Diputados.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:30.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.