Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ANÁLISIS DE SITUACIÓN QUE AFECTA A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
-
ANÁLISIS DE SITUACIÓN QUE AFECTA A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 4 de agosto de 2004
Especial
(De 12:18 a 14)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE , JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE, Y CARLOS BOMBAL OTAEGUI, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA.................................................................................................................
IV. ORDEN DEL DÍA:
Análisis de situación que afecta a Ministerio de Obras Públicas ¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:18, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Señores Senadores, corresponde elegir Presidente accidental.
El señor NOVOA.-
Propongo al Honorable señor Bombal.
El señor CHADWICK.-
Sí, Senador señor Bombal.
El señor VIERA-GALLO.-
Muy bien.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Si le parece a la Sala, se designará al Honorable señor Bombal.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Bombal.
III. CUENTA
El señor BOMBAL (Presidente accidental).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que concede beneficios a los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos (Boletín Nº 3.134-07).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual informa que aprobó, con las enmiendas que señala, la iniciativa que otorga beneficios a los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos (Boletín Nº 3.134-07).
--Queda para tabla.
Del señor Ministro de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referente a las personas favorecidas con los beneficios que en materia educacional establece la ley Nº 19.123.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Stange, atinente a los trámites de regularización del inmueble que indica, ubicado en la comuna de Puerto Montt.
Del señor Director del Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a un fallecimiento en el Hospital de Puerto Montt causado posiblemente por la enfermedad denominada "Creutzfeldt Jacob".
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la de Hacienda , recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Régimen de Garantías en Salud (Plan AUGE), con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.947-11).
Cuatro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por doña Rosa Adela Lerici Cortés y por los señores Carlos Iván Mora Silva, Jorge Hermes Valenzuela Aguilera y Alfonso Jorge Galeb Daher (Boletines Nos S 747-04, S 710-04, S 715-04 y S 742-04, respectivamente).
--Quedan para tabla.
El señor BOMBAL (Presidente accidental).-
Pasa a dirigir la sesión el señor Vicepresidente.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados por medio del cual comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que crea los tribunales de familia, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Queda para tabla.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Anuncio la inclusión en la tabla de Fácil Despacho de las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por doña Rosa Adela Lerici Cortés y los señores Carlos Iván Mora Silva, Jorge Hermes Valenzuela Aguilera y Alfonso Jorge Gales Daher, con informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
A contar de este momento pasa a dirigir la sesión el Presidente del Senado, Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Gracias, señor Vicepresidente.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el informe de Comisión Mixta referido a los tribunales de familia quede en Tabla de Fácil Despacho a los efectos de tratarlo en la sesión ordinaria de esta tarde.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ANÁLISIS DE SITUACIÓN QUE AFECTA A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
A petición de un grupo de señores Senadores, se convocó a esta sesión especial para analizar la situación que afecta al Ministerio de Obras Públicas y escuchar el informe de la Comisión del ramo, que fue entregado a Sus Señorías en enero del año en curso.
Ofrezco la palabra.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , Honorable Senado, esta sesión tiene por objeto realizar un análisis, dentro de las facultades de esta Corporación, acerca de la situación que vive el Ministerio de Obras Públicas.
Los problemas que afectan a dicha Secretaría de Estado provienen fundamentalmente de las malas rentas que hay en la Administración Pública y de los desafíos crecientes que implica contar con una infraestructura pública que asegure la integridad territorial y satisfacer la necesidad de transportes y servicios que tiene el país.
Ésta es una situación general en la Administración Pública. La dificultad, sin embargo, se agrava por el tipo de soluciones que en un momento dado se pretendió dar.
La inversión y el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas han aumentado notablemente, pero ello no siempre significa que vayan aparejados a igual incremento de obras. Hay que asociar diversos indicadores para hacer una figura de conjunto que permita analizar y evaluar.
De acuerdo a la Ley de Presupuestos, en 1989 a dicha Cartera se le otorgaron 362 mil 863 millones de pesos, cifra que al año 2004 alcanza a 805 mil 6 millones.
Un punto significativo ha sido la modalidad de realizar las obras por concesión. De hecho, la administración para el sistema de concesiones en los años 90 contaba con cero pesos y al presente año tiene 283 mil 6 millones.
La demanda por mejores condiciones de trabajo ha sido permanentemente señalada por los distintos estamentos (profesionales, técnicos, administrativos y de trabajadores) del Ministerio.
Contra la voluntad de ellos, y en particular de los ingenieros y otros profesionales, en 1996 se presentó el proyecto de ley sobre modernización del sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica. Se estimó en esa época como un proyecto piloto para el resto de la Administración Pública.
Las objeciones a dicha iniciativa provinieron de distintos sectores, debido a que pretendió fijar plantas por decreto y no por ley, y plantas de cargos críticos de naturaleza variable, asociándoles estímulos económicos. A juicio de los gremios y asociaciones del personal, el proyecto destruía la carrera funcionaria; provocaba desigualdades ante la ley; consagraba apelaciones ante la misma autoridad que resolvía, y, en algunos casos, sancionaba a profesionales con pérdida de derechos previsionales.
Después de un largo debate, el proyecto que dio origen a la ley Nº 19.580, aprobada el 29 de julio de 1998, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º permanentes y 2º transitorio, más otras referencias.
Ya durante la tramitación de la iniciativa se presentaron denuncias de irregularidades existentes en el Ministerio de Obras Públicas.
Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se planteó y se consultó:
"¿Es efectivo que los funcionarios del MOP deben hacerle a la Unidad de Concesiones los trabajos de ésta, pero con remuneraciones igual a un tercio o a la mitad de los que como especialistas en concesiones fueron contratados a precio de mercado por esta misma Unidad de Concesiones?".
"¿Es efectivo que funcionarios de exclusiva confianza del MOP han recibido y/o reciben honorarios adicionales mediante boletas?".
"¿Es efectivo que los contratos de estudios de ingeniería para la concesión de toda la Ruta 5 fueron otorgados por trato directo, es decir, sin llamado a licitación pública y por un costo cercano a los 5.000 millones de pesos?".
"¿Es efectivo que el sistema de contratos de los agentes públicos en cuanto a sus responsabilidades y derechos no está regido por ningún reglamento?".
Esos fueron los planteamientos que en su momento, durante el debate del citado proyecto, se hicieron en la Cámara Baja.
Los gremios señalaron además, entre las arbitrariedades, que los mejoramientos eran de sólo 8 a 32 por ciento real y únicamente para 800 de 1.600 profesionales y 300 de 2 mil trabajadores; es decir, menos de un 15 por ciento de los integrantes del Ministerio de Obras Públicas, que alcanzan a una cifra cercana a 8 mil 900 personas.
Rechazado en su esencia el proyecto, cabe preguntarse por qué no se corrigieron tales vicios fijando las plantas por ley, con estímulos y asignaciones en relación a cargos y funciones, con carrera funcionaria y profesionales incentivados, como por lo demás se hizo en otros servicios y ministerios de la Administración Pública (por ejemplo, en Aduanas).
En vez de eso, según demuestran los antecedentes, se monta un sistema de triangulación de fondos para sobresueldos, originado en dineros públicos destinados a obras y proyectos, a través de terceros, como consultoras, contratistas y un instituto de la Universidad de Chile, más recursos de carácter reservado. Al parecer, pesó más el tener la atribución para disponer el cómo y a quién, y al margen de la ley, situación que hoy día se investiga.
El escándalo del proceso es conocido. Y paralizó al Ministerio de Obras Públicas. Se sabe de sobre 9 mil cheques girados a través del CIADE, de la investigación del suicido de un contador de ese Centro , del robo de un computador, etcétera.
Ante la casi paralización del Ministerio, la Comisión de Obras Públicas del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2003, acordó efectuar una declaración pública del siguiente tenor:
"Respecto de la situación que viven algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y que se encuentran sometidos a proceso judicial, la Comisión de Obras Públicas del Senado declara:
"1º La Comisión del Senado reconoce al Ministerio de Obras Públicas como una institución más que centenaria y reconoce también en todos sus servicios dependientes, funcionarios técnicos, administrativos y operarios -que alcanzan a 8.900 personas- la capacidad suficiente para asumir los desafíos de las distintas y diversas obras que le corresponden según sus programas y presupuestos.
"2º Independientemente de los procesos judiciales que afectan a un porcentaje de su personal, señalamos que el Ministerio tiene un prestigio histórico ganado y que su capacidad técnica y administrativa no justifica la posible paralización o demora de las obras que el país requiere para su normal funcionamiento, necesidades de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos.
"3º Para estos efectos, la Comisión se reunirá con las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y los representantes de sus funcionarios para analizar los procedimientos que correspondan a fin de que se recupere la confianza en esta institución por parte de la ciudadanía y no se vea afectada en su prestigio.".
En seguida, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, con fecha 27 de mayo de 2003, solicita la venia del Senado para "recabar antecedentes, analizarlos e informar a la Sala acerca de la situación que afecta al Ministerio de Obras Públicas", con el claro afán de revisar la normativa legal vigente y la política que se estaba aplicando en dicha Cartera, a los efectos de dinamizarla y establecer las reformas correspondientes.
Previo visto bueno de la Sala del Senado, la Comisión realiza doce sesiones de trabajo entre el 12 de mayo y el 16 de diciembre de 2003, e incluso visita algunas obras.
Las conclusiones y recomendaciones del informe -ahora quiero compartirlas con Sus Señorías, y en su momento las plantearemos a la Sala por la vía de un proyecto de acuerdo, ya que cuentan con la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas- son las siguientes:
"1.- Consagrar la propuesta pública con todas sus formalidades como el modo preponderante en la Administración Pública para realizar obras, consultorías, presupuestos, etc.
"Por lo tanto, si dicho procedimiento está considerado en la Ley de Presupuestos, que se modifica año a año, se debería establecer en una ley permanente.
"Sobre esta misma materia, se acordó establecer, en las propuestas públicas, que se priorice la regionalización evitando la agrupación de obras, que impiden la participación de contratistas regionales y locales. Se dan casos, en que se realiza una propuesta de construcción de varias obras, como por ejemplo puentes, en un solo contrato, que podrían realizarse en forma independiente, subiendo la categoría del registro de los contratistas de obras públicas y, además, induciendo a la subcontratación posterior con contratistas locales" en desmedradas condiciones.
"Asimismo la Comisión acordó solicitar a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Obras Públicas que informen a esta Comisión sobre las formalidades del procedimiento de la propuesta pública", para poder perfeccionarlo.
El señor Ministro de Obras Públicas respondió. Lo mismo hizo la Contraloría. Y, a nuestro juicio, la materia debe ser incluida en reformas legales.
"Finalmente, respecto de esta materia, la Comisión recomienda tener el máximo de formalidades para garantizar la transparencia del proceso de propuesta pública, tales como, un registro amplio de los oferentes, sistemas de sobre sellado, ministros de fe, entre otros.".
"2.- Establecer una evaluación permanente de los materiales o ítemes relevantes que se utilizan en la construcción de las obras, como rocas, rellenos, metro cúbico de hormigón y acero, entre otros, porque a través de éstos y con las variaciones de los volúmenes, por no contarse con los estudios previos lo más acabado posibles, se podrían efectuar, con cargo a eso, pagos ajenos a las obras.
"Tanto en la Contraloría General de la República como en el Ministerio debería existir un control respecto de esta materia. Los materiales tienen un determinado valor y varían en un cierto rango definido.
"3.- Evaluar la rentabilidad de los proyectos una vez que sean ejecutados, para determinar si efectivamente cumplen con los indicadores que en su momento se dieron" para su aprobación.
"Esta evaluación de la rentabilidad socioeconómica debería hacerse entre el Ministerio ejecutor y el Ministerio de Planificación y Cooperación y remitirse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.
"4.- Que la Contraloría General de la República, en cada una de las regiones del país, realice un registro de los contratos con aumentos de obras y de las indemnizaciones pagadas, con la finalidad de detectar posibles irregularidades.
"Asimismo, la Comisión recomienda que dentro de las facultades de la Contraloría sobre esta materia en lo que respecta a la toma de razón tengan sus resoluciones la mayor certeza jurídica posible y que, en caso de dudas, se abstenga de dicha toma de razón, con la finalidad de que los profesionales públicos afectados no se vean perjudicados.
"5.- Se propone al Presidente de la República la creación de una Superintendencia de Concesiones con la finalidad de que la Administración Pública tenga un control, fiscalización, cumplimiento de normas, inspección de obras y estudios, subcontratos, entre otros, en esta materia que comprendan las concesiones en todos los ámbitos del sector público.
"6.- Las asignaciones críticas" -establecidas por ley- "deberían estar entregadas en la forma menos discrecional y arbitraria y estar automáticamente asociadas a funciones definidas" y a cargos definidos.
"La Comisión valora el personal del Ministerio de Obras Públicas, institución más que centenaria, y entiende que debe realizarse un esfuerzo especial para mejorar sus remuneraciones y sistema previsional.
"7.- Solicita a la Sala del Senado que se remitan estos antecedentes y las conclusiones" -con sus anexos- "al Presidente de la República y a los Ministerios respectivos".
"8.- La Comisión pide remitir los antecedentes que obran en poder de la Comisión a la Honorable Cámara de Diputados" -y a la Contraloría, cuando corresponda- "para los fines que ésta estime pertinentes, y
"9.- Reitera a la Sala que las intervenciones formuladas por las personas e instituciones señaladas al inicio del informe y los documentos acompañados en su oportunidad, se encuentran en la Secretaría de esta Comisión a disposición de los señores Senadores".
Durante el transcurso de su trabajo la Comisión de Obras Públicas recibió importantes antecedentes de las autoridades del MOP, del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría General de la República y de los distintos gremios, asociaciones y sindicatos de la Cartera de Obras Públicas. Muchos tomaron contacto con los integrantes de la Comisión, haciéndonos llegar datos muy relevantes.
Dichos antecedentes no pueden no ser entregados a una instancia fiscalizadora, de control o de justicia, ya que, en caso contrario, nosotros estaríamos faltando a la ley.
Voy a indicar algunos de ellos, que figuran en los anexos del informe de la Comisión y que corresponden, como hemos señalado, a una instancia distinta.
La Contraloría General de la República menciona que las investigaciones y antecedentes proporcionados establecen, por ejemplo, la existencia de 18 contratos entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, suscritos entre 2001 y 2002, por la suma de 4 mil 391 millones de pesos (más de 7 millones de dólares), solamente en ese período, si bien tales procedimientos empezaron a aplicarse desde 1996 en adelante.
Algunos de estos antecedentes detallados constituyen claramente fraude, negociación incompatible, malversación, fraude y malversación, etcétera, por lo que, luego de su revisión, se remiten a las instancias correspondientes.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales Universitarios del Ministerio de Obras Públicas suministró información que da cuenta de anomalías dentro de esa Secretaría de Estado, como la carpeta con antecedentes del señor Héctor Contreras Alday , preparada por la Asociación de Abogados de la Federación; y la carpeta de antecedentes de la señora Elizabeth Berríos Zapata , preparada por la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas.
En uno de estos casos, se trata de un abogado contratado por la vía de boletas de honorarios con ingresos superiores a los 4 millones 600 mil pesos mensuales -hay que descontar el 10 por ciento de retención-, a quien se deja a cargo de la dirección del área de ética pública del Ministerio de Obras Públicas.
En otras ocasiones, se trata de personas que deben dejar de prestar servicios, por las irregularidades detectadas, pero que siguen cumpliendo funciones en la Subsecretaría, concediéndoseles además la asignación por desempeño en función crítica.
Asimismo, hay casos en que quienes cumplen labores de coordinación...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Senador , el Honorable señor Andrés Zaldívar le pide una interrupción.
El señor HORVATH.-
Antes de otorgársela, señor Presidente , me gustaría terminar este breve resumen, porque entiendo que todo esto va a ser materia de debate.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ya agotó su tiempo, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Justamente quería pedirle una prórroga, señor Presidente , con cargo a nuestro sector, para poder terminar el informe.
El señor PROKURICA .-
Nosotros, señor Presidente , le cedemos los minutos que sean necesarios.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No se pueden transferir los tiempos de otros señores Senadores. Así que pido a Su Señoría que redondee sus ideas y termine su intervención.
El señor PROKURICA.-
Escuchemos lo que tiene que decir, señor Presidente.
El señor HORVATH.-
Le agradezco, señor Presidente , pero yo estoy dando cuenta del trabajo de la Comisión y de los antecedentes que obran en su poder. Y es lógico que todos los señores Senadores los conozcan.
No me estoy saliendo para nada de los antecedentes que se tuvieron en vista.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene un minuto más.
El señor HORVATH.-
Si fueran dos, se lo agradecería, señor Presidente .
Bueno, está la situación de acoso moral en contra de doña Elizabeth Berríos , quien ha sido perseguida de una manera realmente insólita. Están las distintas propuestas para recursos humanos de la Asociación Nacional de Trabajadores; están los antecedentes relativos a pagos, obras excesivas o disfrazadas por la Asociación Nacional de Arquitectos del Ministerio. En fin, hay una gran cantidad de datos entregados por la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio. Incluso, la Asociación Nacional de Ingenieros del MOP tiene una página web donde detalla irregularidades sencillamente notables que suceden en dicho organismo. Y lo importante es que las organizaciones mencionadas han entregado a la prensa informaciones de este tipo a partir de 1999.
El problema es saber si todavía siguen ocurriendo tales anomalías, pese a las leyes de probidad, de nuevo trato y de asignación, transparencia y mejoramiento de las remuneraciones de las autoridades de esa Secretaría de Estado. El Ministro ha logrado reducir y transparentar los gastos asociados de las obras. Las propuestas públicas, ante tratos directos como el camino La Pólvora, permitieron bajar los precios desde 44 mil millones a 35 mil millones de pesos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Su tiempo, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Termino, señor Presidente , expresando que, sin embargo, las asesorías fiscales se siguen dedicando a actividades distintas de las contratadas. Se exigen cláusulas de confidencialidad absolutamente insólitas. Hay una gran cantidad de anormalidades, respaldadas por antecedentes, en las distintas Regiones del país. El puente Chacao , que se ha tratado de licitar tres veces y va para la cuarta, con grandes gastos, es un ejemplo de las cosas que no debieran seguir ocurriendo.
El señor MORENO .-
¿Qué hacemos con el Reglamento, señor Presidente?
El señor HORVATH.-
Quisiera finalizar señalando que el Senado debe hacer un esfuerzo para mejorar la capacitación,...
El señor MORENO .-
¿Qué hacemos con el Reglamento, señor Presidente?
El señor HORVATH.-
... la integridad y la dignidad de los trabajadores del Ministerio...
El señor NARANJO .-
¿Quién manda aquí, señor Presidente?
El señor HORVATH.-
... para poder contrapesar los desafíos que esta Cartera deberá asumir en el futuro.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego a Sus Señorías atenerse a sus tiempos, pues de lo contrario los demás señores Senadores no podrán hacer uso de la palabra.
El siguiente inscrito es el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , complementando las palabras del señor Presidente de la Comisión , quisiera resaltar que en dicho órgano de trabajo contamos en todo momento con la cooperación del señor Ministro de Obras Públicas , del señor Subsecretario , del señor Contralor General de la República , del Ministerio de Hacienda, y especialmente de los funcionarios de Obras Públicas, tanto gremiales como sindicales.
Resumiendo lo que ya dijo el señor Presidente de la Comisión, solamente voy a indicar los antecedentes más relevantes.
Primero, el documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas, denominado "Sistema de Concesiones en Chile 1990-2003"; segundo, documentos emanados de la Contraloría General de la República relativos a investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, y tercero, documentos emanados de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
Analizados estos antecedentes en su conjunto, cabe concluir que el documento "Sistema de Concesiones en Chile 1990-2003", de junio del año recién pasado, que forma parte de ese compendio, describe la situación existente a 1990, que se caracteriza por la ausencia de instrumentos legales y administrativos para introducir en el país un sistema de concesiones que abarque tanto la construcción y mantención de una obra como su financiamiento por cierto plazo mediante el cobro de peajes u otros mecanismos similares. En el financiamiento debe comprenderse además la restitución del capital invertido.
Esa documentación oficial es, ante todo, una memoria justificativa y exculpatoria de los ilícitos detectados por la Contraloría General de la República, algunos de los cuales son materia de causas judiciales.
Al respecto, conviene considerar que la norma básica de operación en Obras Públicas es que el Estado debe procurar los medios legales y administrativos para la consecución de los fines antedichos y, si no cuenta con esos medios, la Administración debe abstenerse de ejecutar obras que impliquen pasar por sobre la legalidad, por mucho que se defraude un fin político ofrecido o por muy convenientes que parezcan.
Otro aspecto digno de considerar es que no existe una normativa explícita sobre los llamados a propuestas o la publicidad de las mismas, ya que ellas se hacen mediante publicaciones en Internet, a través del sitio "ChileCompra", o en uno o más avisos, siempre que la autoridad lo juzgue oportuno. El propio Ministro de Obras Públicas , en oficio Nº 2597, de 17 de octubre de 2003, dirigido al Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado , reconoce que "falta el Reglamento que debe dictar el M. de Hacienda".
Paralelo a lo anterior -y teniendo conocimiento parcial o incompleto de las posibles irregularidades en que se incurriría en el pago de sobresueldos al Ministro , a funcionarios de su confianza y a los SEREMI, por honorarios o prestaciones de servicios remunerados inexistentes, lo cual vulnera normas de derecho público, previsionales y tributarias-, funcionarios del MOP representaron en forma reiterada al Ministro , al Subsecretario y a la opinión pública los ilícitos que se cometerían. Pero sus denuncias no recibieron acogida. Por el contrario, se llevó a cabo una persecución en contra de ellos, discriminándolos en sus funciones y haciéndolos objeto de acoso funcionario, con secuelas adversas para su salud física y mental.
Eso fue lo que dijeron los funcionarios del Ministerio.
Por otra parte, cabe destacar las acciones seguidas por la Contraloría General de la República, la que, con acopio de antecedentes, instruyó sumarios y denunció ante los tribunales de justicia las irregularidades que hasta fines del año recién pasado se analizaron, con los resultados ya conocidos. Del mismo modo, puso en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado los fundamentos de las acciones judiciales interpuestas. Lamento no contar con información oficial del Organismo Contralor acerca del curso de esas acciones.
Hay casos de posibles irregularidades que es preciso destacar. En efecto, mediante el mencionado oficio del MOP Nº 2597, dirigido a la Comisión de Obras Públicas del Senado, se explica que, para adjudicarse una propuesta pública, deben considerarse expresamente los contenidos de cuatro decretos supremos, dictados entre 1993 y 1994, los que reglan adecuadamente la materia. No obstante ello, se llamó a propuestas para el "Diseño e implementación de un sistema de evaluación de propuestas públicas y contratos a nivel de los Secretarios Regionales Ministeriales", por un monto de 270 millones de pesos. Dicho llamado se realizó el 13 de agosto de 2001. Sobre este contrato, la Contraloría detectó ilícitos de fraude y otras irregularidades.
Otro ejemplo. La Facultad de Economía de la Universidad de Chile convino con el Ministerio de Obras Públicas un "Servicio de Consultoría en Administración de Recursos Humanos para proveer personal especializado para el apoyo técnico y de gestión de los Programas de Aguas Lluvias, Defensas Fluviales y Vías Aluvionales de responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas", por un valor de 438 millones 730 mil 664 pesos, lo que más tarde se amplió en la cantidad de 1.407 millones 886 mil 161 pesos, totalizando 1.846 millones y fracción.
La naturaleza misma de esta propuesta despierta suspicacias, pero el hecho de que posteriormente se haya triplicado el gasto fiscal llama nuevamente la atención. Consideramos que el resultado de este contrato es el diseño de un "Servicio de Consultoría" para "Recursos Humanos" y no la ejecución de una obra material apreciable por los sentidos.
Otro caso. La contratación de un curso de capacitación para los equipos de dirección del MOP y los SEREMI, con el objeto de fortalecer sus competencias y habilidades, por un valor de 50 millones de pesos en seis Regiones del país, monto cuyo destino hasta la fecha no se ha conocido.
Junto con los antecedentes entregados por el Presidente de la Comisión, solicito que los que he señalado se agreguen al informe que se remitirá al Primer Mandatario.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , en primer lugar, cabe señalar que este debate es totalmente legítimo y lógico; pero no lo es el informe de la Comisión. En efecto, el trabajo de ésta -tal vez de manera involuntaria- fue derivando hacia una Comisión de fiscalización, carácter que queda perfectamente claro no por las conclusiones del informe, que son discutibles pero prudentes, sino por el curso de la discusión. Desgraciadamente, los funcionarios de Gobierno que participaron en los debates dieron explicaciones que se parecían mucho a las derivadas de una acción de fiscalización. En consecuencia, no queremos que este precedente quede avalado, a fin de evitar el día de mañana circunstancias análogas.
En cuanto al fondo del tema, es importante partir haciendo un diagnóstico, aunque sea muy breve, de la situación de infraestructura a comienzos de los años 90. Había un déficit de 11 mil millones de dólares y era necesaria una gran inversión para la mantención de caminos. De hecho, sólo el 15 por ciento de los que estaban pavimentados se catalogaba como "buenos", la principal vía del país (la Ruta 5) presentaba graves niveles de deterioro y existían sólo 300 kilómetros de doble pista. Además, se registraba una situación deficitaria en materia de aeropuertos y de puertos que era necesario superar para responder al crecimiento del tráfico aéreo y marítimo, respectivamente.
A consecuencia de lo anterior, la pérdida de competitividad avaluada en 1997 por la Cámara Chilena de la Construcción alcanzaba a 1.700 millones de dólares.
Ante esta realidad, se produjo un consenso nacional, en cuanto a considerar como tarea impostergable hacerse cargo de este déficit; a aumentar los niveles de inversión requeridos, y a que, para ello, resultaba fundamental recurrir a la inversión privada, buscando la asociación creativa entre lo público y lo privado, a través de un innovador sistema de concesiones de las grandes obras públicas de infraestructura.
Este mecanismo atrajo grandes sumas de capital privado para obras concesionadas; permitió el establecimiento de un sistema de pago por uso de infraestructura; dio lugar a que la inversión pública se destinara a proyectos no rentables económicamente, pero con alto contenido social; generó nueva actividad en el país, con incidencia en la industria bancaria y de seguros; y produjo un importante y positivo impacto en el aumento de la ocupación.
Los incrementos de los niveles de inversión fueron impresionantes: la inversión privada subió de 0 a 5.500 millones de dólares; y la pública, de 240 a 636 millones de dólares anuales, estos últimos focalizados en proyectos de alta rentabilidad social. En consecuencia, la inversión total en infraestructura se ha elevado de 240 millones de dólares a 1.200 millones de dólares anuales.
No aburriré a la Sala leyendo la lista completa de las obras realizadas, pero sí destaco que esta situación produjo un impacto en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, lo que llevó a la dictación de sucesivas leyes: la Nº 19.068, de 1991; la Nº 19.252, de 1993; la Nº 19.460, de 1996, y las reformas a la Ley General de Bancos, a la ley del IVA y a la ley de telepeaje.
A consecuencia de estas normas legales, se dictaron resoluciones para adecuar la estructura interna del Ministerio para los efectos de enfrentar este desafío.
Pero el tema de los recursos humanos no fue a la par con las respuestas legislativas y de organización administrativa del MOP. La dotación de la unidad dedicada a concesiones se inició con 23 personas y terminó con 60. En 1996 se creó una partida especial en la Ley de Presupuestos para la administración del sistema de concesiones.
Las normas presupuestarias permitieron la contratación de agentes públicos en un promedio de 40 por año, lo que hacía factible la contratación de profesionales altamente calificados para el desarrollo del proceso. Además, se pudo contar con consultores a honorarios, con profesionales y funcionarios especializados, y con externalización de servicios apoyada en la ley Nº 18.803.
Toda esta situación no pudo ser remediada a tiempo cuando se impugnó ante el Tribunal Constitucional la ley que creaba las funciones críticas en el Ministerio de Obras Públicas.
Respecto de las situaciones de ilicitud o irregularidades que se han denunciado, se encuentran todas hoy en trámite de investigación judicial. Y nos parece muy importante que se sigan adelante en los tribunales y que ojalá se puedan resolver lo antes posible, de tal manera que quede claro cuáles son simplemente cuestiones al borde de la legalidad por interpretaciones distintas entre la Contraloría y el Ministerio; cuáles son aquellas en que ha mediado, en cambio, una irregularidad administrativa, y cuáles son las que implican la posibilidad de un delito y la necesidad de sancionar a los responsables.
Fruto de todo lo anterior, debiéramos sacar dos conclusiones esenciales. La primera de ellas es que el país debe enfrentar a tiempo la modernización del Estado cuando es preciso realizar cambios tan gigantescos en los niveles de inversión, especialmente al usarse el sistema de concesiones, donde la intervención de empresas privadas va a la par con el requerimiento de eficiencia en el desarrollo de las inversiones públicas.
En segundo lugar, cabe felicitarse por el acuerdo político logrado el año antepasado que dio origen a la ley Nº 19.863, sobre las funciones críticas, lo que ha determinado que a partir de enero de 2003 no exista en el Ministerio de Obras Públicas ningún contrato a honorarios por labores adicionales para el personal. Con la implementación de esa normativa se soluciona fundamentalmente el tema de las remuneraciones de los ejecutivos de esa Cartera y se establece, además, la dedicación exclusiva para ellos, de modo que en ese importante vehículo de inversión pública, de acción del Estado, se obtengan las remuneraciones correspondientes al nivel de responsabilidad en el manejo de los significativos recursos involucrados.
Respecto de la compra de insumos, esa Secretaría de Estado actualmente se halla obligada a adquirirlos por medio de ChileCompra, por lo que el trato directo no puede aplicarse.
En lo atinente a la licitación de obras, la regla es que sea pública, dejándose el trato directo para casos de real emergencia, que deben ser calificados por el propio Ministro del ramo.
O sea, hoy, después de las leyes dictadas, el Ministerio de Obras Públicas puede realizar sus importantes funciones dentro de un marco legal adecuado, lo que reduce la posibilidad de ocurrencia de irregularidades o ilícitos.
Por otra parte, en conjunto con Hacienda se ha trabajado en forma intensa en el presupuesto de la Cartera, clarificándose el concepto de los gastos inherentes, estableciéndose el financiamiento de gasto corriente por el subtítulo 22 y dejándose en el subtítulo 31 exclusivamente la inversión en obras.
Se está trabajando también en la modificación de los reglamentos de obras y de consultorías, con el objeto de adecuarlos a todos estos principios.
Termino expresando, señor Presidente , que aquello en que la justicia tiene que ver se encuentra en manos de ésta. Y lo que corresponde al Congreso es aprobar, en el proyecto de Ley de Presupuestos, la partida del Ministerio de Obras Públicas; fiscalizar la ejecución, según hemos visto, con la creación de la Comisión Bicameral, y, al mismo tiempo, dictar las leyes que permitan la modernización del Estado, a fin de que la asociación del capital privado con el capital público -algo estrictamente indispensable- pueda realizarse conforme a los principios de probidad y eficiencia.
Es necesario tener en cuenta, además, que el sistema de concesiones es usado no sólo por la Cartera que nos ocupa. Actualmente, también lo aplica el Ministerio de Justicia en la edificación de diez cárceles y es proyectado en la construcción de nuevos hospitales. De tal manera que el mecanismo es exitoso, pero la cuestión radica en que debe desarrollarse dentro de un marco jurídico y de fiscalización y control adecuados para que no se registren abusos o ilícitos.
Gracias.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , en primer término, deseo hacer mías las palabras del Senador señor Viera-Gallo , quien me ahorra parte importante de la intervención sobre los temas expositivos y lo que ha pasado con el Ministerio de Obras Públicas durante estos últimos 14 años.
Quisiera referirme a otro punto, que es el asunto mismo del informe, en lo que también me tocó alguna participación en mi calidad de entonces Presidente de esta rama del Congreso.
Cuando, en el mes de junio de 2003, la Comisión de Obras Públicas solicitó a la Sala la autorización para analizar las cuestiones relacionadas con esa área, sin precisar cuál sería su alcance, la Corporación le dio el mandato pertinente, con el objeto de que así lo hiciera.
Con el transcurso del tiempo, y como muy bien lo hizo presente el señor Senador mencionado, aquello que se había entendido más bien como un cometido para considerar las políticas de obras públicas fue derivando persistentemente, queriéndose o no, hacia una facultad que no le corresponde al Senado, según la Constitución.
Me impuse sobre el particular luego de que había terminado el proceso. Y juzgo que la Comisión trabajó en forma muy eficiente, lo que no significa la imposibilidad de entrar al tema de fondo de si medió o no en un elemento que me parece delicado y respecto del cual en esta Corporación debemos ser cuidadosos, para que realmente las instituciones funcionen de acuerdo con las normas constitucionales y legales.
Cuando se trajo el informe, que era muy superior en contenido al que hoy Sus Señorías conocen, destaqué a uno de los señores miembros de la Comisión -creo que era su Presidente - que incluía muchos aspectos propios de la fiscalización. Además, el propio Senador señor Frei me reclamó al respecto, ante lo cual le pedí una revisión a la propia Secretaría. Y llegamos a la conclusión, para aminorar el impacto -porque creo que ya estaba cometida la infracción constitucional-, de que convenía transferir a anexos la totalidad de la documentación (si se observa, corresponde íntegramente a cuestiones inherentes a una labor fiscalizadora) y dejar el contenido del texto en lo que hoy se tiene a la vista. Pero, si se vuelve a leer, surge de nuevo la sensación, clara y precisa -por lo menos, en mi caso-, de que se incurrió en un grave error, porque se derivó en una fiscalización, repito, háyase querido o no.
Ahora bien, estimé adecuado que el punto no fuera discutido en el Hemiciclo, porque, si no, se entraría al debate consiguiente. Y el procedimiento que se siguió fue dar a conocer el texto y que cada Senador recogiera los antecedentes expuestos. Incluso, cualquiera de ellos tiene derecho a presentar un proyecto de acuerdo, como lo ha planteado el Honorable señor Horvath , con el objeto de remitirlo a las autoridades respectivas.
Por mi parte, hago presente que una revisión de la normativa constitucional permitirá fijar los temas con claridad, a fin de que ojalá no se repita la situación referida. Y el mismo Senador que habla ha sido, seguramente, responsable de que se registre, pero considera absolutamente necesario determinar las reglas del juego. Porque, en caso contrario, el día de mañana algunos Honorables colegas formularán peticiones acerca de otros hechos que se denuncian hoy ante la opinión pública, para que se investigue qué ha pasado, y después nos meteremos en temas relacionados con asuntos que no son propios de esta Corporación.
El artículo 7º de la Carta dispone que "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.". "Los órganos del Estado deben someter su acción" -expresa antes el artículo 6º- "a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.". Y el artículo 48 determina, de modo muy claro, que la fiscalización de los actos del Gobierno es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
No es un asunto propio del Senado, entonces, fiscalizar los actos del Gobierno. Aquí siempre nos encontramos en el límite. Y siempre se suscitan discusiones incluso respecto de los oficios: hasta dónde llegan. Porque, por supuesto, la linde es un poco confusa.
Invito a los Honorables colegas a leer los anexos, no sólo las declaraciones. Si Sus Señorías observan, el informe deja constancia de la concurrencia del señor Ministro de Obras Públicas , del señor Subsecretario del ramo, del señor Contralor General de la República , de un Abogado Jefe de División y de funcionarios denunciantes de hechos irregulares. Y se acompaña documentación con el objeto de consignar cuáles se pueden haber cometido. Esas personas son interrogadas y entregan antecedentes, porque, lógicamente, deben hacerlo.
Los anexos incluyen una minuta sobre los principales aspectos de la investigación desarrollada por el CIADE, de la Universidad de Chile; un cuadro sobre la situación de los actos administrativos que, según se informó a la Comisión, habrían sufrido retrasos en su tramitación; un documento de la Contraloría General de la República, División de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, Subdivisión Jurídica y Subdirección Control Técnico de Obras de la Dirección de Arquitectura; antecedentes sobre la adjudicación de la propuesta relacionada con el Hospital Militar; un documento acerca de las obras de Neut Latour Inso-Esaote; información relativa a la construcción del Hospital Militar La Reina. Y sigue la lista.
Ésos son los anexos. Por ello, cuando estaba interviniendo el Senador señor Horvath quise interrumpirlo para solicitarle que no les diera lectura. ¿Por qué? Porque ahí precisamente figuran asuntos respecto de los cuales manifesté, en mi calidad de Presidente del Senado de la época, que caían en la fiscalización. Por esa misma razón, de acuerdo con mis atribuciones, impedí que pasaran a ser parte de un informe y que el asunto se discutiera en la Sala. Sin embargo, hoy día lo estamos haciendo.
En consecuencia, ahora concurro, sobre todo, a dar mi opinión respecto de lo que debería ser nuestro proceder como Senado. Porque una cosa va sacando otra.
Veamos los planteamientos que hizo el Honorable señor Horvath y que inciden en la fiscalización.
Cuando se refiere a los anexos, Su Señoría habla de 9 mil cheques, de robo de computadores, de 4 mil 300 millones de pesos relacionados con contratos que denuncia la Contraloría...
El señor BOMBAL .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , no sé si lo manifestado por el Senador señor Andrés Zaldívar dice relación al hecho de que a lo mejor la Cámara de Diputados renunció a su función fiscalizadora en esta materia. Quizás eso motivó a que esta Corporación se abocara al tema.
Lo planteo como una hipótesis.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
El asunto no tiene nada que ver con la Cámara de Diputados, porque los hechos se produjeron el 10 de junio del año 2003 y los que se están discutiendo y a los cuales Su Señoría se refiere son recientes, de los últimos sesenta días. O sea, no hay una vinculación en tal sentido. Se trata de temas diferentes y yo no quisiera mezclarlos.
Lo expresado por el Senador señor Horvath reafirmó mi convicción, debido a todas las situaciones que enumeró. Luego, el Honorable señor Stange también aludió -y con razón, porque se dispone de esos antecedentes- a las infracciones cometidas, a los fraudes que pudieron tener lugar y a una serie de elementos que son materia de fiscalización.
Lo anterior no es procedente en la Cámara Alta.
¿Por qué hago uso de mi derecho a reclamar? Porque en su oportunidad traté de impedir que eso aconteciera. Y éste no es un problema del actual Presidente de la Corporación , sino que deriva de un error que hemos cometido al no fijar normas claras. En este sentido, debo señalar que cuando desempeñé ese cargo siempre se me presentó un problema -seguramente pasa lo mismo ahora- con los oficios que requerían Senadores de unas y otras bancadas, cual era determinar hasta dónde esas solicitudes no constituían fiscalización.
Aún más, para soslayar el problema, utilizamos una fórmula que se aplica a través de la Oficina de Informaciones. Pero, como sobre el particular hay una norma que también es contradictoria al respecto, nuevamente los Senadores entramos en el ejercicio de funciones fiscalizadoras.
No es que yo desee limitar las atribuciones del Senado, pero estimo que debemos respetar las funciones propias de cada uno de los órganos del Estado y ordenar el asunto de una vez por todas. Por ello, me parece muy bien que en la reforma constitucional -ojalá la aprobemos- se determine con claridad lo relacionado con la facultad fiscalizadora, para facilitar el accionar en esta materia.
No soy partidario de negar la creación de comisiones fiscalizadoras o investigadoras; pero, eso sí, deben establecerse con mucha responsabilidad. Digo esto, porque pareciera que en la Cámara de Diputados esas atribuciones no están siendo ejercidas como corresponde, de acuerdo con el Texto Fundamental, dado que algunos Parlamentarios se han constituido muchas veces en detectives y han andado investigando, lo que implica llevar a cabo es una función que no es propia de ellos. Además, las comisiones fiscalizadoras muchas veces no son conformadas en virtud del artículo 48 de la Carta, lo cual significa que los Parlamentarios incurrimos en el error de transformarnos en investigadores, actividad que, repito, no nos compete.
Podemos recibir información y, por supuesto, denuncias de hechos ilegítimos. Nuestra obligación es ponerlos en conocimiento de la autoridad respectiva, sea de los tribunales de justicia o, en este caso, del Senado. Si esta Corporación recepciona antecedentes que necesiten ser analizados, debe proceder conforme lo establece el acuerdo anunciado por el Senador señor Horvath : transferirlos a la Cámara de Diputados, para que ésta inicie el proceso de investigación sobre la base de lo dispuesto en el artículo 48 de la Carta, y no de una decisión unipersonal o de un grupo de Parlamentarios para hacer lo que estimen conveniente.
Ésa es la razón por la cual he querido plantear mi posición en esta Sala.
Creo que si nos respetamos en este aspecto y hacemos funcionar las cosas como es debido, en virtud de la Constitución, las leyes y nuestro Reglamento, evitaremos muchos incidentes y situaciones desagradables e innecesarias.
Por lo anterior, señor Presidente , solicito que se mantenga el informe que tenemos a la vista, no así sus anexos, que no deben formar parte de él por ningún motivo, pues contiene muchos puntos que son materia de fiscalización. Incluso, yo habría sido partidario de que dicho documento se pusiera en conocimiento del Senado y que no hubiera sido objeto de una sesión especial.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , en esta sesión se pretende abordar la situación a que se vio expuesto el Ministerio de Obras Públicas.
Conviene señalar que la Comisión se preocupó de esta materia debido a que esa Cartera de Estado, ante la crisis que existía en su interior, estaba virtualmente paralizada: los funcionarios no tomaban decisiones; tenían temor de hacerlo porque cualquier pronunciamiento de su parte podía derivarlos a los tribunales de justicia.
A su turno, Hacienda tampoco les entregaba recursos, por cuanto temía que en la ejecución presupuestaria ocurriesen situaciones que terminaran responsabilizando a ese mismo organismo.
Por otra parte, la Contraloría, al encontrar irregularidades, observaba con mayor detenimiento lo que estaba sucediendo.
En consecuencia, sobre la base de ese cuadro tan complejo, no veo por qué podría ser objetable que el Senado de la República, ante la circunstancia que vivía el Ministerio de Obras Públicas, y sin ánimo alguno de fiscalizar, haya querido ocuparse de una materia de Estado: la crisis de una repartición ministerial.
Desde esa perspectiva, discrepo de lo manifestado por el Honorable señor Andrés Zaldívar , porque considero que está dentro del marco de las atribuciones de esta Corporación el dedicarse a un asunto de esa naturaleza, a un asunto de país.
En todo caso, no se conformó una comisión investigadora, sino que se trajo a las partes involucradas en el conflicto. En efecto, vino el Ministro del ramo y -como puede leerse en el informe- dijo: "Miren, ésta es la crisis que estamos viviendo".
Por lo tanto, pienso que el Senado puede abocarse a un problema que afecta a una repartición del Estado. El resultado de ello forma parte, por lo demás, de las conclusiones a que se llega en el presente informe, donde se sugieren medidas para mejor resolver, para superar la crisis...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor BOMBAL.-
Cómo no, Su Señoría.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , entiendo lo que manifiesta el Senador señor Bombal , en orden a que ése pudo haber sido el objetivo inicial de la Comisión. Pero invito a Su Señoría a leer los anexos...
El señor BOMBAL.-
Los leí.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés ).-
... para que vea cómo -según las intervenciones de algunos señores Senadores- se derivó, queriéndolo o no, a temas propios de fiscalización.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , el punto radica en que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional permite a ambas Cámaras -en este caso se trata de una Comisión- y a los organismos internos autorizados, como la Oficina de Informaciones, recabar antecedentes de la autoridad, no con el ánimo de fiscalizar, sino de compenetrarse sobre qué está sucediendo en las distintas reparticiones de la Administración del Estado. Ciertamente, si ha de fiscalizarse, ello debe hacerse a través de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ¿con qué nos encontramos aquí? Con una crisis ministerial que deriva en los tribunales de justicia. ¿Por qué ocurre esto? Porque se descubre que en la referida Cartera se están pagando sobresueldos adicionales a las remuneraciones pactadas, sin que exista respaldo legal para ello. Y ese hecho, de pronto, es conocido por la opinión pública.
Así, entonces, se empieza a tomar conocimiento de que la delicada situación que se estaba viviendo, ese temor de los funcionarios de enfrentar sus responsabilidades -a cuyo respecto el Ministro decía que estaba colapsando dicha Secretaría de Estado- era producto de los distintos contratos firmados de manera ficticia y de otros que no existían. Se observaron distintas irregularidades que hasta ese minuto no se conocían del todo, porque se creía que sólo se trataba de un problema técnico vinculado con unos sobresueldos. Sin embargo, después se empiezan a encontrar derivaciones. Y asume el caso una magistrada.
Por eso, es muy difícil pronunciarse sobre el detalle del asunto. Así que no me centraré en él, ya que hay una jueza que está conociendo la delicada situación del Ministerio de Obras Públicas. En consecuencia, a ella le corresponde resolver las irregularidades cometidas, las cuales, por lo demás, no se abordan en el informe, sin perjuicio de ser constatadas.
Pero aquí hay hechos que llaman la atención. Esto estalla, porque se estaba manejando a puertas cerradas un conjunto de situaciones muy irregulares. Aquí no existía el concepto de licitación pública. Por eso el informe de la Comisión recomienda consagrar la propuesta pública para la realización de obras, contratos, estudios.
Resulta sorprendente que, sin mediar licitación pública alguna -ello puede comprobarse en los documentos de la Contraloría anexos al informe-, se suscribieran contratos con una facultad universitaria por más de 4 mil 300 millones de pesos.
En la Comisión de Trabajo, me informé que el funcionamiento de los nuevos tribunales del trabajo costará 3.100 millones de pesos en régimen. Es decir, los contratos de estudios precitados equivalen al funcionamiento de los tribunales del trabajo, cuando estén en pleno régimen, al cabo del cuarto año. Menciono lo anterior para comparar la magnitud de las cifras: ¡cuatro mil y tantos millones de pesos!
¿Para qué eran esos contratos? Para estudios, que el órgano contralor -como consigna en su informe- calificó como sin sentido, porque no se pudo dar razón de lo dicho respecto de ellos. Esto se supo debido a que la Contraloría se encontró con un excedente enorme de fondos por rendir en la Universidad de Chile. El órgano contralor no iba al MOP, sino a la Casa de Bello, donde se dio cuenta de que no había fondos. Al indagar sobre éstos, se señaló que se trataba de contratos. Así empezó la cuestión.
No quiero entrar en detalles, porque es materia de otra investigación, que por ahora no interesa; pero sí deseo mencionar las cantidades. En compromisos por 270 millones de pesos, los contratados por una universidad son los Secretarios Regionales Ministeriales. Esto también es objeto de otro proceso.
¡En fin! Aparece CIADE, emerge GATE. El primero tiene un contrato por más de 2.800 millones de pesos para estudios,... ¡y no tiene oficina!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Eso es fiscalización.
El señor BOMBAL.-
¡Por Dios! No es fiscalización.
El punto es que el señor Ministro señaló -¡en el informe, ni siquiera en los anexos!- que se encuentra con un Ministerio "trabado"; lo está, porque se supo de estas evidencias. Entonces, no creo que sea complejo que el Senado las haya conocido.
Ahora, no prosigamos en este punto, porque no nos corresponde. Por eso me abstengo de entrar en el detalle de los anexos. Pero me llama la atención que un convenio por 400 millones de pesos, se amplíe a 1.400 millones, y todo esto a puertas cerradas.
Por consiguiente, más allá del análisis hecho, debe observarse que aquí ha colapsado un sistema, no únicamente por los sobresueldos, sino en la gestión completa. Porque si la expansión de obras públicas, cuya importancia todos reconocemos -por lo demás, se dice en el informe-, se hace con el costo de tener que agregarle un conjunto de irregularidades, amerita investigar qué está sucediendo, dado que llama la atención.
En el régimen de concesiones, sorprende que los inspectores de obras concesionadas -quienes pertenecían al Ministerio- hoy día desempeñen altos cargos en las empresas concesionarias. Entonces, empieza a vislumbrarse que algo no anda bien en el sistema, y creo que ello dice relación al tremendo poder que siempre ha tenido el Ministerio de Obras Públicas, que no es atribuible a la actual Administración.
Se trata de una Cartera omnímoda, todopoderosa, con gran cantidad de recursos -millones de millones de millones-, que cuenta con la facultad discrecional de que, cuando tiene un conflicto con alguien, junto con decirle que acuda a los tribunales, le anuncia que puede ser borrado de sus registros.
¿Qué empresa grande, mediana o pequeña litiga con el Ministerio de Obras Públicas? ¡Ninguna! Porque inmediatamente sería borrada de los registros, con la posibilidad de quebrar. Ésa ha sido la práctica habitual en ese Ministerio durante muchas décadas.
Por ello, se declaró admisible un proyecto presentado hace pocos días, que establece la conciliación en las obras públicas, como existe en el régimen de concesiones. De suerte que el concesionario que tenga una diferencia, sea porque está ejecutando mal su obra, porque el Ministerio lo demanda, o porque no cumple, se ve en la obligación de celebrar una junta de conciliación (con acuerdo y nombramiento entre las partes, y con un tercero en discordia), antes de llegar a los tribunales, para que resuelvan el litigio. De esa forma se evita la discrecionalidad estatuida desgraciadamente durante décadas en la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en orden a que siempre un Ministerio que maneja una cantidad tan grande de recursos se encuentra con un poder tremendo que, finalmente, provoca que funcionarios medianos, subalternos, a contrata, a honorarios, etcétera, puedan realizar discrecionalmente, respecto de muchos millones de pesos involucrados, maniobras, ejercicios o prácticas que, por tratarse de un circuito tan cerrado, cuando estalla lo hace con las magnitudes ya conocidas.
No quiero atribuir responsabilidad a nadie ni me corresponde juzgar nada. Lo que deseo señalar es que existe un sistema que ha operado mal respecto de una repartición de gran prestigio, que ha realizado grandes obras en el país; pero que, con el crecimiento, la aceleración, el desarrollo y con la danza de miles de millones necesariamente involucrados en ello, necesita una institucionalidad más moderna.
Por otra parte, hay un colapso en el sistema nacional de control. ¿Tiene suficientes atribuciones la Contraloría? ¡No! ¿Tiene suficiente personal? ¡No!
En consecuencia, en ocasiones nos encontramos con que los funcionarios del órgano contralor que supervisan obras públicas se alojan en los campamentos del Ministerio de Obras Públicas, ocupan los vehículos del mismo y reciben los almuerzos que en él se dan. ¿Por qué? Porque la Contraloría no tiene los medios para ello. Y el Honorable señor Silva podrá darnos a conocer las carencias del órgano contralor, lo que también debiéramos revisar.
El proyecto de Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República lleva doce años en el Parlamento. Su funcionamiento se acomoda mediante parches, pero nunca ni el Ejecutivo ni el Legislativo se han involucrado integralmente en una ley controladora eficaz para evitar la discrecionalidad a que puede estar sujeto cualquier funcionario que, de pronto, se ve enfrentado a una cantidad ingente de recursos y con muy pocos mecanismos de control. Porque cuando interviene la Contraloría lo hace "ex post facto". En el caso en análisis, se encontró con saldos muy grandes en una universidad, y por ahí llegó al Ministerio, sin quererlo ni buscarlo. Es más, al revisar la situación, no encontró mayores problemas. Únicamente por los fondos involucrados, comenzó a detectar la existencia de contratos gigantescos.
Por consiguiente, cuando se observa que se trata de 4.500 millones de pesos -por mencionar sólo la sumas de dos entidades en las que hay más o menos veintitantos contratos-, se puede señalar que habría sido mucho mejor la existencia de buenos mecanismos de control. Creo que los hemos ido "bypasseando" con el correr del tiempo, porque nunca nos hemos abocado a considerar el sistema nacional de control con mayor interés.
Por ello, ocurre que la acción del Estado termina finalmente en los tribunales de justicia. Eso lo encuentro malo, porque no es posible que la gestión pública se ventile judicialmente en forma permanente, salvo que lo sea frente a una contingencia.
Celebro que por lo menos se haya puesto de relieve esta materia. Cómo va a ser normal que un Ministerio completo desfile ante los tribunales de justicia, con todo el desgaste que significa para la Administración del Estado y la gestión del Ejecutivo.
No me corresponde pronunciarme sobre la naturaleza de los hechos investigados ni por las presunciones existentes. No voy a entrar a hacerlo; pero considero doloroso que la gestión de un Ministerio tan importante en los momentos que vive Chile -encargado de la infraestructura de los puertos, aeropuertos, carreteras, obras hidráulicas, en fin-, hoy día esté pendiente de resoluciones judiciales y paralizada en un órgano contralor que a lo mejor no pudo advertir, precaver, prever una situación de tal naturaleza.
Pienso que este caso, más que entrar en la inculpación de determinadas situaciones y personas -que no me interesa- debiera mover al Senado a entrar de lleno a invitar y trabajar para que la Administración del Estado tenga lo necesario para prevenir.
Desgraciadamente, se da mucho en todas las obras concesionadas la realización de ampliaciones por miles de millones de dólares. ¿Qué hace que deban ampliarse las obras en tantos miles de millones de dólares? No presumo nada, pero algo pasa cuando se concesionan obras y vienen ampliaciones. ¿Qué hace la autoridad? Les fija un límite. Pero, ¿cómo actúa la contraparte? Subdivide el contrato, para que así no se excedan los topes. ¡Pero se están pagando cantidades muy importantes!
Entonces, no es que uno pueda decir: "Mire, es corrupción. Es todo irregular. Todo está malo.". ¡No! Reconozcamos que hay un sistema que colapsó; que no es un asunto de sobresueldos. Es más que eso. Se trata de un mecanismo para enfrentar los avances del progreso, que ni la legislación ni los sistemas de control fueron capaces de soportar.
Por lo tanto, veo con preocupación que hoy día se busquen nuevas fórmulas de asociación para participar con el Estado, pero sin que existan los necesarios resguardos. Porque siempre ocurre que aquel que puede sacar una tajada en la operación, lo hace.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se ha agotado su tiempo, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Termino de inmediato.
Protejamos al Estado, señor Presidente . Creo muy importante que, como consecuencia de esta gestión -más allá de las observaciones del Senador señor Andrés Zaldívar , las que en ciertos aspectos le dan la razón-, podamos rescatar lo sucedido y ojalá miremos más allá de la contingencia de este caso y de su judicialización. Corremos al grave riesgo de que se desencadenen hechos graves si no nos abocamos a enfrentar el progreso del país con mecanismos eficaces, dinámicos, modernos, que importen, de una parte, plena capacidad emprendedora, toda la acción del Estado, pero que, a la vez, cuenten con salvaguardas que eviten hechos causantes de que 4 mil 500 millones de pesos hayan sido adjudicados a dos empresas, una de ellas inexistente, de papel, que finalmente se ha llevado 2 mil 500 millones que hoy día se están buscando por la justicia. ¡Eso no puede ser! ¡No hace bien al Estado!
En consecuencia, creo que urge arreglar esas situaciones.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ruego a los señores Senadores ajustarse al tiempo, para que los restantes oradores puedan intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , comprendo la inquietud y el interés que suscita el asunto en discusión. Hago presente a mis Honorables colegas que, por razones obvias, he analizado esta materia con especial interés.
Comparto plenamente las aprensiones sobre el informe y su contenido aquí planteadas por varios señores Senadores. Ello, sin perjuicio de comprender la fundamentación que hayan podido tener los miembros de la Comisión de Obras Públicas para abordar la cuestión. Así lo ha hecho presente el Honorable señor Bombal ; pero uno no tiene sino el deber de entrar a considerar si es de la competencia del Senado abocarse a un documento de esta clase. Personalmente, con el mayor respeto, señor Presidente , he analizado el asunto a fondo, y creo que no debe ser así.
Me interesa que Sus Señorías traten de escucharme, porque, en el fondo, estamos abocados a un asunto de singular trascendencia, que va mucho más allá del informe.
Nos hallamos frente a un problema que dice relación -como lo ha planteado el Honorable señor Bombal - a una cuestión muy de fondo. Hay algo que es indiscutible. La crisis que estamos viviendo se relaciona con la falta de materialización de la modernización plena del Estado; modernización que, dicho sea de paso, a mi modestísimo juicio, se ha llevado -esto lo hemos conversado más una vez con el Senador señor Valdés - en términos desajustados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema nacional de control a que se refería recién el Honorable señor Bombal , evidentemente está colapsado por su falta de actualización. Sin embargo, no puede dejar de sorprender que, en lo que atañe a la modernización del Estado, la Contraloría General de la República -la cual, por así decir, forma parte de la cúspide de dicho sistema-, ni siquiera haya sido consultada. De esa manera, no se entiende que quiera alcanzarse una acción pertinente.
Particularmente en esta situación, la materia a que se refiere el informe de la Comisión de Obras Públicas indiscutiblemente incide en la fiscalización. Y aun cuando los señores integrantes de ese órgano técnico, con especial interés por el fondo y el contenido del problema, hayan querido abordarlo en la plenitud con que lo han hecho, creo que es peligrosísima la circunstancia de que, al analizar el caso, no pueda dejar de verse que no sólo en los anexos a que se refería el Honorable señor Andrés Zaldívar , sino también en el contenido del texto y en las intervenciones de los miembros de la Comisión que hasta aquí hemos escuchado se refleje diáfanamente que la tarea de fiscalizar ha sido invadida o pasada a llevar por ella (por decirlo así, aunque no se quiera), según el informe emitido. Lo anterior, naturalmente, violenta de manera clara las disposiciones de la Constitución de la República.
Por lo tanto, creo que el Senado debe ser muy cuidadoso. Citaré dos o tres casos para ejemplificar lo que digo.
Se afirma en el informe algo que esta Alta Cámara no puede suscribir, sobre todo en un documento de tal naturaleza:
"La Comisión consideró" -leo textualmente- "respaldar a este Ministerio; otorgarle la confianza necesaria, y analizar las opciones que, desde el punto de vista legal, se consideren apropiadas para solucionar los problemas que en la actualidad lo aquejan.".
¿Puede consignar eso una Comisión del Senado?
Señor Presidente , estamos en presencia de una materia que entraña lo siguiente: en primer término, intervenciones realizadas por la Contraloría General de la República, la cual ha planteado diversas objeciones a la acción del Ministerio.
En segundo lugar, intervención actual y viva, plena, de los tribunales de justicia, que han resuelto textualmente "la designación de un Ministro de Fuero " y que éste analice toda la gestión y contenido de la mencionada Cartera, desde 1997 hasta la fecha.
Es cierto que se está analizando la gestión y contenido de dicha Secretaría de Estado desde el punto de vista de su legalidad. No se puede sostener en el informe que el outsourcing es ilegal y que así lo declaró la Contraloría General de la República.
Me permito recordar a los señores Parlamentarios lo que es el outsourcing y a qué ha dado lugar. Sus Señorías sin duda no recuerdan -estas cosas no suelen ser planteadas a menudo- qué es. En pocas palabras, diré algo sobre el particular: si bien corresponde que la Administración del Estado se realice por sus propios organismos, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2º del Estatuto Administrativo, es factible que determinados actos sean efectuados por entidades particulares y con cargo al Derecho Privado, en lugar de que lo sean por entes fiscales y con cargo al Derecho Público. Me voy a referir a eso posteriormente, porque es algo que demuestra el peligro de una institución de este tipo cuando no se percibe en su totalidad.
Voy a poner un ejemplo, si se quiere vulgar, para entender esto del outsourcing.
La Administración del Estado hoy en día está construyendo edificios para cárceles. Al hacerlo por la vía de la concesión, queda establecido que posteriormente, mediante tal procedimiento, el concesionario puede hacerse cargo de la administración del recinto penal, a fin de tener la posibilidad de financiamiento por similar vía. Pero, en esa eventualidad, determinados aspectos inciden en el outsourcing, lo que implica que eso no se puede hacer directamente. ¿Por qué? Porque el administrador de una cárcel no puede ser, obviamente, un privado, dado el control de la seguridad de los reclusos; pero no hay impedimento para que sea un privado el que, por la vía del outsourcing, proporcione la alimentación de los presos. En tales casos entra a jugar dicho sistema.
Señor Presidente , este procedimiento tan específico y excepcional del outsourcing conlleva una autorización muy simple. Me permitiré leer algo a su respecto.
Según el artículo 1º del Estatuto Administrativo, las relaciones entre el Estado y el personal de los servicios que de él dependan se regularán con arreglo a las normas de Derecho Público que el Estatuto establece.
Conforme al artículo 2º, los cargos de planta y a contrata formarán parte de la estructura de los servicios. Y agrega textualmente: "Respecto de las demás actividades," -que no son cubiertas por el servicio público, específicamente- "aquéllas deberán procurar que su prestación se efectúe por el sector privado.".
¿Qué significa esto, señor Presidente? Obviamente, que el outsourcing no puede generalizarse en un servicio, ni la concesión quedar entregada plenamente a tal modalidad. Esto es lo que, como consecuencia de la práctica, empezó a hacerse en el Ministerio de Obras Públicas. ¿En razón de qué? De que el personal de esa repartición se hallaba mal remunerado. Evidentemente que estaba mal pagado. Y peor quedó cuando el Tribunal Constitucional rechazó una ley que nosotros aprobamos en su oportunidad, que modificaba el sistema de remuneraciones de esa Secretaría de Estado.
En verdad, durante muchos años se aplicó exageradamente la modalidad del outsourcing. Y de allí surgieron -observémoslo en toda su gravedad, señor Presidente , para ver cómo este informe puede resultar inconveniente, sin que la Comisión, obviamente, lo haya deseado así- gran parte de las irregularidades, incluso de tipo delictivo, que están examinando los tribunales superiores de justicia y un ministro de fuero.
En el informe se consigna, así al pasar, que el outsourcing es legal. ¿Puede decirlo el Senado? Evidentemente que, en principio, aplicado restrictivamente, lo es, pero no en la forma como el Ministerio lo utilizó. ¡Si eso ha sido objetado, en parte, por la Contraloría General de la República! Y digo en parte, y no en su totalidad, porque es cierto lo que un señor Senador señalaba en cuanto a que el organismo contralor no ha tenido el tiempo o las posibilidades de aplicar sus facultades fiscalizadoras en plenitud.
Lo anterior nos demuestra que nuestro deber es ser exageradamente cautelosos. No podemos aprobar un informe y decir: "Mandémoslo a la Cámara de Diputados, para lo que estime conveniente, de acuerdo con sus atribuciones", porque, expresamente, entre ellas está la de fiscalizar. Y, en verdad, ese informe, aun cuando mis distinguidos colegas no lo quisieron, implícitamente ha caído en el campo fiscalizador.
En suma, señor Presidente , para no alargar mi intervención, deseo simplemente decir que no encuentro recomendable despachar este informe a entidad alguna, y sugiero guardarlo para la historia, porque nos ha servido para analizar en plenitud un problema real. Y comparto con el Honorable señor Bombal que debiéramos estudiarlo.
Pienso que el Senado tiene el deber de examinar en profundidad todo lo que entraña la modernización del Estado y la necesidad de que sus organismos perfeccionen sus sistemas para que no queden obsoletos. Tienen toda la razón quienes afirman que el Ministerio de Obras Públicas debe marchar con los tiempos. La gestión que le corresponde llevar a cabo reviste tal relevancia que no puede quedar postergado. Mas no podemos estar de acuerdo con que las altas funciones de dicha repartición estén a cargo de personas que reciben remuneraciones misérrimas en relación con la actividad paralela en el campo privado.
¿Cómo se soluciona eso, señores Senadores? A través de una normativa legal, en la que el Estado, con plenitud de conocimiento, tenga el deber de solucionar problemas de esa naturaleza; pero no se resuelven por la vía de buscar subterfugios para "quebrar la nariz" a la ley. Esto, declaradamente, se ha hecho más de una vez en Chile, cosa que deploro.
Eso es lo que podríamos, de alguna forma, entrar a observar mañana, pero no en relación a casos específicos que importan invadir funciones fiscalizadoras que al Senado no le corresponden.
Considero que el peligro que entraña este informe, no obstante el gran valor que tiene, señor Presidente , es que, a pretexto de él, vamos a caer en el mismo ardid de recurrir a resquicios legales para abordar problemas de tal magnitud y trascendencia que el Senado de la República deberá, tal vez, emitir juicios juntamente con los otros Poderes del Estado que, indubitablemente, están infringiendo la normalidad de las cosas.
Por otro lado, uno no puede dejar de reconocer -y el informe, desde ese punto de vista, ha sido bueno para nosotros- que estamos en presencia de algo que nos delata. En primer término, hay entidades que no pueden ejercer en plenitud sus atribuciones, porque han sido rebasadas en el tiempo. Es el caso de la Contraloría General de la República, o del Poder Judicial , donde una ministra de fuero está desenvolviéndose indiscutiblemente con excesivo celo funcionario. Piensen, Sus Señorías, lo que significa que un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago , por la vía de la función exclusiva, esté analizando toda la vida de un Ministerio por los casos que se han producido desde 1997 hasta ahora, y los que podrán seguir ocurriendo, aun cuando todo esto ha servido, afortunadamente, para que se paralicen estas actuaciones ilegítimas o al margen de la ley.
En suma -y con esto termino, señor Presidente -, con el mayor respeto les digo a mis Honorables colegas de la Comisión de Obras Públicas -no creo inferirles un agravio- que, no obstante que hicieron un trabajo relevante, por una cautela esencial del Honorable Senado, debiéramos guardarlo como una materia digna de nuestro archivo, no sólo oficial, sino también de nuestra conciencia, para los efectos de meditar en qué medida este tipo de situaciones podrán, por otros caminos, fundamentalmente constitucionales y legales, conducirnos a la actuación que corresponda, que no es ésta.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Quedan 19 minutos para el término de la sesión y hay cinco oradores inscritos. Una alternativa es prorrogarla para que todos puedan intervenir, o bien, como algunos señores Senadores me han señalado que no están dispuestos a ello, dividir el tiempo restante y otorgar cuatro minutos a cada uno.
Si les parece a Sus Señorías, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el artículo 48 de la Constitución Política -me gustaría que quienes tienen mayores luces sobre el particular me lo explicaran- señala que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno, del Presidente de la República , de los Ministros de Estado , de los magistrados de los tribunales superiores, de los generales o almirantes, de los intendentes y gobernadores. Lo consigna en forma clara, como atribuciones exclusivas. Y todos sabemos lo que este último término significa.
¿Qué dispone la Carta Fundamental con respecto a las atribuciones exclusivas del Senado? Por algo hay una Cámara fiscalizadora y otra revisora, que integramos nosotros.
En su artículo 49, inciso final -y no puede haber confusión en su interpretación- expresa: "El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.".
Si eso no es claro, señor Presidente, entonces, quiere decir que algunos le damos una interpretación diferente a lo que dicha norma prescribe en forma tan nítida.
Recordando la experiencia de ayer, no sé si estamos incurriendo o intentando caer en una práctica que nos puede resultar tremendamente peligrosa. ¿Cómo nos vamos a engañar entre todos señalando que esto no tiene un objetivo fiscalizador? A mí no me asusta la fiscalización; al revés. Ojalá las ventanas estén abiertas de par en par para enjuiciar a quien sea, independiente de la importancia de su cargo, a fin de que responda ante la opinión pública por cualquier acto ilegal que debiéramos desenmascarar y sancionar.
Estamos cayendo en una acción de fiscalización que, repito, no me preocupa. Y si queremos que ello sea así, bueno, introduzcamos las reformas necesarias para que el Senado -y no me niego a ello- tenga las mismas facultades que la Cámara de Diputados.
Pondré un ejemplo que evidencia mi consecuencia al respecto.
El día de ayer, discutimos durante toda una sesión, en la que participaron distinguidos colegas que yo no apoyé, acerca de si el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad debía ir a la Comisión de Minería o a la de Educación.
Y Senadores de mi propio bloque político señalaron que, no obstante entender la situación, correspondía votar por la cuestión de fondo, pasando por alto la responsabilidad que les atañe a las Comisiones especializadas en determinadas materias.
Me pregunto, entonces, si continuaremos actuando así en el futuro, es decir, saliéndonos de los marcos que la Constitución nos señala como Senado. En mi opinión, es peligroso seguir por ese camino, porque -debo decirlo con mucho orgullo- la Corporación tiene ante el país una imagen de seriedad, de transparencia, de profundidad en la búsqueda de solución a los problemas dentro de los cánones que nos corresponden.
Por eso,...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
...hago mías -termino de inmediato- muchas de las aprensiones que en forma muy documentada planteó el ex Presidente del Senado , Honorable señor Andrés Zaldívar .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , teniendo en consideración que el Ministerio de Obras Públicas es una entidad en la que se desempeñan alrededor de 9 mil trabajadores, de los cuales el porcentaje involucrado en las irregularidades que se investigan por los tribunales de justicia es ínfimo, me parece oportuno recordar que la responsabilidad derivada de un hecho ilícito es personal y no institucional, sin perjuicio, por cierto, de la responsabilidad política, que siempre cabe cuando la gestión se vicia hasta llegar a los niveles de corrupción que hemos conocido a raíz de la situación que ha afectado a dicha Secretaría de Estado.
Siendo así, estimo justas las alegaciones de los trabajadores de ese Ministerio, que se sienten sojuzgados personal y profesionalmente debido a esta situación y que a fin de cuentas son las primeras víctimas de quienes la generaron con sus acciones.
Sin embargo, esta consideración no alcanza para defender a ultranza a quienes, aprovechando su cargo, han violado la ley para profitar de las arcas fiscales mediante toda clase de subterfugios, como se ha dado a conocer en el caso del Ministerio de Obras Públicas.
La labor de la Comisión se centró en evaluar el impacto que estos escándalos han tenido en el accionar de esa Secretaría de Estado, con la intención de colaborar en la superación de dicho trance, para que se recupere lo antes posible su rendimiento normal en todo lo que fuere procedente.
Sin embargo, en el seno de dicha Comisión se han formulado algunas ideas que no pueden dejarse pasar sin hacer una reflexión al respecto.
Me refiero especialmente a las expresiones del señor Ministro de Obras Públicas , quien manifestó que "la autoridad tiene la obligación de sacar adelante los proyectos, y no sería bueno para el país tener autoridades que cumplan con todas las leyes y que se escuden en las mismas para no resolver los problemas que aquejan a la comunidad."
Lo anterior me parece particularmente grave, porque proviene de quien, como sucesor del Ministro señor Cruz, no participó en la gestación del problema que llevó a esa Secretaría a la situación pública y funcional que todos conocemos, y que de alguna forma representa el futuro y la vuelta de hoja de dicha Cartera.
Entonces, ¿qué podemos esperar si la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas considera que el cumplimiento irrestricto de la ley es una excusa de la ineficiencia?
Digo esto, porque las autoridades públicas, por sobre cualquier otra consideración, deben ceñirse a la ley en todas sus actuaciones. El Estado de Derecho se funda en este principio, consagrado en diversas normas de la Constitución Política de la República.
Otro aspecto que no me parece correcto es tratar de justificar los actos ilícitos cometidos amparándose en la toma de razón que la Contraloría hizo de todos los contratos involucrados en estos hechos.
Al respecto, adhiero a lo expresado por el Contralor General de la República, en el sentido de precisar que el trámite de la toma de razón es un control previo de juridicidad de los actos de la Administración Pública, que constitucionalmente competen a este órgano contralor.
Este control se realiza sobre la base de las estipulaciones contenidas en los decretos y resoluciones sometidos a la toma de razón, así como de sus antecedentes complementarios, y tiene por objeto cotejarlos con las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a cada caso, para determinar si se ajustan o no a ellas.
Naturalmente, lo que ocurre después de la toma de razón es imposible que la Contraloría pueda tenerlo en cuenta en su examen jurídico previo. Así, si el contrato es para prestar una asesoría o hacer un estudio para el Ministerio y realmente no existe y se destinan dichos honorarios a otros fines, en nada ha pecado la Contraloría al dar su aprobación previa a dicho contrato.
De tal manera que...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor CORDERO.-
... no me parece justo ampararse en la Contraloría para tratar de justificar lo injustificable.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En seguida, está inscrito el Honorable señor Gazmuri, pero no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , como integrante de la Comisión de Obras Públicas, he participado desde los inicios en el análisis de esta materia. Sin embargo, siempre se tuvo en cuenta al solicitar la autorización de la Sala para conocer de ese tema la situación de crisis por la que atravesaba esa Secretaría de Estado. En efecto, había temor en los funcionarios, gran parte de los ejecutivos se encontraban procesados y nadie quería firmar nada. Por lo tanto, quisimos saber si dicha Cartera estaba paralizada. De ahí partió nuestra preocupación.
Llamamos al señor Ministro y a las demás autoridades para conocer cada una de las etapas de tramitación de los decretos de adjudicación de obras o de resoluciones, tanto en la Contraloría como en los diversos organismos. Había quejas de que muchos de ellos demoraban tres, cuatro y cinco meses en ser despachados, iban y volvían de un lado para otro, lo cual, obviamente, entorpecía la labor del Ministerio. Algo similar ocurría con Hacienda, en donde para ejecutar cada obra se debía recurrir nuevamente al visto bueno de esa Cartera.
Posteriormente, se solicitó la venida de varios ejecutivos y de alguna manera eso fue derivando en una labor de fiscalización, en circunstancias de que lo que necesitábamos saber era qué había pasado realmente en esa Secretaría de Estado.
Al respecto, deseo hacer un poco de historia. El Ministerio de Obras Públicas ha realizado una labor realmente espectacular en los últimos años. Construyó la doble vía que une La Serena con Puerto Montt, con una extensión de mil 500 kilómetros. Asimismo, se han construido puertos, aeropuertos y otros han sido modernizados. Yo diría que hoy la infraestructura del país ha contribuido no sólo al progreso, sino también al incremento de nuestras exportaciones.
Hace un rato se señaló que la Cámara Chilena de la Construcción estimaba que la pérdida de competitividad anual era de mil 700 millones de dólares.
Pues bien, con el apoyo del Parlamento, se le dio participación al sector privado y se ideó el sistema de concesión de obras públicas. Pero, al crear este monstruo, no consideramos la parte operativa y administrativa del mismo. Y tan sólo 60 personas deben administrar miles de millones de dólares.
Cuando empezaron a llegar empresas extranjeras para desarrollar estas enormes obras, ¿a quién recurrían? Al semillero de profesionales del Ministerio de Obras Públicas. Y se los comenzaron a llevar pagándoles 6, 7 y 8 millones de pesos mensuales a cada uno, lo que contrasta con los 700 u 800 mil pesos que percibían en esa Cartera.
Por eso, el Parlamento aprobó la normativa que fija asignaciones por desempeño de funciones críticas, con el objeto de retener por lo menos a 500 profesionales indispensables, pagándoles un sueldo digno.
Posteriormente, los Senadores de las bancadas de enfrente reclamaron al Tribunal Constitucional. Y éste declaró discriminatorio el acuerdo del Congreso de destinar 5 mil millones de pesos anuales para funciones críticas, porque no favorecía a los 8 mil empleados del Ministerio, sino tan sólo a los 500 profesionales que iban a ejercer tales funciones. Por lo tanto, dicha Secretaría de Estado quedó sin la autorización legal que el Parlamento le había otorgado para que contratara a esas personas.
Entonces, ¿qué pasó? A mi juicio, el señor Ministro de Obras Públicas de la época cometió el grave error de seguir sacando adelante obras a como diera lugar, buscando el modo de pagar los honorarios o mediante empresas de apoyo con mano de obra por la vía del outsourcing.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor SABAG.-
Así se fueron generando las irregularidades.
Sin embargo, todo está ya en manos de la justicia. Ésta, mediante fallos, dio aceptación a los sobresueldos, y sólo deberá establecer las irregularidades.
Ninguno de nosotros amparará irregularidades. Y si alguien ha incurrido en alguna, tendrá que pagar, porque, como se indicó, se trata de responsabilidades personales.
Lamento haber dispuesto de tan poco tiempo, señor Presidente, pues tenía mucho que comentar sobre esta materia.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Nos perderemos sus comentarios, señor Senador. Pero, desgraciadamente, el acordado es el único camino para que todos puedan intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor García, último orador inscrito.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , lamento que en este debate nos quedemos sólo en la forma.
Sé que el Senado no tiene facultades fiscalizadoras. Sin embargo, debo puntualizar que estamos frente a un problema de la mayor gravedad.
Los hechos que la opinión pública conoce; los hechos que la Contraloría General de la República ha investigado respecto del Ministerio de Obras Públicas; los hechos investigados por los tribunales de justicia respecto de esa Secretaría de Estado, son sólo una parte de las irregularidades producidas entre algunos contratistas -porque no se trata de todos- y dicha Cartera, que, en mi opinión, se asociaron con el propósito de defraudar al Fisco.
Quiero decir responsablemente en esta Sala que conozco empresas que cambian en forma sucesiva de razón social y logran contratos con el Ministerio de Obras Públicas, los entregan en garantía al BancoEstado para obtener créditos, pero no ejecutan las obras y terminan, incluso, no pagando esos préstamos.
Por lo tanto, se produce una doble pérdida: una, la de recursos fiscales, porque el Ministerio de Obras Públicas debe llamar nuevamente a licitación, y dos, la del BancoEstado al tener que castigar los dineros que no puede recuperar.
Señor Presidente , aquí estamos en presencia de muchísimo dinero que se ha defraudado al Ministerio, como también al BancoEstado, que, en consecuencia, lleva menos utilidades a los ingresos generales de la nación.
En mi concepto, como Senadores de la República , aun careciendo de facultades fiscalizadoras, no podemos mirar hacia el cielo como si nada ocurriera.
Por consiguiente, reconociendo que no contamos con ese tipo de facultades, solicito que, a lo menos, se transcriba a la Contraloría General de la República el debate habido en esta sesión.
Siento -y falta mucho por investigar- que los dineros involucrados son bastante más que lo que la opinión pública conoce. Y nosotros, que representamos a Regiones, que permanentemente estamos pidiendo que se asfalte un camino, que se realicen diferentes obras públicas, no podemos hacer como que nada estuviera ocurriendo con los escasos recursos fiscales disponibles para solventar la enorme cantidad de obras públicas que requiere el desarrollo de nuestro país.
Ésa es mi propuesta concreta, señor Presidente : no nos quedemos en la forma y transcribamos el debate habido en esta sesión a la Contraloría General de la República, para los fines que ella estime pertinentes.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ .-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Desea referirse a algún aspecto reglamentario, señor Senador? Porque ya no hay más intervenciones.
El señor MARTÍNEZ .-
Seré muy breve, señor Presidente .
Lamento profundamente -tal vez no me he informado bien- que la prensa no haya estado presente en esta sesión especial.
El señor BOMBAL .-
Está en las tribunas, Honorable colega.
El señor MARTÍNEZ .-
Entonces, retiro lo dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En este momento no hay quórum para pronunciarse sobre el envío de oficios y la incorporación en la Cuenta de hoy del proyecto de acuerdo que se presentó. Así que ambas situaciones se resolverán en la sesión ordinaria de esta tarde. Y dicho proyecto de acuerdo deberá ser votado en la sesión ordinaria del martes próximo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción