Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Carlos Fernando Flores Labra
- Roberto Munoz Barra
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Carlos Ominami Pascual
- Alejandro Foxley Rioseco
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE REGALÍA MINERA AD VALÓREM Y CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. TRÁMITE A COMISIÓN
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ruiz-tagle Correa
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- DEBATE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
REEMPLAZO DE SISTEMA DE ATENCIÓN MEDIANTE RED DE COLABORADORES DEL SENAME
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
-
REEMPLAZO DE SISTEMA DE ATENCIÓN MEDIANTE RED DE COLABORADORES DEL SENAME
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FLORES, MUÑOZ BARRA Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA LETRA E) DEL NÚMERO 7 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FUNDAMENTAL, CON EL FIN DE ESTABLECER LA CONSULTA OBLIGATORIA DE LAS RESOLUCIONES QUE CONCEDEN LA LIBERTAD PROVISIONAL EN CASOS QUE INDICA (3621-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Munoz Barra
- Carlos Fernando Flores Labra
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FLORES, MUÑOZ BARRA Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA LETRA E) DEL NÚMERO 7 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FUNDAMENTAL, CON EL FIN DE ESTABLECER LA CONSULTA OBLIGATORIA DE LAS RESOLUCIONES QUE CONCEDEN LA LIBERTAD PROVISIONAL EN CASOS QUE INDICA (3621-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 16ª, en martes 3 de agosto de 2004
Ordinaria
(De 16:21 a 19:48)PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
CUENTA...............................................................................................................
Establecimiento de regalía minera ad valórem y creación de Fondo de Innovación para la Competitividad. Trámite a Comisión (3588-08) (pasa a Comisión de Educación)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (2391-18) (se aplaza su votación general)..............................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Hacienda , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno , de Justicia y de Minería, el señor Subsecretario de Justicia , y las señoras Directora Nacional, y Asesora del SENAME.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 12ª y 13ª, ordinarias, en 14 y 20 de julio, respectivamente; 14ª, especial, y 15ª, ordinaria, ambas en 21 de julio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Trece de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental, respecto de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación (Boletín Nº 3.519-06).
2) El que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el fin de delimitar el concepto de gasto electoral, eliminar el registro de proveedores, regular los aportes reservados a los partidos políticos y a los institutos de formación política y ampliar el plazo para la defensa en caso de rechazo de una cuenta de ingresos y gastos de campaña (Boletín Nº 3.599-06).
--Se mandó remitir los proyectos al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con los cuatro siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
2.- El que otorga un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al Servicio de Tesorerías en la ley Nº 19.926 (Boletín Nº 3.595-05).
3.- El que establece el Régimen de Garantías en Salud (Plan AUGE) (Boletín Nº 2.947-11).
4.- El que estipula las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (Boletín Nº 2.361-23).
Con el séptimo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (Boletín Nº 3.588-08).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el octavo hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley sobre creación de sociedades anónimas deportivas profesionales (Boletín Nº 3.019-03).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los cinco siguientes retira la urgencia que hizo presente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1) El que moderniza el servicio militar obligatorio (Boletín Nº 2.844-02).
2) El que modifica la ley Nº 19.525, que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvia (Boletín Nº 3.264-09).
3) El que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290 en materia de tránsito terrestre (Boletín Nº 999-15).
4) El que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción (Boletín Nº 3.418-14).
5) El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (Boletín Nº 3.574-14).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el fin de delimitar el concepto de gasto electoral, eliminar el registro de proveedores, regular los aportes reservados a los partidos políticos y a los institutos de formación política y ampliar el plazo para la defensa en caso de rechazo de una cuenta de ingresos y gastos de campaña (Boletín Nº 3.599-06).
Con el segundo informa que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de ADN (Boletín Nº 2.851-07).
--Se toma conocimiento, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental, se mandó comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el tercero expresa que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que regula el arbitraje comercial internacional (Boletín Nº 3.252-10).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los cuatro siguientes comunica que dio su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.368-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
2.- El que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.588-08).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
3.- El que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción (Boletín Nº 3.418-14).
4.- El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (Boletín Nº 3.574-14).
--Pasan a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con el último informa que ha aprobado, con las enmiendas que indica, el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Boletín Nº 2.336-06).
--Queda para tabla.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su parecer acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Canessa, Cordero, Martínez y Vega, que agrega un artículo 279 ter al Código de Procedimiento Penal, con el fin de establecer nuevas causales para no someter a proceso al inculpado y disponer su libertad (Boletín Nº 3.581-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia dictada en los antecedentes Rol Nº 413, relativos al requerimiento de inconstitucionalidad formulado en contra de un precepto contenido en el proyecto de ley que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales (Boletín Nº 2.853-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre los hechos de violencia que han afectado a los fiscales del Ministerio Público de la Novena Región .
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, referido a la posibilidad de que la Corporación Nacional Forestal se haga cargo del ecosistema ubicado en la zona de Chacabuco, Undécima Región.
Del señor Ministro de Justicia , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, acerca del registro del año de fabricación de vehículos cuya inscripción se requiere al Servicio de Registro Civil e Identificación.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas : con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la pavimentación del camino "Peor es Nada-Platina", Chimbarongo, Sexta Región, y con el segundo, contesta tres oficios enviados en nombre del Honorable señor Horvath, sobre los tramos de caminos de carácter público de la Zona Austral.
Dos del señor Subsecretario de Economía , Fomento y Reconstrucción, con los que da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre de los Senadores señores Horvath y Stange, respectivamente, relacionados con la construcción de centrales hidroeléctricas por parte de la ENDESA, en las zonas que indica, y al cierre de oficinas del BancoEstado en las comunas de la Décima Región que señala.
Dos del señor Subsecretario de Obras Públicas : con el primero, contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Carmen Frei, sobre la factibilidad de destinar recursos para la pavimentación de los caminos que unen la comuna de Taltal con Paposo y Taltal con la Mina Julia, Segunda Región, y con el otro, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo a la fecha de inicio de los trabajos de mejoramiento del camino que une la ciudad de Victoria con la localidad de Selva Oscura, Novena Región.
De la señora Presidente del Consejo de Defensa del Estado, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, acerca de la invalidez irreversible de la persona que indica, ocasionada por incidentes ocurridos en el Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, en 1999.
Del señor General Director de Carabineros , con el que contesta sendos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Cordero y Espina, referidos al personal de Carabineros de Chile víctima de delitos de violencia por móviles políticos entre 1989 y 1999.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la construcción por parte de la ENDESA, de centrales hidroeléctricas en las zonas que indica.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al proyecto "Planta Elaboración de Harina y Aceite de Pescado", comuna de Calbuco, Décima Región.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de las obras realizadas en la caleta de pescadores "Aguas Muertas", Puerto Aisén, Undécima Región.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la situación de la pista del Aeródromo de Balmaceda, a raíz de las precipitaciones de nieve.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Coloma, respecto a las medidas de seguridad en los cruces ferroviarios existentes entre Santiago y Talca.
Del señor Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de las Personas, con el que remite su Undécimo Informe sobre las actividades desarrolladas por la Comisión en el segundo trimestre de 2004.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Oficios reservados
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Naranjo, referido a un listado de ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden que se incorporaron al servicio diplomático entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
De la señora Ministra de Defensa Nacional, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre el uso y respeto de los emblemas nacionales.
Del señor Jefe de la IX Zona de Carabineros, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo a los niveles de vigilancia policial en el sector Este de la comuna de Lautaro.
--Quedan a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.245-03).
Informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares (Boletín Nº 3.577-03).
Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza a la Empresa Nacional de Minería para transferir la Fundición y Refinería Las Ventanas a la Empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile (Boletín Nº 3.298-08).
Segundos Informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.396-13).
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en los siguientes proyectos de ley, en primer trámite constitucional: el que prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio de bienes raíces que ocupen más del porcentaje que indica de la superficie de la provincia en que se encuentren situados y el que prohíbe la adquisición de bienes raíces que excedan la extensión que indica, a la vez que declara de utilidad pública la franja de terreno que sirva para los fines que señala (Boletines Nºs 2.895-12 y 2.952-12).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Flores, Muñoz Barra y Viera-Gallo, con la que inician un proyecto que modifica la letra e) del número 7º del artículo 19 de la Constitución con el fin de establecer la consulta obligatoria de las resoluciones que conceden la libertad provisional en los casos que indica (Boletín Nº 3.621-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables señores Flores, Muñoz Barra y Viera-Gallo con la que inician un proyecto que modifica la Ley de Tránsito, a fin de ampliar las atribuciones de los municipios.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Permisos constitucionales
Los Senadores señores Ominami y Foxley, de conformidad con lo prescrito en los artículos 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicitan autorización para ausentarse del país a contar del 1 de agosto, el primero, y del 3 de agosto, el segundo.
--Se accede.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que aprobó, con las excepciones que indica, las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia, con urgencia calificada de "discusión inmediata", a la vez que designa a los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental. (Boletín Nº 2118-18).
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
La señora FREI (doña Carmen).-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, deseo hablar respecto a dos temas.
Primero, recién se dio cuenta del informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto que autoriza a la ENAMI para transferir la Fundición y Refinería Las Ventanas a la Empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Esa iniciativa se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, fue muy discutido y se encuentra acotado. Por ello, pido que sea tratada como si fuera de Fácil Despacho en la sesión de mañana.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
ESTABLECIMIENTO DE REGALÍA MINERA AD VALÓREM Y CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. TRÁMITE A COMISIÓN
La señora FREI (doña Carmen) .-
En segundo lugar, también se dio cuenta de que el proyecto que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Me parece que eso no corresponde, pues la iniciativa tendría que ser remitida a la Comisión de Minería.
Por lo tanto, solicito que se envíe a esta última.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Sobre el mismo tema?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sí.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, lamento no coincidir con mi Honorable colega, porque hay que respetar la formalidad de las Comisiones.
Esa iniciativa se refiere exclusivamente al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Me parecería muy curioso que, siendo ello tan preciso, fuera enviada a la Comisión de Minería. No veo cómo podría ajustarse al respeto que debe observarse en la distribución de los asuntos que le corresponde conocer a cada Comisión.
Con ello estaríamos sentando un precedente funesto. Tal vez se piensa que mandar el proyecto a una Comisión especializada en la materia rebaja su calidad.
Por esta razón, apruebo la resolución de la Mesa en el sentido de enviar la iniciativa a la Comisión de Educación, porque el tema preciso de que trata es "ciencia y tecnología". Por lo tanto, con todo respeto, no lo puede analizar la Comisión de Minería.
Por último, pido a la Secretaría que reitere cuál es la materia central del proyecto en comento.
El señor NÚÑEZ .-
El royalty.
La señora FREI (doña Carmen).-
La regalía.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , si el Gobierno quiere darle el sentido del royalty, tiene las facultades para hacerlo en la Sala. Pero me parecería funesto que aquí se quitara a una Comisión la competencia que le corresponde en un asunto eminentemente técnico y preciso.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Deseo entregar antecedentes en esta materia, respecto a la cual se ha pedido revisar la decisión de la Secretaría, avalada por esta Presidencia .
Efectivamente, según el mensaje enviado a la Cámara de Diputados en su momento, la iniciativa se denomina "Proyecto de ley que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad".
Sin embargo, el proyecto que ingresó al Senado con ese mismo nombre sólo contempla tres artículos. El primero señala: "Créase un Fondo de Innovación para la Competitividad, el que tendrá por objeto financiar iniciativas de innovación destinadas a incrementar la competitividad del país. Estos recursos se aplicarán a ciencia y tecnología, y a apoyar la innovación.". El segundo, fundamentalmente, establece cómo se va a constituir el Fondo, y el tercero faculta al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, organice su funcionamiento.
Ése es el contenido total del proyecto.
Creo importante tener presente que se ha introducido -lo digo con todo respeto- un precedente muy nefasto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, al dividir la idea de legislar. Por lo tanto, no hay solamente una idea de legislar en general, sino dos o tres, según la jerarquía de las materias contenidas en la iniciativa.
Lo normal, desde mi punto de vista, es que la idea de legislar sea una sola. Pero ése no ha sido el criterio de la Cámara Baja, y recientemente, tampoco el del Senado.
En consecuencia -reitero-, de acuerdo con el criterio de la Cámara de Diputados, en este proyecto existen dos ideas de legislar. Una de ellas fue rechazada. Sólo persiste la relacionada con la creación de un fondo de innovación tecnológica, materia que, por sus características y por su contenido, nada tiene que ver técnicamente con Minería, ni con Agricultura, ni con Transportes, ni con Vivienda, ni con ninguna de las otras áreas de la actividad propia de las Comisiones del Senado.
Conforme al Reglamento, la distribución de asuntos a las Comisiones ha de juzgarse según el contenido material específico de ellos, según su objetivo genérico. Y como en este caso había dos objetivos y uno no llegó al Senado pues fue rechazado en general por la Cámara Baja, la vía planteada para reactivar esa parte -y así lo comuniqué al Gobierno- no es la pertinente.
En consecuencia, mientras el Senado no reciba otro planteamiento sobre el particular, le corresponde seguir la tramitación normal de los proyectos de ley. Y la tramitación normal en esta instancia es la Comisión técnica correspondiente a la materia específica a que se refiere la iniciativa que nos ocupa.
Por eso la proposición es correcta. Y eso es lo que se desprende en esta materia.
Ahora bien, el artículo 79 de nuestro Reglamento establece que si algún Comité pide cambiar el trámite dispuesto, "la Sala resolverá de inmediato y sin discusión.".
Habiéndose formulado solicitud a ese respecto, pongo en votación la materia.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , ¿usted me permitiría...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador. Acabo de leer el artículo 79 del Reglamento, donde se dispone que en el mismo acto de la Cuenta, si algún Comité (entiendo que la Senadora señora Frei es Comité) pide cambiar el trámite dispuesto, la Sala debe resolver de inmediato y sin discusión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Quiero fundar el voto, señor Presidente .
El señor MORENO.-
Yo, también.
El señor COLOMA.-
No puede haber fundamento de voto si no existe discusión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El artículo 79 dice: "la Sala resolverá de inmediato y sin discusión". De manera que no hay lugar a discusión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pero hay fundamentación de voto.
El señor COLOMA.-
No puede haberla si no existe discusión.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , ¿por qué no abre un período de debate sobre la materia?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No voy a abrir período de debate, Su Señoría.
El asunto está en votación y se puede fundamentar el voto.
A los señores Senadores que quieran hacerlo les ruego inscribirse.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
¿Puede hablar el Ejecutivo , señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pido votación nominal, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Eso es lo mejor.
Señor Secretario , le ruego tomar la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , el señor Ministro pidió la palabra. Tiene derecho, de acuerdo con la norma constitucional...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No en la Cuenta, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
En cualquier momento.
El señor COLOMA.- No durante la votación, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No tengo ningún inconveniente en dar la palabra al señor Ministro .
¿Qué Ministro la pidió?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El de Hacienda.
El señor COLOMA.-
Además, señor Presidente , estamos en votación. Lo digo con todo respeto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No advertí que el señor Ministro de Hacienda había pedido intervenir. Por tanto, le daré la palabra antes de la votación.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Gracias, señor Presidente .
Para efectos de mejor resolver, siendo ésta una facultad plena de los señores Senadores, simplemente quiero señalar que, cualquiera sea la Comisión a que se envíe la iniciativa, el Ejecutivo se propone introducir de inmediato una indicación referente a la regalía minera.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego al señor Secretario tomar la votación que resolverá si el proyecto queda en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología o si se radica en otra.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en otras ocasiones no hemos estado de acuerdo con lo resuelto por la Mesa. Pero en este caso me parece absolutamente nítido que el criterio adoptado por el señor Presidente es el único que corresponde si queremos hacer las cosas en serio.
Lo digo respetuosamente.
Una cosa es lo que pueda expresar desde el punto de vista formal el planteamiento de la Cámara de Diputados, y otra, los efectos que la votación tuvo en esa rama del Parlamento.
Pretender que el rechazo de la idea de legislar sobre el elemento central del proyecto -el que daba a éste el nombre y, por tanto, señalaba la Comisión especializada correspondiente- es indiferente para el resto, significa, simplemente, negar lo que es la lógica tramitación de una iniciativa de ley.
De verdad, señor Presidente , creo que a usted no le cabía y no le cabe otra actitud.
Cuando llega de la Cámara de Diputados un proyecto cuyo único articulado vigente se relaciona con la creación de un fondo de inversión vinculado a la ciencia y a la tecnología, yo pregunto a los señores Parlamentarios a qué otra Comisión puede ir sino a la de Ciencia y Tecnología creada por el Senado.
De lo contrario, cambiemos lo que significa "ir a la Comisión respectiva"; o convengamos en que basta el título de una iniciativa para definir automáticamente lo que debe hacerse en la Cámara correspondiente; o terminemos con la facultad del Presidente para designar la Comisión que debe analizar cada proyecto y entreguemos la decisión, simplemente, a la voluntad del Ejecutivo o a la de los Parlamentarios que presenten una iniciativa de ley.
Entiendo que hay aspectos discutibles. Sé que el Reglamento puede contener disposiciones que de repente son matizadas. Pero pretender que un proyecto cuyo articulado entramos a conocer hoy y que sólo tiene que ver con ciencia y tecnología sea enviado a otra Comisión, en mi concepto, implica "torcer la nariz" a una forma de legislar que en el Parlamento, por lo menos hasta ahora, ha sido siempre seria.
En consecuencia, señor Presidente , voto a favor de la interpretación que usted ha planteado. Consideraría extremadamente grave que, por una simple mayoría ocasional, se vulnerara el espíritu de un Reglamento centenario, que tiene por objeto precisamente que se legisle bien y evitar que se saque provecho político en un momento determinado.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , no cabe duda alguna de que la interpretación de la Mesa se ajusta plenamente al Reglamento y a lo que ha llegado hoy al Senado como proyecto.
Hay en este momento una iniciativa que crea un fondo de innovación tecnológica. Que eventualmente se presenten indicaciones, es algo futuro e incierto. No depende de nosotros el resolver eso; intervienen en ello muchos factores. Además, puede ocurrir que las indicaciones sean declaradas inadmisibles o inconstitucionales y que, por lo tanto, no lleguen a tramitarse nunca. Con eso, obviamente, recobra imperio la Comisión de Educación, porque aquello es lo único concreto que el Senado puede tratar; a esta Corporación no le está permitido hacerse cargo de hipotéticas indicaciones, que pueden ser constitucionales o no.
De tal suerte que estimo perfectamente atendible la interpretación de la Mesa, que voto a favor.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, estoy en completo desacuerdo con lo planteado por la Mesa.
No nos engañemos. Para la seriedad del Senado de la República, como expresó el Honorable señor Coloma , hablemos con claridad.
El tema es el royalty. Estamos hablando de una regalía minera ad valórem. Significa un engaño a nosotros mismos y a la opinión pública mandar este proyecto, que tiene que ver absolutamente con Minería, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, aunque esto le convenga a la Concertación, pues tiene mayoría allí.
Esto es muy absurdo. Si enviamos la iniciativa a la Comisión de Educación, estaremos engañando a la gente que sabe que se trata del royalty. ¡No tiene nada que ver!
Además, señor Presidente , yo le hice presente que, de los tres puntos básicos del proyecto, el tercero (que viene mencionado por la Cámara de Diputados) se refiere a la regionalización de los recursos pertinentes. Y eso no se cayó en la Cámara Baja. Entonces yo, con la misma fuerza, puedo decir: "Vámonos a la Comisión de Gobierno, porque lo atinente a la regionalización corresponde a ella". Si queremos hacer las cosas bien y hablar para que el país nos entienda, debemos convenir en que aquí estamos refiriéndonos al royalty minero. Y si Sus Señorías no quieren votar esa materia, díganlo claramente. Pero no nos engañemos entre nosotros.
Ciencia y Tecnología: muy respetable. En el Presupuesto hay mucho para ellas. Pero si se nos cae el royalty, que es la regalía, ¿con qué recursos se va a financiar el Fondo de Innovación? Habrá que consignarlos en la futura Ley de Presupuestos. Originalmente, aquél se solventaba con la plata del royalty.
Entonces, que la Derecha diga de una vez por todas frente al país: "No queremos royalty". Pero no nos engañemos.
En consecuencia, voto por que el asunto vaya a las Comisiones de Minería y de Gobierno, unidas. Y ahí veremos de dónde salen los recursos.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , sólo deseo hacer un comentario.
Esta mañana entregué una declaración pública -en ella fundamento mi postura sobre la materia-, porque no se sabía con cuál de las alternativas planteadas íbamos a trabajar. Sólo leeré el primer párrafo, que dice:
"Estoy decepcionado por la forma en que se ha llevado adelante este debate. Un tema que tiene dimensiones económicas, jurídicas, técnicas y políticas se ha transformado en un debate liviano, pobre, abortado, sin diálogo. Se ha transformado en una confrontación que no sirve a Chile y que es un ejemplo de lo que no debiéramos hacer como país y como dirigencia nacional.".
Creo que la discusión que estamos teniendo es un eslabón más en este debate, que considero malo para Chile.
Me abstengo.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, hay veces en que las cosas tienen que ser dichas por su nombre.
Este proyecto pasó por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y su objetivo central era estudiar la aplicación de un royalty. En la Sala recibió 61 votos afirmativos y 41 negativos. Es el único caso en Chile en que una iniciativa, no obstante obtener 61 votos favorables, es rechazada por una minoría.
Eso es insólito de por sí, sobre todo cuando 84 por ciento de los ciudadanos están de acuerdo en que es necesario impulsar un royalty para que las empresas mineras que explotan los dos tercios del cobre chileno contribuyan más y mejor.
Sin embargo, por una cuestión técnica del pasado, que heredamos, un proyecto que obtiene una mayoría de 61 votos contra 41 queda rechazado.
Quiero decir a todos los señores Senadores que nos hallamos ante una situación grave. Aquí no está en juego un tres por ciento de royalty, sino algo mucho más delicado: si las reservas son del Estado o de las empresas multinacionales. ¡Eso es lo que está en juego!
Por ello, rechazar la iniciativa pertinente no significa otra cosa que dejar un enclave del exterior, de las multinacionales, con soberanía y todo: no poder legislar sobre el tema, y para siempre, de manera indefinida.
Creo que el Senado debería ser más acucioso y estudiar ese punto. ¡Ese solo punto! Me da lo mismo que el royalty sea de tres o de diez por ciento.
Señores Senadores, seis gobiernos, incluido el militar, determinaron que las reservas de cobre eran patrimonio absoluto -¡absoluto!- del Estado chileno y que la concesión constituía otro tipo de propiedad, sobre el producto extraído, del que el concesionario se hacía dueño.
La posición del señor Samuel Lira , Ministro de Minería de la época, fue derrotada por la propia Junta de Gobierno, que emitió un dictamen y lo envió al Tribunal Constitucional. Y -hecho inédito en su historia- la Junta Militar dijo, no que rechazaba el informe del señor Lira , sino que lo repudiaba, porque atentaba seriamente contra los intereses nacionales. Y esto lo señalaron los propios miembros de esa Junta, porque entendieron que no era un problema político, sino un problema de país.
Por eso, llamo la atención de los señores Senadores para que revisen su posición, pues de persistirse en el rechazo del proyecto entregaremos nuestro cobre de modo indefinido a un enclave extranjero, respecto del cual nada podremos hacer.
Entonces, insto a tocar con serenidad estos temas, ya que no pertenecen con exclusividad ni a la Derecha, ni a la Izquierda, ni a la Concertación. Éste es un problema de país, sobre el que cinco gobiernos democráticos y el régimen del General Pinochet tuvieron una sola posición.
No es admisible, señor Presidente , que una minoría de 41 Diputados se imponga sobre 61 que votaron a favor -más aún a sabiendas de que 84 por ciento de la opinión pública es partidaria de una mayor contribución de las empresas mineras- y que, en definitiva, estemos entregando nuestro cobre a enclaves extranjeros.
Esto es lo que se halla debajo del rechazo de la iniciativa que nos ocupa.
Por eso, voto en contra, para que el proyecto pueda ser discutido en la Comisión de Minería por personas especializadas en la materia.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , lo que he escuchado y los antecedentes expuestos me recuerdan lo que en su época se llamó "la doctrina del señor Novoa Monreal ".
Voto a favor de la interpretación dada por la Mesa.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , se ha señalado en la Sala que se trata de una regalía. Sin embargo, la verdad es que este proyecto no trata de eso, sino de un impuesto.
Lo de la regalía ha sido un subterfugio para no tener que referirse a impuesto, porque el Ejecutivo sabe que si lo hiciera no podría aplicarlo -como lo desea- a empresas que tienen firmado con el Gobierno un contrato ley mediante el cual accedieron a un régimen de invariabilidad tributaria.
Por lo tanto, el primer error fue que esta iniciativa requirió quórum especial, básicamente, porque no se la quiso llamar por su nombre. Esto tiene olor a impuesto, es un impuesto, se comporta como un impuesto, pero no se le denomina "impuesto", porque saben que, si se le nombrara como lo que realmente es, habría necesitado quórum simple para su aprobación -como quiere el Senador señor Lavandero - y debería haber ido, no a la Comisión de Minería, sino a la de Hacienda.
Eso, en primer término.
En segundo lugar, la idea principal de este proyecto fracasó en la Cámara de Diputados, esencialmente, porque no quisieron hablar de impuesto, no quisieron tener quórum simple, y recurrieron al subterfugio de la regalía, que se cayó, pues no se alcanzó el número de votos exigido.
Y aquí estamos en presencia de un segundo subterfugio: que, habiéndose caído en la Cámara de Diputados lo principal, el proyecto queda vivo, sujeto a un quórum pequeño, en un tema totalmente secundario.
La iniciativa no debió pasar al Senado, señor Presidente , porque fracasó en la Cámara Baja.
Al respecto, me parece que deberíamos hacer una consulta formal al Tribunal Constitucional. Porque no es primera vez que nos sucede -pasó recientemente en materia de indultos- que, pese a no aprobarse la idea de legislar, la idea principal, se mantiene vivo el proyecto en forma artificial con tal de pasarlo a la otra Cámara mediante un subterfugio. Y es ahí donde estamos doblando la nariz a la normativa vigente.
En tercer lugar, se dice que el Fondo de Innovación para la Competitividad sólo tiene vida gracias al royalty. Pero no es así. La verdad es que el inciso tercero del número 20º del artículo 19 de la Carta Fundamental dispone que "Los tributos" -y éste lo es- "que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.".
Entonces, lo señalado por la Honorable señora Frei lo vamos a tener que hacer de todas maneras, porque la única forma de allegar dinero a dicho Fondo es a través de la Ley de Presupuestos de la Nación, con royalty o sin él.
Por lo tanto, estamos discutiendo una estupidez sobre otra. Lo cierto es que esto nunca debió haber tenido quórum especial; esto nunca debió haberse llamado "impuesto"; esto nunca debió haberse aplicado a las empresas con contratos de invariabilidad tributaria; esto nunca debió pasar al Senado, porque ya se cayó la idea principal; y, además, esto nunca debió haber dado lugar a la presentación conjunta del royalty -que es de financiamiento y en donde el dinero, si es que se recauda, debe ir a fondos generales de la nación- y lo relativo a ciencia y tecnología, que sólo puede recibir aportes financieros por la vía presupuestaria.
En consecuencia, señor Presidente , dado que esto es un cúmulo de subterfugios y de tonteras, unas sobre otras, votaré a favor de la interpretación de la Mesa.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , es clara la percepción, no sólo del Senado, sino también de la opinión pública, en cuanto a que la normativa sobre la que se está discutiendo aquí -según se lee en la Cuenta de hoy, proviene de la Cámara de Diputados- "establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad". Así está escrito. No es interpretación, ni subterfugio, ni nada parecido.
El debate público se ha desarrollado sobre la base de pedir a las empresas privadas que explotan y sacan del país recursos no renovables que contribuyan con un aporte, el cual, de acuerdo con la norma y la costumbre mundial, por lo general se traduce en el cobro de un royalty. Eso es lo que en el país se ha discutido.
Es cierto -como aquí se ha dicho- que la iniciativa no reunió en la Cámara de Diputados el quórum constitucional de aprobación necesario. O sea, hubo mayoría, pero ese quórum no se alcanzó porque seis señores Diputados de determinado partido político se abstuvieron, diferenciándose de otros de la misma alianza que rechazaron el proyecto. Esas abstenciones, conforme a lo que hemos conocido, tanto por las intervenciones en la otra rama del Parlamento como por lo expuesto ante la opinión pública, no se fundaban en oponerse a la idea de legislar, sino en el deseo de realizar un debate previo. Así el Gobierno estaría en condiciones de recibir a técnicos representantes de una opción presidencial de la Derecha, con el objeto de discutir previamente la materia. Y por eso habrían cambiado su votación en la Cámara de Diputados.
Que quede constancia de esto en la Versión Taquigráfica, porque ésa es la verdad de los hechos. No es otra.
En consecuencia, ¿ante qué estamos aquí? Nos enfrentamos a una situación en la que, con o sin el anuncio del señor Ministro de Hacienda que escuchamos antes del inicio de este debate, se va a presentar una indicación para reponer lo sustantivo del epígrafe de este proyecto. ¿Por qué? Porque el problema no reside en cómo se crea el Fondo, sino en cómo se recaudan ingresos de quienes sacan recursos del país, de manera que contribuyan al desarrollo de actividades de interés nacional. Y la creación del Fondo de Innovación para la Competitividad es para utilizar lo sustantivo: el royalty. La idea no es establecer primero aquél y ver después cómo lo financiamos.
Desde ese punto de vista, quien me precedió en el uso de la palabra se ha equivocado, porque la iniciativa en sí misma no trata de eso.
Por lo demás, si uno usa la lógica elemental, la lógica simple, obviamente debe concluir que, si se es partidario de discutir sobre el Fondo, es porque de alguna parte saldrán los recursos. Éstos no aparecerán en virtud de la varita de una hada madrina. Hay una lógica que tiene que ver con su recaudación.
Por lo tanto, para mí, lo sustantivo no es a qué Comisión se envía el proyecto. ¡No! Eso es adjetivo. Como Presidente de la Comisión de Educación, no tengo inconveniente en citarla para mañana, a las 9:30, a fin de discutirlo y recibir, si es pertinente, las indicaciones del Ejecutivo. Y si éstas guardan relación con materias especializadas no propias de la Comisión que presido, nosotros mismos propondremos pasar la iniciativa a la Comisión de Minería.
Voy a apoyar la propuesta del señor Presidente , pero no porque esté de acuerdo con el subterfugio que implica mandarlo a la Comisión de Educación, sino porque hay que dejar caer todos los velos que cubren estas especies de danzas orientales que algunos practican en el país, pero que en el fondo son un baile de disfraces. Lo que aquí está de por medio es si en Chile existe consenso o no para recaudar fondos de una riqueza que sale de sus fronteras sin que paguen contribución alguna quienes la explotan y hacen una utilidad enorme en el extranjero.
Nada más, señor Presidente .
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , después de escuchar las intervenciones de algunos señores Senadores sobre el tema del royalty, quiero dejar muy en claro que quienes defendemos el respeto al formato de las Comisiones del Senado de ninguna manera vamos a restar nuestros votos a la materia que el país está debatiendo y que le interesa: la regalía minera. Que eso quede claramente establecido.
Incluso, creo que sus planteamientos se salieron del marco de lo que debíamos haber discutido en esta oportunidad: el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad. Eso es lo que teníamos que debatir.
Participo de muchos de los argumentos de distinguidos Senadores de la Concertación, especialmente el Honorable señor Lavandero . En todo caso, quiero que quede claro que de ninguna manera somos partidarios de un análisis diferente del de la totalidad de los Parlamentarios de nuestra coalición.
Ahora se está resolviendo a cuál de las Comisiones se remite la normativa. Y esta decisión debe respetar el marco que las rige, para no crear el precedente -por una razón política válida e importante- de modificar sus facultades según la conveniencia del momento. Eso nos quita respetabilidad como Senado.
Reitero: nuestros votos van a estar a favor del royalty.
Creo que el Ejecutivo debe aplicar sus facultades legislativas y ponerle la cabeza a este proyecto, que es lo que está faltando.
Por esa razón, apruebo la proposición de la Mesa.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , estoy a favor del royalty. Por consiguiente, lo más adecuado es enviar la iniciativa a la Comisión de Minería.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , estoy realmente impresionado, porque nos hemos enredado en una situación que la Mesa podría haber evitado.
En muchas oportunidades hemos creado Comisiones unidas. Y no hay ninguna razón para que ahora no ocurra lo mismo, en especial cuando se debe ser particularmente serio con el país, porque se trata de una discusión que trasciende al Senado. Y en la Comisión de Minería no hubiésemos tenido problema alguno para debatir con los integrantes de la de Educación lo relativo al Fondo de Innovación para la Competitividad.
Además, en lo que respecta al primer tema, estamos contraviniendo la Constitución, cuyo artículo 64, inciso cuarto, establece que "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.".
Entonces, al disponer la mayoría del Senado el envío a una Comisión -en este caso, a la de Educación- de un proyecto no debidamente financiado se está contraviniendo una disposición constitucional.
Creo que el señor Presidente pudo haber evitado eso con la formación de las respectivas Comisiones unidas, tal cual se ha hecho cientos de veces. Y como el Ejecutivo ha tenido la buena intención de quitar la urgencia, tendríamos los días suficientes para discutir la iniciativa.
Además, ello de alguna manera implica reírnos del trabajo que como Senadores hemos realizado durante un año. En tal sentido, no estoy de acuerdo con la opinión del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle , porque en una Comisión especial, integrada por cinco Senadores, hemos debatido durante un año el tema de la tributación minera. Se realizó un trabajo serio. Sus Señorías tienen el informe de más de 600 páginas que elaboramos durante doce meses. Nos reunimos con todas las empresas mineras de Chile y con todas las instituciones vinculadas con la minería. Y -repito- se emitió un documento de seiscientas y tantas páginas. No hay informe de Comisión especial tan acucioso como el de la presidida por el Honorable señor Lavandero . No existe en el país una investigación más seria.
Estamos planteando una cuestión muy de fondo, señor Presidente : el Senado, por unanimidad, nombró una Comisión especial, la que se abocó al trabajo encomendado. Y lo hizo bien: los señores Senadores disponen de más de seiscientas páginas de análisis y saben que cuatro de los integrantes de aquélla concordamos en estudiar muy a fondo y con seriedad, sin proponer ningún proyecto de ley, el tema de la regalía para la gran minería. Sólo a uno ello no le pareció conveniente. Muy bien.
Ese informe -que, insisto, está en las manos de los Honorables colegas- perfectamente pudo haberse estudiado por Comisiones unidas. Pero nos hemos enredado sin necesidad. Porque, en esta Corporación, a diferencia de la Cámara de Diputados, con la Honorable señora Frei y los Senadores señores Prokurica , Orpis y Lavandero -quien presidió la Comisión Especial- estuvimos un año trabajando el tema. Pero ahora a los miembros de esa Comisión especial, que fue nombrada por esta Sala, se nos está privando de la posibilidad de seguir examinando un asunto que no es de la Concertación ni de la Derecha, sino del país, y que por un subterfugio se envía a la Comisión de Educación, la cual tendrá que empezar a conocerlo desde la letra "a".
Más encima, se trata de un proyecto de ley que no está financiado. Y eso es muy poco serio. El artículo 64 de la Constitución Política establece que no podemos discutir proyectos sin financiamiento. ¿De dónde se sacarán los recursos que se aportarán al Fondo?
Eso es lo poco serio en que, en mi opinión, incurrió la Mesa.
Por eso, estimo que la normativa debe enviarse a Comisiones unidas, tal como se ha señalado.
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente , quiero respaldar la posición del Honorable señor Núñez .
No quiero discutir la determinación tomada por la Mesa en el sentido de enviar el proyecto a una Comisión. Pero lo lógico, por respeto a nuestras Comisiones y al estudio que se ha realizado, es remitirlo, a lo menos (y habría bastado sólo la voluntad de la Mesa), a Comisiones unidas de Educación, en consideración al destino de los recursos, y de Minería, por tratarse de una materia que estudiaron los señores Senadores durante tanto tiempo.
El Ejecutivo ha anunciado la presentación de indicaciones. Si guardan relación con minería, las verá la Comisión pertinente. O sea, da lo mismo.
Por lo tanto, me abstengo.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , no cambiemos la naturaleza de las cosas. Estamos frente a un proyecto iniciado por mensaje, el cual no sólo tiene una fundamentación clara que justifica el nombre que se le da, sino también un contenido parcialmente aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.
En un aspecto esencial, una clara mayoría de señores Diputados lo respaldó, aun cuando no se alcanzó el quórum de aprobación constitucional requerido. Por eso el Presidente de la República , como lo acaba de hacer el señor Ministro de Hacienda esta tarde, anunció claramente al país la determinación de reponer las normas que no contaron con la mayoría constitucional en la otra rama del Congreso.
En consecuencia, corresponde atenerse a la naturaleza de las cosas. Y eso lleva a que el informe sobre la idea de legislar deba ser de conocimiento y de estudio de las Comisiones unidas de Minería y de Educación, como aquí se ha planteado.
Proceder de esa manera honra no sólo el precepto del artículo 62 de la Carta Fundamental, sino además el trabajo hecho por el Senado, que ha abordado con simpatía los informes de las Comisiones especiales sobre Tributación de la Minería y Sociedad del Conocimiento y la Información, debatidos en sesiones anteriores.
No busquemos excusas para tratar de transformar el sentido y la naturaleza del proyecto. Es hora de que actuemos a cara descubierta frente al país. Si lo que se quiere es votar "no" al royalty, asúmase la responsabilidad y vótese "no" en la discusión, con los argumentos que para eso se tengan. Pero el procedimiento que se está siguiendo es una forma oblicua de matar la iniciativa, de alterar su naturaleza. Eso no me parece conveniente ni aceptable y, desde luego, no prestigia al Congreso Nacional.
Voto en contra.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , lo importante de este pequeño debate, a propósito de la fundamentación del voto en un punto netamente reglamentario, es poder convencernos de que el tema de fondo -aplicar o no un royalty a las empresas mineras que explotan un recurso natural no renovable- es justo y legítimo. El país espera que el Senado lo resuelva.
Cualquier royalty, patente, impuesto o como quiera llamársele es un tributo. Y es relevante discutir si corresponde, si es legítimo o si es justo aplicar un tributo a determinada actividad.
Más allá del concepto, la ciudadanía espera que nosotros seamos capaces de conocer, de discutir y de aprobar una propuesta que signifique que parte de los recursos financieros, de los dineros, de la riqueza que genera la explotación de la gran minería quede en nuestro país y se destine a mejorar la calidad de vida, sobre todo, de la gente que más lo necesita. Eso es lo que importa.
Prefiero no calificar o descalificar si un proyecto es bueno o malo o si constituye una estupidez, como aquí se ha dicho. Porque hay que tener mucho cuidado. Me interesa conocer una proposición -me he enterado de ella por los medios de comunicación; ojalá que llegue al Senado- que habla de aumentar el valor de las patentes mineras, en vez de aplicar el royalty que hemos estado discutiendo, y destinar los mayores recursos a financiar el crédito universitario. Yo no tengo por qué calificar de estúpida o de tontera una idea de ese tipo. Lo razonable es discutirla, conversarla, dialogarla, tanto como la del royalty, a fin de buscar una solución.
Me parece que lo más relevante, independiente de la Comisión a que se envíe la iniciativa, es que derechamente asumamos la responsabilidad de definirnos respecto de una materia, el royalty minero, que interesa al país.
El proyecto que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad no es obra y gracia del Espíritu Santo o de que los señores Diputados se abocaron al estudio de ese Fondo. Lo que discutieron frente al país fue la idea de establecer un royalty minero de cierto monto porcentual. Pero no se alcanzó el quórum de aprobación exigido, porque muchos Parlamentarios con quienes se conversó y que comprometieron su voto no cumplieron.
En el Senado la situación puede ser distinta. Invito a que el debate también sea diferente.
Si hay otra propuesta, evaluémosla; pero no evitemos el tema de fondo, que estimamos de justicia y de total legitimidad para la mayoría de la gente, como aquí se ha sostenido. Y si la iniciativa es enviada a la Comisión de Educación por razones formales, me da lo mismo. Lo relevante, lo lógico, lo racional es que se discuta en la Comisión de Minería, porque sabemos que se trata del royalty y no de un fondo de innovación tecnológica.
Señor Presidente , si reglamentariamente hubiere alguna opción de generar una instancia mixta que solucionara el problema y nos permitiera analizar el tema de fondo, sería lo más conveniente. Sería bueno, incluso, que ese análisis se produjera en Comisiones unidas, porque de esa manera el debate tendría mayor amplitud.
En la mañana de hoy escuché a un señor Senador decir a un medio de comunicación que, con el tiempo necesario, se encuentra disponible para un debate de altura, al mejor nivel posible. Creo que eso es lo que corresponde.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor PIZARRO.-
Planteé que lo mejor era enviar la iniciativa a Comisiones unidas.
Si esa propuesta se entiende como pronunciamiento contrario a la de la Mesa, considérela como tal.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Vota que no el señor Senador.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , estamos decidiendo si este proyecto se tramitará a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología o a otra.
La verdad es que la Mesa no debe actuar sobre la base de suposiciones. El hecho de que algunos Honorables colegas planteen que hay razones para pensar que pueden existir motivaciones distintas y que van a llegar indicaciones, es otro tema. Hoy día, el proyecto que está en nuestras manos claramente se encuentra destinado a ser resuelto por la Comisión de Educación. A quienes sostienen que se halla desfinanciado les expreso que no es así, porque en su artículo 2º dice:
"a) Los recursos que, para este objeto, contemple anualmente la Ley de Presupuestos, y
"b) Los recursos aportados por personas naturales".
Ese texto es igual al de iniciativas que, por ejemplo, propician la erección de monumentos, en los que no se establece determinado valor, sino que se señala que habrá aportes para tal propósito.
Por ese motivo, desde el punto de vista reglamentario, el proyecto es absolutamente constitucional. Si la Mesa hubiese dispuesto su envío a la Comisión de Minería o a la de Hacienda, habría estado suponiendo que llegarían indicaciones. Ahora, si éstas ya se recibieron, se habría equivocado. Pero tengo entendido que no es así.
Éste es también uno de los temas típicos que deben ser resueltos por los Comités. El señor Presidente estimó innecesario que se reunieran, por tener claro cuál era el camino; pero ellos sí estaban en su derecho a pedir esa reunión.
Así que, independiente de que supongamos que van a llegar o no indicaciones; de que detrás de este proyecto de ciencia y tecnología está escondido, entre comillas, el tema del royalty; de que hay que definirse o no, y de tantas cosas que se han dicho, la Presidencia , reglamentariamente, ha hecho lo que le corresponde. Y no podía seguir otro camino, aunque a lo mejor a ella misma le pese no resolver el punto de inmediato.
Voto a favor del criterio de la Mesa.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , sobre esta materia puede haber distintas opiniones. Entiendo a algunos señores Senadores, como el Honorable señor Muñoz Barra y el Presidente de la Comisión de Educación, que quieren tramitar el proyecto a ese órgano técnico. Pero su origen está relacionado directamente con la minería. Yo no comparto la opinión de la Mesa.
A mayor abundamiento, el señor Ministro de Hacienda ha planteado aquí que se va a reponer la indicación referente al aporte de la minería. Y espero que este tema, que es de país, podamos discutirlo en la Comisión especializada, con altura de miras y sin descalificaciones. A mí me parece que ninguno de estos asuntos -que el Senado siempre ha tratado de esa manera y en forma técnica- debe llevarnos a un conflicto como el que enfrentamos ahora.
La Comisión de Minería trabajó durante siete meses en el tema. Por lo tanto, lo conoce y le será mucho más fácil poder llevarlo adelante.
Por eso, voto en contra.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , estamos en una discusión muy importante y trascendente desde los puntos de vista jurídico y formal. Yo entiendo que algunos quieran anticipar un debate de carácter político o referido al tema que en su oportunidad se planteó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, tengo una seria preocupación en cuanto a que se vuelva a producir una situación que pueda ser muy mal vista, no solamente por parte de nuestros connacionales, sino por el resto del mundo, que cree que en Chile se hacen las cosas en forma seria.
Lo digo con mucho respeto, ya que aquí escuché al señor Ministro de Hacienda anunciar que iba a presentar indicación para reponer una idea matriz que fue rechazada en la Cámara Baja.
Al respecto, debo precisar que ella no puede ser repuesta en el Senado por la vía de la indicación, porque transgrediría tanto el artículo 65 del Texto Fundamental como el inciso segundo del artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, según el cual "No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política¿". En ese caso caeríamos en el evidente garlito de realizar un debate sin futuro ni destino.
Nosotros somos partidarios de debatir sobre el royalty; no pretendemos dejar de hacerlo. Pero efectuémoslo de modo serio y dentro de los parámetros constitucionales y jurídicos en los deben moverse tanto esta Corporación como la Cámara de Diputados.
Quiero señalar que, frente a su aprobación parcial por parte de otra rama legislativa, luego de que ésta aplicase textualmente el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso, no cabe sino aceptar que, habiéndose aprobado una idea matriz autónoma de la que fue rechazada (ésta consistía en la famosa regalía o royalty), el proyecto puede continuar su tramitación, pero circunscrito a esa idea matriz acogida en general en la Cámara de origen, que ha pasado a ser la única que reviste tal carácter.
A la pregunta de si antes de transcurrido un año es posible renovar en la Cámara revisora ¿es decir, en el Senado-, por la vía de la indicación que nos anunció el señor Ministro , en el mismo proyecto o en otro, una idea fundamental ya rechazada por la Cámara de origen, debo manifestar que ello no es admisible, ya que, de aceptarse esa tesis, estaríamos dejando sin aplicación la expresa prohibición del artículo 65 de la Carta.
De acuerdo con esa norma constitucional, para que dicho aspecto pudiera continuar tramitándose, sería preciso que, una vez rechazada la idea de legislar sobre él en la Cámara de Diputados -como ocurrió-, el Presidente de la República hubiera solicitado al Senado la aprobación en general de la totalidad de la iniciativa por las dos terceras partes de sus miembros presentes. Y si nosotros la hubiésemos aprobado con ese quórum, aquello habría sido posible.
Al respecto, cabe mencionar lo ocurrido con el proyecto relativo a la nueva institucionalidad cultural, en julio del 2002. Como Sus Señorías deben de recordar, al votarse en general en la Cámara Baja no se reunió el quórum orgánico constitucional que gran parte de sus disposiciones requería y se dio por rechazada la idea de legislar. Entonces el Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 65, solicitó que la iniciativa pasara al Senado para la aprobación en general por los dos tercios de sus integrantes presentes, cuestión que ocurrió, como consta a los señores Senadores y en la Versión Taquigráfica.
De allí que esta Corporación debe tener muy claros la película jurídica y el marco institucional. No por discutir un tema que a todos nos interesa nos vamos a saltar a pie juntillas normas constitucionales y legales muy nítidas y precisas.
En tal sentido, planteo derechamente al Ejecutivo que solicite un informe al señor Ministro de Justicia -aquí presente-, para que haga un análisis de fondo sobre lo que estamos señalando, porque en la práctica se nos está invitando a un debate estéril, el que sí sería inentendible para la opinión pública.
Es cuanto deseaba manifestar, señor Presidente. Y no puedo votar, por estar pareado con el Senador señor Ominami.
El señor GAZMURI .-
No puede fundamentar un no voto, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
¡Claro que puedo!
El señor GAZMURI .-
¿Cómo se hace?
El señor ROMERO.-
Exponiendo las ideas.
El señor GAZMURI.-
El problema es el procedimiento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego evitar los diálogos, señores Senadores.
El señor GAZMURI .-
Es "un resquicio legal", como diría el Honorable señor Martínez .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
¡Por favor, orden en la Sala!
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , la discusión que llevamos hasta ahora consta de dos partes: una se refiere al tema de fondo, y la otra, a una cuestión formal planteada por la Mesa. Quienquiera que la escuchara se daría cuenta de que se parece un poco a lo que fueron los viejos debates agustinos en el siglo XIV, donde se deliberaba sobre cuántos ángeles se paraban en un alfiler. Sin embargo, creo que hay algo más formal en esta materia.
En primer lugar, aquí se ha desviado la discusión más allá de lo reglamentario, en cuanto a lo que hay en el fondo de ella. Y, a este respecto, no quiero dejar ninguna duda sobre lo que pienso.
Para mí, el cobre es chileno. El royalty es legítimo. Soy partidario de que se trate y, por tanto, de que su análisis se lleve adelante lo más pronto y de la mejor manera posible. Ojalá el Senado lo pueda aprobar. Cualquier afán de postergarlo, por el mecanismo que fuere, recibirá mi oposición. Ese intento lo consideraría como un hecho negativo para lo que el país quiere.
En segundo término, el Senado tiene determinada forma de funcionar y nosotros debemos poner cuidado en no romperla por un motivo u otro. A esta Corporación ha llegado un proyecto que, desgraciadamente ¿pese a todas las argumentaciones que se han dado, para bien o para mal-, se ha enfocado de manera inadecuada. Y consigna un solo aspecto: la innovación tecnológica, de competencia exclusiva de la Comisión pertinente, que en este caso es la de Educación.
Si algún señor Senador cree que el mandar la iniciativa a ese órgano técnico implica postergar el debate o utilizar un resquicio para que, en definitiva, el asunto de fondo no se trate, se equivoca. Los miembros de esa Comisión no somos inhábiles en el tratamiento de los temas como para no darnos cuenta de cuándo y cómo nos están tendiendo una trampa.
Creo que el señor Presidente está en la razón al tramitar el proyecto a la Comisión de Educación.
En seguida, permítaseme referirme a tres o cuatro argumentos que se han esgrimido y que me parecen erróneos.
Uno: se dice que se ha trabajado en un informe que consta de 600 páginas. Ello es muy meritorio. Pero él no incluye lo relativo a la innovación tecnológica, según me acaba de señalar una de las personas que participaron en su elaboración. En consecuencia, es perfectamente pertinente tratarlo en la Comisión que corresponde.
Dos: cuando el señor Ministro anuncia que enviará una indicación que tiene pertinencia con la Comisión de Minería, tengan la certeza de que la discutiremos de inmediato ¿mañana, a las 11-, en una, dos o tres horas, y la enviaremos a ese órgano especializado. Y se acaba el problema. Pero, por favor, no atropellemos las normas que tiene el Senado para trabajar, porque, cuando ello ocurre una vez, resulta muy fácil hacerlas pedazo en adelante. Y todos sabemos lo que sucede cuando la ley o el reglamento atinentes a una institución no se cumplen.
Habría preferido que el señor Ministro hubiera anunciado esto antes, pues podríamos haber discutido las cosas de otra manera. Él sabe la forma en que actúa, aunque yo no la comparto.
Tres: se ha planteado lo relativo al financiamiento.
Este punto está consignado en la normativa, que dispone que el Fondo de que se trata se constituirá con los recursos que contemple el Presupuesto. Si ese financiamiento es bueno o malo pero adecuado a lo que manda la Constitución, no hay razón alguna para sostener que la iniciativa no se puede tratar porque aquél no existiría.
No busquemos argumentos tan pequeños. No sirven.
Por lo tanto, voto a favor de la fórmula propuesta por la Mesa. Creo que así cumplimos con la norma reglamentaria y hacemos las cosas bien.
Lamento que hayamos debido perder tiempo en esta materia. Sin embargo, en cuanto al fondo del problema, nadie duda de la razón que nosotros tenemos para respaldar un proyecto que tal vez otros señores Senadores estimarán inapropiado. A mí, por lo menos, me parece bien, y eso no se va a postergar por el hecho de que vaya primero a la Comisión de Educación.
Una última observación, señor Presidente .
Un Honorable colega me señaló...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha concluido el tiempo de Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Termino en treinta segundos.
Como decía, un señor Senador me expresó que de repente hay que guiarse por el fondo y no sólo por la forma.
Comparto ese planteamiento. Pero también es cierto que la forma hace la diferencia entre cumplir o no con el respeto que nos debemos.
Ése es el motivo por el cual respaldo la proposición de la Mesa.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que el tema de fondo del proyecto que nos ocupa es la regalía minera; lo secundario, el destino de los recursos. El señor Ministro anunció que presentará una indicación relacionada con aquel asunto en la Comisión donde se remita la iniciativa.
Creo que eso es lo que se pretende rehuir en esta oportunidad: el pronunciarse en forma definitiva con respecto al royalty, el cual, conforme a los estudios realizados tanto por la Comisión Especial nombrada por el Senado como por otras instituciones, es altamente conveniente para los intereses nacionales.
Ahora bien, alguien expresó que esto significaba cambiar las reglas del juego y modificar lo acordado en el decreto ley Nº 600, que establece la invariabilidad tributaria. Ello no se está alterando en absoluto, porque la invariabilidad tributaria sólo garantiza no tocar el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto de Aduanas. Y ninguno se modifica.
Aquí hablamos de una regalía, de una compensación por la extracción de un bien agotable. Y a esa regalía, en Chile y en los países donde se aplica, no se la considera un impuesto, sino -reitero- una compensación. Y esto es lo que se intenta hacer acá. Por eso decimos que no se modifican las reglas del juego en ese aspecto.
Quiero señalar que lo que se pretende es buscar un mayor ingreso fiscal, para invertirlo sobre todo en bienes productivos de futuro. A lo mejor, en 1982 o en 1985, cuando se establecieron esas enormes garantías, ellas podían haberse justificado, pues había poca confianza en el país, no se creía en él, los intereses eran altísimos, nadie deseaba invertir donde no existía seguridad para su inversión.
En cambio, ¿cómo estamos actualmente? ¿Chile tiene credibilidad? ¿Cuál es su riesgo país? ¿Qué intereses se están pagando hoy en nuestra nación y en el resto del mundo? Las condiciones han cambiado bastante. ¿Por qué, entonces, mantener esas garantías excesivas, que en su oportunidad ¿repito- quizá se justificaron? Eso es lo que reclamamos, como interés de país.
Por otra parte, el Gobierno puso urgencia al proyecto para no politizarlo, porque creía que todos estábamos de acuerdo con algo grande para Chile y no para gastarse la plata.
¡Si este año van a sobrar mil quinientos millones de dólares¿! Aquí hablamos de cien millones de dólares, no para gastarlos: para invertirlos, a futuro, en innovación y ¿yo diría- en otras riquezas renovables, como plantaciones forestales, de pinos o eucaliptos, que a los 10, 15 ó 20 años ya generan una gran producción y que el 2010 o el 2015 aportarían al erario más que el cobre.
Es preciso incentivar riquezas para el futuro, para nuestros hijos. Nosotros todavía tenemos la que genera el cobre. ¿Y qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones?
Eso es lo que se pretende con la iniciativa: algo mayor. Por eso, tratémosla como interés de país; despachémosla en veinte días, y sigamos las campañas con las cosas contingentes.
Si no se desea eso, el proyecto evidentemente se va a transformar en un tema político. ¡Y, por Dios, la gente no entiende que las empresas mineras se lleven el 65 por ciento del cobre y no dejen nada para el país, en tanto la CODELCO, que solamente produce 35 por ciento, entrega una enorme cantidad de riqueza! ¡Eso lo entiende hasta un niño chico!
¿Y qué es lo que no entienden ustedes? No debemos llevar el problema a las campañas políticas: ni a la de octubre próximo, ni a las presidenciales y parlamentarias del próximo año.
En mi opinión, el proyecto debe tramitarse a la Comisión de Minería, aunque también se relacione con la labor propia de la de Educación.
En cuanto al asunto de que se trata ahora, apoyo la proposición de la Senadora señora Frei en el sentido de que éste debe enviarse a la Comisión de Minería. Lo del subsidio puede ser visto por la de Educación o por una Comisión Mixta, si posteriormente fuese necesario.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, lamento el debate producido y que se haya ocupado toda la tarde en tratar un asunto bastante difuso, por no decir oscuro.
Con todo respeto, puedo decir al señor Presidente de la Corporación que a mí me sobra la experiencia, y a él, la inteligencia; y que, habiéndose usado -como ha ocurrido-, la materia que nos ocupa debió ser resuelta en una reunión de Comités y no en una sesión como ésta.
Todos sabemos de qué se trata.
En el Hemiciclo, hay señores Senadores amigos que representan a distintas corrientes políticas. Se sabe que a la UDI y a Renovación Nacional no les gusta el royalty y que no lo quieren votar.
Yo tengo algunas dudas respecto a su legalidad; pero creo que algo hay que hacer en relación con la materia. Lo peor es rehuir el debate de fondo.
Si queremos tener imagen ante el país, debemos hablar acerca de los problemas de fondo. Nadie va a entender que no pudimos tratar un proyecto este año u otro por causa de nuestro Reglamento. Este último da para mucho: no sólo para lo que he mencionado, sino también para crear por mayoría todas las comisiones especiales que se nos ocurra. No podemos dejar de decirlo.
Entonces, encajonarnos en una discusión formal no me parece procedente, a pesar de que un Honorable colega, quien se sienta en las bancas ubicadas a mi espalda, ha expresado su respeto por las normas reglamentarias que nos rigen. Yo también las respeto mucho. Sin ellas y sin forma no existiría fondo; pero a veces la forma ahoga al fondo. No obstante, el Senador aludido ha hecho una argumentación tan buena que parece abogado, siendo un excelente médico.
También tengo mucho respeto por lo que señala el decreto ley Nº 600. Empero, hay que buscar alguna fórmula para que los países no estén siempre encajonados por ciertas disposiciones. Debe buscarse una salida. Si las empresas no la dan, entre ellas y la soberanía de Chile, me quedo con esta última. Y ello se puede explicar.
Éste es el fondo del asunto. Pero como él no se discute, me es indiferente la Comisión que lo trate, aunque debiera hacerlo la de Minería, porque ella llevó a cabo los estudios pertinentes durante dos años. Pero ahora, cuando tenemos que debatir acerca del problema minero más importante de los últimos 20 años, dicho órgano queda al margen y sus informes no se consideran.
Eso no lo entiende el país. Si yo estuviera sentado en mi casa viendo la televisión, diría: "¡Estos señores están en otro mundo!".
Yo no sé si votar en contra o a favor de la propuesta del señor Presidente del Senado . Al efecto, seguiré la opinión de un hombre al que admiro mucho, el Honorable señor Ruiz-Esquide , pues pienso que tiene razón.
Me interesa el problema de fondo.
En un sentido u otro, Chile enfrenta problemas de ínfima categoría. El Senado debe preocuparse por aquellos que son trascendentes. En este caso, se trata de saber si las empresas mineras van a contribuir al desarrollo del país. No me interesa tampoco que los recursos deriven hacia un fondo como el llamado "Millenium" ¿a mi juicio, el mejor en nuestro medio-, que reúne a los más competentes sabios y científicos nacionales, inclusive a los traídos de vuelta desde el extranjero. Financiarlo no sale tan oneroso como se piensa. No cuesta 100 millones de dólares.
Por lo tanto, me conmueve el destino de esas platas, pero sí saber si Chile, en justicia, en un momento dado, puede o no puede pedir una contribución a quien está ganando más de lo que corresponde, para que, al final, nuestra patria recupere lo que perdió, de manera que no ocurra lo del salitre, donde sólo quedaron el hoyo y algunas personas muy ricas.
Me abstengo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , coincido con lo señalado por el Senador señor Valdés en el sentido de que el asunto debería haberse resuelto en Comités; así se planteó, pero desgraciadamente no hubo acuerdo.
En primer lugar, hay un problema jurídico que me parece importante mencionar. Un proyecto de ley, iniciado en mensaje o moción, queda marcado por su origen, como lo manifestó el Senador señor Parra . En este caso lleva el nombre con que aparece en la Cuenta. En ella no se dice "proyecto que crea el Fondo¿", sino "que establece una regalía minera¿". Y una iniciativa legal constituye un todo desde que comienza su tramitación hasta que la termina, inclusive después de un eventual veto. Sufre muchos avatares en el paso de una Cámara a otra; pero lo básico son sus ideas matrices, inmersas en el origen misma de ella.
Por otro lado, es evidente que se deben votar por separado las ideas matrices, como lo dispone la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y, en el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, una idea perdió y otra ganó. Nada impide que, respecto de lo aprobado y que pasó al Senado, el Presidente de la República presente una indicación sustantiva sobre lo esencial, que es, como se ha señalado, que las empresas mineras contribuyan de mejor manera al desarrollo del país.
En mi concepto, sería muy grave aceptar la tesis del Senador señor Romero en cuanto a que no se puede proponer tal indicación. Si así fuese, este debate sería inútil. Y pienso que no lo es, que no estamos perdiendo el tiempo, y que el Ejecutivo puede hacer lo que acaba de plantear el señor Ministro de Hacienda .
En segundo término, existe un problema político, comentado en los medios de comunicación. Ello es evidente, como lo han manifestado varios señores Senadores, el último de los cuales fue el Honorable señor Valdés .
La iniciativa se refiere al royalty minero, que es el fondo del asunto. ¡Cómo va a ir a la Comisión de Educación! ¡Qué tiene que ver con ella! Lo lógico es que esta materia fuera tratada donde corresponde, no porque haya Comisiones de una u otra naturaleza, sino por lo que significa el proyecto en sí mismo. Mandarlo a la de Educación es generar un debate artificial. La opinión pública entenderá que aquí se ha querido escabullir el bulto y tratar de sacar las castañas con la mano del gato. Si mañana la Comisión de Educación sesiona y despacha la iniciativa, ésta no podrá pasar a la de Minería, pues no se encuentra en el itinerario. Tendría que volver a la Sala para que ésta resolviera tramitarla a aquélla.
En síntesis, se trata de un puro entorpecimiento. Ello quiere decir que no hay voluntad política de los Senadores de Oposición para buscar una fórmula razonable a fin de que el proyecto se resuelva y tenga éxito. ¡Ésa es la verdad! ¡No existe voluntad política de la Oposición, salvo contadas excepciones, para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza! Todo lo demás no va a ser entendido por la opinión pública.
Por lo planteado, voto que no.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , si existe algo positivo -creo que el país lo entiende-, es que respecto de esta materia central, de fondo, ha habido capacidad para que haya un análisis y una discusión a nivel nacional. Y no sólo se ha discutido en el Senado, sino en todo Chile. Hoy todos están preocupados, de lo cual me alegro.
En tal sentido, quiero iniciar mi intervención con un reconocimiento a quien hizo posible todo esto. Se podrá discutir y tener diferentes opiniones acerca de la forma como el Senador señor Lavandero logró colocar el asunto en el centro de la opinión pública; pero, ciertamente, es esencial para Chile.
Ahora bien, lo lamentable es que no estemos a la altura de asumirlo. Porque equivocarse respecto de la minería chilena representa algo sustancial. Y no se entiende que un sector de tal gravitación como el minero no haya contribuido como corresponde con los aportes que el país ha necesitado, especialmente en los últimos diez años. ¡Eso no lo comprende nadie! Y, a mi juicio, ello es malo para la formación de la gente, pues lo lógico es que en una nación todos contribuyan, que todos paguen, y no sólo los impuestos.
Aquí -dicho sea de paso- no está en debate si se trata de un tributo, ya que, de acuerdo con la Constitución de 1980, estamos ante una regalía, una contraprestación por un bien perteneciente al Estado y, en consecuencia, a toda la comunidad.
Pero no deseo quedarme en ese aspecto del problema.
En verdad, con estas argucias menores, formales, no implican sino detener una decisión de fondo sobre algo central, que en algún momento llegará. Y deberemos asumirlo como corresponde, si queremos que nuestro país sea considerado respetable y serio.
No tener una política minera nacional me parece una falla medular.
Chile dejó de ser una economía agraria a mediados del siglo XIX. Con hombres como Urmeneta, Santos Ossa , además de los Gallo, fue capaz de asumir en propiedad una gran política minera. Y el país progresó, de la misma forma como lo hizo el Estado institucional, que ya estaba en ciernes. Sin embargo, después de ganar la Guerra del Pacífico, nos equivocamos en el manejo del salitre, con consecuencias que están a la vista.
Ahora tengo el presentimiento de que, si no somos capaces de abordar el problema minero con la misma grandeza y visión de antes, nos iremos por un camino errado. No se trata de si el royalty será de dos, tres o más por ciento. Lo que hace falta es una política minera. En realidad, se precisa saber cómo manejar nuestra inmensa riqueza en beneficio de los grandes intereses nacionales.
Y pueden dar los argumentos que quieran. A lo mejor lograrán detener el proceso. Pero a la larga se impondrá el sentido común. Y las mismas empresas que hoy día, con una mezquindad y ceguera increíbles, han ejercido toda una presión a través del poderoso "señor dinero", quizás consigan un triunfo pequeño, de corto plazo; sin embargo, habrán perdido la gran oportunidad de incluso sanear la injusta situación producida. ¡Allá ellas! Pero nosotros, debemos velar por los intereses del país, no nos podemos equivocar.
Lamento profundamente que el Senado no esté a la altura de asumir el rol que le corresponde. Pero, en definitiva -con esto retomo el punto-, creo que en un momento dado habrá claridad. No concibo -en mi concepto, nadie lo haría- que, en un país serio, un sector de tanta trascendencia como el señalado no contribuya al esfuerzo nacional que hoy día se requiere y que se busquen argucias para mantener situaciones de excepción.
Más aún, me parece que quien dictó el decreto ley Nº 600, si hoy día estuviese gobernando, sería más realista que quienes en la actualidad son sus hijos políticos y ahora mantienen una situación de injusticia; porque la visión de ese momento era que el país necesitaba, en la coyuntura, disponer de dólares, los cuales no llegaban.
Pero ahora no es ése el problema, sino uno muy distinto. Y no veo por qué¿
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿se da a empresarios extranjeros lo que no se entrega a los nuestros.
Todavía más, no visualizo por qué cuando una situación es injusta no tomamos en nuestras manos el poder soberano para cambiarla. Las cuestiones que no andan bien se modifican. ¡Eso es lo que corresponde hacer! Cualquier otra cosa es ceguera, pequeñez, y significa actuar contra los intereses de Chile.
Por eso, voto en contra.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , en estos cinco minutos de fundamentación de voto, no entraré al fondo del debate sobre el royalty, el cual ha convocado a diferentes señores Senadores a emitir opiniones.
Aquí nos encontramos frente a un asunto procesal. Y creo que tienen razón los Senadores señores Valdés y Viera-Gallo en el sentido de que el trámite podría haberse resuelto en Comités; pero, por la información que tenemos, no se llegó a acuerdo. Entonces, no podemos responsabilizar a la Mesa ni a los Comités por no lograr consenso. Lo ideal sería que en estas materias se consiguiera.
En segundo término, en estricto rigor, por el contenido de los cuatro artículos del proyecto de la Cámara de Diputados -sobre el Fondo de la Innovación para la Competitividad y las disposiciones presupuestarias-, la Mesa tiene razón en su interpretación.
A mi juicio, carece de fundamento la aseveración de incumplimiento del artículo 64 de la Constitución, porque el artículo 2º de la iniciativa establece el financiamiento del fondo a través de la Ley de Presupuestos; o sea, no se transgrede la norma constitucional recién citada. Por lo tanto, tampoco se presentaría ese problema.
El asunto es que a lo mejor podríamos habernos ahorrado todo este debate. Hemos gastado toda la sesión en un asunto procesal, aunque se ha hablado más bien del fondo de la materia. A muchos nos hubiera gustado hacerlo, pero no lo creo conveniente ahora.
El problema consiste en determinar qué Comisión trata el proyecto. Lo lógico, por economía procesal, habría sido aceptar la tesis de las Comisiones unidas de Educación y de Minería, dado que, además, el señor Ministro presentará una indicación sobre un nuevo mecanismo de financiamiento para dicho Fondo.
Pero tampoco hemos procedido de esa forma.
La sugerencia del señor Presidente de la Comisión de Educación -ojalá la consideremos como fórmula de solución- implica que, de llegar la indicación del señor Ministro -después me referiré al artículo 65 de la Carta-, a lo mejor el asunto podría volver a la Sala, y donde se resolverá la unión de las Comisiones de Minería y de Educación con el objeto de que estudiaran la materia.
Ahora bien, en cuanto a las ideas matrices del proyecto original, creo que el Ejecutivo olvidó enlazar el artículo 1º -el cual consignaba el royalty- y los tres siguientes con los artículos 5º y posteriores, referentes al Fondo, y que ahora quedan en la iniciativa. Ni siquiera existía un obstáculo constitucional, pues lo que está prohibido es destinar a fines específicos los recursos obtenidos por impuestos. Y como se ha sostenido que el royalty no es un gravamen, entonces las normas respectivas podrían haberse enlazado. Pero no se hizo.
En definitiva, la Cámara de Diputados utilizó el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Además, el Senado dispone de un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, emitido durante la presidencia del entonces Senador Sergio Díez , conforme al cual -ello fue planteado por mí- deben votarse por separado las disposiciones que requieren mayorías distintas.
Puede ser que exista un error sobre el particular, pues ello provoca el tipo de discusión aquí sostenido. Pero deberemos buscar la forma de resolverlo más adelante. Porque, si se exige la aplicación del artículo 30 de la normativa antes referida, las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados no pueden dejar de cumplir dicha norma.
Ahora, coincido con el Honorable señor Romero en el sentido de que el proyecto tenía dos ideas matrices -la del royalty y la del Fondo- que no estaban enlazadas. La Cámara Baja rechazó una parte y aprobó la otra.
Por lo tanto, en el Senado, al no haberse utilizado el mecanismo señalado en el artículo 65 de la Constitución, en la parte relativa al requisito de aprobación general por los dos tercios de la Corporación -como se hizo en el caso de la institucionalidad cultural, cuyo proyecto fue totalmente rechazado; es decir, no generó la misma dificultad ahora planteada-, el Ejecutivo debería presentar una indicación con una idea matriz distinta de la rechazada por la Cámara de Diputados. Perfectamente puede buscar otro mecanismo de financiamiento en relación con la minería. El Gobierno deberá estudiarlo, y nosotros, determinar si corresponde a una idea diferente, a otra fórmula de financiamiento. Y creo que eso tendemos que resolverlo en su momento¿
Ahora, este caso no es igual al de la mal llamada "Ley de Indulto", que debimos resolver hace poco, a iniciativa del Senador que habla. La vez anterior, el artículo 1º fue aprobado en general; pero su última parte no pudo ser aprobada en particular por no lograr los votos necesarios. O sea, no se trata de la misma situación.
Sin embargo, sería oportuno solicitar después un informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acerca de cómo juega el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional con el artículo 65 de la Constitución Política, a fin de determinar si se debe revisar o no el informe previo que tenemos.
Por eso, voy a votar en la misma forma como lo hizo el Honorable señor Ruiz-Esquide .
Usted, señor Presidente , tiene razón en cuanto a lo que estrictamente corresponde hacer. Pero cuando el Ejecutivo plantee el asunto de fondo -la aplicación de un gravamen, una tasa o lo que sea- en el ámbito minero, creo que el proyecto tendrá que volver a la Sala para decidir su estudio por las Comisiones de Educación y de Minería, unidas.
Mi voto, entonces, es afirmativo.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , pienso que usted perdió la oportunidad de sintonizar el ejercicio de la interpretación reglamentaria con el sentido común. Es difícil explicar a la gente interesada en este debate el curso que está tomando esta iniciativa en el Senado. Dejar de lado lo sustancial de ella para derivar a una discusión marginal, me parece una falta de respeto. No se puede mandar a una persona severamente afectada del corazón a un podólogo. Hay que radicar el proyecto donde corresponde, por la materia que concierne.
A la luz de la discusión y del giro que ella ha tomado, yo me pregunto: ¿de qué sirve la representación ciudadana si finalmente las que resuelven asuntos de alta trascendencia para el país son, como en este caso, entidades como el Consejo Minero?
Aquí queda de manifiesto, de manera nítida y brutalmente cruda, la vinculación entre la representación política y muy poderosos sectores económicos.
A ustedes hasta los basurean, y de pronto parece que ni siquiera se dan cuenta.
Hace poco, cuando surgió el debate sobre este tema, el Consejo Minero anunció que apelaría al Tribunal Constitucional. Y, en esa afirmación,...
El señor CHADWICK .-
¿Qué hay de Enrique Correa?
El señor ÁVILA.-
...por supuesto que estaba implícito el hecho de que contaba con al menos 12 Senadores de la Derecha.
El señor CHADWICK.-
¿Y qué pasa con Enrique Correa?
El señor ÁVILA.-
Por cierto, ni siquiera necesitaba consultar, porque el Consejo Minero los asume como suyos.
¡Esto es lo que degrada la actividad política y la función pública!
Pero lo que más indigna e irrita es que los mismos sectores que presionan al ámbito político en favor de sus intereses cometen una desvergüenza que considero conveniente que el país conozca: la SONAMI...
La señora MATTHEI.-
¡Que retire esas palabras, señor Presidente!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Su Señoría está fundando el voto.
El señor ÁVILA.-
Los miembros de...
La señora MATTHEI.-
¡Pido que retire esas palabras!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Le ruego no interrumpir, Su Señoría. El señor Senador está fundamentando su voto.
La señora MATTHEI.-
¡Yo pido que retire esas palabras!
El señor ÁVILA.-
De ninguna manera la voy a complacer, señora Senadora, porque es exactamente lo que siento y pienso.
Señor Presidente , deseo terminar mi intervención.
La señora MATTHEI .-
¡El Honorable señor Ávila cree que todos son iguales a él!
El señor ÁVILA.-
No he empleado ningún calificativo desmedido. Y, si la señora Senadora me lo permite, quiero concluir mis palabras.
Muchos de los integrantes de la SONAMI han sido favorecidos con concesiones mineras. Ellos no las explotan directamente: las arriendan a pequeños propietarios. Pero cobran regalía; esto es, un royalty. Entonces, la reflexión que hacen, sin pudor de ninguna naturaleza, es: "Estamos de acuerdo con el royalty, pero para nosotros". Y lo que cobran a los pequeños mineros por esta regalía, por este royalty, por el uso de esta concesión minera, no es 3 por ciento, sino, en promedio, 40 por ciento.
No hace mucho, la empresa Dayton Chile celebró múltiples contratos de estas características, y la regalía que cobró por la explotación del oro fue de 50 por ciento.
A la luz de esos antecedentes, no entiendo cómo algunos sectores tienen cara para presentarse ante el país defendiendo sus intereses.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
Aquí, señor Presidente , hace falta que la gente se despercuda un poco y termine por entender que la representación ciudadana es la que está en crisis. Y mientras ésta subsista, la democracia no tiene sentido.
He dicho.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor ÁVILA.-
Aunque a esta altura da lo mismo, voto en contra.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , yo no estoy indignado ni irritado. Pero como prácticamente todo el mundo se ha referido a la sustancia del tema, quiero señalar que he sido y soy partidario del proyecto elaborado por el Ejecutivo en materia de royalty. Me gustaba más el texto original, que no se pudo presentar por razones jurídicas; pero de todas maneras mi inclinación es, decididamente, en favor de la iniciativa formulada por el Gobierno. Y no voy a abundar en las razones.
Me parece legítimo que se cobre una regalía respecto de recursos no renovables, que tratándose de la minería son completamente distintos de otros recursos no renovables. Creo que la inamovilidad o, mejor dicho, la estabilidad de las reglas del juego es una virtud; pero eso no necesariamente significa congelamiento. Concuerdo con las normas que se dictaron en su momento; sin embargo, estimo que hoy la situación es distinta.
Esa afirmación, en todo caso, no significa que yo esté disponible para aprobar cualquier proyecto de royalty.
En cuanto a la materia que estamos resolviendo en este instante, resulta indudable que lo que usted, señor Presidente , ha propuesto, en su forma literal y concreta, es totalmente apegado al Reglamento y razonable. El alcance que yo le haría es que la Sala, en definitiva, es soberana para tomar una decisión distinta; porque de otra manera el asunto no se estaría votando.
Ahora, creo que aquí juegan dos variables que de algún modo -uno podría pensarlo- están entrando en cierto grado de conflicto. Porque, procedimentalmente, Su Señoría tiene un alto porcentaje de razón -no toda, por lo que voy a decir a continuación, pues lo que llegó al Senado es, en realidad, un proyecto que sólo crea un fondo de innovación. Sin embargo, todo el mundo sabe que la sustancia de lo que se está discutiendo -y se viene debatiendo hace meses- es si corresponde aplicar o no, si es bueno o no, un royalty o regalía minera y qué forma tendría. Ésa es la idea matriz del mensaje original.
Por eso, señor Presidente , si bien usted tiene una cuota importante de razón en lo procesal, no la tiene toda, porque, como expresó un señor Senador -creo que el Honorable señor Viera-Gallo -, tanto en el mensaje como en la Cuenta se habla de "regalía minera".
A eso se agrega lo manifestado por el señor Ministro de Hacienda , que es algo más que una suposición; es una afirmación, un compromiso, una declaración concreta de que el Ejecutivo presentará una indicación que repondrá el royalty. Luego, el Senado determinará, en las instancias sucesivas, la juridicidad de esa propuesta y resolverá si la acepta o no. Pero ésta es un hecho.
En seguida -y esto, en definitiva, me mueve a votar en contra del planteamiento de la Mesa-, creo que para la opinión pública esta votación reviste un carácter simbólico, pues revelará si el Senado está disponible o no para tratar el tema de fondo.
Si se aprueba el envío del proyecto a la Comisión de Educación, el resultado va a ser el mismo, porque, cuando llegue la indicación señalada -mañana o pasado mañana-, la iniciativa igual será vista por las Comisiones correspondientes, según las materias contenidas en ella.
Sin embargo, la interpretación simbólica del público, desde el punto de vista de la difusión de la noticia en los medios de comunicación, será que el proyecto del royalty murió sin pena ni gloria y que por eso se trasladó a la Comisión de Educación el que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad.
Ésta no es la realidad que el país percibe, porque la gente cree que estamos discutiendo el royalty, aunque sabemos que eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, por una circunstancia determinada.
En consecuencia, como pienso que no estamos violando la ley, pues la Sala es soberana para decidir, me inclino por ser leal al temade fondo, cual es el debate sobre el establecimiento de una regalía minera.
Voto, entonces, en contra del planteamiento de la Mesa, para permitir que más Comisiones -y no una sola- analicen la iniciativa.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, deseo plantear dos cuestiones previas.
En primer lugar, protesto por la manera como un señor Senador se refirió a otros, señalando que en esta materia han actuado movidos por los intereses del señor "gran dinero".
Yo recuerdo que, a propósito de otro asunto, también de carácter económico ¿el relativo a la pesca-, a ese señor Senador se le hizo la misma imputación que él formula ahora a ciertos colegas y, en aquella oportunidad, obtuvo la solidaridad total de parte de ellos, porque era una infamia el cargo que se le formuló debido a la posición que defendía.
Por eso, señor Presidente, es bueno que exista respeto entre nosotros.
Yo protesto por las acusaciones que se han hecho. Aquí se trata de un tema de fondo, respecto del cual nadie está rehuyendo la posibilidad de realizar un debate como los que se llevan a cabo en el Senado. Lo digo con respeto y con altura: no me gusta ese tipo de imputaciones, pues siempre hemos analizado las distintas materias conversando como corresponde.
Por su parte, otro señor Senador también incurrió en actitudes similares a las referidas, conducta que en él es casi una tradición. Además, yo no sé si aludía a sus pares políticos Enrique Correa , Eduardo Loyola y Francisco Cumplido , que sí asesoraron -y no nosotros- económica y judicialmente a aquellos a quienes Su Señoría atribuye responsabilidades y vinculación con nuestro sector para que actuaran en determinada dirección.
Por lo tanto, no se nos imputen actuaciones de terceros que no nos corresponden.
Señor Presidente , aquí estamos discutiendo un tema cuya resolución podría establecer un precedente, como muy bien lo ha dicho el Honorable señor Andrés Zaldívar , y generar situaciones anómalas en la tramitación de futuros proyectos.
En consecuencia, como estamos en la Cuenta y no en el Orden del Día, cabe analizar el asunto en la forma como lo hemos estado haciendo.
La iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados, razón por la cual no procede enviarla a la Comisión de Minería. Y así lo han reconocido Senadores, no de Oposición, sino de Gobierno. Como esto podría sentar un precedente, es natural que se debata, aunque pudo resolverse en reunión de Comités. Habría sido mejor.
Se falta a la verdad cuando se dice que la Derecha no ha querido debatir la materia. Si así fuera, habría extrañado que, con mi voto y el suyo, señor Presidente , se permitiera al Honorable señor Lavandero estudiar el tema minero mediante una Comisión especial. Nadie tenía temor a abordar el asunto.
En varias oportunidades escuché al señor Senador hacer sus planteamientos, e incluso los comenté con él. Por ello, voté para que se autorizara a esa Comisión para abordar, no sólo el royalty, sino todo el ámbito de la minería, asunto al que debiéramos abocarnos en profundidad.
Fue la Oposición el sector político que se interesó en esta propuesta. El Senador señor Lavandero se acercó a la UDI, único partido que lo recibió -según me dijo-, para analizar a fondo las materias que le inquietaban, las cuales planteó reiteradamente en el Senado, donde nadie lo escuchaba.
En consecuencia, señor Presidente , no se diga que no hemos tenido voluntad. Es más: hemos hecho propuestas.
Rescato lo que señaló el Ministro señor Eyzaguirre en televisión, en cuanto a que éste es un tema de país que necesita su tiempo para ser debatido. El señor Ministro fue muy honesto cuando, en esa oportunidad, dijo: "Lo vamos a estudiar en profundidad, porque ésta es una materia de Estado". Y todos nos quedamos muy tranquilos, ya que veíamos a un Ministro técnico que, compenetrado en la complejidad del problema, proponía un espacio amplio de discusión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Termino, señor Presidente.
Luego surgieron las contrapropuestas, otros conceptos, como es natural que suceda en proyectos sobre asuntos de esta envergadura. Sin embargo, también se manifestó la cosa mezquina y pequeña, que nos enfrasca en una discusión absurda.
Señor Presidente , la materia en cuestión debe ser discutida. Hagámoslo con serenidad, sin premura, como corresponde. Nadie rehúye el debate; pero él ha de enfrentarse con todos los elementos técnicos sobre la mesa, sin recriminaciones ni descalificaciones.
Yo rescato lo que dijo en su momento el señor Ministro . Él, que está a cargo de la Hacienda Pública y vela por la imagen internacional del país en el área económica, visualizó la materia como un tema de Estado. Entonces, allanémonos a debatirlo como tal: sin complejos, sin apuros, sin urgencia, sin presiones. Hagámoslo con la agilidad que debe existir, pero realizando una discusión que enaltezca al país. En un ámbito tan fundamental como la minería, debemos ser capaces de hablar con estatura, como hombres grandes, no con estas pequeñeces y estupideces -en definitiva, ellas degradan un asunto de la máxima importancia para el país-, ni menos con las descalificaciones que hemos visto aquí, que menoscaban la naturaleza del debate.
Por eso, señor Presidente, hagamos las cosas como corresponde y borremos este episodio amargo y oscuro, para asumir la discusión de fondo que, naturalmente, estamos dispuestos a enfrentar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Por último, señor Presidente , es muy auspicioso que el señor Ministro de Hacienda esté concordando una reunión con algunos señores Senadores para el jueves 5 del mes en curso a fin de analizar estos problemas. ¿Qué refleja esto? Que hay voluntad para discutir. Y yo aplaudo esa actitud, por encima de lo que ha sido pequeño en este debate.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor BOMBAL.-
Voto a favor de la interpretación de la Mesa.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , lamento mucho observar un ambiente de extrema politización en un tema de tanto interés para el país.
Algunos señores Senadores muestran con mucha claridad sus colmillos al intentar dar la mascada de aprovechamiento político. ¡Se les nota en exceso! Y ello desvirtúa la discusión.
Quiero decir formalmente que la Alianza por Chile ¿lo señalo en público para que todo el país lo sepa- ha designado a cuatro Senadores, dos de Renovación Nacional (el Honorable señor Prokurica y quien habla) y dos de la UDI (Senadores señora Matthei y señor Orpis ), para que se reúnan con el Gobierno a fin de lograr acuerdos y buscar entendimientos sobre la materia.
El próximo jueves iniciaremos las conversaciones. Esperamos que sean fructíferas. Queremos acuerdos antes de votar la idea de legislar. El señor Ministro sabe -no es ingenuo- que si la aprobamos no tenemos nada más que conversar, porque todo el resto es iniciativa sólo bajo la firma del Presidente de la República . En el asunto que nos ocupa, los Parlamentarios carecemos de la misma posibilidad.
Como si ello fuera poco, el país es testigo de que la Alianza por Chile, a través de Joaquín Lavín , presentó un proyecto alternativo.
¿Quién pretende eludir el debate sobre el tema si hemos manifestado en dos instancias la vocación de avanzar en esa línea? No sigamos, entonces, en una pelea "con la sombra", con algo que en la realidad no existe.
Tienen razón los que han dicho que se discutió el royalty. ¡Sí, señores! ¡Se discutió! ¡Y se perdió en la Cámara de Diputados! En consecuencia, el Senador señor Romero se halla en lo cierto. Si se desea insistir al respecto, es preciso hacerlo de acuerdo con la fórmula que establece el artículo 65 de la Constitución. Si no, el Gobierno se pone al margen de la Carta. ¡Así de claro y así de simple!
¿Les surgen dudas? El informe del Instituto Libertad se encuentra a disposición del Gobierno, para que lo analicemos.
Dos fueron las ideas matrices. La del royalty, ¡al tacho! No se aprobó. El que llegó es un proyecto de ley sobre innovación tecnológica. Corresponde, por lo tanto, que vaya al órgano especializado pertinente: la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Se dice: "Es que existe un anuncio ministerial.". ¿Y de cuándo acá, señor Presidente , señores Senadores, un anuncio ministerial tiene el imperio de la firma del Primer Mandatario en el envío de una indicación al Congreso? ¿De cuándo acá al señor Ministro le asiste la facultad de validar con su voz la firma del Primer Mandatario? ¡Yo no lo acepto! Que valga como un antecedente, pero no como una certificación admisible.
Respetemos la institución, señor Ministro. Respetemos la institucionalidad, Honorables colegas, si nos interesa que realmente las cosas funcionen en el Parlamento.
¿Se desea discutir el royalty? Nos encontramos disponibles para ello. ¡Cuando quieran!
Se sostiene que 80 por ciento de la gente desea royalty. Es efectivo, señores Senadores. Pero también hago constar que, según la misma encuesta, un porcentaje superior opina que el beneficio debe destinarse a las zonas donde se explotan los recursos naturales no renovables. Debatamos igualmente ese punto.
El Gobierno intenta eludir el tema. No quiere escuchar a la gente. No desea escuchar a los alcaldes, a los concejales, que lucharon durante mucho tiempo para imponer el proyecto y hoy reciben un portazo. ¿No coinciden con sus ideas? ¡Discutámoslas en el Congreso, pues!
Me parece, entonces, que se están buscando muchos resquicios. Las cosas son lo que son y no lo que se quiere que sean: el que llegó es un proyecto sobre innovación tecnológica y no sobre el royalty.
Repito: ¡las cosas son lo que son!
Y agrego una frase más: el fin no justifica los medios. No podemos torcerles la nariz a la Constitución y a la institucionalidad porque el propósito perseguido es noble. Si lo es, ¡discutámoslo!, pero por la vía que corresponde. Porque mañana se registrará otra mayoría y no será legítimo que imponga a machete, con violencia, fórmulas como las que hoy se pretende aplicar de la misma manera.
Anuncio, finalmente, que nos hallamos disponibles¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
¿ para debatir el asunto. Y esperamos que el Gobierno se allane y entienda una cuestión fundamental: no puede presionarnos para aprobar primero la idea de legislar y después discutir. No es legítimo y, aún más, no es decente, ya que significa, simplemente, faltarnos el respeto, pues sabe que en ese caso nada podríamos hacer, pues todas las iniciativas se impondrían con la firma del Presidente de la República y al Congreso sólo le cabría expresar un sí o un no. Y, además, juega en contra nuestra el quórum, pues nosotros deberíamos lograrlo.
En consecuencia, no nos hagamos trampas en el solitario ni nos saquemos la suerte entre gitanos.
Voto a favor.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , mantengo un pareo permanente, verbal, con el Honorable señor Ruiz , quien no ha venido a votar. De manera que lo hago efectivo y retiro mi pronunciamiento.
El señor SABAG.-
¡Su Señoría siempre es un caballero!
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación
--Por 22 votos contra 14, 4 abstenciones y 2 pareos, se aprueba la proposición de la Mesa para enviar el proyecto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Votaron a favor los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Flores, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Ríos, Ruiz-Esquide, Stange, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron en contra los señores Ávila, Boeninger, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Naranjo, Núñez, Parra, Pizarro, Prokurica, Sabag, Silva, Viera-Gallo y Zaldívar (don Adolfo).
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo), Orpis, Páez y Valdés.
No votaron, por estar pareados, los señores Fernández y Romero.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Deseo formular dos alcances. Luego intervendrá el señor Ministro de Hacienda , quien¿
El señor MORENO .-
¿Me permite referirme, señor Presidente , a la decisión que tomó usted?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Cuando le ofrezca la palabra, Su Señoría .
El señor MORENO.-
Se la pido.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Quedará registrado para ese efecto.
Decía que expresaré algunos alcances, en atención a que la Presidencia ha sido aludida por varios señores Senadores. Se trata únicamente de precisiones sobre ciertos aspectos.
Lo que se ha acordado, no obstante el debate que se suscitó, no dice relación a la aprobación o el rechazo del royalty minero, o de la regalía, o como se quiera llamar. Sólo constituye un planteamiento ceñido de manera estricta al Reglamento, que entiendo es la responsabilidad que le cabe a la Mesa. Por lo tanto, se ha resuelto nada más que el proyecto, tal cual llegó de la Cámara de Diputados -con independencia de otras consideraciones-, siga un trámite contemplado en la normativa que nos rige.
Cabe recordar que nuestro Reglamento, al especificar cómo se asignan los proyectos a las Comisiones, dispone que la distribución de los asuntos de que deben conocer "se efectuará atendiendo a la especialidad de la materia que tratan.".
En este caso, dado lo que ocurrió en la Cámara Baja -para bien o para mal-, la iniciativa perdió una de las dos ideas matrices que comprendía y sólo la que llegó al Senado debe seguir su trámite. Y la consideración de la materia específica envuelta en ella fue lo que llevó a la Mesa a radicar el proyecto en la Comisión de Educación.
Asimismo, la Mesa tuvo presente la inquietud manifestada por un señor Senador respecto del financiamiento, al tenor del artículo 64 de la Carta. Efectivamente, fue un aspecto que se analizó. Pero el artículo 2º de la iniciativa se refiere a ese punto. Y, por si acaso no fuera suficiente, se dio cuenta de que el texto no sólo irá a dicha Comisión, sino también a la de Hacienda, en su caso, precisamente para el estudio respectivo. De manera que si ello no queda fundado de manera debida, será esta última la que informe a la Sala, para que tome la decisión acerca del punto específico.
En consecuencia, tal tema, que se planteó como un antecedente, no fue un elemento indiferente al decidirse radicar la iniciativa en la Comisión de Educación.
En cuanto a una eventual reposición de la idea de legislar rechazada en la Cámara Baja, por lo menos anticiparé un criterio, porque quiero mantener la lealtad que en este punto he tenido con el Ejecutivo desde el principio.
Tan pronto supe lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, y para evitar dificultades, le manifesté al Gobierno, luego de estudiar la cuestión, de consultar a constitucionalistas y de recibir informes, que, en mi opinión, se le abre la posibilidad, de acuerdo con la Carta, de insistir, como lo hizo cuando la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar sobre la nueva institucionalidad cultural.
Al respecto, el camino específico que señala el constituyente para mantener el debate y no esperar un año a los efectos de reponerlo no es el de las indicaciones en la Cámara revisora. Cuando existe un artículo específico en la Ley Fundamental, quiere decir que se determina un criterio también específico. Y lo especial prefiere a las normas generales.
En consecuencia, una indicación, que es la vía normal -anticipo un criterio a lo planteado por el señor Ministro de Hacienda -, en este caso no resulta pertinente, a mi juicio. El camino adecuado es el artículo 65 de la Constitución, tal cual lo han expresado varios señores Senadores.
Finalmente, como en algunas intervenciones se expuso que la Mesa a lo mejor podría haber evitado el debate y haber buscado otra fórmula, hago presente que es lo que he estado haciendo desde el día siguiente a aquel en que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar en parte del proyecto.
En efecto, he tomado contacto con el Ejecutivo -algunos de los señores Ministros que están aquí lo saben- para buscar la forma de resolver el problema en el Senado. Planteé todas las alternativas, porque considero que, como se ha dicho acá, es un tema de país, algo que interesa a Chile. Y, si bien no se ha producido acuerdo en la fórmula exacta, tengo la impresión, por las opiniones emanadas de distintos sectores que se han manifestado al final, de que sí lo hay, mayoritariamente, en que exista una contribución de las empresas mineras diferente de la actual. Eso me pareció entender de las proposiciones de algunos señores Senadores y de grupos políticos de la Oposición.
Por eso me pareció que el Senado podía ser la instancia de acuerdo para lograr aquella fórmula y, en consecuencia, que teníamos la oportunidad, el tiempo y la voluntad para colaborar al efecto.
Lamentablemente, debo decir que los esfuerzos que hice no fueron exitosos, como se puede desprender del resultado que se registró.
Considero que teníamos la posibilidad de realizar un debate mejor. Y comparto con quienes han expresado su inquietud por la forma como se ha llevado a cabo esta discusión, porque éste es un asunto extremadamente delicado y porque convenía -y conviene todavía, si ello es posible- rescatarlo, para bien de Chile.
Ésa ha sido la actuación de la Mesa.
Desgraciadamente, no tuve una respuesta oportuna y, por ende, deferente de mis interlocutores. Entonces, no hubo más seguir el camino reglamentario. Yo habría preferido saltármelo. Sin embargo, no me quedó otra alternativa que esa vía, pues al final, pese a todos mis esfuerzos, no logré de aquéllos respuestas concretas sobre cómo proceder.
Ésa es la situación. La voluntad existe. Estoy seguro de que, si el Senado tiene la oportunidad, se abrirá un espacio a tal efecto. Pero no es factible saltarse el Reglamento.
En eso quiero ser enfático, porque el Reglamento es ley para esta Corporación. Y las formas son las que hacen al fondo en esta materia.
Por consiguiente, estamos hablando de cuestiones no accesorias, sino esenciales.
A eso obedecen mis actuaciones y tales son las razones por las que discutimos como se hizo.
El señor MORENO .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda , quien solicitó intervenir y, reglamentariamente, prefiere a Su Señoría.
El señor MORENO .-
Señor Ministro , ¿me puede conceder una breve interrupción?
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Sí, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , le solicito que recabe la anuencia del Senado para que mañana el proyecto sea discutido en general y particular en la Comisión.
El señor FERNÁNDEZ.-
¡No!
El señor CHADWICK.-
Que sea sólo en general.
El señor MORENO.-
Ésa es mi petición, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La someteré a consideración de la Sala luego de que hable el señor Ministro .
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , señores Senadores, como probablemente a continuación seremos abordados por los periodistas, deseo esclarecer qué entiende el Ejecutivo de esta sesión, que será lo mismo que expresaré a los medios de comunicación y, a través de ellos, a todos los chilenos.
Hemos tratado de ser escrupulosamente respetuosos de las facultades de un Poder independiente del Estado como lo es el Legislativo. En tal sentido, habiendo dos tesis, una que emana de la Mesa de la Cámara de Diputados, la cual entiende que el proyecto fue reprobado en una de sus partes pero se transmitió en su integridad al Senado y, por tanto, corresponde que el Ejecutivo¿
El señor ROMERO.-
¡No!
La señora MATTHEI .-
¡No es así!
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Perdón. Estoy señalando lo que nos comunicó la Mesa de la Cámara Baja, no lo que piensa el Gobierno.
La señora MATTHEI.-
No dijo eso la Cámara de Diputados.
El señor NARANJO .-
¿Por qué dice que no si es así?
¡Escuche, señora Senadora!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente -insisto-, el Ejecutivo ha tratado de ser escrupulosamente respetuoso de las facultades de este Poder independiente, y nos hemos visto sometidos a un problema de diferentes interpretaciones. Mientras la Mesa de la Cámara de Diputados nos señala que el procedimiento para lograr discutir en su integridad la iniciativa consiste en formular indicaciones en la Cámara Alta -algunos señores Senadores se han anticipado a calificarlas de inconstitucionales-, otras opiniones nos indican que, al haber sido rechazado el proyecto en su esencia -vale decir, en lo referente al royalty-, corresponde insistir por la vía del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Nosotros hemos mostrado nuestra absoluta disponibilidad para cualquiera de las dos fórmulas. Pero, obviamente, no compete al Ejecutivo juzgar lo que debe hacer el Legislativo ni cuáles son sus procedimientos.
Señor Presidente , en nombre del Gobierno, reitero que si para mejor resolver se estima que debemos usar la vía de la insistencia en virtud del artículo 65 de la Carta, estamos perfectamente abiertos a ello. Sin embargo, el país tendrá una enorme dificultad para entender lo que está sucediendo efectivamente. Porque si bien, como lo ha determinado por mayoría, la actuación de esta Corporación se ajusta al Reglamento -y el Ejecutivo no tiene más que acatar-, será difícil explicar lo que en definitiva estamos debatiendo cuando la ciudadanía nos pregunte cuál es la etapa de discusión de la regalía minera, no del proyecto que crea el Fondo de Innovación.
Insisto: el Gobierno está disponible para actuar conforme lo establezca la Cámara Alta. Y, frente a lo que se ha catalogado como "poco decente" o, eventualmente, "inaceptable", no tenemos más que hacer lo que ella nos recomiende. Pero queremos discutir el tema de la regalía minera.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Deseo manifestar al señor Ministro -y no quiero hacer un diálogo, sino señalar un criterio- que el debate tenía sentido antes de esta sesión. Por eso tomé contacto debidamente con el Ejecutivo , para buscar una salida con antelación a ella. ¿Por qué? Porque, iniciada esta sesión, si no había de parte del Gobierno un criterio distinto -que buscara, por ejemplo, la fórmula del artículo 65 de la Carta-, sólo quedaba dar tramitación al proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, que únicamente se remite al Fondo de Innovación para la Competitividad y puede seguir tramitándose en su propio mérito.
Por lo tanto, le manifestamos la oportunidad. El criterio de esta Mesa ha sido el del citado artículo 65. El Gobierno tuvo la posibilidad de insistir en la materia. Para ser franco, no sé si técnicamente todavía podría hacerlo; habría que discutirlo. Pero ésa era, a mi juicio, la única alternativa para persistir en el tema de la regalía minera. Al no ocuparse ella y habiendo llegado sólo el proyecto de la Cámara de Diputados, era nuestro deber darle la tramitación reglamentaria correspondiente, que es la recién aprobada por esta Sala.
Ahora, queda por resolver la petición formulada por el Senador señor Moreno , en orden a discutir la iniciativa en general y particular en la Comisión de Educación. Para tal efecto,...
El señor CHADWICK.-
¡Que sólo se discuta en general!
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
...Su Señoría debe presentar la solicitud con las firmas de cinco señores Senadores.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , pedí copia del oficio con que el Presidente de la Cámara de Diputados envía al Senado el proyecto de ley que establece una regalía minera ad valórem y crea el Fondo de Innovación para la Competitividad. Allí no hay ninguna referencia a que lo que se cayó en la Cámara Baja se puede reponer aquí mediante indicación. Y por eso interrumpí al señor Ministro de Hacienda durante su intervención.
No sé si el Presidente de Cámara de Diputados emitió una opinión personal, una opinión privada...
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite, señora Senadora?
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo me está pidiendo una interrupción, que concedo¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No se abrirá debate sobre la materia. Así que ruego a Su Señoría terminar su intervención.
La señora MATTHEI.-
Perfecto.
Sólo deseo puntualizar que el Presidente de la Cámara de Diputados no tiene por qué dar su opinión sobre la materia. El proyecto se encuentra en la Cámara Alta y somos los Senadores quienes decidimos cómo se tramita.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No habrá más debate respecto del punto. Vamos a votar el planteamiento que hizo¿
El señor VIERA-GALLO.-
¡Perdóneme, señor Presidente , pero usted no es el rey de la Corporación!
El señor LARRAÍN (Presidente).-
No soy el rey de la Corporación.
El señor VIERA-GALLO.-
¡No! ¡Usted preside!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Cometí un error, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
La Honorable señora Matthei me dio una interrupción. ¿Por qué Su Señoría no la acepta?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Para ello debe contar con la venia de la Mesa, que yo no he dado.
El señor VIERA-GALLO.-
¡Usted actúa en forma un tanto autoritaria, señor Presidente!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si lo estima así, lo siento, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
¿Por qué, señor Presidente , permitió que interviniera la Senadora señora Matthei y no el Honorable señor Viera-Gallo?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Cometí un error al permitir que hablara la señora Senadora.
El señor NÚÑEZ.-
Debe otorgar la palabra al Honorable señor Viera-Gallo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No lo haré, Su Señoría, pues no tengo por qué cometer dos errores seguidos.
El señor NARANJO.-
¡Enmiende su discriminación, señor Presidente!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No he cometido ningún acto de discriminación.
El señor NARANJO.-
¡Sí discriminó!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¡Le ruego guardar silencio, Su Señoría!
Se votará la solicitud presentada por un grupo de señores Senadores para que el proyecto sea discutido en general y particular en la Comisión de Educación.
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la solicitud (18 votos contra 13 y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, García, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero y Vega.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Muñoz, Naranjo, Núñez, Páez, Sabag, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Fernández, Parra y Silva.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por lo tanto, el proyecto pasa a la Comisión de Educación para ser debatido sólo en general.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, resolvió lo siguiente:
1) Retirar de la tabla el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que hace aplicable el recurso de nulidad establecido en el artículo 372 del Código Procesal Penal, en el plazo que señala, a los condenados o procesados por los delitos que indica, devolviéndolo a la Comisión de Constitución para un nuevo primer informe.
2) Autorizar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar en general y en particular el proyecto de ley que regula el peso máximo de carga humana, y
3) Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que establece normas para la creación de sociedades anónimas deportivas profesionales hasta mañana, 4 de agosto, a las 14. Las indicaciones deberán ser presentadas en la Secretaría de la Comisión respectiva.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor CANTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Deseo aclarar que recién en este momento empezará el Orden del Día. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, disponemos de dos horas para discutir los proyectos en tabla. Hago esta prevención a fin de contar con la presencia de los señores Senadores durante la votación de los que figuran en los primeros lugares y cuya aprobación exige quórum especiales.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , en la Cuenta se informa que la Cámara de Diputados aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el cual ha quedado para tabla.
En este tercer trámite el Senado debe pronunciarse acerca de treinta modificaciones, algunas muy importantes. En consecuencia, solicito remitir el proyecto a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a fin de proponer a la Sala proposiciones concretas.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay oposición, la iniciativa pasará a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Así se acuerda..
El señor SABAG.-
También sobre la Cuenta, pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la Comisión de Vivienda tiene importantes personas invitadas a las 19, por lo que pido autorización para sesionar simultáneamente con la Sala, sin perjuicio de suspender nuestro trabajo para venir a votar cuando corresponda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , la Comisión de Constitución está citada a las 19 para constituir una Comisión Mixta formada a los efectos de dirimir controversias acerca de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata".
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , también deseo solicitar autorización para que la Comisión de Hacienda funcione paralelamente con la Sala, a partir de las 18:30, para tratar el proyecto relativo al AUGE.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si les parece a los señores Senadores, se autorizará a las tres Comisiones para sesionar en forma simultánea con la Sala a partir de las horas indicadas.
--Así se acuerda.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , vamos a entrar a un tema de bastante importancia. Por lo menos desde mi punto de vista, es necesario tratarlo bien. Ignoro cuántas votaciones habrá. No he visto el proyecto. ¿Pero será razonable debatirlo con la ausencia de tantos Senadores? Tal vez convenga dedicarle una sesión especial o tratarlo con prioridad en la sesión de mañana en la tarde.
Ésa es mi duda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Al Senado le corresponde pronunciarse en general, de manera que sólo cabe una votación. Entonces, cuando llegue el momento se llamará a los señores Senadores. En ese entendido se ha autorizado el funcionamiento paralelo de las Comisiones. Pero, a mi juicio, un proyecto importante, referido a la niñez y a la adolescencia, no puede ser postergado y, por lo tanto, debemos entrar a debatirlo.
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Solicito la autorización del Senado para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Justicia, don Jaime Arellano Quintana; la Directora del Servicio Nacional de Menores , doña Delia del Gatto Reyes, y la asesora de ese organismo, doña Daniela González Durán.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA
REEMPLAZO DE SISTEMA DE ATENCIÓN MEDIANTE RED DE COLABORADORES DEL SENAME
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2391-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 5 de marzo de 2002.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 9ª, en 7 de julio de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los objetivos principales del proyecto son:
1) Reemplazar el sistema de atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes por los organismos acreditados ante el Servicio Nacional de Menores, precisando las personas jurídicas y naturales que pueden tener tal calidad, los supuestos de actuación del sistema y las diferentes líneas de acción que se pueden desarrollar.
2) Reemplazar el régimen de subvenciones aplicable a los organismos acreditados, en un marco de flexibilidad.
La Comisión consigna que el Presidente de la República ha propuesto diversos ajustes al proyecto, en la búsqueda de dar cabal cumplimiento a los objetivos mencionados. Las indicaciones pertinentes serán analizadas en el segundo informe.
La Comisión aprobó sólo en general la iniciativa, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina, Moreno y Silva), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que los artículos 63 y 69, número 9), son normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere el voto conforme de 26 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, Presidente de la Comisión.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley se ocupa de las siguientes dos materias, estrechamente vinculadas entre sí, a las que propone introducir cambios sustanciales:
1) El sistema de atención que brindan a los niños, niñas y adolescentes los organismos acreditados ante el Servicio Nacional de Menores, denominados actualmente "instituciones colaboradoras", y
2) El régimen de subvenciones estatales que se aplica a tales organismos.
En relación con el primer aspecto, se precisan las personas jurídicas y naturales que podrán tener la calidad de organismos acreditados, los supuestos de actuación del sistema y las diferentes líneas de acción que pueden desarrollar.
Con referencia al segundo tema, se mencionan los criterios a tomar en cuenta para calcular el monto de la subvención; se establece para la mayoría de los casos un precio unitario base, asociado a una banda, dentro de la cual el reglamento fijará los valores correspondientes a las distintas categorías de proyectos; y se regulan los convenios que se suscribirán con los organismos acreditados, teniendo en vista incentivar la reconversión de los hogares masivos a centros residenciales de menor cobertura.
Como se puede apreciar, se plantea un cambio de fondo a la relación del Estado con entidades privadas, fundamentalmente que participan en forma activa, a veces desde hace muchos años, en la atención de niños, niñas y adolescentes que, por situaciones familiares o sociales, necesitan que se les brinde protección o que, en algunos casos, sean sometidos a medidas especiales, incluso de internación en establecimientos, por los juzgados de letras de menores o juzgados con competencia común, en casos en que hayan cometido hechos punibles.
Esta iniciativa se vincula directamente con el conjunto de proyectos de ley que introducen cambios en la normativa aplicable a la infancia y a la familia, que son, principalmente, el de responsabilidad penal juvenil, aprobado por la Cámara de Diputados y que acaba de ingresar a esta Corporación en segundo trámite constitucional; el de protección de derechos de infancia, que aún no llega al Congreso Nacional y que norma de manera sustantiva el régimen proteccional de la infancia; y el de Juzgado de Familia, ya informado a la Sala, relativo a la regulación procesal del conflicto proteccional de infancia, las demás materias civiles de infancia y asuntos de familia.
En este marco, se pretende que la legislación nacional dé cuenta de un tratamiento orgánico de los conflictos que afectan a la familia y a la infancia, lo que hasta el momento no ocurre por la carencia de tratamientos especializados de conflictos jurisdiccionales de familia y por la asunción de una política para el tratamiento de los problemas de la infancia que confunde aspectos proteccionales e infraccionales.
El proyecto de ley que se informa viene a proveer los medios materiales para proporcionar a los niños, niñas y adolescentes la protección que necesitan o para cautelar que se les apliquen las medidas que correspondan, al regular los organismos que tendrán a su cargo la ejecución de esas actividades y los aportes económicos que el Estado les otorgará para que puedan llevarlas a cabo.
De esa manera se configurará un nuevo modelo de atención a la niñez y a la adolescencia, destinado a superar dos importantes deficiencias del modelo vigente, consistentes en la fragmentación de los programas del SENAME dentro del conjunto de las políticas sociales y en la institucionalización de niños en internados masivos por razones directa o indirectamente relacionadas con la marginalidad socioeconómica.
El actual mecanismo de financiamiento establece doce sistemas subvencionables y una forma de pago única: por niño-día efectivamente atendido. A cada uno de esos doce sistemas se le asigna un valor de subvención, y la institución celebra convenios indefinidos donde se fijan las plazas a subvencionar, lo que da una gran rigidez al procedimiento, puesto que el SENAME tiene comprometida casi la totalidad de los recursos previstos para subvenciones.
Por otra parte, también es rígida la oferta de programas de atención a los niños, niñas y adolescentes y no favorece la incorporación de nuevas modalidades desarrolladas por los especialistas. Mediante el proyecto también se desea apoyar el desarrollo de programas innovadores o que requieren una modalidad de pago más flexible, relacionada precisamente con casos de maltrato grave y abuso sexual, de explotación sexual de "niños de la calle" y con los centros de diagnóstico ambulatorios.
Cabe hacer presente que durante 23 años los montos de las subvenciones no han sido revisados, sino sólo reajustados mediante disposiciones legales específicas. Este hecho representa para las instituciones colaboradoras -sobre todo para las congregaciones religiosas- un problema de la mayor gravedad, ya que ellas han tenido que aportar parte importante de su propio patrimonio para cumplir satisfactoriamente su función asistencial. La propia señora Directora Nacional del SENAME reconoció ante la Comisión que las instituciones colaboradoras, en el caso del sistema residencial, aportan a lo menos el 40 por ciento del costo total efectivo que significa la mantención de cada niño.
La difícil situación que se aprecia alcanza una gravedad considerable si se tiene en cuenta que la propia señora Directora, consultada acerca del nivel de cobertura del sistema, admitió que en nuestro país se presta atención a un porcentaje muy bajo del total de niños que hipotéticamente la necesitarían.
A la luz de todos estos antecedentes, resulta lamentable que la tramitación legislativa de estas modificaciones se arrastre por largos años. En efecto, un anterior proyecto de ley de subvenciones al SENAME fue presentado a la Cámara de Diputados el 1º de octubre de 1996, antes de que se definieran las reformas que finalmente fueron planteadas en el proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia y en el relativo a Responsabilidad Penal Juvenil. Por ello, fue retirado. La actual iniciativa inició su tramitación legislativa el 31 de agosto de 1999, por mensaje que dirigió a la Cámara de Diputados el entonces Presidente de la República y actual Senador, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
En la Cámara de Diputados la iniciativa fue objeto de una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo y se aprobó, en definitiva, el año 2002. Ingresó a tramitación en el Senado el 5 de marzo de ese año, y la Comisión, presidida entonces por el Senador señor Andrés Chadwick , le dio prioridad, aprobándola en general en su sesión de 7 de agosto de 2002.
En dicha reunión, la Directora del Servicio Nacional de Menores , doña Delia del Gatto , anunció que los Ministerios de Justicia y de Hacienda estaban analizando la presentación de diversas indicaciones por parte del Ejecutivo, en vista de lo cual la Comisión resolvió informar a la Sala cuando se recibiera el correspondiente documento, a fin de que los señores Senadores tuvieran en su poder todos los antecedentes necesarios para efectuar el debate. Las indicaciones fueron recibidas en la Secretaría de la Comisión recién el mes pasado. Es decir, el proyecto permaneció paralizado durante un año y diez meses, esperando el resultado de las negociaciones entre ambos Ministerios.
Esas indicaciones, que constituyen la cuarta reformulación que hace el Ejecutivo en esta materia, constan como anexos del informe, para conocimiento de los señores Senadores.
En la convicción de que las instituciones colaboradoras del SENAME, pero principalmente los propios menores a quienes ellas atienden, han esperado demasiado tiempo que el Estado mejore el modelo de atención y los montos de las subvenciones que paga, la Comisión propone a la Sala aprobar en general esta iniciativa y abrir un plazo para formular indicaciones.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , ¿es posible abrir la votación, en atención a que el proyecto viene aprobado por la unanimidad de los componentes de la Comisión, Senadores señores Aburto , Chadwick , Espina , Moreno y Silva ? Algunos debemos asistir a sesiones de Comisiones que empezarán dentro de unos momentos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Senador, lo haría con la mejor voluntad, pero con ello se correría el riesgo de que no se reúnan los votos necesarios, en circunstancias de que se desea aprobar la iniciativa. Comparto la aprensión de Su Señoría, aunque me parece prematuro decidir ahora al respecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , me corresponde presidir la Comisión Mixta sobre Tribunales de Familia, que está citada con urgencia, entiendo que para las 19.
Entonces, en caso de votación, agradecería que nos avisaran.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Dicha Comisión está autorizada para funcionar a partir de esa hora. Oportunamente se llamará a sus miembros.
El señor ESPINA.-
Se trata de materias importantes y cuya aprobación requiere quórum especiales.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , propongo que derechamente escuchemos al señor Subsecretario y, tal vez, a la señora Directora del SENAME .
Luego, yo podría pedir segunda discusión, a fin de continuar mañana el debate. No creo que alguien quiera correr el riesgo de que hoy no se reúnan 26 ó 27 votos favorables.
Ésa es mi petición formal. Así, algo avanzamos esta tarde y mañana habría seguridad de votar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como el señor Senador no ha solicitado formalmente segunda discusión, ofrezco la palabra, con la autorización de la Sala, al señor Subsecretario .
El señor ARELLANO ( Subsecretario de Justicia ).-
Señor Presidente , la iniciativa que hoy se presenta para su aprobación en general constituye un paso fundamental en la necesaria transformación legal e institucional que debemos materializar en el campo de la promoción y protección de los derechos y del desarrollo integral de los menores de edad.
En ese camino, el proyecto propone introducir modificaciones al sistema de atención a la niñez y a la adolescencia, a través de la red de colaboradores del SENAME, en lo relativo a las modalidades del sistema de subvenciones estatales con que se financia dicha red, sobre la base de tres líneas fundamentales: una, la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales atinentes a los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años; dos, la promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño o adolescente y su participación social; y tres, la profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las municipalidades en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Sobre esta base, no debemos olvidar que el sistema estatal atiende y brinda mecanismos destinados a hacerse cargo de la situación de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos específicos se han visto vulnerados o amenazados, lo que normalmente sucede en el contexto de marginalidad socioeconómica de sus familias, como, asimismo, aquellos que se dirigen a dar una respuesta frente a la comisión de delitos de gravedad. En ambos casos, se requiere una respuesta diversificada, capaz de asumir las particularidades de cada situación concreta, haciéndose cargo de la diversidad de caracteres que la realidad refleja en este ámbito.
Así, la relación jurídica posible de establecer entre el niño y el Estado en el ámbito de la vulneración de derechos radica en el deber de este último de ofrecer los servicios necesarios para superar la situación de amenaza o vulneración que el niño sufra, como también respecto de los adolescentes declarados culpables de cometer una infracción penal de gravedad. En los dos casos, pero sobre todo en el último, es imprescindible disponer de las medidas tendientes a hacer efectiva dicha responsabilidad.
En tal contexto, los principios que deben guiar una buena política de protección de los derechos de los menores radican, en primer lugar, en la necesidad de promover su inclusión, esto es, el deber del Estado de favorecer la superación de la marginalidad socioeconómica de los niños, niñas y sus familias, incorporándolos al disfrute de las prestaciones propias de las políticas sociales básicas dirigidas a la familia, la escuela y el barrio. Del mismo modo, debe asegurarse la integralidad, porque la respuesta pública a la situación de amenaza o vulneración a los derechos del niño debe tener en cuenta la complejidad de los factores asociados a ella, integrando los recursos de todos los sectores de la política pública que estén involucrados en la superación de esos factores. Debe procurarse, también, la focalización territorial, ya que se debe tender hacia un modelo de gestión que entregue más participación a los niveles regional y comunal, como igualmente, la participación directa del adolescente, toda vez que deben reconocerse las potencialidades y capacidades individuales como derecho de los niños, niñas y de sus familias, con apoyo de la comunidad, para identificar las situaciones por superar, con miras a decidir los cursos de acción adecuados y necesarios. Tampoco debemos olvidar la necesaria protección jurisdiccional, garantía fundamental para los casos extremos en que se produce un conflicto de derechos entre el niño y sus padres, o entre aquél o éstos y la administración, que también debe ser resuelto en un proceso que respete las debidas garantías que hagan de la decisión una respuesta justa.
Sobre la base de esos principios, se propone un nuevo modelo de atención a la niñez y adolescencia a través de la red del SENAME, cuyo desarrollo implica una transformación gradual, destinada a superar dos importantes deficiencias, como señalaba recién el señor Presidente de la Comisión de Constitución: primero, la fragmentación de los programas que considera la oferta programática actual, dentro del conjunto de políticas sociales; y segundo, la institucionalización de niños en internados masivos, por razones directa o indirectamente relacionadas con su marginalidad socioeconómica.
Para ello, el nuevo modelo de atención busca sustituir las modalidades de asignación de recursos a los entes privados que intervienen en la política social de la infancia, a fin de potenciar su tarea y facilitar su gestión, mediante la vinculación de la naturaleza de las acciones por desarrollar, con una modalidad de pago apropiada a sus características. Eso permite potenciar e incentivar las acciones y programas que parezcan más esenciales y eficaces conforme a cada realidad territorial nacional, como también, motivar una modalidad de ejecución más acorde con las perspectivas que nos propone la Convención sobre los Derechos del Niño.
En la base, se plantea la creación de una unidad funcional, inexistente formalmente en la actualidad, de la cual sí podemos dar cuenta por haberse realizado experiencias piloto del todo exitosas, que corresponden a la Oficina de Protección de Derechos, también llamada "OPD". Estas dependencias técnico-operativas desempeñarán la función de facilitar a los niños, niñas o adolescentes y a sus familias el acceso efectivo a los programas, servicios y recursos disponibles en la comunidad, cuando ello sea indispensable para superar una situación de amenaza o vulneración a sus derechos, pudiendo incluso intervenir directamente cuando no existan otros medios disponibles. En particular, será menester participar activamente en la búsqueda de alternativas para evitar la separación del niño o adolescente de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal. Y serán las OPD las encargadas de hacerlo.
Para ello, deberán articular planes de acción integrales, en los que se facilite el acceso y el mejor aprovechamiento posible de todos los recursos de servicios y programas públicos, privados o comunitarios que se requieran para superar la situación crítica. Ellos incluyen, entre otros, el apoyo al mantenimiento del vínculo familiar, la asistencia para obtener un oportuno acceso a soluciones de emergencia en materia de vivienda, trabajo e ingreso asistencial para los padres, apoyo para la integración y reintegración del niño al sistema escolar, así como también para el mejor aprovechamiento de los servicios de salud, atención preescolar y cuidado de los niños.
Adicionalmente, se separan las líneas subvencionables, segregándolas y dirigiéndolas a la ejecución de programas de protección especial de los derechos del niño; a la sanción de infracciones a la ley penal no privativas de libertad, o, en último término, a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Se redefinen los centros residenciales, acompañados de un conjunto de dispositivos que procuran evitar la internación, como asimismo, desinternar a los menores ingresados con miras a su reinserción en el ámbito familiar que les es natural. Ello se materializa, como mencioné, a través de las OPD, en la búsqueda de alternativas a la internación por medio de planes integrales que fortalezcan el rol protector de la familia; los programas de desinternación que deben funcionar en toda residencia; la diferenciación de una línea residencial que permita ofrecer acogida a niños en situaciones de crisis emergentes, por breve plazo, mientras la situación se normaliza o el juez decide una acogida más permanente.
Por otro lado, se estimula el desarrollo de centros residenciales de pequeña cobertura, de ambiente familiar, que tengan un régimen compatible con las relaciones familiares de los niños y su plena participación en los espacios normales exteriores al centro residencial (la escuela, el barrio, las plazas, los centros deportivos, el club infantil o juvenil, etcétera). Ello se complementa con la diversificación de las tareas de diagnóstico, separadas en sus modalidades de subvención.
Para el fortalecimiento de la gestión del nuevo modelo de atención del SENAME, el proyecto que se somete a la consideración del Senado mejora la estrategia de desarrollo de la red de colaboradores que proveen los servicios subvencionados, como también los sistemas de financiamiento y de evaluación al desempeño de los mismos. Con ello se perfecciona la modalidad de ingreso, el registro de los que se denominarán "organismos acreditados", en lugar de "instituciones colaboradoras", y el llamado a concurso para la asignación de los recursos disponibles en cada línea de acción. Al mismo tiempo, se establecen reglas claras que regirán la relación entre los organismos acreditados y el SENAME, que se completarán con las disposiciones específicas del reglamento y de cada uno de sus convenios.
En relación con el sistema de financiamiento, señor Presidente , se ha elaborado un análisis cuidadoso, para cada línea de acción, del tipo de incentivos que permitirán a los organismos acreditados adecuar su desempeño, de la mejor forma, a los objetivos de política de cada una de ellas. Eso explica que la forma de pago se diferencie según el tipo de línea de acción de que se trate. En particular, se ha puesto especial empeño en evitar que la progresiva reducción de la internación masiva de niños encuentre dificultades, por la incertidumbre que ese proceso generaría a los organismos acreditados si se mantuviese un estricto sistema de pago por cada niño-día atendido.
El método de evaluación, por otra parte, se dirige a promover el perfeccionamiento de la calidad de la atención y el logro de los resultados esperados, antes que a ejercer controles burocráticos inútiles sobre los detalles del gasto o -peor aún- a ahogar la iniciativa y la creatividad de los organismos acreditados mediante rígidas normas técnicas.
Finalmente, es preciso destacar que esta iniciativa constituye un eslabón fundamental en la cadena de proyectos destinados a adecuar la legislación concerniente a la infancia a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual también forman parte el que crea los Tribunales de Familia, aprobado días atrás por el Senado; el referente a la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, como asimismo, el relativo a la protección de los derechos del niño, recientemente ingresado a trámite en la Cámara de Diputados.
Como resultado de este proceso de reforma, por primera vez en Chile va a existir un verdadero estatuto de la niñez y de la adolescencia, compatible con la Convención aludida, dando así comienzo a una nueva etapa en la que los derechos de los niños, su participación social y la promoción de su desarrollo integral constituirán un nuevo pilar, no sólo del proyecto político y social chileno, sino también de nuestro ordenamiento jurídico e institucional.
Como señaló el señor Presidente de la Comisión de Constitución, hemos perfeccionado el texto aprobado por la Cámara de Diputados introduciendo una serie de indicaciones, que esperamos sean acogidas aquí en las discusiones sucesivas.
Por todo ello, solicitamos a las señoras y señores Senadores que en su momento aprueben en general el proyecto.
Muchas gracias.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , he escuchado las intervenciones del señor Subsecretario y del Senador informante , pero no me queda claro cuáles son los motivos reales por los que se debe elaborar un proyecto distinto del actual.
La verdad es que todos los puntos expuestos en el discurso del señor Subsecretario , desde mi perspectiva, están resueltos en las leyes vigentes. Y no entiendo cuál es el motivo para cambiar el texto de la iniciativa. Debo suponer que un análisis más en detalle permitirá conocer las razones que hacen necesaria una rectificación.
Al observar el proyecto, veo que caemos en una fórmula un tanto añeja, que poco a poco ha ido complicando la legislación chilena. Desde el ángulo constitucional, en estricta verdad, las leyes deben indicar las grandes áreas de acción en que se tiene que desarrollar un acto legal determinado. A su vez, los reglamentos pertenecen al ámbito del Poder Ejecutivo y son redactados por quienes tendrán que ejecutar las acciones impuestas por la ley.
De los 79 artículos que conforman la normativa en debate, a lo menos 45 corresponden al campo de la reglamentación. Es un error establecer en una ley este tipo de disposiciones. Existen razones suficientes para pensar que las diversas acciones propias de la Administración normalmente van a experimentar modificaciones en lo que se refiere, por ejemplo, a los centros de información, de carácter nacional o local, en fin. Igualmente, lo relativo a las evaluaciones debe formar parte del reglamento, por cuanto deben ir cambiando.
Hasta los criterios existentes se pueden alterar de pronto. A raíz del denominado "caso Spiniak" se ha llegado, incluso, a variar ciertos conceptos en materia de preocupación por los niños. Y eso, si la ley no lo establece porque no ha dejado nada entregado al reglamento, en definitiva resulta ser inadecuado.
Entiendo que éste ha de ser un buen proyecto. Pero, pese a las intervenciones que he escuchado, todavía no sé el motivo por el cual se va a modificar. Sin embargo, desde el punto de vista de su redacción, hago presente a la Comisión el error que significa transformarlo en un texto absolutamente reglamentario.
El SENAME tiene una concepción administrativa centralizada y cuenta con direcciones regionales y locales. Pero éstas no cuentan con presupuestos distintos. En ese aspecto, el Servicio Nacional de Menores se halla sujeto a la norma general en la Ley de Presupuestos.
Por otro lado, la iniciativa no avanza en el proceso de descentralización. En los primeros artículos habla de la relación con el Estado y las municipalidades. En todo caso, presentaré indicación para que se mantenga la expresión "Estado" ¿por supuesto, tiene que ser así-, pero señalando que las acciones deben llevarse a cabo preferentemente a través de los municipios.
Cuando creamos estos organismos en las comunas, les entregamos responsabilidades con el fin de propiciar las condiciones más adecuadas posibles para posibilitar un desarrollo social armónico dentro de la comunidad. Y por el hecho de que en el artículo 107 de la Constitución se establece que la totalidad de las acciones públicas deberán desarrollarse bajo la coordinación de las municipalidades en todo el país, uno espera que proyectos socialmente sensibles, como son los relacionados con los niños, contemplen al menos una manifestación de su disposición a trabajar con mayor profundidad en el campo municipal.
Pues bien, ello tampoco se observa en la iniciativa, la cual más bien es una especie de reglamento, lo que ¿insisto- es un error desde el punto de vista legislativo, porque las autoridades de Gobierno se van a encontrar después con grandes problemas y se verán obligadas a enviar al Parlamento iniciativas de ley para modificar, a lo mejor, el último inciso de una letra de tal o cual artículo porque entre los documentos que entregaron no figuraban todos.
Anticipo que formularé indicaciones para eliminar, no sé si 40 artículos, pero sí unos 25, con el objeto de dejar establecidas sólo las funciones esenciales del SENAME, no las de administración, pues éstas pertenecen al ámbito reglamentario y son de competencia de las autoridades.
Señor Presidente , la Constitución establece en el artículo 1º que el núcleo fundamental de la sociedad lo constituye la familia. Y se han ido creando entidades vinculadas con los miembros de ella: el Servicio Nacional de la Mujer, cuya autoridad máxima tiene rango de Ministro ; otro que atiende a los menores, donde quien lo dirige todavía no alcanza esa jerarquía. Pero ya llegará la oportunidad, porque los niños representan el futuro. A la gente le gusta más el presente, ¡claro!, porque éste tiene derecho a voto. El futuro, no. Entonces, se considera innecesario dar a quien tiene a cargo la repartición que cobija a los ciudadanos del mañana el rango que, a mi juicio, le correspondería.
Repito: existe un servicio dedicado a la mujer; otro, a los niños, y también hay organismos que atienden a los ancianos, a las personas mayores -no existe ninguno dedicado a los hombres; se supone que éstos resuelven solos sus problemas-, pero cumplen funciones diferentes y, en alguna forma, terminan recogiendo aspectos de la institucionalidad global del país, sin tener presente la primera de todas las responsabilidades: la familia.
El artículo 2º del proyecto establece: "Serán principios estratégicos de la acción del SENAME y sus colaboradores:
"1) El respeto y promoción de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes vigentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales.".
Desde ya, anuncio que votaré en contra esto último, porque no me gusta que se hable de "los derechos a que se refieren todos los instrumentos internacionales". No sabemos cuántos más habrá y si es factible o no aplicarlos en Chile. Porque hay derechos que surgen en países muy distintos del nuestro desde el punto de vista religioso o doctrinario. Es, como se dice en el campo, "mandar a la chuña" todos los acuerdos internacionales que existen, para encajarlos aquí.
O sea, el Nº 1) dice relación a normas institucionales. El siguiente, expresa:
"2) La promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño,". Es decir, radican esto en el mismo nivel que lo anterior, en circunstancias de que son cosas distintas. El Texto Fundamental, tantas veces citado con motivo de la defensa que se hizo sobre lo que es más o menos importante en el tema del royalty, no se recuerda en aquello que es esencial en la sociedad humana: la familia.
Evidentemente, esto puede ser objeto de enmiendas. Podrá sostenerse que es obvio que estamos hablando de la familia y que no es preciso hacer alusión a ella a cada momento. Pero aquí se menciona muy a la pasada.
En resumen, no sé si voy a votar a favor o a abstenerme. Pero no lo haré en contra. No tengo motivos para pensar que las modificaciones son importantes. Sí, muchos argumentos para demostrar que ésta es una materia de reglamento y no de ley. Esperamos rectificarlo por la vía de las indicaciones.
Llamo nuevamente a los señores Senadores ¿aunque no formo parte del Gobierno- a asumir y confiar en que los personeros de la Administración, en los aspectos propios de su gestión y ejecución, están haciendo bien las cosas. Y debe ser así, porque la Cámara Baja, que posee las atribuciones pertinentes, nunca ha fiscalizado negativamente a un representante del Ejecutivo. De modo que, o todos están cumpliendo muy bien su cometido, o los Diputados lo están haciendo muy mal. Pero estimo que debemos enfrentar las cosas conforme a las funciones y responsabilidades como legisladores y no como administradores del sistema.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , estoy absolutamente de acuerdo con el objetivo del proyecto, pero tengo serias reservas sobre la modalidad que éste concibe para enfrentar el problema.
En verdad, la tercerización de los servicios se ha convertido en una epidemia. Esto se justifica en el ámbito privado, porque allí intenta conseguir ciertos propósitos bien definidos. El principal de éstos tiene que ver con una mayor rentabilidad.
La subcontratación de diversos aspectos en las empresas permite ir reduciendo cada vez más los derechos de quienes en ellas laboran y, también, por cierto, consigue ganancias adicionales por medios que no se avienen con una concepción ética.
Lo que no alcanzo a comprender es por qué las instituciones del Estado asumen con tanto entusiasmo este modelo. Me gustaría que el señor Subsecretario o quien corresponda me explicara la forma en que, a su juicio, se optimizan los recursos por esta vía. Porque, desde luego, si disponen de una cantidad de recursos que siempre es limitada, además de alcanzar el propósito loable que el proyecto contempla, deben encargarse de retribuir, es decir, de otorgar los márgenes de ganancia suficiente al privado que va a subcontratar para realizar esa actividad.
En consecuencia, sin ser experto en materia de gestión, es obvio que el Estado o el organismo correspondiente hará menos cosas por la vía de la subcontratación que por la forma directa. En esta última modalidad, al menos, se ahorra la rentabilidad que debe asegurarle al privado en la subcontratación.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A título de qué un organismo como éste, que apunta a resolver un problema dramático de nuestra sociedad, no lo acomete directamente? De esa manera se genera la posibilidad de que profesionales de diversas especialidades se consoliden en el servicio público y alcancen un grado de desarrollo y de perfeccionamiento que en el ámbito privado, por supuesto, no lograrán, debido a la inestabilidad que permanentemente reina allí, lo cual se ha convertido ya en una situación que afecta a todos los que se desenvuelven en esa área.
Señor Presidente , quisiera aprovechar algunos minutos de mi tiempo para que, si es posible, me explicasen cómo se puede alcanzar mayor rendimiento en el objetivo trazado a través del proyecto versus afrontar de manera directa la atención del problema.
Me gustaría, si es factible, escuchar una breve explicación de los representantes del Ejecutivo en relación con la inquietud que planteo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Senador, no es posible autorizar la intervención de personeros del Ministerio de Justicia, porque no hay quórum suficiente en la Sala para tomar acuerdo. Solamente podría hablar el señor Ministro , pero no está presente.
El señor ÁVILA.-
No importa. De todos modos, celebro el manejo prusiano que hace del Reglamento, señor Presidente . No está mal que así sea.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En este momento, hay quórum.
Si le parece a la Sala, autorizaremos a la señora Del Gatto para que, si lo tiene a bien, responda a la pregunta formulada, con cargo al tiempo del señor Senador.
--Se accede.
El señor ÁVILA.-
Como el tiempo corre aceleradamente y quizás no me resten minutos para un comentario final, pido a la señora Del Gatto que, por favor, sea breve.
La señora DEL GATTO ( Directora del Servicio Nacional de Menores ).-
Señor Presidente , en referencia a lo planteado por el Honorable señor Ávila , debo puntualizar que hoy el rol del Estado es eminentemente subsidiario. En ese sentido, el proyecto no cambia lo aprobado en la Ley de Subvenciones, de 1979, y lo que hace es perfeccionar el mecanismo mediante el cual se asignan los recursos.
Ahora, ¿qué ventajas tiene eso? En mi concepto, varias. Primero, permite usar los recursos públicos y aplicar un control directo por parte de una entidad del Estado. En este caso, el SENAME supervigila la ejecución de los proyectos, el gasto, cómo se procede y, a la vez, cuáles son las orientaciones técnicas que deben tenerse en cuenta al momento de llevarlos a cabo.
Por otra parte, al comparar la administración directa del Estado, que se realiza en una pequeña parte del SENAME a través de los Centros de Diagnósticos -los costos asociados a su ejecución en relación con la atención de cantidad de niños- versus la administración a través de privados, nos encontramos con la sorpresa de que en este último sistema los distintos organismos -sean ONG, fundaciones o corporaciones- tienen mayor capacidad que la que se logra en la administración directa.
Por otro lado, en cuanto a los entes que ejecutan las labores, ellos no persiguen hacerse ricos con estas tareas. Porque uno de los requisitos para que sean parte de la red SENAME es que deben ser privados sin fines de lucro. Por consiguiente, los profesionales, los educadores y las distintas personas que ejecutan estas políticas reciben un honorario o un sueldo, según su modalidad de contratación, ajustado a su desempeño.
En consecuencia, a diferencia de lo que se podría pensar, ni la organización privada ni los profesionales tienen el propósito de enriquecerse. En este sentido, la eventual preocupación de que haya organismos interesados en obtener ganancias a través de la ejecución de este tipo de políticas relacionadas con los niños se salva por el hecho de que está explícitamente planteado que deben ser instituciones sin fines de lucro.
Hay otros argumentos que se pueden entregar desde un punto de vista técnico, que permiten tener, además, una oferta bastante diferenciada de especialistas en diagnósticos, en reparación de daños en niños maltratados, etcétera.
En lo fundamental, desde la perspectiva del modelo de desarrollo del país y del Estado, objetivamente, las políticas que se ejecutan en esta área vienen desde 1979, lo que implica atender de manera subsidiaria a los niños a través de organismos privados que se acreditan oficialmente y que llevan a cabo las políticas correspondientes.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede continuar el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , la explicación dada por la señora Del Gatto no hace sino reforzar dudas y aprensiones, porque una de sus afirmaciones me causa, por cierto, una gran sorpresa. Ella dijo que "hay menor atención en la gestión directa que en las subcontratadas".
Lo que puedo concluir -creo que cualquiera que examine de manera objetiva el tema opinará lo mismo- es que esa gestión directa es muy mala o ineficiente. Porque si con determinada cantidad de recursos -digamos cien- se atiende a dos o tres niños, y en el ámbito privado, con la subcontratación, el número de atendidos es mayor, pese a que ese privado debe tener un margen de rentabilidad, entonces se puede concluir que el dinero público se maneja de manera poco eficiente.
Pero a lo que voy es a que, sin duda, tal concepción de la atención directa de parte de un servicio estatal en un problema tan sensible como éste pasa por una eficiente administración.
Y las otras dudas que me surgen de todo este asunto tienen que ver con el hecho de que por parte del SENAME ha habido contrataciones de servicios altamente cuestionables, desde el punto de vista de la forma en que se concibieron. En su oportunidad, ese aspecto lo vamos a conocer en profundidad, a debatir y a desmenuzar en todas sus implicaciones. Por el momento, lo creo prematuro; pero ya vendrá el instante en que se haga.
Veo con preocupación que el Estado, como garante del bien común, esté cada vez más impregnado de una concepción ideológica neoliberal incompatible con la misión trascendental que una entidad pública debe tener respecto de aquellos a quienes ha de servir. No concuerdo con esto de entregar a privados que se ocupen de temas sumamente sensibles, como la niñez, la tercera edad y muchos otros en que, para abordarlos como corresponde, es menester estar empapado de una concepción de servicio público, la cual, por supuesto, se halla ausente en toda actividad privada que persigue fines de lucro.
¡Y no me vengan aquí a decir que son entidades que se encuentran al margen o que están descontaminadas de ese afán!
Las universidades en el país también son entes sin fines de lucro. Pero, debido a los métodos y manejos que se dan en ellas, se han transformado hoy en día en las más lucrativas fuentes de ganancias.
En consecuencia, aquello de que en el sector privado hay ciertas instituciones sin fines de lucro es el cuento de la Caperucita Roja, que no se aviene con la realidad.
De ahí que, estando del todo de acuerdo con el propósito de este proyecto, lamento de verdad la propuesta en los términos formulados. Ello, sin duda, me pondrá mañana en la situación totalmente incómoda de abrazar con pasión el objetivo, pero repudiar lo que es el método empleado para conseguirlo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , confieso que me ha llamado profundamente la atención el proyecto. Debo reconocer, con algo de humildad y tal vez con un poco de temor, que a veces, por estar abrumado con tantos problemas -de salud y otros-, uno descuida estudiar a fondo iniciativas de singular relevancia, como la que ha motivado, a mi modestísimo juicio, con fundamento, la inquietud del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Claro está que tal vez la diferencia que uno intuya o descubra en este proyecto en relación con muchos otros ya materializados como leyes de la República es que aquí es probable que nos encontremos ante el hecho sorprendente de que el servicio en sí se crea precisamente para establecer, por la vía de la subvención, el desarrollo de una misión que otrora correspondió a los órganos de la Administración del Estado y que hoy en día, como ha señalado muy bien el Honorable señor Ávila , en gran medida, por así decir, se van traspasando a la actividad privada.
Uno se puede preguntar si eso ha sido o es constitucional. Y creo que necesariamente debemos enfrentarnos con que la realidad de hoy en esta materia no es la de antaño. Es indudable y comprensible la crítica que el Senador señor Ávila formula a ese tipo de política, que él, con alguna inquietud, vierte diciendo que le preocupa que todo este campo de actividad, donde el contenido de un servicio público por esencia debe estar librado a las manos del Estado, quede cada vez más y más, de manera lenta pero gradual, entregado a las entidades privadas.
Lógicamente, el Honorable colega se queja de tal política; pero, por desgracia, hemos venido observando que se aplica de modo reiterado, no sólo en nuestro país, sino también en otros, como consecuencia de reducir cada vez el concepto del Estado a un mínimum minimórum que muchos, con algún temor, han pensado que, hipotéticamente, pudiese incluso llegar a desaparecer.
Señor Presidente , como Su Señoría es un hombre de talento que enseña normas de Derecho Público, sabe perfectamente que ha sido así, sobre todo en los últimos años.
Ahora, ¿es conveniente o no lo es? Claro está que la pregunta ha de lacerar hondamente la mente y la conciencia de quienes hemos estado durante tantos años dedicados a la función pública.
Si a mí se me preguntara, yo no podría menos que dejar de reconocer -en una inquietud coincidente con la del Honorable señor Ávila - que no es conveniente que el Estado se haya llegado a desprender de misiones que antaño le correspondieron por entero y que estuvieron, a lo menos, materializadas y honradas con lo que significaba una política de apostolado y de servicio público que se realizó en plenitud.
En la actualidad, por distintas circunstancias, ya no es así. Sin embargo, mientras escuchaba a mi distinguido colega no pude menos que recordar esta norma que me permito leer al Senado:
"Una ley orgánica constitucional" -dice el artículo 38 de la Carta Fundamental- "determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes".
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado acaba de proponer modificar en parte esa norma, ampliándola, como consecuencia de una observación que con los Honorables señores Ávila , Parra y otros Senadores formulamos hace algunos días, en el orden de prohibiciones en materia de política de drogas. Se solucionó el problema o se ha querido solucionarlo incorporando precisamente a este artículo una norma que salve la materia.
Pero, en el fondo, ¿qué es lo que deseo destacar?
Creo que aquí estamos en presencia de una cuestión de principios fundamentales. El proyecto quiere perfeccionar la labor que el Servicio desarrolla en la actualidad, aun cayendo en el temor señalado, a mi juicio con bastante fundamento, por el Honorable señor Ríos , en el sentido de que estos preceptos regulan una serie de materias que ya exorbitan del contenido esencial de la ley y pasan a ser sencillamente normas de reglamento, lo que sin duda resulta peligroso. El señor Senador tiene razón en su planteamiento.
Me tocó analizar este tipo de situaciones durante varios años, y lo representé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde a menudo, como en este caso, tuve que agachar la cabeza humildemente, porque la verdad es que allí observábamos que ésta era una tendencia generalizada en el último tiempo. Y no dejaba de llamarnos la atención -lo hicimos presente en forma reiterada- el hecho de que el Ministerio de Justicia se estuviera caracterizando por reglamentar más y más las leyes, echando pie de un asunto de tipo reglamentario para, no diré horadar el contenido de la ley, sino materializar en ésta disposiciones que correspondían sólo al reglamento y nada más.
Lamentablemente, se ha caído en eso, lo cual implica el exceso de una política regulatoria que no hace bien al Estado y al ordenamiento de las normas fundamentales.
Es cierto lo que el Senador señor Ríos ha mencionado en el sentido de que en los preceptos de la iniciativa en análisis se incurre mucho en lo que acabo de señalar.
Asimismo, llama la atención la observación hecha, con todo fundamento, por el Honorable señor Ávila al artículo 1º, donde en el fondo se está regulando un servicio público sin decir que él se crea para tal fin. Se regula un órgano cuya misión va a ser subvencionar a sus colaboradores. No deja de ser sorprendente lo anterior, porque, en realidad, lo que se ha querido establecer aquí es que la función propiamente tal no será servida en plenitud por el Estado, sino por los particulares, y como en el fondo aquélla es pública, obviamente a éstos se les subvencionará.
Llama la atención también el hecho de que aquí se está regulando un servicio para los efectos, simplemente, de que prime la misión de subvencionar. Es decir, se señala que es un servicio obviamente de condición pública, que se traspasa a los particulares. El Estado -por así mencionarlo- lo proyecta al campo de lo privado. Entonces, el servicio público no va a tener otra misión que la de ser el regulador de la forma como la subvención o pago se hará a los particulares.
El Senador señor Ávila ¿a mi juicio, con algún fundamento- planteó si no sería más barato que el servicio público, como tal, se pagara a sí mismo. Honestamente, no sabría responder a Su Señoría. No sé si será más barato o no que la actividad sea realizada por particulares que reciban una subvención.
Me permito recordar que esto no es nuevo en Chile. Por lo tanto, no creo que esta materia pudiera estimarse de dudosa constitucionalidad. Los señores Senadores saben que la subvención se paga a los particulares en muchos casos en que la función debe prestarla el Estado y éste carece de los medios para hacerlo.
En el campo de la educación ocurre algo muy parecido. En efecto, la subvención a los planteles educacionales por asistencia media por alumno en la enseñanza privada, tanto básica como secundaria, es la norma vigente. Lo mismo pasa con las escuelas especiales para discapacitados, donde el Estado paga prácticamente ¿diría yo- el 50 a 70 por ciento de los servicios de educación, que son prestados por entidades privadas y no del Estado.
Por lo tanto, nos encontramos en presencia de un proyecto que regula una materia que, a mi manera de ver, no es nueva. Si bien se está llegando con ello a la exageración de establecer de un modo muy amplio la proyección o el traslado en plenitud al campo privado de algo que debió haber correspondido al Estado, creo que uno tiene el legítimo derecho, como lo hizo el señor Senador a que he aludido, a meditar acerca de si tal procedimiento es o no conveniente.
Me parece -y no es que incline avasalladamente mi cabeza para estos efectos- que ésta es una realidad del mundo de hoy. Por lo tanto, no me atrevería a pensar que pudiese tildarse -cosa que por lo demás Su Señoría no ha hecho- de inconstitucional. Pero, sí, en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de legislar sobre esta materia, estimo legítima la duda planteada. No obstante, tengo el deber de hacer presente que no es éste el primer caso en que surge una situación de esta naturaleza; ello ya es frecuente en nuestro país.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, como ahora corresponde pronunciarnos sobre el proyecto, solicito el aplazamiento de la votación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En atención a su petición, como Comité...
El señor PROKURICA .-
Se puede pedir segunda discusión, señor Presidente .
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Es más conveniente hacer lo que yo propuse, señor Senador.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Así es. Porque, entonces, mañana entraríamos directamente a votar. Si se pide segunda discusión, cabe la posibilidad de que se continúe con el debate, el cual, según entiendo, ya está agotado.
Por lo tanto, conforme a la solicitud formulada por un Comité, mañana se procederá a votar el proyecto en el primer lugar del Orden del Día.
El señor PROKURICA .-
No hay problema, señor Presidente .
--Queda aplazada la votación del proyecto hasta la próxima sesión ordinaria, en el primer lugar del Orden del Día.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , dado que los proyectos que figuran a continuación en la tabla requieren quórum de ley orgánica constitucional, solicito suspender su tratamiento, a objeto de no tener problemas en su aprobación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Entiendo que ése fue también el fundamento de la petición formulada por el Senador señor Ruiz-Esquide. Lo encuentro razonable.
Desgraciadamente, no tenemos quórum suficiente para votar los proyectos que siguen, de manera que la misma situación se va a producir respecto de cada uno de ellos.
Si no hubiere objeción, podríamos acordar suspender su tratamiento.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , respaldo el planteamiento de Su Señoría, porque el problema de quórum que recién se suscitó se repetirá respecto de las otras iniciativas en tabla.
Adelanto desde ya que en reunión de Comités -lo discutiremos posteriormente-, dada la cantidad de iniciativas que requieren quórum especial para su aprobación, tendremos que resolver no autorizar a las Comisiones, salvo casos específicos, para sesionar simultáneamente con la Sala. Ello, además, nos plantea un problema de ordenamiento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Así es, señor Senador. Lamentablemente, la propia Corporación acordó autorizar el funcionamiento de esas Comisiones, lo cual nos ha dejado sin poder votar esos proyectos.
Si le parece a la Sala, se suspenderá el tratamiento de la tabla, en atención a que las iniciativas que figuran a continuación en ella requieren quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación y no se cuenta con el número suficiente de Senadores para tal efecto.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FLORES, MUÑOZ BARRA Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA LETRA E) DEL NÚMERO 7 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FUNDAMENTAL, CON EL FIN DE ESTABLECER LA CONSULTA OBLIGATORIA DE LAS RESOLUCIONES QUE CONCEDEN LA LIBERTAD PROVISIONAL EN CASOS QUE INDICA (3621-07)
HONORABLE SENADO.
La Carta fundamental reconoce la libertad provisional como la regla general para las personas que se encuentran inculpadas de un delito, mientras no se dicte sentencia firme y ejecutoriada en su contra. Lo anterior obedece al principio del debido proceso y la presunción de inocencia, que en nuestra Carta Política se recoge bajo la terminología del "racional y justo procedimiento", dentro del derecho de igualdad ante la justicia, que recepciona el numeral 3° del artículo 19° de la. Constitución Política del Estado.
Las excepciones clásicas -que autorizan en la Carta Fundamental la denegación de la libertad mientras pende el juicio- las califica el juez y son taxativas: diligencias pendientes del sumario; seguridad de la víctima o seguridad de la sociedad.
Estos parámetros aseguran que la judicatura sea titular de instrumentos de naturaleza procesal constitucional que le permitan ejercer su labor jurisdiccional con la discrecionalidad debida, destinados a evitar que obtenga este beneficio una persona con antecedentes criminales suficientes para calificar dentro de las “inseguridades” – contra el ofendido o la sociedad- que justifica el Constituyente para denegar la libertad mientras pende el proceso judicial.
El Constituyente nacional, tanto en 1925 como en 1980, brinda al Juez la confianza institucional para ponderar caso a caso, con la racionalidad jurídica debida, los elementos del proceso que tiene a la vista para la determinación de las resoluciones sobre la libertad y, en definitiva, de la conducta social de quienes enfrentan juzgamientos de naturaleza criminal.
El derecho comparado asume el beneficio de la libertad provisional como una garantía de rango constitucional que se vincula al principio del debido proceso, que el derecho anglosajón reconoce como el “due process of law”. Es así como ya en 1215 la Carta Magna del Rey Juan previó que ningún hombre libre podría ser detenido, preso o perjudicado en cualquier otra forma, ni podría procederse en contra de él, sino en virtud de un juicio legal. Intervienen así en su otorgamiento dos actores ya clásicos en la especie: el normador (Constituyente y legislador regulatorio) y el juez.
A su vez, la recepción de la libertad provisional en procesos jurisdiccionales como regla general y la restricción excepcional de la misma -que conlleva a la privación durante un procedimiento judicial-, se recoge en los instrumentos internacionales, como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, el derecho euroatlántico reconoce que el principio de la libertad provisional y la excepción de “prisión preventiva o provisional”, cuando concurren los preceptos taxativamente señalados por el legislador, no puede afectarse sustancialmente por la obra reguladora del propio ordenamiento jurídico. Esta máxima es asumida expresamente por nuestro Constituyente al prever en su artículo 19, numeral 26, que las regulaciones legales de garantías fundamentales no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio.
En consecuencia, el desarrollo normativo que efectúa el legislador no puede afectar la esencia del beneficio de la denominada excarcelación mientras pende el juicio, asegurándose de esta manera lo que la doctrina reconoce como un elemento vital de la tutela judicial efectiva.
El proyecto de reforma constitucional que se presenta a consideración parlamentaria, conserva el principio de entregar al Juez la calificación casuística del otorgamiento de la libertad provisional, en base a los parámetros que la Carta Fundamental vigente consagra: diligencias de sumario, seguridad del ofendido o de la sociedad.
Sin embargo postulamos ampliar el criterio jurídico, también ya recepcionado por el Constituyente tras la Reforma de 1991, que entrega al tribunal superior, por la unanimidad de sus miembros, la confirmación del otorgamiento de este beneficio. Lo anterior para el caso de la persona que se encuentra bajo una condena previa por delitos calificados como graves por el legislador, para estos efectos, refiriéndose la propia excarcelación que se procura a delitos cuya naturaleza jurídica son calificados, asimismo, como graves por el propio legislador.
La iniciativa de reforma, establece un símil con el estatus jurídico que el Constituyente ya otorgó a los procesados por delitos calificados como conductas terroristas. Se alcanza a su vez una redacción normativa que dentro de la ingeniería jurídica cumple con los principios del debido proceso.
En suma, a través de la iniciativa que se propone, la sentencia que conceda la libertad provisional a procesados por delitos calificados como graves por el legislador, que a su vez se encuentren condenados por ilícitos de la misma gravedad, deberá elevarse ante el tribunal superior en trámite de consulta o apelación. La resolución que acoja este beneficio deberá corresponder a la unanimidad de sus miembros.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Agregase en la letra e) del numeral séptimo del Art. 19, de la Constitución Política de la República el siguiente párrafo tercero: “La resolución que otorgue la libertad provisional a los procesados y que recaiga sobre personas que ostenten la calidad de reincidentes ya sea por encontrarse condenadas por sentencia firme y ejecutoriada o procesadas por delitos de similar naturaleza, deberá siempre elevarse en consulta. Esta y la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la excarcelación serán conocidos por el tribunal superior, requiriéndose para el caso aprobación o denegación de la libertad, ser acordada por la unanimidad de sus miembros titulares.
H. Senadores:
(FDO.): Roberto Muñoz Barra.- Fernando Flores Labra.- José Antonio Viera Gallo Quesney.