Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- DEBATE
-
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- DEBATE
-
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- DEBATE
-
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES PRONTUARIALES POR CONDENAS DE TRIBUNALES MILITARES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- DEBATE
-
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PINOCHET: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, FRAUDE AL FISCO Y PÉRDIDA DE PATRIMONIO ESTATAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
-
FINANCIAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE MONUMENTOS NACIONALES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Valdes Subercaseaux
- ADHESION
- Evelyn Matthei Fornet
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- Jaime Gazmuri Mujica
- Hernan Larrain Fernandez
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Valdes Subercaseaux
-
PROYECTO DE AEROPUERTO EN TONGOY. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
DESTIERRO DE ODIO Y CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DEL AMOR
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
-
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE FAMILIA EN COMUNA DE SAN CARLOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 15ª, en miércoles 21 de julio de 2004
Ordinaria
(De 16:21 a 19:4)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y creación de Agencia Nacional de Inteligencia (2811-02) (se aprueba su informe)............................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia (2118-18) (se aprueba en particular)..............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre evaluación docente (3404-04) (se aprueba en general y particular)..............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales (3392-17) (se aprueba en general)..............
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).......................................................
Pinochet: enriquecimiento ilícito, fraude al Fisco y pérdida de patrimonio estatal. Oficios (observaciones del señor Lavandero).............................................................
Financiamiento para protección de monumentos nacionales. Oficios (intervención del señor Valdés)......................................................................
Proyecto de aeropuerto en Tongoy. Oficios (observaciones de la señora Matthei)...........
Destierro de odio y construcción de cultura del amor (intervención del señor Arancibia)......
Creación de tribunal de familia en comuna de San Carlos. Oficios (observaciones del señor Viera-Gallo)......................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante , de Educación, de Justicia y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , y los señores Subsecretario de Justicia y Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 13 de julio del año en curso, que no ha sido observada.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que otorgó su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que modifica la ley Nº 19.844, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, a los efectos de establecer sanciones y el procedimiento para su aplicación (Boletín Nº 3.519-06).
--Se toma conocimiento y, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental, se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo informa que, en sesión celebrada el día de ayer, desechó la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto sobre regulación de los contratos de exportación de productos hortofrutícolas (Boletín Nº 780-01).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Comunicación
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la que solicita la autorización de la Sala para discutir en general y en particular en el primer informe el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el peso máximo de carga humana (Boletín Nº 3.242-13).
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
---------------
El señor MORENO.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , esta mañana aprobamos en general el proyecto que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, pero, debido a que aparentemente no había quórum en el momento oportuno, no se estableció plazo para presentar indicaciones.
Al efecto, sugiero fijar el término de la primera semana de agosto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Conforme a lo que señalé en la mañana, iba a plantear ahora el punto, señor Senador.
Si le pareciera a la Sala, podríamos determinar el lunes 9 de agosto, a las 12.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , casi la totalidad de los señores Senadores, durante sus discursos, hicieron presente la conveniencia de revisar con más detención prácticamente toda la iniciativa; y no sólo su articulado, sino incluso aspectos doctrinarios.
Como la próxima será una semana con mucha actividad en nuestras Regiones, pareciera oportuno darnos más tiempo. Concretamente, sugiero el 30 de agosto.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Considero que el 9 de agosto es una fecha demasiado prematura. El debate nos mostró que hay que efectuar un análisis muy de fondo. Yo pediría¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Cuál es su proposición, señor Senador ?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Que no sea antes del 20 de agosto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
¿El lunes 23?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sí, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En verdad, el lunes 23 de agosto no tiene ningún sentido, porque está dentro de la semana regional.
Por tanto, sugiero el lunes 30 -porque da exactamente lo mismo que el 23-, a las 12.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
La señora FREI (doña Carmen).-
No, señor Presidente.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, el 23 de agosto permite a la Secretaría preparar el legajo de indicaciones durante la semana regional.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No creo que la Secretaría requiera más de un día para tal efecto. Y el 30 de agosto permite mayor tiempo para hacer una buena presentación.
--Se fija el lunes 30 de agosto, a las 12.
V. FÁCIL DESPACHO
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde pronunciarse sobre el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.811-02).
--Los antecedentes sobre el proyecto (2811-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 5 de marzo de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 4ª, en 15 de junio de 2004.
Informes de Comisión:
Defensa, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Defensa (segundo), sesión 51ª, en 20 de abril de 2004.
Hacienda, sesión 51ª, en 20 de abril de 2004.
Mixta, sesión 15ª, en 21 de julio de 2004.
Discusión:
Sesiones 48ª, en 8 de mayo de 2003 (queda pendiente su discusión general); 49ª, en 13 de mayo de 2003 (se aprueba en general); 53ª y 54ª, en 4 y 5 de mayo de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 55ª, en 11 de mayo de 2004 (se aprueba en particular).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo por la de Diputados de algunas de las modificaciones efectuadas por el Senado.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias suscitadas entre las dos Corporaciones, la que fue acordada por unanimidad, con excepción de los artículos 9º, 39 y 42.
Cabe destacar que la Comisión Mixta, en cuanto a la jefatura de la Agencia Nacional de Inteligencia, resolvió que corresponderá a un Director, quien será de la exclusiva confianza de Su Excelencia el Presidente de la República , y que el control externo de los organismos de inteligencia que integran el Sistema se efectuará por la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputados.
Su Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas: la primera transcribe el texto aprobado por la Cámara Baja; la segunda, las modificaciones efectuadas por el Senado; la tercera, las enmiendas rechazadas por aquélla; la cuarta, la proposición de la Comisión Mixta, y la quinta, el texto final que resultaría de aprobarse la proposición.
Cabe hacer presente que los artículos 9º (inciso final), 26, 29 -esta norma ya fue aprobada por ambas Cámaras y se incluye sólo para los efectos de precisar su numeración definitiva-, 38 (inciso segundo) y 39 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que la Cámara de Diputados, en sesión del 7 del mes en curso, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Recuerdo que éste es un proyecto con quórum de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, se procederá a tocar los timbres.
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , el informe de la Comisión Mixta da cuenta de las discrepancias producidas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto y de la forma como fueron resueltas.
Las divergencias fueron fundamentalmente dos.
La primera, relativa al nombramiento del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia , en cuanto a si sería de exclusiva confianza del Presidente de la República , como era planteado por el Ejecutivo y por la Cámara de Diputados, o si lo nombraría el Primer Mandatario con acuerdo del Senado.
Debemos recordar que en diversas votaciones, con márgenes muy estrechos, se había impuesto aquí la idea de que fuera con acuerdo de la Cámara Alta.
En definitiva, por mayoría de 5 votos contra 2, la Comisión Mixta acordó que el Director de la Agencia será de la exclusiva confianza del Presidente de la República .
La segunda discrepancia, en lo esencial, se produjo respecto de si el control externo del Sistema de Inteligencia del Estado , en lo que atañe al Congreso Nacional, se ejercería por intermedio de una Comisión permanente de la Cámara de Diputados, como lo propuso ésta, o si se entregaría ese cometido a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Corporaciones, según lo postuló la norma modificatoria aprobada por el Senado, aunque esto último apuntaba más bien en el sentido de recibir información que en el de llevar a cabo la fiscalización, porque no correspondía que el Senado así lo hiciera.
La Comisión Mixta, por 7 votos a favor y una abstención, resolvió la segunda diferencia sobre la base de un texto donde se dispone que el señalado control corresponderá, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, según lo preceptúa la Constitución, a la Cámara de Diputados, la que deberá constituir, en conformidad a su Reglamento, una Comisión Especial para conocer de los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado.
El Director de la Agencia Nacional de Inteligencia deberá presentar anualmente a dicha Comisión un informe secreto acerca de la labor realizada por la Agencia y del funcionamiento del Sistema. Los informes y antecedentes respectivos deberán ser conocidos por esa Comisión Especial en sesiones que tendrán también carácter secreto.
Señor Presidente , ésas son las principales discrepancias que tuvo el proyecto y la forma como la Comisión Mixta las resolvió -en un caso, por 5 votos contra 2, y en el otro, por 7 votos a favor y una abstención-, proposición que ahora se somete a la consideración de la Sala.
Como señaló la Secretaría, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta. Por lo tanto, corresponde que nuestra Corporación se pronuncie sobre el particular.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , es muy importante que estemos tratando este proyecto ya en su fase final, pues, sin duda, Chile necesita tener un Sistema Nacional de Inteligencia con la mayor brevedad.
El mundo de hoy exige que todo país -y así ha ocurrido hasta en las naciones más pequeñas- cuente con un mecanismo de esa índole para enfrentar la realidad que se está viviendo a raíz de la globalización.
El terrorismo, la seguridad ciudadana y una serie de resoluciones de diverso carácter -económico, comercial, político, estratégico y de defensa- hacen indispensable que los Jefes de Estado dispongan de un organismo que les informe respecto de los escenarios que pueden encontrar en la toma de decisiones, de manera que les sea factible enfrentarlos de la mejor forma, evitando efectos negativos para los habitantes y, en definitiva, aminorándolos cuando inevitablemente ocurren.
Lamento que la Comisión Mixta haya rechazado uno de los artículos más importantes de la iniciativa. Y digo que era uno de los artículos más importantes porque el Senado había aprobado el nombramiento del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia -y así figuraba en el proyecto original- por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
Y eso no es un capricho, señor Presidente . Lo que ocurre es que tal organismo debe tener, en mi concepto, características inherentes al cumplimiento de sus objetivos. Siempre se lo pensó como un órgano de Estado y no del gobierno de turno. Lo más peligroso que nos puede pasar es crear entes que sirvan al gobierno de turno, que se presten para la politización y que, en definitiva, se aparten de los grandes objetivos que deben tener los organismos de inteligencia.
A mi juicio, dicha Agencia debe ser un órgano independiente del gobierno de turno, que trabaje para los grandes proyectos de Estado, asesorando e informando a las autoridades ante las decisiones de extraordinaria relevancia. Tiene que dar confianza a todos, no sólo a quienes momentáneamente ostentan el poder.
Hemos de adoptar al respecto, entonces, todos los resguardos del caso. Y por eso ésta es una de las decisiones que de alguna manera pueden afectar el cumplimiento de los objetivos en que todos hemos pensado. La Agencia debe dar certeza a todo el Sistema de Inteligencia del Estado.
Reitero que el peligro del artículo 9º, que entrega sólo al Presidente de la República el nombramiento del Director en comento, consiste en que la Agencia termine trabajando para el gobierno de turno y, en vez de luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y los efectos negativos del mundo globalizado, se dedique a espiar a parlamentarios y a tareas de escucha contra determinados partidos políticos.
Yo, señor Presidente, no me responsabilizo por aquello. Y espero que, si el proyecto se aprueba en la forma como lo propone la Comisión Mixta, no debamos lamentar malos resultados por las razones que expuse.
Deploro que se haya insistido en esa idea. Y quienes voten a favor cargarán con la responsabilidad de no haber contribuido a la existencia de un organismo independiente, que responda de verdad a los intereses del Estado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Este proyecto es de Fácil Despacho, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pueden hablar dos Senadores que expresen criterios opuestos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Eso ya ocurrió.
En todo caso, daré la palabra a Su Señoría, en el entendido de que será breve.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , sólo quiero puntualizar que, aun cuando puedan ser muy interesantes las observaciones respecto de la designación del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia , el informe de la Comisión Mixta debe ser votado como un todo y que rechazarlo envuelve el peligro de quedar sin ley.
Por lo tanto, debemos determinar cuál es el bien superior: si tener ley o lograr lo óptimo.
Por eso, votaré a favor.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Solicito votación nominal, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En votación nominal el informe.
--(Durante la votación).
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , con la prevención del Honorable señor Prokurica en cuanto a la inconveniencia del procedimiento sugerido para nominar al Director de la Agencia y dado que votar en contra significa impedir la existencia de una institución que se ha estimado fundamental para el país, voto a favor.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , me sumo a la prevención formulada por los Senadores señores Prokurica y Espina . La verdad es que siempre pensamos que en torno al nombramiento del Director de la Agencia íbamos a tener un acuerdo político amplio, que nos diera confianza a todos. Lamento que no haya sido así.
Ahora estamos ante un informe de Comisión Mixta, el que debe ser votado como un todo. No vamos a restar nuestros votos para que el proyecto se caiga, porque, sin duda, es necesario para el país. Pero deploramos mucho que en una materia tan sensible y de tanta importancia no haya habido voluntad de acuerdo.
Voto que sí.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , voy a votar a favor. Y sólo quiero resaltar, para la constancia del debate, que la idea de que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia sea nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado contradice la afirmación de que se trata de un órgano fundamental de asesoría al Jefe del Estado , en su condición de responsable superior de la defensa nacional y de la seguridad interna.
En un régimen presidencial corresponde que la responsabilidad pertinente recaiga en el Primer Mandatario y, por lo tanto, que dicha Agencia esté bajo su dependencia.
Si ocurre alguna anomalía, por las delicadas tareas de un ente de ese tipo, entran a tallar todos los mecanismos democráticos de control existentes y los que la propia ley en proyecto contempla. En la iniciativa figura una Comisión Parlamentaria que tendrá una labor fundamental de seguimiento de la Agencia.
Con el mismo argumento de que habría una suerte de desconfianza respecto de la Agencia, sería necesario nombrar también a determinados Ministros, como el del Interior o el de Defensa, con acuerdo del Senado. Eso es propio de un régimen parlamentario, pero no de un régimen presidencial.
Creo, en consecuencia, que en los señores Senadores que han planteado esa idea hay un problema conceptual de fondo sobre cómo funcionan los regímenes presidencial y parlamentario, porque es la única manera de establecer las responsabilidades correspondientes.
No quisiera, como Senador, hacerme cargo el día de mañana de un nombramiento del Presidente de la República para una función que es de su competencia y no de la corresponsabilidad del Senado con el Ejecutivo .
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Voto a favor, con las misma prevención planteada por los Parlamentarios de Renovación Nacional.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , hago igual prevención que quienes me precedieron, y sólo quiero dejar constancia de mi pronunciamiento.
A pesar de estar en un régimen presidencial, el Banco Central es un órgano autónomo y en su composición participa de manera directa el Senado de la República, debido a que sus funciones inciden en materias económicas fundamentales para el país. Respecto al terrorismo y a la Agencia Nacional de Inteligencia ocurre exactamente lo mismo, porque este órgano actúa en asuntos extremadamente delicados, como los referidos por el Senador señor Prokurica .
La verdad es que nos habría gustado que quien dirigiera esta Agencia contara con un respaldo mucho más transversal.
Voto favorablemente.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , no sólo se trata de la inquietud ya manifestada.
Por ejemplo, el artículo 2º del proyecto -que define "inteligencia" como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones- debió agregarse la expresión "del Estado", porque de lo contrario queda abierto a otros entes no propiamente estatales.
Respecto de lo sostenido en la Sala, es efectivo que la Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo que asesora al Presidente de la República , pero también a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía del país y preservar el orden constitucional, y con la facultad de formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de objetivos nacionales. Es evidente que lo propuesto aquí no es una cuestión menor, pues se trata de actuaciones frente a todo un Estado, no sólo frente al Presidente de la República .
Entonces, recogiendo esas observaciones y entendiendo que en la actualidad existen servicios y acciones de inteligencia bajo la conducción del Primer Mandatario desde distintos organismos, me parece que esta norma implica una reformulación seria y profunda.
Por tal motivo, también me abstengo.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , con la prevención ya anunciada a propósito de la designación del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia , voto que sí.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , el Estado es la nación organizada y el poder político lo administra.
La "inteligencia" es una herramienta esencial para la administración del Estado, por lo que inevitablemente está al servicio de cada gobierno. Y los problemas que hoy día enfrentamos en el mundo son coyunturales, necesitan decisiones las 24 horas del día, los 365 días del año. Quien las adopta y las aplica interna y externamente es el responsable, y éste es el Presidente de la República .
Por lo tanto, desde el punto de vista de las responsabilidades y de las decisiones que deben adoptarse, está bien que él nombre al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia en forma directa y asuma aquéllas ante la nación.
Voto a favor.
El señor BOENINGER.-
Por lo que dijo el Senador señor Gazmuri , voto positivamente, sin prevenciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (38 votos contra 1, y 2 abstenciones).
Votaron a favor los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Martínez.
Se abstuvieron los señores Prokurica y Ríos.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminado el tiempo de Fácil Despacho.
VI. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia, con segundo informe de la Comisión de Constitución e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2118-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 18 de junio de 2003.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 11ª, en 9 de julio de 2003.
Constitución (segundo), sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
Hacienda, sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 15 de julio ; 27ª, en 26 de agosto de 2003(queda pendiente su discusión general); 28ª, en 26 de agosto de 2003 (se aprueba en general).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de dar la palabra al señor Secretario , solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Justicia , don Jaime Arellano.
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "suma".
La iniciativa en discusión fue aprobada en general en sesión de 26 de agosto del año pasado.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 60, que pasa a ser 89, y el 66, que pasa a ser 94. Estas disposiciones conservan el mismo texto aprobado en general y, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Las restantes constancias reglamentarias se consignan en el informe, al igual que las modificaciones -todas aprobadas unánimemente- introducidas por la Comisión de Constitución.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también acogió los artículos de su competencia por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García, Ominami y Páez), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución.
Cabe tener presente que las enmiendas acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir lo propuesto por la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas, lo que no ha ocurrido.
De las enmiendas acordadas unánimemente, los artículos permanentes 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 81, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, número 15), 129, 132 y 134, y los artículos transitorios primero, segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan las normas legales relacionadas con el proyecto; el texto aprobado en general por el Senado; las modificaciones que propone la Comisión de Constitución y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Como hasta este momento no se ha solicitado votación separada de ninguna proposición ni existen indicaciones renovadas, corresponde votar los artículos.
Pero antes de ello, ha pedido el uso de la palabra el Presidente de la Comisión, a quien se la voy a dar mientras se trata de asegurar el quórum de aprobación requerido.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , seré muy breve.
Como Su Señoría ha señalado, en vista de que los artículos fueron despachados por unanimidad y de que ningún señor Senador ha solicitado abrir debate sobre alguno de ellos, somos partidarios de que el proyecto se apruebe en su integridad.
Sin embargo, si la Sala lo estimara conveniente, en representación de la Comisión yo podría hacer una muy apretada síntesis, que no duraría más de dos o tres minutos, de algunos aspectos de la iniciativa, para que la Sala conozca los cambios sustanciales que se le introdujeron.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra durante ese tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , durante su discusión particular en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la normativa que crea los juzgados de familia fue objeto de diversos cambios, gracias a los cuales se ha llevado a cabo un perfeccionamiento importante de sus disposiciones.
Para ello contamos con el aporte de numerosos especialistas, del Gobierno y de la Corte Suprema, tanto a través de los informes que se nos hicieron llegar como mediante la recomendación que se nos planteó -cuando ya terminábamos el estudio- por medio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial en el sentido de ampliar los plazos previstos inicialmente para la puesta en marcha de la reforma en análisis.
Las modificaciones introducidas en el segundo informe mantienen la estructura central del proyecto de ley, que en términos generales consiste en crear juzgados especializados que aplicarán procedimientos orales y estarán dotados de competencia para conocer de todas las materias que puedan afectar a las familias, con la asesoría de un consejo técnico compuesto por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia.
Siguiendo el esquema organizativo de los tribunales creados por la reforma procesal penal, los juzgados de familia tendrán el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, integrados por entre uno y doce jueces, según la carga de trabajo esperada, y contarán con un administrador responsable de la gestión administrativa y financiera.
Asimismo, se mantiene la mediación como un sistema alternativo de resolución de conflictos familiares. Éste, a la ventaja de no ser confrontacional, suma el hecho de que contribuirá a evitar el recargo de causas judiciales, lo cual, de otra forma, inevitablemente continuaría produciéndose.
Sobre estas bases, los principales avances del segundo informe, en un trabajo conjunto con el Gobierno, que tiene la iniciativa exclusiva en la mayor parte de estos temas, consisten en aumentar el número de jueces de familia y en reforzar los juzgados de letras que asumirán competencia en la materia en los lugares donde no se crean los primeros.
En síntesis, de los actuales 51 jueces especializados en asuntos de menores, se pasará a 258 jueces especializados en materia de familia. O sea, un incremento neto de 207 magistrados. Y, armónicamente, de los actuales 97 jueces de letras con competencia en estos temas, su número se reducirá a 77.
Las labores de asesoría especializada al tribunal que cumplen hoy 270 asistentes sociales y sicólogos podrán ser desempeñadas también por otros profesionales del área de la familia e infancia, con la denominación de "miembros del consejo técnico", hasta enterar un total de 340 profesionales; es decir, 70 más.
Por otra parte, aquellas localidades donde estarán los 77 juzgados de letras con competencia en esta materia contarán con un refuerzo en su dotación, constituido por la presencia de al menos un miembro del consejo técnico y un oficial 3º. Incluso, en 16 de esos tribunales serán dos oficiales 3º los que apoyarán el trabajo administrativo en asuntos de familia, por recomendarlo así la carga laboral esperada.
Adicionalmente, para aliviar la tarea de esos juzgados de letras, incorporamos otro mecanismo, aprobado hace poco para los tribunales del crimen del anterior sistema procesal penal, cual es la facultad que se otorga a cada Corte de Apelaciones para designar jueces con dedicación exclusiva. De esta manera, conforme lo exija la realidad judicial de cada comuna o agrupación de comunas, el magistrado titular podrá concentrarse en la tramitación de determinadas causas y el secretario del juzgado lo reemplazará, como juez interino o suplente, en los restantes procesos.
Debo hacer presente que, aun así, es posible que no queden plenamente satisfechas las inquietudes de algunos señores Senadores relativas a la creación de juzgados de familia en determinadas comunas o al aumento del número previsto de jueces. La explicación que entregó el Ministerio de Justicia, basada en los estudios elaborados por la Universidad Católica de Valparaíso y revisados recientemente, es que las cifras que contempla el proyecto, que ya son superiores a las despachadas por la Cámara de Diputados, reflejarían la carga de trabajo que existiría a partir de 2005.
Por otro lado, se hicieron ajustes de importancia al sistema de mediación, destinados a reafirmar la voluntariedad de dicho proceso y a abrir mayores oportunidades para que se convenga en llevarlo a cabo.
En consecuencia, la Comisión que presido recomienda a la Sala aprobar la totalidad de las modificaciones que propone en su segundo informe.
Finalmente, quiero dejar constancia de que la creación de nuevos tribunales es una facultad exclusiva del Presidente de la República . Evidentemente, hubiese sido del gusto de la Comisión el establecimiento de más tribunales de familia. Pero es una materia en que, en definitiva, la decisión final la adopta el Gobierno.
Por lo tanto, hecha esa prevención -insisto-, la Comisión recomienda que se apruebe en particular el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le pareciera a la Sala, tomaríamos la votación...
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Deseo hacer una consulta.
Respecto del artículo 111, referido al requisito para ser mediador, recuerdo que en la discusión de la Sala...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Perdón, Su Señoría. No corresponde abrir debate, porque todos los artículos se aprobaron por unanimidad en la Comisión y ningún Senador pidió votación separada. En consecuencia, el proyecto debe someterse a votación.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , no voy a solicitar votación separada.
En el informe no queda establecido el criterio según el cual se aprobó esa norma. Y, tratándose del documento final, me parece importante que quede explicitado.
Ese criterio apuntaba básicamente a que los mediadores debían cumplir con el requisito de la educación superior o reconocida por el Estado, incluyendo a organismos de iglesia u otras instituciones que, no siendo universidades, tenían reconocimiento del Estado para las funciones que estaban desempeñando. Pero como el mencionado artículo habla de institución "de educación superior del Estado o reconocida por el Estado" no queda claro si se hace referencia sólo a universidades o no.
Mi intención es que en la historia de la ley quede constancia de que el sentido de la expresión "reconocida por el Estado" abarca la totalidad de los organismos -religiosos y otros- que existen y que trabajan en mediación familiar. Esto es algo muy relevante y trascendente.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En nuestro ordenamiento jurídico, esas expresiones se entienden en su acepción general, de manera que no debería haber problemas en la materia.
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
--(Durante el fundamento de voto).
El señor MORENO .-
Señor Presidente , en primer término, quiero destacar que estamos ante un compromiso que el Ejecutivo contrajo con el Senado cuando se discutían las modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil. Y esto, que originó un debate en la Comisión de Constitución y posteriormente en la Sala, y que captó bastante atención tanto del Senado como de la opinión pública, llevó a que el Gobierno, a través del Ministro de Justicia , se comprometiera a acelerar la tramitación de este proyecto
Deseo expresar mi reconocimiento, porque ese compromiso se ha cumplido.
Creo que los tribunales de familia son un importante complemento de la Ley de Matrimonio Civil, que entrará en vigencia a mediados de noviembre. Por consiguiente, aun considerando un desfase en su instalación, estimo que serán mecanismos que aliviarán a mucha gente, sobre todo a quienes no tienen la posibilidad de recurrir a asistencia jurídica de mayor envergadura para resolver problemas de tal naturaleza.
Finalmente, quiero dejar constancia de mi reconocimiento porque, de los once jueces originalmente contemplados para la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, el Ejecutivo accedió a aumentarlos a trece. En consecuencia, se alivia la situación.
Por esas razones, votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , deseo destacar, al momento de fundar mi pronunciamiento, la trascendencia de la iniciativa que nos ocupa.
Como dijo el Honorable señor Moreno , se trata de un compromiso que habíamos asumido al aprobar la nueva Ley de Matrimonio Civil. Pero el articulado en debate es, a mi juicio, de tanta trascendencia como la reforma procesal penal, pues se quintuplica el número de jueces de menores y se establece todo un procedimiento ágil para los efectos de resolver las cuestiones de familia, esto es, no sólo las propias de la relación de pareja, sino también las de alimentos y demás, que son las que más afectan, normalmente, incluso a los sectores de más bajos ingresos. Asimismo, se proporciona asistencia jurídica.
El procedimiento se transforma en uno de dos audiencias: la referente a la preparación del proceso y la atinente a la resolución del asunto.
También, se dota a los tribunales de familia del consejo técnico de especialistas, de acuerdo con la clarificación que pedía el Honorable señor Ríos . Por supuesto, actúan mediadores de nivel profesional.
Quiero subrayar el trabajo realizado por la Comisión junto con el Gobierno y el Poder Judicial , habiendo contribuido los dos últimos con buena voluntad y apertura para recoger las observaciones que formulamos. En efecto, cuando se dejó un tribunal de letras con jurisdicción sobre las cuestiones de menores, el Gobierno aceptó de inmediato el reforzamiento de personal necesario.
Es decir, aquí se manifiesta una voluntad de efectuar una reforma profunda que beneficiará al país y a muchas familias, las cuales hoy incluso creen poco en la justicia, porque, normalmente, en este tipo de judicatura el cumplimiento de obligaciones familiares muchas veces no ocurre.
Cabe hacer hincapié en que estos tribunales son interdisciplinarios.
Creo que el Senado, al aprobar el proyecto, acoge una de las normativas de mayor trascendencia y profundidad no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también social. Por eso, concurro a esta votación con mucha convicción de que lo que estamos haciendo representa un gran avance en lo referente a la familia y a la justicia respecto de ella.
En consecuencia, votaré que sí.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , manifiesto asimismo mi satisfacción por la aprobación de este proyecto -compromiso adquirido por todos cuando despachamos la nueva Ley de Matrimonio Civil-, en el sentido de que era absolutamente indispensable contar igualmente con la legislación sobre tribunales de familia, lo que ahora se está concretando.
Esto implica, por supuesto, una ingente inversión que el Gobierno realiza en el ámbito judicial, lo que significará más de 22 mil 300 millones de pesos de gasto en remuneraciones y sobre 14 mil millones de pesos en gasto operacional. Ello arroja una cifra superior a 36 mil millones de pesos de nuevo gasto anual sólo por concepto de los tribunales de familia.
En 1990, el presupuesto completo del Poder Judicial no era más de 25 mil millones de pesos, y hoy día sólo en dichos tribunales se está invirtiendo la cantidad ya mencionada, que todos aprobamos con agrado, pues sabemos lo que la medida significa para las familias que enfrentan dificultades como las que se consideran.
No obstante lo anterior, dejo establecida mi preocupación porque en la comuna de San Carlos no se creó ningún tribunal de familia. En el área que abarca, aparte la recién citada, las comunas de San Fabián de Alico -que está muy distante-, de Ñiquén y de San Nicolás existe una población de alrededor de 80 mil personas, lo que lo justificaba plenamente, ya que en San Carlos se registran mil 114 causas. En cambio, en Chillán se establecen cuatro juzgados de familia, al igual que en Los Ángeles.
Tengo la esperanza de que en el futuro, cuando se observe el movimiento en cada uno de esos juzgados, pueda efectuarse una readecuación y hacer justicia a los habitantes del área de San Carlos, que quedaron desprovistos de un tribunal de menores.
Votaré favorablemente.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , me sumo a las expectativas que se generan en el país respecto de estos nuevos tribunales, pues creo que son muy importantes, tienen sentido de futuro y ayudarán al final -espero- a reforzar la familia, que es lo relevante.
Sin perjuicio de lo anterior, por lo menos quiero dejar constancia de que con las asistentes sociales se suscitó un problema, resuelto parcialmente -confío en que más adelante podamos solucionarlo en su totalidad-, y que se planteó en algunas Regiones, como la Séptima (según entiendo) y la Novena, en particular. En efecto, las profesionales consideradas son menos que las de los tribunales reemplazados; de modo que la situación era compleja. La solución que se buscó -y agradezco el esfuerzo de la Comisión y el Ministerio al respecto- es parcial, repito, en el sentido de que ellas trabajan particularmente dentro de la Región, no asignadas a la comuna, y, como contraprestación, se abre la posibilidad de entrar en la planta. Se trata de una fórmula no ideal que genera problemas y cierta sensación de inseguridad en relación con personas muy relevantes para los cargos en que se deben desempeñar.
La cuestión, al final, es resorte de la autoridad, quien dio un paso hacia el objetivo perseguido; pero, asimismo, habrían sido deseables otros. Esperamos que pueda hacerlo en el futuro, mas ello no obsta a dejar constancia de tal preocupación.
Ojalá se pueda resolver el problema de mejor manera, sin perjuicio de reiterar que el Ministerio de Justicia ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante una legislación que, de cierta forma, se había entrampado y que es muy importante que entre en funcionamiento el próximo año. Considero que se realiza un avance de carácter histórico, aunque espero que en esta historia no haya pequeñas víctimas.
Votaré a favor.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , en una conversación sostenida con técnicos de mi Partido me pidieron destacar que, prácticamente, todo el derecho de familia se ha modernizado, pero que, así como se presenta, esta reforma no rinde todos sus frutos, porque los asuntos que abarca se encuentran diseminados por los tribunales del país.
Algunos de ellos los ven los juzgados de menores, existentes sólo en ciertos lugares y totalmente sobrepasados, donde funcionan, por el número de causas.
La violencia intrafamiliar, a su vez, está radicada en los juzgados civiles, los menos adecuados para el tema. Y lo peor es que muchas veces los afectados deben deambular por los tribunales en busca de alguno de ellos que atienda su dificultad. Si son varias, deben recurrir a más de uno; y cabe la posibilidad, además, de la dictación de sentencias contradictorias. Uno se ocupa en los alimentos; otro, en la tuición; aquel, en la violencia intrafamiliar; el de más allá, en la separación de bienes, etcétera.
Por ello, esta legislación modernizadora no surte todos los efectos de mejoramiento de nuestra organización familiar y de justicia adecuada. En tal virtud, se ha ideado concentrar todos los problemas de una familia en un tribunal especializado que los atienda con la presteza que exigen, y que lo haga de una sola vez y para siempre, no por cuentagotas, como ocurre en la actualidad.
Así, una pareja que enfrente hoy algún conflicto sufre la carencia referida. A ello apunta el proyecto a que estamos abocados.
Y no se trata sólo de eso. Porque el Gobierno sigue con su tarea de modernización, y se anuncia una reforma a fondo de la insuficiente justicia laboral.
Es algo que obedece a una organización administrativa moderna. Nuestro sistema de tribunales viene casi de la Colonia, con una serie de parches que a veces convierten la administración de justicia en un verdadero laberinto, en el que pueden entramparse los mejores propósitos.
La organización de los nuevos tribunales de familia es nueva y ágil. No más un secretario abogado dedicado a hacer cheques y custodiar documentos. No más jueces convertidos en jefes administrativos, con gran pérdida de tiempo y energía.
Habrá tribunales con varios jueces y un mismo personal administrativo de respaldo, y también funcionarios técnicos en asistencia social, psicológica y otras que se necesiten. De manera que el magistrado no resolverá abrumado por el trabajo, sino bien asesorado y apoyado por profesionales especializados.
La figura del administrador libera al juez de cargas administrativas absurdas, al igual que a un abogado, como el secretario, para tareas judiciales y no burocráticas, todo lo cual permite procedimientos modernos de conciliación, mediación y solución de conflictos.
La problemática familiar entera se resuelve en un solo procedimiento, concentrado, especializado y rápido.
Mientras los tribunales de familia no existan, el esfuerzo íntegro hecho por el Gobierno y el Parlamento para modernizar la justicia no rendirá sus frutos.
Sólo me cabe felicitar al Presidente de la República y a los Ministros de Justicia y de Hacienda por concretar, al fin, una aspiración tan sentida por la ciudadanía: una justicia de familia única, rápida y completa.
Anuncio mi voto favorable.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En votación electrónica todas las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz, Sabag, Vega y Zaldívar (don Andrés).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por tratarse de una gran iniciativa legal, felicito no sólo a sus autores en el Gobierno, sino también a la Comisión de Constitución, que hizo un muy buen trabajo para perfeccionar el texto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , solamente deseo agradecer a la Corporación y al Congreso todo el tiempo, el esfuerzo y la capacidad invertidos en un proyecto que pasa a ser un nuevo hito histórico dentro los cambios que se están llevando a cabo en la justicia. La normativa mejora el clima de insatisfacción ciudadana al respecto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PÉREZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , seré muy breve.
Agradezco, también, el trabajo realizado durante bastante tiempo y dejo constancia de que el proyecto ratifica y afianza una tremenda voluntad que, como Estado, hemos venido planteando desde hace muchos años para fortalecer a la familia y permitir que los derechos de las personas, en especial los de las mujeres en ella, se ejerzan efectivamente.
La iniciativa que se acaba de aprobar y las demás reformas legislativas sobre la familia que hemos propuesto en los últimos años son una expresión de esa voluntad política del Gobierno. El articulado considera un tratamiento especial para los miles y miles de personas, particularmente mujeres, que todavía sufren, de manera insostenible e inaceptable, la violencia intrafamiliar. En efecto, aquí se recoge la necesidad de un trato especializado en tales situaciones.
Señor Presidente , con este esfuerzo, ratificado hoy por el Senado, más el que queda por hacer respecto de la reforma a la Ley de Violencia Intrafamiliar -pronto agilizaremos su tramitación en la Comisión de Constitución-, esperamos que en muy breve plazo podremos decir que el Estado es capaz de dar una respuesta eficaz y eficiente al problema de la violencia intrafamiliar.
Por el derecho y la felicidad de las familias chilenas, congratulaciones.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Gracias a usted, señora Ministra, por sus conceptos. Y esperaremos ese proyecto.
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El señor CANTERO.-
Señor Presidente , a petición del señor Ministro del Interior , solicito recabar autorización para que la Comisión de Gobierno pueda funcionar paralelamente con la Sala, a fin de despachar un proyecto, muy corto, relativo al Fondo Común Municipal.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre evaluación docente, con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3404-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 22 de junio de 2004.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
Hacienda, sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En sesión de 23 de junio del presente año, la Sala autorizó a la Comisión de Educación para discutir el proyecto en general y en particular a la vez en su primer informe, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1.- Mejorar la calidad de la educación y, particularmente, optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se localizan en las aulas.
2.- Reconocer que la elevación de la calidad se sustenta en la condición profesional de los docentes, en su desempeño profesional y en su relación con el conocimiento y los alumnos.
La Comisión aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus integrantes (Honorable señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega).
En cuanto a la discusión en particular, el órgano técnico efectuó una sola modificación al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, específicamente a la letra a) del artículo 1º, eliminando el nivel de aprendizaje de los alumnos como elemento por considerar en la evaluación del desempeño profesional de los docentes. Esta enmienda se acordó también por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de todos los artículos del proyecto y los aprobó, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García, Ominami y Páez), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Educación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Solicito la autorización del Senado para que ingrese a la Sala el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, señor Rodrigo González.
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , como lo consignó el señor Secretario , la Sala acordó que el proyecto se discutiera en general y en particular en el órgano técnico, a fin de darle una tramitación más expedita.
La idea de legislar fue aprobada en forma bastante amplia en la Cámara de Diputados: 97 votos a favor, una abstención y ningún pronunciamiento en contra.
El propósito de la iniciativa ¿según se deduce de los términos en que fue presentada- es insertar este proceso en una política destinada a optimizar y fortalecer la profesionalización de la función docente y, a través de ello, lograr no sólo mejorar la calidad, sino también aumentar progresivamente las remuneraciones, establecer incentivos de desempeño colectivo y valorar y premiar la excelencia de los docentes de aula.
Sin embargo, todos tenemos conciencia del estancamiento o del lento y desigual crecimiento en los resultados del aprendizaje escolar, lo que hace recomendable buscar mecanismos que intensifiquen los esfuerzos al interior de las aulas.
La educación municipalizada se rige por el Estatuto Docente. Pero, pese a que éste tiene normas sobre evaluación profesional, se mantuvo a los profesores del sector con el mecanismo de calificaciones de los funcionarios públicos. Quienes tenemos alguna experiencia en organismos públicos sabemos que ese último procedimiento es tremendamente engorroso y muy tensional de las relaciones internas. Además, normalmente no refleja la capacidad real de cada persona.
De allí que el Gobierno sostuvo conversaciones con el Colegio de Profesores y con la Asociación Chilena de Municipalidades, con el objeto de diseñar un sistema de calificaciones distinto del que se aplica al personal regido por el Estatuto Administrativo.
En un largo proceso, el Colegio de la Orden efectuó un plebiscito nacional sobre la materia. Se enfrentaron situaciones que, en algunos casos, no eran de fácil solución, ya que un sector del profesorado se resiste a cambiar el mecanismo. En ese plebiscito se aprobó, básicamente, la idea de incorporar lo propuesto en este proyecto de ley.
El texto que nos ocupa ¿para explicarlo en términos muy directos- establece un mecanismo de evaluación docente, que el año pasado se aplicó, en forma experimental, a más o menos 3 mil a 3 mil 500 profesores. La meta para 2004 es llegar a 14 mil.
El sistema opera sobre la base de la preparación de un "portafolio". Una persona ajena a la comuna y al plantel donde la profesora o profesor imparte la enseñanza recibe varios elementos: el video de una clase, elegida por el propio docente, destinado a juzgar cómo desempeña sus funciones; el informe del director del establecimiento; la autoevaluación del interesado. Con este material, la persona mencionada efectúa la primera calificación.
En seguida, el portafolio se envía al establecimiento donde labora el docente. Y ahí comienza la segunda etapa del proceso: la entrevista de un evaluador par y el funcionamiento de una comisión comunal. Ésta la constituyen los evaluadores pares, quienes analizan los resultados del portafolio, el informe del director, la autoevaluación y la entrevista realizada.
Según los antecedentes entregados por el Ministerio de Educación, la evaluación experimental efectuada el año pasado mostró una relativa distribución, una aparente curva de Gauss, en los cuatro rangos de calificación de los profesores: los de la mejor categoría llegaron a 10-12 por ciento, y los de la menos satisfactoria, a alrededor de 9 por ciento. El resto se ubicó en las categorías intermedias.
Por lo tanto, el mecanismo probado experimentalmente muestra que cuenta, ante todo, con aceptabilidad tanto de los docentes como de los organismos gremiales que los representan, y constituye un paso tendiente a mejorar la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos municipalizados.
Ahora bien, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, con una votación tan abrumadora como la que aquí se señaló, introdujo en la Sala -no en la Comisión- una enmienda que fue aprobada por 49 votos contra 46 y una abstención. Sin embargo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado detectó que esa modificación cambiaba las bases del acuerdo suscrito entre el Colegio de Profesores, el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Por qué? Porque agregaba como criterio de evaluación el concepto de medir también el rendimiento de los docentes sobre la base del nivel de aprendizaje de los alumnos. Ese elemento, que teóricamente alguien podría estimar conveniente, en el fondo ¿quizá los autores de la indicación no lo pensaron así- creaba dentro del sistema un factor de discriminación.
Eso significaba un retroceso muy difícil de aceptar, ya que el profesor que va a ser evaluado según el grado de rendimiento de los escolares tenderá a excluir de su curso, en la medida de sus posibilidades, a aquellos con dislexia, dificultad de aprendizaje, retraso, excesiva motilidad, etcétera, con lo cual se produciría una segregación. Y eso, sin considerar los casos especiales de personas con impedimentos físicos y que requieran atención especializada.
Dicha norma, repito, desconocía el acuerdo con el Colegio de Profesores, cuyos representantes, con toda razón, nos señalaron en la Comisión que eso alteraba el mecanismo concordado.
Por eso, el referido órgano técnico, por unanimidad, formuló y aprobó la indicación pertinente. Y el texto que se propone a la Sala -acogido unánimemente tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda- incorpora esa rectificación. Por lo tanto, si la Sala le da su aprobación esta tarde, en la eventualidad de que la Cámara Baja insistiese en su criterio deberá formarse una Comisión Mixta.
Espero que esa insistencia no se concrete, porque las opiniones dadas al respecto tienen un peso suficiente como para que el texto sea acogido en los términos planteados.
Por las razones anteriores, solicito a la Sala darle su aprobación.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , como lo expuesto por el señor Presidente de la Comisión ha sido suficientemente claro, estimo que la iniciativa no amerita una lata discusión.
Sólo quiero precisar tres aspectos.
Primero, el que haya habido un acuerdo con el Colegio de Profesores garantiza la aceptación del sistema entre las personas afectadas.
Eso es importante en una democracia, sin perjuicio de lo que pueda hacer el Parlamento como sede donde se discuten las leyes.
Segundo, las modificaciones introducidas en la Comisión van en la línea de mantener la respetabilidad del profesor.
Si bien algunos pensamos que los resultados, mirados desde la perspectiva del aprendizaje de los alumnos, merecen tomarse en cuenta, no creemos que deban ser objeto de medición. La filmación de clases también suscitó un debate bastante fuerte. Sin embargo, en definitiva, los dos cambios que se hicieron mejoran el texto.
Tercero, el número de proyectos relativos a la educación que el Congreso ha estado aprobando es significativo.
Lo que importa ahora es que esas normativas, que comprenden desde la enseñanza parvularia ¿tema que, a mi juicio, no está resuelto en forma adecuada, y el señor Ministro me perdonará que insista hasta la majadería en la posibilidad de dictar una ley para hacerla obligatoria- hasta la aprobada en general esta mañana, sobre acreditación de las universidades, forman un todo que deberíamos ir consolidando para saber hacia dónde llevamos la educación. Porque de repente nos entusiasmamos mucho con una ley determinada; pero si no la ponemos en el contexto general, no nos sirve.
Todo esto va en la línea de dignificar la profesión, la enseñanza y la equidad, y de lograr de algún modo que los alumnos aprendan, no sólo en virtud de sus habilidades personales, sino también, esencialmente, por la capacidad del sistema de permitirles un aprendizaje más fácil.
Hay otros aspectos que ya hemos discutido en oportunidades anteriores, pero a los cuales todavía no nos hemos abocado en profundidad: la aptitud de los jóvenes para estudiar; la focalización de nuestros esfuerzos, sobre todo desde el último trimestre del embarazo hasta los primeros 5 ó 6 años de vida, que son fundamentales, porque durante ellos se puede influir sobre la capacidad cognoscitiva de los niños.
En esa línea, éste es un buen proyecto y vale la pena aprobarlo en los términos propuestos por la Comisión de Educación.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , deseo expresar mi pleno respaldo a la iniciativa y señalar que éste es un paso muy importante, porque implica, ahora de manera formal y legal, romper con un pasado de rechazo al concepto de que la actuación docente debe ser objeto de evaluación.
Creo que éste es un paso indispensable, porque, en verdad, el sistema de calificaciones a que se aludió -si no me equivoco, con motivo del informe presentado hace un rato- nunca ha funcionado. En el sector público, fundamentalmente, terminó convirtiéndose en un tema de relaciones humanas: a la jefatura que calificaba mal a algún funcionario se la ponía en entredicho con la respetiva asociación. Al final, no tenía efectividad.
Por otra parte, esto implica una ruptura con el pasado, por cuanto es la primera vez que el Colegio de Profesores -que aún tiene incidencias internas en la materia- y la directiva mayoritaria oficial han aceptado una forma de evaluación. Ello constituye un primer paso, pero que debe complementarse con aspectos adicionales; si bien el elemento de ruptura que contiene la iniciativa hace que sea extremadamente importante.
Como observación general, hago presente que, en realidad -al igual que lo manifestó recién el Senador señor Ruiz-Esquide -, los asuntos relacionados con la educación y su evaluación están íntimamente vinculados, porque, en su conjunto, generan la posibilidad de una mayor igualdad en la calidad de la enseñanza. Ésa es una condición absolutamente indispensable tanto para el crecimiento de la productividad y competitividad del país como para una política de equidad social que consulte la igualdad de oportunidades. Y, en ese sentido, el proyecto también significa un paso muy importante.
Sobre el particular, deseo aludir de manera específica a un aspecto relacionado con lo anterior. Estimo que sería muy relevante que el reglamento indicara las formas de selección y de nombramiento, los requisitos, las obligaciones, etcétera, a que estarán sujetos los pares evaluadores. Porque a nadie escapa el hecho de que existe naturalmente el riesgo de que quienes evalúen sean de alguna manera presionados o capturados por criterios corporativos de defensa gremial. En consecuencia, en un caso extremo, eso podría debilitar o anular el ejercicio de evaluación.
Dentro de esa misma línea, considero que hay cierta timidez en este primer paso, ya que existen tres evaluaciones sucesivas. No cuesta mucho imaginar que, en la tercera, el docente que aparezca como francamente deficiente será colocado en la categoría mínima necesaria para permitirle sobrevivir. Ello, además, forma parte de una normal defensa de intereses.
Ésos son elementos que habría que ver en el camino.
Otra observación que deseo formular apunta a lo siguiente.
Según se ha señalado, el haber tomado en cuenta el rendimiento de los estudiantes -lo cual aparece como atractivo- presenta serios inconvenientes.
Primero está el problema de rendimiento de los educandos, lo que se relaciona con las diferencias en su entorno cultural. Los pertenecientes a un medio social más desfavorable estarán en inferioridad de condiciones para la evaluación por parte de sus profesores que los que tengan la suerte de vivir en un ambiente más acomodado.
Cabe mencionar, asimismo, lo relativo a sus capacidades y discapacidades, que también son muy diferentes, y a las tentaciones del profesor, que son varias: una es discriminar y tratar de marginar de alguna manera a quienes tienen mal rendimiento; y otra, la opacidad generada en la colocación de notas.
Una última observación apunta a que, más que evaluarse el rendimiento de los estudiantes, debería ponderarse el resultado obtenido por los establecimientos en años anteriores. Esta idea se la di a conocer al señor Ministro . Pareciera que se está implementando en alguna medida y que el Ejecutivo pretende reforzarla, según entiendo. Porque la evaluación de un recinto estudiantil donde los factores diferenciadores del entorno cultural se mantienen constantes da una pauta sobre cómo ha funcionado.
Esa ponderación colectiva sobre el establecimiento, "in toto", frente a una evaluación sistemáticamente negativa en años sucesivos determinará que los padres, apoderados, autoridades y los propios profesores se pregunten qué pasa y quién o quiénes son los responsables del hecho. En mi opinión, ése es un enorme incentivo para que el concepto de evaluación individual se acepte, en algún instante, en forma más plena y de manera más exigente que la que hoy somos capaces de aprobar.
Por último, debo decir que coincido en que ahora no sería posible acoger algo que vaya más allá de lo planteado.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , deseo comenzar mi intervención felicitando al Ministerio de Educación.
Ésta es una materia -lo conversé mucho con varios docentes- que estaba en el área rara de la Administración del Estado. Nada es más raro que funcionarios públicos no puedan ser evaluados y que entidades gremiales manden a organismos de la institucionalidad.
Muchos personeros del Ministerio de Educación no tuvieron la posibilidad o la capacidad de resolver el problema. Lo estamos solucionando ahora y por eso he querido expresar mis felicitaciones y dar gracias en nombre de los niños de Chile.
Según el informe, ha pasado una década sin evaluaciones. Pero hoy día se inicia la etapa final, respecto de la cual, con seguridad, los técnicos que han participado en la Comisión de Educación tienen una respuesta más adecuada para mis interrogantes.
El artículo 1º del proyecto señala: "Los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño insatisfactorio, deberán someterse a una nueva evaluación al año siguiente conforme a los planes de superación profesional que determine el reglamento.". Sin embargo, me parece que esto resulta un poco "light" -como se dice actualmente-, porque los problemas de insatisfacción pueden ser muy graves o menos graves.
Quienes impartíamos clases -en mi caso, como profesor de Filosofía en un liceo- éramos evaluados. Si la ponderación contenía elementos que podían ser resueltos durante las semanas o meses siguientes conforme a actitudes o situaciones diversas, el docente permanecía en el establecimiento por un año más. Pero si la evaluación deja de manifiesto que los alumnos finalmente no han captado en lo mínimo las materias propias de la docencia o del ramo que se les está entregando -lo que es gravísimo-, no debe esperarse un año para resolver el problema.
En consecuencia, por respeto a esos niños, a sus padres y al propio país, se debe proceder lo más rápido posible.
La verdad es que el hecho de que la iniciativa señale en una de sus normas que si existe un desempeño insatisfactorio los profesionales "deberán someterse a una nueva evaluación al año siguiente conforme a los planes de superación profesional que determine el reglamento" representa, a mi juicio, una debilidad dentro de las virtudes que tiene el proyecto.
Para la segunda evaluación debe esperarse un año, a pesar de que en la primera haya habido claras y evidentes muestras de insatisfacción docente, personal y psíquica por parte del maestro. Expresa la disposición: "Si en la segunda evaluación el resultado es nuevamente insatisfactorio, el docente dejará la responsabilidad de curso" -vale decir, cuando ya ha transcurrido bastante tiempo- "para trabajar durante el año en su plan de superación profesional¿". Sin embargo, puede tratarse de planes de superación psíquica, familiar o económica, por cuanto muchas cosas influyen en el actuar de un profesor al interior del aula.
La norma complementa lo anterior señalando que "el docente dejará la responsabilidad del curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en el aula.".
Destaco esto porque puede ocurrir de pronto -y así será- que más de la mitad de los docentes de un establecimiento obtenga una evaluación insatisfactoria, como se ha observado. En efecto, en una comuna de mi provincia -no la nombraré para no herir al señor alcalde ni a los señores concejales- los estudiantes no lograron puntaje alguno en la última Prueba de Selección Universitaria. Todos sacaron menos de 450 puntos.
Entonces, seguramente el 80 por ciento de esos profesores va a tener una evaluación insatisfactoria. Sin embargo, hay que esperar un año más. O sea, otra generación de jóvenes sin poder ingresar a la universidad. Aún más, si la segunda evaluación es también insatisfactoria, la Municipalidad de Quilleco ¿ya dije el nombre- se verá en la obligación de asumir la carga de esos docentes.
Ésa es la fórmula que se ha buscado. Me imagino que la Comisión de Educación la analizó muy profundamente, pero a mí no me gusta.
La norma prosigue: "Si el desempeño en un nivel insatisfactorio se mantuviera en la tercera evaluación anual consecutiva, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la dotación docente.". En lo personal, concuerdo con la necesidad de dar apoyo a ese profesional, pero el tiempo que se concede para el término de sus funciones parece excesivo.
Segundo punto.
El proyecto establece que "La evaluación estará a cargo de evaluadores, pares, es decir, profesores de aula que se desempeñen en el mismo nivel escolar, sector del currículo y modalidad del docente evaluado, aunque en distintos establecimientos educacionales que los docentes evaluados.". No sé qué tanta autonomía o independencia puedan tener estos docentes para resolver el destino y la vida laboral de colegas, algunos de los cuales pueden ser compañeros de curso, cuñados, parientes, miembros de una misma colectividad o club deportivo. Hay, sin duda, compromisos; eso lo sabemos. Éstos son mayores en las comunidades pequeñas y, quizás, de menor nivel en las ciudades más grandes. En todo caso, es evidente que en el 70 por ciento del país, en que la geografía termina uniendo a la gente por sus soledades y distancias, la independencia y autonomía para resolver evaluaciones no van a ser muy claras. Así lo siento.
Aquí surge un tema que hemos conversado en alguna oportunidad. La Constitución, en el artículo 19, número 10º, inciso final, establece que es deber de la comunidad colaborar con el perfeccionamiento de la educación de su comuna. Lo repito: es un deber de la comunidad. Ésta es la única norma constitucional que obliga a la comunidad, pues otras establecen tal exigencia a organismos, Poderes del Estado, etcétera.
Entonces, está bien que los evaluadores sean docentes, pero no parece lógico marginar a lo que he denominado "consejo superior de educación", donde deben estar los hombres y mujeres inteligentes de las comunas colaborando con el futuro de estos niños, que se encuentran bajo el alero de escuelas y liceos municipales, y resolviendo los asuntos propios del crecimiento, de la ciencia y la tecnología que deben impartirse para desarrollarse mejor en la cultura.
¿Qué quiero decir, en último término? Que voy a votar favorablemente el proyecto, por considerarlo un paso muy importante -aprovecho de felicitar al Ministerio de Educación por este avance-, pero con un tremendo signo de interrogación sobre mi cabeza. En efecto, pienso que el proceso de dos o tres años puede resultar muy largo para resolver el destino de una persona mal evaluada y, asimismo, que la modalidad de evaluación, con profesores que pertenecen al mismo nivel del evaluado, probablemente no va a garantizar las independencias que se requieren.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , he escuchado decir a un Honorable colega que con esta iniciativa se da un paso muy importante. Yo creo que es así. La diferencia está en que, en mi opinión, son varios los pasos, no sólo uno.
El proyecto tiene una relevancia y una trascendencia de primer nivel, porque ni todos los computadores que se entreguen en una unidad educacional, ni todas las bibliotecas, ni todos los materiales audiovisuales van a poder elevar la calidad del sistema de enseñanza si el conductor, el líder del proceso, no recibe una capacitación adecuada y no alcanza cierta excelencia.
Lo digo con mucho respeto: a lo mejor los resultados no han sido todo lo que hubiéramos querido en relación al inmenso porcentaje de recursos que el Estado ha entregado durante los últimos doce o catorce años. Hay aquí, a mi juicio, una deficiencia que los propios profesores desean corregir. En caso contrario, mediante un plebiscito nacional, ellos no habrían aceptado el sistema de evaluación que estamos concretando en el proyecto de ley que nos ocupa.
Por tanto, insisto: se trata de un gran paso.
Quiero destacar, como lo hizo también otro Honorable colega, que reviste gran importancia, sobre todo en una materia como ésta, el que exista un acuerdo entre el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades -que tiene bastante que decir en nuestro proceso educacional- y el Colegio de Profesores. Felicito por ello al señor Ministro de Educación . Creo que su formación como Senador y la experiencia que adquirió durante los ocho años en que desempeñó tal cargo le han permitido ser un buen articulador de consensos. Lo digo a pesar de que en el caso concreto de la evaluación de los docentes el acuerdo alcanzado no sea el que muchos querríamos. De todas maneras, es necesario destacar la acción que han efectuado el señor Ministro y sus asesores en este sentido.
También conviene subrayar que el Colegio de Profesores de Chile es, según entiendo, el único en América Latina que ha aceptado ser calificado. Y eso es significativo.
Ahora, frente a algunas aprensiones con respecto al proceso de evaluación, debemos tener tranquilidad. Pocas veces había visto un sistema tan reglado: casi al milímetro. Por ello, podemos estar ciertos de que asegura la idoneidad en un proceso tan delicado como éste. De esa manera, se va a evitar que haya otras intenciones, las que sin duda, de acuerdo con las distintas experiencias, se observan en otros casos. Pero, en cuanto a los docentes, se han tomado, en la mejor forma posible, todas las providencias necesarias.
¿Por qué es trascendente esta evaluación de los profesores? Ellos han entendido que están obligados a aceptarla, en buena medida, porque en estos años hemos logrado conseguir transparencia en la concursabilidad de los diferentes cargos. Y lo mismo ocurre con el acceso de los docentes a pasantías y postítulos. En la actualidad, es común encontrar a maestros de diferentes partes del país que realizan cursos vespertinos, especialmente en temas como la administración escolar, etcétera. Con esto quiero decir que la docencia está "tirando hacia arriba". Y hoy dimos una clara demostración de ello en el Senado cuando, al debatir el proyecto que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, concordamos en que precisamente la docencia es una de las carreras que deberán someterse a la acreditación. Y existe una razón de fondo: así como la medicina tiene que ver con la vida, la docencia está relacionada con la formación integral del ser humano.
En lo personal, no puedo dejar de expresar mi alegría por esta conclusión legislativa, que va a poner a los profesores, incluso por propia decisión, en la vitrina de la evaluación.
Hay, sí, un punto que será necesario aclarar en el reglamento o en otro texto legal. Porque alguien me preguntaba qué sucede con el profesor que es evaluado mal por tercera vez. Según la iniciativa en debate, debe abandonar la unidad educacional donde está trabajando. Y, en verdad, no lo tuvimos muy en cuenta cuando discutimos el proyecto en la Comisión. Porque uno podría entender que ese maestro sale del sistema, que no puede seguir desempeñándose en la docencia. Pero no es así. Al parecer, nos quedó un vacío en la normativa en análisis. De hecho, ese profesor no queda inhabilitado para ingresar al sistema en otra comuna. Si es mal evaluado -por citar un caso cualquiera- en Pitrufquén, como no hay una hoja de vida que lo siga, puede postular, por ejemplo, en la ciudad de Temuco sin problema alguno. El alcalde, si lo estima pertinente, podrá solicitar un informe a la unidad educacional donde anteriormente se desempeñó el profesional; pero ello no es obligatorio. De tal manera que, como dice la canción, "por el camino se arregla la carga". Y allí iremos viendo si el vacío perjudica la intención de una evaluación que impida que los profesores que ya no tienen interés, o están cansados, o no quieren seguir en el sistema puedan desempeñarse por dos o tres años más en otra comuna, creándole el problema a un contingente de jóvenes.
Señor Presidente , anuncio desde ya que votaré favorablemente la iniciativa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Senador señor Ominami había solicitado el uso de la palabra; pero en este momento no se encuentra en la Sala.
El señor MORENO.-
¡Votemos, señor Presidente!
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , deseo formular una consulta al señor Presidente de la Comisión de Educación .
El artículo 4º del proyecto se refiere al financiamiento de los pagos que las municipalidades deben hacer a los evaluadores pares y señala que el monto para esos efectos será de 24 mil 480 pesos por profesional de la educación. Me llama la atención el hecho de que se fije dicha cifra, por cuanto a continuación la norma expresa que "En la Ley de Presupuestos de cada año se establecerá el número máximo de profesores a ser evaluado.". ¿Qué pasa con esa cantidad? ¿Cómo se va a reajustar? ¿Cuál ha sido su estimación?
Ésa es la consulta, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , no tengo la respuesta precisa. Pero el cálculo se hizo sobre la base de lo estimado para el año 2004. Por lo tanto, tendrá que aplicarse un reajuste de acuerdo con el IPC, en los términos que se han indicado.
Ahora, la Dirección de Presupuestos, por intermedio del Ministerio de Hacienda, entregará los recursos a las municipalidades con el objeto de pagar a los profesores que van a ser los pares evaluadores -el monto está consignado en el informe-; y si se produce un aumento de la inflación, tendrá que reajustarse en la misma proporción. Sin embargo, el valor es referencial, para tener una idea de lo que ello significará a partir del año en curso.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , quiero valorar el esfuerzo que hace el Gobierno a través del Ministerio de Educación en relación con esta iniciativa.
No se trata de un proyecto trivial; por el contrario, establece algo que no existía en nuestro país: la evaluación en el desempeño de los maestros.
Valoro la forma en que ha ido evolucionando el debate al interior del propio Colegio de Profesores. El hecho de que éste participe mayoritariamente en esta iniciativa, tras una dura y difícil discusión, marca un tiempo nuevo, una manera distinta de enfrentar las cosas por parte de los docentes, y, más aún, respecto de una materia que es absolutamente crucial.
Si uno revisa los debates sobre el futuro del país, se va a encontrar con un tema que es absolutamente recurrente: la importancia de la educación. La trascendencia que ella reviste es algo que está por completo fuera de discusión, así como también el hecho de que a Chile todavía le resta muchísimo por avanzar en materia de calidad de la educación. Y quien dice "calidad de la educación" está diciendo también "calidad de la enseñanza".
Es bastante evidente que gran parte de los problemas que enfrentamos en materia de calidad de la educación tiene que ver, por cierto, con desigualdades sociales, con las dificultades que de modo muy temprano se expresan en los niños, por su origen socioeconómico. Pero también dice mucha relación a la deficiente calidad que, desgraciadamente, exhiben numerosos profesores.
Yo soy un Senador que representa a una circunscripción de ciudades medianas, e incluso pequeñas en cantidad de habitantes, donde se encuentran profesores muy esforzados -lo cual es meritorio- pero con mala formación. De eso no cabe duda. Se pueden observar, por ejemplo, textos o cartas escritas por ellos que dejan mucho que desear. Y ahí uno se da cuenta, con dolor y preocupación, que la calidad de la enseñanza que ese maestro puede estar impartiendo es bastante modesta. Hay ¿por decirlo de algún modo- un mecanismo de reproducción de una educación de mala calidad.
Por esa razón, pienso que la materia que nos ocupa es muy importante y que es fundamental avanzar en la dirección propuesta. Como aquí se ha dicho, hay que seguirla muy de cerca y ver, por ejemplo, la forma como el reglamento busca resolver muchos de los problemas que se han mencionado durante la discusión.
Quiero hacer presente algo que también manifesté en el debate habido en la Comisión de Hacienda.
A mi juicio, será muy importante en este esfuerzo la perseverancia de los profesores, así como el resistir la tentación de transformar el sistema más bien en un requisito formal. Eso sería muy lamentable.
Por otra parte, hay riesgos de desnaturalización del sistema. El hecho de que las evaluaciones sean realizadas por evaluadores pares constituye un problema. Lo digo con mucha honestidad.
Si soy profesor de una escuela y formo parte de un jurado que debe decidir la suerte de un colega que después de una segunda mala evaluación debe ser separado del aula y a la tercera pierde su trabajo, ¡por Dios que es difícil tomar esa resolución! Lo digo sinceramente. Habría que buscar la manera de que las personas que participan en las evaluaciones tengan la máxima distancia posible de los evaluados, para no ser presa de una visión corporativa -muy legítima, pero finalmente corporativa- que condice poco con el cuidado que hay que tener también en la calidad de la educación que se entrega a los niños. Alguien debe proteger a éstos. Es más evidente la defensa que se puede hacer de un profesor en dificultad que la que puede brindarse respecto de la calidad general de la educación que se imparte a los alumnos.
Desde ese punto de vista es muy importante invitar a los profesores a que sigan perseverando en la buena dirección y, así, poder establecer también mecanismos de evaluación de los propios evaluadores. Se trata de evitar que esto termine -como aquí se ha dicho- en la forma como funciona el sistema de calificación de la Administración Pública, que desgraciadamente se transformó en una suerte de requisito formal que poco o nada indica acerca del efectivo desempeño del personal de ese sector.
Con esas aprensiones, pero valorando sinceramente el esfuerzo que esto representa, votaré a favor.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , después de leer todo el texto, me ha surgido una duda que hoy se torna bastante real.
Los alumnos son permanentes críticos de los profesores. Y, al respecto, cabe advertir acerca del tratamiento que se dará a los resultados de la evaluación efectuada por los evaluadores pares a los maestros, en el sentido de la confidencialidad de los antecedentes. Eso no figura en el proyecto. Si bien es cierto que el reglamento fijará una serie de aspectos, no lo es menos el hecho de que debió haberse especificado en el texto de la iniciativa que esos informes serán estrictamente confidenciales, y sobre quién recaerá la responsabilidad de la reserva.
No me parece conveniente que la regulación de esa materia quede entregada al reglamento. En mi concepto, debió haberse establecido en el texto legal, dado que se trata de proteger a las personas.
Otra situación que tampoco se consideró, y que es real, se refiere a las acciones que pueden ejercer los alumnos para desmotivar a un docente, o degradar su gestión, en fin, por sus características, exigencias, etcétera.
Reitero: es preciso que los resultados de las evaluaciones sean confidenciales y fijar quién será el responsable de mantenerlos en reserva. De lo contrario entraremos en un proceso ¿diría yo-, que permitirá hacer chacota de la autoridad de los profesores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos afirmativos); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron a favor los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cantero, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-
Señor Presidente , quiero agradecer la generosidad del Senado y su apoyo a los dos proyectos relacionados con la Cartera a mi cargo despachados el día de hoy, pues contribuyen de manera importante a la calidad de la educación.
Agradezco también las palabras de estímulo y respaldo de mi ex colega el Senador señor Muñoz Barra .
Por último, debo hacer presente que no tuve tiempo para defenderme de una acusación injusta del Senador señor Ávila , con ocasión del proyecto sobre aseguramiento de la calidad de la educación, en cuanto a que yo había contribuido a la "muerte asistida" de las universidades públicas. Al contrario, estamos enfrentando un populismo que puede resultar peligroso para la calidad de la educación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Gracias a usted, señor Ministro .
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES PRONTUARIALES POR CONDENAS DE TRIBUNALES MILITARES
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de la Cámara de Diputados que dispone la eliminación de anotaciones prontuariales por condenas de tribunales militares, con informe complementario del primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3392-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 53ª, en 4 de mayo de 2004.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 3ª, en 9 de junio de 2004.
Derechos Humanos (complementario), sesión 8ª, en 6 de julio de 2004.
Discusión:
Sesiones 4ª, en 15 de junio de 2004 (vuelve a Comisión para nuevo primer informe); 12ª, en 14 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión general).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La relación de este proyecto fue hecha en la sesión de 14 de julio recién pasado.
Es del caso consignar que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Naranjo, Silva, Valdés y Zurita), propone a la Sala la aprobación general de la iniciativa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sobre la materia hubo una discusión general en parte, pues quedaron inscritos para usar de la palabra dos señores Senadores, sin perjuicio de que otros puedan hacerlo hoy día.
Debo recordar que se generó un debate específico, que debemos dilucidar, pues un grupo de Senadores manifestó su voluntad de concurrir a la aprobación de la iniciativa en el entendido de que ciertas consideraciones del informe de la Comisión y algunos comentarios hechos en ella no fueran la justificación del proyecto, la interpretación de la Cámara Alta a su respecto.
En esa oportunidad hice una sugerencia, y varios señores Senadores manifestaron su conformidad en principio con la idea.
Me explico.
Ésta es una iniciativa importante, en el ánimo de la reconciliación del país, y algunos quieren aprobarla por determinadas razones, como las que se indican en el informe, y otros desean concurrir al mismo fin, pero por motivos distintos.
Estimo relevante tener en cuenta que lo significativo es el proyecto que resulte, con independencia de las motivaciones de unos y de otros. Y por eso sugerí que el párrafo específico que ha marcado la diferencia no sea aprobado como parecer del Senado, sino que se entienda como criterio subjetivo, como la opinión de quienes firman el informe y de aquellos que puedan hacerse parte de él.
En ese entendido, ofreceré la palabra a los Senadores señores Ruiz y Martínez, quienes estaban inscritos para intervenir.
El señor VIERA-GALLO.-
Antes deseo plantear un problema de orden, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Para ese efecto, tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Debo informar que la Comisión de Derechos Humanos sesionó hoy con la presencia de los Honorables señores Valdés y Chadwick y del Senador que habla. Desgraciadamente, ninguno había firmado el informe que dio origen a la discusión, pero los tres concordamos en que el párrafo en cuestión no es esencial al proyecto, sino que representa la opinión de los Senadores que suscribieron ese documento.
Ahora bien, cuando se ocupa en un informe, la Sala no vota cada párrafo o frase de la parte expositiva, sino el articulado.
Entonces, el acápite en comento corresponde al parecer de los Senadores que firmaron el informe. Y los tres que nos reunimos hoy pensamos que lo fundamental es la referencia que allí se hace a la Comisión Rettig, que en su momento, según parece, se aprobó de manera unánime en el Senado (en esa época yo no era miembro de él, pero así se nos dijo).
Es cuanto quería informar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Para plantear una cuestión de orden, tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Quiero respaldar su interpretación, señor Presidente , que fue ratificada por el Honorable señor Viera-Gallo.
Cuando votamos un proyecto, nos pronunciamos sobre el articulado. En la parte expositiva del informe figuran opiniones a favor o en contra; incluso, puede haber algunas que a uno no le gusten. O sea, aprobar una iniciativa no significa acoger los planteamientos formulados por los integrantes de la Comisión o por los invitados.
En ese sentido tenemos que votar el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Habiendo acuerdo en ese espíritu, en todo caso, tiene la palabra el Senador señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , comparto la interpretación que se está dando, pues me parece razonable.
En el tiempo que llevo en el Senado -catorce años-, nunca había escuchado decir que se discute parte de los considerandos o de los antecedentes consignados en un informe. Eso no corresponde. Lo que Sala debate es el proyecto sugerido por la Comisión, que podemos aprobar, rechazar o modificar.
Se puede rectificar un dato incorrecto o una cifra equivocada. Pero una apreciación claramente personal de quien propone el informe a la Comisión no puede ser vinculante para la Sala.
Plantear la eliminación del párrafo en comento podría dar lugar a un debate adicional, porque algunos podríamos concordar absolutamente con él y pedir que no se suprimiera, caso en el cual el Senado se centraría en discutir lo accesorio del informe y no lo que corresponde, que es el articulado propuesto por la Comisión.
Concuerdo con la interpretación que dio la Mesa y, por tanto, considero procedente votar la iniciativa sometida a nuestro conocimiento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Yo no he sugerido votar el informe como tal, sino que el párrafo en cuestión se considere opinión de quienes firmaron ese documento, en el entendido de que no corresponde a la interpretación de la Sala, para los efectos de lograr el acuerdo de todos y que cada uno mantenga el punto de vista que tiene derecho a sustentar.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, si se va a hablar de apreciaciones subjetivas, debemos considerar que en ellas se enuncian juicios que, en el fondo, llevan a sostener algo que no es -tal como se ha planteado- la idea general.
La justicia militar cumplió su cometido en prácticamente todos los casos, desde el punto de vista de la normativa correspondiente a los tribunales en tiempo de guerra. Si hubo errores o fallas, se hicieron presentes y se corrigieron.
Por consiguiente, dudar de todos los hechos que motivaron la dictación de sentencias y, a renglón seguido, anotaciones en los antecedentes personales es antojadizo o producto de visiones particulares.
A mi parecer, ello constituye una ofensa directa a la justicia militar en Chile que, en mi calidad de ex integrante de la corte marcial, rechazo terminantemente.
Es posible que se hayan cometido errores; lo acepto. Pero no me parece procedente que se dude como lo hace el párrafo en cuestión. En él se habla, por ejemplo, de "poner término a un sentimiento de menoscabo moral mediante la eliminación de la anotación prontuarial", etcétera. Y más adelante se dice: "A juicio de la Comisión, por el bien de la sociedad, es preciso superar dicha situación mediante una reparación integral acorde con la dignidad de la persona.".
Me parece que se debe señalar claramente que lo anterior no significa una crítica a la justicia militar, la cual se sometió a los procedimientos correspondientes.
Ahora bien, se sostiene que se trata de facilitar la búsqueda de trabajo, de evitar que los antecedentes no estén cuando son requeridos, en fin. Pero ése es otro problema.
Por desgracia, señor Presidente, las ideas cuestionadas no han sido sacadas del documento pertinente. Con ello se está cometiendo un grave error, que atenta contra la institución de la justicia militar, lo que, como ex juez de la corte marcial, rechazo terminantemente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Han solicitado la palabra, para su segundo discurso, los Honorables señores Ruiz-Esquide y Espina, a quienes ruego ser breves, en atención al poco tiempo disponible.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , lamento mucho la intervención del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Debo recordar que la vez anterior planteé un punto de vista discrepante y que eso motivó que no se votara.
He asumido después el planteamiento del señor Presidente en el sentido de que las expresiones cuestionadas queden como opinión de quienes firmaron el informe.
Rechacé la idea de decir que no se trataba del parecer de esta Corporación, porque algunos sí compartíamos las frases objetadas.
No he hecho mayor cuestión después de su intervención, señor Presidente . Pero, como se volvió a plantear el tema, regresamos a lo mismo.
Reclamo, entonces, por el hecho de que se haya reabierto el debate, pues ello implica discutir el fondo del asunto, lo que demandará mucho tiempo.
Por lo tanto, señor Presidente, haciendo un esfuerzo, me voy a quedar con la versión que usted dio. Sin embargo, vuelvo a insistir en que, si hay otras opiniones, deberemos entrar a debatir la cuestión de fondo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , comparto la apreciación que usted hizo respecto de la interpretación que se debe dar a las expresiones del informe que se han cuestionado. Creo que ella resuelve la controversia que se produjo en sesión anterior.
Votaré a favor del proyecto, porque me parece que, sin alterar la legislación vigente, contribuye a solucionar situaciones del pasado.
Se trata de borrar las anotaciones prontuariales referidas a condenas impuestas por tribunales militares a raíz de ilícitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y que dicen relación a delitos contra la seguridad del Estado, conductas terroristas e infracción a la ley de control de armas.
Los beneficiarios son personas que cumplieron el castigo que la sociedad les impuso a través de los tribunales de justicia. Pero se excluye a quienes hubieren sido condenados por delitos consumados contra la vida o la integridad física de las personas.
Adicionalmente, se define -artículo 3º- qué se entiende por delitos contra la vida o la integridad física de las personas, expresándose que son aquellos que describan entre sus elementos constitutivos el resultado de muerte o de lesiones, en todas sus formas y clases, o la privación de libertad de la víctima, que corresponde al secuestro.
Y se consagra una contraexcepción al establecerse que, si se cometieron delitos contra la propiedad -robo o hurto- y con resultado de daños o lesiones, quedan incluidos dentro de la decisión de borrar las anotaciones prontuariales.
Creo que éste es un buen proyecto, pues se trata de personas que ya cumplieron las penas y a las que, si no se borran sus anotaciones prontuariales, les va a costar mucho la reinserción social. Incluso, muchas de ellas tienen ahora una visión totalmente distinta de la sociedad. Por ende, me parece útil todo lo que signifique ayudarlas a reinsertarse en la comunidad y a llevar una vida normal.
El proyecto no altera las normas generales, en el sentido de que quienes cometen delitos son procesados y condenados por los tribunales y pagan su deuda con la sociedad, la cual, representada por el Senado, debe facilitar su reinserción.
Probablemente, mucha gente cometió en su juventud delitos importantes; pero, como es natural, subsiste el derecho a reinsertarse.
Ese mismo derecho corresponde -hay un señor Senador que me habla a la distancia y no me solicita una interrupción- si un miembro de las Fuerzas Armadas, tras ser juzgado, cumple la pena impuesta.
Siempre he sostenido esa posición, señor Presidente . En Chile no hay ni debe haber desigualdad ante la ley. Si mañana un miembro de las Instituciones Armadas es condenado por un tribunal a raíz de un delito y cumple su pena, tendrá todo el derecho a que se le borren sus anotaciones prontuariales. Porque la ley debe ser pareja para todos.
Por esa razón, vamos a votar favorablemente el proyecto. Y esperamos -quiero dejar constancia de ello hoy día- que, tratándose de personas que hoy tienen una visión distinta y antes estuvieron en las mismas circunstancias, el Senado adopte igual criterio.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , también votaré a favor del proyecto. Creo que la precisión hecha sobre el informe facilita enormemente su aprobación, en el entendido de que se trata del parecer de los integrantes de la Comisión, pero no de la opinión oficial y formal del Senado.
Comparto lo que dijo el Honorable señor Espina en términos de que el proyecto apunta a ir cerrando puertas y caminos para que no sigamos permanentemente con los problemas del pasado. Y creo que éste es un paso importante para solucionarlos.
Ahora, independiente de lo que manifestó Su Señoría, quiero recordar que los Senadores de la Unión Demócrata Independiente tenemos un compromiso con numerosos familiares de personas vinculadas al tema de los detenidos desaparecidos o de gente que fue fusilada durante la primera etapa del año 73. Ellos nos manifestaron que un problema que los aqueja -y no se ha dicho- se relaciona con el registro prontuarial aplicado en ese momento, por el tipo de los ilícitos cometidos.
Por ejemplo, algunas personas fueron sancionadas por el delito de traición a la patria, que en ese instante era lo que correspondía o podía corresponder, de acuerdo a la tipificación y al Código de Justicia Militar en vigor. Transcurrido el tiempo y pasada la etapa histórica, permanece ese delito como causal de la sanción que se aplicó. Y, obviamente, para los hijos y para la descendencia de esa gente ello resulta demasiado fuerte y doloroso.
Por eso, familiares de muchos detenidos desaparecidos nos plantearon la necesidad de que por ley se elimine ese registro, como una forma de reparar moralmente a los descendientes de esas personas, a los efectos de que no carguen con una situación tremendamente compleja: que el padre o el abuelo haya sido sancionado como traidor a la patria.
Esta iniciativa cubre esa situación. De ahí nuestro compromiso con dichos familiares. Y ella se originó en una conversación que tuvimos con el Presidente Lagos precisamente sobre esta materia.
Por lo expuesto, votaré favorablemente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con la prevención que ha señalado la Mesa en el aspecto interpretativo, pongo en votación electrónica la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos por la afirmativa, 3 por la negativa).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Bombal, Cantero, Chadwick, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cordero y Martínez.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).
La iniciativa ya fue aprobada en general. Algunos señores Senadores han consultado a la Mesa si también podría aprobarse ahora en particular. Sin embargo, me señalan que la Comisión desea estudiarlo para un segundo informe.
En consecuencia, sólo cabe fijar plazo para presentar indicaciones.
Sugiero el lunes 2 de agosto, a las 12.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, pido la palabra para exponer un asunto reglamentario.
Yo no sé si se requiere unanimidad para tratar la iniciativa en particular en forma inmediata o si basta someter el punto a la resolución de la Sala. Soy partidario de discutirla en particular en este momento, por considerar adecuado su actual articulado. Temo que, si se formulan indicaciones, el proyecto se haga extensivo a situaciones que algunos no compartimos, como la relativa a personas condenadas por delitos con resultado de muerte.
Sobre la base del consenso existente ahora, propongo la aprobación en particular. Si no, quienes sostienen un criterio distinto podrían presentar mañana una indicación para incluir en este beneficio a los condenados por delitos con resultado de muerte y otras materias con las cuales no concordamos.
Entiendo que la Sala puede resolver este asunto por mayoría.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Hay señores Senadores que han manifestado su oposición a tal procedimiento. Además, la Comisión solicitó, tanto en el primer informe como en el complementario, aprobar el proyecto únicamente en general. Por eso se justifica que vuelva a la Comisión.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , ¿por qué no pide de nuevo el asentimiento de la Sala? A lo mejor lo obtiene.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Lo haré nuevamente.
El señor MORENO.-
Entiendo que no se precisa unanimidad al respecto.
El señor VALDÉS.-
No hay oposición.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Sí la hay.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Quién se opuso?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Para que vuelva automáticamente a Comisión es necesario presentar alguna indicación.
El señor GAZMURI.- Que se someta a votación, señor Presidente.
El señor NOVOA.-
Como el proyecto tiene más de un artículo, si se solicitara fijar plazo para formular indicaciones, tendría que ir a segundo informe. Pero si nadie lo hiciera, podríamos proceder en la forma propuesta por el Honorable señor Espina.
El señor MARTÍNEZ.-
Yo pido que se determine plazo para ese efecto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Entonces, conforme a la letra b) del artículo 118 del Reglamento, vuelvo a sugerir el lunes 2 de agosto, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Advierto que a las 18:25 termina el Orden del Día.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORREA (Ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, si no es mala educación, intervengo a las 18:24 para manifestar muy sinceramente -no pretendo hacer un discurso de circunstancias- el agradecimiento del Gobierno por la labor parlamentaria que implica el despacho en general de esta iniciativa.
Éste es uno de los tres proyectos que el Presidente de la República ha planteado con un objetivo de reconciliación nacional. Estimábamos que, probablemente, sería el de más fácil tramitación. Pero las argumentaciones habidas en las dos sesiones en que se debatió muestran que las interpretaciones del pasado siempre provocan tensiones, dificultades y divisiones. Sin embargo, del resultado de la votación ha quedado de manifiesto que la mirada hacia el futuro y la posibilidad de reconciliarnos están plenamente presentes en esta Sala.
En nombre del Ejecutivo , agradezco la voluntad que prima en el Senado al momento de votar.
Gracias, señor Presidente.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , ¿habría acuerdo de la Sala para ver el proyecto que figura a continuación en la tabla y que prácticamente fue aprobado por unanimidad?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Está por concluir el Orden del Día, señor Senador.
Tenía el mayor interés en acceder a su petición, pero la mera relación y la presentación de los demás antecedentes superarían la hora de término de esta parte de la sesión.
Ahora, si hubiera unanimidad para prorrogar...
El señor MORENO.-
Estamos todos de acuerdo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se trata del proyecto de ley que establece un sistema de atención de la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención. Debo advertir, sí, que el quórum de aprobación es de cuatro séptimos.
Hay oposición.
Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor CANTERO:
A la Dirección de Vialidad de la Segunda Región y a la señora alcaldesa de San Pedro de Atacama , solicitándoles información acerca de EXISTENCIA DE CAMINOS EN TERRENOS PERTENECIENTES A PROYECTO ANDINO EN SAN PEDRO DE ATACAMA.
Del señor ESPINA:
Al señor Director Nacional de Gendarmería , haciéndole presente SOLICITUDES DE TRASLADO DESDE VALPARAÍSO A NOVENA REGIÓN DE DOS FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA Y DE UN TERCERO DESDE SANTIAGO A ANGOL.
Al señor Comisario de Carabineros de la comuna de Angol, dándole cuenta de la inquietud de vecinos de esa comuna sobre INSUFICIENTE VIGILANCIA POLICIAL EN POBLACIÓN JAVIERA CARRERA (Novena Región).
De la señora FREI (doña Carmen):
A los señores Ministro del Interior , General Director de Carabineros y Subsecretario del Interior, pidiéndoles información relativa a cuándo se concretaría la IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN ANTOFAGASTA.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Obras Públicas y Transportes, Director General de Aeronáutica y Director Nacional de Aeropuertos, planteándoles la necesidad de considerar RECURSOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD DE OPERACIONES AÉREAS EN ZONA AUSTRAL
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El señor LARRAÍN (Presidente).-
En Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Mixto.
No hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
PINOCHET: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, FRAUDE AL FISCO Y PÉRDIDA DE PATRIMONIO ESTATAL. OFICIOS
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , es un error decir que en Chile no hay sanción al enriquecimiento ilícito. Sí la hay cuando el enriquecimiento se produce a costillas del Estado, y más si es con fraude o robo al Fisco.
El fraude al Fisco tiene muchos delitos conexos que lo hacen casi imprescriptible. Uno de ellos es el ocultamiento a la justicia de las especies robadas y su traslado para eludir la acción judicial. El uso de los dineros sustraídos, cualquiera que sea el período transcurrido desde la comisión del delito, obliga al tribunal a establecer el origen de ellos, los cómplices y los encubridores.
Todo comenzó con la adquisición de diez lotes de terrenos en El Melocotón. Cabe recordar que en 1973 Pinochet hizo una declaración jurada ante la Notaría Zaldívar señalando que él tenía sólo 240 mil pesos de la época, pero pocos años después aparece comprando estos terrenos en la localidad mencionada por diez millones de pesos. El procedimiento para la adquisición consistió en emitir un decreto supremo firmado por Pinochet para que los Ministerios de Obras Públicas y de Bienes Nacionales comprasen los terrenos. Y seis meses después se dictó otro decreto supremo para que este último Ministerio se los vendiese a él mismo, por interpósita persona, por una suma diez veces inferior a la pagada originalmente. Unos pocos años más tarde, Pinochet ya era dueño de nueve propiedades por un valor estimado de entre dos millones y medio y tres millones de dólares.
Por otra parte, se debe recordar que el general Pinochet fue a Londres a comprar armas para el Ejército, según él mismo declaró, y cuando ya no era Comandante en Jefe. Por circunstancias de todos conocidas, quedó preso. Las compras de armas involucran comisiones. ¿Se pagaron o no comisiones? ¿Por qué un militar retirado seguía comprando armas para el Ejército?
En esa oportunidad se habló de otras cuentas en Suiza, que se investigaban desde Francia. Lo mismo en España. Pero estas investigaciones no continuaron.
Aún quedan 147 leyes secretas, algunas correspondientes a ventas de armas y terrenos fiscales que se hicieron a través de ellas para evitar el conocimiento de la Contraloría. De todas esas ventas de patrimonio fiscal jamás se ha rendido cuenta. ¿Adónde fueron a parar esas platas?
La norma transitoria de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que impidió investigar actos administrativos e irregularidades cometidas por funcionarios públicos antes de 1990, se refiere sólo al juicio político y a las facultades de la Cámara de Diputados, pero no afecta la función jurisdiccional de los tribunales de justicia para investigar delitos.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación legal y moral de solicitar todos los antecedentes que se guardan en las bóvedas de la Cámara de Diputados sobre la fallida Comisión Investigadora de las Privatizaciones y la investigación de los actos ilícitos del Gobierno militar, y de ponerlos a disposición de los tribunales.
Durante el proceso de "modernización de la economía nacional" del Régimen de Pinochet, con la complicidad de algunos sectores políticos, se privatizaron las empresas públicas con escandalosas ventas a precio vil a particulares y parientes, destruyendo el capital social aportado por generaciones de trabajadores y empleados. Por ejemplo:
-SOQUIMICH se vendió a empresas de propiedad del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou , incluidas las pertenencias de litio, mineral que se declaró no concesionable justo después del traspaso a su yerno de SOQUIMICH, única dueña de los principales yacimientos de ese mineral (SOQUIMICH hoy vende más de 200 millones de dólares al año);
-Venta de CAP a privados con un informe de la Contraloría General de la República que indica que el Estado sufrió una pérdida patrimonial de 760 millones de dólares;
-Venta de ENDESA a particulares, siendo su primer presidente privado un Ministro de Estado , dos meses antes de retirarse del cargo;
-Venta de las empresas agroindustriales de propiedad del Estado manejadas por la ex CORA a privados, sin licitación ni pago, sólo asumiendo deudas con entes públicos que tampoco pagaron;
-Venta de todas las empresas CORFO (LAN, FrigoLux, INACAP, etcétera) sin licitación y con la posterior incineración de los antecedentes;
-Venta de la Compañía de Teléfonos a privados (sus primeros directores privados fueron todos militares que pasaron a retiro para cuidar la inversión, y sus ejecutivos posteriormente llegaron a ser Parlamentarios);
-Perdonazos del Banco del Estado a "El Mercurio" y "La Tercera", en enero de1990;
-Leyes secretas de compras de armas en las cuales Pinochet y su familia actuaron como intermediarios (empresa Valmoval , caso "pinocheques", etcétera);
-Pago del Banco Central a bancos privados de más de 8 mil millones de dólares (llamada "deuda subordinada") el año 1982 para que no quebraran, instituciones cuyos presidentes y dueños fueron reiteradamente Ministros de Economía y de Hacienda de Pinochet ;
-Cobro ilegítimo de comisiones de seguros por parte de familiares de Pinochet en el ISE, en el cual sólo se contrataban seguros de propiedades fiscales.
La Contraloría General de la República debe poner a disposición del Congreso Nacional todos los antecedentes de estos traspasos, incluyendo los informes de pérdidas patrimoniales y los análisis legales de las licitaciones efectuadas.
Señor Presidente , solicito enviar una minuta con estos y otros antecedentes -por lo demás, fueron publicados en un libro que escribí, titulado "El precio de sostener un sueño"- tanto a la Contraloría General de la República como al Consejo de Defensa del Estado, para que puedan examinarlos y deducir lo correspondiente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En el resto del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
FINANCIAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE MONUMENTOS NACIONALES. OFICIOS
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , abordaré un tema bastante diferente, relativo a lo que sucede en Chile con los monumentos nacionales.
En un proceso de creciente interés, la mayor parte de los países, especialmente los más desarrollados, han creado instrumentos destinados a proteger sus patrimonios. Por patrimonio se entiende los bienes físicos de la naturaleza o creados por el hombre en obras físicas de toda clase.
En Chile, la designación y protección de los monumentos se encuentra en la ley 17.288, de 1970, que ha sido modificada en algunos aspectos y que contiene una larga y precisa enumeración de bienes que deben considerarse monumentos nacionales.
Después de conocer la experiencia de la aplicación de la referida ley, se observa claramente que el Consejo que tiene la tuición y protección de estos monumentos es de una amplitud excesiva. Está constituido por veinte personas, todas de Santiago. Este tipo de Consejo, por su dimensión, es ineficiente.
Existe la categoría de monumentos históricos que se declaran por parte del Consejo. La conservación, reparación, mantención o remoción de ellos están sujetas a la tuición de éste. Nada se puede hacer en esta materia sin su opinión.
Con la intención de proteger los monumentos nacionales, la legislación crea prohibiciones que, en el caso de los bienes de propiedad privada, constituyen verdaderos castigos. Por su naturaleza, un monumento nacional es un bien generalmente antiguo y, por lo tanto, requiere permanente reparación y gastos de toda naturaleza. Las propiedades en manos de particulares declaradas monumentos nacionales pierden todo valor comercial, pasan a constituir un gravamen o deben pagar contribuciones y mantenerse a costa del propietario. En Chile se considera un castigo para el dueño que su propiedad sea declarada bien nacional. La responsabilidad del mantenimiento de ese inmueble corresponde a los privados.
La autorización del Consejo se requiere para toda clase de manifestaciones. Esto es contradictorio con todo lo que pasa en el mundo hoy día. En Inglaterra, en España, en Francia -conozco la legislación-, se estimula a los privados para mantener propiedades de carácter nacional, decidido así por un consejo autorizado al efecto.
Si el monumento histórico fuera un inmueble de propiedad particular, su dueño, sin autorización, no podría realizar nada respecto de él.
Los monumentos públicos, como los de índole arqueológica, los santuarios de la naturaleza y los de carácter ambiental, quedan igualmente bajo la tuición del Consejo.
Todos los que causen perjuicios a un monumento nacional, sea privado o público, están sujetos a penas de carácter aflictiva.
A la fecha, el Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado con ese carácter a más de 700 inmuebles a lo largo de todo Chile; los últimos son de Valparaíso. No voy dar lectura a la larga lista de ellos. He recorrido estos días la ciudad mirando los monumentos declarados nacionales. Muchos están en ruinas, ninguno recibe alguna mano de pintura, y el municipio porteño no tiene un peso para destinarlo a este objeto. Una ciudad de la categoría de Valparaíso, con hermosísimas construcciones de una época muy gloriosa, no cuenta hoy con ninguna defensa. Y resulta lamentable que, declarada como una ciudad especial por la UNESCO, no existan fondos ni posibilidades para preservarla, puesto que el Consejo de Monumentos Nacionales no posee capacidad para hacerlo.
Para que dicho organismo atienda todo el funcionamiento de lo concerniente al patrimonio nacional, el Presupuesto de este año le otorga 267 millones 17 mil pesos. Ese monto se gasta prácticamente en los funcionarios, que dependen de la Biblioteca Nacional.
La pequeñez de la cifra confirma el hecho de que el sistema chileno no sirve, pues no protege.
Por lo tanto, no existe una defensa adecuada de los patrimonios, sean del norte -como el Morro de Arica, la iglesia Eiffel o las salitreras-, o sean los objetos de veneración en todas partes de Chile.
Resulta increíble que se cuente con una ley y con un frondoso Consejo para hacer declaraciones, con publicidad pero sin contenido alguno, en circunstancias de que lo único que sucede es que quienes se interesan por defender el patrimonio celebran durante un día lo que se ha hecho, pero luego no hay un peso ni se efectúan actividades relacionadas.
Ello lo veo particularmente en la zona que represento, Valdivia y Osorno , donde han existido y todavía quedan algunos testimonios de la extraordinaria arquitectura de las escuelas, de las iglesias y de las casas de la colonización alemana, que son un lujo para cualquier país. Como están construidas en madera y con materiales distintos del cemento, con el correr del tiempo se han destruido, se han quemado, se han "evaporado", quedando muy poco por apreciar. Nadie las cuida, a pesar de que son declaradas monumentos nacionales: los municipios no tienen recursos para ello. A veces sólo se cuenta con el socorro de los bomberos.
No se presta ninguna atención respecto de esos casos, como tampoco en cuanto a los fuertes españoles, que encontramos en Chiloé, en Osorno (uno prácticamente desaparecido), y excelentes en Valdivia, que están en proceso de ruina, pues no se dispone de fondos para su cuidado.
Como pasa a menudo, aquí se declara algo por ley y se cree que por esa sola circunstancia las cosas se realizan. Ello no es cierto. Si no se concreta, bien poco vale la ley. Y es lo que sucede en esta materia.
Por eso he mencionado lo de Valparaíso, que es muy penoso, pues esta ciudad aspira a recuperar su estándar internacional y su belleza, y uno ve que eso no corresponde a la realidad, pues no existen recursos para ello.
He pensado que una de las formas para financiar un sistema moderno, tomando en cuenta la experiencia de países europeos, es proteger al propietario cuyo inmueble ha sido declarado monumento nacional. ¿Cómo? Primero, eliminando el pago de contribuciones de bienes raíces; segundo, con fondos -que debería proveer el municipio- para intervenir en cuanto a los elementos causantes de la destrucción, como son las instalaciones eléctricas y sanitarias y la construcción misma que se debe defender. Así lo disponen todas las legislaciones europeas en la actualidad, pues allá se vigila y se gasta dinero con el propósito expuesto, en la medida en que la persona que debe cuidar está castigada al no poder vender ni corregir nada. No existiendo ese apoyo, lo que sucede -como ocurre muchas veces en el sur; y ha pasado en Valdivia y Osorno - es que en un momento dado hay un incendio que no es involuntario, o sea, que aparentemente obedece a una causa intencional, y que permite recuperar la libertad acerca de un terreno que vale mucho por hallarse en el centro de la ciudad.
Entonces, estamos ante un Consejo enorme y alejado de la realidad.
¿Cómo sería el financiamiento?
El Estado vende al año entre cuatro mil y seis mil millones de pesos en bienes fiscales. Unos le pertenecen históricamente y otros los ha adquirido por donación, por no pago de impuestos o por herencia yacente.
De esos fondos, la Ley de Presupuestos normalmente destina un porcentaje al gobierno regional -se reserva 25 por ciento a gobernaciones e intendencias, es decir, nuevamente al Fisco- y una parte a financiar la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Esos dineros que provienen de ventas del Fisco no constituyen, por lo tanto, ingresos por concepto de impuestos. Considero que entre 25 y 30 por ciento de esa suma debería ir a un fondo para reparar, proteger y conservar los monumentos, ya sean públicos o pertenecientes a privados.
Así podríamos tener un sistema más práctico, más moderno, sin cargo al Fisco y destinando los recursos para los monumentos, lo que no es algo superficial.
La globalización que presenciamos avanza tan raudamente, que el Gobierno y sus Ministros, y todos, estamos de acuerdo con que debemos aprender en forma rápida inglés y, además, chino. Como se dice, entramos a ella a una velocidad vertiginosa. Y los países que han ingresado a ese proceso lo que están haciendo es defender su nacionalidad, su patrimonio, porque constituye parte de su personalidad. Siempre aparece detrás de la globalización la sociedad defendida y anclada en su pasado, en su historia, en su cultura.
Creo que la materia debe ser de interés de las autoridades, señor Presidente . Por ello, solicito que se envíen estas observaciones al señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al señor Ministro de Educación .
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Valdés , conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Senadores señora Matthei y señores Arancibia , Gazmuri , Larraín , Lavandero , Viera-Gallo y Andrés Zaldívar .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano nadie intervendrá.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
PROYECTO DE AEROPUERTO EN TONGOY. OFICIOS
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , hace algunas semanas, en la hora de Incidentes, solicité información a diversas autoridades y reparticiones públicas acerca del aeropuerto en Tongoy, Cuarta Región, que aparentemente se piensa licitar.
En respuesta, recibí el oficio Nº 1684 del Ministerio de Obras Públicas, acompañado por diversos estudios y mapas, lo que agradezco.
Al leer la minuta enviada por el señor Director Nacional de Aeropuertos , me asalta una serie de dudas que ruego hacer llegar al titular de dicha Cartera, señor Javier Etcheverry , y también a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En ese texto se señala que en junio de 1995 se presentó, de acuerdo con la Ley de Concesiones, una iniciativa privada para construir un nuevo aeropuerto en la Cuarta Región. Se precisa que la idea fue rechazada por el Ministerio y que ingresó nuevamente en enero de 1996, siendo rechazada por segunda vez en 2003.
Solicito el envío de un resumen de ambos proyectos, señor Presidente . En particular, pido que se informe en qué terrenos se pensaba construir, si se requería algún subsidio fiscal o un seguro de flujos para la edificación y si se acompañó algún estudio.
Del mismo modo, quisiera saber por qué se respondió negativamente en ambos casos, y pido que se me haga llegar una copia de las dos presentaciones y de los documentos respectivos.
Por otra parte, la minuta indica que en la petición formulada en abril de 1999 por la Sociedad Inmobiliaria Puerto Velero Dos S. A., que solicitaba el apoyo del Subsecretario de Obras Públicas para construir un aeropuerto regional a través de la Ley de Concesiones, se aludía a un informe técnico favorable de la Dirección General de Aeronáutica Civil para que se habilitara en terrenos ubicados al oriente de Tongoy.
Pido que esa Dirección envíe copia de toda la documentación que haya intercambiado con la Inmobiliaria Puerto Velero Dos, o con sus empresas relacionadas, o con sus ejecutivos y representantes, desde 1993 en adelante.
Asimismo, solicito que se envíe copia del informe técnico favorable de la Dirección para la habilitación de un aeródromo en terrenos ubicados al oriente de Tongoy, documento que habría sido aludido en la presentación hecha por Puerto Velero Dos en 1999.
Por otro lado, la minuta señala que esa misma Dirección expresó que había efectuado un estudio de la Cuarta Región para localizar el lugar donde debía construirse el aeródromo que reemplazaría al de La Florida. Curiosamente, ese informe coincide en forma exacta con los terrenos de Puerto Velero Dos, empresa que había solicitado previamente la construcción. Por ello, pido que la Dirección envíe copia de todos los estudios que haya realizado sobre el particular. Ruego, asimismo, que se indiquen las fechas en que se llevaron a cabo.
En seguida, la minuta informa que la Dirección Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, basada en la determinación del emplazamiento realizado por la Dirección General, contrató una consultoría para elaborar un anteproyecto referencial que desarrollara las instalaciones aeronáuticas, comerciales y de servicios de todo el aeropuerto. Solicito que esa Secretaría de Estado informe qué consultora fue contratada; si su contratación se efectuó mediante licitación; cuánto se pagó por dicho estudio, si la consultora es la misma o no que la utilizada por Puerto Velero Dos. Además, pido copia del informe.
Por último, en la minuta se expresa que en 2003, a instancias del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Aeropuertos, en conjunto con la Dirección General, realizó un segundo estudio para la determinación del emplazamiento del nuevo aeropuerto regional, ratificando la localización definida en 2000. En virtud de ello, solicito copia de dicho informe y de todos los antecedentes en que se fundamentaron sus conclusiones.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En el tiempo que resta al Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
DESTIERRO DE ODIO Y CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DEL AMOR
El señor ARANCIBIA .-
Señor Presidente , hace ya un tiempo, cuando ejercía el cargo de Comandante en Jefe de la Armada , sectores de la Izquierda política me planteaban, como condición para avanzar en los temas de la reconciliación nacional, que pidiese una suerte de perdón general por hechos asociados a la violación de derechos humanos en que pudiera verse comprometida la participación de personal de la Institución.
En la oportunidad, expresé con firmeza mi convicción de que los perdones, para tener un valor real, debían representar un sentimiento de arrepentimiento y de que ello sólo era factible en la medida en que se tratara de una acción personal y de una formulación individual.
Hoy quiero perdón. Quiero pedir perdón porque he llegado a odiar. Sí. He llegado a odiar el odio. Y este sentimiento, tan fuerte, es el que me hace pedir perdón, particularmente cuando en el último tiempo se han generado en el ámbito de nuestra Corporación, por parte de algunos Honorables colegas, reiteradas expresiones relativas a un aspecto tan negativo de la conducta humana.
Frente a este hecho, debiéramos abocarnos a una profunda reflexión que nos permita avanzar efectivamente en la búsqueda de la reconciliación social y, en ese empeño, desterrar el odio que corroe el alma nacional.
Para lograr lo anterior, es fundamental que la pacificación de los espíritus se construya sobre una base de equidad y justicia, ya sea en la búsqueda de la verdad o en la del perdón. Y, ciertamente, ambas condiciones no se pueden obtener fundándose en juicios y descalificaciones permanentes, como si el dolor propio fuera mayor que el ajeno o como si cada uno de nosotros hubiese recibido el don de juzgar, en virtud de una falta de responsabilidad en los hechos que rodean el desmoronamiento y quiebre de nuestro sistema institucional.
¿Quién asume la estatura moral para lanzar la primera piedra? ¿O de lo que se trata es de lanzar más piedras, sin estatura moral?
¿Podrá alguien cuestionar las actitudes democráticas de otras colectividades políticas cuando las actitudes partidistas propias han estado permanentemente comprometidas con la defensa de las más atroces tiranías del siglo XX?
¿Podrá alguien criticar los procedimientos internos adoptados para la definición de las estructuras partidarias cuando el cuestionador, a fin de satisfacer sus propias posibilidades políticas, se da maña para eliminar toda posibilidad de competencia amenazante?
Y, en la misma línea de reflexión, ¿quién podría justificar la violación de una mujer indefensa?
¿Podría alguien justificar la bomba molotov lanzada por un joven idealista que transforma en una verdadera pira humana al sacrificado carabinero de servicio?
¿O estamos considerando y aceptando que la sensibilidad política de la víctima o la falta de sensibilizad marcará la diferencia?
Por tal motivo, estoy firmemente convencido de que no basta con expresar que no se siente odio. Es necesario no fomentarlo ni con las palabras ni con las actitudes, ya que al desterrarlo es posible que, sobre una cultura del amor, seamos capaces de construir una sociedad mejor.
Es factible que, en esa cultura del amor, ningún distinguido colega tenga miedo ni del legítimo derecho de ejercer el poder que emana de la voluntad ciudadana, ni de la libertad de pensar distinto, ni de la defensa pública de su pensamiento o de su interés ciudadano.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE FAMILIA EN COMUNA DE SAN CARLOS. OFICIOS
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , acabamos de aprobar hoy día un proyecto muy importante: el que crea los tribunales de familia. Ello concreta una antigua aspiración y generará una transformación muy profunda de la judicatura en un aspecto sensible para la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos, como son todos los asuntos que se ventilan en torno de los conflictos que nacen de la familia.
No me queda sino alegrarme de haber podido participar en el estudio de la iniciativa, de haber contribuido a su elaboración, y espero que pronto se materialice su implantación en todo el país.
En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre un aspecto particular de la circunscripción que represento, el cual es relevante en la situación de la comuna de San Carlos.
El Capítulo de Abogados local me ha hecho llegar una presentación bien fundada, mediante la cual lamenta que en dicha ciudad no se haya concretado, hasta ahora, la creación de un tribunal de la familia, teniendo en cuenta que las causas respectivas ascendieron a 1.114 durante el año pasado. En cambio, en otras comunas de mi circunscripción sí se estableció uno de ellos, con mucha justicia, como ocurrió en Tomé, que contabiliza 1.177 de esas causas (un poco más que San Carlos), y en Yumbel, con 1.026 causas (un poco menos).
Hice presente este tema en forma reiterada a las autoridades de Gobierno, tanto al Ministro de Justicia como al Subsecretario del ramo , quienes me dieron una serie de razones fundadas en estudios realizados sobre el número de causas. Sin embargo, esos análisis, a mi juicio, carecen de peso suficiente para haber excluido, en el caso que me ocupa, la creación de un tribunal de familia, considerando que su competencia decía relación a cuatro comunas rurales que, en total, suman alrededor de 80 mil habitantes.
Es impresionante el número de causas relacionadas con la familia especialmente denunciadas al Primer Juzgado de Letras de San Carlos . Las detallo a continuación. Por menores, el año pasado ingresaron 238, y en lo que va de éste, 140. Por medidas de protección y discernimientos, 243 en 2003, y 125 este año. Por exhortos de menores, 243 el año pasado y 185 en éste. El siguiente dato es muy impresionante: por violencia intrafamiliar, 255 en 2003, y 272 este año. O sea, a esta altura, en San Carlos hay más procesos por ese motivo que en todo el año pasado.
A lo anterior debe agregarse que, por aplicación de la ley Nº 19.665, que reformó el Código Orgánico de Tribunales, se suprimió el Segundo Juzgado de Letras de San Carlos. Las causas que allí se tramitaban según el antiguo sistema, que suman alrededor de 400, pasaron al Primer Juzgado .
Todo esto agrava considerablemente el funcionamiento de esa instancia judicial, lo que tiene alarmado, con justa razón, al Capítulo de Abogados de San Carlos, el que, a través de los profesionales Jaime Venegas Duffau y Héctor Palacios Maray , hacen presente su inquietud.
No obstante la lamentable situación descrita, cabe puntualizar que, según el proyecto que crea los tribunales de familia, los juzgados con jurisdicción múltiple contarán en su consejo técnico con un integrante especializado en materias de familia, quien, en el grado de Oficial Tercero, ayudará a que los procesos se tramiten con mayor celeridad.
Por otra parte, como lo señala la iniciativa, se va a instalar una sala de audiencias para los juicios orales en materia de familia, como parte del procedimiento.
Señor Presidente , una vez más, hago mía la preocupación de la comunidad jurídica de San Carlos. Entonces, por intermedio de Su Señoría, pido oficiar en mi nombre a los señores Ministros de Justicia y de Hacienda para que tomen nota del problema en cuestión, dado que, según las estadísticas que obran en mi poder, esa comuna y las que entrarían en su jurisdicción cuentan con creces con el número de causas que exige el estudio de la Universidad Católica de Valparaíso para establecer allí un tribunal de familia.
Además, junto con enviarles una copia de mi intervención, pido a los mencionados Ministros que solucionen el problema en lo que queda de tramitación del proyecto, o en una eventual Comisión Mixta, o, si es necesario, por la vía del veto aditivo. En caso de no ser posible, solicito que en la primera oportunidad en que se proponga ampliar el número de tribunales de familia en la Octava Región se considere y evalúe la incorporación de uno de ellos en San Carlos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Los Comités Institucionales 2 e Independiente, e Institucionales 1 no harán uso de sus respectivos tiempos.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.