Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- IV.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- DEBATE
-
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 14ª, en miércoles 21 de julio de 2004
Especial
(De 12:17 a 14:25)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA..........................................................................¿.
IV. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de Educación Superior (3224-04) (se aprueba en general).........
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante y de Educación , la señora Jefa de la División de Educación Superior y el señor Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Obras Públicas , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a la probable construcción de un aeropuerto en Tongoy, Cuarta Región.
Del señor Comisario de Carabineros de Collipulli, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la vigilancia policial en la población que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Pesca respecto de exigencias para pescadores artesanales, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 3.561-21).
--Queda para tabla.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
IV. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3224-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
Discusión:
Sesión 13ª, en 20 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión general).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ayer la Secretaría hizo la relación del proyecto y, también, el Presidente de la Comisión rindió el informe respectivo.
De acuerdo con el orden de los inscritos, corresponde intervenir en primer lugar al Senador señor Martínez.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Sin embargo, antes de conceder la palabra, y en atención a que hay 14 inscritos, deseo hacer presente la conveniencia de acotar el tiempo.
El señor RÍOS.-
Me opongo, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sugiero 8 minutos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , no puede ser que algunos señores Senadores dispongan de cierta cantidad de minutos y que otros no reciban el mismo tratamiento. El orden de las inscripciones no debiera variar lo que reglamentariamente corresponde a cada uno. No sé cuál será la opinión de la Sala, pero yo, al menos, me opongo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En ese caso, debo someter a la Sala la idea de reducir el tiempo.
Entiendo perfectamente al Senador señor Ríos; está en su derecho. Pero, de alguna manera, debemos resolver dentro de tiempos limitados. No podemos tener sesiones indefinidas. Hay demasiados asuntos que tratar.
En consecuencia, propongo fijar el tiempo de cada discurso en 8 minutos, con cumplimiento estricto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica la proposición de la Mesa.
El pronunciamiento afirmativo implica aprobar la proposición de la Presidencia .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba (14 votos contra 8).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cordero, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Larraín, Matthei, Núñez, Ominami, Ruíz (don José), Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Cantero, García, Martínez, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz-Esquide y Vega.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En consecuencia, cada señor Senador dispondrá del tiempo señalado para expresar su punto de vista.
El señor CANTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, deseo dejar una constancia.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , sin perjuicio de que la votación ya está resuelta, me parece impropio que, al ocuparnos de un proyecto de tanta importancia, haya desequilibrio o un tratamiento desigual entre pares. Algunos señores Senadores han hablado durante 15 minutos sobre el tema; el resto debería tener el mismo tiempo. A mí me interesa usar 15 minutos y me veré imposibilitado por la restricción impuesta. En mi opinión, ello atenta contra el principio de igualdad. No puede ser que un grupo tenga el privilegio de hablar determinado lapso y que el resto sea restringido; no lo creo justo.
Por tal razón, pido que, al menos, se permita insertar los discursos a quienes tengan interés en ello. Es lo menos que puede hacerse para compensar el tratamiento desigual que, en definitiva, nos impide expresar latamente nuestro pensamiento sobre una materia de tanto interés.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Senador, para insertar los discursos se requiere acuerdo unánime de Comités. Lo voy a solicitar en la próxima sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger, en la última intervención sobre este punto, porque estamos perdiendo tiempo.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que no voté la propuesta de la Mesa, si bien me parece razonable, por estar entre los que hablaron 15 minutos en la sesión de ayer. No me parece correcto negar la misma posibilidad a otros.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Comparto la inquietud de los señores Senadores. Por eso lo planteé ayer, al inicio del debate, y por lo mismo lo reitero hoy.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , ¿podríamos conocer la lista de los inscritos?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Lo están los Honorables señores Martínez, Vega, Muñoz Barra, Ávila, Cantero, Ruiz-Esquide, Gazmuri, Parra, Ominami, Núñez, Viera-Gallo, Ríos y Sabag.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ¿alcanzaremos a terminar la votación hoy día en el caso de que cada uno utilice su tiempo?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Esperamos que así ocurra.
La señora MATTHEI.-
Ésa no es mi impresión, señor Presidente . En ese evento, ¿no daría lo mismo ofrecer 10 u 11 minutos a cada orador?
Encuentro razón al Senador señor Cantero cuando pide que se asigne un tiempo mayor, pues de ninguna manera alcanzaremos a intervenir todos, dado el número de Honorables colegas que van a fundamentar su voto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se está haciendo el cálculo, señora Senadora.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Por qué no preguntar si alguien quiere retirarse de la lista, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puesto que algunos van a fundamentar su voto y otros pueden no ocupar la totalidad de su tiempo, avancemos en la discusión y después decidimos, según sea lo que ocurra.
Si le parece a la Sala, así se resolvería.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el proyecto del Ejecutivo es realmente importante. Lamento que aparezca en él una tendencia a la extraordinaria injerencia del Estado en los procesos educacionales, los que deben ser esencialmente libres.
La educación necesita disponer de la máxima amplitud para moverse, y la Constitución es muy precisa al establecer que la única limitación a la libertad de enseñanza es que ella se mantenga dentro de las buenas costumbres, y que no atente contra la seguridad nacional ni contra las leyes.
En consideración a lo anterior, creo que estamos en lo referente a la amplitud que deben tener los ciudadanos chilenos para darse la educación que estimen conveniente y necesaria dentro del ordenamiento existente.
¿Por qué hablo de un retroceso? Porque en la iniciativa hay dos conceptos fundamentales. Primero, el relativo a la gestión; es decir, la forma en que el ente educacional administra sus medios y hace uso de su proyecto; y segundo, el producto que tal ente entrega a la sociedad, como las carreras y los grados académicos impartidos a través de su gestión.
Quiero especificar algo que me parece muy importante. La gestión del ente educacional -universidad, instituto- es esencialmente de administración, problema que hoy en día tiene estándares ampliamente reconocidos en el mundo a través de las normas ISO, como muestras claras. Los estándares se refieren esencialmente a la eficiencia de los capitales; del capital humano y de los medios de que se dispone para impartir educación.
En ese sentido, creo que aquí se avanza en forma inadecuada, porque se destruye la competencia leal dentro de un sistema que busca la excelencia en la administración de los medios.
Por otro lado, el resultado y la calidad del producto constituyen un elemento de prestigio, de seriedad, de nombre, de eficiencia de los egresados de un ente educacional que se han incorporado a las áreas laborales.
Desde ese punto de vista, el Estado aparece avanzando mucho más allá de lo que le corresponde dentro de un marco regulatorio muy amplio, ya reglado por la Constitución y por la respectiva ley orgánica constitucional.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué modificar el sistema? ¿Por qué no plantear derechamente algo fundamental, como lo es la libertad de emprender en los establecimientos educacionales, cualesquiera sean su categoría y nivel, en una gestión en que eficiente o ineficiente signifique que las personas involucradas van a tener pérdidas o ganancias con cargo a su propio patrimonio y, por lo mismo, se van a preocupar de ser eficientes, de tener un nombre de prestigio y de alcanzar el éxito en todos los campos?
Otro aspecto se refiere a que las universidades chilenas hoy en día trabajan con instituciones extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, país que da la pauta en materia de calidad educacional de alto nivel.
Todo ello nos hace preguntarnos para qué esta ley, cuando el propio sistema se mejora a sí mismo, buscando la perfección tanto propia como de la calidad del producto que entrega a través de los convenios con otras universidades. Éstas, a su vez, para aceptar un convenio, revisan si el ente con el que se asocian tiene igual o similar capacidad que la suya. Por lo tanto, debe ser también evaluado. Además, debe considerarse si el producto ha se ser intervenido por el Estado.
Me niego en forma terminante a mirar las cosas de la manera propuesta.
¿Es necesaria una alta calidad en la educación universitaria? ¡Sin la menor duda, como en toda la educación! Ése es un deber para cada uno de nosotros. Pero coartar, intervenir e incluso pensar que los proyectos institucionales van a tener que ser evaluados periódicamente me parece una cortapisa profunda a la libertad de educación y, sobre todo, a la eficiencia que se busca en este terreno, que es fundamental para el futuro.
Quiero agregar un elemento importante, que me preocupa sobremanera. El hecho de interferir en alguna forma con determinadas pautas para conocer cuál es el alcance o la eficacia de un producto, de sus resultados de los egresados de una carrera o de un postgrado, etcétera, implica desconocer algo fundamental: la propia eficiencia de la persona, más allá de la regulación que se desee establecer para medir el resultado.
Detrás de esto aparece algo que se mencionó ayer a la pasada. Se trata de los entes examinadores y evaluadores. Ello equivale a borrar con una mano lo existente y abrir con la otra con la otra la actividad lucrativa de tales entes y dar la posibilidad a juegos de influencias para obtener determinadas resoluciones favorables a los mismos.
En mi opinión, la futura normativa no es necesaria. En la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y en la misma Carta Fundamental ya está consignado el marco suficiente; el resto es de iniciativa de los chilenos.
Pero existe un problema adicional. Se habla de la carencia de información y de que muchas veces los interesados -padres y estudiantes- acuden a determinadas universidades sin la suficiente información. Me parece que estamos en presencia de una concepción infantilista de lo que es el modo de pensar de los chilenos, que quieren preocuparse de obtener para sus hijos una mejor educación.
En tal sentido, estamos asumiendo un rol que no nos corresponde, cual es el de los padres, quienes por esta vía dejarían de preocuparse del destino de sus hijos, ya que en el Estado se va a radicar todo el patrón de referencia. Eso me parece escandaloso. Lo digo claramente.
No sigamos pensando que los chilenos son guaguas de pecho o niños a los que debemos tomar de la mano. Lo que ha de hacerse es fomentar la información. En eso estoy de acuerdo. Pero ir más allá es pasar a llevar la obligación de los padres. ¡Hasta cuándo! Subrepticiamente, lentamente, casi sin notarse, hemos empezado a retroceder treinta años, pues hoy día el Estado se está metiendo en todas las actividades.
Soy absolutamente contrario a abordar el problema de la educación en esa línea. Debiéramos meditar mucho más sobre los alcances de tal actitud. Me parece que, por ser una exigencia moderna el disponer de una educación superior de calidad en todos los aspectos, no se requiere la intervención del Estado. ¡No la creo necesaria! Si la patrocináramos, estaríamos retrocediendo 30 años y, en vez de adelantar, iríamos para atrás.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Antes de seguir, debo recabar el asentimiento de la Sala para que ingresen los representantes del Ministerio de Educación, señora Pilar Armanet, Jefa de la División de Educación Superior, y el Jefe del Departamento Jurídico , señor Rodrigo González.
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , al hablar de calidad nos referimos al principio y doctrina que hoy día comandan el desarrollo, el progreso y la globalización, particularmente en los países desarrollados.
Por lo tanto, cuando mencionamos la calidad, no estamos hablando de la libertad de enseñanza ni de la inconstitucionalidad del proyecto, sino del perfeccionamiento que ineludiblemente requiere nuestro sistema educacional, y no sólo la educación superior, sino también los niveles básico, medio y preescolar.
Si analizamos los últimos treinta años, veremos que en la década de los 80 existía un reducido monopolio de universidades estatales, que -bien sabemos- no satisfacía lo que el país necesitaba, porque todavía no estábamos globalizándonos. La legislación de 1981 introdujo competencia, flexibilidad, libertad, diversidad y dinámica al sistema.
En la actualidad existen 62 universidades, 49 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica, que operan más de 500 sedes a lo largo de Chile e imparten sobre 3 mil programas de estudio, con una cobertura superior a 600 mil alumnos y aproximadamente 50 mil profesores. ¡Espectacular! El sistema se triplicó. Y en los próximos diez años se duplicará la demanda por educación superior, en particular por los quintiles más bajos, lo que es relevante si Chile pretende salir del subdesarrollo.
De lo anterior se concluye que una buena legislación se tradujo en un gran impacto para el país y su desarrollo, y que hay espacio para su mayor crecimiento; pero se debe fortalecer su dinámica, especialmente en lo que dice relación a calidad y distribución al interior del sistema. Hoy, por cada tres o cuatro estudiantes universitarios hay un técnico, situación inversa a la de los países desarrollados. En 1990 había 150 mil alumnos en carreras profesionales y 95 mil en carreras técnicas. En el año 2002 la cifra aumentó a 365 mil en aquéllas (143 por ciento) y a 99 mil en estas últimas (4 por ciento).
Ésta es una dicotomía, una descoordinación entre la demanda del desarrollo social de hoy y lo que ofrecen las universidades, en circunstancias de que debe haber una perfecta sincronización. De lo contrario, se produce el desempleo.
Desde 1931, al tratar de minimizar los costos de inspección, se desarrollaron las técnicas estadísticas, extendiéndose el concepto de calidad a todo el proceso productivo en el mundo desarrollado. El control estadístico de la calidad llegó a ser reconocido como una disciplina durante los años 40 y 50.
A fines de la década de 1960 surge un nuevo concepto, llamado "aseguramiento de la calidad", a partir de iniciativas derivadas de necesidades de la OTAN y de la industria automotora, particularmente de la empresa Ford, entre otras.
Estas certificaciones no sólo están orientadas al proceso de producción y logística, sino que también afectan a la organización toda. Hoy, el aseguramiento de la calidad ha pasado a ser sinónimo de la norma ISO 9000.
Por lo tanto, si somos estrictamente rigurosos, debemos aceptar que los sistemas de educación superior, inevitablemente, están integrados por universidades, institutos o centros de formación técnica, cuyos servicios repercuten directamente en el desarrollo de los países y, por ende, deben incorporar a sus procesos administrativos estas teorías científicas, como la "gestión para el mejoramiento continuo de la calidad"; de lo contrario, no lograremos salir del subdesarrollo en este mundo globalizado.
En aras del tiempo, no abordaré la historia de las acreditaciones en Europa, Estados Unidos y América Latina , particularmente en Chile, cada cual con su sistema. Sin embargo, me referiré a algunos aspectos puntuales del proyecto.
Respecto del artículo 15, contrariamente a la práctica universal de aseguramiento de la calidad, en virtud de la cual, cuando se trata de programas o carreras, se entrega la certificación a una instancia centralizada, y si se requiere certificar las instituciones, se da potestad a agencias intermedias, con una relación directa entre carrera y organización, el proyecto discurre en sentido inverso. De ahí la necesidad de evitar que, en la práctica, se estandarice un solo referente como modelo de organización.
Por su parte, el inciso segundo avanza más allá de los límites establecidos en la Constitución en su artículo 19º, número 11º, en materia de libertad de enseñanza, al consignar la obligatoriedad de determinados principios, sin perjuicio de la valoración que cada universidad pueda otorgarse a sí misma. Pienso que esto debiera revisarlo la Comisión de Constitución.
En cuanto al artículo 7º, sobre integración de la Comisión Nacional de Acreditación, considero conveniente incorporar un mayor número de universidades privadas que conforman el Consejo de Rectores, por cuanto el factor más importante en estos sistemas es la generación de confianza en sus actores.
Es preciso revisar también el artículo 9º, que amplía ilimitadamente las funciones de la Comisión Nacional de Acreditación, pues, como todos sabemos, en Derecho Público es fundamental que las funciones y actividades de cualquier servicio se encuentren clara y perfectamente definidas en la ley.
Otro aspecto relevante es el que se refiere a la presentación de los antecedentes para iniciar el proceso de cierre de un plantel, de lo que trata el artículo 27. Por sus repercusiones, debe estar suficientemente fundado, para los efectos de evitar una sanción comunicacional previa por no resguardar la privacidad, o porque los organismos involucrados no actúan con la prudencia que el caso aconseja.
Asimismo, parece necesario flexibilizar el derecho de las instituciones de educación superior a publicitar los procesos de certificación de calidad que realicen por cuenta propia en empresas privadas, en los cuales se hayan empleado otros sistemas, como las normas ISO o modelos de excelencia, ampliamente utilizados en el mundo desarrollado. Por lo tanto, también podría perfeccionarse el artículo 46.
Señor Presidente , Chile se está incorporando al mundo desarrollado a través de los tratados de libre comercio. Ya no nos sirve exportar barras de cobre, bosques convertidos en astillas, fruta natural o harina de pescado. El gran salto que deberemos dar será comercializar recursos básicos con valor agregado. Y, para ello, el pilar fundamental es la educación superior. El proyecto propone el qué; el cómo lo vamos a discutir en particular en la Comisión.
He dicho.
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El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Solicito autorización para que puedan funcionar paralelamente con la Sala las Comisiones de Agricultura y de Constitución, que estaban previamente citadas para despachar ciertas materias de ley.
--Se accede.
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El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , después de escuchar a algunos señores Senadores, especialmente al distinguido colega que me precedió en el uso de la palabra, me convenzo de que la confianza y desconfianza hacia el Estado estarán siempre presentes en la discusión. Y, en materia de desconfianza para con el Estado, tengo que reconocer mi perplejidad, porque quienes sostienen esta teoría la expresan cuando el caso conviene, cuando interesa. Y podría dar múltiples ejemplos.
En lo económico, se dice que el Estado no debe tener mayor injerencia y que ha de desprenderse de todo asunto relacionado con ello para que lo recoja el área privada, salvo en caso de conveniencia, cuando en la empresa privada ocurra algo raro, por situaciones internacionales o por problemas nacionales. Ahí se mira inmediatamente a ese pilar fundamental de la democracia que es el Estado, que vela por el bien común. Entonces, hay que subsidiar. Recordemos cuando quebraron los bancos, no hace muchos años, y el Estado "se tuvo que poner"; ahí sirvió y no hubo desconfianza hacia él.
Centrándome en la iniciativa en análisis, tengo muy claro que tanto en la discusión general como en la particular van a surgir dos temas: el de la libertad de enseñanza y el de la autonomía. Por ahí se canalizará el debate.
¿Qué se señala? Que el Estado, cuando se trata de ciertos casos, es siniestro y tiene terribles intenciones.
El señor VEGA .-
No se estará refiriendo a mí, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
No, Honorable colega; quédese tranquilo.
Excúsenme que traiga al recuerdo lo acontecido hace aproximadamente 80 años, cuando se trató la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Estoy absolutamente seguro de, que si revisamos las intervenciones de los Parlamentarios de entonces y comparamos su contenido con lo que opinó aquí un señor Senador, veremos que se asimilan cercana y absolutamente los términos descalificatorios y de desconfianza hacia el Estado. ¡Son completamente iguales!
Se dice que se está interviniendo la libertad de enseñanza. Pero -¡por favor!- nunca en la República ha existido un Estado que haya defendido más la libertad de enseñanza que los Gobiernos de la Concertación, desde 1990 hasta la fecha.
Fíjense, señores Senadores, que muchos de los niveles de la iniciativa privada están casi a la par con la enseñanza pública. El 57 por ciento de la educación pública atiende hoy a los sectores jóvenes del país, y la educación particular subvencionada y pagada constituye el 43 por ciento. Entonces, ¿dónde reside el peligro de que se está atentando contra la libertad de enseñanza?
Por supuesto, no voy a cansar a Sus Señorías proporcionando el detalle de cada uno de los ítem que el Estado entrega a la enseñanza particular subvencionada en materia de libertad de enseñanza. Solamente voy a decir una frase: todo lo que el Fisco entrega a la educación pública lo proporciona también a la educación privada. ¡Absolutamente todo! Entonces, ¿por qué existe tanta desconfianza en el Estado, en cuanto a que puede ser muy siniestro y tener segundas intenciones?
En esta vieja discusión del Estado sí y del Estado no, del Estado malo, avieso y diabólico, se ha paralizado la ley que estableció la jornada escolar completa (JEC). Hoy día se encuentra estancado un proceso modernizador que todo el país espera.
Quiero recordar, en esta defensa que hacen algunos sectores que se pasan un poco de la raya hacia posiciones muy conservadoras que cuando se discutió el uno por ciento de aumento del impuesto al valor agregado (IVA) para financiar la reforma educacional, se pronunciaron aquí encendidos discursos para señalar que eso era atroz. Pero, felizmente, más allá de las paredes de este Hemiciclo, el país dijo que sí al uno por ciento. Y lo entregamos generosamente para modernizar y perfeccionar el desarrollo de la educación en Chile.
Hoy entramos a analizar cómo funciona el nivel de la educación superior. Esta iniciativa versa sobre la acreditación y la calidad de la educación. Se denomina "acreditación" porque debe haber normas básicas para que funcione una institución de esta envergadura y delicadeza. Se habla de "calidad" porque nadie discute que ha de estar al más alto nivel de nuestra sociedad.
Ahora, yo acepto que tendremos que mejorar la forma como lo vamos a hacer. Deberemos afinar conceptos y artículos. Pero creo que todas las voces y todas las manos del Senado tienen que manifestarse por la aprobación de este proyecto en general.
¿Cómo vamos a permanecer mirando desde la distancia? La educación superior, desde 1985 hasta el 2002, creció en 173 por ciento. ¡En buena hora! De cada tres jóvenes chilenos, uno se está preparando para ingresar a la universidad. Entonces, ahí tiene que haber calidad, responsabilidad.
¿Quién debe velar por la calidad? ¿El mercado solamente? ¡Por favor! ¡No! Al Estado le corresponde hacerlo. El sistema actual tiene bondades -tampoco podemos ser pesimistas-, pero también excesos.
En Chile hay 292 instituciones de nivel superior, 620 sedes de educación superior y las ofertas repetidas de carreras universitarias alcanzan a las 4 mil 138 posibilidades. Ésta es una cabeza de Medusa de la cual emerge el tema de la calidad de la educación, que el proyecto en análisis pretende corregir.
Ahora, se ha planteado lo de la autonomía. ¡Si la autonomía no es un dogma, Honorables colegas! ¡No es algo que no se puede tocar! No se debe permitir la expansión explosiva de la educación superior si no existe infraestructura, equipamiento, ni planteles académicos de selección.
No podemos aceptar la autonomía como un dogma, cuando vemos que apresuradamente se están cerrando sedes universitarias o carreras que esos mismos establecimientos imparten.
Hay que transparentar este mal llamado mercado de la educación superior. No puede aceptarse -y lo saben los integrantes de la Comisión de Educación del Senado- lo que algunos señores rectores plantearon -a lo mejor, en forma muy sincera y honesta-, en el sentido de que la educación particular universitaria o superior es "una empresa prestadora de servicios". Yo no acepto esa expresión.
Reitero que se debe transparentar la oferta educativa. A eso apunta la iniciativa que estamos discutiendo hoy. Y hay que hacerlo para perfeccionar el sistema. Es preciso posibilitar una mejor decisión al usuario para postular a esos niveles. Debemos poner atajo a los excesos que están dando origen a cesantes ilustrados. Cincuenta universidades imparten la carrera de periodismo; 50, la de derecho, y otras tantas, la de ingeniería, en todas las especialidades. Se debe controlar algo que es aberrante.
¡Bastan una casa -a veces magra-, unos muebles, un pizarrón y tiza para tener una sede universitaria...! ¡Autonomía, sí; libertinaje, no!
Algunos dicen "acreditación voluntaria", pero...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
...con derecho a zanahoria y marraqueta; o sea, que el Estado entregue recursos, pero sin que exista ninguna responsabilidad y relación con él.
Señores Senadores, un mercado de 229 instituciones, de 620 sedes universitarias y de 4 mil 138 carreras justifica plenamente esta iniciativa sobre acreditación y calidad de la educación.
Por eso, votaré favorablemente en general el proyecto que en buena hora ha presentado el Gobierno.
Por último -no demoraré más de un segundo-, quiero pedir al Ejecutivo que envíe una iniciativa que no sólo establezca la excepción en Chile respecto del reconocimiento de las universidades acreditadas y no acreditadas, sino que también dé a conocer el pensamiento del Gobierno y de la Concertación en cuanto a la existencia o no de universidades públicas que, además de permitir el acceso de los jóvenes, les otorgue la posibilidad de permanecer en el sistema mediante la entrega de recursos generosos, a fin de que podamos aprovechar la intelectualidad de los muchachos que provienen de los sectores modestos del país.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , respecto de las universidades públicas, el proyecto nos pone frente a una disyuntiva bastante dramática. Sería la muerte súbita, que desea la Derecha, o bien la muerte asistida, que propone el Ministro señor Bitar .
Digo esto porque la iniciativa que hoy discutimos es la culminación de un largo proceso, cuya raíz, ciertamente, no se ha tocado para nada aquí.
El tema de fondo es el abandono que ha hecho el Estado de las universidades públicas. Desde luego, el hecho de condenarlas al autofinanciamiento implica arrojarlas a ese mar proceloso del mercado, donde tales instituciones no tienen cómo sobrevivir.
Es absurdo que Chile haya permitido, por la ausencia de una política en ese plano, el deterioro progresivo de instituciones que son fundamentales.
Nada menos que la Universidad Nacional, según lo ha manifestado su rector, hoy recibe un aporte público no superior al 14 por ciento. El resto debe procurárselo, ya sea por la venta de servicios y patrimonios, o con el aumento desmedido de cupos y aranceles, lo cual, por cierto, plantea que debe haber menos investigación y menos extensión. Con esta política, el tríptico misional de la universidad -esto es, docencia, investigación y extensión- se ve seriamente afectado. Entonces, la universidad tiene que competir, haciendo abandono de lo que es su esencia. Y, por cierto, si no lo realiza la universidad nacional, ninguna otra suplirá esa falencia.
Es una vergüenza que los recursos públicos, siempre tan limitados, se estén repartiendo por igual entre todas las universidades, incluidas las privadas, algunas de las cuales se hallan íntimamente vinculadas a los grandes intereses económicos del país. Basta con examinar la composición de los directorios de algunas de ellas.
Veamos la Universidad del Desarrollo: la preside Hernán Büchi ; vicepresidente, Joaquín José Lavín ; consejeros, Cristián Larroulet ... Es decir, faltan Longueira y el Senador Novoa . ¡Es la UDI!
Algo similar ocurre en la Universidad de los Andes, en la Universidad de las Américas, en la Universidad Andrés Bello.
Todas ellas tienen un financiamiento extraordinariamente generoso del empresariado, pero, además, se surten de los recursos públicos, que debieran estar sosteniendo a las universidades que realizan misiones trascendentes para el país.
Y allí nadie investiga, nadie hace extensión como corresponde. Hoy los estudiantes, después de haber terminado una carrera universitaria, se muestran más frustrados que antes de iniciarla. Los que no tuvieron la fortuna de encontrar un cupo en la universidad, por supuesto, no cumplen el sueño de conseguir un cartón profesional; pero quienes lo logran llegan a la conclusión de que tanto su esfuerzo como el de sus familias fue perdido, porque hoy es el mercado el que define el tipo de carrera que se imparte.
Miles de periodistas están actualmente sin saber qué hacer. No obstante, las universidades siguen ofreciendo aquella alternativa académica, debido a que, desde el punto de vista de los costos, es muy conveniente y, por lo tanto, se instaura en todas las nuevas entidades cuyo funcionamiento se autoriza.
Ayer el señor Ministro de Educación sostuvo que la acreditación, en la forma como viene concebida en el proyecto, es un paso adelante. Yo aceptaría esa afirmación, pero siempre y cuando él estuviera consciente de que sólo puede ser un paso adelante en la medida en que dé la espalda a los intereses profundos del país.
¡No es concebible que hasta la acreditación de la calidad de las universidades esté entregada a los dictámenes del mercado! ¡Que sean instituciones privadas las que estén en capacidad de evaluar el nivel académico de las universidades! ¡Que el Estado, el sector público, se desprenda incluso de una función que es esencial en la regulación de la actividad académica!
¡Chile pasaría a ser tal vez el único país en el mundo donde empresas acreditarían la calidad de la educación superior impartida!
En ese cuadro, señor Presidente,...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
...ya resulta absolutamente imposible revertir el tema de fondo que había planteado al comienzo: el abandono que el Estado ha hecho de nuestras universidades públicas.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Gracias por su comprensión, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , deploro -lo repito- que el Parlamento no pueda parlamentar, no pueda ejercer la confrontación de ideas con el tiempo adecuado. Me limitaré, en consecuencia, a lo sustancial.
Esta iniciativa, que tiene por objeto dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten, así como de sus carreras, me parece altamente necesaria, conveniente y positiva para el país.
Estimo indispensable establecer una instancia de coordinación del conjunto de funciones que apuntan al desarrollo de la educación superior, como asimismo mejorar las condiciones para el desenvolvimiento de una educación superior capaz de responder a los estándares de validez nacional e internacional.
En efecto, el informe elaborado por el Banco Mundial, en particular por el Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, señala que "la vitalidad de la educación superior es un elemento fundamental y cada vez más determinante de la posición de los países en la economía mundial. Contribuye a desarrollar la productividad laboral, la energía empresarial y la calidad de vida; promueve la movilidad social y la participación política; fortalece la sociedad civil, y estimula el gobierno democrático".
En una frase, ese informe nos dice que la educación superior es la clave para acceder a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en la que el capital intangible es lo más valioso; o sea, la riqueza no está en las minas, ni en las industrias, ni en los bancos: está en la mente y en las competencias que esas personas pueden desarrollar.
Por ello, estimo conveniente y necesario un proceso, más aún si es voluntario, como lo es el que estamos estudiando.
El proyecto recoge y fortalece los mecanismos de evaluación en actual aplicación y hace responsables a las propias instituciones educacionales de identificar sus fortalezas y debilidades, y a la comunidad académica y profesional, de validar y verificar los procesos de autoevaluación.
La calidad académica no es un asunto privado. Una proporción creciente de la población está vinculada a la educación superior: estudiantes, padres, empleadores y profesores. La transición de una educación superior para una elite exclusiva a una educación inclusiva para las grandes mayorías, ha transformado su relación con la sociedad a la que sirve.
Hoy se busca mejorar la competitividad en el mundo global y, por ello, se hacen exigibles garantías de la calidad de la educación e información acerca de las competencias y habilidades que esa educación entrega.
En la actualidad, pareciera que más bien se ha hecho carne el concepto de que la educación es un negocio. Pero no se cautelan las competencias que efectivamente el sistema proporciona. Ahora no es importante si se entrega o no competencia a los jóvenes que se preparan para enfrentar el mundo del trabajo. Da la impresión de que lo relevante es pagar la cuota de inscripción, las matrículas y, al final de la jornada, recibir un título.
Existen instituciones que imparten en dos años y medio y en tres años carreras tradicionales de cinco y seis años.
¡Es un escándalo, una vergüenza, y atenta contra el desarrollo de Chile y de los chilenos!
La gente se preocupa por la calidad de las instituciones de educación superior. Y no puede ser de otra manera. Afecta a padres, a la familia, a los estudiantes, y no por un tiempo relativamente corto; a veces los endeuda por muchos años. Además, se invierte tiempo valioso para lograr la calificación.
El valor agregado de la educación superior resulta nítido y compartido. Hace que la sociedad sea más equitativa y favorece los cambios. La calidad de la educación debe ser explícita, y la acreditación es la forma de dar garantía pública de esa calidad.
La educación superior demanda crecientes recursos públicos y privados, por lo que resulta necesario establecer una cultura de mayor transparencia, de rendición de cuentas clara y donde la opinión pública sepa efectivamente qué está recibiendo a cambio de esa relación de valor y dinero.
Se hace necesario fijar estándares de calidad que establezcan y promuevan en las instituciones la competitividad al entregar a los jóvenes competencias para enfrentar la sociedad bien preparados.
Si bien se dice que la educación universitaria es sin fines de lucro, lo cierto es que se ha transformado en un negocio que hoy día está impulsando ajustes negativos, porque, en definitiva, no incentiva un enfoque competitivo hacia la calidad, sino que muestra una tendencia a la mediocridad.
El señor ROMERO.-
¡Muy bien!
El señor VALDÉS .-
Así es.
El señor CANTERO.-
Cada vez se imparten cursos más baratos y de peor calidad, de manera de entregar el título al joven sin importar la competencia que tenga.
¡Eso es francamente escandaloso!
Es responsabilidad del Estado entregar información clara y confiable.
Asimismo, se habla de que se afecta la autonomía. No se afecta ninguna autonomía. Se trata de un proceso voluntario. Y, además -digamos las cosas por su nombre-, ahora sucede al revés: hay un exceso de autonomía para abrir sedes.
Antofagasta, mi Región, partió con tres universidades. Hoy existen varias sedes adicionales que hacen un esfuerzo serio. Pero algunas dejan mucho que desear. ¡Es una vergüenza! Cuentan con un pizarrón, algunas sillas, una tiza y un basurero, y con profesores de calidad cada vez peor, algunos sin la calificación indispensable para ejercer la docencia, sin las competencias requeridas; sin embargo, los hacen preparar a los jóvenes para el futuro. ¡A mí me escandaliza!
Quiero expresar además, en el minuto que me resta, que Renovación Nacional ha señalado al señor Ministro el compromiso de votar a favor de esta iniciativa, entendiendo que, por las lógicas del quórum, tendremos oportunidad de conversar en la discusión particular sobre los siguientes temas:
1.- Respecto de la acreditación institucional, se requiere que la universidad pueda elegir el par o la agencia acreditadora de un listado que calificarán, con todas las exigencias que estimen pertinentes, el Ministerio y la Comisión, de tal manera que la Comisión Nacional acepte de esa universidad la elección, en el entendido de que existen todos los requerimientos necesarios para cautelar que dicha institución cumpla su misión y su tarea. ¿Esto por qué? Porque la misión de la universidad, la coherencia filosófica y el origen del proyecto tienen mucho que ver.
Por ejemplo, ¿podrá ser razonable que una acreditadora del Opus Dei estudie una universidad de la Orden Masónica? Se genera allí un problema. En consecuencia, debe ser la universidad la que busque el par que mejor conozca la filosofía de su proyecto educativo.
2.- Establecer en la ley los criterios que se considerarán para aprobar esa acreditación, de tal modo que sea un sistema objetivo, técnico, ecuánime y que oriente en forma común todas las acciones de la Comisión Nacional de Acreditación y sus agentes.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ¡exijo la posibilidad de, al menos en un minuto y medio, señalar el elemento sustancial de mi intervención! De lo contrario, ¡mi posición quedará castrada!
Solicito a Su Señoría que recabe autorización de la Sala para que se me permita exponer mi punto de vista.
El señor MORENO.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tome su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , mencioné como segundo punto establecer en la ley los criterios que se considerarán para aprobar o habilitar a los agentes acreditadores, de tal manera que sea un sistema objetivo, técnico, ecuánime y que oriente en forma común todas las acciones de la Comisión Nacional de Acreditación y sus agentes.
3.- Establecer en la ley los criterios de elegibilidad que deberá usar la Comisión Nacional de Acreditación para definir las agencias o pares acreditadores de programas y carreras. ¿Cómo vamos a definir esas agencias e instituciones? ¿Con qué criterios? Que éstos sean objetivos y reconocibles por todo el país.
4.- Establecer en la ley los criterios para la acreditación de las carreras y programas.
Tengo perfecta conciencia de que alguien podrá decir que estamos haciendo una iniciativa de ley reglamentaria; que se trata de una ley orgánica constitucional y le estamos dando un enfoque reglamentario. Sí, señores Senadores; es cierto. Pero estos mismos criterios se pedían para la actual ley, y no se cumplieron.
El mercado hoy día no entrega información y por sí solo no regula. Yo siento, pienso y creo que quienes sostienen que únicamente el juego de la oferta y la demanda regula el mercado están en un error intelectual. Para que el mercado funcione se necesita información, de tal forma que asigne racionalmente los recursos.
Por eso, me parece importante avanzar especificando en esta iniciativa legal los criterios para la acreditación de las carreras y programas.
5.- Definir, también en la ley en proyecto, que será orgánica constitucional, con cierto carácter reglamentario, la información pública que cada universidad deberá entregar para transparentar el mercado (número de universidades que hay en el país, cantidad de carreras, número de alumnos matriculados, cuántos egresan, cuántos se titulan, de modo que los ciudadanos sepan -como señaló el señor Senador que me antecedió- que hoy día cerca de cincuenta universidades imparten las carreras de ingeniería comercial, periodismo, psicología y leyes) y orientar adecuadamente a la ciudadanía.
Creo que este proyecto, bien establecido, bien regulado, constituye un aporte inmenso a Chile para saltar hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento y acreditar competencias en los jóvenes a fin de que tengan éxito en la inserción laboral, y no como hoy, cuando tenemos miles y miles de muchachos que caminan por las calles frustrados o que conducen un taxi con títulos de ingenieros u otros.
En esa lógica, en la medida en que el señor Ministro nos garantice tales criterios, Renovación Nacional apoyará con el mayor entusiasmo esta iniciativa.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , a riesgo de gastar treinta segundos de mi tiempo, me sumo a las críticas o, más bien, a los reclamos formulados ante la imposibilidad de hablar todo el tiempo que cada señor Senador hubiera querido. Entiendo el problema de la Mesa; sé que no es su responsabilidad.
Mi planteamiento va por la línea de que, cada vez que tratamos de analizar materias relacionadas con la educación, se nos acorta el tiempo o la discusión se hace en forma muy rápida.
Ésta habría sido la oportunidad para realizar en el Senado un debate a fondo acerca de nuestra concepción sobre la educación superior.
En ese marco, deseo plantear lo siguiente.
El proyecto que nos ocupa, de alguna manera, trata de enfrentar los problemas que presenta el modelo de educación superior existente, fundamentalmente desde 1980, por los excesos cometidos.
¿Cuáles son las características del actual modelo que obligan a replantearlo?
Primero, un principio de libertad de enseñanza entendido en un sentido tan amplio que ha incluido el derecho a abrir, organizar y mantener entidades de educación superior sin la existencia de un órgano con capacidad para supervisar su funcionamiento, en aras del resguardo de su calidad y de la fe pública.
Segundo, la paulatina pérdida de un concepto profundo de universidad -de la vieja "universitas"-, considerada esta institución en su sentido clásico, de formación de hombres y mujeres, y no como un ente encargado de la mera transferencia de información técnica o de otra naturaleza.
Tercero, un principio de autonomía universitaria exagerada, que no admite límite ni subordinación a ninguna autoridad nacional, con competencia para fijar orientaciones que deben respetarse en los respectivos proyectos institucionales.
A lo anterior cabe agregar que, dado el modo como se ha ido desarrollando el nuevo modelo, se ha creado un verdadero mercado de la educación superior, que obliga a las instituciones a competir según las leyes de la oferta y la demanda y ha transformado este nivel de enseñanza en una oportunidad de negocio.
En ese concepto, la iniciativa no busca instaurar otra concepción acerca de la universidad, sino simplemente corregir algunas de las deficiencias y vacíos que se advierten en el esquema imperante y que son los más urgentes de acometer. En tal sentido, la entiendo como un proyecto de ley de reducidos alcances, por circunstancias políticas, sociales y económicas, que considera en consecuencia sólo aquellos respecto de los cuales es posible avanzar.
Una de las controversias planteadas en este debate es hasta dónde la sociedad, a través de la administración del Estado, como intérprete del bien común, puede actuar en esta materia.
Respecto de lo anterior, una discusión permanente se registra desde hace muchos años. Hay límites que no pueden traspasarse en razón de una supuesta autonomía. Así, no es posible que la universidad, por mucha autonomía que se le reconozca, esté habilitada para realizar cualquier acto sin restricción. Sobre todo, no puede proceder vulnerando los consensos democráticos o en contra de los valores de la democracia y de los derechos humanos.
En tal sentido, resulta positivo que estemos enfrentando el tema. Lamento que éste se haya considerado sólo ahora y no lo fuera en los catorce años contados desde la reinstalación de este Parlamento democrático.
El proyecto, con todas sus limitaciones, plantea el mejoramiento de este modelo, que no nos agrada, y busca resolver un problema que ya ha hecho crisis y respecto del cual, producto de la exageración, se han ocasionado graves trastornos. Aunque es un paliativo para enfrentar la situación existente, constituye un avance. Y en ese sentido lo votaré a favor.
En este tiempo, se ha ido gestando lo que algunos llaman el "mercado de la educación superior". No es extraña esta denominación, pues se ve que la actividad universitaria se ha utilizado para desvirtuar el sentido ético profundo de la educación, transformándola en la oportunidad de un negocio que -digámoslo- resulta bastante lucrativo.
Este proyecto no implica una vulneración de la libertad de enseñanza. Por el contrario, es una manera de poner punto final al libertinaje, al exceso y, en ocasiones, a la falta de pudor; o sea, al peor modo de interpretar el significado de la libertad.
Pienso que la libertad de enseñanza tiene dos límites inexcusables: uno social, relacionado con el bien común, y otro político y económico, referido a la inconveniencia de desestimar o desvirtuar el sentido ético de la educación, para reducirla a una simple ecuación de lucro que olvida que ella es un instrumento para la formación integral de las personas y la generación de una conciencia cívica y democrática proclive al pensamiento crítico y solidario.
La iniciativa se mueve en el terreno de lo posible. En mi opinión, esto es consecuencia del empate social y político que existe en Chile. Por tal razón, adolece de grandes debilidades, comenzando por la circunstancia de que plantea una acreditación voluntaria que, a la larga, inhabilita lo que queremos hacer. Si se ha acordado que el mecanismo sea obligatorio para medicina y pedagogía, cabría preguntarse por qué se rechaza esa misma obligatoriedad para carreras que cumplen roles sociales tan significativos como el de aquéllas o que revisten similar interés público. Yo soy partidario de esta última opción.
Como fuere, la voluntariedad está asociada a otra cuestión de importancia: qué ocurrirá con las instituciones que no logren acreditarse dentro de plazos razonables o luego de someterse a dos o más procesos de acreditación. Creo que este punto será tema de la discusión en particular.
En definitiva, con todas las limitaciones del texto que estamos aprobando, con lo que significa abordar una materia de tremenda trascendencia para el país y a pesar de haberse negado la posibilidad de efectuar un debate más profundo, votaré a favor, en la idea de cambiar algunas cosas durante el segundo informe.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , ¿me permite?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , pido que se recabe el acuerdo de la Sala para comenzar la votación en general.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si les parece, señores Senadores, se votará nominalmente, otorgándose el derecho a fundar el voto en primer lugar a los inscritos y permitiéndose dejar el voto en la Mesa.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en el poco tiempo de que dispongo, voy a plantear sólo un par de ideas.
En primer término, si bien este proyecto de ley tiene mucha importancia, durante todos estos años de transición democrática no hemos contado con ninguna condición para debatir a fondo y en serio sobre el estado actual del sector y la política universitaria; es decir, acerca de la educación superior en general. Creo que durante el próximo tiempo va a ser indispensable comenzar esa discusión.
Las reformas del período militar al sistema de educación superior fueron muy profundas, inconsultas e impuestas de manera arbitraria a las distintas comunidades universitarias y al país. Y, en mi opinión, sus resultados han sido muy insuficientes.
Esta afirmación no es banal si se compara con otras, como las planteadas, por ejemplo, en la intervención de ayer del Senador señor Fernández , quien, partiendo de la base de que tenemos un buen sistema de educación superior, hizo dos aseveraciones: primero, que en general el sistema de educación superior es de calidad; y segundo, que ese sistema incorpora cada vez a más jóvenes chilenos.
Respecto de la primera afirmación, tendríamos que decir que efectivamente existen en el país centros de estudio y universidades de calidad, en comparación con otros planteles del mundo. Pero los había también antes de la reforma.
Y en cuanto a la ampliación de la matrícula universitaria, ello tiene que ver básicamente con el grado de desarrollo que en los últimos años nuestra sociedad ha experimentado en todos los campos: con la amplitud de la cobertura en la educación básica y media, con el desarrollo económico de Chile, con la disminución drástica de la pobreza en los últimos catorce años. O sea, no es la calidad del sistema universitario la que ha producido de manera automática ese aumento de la matrícula.
Por consiguiente, se trata de calidades muy dispares y de una política que finalmente ha significado una gran anarquización de la educación superior chilena.
En síntesis, para no extender esta intervención, comparto los planteamientos, muy elocuentes, del Honorable señor Cantero . Su exposición fue una sorpresa para mí. Si Renovación Nacional la hace suya, en el país y en el Congreso habrá condiciones para diseñar una nueva política de educación superior que resuelva cabalmente todos los problemas. Pero, en fin, el tiempo lo dirá.
En consecuencia, sin perjuicio de los temas pendientes en este debate general, considero que la iniciativa, si bien es parcial, particular, resulta indispensable, porque garantiza la acreditación de las universidades, y dentro de ellas, de las carreras profesionales. Según entiendo, son dos asuntos conceptualmente muy distintos.
Lamento que en el trámite anterior la denominada "Comisión Nacional de Acreditación", que será el órgano rector de la acreditación en el país, haya quedado con una composición donde el Gobierno y el Estado tienen una presencia sobremanera disminuida. No comparto para nada que el Estado renuncie al ejercicio de funciones que le son inherentes y que las agencias públicas sean reemplazadas por una suerte de directorios que representan a las distintas corporaciones que se desempeñan en determinado ámbito de la actividad.
Una cosa es que representantes de diversas universidades mantengan participación en agencias de este tipo, y otra, que se considere una virtud que el Estado carezca de la presencia que le corresponde en las cuestiones que le son propias. Detrás de esto subyace la idea -bastante anacrónica, a mi juicio- de que la desaparición del Estado es necesaria para que la sociedad funcione bien.
El argumento vertido acá es evidente. Resulta imprescindible contar con una agencia pública de acreditación, para que Chile pueda mantener una interlocución mundial en materia de educación superior. ¡Por favor! Quienes creen que no debe existir ningún ente público que acredite universidades nos condena a ser un país incapaz de conversar con el mundo en materia de educación superior en la sociedad global que vivimos.
Entonces, apelo a los Honorables colegas para mejorar en el segundo informe la composición de la Comisión de Acreditación.
Por otra parte, comparto las observaciones en el sentido de que en la discusión particular debemos lograr una definición lo más precisa posible acerca de lo que entendemos por calidad. Ella no puede quedar sujeta a lo que resulte de un debate reglamentario relativo al concepto de calidad tanto para la acreditación de universidades como para las carreras. Porque en materia de calidad universitaria sí hay un análisis conceptual que hacer en cuanto a lo que pensamos -me parece bien que como país tengamos en este tema por lo menos una mínima definición- sobre cómo debe ser una universidad de calidad.
Estamos en presencia de una entidad -lo digo sin ánimo de anticipar una discusión al respecto- destinada no solamente a proveer la dictación de carreras profesionales, sino también a fomentar el pluralismo, el debate de ideas, los niveles mínimos de formación general, etcétera. Por tanto, las definiciones generales de los parámetros según los cuales la acreditación establecerá la calidad tanto de las universidades como de las carreras deben quedar reguladas en la normativa que ahora se propone.
Por todo ello, apruebo la idea de legislar.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , el proyecto es tardío e insuficiente, pero también necesario y urgente. Por tal razón, lo acogeré en general.
Es tardío porque representa una reacción frente a un conjunto de hechos absolutamente previsible y que nos está golpeando con fuerza. Llega casi doce años después de que el Gobierno del Presidente Aylwin, el 10 de septiembre de 1992, enviara a la consideración de la Cámara de Diputados una completa reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Basta leerla para constatar que incorporaba todos los elementos que el presente proyecto rescata y muchos más que siguen siendo igualmente necesarios. De la Oposición es la responsabilidad de que entonces no se haya legislado sobre el particular, abortando el debate ya urgente acerca de la educación superior en Chile.
El proyecto es insuficiente porque las claras denuncias del Senador señor Cantero , que yo comparto, así como las múltiples expresiones recogidas durante el trabajo de la Comisión de Educación por distintos actores del sistema de educación superior, revelan déficit normativos considerables entre nosotros que impiden que el sistema pueda desarrollarse sobre bases sólidas a futuro. Lo que ahora se nos propone constituye tan sólo un mínimo normativo.
El proyecto es necesario porque, entre otras cosas, con el voto de ustedes, señores Senadores, el sistema de acreditación ya está funcionando en Chile. A partir del MECESUP y de las glosas que han dado sustento a la aplicación de los recursos que provinieron del Banco Interamericano de Desarrollo, vienen desempeñando exitosamente sus funciones las Comisiones acreditadoras de pregrado y de posgrado. Esta última dio continuidad a un trabajo que realiza CONICYT desde hace prácticamente dos décadas. ¡Curioso! La mayor parte de las instituciones de educación superior se han sometido voluntariamente a este sistema, que carece hoy de soporte legal. Entonces, se otorga continuidad al esfuerzo que el país ya inició, además de ofrecer objetividad y transparencia. Y eso la hace, sin lugar a duda, una legislación necesaria.
Y el proyecto es urgente por las razones que aquí se han dado y, además, porque el soporte financiero del MECESUP, originado en el convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, está en vías de agotarse.
No cabe, pues, imaginar sino un pronunciamiento categóricamente favorable a la hora de votar la idea de legislar.
Sin embargo, anuncio que formularé un conjunto de indicaciones, de las cuales deseo anticipar tres.
En primer lugar, me parece indispensable que las nuevas sedes que, en ejercicio de su autonomía, resuelvan abrir las universidades y las instituciones de educación superior queden sometidas al proceso de licenciamiento como si se tratara de una nueva universidad. La verdad es que hemos visto un abuso en el ejercicio de la autonomía; una extrema desaprensión en las condiciones en que estas sedes parten y se sustentan; una banalización de la educación superior, como ayer se nos gritaba desde las tribunas. En consecuencia, esta norma es urgente y fundamental. En su momento presenté un proyecto de ley sobre la materia, que fue declarado inadmisible. Confío en que ahora, con patrocinio del Ejecutivo , esta indicación corra mejor suerte.
En segundo término, compartiendo los criterios del Senador señor Ruiz-Esquide , formularé indicación para procurar extender la acreditación con carácter obligatorio, ante todo para las sedes y nuevas carreras abiertas por instituciones que han obtenido su autonomía en estos últimos años, y progresivamente, más tarde, a otras carreras, entre las cuales destaco en primer orden la de Derecho.
Luego, en el ámbito de la información, es fundamental precisar que debe comprender también aspectos vinculados con el carácter jurídico de las instituciones, con sus propietarios y directores, así como con su situación y gestión financieras. Es evidente que, sin esos elementos, la información resulta absolutamente incompleta, impidiendo a los estudiantes una elección adecuada al momento de optar por la institución en que van a proseguir sus estudios.
Señor Presidente , el cuestionamiento que se ha pretendido hacer a este proyecto sobre la base de la vaguedad del concepto de calidad me parece francamente inaceptable. Éste es un país con una larga historia universitaria, con paradigmas y criterios orientadores. La iniciativa los recoge en los artículos 17 y 41.
Pero, además, Sus Señorías han recibido -gentileza del Ministerio de Educación- una publicación que desde hace tiempo realiza el Consejo Superior de Educación, llamada "Calidad en la Educación". Se han entregado 19 volúmenes de esa serie, con cientos de artículos.
Y la comunidad universitaria ha debatido sobre el tema hasta la saciedad.
¡Por lo tanto, no hay aquí improvisación, ni criterios antojadizos, ni nada misterioso!
Por último, se dice que esto puede afectar el gran desafío de la educación superior de dar cobertura a la creciente demanda de jóvenes que desean ingresar a ella en los próximos años, cifra que pronto se aproximará al millón de estudiantes.
Señor Presidente , si este argumento es compartido por el Senado, pido a Sus Señorías que me acompañen a solicitar al Gobierno una iniciativa para crear una red de centros de formación técnica estatal, porque los nuevos educandos que se incorporarán a la educación superior provienen de estamentos de bajos ingresos...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor PARRA .-
...y pertenecen a provincias y localidades donde los egresados de enseñanza media hoy día tienen escaso acceso al nivel siguiente.
Se necesitan estos centros de formación porque, como ha quedado claro en el informe y en múltiples estudios anteriores, el país tiene déficit en técnicos, no en profesionales universitarios. Como en esa área no ha habido interés en invertir, el Estado debe asumir la tarea, rompiendo en este campo la inercia, la cual agudiza los males actuales del sistema de educación superior y, con ello, de la sociedad.
Voto que sí.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , valoro la presentación del proyecto, que voto favorablemente, y también el desarrollo de esta discusión, pues estaba ampliamente pendiente.
Por distintas razones, relacionadas con el esfuerzo que se ha hecho en materia de educación básica y media, nuestra atención ha estado concentrada en esos ámbitos y, con ello, se ha ido postergando, desgraciadamente, el debate cada vez más indispensable sobre la educación universitaria.
Desde ese punto de vista, comparto lo que acaba de expresar el Senador señor Parra. Creo que esta iniciativa es necesaria, pero se presenta tardíamente y, por cierto, de forma insuficiente.
Tengo serias dudas respecto de cómo se ha venido desarrollando la educación superior. Se valora, con mucho énfasis, su desarrollo cuantitativo y se habla de los más de 600 mil estudiantes que la están recibiendo. Sin embargo, quiero poner una nota de cautela: una cantidad muy importante de ellos va a recibir un cartón, pero no logrará una inserción laboral acorde con sus expectativas.
De acuerdo con la información oficial, hay 43 mil profesionales cesantes. Y son muchos los jóvenes que, con un tremendo esfuerzo, particularmente de sus padres, han obtenido un diploma, que no es más que eso: una certificación que establece el cumplimiento de ciertos requisitos formales. Así, algo que costó mucho va a servir de muy poco, finalmente.
El número de ingenieros de ejecución o de diferentes disciplinas que se desempeñan, en la actualidad, en oficios completamente distintos del propio, que nada tienen que ver con los estudios realizados, habla, de manera muy elocuente, de una cierta frustración.
Tengo la sensación de que una parte importante de esos 600 mil y tantos jóvenes -habría que evaluarlo y precisarlo- son el producto de una industria que ha puesto por delante la rentabilidad, el negocio, la disminución de los costos, pero en ningún caso la generación de profesiones propiamente universitarias.
Por ello, dejo planteada muy formalmente esta nota de cautela sobre el particular.
Señor Presidente , a mi juicio, es del todo evidente que el mercado no puede funcionar libremente en este ámbito, pues aquí no estamos produciendo cualquier cosa. Es casi absurda una discusión respecto de si el Estado debe cumplir con su rol regulador o no. Deben de ser pocos los países en los cuales se sostiene este debate. Obviamente, múltiples razones, y muy bien fundadas, justifican la intervención estatal en esta materia.
Las familias no pueden quedar entregadas a cualquier tipo de oferta. Así como el Estado debe acreditar si determinada institución cumple con los requisitos para ser banco -porque no es posible poner los ahorros de la gente en un ente que no los reúna-, pienso que es completamente legítimo, necesario, que también establezca los requerimientos para que una entidad pueda denominarse "universidad".
Es fundamental que las personas sepan, si van a realizar tremendos esfuerzos, asumiendo grandes sacrificios, para costear una carrera universitaria, que existe una contrapartida básica asegurada. Y ésa es la acreditación: requisitos mínimos de calidad que necesariamente deben ser satisfechos.
Más allá del debate sobre la acreditación, hay otro mucho más de fondo. Creo que somos un país donde se ha usado y abusado del concepto de "universidad". Una gran cantidad de instituciones se llaman de ese modo, pero no son tales. Ése es el centro del problema. Me parece que debiéramos analizar, en algún momento, qué entendemos por universidad.
Ese término se refiere a requisitos de calidad académica; a temas de docencia, de investigación, de extensión. Pero también incluye un aspecto que, a mi juicio, no ha estado muy presente en la discusión. Considero, en efecto, que la universidad debe ser fiel a su historia, a sus orígenes.
Al respecto, no me agrada la idea de que cada sector tenga su propia universidad. No me gusta que exista una del Opus Dei y tampoco que, en reacción a eso, se cree una de la Masonería. O que los militares digan: "Así como hay una universidad del Opus Dei, nosotros también podemos tener una".
Juzgo que éste es un tema muy de fondo.
Yo me eduqué en la Universidad de Chile, donde había hijos de católicos, de masones, de militares. Éramos la diversidad. Y ahí estaba la gracia: la universidad era universal. Allí nos encontrábamos gente de los más variados orígenes y con distintas ideas respecto de los asuntos en debate. Y eso garantizaba la riqueza de esa institución.
Cuando cada sector quiere tener su propia universidad, finalmente el concepto mismo de "universidad" comienza a estar en cuestión. Por ello, sería muy importante que el Senado hiciera una discusión más amplia respecto de este punto.
Por último, quiero referirme al tema de las universidades públicas.
Yo comparto lo que aquí se ha dicho en cuanto a que el Estado no ha sido buen dueño de sus universidades. De hecho, pienso que no las ha tratado bien. Y, si continuará haciéndolo -e incluso, maltratándolas-, debiéramos debatir qué va a pasar.
Me choca un poco la idea de que se cree un sistema de acreditación donde todas las universidades van en igualdad de condiciones; voluntariamente, como se dice.
Pienso que las universidades públicas debieran ser objeto de un tratamiento distinto. Porque su condición de públicas implica que el Estado garantiza que cumplen con determinados requerimientos.
En un sistema donde el Estado trata bien a sus universidades, la acreditación debería quedar reservada, fundamentalmente, para las...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha concluido el tiempo de Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
...iniciativas provenientes de dinámicas distintas: del interés por desarrollar actividades rentadas, de hacer un negocio en este ámbito. Pero no me parece adecuado poner en un mismo pie, en un mismo nivel, a las universidades públicas y a las privadas.
Desde ese punto de vista, termino diciendo que, así como comparto el diagnóstico que hizo en su intervención el Senador señor Parra , concuerdo plenamente con lo expresado por el Honorable señor Cantero respecto de las formas de enriquecer el proyecto. Y espero que lo planteado por este último sea también representativo de un amplio número de Senadores de la Alianza por Chile.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , comparto en su totalidad lo que se ha dicho en cuanto a que ésta es una discusión tardía pero necesaria. Desgraciadamente, creo que antes no tuvimos la fuerza ni, tal vez, el coraje para iniciar un debate más a fondo respecto del sistema de educación superior del país que queríamos construir a partir del tema del conocimiento, que hoy constituye la preocupación central de la humanidad y de la sociedad en su conjunto.
Estoy convencido de que, a pesar de las bondades del texto, no resolverá los problemas esenciales expuestos durante el análisis en que nos hemos ocupado. Muchos quedarán pendientes. Y sé que el señor Ministro está tomando debida nota de que aquí se ha abierto un debate, el cual no puede sino continuar en una sesión especial del Senado.
Si hay una cuestión de fondo acerca del futuro de Chile, ella es qué pretendemos hacer con nuestra educación superior; cómo seremos capaces de enfrentar los desafíos del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología; cómo podemos dar satisfacción a la familia chilena, que ansía mejor educación para sus hijos; cómo otorgar los recursos indispensables para que efectivamente existan universidades decentes, en el mejor sentido de la palabra, por cierto; cómo enfrentar el tema de la educación pública y, en particular, el de las universidades estatales.
¿Queremos que estas últimas desaparezcan de modo definitivo? Si hay voluntad en tal sentido, pongámonos de acuerdo en si ello es válido, justo y necesario. Aboquémonos a ese debate. Porque connotados intelectuales de la enseñanza superior han planteado que la educación estatal es casi innecesaria. A mi juicio, eso es erróneo: significa terminar con una larga historia de casi 200 años. Desde la Universidad de San Felipe, pasando por la Universidad de Chile, en 1843, nuestro país fue generando condiciones para contar con las universidades adecuadas al momento histórico que se vivía.
La creación de la Universidad Católica, en el siglo XIX, obedeció también al empeño de determinado sector de la vida cultural, ideológica y filosófica de tener una universidad. Y creo que fue un éxito.
Concepción, sin su Universidad, no sería lo que es.
Y tampoco Valdivia -digámoslo francamente-, si en su momento no hubiese tenido la voluntad de crear una casa de estudios superiores especializada: la Universidad Austral de Chile.
La Universidad Técnica del Estado, con la cual tanta ligazón tuve, permitió enfrentar los desafíos de la industrialización de los años 1939, 1952, 1960, 1970. En todas esas décadas formamos los mejores ingenieros de América Latina, no sólo en rubros específicos, sino en prácticamente todos los ámbitos de la Ingeniería.
Es decir, aquí hay una historia de la universidad que se rompe en forma abrupta en 1981. Ese año -de manera inconsulta, por supuesto, dadas las circunstancias en que vivíamos- tuvo lugar una verdadera revolución. Algunos hacemos referencia a una "involución" en el desarrollo de la educación superior. ¡Pero se produjo! Ya han transcurrido 23 años del proceso impulsado por el Régimen militar.
¿Por qué el Senado no se sienta a debatir lo que verdaderamente ello significó? Porque uno de sus efectos es que el sistema se mercantilizó a un punto tal que a todos nos horroriza, ya que sabemos -y tenemos experiencia al respecto- que la educación superior ha terminado siendo una mercancía igual que cualquier otra.
Otro efecto es que, en la actualidad, Chile no está en condiciones, salvo muy raras excepciones, de acometer los enormes desafíos que exige la sociedad de hoy, no sólo a propósito de la globalización, sino también del enorme y dinámico crecimiento que experimentan la ciencia y la tecnología. El país que se retrasa en estos aspectos queda absolutamente postrado y condenado a la mediocridad.
En consecuencia, señor Presidente , ojalá Su Señoría nos convoque, junto con las autoridades del Ministerio de Educación, a ese debate tan necesario.
Algunos sostienen que el mercado puede generar aquí las condiciones para el desarrollo de una universidad superior. ¡Abramos discusión sobre ello! Estoy seguro de que están equivocados. ¡Eso no ocurre ni siquiera en los países más liberales del mundo!
En Estados Unidos existe una universidad estatal en todos los Estados. ¡Sí, señores Senadores! Y hace muchos años se tomó esa decisión, con el objeto de dar sentido y orientación a la sociedad que cada uno de ellos representa. La Universidad de Texas sigue siendo una de las mejores de ese país, y la de California, en Berkeley, una de las mejores del orbe.
Sin embargo, ahí no se ha abierto debate. Sería absurdo pensar que aquel que estamos realizando en Chile ocurriera en una nación tan liberal como ésa. Para qué decir en Europa, donde la ciencia y la tecnología se hallan radicadas, básicamente, en universidades estatales que tienen relaciones con el mundo de lo no público, con el mundo privado, de manera tan dinámica que nos llevan a lo menos 25 años de ventaja en investigación científica en muchos rubros que nos interesan.
Yendo al tema más de fondo, debo señalar que a mí -al igual que a otros señores Senadores- tampoco me gusta la voluntariedad. Tenemos que crear otras condiciones. Y estimo que la intervención del Honorable señor Cantero ha abierto la posibilidad de no generar una obligatoriedad tal que signifique una exigencia imposible de ser cumplida por todos. La voluntariedad puede implicar que el proyecto de ley termine por consolidar lo que no queremos que se consolide.
Reitero: la voluntariedad no me parece adecuada. No se trata de una obligatoriedad como la que se entendía anteriormente, según la cual los profesionales debían acreditarse en la Universidad de Chile. ¡Sí, Sus Señorías! La Universidad Católica estuvo casi un siglo -80 años- bajo esa modalidad. Quienes egresaban de ella tenían que dar exámenes en la Universidad de Chile para contar con un título válido.
Ése era el sistema. Y nunca hubo un terremoto a causa de ello. Por el contrario, todo el mundo consideraba que el saber, el crecimiento, el desarrollo del conocimiento se encontraban radicados en la Universidad de Chile.
No pretendo que volvamos a eso. Digo que la voluntariedad no es el mecanismo más adecuado. Es preciso estudiar el punto, así como las funciones, atribuciones e integración de la Comisión Nacional de Acreditación. Abramos debate sobre el particular. Tengo dudas acerca de cuáles deben ser su composición y, esencialmente, sus atribuciones.
Si dicha Comisión va a ser una mera oficina de información, como reclamaban algunos estudiantes, cometeremos, una vez más, el error de los chilenos: esconder las cosas reales y de fondo que en verdad nos interesan.
Discutamos también acerca de lo que significa tener en Chile -uno de los pocos países en América Latina donde todavía se da este fenómeno, pese al subdesarrollo que todavía existe en la región- una pirámide invertida en materia de conocimiento, en vez de contar con una base muy grande de técnicos, científicos, investigadores, y una cúpula menor de profesionales e investigadores de alto nivel. Disponemos de pocos técnicos, ingenieros, hombres y mujeres dedicados al desarrollo del conocimiento en términos de nuestras obligaciones como país que quiere enfrentar la globalización; pero se imparte una cantidad impresionante de carreras llamadas ¿entre comillas- liberales, las cuales, objetivamente, hoy no abren posibilidad alguna¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha finalizado su tiempo, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Termino en seguida, Presidente.
Ninguno de los jóvenes que egresan de esas carreras tiene posibilidad cierta de seguir creciendo como seres humanos y para asegurar el progreso del país.
Voto que sí.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , los argumentos se van repitiendo. Pero quiero ser muy claro en orden a que aquí se produce una disyuntiva muy fuerte entre lo que se quiere y lo que se puede. Y cuando uno se enfrenta a ella, en política, debe hacer un juicio de prudencia. ¿Cuál? Si el cambio es útil para rectificar lo que existe o si consolida lo que se desea modificar profundamente. Ese dilema, yo por lo menos -quiero señalarlo-, no lo tengo resuelto, sin perjuicio de mi adhesión, por cierto, al Gobierno del Presidente Lagos, y en particular al señor Ministro de Educación y a la señora Directora de la División de Educación Superior , quienes deben enfrentar este complejo problema.
El sistema que se pretende establecer requiere precisiones que, a mi juicio, son muy de fondo, pues no está claro el estatuto jurídico de la Comisión Nacional de Acreditación, ni mucho menos lo relativo al Comité Coordinador. Se dice simplemente que gozarán de la mayor autonomía. ¿Qué significa esto? ¿Estará enmarcado dicho estatuto dentro de las bases de la Administración del Estado? Me gustaría que ello fuera precisado.
Por otra parte está lo relacionado con la acreditación. Acabamos de aprobar el proyecto de reforma sanitaria, mediante el cual se crea la Superintendencia de Salud, cuya labor es la acreditación de hospitales públicos y privados. Sin embargo, se trata de una institución estatal a cargo de un funcionario nombrado conforme al nuevo sistema que rige para las altas autoridades públicas.
¿Por qué en el caso que nos ocupa el órgano acreditador no es análogamente estatal, en el sentido puro y público del término, y no un ente híbrido público-privado? ¿Por qué se aplica un criterio para salud y otro distinto para educación, en circunstancias de que, obviamente, también hay negocio en los hospitales privados?
Otro punto que tampoco me queda claro se refiere a la acreditación. Si las personas que la realizarán son representantes de los acreditados, ¿no se podría generar ahí un interés corporativo donde al final nadie resuelva nada o, dicho de otra manera, en que todos sean acreditados? Porque, ¿quién se atreverá a decir "usted no" si el que determina tiene un negocio, hace clases, ha conseguido un pituto o se presentó junto con el requirente a cierto proyecto de investigación, etcétera? ¿Quién podrá decir que tal universidad no posee la calidad del caso?
Es dable considerar también lo manifestado por el Senador señor Núñez en orden a que todo esto es voluntario. O sea, es como si se dijera: "Mire, la acreditación de los hospitales y de los quirófanos será voluntaria. ¿Por qué no puede ser; acaso no hay libertad de trabajo? Si se mueren los enfermos, allá ellos".
El siguiente aspecto que no resulta transparente se relaciona con las agencias acreditadoras. Estoy de acuerdo en que se trate de entidades privadas. ¿Pero por qué serán primera instancia cuando, simplemente, van a emitir un informe que resolverá la Comisión Nacional de Acreditación? De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Los profesores formarán sus propias agencias en las facultades; podrán acreditar las carreras y, además, cobrar dinero. De esa situación tendrá que apelarse ante los mismos profesores que están en la Comisión Nacional de Acreditación.
¿Cuál será el último escape de la gente afectada? Presentar un recurso de protección ante los tribunales. Pero eso, de nuevo, significa judicializar los conflictos de la sociedad, con todos los problemas que ello involucra.
Otro punto que no me parece convincente apunta a lo que sigue. ¿Por qué se acreditan obligatoriamente las carreras de medicina y pedagogía, y no así la de derecho? ¿Acaso los abogados no son auxiliares de la administración de justicia? ¿La de ellos, por definición, no es una profesión que se mueve en el linde de lo público y lo privado? ¿No interesa a la sociedad que haya abogados honestos, veraces y bien formados? ¿O le gustaría seguir el ejemplo de las universidades que hoy en día los forman? ¿Por qué determinadas carreras sí y otras no?
En consecuencia, lo anterior no me parece perfectamente nítido -o, por lo menos, merece más discusión-, como tampoco el hecho de que se considere dentro del sistema de educación superior a universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales como si fueran una misma cosa. Entiendo que los centros e institutos tienen una lógica no sólo respetable, sino que deberíamos apoyar con mayor fuerza. Sin embargo, la de las universidades es distinta. Por lo menos, yo siempre lo he entendido así.
Tal vez, la globalización, los cambios tecnológicos, etcétera, hayan ido vaciando de contenido el concepto correspondiente, el que, a mi juicio, fue definido muy bien por Ortega y Gasset en su famoso ensayo sobre la "Misión de la Universidad". Puede ser que ya no corresponda a la realidad de las universidades públicas y privadas. Siendo así, debemos tomar conciencia del problema y, por consiguiente, buscar cómo resolver el asunto para lo futuro.
Pero no me parece apropiado considerar una misma forma de acreditación para el INACAP, o para el centro de formación técnica de mi región, o para la Universidad de Concepción. Son entes diferentes y de naturaleza distinta. Incluso, el Instituto Virgilio Gómez, perteneciente a esa casa de estudios superiores es diferente a ella.
Con respecto a lo público y lo privado, no pongo la frontera entre esos dos conceptos, sino entre las universidades con vocación pública y las que no la tienen. Dentro de las primeras hay estatales y privadas. La Universidades de Concepción, Federico Santa María y Católica son privadas, pero con vocación pública, clara y definida, sin ninguna duda. Distinto es el caso de otras privadas que tienen vocación de lucro.
Por consiguiente, estimo que también deberíamos tener algún criterio sobre ese particular.
Por último, señor Presidente , debo decir con mucha claridad que no considero universidades a diversas instituciones que, aun cuando son respetables, lo único que hacen es simplemente entregar un título profesional.
Lo explicaré de otra manera: un famoso cardenal -no recuerdo su nombre-, al visitar Chile, dijo: "Qué raro: este país tiene cinco o seis universidades católicas". Porque en Italia hay una o dos reconocidas como tales; sin embargo, acá se multiplican, por cuanto, además, no sólo se presenta el problema mencionado por el Senador señor Ominami : los católicos tienen su casa de estudios superiores, y los masones, otra. Dentro del mundo católico, determinada orden cuenta con una universidad, y una de orientación diferente, con otra. Y ambas son de la misma religión.
Entonces, de esa forma se va a la segmentación, a la sectarización del saber, de la formación, etcétera, sin que exista ánimo de dialogar ni de buscar sanamente, según las reglas de la razón, de la verdad en todos los campos, como debe ocurrir en la universidad.
Todo eso redunda en algo que tal vez podría ser una añoranza de los años 60, época de la reforma, cuando pensábamos que la universidad iba a ser la conciencia crítica y lúcida de la sociedad, con sus investigaciones, su formación y su extensión. Pero -¡perdónenme!-, salvo una que otra universidad (como acaba de manifestar el Honorable señor Núñez ), el grueso de ellas no son conciencia crítica de nada, sea para un lado u otro, ni desean un tipo de sociedad diferente.
Por lo tanto, adhiero a la idea...
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
...de que debería celebrarse una sesión especial en la Comisión de Educación o en la Sala del Senado para debatir a fondo estos problemas.
Ciertamente, voto que sí, sobre todo por lealtad al señor Ministro de Educación y a la Directora de la División de Educación Superior , doña Pilar Armanet , quienes han trabajado bastante en la materia.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , el planteamiento del Honorable señor Viera-Gallo abre, sin duda, una interrogante, la cual ha estado prácticamente en la totalidad de las intervenciones escuchadas acá.
El hecho de oír atentamente las opiniones de cada uno de los señores Senadores indica que estamos frente a un proyecto de ley rodeado de interrogantes, y no sólo por la forma en que se aplicará, sino porque existen dos posiciones en este sentido: una, la planteada por el Honorable señor Viera-Gallo , en orden que el Estado será finalmente el que acreditará, independiente de cualquier otro organismo particular que entregue información, antecedentes, caminos u orientaciones; y dos, la que se refiere a una mayor participación del mundo privado en la materia.
Sin embargo, es evidente que el número de dudas ha ido en aumento, sobre todo en las últimas intervenciones de los señores Senadores.
En seguida, deseo aludir a algo muy importante, que seguramente recordará el Senador señor Páez , quien era Diputado en 1971. En esa época se creó en Chile el Movimiento Universidad para Todos, el cual llegó con un proyecto de ley al Congreso -lo discutimos en la Cámara Baja y también en el Senado-, en el que se establecía que todos los alumnos egresados de Cuarto Medio tenían que seguir estudios superiores.
Esa iniciativa -bastante debatida y muy impulsada por las bancas de enfrente- terminaba por transformar la totalidad de las acciones estudiantiles hasta la educación superior. En esa oportunidad recordé a Blest Gana, quien a fines de los años 40 tenía una columna en "El Mercurio", donde escribió algo que me hizo mucha gracia y que citaré ahora a propósito de las distintas intervenciones de los señores Senadores. Dio a conocer en ese diario que había leído que acababan de recibir su título cincuenta abogados, y que dijo: "¡Qué gran noticia para la agricultura chilena!".
En el fondo, ese hecho trae a la memoria que la totalidad de los años de formación en la educación superior están unidos a las alternativas de trabajo y de éxito profesional en el mundo laboral en que los futuros profesionales actuarán el resto de sus vidas.
A propósito de lo anterior, muchos señores Senadores rasgan hoy vestiduras por las universidades tradicionales -por ejemplo, la de Chile-, porque siempre fueron muy serias. Efectivamente, lo han sido. Sin embargo, quiero recordar que, entre otras carreras, la Casa de Bello creó la de Asistente Médico Administrativo, que duraba cinco años. Después se clausuró, por lo que los titulados en ella quedaron en el aire y, lo que es peor, fueron eliminados de los registros administrativos y de profesionales de la salud.
Estoy diciendo verdades.
Entre 1970 y 1973 -durante los años de la Unidad Popular-, emigraron cientos de profesionales chilenos. ¿Qué ocurrió? O tenían una situación de carácter político muy complicada, o simplemente no encontraron trabajo en un contexto determinado -conocido por todos-, que no estaba de acuerdo con sus capacidades ni con la preparación que recibieron en sus respectivas universidades.
Señalo esto por lo siguiente.
Un señor Senador manifestó - comparto su opinión- que los estudiantes universitarios egresan frustrados de sus carreras porque no encuentran ocupación y que decenas, cientos o miles de ellos caminan por las calles en las ciudades o por los senderos en los campos con sus títulos bajo el brazo sin encontrar alternativa laboral.
Entonces, obviamente cabe preguntar: ¿estamos realizando paralelamente todas las actividades necesarias para que el país se desarrolle, o debemos eliminar más carreras o detener el empuje de los jóvenes chilenos por titularse, porque nuestro medio no es capaz de darles trabajo?
¡Ésta no es una cuestión menor!
El propio Presidente de la República y el señor Ministro de Educación han señalado, con mucha razón -me sentí muy orgulloso de ello, como lo expresé en mis comentarios-, que en los próximos ocho años -o sea, en el 2012- Chile tendrá un millón de estudiantes universitarios. Esto significa que egresarán anualmente del orden de 180 mil profesionales. En la actualidad, de los 600 mil existentes, la proyección de las cifras da alrededor de 100 mil.
¿Podrá el país soportar esa carga de profesionales? Si reconocemos que no, entonces debemos estructurar una nación distinta, terminar con las alternativas de los jóvenes en la educación superior y decirles francamente: "¡Jóvenes de Chile, solamente algunos de ustedes podrán estudiar en tales o cuales universidades; el resto no tendrá acceso a la educación superior, porque Chile es incapaz de entregarles trabajo y alternativas de desarrollo profesional!".
Ése es el temor que surge después del debate. Y ello, por la premura dada al proyecto, no queda definido.
¡Por favor, estamos llenos de interrogantes!
¿Vamos a acreditar? El Senador señor Parra manifestaba con razón que no sabía por qué los actuales organismos acreditadores no actúan. Existen alternativas públicas y privadas, pero no funcionan, por una extraña razón.
Recojo absolutamente lo manifestado por el Senador señor Viera-Gallo en cuanto a que este proyecto sólo tiende un puente sobre un hecho que más adelante será exactamente igual, pero con un elemento adicional: existirán personas -algunas, del Estado; otras, privadas- con derecho a opinar sobre determinada materia, sin llegar a conclusión definitiva.
¿Vamos a eliminar la libertad de las personas?
¿Acreditaremos después las escuelas -ya se está haciendo-, los liceos, las empresas, los sindicatos, los locales comerciales, los matrimonios, los Diputados -vale la pena hacerlo-, las municipalidades? Éstas ya se están acreditando, porque se dispuso que no pueden ser alcaldes las personas sin licencia de educación media, lo que significó dejar fuera del proceso a tres millones 200 mil chilenos. Se terminó la democracia para ellos. Yo no lo compartí. Es natural y lógico.
En verdad, estamos ante una situación con la que no estoy de acuerdo. No comparto que el artículo 1º del proyecto señale: "Establécese el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior". ¿Quién va a asegurar?
Cuando hablamos de arquitectos en el mundo, nos viene a la memoria el nombre de Frank Lloyd Wright, el más grande de ese tipo de profesionales que ha tenido la Humanidad. Él sentía enorme satisfacción por impartir sus clases en el más antiguo galpón de su barrio. En esa estructura, que desde el punto de vista físico era tan inadecuada, preparó a los mejores profesionales en la historia de la arquitectura moderna.
Entonces, ¿vamos a acreditar universidades en la medida en que posean más o menos metros cuadrados? ¡Por favor!
Señor Presidente , en mi opinión, no estamos en condiciones de votar este proyecto, porque falta el debate -según lo han planteado el Honorable señor Viera-Gallo y otros señores Senadores- que fije definitivamente la doctrina que guiará al país en la materia.
Voto que no.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el debate gira en torno de un gran tema. Yo venía preparado para una exposición más lata; pero evidentemente el tiempo nos ha alcanzado y varios señores Senadores desean retirarse de la Sala.
Coincido en que el asunto merece mayor discusión, porque a todos nos preocupa y apasiona.
Observamos que han proliferado muy fuertemente las universidades en el país, de donde egresan profesionales de la más diversa índole. Algunos son innecesarios, porque ya hay muchos en Chile. Hemos descuidado de manera muy acentuada la parte técnica, en la cual acusamos debilidades.
No cabe duda de que, ante la gran proliferación de establecimientos de enseñanza superior, la acreditación resulta del todo indispensable. Por eso, el proyecto es conveniente y necesario.
Ayer el señor Ministro de Educación , respecto de la iniciativa que establece normas para el financiamiento de estudios superiores, señaló que, para decidir a quién se otorgará crédito fiscal, se va a preferir sin duda al que esté en planteles debidamente acreditados.
En consecuencia, éste es un primer paso, que considero muy relevante. Por ello, junto con votar a favor, reclamo que el gran debate del que se habló -sea por parte de la Comisión de Educación, sea por parte de la Sala- se lleve a cabo más temprano que tarde.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como acaba de intervenir el último de los oradores inscritos, ruego al señor Secretario continuar la votación nominal por orden alfabético.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, quiero dejar establecido lo siguiente.
Todo el debate ha girado en torno de una matriz que no se ha mencionado y que proviene de la Constitución de 1980, la cual fijó condiciones específicas -por ejemplo, quórum de votación altísimos para modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza- que no permiten que la discusión sea correspondiente con lo que significan las mayorías nacionales.
Ese punto no puede ser dejado de lado. Sin duda, esta iniciativa legal es insuficiente, precisamente porque se mueve dentro de un marco rígido, sea por las altas mayorías necesarias para enmendar lo vigente, sea por la instancia de reclamo ante el Tribunal Constitucional si a alguien, más allá de su propio mérito, no le gusta o no le satisface cierta materia.
Además, aquí hay un problema sistémico, no de universidades, ni de centros de formación técnica, ni de institutos profesionales. El hecho de que en el país, de acuerdo con las estadísticas, tengamos diez profesionales por un técnico -a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, donde la relación es exactamente inversa: diez técnicos por un profesional- muestra por qué a través de otros mecanismos hemos ido estimulando precisamente lo que aquí se ha denunciado como parte de un negocio.
Voy a citar un par de ejemplos.
Se ha realizado un gran esfuerzo por mejorar las educaciones parvularia, básica y media. En el pasado se hablaba de la "licencia secundaria", esto es, la recopilación de notas de la enseñanza media terminada, que, según me han dicho, hoy día aún se exige como requisito a quien postula a algún trabajo sin haber rendido la prueba de aptitud académica o la PSU. Y esa exigencia ha llevado a que, en algunos casos, la gente comience a creer que el hecho de poseer un título no va aparejado al conocimiento que en él se acredita.
Cito otro ejemplo.
En un segmento de la administración pública existe lo que se llama "asignación profesional". Ello significa que una persona puede percibir 40 por ciento más de remuneración si presenta un certificado universitario de una carrera con ocho semestres de duración. Por lo tanto, hay quienes hacen un esfuerzo enorme para conseguir dicho documento (que muchas veces representa más de lo que se aprendió), porque les significa un aumento automático, inmediato, de 40 por ciento en sus ingresos. Nadie pregunta si esa persona aprendió o no, si en realidad obtuvo o no el conocimiento específico que acredita el certificado.
Lo anterior nos conduce a un tercer elemento.
Hoy vimos en la Comisión de Educación del Senado que existen establecimientos que no exigen puntaje de ingreso y entregan títulos universitarios. Aceptan alumnos que han obtenido 300 puntos en las pruebas de ingreso al sistema de educación superior, ponderándolos con las notas de la enseñanza media. Hay estudiantes que pueden repetir siete u ocho veces el mismo ramo, ya que a la entidad pertinente le interesa más retenerlos por el arancel que educarlos. Y no los excluye del sistema, pese a que carecen de la capacidad necesaria para continuar en él. Eso es lo que ocurre hoy día en muchos planteles de educación superior.
Por eso, el proyecto en análisis -comparto las opiniones que ya se han formulado; y así lo señalo en la parte final del informe- resulta insuficiente. Sin embargo, es preciso llegar al convencimiento de que, dentro de las limitaciones existentes, habrá que avanzar, porque en la actualidad el país mantiene un esquema equivocado desde el punto de vista de la formación de nuestros profesionales y técnicos.
Hoy día el técnico no se halla valorado ni social ni económicamente. Está desvalorizado. Por eso, todos quieren obtener un título profesional. Ser técnico no es rentable, en circunstancias de que en Chile deberíamos privilegiar con claridad, junto con la calidad de la universidad, el rol que desempeña éste o un centro de formación técnica, a fin de que se le dé una inserción económica adecuada dentro de la sociedad, sin tener que hacer colapsar el sistema como sucede ahora.
Por esas razones, voto favorablemente la iniciativa, y anuncio desde ya que presentaré indicaciones para llevar algunas de las ideas aquí expuestas al debate en la Comisión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , votaré a favor del proyecto porque creo que es necesario legislar. El debate habido en la Sala me ha llevado a esa conclusión.
En mi concepto, esta discusión ha sido interesante y profunda, aunque insuficiente.
Sin perjuicio de que el proyecto vaya a la Comisión de Educación, el Senado debería sostener un debate sobre la materia, porque ello es fundamental para lo que será nuestro país en el próximo tiempo. Adhiero a la idea de abrir esta discusión, dado que enfrentamos un asunto determinante: qué hacer para que Chile cuente con una estructura educacional que le permita igualar a las naciones que han logrado el desarrollo.
Lo que ha dicho el Senador señor Moreno es cierto: tenemos invertida la pirámide. Contar en nuestro país con un título profesional da estatus social y, además, algún tipo de beneficio adicional. Pero las carreras técnicas se hallan desvalorizadas. Incluso los oficios son mirados como marginales, mientras que en Europa y en países de otros continentes constituyen el elemento fundamental de la piedra donde se funda la pirámide de la educación.
Es algo que deberemos analizar.
Asimismo, es preciso decidir si vamos a ir hacia el absoluto liberalismo, para que cada uno entregue la educación que quiera, como quiera y del nivel que quiera, o si tendremos un sistema regulado y serio.
Yo me inclino por que prime la seriedad. Incluso, estimo que el ejercicio de la regulación debe corresponder al Estado, porque él es el encargado de resguardar el bien común en esta materia.
Coincido plenamente con lo señalado por el Senador Viera-Gallo en el sentido de que el control de calidad de la educación no puede dejarse en manos de quienes están inmersos en la misma área. Sucedería lo mismo que en los órganos corporativos, donde nadie pretende sacar al otro y todos tienden a defenderse antes que a solucionar problemas.
Por lo anterior, creo que debemos asumir este problema. A mi juicio, el Senado puede realizar una gran tarea, junto con los Ministros y todos los expertos en la materia, en cuanto a ver la forma de iluminar a la propia Comisión de Educación para obtener que el proyecto en análisis realmente valga la pena de ser votado y así cumplir lo señalado en su título, que es de gran significación; esto es, la creación de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Hay que darse cuenta de lo que ello significa y ver cómo le damos contenido.
Creo que falta mucho todavía para que el proyecto logre alcanzar lo que pretende.
Voto a favor.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en verdad, no estoy en condiciones de imitar al Senador señor Viera-Gallo en su martirologio. Lo más que puedo hacer, por lealtades que todavía mantengo, es abstenerme.
¡El hígado no me da para más...!
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor, 1 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ríos.
Se abstuvo el señor Ávila.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones, pero en este momento no contamos con quórum para ello. Por lo tanto, cumpliremos ese trámite al inicio de la sesión ordinaria de esta tarde.
Tiene la palabra al señor Ministro .
El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-
Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia del agradecimiento del Gobierno por el resultado de esta votación.
Se ha iniciado un debate (hoy está en la discusión mundial) sobre el rol y el concepto de universidad. En esta ocasión, deseo expresar la voluntad del Ejecutivo en cuanto a apoyar cualquier decisión que adopte el Senado en particular o el Congreso en general tendiente a analizar esta materia, que reviste la mayor importancia, en una sesión especial.
He tomado nota de todas las observaciones formuladas, como también del escepticismo en cuanto a que sea posible avanzar en la dirección propuesta. Sin embargo, debo expresar que hemos progresado sobre el particular y estamos proponiendo un conjunto de medidas para llevar a cabo una reforma -la iniciativa recién aprobada constituye una parte de ella- más amplia de la educación superior.
En lo que respecta a financiamiento, ayer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto sobre crédito con garantía estatal. Hemos comprometido el envío de una iniciativa relacionada con la reingeniería del crédito solidario. Al mismo tiempo, hicimos llegar otra concerniente al fortalecimiento de las universidades estatales, otorgándoles mayor flexibilidad.
En tal sentido, para nosotros es muy importante el respaldo del Congreso en materias donde aún no alcanzamos eficacia: empleabilidad; relaciones de los planteles de educación superior con el sector productivo; vinculaciones de calidad en docencia y en investigación científico-tecnológica, y reforzamiento de las universidades estatales y públicas. En ese sentido, queremos reconocer la importancia del proyecto recién aprobado, como pieza de un sistema más general.
Junto con ello, deseo anunciar que el Ejecutivo acogerá las observaciones, en la medida de lo posible, y apoyará las iniciativas que lleve adelante el Congreso en general y el Senado en particular para realizar un debate más amplio, lo que nos parecería muy útil a los efectos del diseño de una política nacional sobre la materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:25.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción