Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Fernando Cordero Rusque
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Fernando Cordero Rusque
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE ADN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DEBATE
- RACIONALIZACIÓN DE USO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA CAPACITACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN
- Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- DEBATE
-
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE ADN
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Valdes Subercaseaux
- CONFERENCIA MUNDIAL DE GRANDES LOGIAS MASÓNICAS. COMUNICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- POSIBILIDAD DE FALLECIMIENTO POR "MAL DE LAS VACAS LOCAS" EN PUERTO MONTT. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- DETERMINACIÓN DE ANCHO DE CALLEJONES O CAMINOS VECINALES. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN BASE DE GUANTÁNAMO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ABURTO, ESPINA, ORPIS, VIERA-GALLO Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL CONSUMO DE DROGAS COMO CAUSAL DE INHABILIDAD DE AUTORIDADES QUE INDICA (3508-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- Alberto Espina Otero
- Jaime Orpis Bouchon
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Andres Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ABURTO, ESPINA, ORPIS, VIERA-GALLO Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL CONSUMO DE DROGAS COMO CAUSAL DE INHABILIDAD DE AUTORIDADES QUE INDICA (3508-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 52ª, en miércoles 21 de abril de 2004
Ordinaria
(De 16:22 a 19:11)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTES
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea Registro Nacional de ADN (2851-07) (pasa a Comisión Mixta)...............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre racionalización de uso de franquicia tributaria de capacitación (3396-13) (se aprueba en general)..........................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)........................................................
VII Conferencia Mundial de Grandes Logias Masónicas. Comunicación (intervención del señor Cordero)..................................................
Posibilidad de fallecimiento por "mal de las vacas locas" en Puerto Montt. Oficios (observaciones del señor Stange)................................
Determinación de ancho de callejones o caminos vecinales. Oficio (observaciones del señor Stange)......................
Situación de derechos humanos en base de Guantánamo (observaciones del señor Viera-Gallo).
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Educación , la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y el señor Jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda .
Actuó de Secretario el señor Sergio Sepúlveda Gumucio, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 48ª, ordinaria, en 13 de abril; 49ª, especial, secreta, y 50ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 14 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo del Senado a las modificaciones propuestas por esa Cámara en cuanto al proyecto que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señales o de servicios por parte de las personas con discapacidad.
Asimismo, comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental (boletín Nº 2.595-11).
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual remite nómina de los oficios dirigidos a cada una de las ramas del Congreso Nacional durante el mes de marzo del año en curso, en respuesta a diversas solicitudes de los señores Parlamentarios.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Frei, relativo a la creación de la Reserva Nacional Alto El Loa, en la Región de Antofagasta.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, mediante los cuales informa que en sesión celebrada el día 20 de abril en curso acordó, por unanimidad, formar el Grupo de Amistad Chile-Croacia y el Grupo de Amistad Chile-Siria.
Con tal propósito, resolvió invitar a los señores Senadores que deseen integrarlos para que se inscriban en la Secretaría de la Comisión antes del día 12 de mayo próximo.
--Se toma conocimiento.
Informes
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento:
El primero, recaído en las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por Su Excelencia el Vicepresidente de la República al proyecto de ley que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de la cédula nacional de identidad u otro documento de identificación (boletín Nº 2.897-07).
Los dos siguientes, relativos a los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.- El que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas, con urgencia calificada de "simple" (boletín Nº 3.389-07), y
2.- El relativo a la modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal (boletín Nº 3.154-07).
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica los decretos leyes números 2.460 y 1.487, con el objeto de establecer requisitos para el nombramiento en el cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, fijar su duración y eliminar requisitos del cargo de Subsecretario de Investigaciones (boletines Nºs 2.643-02; 3.266-02; 3.267-02, y 3.288-02, refundidos).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Aburto, Espina, Orpis, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés, mediante la cual inician un proyecto de reforma constitucional que establece el consumo de drogas como causal de inhabilidad de autoridades que indica (boletín Nº 3.508-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (El proyecto no podrá ser tratado en tanto Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional).
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Cordero, por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.469, sobre Prestaciones de Salud , en orden a facultar a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile para suscribir convenios con los organismos que conforman el sistema público de salud.
--Se declara inadmisible por contener materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad a lo dispuesto en el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Moción del Senador señor Cordero, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el decreto ley Nº 844, de 1975, Ley Orgánica de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, a fin de crear un fondo solidario para fines que señala.
Moción del Senador señor Cordero, por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 15.386, sobre Revalorización de Pensiones, y el decreto ley Nº 844, de 1975, Ley Orgánica de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, con el objeto de facultar a esta última entidad para destinar excedentes que indica.
--Se declaran inadmisibles por contener materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad a lo dispuesto en los Nºs. 2º y 4º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor CORDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , pido que se remitan al Ejecutivo las tres mociones que presenté y que fueron declaradas inadmisibles, pues solucionan problemas que afectan injustamente al personal en servicio activo y en retiro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Informo que el proyecto que regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal, signado con el número 9 en el Orden del Día de la tabla de hoy, se incluirá en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria, que se celebrará el 4 de mayo.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda pidió un nuevo plazo para la presentación de indicaciones a la iniciativa que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de la propiedad industrial, y ha sugerido el día 3 de mayo, a las 12, para tal efecto.
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que ese órgano técnico está yendo mucho más allá de su competencia, por cuanto la Comisión de origen es la de Economía.
Por lo tanto, como se quiere ampliar dicho plazo, solicito que la iniciativa también vuelva a esta última, con el objeto de evaluar las indicaciones o modificaciones respectivas.
El señor NARANJO.-
¡Así no terminaremos nunca su estudio!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se entiende que las indicaciones corresponderán a materias propias de la Comisión de Hacienda. Si no fuera así, tendría razón el Senador señor Orpis.
No podemos todavía tomar un acuerdo mientras no sepamos cuál es la naturaleza de esas indicaciones. Es posible que recaigan solamente en asuntos propios del mencionado órgano técnico. De ser así, no se justificaría que el proyecto fuera remitido nuevamente a la Comisión de Economía. En caso contrario, sería válida ¿repito- la petición de Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en todo caso, me gustaría que quedara sentado ese concepto. Es decir, si las indicaciones se refieren a materias que no son de estricta competencia de la Comisión de Hacienda, que la iniciativa vuelva a la de Economía.
El señor GARCÍA.- Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , sólo deseo asegurar que la idea es analizar aspectos que corresponden a la competencia de la Comisión de Hacienda y que son bastante menores. En realidad, se quiere rectificar un punto que resulta indispensable, pero que no apunta a la esencia del proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Así lo entendemos, señor Senador.
¿Habría acuerdo, entonces, en la proposición de la Comisión de Hacienda de ampliar el plazo para formular indicaciones hasta el 3 de mayo, a las 12?
--Se acuerda.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , pido que el proyecto que crea el Registro Nacional de ADN ¿desgraciadamente, no está en la Sala el señor Presidente de la Comisión de Constitución- sea tratado como si fuera de Fácil Despacho o en el primer lugar de la tabla.
La idea es simplemente mandar algunos artículos a Comisión Mixta. Se trata de acuerdos tomados por unanimidad en la Comisión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones,¿
El señor STANGE.-
No está el Presidente de la Comisión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Pero se encuentran presentes los demás miembros de ella. Además, he recibido esta misma petición informalmente.
¿Le parece a la Sala que se trate como si fuera de Fácil Despacho el proyecto signado con el número 6 en el Orden del Día, que crea el Registro Nacional de ADN?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE ADN
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, conforme a lo acordado, en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Registro Nacional de ADN , con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2851-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21ª, en 8 de enero de 2002.
En tercer trámite, sesión 18ª, en 10 de diciembre de 2003.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Constitución (segundo), sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002.
Hacienda, sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002.
Constitución (nuevo segundo), sesión 26ª, en 21 de enero de 2003.
Constitución (tercer trámite), sesión 51ª, en 20 de abril de 2004.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 22 de agosto de 2002 (se aprueba en general); 20ª, en 17 de diciembre de 2002 (vuelve a Comisión); 27ª, en 22 de enero de 2003 (se aprueba en particular).
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas modificaciones al proyecto despachado por el Senado, las que fueron analizadas por la Comisión de Constitución. Ésta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Espina, Fernández, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, propone a la Sala aprobarlas, con excepción de las introducidas a los artículos 1º, inciso primero; 2º; 5º; 14; 16; 18; 19; 20; 21, inciso primero; 22 y artículo 2º transitorio, como, asimismo, al epígrafe del Capítulo IV.
Las enmiendas que sugiere rechazar el órgano técnico se refieren, entre otras, al establecimiento de un sistema único de registros de ADN, al acceso de la policía al sistema de registros previa autorización del Ministerio Público, a la posibilidad de que el imputado solicite al Ministerio Público que ordene la destrucción del material biológico conservado, a la necesidad de contar con una orden del tribunal o del Ministerio Público para incorporar las huellas genéticas en los registros del sistema y a la eliminación de las huellas genéticas y sus datos asociados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, las que consignan el texto del artículo 198 del Código Procesal Penal, el proyecto despachado por el Senado y las enmiendas efectuadas a esta última redacción por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , en general, la Comisión aprobó la mayor parte de las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, pero -como muy bien lo manifestó el señor Secretario - estimó en forma unánime que era conveniente tratar ciertos asuntos en una Comisión Mixta.
El aspecto más delicado es que la otra rama del Congreso suprimió el acceso de la policía al registro de ADN de imputados. Y ello, en absoluto. Ni siquiera es posible contándose con la autorización del juez o del fiscal. Obviamente, es algo que no parece adecuado, porque entonces para qué llevar ese tipo de registro si la policía, que debe ejecutar las órdenes de investigación de los delitos, no accederá a su contenido. Ése es el punto tal vez más importante que es preciso clarificar bien con la Cámara de Diputados.
Los otros, que también son complejos, se refieren a quién ordena y cuánto tiempo después la destrucción de los elementos que han servido de base para obtener la huella digital. Lo anterior reviste mucha relevancia para aclarar delitos conexos, delitos posteriores o delitos imputados a una misma persona.
Para definir esos aspectos, la Comisión decidió -como ha especificado el señor Secretario - que algunas normas fueran a Comisión Mixta. Y todo se resolvió por unanimidad.
He dicho.
El señor LARRAÍN.-
Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto por la Comisión de Constitución.
--Se aprueba, y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para integrar la Comisión Mixta que deberá formarse.
RACIONALIZACIÓN DE USO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA CAPACITACIÓN
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "suma", sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3396-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 12 de noviembre de 2003.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
Hacienda, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
Discusión:
Sesión 51ª, en 20 de abril de 2004 (queda pendiente su discusión general).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La relación se efectuó en la sesión pasada.
Solicito la autorización de la Sala para que pueda asistir a la sesión el señor Yerko Ljubetic, Subsecretario del Trabajo .
El señor MARTÍNEZ.-
Nos oponemos, señor Presidente .
--Se rechaza.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La misma autorización se pide respecto de la señora Jossie Escárate, Directora Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y del señor Jaime Crispi, asesor del Ministerio de Hacienda.
--Se accede.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En discusión general.
Sugiero inscribirse a los señores Senadores que deseen intervenir, para los efectos de ordenar el debate.
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , el proyecto ha sido debatido largamente en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Como la mayoría de Sus Señorías lo sabe, introduce cambios en el uso de la franquicia tributaria de capacitación, que constituye un mecanismo de promoción bastante potente para un mejoramiento de las habilidades de la fuerza de trabajo.
Se están gastando recursos públicos del orden de 25 mil millones de pesos en ese mecanismo. Y el objetivo de la iniciativa es tratar de corregir algunas distorsiones generadas por la utilización o, mejor dicho, la mala utilización del sistema por numerosas personas que, con sólo una cotización previsional anual, pueden acceder a un beneficio de 13 unidades tributarias mensuales.
Como la ganancia es tan obvia, se ha organizado casi una industria, una forma ficticia de "construir" contribuyentes de primera categoría que, aprovechando la posibilidad que se les abre, cobran el subsidio. Y a menudo los cursos no se imparten o se imparten algunos que no son los comprometidos.
La información proveniente del Ejecutivo es que, de 66 mil personas que cobraron el beneficio, 30 por ciento habría incurrido en fraude. Y ello ha llevado a una situación bastante incómoda, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos debió paralizar la tramitación de muchos de los subsidios mientras no se determinara en forma exacta quiénes habían cometido el delito.
La iniciativa, entonces, intenta corregir lo anterior. Y la Comisión de Hacienda, básicamente, acogió todo lo aprobado por la de Trabajo y agregó algunas mejoras, que corresponden a observaciones formuladas durante la discusión. Por ejemplo, en lo despachado por la Comisión de Trabajo se determina que el beneficio general se otorgará en el caso de las empresas con una planilla anual de remuneraciones imponibles de 45 unidades tributarias mensuales, es decir, de un millón 330 mil pesos, aproximadamente. Esto equivale a lo que sería el ingreso mínimo por el conjunto del año.
El beneficio que se obtendría en esas condiciones sería de 9 unidades tributarias mensuales, o sea, unos 266 mil 400 pesos, cantidad equivalente a las cotizaciones previsionales de la planilla anual indicada, que ascenderían a alrededor de 270 mil pesos.
Con ese ajuste se asegura que el beneficio no sea mayor que las imposiciones pagadas, de modo que no se produzca el trasvasije que implicaba inventar subsidios donde no los hay, simplemente para cobrar la plata.
La mejora introducida al proyecto por la Comisión de Hacienda consiste en que, además del tramo de sobre 45 UTM, se incorpora otro para empresas que realicen cotizaciones previsionales por una planilla anual de entre 35 y 45 UTM, caso en el cual la franquicia baja a 7 UTM.
La razón de ello es la siguiente. Hay dos grupos de trabajadores que perciben o pueden percibir ingresos inferiores al salario mínimo: los menores de 18 años y los mayores de 65. Lo que se hizo fue ajustar el beneficio a las cotizaciones previsionales correspondientes a montos de ingreso que fluctúan entre 35 y 45 UTM al año ¿estamos hablando de un millón 30 mil pesos a un millón 330 mil-, las cuales llegan, aproximadamente, a 206 mil pesos.
Por lo tanto, en el primer tramo, el subsidio para las personas que perciben un salario mínimo o superior a él -45 UTM o más- alcanza a 9 UTM, y en el segundo -35 a 45 UTM- baja a 7 UTM.
Otra modificación se refiere a la ampliación del Fondo Nacional de Capacitación, y tiene por objeto dar cobertura en los programas, fundamentalmente, a los microempresarios y a los trabajadores por cuenta propia, quienes no calificarían para la franquicia tributaria por tener una planilla de remuneraciones inferior a 35 UTM o no cumplir con el actual requisito de ser contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En consecuencia, se abre para ellos esta ventanilla del Fondo Nacional de Capacitación, donde, según el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, tendrán una mayor participación las Direcciones Regionales del SENCE y el Consejo Nacional de Capacitación.
También se establecen algunos cambios en el mecanismo de adjudicación del beneficio.
En primer lugar, se señala que quien decidirá a qué curso aplicará el beneficio será el propio adjudicado. Es decir, la persona que demande el servicio indicará el curso que desea tomar, y no al revés, como estaba ocurriendo, en que la oferta configuraba la demanda. Porque algunas empresas que dictaban determinados cursos inducían a la gente a tomarlos. Eso les permitía cobrar el subsidio. Y muchas veces distorsionaban lo que las personas en realidad necesitaban, en cuanto a una capacitación que fuera particularmente útil para el oficio que desempeñaban.
En segundo término, el pago se hará en forma directa al organismo capacitador elegido por el beneficiario entre aquellos que hayan resultado favorecidos en una licitación pública. Ésta constituye otra manera de corregir los problemas señalados.
Finalmente, la Comisión de Hacienda fijó un período transitorio para la puesta en marcha del nuevo sistema hasta el 31 de diciembre de 2004. Y en el mismo precepto se contemplan medidas tendientes a impedir la constitución de sujetos tributarios cuyo solo objeto sea impetrar el beneficio de la franquicia.
En todo caso, durante el debate en dicho órgano técnico se formularon comentarios y críticas -que son ya relativamente sistemáticos- a los programas de capacitación. Por ejemplo, se sostuvo que los cursos no se encuentran enfocados hacia los principales déficit que tienen los trabajadores y, por consiguiente, muchas veces no cumplen con el propósito de habilitarlos para conseguir un mejor empleo.
Asimismo, se señaló que no se ha podido constatar todavía, por lo menos empíricamente -sería bueno hacer un estudio al respecto-, cuál es, en definitiva, el efecto de esos cursos en la generación efectiva de nuevas ocupaciones.
Señor Presidente , concedo una interrupción al Senador señor Muñoz Barra .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA .-
Señor Presidente , sólo quiero hacer una consulta al Honorable señor Foxley.
Me llama la atención un párrafo del informe, donde se consigna que "el año 2004, 195.000 trabajadores perderán el derecho a capacitación y que, más aun, 2.140.619 perderán la posibilidad de acceso a ella, fundamentalmente por la enorme cantidad de trabajadores ocupados sin imposiciones, que se concentran principalmente en la microempresa.".
En el debate efectuado en la Comisión, con asistencia de las autoridades pertinentes, ¿no se encontró alguna fórmula para eximir de pago a tales trabajadores ¿que, de por sí, ya se encuentran desprotegidos al no contar con imposiciones-, a fin de que ahora, más encima, no pierdan el derecho a capacitación? Porque, de acuerdo con el informe, simplemente, 2 millones 140 mil trabajadores no van a tener posibilidad de acceder a una capacitación que les permita generarse, incluso ellos mismos, una fuente de trabajo.
Agradezco la interrupción.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Puede continuar el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , ése es un tema propio de la discusión que seguirá respecto del contenido sustantivo del proyecto y que no fue abordado en la Comisión de Hacienda. Supongo que algún representante del Gobierno podrá responder la consulta de Su Señoría.
Termino manifestando que, en lo relativo al financiamiento, dado que las correcciones propuestas tienden a impedir abusos, este año se generaría un ahorro de unos 235 millones de pesos. Y, por cierto, en el 2005, con este mecanismo plenamente en marcha, con la inclusión del tramo intermedio y la ampliación del Fondo de Capacitación, habrá un efecto neto de mayores gastos que irán aumentando gradualmente, hasta llegar a alrededor de 4 mil 100 millones de dólares en el año 2009.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , enfrentamos la difícil tarea de resolver sobre el proyecto en debate, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.518, que fija el Estatuto de Capacitación y Empleo, a través del cual se regula el funcionamiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el uso de las franquicias tributarias para las entidades que desarrollen actividades de capacitación.
Se trata de una iniciativa compleja, incluso para su votación en general, porque es evidente que gran parte de los organismos técnicos de capacitación (OTEC) han funcionado de manera adecuada y brindado un servicio objetivamente efectivo al propósito de elevar la calidad de los trabajadores.
Sin embargo, la realidad muestra que algunos OTEC han abusado del sistema, desvirtuando los objetivos para los cuales fue creado, con el solo afán de obtener ganancias con actividades que se hallan al margen de la legalidad.
Todos conocemos casos, en nuestras Regiones, en que los cursos de capacitación no han sido dictados a pesar de recibirse los beneficios de la franquicia tributaria correspondiente, e incluso, situaciones en que las personas han sido derechamente estafadas por los OTEC, que les han cobrado por los cursos y no les han entregado la capacitación.
Las cifras dadas a conocer por el SENCE corroboran tales afirmaciones. Sólo desde 1999 a la fecha, el uso de la franquicia tributaria ha aumentado en 694 por ciento, ya que el número de contribuyentes se incrementó de 12 mil 375 a 98 mil 198; y los pagos, en 149 por ciento, por cuanto se elevaron de 33 mil 991 millones de pesos a 84 mil 534 millones, crecimiento explosivo que, a juicio de ese organismo, se explica por las empresas beneficiarias que tienen un solo trabajador, con un solo mes de remuneraciones, en las que el contribuyente y el trabajador supuestamente capacitado son la misma persona. Esto es, se trata de empresas ficticias creadas con el único fin de acceder a la franquicia tributaria.
La magnitud de los incentivos a las malas prácticas es tan alta y sus consecuencias tan extendidas, que ha tenido como correlato una vasta acción de fiscalización. En efecto, durante la Operación Renta 2003, respecto del período 2002, casi 80 mil contribuyentes fueron fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos, de los cuales, hasta la fecha, 25 mil continúan con sus pagos retenidos por no haber presentado los antecedentes requeridos para acreditar la efectividad del otorgamiento de mandatos, la ejecución del gasto en capacitación o la asistencia real a los cursos que dicen haber contratado.
Por otra parte, la adopción de estas medidas, producto de las malas prácticas ya reseñadas, ha tenido como consecuencia el hecho de que aproximadamente 30 mil contribuyentes del tramo micro no hicieran uso de las franquicias tributarias para capacitación durante el año 2003, ya sea porque se inhibieron ante las medidas de fiscalización que el sistema está obligado a adoptar debido a los fraudes cometidos o porque no disponen de un instrumento legítimo para hacerlo.
Es lamentable que, para corregir esta situación, tengan que pagar justos por pecadores. Pero no es posible seguir aceptando esta distorsión del sistema diseñado para la capacitación de los trabajadores. Y ello no es dable, no sólo por nuestro deber de velar por el uso correcto de los recursos públicos, sino también porque permitir tales abusos representaría una señal negativa en la lucha contra la corrupción y afectaría seriamente los esfuerzos que debemos hacer como país para promover la capacitación de los trabajadores, a fin de asegurarles una productividad que les permita competir con éxito frente a las empresas de naciones y bloques económicos con los que hemos suscrito acuerdos comerciales.
Si la apertura de nuestros mercados representa un mayor desafío para nuestros trabajadores en términos de competitividad y productividad, es evidente que se les deben entregar los medios para su capacitación. Pero si el sistema diseñado está siendo debilitado en sus cimientos por personas inescrupulosas, aprovechándose de los resquicios de la ley, no sólo el cumplimiento del sentido de la norma legal se ve amenazado, sino que también se pone en riesgo la capacidad de nuestros trabajadores de competir en condiciones adecuadas con los países con los que nos hemos asociado, lo cual podría causar graves perjuicios sociales.
Es lógico, entonces, y constituye una actitud responsable, buscar las adecuaciones a la ley para prevenir estos abusos. Podremos discutir durante la tramitación en particular del proyecto en análisis si las propuestas presentadas por el Gobierno son o no las más eficientes desde la perspectiva de dicho objetivo, pero la reforma de la ley Nº 19.518, que fija el Estatuto de Capacitación y Empleo, es una necesidad ineludible e impostergable.
Sin embargo, a pesar de las modificaciones en las que podamos concordar, creo oportuno valorar desde ya la proposición de que los microempresarios accedan a la capacitación a través del programa incluido en el FONCAP, para el cual está previsto un financiamiento total de 4 mil 800 millones de pesos, con los que, de acuerdo con las estimaciones del SENCE, se podría entregar capacitación a 70 mil trabajadores, sin perjuicio de que la modalidad de las franquicias tributarias siga estando al alcance de las pequeñas empresas que acrediten el cumplimiento de las exigencias que se introducen en la iniciativa que nos ocupa para resguardar cualquier posible abuso.
La señora FREI (doña Carmen) .-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor SABAG.-
Sí, señora Senadora, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , tengo entendido que el proyecto en debate es de artículo único, por lo cual debería tratarse en general y en particular. Lo advierto porque el señor Senador se ha referido a la posibilidad de presentar indicaciones.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ésa es una materia que debemos resolver.
Efectivamente, cuando llegó, esta iniciativa era de artículo único y por eso la Comisión de Trabajo solicitó ese tratamiento. Pero, como la de Hacienda le introdujo modificaciones y, por lo tanto, dejó de ser de artículo único, debe volver a Comisión.
Recupera la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Gracias, señor Presidente . En todo caso, concuerdo en cuanto a despachar la iniciativa en la forma más rápida posible, y ojalá en esta misma sesión.
Por último, deseo valorar también el interés que las organizaciones gremiales vinculadas a la capacitación han demostrado en participar en el estudio de este proyecto. Por ello, deseo pedirles, reconociendo su legítimo derecho a plantear sus puntos de vista, que comprendan la responsabilidad del Congreso Nacional en cuanto a dictar normas que eviten situaciones abusivas y perfeccionen el sistema de capacitación. Ello, considerando que el éxito de éste se halla estrechamente relacionado con la capacidad del país de competir en los mercados internacionales y elevar la cantidad y calidad de fuentes de empleo que pueda ofrecer a sus trabajadores, lo cual debe ser, en definitiva, nuestro objetivo superior en esta discusión.
En cuanto a las conclusiones relacionadas con la iniciativa, cabe señalar que la modificación en la línea del FONCAP permite contar con un financiamiento directo a las microempresas, sin tener que pagar gastos de intermediación, intereses bancarios y sobreprecios a los cursos.
Con la reforma, las microempresas dispondrán de un instrumento pertinente, legítimo y transparente para capacitación; evitarán los controles aplicables a empresas que tributen en primera categoría, y no correrán el riesgo de ser inducidas a participar en el programa de franquicia sin reunir los requisitos correspondientes.
Al licitarse los recursos se podrán lograr precios equivalentes a los que hoy se obtienen en los programas licitados del SENCE, bajando de 3 mil 800 pesos la hora a un mil 600, con lo cual la cobertura en esta primera operación del nuevo fondo puede alcanzar a 60 mil capacitados, número mayor al de los 40 mil que se capacitaron en el 2002, y que corresponden al tamaño de empresa antes mencionado.
Se elimina el incentivo a la simulación, ya que el principio que se aplica es el de una masa salarial tal que las imposiciones pagadas sean exactamente iguales al subsidio obtenido. Esto es, 60 UTM de salarios: 13 UTM de beneficios; 45 UTM de salarios: 9 UTM de beneficios, y 35 UTM de salarios: 7 UTM de beneficios.
Se incluye una indicación que flexibiliza la aplicación de la reforma durante el año 2004, sustituyendo la exigencia de 45 UTM por la sola declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente a 2003, permitiendo que los contribuyentes se ajusten durante el presente año.
Sin duda, hay artículos que requieren ciertas precisiones, las que haremos durante la tramitación del proyecto.
Por último, anuncio que votaré a favor de la iniciativa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , tal como se ha señalado, no cabe la menor duda de que la capacitación de los trabajadores es un objetivo loable y, además, muy esencial en la competitividad internacional de Chile. Y el proyecto en debate se adentra directamente en el tema.
Sin embargo, en cierta medida lo hace en forma unilateral, porque se refiere básicamene a la necesidad de poner atajo a los abusos producidos en el uso de la franquicia y evitar así el despilfarro de los recursos públicos. Si quisiéramos resumir el contenido del proyecto, diríamos que se orienta a establecer especiales medidas de resguardo en el caso de la microempresa, a reducir los montos de las franquicias y a elevar los requisitos necesarios para acceder directamente a la capacitación.
Así las cosas, la iniciativa que analizamos merece, desde mi punto de vista, tres comentarios que, de alguna manera, son críticos.
El primero de ellos se refiere a los montos de que se habla. Si tomamos el informe de la Comisión de Trabajo, se estima que para el año 2004 se van a ahorrar 34 mil millones. No obstante, se señala que de ese ahorro solamente 4 mil millones irían al FONCAP. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los 30 mil restantes? Y la respuesta está en una frase vaga que dice que el grueso del ahorro generado por las medidas de racionalización en el uso de la franquicia tributaria se destinará a "la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la salud".
Pero si la capacitación es una prioridad; si estábamos dispuestos a gastar esa suma, y si, además, en este momento hay mayores recursos fiscales a raíz del precio del cobre, ¿por qué se restan 30 mil millones de pesos anuales, aproximadamente, y esto se va acentuando en los años sucesivos, hasta el 2009?
En el fondo, se otorgan menos fondos para la capacitación.
Una cosa es poner atajo a los abusos -leí de manera detenida el informe de la Comisión de Trabajo; ninguno de los integrantes de ésta se halla en contra de tal idea-, pero otra muy distinta que los recursos que hoy se destinan a capacitación se desvíen -al menos en teoría- hacia otras materias sociales.
Que existan vicios y que sea factible corregirlos no significa que el Estado deba reorientar esos recursos a fines distintos. Si hoy estamos dispuestos, como país, a gastarlos en capacitación y ésta se realiza de mala forma, busquemos la manera de que se haga bien; pero sigamos invirtiendo íntegramente ese monto.
Ésa es mi primera consideración u objeción.
La segunda se refiere a algo más de fondo: el proyecto pretende que se acaben los abusos; sin embargo, dudo de que ello ocurra, porque, si bien restringe el universo de los beneficiarios -eso es obvio-, no se adentra para nada en las facultades de fiscalización del SENCE.
Las medidas propuestas disminuirán el número de los favorecidos de modo directo, reorientando el resto al FONCAP. Y siempre es más fácil controlar cuando hay menos beneficiarios. Empero, me parece que la iniciativa debiera apuntar de manera más directa a los principales vicios y deficiencias existentes: mejorar la calidad de la capacitación, perfeccionar los resguardos, aumentar las sanciones por las infracciones.
¿Por qué, por ejemplo, no se aplica, para los efectos del cumplimiento de la ley en materia de capacitación, el sistema que incorporamos a propósito de la reforma de la salud, en el sentido de entregar la vigilancia a empresas certificadoras privadas; o el mecanismo aplicado en el proyecto sobre casinos? Si el SENCE no cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios para hacerlo, ¿por qué no se lo habilita en esta iniciativa para fiscalizar en forma adecuada? De otro modo, temo que se va a seguir cometiendo abusos.
Las empresas certificadoras podrían ocuparse, no sólo de la seriedad de los OTEC y de la realización efectiva de las acciones de capacitación, evitando la simulación de cursos, sino también de la pertinencia de ellas, considerando las necesidades reales de los trabajadores y de las empresas, según las condiciones de cada Región.
Ahora, el SENCE también debería tener facultades normativas respecto a qué tipo de cursos se pueden ofrecer, para que no se cometan fraudes -como en el caso de los destinados a aprender a conducir- ni se enseñen materias inútiles. Entonces, como lo consignamos en el proyecto relativo al establecimiento de una nueva concepción de la autoridad sanitaria, el SENCE debería tener capacidad normativa y radicar la de fiscalización en entidades certificadoras debidamente acreditadas.
Se me ha dicho que este tema será abordado en un segundo proyecto, el que, al parecer, está ingresando a la Cámara de Diputados. Yo no veo razón alguna para que el Gobierno no incluya las materias respectivas mediante una indicación a la iniciativa en debate, en el segundo trámite legislativo. De otra forma, sería como engañarnos a nosotros mismos. Es cierto que existirá menos capacitación en la microempresa, donde hay más abuso; pero, al mismo tiempo, resulta evidente la posibilidad de seguir cometiendo fraudes.
Igualmente, me preocupa la situación de los microempresarios, quienes se verán más afectados por los nuevos requisitos y mecanismos.
Por una parte, en cuanto a la reducción de los montos de la franquicia y a las nuevas condiciones, me parece atendible, por ejemplo, la proposición de la ASEXMA sobre la forma de calcular el nivel hasta donde se puede llegar con ese tipo de franquicia. Dicha entidad señala que, en vez de las remuneraciones anuales de un trabajador, podría usarse el pago de determinado monto del IVA, porque éste -y me parece razonable esta afirmación- es más indicador del dinamismo en la actividad de una empresa que simplemente tener contratado un trabajador. Una empresa podría tener un trabajador contratado, no hacer absolutamente nada y, sin embargo, postular a este tipo de beneficios.
Incluso, pienso que debería existir la posibilidad de utilizar el mecanismo en forma alternativa, de acuerdo a un parámetro u otro, con requisitos más exigentes tratándose de las remuneraciones y menos exigentes en el caso del IVA, porque se ve que son empresas que están trabajando y funcionando.
Por otro lado, se requieren mayores precisiones en torno al mecanismo residual que se crea a través del FONCAP para abordar la situación de quienes dejarán de ser beneficiarios directos de la franquicia de capacitación por no reunir los nuevos requisitos mínimos establecidos; o sea, aquellos cuya planilla anual de trabajadores esté por debajo de las 35 unidades tributarias mensuales.
Desearía que, en el segundo informe, los Ministerios involucrados pudieran aportar mayores antecedentes acerca de la real capacidad del Fondo Nacional de Capacitación para manejar y distribuir eficientemente los recursos adicionales que se inyecten, en forma de acoger a todos sus nuevos requirentes.
Las acciones de capacitación alcanzan más o menos a 30 mil usuarios y con los nuevos fondos debieran favorecer a 200 mil. Me pregunto: ¿tiene el FONCAP recursos y estructura suficientes para pasar de 30 mil a 200 mil beneficiarios de la noche a la mañana?
Por lo expuesto, pienso que el proyecto requiere importantes correcciones, para no afectar el uso de esta significativa franquicia por parte de pequeñas y medianas empresas, y sobre todo, de los trabajadores; para atacar las principales falencias y vicios, que no reciben atención en la iniciativa, y, fundamentalmente, para garantizar que los recursos seguirán siendo destinados a la capacitación.
Da la impresión de que éste es un proyecto para ahorrar plata. Y eso está muy bien, porque los recursos fiscales no pueden malgastarse y, menos aún, ser objeto de abuso. Pero la iniciativa debería tener una visión más amplia sobre la forma de mejorar los mecanismos de capacitación, garantizar la calidad de los cursos y optimizar la fiscalización.
En principio, señor Presidente , no me siento animado a apoyar el proyecto -lo digo con franqueza-, no porque esté en contra de lo señalado aquí, sino porque lo que se sostiene acá es insuficiente y no va a llevar al cumplimiento del objetivo perseguido. En consecuencia, soy partidario de que la iniciativa vaya de nuevo a la Comisión y se fije plazo para presentar indicaciones. Y aprovecho de solicitar a las autoridades de Gobierno que el otro proyecto sea presentado como indicación al que ahora estamos debatiendo, pues con ello ahorraremos mucho camino.
Creo que en todos los señores Senadores hay buena voluntad respecto de estas ideas básicas: que el SENCE tenga más facultades reguladoras; que se pueda fiscalizar mejor a través de entes acreditados para tal efecto; que los recursos sean utilizados realmente en capacitación. O sea, considero que éste es un problema, no de contraste político, sino más bien de eficiencia legislativa.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Solicitó la palabra, para hacer aclaraciones en nombre del Gobierno, el señor Jaime Crispi, Asesor del Ministerio de Hacienda .
A tal efecto, pido la autorización de la Sala.
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Crispi.
El señor CRISPI ( Asesor del Ministerio de Hacienda ).-
Gracias, señor Presidente . Sólo quiero aclarar un par de puntos que mencionó el Honorable señor Viera-Gallo .
En cuanto a los recursos, los montos de ahorro a que se refirió Su Señoría corresponden a los calculados cuando se anunció la iniciativa. Se estimaba que ella sería ley durante los últimos dos meses del año 2003 y, por tanto, que se iba a generar algún nivel de ahorro en 2004, dado que éste opera rezagadamente, pues el descuento se produce a través de la Operación Renta, que se aplica con un año de atraso respecto del momento en que se hace la capacitación. Ello no ocurrió, pues el proyecto no fue ley el año 2003. Y, adicionalmente, durante la discusión en la Comisión de Hacienda se le introdujo una norma transitoria a los efectos de que sus disposiciones permanentes operen a partir de las acciones de capacitación ocurridas el año 2005.
La verdad es que, con respecto a lo que propone esta iniciativa en sí misma, no habrá ningún ahorro hasta la Operación Renta 2006, en la que se van a producir los ahorros correspondientes a la capacitación realizada el año 2005.
Por lo tanto, en términos netos, si uno suma y resta financieramente, el hecho de tener estos recursos adicionales en el Fondo de Capacitación -la señora Directora del SENCE podrá explicar mucho mejor cómo opera este nuevo instrumento y cuál es el tema de pertinencia asociado- no significa un ahorro o beneficio fiscal neto ni durante este año ni en el próximo.
Nada más, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , el proyecto en debate fue aprobado por la Comisión de Trabajo del Senado en la primera semana de diciembre del año próximo pasado, con bastantes reservas, considerando que había un problema relacionado con fechas, dado que el Ejecutivo esperaba que la ley entrara en vigencia a partir del 1º de enero de 2004, lo que derivó en todo lo que dicen los informes, en el sentido de que las cifras estaban proyectadas para una iniciativa que iba a ser despachada el año 2003.
Por lo tanto, el cuadro ha variado. Y, a mi entender, el análisis que se está haciendo del proyecto en esta Sala tiene una aproximación bastante más real que la que pudimos realizar en su momento en la referida Comisión, tomando en cuenta que se trataba de una iniciativa que debía tener una respuesta prácticamente inmediata, con el objeto de poner término a una situación del todo irregular.
Empero, a estas alturas procede analizar -y coincido en parte importante con lo planteado por el Honorable señor Viera-Gallo- si el sistema de capacitación que tenemos hoy es adecuado para responder tanto a la demanda presente como a la futura.
Cuando uno mira este instrumento de capacitación, creado hace ya bastante tiempo, que ha sido bueno -no podemos negarlo-, debe concluir que está orientado básicamente a las empresas formales; es decir, a las grandes empresas, que tributan en primera categoría, que tienen un sistema ordenado y que pueden acceder al beneficio de que se trata. Sin embargo, en los hechos ha demostrado, incluso con la forma abusiva en que se ha usado durante el último tiempo, que no se ha llegado a utilizar ni siquiera el 50 por ciento de su potencial.
¿Qué significa eso en definitiva? Que quienes tienen acceso más expedito a dicho instrumento son las grandes empresas o las medianas empresas, que van a capacitar con la ley en proyecto o sin ella.
Digámoslo derechamente. Ninguna empresa bien formada en Chile, en un mundo globalizado como el de hoy, puede funcionar, subsistir y proyectarse hacia el futuro si no capacita adecuadamente a sus trabajadores; si no se pone al día en las nuevas tecnologías que están ingresando al mercado, y si no responde de manera apropiada a los desafíos de la competencia, que cada día es más dura. Entonces, las grandes empresas, en general, van a capacitar a sus empleados con franquicia tributaria o sin ella; deben hacerlo
Por lo tanto, surge la pregunta obligada: ¿cómo se hace con las pequeñas empresas, las microempresas, que dan ocupación a más del 80 por ciento de los trabajadores chilenos? Porque sucede que allí ni siquiera los propios empresarios están capacitados. Muchas de ellas se encuentran obsoletas, no están en condiciones de responder a los desafíos de hoy. Entonces, tenemos que ver si los instrumentos existentes son o no los más adecuados. Y yo creo que en algunos casos son inadecuados, y en otros, absolutamente insuficientes.
Aquí se mencionó al FONCAP. Se ha planteado que los ahorros que podrían hacerse por la aplicación de la ley en proyecto -porque, ciertamente, debería terminarse con los abusos- van a ir a dicho Fondo. Pero la verdad es que la glosa respectiva de la Ley de Presupuestos vigente para este año no dispone que los recursos que se ahorren y los 4 mil 800 millones de pesos que allí se mencionan "deberán" ir al FONCAP, sino que "podrán" ser derivados a él. O sea, no es algo taxativo, sino sólo una expectativa de que así sea.
Pero quiero decir más aún.
Este año no se va a producir ningún ahorro. Aunque este proyecto salga del Senado en las próximas semanas, deberá volver a la Cámara de Diputados, porque le hemos introducido modificaciones. De modo que habrá un tercer trámite, y probablemente, Comisión Mixta.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con la idea de votar hoy la iniciativa en general y en particular. Sí concuerdo en aprobarla en general y dar un plazo prudente para presentar indicaciones, con el compromiso del Gobierno, primero, para que todos los recursos que se ahorren como efecto de la aplicación de la ley en proyecto vayan al FONCAP; segundo, para que se adecue este Fondo a fin de que efectivamente se cree una línea de capacitación para la pequeña empresa, para la microempresa, de tal manera que los recursos pertinentes puedan ser utilizados en forma adecuada; y tercero, para que se instalen dos instrumentos adicionales: uno a los efectos de fiscalizar lo que se hace, aunque sea una fiscalización selectiva -yo no creo que en la posibilidad de fiscalizar todas las acciones de capacitación; eso es imposible-, como sucede en otros servicios públicos -por ejemplo, Impuestos Internos-, de tal modo que quien use esos recursos sepa que hay una suerte de vigilancia que le puede caer encima en determinado momento; y otro que permita que los fondos sean empleados de manera eficiente, lo cual implica la existencia de planes o programas donde se involucre efectivamente a los actores. Es decir, los pequeños empresarios, los microempresarios, las organizaciones sindicales, en fin, deben tener voz para que se pueda efectuar un debate sobre cómo utilizar en mejor forma estos instrumentos, evitando que dependan sólo de la decisión de la autoridad administrativa.
Creo que aquí hace falta una mayor participación de aquellos que son parte interesada en el proceso, quienes, a mi juicio, deben tener una voz más potente y una actuación que no sólo se limite a una reunión ocasional en que se traten temas generales, sino que se proyecte, por ejemplo, en instancias paritarias donde exista realmente la posibilidad de tomar decisiones respecto a qué se hace con los fondos.
Finalmente, si bien es importante tratar este proyecto en el plazo más breve posible, ello no significa tramitarlo en un par de días. Creo que, tranquilamente, tenemos este año para despacharlo en el Parlamento. Debemos darnos el tiempo suficiente para elaborar un texto que, además de resolver las dificultades de hoy, que son reales y que no nacen exclusivamente de la situación vinculada con los fraudes -éstos nos parecen inaceptables-, vea la manera de reorientar el sistema de capacitación para que se llegue a los segmentos donde aquélla hace más falta y no sólo accedan a él quienes en definitiva tienen otras oportunidades de capacitarse, como es el caso de las grandes empresas, que efectivamente preparan a sus trabajadores.
Por lo tanto, propongo que se apruebe el proyecto en general y que haya un tiempo suficiente para presentar indicaciones. Y ojalá el Gobierno asuma el compromiso de presentar, como aquí se ha planteado, indicaciones de fondo que mejoren el sistema de capacitación y no sólo resuelvan el problema de los fraudes.
--(Aplausis en tribunas).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego a las personas presentes en las tribunas que mantengan la mayor discreción posible. Están invitadas a asistir, pero no a participar.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el proyecto que hoy analizamos modifica la ley Nº 19.518, que establece el Estatuto de Capacitación y Empleo, e incorpora incentivos para que los empleadores capaciten a sus trabajadores.
Las empresas que se encuentran clasificadas como contribuyentes en primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta pueden descontar del monto a pagar por este tributo una parte o el total del dinero invertido en programas de capacitación para sus trabajadores, y el tope máximo de ese descuento equivale al uno por ciento de la planilla de remuneraciones imponibles anuales.
Los programas de capacitación pueden realizarse en forma interna o externa a través de servicios de organismos técnicos (OTEC) o de organismos técnicos intermedios (OTIC).
Los excesivos requisitos para acceder al FONCAP, además de su administración centralizada y estructuralista, han conducido a que las acciones de capacitación se desarrollen mediante el sistema de la franquicia tributaria que describí anteriormente, sobre todo en el segmento de la microempresa.
Por su parte, en 2001 se introdujeron modificaciones para incentivar el uso de la franquicia de capacitación, con el fin de activar este mecanismo que no tenía la profundidad esperada, ya que los contribuyentes de primera categoría recibían el beneficio después de la declaración de impuesto correspondiente, lo cual generaba problemas de liquidez para llevar a cabo la capacitación. De esta forma, al contribuyente se le permitió adquirir, sobre la base de la firma de un mandato que faculta al dador del crédito para recuperarlo por medio de la Tesorería General de la República, recursos necesarios para costear cursos de capacitación a través del intermediario financiero.
Si bien tales enmiendas hicieron posible la profundización exponencial del uso de la franquicia por capacitación, algunos agentes, como en todo orden de cosas, se han aprovechado del sistema cometiendo ilícitos que han terminado pagando los contribuyentes. Por eso, debatimos ahora este proyecto.
El Ejecutivo propone que las microempresas y las pequeñas empresas que pretenden acceder a la franquicia tributaria del uno por ciento deben tener planillas de remuneraciones anuales iguales o superiores a 45 UTM, y que hayan pagado las prestaciones previsionales correspondientes a las referidas planillas. Quienes no reúnan estos requisitos podrán acceder a la capacitación sólo a través del FONCAP, el cual exigirá el ejercicio continuo de actividades, al menos, durante seis meses. Por su parte, el proyecto disminuye el límite de descuento de 13 a 9 unidades tributarias mensuales.
El Ejecutivo justifica estas modificaciones argumentando que los microempresarios que deseen acceder a la franquicia tributaria deberán incurrir en un gasto similar al beneficio que reciben. Desde ese punto de vista, cabe señalar que el trabajador es el principal beneficiario, ya que la capacitación le permite adquirir nuevas competencias laborales. Si la franquicia no se utilizara para capacitar al trabajador, se estaría cometiendo un ilícito que debe ser sancionado. Al mismo tiempo, las prestaciones previsionales y las remuneraciones representan un flujo que se refleja en un año en particular, mientras que la capacitación es una inversión que incide en el aumento del flujo remuneracional de muchos años, y resulta evidente entonces que su costo sea bastante superior al monto de las remuneraciones anuales.
Estamos frente al típico proyecto que pretende subsanar problemas: existe una franquicia que beneficia a los trabajadores, pero algunos abusan de ella.
No me gusta la iniciativa. En todos los discursos de las autoridades de Gobierno se plantea que la capacitación es fundamental. Por supuesto, nadie puede estar de acuerdo en la mala utilización de los recursos que el Estado destina a la capacitación de los trabajadores. En este caso específico, el remedio es peor que la enfermedad, porque el proyecto no ataca el problema de fondo. Es más, limita considerablemente el acceso a ella a quienes laboran en las pequeñas y en las microempresas. En la práctica, el sistema resulta tan engorroso que es más caro o más difícil capacitar que dejar las cosas como están.
Si se aprueba el proyecto, las pymes -que suman más de 500 mil- no podrán capacitar a su gente. ¿Cómo encuentran trabajo los cesantes si no se capacitan? ¿Cómo compiten nuestras empresas en un mundo globalizado con los tratados internacionales? ¿Cómo mejoran sus remuneraciones los trabajadores? ¿Cómo incrementan su productividad?
Señor Presidente , hipotéticamente, esta normativa puede evitar parte de la fuga de recursos destinados al perfeccionamiento laboral, e incluso, ahorrar recursos. Pero el efecto que con seguridad sí provocará será imposibilitar la capacitación de millones de trabajadores de las pymes que la necesitan más que nunca.
Anuncio que votaré en contra del proyecto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , cuando hablamos de franquicia tributaria, en primer lugar debe distinguirse entre el derecho a ocuparla y el concurso para poder acceder a un fondo para capacitarse.
El derecho solamente debiera otorgarse a empresas que demuestren haber efectuado gastos al menos iguales al beneficio que se pretende obtener. Porque si se entrega ese derecho a cualquiera como ocurre hoy, inmediatamente surge el incentivo al fraude. Cada vez que una empresa o un trabajador independiente destina, por ejemplo, 20 mil pesos para acceder a 200 mil pesos que concede el Estado, inmediatamente aparecen los ilícitos.
Se dice que se hace capacitación, pero la verdad es que no es así. Lo que teníamos era una serie de OTEC, que en realidad no existían: se trataba de un señor que se instalaba en una población, a lo más con un computador, que se preocupaba de tener varios vendedores para conseguir RUT de personas a las que se hacía una cotización -veinte mil pesos por cabeza- correspondiente al salario mínimo. Y con esa sola cotización accedían a una franquicia de parte del Estado ascendente a doscientos mil pesos. Por lo tanto, la ganancia neta era de 180 mil pesos. Y, según hemos visto, la mitad se la llevaba el vendedor y con el resto, a veces, se hacían cursitos que no servían para nada. ¡A eso no se le puede llamar capacitación! Era gasto en capacitación, pero de capacitación verdadera no tenía nada. ¡Era puro fraude al Fisco!
Durante los últimos años, los nuevos OTEC empezaron a surgir como callampas. Por todas partes aparecían. Era muy fácil: bastaba conseguirse algunas personas. En mi Región hicieron cursos de computación campesinos que ni siquiera contaban con electricidad en sus viviendas. ¡A eso se llegó!
Entonces, cuando se otorga el derecho -¡derecho!- a acceder a franquicias tributarias, uno, como legislador, tiene que asegurarse fehacientemente de que comprobadamente el empleador, de su bolsillo, haya efectuado gastos al menos iguales a los beneficios que recibirá.
Luego de discutir la materia en muchas sesiones en la Comisión de Hacienda, tenemos claro que no todos los OTEC cometían fraude; que había algunos realmente serios y que trataban de hacer bien las cosas. Pero también tenemos claro que mientras esté ahí el incentivo al fraude, éste existirá. Es imposible combatirlo sólo a punta de fiscalización, porque el incentivo sigue allí. Es imposible fiscalizar todos los OTEC, que pueden estar operando en poblaciones de comunas muy apartadas. ¡Imposible!
Por lo tanto, abrimos dos tramos: uno para 45 unidades tributarias mensuales y otro para 35. Vimos que 45 UTM podría ser mucho. Y para quienes no podían acceder al derecho porque al hacerlo inmediatamente surgía la posibilidad de fraude, habría concursos. Las autoridades regionales verán los cursos que se requieren. En mi Región, por ejemplo, se necesitan los que habiliten para trabajar con pesticidas. Quienes obtengan ese conocimiento podrán conseguir ocupación. Pero no nos vengan a decir que hay mucha gente interesada en capacitarse en inglés. Eso no es capacitación, sino un gasto inútil.
Por lo tanto, existen dos fondos concursables distintos, que no son un derecho que se adquiere automáticamente, sino que debe postularse a ellos. Uno es el Programa Nacional de Becas, destinado a todos los trabajadores y empresarios informales, es decir, los que no tienen ni siquiera cotizaciones. A éstos no se les puede dar el derecho a acceder a dineros estatales, porque inmediatamente se incentiva al vendedor a hacer fraude. Por eso -como señalé-, se dispone un fondo concursable ascendente a 14 mil millones de pesos. Además, en la Tercera Subcomisión de Presupuestos estamos viendo si los fondos son suficientes, si debieran disminuirse o aumentarse. Lo determinaremos de acuerdo con las listas de espera y con las necesidades regionales. Y esto puede complementarse todos los años en la Ley de Presupuestos.
Y existe otro fondo, el FONCAP, que es para empresarios -ya no trabajadores- no informales (es decir, que cotizan), pero que no son contribuyentes de primera categoría. Es el caso de los feriantes, de los taxistas, etcétera. El FONCAP dispondrá, me parece, de 4 mil millones de pesos. Pero si son necesarios más recursos, se otorgarán en la Ley de Presupuestos. Creo que lo lógico es ir viendo, con prudencia, la plata que efectivamente se requiere para capacitación.
Cada vez que se habla aquí de que habrá ahorros, todo el mundo dice: "Hay gente que hoy se está capacitando y que va a dejar de hacerlo". No. Lo que dejará de existir es el fraude. Ésa es la diferencia. Porque la capacitación verdadera la hacen, en general, las empresas con trabajadores estables a los cuales les pagan cotizaciones. Y basta que las paguen mensualmente durante un año para que éstos tengan derecho a capacitarse. ¡Qué menos se puede pedir!
Se señala que con esta iniciativa los taxistas, los feriantes y todos los microempresarios quedarán fuera de la capacitación. Ello no sucederá, pero tendrán que concursar. Y es razonable que lo hagan, porque no se puede dar el derecho mientras no se demuestre efectivamente que se tiene una actividad.
Ése es el tema.
Basarse en el IVA no basta, porque es un impuesto de retención. No lo paga el empresario, sino el consumidor. El empresario lo retiene y después lo descuenta. Por lo tanto, puedo tener movimiento de IVA y no haber puesto un peso. Basta que compre algo en 200 y lo venda en 200 para que pague IVA. Pero es a cero costo. O sea, yo hago las planillas del IVA, retengo y después recibo. Y de mi bolsillo no pago nada. De modo que el IVA no es el mecanismo adecuado. Y lo señalo claramente.
En la Comisión de Hacienda consideramos hasta el cansancio los aspectos de esta materia. Y a todos nos movió la intención de dar la mayor posibilidad de capacitación a trabajadores microempresarios. Tenemos claro que para que ellos puedan progresar son necesarios su acceso a la educación y la capacitación. Pero también tuvimos mucho cuidado de restringir cualquier incentivo al fraude en la ley. Y eso es lo que pretende esta iniciativa. Si después se decide que el FONCAP o el Programa Nacional de Becas necesitan más dinero, lo podemos arreglar en septiembre, octubre o noviembre de este mismo año con la próxima Ley de Presupuestos. Así de sencillo es.
La normativa en debate no deja a nadie fuera de la capacitación. Tengo claro que hay OTEC que son serios y que están en contra de este proyecto. Ellos sienten que están pagando justos por pecadores. Y así es.
Pero mientras la ley mantenga estos incentivos, los pecadores van a ir en aumento. Entonces, cabe preguntarse: ¿los fondos fiscales son para dar vida a numerosos vendedores o para destinarlos a la educación y a la capacitación?
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en efecto, este proyecto fue objeto de revisión exhaustiva en la Comisión de Hacienda. Sin duda, tiene que ver con algo muy fundamental: si Chile quiere avanzar en su desarrollo, tiene que ser capaz de contar con la fuerza de trabajo más calificada, más capacitada. Y para ello es preciso calificar, recalificar, capacitar permanentemente a los trabajadores. Hace ya mucho tiempo que se acabó la época en que la gente aprendía de una vez para toda la vida y se pasaba el resto de los años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que hoy manda es la lógica de la calificación y de la recalificación permanentes. De allí la importancia de contar con buenos dispositivos de capacitación.
Fui bastante aprensivo respecto de esta iniciativa, porque intentaba resolver dos problemas al mismo tiempo. Y tengo la impresión de que las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda, luego de sucesivas reuniones, apuntan a darles una solución equilibrada.
El primero de ellos era garantizar el acceso más masivo posible a los mecanismos de capacitación. Y, en ese sentido, no cabe la menor duda de que el mecanismo más expedito es el acceso directo, automático, a través de la franquicia. Y mientras más se ocupe, tanto mejor.
Pero convengamos también en que, desgraciadamente, algunos hicieron mal uso de este sistema. Y hay evidencias -no creo que sea la mayoría- de la creación de empresas única y exclusivamente para utilizar la franquicia. Entonces, ya no hablamos del desarrollo de mecanismos de capacitación, sino de distintas formas de capturar, por decirlo elegantemente, un subsidio sin que el tema de la capacitación tuviera mucha significación. Se hacían cursos bastante modestos, con costos de administración en algunos casos excesivos, todo lo cual mostraba que se estaban produciendo abusos.
Soy muy partidario de las políticas públicas, de que el Estado pueda generar instrumentos para solucionar problemas que el mercado no resuelve. Mas, para que tales instrumentos perduren en el tiempo, es fundamental garantizar que estén libres de abusos, porque de otra forma se corrompen y, finalmente, terminan hipotecándose a mediano y largo plazo. No es posible sostener la existencia de estos instrumentos públicos si se sabe fehacientemente que están generando formas de abuso, como por desgracia ocurrió en esta ocasión.
Quizás también faltó mayor diligencia en la fiscalización, porque, no obstante la presunción de la comisión de abusos, son pocas las personas procesadas por este tipo de fraudes. Entonces, hay cierta contradicción entre la percepción de abusos que se han cometido y las acciones judiciales entabladas. Y, en este sentido, es necesario contar con procedimientos de fiscalización más expeditos.
El segundo problema se refiere a evitar que terminaran pagando justos por pecadores. A mí me pareció preocupante simplemente cerrar el uso de la franquicia y que muchos trabajadores de empresas familiares o muy pequeñas, por la vía de los requisitos que se establecían, quedaran fuera de ella. Porque convengamos: no es lo mismo acceder automáticamente a la franquicia que tener que postular a un fondo. Son dos cosas distintas. En un caso se alude a un derecho que opera en forma automática; en el otro, a una eventualidad que puede concretarse o no en la medida en que se garantice una postulación exitosa.
De allí los esfuerzos de la Comisión para buscar distintos tipos de mecanismos que evitaran al máximo castigar a justos por pecadores y limitar excesivamente las posibilidades de acceso a la capacitación de los trabajadores de las empresas más pequeñas, como ya se mencionó indicó. A instancias de la Comisión de Hacienda, en un artículo transitorio se estableció un plazo de adaptación que otorga a las empresas más tiempo para cumplir los requerimientos de la ley.
De allí que cabe destacar otro aspecto también señalado aquí: la existencia de un nuevo tramo. Porque si la filosofía del proyecto apuntaba a que pudieran acceder al mecanismo de franquicias tributarias las empresas que efectúan cotizaciones salariales correspondientes a un solo trabajador que percibe salario mínimo durante un año, no era razonable mantener de manera rígida dicho criterio, toda vez que la propia ley establece que a los mayores de 65 años o menores de 18 se les puede pagar un sueldo mínimo equivalente a 80 por ciento del legal. Por tanto, se abrió un tramo que corresponde exactamente a ese porcentaje del salario mínimo, lo cual también fue un aporte interesante que se hizo en la Comisión de Hacienda.
Hay otro elemento importante que no ha sido destacado, y es el siguiente.
Se ha hecho un esfuerzo por regionalizar la oferta de capacitación. Hasta ahora teníamos una que se definía a nivel nacional, pero ha ocurrido que ha mandado más bien la oferta de capacitación y no la necesidad que se tiene de ella. Es un sistema orientado más al negocio de los capacitadores que a las necesidades de la gente que requiere perfeccionarse. El hecho de regionalizar la oferta permitirá algo muy importante: acercar más la demanda y la oferta, de manera que esta última coincida en mejor forma con las necesidades de capacitación.
Otro aspecto ¿sería bueno que los representantes del Ejecutivo que están en la Sala pudieran corroborarlo, para dejar constancia en la historia de la ley- dice relación al compromiso contraído en la Comisión de Hacienda en cuanto a que año tras año se va a dotar al Fondo Nacional de Capacitación de los recursos necesarios para evitar que un número apreciable de postulantes que cumplen todas las condiciones queden fuera del sistema. A mi juicio, éste es un aspecto que merece atención preferente.
Considero muy importante que los representantes del Ejecutivo reiteren el compromiso de que dicho Fondo contará con los recursos indispensables para satisfacer las demandas de capacitación que estén bien fundamentadas.
También deseo destacar algo que tiene que ver con el hecho positivo de incentivar, tal como hace la iniciativa, a las empresas muy pequeñas a formalizar su relación con sus trabajadores (algunas tienen uno solo) y enterar las cotizaciones, porque el requisito básico será acreditar las correspondientes a un año. Dados los problemas previsionales existentes en nuestro país, es bueno que las empresas, por pequeñas que sean, hagan el esfuerzo de formalizar su relación con ellos desde el punto de vista previsional.
Sobre la base de todos estos argumentos, creo que conviene despachar rápidamente el proyecto, a fin de terminar con la gran incertidumbre existente en el ámbito económico en relación con la capacitación que está pendiente de resolución.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable e insisto en que habrá que continuar prestando mucha atención al presupuesto que se asigne al Fondo Nacional de Capacitación. Y en algún momento, tal como se señaló en la Comisión de Hacienda, es indispensable hacer una buena evaluación del funcionamiento de los programas, para saber exactamente qué tanto están respondiendo a las necesidades efectivas de capacitación del país.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , tal como sostuve en la Comisión de Trabajo, el estatuto y las normas relacionados con capacitación existen desde hace más de 25 años y han sido objeto de sucesivas modificaciones que han afinado el sistema y permitido que miles de trabajadores logren un perfeccionamiento.
Aquí se nos presenta un proyecto que disminuye en forma importante los beneficios para los micro, pequeños y medianos empresarios. En definitiva, valiéndose del pretexto, la ocasión o el motivo de que se han cometido fraudes, disminuye el beneficio, restringe su monto y establece muchos requisitos que serán difíciles de cumplir. En efecto, de acuerdo con los antecedentes que constan en los propios informes que nos han hecho llegar, en el año 2002 se capacitaron aproximadamente 846 mil trabajadores y las empresas que utilizaron franquicias ascendieron a alrededor de 98 mil. Según el informe de la Comisión de Hacienda, de estas últimas, sólo 4 mil 746 han sido objeto de observaciones por parte del SENCE, esto es, un 4 por ciento.
Suponiendo que la cifra de abuso o fraude pueda ser incluso superior al porcentaje que se consigna en dicho documento y que se están adoptando medidas para impedirlos -de haber ocurrido, nadie discute la conveniencia de evitarlos cuando están comprometidos recursos fiscales-, la solución propuesta significa que deben pagar las personas que no los han cometido. Vale decir, se perjudica a quienes cumplen fiel y oportunamente todas y cada una de las leyes y regulaciones dictadas a este respecto.
Por consiguiente, so pretexto de combatir el fraude -con lo cual todos estamos de acuerdo-, se restringe el beneficio. Es obvio que, si quisiéramos terminar con esta práctica, habría que eliminar el beneficio, por ser la manera más eficaz de lograrlo. Pero la iniciativa en análisis coarta esa posibilidad a un número muy importante de personas que hoy pueden acceder a él. Incluso, aquí mismo se ha reiterado lo que se señaló en las respectivas Comisiones: que numerosas instituciones cumplían eficaz y rigurosamente con las normas legales y capacitaban a miles y miles de personas. Sin embargo, eso no se podrá seguir llevando a cabo.
Por lo tanto, creemos que esta fórmula, que restringe beneficios, mira más bien al interés fiscal. Esto es legítimo, pero en ese caso no hablemos de capacitación, sino de restricción fiscal para evitar los fraudes. Por lo demás, la iniciativa tampoco tiene la virtud de eliminarlos, sino simplemente de hacer más difícil a muchas personas el acceso al beneficio.
Por consiguiente, estamos en presencia de un proyecto que dificulta la aplicación de un instrumento que ha sido extraordinariamente beneficioso para el país, que tiene más de 25 años de vigencia -como manifesté-, que se ha ido perfeccionando y que ahora enfrenta esta situación en que, en definitiva, se disminuirá el número de personas que puedan optar al beneficio.
Los perjudicados serán los microempresarios y los taxistas. Estos últimos señalaron que les resultaría absolutamente imposible obtener la franquicia. En consecuencia, miles y miles de modestos trabajadores no recibirán la capacitación a que tienen derecho en la actualidad.
Se nos dice que van a poder postular a un fondo. Efectivamente, es así, pero sucede que éste va a poder atender, según leo en el informe de la Comisión de Hacienda, a lo más a 30 mil personas o a 15 mil microempresas, en circunstancias de que hoy día se está capacitando a miles y miles de modestos empresarios y trabajadores que laboran por cuenta propia, quienes son, en definitiva, los que más necesitan capacitación.
Las grandes empresas tienen otras modalidades y no se verán afectadas por este proyecto de ley, por lo que continuarán con sus programas de capacitación.
En suma, esta normativa perjudica a aquellas personas.
Deseo insistir en que el hecho de que se cometan fraudes -obviamente, todos queremos evitarlos- no habilita para restringir el beneficio en términos de limitarlo a un grupo muy pequeño.
Por otra parte, no olvidemos que existe un fondo con un criterio centralista, estatista, para distribuir los recursos.
Si se quiere buscar el beneficio fiscal, digámoslo en forma derecha y, en ese caso, racionalicemos la franquicia. Pero no restrinjamos por esta vía indirecta un derecho que, en mi opinión, todos los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos pueden impetrar.
La mayor fiscalización es labor del Estado. Él tendrá que controlar por medio del SENCE. Y si este organismo no cuenta con medios suficientes para hacerlo, deberán otorgársele.
Además, como estamos en presencia de una franquicia tributaria, el Servicio de Impuestos Internos tiene capacidad para fiscalizar y observar los casos en que exista abuso de ella. Y así ha ocurrido, al punto de que dicho organismo retuvo numerosas declaraciones de impuestos como consecuencia de los fraudes detectados. Entiendo que esa repartición realizó una fiscalización bastante estricta, que ha evitado, en definitiva, abusar de la franquicia.
Todas esas razones me llevaron a rechazar el proyecto en su oportunidad. Pero si ahora existe la posibilidad de ver otra forma de compatibilizar el uso de la referida franquicia con la entrega de beneficios tributarios y evitar el fraude, obviamente que debemos hacer un esfuerzo en tal sentido. Sin embargo, ello no se consigue mediante las disposiciones aprobadas en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, ya que sólo se ha reducido el beneficio.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , después de escuchar con mucha atención el debate, creo que el proyecto intenta abordar el problema del gran número de denuncias relativas al uso de recursos para capacitación. A eso apunta la iniciativa en estudio, de acuerdo con lo señalado por los Senadores señora Matthei y señor Ominami , además de otros Honorables colegas que participaron en las Comisiones. A mi juicio, se introducen mejorías, y espero que sean efectivamente focalizadas en el ámbito donde se han producido fraudes y abarquen la totalidad de ellos.
Por otro lado, aquí se habló de los taxistas. También me visitaron algunos que expresaron sentirse engañados a raíz de su participación en cursos que creían de capacitación. Se los ofrecían incluso con participación en los recursos destinados a tal actividad, y seguramente después se les entregaba un cartón o credencial que certificaba que se había cumplido el objetivo.
En lo personal, apunto a otro tema.
Aprobaré el proyecto, por creer que representa un avance al evitar que el sistema se desprestigie más de lo que pudo haberse desacreditado con todo tipo de acciones fraudulentas cometidas por algunas personas. No por todos. Concuerdo en que muchas veces pagan justos por pecadores.
A mi juicio, el sistema de capacitación chileno debe ser revisado. Hace algún tiempo presenté una indicación a la iniciativa sobre el SENCE, y después, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, propuse destinar recursos a dicho Servicio con el objeto de financiar el aprendizaje de oficios, con mayor duración que los programas de capacitación existentes, que normalmente -desconozco si tienen o no algún beneficio- duran 30, 60 ó 90 días.
En ese tiempo había dos escuelas en la Región Metropolitana: una en la zona de Huechuraba, y otra, INFOCAP, en calle Departamental, comuna de San Miguel. Y se pidió al Ejecutivo financiamiento para el aprendizaje de oficios ¿se obtuvo, pero en forma muy restringida-, con el fin de que trabajadores de empresas pequeñas o de mayor tamaño pudieran aprenderlos en establecimientos que contaran con instrumental y un cuerpo de profesores.
En ese sentido no hemos avanzado. En Chile casi ha desaparecido la enseñanza que antiguamente impartían las famosas escuelas de artes y oficios. La mayoría de éstas ya no existen; por tanto a menudo áquéllos se aprenden de alguien que los conoce y desarrolla. De ahí que la capacitación de nuestra gente es menor.
Sin perjuicio de que debemos aprobar el proyecto, que mejora en algo lo que hoy día tenemos y evita fraudes y mayor desprestigio del sistema de capacitación, creo que se debe analizar si éste realmente está funcionando bien. Se dice: "Los pequeños empresarios se están capacitando", o "Tal sector se está capacitando". Y me pregunto en qué y si es posible capacitar a un trabajador en un curso de 60 ó 90 días.
Escuché con mucha atención a la Senadora señora Matthei plantear una idea que, en mi opinión, debe fomentarse: las becas. ¿No sería más lógico financiar mediante un fondo, dotado de mayores recursos que el actual, otro mecanismo, a fin de que los trabajadores que quieran capacitarse, seleccionados por las propias empresas, opten por establecimientos conocidos? Porque ocurre que numerosos planteles que otorgan capacitación no tienen domicilio conocido, o se organizan sólo para dictar un curso determinado y obtener 100, 150 ó 200 millones de pesos, sin que después se sepa si efectivamente se benefició a los trabajadores. Puede que logren terminar un curso de 60 días, pero a lo mejor no les va a redituar en el ámbito de la capacitación laboral.
Reitero, señor Presidente , que el proyecto debe aprobarse, pues mejora en algo los problemas existentes en materia de control y fiscalización de dicho sector. Pero pienso que debemos ir mucho más al fondo y precisar si el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo está cumpliendo o no con su objetivo, tanto en la gran empresa cuanto en la mediana y la pequeña, como también en la microempresa, y ver de qué manera reasignar los recursos -no son menores, sino cuantiosos- provenientes de la franquicia tributaria, y reeditar, relanzar la enseñanza de oficios, para reforzar la capacitación de nuestra gente en el sector laboral.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , Chile cuenta para la concreción de sus programas en el ámbito social con 141 programas sociales y 40 de apoyo económico, financiados mediante franquicias o subsidios fiscales. En un porcentaje bastante alto de los primeros -no me atrevo a decir cuál, pero es muy elevado- tienen participación organismos que intermedian entre la institución que los otorga y la persona que los recibe.
Entre los segundos, de orden económico, muchos son conocidos: subsidios habitacionales, educacionales, agrícolas, de riego, en fin, cuyo otorgamiento corresponde también a un organismo de intermediación.
Cuando don Jaime Ravinet llegó al cargo de Ministro de Vivienda , tuvo que asumir responsabilidades respecto de más de 12 mil casas en cuya construcción, subsidiada por el Estado, habían participado empresas que no correspondían o que habían quebrado o actuado irresponsablemente. Hay ejemplos muy conocidos, como el de villa Los Volcanes, en Puente Alto, y otros en comunas pequeñas, lo cual significó que unas 12 mil viviendas tuviesen que ser reparadas, porque quienes las construyeron ¿repito: utilizando recursos del Estado- lo hicieron mal.
Otro tanto ocurre con organismos vinculados al INDAP. Existen datos de empresas ¿personalmente, entregué al Director Nacional de esa repartición antecedentes en extremo delicados sobre el particular-, de OTEC del área agrícola, que han actuado muy mal, y algunos incluso han desaparecido. Al respecto, se han dictado normas para regular la entrega de recursos, los que finalmente han sido mal utilizados. ¡Para qué hablar de lo ocurrido con las ONG, en el marco del desarrollo social del FOSIS!
¿Qué pretendo decir con esto? Que todos los recursos del Estado -no sólo los relativos a la materia en análisis- requieren preocupación permanente. Sin embargo, nos encontramos con que respecto de programas de apoyo social subsidiados por aquél y administrados por terceras personas los malos ejemplos abundan. Eso es real. Pero también abundan las buenas iniciativas, las que generaron la creación del subsidio y el interés por desarrollar una gestión.
Alguien recordó que el Presidente de la República señaló que se habían capacitado cientos de miles de trabajadores. Y uno dice, muy contento: ¡Qué bueno es vivir en un país donde los trabajadores pueden capacitarse! El problema empieza cuando las personas se lavan las manos y eluden su responsabilidad. Al igual como ocurre en la historia de Poncio Pilatos, siempre presente en todas las actividades -en Chile se ha ido manifestando con mayor constancia en los últimos años-, se termina echándole la culpa a gente que tiene que asumir sus responsabilidades y eso produce un daño a la administración de los recursos públicos.
Quiero felicitar a los alcaldes, inteligentes y capaces, de diversos partidos políticos, que se dieron cuenta de la tremenda potencialidad de todos estos subsidios en sus respectivas comunas. Conozco el ejemplo de tres jefes edilicios que, cuando comenzaron a aparecer OTEC autorizados por el SENCE y no obstante no contarse con ninguna historia ni currículum, advirtieron que podían llegar a convencer a muchísimos vecinos modestos y de bajo nivel cultural. Entonces, tomaron el asunto en sus manos y, antes de que esos organismos técnicos iniciaran actividades en los territorios respectivos, pidieron antecedentes que, si bien no aparecen en la ley, son de sentido común. Y nunca hubo problema en esas comunas.
Las autoridades administrativas deben hacer no sólo aquellas cosas que establece la normativa legal vigente, sino también las que son lógicas, las que responden a una administración racional, a una acción o gestión inteligente de sus potestades.
En consecuencia, hay que partir de dos elementos básicos. Uno, que todos estos subsidios y franquicias son buenos. Y dos, que hay un montón de frescos recorriendo el país alrededor tanto del SENCE como de otras entidades y que en definitiva terminan complicando la aplicación de buenos programas. ¿Qué significa esto? Que es necesario mantener estos últimos, pero, al mismo tiempo, resolver las fiscalizaciones pendientes, para evitar situaciones como las descritas, donde muchas veces -hay que decirlo- influye el amigo político, el llamado telefónico: "Oye, esta persona es de nuestro equipo. ¿Por qué no la contratas? Dale toda la capacitación de tal y cual cosa". Esto ocurre y produce un daño tremendo.
¿Qué hace la normativa que ha llegado a nuestras manos, estudiada por las Comisiones de Hacienda y de Trabajo? Por mi parte, me vengo integrando a esta última, de manera que desconozco con exactitud el análisis efectuado en ella. Es evidente que el texto discrimina entre trabajadores de empresas grandes y trabajadores de empresas pequeñas, debido, entre otros aspectos, al mínimo establecido de remuneraciones imponibles.
Cuando un proyecto consagra una discriminación de hecho como la que estoy señalando ¿concretamente, en su artículo 1º, letra b)-, es evidente que presenta una debilidad fundamental, por cuanto desaparece la igualdad de oportunidades asegurada por nuestra Constitución. Y eso, indudablemente, es negativo. No permite crear bases tecnológicas por la soledad -escúchenlo bien Sus Señorías- en que quedan diversas actividades. Por ejemplo, los artesanos que hoy se desarrollan en distintas comunidades agrícolas, pequeñas mineras, portuarias, caletas pesqueras, fundamentalmente, y que hoy acceden a la alternativa de un OTEC a través de las declaraciones de impuestos, desaparecerán, tal vez no de manera absoluta pero sí de hecho, ante la enorme cantidad de complicaciones que se deben enfrentar.
Por lo tanto -y esto es quizás mucho más importante que lo anterior-, se detiene el flujo de dinero hacia las comunas más pobres. Las obligaciones establecidas en el texto, sobre todo en el despachado por la Comisión de Hacienda, ubican la capacitación en las comunas ricas o medianamente ricas, marginando en la práctica a las más pobres.
Y el criterio de que en el ejercicio contable mínimo de seis meses no se acepten facturas de compra, sino sólo de venta, deja fuera a decenas de miles de pequeños agricultores. Porque los espacios en el campo son distintos de los que existen en la actividad comercial o industrial, y el de seis meses, sin duda, margina absolutamente de la alternativa de la capacitación a decenas de miles de pequeños agricultores.
Queda la sensación de que la capacitación es un gasto, cuando en realidad es una inversión. En efecto, por los ejemplos citados aquí -siempre se ponen los malos, que los hay, y muchos-, uno termina pensando que el Estado ha hecho un gasto enorme y que se le ha retribuido poco, a pesar de que el Presidente de la República , apoyado en los informes que le envía el SENCE, ha sostenido que la capacitación ha resultado muy exitosa.
El problema, entonces, es que dicho Servicio ha sido sobrepasado por algunos OTEC. Eso es todo. Pero, ¿cómo arreglarlo sin perjudicar a la gran cantidad de trabajadores que quedarían sin capacitación? Aquí quiero recoger el planteamiento tanto del Honorable señor Prokurica como del Senador señor Ruiz , que han sugerido alternativas y formas de enfrentar el tema. Y hay que hacerlo, porque lo contrario significa, simplemente, dar la espalda a lo más trascendente del mundo moderno, como es la capacitación. Si no existe capacitación, quienes no la reciben quedan marginados para siempre de aspectos muy relevantes para su vida futura.
En realidad, señor Presidente, no sé si votar a favor o en contra de la iniciativa. ¿Vuelve a Comisiones?
El señor GARCÍA .-
No.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No se ha resuelto todavía, señor Senador.
El señor RÍOS .-
Si vuelve, probablemente la votaré a favor; si no, me pronunciaré en contra.
Mi voto queda pendiente de la resolución de la Sala, señor Presidente.
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El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
Ha llegado a la Mesa un oficio mediante el cual la Cámara de Diputados comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío en la Octava Región. (Boletín Nº 3.342-06).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se agregará a la Cuenta.
Acordado.
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El señor BOMBAL.-
¿Me permite una consulta, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
¿Ha sido objeto de indicaciones el proyecto que estamos discutiendo en este momento?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Sí.
Tal vez lo mejor sea resolver inmediatamente el tema que se ha planteado. Varios señores Senadores han manifestado que son partidarios de aprobar en general y en particular la iniciativa con el objeto de que siga su tramitación. Otros, en cambio, desean que vuelva a Comisión.
Debo informar que se han recibido dos indicaciones, admisibles ambas, de manera que el proyecto, no siendo de artículo único -la Comisión de Hacienda le agregó otros-, reglamentariamente debería ser enviado de nuevo a Comisión para un pronunciamiento sobre aquéllas, a menos que la unanimidad de la Sala acordara tratarlas ahora.
Como no existe consenso, la Sala solamente debe aprobar la idea de legislar y la iniciativa volver al órgano técnico con el fin de que se examinen las dos indicaciones formuladas, por lo que corresponde abrir un plazo para que todos los señores Senadores tengan la posibilidad de presentar otras.
La señora MATTHEI.-
Imagino que el proyecto también vuelve a la Comisión de Hacienda.
El señor PARRA.-
A las de Hacienda y de Trabajo, unidas.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hubiere objeciones, se podría seguir ese procedimiento, para acelerar el despacho de la iniciativa.
La señora MATTHEI.-
No hay problema.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Así se acordaría.
El señor BOMBAL.-
Perdón, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda tiene un recargo enorme. ¿Por qué no se envía por separado el proyecto a ambas Comisiones? Es muy difícil que la de Hacienda funcione unida con otra, por la razón recién indicada, lo cual quedó de manifiesto el otro día cuando se reunieron los Presidentes de todos los órganos especializados del Senado. Si se insiste en ese criterio, lo más probable es que haya mucho atraso en el despacho de la iniciativa.
El señor MORENO.-
Coincido con el Honorable señor Bombal, señor Presidente . Los que hemos participado en instancias bipartitas sabemos que cuando existen puntos de vista delicados acerca de un proyecto más vale que cada una de ellas dé su opinión en forma independiente. Las Comisiones unidas no aceleran el procedimiento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La idea expuesta significa dos trámites en lugar de uno, para una iniciativa breve, calificada con "suma urgencia" y a la cual el Ejecutivo no quiere introducirle modificaciones. Enviarla a dos entidades distintas sólo causará una demora.
Por eso, soy partidario de que las Comisiones de Hacienda y de Trabajo funcionen unidas. Me parece que ese mecanismo permitirá dar mayor rapidez al despacho del texto.
El señor RÍOS.-
¡Comisiones separadas, señor Presidente!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El proyecto tiene "suma urgencia", señor Senador.
El señor MORENO.-
Pero el Ejecutivo puede retirarla y renovarla.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, la iniciativa iría a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas.
El señor RÍOS.-
No estoy de acuerdo, señor Presidente.
El señor MORENO.-
Yo tampoco.
El señor FERNÁNDEZ.-
Hay oposición.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , éste es un proyecto de la Comisión de Trabajo. A la de Hacienda, según el Reglamento y las normas que regulan el proceso legislativo, sólo le cabe analizar los aspectos que tengan relación con el presupuesto de la nación o con el manejo financiero. Por ello, la de Trabajo debe estudiar la materia primero.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se procederá a una votación económica para resolver si el proyecto será visto por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas, o separadamente por ellas.
El señor PARRA.-
Señor Presidente , pido que se vote al término del debate. Entiendo que soy el último orador.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No es así, Su Señoría. Cinco señores Senadores han solicitado hacer uso de la palabra. Por eso, es mejor decidir el asunto ahora.
--En votación a mano alzada, se acuerda, por 15 votos contra 9, que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda evacuen sendos segundos informes del proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Considerando que hay cinco señores Senadores inscritos, propongo extender el Orden del Día hasta que termine su intervención el último de ellos. Luego se votará la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Se puede dejar el voto en la Mesa, señor Presidente ?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En votación la iniciativa, entonces.
Una vez que los señores Senadores inscritos hayan hecho uso de la palabra se registrará el pronunciamiento de los demás.
--(Durante la votación).
El señor PARRA.-
Señor Presidente, no puedo ocultar que me complica el origen y el trámite que ha tenido el proyecto en el Senado.
El origen, porque la iniciativa fue anunciada por el Ministro de Hacienda hacia fines del año pasado y el objetivo de ésta -junto con aquéllas que introducían modificaciones al sistema de licencias maternales y a las normas provisionales de las Fuerzas Armadas- era claramente "cerrar llaves" que originaban filtraciones indebidas de recursos fiscales.
Naturalmente, ése es un propósito loable. Es obligación del Ejecutivo evitar que se produzcan situaciones de esta naturaleza e impulsar las reformas necesarias para que ello deje de ocurrir.
Sin embargo, cuando se trata de instrumentos importantes de política económica y social, como es, en este caso, la capacitación de los trabajadores, evidentemente que una aproximación fiscal al asunto no es el camino más adecuado para obtener buenas soluciones.
Fue ese origen el que determinó que el proyecto ingresara a trámite legislativo con urgencia calificada de "suma", razón por la cual la Comisión de Trabajo debió abordarlo e informarlo en sólo dos sesiones. Su informe data de los primeros días de diciembre del año pasado. En otras palabras, este órgano técnico sólo tuvo tiempo para escuchar a un grupo reducido de instituciones y personas vinculadas al tema y de funcionarios del Estado. Luego, debió pronunciarse en general y en particular sobre la iniciativa.
El trámite siguió en la Comisión de Hacienda, que informó sobre los aspectos específicamente financieros del proyecto. Sin embargo, en esa fase desapareció la urgencia y, felizmente, fue posible que este órgano técnico abriera un proceso de negociación con el Ejecutivo , que dio origen a las modificaciones que constan en su informe.
Creo que esta forma de trabajar es irregular. Deploro que se haya rechazado, hace unos instantes, enviar el proyecto a las Comisiones unidas para emitir el segundo informe, pues éstas no sólo reducen el tiempo de labor, sino que, además, permiten mejorar el producto legislativo que se entrega a la Sala.
Por otra parte, en el origen de la iniciativa hubo un diagnóstico que no fue compartido por todas las instituciones y que, sin embargo, el Ejecutivo ha relevado. En efecto, se convino en que, de las cerca de 98 mil empresas que hicieron uso de la franquicia en el año pasado, capacitando a 850 mil trabajadores, sólo 4 mil 700 emplearon este beneficio de modo indebido.
El SENCE no tiene capacidad fiscalizadora. En rigor, la ley no le entrega esa función, ni menos las herramientas para cumplirla. Tiene que basarse, consecuencialmente, en el trabajo que realiza el Servicio de Impuestos Internos.
Pero, de estas 4 mil 700 empresas que fueron objeto de observaciones por parte del SENCE y de fiscalización por parte de Impuestos Internos, no sabemos cuántas, en definitiva, tuvieron reliquidaciones de impuestos. Desde luego, tampoco tenemos información de que alguna de ellas haya sido objeto de querella por delito tributario, conforme al artículo 97, Nº 4, del Código Tributario, puesto que una acción de este tipo configura claramente un fraude al Fisco.
En consecuencia, el diagnóstico, sin lugar a dudas, no es afinado.
A pesar de estas observaciones, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, porque objetivamente existe un riesgo de mal uso de la franquicia. El que se hayan revocado autorizaciones para operar a 19 OTEC durante el año 2002 y a 25 el 2003 da cuenta de una situación que no es correcta respecto del uso de recursos fiscales. Nuestro deber, entonces, es velar por que no se produzca semejante tipo de incorrecciones.
Apruebo el proyecto, además, porque se nos ha asegurado que está en pie el compromiso del Presidente de la República de alcanzar, durante su mandato, como promedio anual de capacitación, un millón de trabajadores. Y no tengo razones para dudar de la real voluntad de cumplir este compromiso. Por cierto, espero que no nos contentemos en este caso, como, por desgracia, ocurre en otros ámbitos de la vida nacional, con alcanzar una cobertura numérica, sino que velemos por que lo que se lleva a cabo justifique el esfuerzo de la sociedad para materializarlo.
Me pronuncio a favor porque la reducción en el acceso a la franquicia, al elevarse los requisitos que la ley establece para tal efecto, se compensa con un fortalecimiento del Fondo Nacional de Capacitación. Y espero que esto se concrete, progresivamente, a lo largo del tiempo y que, a través del sistema de licitaciones públicas que dispone el proyecto, se adjudiquen los cursos a las instituciones que los van a impartir, a fin de tener seguridad acerca de la calidad y pertinencia de esos esfuerzos de capacitación.
Creo, señor Presidente , que la tramitación de la iniciativa en debate ha adquirido urgencia ahora, porque existe una provisión presupuestaria que, según me informa la Directora del SENCE, no está siendo utilizada, en espera del despacho de aquél, y que se halla destinada, justamente, a las acciones del FONCAP.
Por lo tanto, la postergación o dilación en la tramitación de la ley en proyecto castigará a los sectores que pierden acceso a la franquicia debido a la elevación de los requisitos para obtenerla.
Por ello, es mi deseo que el trabajo sucesivo de las respectivas Comisiones del Senado nos permita aprobar también en particular esta iniciativa en la primera semana de mayo próximo.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, parte de lo que pensaba manifestar ha sido despejado por la decisión de la Sala de encargar a las Comisiones que discutan nuevamente algunas indicaciones. Pero, en lo sustantivo, deseo expresar lo siguiente.
Este proyecto despierta en nosotros algún tipo de inquietud, no porque estemos en desacuerdo con la idea de subsidiar la capacitación de los trabajadores o de personas para que accedan a un mejor nivel de conocimientos, sino porque, en torno a las franquicias tributarias -en particular, al manejo que el SENCE ha hecho de ellas en la zona que represento-, nos han dejado muy marcados su mala utilización, el fraude y los elementos de poca transparencia aplicados en la gestión.
En verdad, la Sexta Región ha sido el epicentro de tales anomalías. Ahí se hallan las pruebas más evidentes de la forma abusiva en que se ha procedido. Incluso, la manera como han sido otorgadas estas franquicias está siendo investigada por los tribunales de justicia.
Por lo tanto, uno no puede sustraerse al medio en el cual vive ni a la forma como es requerido por personas que se sienten estafadas o que fueron engañadas abiertamente con motivo del ofrecimiento de determinado beneficio. En efecto, algunas escuelas de conductores de mi Región terminaron cobrando, no sólo el subsidio, sino además el curso a quienes lo tomaron, en circunstancias de que se había dicho que era gratuito.
Pero ahora entraré a lo sustantivo.
Me parece que hay consenso en cuanto a que la población de nuestro país prácticamente tiende a estancarse en su crecimiento. Somos 15 millones de habitantes y algo más. Disponemos de recursos naturales que todos conocemos y, por lo tanto, sabemos dónde se encuentra la potencialidad de nuestro crecimiento en los próximos cuarenta a cincuenta años. Ella descansa básicamente en nuestra inteligencia para usar esos recursos naturales renovables o no renovables.
Eso se llama "calidad humana", que significa invertir en cada uno de nosotros, cualquiera que sea el estado de la persona -niño, joven o adulto-, para acercarnos a los mecanismos de manejo de las nuevas tecnologías y de los instrumentos del mercado que permitan sacar mejor provecho a lo que se realiza.
Aquí es donde el esquema del SENCE, que tiene elementos positivos, aparece divorciado -repito la palabra: "divorciado"- de todo el esfuerzo que la sociedad chilena despliega a través del sistema educacional en sus distintos rangos.
Desde ese punto de vista, no es algo menor destacar que hoy día se está haciendo un esfuerzo enorme en lo que dice relación a la enseñanza básica y media. Por otro lado, sabemos que en ese ámbito existe un gran factor de deserción de la población. Se trata de personas de distintas edades que, por razones económicas, de ubicación, y muchas veces por falta de una preparación adecuada en sus niveles iniciales, terminan fuera del sistema educacional y no quedan sujetas, en la mayoría de los casos, a los programas del SENCE. No hay un mecanismo que conecte lo uno con lo otro.
Si examinara el tema desde el punto de vista sistémico, yo diría: "Abramos una ventana de manera tal de evitar la deserción a nivel escolar, sobre todo en las comunas rurales o en las más pobres, donde hay mayor incidencia". O sea, es preciso generar un sistema que, aparte de otros existentes, impida esa deserción. Se ha creado una beca de retención de alumnos, lo cual es positivo, pero insuficiente.
Por lo tanto, estimo que, si esas niñas o niños no pueden completar su educación, cualesquiera que sean sus aspiraciones, debemos hacer el esfuerzo para crear un mecanismo que los conecte a un sistema de capacitación técnica.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego que me disculpe, señor Senador. Pero deseo hacer una proposición.
El señor MORENO.-
Bien, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como podríamos quedar sin quórum para adoptar acuerdos y se necesita fijar plazo para la presentación de indicaciones, sugiero a este efecto el lunes 3 de mayo, a las 12.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la próxima semana es regional.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por eso mismo, Su Señoría.
El señor MORENO.-
Que se otorgue una semana más, señor Presidente . Tiene razón el Honorable señor Prokurica , pues durante esos días algunos Senadores estamos en las Regiones y no disponemos de todos los antecedentes que se requieren para tal efecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Éste es un proyecto con urgencia calificada de "suma". Por eso sugerí dicho plazo.
El señor PROKURICA.-
Debido a la tramitación de que ha sido objeto, la verdad es que el Gobierno, en vez de ponerle urgencia, debería retirarla.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , solicite al Ejecutivo que vea ese aspecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Entonces, si no hay objeción, se fijará como plazo para formular indicaciones el lunes 10 de mayo, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Gracias, señor Presidente.
Por lo expuesto, mi primera proposición es que, dentro de la nueva formulación que se plantea, se considere un esquema que establezca una relación entre el mecanismo de capacitación técnica y la enseñanza básica y media, lo cual hoy día -por lo menos, así lo veo yo- no está operando. En el fondo, se trata de unir los dos sistemas, a fin de retener a alumnas y alumnos que se hallan en dichos niveles de educación y darles la posibilidad de completar sus estudios.
Ahora bien, eso genera un segundo aspecto.
Hoy día, en la Comisión de Educación del Senado ¿varios de sus miembros se encuentran presentes en la Sala- sostuvimos un interesante debate con rectores prácticamente de la mayoría de las universidades del país. ¿Y qué nos dijeron? Que el sistema se expande sobre la base de mecanismos que pierden su capacidad de control.
Se consultó al Ministerio de Educación acerca de cuántas sedes universitarias hay en Chile, y se nos señaló formalmente que no era posible indicar el número porque no existe la obligación de informar por parte de los planteles de educación superior privados o públicos que pertenecen al sistema. Pero se calcula que son alrededor de 553. Escuchen bien, Honorables colegas: ¡553!
Asimismo, preguntamos -y esto lo menciono porque a continuación me voy a referir a los OTEC- cuántas carreras se imparten en el país. Son más de 3 mil 500. Y, tal como lo expresé en la Comisión -y ahora lo repito aquí-, mi imaginación se agota cuando trato de vislumbrar títulos para tantas carreras. ¿Pero dónde está el problema? En la falta de control.
Se nos ha dicho ¿según la información recibida- que existirían aproximadamente 5 mil OTEC. No sé si la cifra es correcta.
La señora ESCÁRATE (Directora Nacional del SENCE).-
Son 5 mil 500.
El señor MORENO.-
Es decir, existen más todavía.
Ahora bien, de ese total -no tengo la certificación-, 500 operarían seriamente, por así decirlo.
Por lo tanto, al igual como ocurre en el sistema de educación superior, estamos frente a una situación respecto de la cual se dice que la sociedad tiene la obligación de controlar un poco más. Pero se debe controlar, no para inhibir el mecanismo, sino con el objeto de dirigir en forma correcta la utilización de ingentes recursos.
En el fondo, no se trata de una franquicia tributaria; son impuestos que la comunidad nacional recoge y que de otra manera podrían ser aplicados directamente a actividades que la misma sociedad desea privilegiar, como la educación, la salud, las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras.
Empero, en este tipo de asuntos, sin duda, se sienten la deficiencia y el vacío.
Algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron a la utilización de ciertos mecanismos tendientes a mejorar en nuestro país la calidad de los recursos humanos a través del otorgamiento de estos subsidios, como, asimismo, para invertir la famosa pirámide actual, donde los técnicos no son privilegiados por el sistema formativo y los centros de instrucción técnica resultan escasos en número y prácticamente no funcionan. Ello, porque las becas, subsidios y aportes estatales van a un esquema formal, no a uno real. Y aquí está la coyuntura del SENCE para ayudar, aunque sea en forma gradual, porque la pirámide no se puede desarmar.
¿Por qué hablo de pirámide? Porque, como señalé, se otorgan 3 mil y tantos títulos de formación universitaria y casi no funcionan los centros de formación técnica. Y las becas o subsidios que se dan a los alumnos de éstos no pasan de 7 a 8 mil -¡máximo!-, en circunstancias de que el total de alumnos en la educación superior es de 620 mil.
¡Ocho mil beneficiados en un universo de 620 mil estudiantes de enseñanza superior! Entonces, uno dice: "¡Esto no puede seguir así!".
Por eso, debemos esforzar la imaginación para posibilitar que el SENCE ayude a reforzar este mecanismo; incentivar la aproximación a carreras u oficios técnicos, y procurar que, por la vía del subsidio, éstos se conecten con el sistema educacional. Porque, nos guste o no nos guste, ambos van en paralelo.
Hoy día ocurre algo muy loable: vemos gente que asiste a cursos para adultos o para la tercera edad con el objeto, entre otros, de completar su educación. ¡Perfecto! Pero me pregunto: ¿estamos o no en condiciones de rectificar los errores? No me detendré a analizar el punto, sobre la base de lo que aquí ya se ha dicho en torno del mal uso de los recursos.
En mi opinión, se nos presenta la oportunidad de unir los dos sistemas. No son cosas distintas, aun cuando alguien considere que educar a nivel básico a una persona no tiene nada que ver con la capacitación. Es la secuencia natural: si quien cursa la enseñanza básica se ve obligado a desertar por razones económicas, el mecanismo tiene que ayudarlo a obtener una especialización y orientarlo a que se convierta en un técnico.
En las Fuerzas Armadas y Carabineros hacen eso; en otra forma, pero lo hacen. Quienquiera que los haya observado, se da cuenta de que dichas Instituciones invierten recursos excepcionales con el propósito de entregar a los integrantes del contingente que se interesen en recibirla una formación que va largamente más allá de la preparación militar o de seguridad. Y al final, ¿en qué redunda eso? En técnicos, en mecánicos, en choferes, en personal para las agencias de seguridad; en gente que, aunque se inserte en la vida laboral con una fórmula distinta de la que tuvieron, poseen una base de trabajo diferente.
Por último, señor Presidente , hago mío el argumento levantado por varios Senadores, en particular por el Honorable señor Ruiz , en el sentido de que el proyecto, tal como se halla redactado, probablemente sin buscarlo, ha excluido del beneficio a un importante segmento de la población. En efecto, en la medida en que se fija un límite de 35 UTM se excluye a todos los productores de la agricultura familiar, a todas las personas que trabajan en forma individual. Pienso que eso debe revisarse.
Si lo que sostengo no es correcto, me alegrará que se aclare en la Comisión. Pero, desde el punto de vista de la agricultura familiar campesina, tengo la certidumbre de que aquellos que trabajan aisladamente, sea que lleven o no contabilidad presunta, quedan fuera del sistema; de que esta franquicia de que podrían gozar bajo otro mecanismo no les llega. Se excluye, así, a un significativo segmento de la población.
Señor Presidente, al igual que otros colegas, me reservo el derecho a presentar indicaciones.
Voto a favor de la idea de legislar. Y confío en que el Ejecutivo recoja parte de las argumentaciones que hemos dado en el curso del debate.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , ante todo, debo manifestar que, lamentablemente, se ha tenido que llegar a este proyecto producto de la mala utilización que algunos organismos capacitadores o seudocapacitadores han efectuado de la franquicia tributaria.
Todos queremos que nuestros ciudadanos se capaciten; todos queremos que se llegue a la meta fijada por el Presidente de la República de un millón de trabajadores capacitados. Sin embargo, mucho de eso se pierde a causa de gente inescrupulosa que hace mal uso de este recurso, el cual finalmente termina en los bolsillos de unos pocos y no en el mayor capital humano del país: los trabajadores.
Quiero plantear una idea que me gustaría que el Ejecutivo recogiera y estudiara. Porque ¿seamos francos- los Parlamentarios no tenemos mucha iniciativa para presentar indicaciones en esta materia. Se trata de una franquicia tributaria y, por lo tanto, nuestro ámbito para formular indicaciones se halla bastante restringido. La verdad es que, si no convencemos al Gobierno de que patrocine las ideas que propongamos, terminaremos con un texto muy parecido al que estamos tratando hoy.
Soy partidario de que en la estructura, en el diseño para otorgar la franquicia, pongamos como exigencia que ella sea equivalente al monto del aporte previsional que realice la empresa. Hoy se propone que ésta tenga que haber enterado en el año, por cada trabajador, cotizaciones equivalentes a 9 unidades tributarias mensuales para recibir el tope de 9 UTM. ¿Qué se logrará con esto? Estimular a que siempre los organismos capacitadores quieran cobrar el máximo de la franquicia.
Si se dejara libertad en cuanto al monto ¿obviamente, con un tope mínimo, por los costos administrativos-, podrían existir cursos de costo inferior a 9 UTM. Por ejemplo, si se estableciera un tope de imposiciones de 3 UTM para conceder una franquicia por igual monto, se podrían financiar cursos más cortos, más económicos, pero igualmente interesantes para el fortalecimiento de las capacidades laborales de los trabajadores.
Eso lo podemos hacer. Y constituye una herramienta muy útil para que la capacitación siga operando de la manera más automática posible.
Soy un convencido de que el problema no se resuelve por la vía de aumentar los recursos del Fondo Nacional de Capacitación. ¡No quiero más FONCAP! Quiero el menor FONCAP posible, porque este Fondo se puede prestar para manejos electorales; para dirigir los cursos en determinadas comunas, etcétera. Prefiero que sea el pequeño empresario, con la exigencia de efectuar las cotizaciones de sus trabajadores por un tope determinado, quien tenga derecho a una franquicia tributaria igual a esa cantidad, no superior a ella, como sucede hoy. De lo contrario, se transforma en un incentivo perverso: con una inversión muy pequeña se obtiene una franquicia bastante elevada.
Voy a graficar lo anterior con un ejemplo, porque a veces las cosas no se entienden. ¿Cuánto vale en una escuela de conductores un curso para aprender a manejar un camión? Probablemente, 180 mil pesos. Pues, ese mismo curso, efectuado a través de la franquicia SENCE, ha costado 13 unidades tributarias mensuales, o sea, más de 300 mil pesos.
Es más, la Directora del SENCE , durante la discusión en la Comisión de Hacienda, nos informó sobre cómo se distribuyen los costos de los cursos acogidos a dicha franquicia. Por ejemplo, por captar a un alumno se pagan 50 mil pesos. Y eso no va a la capacitación del trabajador: va a la conquista de alguien que a lo mejor ni siquiera necesita esa capacitación, sino otra que le ayude a desempeñarse mejor en el mundo laboral.
El Ejecutivo , en cierta forma, se vio forzado a presentar un proyecto de esta naturaleza, que produce inquietudes. Por ello, es bueno que vuelva a Comisión. Ahí podremos perfeccionarlo y compatibilizar el buen uso de los recursos fiscales con una mayor capacitación y un mejor desempeño de los trabajadores chilenos.
Voto favorablemente la idea de legislar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el último inscrito, Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , este proyecto, a la luz del texto y del mensaje remitidos al Senado por el Ejecutivo, se basa en general en una filosofía donde el marco de la política por desarrollar es el reconocimiento del mal uso y aprovechamiento de ciertos fondos del Estado, cuyo destino no se ajusta a las reglas que la ley fijó a su respecto. Éste es el caso del SENCE. Y se plantea muy claramente.
Llamo la atención primero sobre ese particular.
En segundo lugar, en el texto figura un conjunto de medidas de racionalización del gasto público -esta iniciativa forma parte de ella-, y se formulan al respecto diversas observaciones. Pero hay dos planteamientos fundamentales, en los que se da por hecho que el Senado -y el Congreso en general- va a dar su aprobación a proyectos que ni siquiera hemos recibido, por lo menos en esta Sala.
Tal actitud me parece grave, porque con ella de nuevo se está pasando a llevar la facultad de legislar que tiene esta Corporación.
Por ejemplo, en la búsqueda del buen uso de los fondos estatales, sobre la base de una política de reducción, se dice que el grueso de los ahorros provendrá de una serie de medidas. Y se añade textualmente: "Le siguen en importancia en cuanto a impacto inicial la racionalización de los subsidios de incapacidad laboral y por enfermedad grave del hijo menor de un año".
O sea, se da por sentado que habrá un proceso de racionalización del cual se obtendrán ahorros, sin considerar que primero debe existir un estudio legal para comprobar si realmente es posible lograr tal propósito racionalizando los subsidios de incapacidad laboral y por enfermedad grave de un hijo menor de un año.
A continuación se expresa: "El grueso del ahorro generado por las medidas de racionalización en el uso de la franquicia tributaria para capacitación, por otra parte, se produce a partir del 2005...". Y se agrega: "Finalmente, a pesar de tener un impacto presupuestario relativamente menor en los primeros años," -porque se supone que es progresivo- "el principal factor de dinamismo en el crecimiento de los ahorros que generarán estas medidas a partir de 2006 corresponde a la racionalización en el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas".
A ese respecto, tampoco se ha analizado el proyecto pertinente. Sin embargo, se dan por aprobadas materias que no están en discusión todavía, lo cual, sencillamente, implica pasar a llevar la facultad legislativa del Congreso Nacional, en circunstancias de que hemos escuchado -y se ha probado sin lugar a dudas- que más del 50 por ciento de los fondos que el Presupuesto destina a capacitación no se está empleando, por diferentes razones.
Entonces, uno se plantea qué hay detrás de todo esto. Detrás, a mi juicio, hay una situación que va in crescendo en los proyectos del Ejecutivo -y tengo que decirlo claramente-: en esta filosofía y en este marco de una política de racionalización de los recursos del Estado, se está insinuando y planeando en forma indirecta -y a veces directamente- que es un gasto susceptible de ahorro porque se está haciendo uso malicioso de las normas que rigen el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas.
Eso es lo que se deduce. Porque si estamos hablando de racionalización y básicamente el planteamiento es el de que hay uso indebido de los fondos, al mencionar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas se está estableciendo que ellas están incurriendo en tal conducta. Y eso es inaceptable. Lo quiero dejar bien en claro.
Desde hace mucho tiempo que en Chile las Fuerzas Armadas están siendo objeto, en general, de situaciones de ese tipo. Colocan en tela de juicio a todas las personas, chilenos y chilenas, que forman parte de ellas, asumiendo que en determinados aspectos de la ley de previsión de las Instituciones Armadas se está haciendo un uso indebido, un uso fraudulento, un uso fuera de las normas legales, lo cual -repito- yo no acepto.
Y lo digo claramente: el Ejecutivo se ha extralimitado, porque ni siquiera ha podido plantear cuáles son los objetivos reales que hay detrás de la búsqueda de ahorro en el gasto público.
Por otra parte, es evidente que en el proceso de corrección del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas no se menciona a Carabineros. Y no lo cito en el sentido de división. Pero del texto del mensaje del Presidente de la República aparece una imagen de división entre las Instituciones de la Defensa.
Los malos, según ese texto, son las Fuerzas Armadas, y los buenos, Carabineros.
No es la primera vez que situaciones como ésa se presentan en muchos países de América del Sur. Se ha ido cargando la mano en tal sentido. Y por eso la insistencia del Ejecutivo en, por ejemplo, cambiar la dependencia de Carabineros pasándola de Defensa Nacional al Ministerio del Interior. Se ha ido tratando de meter una cuña en un elemento fundamental de la defensa y estabilidad en Chile, como es la unidad de las instituciones de la Defensa Nacional en torno al principio constitucional relativo a sus funciones y obligaciones.
Eso hay que denunciarlo. Me parece inaceptable. Porque, además, con este aviso anticipado de que se va a racionalizar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas se están desconociendo realidades legales; por ejemplo, los derechos adquiridos o disposiciones consignadas claramente como parte del contrato que se establece entre la ciudadana y el ciudadano que ingresa a la Defensa Nacional versus el Estado de Chile, que exige a una u otro determinada prestación de servicios.
Me parece que estamos en presencia de un hecho gravísimo. Lo denuncio enfáticamente, porque se presupone, primero, que hay un uso doloso de ciertos fondos, y en seguida, que se van a aprobar las leyes respectivas, en circunstancias de que el Senado no ha discutido los proyectos del caso. Y eso, para mí, es grave. Implica incurrir de nuevo en algo que ha sucedido de manera repetida en estos años: el Ejecutivo pasa a llevar, a mi juicio, las funciones del Senado. Y es mi deber denunciarlo con claridad.
Desgraciadamente, en estas condiciones, yo no puedo dar mi voto para aprobar en general el proyecto de ley que nos ocupa. Me pronuncio en contra, porque considero que es una forma solapada de presentar ciertas políticas.
¿Por qué no se dice clara y francamente: "Señores, nosotros no queremos Fuerzas Armadas como las que tenemos en estos momentos; queremos disminuir sus funciones, sus prerrogativas, sus posibilidades y su atractivo"? Díganlo así. ¡Pero no! Uno debe leer la letra chica en todos los documentos que manda el Ejecutivo ; ¡en todos ellos! Y esto no es franqueza. Es poca transparencia. Es, sencillamente, tener cosas ocultas en el bolsillo.
Insisto en mi denuncia, señor Presidente, porque, para mí, es grave lo que está pasando.
Muchas gracias.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Continúa la votación en orden alfabético.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Coloma, Chadwick, Espina, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Parra, Ruiz, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Canessa, Cordero, Fernández, Martínez, Prokurica, Stange y Vega.
Se abstuvieron los señores Bombal y Cantero.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Recuerdo a Sus Señorías que se fijó como plazo para presentar indicaciones el lunes 10 de mayo, a las 12.
Ha terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Justicia y al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas , sobre APLICACIÓN DE REGULACIÓN COMÚN A VEHÍCULOS NUEVOS INTERNADOS POR ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS DESPUÉS DE AGOSTO (Duodécima Región).
Del señor NARANJO:
Al señor Contralor General de la República , con el que solicita copia de documentos relativos a SUMARIO POR VICIOS EN ADJUDICACIÓN DE ASESORÍAS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y PARA EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL MILITAR DE LA REINA.
Del señor VALDÉS:
Al señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pidiéndole ANTECEDENTES SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTOS BAJO LEY DE DONACIONES CULTURALES EN PERÍODOS QUE INDICA.
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El señor LARRAÍN (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 2 e Independiente.
El señor CORDERO.-
Me cedió su tiempo, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
CONFERENCIA MUNDIAL DE GRANDES LOGIAS MASÓNICAS. COMUNICACIÓN
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , entre el 5 y el 9 de mayo próximo se llevará a cabo en Santiago la VII Conferencia Mundial de Grandes Logias Masónicas, organizada por la Gran Logia de Chile, por acuerdo unánime de los delegados asistentes a la anterior Conferencia, realizada en Nueva Delhi en 2002.
A la fecha se han realizado seis Conferencias: en Ciudad de México, Lisboa , Nueva York, Sao Paulo , Madrid y Nueva Delhi.
El tema sobre el cual versarán las ponencias enviadas será "El universalismo francmasónico y la sociedad mundial en los inicios del siglo XXI", que brindará la oportunidad de intercambiar opiniones respecto de este tópico de proyección internacional y, al mismo tiempo, será una ocasión propicia para que los asistentes se conozcan y se relacionen entre sí. Además, se han preparado, en forma complementaria, un programa de conocimiento de la ciudad y sus alrededores, y una visita de las señoras a Valparaíso.
La Gran Logia de Chile fue fundada precisamente en este puerto, en 1862, y su primer Gran Maestro fue el ilustre hombre público Juan de Dios Arlegui Gorbea .
En 1906, un terremoto destruyó la sede y los archivos de la Gran Logia, lo que determinó su traslado a Santiago.
Los masones chilenos han tenido una destacada actuación en la historia nacional como promotores de nuestra independencia política al comenzar el siglo XIX; en la construcción de las bases republicanas, y en la promoción del desarrollo político, educativo, económico, cultural y social hasta la actualidad.
Más de veinte Presidentes de la República han pertenecido a la Masonería. A la Orden Masónica se debe en gran parte la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Y el Presidente masón Arturo Alessandri Palma promulgó la Constitución Política de la República de 1925, cuyo principal redactor fue el también masón José Maza Fernández .
El primer Rector de la Universidad de Chile fue el masón Andrés Bello , y masones fueron los principales impulsores de la fundación de la Universidad de Concepción, de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad La República y de otras casas de estudios superiores.
Los fundadores de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile fueron masones.
Su actual Gran Maestro es el señor Jorge Carvajal Muñoz , Rector de la Universidad La República y miembro correspondiente de varias universidades extranjeras. Asimismo, participó oficialmente, en representación de la Gran Logia de Chile, en la Mesa de Diálogo, y actualmente es miembro, con la misma representación, en la Comisión Bicentenario.
La Gran Logia de Chile cuenta en el presente con 200 Logias, que trabajan desde Arica a Punta Arenas, a la luz de los principios de fraternidad, justicia, libertad, tolerancia y laicismo, en pro de toda obra que signifique progreso para el país dentro del entendimiento y la paz, sin discriminación de raza, nacionalidad, credos políticos o religiosos.
Señor Presidente , solicito que se envíe una comunicación, en mi nombre, al Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Jorge Carvajal Muñoz , haciéndole llegar la presente intervención y expresándole nuestro saludo y deseos de éxito en la realización del próximo Congreso Mundial. Asimismo, ruego pedir a tan excelsa autoridad que tenga a bien remitir al Senado las conclusiones de tan importante reunión.
He dicho.
El señor PARRA.-
Pido que se agregue mi nombre.
El señor CANTERO .-
Y mi adhesión.
El señor VIERGA-GALLO .-
También la mía.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Y la mía.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del Senador señor Cordero, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Honorables señores Parra , Cantero , Viera-Gallo y Larraín .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra en el tiempo que resta al Comité Institucionales 2 e Independiente.
Ofrezco la palabra.
No hay inscritos para intervenir en los turnos de los Comités Mixto y Partido Demócrata Cristiano.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
POSIBILIDAD DE FALLECIMIENTO POR "MAL DE LAS VACAS LOCAS" EN PUERTO MONTT. OFICIOS
El señor STANGE .-
Señor Presidente , en el diario "El Mercurio" de hoy, miércoles 21, aparece un artículo donde se afirma que en Puerto Montt falleció una mujer de 62 años y que la muerte podría haber sido ocasionada por el llamado "mal de las vacas locas", cuya forma humana se conoce como "enfermedad de Creutzfeld Jacob".
La gravedad de esa información, en caso de comprobarse el diagnóstico, podría provocar incalculables perjuicios a las exportaciones agropecuarias en general de nuestro país.
Cabe recordar que hace más o menos tres años se importaron vacas y, a pesar de que estuvieron en cuarentena y de que fueron sometidas a exámenes, nunca se ha sabido si hubo o no entre ellas algunas afectadas por este mal.
Es necesario precisar que el prión -es decir, el virus- tiene un prolongado período de incubación, que puede extenderse por varios años.
La paciente que falleció el 11 de febrero de 2004 en el Hospital Base de Puerto Montt estaba domiciliada en esta ciudad, y se presume que se contagió por consumir ossobuco de vacuno o de cordero.
Los síntomas que experimentó la mujer y la rapidez con que se desarrolló la enfermedad hacen presumir que su deceso puede ser atribuible a la enfermedad de Creutzfeld Jacob (encefalopatía espongiforme transmisible).
Las dolencias comenzaron con una fuerte cefalea. La paciente fue examinada, sin resultado. Al día siguiente ya no podía mover las piernas, y al tercero, las extremidades superiores. A los diez días no reconocía a su familia y estuvo en aparente estado vegetal, con espuma en la boca, hasta que falleció.
Una vez producido el deceso, no se efectuó autopsia ni examen al cerebro, por el peligro de que el virus contaminara a otras personas. Por ello, la causa en comento no está plenamente comprobada.
El certificado de defunción del Registro Civil y un diagnóstico del Hospital Base señalan: "Síndrome demencial de curso subagudo. ¿Enfermedad de Creutzfeld Jacob ?".
Como se trataría del primer caso en nuestro país, debo atribuirle extrema gravedad. Y es por tal razón, señor Presidente , que solicito dirigir oficio urgente al señor Ministro de Agricultura , don Jaime Campos Quiroga , para que se sirva disponer el acopio de los antecedentes respectivos y las medidas que los organismos de su dependencia puedan desarrollar para evitar cualquier contagio masivo, que sería de incalculables repercusiones económicas para nuestro país en el exterior.
Debo presumir que el Servicio Agrícola y Ganadero, con la experiencia que tuvo a raíz de la internación anterior de las "vacas locas", estará en condiciones de elaborar un informe preciso y adoptar las medidas a nivel nacional para evitar que se expanda ese eventual mal, que se podría catalogar a futuro de "catástrofe nacional".
Igualmente, pido que se oficie al señor Ministro de Salud , don Pedro García Aspillaga , a los efectos de que, a través del Hospital Regional de Puerto Montt, se recopilen los antecedentes que sirvan para confirmar o desvirtuar los síntomas de la persona que falleció el 11 de febrero de 2004 en ese establecimiento, y además, para que se precise si se practicó autopsia para determinar la causa exacta del deceso.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DETERMINACIÓN DE ANCHO DE CALLEJONES O CAMINOS VECINALES. OFICIO
El señor STANGE.-
Señor Presidente , el artículo 24 del DFL Nº 850, de 12 de septiembre de 1997, que modificó la ley Nº 15.840, define que "Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público".
En el artículo 25 se clasifican los caminos públicos en nacionales y regionales. El texto legal define claramente los caminos nacionales, y para referirse a los regionales se limita a indicar que los constituyen el resto de los caminos públicos.
Estas definiciones pueden considerarse incompletas para el caso de los predios rurales interiores que deben tener acceso a caminos públicos. Estas vías se conocen comúnmente como callejones o caminos vecinales, y son obligaciones de servidumbre. La ley no menciona qué ancho deben tener.
En la comuna de Los Muermos, sector Paraguay Chico, una comunidad de 25 familias adquirió un predio interior para construir sus casas habitaciones. Sin embargo, en su oportunidad no se percataron del ancho del callejón de acceso, que en partes no supera los cuatro metros.
Consecuente con lo anterior, solicito oficiar, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas , señor Javier Etcheverry Celhay , para que, previo estudio, indique cuál es el ancho que corresponde a este tipo de vías de acceso a los caminos públicos y quién lo determina. En caso necesario, se pide señalar los trámites que deben seguirse para lograr que el mencionado callejón o camino vecinal tenga un ancho mínimo que permita el cruce de dos vehículos.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN BASE DE GUANTÁNAMO. OFICIO
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , esta tarde deseo llamar la atención y, sobre todo, hacer una reflexión respecto al debate originado a raíz de la situación de los derechos humanos en la Base de Guantánamo.
Como es sabido, el Gobierno de Cuba, frente al voto negativo en cuanto a la situación de los derechos humanos en ese país, ha solicitado el apoyo de Chile a una resolución sobre la situación de los derechos humanos en la Base de Guantánamo.
Independientemente de que no se trata de un empate político acerca de las violaciones de los derechos humanos en un lugar o en otro, creo importante decir lo siguiente.
Se calculan en alrededor de 600 las personas de 40 nacionalidades diferentes que se encuentran detenidas en la Base de Guantánamo por un plazo de más o menos dos años, sin acceso a sus abogados ni a sus familias. Tampoco saben cuál es el motivo de su detención ni se han formulado cargos en su contra.
El Gobierno de Estados Unidos considera que no son prisioneros de guerra y que, por lo tanto, no se les aplican el derecho humanitario ni las Convenciones de Ginebra. Serían combatientes enemigos de una guerra todavía en curso. Además, sostiene que la Base de Guantánamo no es territorio estadounidense. Todo ello haría imposible a esas personas recurrir a los tribunales norteamericanos para reclamar sobre su situación, la que, por lo demás, ha sido denunciada por numerosos organismos e iglesias, entre ellos Human Rigths Watch .
Me parece muy significativo que ayer la Corte Suprema de Estados Unidos haya comenzado a analizar el problema de las detenciones por tiempo indefinido de los prisioneros de Guantánamo, lo cual va a suscitar numerosos problemas jurídicos. La resolución que se adopte será muy trascendente y se van a extraer conclusiones de mucha relevancia. En primer lugar, dicha Corte decidirá si los tribunales de Estados Unidos son o no son competentes para resolver estos casos, o si ello corresponde sólo al Poder Ejecutivo .
Como ha destacado un abogado de Human Rigths Watch, el tema de fondo es saber qué control va a ejercer el Poder Judicial estadounidense en la guerra contra el terrorismo. Ésa es la pregunta que tendrán que responder los jueces. Le van a decir al Presidente : "Usted tiene todo el control y puede decidir lo que es mejor para la guerra contra el terrorismo", o "Usted tiene todo el derecho a defender la seguridad del país, pero el Poder Judicial va a controlar la legalidad de sus medidas".
Se trata de una determinación de fondo respecto del estatus de las libertades dentro de Estados Unidos. Ello también incide, aunque sea indirectamente, en la llamada "PATRIOT Act", que es un dictamen del propio Gobierno norteamericano que posibilita el establecimiento de severas restricciones a los derechos civiles y políticos a raíz de la guerra contra el terrorismo. Me parece que este punto es esencial.
Además, es muy importante saber hasta qué punto Estados Unidos se va a someter al Derecho Internacional. No cabe la menor duda de que, si hubiera ciudadanos suyos detenidos, ahora, en una base de Afganistán o, en el pasado, en una de Iraq, sin estar sometidos a juicio ni habérseles formulados cargos ni reconocérseles la calidad de prisioneros de guerra, el clamor estadounidense, con justa razón, sería muy fuerte. Y lo que es válido para ellos, si hipotéticamente estuvieran en esas condiciones, también lo es para los ciudadanos de otros países.
Para grupos como la Asociación Nacional de Abogados de Estados Unidos, "la guerra contra el terrorismo no puede ser un pretexto para violar los derechos civiles". Y la directora ejecutiva de la referida Asociación señaló: "Guantánamo representa el ejemplo más claro de cómo el gobierno ha sobrepasado sus poderes constitucionales".
Se trata de la intervención de tribunales norteamericanos respecto de procesos judiciales y políticos de la mayor importancia. Hasta ahora, algunos casos se habían ventilado en cortes de distintos Estados respecto de personas que se encontraban en Guantánamo y, también, de dos estadounidenses recluidos en la Base Naval de Charleston, que han permanecido arrestados por bastante tiempo.
Lo anterior es muy relevante, porque en política exterior las normas deben ser parejas para todos, sin excepciones para nadie. No por tratarse de una superpotencia puede primar el interés nacional por sobre el Derecho Internacional.
No es suficiente el planteamiento del fiscal general Theodore Olson en el sentido de que los detenidos en Guantánamo no son prisioneros de guerra sino combatientes enemigos, porque "los soldados estadounidenses y sus aliados aún participan de un conflicto armado contra un enemigo sin principios, no convencional y salvaje".
No cabe la menor duda de que los ataques terroristas en contra de Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio, merecen toda nuestra condena, en especial los del 11 de septiembre. Pero ésa no es razón suficiente para suspender la vigencia del Derecho Internacional en este caso.
En resumen, simplemente llamo la atención acerca de la situación de 600 recluidos en la Base de Guantánamo, en condiciones que por cierto no son las mejores -el clima es inclemente- y con total incertidumbre acerca de su futuro y acerca de cuándo podrán salir, si es que algún día recuperan su libertad.
Respecto de la actitud del Gobierno chileno en esta materia, pienso que no cabe otra posibilidad que expresar el rechazo a tal circunstancia.
Si eso se traduce en una resolución de Naciones Unidas o significa que el relator especial designado para informar sobre la violación de los derechos humanos en Cuba también debe ocuparse, por extensión de su mandato, de la violación de los derechos humanos en la Base norteamericana de Guantánamo, entonces estaremos frente a materias de política contingente internacional, lo que no es del caso tratar esta tarde. Pero nadie podría sostener que la situación de los 600 recluidos en Guantánamo se ajusta plenamente a Derecho y no merece ningún tipo de reproche.
Solicito remitir esta intervención a la señora Ministra de Relaciones Exteriores .
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Comité Institucionales 1 no hará uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:11.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ABURTO, ESPINA, ORPIS, VIERA-GALLO Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL CONSUMO DE DROGAS COMO CAUSAL DE INHABILIDAD DE AUTORIDADES QUE INDICA (3508-07)
Honorable Senado:
Durante el estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del proyecto de ley que sustituye la actual ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se coincidió en el riesgo que significa para el correcto funcionamiento institucional que un funcionario público sea consumidor habitual o tenga dependencia de alguna de las drogas prohibidas por la ley que sanciona el tráfico ilícito de estas sustancias, debido a la necesaria vinculación que se produce con las redes de narcotráfico.
Por ello, se estimó conveniente impedir, al menos, que se encuentren en alguna de esas situaciones quienes sean llamados a desempeñarse como autoridades públicas o altos funcionarios públicos. Para tal efecto, se convino establecer en dicho cuerpo legal la obligación de las autoridades superiores de cada órgano público de prevenir el uso indebido de drogas, conforme a las normas que contendrá el reglamento respectivo, el cual, además, deberá contener un procedimiento de control de consumo aleatorio y reservado que resguarde la dignidad y la intimidad de las personas. Por otra parte, se sancionará con la medida de destitución a los altos funcionarios que incurran en consumo habitual o dependencia de drogas, a menos que justifiquen el consumo en la atención de un tratamiento médico. Sin embargo, se eximirá de la aplicación de esta medida al funcionario que declare el hecho de ser consumidor ante la autoridad superior y se someta a un programa de tratamiento y rehabilitación.
Esas decisiones, no obstante, no son susceptibles de ser aplicadas a las principales autoridades, toda vez que su elección o nombramiento y las causales de cesación en el cargo se regulan directamente por la Constitución Política. Es el caso de los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, Ministros del Tribunal Constitucional, Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, Contralor General de la República, Intendentes, Gobernadores, miembros del Consejo Regional, Alcaldes y Concejales.
Como los efectos negativos que pueden derivar del consumo habitual o la dependencia de las drogas por tales autoridades son todavía mayores, estimamos necesario reformar la Constitución Política con dos finalidades específicas.
Por una parte, se plantea prohibir que postulen a cargos de elección popular o sean nombrados en los cargos mencionados las personas que sean consumidores habituales o tengan dependencia de alguna droga ilícita. La forma de acreditar la ausencia de esta inhabilidad al momento de inscribir la candidatura o de asumir el cargo, en su caso, será la presentación de una declaración jurada por parte de los postulantes.
Por otra parte, se propone contemplar el consumo habitual o la dependencia de tales sustancias como causal de cesación en el cargo. Para ello deberán funcionar los procedimientos previstos en los estatutos por los que se rigen estas autoridades.
Excluimos solamente, por estimar innecesario contemplarlos en forma expresa, al Presidente de la República y a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En el primer caso, porque la situación de que se trata queda comprendida dentro del impedimento físico o mental que lo inhabilita para el ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 49, Nº 7) de la Constitución Política. En el caso restante, porque, de acuerdo a la ley, el consumo por el personal de esas instituciones configura un delito y la reglamentación aplicable conduce al retiro de quien lo efectúe.
Dejamos constancia que nuestro propósito, compartido por el señor Subsecretario del Interior en nombre del Supremo Gobierno, es que esta reforma constitucional se incluya en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria y pueda tramitarse simultáneamente con el proyecto de ley que sustituye la ley Nº 19.366.
En mérito de las consideraciones anteriores, proponemos la aprobación del siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:
1.- Agréganse al inciso primero del artículo 34 las siguientes frases, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“No podrá ser Ministro de Estado el que fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, ni el que tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
2.- Modifícase el artículo 54 en el siguiente sentido:
a)Reemplázase, la conjunción “y” que figura al final del Nº8) por un punto y coma; sustitúyese el punto final del Nº9) por la conjunción “y”, precedida de una coma, e intercálase el siguiente Nº10), nuevo:
“10) Los que fueren consumidores habituales de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, ni los que tuvieren dependencia de ellas, a menos que justifiquen el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
b) Reemplázanse, en el inciso segundo, la frase “los números 7) y 8)” por la siguiente: “los números 7), 8) y 10)”.
3.- Intercálase, en el inciso tercero del artículo 77, a continuación del punto seguido (.), la siguiente frase:
“Procederá siempre la declaración de que uno de los miembros de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones no ha tenido buen comportamiento cuando fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, o tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
4.- Agrégase al inciso segundo del artículo 80 C el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“No podrá ser Fiscal Nacional el que fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, ni el que tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
5.- Agrégase al inciso tercero del artículo 80 D el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“Se aplicará a los fiscales regionales la inhabilidad derivada del consumo habitual o de la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas a que se refiere el inciso segundo del artículo 80 C.”.
6.- Agrégase al inciso segundo del artículo 81 el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“No podrá ser miembro del Tribunal Constitucional quien fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, o quien tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
7.- Agrégase al inciso tercero del artículo 84 el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“Tampoco quien sea consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, o tenga dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
8.- Agrégase al inciso segundo del artículo 87 el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“No podrá ser Contralor General el que fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, ni el que tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
9.- Agrégase al inciso primero del artículo 113 el siguiente párrafo, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido:
“No podrá ser designado intendente o gobernador, elegido miembro del concejo regional, ni candidato a alcalde o concejal, el que fuere consumidor habitual de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas que, de conformidad a la ley, sean productoras de dependencia física o síquica, ni el que tuviere dependencia de ellas, a menos que justifique el consumo en la atención de un tratamiento médico.”.
(FDO.): Marcos Aburto Ochoa.- Alberto Espina Otero.- Jaime Orpis Bouchón.- José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Andrés Zaldívar Larraín