Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- SECRETARIO
- Sergio Sepulveda Gumucio
- SECRETARIO
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Ricardo Nunez Munoz
- Sergio Paez Verdugo
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MAYORES FONDOS PARA MUNICIPALIDADES Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
- RACIONALIZACIÓN DE USO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA CAPACITACIÓN
- ANTECEDENTE
- MAYORES FONDOS PARA MUNICIPALIDADES Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
-
ORIENTACIÓN, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA. PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
ORIENTACIÓN, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- INCOMPATIBILIDAD DE PRECANDIDATURAS PRESIDENCIALES CON FUNCIÓN DE MINISTRO DE ESTADO
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- AUMENTO EXPLOSIVO DE CONSUMO DE DROGAS EN CHILE. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Enrique Rios Santander
- CONMEMORACIÓN DE 10 AÑOS DE TÉRMINO DEL APARTHEID EN SUDÁFRICA
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 51ª, en martes 20 de abril de 2004
Ordinaria
(De 16:19 a 19:7)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE , JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE, Y CARLOS BOMBAL OTAEGUI, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTES
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial; el DL: Nº 3.063, sobre Rentas Municipales; la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a municipalidades para otorgar condonaciones que indica (2892-06) (se aprueba en general)...............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre racionalización de uso de franquicia tributaria para capacitación (3396-13) (queda pendiente su discusión general)........................................................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Orientación, rol, financiamiento y marco legal de televisión pública. Proyecto de acuerdo (S 729-12) (se aprueba)...............................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Incompatibilidad de precandidaturas presidenciales con función de Ministro de Estado (observaciones del señor Martínez)................................................................
Aumento explosivo de consumo de drogas en Chile. Oficios (observaciones del señor Ríos)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Conmemoración de 10 años de término del apartheid en Sudáfrica (intervención del señor Naranjo)............................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno , del Trabajo y Previsión Social y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , y la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 48ª, ordinaria, en 13 de abril; 49ª, especial, secreta, y 50ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 14 de abril, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", al proyecto de ley sobre el sistema de Inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (Boletín Nº 2.811-02).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (Boletín Nº 2.361-23), y
Con el tercero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Boletín Nº 2.787-03).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y de Cheques (Boletín Nº 3.358-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Con el segundo comunica que otorgó su aprobación a las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza, denominado "Chile Solidario" (Boletín Nº 3.098-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el tercero comunica que accedió a lo solicitado por el Senado en orden a archivar los proyectos de ley que se indican:
1.- El que permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles (Boletín Nº 309-07), y
2.- El que establece una indemnización para los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema (Boletín Nº 2.461).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los señalados proyectos.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual transcribe el acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno de esa Corte, en que se tomó conocimiento de la presentación efectuada por don Roberto León Ramírez para excusarse de su nominación como integrante del Tribunal Calificador de Elecciones, aduciendo que se encontraría inhabilitado para asumirlo.
En razón de lo anterior y conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Carta Fundamental, se procedió al sorteo para designar al integrante del citado Tribunal en reemplazo del señor Roberto León Ramírez, resultando elegido don Beltrán Urenda Zegers, en su condición de ex Vicepresidente del Senado .
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relacionado con el arribo de un carguero con cuarenta y cinco mil toneladas de petcoke al Puerto de Tocopilla.
Del señor Ministro de Educación , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al límite fijado por la ley Nº 19.885 a las donaciones que se efectúan con fines educacionales.
Del señor Ministro de Agricultura , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Naranjo, acerca del presupuesto del Instituto de Desarrollo Agropecuario, desde 1990 a 2004, y del número de campesinos que atendió dicho Instituto durante ese período.
Del señor Subsecretario de Marina , con el que responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Cordero y Horvath, referido a los antecedentes sobre el área de protección de porciones de mar que requiere la Fundación Huinay para sus proyectos de investigación en el sector del mismo nombre, ubicado en el fiordo Comau de la provincia de Palena (Décima Región).
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo a los procedimientos especiales aplicables a la liquidación de acciones de capacitación con cargo a la franquicia tributaria establecida en la ley Nº 19.518, Estatuto de Capacitación y Empleo.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al trazado de una franja caminera para la interconexión eléctrica, en la zona sur de Hornopirén, comuna de Palena.
Del señor Intendente de la Región de Aisén , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, concerniente a la posible instalación de una piscicultura en la cuenca del río Claro, comuna de Coihaique.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Registro Nacional de ADN (Boletín Nº 2.851-07);
Segundos informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.811-02);
Segundos informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Boletín Nº 2.787-03);
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas (Boletín Nº 3.129-03), y
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal (Boletín Nº 3.474-03).
--Quedan para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la cual comunica que en sesión celebrada el 14 de abril en curso, acordó, por unanimidad, otorgar el patrocinio al Seminario organizado por el Senador señor Vega, denominado "Aeronáutica y Espacio: hacia una política de Estado", que se realizará el 4 de junio del presente año en Santiago, en dependencias de la Corporación.
--Se toma conocimiento.
Solicitudes
De los señores Daniel Sotta Barros y Orlando del Carmen Montes Astudillo, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía (Boletines Nºs S 730-04 y S 731-04).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Permisos constitucionales
El Honorable señor Núñez y los Senadores señores Páez, Pizarro y Ruiz-Esquide, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º del Reglamento de la Corporación y 57 de la Carta Fundamental, solicitan autorización para ausentarse del país a contar del 16 de abril en curso, el primero, y del 19 del presente mes, los últimos
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Facultar a la Mesa para determinar la oportunidad y la forma en que se celebrará la sesión especial de la Corporación, citada inicialmente para el miércoles 5 de mayo, con el objeto de rendir homenaje al padre Alberto Hurtado Cruchaga.
2.- Tratar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de 4 de mayo próximo el segundo informe de las Comisiones de Economía y de Hacienda sobre el proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y
3.- Incluir en el Orden del Día de la sesión que corresponda el informe que elaborará la Comisión Especial para la Sociedad del Conocimiento y la Información.
V. ORDEN DEL DÍA
MAYORES FONDOS PARA MUNICIPALIDADES Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde continuar el debate en general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, relativo a Rentas Municipales, y la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2892-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 13 de agosto de 2003.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
Discusión:
Sesión 50ª, en 14 de abril de 2004 (queda pendiente su discusión general).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano Puelma.
--Se accede.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se encuentran inscritos los Senadores señores Cantero, Núñez ¿quien está ausente del país-, Parra, García, Naranjo, Sabag, Canessa y Stange.
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ante todo, debo señalar que Renovación Nacional no es partidario de incrementar la carga tributaria de los ciudadanos está preocupado particularmente por lo que pueda representar la Ley de Rentas sobre esta materia.
Cabe recordar que, de no aprobarse el proyecto de ley Rentas II, entrará en vigencia dentro de ocho meses un reavalúo del impuesto territorial, cuyo rendimiento alcanza a los 150 mil millones de pesos. Atendida esa situación y la posibilidad de que no se apruebe esa iniciativa en trámite, concordamos con el Gobierno una reunión para buscar acuerdos que hicieran viable la implementación del proyecto de ley Rentas II.
En especial, nos preocupa garantizar el reajuste de remuneraciones de los alcaldes y concejales, en consonancia con la petición del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Pedro Sabat , quien ha hecho saber la urgencia y necesidad de dignificar adecuadamente el trabajo que ellos realizan con una compensación -en sus sueldos y dietas, respectivamente- razonable y ponderada, acorde con las responsabilidades inherentes a tales cargos.
En virtud de ello, hemos propuesto al Gobierno la alternativa de aprobar en general el proyecto en debate -cuyo rendimiento, del orden de los 32 mil millones de pesos, versus los 150 mil millones de pesos que contempla el reavalúo del impuesto territorial, equivale a un porcentaje mínimo-, siempre y cuando se consideren elementos que para nosotros son de suma importancia.
Lo primero tiene que ver con el rango de las tasas que establece el reavalúo del impuesto territorial, que va de 0,5 a 1,5 por mil anual. Sobre el particular, hemos hecho presente la necesidad de fijar tasas específicas y con números definidos, para salvar las observaciones de constitucionalidad que puedan formularse. El Ejecutivo manifestó ¿y esperamos que lo ratifique en la Sala- su disposición favorable al respecto.
En cuanto a las exenciones particulares del impuesto territorial, en especial las referidas a la educación, al deporte, a los clubes aéreos, clubes sociales del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, iglesias y otras instituciones, Renovación Nacional ha postulado la necesidad de mantenerlas fundamentalmente porque su rendimiento no alcanza a un porcentaje superior al 2 ó 3 por ciento del fondo total a recaudar y, además, por el impacto negativo y la inquietud que genera en los afectados el hecho de ser despojados de un derecho adquirido. Entendemos que el Gobierno ha manifestado su voluntad de acoger la petición formulada por nuestro Partido.
El proyecto reemplaza el aporte fiscal -quinto componente del Fondo Común Municipal- por las contribuciones de bienes raíces de ciertos inmuebles fiscales, manteniendo los mil 500 millones de aporte para dicho Fondo. Estas propiedades corresponden, básicamente, al Palacio de La Moneda , al Congreso Nacional, a la Corte Suprema, a los ministerios, las intendencias y gobernaciones. El Gobierno ¿según entiendo- tendría una disposición favorable en esta materia.
Asimismo, acerca de la sobretasa del impuesto territorial a los sitios eriazos abandonados, que hoy es de ciento por ciento y que se pretende incrementar en un ciento por ciento adicional, señalamos en el acuerdo que no nos parece pertinente y que, en subsidio, se debe establecer una multa de beneficio municipal por esos terrenos, de manera que puedan ser intervenidos por la autoridad edilicia, ya sea poniendo cierres, iluminaciones o lo que fuere necesario, a fin de contribuir a la seguridad ciudadana. El Ejecutivo nos ha manifestado su conformidad sobre el particular.
En relación con las patentes comerciales, que oscilan entre el 2,5 y el 5 por mil del capital propio del contribuyente y respecto de las cuales las Municipalidades de Santiago, Las Condes , Providencia y Vitacura tienen la obligación de aportar al Fondo Común Municipal el tope máximo, esto es, el 5 por ciento, planteamos la necesidad de incorporar a él sólo los recursos efectivamente recaudados.
Acerca de ese punto, el Gobierno señaló que tiene dificultades para dar su aceptación. Escucharemos atentamente su planteamiento sobre la materia.
En cuanto a la exención general del pago de los derechos de aseo domiciliario para todas las viviendas con un avalúo de hasta 25 unidades tributarias mensuales, expusimos la necesidad de mantener ese límite, en forma de lograr una mayor justicia y equidad. El Ejecutivo nos manifestó su disposición favorable sobre el particular.
Por otro lado, planteamos la orientación compensatoria del Fondo de Atención Primaria de Salud, que estaría conformado por los recursos provenientes del 18 por ciento de las multas aplicadas por los juzgados de policía local (hoy, destinados al SENAME: 4 mil 800 millones) y por un aporte fiscal anual equivalente a 218 mil unidades tributarias mensuales (6 mil 500 millones). Para tal efecto, proponemos que se distribuya entre los municipios en proporción al número de propiedades exentas del pago de contribuciones. El Gobierno manifestó su disposición favorable en tal sentido.
Tocante a las patentes acuícolas, actualmente de entero beneficio fiscal, sugerimos que exista la misma lógica de distribución que en el caso de las patentes mineras: un porcentaje a beneficio de la comuna y otro a beneficio del gobierno regional. El Ejecutivo accedió a la petición de Renovación Nacional de analogar los porcentajes de ambos sectores, hoy de 30 y 70 por ciento, respectivamente. En consecuencia, 50 por ciento sería para la comuna donde se genera la patente acuícola o la minera y 50 por ciento se distribuiría al interior de la Región correspondiente.
En lo atinente a las patentes comerciales provisorias, el proyecto intenta aumentar su plazo a tres años. Nosotros postulamos la mantención del período de un año, que nos parece del todo ponderado y razonable.
Por otra parte, la iniciativa propone fijar de manera permanente el 0,25 por ciento o 25 por mil del impuesto territorial de beneficio fiscal, que hoy opera mediante una norma transitoria y se destina al financiamiento de los cuerpos de bomberos vía Junta Nacional. Hemos planteado nuestro acuerdo con el carácter permanente de la disposición respectiva y, además, que se posibilite la fiscalización de los recursos por la Cámara de Diputados, atendidas inquietudes y continuas denuncias en torno a esta materia. El Gobierno expresó su conformidad y quedó establecido como criterio que en un plazo no superior a 90 días estará en trámite el proyecto sobre el financiamiento ya referido.
Ésos son los elementos que concordamos en términos generales con el Ejecutivo . Informalmente, ya se nos entregó una disposición favorable respecto de la mayor parte de nuestros planteamientos. Sin embargo, estamos a la espera del pronunciamiento oficial en esta Sala. Y si así fuere, Renovación Nacional anuncia que aprobará la idea de legislar.
Lo anterior, en el propósito de, durante la discusión particular, avanzar al máximo en los detalles, teniendo siempre presente la necesidad de cautelar que la ley en proyecto no signifique un fuerte golpe al bolsillo de los ciudadanos de nuestro país. Y esperamos actuar en concordancia con la Unión Demócrata Independiente en pro de ese objetivo durante el estudio del segundo informe.
En consecuencia, reitero que los Senadores de Renovación Nacional aprobaremos en general el proyecto.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , en las intervenciones que escuchamos la semana pasada, las cuales, hasta aquí, no han sido controvertidas -me refiero en particular a la del señor Ministro del Interior -, quedó absolutamente claro que la ley en proyecto no significa un incremento de la carga tributaria global a que están afectos los chilenos; no va a incidir, en términos de porcentaje del producto interno bruto, en el estado actual de ella. Por el contrario, tanto la postergación de la entrada en vigencia de los nuevos avalúos de las propiedades no agrícolas cuanto el aumento sustancial del monto de la exención hoy existente del impuesto territorial producen el efecto de un aligeramiento de esa carga tributaria.
Se trata, en consecuencia, de un proyecto que no puede ser impugnado desde el punto de vista del objetivo recaudatorio que perseguiría; que, de no ser aprobado, implicará simplemente la más pronta entrada en vigencia de los nuevos avalúos; que, en lugar de una recaudación, efecto de ello, de 28 mil millones de pesos, como se consigna en el informe financiero, dará origen a una mayor recaudación del orden de los 150 mil millones; y que castigará significativamente a los sectores más modestos del país, que no tendrán el beneficio de la nueva exención para las propiedades con avalúo de hasta 10 millones de pesos.
Creo, por otro lado, que la generalidad de las intervenciones hechas hasta aquí para impugnar el proyecto no justifican, desde una perspectiva ética, el voto contrario a la idea de legislar. Esas impugnaciones, en efecto, han estado orientadas a un aspecto muy específico de la iniciativa en debate: la supresión de determinadas exenciones, las cuales, naturalmente, deben ser discutidas en su mérito con ocasión del segundo informe y que todos estaremos dispuestos a analizar y votar en el minuto en que corresponda.
Por el contrario, es inconcuso que con este proyecto, a través de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de la enmienda a la Ley de Rentas Municipales, habrá un fortalecimiento de la institución municipal, un mejoramiento en la calidad de gestión de los municipios. Y me parece que esa sola consideración debiera llevarnos a votar favorablemente la idea de legislar.
¡Por algo la Asociación Chilena de Municipalidades se ha movilizado en esa dirección! ¡Por algo en sucesivos encuentros de alcaldes y concejales del país se ha respaldado, con amplias votaciones, esta iniciativa legal!
¡Seamos consecuentes! Durante este año, que estará marcado por el proceso electoral municipal, escucharemos múltiples intervenciones para hablar de la importancia del rol de los municipios, de la trascendencia de que a éstos se les entreguen más herramientas para que puedan cumplir cabalmente sus funciones. Hoy tenemos la oportunidad de probar, con nuestro voto afirmativo, que ése es realmente el compromiso que estamos dispuestos a asumir. No nos presentemos mañana ante la ciudadanía con un discurso desmentido, con una actitud mezquina, cual es el voto renuente a la aprobación general de esta iniciativa.
Dicho eso, señor Presidente , paso a hacer algunas consideraciones particulares.
Los aspectos más discutidos del proyecto son los que dicen relación a la enmienda de la ley Nº 17.235.
No está de más llamar la atención sobre el hecho de que ésa es una de las más antiguas leyes tributarias existentes en el país: proviene del Gobierno de don Jorge Alessandri y tiene una trayectoria que se había iniciado antes. En el Régimen militar se fijó un nuevo texto, pero sin corregir lo esencial de la ley Nº 17.235, cuyo número, incluso, se mantuvo.
Ese cuerpo legal está compuesto por un articulado y unos anexos donde se fijan distintos tipos de exenciones, reales o personales, al impuesto territorial que allí se establece.
Esa lista de exenciones, particularmente la del Cuadro Anexo Nº 1, que es la que aquí se postula modificar, proviene de los años 60 y 70. Y las enmiendas que se nos proponen no hacen sino, por una parte, introducir ajustes técnicos (en muchos casos se trata de contribuyentes beneficiarios de la exención que incluso han desaparecido), y por otra, tratar de asumir la nueva realidad.
¡Qué duda cabe de que, en la creación y operación de cementerios en Chile, la realidad de hoy nada tiene que ver con la de los años 60 ó 70, cuando aquéllos eran íntegramente fiscales o municipales y cuando, desde luego, esa actividad no perseguía fines lucrativos!
Lo mismo ocurre en el ámbito de la educación. Las reformas introducidas en los años 80, a comienzos de esa década, transformaron sustancialmente la naturaleza del sistema educacional chileno. Y hemos visto cómo, para obtener rentabilidad a través de este tan trascendente servicio, se han desarrollado, al alero de instituciones de enseñanza, grandes empresas inmobiliarias que, a la larga, van a ser las que, como consecuencia de este nuevo articulado, resulten gravadas.
Me parece, por consiguiente, inaceptable negarse, cincuenta años después, a una revisión que en parte importante es técnica y en otra parte, también relevante, recoge -como acabo de señalar- esas nuevas realidades.
Evidentemente, hay aspectos en la iniciativa en los que debiéramos tener disposición a ir más allá de lo que viene propuesto. En el Cuadro Anexo Nº 1, el numeral IV se refiere a "Exenciones que acuerde el Presidente de la República por decreto supremo conforme las leyes pertinentes".
Me parece que, desde el punto de vista constitucional, ese tipo de exenciones es inaceptable. El Presidente de la República no tiene, según la Carta vigente, facultades para otorgar exenciones de tal naturaleza. El artículo 62, número 1º, cuando reserva a su iniciativa exclusiva los proyectos que establecen exenciones, así lo dispone.
Y el artículo 61 excluye expresamente de las materias susceptibles de delegación de facultad al Primer Mandatario para que éste actúe mediante decreto con fuerza de ley -nunca a través de simple decreto supremo- las que tienen que ver con las garantías constitucionales.
Los números 20º y 22º del artículo 19 prueban palmariamente que ésta es una materia que está cubierta por las garantías constitucionales que dicho precepto consagra.
Creo, pues, que debiéramos aprovechar este proyecto para hacer también un ajuste en esta norma, adecuarla a la Constitución y suprimir definitivamente el Capítulo IV del Cuadro Anexo Nº 1, excluyendo así el recurso inconstitucional de otorgamiento de exenciones por el Presidente de la República mediante decreto supremo.
Termino, señor Presidente , no sólo anunciando mi voto favorable a la idea de legislar, sino además llamando a la conciencia de mis Honorables colegas, porque creo sinceramente que éste es un paso que fortalece la institución municipal. Y es importante, para que la campaña electoral que se está iniciando tenga una expresión, un testimonio, del compromiso que todas las fuerzas políticas alegan con el municipalismo chileno, que este proyecto pueda avanzar en su trámite legislativo aprobándose esta tarde en general.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , anunciada ya la decisión de votar favorablemente la idea de legislar, quisiera pedir al Ejecutivo el análisis de dos materias que me parecen directamente ligadas a este proyecto, que busca mejorar los ingresos de las municipalidades, por una parte, y ampliar una facultad concreta de éstas, por otra.
Existe una antigua norma que dispone que, cuando se trata de la ejecución de obras públicas, los municipios no pueden cobrar derechos por la explotación de áridos. Y esto significa que muchas veces las municipalidades pierden significativos ingresos. Pero además les queda el problema de que son ellas las que deben efectuar las obras para evitar las inundaciones y los desbordes de ríos, ya que éstos, a raíz de la extracción de áridos, quedan bastante más expuestos a ese peligro.
Hoy tenemos carreteras donde las vías más importantes están concesionadas. Pienso, asimismo, que los proyectos de infraestructura pública deben reflejar el verdadero costo de ejecutarlos. Y no veo la razón por la cual los municipios tengan que subsidiar tales obras mediante la vía de no cobrar los ingresos a que tienen derecho por la extracción de áridos.
Por lo tanto, quisiera que, dado que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, se analizara el punto, ya sea para incorporar el término de esa exención dentro de este proyecto, idealmente, o en uno posterior. En todo caso, me parece indispensable terminar con el hecho de que los municipios subsidien el financiamiento de obras públicas.
Y la segunda cuestión está referida a la posibilidad de facultar a las municipalidades para que otorguen asistencia técnica a los comités habitacionales.
Todos sabemos que la política existente hoy día en la materia consiste básicamente, más que en entregar una vivienda terminada, en otorgar subsidios habitacionales. Y cuando se trata de grupos, los beneficiarios de ellos tienen que comprar terreno, contratar a la empresa que les ejecute las obras; y muchas veces se equivocan, porque no cuentan con los elementos técnicos para tales efectos.
El Senador señor Lavandero , por ejemplo, denunció -y con justa razón- una situación extrema en Licanray, en la Novena Región, donde se gastó tres o cuatro veces el valor de una vivienda social en solo hacer movimientos de tierra.
Ello indica que es indispensable que los referidos comités habitacionales tengan asesoría técnica. Y el Ministerio de Vivienda entrega cinco unidades de fomento por cada beneficiario para el pago de esa asistencia. Sin embargo, concluido el proyecto, ella también termina y muchas veces no existe ninguna responsabilidad ulterior por malas decisiones que se toman.
Creo que sería mil veces preferible que las municipalidades, con los mismos dineros, contrataran técnicos de manera permanente, de tal forma que la asistencia se otorgara, no sólo durante la construcción, sino también en la etapa posterior, cuando hay que revisar los estándares técnicos de las viviendas, construidas íntegramente con recursos del Fisco.
Señor Presidente , desearía que el Ejecutivo , a través de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, estudiara esas dos materias y las concretara, dentro de lo posible, en la iniciativa que hoy nos ocupa; y si ello no fuera factible, por razones de tiempo, en otro proyecto, pero muy próximo.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
En primer lugar, debo señalar que venía preparado para mi intervención, pero el Honorable Senador Cantero, con la propuesta de bases de acuerdo, me provocó un pequeño desajuste.
No esperaba estos cambios, señor Presidente . Yo valoraba muy positivamente el trabajo hecho en la Cámara de Diputados y creía que se estaba avanzando de manera importante en aumentar los recursos de las municipalidades, en especial de las más pobres, y que terminaríamos de una vez por todas con desigualdades originadas en diversas leyes.
Por eso, hay que analizar en su mérito cada uno de los puntos del acuerdo presentado por el Honorable señor Cantero. Y partiré revisando algunos de ellos.
El punto número 2) señala que se eliminarán exenciones que cualquiera consideraría irritantes. No es admisible que clubes de golf, clubes privados o particulares, sigan exentos del pago de contribuciones. Me parece tremendamente injusto concordar en la mantención de situaciones discriminatorias. Ello no es un avance, sino un paso hacia la consolidación de desigualdades e injusticias.
Por otra parte, valoré muy positivamente que la Cámara Baja decidiera penalizar a los dueños de sitios eriazos, cuyo abandono, a la larga, los transforma en espacios para delincuentes. Sin embargo, se propone reemplazar el aumento de la sobretasa del impuesto territorial de 100 a 200 por ciento establecido en la otra rama del Parlamento. De proceder así, quedaremos en la misma situación actual. Muchos de nosotros sabemos que en las Regiones que representamos se dejan abandonados terrenos para que "engorden", o sea, para que después adquieran un valor superior y permitan obtener el máximo provecho. Hoy no pagan absolutamente nada por tal abandono, y este acuerdo, por desgracia, pretende mantener ese criterio, razón por la cual seguiremos viendo propiedades no edificadas que serán lugares propicios para la delincuencia.
Algunos parecen no comprender lo que sucede con el pago de los derechos de aseo domiciliario Es cosa de recorrer las Regiones, de visitar poblaciones, para darse cuenta. de que quienes han obtenido viviendas por medio de subsidios habitacionales no los pagan. ¿Por qué insistir? Era importante el avance alcanzado en la Cámara de Diputados, en el sentido de elevar hasta 225 UTM el avalúo de las casas exentas de este cobro. Pero se pretende obligar a cumplir esa obligación a quienes nunca lo han hecho. Además, las municipalidades tampoco saben cómo exigir el pago, tarea que corresponde a los juzgados de policía local. Pero la gente no pagará.
Ya lo dije: es cosa de visitar durante este fin de semana o en la semana regional las diversas poblaciones para ver que la gente no paga los derechos de aseo. ¡Y no lo hará! ¿Les vamos a quitar las viviendas por no hacerlo? ¿Los vamos a echar de los barrios? Si la realidad es tan fuerte, ¿por qué no aceptarla de una vez por todas? La gente modesta, que ha recibido subsidio habitacional, no paga. ¿Por qué no la eximimos?
Seguramente nos van a decir: "Las municipalidades tienen facultades para hacer los cobros". Pero no las aplican. Y las que manejan pocos recursos están dispuestas a recibir lo que les caiga. Y si algunas de estas modestas familias pueden pagar, en buena hora.
Como los señores Senadores recordarán, hace algunos años despachamos una ley sobre condonación de derechos de aseo domiciliario, y los que en esa ocasión resultaron beneficiados son los mismos que ahora nuevamente se hallan morosos. Y con esta normativa volvemos a insistir en que deben seguir pagando. ¿Para qué? ¿Para que no lo hagan? Seguiremos marcando el paso, y no veo la razón de ello: se trata de recursos que no ingresan a las municipalidades. Y estamos partiendo de la base de que los reciben. ¡Pero si nunca los han obtenido! ¡Y aunque aprobemos esta disposición, no los recaudarán!
No obstante, hay gente majadera, porfiada, que logra acuerdos en esta materia para insistir en algo que no se cumple. Y seremos testigos de cómo en dos o tres años tampoco se pagarán los referidos derechos.
¡Para qué hablar del punto 8) del acuerdo, señor Presidente ! A una municipalidad rica -la de Santiago-, otras, también ricas -las de Vitacura, de Providencia y de Las Condes- le van a traspasar plata para arreglar el Teatro Municipal capitalino. ¡Cómo me habría gustado que el acuerdo dijera que esos dineros se destinarían al Teatro Municipal de Antofagasta ! ¡Cómo me habría gustado que las Municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes hubieran dicho que los aportarían para el Teatro Municipal de Iquique , o para el de Valparaíso, el de Talca o el de Concepción. Pero no fue así.
¡Que esas municipalidades ricas, señor Presidente , sigan financiando a una municipalidad también rica, como la de Santiago, que por cierto hoy se encuentra abandonada, ya que su alcalde anda en otras cosas y se ha preocupado poco del Teatro Municipal...!
En consecuencia, se han alcanzado acuerdos que cambian totalmente el sentido al proyecto.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, pero analizaré en su mérito cada uno de estos acuerdos, porque no los comparto en absoluto. Con ellos no avanzaremos, sino que marcaremos el paso. Y, al final, las municipalidades ricas continuarán siendo ricas y las pobres continuarán siendo pobres; a los sectores poblacionales pobres se les seguirá cobrando el derecho de aseo domiciliario y los municipios ricos mantendrán su ayuda a los municipios ricos.
¡Qué lindo acuerdo, señor Presidente!
He dicho.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el Senado enfrenta la importante misión de tramitar un proyecto de ley que permitirá mejorar ostensiblemente la capacidad de las municipalidades para dar cumplimiento a sus propósitos de servicio a la comunidad.
Quiero destacar la nutrida concurrencia a la Comisión de distinguidas personalidades del Gobierno, del mundo académico y del ámbito privado, además de representantes de las propias municipalidades, lo que da cuenta del interés por esta materia.
A nuestro juicio, la iniciativa permite dotar a los municipios de los recursos necesarios para responder a sus obligaciones; racionaliza la política de exenciones al impuesto territorial; promueve las actividades del sector privado en favor de la educación y el deporte, y elimina las discriminaciones entre los organismos públicos y privados respecto de su cumplimiento con las contribuciones, lográndose mayor equidad, aunque naturalmente el proceso puede no ser del agrado de todos.
Un aspecto no menor se refiere a facultar al Presidente de la República para suspender la vigencia del reavalúo de bienes raíces no agrícolas desde el 1 de julio de 2003 hasta el 1 de enero de 2005, fijando un reavalúo quinquenal y autorizando paralelamente a los municipios para adelantar la fecha de vigencia del mismo desde el 1 de julio de 2003, con lo cual se reconoce a los gobiernos locales su capacidad para actuar en este nivel con mayor decisión en la definición de políticas tributarias. Esto, que algunos pueden considerar insuficiente, representa a su vez un nuevo paso en el proceso de descentralización que debemos seguir impulsando.
Al respecto, deseo enfatizar que el progresivo fortalecimiento de los municipios es una tarea compleja e imposible de resolver con un solo proyecto, por lo que me parece importante que este avance, siendo objetivamente positivo, reciba el respaldo de todas las bancadas y se asuma, al mismo tiempo, el compromiso de analizar en el futuro nuevos cambios en la dirección en que todos coincidimos en cuanto a que los municipios cuenten con los medios para cumplir sus funciones.
Se ha planteado que este proyecto representa un aumento de las contribuciones. Pero lo que se produce en realidad es una adecuación de lo que el mismo Congreso ha ido dilatando a través de sucesivas postergaciones de los reavalúos. Entonces, es oportuno sincerar el aporte que debe realizar la ciudadanía por concepto de contribuciones. Y, como ha informado en este Hemiciclo el señor Ministro del Interior , el total de la recaudación muestra que no existe tal aumento exagerado.
Asimismo, la normativa dispone la creación de un Fondo Especial de Atención Primaria de Salud, integrado por un aporte del Gobierno central de aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos, y por el equivalente a 18 por ciento de las multas de los juzgados de policía local, que también representa una contribución de primera magnitud para que los municipios desarrollen su labor, en este caso en el ámbito de la salud, lo cual es una realidad inobjetable, a pesar de quienes critican que tal aporte es escaso frente a la cuantía del gasto en la salud municipalizada, o de la postura de los que preferirían que esos recursos fueran directamente a las arcas municipales en lugar de tener un destino predeterminado.
Adicionalmente, esta iniciativa contempla aumentar en 50 por ciento la dieta de los concejales, con un incremento en el tope de 8 a 12 UTM, pero vinculando tal alza a mayores exigencias en el cumplimiento de sus funciones. En el caso de los alcaldes, se eleva su nivel de remuneraciones por la vía de eliminar el último grado hoy vigente (el 7) y de transformar la asignación de 30 por ciento que los beneficia en una Asignación de Dirección Superior, que corresponderá al ciento por ciento de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
Una vez que se promulgue la ley en proyecto -a cuya aprobación invitamos a los presentes en la Sala-, las municipalidades deberán asumir el desafío de alcanzar eficiencias acordes a los presupuestos de que dispondrán y de responder a las expectativas que la ciudadanía deposita en sus autoridades locales.
Otro aspecto sobre el que deseo llamar la atención apunta a que este refuerzo a la capacidad de gestión de los municipios se enmarca dentro del propósito de la Concertación de fortalecer los gobiernos locales, en el entendido de que en tal ámbito es donde existe mayor conocimiento acerca de los problemas de la comunidad y de las mejores formas de darles solución.
Es necesario reiterar -ya lo habíamos señalado- que éste es un proceso político de largo aliento que se retroalimenta a sí mismo. Es decir, en la medida en que las municipalidades demuestren su capacidad de administrar con eficiencia y sentido de justicia social los recursos que se les entregan, en el futuro habrá mejores posibilidades de continuar fortaleciendo su capacidad de gestión.
En cuanto a las exenciones, se dispone que los predios no agrícolas destinados exclusivamente a la habitación gozarán de un monto de avalúo exento de impuesto territorial de 10 millones de pesos, en moneda correspondiente al 1 de enero de 2003; y que las propiedades con avalúo de hasta 6 millones y medio de pesos -en lugar de los 2 millones de pesos actuales- estarán liberadas del pago de derechos de aseo.
Asimismo, junto con eliminar numerosas exenciones particulares que se han ido acumulando en el tiempo, se establece que no pagarán contribuciones, entre otros, los recintos de las federaciones deportivas nacionales cuando estén destinados a sus actividades; los cementerios fiscales y municipales en la parte de la propiedad no disponible para sepulturas, equipamiento anexo y áreas de administración; los establecimientos deportivos fiscales y municipales, y los establecimientos deportivos particulares, en la parte destinada exclusivamente a la práctica del deporte, siempre que no produzcan renta por actividades distintas de dicho objetivo y que dispongan convenios de uso gratuito con los colegios subvencionados refrendados por la Dirección Provincial de Educación. Igualmente, los establecimientos educacionales, municipales, particulares y particulares subvencionados de educación prebásica, básica y media, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y los seminarios asociados a un culto religioso, todos ellos en la parte destinada exclusivamente a sus funciones y siempre que no generen renta por otras actividades diferentes.
Respecto de las críticas sobre las instituciones que dejarán de estar exentas, es plausible atender caso a caso; pero creemos que la selección ha sido rigurosa y que se ha llegado a un punto donde es preciso zanjar la discusión, comprendiendo que las mismas presiones que se puedan ejercer para incorporar excepciones a la norma propuesta son las que han llevado en el pasado a producir un largo listado de exenciones que afectaron el propósito de recaudar los recursos necesarios para el funcionamiento de los municipios.
Por eso, salvo lo que señalaremos a continuación, somos partidarios de someter el asunto a votación, para terminar con las discrepancias.
En ese sentido, y a pesar de compartir el criterio de racionalidad con que se ha actuado en el ámbito de las exenciones, quiero señalar en esta oportunidad que la Democracia Cristiana ha planteado la conveniencia de eximir del pago de contribuciones a los jubilados que residan en su propia casa, considerando que se trata, en la gran mayoría, de personas que viven sólo de sus pensiones, y que, por lo tanto, exigirles la carga de pagar contribuciones resulta excesivo, y el costo de eximirlas, no relevante. Seguramente, esta materia será motivo de propuestas modificatorias al proyecto en discusión.
Además, y con el fin de permitir la adecuación de las personas a los nuevos montos, en el caso de las propiedades que, con ocasión del respectivo reavalúo, aumenten sus contribuciones en más de 25 por ciento y cuya cuota de contribuciones reavaluada sea superior a los 5 mil pesos, en moneda equivalente al 1 de enero del año 2002, la parte que exceda se incorporará semestralmente hasta en 10 por ciento en un período máximo de hasta 8 semestres, a lo que se agrega la facultad municipal de condonar la totalidad de la deuda por derechos de aseo a las propiedades exentas del pago de contribuciones.
Por último, en la norma referente a la tasación de inmuebles, se faculta en forma adicional a las municipalidades para otorgar rebajas en atención a la condición socioeconómica de los contribuyentes.
A pesar de los inconvenientes que pueda provocar este proyecto, concentrados básicamente en los casos de las exenciones que se eliminan, y considerando que el Estado también renuncia en muchas situaciones a condiciones de privilegio, creo sinceramente que representa una clara, prudente y equitativa contribución al fortalecimiento de los municipios, razón por la cual anuncio mi voto favorable e insto a los Honorables colegas a apoyarlo en el marco de una visión favorable al progreso del país.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , es un hecho cierto que las diversas municipalidades requieren contar con los recursos económicos necesarios para afrontar las obligaciones que sobre ellas pesan, a fin de satisfacer la creciente demanda social de las comunas. Ello se hace más evidente aún si tomamos en cuenta las múltiples prestaciones en el área de salud y de educación, por ejemplo, de cargo de los municipios.
Siendo así las cosas, no parece extraño advertir que proyectos de esta naturaleza -como lo fue en su momento el denominado "Rentas Municipales I"- tengan por principal objeto crear los mecanismos necesarios para aumentar los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades antes señaladas.
Una de las formas más expeditas para lograr dicho aumento es, sin duda, elevar la carga impositiva del denominado impuesto territorial, lo que se logra con un alza en los avalúos de los bienes raíces afectos a este tributo.
Y esa materia -no la única, por cierto- es la regulada en el presente proyecto, punto que me parece muy relevante -por cuanto, quiérase o no, la existencia de normas contenidas en él aumentan la carga impositiva- al momento de considerar su conveniencia legal.
Dado lo anterior, se hace necesario determinar claramente lo que sobre el particular ahora se propone.
La iniciativa establece un reavalúo de bienes raíces no agrícolas y reavalúos automáticos cada 5 años de aquéllos y de los agrícolas. En esta parte, y como una manera de demostrar que no estamos frente a un alza de impuestos, se argumenta -lo cual es efectivo- que la normativa dispone una gradualidad en la aplicación del primer reavalúo, como forma de evitar que su aplicación inmediata y total produzca un impacto económico negativo en el contribuyente.
Ése es un punto favorable del proyecto, ya que es evidente que de esa forma se aligera temporalmente la obligación impositiva de los propietarios de bienes raíces.
Lo cierto es que, a pesar de establecerse este mecanismo de gradualidad en el reavalúo, a fin de cuentas, el contribuyente chileno propietario de un bien raíz verá cómo efectivamente sus contribuciones aumentarán de manera significativa. Esto demuestra con claridad que, no obstante las argumentaciones dadas en sentido contrario, nos encontramos frente a un nuevo incremento de la ya pesada carga impositiva sobre las personas.
Es cierto, como dije al comienzo, que los municipios deben contar con los recursos económicos necesarios para realizar su labor y que este proyecto va en esa dirección. Sin embargo, no podemos pretender que sea siempre el contribuyente, sobre todo el de la clase media de nuestro país, el único obligado a procurar tales recursos. También lo está el Gobierno central, que debe aportar más al Fondo Común Municipal para paliar los déficit presupuestarios por los que atraviesan algunas municipalidades, los cuales pueden verse incluso agudizados por aplicación de la propia iniciativa, debido a que los mayores recursos que obtengan comunas de escasos medios por efecto del reavalúo de las contribuciones sobre bienes raíces no compensarán el aumento del tramo exento del impuesto territorial a 10 millones de pesos.
Del análisis de ciertas disposiciones se desprende lo que señalé al principio: que el eje central del proyecto es lograr un alza en la recaudación impositiva, satisfecha por el contribuyente, sin importar, lamentablemente, las consecuencias que de ello se deriven.
Lo anterior queda de manifiesto con la eliminación de algunas exenciones del impuesto territorial. En este punto no se puede ser tan simplista como para decir que esta o aquella exención se elimina, sino que, por el contrario, se debe tomar en consideración el fundamento de por qué tal o cual categoría de bien raíz, perteneciente a determinada institución, se encuentra exenta de impuesto.
Así, al pretender eliminar una exención, es necesario tener a la vista las prestaciones sociales que otorgan o los recursos que perciben las entidades afectadas.
Desde ese punto de vista, las que agrupan al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo, cumplen una función evidentemente social respecto de personas que durante toda una vida sirvieron a la nación y al Estado, no persiguen fines de lucro y sus ingresos son exiguos. ¿Qué sentido tiene gravar sus inmuebles con contribuciones que harán que la mayoría de dichas entidades tienda a desaparecer en el corto plazo?
Ni hablar de las instituciones deportivas, cuyo aporte a la mejor calidad de vida de los chilenos es indiscutible; o de los establecimientos educacionales, tan necesarios para el desarrollo de un país. ¿Se ha comprobado que la recaudación por concepto de contribuciones de estos bienes raíces es realmente superior al aporte que las entidades dueñas de ellos realizan a nuestra sociedad?
Por otra parte, causa extrañeza la norma que establece un impuesto a beneficio fiscal del 0,25 por mil, que se cobrará en conjunto con las respectivas contribuciones. Yo me pregunto por qué, a propósito de la modificación a un régimen impositivo de carácter netamente local, como es el caso del impuesto territorial, se consagra un tributo a favor del Gobierno central, alza que obviamente recaerá en el contribuyente.
Asimismo, me parece excesiva la sobretasa de 200 por ciento que se pretende aplicar a los sitios eriazos, sin entrar a considerar las distintas situaciones en que se puede encontrar un bien raíz, esto es, si se halla abandonado o es parte de un proyecto de inversión inmobiliaria, por ejemplo.
Señor Presidente , no sólo con una recaudación superior es posible enfrentar de mejor manera las obligaciones de las comunas. Esto se puede conseguir con mayor eficacia en la utilización de los recursos municipales, dotando a los cuerpos edilicios de más autonomía y flexibilidad en su recaudación y manejo. Lamentablemente, el proyecto adolece de un gran vacío en esta parte.
Por último, es efectivo que algunas disposiciones de la iniciativa constituyen un aporte en determinadas materias, como la que dice relación a las patentes acuícolas, que, de ir en su totalidad a arcas fiscales, pasan a tener una distribución similar a la de las patentes mineras, con un 30 por ciento a beneficio municipal y un 70 por ciento para las Regiones; la que traspasa el 18 por ciento de las multas impuestas por los juzgados de policía local a la atención primaria de salud municipal; la que incrementa la dieta de alcaldes y concejales en atención a la responsabilidad de los cargos que ocupan, y las diversas normas sobre transparencia municipal. Sin embargo, ellas no son suficientes para considerar al proyecto, en su conjunto, como una contribución a la recaudación y la gestión comunales, pues en definitiva serán los contribuyentes, fundamentalmente los de clase media, los más afectados por el resto de las disposiciones propuestas.
Señor Presidente , las anomalías anotadas, más otras que el proyecto contiene, podrían ser corregidas en la discusión particular. No obstante, será difícil modificar por la vía de las indicaciones lo que hoy se apruebe, pues la mayoría de las materias caen en el campo de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , como se sabe, este proyecto forma parte de lo que se denominó "Ley de Rentas Municipales II", tendiente a modificar la administración comunal, obtener mayores recursos para los programas municipales e introducir numerosas transformaciones en la legislación vigente.
Primeramente, quiero dejar constancia de que no es mi ánimo cercenar los ingresos de los municipios, ni menos entorpecer la gestión de alcaldes y concejales. Lo que me merece críticas es que, pese a haberse logrado ya un consenso con el Poder Ejecutivo a mediados del año pasado, los fundamentos y el texto del actual proyecto difieren de aquél en desmedro de los particulares, quienes deberán soportar una mayor carga impositiva, sin que exista una contrapartida equitativa de parte del Fisco. El aporte fiscal para subvencionar a los municipios o a los particulares, en su caso, era una de las circunstancias que justificaban una mayor carga tributaria.
Según el proyecto, el reavalúo de la propiedad raíz urbana deberá efectuarse cada 5 años. El siguiente tendría que realizarse en 2005, toda vez que el correspondiente al año 2000 fue suspendido. Según estimaciones dadas a conocer por el Servicio de Impuestos Internos, la propiedad raíz urbana aumentará su valor de tasación en 50 por ciento. Como la iniciativa no modifica las tasas y tramos afectos, los contribuyentes deberán pagar un impuesto incrementado en alrededor del ciento por ciento. Es dudoso que la clase media propietaria de inmuebles pueda soportar un gravamen de tanta envergadura.
Un aspecto de sumo interés es la supresión de numerosas exenciones de contribuciones contenidas en los anexos de la Ley sobre Impuesto Territorial. Merece mis críticas la eliminación casuística que se hace de ellas. Habría preferido que el informe de la Comisión incluyera los textos comparativos correspondientes. Encuentro acertada la posición del Senador señor Bombal , quien se abstuvo en dicho órgano técnico, fundado en que no existían antecedentes adecuados para el caso.
Solamente me remitiré a dos ejemplos.
El primero se relaciona con la eliminación de la exención tributaria para los inmuebles de las sociedades de socorros mutuos -entidades que constituyeron un pilar para el desarrollo social de los trabajadores- y su mantenimiento para los inmuebles del Consejo Obrero Ferroviario de la Maestranza General de San Bernardo, organismo que hace años dejó de prestar servicios.
El segundo se refiere a las propiedades de las instituciones formadas por personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, las que deberán tributar. Es conocido que estas agrupaciones están integradas mayormente por funcionarios del sector pasivo, quienes, en su mayoría, tienen pensiones muy bajas. Una forma de paliar las carencias individuales es asociarse en entidades gremiales afines para conseguir, de ese modo, el acceso a servicios como enfermería, alimentación y otros. Gravar los bienes constituye un verdadero castigo para los socios de estas agrupaciones, que en realidad no lo merecen.
La legislación vigente contempla un aumento del 100 por ciento a las contribuciones respecto de los sitios eriazos ubicados dentro del radio urbano. Lo anterior constituye una forma de sanción o multa. Creo que resultará perjudicial gravar con un porcentaje igual lo que se ha dado en denominar el "no uso", pues el afectado evitará esa sanción construyendo temporalmente.
El auge de la vivienda, la construcción en general, se incentiva con una política económica sana y propositiva. El efecto inmediato de la sanción podría ser el aumento de construcciones provisionales, de bajo costo y que en nada mejoran el entorno urbano.
En la actualidad, el 18 por ciento de las multas que impone el juzgado de policía local debe ingresar al Servicio Nacional de Menores. Es una buena medida, pero lamentablemente, según antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, el 25 por ciento de ese monto no llega a su destino legal. Por lo tanto, lo que pretende el proyecto en debate es que ese 18 por ciento pase a engrosar un Fondo de Atención Primaria de Salud, que sería regido, obviamente, por el poder central.
Innovar en esta materia no me parece apropiado, pues se estaría creando un nuevo ente fiscal para reglar dichos recursos. Habría preferido que el producto de las multas ingresara al Fondo Común Municipal para ser repartido equitativamente. No olvidemos los incentivos perversos que se crearon con motivo de los fotorradares y la poca seriedad con que actuaron algunos municipios.
Finalmente, dejo constancia de mi decidido apoyo al aumento de remuneraciones para los alcaldes y concejales, ingresos personales que la práctica ha demostrado que son insuficientes y que atentan contra una buena y responsable administración.
Con las salvedades anotadas, daré mi aprobación al proyecto en general solamente en aquellos aspectos que se rijan por la equidad administrativa y financiera.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Algunos señores Senadores han pedido abrir la votación desde ya, de modo tal que quienes lo deseen puedan dejar su voto en la Mesa.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, hay algunas materias en la iniciativa que, desde mi punto de vista, no se han analizado en profundidad.
En varios preceptos se establecen exenciones tributarias, eliminaciones, aumentos o disminuciones de porcentajes, en 50 por ciento o en 100 por ciento, etcétera. Pero, si se revisan los números 6º y 20º del artículo 19 de la Constitución, queda claro cuál es la norma legal que debe regir todo el tema tributario y de contribuciones.
El artículo 19, número 20º, dispone: "La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
"En ningún caso" -agrega- "la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.".
A continuación, consigna: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán" -todos- "al patrimonio de la Nación".
En el último inciso, tras consagrar la excepción referida a las Fuerzas Armadas agrega lo siguiente -la reforma es de 1991, y participé en ese proceso-: "asimismo podrá autorizar" -la ley- "que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados," -o sea, retenidos- "dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales¿". Esto significa que se trata de un impuesto existente, que no se está creando uno nuevo o eliminando alguno en vigor, e implica que parte de este tributo irá al gobierno regional o comunal.
En la actualidad hay dos preceptivas legales sobre la materia: una, dictada en 1993, en la que el Honorable señor Ruiz tuvo una participación muy especial. En ella se estableció que el 25 por ciento de los tributos originados por las actividades de explotación del petróleo en la Duodécima Región serán retenidos o aplicados por el gobierno regional. Esto implica que -corríjame si me equivoco, señor Senador - esa Región recibe alrededor de 3 mil millones de pesos más que el resto, a causa de la aplicación del referido artículo 19, número 20º.
La otra normativa legal que creó un tributo basado en ese precepto fue la relativa a las patentes mineras.
No hay otras tributaciones de este tipo, porque ningún gobierno comunal o regional del país ha solicitado la aplicación del inciso final del precepto constitucional señalado. Por tal motivo, luego de leer y analizar esta disposición, se concluye que no existe ninguna exención tributaria.
Sin embargo, si revisamos el artículo 19, número 6º, sí se observa la única exención de toda la Constitución. Este precepto está referido, como sabemos, a los temas de conciencia. Dice: "La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.".
Y agrega: "Las confesiones religiosas pondrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.
"Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones.".
La Carta Fundamental, señor Presidente , no establece ninguna otra exención. ¡Absolutamente ninguna más!
En consecuencia, cuando pretendemos eximir de contribución o tributo mediante un proyecto de ley, a mi juicio, estamos incurriendo en una inconstitucionalidad.
En algunos estudios que se han realizado -entre ellos, uno del Instituto Libertad- se señala que efectivamente la única mención referida a la exención tributaria es la del artículo 19, número 6º. No existe ninguna otra.
Sin embargo, cabe hacer presente que sí la tenían algunos organismos antes de la Constitución de 1980. Por tal motivo, éstos pueden continuar con dicha exención; pero no pueden incorporarse nuevas entidades a este beneficio, porque la Carta Fundamental, desde entonces, eliminó toda otra alternativa de este tipo.
Es indispensable establecer esto claramente para el estudio y el análisis que se está realizando.
Por otra parte, hay una norma del proyecto que, desde mi punto de vista, contiene un elemento que no es constitucional y que, por ende, resulta inadmisible. Se trata de la proposición referida a las exenciones de contribuciones para los habitantes de un inmueble público, como es el caso de quien paga un arriendo pequeño. Por ejemplo, podría tratarse de un médico que trabaja en un servicio determinado, en algún lugar lejano, de zonas extremas. La contribución nunca se ha aplicado a personas que arriendan o habitan un bien inmueble. Está dirigida siempre al inmueble y su dueño debe pagarla.
Por tal motivo, el establecer que el arrendatario no la paga dice relación a un problema del contrato que celebre con el propietario. Pero, en definitiva, este último sí debe cancelarla. Y debe hacerlo, desde mi punto de vista, sea que se ubique en el ámbito público o en el privado.
Lo que sí podemos hacer es lo relativo a que la contribución sea menor en algunos casos y mayor en otros. Se podría dictar una ley en el sentido de que todas las instituciones que trabajen sin fines de lucro pagarán una contribución de diez pesos, por ejemplo. Y con eso se resuelve el asunto. Constitucionalmente, es algo aceptado. Sin embargo, ninguna de ellas tiene exenciones, porque en parte alguna la Carta las consagra. Es un aspecto que quiero ver en el análisis en particular, a fin de que los criterios queden fijados claramente.
Segundo, deseo remitirme al artículo 107 de la Ley Fundamental. Cuando determinamos todo lo que era el proceso de administración interior del Estado, dejamos establecido lo que ya tantas veces hemos denominado "poderes verticales". Y lo que existe es el Gobierno nacional, no el Gobierno central, a diferencia de lo que dijo un señor Senador. En efecto, los niveles son el Gobierno nacional, el gobierno regional y la administración comunal, que esperamos que algún día tenga también la expresión de gobierno.
Y todo el proceso lo señalamos en esa disposición a partir de la municipalidad y la comuna, y le entregamos la responsabilidad a toda la Administración del Estado, de modo que "Los servicios públicos -dice el inciso penúltimo- deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.". Se empleó la palabra "deberán". Radicamos en el municipio, entonces, al primer ejecutor de todo cuanto realice el Estado. Así lo establece la Constitución.
Aún más, como ciertos organismos se hallan lejanos de lo que es la vida territorial de una comuna en particular, en el último inciso del mismo artículo consignamos que "La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades".
Si se analiza lo que se entendió por "competencia", se observa que incluso existen potestades que pueden ser transferidas a las municipalidades por parte de los servicios públicos.
¿Y por qué razón se dictó el artículo 107? Porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 3º, contiene una norma trascendente: "Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:". Y, cuando se trata de funciones privativas, se hace referencia a aquellas que les son atribuidas única y exclusivamente, sin poder ser aplicadas por ninguna otra entidad. ¿Cuál es la primera de ellas? La siguiente: "a) Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;".
Por lo tanto, la proyección de un territorio determinado está en manos del municipio y, concretamente, del concejo comunal, y no en las de terceras personas. Por ello, el Presidente Frei Ruiz-Tagle , en un momento determinado de su Gobierno, dijo: "Se debe eliminar el Ministerio de Planificación y Coordinación, porque ya no tiene sentido". Efectivamente, existen políticas nacionales, establecidas por nosotros mismos en la Ley de Presupuestos y en otras fórmulas, pero la aplicación y ejecución respectivas corresponden a los municipios y no a algún otro organismo.
Tanto es así que el artículo 5º de la misma Ley Orgánica Constitucional señala: "Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales:". ¿Y qué expresa la letra a)? "Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento;". Es decir, ni siquiera le entregamos al SERVIU la responsabilidad de ejecutar los programas de vivienda en la comuna: se la entregamos a ella misma, obviamente que con toda la acción que corresponda a los servicios sectoriales que deben funcionar para todo el país. No es la municipalidad la que estará llamando a propuestas para los efectos de construir, sino el SERVIU, pero si en ese lugar este último no lo hace deberá realizarlo la primera y se aplicará el inciso final del artículo 107.
En consecuencia, estamos frente a una entidad realmente interesante. Cuando algunos señores Senadores afirman: "Es básico que la municipalidad disponga de más recursos", también es importante dejar constancia de algo: no existen comunas pobres y comunas ricas, sino menos o más recursos públicos que llegan al respectivo territorio comunal.
Y pongo un ejemplo. En el Presupuesto de la Nación, que este año alcanzó a 9 billones 783 mil millones de pesos, se incluye, dentro del conjunto de partidas sociales en que actúa la municipalidad, que son per cápita -y se le asigna una función relacionada fundamentalmente con el tema social-, una cuyo monto llega a los 7 billones 30 y tantos mil millones de pesos. Ahora bien, el apoyo del Estado es para un grupo de personas con ciertas características sociales, que son más o menos 10 millones del total de 15 millones de chilenos. Se trata de los que requieren ayuda de ese tipo, algunos por el 10 por ciento de sus necesidades y otros por el ciento por ciento de ellas. El caso del ciento por ciento implica un millón ciento y tantos mil habitantes, que conforman 225 mil familias, lo que dice relación a la extrema pobreza, que no ha podido bajar por una cuestión también de política social que algún día analizaremos.
¿Qué entrega el Estado? Y me referiré a cifras globales. En el último Presupuesto otorgó 703 mil pesos per cápita. Cuando la municipalidad ejecuta toda su actividad y pone en marcha el plan de desarrollo, necesariamente debe conocer cuáles son los recursos disponibles para el país en los asuntos sociales que a ella le competen. La dificultad radica en que generalmente los ignora.
Los concejos comunales deben llamar a sus parlamentarios para que los informen. Al no hacerlo, se marginan de una gran cantidad de recursos, que finalmente quedan muy centralizados, por cuanto no llegan a través de la administración los correspondientes a la respectiva comuna.
Hoy, en materia educacional, el Congreso aprobó del orden de 536 mil pesos per cápita, y en la Ley de Presupuestos la Comisión de Educación respectiva dejó señalado que 25 por ciento de la población debía estar estudiando, lo que significan 3 millones 780 mil personas, más o menos. Si en una comuna pregunto por el número de sus habitantes y el alcalde o el concejo me responden que son 10 mil, debo suponer 2 mil 500 personas estudiando, porque así quedó establecido como política global.
Y se registran porcentajes de educación prebásica, básica, especializada, media y superior. Esta última alcanza a 10,2 por ciento, aproximadamente. Es decir, una comuna de 10 mil habitantes y con 2 mil 500 estudiantes debiera tener alrededor de 250 jóvenes cursando estudios superiores. Si eso no ocurre, es porque alguien se está quedando con las platas. Así de simple.
Por tal motivo, si se analizan los recursos correspondientes al municipio, cabe observar dos elementos básicos que las comunas deben tener a la vista. ¡Y algún día deben hacerlo! Ellos son el presupuesto municipal, propiamente tal, lo que incluye la administración y los pagos esenciales, como aseo, electricidad, mantención de parques y jardines y diversos apoyos sociales, y el presupuesto comunal, que comprende el conjunto de fondos públicos que deben llegar a la comuna.
Ninguna municipalidad tiene presente lo anterior. Por eso, surgen voces diciendo: "Somos pobres", en circunstancias de que los recursos públicos destinados al aspecto social de la comuna han sido tres o cuatro veces superiores que el presupuesto del municipio, pero sin cumplirse nunca el propósito perseguido, por desconocimiento y por no haberse desarrollado en plenitud el proceso de administración descentralizada que hemos aprobado y apoyado tantas veces. Entonces, estamos aquí frente a ese tema.
Votaré favorablemente, porque creo que la iniciativa me permite incorporarme al debate de muchos aspectos en los que, desde mi punto de vista, se cometen enormes equivocaciones. Porque deseo que se resuelva si definitivamente las exenciones tributarias corresponden a lo que señala una norma legal, sin consultar la Constitución o no. Y lo discutiré y analizaré. Deseo saber qué pasará con los tributos y si los recursos establecidos en la forma señalada en la propia Ley de Presupuestos están efectivamente llegando a la totalidad del territorio nacional.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, intervendrá a continuación la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Acordado.
Tiene la palabra la señora Delpiano.
La señora DELPIANO (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo).-
En realidad, señor Presidente , el proyecto ya ha sido expuesto tanto por los señores Senadores como en la presentación que la vez anterior hizo la Comisión de Gobierno. Sin embargo, sólo para responder a lo manifestado por el Honorable señor Cantero y, posteriormente, por el Senador señor García , que requería una respuesta directa, la verdad es que se podría decir que el texto, en síntesis, abarca cinco aspectos sustantivos.
Primero, mayores recursos para el sector municipal, sea por concepto de reavalúo de propiedades o de aportes directos del Estado a través de distintas modalidades, que ya han sido analizadas.
Un segundo aspecto, muy importante, es que a través de la ley en proyecto se establece un límite al aumento del impuesto territorial. Pero no se crea un nuevo tributo. Éste existe. Lo que se pretende es, por un lado, desdramatizar el problema que implica el reavalúo periódico, al fijar una periodicidad automática, y, por otro, introducir una fórmula para que el nuevo avalúo nunca se implemente de un solo golpe, sino que se "aplane" en el tiempo.
El tercer aspecto tiene que ver con la modernización de las municipalidades. Nadie duda de la relevancia que ellas tienen en Chile. Lo que se busca con esta iniciativa, a través de una serie de normas específicas, es lograr un municipio más moderno, con mayores atribuciones, para que se haga cargo de funciones que hoy no realiza, como la relativa a las tasas diferenciadas de patentes, y de un conjunto de otras tareas que conllevan nuevas facultades para que el concejo y el alcalde puedan administrar la entidad comunal.
El cuarto aspecto dice relación a la transparencia municipal, que también se ha abordado aquí. A nuestro juicio, la obligatoriedad de que la opinión pública y, por cierto, el concejo sepan exactamente en qué se invierten los recursos, a quién se contrata, cuáles son las licitaciones que efectúa el municipio, etcétera, son elementos muy relevantes.
Por último, dado el reconocimiento de la importancia del municipio en el país, se propone elevar las rentas de alcaldes y concejales a un nivel equivalente al incremento que han experimentado las de otros cargos de alta responsabilidad pública.
Dicho eso, como toda ley es perfectible y la idea es que realmente prevalezca el bien común, nos hemos allanado a escuchar diversas observaciones planteadas ya en el debate anterior y que después han expuesto distintos señores Senadores. Y hemos acordado ¿quiero señalarlo públicamente- impulsar la formulación de indicaciones respecto de varios de los puntos mencionados de manera tan directa por el Honorable señor Cantero .
Nuestra intención es revisar lo tocante a las exenciones del impuesto territorial. Aunque su volumen total no es significativo en términos de aporte, algunas de ellas tenían por finalidad igualar situaciones distintas a lo largo del territorio, y otras se vinculaban con leyes y organizaciones que en la actualidad no existen. Por lo tanto, las revisaremos una por una.
Hemos conversado con los señores Senadores que se han referido sobre todo a aquellas que benefician a casinos o a clubes aéreos, que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, y considerado que quizá sea mejor no innovar en la materia, sino eliminar las que han continuado vigentes y que favorecían a instituciones que han desaparecido, como una forma de limpiar lo relativo al tema. Es decir, mantener las actuales exenciones y no incorporar en el proyecto nada de lo señalado.
En seguida me referiré a los comentarios sobre los sitios eriazos. Uno de los argumentos esgrimidos acá es que ellos constituyen un problema dentro de la ciudad. Eso es indudable. Y cuando no se hallan debidamente cerrados son una fuente de incertidumbre.
No se trata de gravar por gravar cualquier terreno donde no se ha construido, sino de contribuir a la seguridad ciudadana y lograr una ciudad más armónica. En ese sentido, hemos acordado que a la actual sobretasa del 100 por ciento se agregue una multa a beneficio municipal. Así lo hemos pactado y eso es lo que incorporaremos en la indicación respectiva.
En cuanto a la forma de repartir los recursos en materia de salud, debo expresar que ello se hará en función de las comunas con grados de exención del impuesto territorial, y no sólo en función de necesidades, como se había previsto originalmente.
Eso también forma parte de lo que pidió, en su momento, Renovación Nacional para concurrir con su voto a la aprobación de la iniciativa.
No es mi propósito referirme detenidamente a cada uno de los acuerdos. Sólo deseo expresar al Honorable señor Cantero que los asuntos discutidos serán incluidos en la indicación que presentaremos. Y en el debate en particular el Senado decidirá, democráticamente, cuáles acoge y cuáles no. Pero respetaremos lo que hemos convenido.
Con respecto a lo manifestado por el Senador señor García, nuestro compromiso es estudiar las dos materias. Y no incorporarlas necesariamente en la presente iniciativa, porque tocan otros aspectos más amplios.
El tema de los áridos tiene que ver con la administración de los bienes nacionales de uso público, que en el pasado se discutió con relación al Metro de Santiago y a los estacionamientos subterráneos. Y, por cierto, nos comprometemos a estudiarlo, a escuchar las propuestas del señor Senador y ver cuál es la mejor solución. No es llegar y establecer en un proyecto "que no paguen" o "que paguen las instituciones del Estado" cuando usan los bienes nacionales de uso público, porque el asunto es complejo.
Si nos ponemos en ese caso, en estricto rigor, tal vez el Metro debería pagar por el trayecto que realiza y en la medida en que el terreno por donde pasa en general es una calle, que es un bien de uso público.
En ese sentido, sólo puedo decir -para no alargar mi intervención- que vamos a estudiar el punto, al igual que el concerniente a las personas o empresas que contrata el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para hacer un seguimiento a la construcción de nuevas casas, a fin de determinar si es factible traspasar al municipio tal responsabilidad. Quizás éste pueda cumplir directamente esa labor a través de la contratación de profesionales. En fin, me gustaría que lo conversáramos también con ese Ministerio, porque no atañe sólo al ámbito municipal.
Por lo tanto, mi compromiso pasa por que realmente discutamos la materia con Vivienda y veamos la mejor solución posible. A nosotros, como Subsecretaría, nos interesa, ya que muchas veces nos encontramos con que después nos piden recursos para resolver problemas que, en su momento, esas personas no fueron capaces de zanjar.
Asumimos el compromiso de estudiar las dos materias, no de incorporarlas en el proyecto de Ley de Rentas II, porque creo que retrasaría muchísimo su despacho.
Nada más, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , en mi intervención de la semana pasada, cuando se comenzó a tratar esta iniciativa, hice una larga relación, recorriendo lo que había sido inicialmente el acuerdo ¿que, por desgracia, no se pudo llevar a cabo- entre un sector de la Oposición: la UDI y el Gobierno, y, en atención a todas las materias que ahí se contemplaban y que no voy a reiterar, concluimos que la redacción no recogía en forma íntegra lo que considerábamos de mayor utilidad y beneficio para los sectores más necesitados. Por lo demás, en el marco del proyecto, ése es su objetivo.
Luego, hicimos diversas consideraciones, señalando que la idea de legislar, por la forma como estaba redactado el proyecto, no contaría con nuestra aprobación. En el entretanto, hemos tomado conocimiento de la negociación a que llegó el Gobierno con Renovación Nacional.
En consecuencia, conociendo el texto, lo informado aquí por la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y, sobre todo, la voluntad del Gobierno de incorporar algunas de las materias que propusimos y que también se encuentran incluidas en el acuerdo -que nos parece amplio, interesante y novedoso-, los Senadores de la UDI, valorando la iniciativa del Ejecutivo y el espíritu con que Renovación Nacional hizo sus planteamientos, hemos tomado la decisión de modificar nuestro propósito de rechazar la idea de legislar. Daremos nuestra aprobación en general al proyecto, para en la discusión particular, tal como lo manifestamos la vez pasada y lo reiteramos hoy día, complementar todavía más, una vez que conozcamos las iniciativas del Ejecutivo, y dentro de los plazos en que los legisladores podemos presentar indicaciones, los acuerdos existentes sobre esta materia entre el Gobierno y un sector de la Oposición.
Nos sumamos, entonces, al espíritu con que se va a seguir discutiendo el proyecto y, por lo mismo, anunciamos nuestros votos favorables en la discusión general, habida consideración de todos los planteamientos que aquí se han hecho. Reiteramos que, ojalá, en lo que resta del debate sea posible la incorporación de elementos considerados en el primer acuerdo político, los que, dado el espíritu que hoy día manifiesta el Gobierno, perfectamente podrían sumarse a los principios de acuerdo ya adoptados.
Por lo tanto, señor Presidente , reiteramos nuestro voto favorable, valorando la actitud con que se ha negociado una salida todavía mejor al proyecto.
Quiero formular una segunda consideración, que tal vez es de detalle.
En lo que respecta al régimen de exenciones, parece conveniente analizar algunos casos. Por ejemplo, el relativo a clubes aéreos, los cuales son mirados como entidades que se dedican ¿yo diría- a practicar deportes de elite. Y no es así. Y levanto la voz en este sentido porque la verdad de las cosas es que ellos prestan un servicio inconmensurable en este país de frecuentes catástrofes y que, por ello, necesita contar con una adecuada infraestructura en este aspecto.
La supresión de las exenciones a los clubes aéreos pone en grave riesgo una actividad que forma parte del aparato productivo nacional y cuya práctica no puede estimarse como puramente recreativa. Es cierto que muchas veces en las ciudades se lleva a los niños el fin de semana a los aeropuertos a mirar cómo salen los aviones. Pero no es ésa su única función, dado que cumplen un rol demasiado relevante en el proceso productivo de nuestro país.
La forma como estaba estructurado el proyecto amenazaba seriamente la existencia de esos clubes, que constituyen el alma y la vida de una actividad muy importante en la economía de todas las Regiones. Por eso, es necesario tener en cuenta este factor. Lo digo porque era preocupante que se mirara bajo el prisma puramente deportivo a los clubes aéreos, que además cumplen una labor netamente productiva.
Y una última consideración, señor Presidente .
Ojalá pudiéramos analizar y acoger con la mejor disposición la propuesta relacionada con el Fondo de Incentivo a la Cultura. Creo útil, o válido, plantear en una ocasión como ésta la seriedad que reviste para el país el que nos encontremos en una situación de estancamiento en lo referente a donaciones con fines culturales. El Honorable señor Valdés me decía recién que, afortunadamente, al parecer, según sus conversaciones con representantes del Gobierno, en particular con el Presidente de la República , se ha avanzado positivamente en este aspecto.
Sus Señorías pensarán que este punto nada tiene que ver con el proyecto, pero mi intención es relacionarlo con lo que ocurre con el Teatro Municipal y las consideraciones que el acuerdo contempla al respecto.
Es lamentable que en la actualidad la acción de instituciones tan representativas de la expresión cultural de nuestro país se encuentre estancada, frenando el desarrollo de importantísimas actividades que dan vida a diversos movimientos culturales y artísticos.
En días pasados personeros de la Universidad de Chile y de otros establecimientos de educación superior vinculados a las correspondientes facultades de artes me señalaron que los proyectos destinados al desarrollo de actividades culturales, musicales y artísticas se encontraban estancados porque quienes aportaban recursos a ellas no lo están haciendo dado que carecen de todo incentivo. Y al final nos enfrascamos en una discusión absurda, donde hay involucrados muy pocos pesos, que no van a engrosar ni con mucho las cuentas fiscales. Sin embargo, esa falta de incentivo obliga al Estado a efectuar ingentes aportes ¿no lo va a hacer- al desarrollo cultural. Entonces, aquí estamos como el cuento del "perro del hortelano". Y, por desgracia, con esto se está dañando profundamente la actividad cultural.
Yo me alegro de que ya se empiecen a ver luces en materia de donaciones culturales. Y desde esa perspectiva, en lo que toca a este proyecto, espero que en el Senado no se siga pensando que ayudar al Teatro Municipal de Santiago es ayudar a una comuna o a una elite. Eso revela un desconocimiento total de la proyección cultural de la labor que allí se realiza, que no es la actividad de una municipalidad, sino de toda una nación. Por eso, es muy importante que el análisis de los temas relativos al Teatro Municipal no se haga desde un punto de vista comunal.
Hace un momento un señor Senador expresaba ¿fundadamente, desde su perspectiva- que ojalá otros teatros dedicados al desarrollo cultural a lo largo del país contasen con recursos. Así lo queremos todos. Y hay mecanismos para ello. Véanse la ley de donaciones y otros instrumentos, cuya finalidad es propender al incentivo del arte y la cultura. Sin embargo, ellos están siempre supeditados a las discusiones que se llevan a efecto con motivo del análisis de la Ley de Presupuestos o de otras materias.
Respeto mucho los planteamientos de los señores Senadores que representan a las Regiones -por ningún motivo pretendo pasar a llevar esa visión, que es muy lógica y justa-, pero nunca se tiene en cuenta que, en verdad, el Teatro Municipal constituye el rostro cultural de Chile.
Probablemente, a los artistas que ocupan su escenario los vea sólo una elite. Sin embargo, no es tan cierto. Ocurre, por ejemplo, que con cargo a la ley de donaciones se había programado la venida a Chile de grandes figuras, como la del famoso tenor Plácido Domingo, quien se iba a presentar en lugares públicos ante miles y miles de compatriotas que no tienen oportunidad de verlo. Incluso se contemplaba una gira a Regiones. Pero ello no pudo hacerse porque, como se cayó la ley, se cayeron también los sostenedores y, en consecuencia, no fue factible financiar el costoso viaje de artistas de primer nivel mundial.
Por eso, cuando se trate del Teatro Municipal, pido que el Senado no lo mire como una expresión puramente local, asignada a un alcalde. Da lo mismo quien ostente este cargo. Dicho centro cultural tiene más de 140 años; es un rostro glorioso de nuestro país, donde convergen artistas de todo Chile. Porque si uno revisa incluso los componentes de las orquestas de los cuerpos estables, comprobará que hay mucha gente de provincias y de Regiones que, con esfuerzo, ha llegado a estudiar a los conservatorios y ha logrado, en las distintas actividades que realiza el teatro, desarrollar sus aptitudes. Por lo tanto, estamos exhibiendo a los talentos de Chile, mostrando un rostro nacional. Asumir una actitud negativa sería como impugnar que la Biblioteca Nacional o el Palacio de Bellas Artes estuvieren en la Capital. No son de la Municipalidad de Santiago ni constituyen una expresión regional metropolitana. En ciudades de todos los países -en París, en Viena- existe un gran teatro de ópera donde converge la gente y se ofrecen al mundo espectáculos verdaderamente alentadores para el desarrollo cultural.
Por último, si se mirara toda la actividad que lleva a cabo el Teatro Municipal de Santiago y se apreciara la expresión vecinal que ella conlleva, pese a su limitada capacidad, se comprobaría que su labor de extensión llega a muchas comunas y Regiones del país.
Por lo tanto, cuando se hable de la labor que en él se realiza, es muy importante ¿y vuelvo a levantar mi voz- que tengamos el cuidado de mirarla como una actividad nacional, como un rostro del país.
Reitero: cuanto antes resolvamos el tema de las donaciones culturales, no cabe duda de que todas las Regiones del país contarán con un incentivo para desarrollarse culturalmente y hacer un esfuerzo notable en esta materia.
Con estas consideraciones, anunciamos nuestro voto favorable a la idea de legislar, reservándonos el derecho a incorporar nuevas materias durante la discusión particular y manteniendo nuestra voluntad de oponernos a aquellas que signifiquen una carga tributaria.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández, último orador inscrito.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , éste es un proyecto que incrementa los tributos, cualquiera que sea la forma como se lo quiera revestir. Y es uno más de los impuestos que durante los Gobiernos de la Concertación se han aumentado. Probablemente, si hiciéramos un recuento llegaríamos ya casi a las dos decenas en los años en que la Concertación ha estado enviando proyectos de ley al Congreso. De tal suerte que es uno más, independientemente de la fórmula con que se pretenda revestirlo y de los objetivos que con él se persigan, que en este caso son muy loables.
Por lo tanto, ésta es una iniciativa que aumenta los tributos y que afecta en forma muy importante a la clase media y a los sectores más pobres, por cuanto las exenciones de éstos son muy bajas. Es evidente que los pequeños propietarios, jubilados y modestos empleados van a sufrir los efectos de un alza de impuestos. Y no se diga lo contrario: el propio proyecto trata de regular el tremendo impacto que significaría su aplicación, a fin de poder prorrogarlo o distribuirlo dentro de determinado plazo. Pero aumento va a haber, y muy significativo.
Por otra parte, de no mediar la intervención de Parlamentarios como el Senador señor Cantero, que han propuesto diversas e importantes modificaciones al proyecto, las cuales han sido convenidas con el Gobierno, obviamente habríamos rechazado la idea de legislar.
Empero, sin perjuicio de aprobar en general la iniciativa, mantendremos numerosas observaciones, especialmente las que dicen relación al aumento de impuestos para la clase media y los sectores más modestos, así como las que tienden a corregir muchos otros aspectos.
Quiero destacar un punto muy importante dentro del acuerdo a que se llegó con el Senador señor Cantero y el Comité Renovación Nacional: el relativo a los sitios eriazos, que se han confundido con los sitios abandonados. Son dos cosas diferentes. Un sitio eriazo es aquel que no está construido, pero que puede perfectamente hallarse en condiciones de ornato y de seguridad. Distinto es el caso del bien abandonado.
En esta materia se produce una tremenda injusticia. En efecto, muchas personas modestas ahorran para comprar primero un sitio, con miras a construir después. Aquí se las castiga aplicándoles un impuesto por el solo hecho de tener el sitio, en circunstancias de que puede estar urbanizado y no abandonado. Porque el concepto de "abandono" es completamente distinto, al punto de que la propia ley establece una multa para ese caso. Sin embargo, se sanciona al pequeño propietario de un sitio con una sobretasa de 200 por ciento. Y las grandes extensiones, que son las que realmente producen plusvalía y cuantiosas ganancias a las empresas constructoras, no se encuentran afectas a este impuesto, porque se trata de predios no urbanizados y ubicados en áreas de expansión y sectores rurales. Es decir, no pagan, no obstante ser eriazos. Porque el concepto de "eriazo" está referido al de "sitio urbanizado", "enrolado".
A mayor abundamiento, tampoco el Fisco, que es el principal dueño de bienes raíces en Chile, paga por los sitios que mantiene abandonados que son numerosos. En cambio, el pequeño y modesto propietario de clase media que ha comprado un sitio con mucho esfuerzo y que piensa construir, sí paga. No nos parece adecuado.
Por eso, estimo muy atendible y razonable la indicación planteada por el Senador señor Cantero en el sentido de eliminar el gravamen y, simplemente, aplicar las normas de la multa. Si el sitio se encuentra abandonado -concepto que deberá determinar la municipalidad y no la ley, porque no puede entrar en ese detalle-, es obvio que se podrá exigir al propietario, de acuerdo con las disposiciones legales -incluso las vigentes: de salud y otras-, el pago de las debidas multas, a fin de evitar la proliferación de focos insalubres o peligrosos para la población. Pero gravar un sitio por el solo hecho de no estar construido, no obstante encontrarse urbanizado, cerrado y dotado de los servicios que le son propios, sería tremendamente injusto.
Por eso, celebro este acuerdo, a pesar de que se mantiene el recargo que actualmente rige respecto de los sitios eriazos. Ya ésa es una tremenda sanción para quien tiene un sitio donde piensa construir.
En buenas cuentas, con la norma propuesta se quiere decir que no conviene ahorrar en sitios sino en otros instrumentos y que debe comprarse la vivienda completa cuando se tengan los recursos suficientes para ello. Creo que ése es un mal camino, un mal sistema, un mal ejemplo.
Considero muy atendibles todas las observaciones hechas valer aquí, las cuales, por lo demás, han sido acogidas por el Ejecutivo. Por lo tanto, votaré a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de que presentaré indicaciones para corregir el proyecto en los aspectos aquí señalados, especialmente en lo que dice relación al aumento de impuestos que afectará a la clase media.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
No habiendo más inscritos para intervenir, se cierra el debate.
En votación en general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor VEGA .-
Señor Presidente , ya expresé mi opinión específica sobre esta iniciativa.
Me alegro mucho de la conclusión a la cual se ha llegado. El debate ha sido tremendamente enriquecedor, eficiente. Ojalá todos los proyectos recibieran igual tratamiento, de modo que se corrigieran sus posibles distorsiones.
Me preocupaban aspectos bien puntuales relativos al gran grupo de chilenos asociados a los clubes aéreos. Hice presente ese problema. Es posible introducir una corrección al respecto, como ha expresado la señora Subsecretaria. Me alegro mucho, porque es una exención que beneficia directamente a profesionales, a técnicos. Los clubes aéreos constituyen -yo diría- parte del patrimonio nacional y, como tales, deben ser objeto de una política de Estado. Y el acuerdo alcanzado subsana todos los inconvenientes hechos presentes.
Por esa razón, voto a favor.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , deseo dejar constancia de la existencia de un sitio eriazo emblemático de este país: la esquina surponiente de Moneda y Teatinos, opuesta a la de La Moneda, donde se iba a construir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se estimó mucho más práctico mantener el sitio eriazo y comprar el Hotel Carrera. Espero que alguna vez se construya en aquella esquina.
Voto a favor.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , dadas las implicancias y alcances de la iniciativa que nos ocupa, se echa de menos un aspecto de técnica legislativa que no ha estado presente, por desgracia, en los últimos años en el Senado. Ella debió haber sido acompañada de un estudio riguroso y técnico en diferentes ámbitos de la actividad económica, social, cultural.
Estos proyectos, que abarcan y afectan a todo el territorio, son complejos; requieren un examen previo más fundamentado, más documentado. Estamos en presencia de una resolución en que, sobre la base del conocimiento personal de los señores Senadores y de los acuerdos políticos alcanzados, no han sido analizados varios aspectos.
Quiero hacer presente, por ejemplo, que el aumento del impuesto tendrá impacto -esto es lo que preocupa; por eso echo de menos estudios más profundos y con mayor tiempo- en el urbanismo chileno. No hay duda de que dicho incremento, que se producirá sin la menor posibilidad de que así no ocurra, probablemente va a detener la construcción en ciertas ciudades y lugares. Asimismo, causará el abandono de propiedades por incapacidad de pagar el tributo (algunas ciudades de Estados Unidos, por el alza excesiva de las tasas pertinentes, hoy están transformadas en barrios absolutamente abandonados). Igualmente, provocará el decaimiento de inversiones en las fachadas de los edificios privados y, entonces, las urbes envejecerán exteriormente. Esto ya está ocurriendo en Valparaíso, no obstante que se trata de evitarlo; pero si uno conversa con los propietarios, comprueba que ya no tienen dinero para pintar las fachadas. Ése es un ejemplo.
Por otro lado, hay en las ciudades una pérdida de su entorno artístico, que mejora la calidad de vida de la gente. Pero ello tampoco se ha considerado.
En algunos casos, para argumentar, se ha utilizado el lenguaje del siglo XIX, hablándose de "municipalidades ricas y pobres". ¡La eterna división entre ricos y pobres! Sin embargo, no se ha planteado la realidad. ¿Y cuál es la realidad?: municipalidades bien administradas y municipalidades mal administradas.
En fin, la educación y el conocimiento mínimo que deben tener los alcaldes y los concejales para administrar en forma eficiente los municipios tampoco están presentes en esta discusión.
Finalmente, como ya ha ocurrido con demasiada frecuencia, el impacto lo recibe la clase media.
No obstante, esto es posible. Y espero -por esa razón voy a votar a favor- la oportunidad para tratar de modificar algunos artículos del proyecto, a los efectos de ir en la dirección adecuada.
En todo caso, manifiesto mis aprensiones.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , sólo quiero reiterar que la iniciativa en debate lleva más de cuatro años en el Parlamento. Se ha escuchado a numerosos profesionales y técnicos, a universidades, a municipalidades y a mucha gente involucrada en el tema. Así que pienso que se ha hecho un estudio concienzudo sobre la materia.
También deseo recoger la preocupación planteada por el Honorable señor Naranjo con relación al cobro del aseo. La Cámara de Diputados aprobó la exención de 225 UTM, o sea, 6 millones 664 mil 500 pesos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en mantenerla y en no rebajarla a 740 mil 500 pesos.
Por último, concuerdo plenamente con el Honorable señor Fernández en lo concerniente a los sitios eriazos. Al respecto, en la actualidad se paga ya el ciento por ciento. Aumentar a 200 por ciento, en mi concepto, es una exageración. Porque no se trata de sitios abandonados, sino de terrenos cercados, cerrados, y las personas están ejerciendo claramente su dominio sobre ellos. Por lo tanto, en ese punto nos vamos a pronunciar en contra.
Voto que sí.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (40 votos a favor).
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Corresponde abrir plazo para presentar indicaciones.
-Se fija el lunes 10 de mayo, a las 12.
RACIONALIZACIÓN DE USO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA CAPACITACIÓN
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3396-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 12 de noviembre de 2003.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
Hacienda, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
La iniciativa persigue como objetivos principales racionalizar el uso de los recursos públicos asociados a la franquicia tributaria SENCE y focalizarlos en microempresarios que requieren capacitación.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general el proyecto por dos votos a favor (de los Honorables señores Parra y Ruiz De Giorgio) y uno en contra (del Senador señor Fernández).
En cuanto a la discusión en particular, efectuó dos modificaciones al proyecto despachado por la Cámara de Diputados, las cuales se consignan en el informe y consisten en restringir las licitaciones a que se alude en los numerales 4 y 8 del artículo único, que pasó a ser artículo 1º, sólo a la modalidad pública. Esas enmiendas fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes (Honorables señores Fernández, Parra y Ruiz De Giorgio).
La Comisión de Hacienda, de conformidad con su competencia, se pronunció respecto de la totalidad del proyecto, aprobando el texto despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social con la introducción de una serie de modificaciones, seis de ellas aprobadas por unanimidad y tres acordadas sólo por mayoría. Estas últimas son las que establecen:
1.- Que las empresas que tengan una planilla anual de remuneraciones menor a 45 unidades tributarias mensuales y mayor a 35 UTM y que registren cotizaciones previsionales efectivamente pagadas, podrán deducir de sus impuestos los gastos de capacitación hasta por 7 unidades tributarias mensuales al año.
2.- Que los contribuyentes cuya planilla anual de remuneraciones sea inferior a 35 UTM no podrán descontar de sus impuestos los gastos efectuados en capacitación.
3.- Que, respecto de las acciones de capacitación realizadas desde la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2004, los contribuyentes podrán acceder a la deducción de 9 ó 7 UTM acreditando las nuevas condiciones requeridas o acreditando la declaración y pago del impuesto de primera categoría del ejercicio tributario del año 2003.
Esas tres enmiendas contaron con el voto favorable de los Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Foxley; se abstuvo el Honorable señor García.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el informe de la Comisión de Hacienda.
Finalmente, corresponde indicar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y particular a la vez, por tratarse de un artículo único, pero que la Comisión de Hacienda advierte que dicho artículo único pasó a ser artículo 1º y que agregó un artículo 2º y un artículo transitorio.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como está por concluir el Orden del Día, propongo iniciar el debate del proyecto mañana.
Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
ORIENTACIÓN, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, iniciado por diversos señores Senadores, relativo a la orientación valórica, cultural y pluralista de la televisión pública, su financiamiento y el marco legal aplicable.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 729-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 50ª, en 14 de abril de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor SEPÚLVEDA (Secretario subrogante).-
El fundamento del proyecto de acuerdo consta en el documento que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Corresponde votar.
Como este proyecto de acuerdo fue formulado por una Comisión representativa de todos los sectores del Senado, quizá podríamos darlo por aprobado por la unanimidad de los miembros presentes.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se aprueba unánimemente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
¿Debería enviarse el proyecto de acuerdo al Presidente de la República? ¿Les parece, señores Senadores?
El señor SABAG.-
Bastaría al Ministro del Interior.
El señor VIERA-GALLO.-
Al Ministro Secretario General de Gobierno.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Al Presidente de la República, al Ministro Secretario General de Gobierno y al Directorio de Televisión Nacional.
¿Le parece al Senado?
--Así se acuerda.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite una observación, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, según mi apreciación, este documento debe ser entregado a los medios de comunicación, solicitándoles una difusión lo más amplia posible. La importancia de los conceptos ahí contenidos vale el esfuerzo de todos ellos en términos de mejorar la calidad de lo que ocurre en Chile en materia de comunicación.
Gracias.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
La Mesa estima muy razonable el planteamiento del Senador señor Martínez.
Invitaremos a algunos de los autores del proyecto de acuerdo para que, junto con la Mesa, mañana lo demos a conocer a los medios de comunicación, precisamente como una manera de transmitir nuestra inquietud en el ámbito de la de televisión pública.
El señor BOMBAL.-
Y podría colocarse su texto íntegramente en la página web del Senado.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Eso, de todas maneras.
El señor BOMBAL.-
Muchas gracias.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor NARANJO:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores , pidiéndole que informe respecto de POSICIÓN DE CHILE ANTE INSTRUMENTOS DE ONU O ANTECESORA Y OEA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
A la señora Ministra de Defensa Nacional , solicitándole instruir al Comandante en Jefe del Ejército para que informe sobre NORMATIVA PARA VISITAS DE PARTICULARES A TROPAS CHILENAS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN VISITA DE SEÑOR JOAQUÍN LAVÍN Y SEÑORITA MARLEN OLIVARÍ A DESTACAMENTO EN HAITÍ.
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--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Bombal.
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El señor BOMBAL ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
INCOMPATIBILIDAD DE PRECANDIDATURAS PRESIDENCIALES CON FUNCIÓN DE MINISTRO DE ESTADO
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en la gestión de conducción de un Estado aparecen ciertos hitos o marcos referenciales para el desempeño de determinadas tareas. Una de ellas es la de Ministro de Estado .
El Ministro de Estado es la persona que ejecuta las políticas que el Presidente de la República dispone para una Cartera. El propósito es ir uniendo esas políticas. Por lo tanto, su función, en la medida en que las va articulando, consiste en avanzar y cumplir metas.
Es decir, son puestos en los cuales la posición de la persona como imagen, como ciudadano, está subordinada al cumplimiento de las tareas que le corresponden dentro de la estrategia política dispuesta por el Presidente de la República .
En otras palabras, se apunta a la buena administración a través de la buena gestión del Ministerio.
Desgraciadamente, se produce -yo diría- un debilitamiento de la gestión de administración del Estado cuando quienes ocupan puestos de confianza como el de Ministro principian a realizar una doble labor: la de Secretario de Estado y la tarea personal de precandidato presidencial.
Esto, que para un ciudadano común y corriente no tendría ninguna relevancia en cuanto a su función, sin embargo, en asuntos del Estado se convierte en una situación delicada que debe ser analizada y -más que eso- contrastada con los resultados y los hechos que se producen en torno al desempeño en las respectivas Carteras.
Hoy día vemos cómo dos distinguidas damas Ministras de Estado están entrando de lleno a una carrera de precandidatura presidencial. Lo delicado de los cargos que ocupan es de tal envergadura -y no se duda de su capacidad personal- que está haciendo aparecer el problema de la división del tiempo entre la función de Ministra y la actividad -legítima, por lo demás- dirigida a buscar una ubicación en las estadísticas, en las consultas, en los sondeos que se realizan, para ir tomando posiciones.
En Relaciones Exteriores, dicho elemento es sumamente delicado, porque cualquier desvío de la atención se puede traducir de inmediato en conflictos, en situaciones no deseables que obligan a preguntarse si las labores ministeriales -de por sí pesadas, absorbentes, cansadoras, y que exigen gran movilidad y traslados frecuentes- no se verán afectadas debido a la precandidatura.
En Defensa Nacional, el problema tiene una línea más delicada todavía. La aparición de la señora Ministra -es natural que así sea- en actividades relacionadas con las Fuerzas Armadas puede inducir a veces a la gente, en general, a creer que detrás de la función legítima de Secretaria de Estado está apareciendo la sombra o la posibilidad de que hay -entre comillas- un marco en torno de dichas Instituciones. Eso, por supuesto, no es así. Pero la imagen que sale hacia la opinión pública induce a esa conclusión y a esa forma de pensar y de ver las cosas.
Insisto en que se busca el buen gobierno, la buena administración y conducción de las Carteras. Las capacidades de ambas damas son absolutamente reconocidas. Eso no está en juego. Lo que está en juego es si una función pública de tanta confianza como la de Ministro de Estado es compatible con las gestiones de una precandidatura presidencial, donde la opinión pública principia a ser alimentada por señales e imágenes que los sistemas comunicacionales, en general, amplifican y distribuyen.
Me preocupa eso, especialmente por lo delicadas que son las relaciones internacionales, tanto más cuanto que Chile atraviesa en este ámbito por una situación, si bien suave, al fin y al cabo de conflicto, que requiere el máximo de atención, pues se ignora en qué puede derivar.
Por otra parte, se comienza a proyectar en la masa ciudadana la idea de que a lo mejor las Fuerzas Armadas están tomando una posición de cierto apoyo político. Eso, por supuesto, no es cierto. Porque, cuando uno conoce de cerca a las instituciones castrenses, sabe claramente que no es así. Pero lo que se proyecta es aquello.
Planteo estas reflexiones porque, con el transcurso de los días, estos temas irán adquiriendo mayor relevancia. Por tanto, es bueno hacer un planteamiento en términos positivos, pues uno no desea que se afecte a ninguna persona ni a institución alguna.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BOMBAL (Presidente accidental).-
En el resto del tiempo del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Los Comités Institucionales 2 e Independiente, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
AUMENTO EXPLOSIVO DE CONSUMO DE DROGAS EN CHILE. OFICIOS
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , a propósito de toda la información que están entregando los organismos técnicos y policiales y de nuestra observación sobre lo que es la juventud en Chile, debo puntualizar que el consumo de drogas -tema tantas veces conversado y analizado- ha tenido en los últimos años, aparentemente, un aumento explosivo.
Los organismos internacionales señalan que un país es adictivo cuando el uno por ciento de su población consume droga de manera permanente. Eso significa que, si tiene 153 mil personas en esa condición, Chile es caratulado por aquéllos como "país adictivo".
Lo anterior, que podría ser simplemente una expresión internacional sin mayores consecuencias, en definitiva nos ubica, en materia de droga, como nación claramente de segunda clase. Los chilenos, que antes podían transitar por el mundo sin mayores problemas, hoy son investigados en todos los aeropuertos porque vienen precisamente de "un país adictivo".
¿Y por qué razónes aumenta este fenómeno?
Las hay de tipo policial; otras son políticas. Pero un estudio realizado por los organismos pertinentes del Estado chileno -que comparto- señala tres elementos básicos como los debilitantes de la sociedad chilena, lo cual nos hace pensar que nuestros jóvenes no tienen las barreras necesarias para no caer en la droga.
La investigación menciona que los padres, el colegio y la iglesia juegan papeles fundamentales, y concluye que los niños cuyos progenitores cumplen cuatro requisitos básicos se alejan del consumo de droga. Son muy simples, pero vale la pena comentarlos para conocer exactamente cuán grande o débil es la responsabilidad paterna.
El primero alude a las horas de llegada y salida de los hijos. De todos los que dijeron que los padres siempre las sabían, un porcentaje muy bajo había consumido droga.
En seguida, quienes señalaron que sus padres estaban preocupados de la educación y que sabían exactamente las notas que tenían, las debilidades en algunas materias y las fortalezas en otras, también estaban lejos de la droga.
En cuanto a los amigos, la encuesta revela que en quienes indicaron categóricamente que sus padres conocían a los amigos, conversaban con ellos, también la incidencia de la droga era baja.
En igual situación estaban los niños cuyos padres siempre sabían dónde estaban.
Esos cuatro elementos, que son tan simples, reflejaron una potencialidad admirable de la preocupación de la familia por sus hijos. Prácticamente el 60 por ciento de los encuestados que reconocieron falta de preocupación paterna había consumido droga o estaba cerca de ella.
El segundo factor -muy importante- se refiere al local educacional: al colegio, a la escuela, al liceo. En los establecimientos con disciplina en las aulas, en los patios, notoriamente la penetración de la droga era bajísima: no más allá del 2,5 ó 3 por ciento. En cambio, donde la disciplina no existía, la incidencia de la droga superaba en más de diez veces ese porcentaje: o sea, era de 30 por ciento o más.
Otro elemento muy importante era la relación de los profesores con los alumnos: los que concurrían a colegios con disciplina, donde tenían buena relación con sus profesores y sentían que éstos se preocupaban de ellos, no caían en la droga.
Estas dos cuestiones tan simples, pero también muy profundas, que sin duda requieren preocupación especial de los establecimientos educacionales, necesariamente deben estar presentes para evitar que la juventud consuma droga, mundo dramático, de muerte, de tragedia familiar y de todo orden.
El tercer factor lo constituye la iglesia. Aquí cabe destacar algo muy interesante. Entre los niños que asistían usualmente a la iglesia a la cual sus padres pertenecían, prácticamente el cero por ciento había consumido droga o se había acercado alguna vez a ella. Eso no significa -en el estudio hay un análisis más a fondo- que concurrían en forma permanente a la Iglesia Católica, a la Evangélica o al templo del credo que profesaban. Sólo bastaba una participación según la norma básica de su propia iglesia: los católicos, misa semanal; los evangélicos, culto semanal o lo necesario para desarrollar una gestión espiritual de trascendencia.
Entonces, conociendo esta investigación, que abarcó una población cercana a los 800 mil niños, uno se pregunta: ¿por qué motivo, siendo los padres, el colegio y la iglesia los tres principales responsables en la detención del consumo de droga en la juventud, ese esfuerzo no se hace presente?
Normalmente estamos preocupados de los jóvenes. Es verdad que para ellos se imparten muchos cursos, seminarios, simposios, etcétera; pero también lo es que en esas actividades los padres están ausentes. He podido observar y conocer los llamados de los colegios a los padres para analizar el tema de la droga, y he comprobado con desazón que un porcentaje no superior al 20 por ciento de ellos asiste a estos encuentros para conocer el inmenso daño que la adicción produce en la juventud.
Echo de menos, pues, una acción en el ámbito educacional, público y privado, respecto de esta materia. No actuar es simplemente dar la espalda a una cuestión dramática y transformarse de alguna forma en aliado de los narcotraficantes, de los microtraficantes, de los macrotraficantes y de todos los que están destruyendo nuestra sociedad.
Me impresiona la falta evidente de disciplina en muchos colegios. ¿Cómo se expresa, según el estudio que comento? Alumnos con la camisa afuera, con el pelo muy largo y con una serie de conductas que mucha gente defiende diciendo: "El niño es libre, y en virtud de ello puede escoger su propio camino".
Debemos entender, de una vez por todas, que los jóvenes y los niños no tienen todavía todas las capacidades intelectuales para conocer ciertas cosas propias de la libertad. La libertad es la manifestación de nuestra voluntad; y la voluntad, la expresión de la responsabilidad. Y, pese a que se intente expresar esa libertad con manifestaciones como las que hemos conocido y que terminan con notorias faltas de disciplina en los establecimientos educacionales, concluimos que esos criterios de libertad se están mal aplicando o que se hacen valer reglas inadecuadas que finalmente conducen a un consumo de droga ostensiblemente superior al de otros colegios en que la disciplina está funcionando.
Creo -y lo he dicho muchas veces- que los líderes religiosos (sacerdotes, pastores y otras jerarquías superiores de los respectivos credos de Chile) tienen en sus manos una enorme responsabilidad. Ninguna otra entidad congrega espontáneamente semana a semana a lo menos cinco millones de personas. Y están una hora u hora y media frente a sus líderes espirituales. Entonces, no parece lógico que, siendo la droga un tema tan trascendente para la sociedad, no merezca mayor preocupación de ellos. Es raro encontrarse con un pastor o con un sacerdote que lo aborde durante un culto religioso o en una misa. Es raro observar preocupación preferente. Entiendo que hay expresiones propias de los evangelios: sermones muy atractivos e interesantes desde el punto de vista espiritual. Pero, sin duda, la alternativa de contar con cinco millones de chilenos sentados todas las semanas frente a estos líderes es una responsabilidad que va mucho más allá de la expresión religiosa propiamente tal.
De todo lo expuesto surge otro hecho también muy esencial.
Hoy la sociedad chilena presencia un libertinaje extremo en materia de expresión gráfica, televisiva, de imagen. Cada día es más fácil ver -y para nuestros hijos, encontrar, porque forman parte de la vida normal- historias, ejemplos o hechos de jóvenes que están en el consumo de droga, sin que haya en lo que se narra una fórmula que permita entender de manera nítida que lo exhibido es tremendamente dañino. Aquí es evidente una clarísima responsabilidad de los medios de comunicación, particularmente de sus libretistas.
Se dice que ciertos personajes que aparecen en teleseries -el homosexual, la lesbiana o el drogadicto- son atractivos para mejorar la sintonía, lo cual produce efectos comerciales interesantes para los respectivos canales, pues tienen que financiar producciones de elevado costo económico. Pero éste en ningún caso resulta ser tan alto como el costo social derivado de imágenes de personas y de acciones que van destruyendo paulatinamente los principios y valores de nuestra sociedad.
Señor Presidente , siendo este tema tan fundamental, me parece conveniente analizarlo en sesión especial, como las celebradas con motivo de otros hechos y situaciones de interés nacional. En esa oportunidad podría invitarse a todas las personas que trabajan en este difícil campo, que son muchas, pero lo hacen en una enorme soledad, ya que los colegios, los centros de padres, las iglesias, no están colaborando con esta responsabilidad primordial.
Espero que el estudio que he expuesto muy en detalle sirva para que, cuando nos reunamos, demos a conocer nuestra preocupación a través de los mecanismos que estén en nuestras manos, a fin de enfrentar juntos esta enorme tarea.
Finalmente, a pesar de que una serie de hechos no están presentes en la investigación a que me referí, de otras he extraído un conjunto de conclusiones que explica por qué el tráfico o el narcotraficante de cualquier tipo actúa impunemente en las poblaciones.
En este caso, es necesario destacar tres elementos.
El primero alude a la ignorancia de la sociedad, la que se manifiesta en el ejemplo que señalé anteriormente, relativo a la invitación de los establecimientos educacionales a los padres para hablar del tema de la droga: se cita a cien y llegan veinte. Por tanto, ochenta no tienen interés, no alcanzan a comprender lo que está ocurriendo en la sociedad y, por tal motivo, ignoran el problema. En caso contrario, participarían. Y esta ignorancia facilita la actuación impune de quienes trafican con la muerte.
El segundo se vincula con la vergüenza familiar. Las familias con un hijo drogadicto siempre tratan de ocultarlo, porque les da vergüenza, lo cual usualmente los lleva a aislarse del resto de la sociedad. Con ello, lo único que logran es hacer mal las cosas, pues nada importa más al traficante que tener aislado a un consumidor y, de esa manera, seguir surtiéndolo.
El tercero -también muy importante- se relaciona con el desinterés social que se manifiesta en quienes, teniendo conocimiento de que el hijo del vecino consume droga, no "se meten", por considerar que en este caso carecen de responsabilidad, con lo cual los padres no se enteran de la situación debido a la habilidad del que ingiere droga para esconder el consumo a sus parientes y a sus amistades.
Señor Presidente , se puede ver que esta materia no es esencialmente policial. Claro: la actuación de la policía tiene trascendencia. Y ésta ha actuado. Últimamente hemos visto con gusto que está preocupada del asunto. Pero la droga es un problema que compete a toda la comunidad nacional. Podemos tener los mejores cuerpos policiales, pero nunca serán suficientes si todos, como sociedad, no procedemos en consecuencia.
Más adelante espero solicitar a los Comités del Senado que se cite a una sesión especial sobre este tema, con la duración necesaria y con las invitaciones que se requieran, para que el país sepa que nosotros, miembros de la más alta Corporación de la República, estamos atentos a responder a sus inquietudes, a formular propuestas, a oír lo que se nos expresa.
He dicho.
El señor BOMBAL (Presidente accidental).-
Es muy interesante su planteamiento señor Senador.
Desde ya, la Mesa adhiere a la petición en cuanto a que los Comités citen a una sesión especial para tratar esta materia, que es tan relevante.
Me permito sugerir que su intervención sea enviada a algunas autoridades. Por lo pronto, al señor Ministro de Educación , y a quien Su Señoría determine.
También es un tema de importancia para el General Director de Carabineros.
Del mismo modo, podríamos requerir al Ministro de Educación que la intervención fuera distribuida a los directores regionales de enseñanza, a fin de que, a su vez, la den a conocer ampliamente en los establecimientos educacionales.
A mi juicio, la exposición que escuchamos contiene elementos sumamente significativos, útiles, prácticos y claros, que deben ponerse en conocimiento de la comunidad académica para que extraiga conclusiones destinadas a la difusión de los valores que con tanto acierto ha manifestado Su Señoría
El señor RÍOS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Ruego enviar mi intervención a las autoridades señaladas.
El señor BOMBAL ( Presidente accidental ).-
Así se hará, con la adhesión de la Mesa y de quien habla.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
CONMEMORACIÓN DE 10 AÑOS DE TÉRMINO DEL APARTHEID EN SUDÁFRICA
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , en los próximos días el Gobierno sudafricano, encabezado por su Presidente , señor Thabo Mbeki , conmemora 10 años del término de uno de los regímenes más siniestros y atentatorios en contra de los derechos humanos del siglo XX -me refiero al fin del apartheid-, en una ceremonia a la cual me invitó a participar el Presidente de la República , don Ricardo Lagos .
La política de segregación racial representa para Naciones Unidas un acto inhumano que se comete para instituir o mantener la dominación de un grupo racial sobre cualquier otro, a fin de oprimirlo sistemáticamente, siendo además una práctica colonialista.
Con el propósito de combatir esa lacra, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución Nº 3068, de 30 de noviembre de 1973, adoptó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID, que entró en vigencia el 18 de julio de 1976.
En ella se expresa que "la Declaración Universal de Derechos Humanos" " proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, color u origen nacional,". De igual forma, se precisa que "los actos de apartheid constituyen un delito de derecho internacional;", y que "los actos inhumanos debidos a la política de apartheid están calificados de crímenes de lesa humanidad;".
Señor Presidente , si miramos un poco la historia de Sudáfrica, podemos señalar que hace más de 100 mil años esta región fue habitada por pequeños grupos de nómades, cazadores-recolectores.
En 1652 los holandeses abrirán en Sudáfrica la primera sucursal de la Compañía de las Indias Orientales, cuyo objetivo será abastecer de alimentos y agua y atender a los marineros enfermos. Poco a poco irán llegando granjeros holandeses, quienes disputarán las tierras a los habitantes locales. De esa forma los khoikhoi, o pueblos originarios, verán sus tierras arrebatadas, pasando a ocupar la función de proveer mano de obra barata. Sin embargo, la necesidad de mayor cantidad de ella hará que se introduzcan los esclavos, que provienen de otras regiones de África.
En 1795 los ingleses tomaron posesión de Ciudad del Cabo y sus alrededores.
Durante las primeras décadas del siglo XIX se producirán intentos parciales de liberar a los esclavos, debido a la presión de ciertos grupos, apoyados por misioneros locales. Producto de ello, en 1828 los khoikhoi obtendrán una "carta de libertad" y en 1838 los esclavos serán puestos en libertad.
Si bien es cierto que en el papel la población negra será libre, las condiciones de trabajo y de servidumbre se mantendrán.
A partir de 1836 se producirá la denominada "Gran Marcha", donde un número importante de colonos holandeses emigrarán hacia el interior con el fin de establecerse en tierras nuevas y fundar una nueva república, ya que consideraban el dominio británico demasiado liberal. En 1899 fundarán el Estado Libre de Orange, estallando ese mismo año la guerra contra los británicos.
Los bóeres, descendientes de los holandeses, perderán la guerra, pero en los hechos ganarán la paz, porque entre 1906 y 1907 los ingleses aprobarán las constituciones que les devolverán el poder político.
En 1910 Gran Bretaña concederá la autonomía al pueblo sudafricano blanco, que fundará la Unión Sudafricana, la cual se establecerá sobre la base de la unión entre las repúblicas bóeres del Estado Libre de Orange y de Transvaal, y de las regiones del Cabo y Natal, dominadas por los ingleses.
El apartheid será conformado por una serie de mecanismos políticos, sociales, económicos e ideológicos que no fueron desarrollándose de manera espontánea, sino que se encuentran presentes en la historia y la cultura sudafricanas. Toda la colonización de Sudáfrica y África, en general, estará asentada en una supuesta superioridad cultural de los blancos sobre los nativos.
Al mismo tiempo, existían ideas asimilacionistas tendientes a introducir una occidentalización en la población africana en pos de lograr su aculturización. El denominado "darwinismo social", de fines del siglo XIX, servirá de herramienta para la toma del control político y la marginación de la población negra. Es en este momento cuando encontramos los primeros indicios de la política segregacionista y de superioridad cultural que da origen a un supuesto "racismo científico".
En 1948 empezará a aplicarse el apartheid sin tapujos, cuando el Partido Nacional gana las elecciones e implementa una reforma electoral mediante la cual se niega toda forma de participación a la población de color.
Además, se introduce un nuevo programa gubernamental, basado en la discriminación racial, cuyos principales aspectos eran los siguientes: ley anticomunista, que prohibía las organizaciones de ese marco ideológico; consideración de los matrimonios entre blancos y negros como un delito; educación separada para los distintos grupos raciales, a lo que posteriormente se añadió la prohibición de que los no blancos accedieran a la educación superior.
En lo relacionado con la distribución geográfica, los negros fueron obligados a vivir separados de los blancos, mediante la denominada "Group Areas Act", de 1950. Los territorios que ocupaban los negros, llamados "bantustanes", se caracterizaban por ser muy pobres desde el punto de vista de su productividad, ya que las mejores tierras serán entregadas a los blancos. Ello perseguía dos claros objetivos: el desarrollo separado entre blancos y negros, y la negación del progreso económico autónomo para los habitantes de color.
La política segregacionista se verá fortalecida en 1954, cuando el Partido Nacional se fusiona con el Partido Afrikáner, antigua organización que aglutinaba a los bóeres, descendientes de los granjeros holandeses.
Cabe precisar que desde su fundación, en 1914, el Partido Afrikáner, o nacionalista, proclamó abiertamente el dominio de la raza blanca y su rechazo a cualquier intento de mezcla racial. Esto se apoyaba en el firme deseo de los afrikáneres de conservar su identidad nacional y en la creencia de la supremacía blanca derivada de Dios.
Señor Presidente , esta política segregacionista será resistida desde sus inicios por la población sudafricana de color. En 1912 se fundará el Congreso Nacional Africano, cuyo objetivo será defender los derechos civiles y los intereses de la población negra de manera no violenta. Esta organización se verá fortalecida en 1942 con el ingreso de Nelson Mandela , quien casi de inmediato se transformará en un importante dirigente al impulsar la formación de la Liga Nacional.
El Congreso Nacional Africano adoptará como declaración básica la Carta de la Libertad , documento elaborado en 1955 por más de 2 mil personas de distintas razas y etnias que proclamaban una Sudáfrica no racista, unificada y democrática. Producto de esta definición surgirá una división en el Congreso Nacional Africano, ya que sus integrantes consideraban que Sudáfrica sólo debería ser para los negros. Ellos fundarán en 1959 el Congreso Panafricano, el cual organizará diversas manifestaciones masivas. La más importante de ellas es la denominada "matanza de Sharpeville", en 1960. Como respuesta a estas protestas, el Gobierno decretará estado de emergencia y prohibirá todas las organizaciones políticas negras. A partir de esa fecha, éstas deberán actuar en la clandestinidad. La tortura, los asesinatos selectivos, pasarán a ser la base de la política represiva de los blancos. Miles de dirigentes negros serán encarcelados o deberán salir al exilio.
En 1976 la policía se enfrentará con más de 10 mil estudiantes que se manifestaban en Soweto en contra de la imposición de la lengua afrikáner, además del inglés, como asignatura obligatoria en las escuelas. El resultado fue cientos de estudiantes muertos y la extensión de la resistencia a otras regiones del país.
Hoy el mundo recuerda el Soweto como una de las manifestaciones más importantes de los negros contra el apartheid y, al mismo tiempo, como una de las grandes masacres del siglo XX. Entre 1985 y 1989 se establecerá el estado de sitio, con más de 50 mil activistas detenidos y 4 mil asesinados por las fuerzas policiales y de seguridad.
La presión internacional, las luchas de las organizaciones políticas de los negros, como también la crisis del sistema capitalista sudafricano, llevarán al término del apartheid.
En 1990, durante el Gobierno de De Klerk, se legalizan las organizaciones políticas negras y, posteriormente, se libera a Nelson Mandela , después de 27 años de prisión, junto con otros dirigentes políticos que habían sido encarcelados.
Me parece bien traer a colación las palabras de Nelson Mandela, dirigente no sólo sudafricano, sino también mundial, debido a su ejemplo de entereza ética y moral, quien, a su salida de prisión, expresará su rechazo al racismo señalando: "Lo considero algo bárbaro, provenga de un blanco o de un negro. He luchado contra la dominación blanca; he luchado contra la dominación negra. He venerado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la cual las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal al cual consagrar mi vida, pero si fuere preciso, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir.".
La historia de Sudáfrica sufrirá un vuelco radical cuando, en abril de 1994, se realizan las primeras elecciones multipartidistas y multiétnicas, en virtud de las que Nelson Mandela se convertirá en el primer Presidente de color a la cabeza de un Gobierno de unidad nacional.
En 1994, tras la asunción al poder del primer Gobierno democrático, se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargada de la elaboración de un historial de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los "conflictos del pasado", que se remontan a 1960. Este organismo identificó a más de 20 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gran parte de los acuerdos permitieron que, por ley, se creara la Comisión de Derechos Humanos, que más tarde dará origen a la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, cuyo objetivo será promover el respeto, la observancia y la protección de los derechos del hombre.
Señor Presidente , diez años han transcurrido desde las primeras elecciones multirraciales que sellaron el término del apartheid. Pero, según diversos estudios, Sudáfrica sigue dividida socialmente en dos, a pesar de los esfuerzos de las autoridades: la mayoría de la población blanca habita en una red de ciudades y suburbios de tipo californiano, mientras los negros continúan hacinados en pueblos satélites y aldeas aisladas, muchas de ellas sin agua potable ni electricidad. El desempleo alcanza a 35 por ciento, aproximadamente, afectando de manera principal a los sectores negros de menor educación, lo que se traduce en una alta tasa de criminalidad.
Además, a pesar de las reformas constitucionales y legislativas introducidas desde 1994 en materia de derechos humanos, todavía no han podido ser erradicados totalmente del seno de las fuerzas de seguridad y policiales métodos de investigación criminal que se asocian a patrones de conductas anteriores, basados en el maltrato físico y la tortura de los detenidos.
La miseria y el desempleo se agravan por una epidemia de sida que está acabando todos los días con la vida de al menos 600 personas, mayoritariamente de color. Unos 5 millones de sudafricanos, de un total de 45 millones, se encuentran infectados. La esperanza de vida, según diversos estudios, bajará de 60 a 40 años en el 2020.
Nadie puede desconocer que los sudafricanos han alcanzado la libertad política, pero siguen esperando la libertad social.
Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar el deplorable papel que cumplió el Régimen de Pinochet durante una parte importante de los años más negros de la historia de Sudáfrica. En efecto, mientras la comunidad internacional condenaba el apartheid y aislaba a la Administración segregacionista blanca, el Gobierno del General Pinochet lo apoyaba sin condiciones, estableciéndose una estrecha alianza política, económica y militar entre ambos.
Es por eso que los chilenos le debemos una disculpa a la población de color de Sudáfrica, porque al menos una parte del dolor que hubo de sufrir la debe al apoyo que durante esa época el Gobierno del señor Pinochet le brindó a su homólogo segregacionista blanco.
Los chilenos también sufrimos las consecuencias del Régimen sudafricano, ya que nuestros organismos de seguridad fueron asesorados por expertos de ese país en materia de interrogatorios, tortura, secuestro y desaparición de personas.
Finalmente, señor Presidente , quiero señalar que Chile debe mostrar su claro compromiso con el rechazo a cualquier tipo de segregación, firmando y ratificando la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid. A pesar de que han transcurrido 28 años desde su entrada en vigencia, nuestro país aún no la ha suscrito, hecho que me parece lamentable e inaceptable.
Por lo tanto, espero que el Gobierno, fiel a los principios que guían su accionar en materia de derechos humanos, envíe a la brevedad dicha Convención para que este Parlamento la pueda ratificar.
He dicho.
El señor BOMBAL (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:7.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción